El sector del juego pierde una batalla relevante contra la regulación y el alejamiento de salones y locales de apuestas de los centros educativos para combatir la ludopatía, legislada durante la etapa del Pacte del Botànic al frente del Ejecutivo valenciano. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha dictado cinco sentencias en las que desestima los recursos interpuestos por varias empresas y asociaciones empresariales contra el Decreto 97/2021 del Consell, que desarrolla las restricciones a los salones de juego y los locales de apuestas. La misma Sala y sección ya avaló hace tres años la clausura de un salón de juegos cercano a colegios, tal como informó este diario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en respuesta a varias cuestiones prejudiciales, sentenció el pasado 16 de octubre que el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE no se opone a una normativa nacional que imponga a los operadores del sector del juego limitaciones como distancias mínimas entre sus establecimientos y de estos con respecto a centros educativos.

Los recursos que ha desestimado ahora el alto tribunal valenciano solicitaban la anulación de una decena de artículos del Decreto 97/202, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 1/2020, de 11 de junio de la Generalitat, de regulación del juego y prevención de ludopatía en la Comunidad Valenciana.

Esos artículos establecen una serie de requisitos a las solicitudes de autorización de instalación de nuevos locales de juegos y de apuestas, la renovación de las licencias, la instalación y sustitución de máquinas de juego en la hostelería, la medición de las distancias mínimas o la información comercial en el exterior de este tipo de establecimientos.

Los magistrados han rechazado las alegaciones de los recurrentes contra todos esos artículos, al considerar que éstos no merecen ningún reproche de legalidad.

Así, recuerdan que el Decreto 97/2021 “es una disposición administrativa/reglamento ejecutivo de ley autonómica, dictada en ejercicio de competencia exclusiva de la Comunidad Valenciana”, por lo que a la Sala únicamente le corresponde enjuiciar si los preceptos reglamentarios “se separan o van más allá de lo establecido en la ley habilitante”.

El TSJ-CV ve una “motivación válida”

El TSJ-CV ha concluido que esos preceptos “no solo encuentran cobertura en una norma con fuerza de ley (…)”, sino que también contienen una “motivación válida sobre nexo causal entre el objetivo ‘proteger el interés general’ y el instrumento ‘prohibición de instalación de salones a distancia inferior a 850 metros de un centro educativo”, como se explica en una de las sentencias.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado también la pretensión de los recurrentes consistente en la elevación de una cuestión de inconstitucionalidad contra un artículo y dos disposiciones transitorias de la Ley 1/2020.

Las cinco sentencias dictadas por el TSJ-CV pueden ser recurridas en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Cosas extrañas están ocurriendo en los mercados. El lunes pasado, 15 minutos antes de que Donald Trump publicara un anuncio de que se habían llevado a cabo “conversaciones productivas” con Irán, los operadores petroleros apostaron 500 millones de dólares sobre el precio futuro del petróleo. La declaración de Trump provocó una caída en los precios del petróleo crudo, y parece que algunas personas sabían que el anuncio se avecinaba, por lo que se hizo una apuesta rentable. No tengas envidia; simplemente algunas personas nacen con suerte.

No sabemos si las transacciones se realizaron con un conocimiento previo de los acontecimientos políticos, pero es una coincidencia tremenda. Todo parece “anormal”, dijo un analista petrolero a la BBC.

Las operaciones sospechosamente sincronizadas, si se realizaron realmente con conocimiento privilegiado, serían solo una parte de una bonanza de apuestas más amplia que reduce los acontecimientos políticos a una de las tantas oportunidades inesperadas para obtener ganancias. Tomemos Polymarket, un mercado de predicción en línea que despegó a principios de la década de 2020 y le permite apostar por cualquier cosa, desde el resultado del Super Bowl, hasta si Trump va a invadir otro país.

Previamente al ataque estadounidense contra Irán, varias cuentas nuevas en esa plataforma predijeron el momento de los bombardeos estadounidenses/israelíes, solo 24 horas antes de que ocurrieran. El mismo patrón se identificó después del golpe de Estado estadounidense en Venezuela en enero. Una sola cuenta, creada solo unos días antes de que ocurriera la acción militar, ganó más de U$400,000. Como resultado de estas transacciones, la gente se pregunta naturalmente si es posible que el presidente de los Estados Unidos o sus asociados se benefician ilegalmente del poder político, al tiempo que descubren que es casi imposible responder a esa pregunta. La Casa Blanca niega que la familia Trump haya participado en conflictos de intereses.

Los mercados de apuestas están aumentando en popularidad precisamente porque su actividad tiene pocas barreras de entrada y es difícil de rastrear. Las apuestas se hacen con criptomonedas como bitcoin, y, por lo tanto, dejan menos huellas y no tienen las restricciones bancarias tradicionales. Y las plataformas están descentralizadas, abiertas a usuarios globales y son muy difíciles de regular y ser cerradas Internacionalmente desde una sola jurisdicción. Los mercados financieros siempre han creado y negociado instrumentos especulativos basados en la anticipación de los movimientos de precios de un activo, pero los mercados de apuestas convierten el futuro en un activo sobre el que se puede apostar en función de un número casi ilimitado de escenarios, hasta e incluyendo cómo se interceptarán los misiles.

No sería exagerado especular sobre si algunas de esas apuestas sospechosas provienen directamente de una administración Trump descaradamente autoenriquecida. Desde que Trump asumió el cargo, su familia ha lanzado varias empresas de criptomonedas. Una investigación de The New York Times a principios de este año encontró que Trump ganó al menos U$1.500 millones en el primer año de su segundo mandato.

Esto no sugiere que Trump esté alertando activamente a cierta gente, pero tampoco parece inconsistente con la ética que ha exhibido hasta ahora. Hay otras posibilidades; que se trata de un conflicto desordenado rodeado de una gran y difusa banda de lacayos privados y profesionales. No es inconcebible que la gente simplemente recoja la información, y luego actúe y la transmita.

Pero hay un cambio cultural más amplio, que se está consolidando en la Casa Blanca y difundiendo en plataformas de apuestas. Es el de monetizar todo lo que sea posible, desde la presidencia hasta su presencia en línea, y convertir al público en marcas. Hay una promesa de que cualquiera puede lograr el mismo éxito que los estafadores. Es toda una industria. Los influencers en la manosfera venden plataformas de inversión dudosas, con la sugerencia implícita de que esta es la ruta para acceder a los lujosos estilos de vida que publican en las redes sociales. El anzuelo es que los exitosos de la sociedad tienen una fórmula, una fórmula secreta, una ventaja privilegiada, y que tú también la necesitas.

Detrás del apetito por estos esquemas hay una realidad a largo plazo: la reducción de las posibilidades de vivir una vida decente con un horario nueve a cinco que permite obtener una hipoteca, algunos ahorros, estabilidad laboral y una jubilación digna. Y con ello ha llegado la denigración cultural de trabajar para otro, la glorificación de ser tu propio jefe, de no volverte un mueble más con un trabajo de oficina. Optimice su dinero, tenga un pequeño ajetreo lateral especulando sobre los mercados de apuestas, obtenga un flujo de ingresos pasivos, ¡incluso el presidente de los Estados Unidos tiene uno!

Luego está el tipo de irrealidad que Trump ha inyectado en el mundo. Su tratamiento de todo como entretenimiento y espectáculo ha convertido la política en otra rama del deporte. Es a la vez un payaso malhumorado y un maestro de ceremonias todopoderoso de un circo global donde cada día es una sorpresa: ¿su decisión será pacífica o morirá gente? Haz tus apuestas.

Pero la política estadounidense siempre ha sido desconcertantemente laxa al regular los intereses financieros de quienes están en el poder. Los miembros del Congreso pueden comprar y vender acciones individuales, al tiempo que están al tanto de todo tipo de discusiones y regulaciones con respecto a las industrias que cotizan en bolsa. Nancy Pelosi ha amasado una fortuna durante su mandato y un “rastreador Pelosi” permite a otros seguir sus operaciones e imitarlas para replicar sus logros extraordinarios. El derecho a ganar dinero se extiende más allá de la oficina. Hillary y Bill Clinton convirtieron décadas de servicio público en una máquina de hacer dinero, ganando cientos de millones de dólares con discursos y consultorías, acumulando más dinero del que necesitan.

La pregunta que se cierne sobre gran parte del segundo mandato de Trump es si representa una aceleración de la dinámica que lo precedió, o si es un nuevo tipo de político. La respuesta puede ser ambas, dependiendo del escenario. Al impulsar abiertamente su fortuna y la de su familia, ha violado normas que veían aceptable cierto enriquecimiento de los cargos políticos pero no la descarada transformación de la Casa Blanca en una empresa privada. En la forma en que ha utilizado la oficina para vender la marca Trump ha roto con el decoro político, y ha igualado y acelerado una cultura más amplia de codicia sin escrúpulos.

Puede que nunca sepamos si estas transacciones sospechosas del mercado están directamente vinculadas a Trump, pero sí sabemos que encajan con el entorno actual: una cultura política desregulada, rapaz y especulativa que se está convirtiendo en un gran esquema global para enriquecerse.

La Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra ha recordado al sector del juego que, a partir del 26 de marzo, los locales de juego y apuestas deportivas tendrán la obligación de tener un servicio de admisión y controlar el acceso de sus usuarios. También insta a los bingos a adaptarse a la nueva norma, aprobada hace un año.

Los locales deberán disponer de un sistema informático, al que tenga acceso el Gobierno de Navarra, que compruebe la mayoría de edad y si el usuario está incluido en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de Navarra, según informa el Ejecutivo foral. Establece que los servicios de admisión y control deben colocarse junto a las puertas de acceso, de forma que nadie pueda entrar al local sin pasar obligatoriamente por ese control. Además, antes de permitir la entrada, el personal de admisión (o el sistema de identificación correspondiente) debe identificar a todas las personas que quieran acceder mediante DNI, NIE, pasaporte o un documento equivalente. De forma que nadie pueda acceder al interior sin previo registro.

Con esa identificación se comprueba, por un lado, que la persona es mayor de edad, y por otro, que no está inscrita en los registros de interdicciones (personas con prohibición de acceso), todo ello respetando la normativa de protección de datos, según explica la Dirección General de Interior.

Estas medidas se enmarcan en la prevención y protección de colectivos vulnerables, y tiene como objetivo principal impedir el acceso a estos establecimientos tanto a menores de 18 años como a quienes figuran en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de Navarra o en otros registros conectados. Para facilitar el registro, el Gobierno de Navarra dispone de un acceso web en el que cualquier persona puede inscribirse voluntariamente para prohibirse a sí misma la entrada a este tipo de locales.

El reglamento recoge también que no se podrán otorgar autorizaciones para instalar establecimientos específicos de juego a menos de 400 metros de centros públicos o privados de educación en que se impartan enseñanzas regladas a personas menores de edad, centros oficiales para la rehabilitación de personas jugadoras patológicas, centros residenciales de personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, centros sanitarios, deportivos, culturales y recreativos y casas de la juventud. Al mismo tiempo, se establece una distancia mínima entre establecimientos de juegos y apuestas de al menos 400 metros, mientras que entre bingos será de 1.200 metros. 

Los encargados de aplicar la norma no lo ven tan claro como el Gobierno. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, adelantó este diciembre que el Ejecutivo espera poder implantar en 2026 una verificación de edad digital destinada impedir que los menores accedan a contenidos para adultos o a las redes sociales sin tener la edad recomendada (actualmente está en 14 años, pero el Congreso negocia una nueva ley que plantea elevarla a 16). La vía que maneja el Ministerio es una verificación de la edad de todos los usuarios que pueda detectar a los niños y adolescentes, similar al aprobado recientemente en Australia.

La industria digital, sin embargo, recela de este método. Lo considera un “control duro” que “puede generar riesgos relevantes en materia de privacidad, accesibilidad y competitividad”. Por ello, pide “un enfoque flexible y proporcional” basado en “controles parentales y programas de alfabetización digital”, en el que sea cada familia la que decida cómo supervisa el consumo digital de los menores.

Así lo expresa en un comunicado enviado a este medio Adigital, una de las principales patronales tecnológicas españolas, de la que forman parte las grandes multinacionales estadounidenses que resultarán claves para el éxito de la medida. Para la asociación, la “verificación universalidad de la edad” que plantea el Gobierno puede suponer “cargas desproporcionadas a empresas y usuarios”. Por ello, piden que se base en la “evaluación de riesgos”, es decir, que no tenga que pasar el mismo control alguien que intente acceder a una página pornográfica que un usuario de las plataformas mayoritarias.

Los representantes de la industria señalan que poner el foco en la concienciación, en cambio, puede “reforzar la corresponsabilidad de familias y escuelas” en el proceso de la navegación segura para los menores.

Fuentes de las empresas directamente involucradas en el proceso de verificación de edad, con las que el Gobierno tendrá que colaborar, comparten esta opinión y han empezado a deslizarla en privado. Sus responsables entienden que se trata de una medida que puede ir directa a los titulares, pero con muchos problemas para ponerse en práctica. “Coarta la libertad de expresión también de los adultos que no quieren esa navegación fiscalizada”, aseguran.

“Parece desproporcionado crear un control para toda la población cuando es solo un colectivo el que la necesita”, opinan, ante la creencia de que “el café para todos no funciona”. Aunque reconocen que los problemas de adicciones o exposición a algoritmos nocivos en los menores es un problema que preocupa a una parte cada vez mayor de la sociedad, señalan que el camino “es la corresponsabilidad” con las familias: “Un adecuado control parental convierte el teléfono en un zapato”, alegan estas fuentes.

A qué llaman “control duro”

El sistema que propone el Gobierno, y que la industria califica de “control duro”, se articula en torno a una aplicación móvil llamada “Cartera Digital Beta”. Esta herramienta ha sido desarrollada por el Ministerio de Transformación Digital basándose en el Reglamento Europeo eIDAS 2, una normativa comunitaria diseñada para estandarizar la identificación electrónica en toda la UE. El sistema requiere que el usuario se registre utilizando su DNI electrónico, el sistema Cl@ve o un certificado digital oficial, vinculando así su dispositivo móvil a su identidad real.

De esta forma, cuando un usuario intente acceder a una web con contenido para adultos, esta le mostrará un código QR que deberá escanear con la aplicación de la Cartera Digital. En ese momento, la app no envía al portal ni el nombre ni la fecha de nacimiento de esa persona, sino que emite una “credencial de acceso” anónima que confirma que el usuario es mayor de edad.

Según explicó Transformación Digital en 2024, cuando se dio el pistoletazo de salida al proyecto, estas credenciales funcionan mediante paquetes de usos limitados que caducarán cada 30 días, obligando al usuario a renovar periódicamente su verificación. La app no almacenaría un registro de a quién se envían estas credenciales.

Se trata de un sistema avalado por la UE, que en el futuro quiere implantarlo a todos los ámbitos de la identidad digital como un método para reducir el envío de datos personales a terceros. Al alquilar un coche por Internet, por ejemplo, el sistema permitiría enviar tan solo una credencial que indique que el usuario dispone de carnet de conducir, y no una fotografía del documento, reduciendo el margen para ciberataques o filtraciones.

El objetivo del Gobierno es empezar a aplicarlo desde 2026 para controlar el acceso de los menores a las redes sociales y contenidos inadecuados, como pornografía o apuestas. España participa actualmente en un proyecto piloto europeo junto a Francia, Grecia, Italia y Dinamarca para probar el sistema, siendo Cartera Digital Beta la app “más adelantada y la única que está lista”, según ha defendido Óscar López.

Expertos en privacidad, no obstante, ya advirtieron cuando se presentó el sistema que acumular toda esta información en una misma aplicación estatal crea un punto único de fallo: si la seguridad de la Cartera Digital se viera comprometida, los atacantes podrían vincular trazar un gran número de actividades con la identidad real del ciudadano. “En Internet todos somos vulnerables. Acumular en un mismo sitio todo este tipo de información, desde mi punto de vista es peligroso, sobre todo cuando hay otras soluciones disponibles”, explicó Samuel Parra, abogado especialista en privacidad, en un reportaje de elDiario.es.

Los métodos “blandos”

La alternativa a este método que propone la industria son los métodos “blandos” como el control parental. Se trata de herramientas que conoce el 75% de familias con menores a su cargo, según los datos del último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No obstante, solo el 35% de ellas las utilizan.

Pese a ese bache, el sector digital asegura que el método más efectivo para impedir que los menores accedan a contenidos perjudiciales es aumentar la concienciación sobre su importancia. Se basan en informes independientes como el de Infancia, adolescencia y bienestar digital, elaborado por Unicef, que relacionan los conocimientos y el compromiso con estas herramientas por parte de las familias con un descenso en las conductas de riesgo online (sexting, contacto con desconocidos o ciberacoso) en los menores.

“El empoderamiento de niños, niñas y adolescentes como agentes del cambio fomentando su participación en la toma de decisiones que afectan a su vida digital, escuchando sus voces, y considerando sus opiniones para construir una Internet más inclusiva donde puedan ejercer su ciudadanía plena”, refleja Unicef. Para ello, considera fundamental “promover una mediación parental gradual y adaptativa, empezando en la infancia con un acompañamiento cercano y avanzando en la adolescencia hacia la autonomía responsable, la toma de decisiones informada y la construcción progresiva de confianza”.

Para ser efectiva, la verificación debe aplicarse por defecto: las personas menores no deberían tener que demostrar su edad ni exponer su naturaleza

Informe de la Oficina C del Congreso de los Diputados sobre Menores y redes sociales

Otros estudios, como el Informe de la Oficina C del Congreso de los Diputados sobre Menores y redes sociales, recalcan que la prohibición total, como en el caso australiano con las redes sociales para los menores de 16, puede ser “contraproducente”. El motivo es que puede dificultar la “alfabetización digital” de los menores e introducir una “sensación de falsa seguridad” respecto a Internet y las plataformas digitales.

Sin embargo, ambos informes destacan que la vía actual, basada en la autorregulación, ha fracasado, y abogan por establecer verificaciones de edad más estrictas que “trasladen la carga de la prueba a los adultos”, como afirma el análisis de la Oficina C del Congreso. “Para ser efectiva, la verificación debe aplicarse por defecto: las personas menores no deberían tener que demostrar su edad ni exponer su naturaleza (por ejemplo, recibiendo información adaptada para tomar decisiones que no les corresponden) para que se bloqueen contactos, contenidos o funciones no apropiadas a su edad”, destaca.

Para Unicef, “establecer sistemas de verificación de edad efectivos, respetuosos con los derechos de niños, niñas y adolescentes” es una de las prioridades que enfatiza Unicef, así como “revisar la edad mínima y las condiciones para acceder a las redes sociales” y “exigir la rendición de cuentas a las compañías tecnológicas acerca del impacto de sus productos y servicios en los derechos de la infancia y la adolescencia”.

El número de siempre, el décimo del trabajo o el compartido con la familia o los amigos... El bombo de la lotería de Navidad volverá a repartir suerte este lunes, 22 de diciembre, por toda España. Aunque no sea el sorteo que reparte más dinero a los participantes, sí es el que más atención genera y en el que, de una u otra forma, más personas concurren. También lo hacen las cuentas públicas, a través de la Agencia Tributaria, que es la encargada de recaudar entre los principales agraciados del sorteo, aunque no sobre el importe total de los premios.

Hasta el año 2013 todo el dinero que se ganaba tanto en este como en otros sorteos, tanto públicos como de algunas instituciones como la Once o Cruz Roja, estaba exento de pagar impuestos. Aquel año, con la crisis económica haciendo mella en las cuentas públicas del Ministerio de Hacienda liderado por Cristóbal Montoro, se implementó el gravamen especial sobre premios de loterías y apuestas.

Eso sí, la norma se ha ido relajando con el paso de los años y cada vez es mayor la cantidad exenta de tributación entre los premios. A su entrada en vigor, apenas estaban exentos de impuestos los primeros 2.500 euros, una cifra que después se elevaría hasta 10.000 euros y, más tarde, a 20.000 euros. A partir de enero de 2020, el tope máximo de exención de tributación se estableció en 40.000 euros.

Premios de la Lotería de Navidad exentos de tributar

Los premiados el 22 de diciembre tendrán que abonar una parte en impuestos, independientemente de cómo hayan participado en el sorteo de Navidad y de si han comprado un décimo, un cupón o una participación de la asociación del colegio. Eso sí, no todos los agraciados tendrán que darle una parte a Hacienda. El límite actual de 40.000 euros supone que apenas aquellos premiados con el Gordo o con un segundo o tercer premio tendrán que pagar impuestos. Quedan fuera de esta tributación, por lo tanto, los cuartos (20.000 euros el décimo) y quintos premios (6.000 euros) o, por supuesto, las pedreas (100 euros).

De hecho, incluso si el premio superase los 40.000 euros, la retención del 20% existente no se aplica sobre el total. Del premio recibido se resta esa cantidad máxima exenta y se calcula sobre el importe restante el porcentaje del impuesto a pagar. Por ejemplo, si nuestro décimo resulta agraciado con un tercer premio, que concede 50.000 euros por participación, deberíamos pagar un 20% de impuestos sobre 10.000 euros, ya que los primeros 40.000 quedan exentos. Es decir, de un premio de 50.000 euros habría que pagar 2.000.

En el caso del segundo premio, agraciado con 125.000 euros, el impuesto se calcula sobre 85.000 euros, lo que supondrá 17.000 euros de tributación. Ya en el caso del Gordo, cuyo premio son 400.000 euros al décimo, Hacienda percibirá 72.000 euros en impuestos.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas estima que, de venderse el total de 193 series que se han puesto a la venta este año, se repartirían hasta un máximo de 2.702 millones de euros en premios, 112 millones más que el año pasado. Según explican desde el sindicato de inspectores de Hacienda Gestha, ese total de premios sería el que se otorgaría en caso de venderse todos los décimos a la venta, lo que implicaría una recaudación total máxima de 3.860 millones de euros.

Sin embargo, según explican desde el sindicato, solo se vende en torno al 80% de los décimos, por lo que nos quedaríamos con una recaudación aproximada de 2.880 millones de euros. A esto habría que restar después los premios, que son en torno al 70% de lo recaudado, quedando un total para la administración pública de 864 millones de euros. Además, en el caso de que se repartan los tres primeros premios en su totalidad, Hacienda podría ingresar hasta un máximo de 156,5 millones, según sus cálculos. Es decir, el sorteo de Lotería de Navidad supondrá unos 1.000 millones de euros de recaudación para Hacienda. Este sindicato plantea que se recupere el mínimo exento de 2.500 euros que inicialmente se fijó.

Cómo se paga el impuesto de los premios de la Lotería de Navidad

Y, ¿cuándo y cómo se pagan estos impuestos? Para cobrar un premio tenemos dos opciones. En caso de que nuestro décimo sea agraciado con un importe inferior a los 2.000 euros, podremos acudir a cualquier administración de lotería para recibirlo. Si se supera ese límite, como es el caso de los principales premios, debe cobrarse en una entidad bancaria. Los bancos o cajas de ahorro serán en ese caso los encargados de aplicar la retención en nombre de la Agencia Tributaria en el momento del cobro por parte del premiado. Al abonarse en ese momento, el premiado no tendrá que pagar impuestos por esas cantidades recibidas en el momento de la declaración de la renta aunque se trate de una ganancia patrimonial, ya que está exento. Además, tampoco se tendrá que hacer ningún documento de autoliquidación porque ya se le habrá efectuado la retención antes de cobrarlo.

En el caso de que hayamos compartido un décimo premiado con otras personas, el impuesto retenido se repartirá de manera proporcional a la participación de cada uno. En el caso de premios compartidos (grupos de amigos o parientes, peñas, cofradías...), en los que el premio se reparte entre todos los participantes, se deben distribuir los 40.000 euros que están exentos entre todos los beneficiarios en proporción a su porcentaje de participación y, quien proceda al reparto del premio, debe figurar como beneficiario único (o como gestor de cobro) por haberlo manifestado así, en el momento del cobro del premio deberá estar en condiciones de acreditar ante la Administración Tributaria que el premio ha sido repartido a los titulares de participaciones, siendo por tanto necesaria la identificación de cada ganador así como de su porcentaje de participación.

El tributo aplicado a la lotería de Navidad es el mismo que afecta a otros sorteos que concede Loterías del Estado, los sorteos de la Once o los de la Cruz Roja, además de las distintas comunidades que tienen sus propios sorteos. En total, en 2021 el Estado ingresó 368 millones de euros. Fue el ejercicio con la recaudación más baja por este tributo desde que se estableciera en 2013. El máximo se alcanzó en 2014, con 568 millones de euros.

El impuesto que se aplica a la lotería de navidad es el mismo que afecta a los otros que concede la empresa pública de loterías, los de la Once o los de la Cruz Roja, además de las distintas comunidades que tienen sus propios sorteos. En total, en 2022 el Estado ingresó 446 millones de euros, casi 80 millones de euros más que en 2021, el año con la recaudación más baja desde que se estableció el tributo en 2013. El máximo se alcanzó en 2014, con 568 millones de euros de recaudación.

Amplios beneficios para el Estado

Aunque la mayor parte de los premios que entregan este jueves los niños del colegio de San Ildefonso, en Madrid, quedan fuera de tributación, hay otras vías en las que la actividad de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) redunda en las arcas públicas. Sus premios, a través de este gravamen, recogieron durante el pasado año completo (incluyendo el resto de sorteos que realiza) 334,7 millones de euros. A ello se suman 703 millones de euros que el Estado percibe gracias al impuesto sobre Sociedades de esta compañía.

Selae es la empresa pública estatal española que genera mayores beneficios al año. El pasado ejercicio, según consta en sus cuentas anuales, terminó con 2.918 millones de euros de beneficio. La cifra fue obtenida tras ingresar 10.255 millones de euros durante el pasado año y aportar 6.160 millones de euros en premios. La ganancia de la compañía se tradujo en un dividendo para el Estado de 2.667 millones de euros, que fueron a parar al Tesoro Público.

Hace ya desde que los mercados dieron el primer giro decisivo hacia la abstracción, desde que dejaron de limitarse a comprar y vender bienes tangibles y comenzaron a negociar, especular y conjeturar -tres verbos cuya divisa oficial es el dólar- con el propio futuro. No con lo que existía, sino con lo que podría llegar a existir. O dejar de existir. Los cultivos y el clima fueron las primeras variables que la economía aprendió a transformar en cifras. Luego iban apareciendo sucesiva y espaciadamente el petróleo, la energía, los bienes industriales o la deuda soberana. Con el tiempo aparecieron productos más sofisticados, diseñados para capturar cualquier fluctuación del mundo: desde las expectativas sobre una empresa hasta la simple posibilidad de que algo ocurriera antes o después de una fecha concreta. Si algo puede suceder, se puede apostar sobre ello. Y si no sucede, en realidad, también. Ese proceso fue estirando un mismo hilo: la tentación de convertir la incertidumbre en un objeto comerciable.

A esa tentación de comerciar con la incertidumbre se le ha ido sumando otra que viene de la propia lógica de nuestras sociedades: la ilusión de que todo puede medirse, anticiparse o reducirse a una probabilidad manejable. Pienso en esto con la página de Pentagon Pizza Index delante y la sensación de que la extinción nunca ha sido un destino opcional para los seres humanos. Polyglobe, como la llamaremos a partir de ahora, es un mercado de predicciones geopolíticas propiedad del sitio web Polymarket. El mundo de los eufemismos es apasionante. Antes de ahondar en explicaciones más complejas: es una casa de apuestas. Consiste en un mapa, un globo terráqueo a lo Google Earth, con una interfaz que lo hace parecer una herramienta de inteligencia como las que usan en las películas. Sobre el mapa hay unos puntos en los que si se cliquea, aparece un pop-up con una pregunta. Por ejemplo, sobre el territorio español hay, en este momento, un solo punto con una sola pregunta: ¿Seguirá siendo Pedro Sánchez presidente de España de 2027? La apuesta tiene un precio de tres centavos.

En el frente del Donbás, las preguntas son escalofriantemente precisas: “¿Tomará Rusia el territorio en Kucheriv antes de nochevieja?”. Lo que empezó con los futuros agrícolas en Chicago en el siglo XIX ha terminado colocando precio a si Sánchez seguirá en la Moncloa o si Rusia tomará un pueblo ucraniano cuyo nombre casi nadie sabía pronunciar hace tres años. En 2025, este “hilo” se ha estirado hasta el punto de que el volumen combinado de apuestas en plataformas como Polymarket y Kalshi supera los 42.400 millones de dólares solo en el último año, con un enfoque creciente en eventos geopolíticos como la probabilidad de un alto el fuego en Ucrania (71% según Polymarket a inicios de 2025) o la salida de Netanyahu del poder en Israel (27%).

Lo cierto es que poner cifras al porvenir es anestesiar el miedo al futuro. La lógica es que si puedo simular el mañana en una gráfica, el mañana asusta menos. Además de que este sistema de apuestas geopolíticas es peligroso porque alguien con mucho dinero podría apostar por un bando en una de estas guerras satelitales que se dan en el corazón de África, por ejemplo, el genocidio de Sudán, y decidir apoyar al bando por el que se ha apostado. Puede parecer una tontería, pero un millón de dólares de inversión en drones para un conflicto de este tipo puede sacudir la geopolítica del continente durante años. Pero, más allá de las apuestas, lo que deja tras de sí cada punto en el mapa es una preocupación, una ansiedad individual que el colectivo consigue validar a través de la especulación económica. Vivimos instalados en una ignorancia consistente en el exceso de información. ¿Dónde carajo está Kucheriv y por qué de pronto tengo en mente una cuenta atrás hasta el 31 de diciembre? Vivimos en un desorden cognitivo permanente en el que lo importante se ve solapado por lo instantáneo y lo visible desborda lo verificable. Nadie apenas puede permitirse el lujo de entender lo que pasa y en esa intemperie mental, estas herramientas como Polyglobe ofrecen una prótesis para aliviar el vértigo de reconocer que no sabemos qué va a pasar. 

Cada punto del mapa de Polyglobe es un cliffhanger; cada fluctuación, un hilo argumental, un plot twist; cada fecha límite, un recurso dramático para reordenar el caos. Y lo aceptamos sin torcer el gesto porque la ficción, al contrario que la política, siempre ofrece una continuidad: todo conduce a algo, todo tiene consecuencias, todo se explica al final. El mundo, en cambio, no. Lo que me inquieta es la pregunta implícita que plantea: ¿quién tiene derecho a anticipar el futuro político de un país? Durante años esa tarea perteneció -con todos sus defectos- a instituciones, analistas, diplomáticos, organismos internacionales. Ahora, en cambio, basta con que alguien compre una posición para que su intuición aparezca incrustada en la geografía global. Ahora hay muchas más razones que antes para que el interés particular siga alimentando, día sí y día también, a la bestia de la muerte. El capitalismo nunca necesitó sentarse en el Consejo de Seguridad de la ONU porque le ha bastado con desplazar la ética con la misma naturalidad con la que, en cualquier hipódromo del mundo, se acaba dopando al caballo después de apostar.

El baloncesto estadounidense está en el punto de mira tras la detención del entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y del base de Miami Heat, Terry Rozier, por dos investigaciones vinculadas con apuestas deportivas ilegales y partidas de póker manipuladas respaldadas por la mafia. Los casos están separados, aunque vinculados entre sí.

Así lo ha adelantado el medio deportivo ESPN, que cifra en 34 el total de arrestos por una operación coordinada en 11 estados de Estados Unidos y que ha involucrado decenas de millones de dólares. Mientras que el jugador Rozier ha sido detenido por la trama de apuestas deportivas ilegales, el técnico Billups está presuntamente involucrado en las partidas de póker manipuladas y vinculadas a La Cosa Nostra, una organización criminal de Nueva York.

Según la ABC estadounidense, los juegos de póker involucraban a jugadores de baloncesto para ganar credibilidad y fueron supuestamente manipuladas a favor de quienes dirigían las partidas, por medio de tecnología avanzada. Se citan máquinas de barajar manipuladas e incluso tecnología de rayos X para leer las cartas boca abajo en la mesa, informa el fiscal estadounidense Joseph Nocella Jr.

En cuanto a las apuestas deportivas, Rozier y otros acusados tenían presuntamente el acceso a información privilegiada, que influiría en el resultados de los partidos y el desempeño de los deportistas. Esa información fue la que proporcionarion a cambio de una tarifa fija o una parte de las ganancias de las apuestas.

“No solo hemos desmantelado el fraude que estos delincuentes cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también hemos puesto en marcha un sistema de justicia contra [La Casa Nostra]”, añade Nocella, que asegua que la trama de apuestas deportivas tuvo lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2024 y afectó a siete partidos de la NBA. Se trata de “uno de los esquemas de corrupción deportiva más descarados desde que las apuestas deportivas en línea se legalizaron ampliamente” en EEUU, según el fiscal.

En ella estuvieron vinculadas un total de seis personas, entre las que se encuentran Rozier o el exjugador y entrenador asistente de los Cleveland Cavaliers Damon Jones. Los seis acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar dinero.

Por su parte, Billups y Jones enfrentarán cargos similares en el marco de la acusación por manipulación de partidas de póker, vinculada a La Cosa Nostra.

Un precedente con sanción de por vida

Existe un precedente reciente de participación de un jugador en apuestas deportivas ilegales. Fue en la primavera de 2024, cuando el pívot de los Toronto Raptors Jontay Porter fue sancionado en con su expulsión de la liga y una suspensión de por vida en la NBA.

La investigación de la propia competición desveló que Porter había revelado información confidencial con fines de apuestas deportivas y había condicionado su participación en encuentros para interferir en los resultados.

Porter se declaró culpable de conspiración y admitió haber manipulado su rendimiento en dos partidos de la temporada 2023-24. Está a la espera de su sentencia a finales de año.

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Azuqueca de Henares (Guadalajara) percibirá más de 7,1 millones de euros al haber sido el único acertante de Categoría Especial en el sorteo celebrado este lunes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 7.144.240,39 euros. Dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Azuqueca de Henares (Guadalajara), situada en avenida de Guadalajara, 34.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 8 de septiembre, ha estado formada por los números 2, 7, 9, 26, 36, 46. El número complementario es el 18, el reintegro el 3 y el Joker, 0616166. La recaudación ha ascendido a 5.703.009,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen otros dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 21 de Móstoles (Madrid), situada en Pintor Ribera; y en el Despacho Receptor número 53.330 de Murcia, situado en Plaza Circular, 7.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 51 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

El número de jugadores en red aumentaron en más de un 20% (21,63%) el año pasado, cuando se recuperaron los llamados 'bonos de bienvenida' que ofrecen las casas de apuestas y que se usan como incentivos promocionales para captar jugadores.

De ello alerta el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, tras constatar este incremento en la Memoria de Actividad del Juego en España de 2024, que acaba de presentar y que ha sido elaborada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

Los 'bonos de bienvenida' estuvieron prohibidos hasta abril de 2024, cuando una sentencia del Tribunal Supremo anuló varios artículos del real decreto sobre publicidad del juego. Entre ellos, el que restringía el uso de estos incentivos promocionales para captar jugadores.

Tras esa resolución se recuperaron, pero podrían volver a prohibirse si se aprueba una enmienda en este sentido y que ha sido introducida en la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela por parte del grupo parlamentario socialista.

Pero ¿cuántos jugadores 'online' había en 2024?: en ese año había más de 459.266 jugadores nuevos respecto a 2023, con lo que el número total de jugadores activos rozaba los 2 millones, tal y como señala otro informe de la DGOJ sobre el perfil del jugador por internet.

Ocho de cada diez jugadores eran hombres (el 83,15 % frente al 16,85% que son mujeres), y la inmensa mayoría jóvenes, ya que más del 85% de los jugadores activos tenían entre 18 y 45 años.

Las cuentas del juego

En la memoria se abordan las ganancias del juego del año pasado y se cifran en más de 8.000 millones de euros (8.108) las que los operadores obtuvieron del dinero que perdieron los jugadores, según el indicador Gross Gaming Revenue (GGR), que calcula la diferencia entre las cantidades jugadas y los premios otorgados.

Donde más aumentaron esas ganancias fue en el juego en red con licencia estatal, con un incremento del 17,6%, hasta alcanzar los 1.454 millones de euros. De ellos, 730,71 millones fueron en casino; 608,85 millones en apuestas; 100,08 millones en póquer, y 14,94 millones en bingo.

De estos segmentos de juego, el de las apuestas 'online' es donde más se incrementaron las ganancias para los operadores. Subieron más de un 23 % respecto a 2023, y sobre todo, según Consumo, por las apuestas deportivas de contrapartida convencionales y las que son en directo.

Las ganancias para los operadores también aumentaron en el casino en internet, casi un 17%, especialmente por las máquinas de azar, al igual que lo hicieron en el bingo (cerca de un 4%), aunque disminuyeron en el póquer (alrededor de un 5%).

En la memoria también se constatan un aumento de las cantidades jugadas en más de un 7% en 2024, y un crecimiento también de los juegos con licencia autonómica en un 2,5% para un total de 1.199 millones de euros, como en el juego reservado y apuestas del Estado en un 9,2 % para una suma global de 5.454 millones.

Los operadores se gastaron en marketing más de 526 millones de euros, y la mayor parte de este montante fue para promociones (261 millones) y publicidad (203 millones).

Otros datos que arroja el documento es la media mensual de las cuentas activas, que aumentó más de un 23%, con lo que el promedio fue de 1.433.715 cuentas activas al mes. También creció la media de nuevas cuentas a nivel mensual, un 34,73%, con un promedio de 151.898 cuentas nuevas al mes.

Cirsa se la juega en Bolsa. La compañía de juego y entretenimiento empezará a cotizar este miércoles en el parqué español a un precio de 15 euros por acción, lo que supone una valoración de unos 2.520 millones de euros. Gracias a la operación, que contempla la emisión de nuevas acciones, la firma espera recaudar 400 millones de euros, con lo que el capital flotante será de aproximadamente el 18% del capital social.

Blackstone mantendrá el 78,4% del capital social y el 3,6% restante se repartirá entre los altos directivos de la empresa. De todos modos, si se aplica la sobreasignación en su totalidad, el fondo estadounidense tendría el 75,7% de las acciones, y el free float superaría el 20%.

La sociedad ha detallado en el folleto de salida a Bolsa que tiene intención de utilizar los ingresos para reducir endeudamiento, en particular al reembolso de bonos existentes de la sociedad por un importe estimado de 375 millones de euros. Uno de los principales riesgos que reconoce la compañía es su abultada deuda, que supera los 2.300 millones. La cifra que puede crecer por las condiciones de mercado, señala, aunque espera reducirla hasta una ratio de 3,5 veces el Ebitda (beneficio bruto de explotación).

Los cambios en las regulaciones de la industria del juego es otro de los principales riesgos a los que se enfrenta.

La empresa de tragaperras, dueña de Sportium, mantiene litigios con la Justicia por “negligencia” en el control de la ludopatía , según una sentencia que la compañía tiene recurrida en el Tribunal Supremo.

Cirsa ganó el año pasado 12,6 millones, un 84% menos que el año anterior, a causa en buena parte al aumento del coste financiero, a pesar de que su beneficio operativo avanzó hasta los 699 millones, un 11% más. Los ingresos de explotación también crecieron un 8%, hasta los 2.150 millones de euros.

En el primer trimestre de este año, obtuvo un beneficio de 18,7 millones, un 21,5% más que un año antes, gracias especialmente al crecimiento de los ingresos procedentes de la pata de negocio de juego y apuestas en línea, que ya alcanzaron casi un cuarto del total, concretamente el 22,5%.

La multinacional, que fue vendida a Blackstone por Manuel Lao, opera en estos momentos en once países a través de casinos, máquinas recreativas, apuestas deportivas y apuestas en línea.

La entrada en Bolsa de la compañía, que aspiraría a entrar en el Ibex 35 por su capitalización, también conlleva cambios en su consejo de dirección.

El presidente ejecutivo de la empresa, Joaquim Agut (exdirectivo de General Electric y expresidente de Terra), mantendrá el cargo, del mismo modo que el consejero delegado, Antonio Hostech.

Además, Blackstone contará con Lionel Yves Assant y Miguel García como sus representantes, y la empresa ha incorporado a Paloma Beamonte, Bernard Cortijo, Arancha Díaz-Lladó, Rocío Fernández y Rocío Martínez-Sampere como consejeros independientes.

La salida a bolsa de Cirsa es la segunda que se lleva a cabo en Barcelona desde la que protagonizó el mayo del 2024 el grupo de perfumería y cosmética Puig, que saltó al parqué con una valoración de 14.000 millones de euros.

El debut de la empresa de juego y el ocio será más modesto, pero se espera con “ilusión”, confesaba el presidente de Cirsa, Joaquim Agut, en el comunicado que confirmaba los detalles dde su inicio en el mercado de valores. “El gran interés mostrado por los inversores a nivel global y la sólida demanda por la oferta subrayan las interesantes oportunidades”, defendía Agut.

La multinacional culmina así los numersos intentos de cotizar llevados a cabo en los últimos años. El camino hasta la icónica imagen del toque de campana no ha estado fácil. Cirsa tanteó el terreno de la bolsa varias veces y hace algo más de un año lo encarriló con la contratación de los bancos de inversión Deutsche Bank, Barclays y Morgan Stanley para que hicieran una valoración. Un movimiento que la misma firma reconoció que eran “más pasos” adelante para hacerlo realidad, después de probarlo por última vez el 2017.

Uno de los primeros jugadores mundiales

Cirsa (Compañía Internacional de Recreativos SA) fue fundada el 1978 por Manuel Lao junto a su hermano, Juan, que empezó con el diseño y fabricación de máquinas recreativas en Terrassa (Barcelona). En 1985 adquirió el primer casino en España, en Marbella, y cuatro años después entró en el sector de los bingos, con la compra de salas en Castelló y Zaragoza. En 1990 dio el salto internacional con la adquisición de un casino en República Dominicana. Desde entonces, la compañía ha ido engordando y expandiendo su negocio, especialmente en la península ibérica y en Latinoamérica.

Los dos hermanos se separaron en 1998, Manuel compró la parte de Juan por 20.000 millones de pesetas (120 millones de euros). El 2018, Lao vendió la ya multinacional a fondos americanos de capital privado administrados por Blackstone y Agut fue nombrado presidente. Actualmente, Cirsa opera en 11 países donde este sector está regulado y gestiona, entre otros, más de 400 casinos y más de 83.000 máquinas.

La jornada 'El juego de apuestas. Un problema de salud pública' que tiene lugar este viernes en el CaixaForum de Zaragoza ha servido para que expertos en la materia denuncien la entrada de la patronal del juego en las Administraciones públicas a través del Proyecto FES, respaldado por la Plataforma de Juego Sostenible. Uno de los puntos en los que eso está sucediendo es Aragón, donde incluso han colaborado en la organización de l Congreso de Familias recientemente celebrado.

Organizado por el Grupo de Investigación en Salud Mental del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón), la Universidad de Zaragoza y SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria), el encuentro ha congregado a un buen número de investigadores académicos en la adicción al juego y a las apuestas. Pero, a primera hora y en un plano más institucional, ha reunido a las directoras generales de Salud Pública y de Política Educativa, Nuria Gayán y Ana Moracho respectivamente, con la rpesidenta de la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AZAJER), Miriam Gañán. En esa mesa inaugural, Gañán ha hecho alusión –sin apuntarlo expresamente– a la iniciativa del Proyecto FES y su colaboración con el Gobierno de Aragón.

“Llevamos más de 36 años previniendo y haciendo tratamiento”, ha empezado la directora de Azajer, quien ha apuntado que cada día son “más conscientes de la necesidad de trabajar en la prevención”. A continuación, Gañán ha puesto el foco en el sector del juego y en su relación con la Administración pública. “Estamos en una época en la que el sector del juego intenta acaparar parcelas que no le corresponden ni le pertenecen para blanquear su imagen, realizando prevención con proyectos a través de personajes famosos para atraer a la población y a la administración”, ha indicado, en relación al Proyecto FES y a su embajador, Pedro García Aguado.

En este contexto, ha destacado, desde Azajer les “molesta y duele ver este tipo de actuaciones”. “Seguiremos luchando las personas que nos dedicamos a la salud mental para evitar este tipo de actuaciones con un claro conflicto de intereses”, ha añadido al terminar.

Previamente a Gañán, ninguna de las dos directoras generales del Gobierno de Aragón se ha referido a esta cuestión. Gayán ha reconocido el “grave” y “complicado de abordar” problema del juego y ha alertado con datos del crecimiento de las apuestas por internet. La forma de actuar desde las administraciones, ha manifestado, debe ser “integral” porque afecta “a todos los sectores”. Y ha puesto el énfasis en el IV Plan de adicciones de la Comunidad Autónoma de Aragón 2025-2028 recientemente aprobado.

Uno de los ponentes de la jornada ha sido Mariano Chóliz, de la Universidad de Valencia pero natural de Ejea de los Caballeros. En declaraciones a este diario, Chóliz también ha cargado contra el concepto de 'juego sostenible' que trata de imponer la patronal de las apuestas y su Proyecto FES. “El concepto es una lavadura de cara. Juegan con el concepto de la sostenibilidad, pero se refieren a la sostenibilidad el sector: es una defensa del lobby del sector del juego de cara a la Administración para que lleve a cabo normas, decretos e incluso reales decretos que favorezcan sus intereses”, ha alertado el experto.

La Plataforma de Juego Sostenible, ha dicho, proviene de la patronal a través del Club del Convergente, “y en especial de los fabricantes de máquinas, que es el juego más adictivo”. “Ahora –ha agregado Chóliz–tienen convenios con muchas administraciones públicas para defender sus intereses: limpiar la cara del sector y echarle la culpa a los móviles e internet”.

La charha de Chóliz se titulaba 'El juego afecta gravemente a la salud pública', pero con el adverbio tachado. “Tacho gravemente porque todo juego afecta a la salud mental, aunque no todos gravemente. Algunos mucho, y otros menos. Afecta muy gravemente el juego online, sobre todo el de las máquinas, y no afecta tanto, pero afecta, la lotería”, ha desgranado.

Antes del profesor ejeano han intervenido otros expertos en la materia en una mesa de debate bajo la denominación 'Estado de la cuestión'.

La catedrática de la Universidad de Zaragoza Yolanda López del Hoyo ha evidenciado que, según han determinado los estudios académicos, “por cada persona con adicción al juego se ven afectadas de media otras seis personas a su alrededor”. López del Hoyo ha reclamado “dejar de hablar del juego responsable” ya que es un concepto que “minimiza la capacidad adictiva de los juegos”, frente a lo que ha contrapuesto una “estrategia más basada en la salud píblica”, que ponga el foco “en una comprensión más amplia de la prevención y la enfermedad”. “El problema de saludad pública no se debe a individuos 'defectuosos', sino a una compleja interacción entre productos, prácticas industriales, políticas, entornos de vida y circunstancias vitales”, ha apuntado.

Hibai López González, de la Universitat de Barcelona, ha propuesto un original enfoque para “cambiar el 'frame' del juego responsable”. En su tesis, debería ser “la industria del juego la que demuestre el valor de sus productos, que no solo detraen bienestar”. Y ha puesto el ejemplo del “principio de precaución” que aplicamos a los medicamentos: “Hasta que no se demuestre su utilidad, la ciudadanía debería dejar de servir como cobayas de teconlogías cada vez más mejoradas”.

El foro de este viernes ha sido el marco de presentación de dos importantes proyectos: GAMBL-OUT (prevención online de la adicción al juego en jóvenes tras la pandemia) y GAMBL-HID (detección gamificada de riesgo en estudiantes universitarios), iniciativas coordinadas por Yolanda López del Hoyo y Javier García Campayo. Ambas propuestas analizan el impacto del juego en la juventud y desarrollan herramientas gamificadas y programas psicoeducativos online para la detección y prevención de conductas de riesgo.

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha inaugurado este viernes el I Congreso de Familias de Aragón, organizado por el Ejecutivo autonómico y que da voz al Proyecto FES, que tiene detrás a la patronal de los juegos de azar. Susín ha relativizado este hecho y se ha limitado a destacar la figura de Pedro García Aguado, embajador de las empresas del sector y que da una charla en el congreso.

El hecho de que la patronal de las casas de apuestas y las máquinas tragaperras haya entrado no solo en eventos y acciones del Gobierno de Aragón, sino de otros cinco ejecutivos autonómicos ha provocado indignación en las asociaciones de jugadores rehabilitados y asombro entre los expertos de salud pública ligados a las adicciones sin sustancia. En la comunidad aragonesa, ayer mismo las tres principales empresas del juego en Aragón organizaron una jornada de técnicos de infancia y adolescencia en Teruel en la que intervino Cristina García, coordinadora de la Plataforma de Juego Sostenible, que está detrás del Proyecto FES.

Este proyecto sustentado por la patronal del juego de azar ha llegado a I Congreso de Familias de Aragón de la mano de la directora general de Familia, Infancia y Natalidad, Eva Fortea. El pasado 22 de octubre, Fortea acudió a la presentación en Zaragoza del Proyecto FES, un acto organizado por la Plataforma de Juego Sostenible en el Colegio Sagrada Familia de la capital aragonesa con el apoyo de la Confederación Española de Centros de Enseñanza Aragón (CECE Aragón). En esa cita también estuvo presente como invitada la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández.

A raíz de este acto, la Dirección General de Familia quiso “dar a conocer el programa a otras muchas familias aragonesas, así como los profesionales que trabajan en el ámbito de la intervención familiar”, según consta en un informe firmado por la consejera Susín a raíz de una petición a Transparencia. De ahí la invitación a la Plataforma de Juego Sostenible, a través de su embajador García Aguado, para participar en el Congreso de Familias de Aragón, en el que da una charla con el único objetivo de presentar el Proyecto FES.

Una colaboración, por cierto, que tiene carácter “desinteresado” y por la que Garía Aguado no cobra ningún gasto, al contrario que el resto de ponentes.

El jueves, la propia directora general de Familia participó en el acto de la patronal del juego en Teruel, donde -con la Asociación de Salones de Juego de Aragón, la Asociación Empresarial De Máquinas Recreativas y la Asociación Empresarial de Juegos detrás- Cristina García proporcionó “recursos prácticos” para “ser utilizados en entornos educativos y comunitarios” con el objetivo de “apoyar a adolescentes en la gestión de sus emociones y el desarrollo de su autoestima”.

La consejera Susín ha restado este viernes importancia al papel del sector del juego de azar en el I Congreso de Familias. La titular de Bienestar Social ha rechazado que se haya dado un “amparo” a la patronal de las apuestas y se ha limitado a apuntar que se había incluido como ponente a una persona de “reconocido prestigio”, en relación a Pedro García Aguado, a la que “el Gobierno de Aragón quería invitar a participar”. “Aporta su experiencia como deportista de alto nivel que además ha tenido graves implicaciones con adicciones”, ha remarcado Susín.

“Un espacio abierto al diálogo”

La cita congresual, tal y como ha señalado el Ejecutivo autonómico, aborda aspectos a los que enfrentan los padres y madres como el control de las pantallas o la prevención del suicidio. “Queremos que este sea un espacio abierto de diálogo entre las familias y ponentes, de gran prestigio, en el que queremos trabajar desde esa comunicación, todos los problemas a los que nos enfrentamos los padres y las madres”, ha destacado Susín.

Otro aspecto, “muy importante”, que también se debatirá es el cuidarse para cuidar, que los padres y las madres tienen que tener en cuenta y que es el bienestar emocional para conseguir ese bienestar emocional en los hijos, ha comentado Susín.

En declaraciones a los medios, la consejera ha calificado de “éxito” la convocatoria de este primer congreso porque hay más de 450 inscritos, “con ponentes de nivel”. Ha elogiado el “gran trabajo” de la Dirección General de Familias por potenciar este espacio de trabajo para brindar herramientas a las familias.

Por su parte, la directora general de Familia ha dicho que el objetivo de esta cita es “celebrar y fortalecer el papel esencial que tienen las familias en la sociedad, como elemento sustentador, socializador y también como prestadoras de servicios”.

Aragón, Cantabria, Illes Balears, Andalucía, Canarias o Extremadura. La patronal del juego, que aglutina a las empresas de locales de apuestas o de máquinas tragaperras, está consiguiendo permear en los gobiernos autonómicos a través del denominado Proyecto FES, con el que está entrando ya en colegios e institutos. Su actividad se centra en poner el foco en los problemas de las pantallas en los adolescentes, mientras aparecen relegadas las afecciones causadas por el juego. Tanto los expertos como las asociaciones de jugadores rehabilitados han expresado su indignación: consideran que las administraciones están “blanqueando” su actividad.

El Proyecto FES cuenta con una página web en la que esconden su origen y con una cara visible: el 'coach' televisivo Pedro García Aguado. “Por una sociedad sensibilizada y una juventud responsable con la gestión sana de su tiempo libre”, aparece como primer impacto en el portal de la iniciativa. Detrás de FES está la Plataforma para el Juego Sostenible, entre cuyos asociados están salas de juego y apuestas, bingos y operadores de máquinas tragaperras en la hostelería.

Al menos seis comunidades autónomas han colaborado recientemente con el Proyecto FES. La última de ellas ha sido Aragón, con la que van a organizar el próximo 25 de abril el I Congreso de Familias de la comunidad. En la presentación de esta actividad, junto con la consejera de Servicios Sociales autonómica, Carmen Susín, se sentó Alfredo Llop, presidente la Asociación Empresarial de Máquinas Recreativas de Aragón (Azemar) –y teniente de alcalde por Vox en el Ayuntamiento de Daroca–. “A través de este proyecto, el sector intenta ayudar a paliar las adicciones de nuestros jóvenes a las pantallas en un sentido amplio”, dijo Llop, quien asoció en ese mismo “sentido amplio” a los videojuegos y a internet que a los juegos de azar.

El presidente de Azemar agradeció la “mano tendida” por la directora general de Familia del Gobierno de Aragón, Eva Fortea, y apuntaló el objetivo del sector: “Ampliar la campaña a todos los colegios públicos de Aragón y a la red de técnicos del Instituto Aragonés de la Juventud y de la Dirección General de Familias”.

Fuentes de este Departamento del Ejecutivo aragonés explican a elDiario.es que no hay propuestas en ese sentido y limitan la colaboración con el Proyecto FES a la charla que en el Congreso de Familias impartirá García Aguado, con quien Fortea coincidió en la presentación de FES en Zaragoza. Un acto que contó precisamente con la participación también de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández.

En la legislatura pasada, con Javier Lambán al frente del Ejecutivo autonómico, la patronal del juego ya intentó llegar a acuerdos con la Administración –y también a forzar encuentros con los representantes políticos–, pero el Gobierno socialista lo frenó. Ahora, con el popular Jorge Azcón como presidente, la situación ha cambiado.

“Nadie está utilizando el concepto de 'juego sostenible' en el mundo académico, es un neologismo que utilizan solo desde una parte, de forma interesada, para dar al juego una apariencia de aceptabilidad social y unas connotaciones positivas que no puede tener”, critica José C. Perales, catedrático de Psicología en la Universidad de Granada e investigador en adicciones comportamentales y toma de decisiones. Perales es claro respecto a la participación del Proyecto FES en las políticas públicas: “Yo veo un conflicto de intereses muy evidente. El juego de azar es una amenaza para la salud pública y así se le debe tratar. No es el tipo de organización que yo querría tener en un congreso dirigido a las familias”.

De la misma opinión es Juan Lamas, director técnico de la FEJAR, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. “Es una operación de marketing, están blanqueando el juego”, advierte, antes de separar los problemas que generan las pantallas en los adolescentes con “la prevalencia del trastorno del juego como categoría clínica”.

Nadie utiliza el concepto de 'juego sostenible' en el mundo académico, es un neologismo que utilizan solo desde una parte para, de forma interesada, dar al juego unas connotaciones positivas que no puede tener

José Perales — Catedrático de Psicología en la Universidad de Granada

Desde el Colegio de Psicólogos de Aragón, su presidente, Santiago Boira, se muestra también crítico con el papel del Proyecto FES y de sus impulsores. “Que se hable de prevención y de sensibilización está bien. Lo que genera desconfianza y quizás un conflicto de intereses es que quien esté detrás sean empresas del juego. Sabiendo que además no conocemos el programa”, explica. Boira considera por otro lado “inadecuado” el término 'juego sostenible': “Cuando hablamos de adicciones, no podemos referirnos al consumo de sustancias sostenibles: no existe un consumo sostenible de tabaco”, pone como ejemplo.

El presidente de los psicólogos de Aragón recuerda que el juego es “un problema de salud pública” que, además, afecta a menores, por lo que “el nivel de garantía de los procedimientos debe ser muy alto”. Por eso, critica también –sin mencionarlo– el papel de García Aguado con sus charlas: “La Plataforma tiene figuras con visibilidad en redes, pero en cualquier procedimiento de intervención se necesitan profesionales. La prevención está muy bien, pero debe estar hecha por psicólogos. Y con intervenciones validadas científicamente”.

Según el Informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos 2024, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, uno de cada cinco menores de entre 14 y 18 años participan en juegos de azar, ya sea online o de manera presencial. Pese a que la diferencia entre ambos se va acortando, el presencial sigue siendo más habitual en menores: un 17,7% frente a un 10,7%. Respecto al informe anterior –de 2021–, del juego presencial descienden varias categorías, pero esto no sucede ni con las máquinas de azar (sube 10 puntos, hasta el 27,7%) ni con el bingo (aumenta 5,5 puntos, hasta el 35,9%).

La Plataforma de Juego Sostenible afirma en su página web que su aspiración es “ayudar a paliar las posibles externalidades negativas” de su actividad mediante un intento de “aportar en positivo”. Sin embargo, en la misma web incluyen dentro del apartado de material divulgativo una pestaña con “creencias erróneas sobre el juego”; en ella ponen en duda los efectos que tienen las apuestas deportivas entre los jóvenes o que la proximidad de los locales a los colegios tenga incidencia en los menores.

Fuentes de este organismo recuerdan que el Proyecto FES es una iniciativa “en materia de prevención” que “responde a la colaboración público-privada” entre el sector y gobiernos autonómicos “de todo color político”. Una relación, explican, en la que la Plataforma aporta “contenido y profesionales” y la Administración, “contacto con los centros educativos y familiares” y una “supervisión de los contenidos”.  

Desde la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer) creen, sin embargo, que “llama la atención” que “desde el sector del negocio del juego se promueva una iniciativa en la que se pone el foco en la problemática del uso de las tecnologías, sin entrar en las consecuencias y problemas que generan los juegos de azar y las apuestas en todos los planos de la vida”. Y, como en el Colegio de Psicólogos, consideran “fundamental” que se cuente con “profesionales cualificados en prevención y tratamiento de los diagnósticos de salud mental para hacer frente a las distintas adicciones”, aunando “el rigor que aporta la ciencia y la investigación” por un lado, con “la realidad que viven y experimentan los jóvenes” por el otro.

Cantabria

En el caso de Cantabria, el aterrizaje del Proyecto FES se produjo durante la pasada legislatura, con el bipartito PRC-PSOE presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla en el poder, informa Laro García. De hecho, fue el propio expresidente el que dio cobertura política y mediática a esta controvertida iniciativa, participando en la inauguración de la primera conferencia impartida por Pedro García Aguado en un instituto público de Santander.

Según difundió el propio Gobierno autonómico hace ahora tres años, en abril de 2022, el Proyecto FES llegó a los institutos de Cantabria con el objetivo de “impartir cursos y charlas de formación específicas para prevenir conductas adictivas y sensibilizar sobre la importancia de encarar el juego de una manera responsable”, con la implicación directa de las consejerías de Presidencia y Educación, ambos departamentos en manos del PRC, en coordinación con la Plataforma de Juego Sostenible, encargada de diseñar una propuesta que se iba a desarrollar en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y entre los padres y madres integrados en las AMPAS, y que también tuvo su penetración en los centros privados de enseñanza.

"Cuando hablamos de adicciones, no podemos referirnos al consumo de sustancias sostenibles: no existe un consumo sostenible de tabaco"

El Ejecutivo cántabro reconoció en aquel momento que esta iniciativa para supuestamente combatir la ludopatía entre los jóvenes y advertir de las conductas adictivas en las aulas se ponía en marcha junto a una entidad integrada por empresas del sector del juego y de forma prácticamente paralela a la redacción de la nueva Ley del Juego de Cantabria que debía regular la presencia de estos negocios en la comunidad autónoma y mientras se producían protestas vecinales por la apertura de casas de apuestas en los entornos escolares de Santander.

Los nuevos responsables de la Consejería de Educación tras la llegada del PP al Gobierno de Cantabria en 2023 han negado a preguntas de elDiario.es que se mantenga vigente ningún tipo de acuerdo o convenio con la Plataforma de Juego Sostenible y que el Proyecto FES siga desarrollándose en las aulas de la comunidad autónoma, sin aportar más detalles sobre la posible financiación económica, el balance de las charlas o el tipo de contenido de esas actividades que pudieron llevarse a cabo con aparente normalidad durante la legislatura anterior.

Consultadas algunas organizaciones sociales de Cantabria que mantienen distintos programas contra la ludopatía y el juego patológico, como son Proyecto Hombre o la Asociación AMAT–Afrontando Adicciones, en ambos casos han mostrado su “sorpresa” por la penetración del Proyecto FES de la Plataforma de Juego Sostenible en las aulas de Cantabria y han señalado que puede haber “conflicto de intereses” si se permite que se desarrolle una propuesta que tiene detrás precisamente a las empresas del sector del juego.

Además, portavoces autorizados de Proyecto Hombre y la Asociación AMAT han recordado que en Cantabria, año a año, se constata un “importante incremento” en las adicciones al juego –apuestas online, videojuegos, uso de pantallas– en la población más joven. “Nos preocupa mucho hacer una prevención eficaz”, insisten desde estas organizaciones sin ánimo de lucro.

Andalucía

Desde Andalucía –tal y como informa Javier Ramajo–, el presidente la Federación Andaluza de Asociaciones de Jugadores de Azar en Rehabilitación (FAJER), Francisco Abad, señala que el proyecto FES “llegó hace tiempo” a la comunidad. En concreto, fue a partir del cambio de Gobierno en la Junta, en 2019, cuando “lo empezaron a poner en marcha”.

“Este proyecto no habla de juego, sino de redes sociales, pero está impulsado por los empresarios de juego para lavar su imagen y por algunos políticos que también quieren quizá a lo mejor lavar un poquito su conciencia del daño que nos están haciendo en este país los juegos de azar”.

“Como ahora se quiere poner en marcha la identificación de las personas en las máquinas de azar de los bares, ellos vuelven otra vez a contraatacar diciendo que esto es una maravilla. Como tienen dinero, pueden hacerlo, y los que jugamos pues poco más o menos tenemos la culpa de las cosas que nos pasan”.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo andaluza indican que actualmente no se tiene relación alguna con el Proyecto FES. Hace unos años “simplemente se trasladó información a los centros educativos que participaban en el programa de hábitos saludables de la Consejería por si querían participar en este proyecto”, detallan, sin que se llegara a firmar convenio alguno al respecto, aseguran fuentes oficiales.

Esto sí que ha sucedido con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad: el Instituto Andaluz de la Juventud –dependiente de este Departamento– y la Plataforma para el Juego Sostenible acaban de cerrar un convenio de colaboración para, en el marco del Proyecto FES, llevar a cabo una “campaña de prevención de adicciones comportamentales en el ámbito del juego”.

Canarias

Aunque la entrada del Proyecto FES en las Islas Canarias es más reciente, lo ha hecho con un gran respaldo del Gobierno autonómico: los consejeros de Educación y de Presidencia asistieron a la presentación el pasado mes de septiembre de la iniciativa. Es más: según informó el Ejecutivo canario –de Coalición Canaria y el PP–, la Plataforma para el Juego Sostenible va a ceder materiales pedagógicos a centros educativos de todas las islas. El acto de presentación del organismo que representa a las empresas del juego tuvo lugar en un auditorio repleto de niños, en el CIFP Felo Monzón Grau Bassas de Las Palmas.

Dos meses después, la propia Plataforma suscribió un convenio de colaboración con la Universidad de La Laguna “para promocionar y difundir en diferentes ámbitos hábitos de vida saludable y prevención de adicciones comportamentales”.

Illes Balears

En Illes Balears, el Proyecto FES se presentó en marzo del año pasado y al acto acudió el director general de Empresa, Autónomos y Comercio del Govern, José Antonio Caldés. La propia Plataforma se hizo eco de la amplia repercusión que tuvo el acto, que también contó con la presencia de Carmen Planas, presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB). “Aplaudimos la iniciativa Proyecto FES para formar, educar y sensibilizar a los adolescentes ante los riesgos por el abuso de juegos, redes sociales o nuevas tecnologías”, manifestó en la red social X la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia.

Comunidad de Madrid

La Plataforma para el Juego Sostenible, a través del Proyecto FES, ha entrado en los colegios privados madrileños, concertados y no concertados, de la mano de CECE-Madrid, la Confederación Española de Centros de Enseñanza. De nuevo con Pedro García Aguado, exdirector general de Juventud en esta comunidad autónoma, ambas entidades y CEIM Confederación Empresarial de Madrid suscribieron un convenio hace dos años para desplegar en estos centros educativos “una campaña de prevención de adicciones comportamentales en adolescentes”. De nuevo, el acento se puso en las nuevas tecnologías y no en los daños causados por el juego en los menores.

Extremadura

En Extremadura, la presidenta María Guardiola no ha tenido problema en varias ocasiones de protagonizar actos públicos con los responsables del grupo murciano Orenes, una de las mayores firmas del negocio del juego en España. La última de ellas es muy reciente, para validar una donación de 140.000 euros para asociaciones locales. “No solo genera riqueza y empleo en la región, sino que está comprometido con todas las cuestiones sociales”, destacó la jefa del Ejecutivo autonómica en relación con el grupo.

Región de Murcia

En esta comunidad autónoma no consta una relación formal entre el Gobierno autonómico y la Plataforma para el Juego Sostenible, aunque el Proyecto FES sí que ha intentado entrar en la región. Mercedes Escavy, del Proyecto ADICTlescentes, asegura que están muy alertas sobre esta cuestión: “Queremos gritar alto que no nos engañen, que sepamos lo que hay detrás de sus aparentes buenas intenciones. Ya han manchado el deporte, y ahora la formación y la educación”.

Aquí sí son habituales los actos organizados por el mencionado Grupo Orenes con altos cargos del Gobierno murciano, incluido el presidente, Fernando López Miras. También han sido numerosos los integrantes del Ejecutivo del PP en la comunidad que han terminado trabajando en este conglomerado empresarial del juego.

La patronal del juego ha recurrido ante la Justicia el nuevo Reglamento navarro del Juego y Apuestas que busca poner coto a los salones de juego, así como a las máquinas de apuestas deportivas. Según ha apuntado la portavoz del Gobierno foral y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amaparo López, en concreto se han recurrido los artículos que se refieren a la reducción del horario de los establecimientos, a la prohibición de instalar máquinas de juego de tipo “BMB” y a la “interconexión”.

Desde el Ejecutivo que lidera la socialista María Chivite confían en que el recurso no prospere. “Tenemos unos informes justificativos al respecto y lo defenderemos con contundencia y con mucho rigor”, ha asegurado Amparo López. Hace unas semanas el Consejo de Navarra, el máximo órgano consultivo de la comunidad foral, pidió al Gobierno navarro una mayor “justificación” de estas restricciones para dar garantía jurídica al reglamento y ahora la patronal del juego ha usado ese informe para recurrir los artículos.

La nueva normativa reduce el horario de cierre de las salas de bingo en media hora y el de los salones de juego y locales de apuestas deportivas en tres horas. Así establece el horario general de cierre para locales de apuestas deportivas y salones de juego a las 0:30 horas y para las salas de bingo a las 3:00 horas. “Incluso con la limitación estos locales están abiertos 15 horas diarias, pocos negocios están abiertos 15 horas”, ha señalado la portavoz del Ejecutivo, quien ha apuntado que el Consejo de Navarra “emitió un dictamen favorable sobre el reglamento del juego”, pese a la petición de una mayor justificación de algunos artículos.

La consejera ha asegurado que se trata de “un reglamento ambicioso, amplio, del que solo se han recurrido tres o cuatro aspectos”. “Es un reglamento que nos ha costado mucho tiempo tramitar con un procedimiento muy garantista y que, sobre todo, está avalado por todas las entidades que protegen los derechos de los vulnerables, de las personas que tienen adicciones”, ha subrayado. Y ha insistido que con nueva normativa se pretende “velar” por “los más débiles”, los menores de edad. “La media edad de comienzo del juego está en los 15 años, es algo que nos debe alarmar como sociedad, y luego las ludopatías, que son un problema social importante”, ha solemnizado.

El sorteo de Euromillones acaba de repartir el mayor premio de su historia, hasta el momento: 250 millones de euros que seguramente le hayan cambiado la vida al jugador que ha acertado los cinco números y las dos estrellas del sorteo realizado el pasado viernes, 28 de marzo. La combinación ganadora fue 10, 21, 30, 42, 45  y las estrellas 1 y 9. Y ese boleto fue validado en Austria, para alegría del acertante, que ha conseguido el bote millonario que se había acumulado para los premiados de primera categoría. 

Todos los jugadores tienen la misma ilusión: acertar los cinco números y las dos estrellas, algo nada sencillo porque entran en competición con usuarios de todos los países europeos, así que las posibilidades aún son más remotas. Pese a todo, se dan excepciones como el caso austriaco. 

Pese a que todos los jugadores aspiran a ganar el mayor bote de Euromillones, el sorteo del pasado 28 de marzo dejó una pequeña alegría en la localidad canaria de Santa Cruz de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife). Según informa en un comunicado Loterías y Apuestas del Estado, allí tocó un boleto acertante de El Millón, un juego asociado en el que se asigna un código de 3 letras y 5 números a quienes jueguen al Euromillón. 

Además del mayor bote en la historia del sorteo del Euromillones, el pasado viernes dejó otros nueve boletos han obtenido 338.645 euros al lograr premios de segunda categoría (cinco números y una estrella).

España es el país más agraciado con el Euromillones

Desde su estreno en 2004, el sorteo ha repartido importantes premios tanto en España como en los otros ocho países donde se comercializa (Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza). Sin embargo, solo en ocho ocasiones el premio ha alcanzado o superado los doscientos millones de euros. 

El mayor bote de la historia de este sorteo ha ido a para a Austria, pero nuestro país es donde históricamente más veces ha tocado el primer premio, según informa el operador nacional de loterías. 

En el caso de España, el premio récord asciende a 190 millones de euros y tocó en Las Palmas de Gran Canaria el 6 de octubre de 2017. Le siguen, en orden de importancia, un premio de 162 millones a través de la web oficial de Loterías en 2024, otro de 144 millones en Mayorga (Valladolid) en 2020, otro de 143 millones en León en 2021 y otro de 137 millones en Parla (Madrid) en 2014.

16.000 empleados, 433 casinos (266 en España), 280 salas de juego, 27.693 máquinas de azar o 2.563 millones de euros de ingresos en 2024, un 67% más desde que está en manos del fondo Blackstone.

Son las grandes cifras de Cirsa, líder del juego y las tragaperras en España, y dueño de Sportium, la mayor casa de apuestas deportivas del país, cuya “negligencia” en el control de la ludopatía ha ratificado la justicia española en una reciente sentencia que la compañía tiene recurrida en el Tribunal Supremo. Ahora su propietario, el mayor fondo del mundo, quiere hacer caja sacando la empresa a Bolsa.

Según Expansión, el operador de casinos, máquinas recreativas, apuestas deportivas y juego online, con presencia en once países, quiere empezar a cotizar a mediados de abril. Lo hará mediante una colocación de entre 700 y 1.000 millones, a través de una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones y una oferta pública de venta (OPV) de títulos existentes.

Esta operación, con la que se lleva años especulando, valoraría el 100% del grupo en hasta 4.000 millones. Con ella, el fondo estadounidense, conocido por haber sido durante años el mayor propietario de viviendas en alquiler en España, espera colocar al menos el 25% de las acciones del grupo. Blackstone adquirió Cirsa en 2018 al fundador, el multimillonario almeriense Manuel Lao, por un importe que no se hizo público pero que se cifró en unos 2.000 millones, deuda incluida.

Cirsa entonces facturaba unos 1.000 millones menos que ahora y su deuda era de unos 950 millones, frente a los 2.638 millones actuales. Este endeudamiento equivale a 3,8 veces su beneficio bruto operativo (Ebitda), frente a las 17,6 veces que alcanzó este ratio en 2020, cuando los ingresos de este sector se hundieron por la pandemia de coronavirus. 

En 2024, el beneficio neto de Cirsa se desplomó un 84%, hasta 12,6 millones, por los mayores costes financieros derivados de las refinanciaciones de su deuda, pero el Ebitda fue de casi 700 millones, un 11% más. De esa cifra, la mayor parte vino de España (48,7%), seguida de Panamá (13%), Colombia (9,4%), México (7,9%) e Italia (7,6%).

La facturación superó la barrera de los 2.000 millones, un 8% más, gracias al impulso de la división de juego online, que ya es la segunda línea de negocio más relevante, solo superada por los casinos, que aportaron 968,2 millones, un 4% más.

El área online, con Sportium a la cabeza (presente en siete países y que tiene la mayor red de locales del mercado), facturó 420 millones en 2024, un 29% más, y fue la línea de negocio con mayor crecimiento, gracias a las adquisiciones de Apuesta Total, en Perú, y CasinoPortugal, dos de los principales operadores de juego online en esos dos países. 

“Valor sostenible”

En su web, Cirsa presume de su compromiso con la creación de “valor sostenible. A través de políticas ambientales, sociales y de juego responsable, buscamos un impacto positivo a largo plazo en la sociedad y el medio ambiente. Trabajamos incansablemente para equilibrar el éxito empresarial con la responsabilidad corporativa”.

Esta declaración choca con algunos acontecimientos recientes, como el despido de 22 trabajadores en Perú en 2022 tras formar un sindicato, o los hechos probados de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.

En diciembre de 2023, la Sala de lo Civil condenó a Cirsa a indemnizar con 766.780 euros, más intereses, a los dueños de una constructora catalana cuyo ex contable les sustrajo más de 1,2 millones para realizar apuestas deportivas con varios operadores, principalmente Sportium. Los hechos se remontan a 2015 y 2016. Entonces, Cirsa, que desde 2006 pilota el actual consejero delegado, Joaquim Agut, todavía pertenecía a Lao.

Este empresario, hoy octogenario, y que apareció en la lista Falciani o Los Papeles de Panamá, ha diversificado su fortuna tras vender a Blackstone en 2018 casi todos los activos de Cirsa, la empresa que fundó en Terrassa junto a su hermano en 1978. Hoy Lao reparte su patrimonio en sectores como el inmobiliario (tiene un 6,27% de Merlin Properties, la mayor socimi de España), la construcción (Sacyr, con un 5,11%) o el hotelero, junto a otros como el agroalimentario, de infraestructuras (como concesiones de agua) y defensa, a través del fondo Hyperion, de Pablo Casado.

La sentencia dictada el 1 de diciembre de 2023 por la Audiencia de Barcelona revocó una resolución previa del Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Terrassa que había absuelto a la empresa.

La resolución refleja que el entonces contable de esa empresa catalana, un joven que en el momento de descubrirse los hechos llevaba seis años trabajando en ella, tenía un problema de adicción al juego, tal y como constató Dirección General de Ordenación del Juego, que impuso por estos hechos una sanción de 350.000 euros en diciembre de 2017 a la filial de juego online de Cirsa por una infracción “grave”. Esta filial era entonces propiedad de la española y de la británica Ladbrokes, que vendió su 50% al grupo en 2019 por 50 millones.

Los jueces concluyeron que Cirsa “actuó de forma claramente negligente en el cumplimiento de sus obligaciones” de vigilar el juego de ese joven ex contable adicto al juego, que en ese momento tenía 28 años, y que fue condenado en 2019 por vía penal por apropiación indebida. Según la sentencia, en febrero de 2016 esta persona confesó que “había estado sustrayendo dinero de las cuentas del Grupo” en el que trabajaba “para realizar apuestas deportivas online” desde enero de 2015.

Había superado un test de juego de responsable y de prevención de conductas adictivas de Cirsa en septiembre de 2015. El grupo de juego asignó al joven un gestor personal como cliente “VIP” y no solicitó “ningún tipo de documentación respecto a sus ingresos, patrimonio o capacidad económica; ni siquiera le solicitó algo tan elemental como nóminas o declaraciones del IRPF; lo único que consta es que hizo una consulta del perfil de Facebook”, dice la sentencia.

“En el mes de octubre realiza depósitos por importe de 232.160 euros, lo que supone un incremento del 2.345%, sin que la demandada adoptara ninguna medida eficaz de control ni le solicitara información alguna sobre su situación económica que pudiera justificar tan claromoso incremento”, se lee en la resolución.

“Estás moviendo mucho”

Los mensajes de WhatsApp aportados por la propia Cirsa evidenciaron cómo “el gestor incitaba al jugador a seguir jugando ofreciéndole bonos y regalos para que continuara apostando”. El 9 de octubre le escribió: “Veo que últimamente estás moviendo mucho y me gustaría tener un detalle.... Ahora te pongo 1.000€ en apuestas gratuitas.... Ya los tienes... Y la semana que viene hablamos de posibles ofertas”. 

El 16 de octubre le indica: “Veo que llevas un ritmo elevado y una mala racha y quería ofrecerte la opción de un bono fijo”. “También podemos compaginar con casino si quieres”. “Por eso quería llamarte para hablarlo mejor”. El 22 de octubre escribe: “Te acabo de poner 4.000€. Perdón... 4.500… 20% de lo depositado ayer. Puedes dividirlo al apostar... Caduca en 10 días.”. 

Incluso después de que el ex contable dejase de jugar tras confesar los hechos, siguieron los mensajes del gestor ofreciéndole “una sección de promociones nueva que creo que te va a gustar”. El 10 de febrero de 2016 le dice: “Te acabo de poner un regalito en tu cuenta”. Dos días después: “Ya veo que te has tomado unos días de relax y me parece bien sinceramente. Lo único que la free bet caduca a los 10 días, es decir, el sábado”. 

La Audiencia concluyó que Cirsa “incentivaba” a seguir jugando a este joven cuando ya llevaba perdidos “766.780 euros, en un período de solamente cuatro meses”. “El gestor de la cuenta conocía en tiempo real el volumen de depósitos, ganancias y pérdidas del jugador, sin que la operadora hubiera adoptado ninguna medida de control ante un volumen de depósitos tan desmedido en tan corto período de tiempo, ni le solicitara la más mínima justificación sobre su capacidad económica o la procedencia de los fondos”.

Cirsa solo le canceló la cuenta cuando se le notificó que el contable había apostado con fondos robados a su empresa. Según los jueces, “la actuación de Cirsa contrasta con la llevada a cabo por otras casas de apuestas on-line”, que sí reclamaron documentación al joven jugador cuando solicitó que se eliminaran los límites para apostar.

Cirsa ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo por entender que existe jurisprudencia que ha determinado que no puede exigirse la responsabilidad de un tercero cuando concurre culpa exclusiva de la víctima.

La empresa no comenta este asunto. Para cumplir el Real Decreto 176/2023 de 14 de marzo por el que se desarrollaron entornos más seguros de juego, Cirsa tiene implantados unos protocolos de actuación para monitorizar y prevenir comportamientos de riesgo, como alertas por patrones de comportamientos intensivos, compulsivos o de riesgo. Si el usuario sobrepasa determinados niveles de intensidad y gasto, se le avisa y en una fase de “alerta alta” se llega a bloquear su cuenta.

El Gobierno de Navarra trata de dar garantía jurídica al nuevo Reglamento del Juego y Apuestas que busca poner coto a los salones de juego, así como a las máquinas de apuestas deportivas. Lo hace tras recibir un dictamen del Consejo de Navarra, el máximo órgano consultivo de la comunidad foral, en el que se pide una mayor justificación para la reducción de los horarios de bingos y casas de apuestas. “Queremos conjugar la protección de los menores y colectivos vulnerables con la máxima seguridad jurídica”, ha señalado la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, en comisión parlamentaria.

En concreto, el Consejo de Navarra reclama una “justificación razonada” a la reducción del horario de cierre de las salas de bingo en media hora del de los salones de juego y locales de apuestas deportivas en tres horas, “a los efectos de poder valorar mejor su necesidad y proporcionalidad y, por consiguiente, su indubitada adecuación a la legalidad”. El nuevo reglamento establece el horario general de cierre para locales de apuestas deportivas y salones de juego a las 0:30 horas y para las salas de bingo a las 3:00 horas.

El Gobierno de Navarra justificó está disfinución en los horarios con datos que apuntan a un incremento de incidentes, infracciones y delitos producidos en el entorno de salones de juego en los últimos años, señalando que adelantando el cierre de estos establecimientos de daría mayor seguridad ciudadana y se protegería a los colectivos vulnerables. El Consejo de Navarra consideró insuficiente esta justificación.

El organo consultivo de Navarra también ha reclamado al Ejecutivo foral que argumente mejor la prohibición de instalar máquinas de juego de tipo “BMB”, aquellas que “posibilitan la conversión directa del pago del precio de la partida en opciones de jugadas mutuas” en todos los locales que no sean salas de bingo.

Con todo, el Consejo de Navarra, apunta en sus conclusiones que el nuevo reglamento del juego “resulta conforme al Ordenamiento jurídico”.Esta normativa, además de la reducción de horarios establece que no se podrán otorgar autorizaciones para instalar establecimientos específicos de juego a menos de 400 metros de centros públicos o privados de educación en que se impartan enseñanzas regladas a personas menores de edad, centros oficiales para la rehabilitación de personas jugadoras patológicas, centros residenciales de personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, centros sanitarios, deportivos, culturales y recreativos y casas de la juventud. Al mismo tiempo, fija una distancia mínima entre establecimientos de juegos y apuestas de al menos 400 metros, mientras que entre bingos será de 1.200 metros. 

Distintas asociaciones han alertado en los últimos años del aumento del número de apuestas realizadas, sobre todo entre los jóvenes, y de los casos de ludopatía entre este sector de la sociedad. La última Memoria Anual del Juego publicada recoge que en 2023 la ciudadanía navarra gastó un total de 298,29 millones de euros en juego, lo que supone un incremento del 1,73% con respecto a 2022. Así, la cantidad media jugada por habitante mayor de 18 años fue de 540,69 euros, superior también al registro del año anterior.

La consejera Amparo López ha explicado que paralelamente a la aprobación definitiva del Reglamento del Juego y Apuestas de Navarra, el Gobierno está trabajando “en distintos frentes para avanzar en la prevención y reducción de riesgos”. Así, ha explicado que el Ejecutivo está finalizando el próximo plan de inspección y control del juego y, por otro, a finales del pasado año, suscribió un convenio con el Ministerio de Consumo para establecer un mecanismo de colaboración para compartir entre ambas administraciones los datos de los registros de personas que se han prohibido, voluntariamente, la entrada en locales y establecimientos de juego.

En el año 2022 el Gobierno de Navarra ya habilitó la posibilidad de realizar mediante un trámite telemático en la página web del Ejecutivo foral la solicitud para, de forma voluntaria y personal, ser incluido en el Registro de Prohibiciones de Acceso al Juego de Navarra. Así, en 2023 se tramitaron 78 prohibiciones, un 311% más que en 2021 -19 prohibiciones-, habiendo a cierre de 2023 156 prohibiciones en vigor, un 81% más que al cierre del curso anterior.

No son ni las 10:30 de la mañana de un lunes y Adrián, el barman del stand de una gran empresa de apuestas online, lleva ya servidos unos cuantos gin tonics. “Pensé que durante la mañana apenas tendría trabajo pero veo que estaba equivocado”, confesaba. “Aquí la gente no pierde el tiempo”.

Estamos en ICE, la feria de apuestas online más grande del mundo que se celebra por primera vez en Barcelona. La organización solo acredita a medios especializados y elDiario.es ha accedido al recinto gracias a la invitación de una de las más de 600 empresas que participan en el evento. 

El lugar, por el que pasará la flor y nata del sector durante tres días, no es apto para personas con epilepsia. Hay neones de todos los colores, ruletas que sortean cosas y giran sin parar, ruidosas tragaperras, mesas de póker sobre las que se hacen reuniones, Dj’s pinchando música electrónica, bebidas y chucherías gratis para todos.

Se espera que hasta el miércoles pasen por el recinto más de 55.000 profesionales de más de 170 países distintos, en una cita obligada para los empleados del sector que hasta el año pasado se celebraba en Londres. Este congreso, cuyos stands cubren seis pabellones de la feria, será el tercero más grande que se celebrará en Barcelona este año.

La cita ha llegado a la capital catalana envuelta de polémica, después de que el Síndic de Greuges de Barcelona (el Defensor del Pueblo en la ciudad) reclamara al Ayuntamiento que cancelara el evento. La Federación Catalana de Drogodependencias, que agrupa 26 asociaciones, también cargó contra su celebración.

“Es una contradicción evidente que se despliegue una magnífica política para combatir la adicción al juego pero a la vez se albergue y cofinancie el evento mundial más grande dirigido a profesionales del juego, casinos y apuestas”, señaló el Síndic, que criticó que la concejal de Salud se enterara de la celebración de este certamen por la prensa.

Los profesionales de las apuestas son conscientes de la mala fama de su sector. Y algunos de ellos consideran que, precisamente, la clave del futuro está en revertir este “prejuicio” sobre el juego para atraer a las generaciones venideras. 

“El 40% de la generación Z cree que las apuestas son inaceptables”, explica Valentina Bagniya, Directora de Marketing de Softswiss, una empresa de software para casas de apuestas de origen bielorruso radicada en Malta. “Esto es un problema para la industria. Debemos concienciar tanto sobre el juego como oportunidad de entretenimiento como sobre sus riesgos potenciales, así como sobre las adicciones”, añade.

El sector del juego online todavía sigue creciendo impulsado por el rebufo de la pandemia, pero esta dirigente considera que si las empresas no hacen un “esfuerzo significativo” para cambiar su imagen los números podrían decaer en un futuro tal y como le está pasando a la industria del alcohol.

Bagniya señala como uno de los “key trends” del sector la potenciación del llamado “juego responsable” mediante la introducción de instrumentos que conviertan las apuestas en algo más seguro. “Tenemos que hacerlo más atractivo y seguro para atraer a los jóvenes para que no muera la industria”.

La mayoría de profesionales también señalaban el “social gambling” como una de las vías para atraer a los jóvenes. Esta modalidad consiste en apuestas con dinero ficticio que se puede comprar o ganar a través de diversos juegos, pero sin que se pueda canjear por dinero real. 

¿Y qué ganan las empresas de apuestas con esto? “Ganamos nuevos usuarios; conectamos con una nueva generación que no ve el juego como algo aceptable pero que, por otro lado, está dispuesta a invertir su dinero en comprar bonos dentro de un juego”, responde Bagniya. “Es un punto de entrada. Pueden empezar con esto, y si lo entienden, les gusta y les parece aceptable, pueden decidir razonablemente si se pasan a la plataforma de juego o no”.

Salta a la vista que hay dinero a espuertas en el sector. Hay regalos para todos, bebidas y comida, estands de gran lujo y con reclamos que no parecen baratos. Uno de los expositores de apuestas deportivas muestra camisetas reales utilizadas por Maradona, Pelé, Platini o Messi, entre otros costosos artículos de coleccionista.

En ese recinto comparecerán este martes los exmadridistas Luis Figo, Michel Salgado, Iker Casillas y Michael Owen, convertidos en embajadores de la marca. A apenas unos metros de ahí también ha aparecido este lunes —ante menos de 100 personas— la leyenda del ajedrez Magnus Carlssen, ahora también embajador de una casa de apuestas.

Entre los mapas de los pabellones destacaba una sección: la “Sustainable Gambling Zone”, dedicada a las apuestas sostenibles. Después de que varios entrevistados señalaran aspecto del juego como una de las tendencias del sector, uno acude al lugar con expectación.

Pero ahí no hay ni música, ni neones, ni sorteos ni chuches. Tampoco gin tonics. Los grandes stands con barmans y azafatas se han convertido en pequeñas mesas altas de trabajo, una para cada expositor. Es una zona mucho más tranquila, también más aburrida.

Ninguno de los expositores de este lugar, relegado al final de los pabellones, ha pagado por estar aquí. Forman parte, por decirlo de alguna manera, de la compensación que hacen las empresas del juego por las supuestas consecuencias negativas de su actividad y les ceden este espacio. “Betwashing”, lo definen algunos.

En esta área de juego responsable hay incluso un stand de los Mossos y otro de la Policía. ¿Hay alguna otra feria en la que ocurra esto?

“Estamos aquí para promocionar nuestra tarea contra las apuestas ilegales y también para conocer las tendencias del sector o estar atentos a las novedades”, apunta Xavier Salvadó, jefe de la Unidad Central de Juego y Espectáculos de los Mossos. 

También está por esta zona Pedro Romero, terapeuta y director de juego responsable de Betblocker, una herramienta que te permite autoexcluirte de todas las apps y páginas — tanto legales como ilegales— de apuestas cuando uno percibe que está desarrollando una adicción. Explica que se financian con donaciones de la industria y de otras organizaciones.

“Para mí esto es como las drogas”, explica. “Hay que educar a la gente a tomar decisiones, saber que jugar conlleva un riesgo y que si eres vulnerable o estás pasando un mal momento tienes más posibilidades de tener problemas”.

El hecho de que Kike Salas recibiera siete tarjetas amarillas en los últimos nueve partidos de Liga (de los que, además, se perdió uno), justo a partir de que su club, el Sevilla F.C., se garantizara matemáticamente la permanencia, es una anomalía. En la temporada anterior sumó cuatro amonestaciones en 13 partidos y en la previa, dos en diez. Y de repente, aquel sevillista de cuna (su tío también jugó en el equipo nervionense), de 22 años y central titular en el final de curso, salía casi a tarjeta por encuentro. Además, las siete tarjetas de la 23/24 las vio en el tramo final de los partidos.

Es el tipo de “casualidades” que disparan las alarmas en los despachos donde se observa con lupa el trasiego de números y cuotas que son las apuestas deportivas. Eventos anómalos o conductas que se alejan de los patrones habituales, como un número de apuestas muy alto en minutos previos a un encuentro deportivo o durante su desarrollo, o en muy poco tiempo, si bien en este último caso se trata de otro tipo de fraude que aprovecha pequeños márgenes en los tiempos de actualización. Los finales de temporada son una época más propicia para el amaño en el fútbol, porque hay muchos clubes que ya no se juegan nada.

Entonces, los sistemas de Big Data de las casas de apuestas nutridos con millones de datos de apuestas dan la voz de alarma. “Todo se vigila. Todo. El sector entrega al Gobierno información por tipo de personas, juego, de dónde viene el dinero, cuánto apuesta, adónde va... Está absolutamente monitorizado”, asegura Jorge Hinojosa, director general de JDigital, una asociación que agrupa a los principales operadores de juego de España.

La Subdirección General de Inspección de la Dirección General de Ordenación del Juego -DGOJ- es la encargada de monitorizar los movimientos de los jugadores y de todas las apuestas que se hacen online. Es quien recibe las sospechas, a través de la alerta en el SIGMA (su servicio de investigación), en el que participan obligatoriamente todos los operadores.

“Somos el facilitador de sospechas porque somos los primeros interesados en que esto no ocurra. Salta una alerta, pero de ellas se sacan sospechas, no conclusiones. Nosotros lo comunicamos a la Policía”. La sorpresa, dice Hinojosa, es que aquí haya saltado con un jugador y un club de Primera División. “Esto suele producirse en poblaciones más vulnerables, por edad y categoría”.

Posible delito de estafa y sanciones disciplinarias

Esto convierte a Kike Salas en una anomalía dentro de otra, asegura Hinojosa. En 2023, último año con cifras cerradas, las casas de apuestas online reportaron a la Policía once casos de sospechas, cuatro en fútbol y siete de tenis, un deporte que concentra la mayoría de las denuncias. Los deportes colectivos, por su propia naturaleza, dificultan el amaño al exigir para casi todo (resultado, goles, saques de esquina) la participación de muchos actores. No es el caso de las tarjetas. En el caso de las amarillas puede bastar una protesta o una falta leve sin opción de jugar el balón.

En el caso de Kike Salas, un juzgado de Morón de la Frontera (Sevilla) investiga si él y dos amigos se concertaron para que estos últimos se embolsasen en un mes en torno a 10.000 euros en apuestas fraudulentas, pactando previamente que el jugador forzaría las tarjetas. Las pesquisas judiciales arrancaron el pasado diciembre a petición de la Fiscalía.

La investigación está lejos de su final, pero Kike Salas, que hace un mes renovó su contrato hasta 2029, podría ser acusado de un delito de estafa, castigado con entre seis meses y tres años de cárcel. Además, la Liga prevé multas de 1.200 a 100.000 euros.

Por otro lado, el código disciplinario de la Federación Española recoge que la participación de futbolistas, entrenadores o directivos en apuestas son infracciones muy graves que implican sanción de hasta 30.051 euros y la privación de la licencia federativa por un plazo de dos a cinco años, además de posibles consecuencias para los clubes. La ley del juego (de 2011) prohíbe que los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva realicen apuestas. Pero en este caso no se sospecha que Kike Salas apostara por sí mismo.

A nivel internacional, el caso de Lucas Paquetá guarda muchas similitudes con las sospechas en torno a Kike Salas. El cotizado centrocampista del West Ham, de 27 años e internacional con Brasil, está acusado de forzar tarjetas amarillas en cuatro partidos para que sus amigos ganasen en torno a 100.000 libras esterlinas. Se enfrenta a una posible sanción de diez años de inhabilitación que acabaría con su carrera deportiva.

En España, la intervención más significativa de los últimos años es la llamada operación Oikos, en mayo de 2019, contra la presunta trama liderada por los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda, con doce investigados a los que se acusaba de adulterar partidos de Primera, Segunda y Tercera División. No llegó a nada: el caso fue sobreseído en marzo de 2024 por un juzgado de Huesca, que consideró que no había indicios suficientes de fraude.

En 2022 se detectó otra trama sospechosa de alterar resultados de encuentros de Primera y Segunda RFEF (antiguas Segunda División B y Tercera División), la Liga Andorrana y la Liga de Gibraltar. La operación tuvo una segunda fase en enero de 2023. En total, se detuvo a 30 personas acusadas de alterar el resultado de 30 encuentros de abril a junio de 2022. Los implicados, enrolados en distintos clubes, eran amigos procedentes de Sanlúcar de Barrameda, y bajaban escandalosamente los brazos en los partidos para llegar al resultado prefijado.

Un negocio de 500 millones al año

“No hay un problema de integridad con el deporte en España, los datos son los menores de Europa. Si esto se produjera todas las semanas nadie creería en el fútbol, pero eso no ocurre”, insiste Jorge Hinojosa, que sostiene que aquí hay factores que realzan la percepción: “Es un problema muy visible cuando se trata de fútbol y, especialmente, en una categoría tan alta”.  

IBIA (International Betting Integrity Association, por sus siglas en inglés) no recibió ninguna alerta desde España en el último trimestre. Este mecanismo recibe alertas sobre la integridad de apuestas hechas en España aunque el evento se produzca en el otro extremo del mundo. Del total de 113 alertas lanzadas en Europa en 2023, once provenían de España.

El fútbol intenta también atajar el fraude desde la base. La LFP dispone de cursos de formación para exponer los riesgos del amaño de partidos. Existe también una Comisión integrada por el Gobierno (a través de la DGOJ y el Consejo Superior de Deportes), la Policía Nacional, la Liga, la Federación de Fútbol, la de Tenis, la Asociación de Futbolistas y cuatro operadores de juego.  

El mercado del juego online, en general, y el de las apuestas deportivas, en particular, han crecido de forma exponencial en los últimos años, gracias a la panoplia casi ilimitada de eventos a los que apostar, la inmediatez, un marketing muy agresivo y la facilidad de acceso a través de aplicaciones. Según la última memoria de la DGOJ, en España se pusieron en juego 11.949 millones de euros en apuestas deportivas en 2023, contando el juego online y el presencial.

Las casas de apuestas online facturaron 491,8 millones de euros, cerca del 40% de la facturación total del sector del juego online, resultado de restar los ingresos a las ganancias de los jugadores. Fueron casi 136 millones de euros solo en el tercer trimestre de 2024, un 19,76% más que en el mismo trimestre que el año anterior, según el último informe trimestral de la Dirección General de Ordenación del Juego. 

Las criptomonedas siguen siendo imprevisibles y su volatilidad, extrema. Pero la fiebre del bitcoin del 2024 no es la misma que la del 2021, cuando estos artefactos abandonaron los círculos especializados para asaltar un mundo sumido en la incertidumbre pandémica. La nueva explosión de las criptomonedas, aunque bate récords, tiene un precedente en el que apoyarse. Y hay tendencias que se están repitiendo.

Entre 2020 y 2021, cuando el bitcoin pasó de valer unos 6.000 euros por unidad a más de 60.000, impulsó todo un ecosistema económico a su alrededor. En él había empresas dedicadas a explotarlo, pero también miles de criptomonedas alternativas o 'altcoins'. Estas proponían mejoras al bitcoin para aumentar la velocidad de las transacciones, las tarifas, el minado o incluso su impacto medioambiental.

Las altcoins empezaron a recibir inversión cuando el precio del bitcoin rondaba el que sería su máximo en aquella etapa. Se cree que el primer impulso vino de los grandes tenedores de bitcoin (también llamados ballenas y con capacidad de influir en todo el mercado), que decidieron diversificar sus ganancias en proyectos laterales. Les siguieron los pequeños inversores, que elevaron el precio de las altcoins y rentabilizaron el movimiento de los grandes inversores.

Pero si bitcoin se había caracterizado por ser capaz de doblar los beneficios de un inversor temprano, las altcoins mostraron una volatilidad aún mayor, con incrementos de hasta 10 veces su valor. La solidez del proyecto que tuvieran detrás no parecía tener demasiada importancia dentro de la vorágine especulativa.

Sin embargo, el mercado cripto se reservaba un giro más. Cuando el valor de las altcoins se disparaba surgió otro tipo de criptomoneda aún más impredecible. Eran las memecoins o monedas de broma y no estaban basadas en nada. No vehiculaban ningún proyecto más allá del fenómeno trol tan característico de Internet. La más famosa fue dogecoin, impulsada por Elon Musk y basada en un meme que muestra a un perro escuchando. Llegó a ser la cuarta criptomoneda más valiosa del mercado en 2021.

Las memecoins volvieron a reventar el mercado, disparando su valor mientras el mundo asistía atónito a una inversión sin ningún soporte razonado. Sin embargo, todo este proceso, del bitcoin a las memecoins pasando por las altcoins, se está repitiendo este 2024. La mejor prueba de ello es la 'pedomoneda' (fartcoin), que ha multiplicado por 25 su valor en mes y medio.

“La pedomoneda es una moneda creada para determinar su suerte. Cada día, uno de los propietarios de pedomonedas recibirá 50 monedas más de parte del equipo. El afortunado ganador se selecciona de una lista de poseedores”, dicen sus creadores en su web. Aseguran que además de por la broma, aseguran que tiene un fondo tecnológico y que quiere crear una comunidad alrededor de ella, permitiendo el envío de memes, haciendo que las transacciones se activen con el sonido de una flatulencia o desarrollando una inteligencia artificial propia.

La pedomoneda puede parecer una anécdota más dentro de un movimiento lleno de eventos aparentemente inexplicables. Pero lógico o no, es también una prueba de la cantidad de capital que se mueve en esta nueva fiebre cripto: su auge de esta semana ha hecho que su capitalización de mercado (el dinero total invertido en ella) alcance los 700 millones de dólares, más que el 38% de las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa. Empresas con trabajadores, productos y años de recorrido que valen menos que una criptomoneda de broma.

¿Quién se toma en serio las monedas meme?

Para muchos las memecoins son simplemente un instrumento financiero desregulado que está haciendo que un puñado de inversores cripto se hagan aún más ricos. Pero también están impulsando el estudio de algunos expertos sobre por qué alguien querría depositar dinero en algo como la pedomoneda o el dogecoin.

Uno de ellos es Murad Mahmudov, el fundador de uno de los fondos cripto que colapsó en el crac en 2022. Desde entonces ha pasado a ser uno de los mayores defensores de las monedas meme como reacción a las altcoins que, supuestamente, sí tienen un proyecto detrás. Denuncia que estas últimas suelen salir al mercado con precios inflados por sus propios fundadores, por sus inversores de capital riesgo y por los influencers cripto, pagados para que hablen de ellas con el objetivo de engañar a los minoristas.

“Creo que deliberadamente empujan las altcoins a valoraciones iniciales extremadamente altas para que después, incluso después de la inicial caída del 90%, lo cual es inevitable, los inversores iniciales sigan consiguiendo rentabilidades del 1000%, mientras que los minoristas piensan erróneamente que es una ganga con descuento”, explicaba en una reciente conferencia en Token2049, uno de los eventos más importantes en la industria global de las criptomonedas y la tecnología blockchain.

En ese sentido, las memecoins serían un “contraataque de los pequeños inversores, creyentes en el movimiento cripto pero que se sienten engañados por la industria generada a su alrededor. En ellas, es el capital riesgo el que llega tarde a la inversión, expone Mahmudov.

Además, dice que no hay que pasar por alto su potencial como “mini religiones”. “Si dejas al margen a los zoomers [miembros de la generación Z] de Twitter, entenderás que la mayoría de los minoristas realmente no quiere apostar y rotar constantemente. Quieren comprar y mantener algo con lo que se identifiquen”, afirma: “Quieren creer en algo, y el término 'moneda meme' es un nombre equivocado. Solo se trata en un 30% del meme en sí, y en un 70% de las personas. Entonces, ¿qué son realmente las monedas meme? Son comunidades que usan el meme como su símbolo y su bandera”.

Quieren comprar y mantener algo con lo que se identifiquen. Son comunidades que usan el meme como su símbolo y su bandera

Los que consigan “perdurar”, defiende el gurú cripto, se convertirán en “cultos”. “¿Qué es un culto? Es un grupo de personas extremadamente apasionadas por una causa”.

Eso sí, Mahmudov deja claro que todo esto no será aplicable para “99.999%” de la mayoría de memecoins, que no serán otra cosa que “apuestas extremas”.

No criptomonedas sino “criptoapuestas”

Si incluso los influencers más acérrimos de las criptomonedas reconocen que la inmensa mayoría de las criptomonedas son apuestas, quizá no es raro que ya haya llegado la propuesta para que desde lo público se las denomine exactamente así. Es lo que ha planteado Sumar.

El grupo parlamentario que dirige Yolanda Díaz ha presentado una propuesta para que las administraciones públicas se refieran a estos artefactos como “criptoapuestas” siempre que su valor “dependa exclusivamente la especulación”. En este grupo entrarían casi todas las criptos, desde el bitcoin a las altcoins y las memecoins. Solo se quedarían fuera las del grupo conocido como criptomonedas estables o “stablecoins”, cuyo valor está ligado a una moneda de curso legal.

El valor de estas "criptoapuestas" no está vinculado a ningún bien tangible o activo subyacente, lo que los hace extremadamente volátiles y susceptibles a la manipulación

“A diferencia de los activos con respaldo, el valor de estas ”criptoapuestas“ no está vinculado a ningún bien tangible o activo subyacente, lo que los hace extremadamente volátiles y susceptibles a la manipulación. Su valor depende exclusivamente de la especulación, con una dinámica similar a la de los juegos de azar”, recalca Sumar en una enmienda a la Ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero que se votará en enero.

El grupo defiende que esta denominación ayudaría a los inversores, especialmente a los menos experimentados, a comprender mejor la naturaleza de estos productos financieros y a tomar decisiones de inversión más informadas.