Las distintas medidas puestas en marcha en Castilla-La Mancha para atender el control de sobrepoblación de conejo han permitido la captura de más de 577.000 de estos animales desde el día 1 de enero.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, antes de presidir la constitución de la primera Mesa regional sobre el Control de Población del Conejo de Campo.

Gómez ha asegurado que la cifra pone de manifiesto tanto la “magnitud del problema” como el esfuerzo que se está realizando para reducir el impacto de la sobrepoblación. La consejera también ha explicado que, de ese número total, los que se capturan desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “se están aprovechando” para llevarse a los centros de recuperación de fauna, como alimento para las especies protegidas que se están cuidando, antes de devolverlas a su entorno natural, donde “necesitan conejo vivo para su alimentación”.

En estos centros hay otras especies que “desgraciadamente” no se pueden recuperar y, mientras se mantienen en las instalaciones, también se les proporciona, en este caso, conejos muertos para su alimentación.

Además, el Gobierno autonómico también está estableciendo distintos acuerdos con la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (Asiccaza) y otras organizaciones, para introducir estos animales capturados en “el circuito de carne de conejo para las personas, porque es una carne de excelente calidad y por lo tanto también de reconocido prestigio dentro de lo que es la carne de caza”.

Respecto a la Mesa Regional sobre el Control de Población del Consejo de Campo --tras la que también se constituirán en próximos días las mesas provinciales--, Gómez ha recordado que es una medida que figura entre las 18 que incluye el Plan de Acción para controlar la sobrepoblación de conejo en la región que se presentó hace un mes.

“Lo que pretendemos es que todos estemos implicados en el control del conejo”, ha manifestado la consejera, que ha asumido que si entre todos los implicados no son capaces de poner encima de la mesa cómo ayudar a controlar la sobrepoblación de conejo, “desde luego será imposible” acotarla.

Mesa regional sobre el Control de Población del Conejo de Campo

En la mesa están representadas las organizaciones agrarias, el sector cinegético, otras administraciones públicas distintas de la Administración regional, como las diputaciones o la Delegación del Gobierno en representación de la administración, tanto en lo que corresponde a la parte de Fomento como a las confederaciones geográficas, que tienen infraestructuras que pueden verse afectadas por el conejo; así como los grupos conservacionistas y el sector científico.

Tras la constitución de la Mesa, los asistentes analizarán todas las medidas puestas en marcha para ver si “son eficaces para continuar reforzándolas en el tiempo” o para cambiar o “eliminar del plan” las que vean que no funcionan o ver otras nuevas a analizar para llegar a una solución.

En este contexto, Mercedes Gómez ha recordado que también “están finalizando los trabajos para hacer una convocatoria de ayudas específicas a los agricultores para ofrecerles sistemas de protección frente a los conejos”, y que, de la misma forma, se podrá a su disposición próximamente “jaulas para la captura de estos conejos por parte de los agricultores también en sus parcelas si así nos lo requieren”.

El objetivo es que “aproximadamente cada mes” se ofrezcan datos de cómo va el control de la población de conejo y que estos datos sean públicos “y que todos los ciudadanos y sobre todo los agricultores que son los más afectados lo tengan a su disposición para saber lo que está sucediendo”.

Preguntada por la petición de algunas organizaciones agrarias para que se incluya el mes de mayo dentro de las cazas, Mercedes Gómez ha señalado que la caza con escopeta ese mes va a estar “totalmente” prohibida. “Es un mes en el que hay nidificación de muchas especies y por lo tanto no vamos a crear un conflicto con estas especies ni tampoco con los grupos conservacionistas en este aspecto”.

“Eso quiero que quede claro ya desde el primer minuto”, ha dicho la consejera, quien, no obstante, ha añadido que se está trabajando con la Federación Regional de Caza para crear equipos específicos de cazadores que puedan cazar de noche, que se tendrán que someter a un curso de formación específico que se va a intentar que estén “cuanto antes”.

Asaja reclama un ritmo de capturas “elevado”

De su lado, el vicepresidente de Asaja de Castilla-La Mancha, Manuel Torrero, ha valorado que “por fin” se puedan “ver las caras” todas las administraciones implicadas en este problema, “que de momento han estado de espaldas” al mismo, ha opinado, y poder comprobar “el funcionamiento de las medidas”.

“El ritmo de capturas tiene que ser elevado y, si no se ponen medios, ni materiales, ni económicos, ni de personal”, la ejecución de las medidas se quedará “solamente en medidas” y no en soluciones ante los daños que ocasionan los conejos. Ha confiado al respecto en que se aporten remedios y se pueda lanzar al sector “un mensaje de optimismo”.

Ante este asunto, ha comentado Torrero, la actitud de la organización agraria “va a ser siempre la misma” y “ante cualquier negligencia” o “inacción” de cualquier administración, Asaja denunciará ante “las instancias que sean necesarias para que, de una vez por todas, se acabe con este problema”.

Como ha explicado Torrero, Asaja siempre ha defendido “un control efectivo” de la sobrepoblación de conejos bajando población “hasta un nivel normal” y haciendo “un trabajo de mantenimiento año tras año” donde ya se involucran cazadores, la Consejería y los responsables de determinadas infraestructuras a fin de “seguir controlando” la población de esta especie.

Un varón está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna, tras ser sorprendido por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) abatiendo un corzo de forma ilegal en el término municipal de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Los agentes tuvieron conocimiento de la posible comisión de un acto de caza furtiva en el coto denominado 'El Hierro', por lo que se puso en marcha un dispositivo de investigación para esclarecer lo ocurrido.

El 16 de marzo, durante una inspección ocular realizada en este coto, los agentes localizaron restos de sangre y pelo en el camino de Almagro a Santa Cruz de Mudela. Este hallazgo permitió confirmar que el disparo se efectuó desde un camino público, constituyendo una infracción grave al realizarse el lance desde una zona de seguridad.

Incautados el arma y la cabeza del animal

La investigación continuó en los días posteriores, permitiendo constatar que el animal había sido abatido en horario crepuscular y en plena época de veda. Tras una búsqueda minuciosa en los alrededores, los efectivos localizaron el cuerpo decapitado del espécimen, el cual había sido arrastrado y escondido entre la vegetación para dificultar el hallazgo.

Finalmente, tras las gestiones practicadas los agentes lograron identificar al supuesto autor de los hechos, procediéndose a la incautación del arma empleada, un rifle y a la recuperación de la cabeza del animal, el trofeo.

El investigado ha sido puesto a disposición de los Tribunales de Instancia de Valdepeñas, ante los cuales deberá responder por un presunto delito contra la flora y la fauna.

El registro del Parlamento Vasco ha anotado a las 11.00 horas y 36 segundos de este miércoles una proposición del PP para modificar nuevamente la normativa de caza autonómica, que ya fue retocada en 2025 a instancias del sector para facilitar la presencia de menores en las batidas como acompañantes y buscar así un “relevo generacional”. Lo llamativo es que el texto, de cinco folios, viene firmado por la portavoz 'popular', Laura Garrido, y por la portavoz habitual en estos asuntos, Ana Morales, a 10 de abril, es decir, con fecha de este viernes.

El documento registrado asume que la ley vasca de 2011 fue retocada hace muy pocos meses, esta misma legislatura. Dice el PP, que apoyó aquella iniciativa de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, que “dicha reforma avanzó en el reconocimiento de quienes acompañan a los cazadores sin portar armas ni participar activamente en la caza” pero que “excluyó expresamente” a los “ojeadores y batidores”, que son “quienes colaboran en el levantamiento y dirección de las piezas”.

Según el PP, “esta exclusión resulta injustificada” y sería necesario meterlo en una ley que se revisó hace solamente un año siguiendo expresamente los deseos de los representantes del sector.

Adicionalmente, el PP desea hacer que las diputaciones sean responsables “subsidiarias” de los daños que puedan causar jabalíes o corzos si “los titulares de los cotos de caza carecen legalmente de cualquier herramienta para controlar las poblaciones” en tiempo de veda. Sería equiparar estos casos a los del lobo o los buitres, explican los proponentes.

Fue el 20 de marzo de 2025 cuando el Parlamento Vasco modificó la ley de caza. PNV y PSE-EE sumaron a las derechas, PP y Vox, a su iniciativa, tramitada a modo de reforma exprés. El único objetivo era permitir y regular la presencia de menores en las batidas, aunque siempre como “acompañantes” y sin poder usar armas. El argumento era que es preciso promover un “relevo generacional” en un sector esencial para el cuidado del entorno natural, aunque colectivos ecologistas lo habían criticado con dureza. EH Bildu y Sumar se han opuesto aludiendo a la seguridad de niños y adolescentes. Desde la tribuna de invitados, representantes de asociaciones de cazadores recogieron con enorme satisfacción este paso.

Aritz Ezeiza, asesor jurídico y portavoz de los cazadores, realizó a los periodistas una “valoración muy positiva”. La normativa tenía un “agujero” y ahora se ha regulado bien la figura de los “ayudantes”, dijo. “Todos somos adultos y un padre nunca pondría en riesgo a su hijo”, ha señalado también, ante la controversia por los cambios planteados. Manifestó también que el ciclismo o el montañismo también son peligrosos y que ahí no se prohíbe que los practiquen menores.

Este martes, 31 de marzo, más de tres meses después de la aprobación de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 y en plena Semana Santa, entran en vigor más de una veintena de novedades de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de la comunidad autónoma, la conocida popularmente como ‘Ley de Acompañamiento’ de las cuentas públicas, que se aprobó en el pleno parlamentario de la semana pasada solo con los votos de la mayoría absoluta del PSOE. Todos los años incorpora multitud de novedades, convirtiéndose en una especie de ley ómnibus o cajón de sastre que, de forma exprés, realiza cambios relevantes legislativos, sin apenas debate parlamentario, lo que ha sido ya criticado en varias ocasiones por la oposición.

Sin embargo, el Gobierno regional asegura que hacerlo así permite la “dinamización de la economía, el incremento de la eficiencia y la eficacia” en la prestación de servicios de la Administración Pública o la mejora de la “distribución más equitativa” de las obligaciones tributarias que son competencia de la comunidad autónoma.

Una de las principales novedades ha sido precisamente la más polémica. El Gobierno modifica la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, concretamente su artículo 121. Este cambio supone que se elimine la posibilidad de que el funcionariado interino o temporal pueda acogerse a una “excedencia voluntaria”. Su tramitación coincidió con una protesta de todos los sindicatos de la función pública, que consideran que suprimir esta posibilidad impide al personal temporal desarrollar una carrera administrativa.

Pero al margen de ello, hay otros muchos cambios. Por ejemplo, se modifica la normativa autonómica sobre vivienda protegida para regular un nuevo sistema de depósito de fianzas en materia de vivienda. Las personas que alquilen una vivienda están obligadas a depositar la fianza legal ante la Administración regional y eso tendrá consideración de ingreso de Derecho Público para la Hacienda de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional podrá usar el 80% de estos depósitos para inversiones públicas, reservando el 20% siempre para garantizar que las devoluciones a los ciudadanos se realicen sin retrasos cuando finalicen los contratos.

Los cambios se articulan también en torno a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU). Si un ayuntamiento quiere cambiar el uso de las parcelas destinadas a equipamientos públicos eso no se considerará “innovación de planeamiento”, lo que permitirá agilizar el proceso si lo que se quiere es disponer de suelo para otros fines, por ejemplo, para vivienda.

Transporte bajo demanda, servicios sociales y caza

Otras de las normas que se modifican es la que regula el transporte de personas por carretera en la región, en este caso en una doble vertiente: en primer lugar se incluye dentro de los servicios prestados a demanda aquellos sin horario ni itinerario fijo, “sensible a las necesidades de movilidad de la población, especialmente en zonas rurales”, es decir, el denominado “transporte sensible a la demanda”. A la hora de adjudicar este servicio, ahora no será necesaria una habilitación previa administrativa: bastará con una declaración responsable por parte de quien o quienes vayan a prestar el servicio.

Es algo que también se aplicará en materia de servicios sociales. El Gobierno regional modifica la normativa en este ámbito para incluir las declaraciones responsables y comunicaciones como instrumentos que permiten la prestación de servicios por parte de las entidades de iniciativa privada. Por otro lado, se modifica la denominación del Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales que pasa a denominarse Registro de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, “dotándolo de mayor amplitud”.

Se cambian también las medidas para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, extendiendo el control de los gastos de personal a la totalidad de los supuestos de incorporación de personal temporal en puestos de trabajo que no están vinculados a plazas existentes en las plantillas.

Otra modificación tiene que ver con la Ley de Conservación de la Naturaleza, porque, según el Gobierno, la redacción actual de esta norma no define con claridad los mecanismos que acreditan el cumplimiento de la obligación de evitar la colocación de cebos envenenados, lo que genera “inseguridad jurídica” tanto para los titulares cinegéticos como para la Administración.

Cambios en la ley de caza relativos a los cotos

Precisamente, también se cambia la Ley de Caza en línea “con los objetivos de conservación y desarrollo rural sostenible”. Las modificaciones afectan especialmente a los cotos. Así, establece que su constitución y cambios de titularidad se efectuarán mediante resolución administrativa, a petición de los propietarios de los terrenos. Cuando los titulares sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, no se hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante la publicación de la misma en el tablón de anuncios del ayuntamiento del término municipal en el que se encuentren los terrenos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, para la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de los derechos cinegéticos.

Por otro lado, establece que cuando en la constitución de un coto existan terrenos que “puedan lesionar intereses públicos o privados”, previa consulta de las entidades y personas afectadas, el órgano provincial podrá denegar incluir la superficie en el coto o en su caso, su constitución.

Y en segregaciones de terrenos de cotos, la modificación incluye que cuando existan documentos formales de cesión o arrendamiento de derechos cinegéticos en vigor, válidos en derecho y una de las partes manifieste su disconformidad a la segregación, el órgano provincial no podrá resolver “en tanto no exista acuerdo entre las partes o se dicte, en su caso, sentencia judicial firme que lo permita”.

Avanza la administración electrónica

Hay igualmente una serie de medidas que afectan fundamentalmente al personal que presta servicio en las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Por ejemplo, se establece la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos en los procesos selectivos convocados y la reducción de plazos para la presentación de determinada documentación, algo que ha generado dudas sobre si es eficaz para cierta parte de la población, como las personas más mayores.

También se habilita a la Consejería de Sanidad a regular las funciones, el sistema de selección y provisión, jornadas, permisos y demás condiciones de trabajo que afecten al personal estatutario para la atención continuada en la Atención Primaria; y al objeto de garantizar “una mejora de la calidad de la formación sanitaria especializada”, recoge unos requisitos mínimos de acceso a plazas vinculadas a las unidades docentes acreditadas, cuando se oferten en los procedimientos de selección o de provisión del SESCAM.

En cuanto las jefaturas de carácter asistencial del SESCAM, se reduce el plazo de presentación de solicitudes, la composición de la comisión de valoración y, por último, y se permite que la secretaría de la comisión de valoración pueda ser ocupada por cualquier personal funcionario de carrera o estatutario.

Otro cambio significativo es que se modifica la Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, que data de 1990, para sustituir la previa autorización administrativa por la presentación de declaración responsable cuando se trate de la realización de obras, instalaciones o usos en las zonas de servidumbre o protección de las carreteras. El objetivo es también la agilización administrativa.

Cambios en tasas e impuestos

En otro orden de cosas, se modifican dos tasas.  En primer lugar, se establece la exención de la tasa por inspección de instalaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) a las personas titulares de una licencia de autotaxi. El Ejecutivo busca “fortalecer” el sector del taxi ante el aumento de la demanda de servicios discrecionales, especialmente en ámbitos como el turismo, los eventos corporativos, el transporte escolar y sanitario, así como en desplazamientos personalizados de media y larga distancia.

También se suprime la tasa por prestación de los servicios técnicos de asesoramiento y evaluación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. El objetivo es dotar de mayor agilidad al procedimiento de acreditación de competencias adquiridas mediante experiencia laboral.

En cuanto a los impuestos, también hay dos cambios sustanciales. Sube de 450 a 500 euros el límite máximo de las deducciones por alquiler de vivienda habitual a menores de 36 años, familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.  

También en el IRPF se introducen dos nuevos incentivos fiscales. El primero de ellos dirigido a los contribuyentes menores de 36 años para fomentar el ahorro y disponer de los importes precisos para hacer frente a los gastos que originan la adquisición de una vivienda. Este incentivo consiste en una deducción del 15 por ciento en la cuota íntegra autonómica por las aportaciones a cuentas de entidades de crédito siempre que el importe depositado que haya generado el derecho a la deducción se destine, antes del transcurso de seis años, a partir de la fecha de apertura de la cuenta, a la adquisición de la vivienda habitual. La deducción máxima total será de 3.000 euros.

El segundo de los incentivos consiste en una deducción en la cuota íntegra autonómica del 30 por ciento por los gastos derivados de controles veterinarios y vacunación por la tenencia de perros de asistencia, con un máximo de 100 euros por contribuyente en el periodo impositivo.

Por otro lado, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se recogen modificaciones tanto en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) como en la de actos jurídicos documentados (AJD), en cuanto a los tipos reducidos. En ambos casos dicha modificación afecta a la transmisión de inmuebles que tengan por objeto la primera vivienda habitual.

Así, el requisito del valor de la vivienda establecido hasta ahora en 180.000 euros se incrementa a 240.000 euros, debido principalmente al encarecimiento de la vivienda, ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de la aplicación de un tipo más ventajoso a más contribuyentes.

Asimismo, se disminuye el tipo impositivo del 5 al 3 por ciento en las transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual del sujeto pasivo cuando el contribuyente sea menor de 36 años, en la modalidad de TPO y del 0,50 al 0,25 por ciento en la modalidad de AJD para el mismo colectivo. También se flexibilizan los requisitos para la aplicación de los tipos reducidos ambas figuras impositivas.

El polémico canon del agua también cambia

El Gobierno de Emiliano García-Page también modifica la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha en varios aspectos sobre el polémico canon de la Directiva Marco del Agua (DMA). Establece su no aplicación en el consumo de agua realizado con la utilización de los elementos de protección contra incendios y de las Bocas de Incendio Equipadas (BIE).

Y en lo relativo a las bonificaciones de la cuota para usos domésticos, se clarifica la redacción de la bonificación para familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género, para regularlos como supuestos de bonificación diferenciados.

Por otro lado, se incluye para los usuarios en situación de riesgo de exclusión social una bonificación del 50% en los casos en que la ordenanza municipal del ayuntamiento no recoja la bonificación del 100%. Finalmente, se incluye una bonificación del 100% para las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

En lo relativo a la cuota del canon para el caso de contadores colectivos, incluye en su apartado a los centros que alberguen plazas de residencias educativas o sociosanitarias para que puedan beneficiarse de la reducción de la cuota; y finalmente, se establece un régimen transitorio hasta el 20 de marzo de 2028 de exención del pago del canon por las pérdidas de agua que se produzcan en las redes de abastecimiento.

La Ley de Acompañamiento recoge, por otro lado, la supresión del organismo autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que se integra en la Consejería competente en materia de agua. La reorganización propuesta contribuye a mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de agua y a reforzar la sostenibilidad financiera del sector público autonómico.

Sin límite de mandatos en la Presidencia de las Cámaras de Comercio

También se suprime la limitación de mandatos de las personas que ostentan la presidencia de las Cámaras de Comercio, a fin de que las rotaciones obligadas no comprometan la continuidad de los planes y programas que llevan a cabo desde estos organismos.  

Por otro lado, se cambia el nombre al Consejo Regional de Estadística, para pasar a llamarse Consejo Regional de Estadística y Datos, dando respuesta una visión “transversal” que incorpore el uso, promoción y aprovechamiento de los datos en el ámbito de toda la sociedad, de acuerdo a las estrategias europeas que persiguen impulsar la economía del dato, así como a la Estrategia de Especialización Inteligente de la Región.

Hay cambios igualmente en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. En este caso, se modifica la composición del Consejo Regional de Transparencia, que pasa a estar compuesto por una Presidencia y las Adjuntías que se determinen en su reglamento, que debe ser aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha.

Finalmente, la Ley de Acompañamiento cambia también la normativa sobre artesanía para eliminar la necesidad del informe previo y preceptivo de la Comisión de Artesanía para la concesión del Título de Empresa Artesana.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado durante la mañana de este jueves, en la Laguna de Manjavacas, los nuevos equipos de control de Fauna (ECOFA), una de las medidas con los que va a hacer frente a la sobrepoblación del conejo de monte. El viceconsejero de Medio Ambiente ha sido el encargado de hacerlo sobre el terreno.

Por un lado, José Almodóvar, ha dado cuenta de los dos equipos de huroneros profesionales que harán los controles diurnos. Están integrados cada uno por tres personas “y van a ir coordinados por un técnico de la empresa pública Geacam, que será el responsable cinegético de cada equipo”, según ha informado la Junta.

Uno de estos equipos ha sido precisamente el encargado de realizar una demostración práctica de las capturas, en una jornada que ha contado con la presencia de representantes de las asociaciones agrarias ASAJA y UPA, “con las que nos habíamos comprometido a implantar estas actuaciones en reuniones previas dada la magnitud creciente de los daños de estos animales en sus explotaciones”, ha afirmado.

Caza nocturna

Por otro lado, el viceconsejero ha presentado al nuevo equipo de caza nocturna que va a estar integrado por agentes medioambientales de Castilla-La Mancha “que han recibido formación y capacitación para cazar con armas de fuego y visores nocturnos”.

Se trata de un proyecto piloto “que va a permitir el control poblacional por las noches, que iniciamos desde hoy en la provincia de Cuenca, y que vamos a expandir en el resto de los territorios”.

La creación de estos dos equipos de control de Fauna (ECOFA) son dos de las medidas que se incluyen el Plan de acción frente a la sobrepoblación de conejo de monte que hoy ha anunciado a primera hora de la mañana la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, adelantando su puesta en funcionamiento.

En la Laguna de Manjavacas, junto al consejero de Medio Ambiente, ha estado presente en la presentación de los equipos diurnos y nocturnos el delegado de Desarrollo Sostenible en la provincia de Cuenca, José Ignacio Benito.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo ha condenado a un cazador por abatir en 2019 un ejemplar de lince ibérico en el término municipal de Menasalbas (Toledo), al que deberá indemnizar con 100.800 euros por los daños causados, según ha informado la Federación de Caza de Castilla-La Mancha .

La sentencia considera probado que el acusado mató a 'Nenúfar', una hembra de lince que había sido liberada en el año 2017 y que portaba un radiotransmisor para su seguimiento, al incurrir en un delito contra la fauna por imprudencia grave.

Los hechos ocurrieron en junio de 2019, cuando el condenado practicaba la caza de zorros sin licencia en vigor y en un periodo sin autorización para ello. Posteriormente se confirmó la muerte de sus cuatro cachorros, uno de ellos se encontró muerto.

La jueza ha impuesto además una pena de multa de 1.440 euros euros durante cuatro meses, a razón de 12 euros diarios, inhabilitación para caza durante tres años y pago de responsabilidad civil (por la reparación del daño) a la Junta de Castilla-La Mancha en la cantidad de 100.800 euros.

Durante el proceso, las acusaciones solicitaban penas más elevadas. La administración autonómica reclamaba una indemnización de hasta 500.000 euros, mientras que la organización conservacionista SEO/BirdLife pedía 180.000 euros. WWF España reclamaba tres años de prisión, cinco años de inhabilitación para la caza y 270 000 euros de indemnización por responsabilidad civil.

Finalmente, la cuantía fijada por el juzgado se ha reducido a 100.800 euros por la muerte del ejemplar y de la cría. La sociedad de cazadores implicada en el caso, para la que algunas acusaciones solicitaban responsabilidad civil subsidiaria, ha sido absuelta.

La hembra de lince ibérico “Nenúfar” fue encontrada el 14 de junio de 2019 en el municipio de Menansalbas (Toledo) por un agente medio ambiental gracias a la geolocalización del dispositivo GPS de su collar. Había sido reintroducida en febrero de 2017 dentro del Proyecto de recuperación de la especie en los Montes de Toledo. En el momento de su muerte estaba criando a cuatro cachorros. Uno fue hallado muerto pocos días después por los agentes medioambientales, y los otros tres, que no se lograron encontrar, se sospecha que tampoco sobrevivieron al no poder valerse por sí mismos.

A raíz del hallazgo de los agentes medioambientales, la Guardia Civil del SEPRONA logró localizar e identificar al acusado. Este reconoció que se encontraba cazando zorros en el coto en el día y lugar de los hechos, sin embargo, sus versiones han ido cambiando. En una primera declaración, reconoció haber disparado a un animal que creyó que era un zorro pero que pudo equivocarse; y posteriormente negó cualquier tipo de error, afirmando que disparó sobre un zorro.

No obstante, en su investigación el SEPRONA no encontró restos de ningún zorro disparado y la munición encontrada en el cuerpo del lince era similar a la que estaba utilizando el acusado, según informa WWF España.

La Federación de Caza pide “extremar la responsabilidad”

Por su parte, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha recordado “la necesidad de extremar la responsabilidad en la práctica cinegética” y ha subrayado su “implicación en la persecución de delitos contra especies protegidas”, participando como acusación en casos de envenenamientos o muertes de fauna especialmente graves.

El caso se produce en un contexto de recuperación del lince ibérico en España. Según los últimos datos, la población ronda los 3.000 ejemplares en 2025, con un crecimiento interanual cercano al 19 %, frente a los 1.365 censados en 2021, lo que refleja una evolución positiva de la especie tras haber estado en peligro crítico de extinción.

En este sentido, la federación regional insiste en el papel de los cazadores, titulares de cotos y sociedades “en la mejora de la especie”, y ha instado a revisar su estatus legal ante la previsión de que la población pueda alcanzar los 3.500 ejemplares en 2026.

WWF España celebra la condena pero la considera “insuficiente”

WWF España que se personó en el caso como acusación popular celebra la condena al acusado de lo que califica de “ grave delito contra la fauna”. Cree que la sentencia supone una condena importante en cuanto a la responsabilidad civil pero la considera “insuficiente” en el ámbito penal, ya que se pedían hasta tres años de cárcel.

La organización conservacionista recuerda que el lince ibérico estaba catalogado como especie “en peligro de extinción” por la Lista Roja de la UICN en el momento de los hechos, es una especie protegida también a nivel estatal - en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial - y autonómico –en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en Castilla La Mancha-.

“Los disparos, las trampas ilegales y el veneno todavía siguen afectando a los linces, y tras los atropellos, suponen la segunda causa de mortalidad no natural para la especie”, explica la organización. La transposición de la Directiva Penal Ambiental, subraya, “es una oportunidad para mejorar en la lucha contra los delitos contra la fauna” que, aseguran, “no son menores: son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas, como es este caso. A pesar de su gravedad, este tipo de casos tardan mucho en llegar a juicio y, por desgracia, existe una gran impunidad para los delincuentes, especialmente en casos de caza ilegal. Además, las sentencias no siempre son lo suficientemente disuasorias”, lamentan.

A pesar del impacto de estas muertes, la mayoría de estos delitos quedan impunes o nunca se llegan a conocer, ya que se estima que se detecta menos de un 10 % de las muertes de lince por estas causas.

WWF propone mejorar la normativa a través de una adecuada transposición de la Directiva Penal Ambiental que consiga luchar de manera más eficaz contra este tipo de delitos para que no queden impunes. La organización ambiental recuerda que España debe incorporar esta Directiva a su legislación nacional antes del 21 de mayo de 2026.

Apenas llega a los nueve habitantes, pero lleva años resistiéndose a su desaparición. Durante generaciones, varias familias de la pedanía de Minas del Horcajo, en el término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), han conseguido que menos de una docena de viviendas y una casa rural se mantengan en pie. Se encuentra junto al Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, pero hay un único acceso, un camino público no asfaltado que se inunda a la menor tormenta, y durante décadas sus vecinos han tenido que lidiar con su proximidad a un gran latifundio: esta aldea está a menos de dos kilómetros de la finca La Garganta, propiedad del actual duque de Westminster, de la aristocracia británica, y una de las zonas privadas recreativas y de caza más grandes de España. Parte de su territorio se encuentra, de hecho, en la provincia de Córdoba.

En el Día de los Caminos Públicos y Vías Pecuarias, hablamos con Conchi Díaz Caballero. Tiene 64 años y es vecina de la pedanía, aunque reside en Puertollano. Nació en esta última ciudad, pero desde muy pequeña Minas del Horcajo fue, primero su residencia, donde vivía con sus abuelos hasta que fue escolarizada en la ciudad minera (donde trabajaban sus padres), y después el lugar al que ha acudido durante toda su vida, a la casa que ahora es propiedad de su madre y de su padre. Este último falleció recientemente.

“Nunca he dejado de venir, pese a que la población no ha parado de bajar. Mi padre, en cuanto tenía dos días de descanso, nos traía de vuelta a todos, y todas las vacaciones las hemos pasado aquí. Para mí, es mi sitio, mi lugar, mi vida”, cuenta.

Por eso conoce de primera mano uno de los principales problemas de la aldea. Su único acceso es un camino público de tierra de unos cinco kilómetros que sale de la N-420. Transcurre en paralelo al Arroyo de Caballeros, que cuando llega a la carretera nacional toma el nombre del río Montoro.

Había hasta 13 caminos, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación

“Históricamente, no ha sido así, había otros caminos, hasta 13, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación”.

Porque no se trata solo de que exista un único camino de acceso. Para más inri, parte de su tramo está bajo un puente grande y alto, que se construyó para una antigua línea ferroviaria que transportaba minerales, conocida popularmente como ‘La Eléctrica’, hoy ya cerrada.

La vía se abandonó, pero el puente sigue ahí y por debajo pasan los coches y habitantes de la pedanía. Cuando pueden: a la más mínima tormenta o precipitación, todo se inunda.

“El arroyo empieza a desbordarse, se sale de su cauce, y cuando llega a este puente, confluye con otro. En el verano están secos, pero el resto del año, aquí llueve bastante y eso coge un nivel de metro y medio de agua. Lo suficiente para inundarlo todo y que no sepas ni por dónde va el camino. No puedes cruzar, no ves nada, nos quedamos aislados”, relata.

En este camino hay también una serie de badenes que impiden que pasen los autobuses, porque se quedan “estancados”. “Venían cuando celebrábamos las fiestas de la aldea, pero ahora ya no pueden pasar. Meten el morro y se quedan en vilo, estancados. Imposible que pasen”.

Uno de esos badenes está “pegado” al puente de la antigua vía ferroviaria. Es el punto donde el agua llega a su mayor altura cuando llueve. “Es que incluso el agua puede llegar por encima del capó del coche. Ocurre constantemente, todos los años varias veces”. Después, cuando se seca, todo es barro y “totalmente intransitable”.

La experiencia más reciente la han tenido con el tren de borrascas de enero y febrero, pero también en primavera. Ahora los vecinos temen que al mínimo episodio de lluvias, la situación vuelva a ser la misma.  

De Minas del Horcajo se puede salir por otro camino que está “todavía peor”, lleno de zanjas y sin arreglar ni asfaltar. Tampoco es una solución porque, al final, termina uniéndose (“como en un círculo”) a la primera vía mencionada, por lo que “el problema sigue siendo el mismo”.

Una tercera posibilidad es otro camino que va hacia el sur, hasta la localidad cordobesa de Conquista y desde allí, hay que dar un gran rodeo “porque no se puede atravesar La Garganta”, la finca privada de los aristócratas británicos.   

“Desde hace décadas, desde que yo tengo memoria, se han cortado o vallado hasta 12 caminos públicos y solo nos han dejado de acceso el primero, el del túnel, el que se inunda”. Lo achaca a que Minas del Horcajo está prácticamente “pegado” a la finca.

No quieren que nadie esté cerca de la finca

“Para ellos siempre hemos sido un estorbo y nos tratan como un estorbo. No quieren que nadie esté cerca de la finca, ni sepan lo que ahí se hace. Han intentado siempre por todos los medios que Minas del Horcajo desapareciera”. ¿Cómo lo han hecho? Primero, con los vallados, y después con otras actuaciones disuasorias. “Ibas paseando, y los guardas intentaban que no pasases. Se ponían ahí con sus coches o incluso llegaban a ir detrás de ti, paseando a tu ritmo”.

Afirma que hace años que no ocurre porque los vecinos y vecinas de la pedanía han dado mucho la batalla en los medios de comunicación. Ahora “se han sujetado un poco”, pero “aquí seguimos, casi incomunicados”.

En la aldea apuntan directamente al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, que tiene la competencia en caminos públicos. “No ha hecho nada nunca por facilitar los accesos. Tendrán sus acuerdos con La Garganta y a saber…”. Según explica, hace unas semanas llegaron unas máquinas que echaron carrujo (ramas y rastrojos) en cuatro parches del camino, lo que convirtió la zona “en un barrizal, todavía peor, porque en verano será todo polvareda”.

Para los vecinos de la pedanía, la única solución sería la limpieza del cauce del arroyo, abriendo más zona para su caudal y “para que el agua pueda correr sin salirse e inundar el camino”. “Lo que no puede ser es que tengamos que salir pitando en cuanto vemos que empieza a llover. Si te quedas aislado, aquí no hay servicios públicos de ningún tipo. Es un peligro”.

Tanto Conchi como otras vecinas han dirigido varios escritos al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo para pedir soluciones. Ella incluso ha acudido recientemente a un pleno municipal. “No he conseguido nada, me escucharon y ya”.

Este medio también ha intentado ponerse en contacto con el Consistorio local y con su alcalde, José Lozano García, para recoger sus impresiones sobre la situación de la pedanía y sus relaciones con La Garganta. Por el momento no ha habido respuesta.

Una de las fincas privadas más grandes de España

La Garganta es una de las fincas privadas más grandes y exclusivas de España. Está situada en el sur de la provincia de Ciudad Real, dentro del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, entre los municipios de Almodóvar del Campo y Brazatortas. Tiene aproximadamente 15.000 hectáreas y es conocida por sus monterías y por recibir a miembros de la aristocracia europea.

Aunque hoy es famosa por la caza, la finca tiene origen en la minería del siglo XIX. En la zona existían minas de plomo y plata explotadas por compañías vinculadas a la Río Tinto Company Limited. Para transportar el mineral se construyeron líneas de ferrocarril, estaciones y poblados mineros.

Dentro del terreno se encuentra la estación de La Garganta, situada en la línea ferroviaria entre Ciudad Real y Badajoz. Históricamente se utilizó para transportar mineral y posteriormente para facilitar la llegada de invitados a las cacerías.

La finca fue adquirida en los años 90 del siglo pasado por Gerald Grosvenor, VI duque de Westminster. Actualmente pertenece a su hijo Hugh Grosvenor, VII duque de Westminster, cuya familia es una de las más ricas del Reino Unido. Allí acuden miembros de la realeza y la aristocracia británica a descansar y cazar.

Entre quienes han pasado por allí se encuentran el rey Carlos III (cuando era príncipe), la reina Camilla, el príncipe William, el príncipe Harry y el rey emérito Juan Carlos I.

En el área habitan especies como el lince ibérico, el buitre negro, el águila imperial ibérica, así como grandes poblaciones de ciervos y jabalíes. Y dentro de la finca aún existen antiguos poblados mineros, casas de ingenieros británicos e infraestructuras ferroviarias que quedaron abandonadas tras el fin de la actividad minera en la zona. Este medio ha intentando ponerse en contacto con los propietarios, sin éxito.

Tanto las denuncias de Conchi y sus vecinas como la situación de la aldea pegada a esta finca son muy conocidas. De ella se ha hecho eco en varias ocasiones la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP). Manuel Trujillo, integrante de este colectivo, apoya las reivindicaciones de Minas del Horcajo: “Es lo mismo que sucede en muchos sitios de España. La peculiaridad de este caso es que la pedanía está pegada a La Garganta, una de las mayores fincas privadas de España y tiene cerrados casi todos los caminos públicos”.

Las fincas subvencionan y patrocinan a los ayuntamientos, y claro, pasa lo que pasa, y casi nadie levanta la voz, son muy pocos

Manuel Trujillo — Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP)

La plataforma denuncia que estas acciones de cerrar caminos públicos por parte de fincas privadas “cercena la libertad de los vecinos” y los ayuntamientos, titulares de los mismos, “no hacen nada para resolver estas situaciones”. “Las fincas les subvencionan y patrocinan, y claro, pasa lo que pasa, casi nadie levanta la voz, son muy pocos”.

El Ayuntamiento también es pequeño y su margen de maniobra es “mínimo”. “Es que incluso aunque quisiera actuar, también lo tendría muy difícil, porque al fin y al cabo tiene pocos medios. Estas fincas pueden contratar a muy buenos abogados. Son nobles con mucho dinero y mucha influencia. Los ayuntamientos tampoco cuentan con mucho respaldo por parte de las diputaciones o de las comunidades autónomas. El caciquismo sigue ahí”.

Precisamente, la PICP ha convocado para este 22 de marzo, varias movilizaciones en toda España, principalmente rutas senderistas, para reivindicar el freno al cierre de caminos públicos y vías pecuarias. En el caso de Castilla-La Mancha, estas acciones se llevarán a cabo en Orgaz (Toledo), Manzanares (Ciudad Real), Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Cuenca, Peñascosa (Albacete) y Cifuentes (Guadalajara).

El Día de las Vías Pecuarias surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica en 2019, para contribuir a la protección de estas antiquísimas vías ganaderas y del “rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

“El problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la usurpación total o parcial por propietarios colindantes que impide su uso público ante la dejación de funciones de las administraciones competentes. También la degradación y pérdida progresiva a través de las actuaciones propiciadas o autorizadas de dichas administraciones”, afirman en su manifiesto.

La cita busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservarlas como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclaman a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

Vox Castilla-La Mancha presentará una iniciativa parlamentaria para que la montería sea declarada Bien de Interés Cultural en la región.

La montería es una modalidad de caza mayor, tradicional y colectiva que consiste en batir una zona de monte utilizando perros para levantar reses, tales como jabalíes, ciervos o gamos, hacia puestos fijos donde se encuentran los cazadores. Esta modalidad se realiza entre octubre y febrero.

El pasado mes de enero, se conocía que en la finca pública 'Dehesa de Castilseras' el Seprona investigaba que se hubiesen abatido un 48% más del cupo de caza autorizado, sucediéndose así una “masacre” de cientos de animales.

Ahora, el líder de Vox Castilla-La Mancha, David Moreno, ha defendido que se trata de una práctica de caza mayor “ancestral y milenaria, profundamente arraigada en nuestra historia y en el medio rural”. Ha señalado que este tipo de reconocimiento BIC ya sucede en Andalucía desde 2017 y en Extremadura desde 2022. Según Moreno, Castilla-La Mancha es junto con estas comunidades autónomas “una de las tres grandes regiones en la práctica de la montería” y ha dicho que genera “más de 6.500 empleos directos”.

A su vez, ha criticado que el presidente regional, Emiliano García-Page ha obrado con un “incumplimiento reiterado” ya que en “2023 se comprometió a impulsar esta declaración en el marco del Pacto Regional por la Caza”.

El Gobierno regional cree en la caza como “motor de desarrollo”

Se da la circunstancia, además, de que el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha afirmado durante su visita a la Feria Cinegética en Madrid que el Gobierno de Castilla-La Mancha cree en la caza como “motor de desarrollo”, puesto que “crea empleo y fija población, como lo demuestran los estudios más recientes”.

Almodóvar ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está llevando a cabo “medidas pioneras” en el sector de la caza firmando convenios de formación con los actores principales, promoviendo las licencias gratuitas para los residentes y también la adhesión de Castilla-La Mancha a la licencia interautonómica que permitirá cazar con un solo permiso en diez comunidades de España.

El Parlamento de La Rioja aprobaba la pasada semana, con los votos a favor de PP, PSOE y Vox, una moción para prorrogar durante una década más el uso de plomo en la munición de caza. La medida ha levantado una fuerte polvareda en el sector ambientalista; Ecologistas en Acción califica de “altamente irresponsable” esta decisión que, aseguran, antepone los intereses electorales de un colectivo que apenas representa al uno por ciento de la población frente a la salud general de la ciudadanía y el entorno natural.

La organización conservacionista denuncia que esta prórroga contraviene directamente las directrices de la Unión Europea y del Ministerio para la Transición Ecológica, que maneja plazos de apenas 18 meses para la sustitución de este metal. Según los colectivos ambientales, existen alternativas técnicas “perfectamente viables” en la actualidad, por lo que atribuyen la resistencia del sector cinegético a una cuestión de “usos, costumbres e ideologías negacionistas” más que a una imposibilidad material de adaptación.

El foco de la crítica se centra en la peligrosidad del plomo, un metal pesado altamente tóxico que se disemina por toneladas cada año en los campos riojanos. Ecologistas en Acción recuerda que no se trata solo de un problema de conservación de especies, sino de una amenaza directa para las personas. El plomo es un veneno acumulativo que afecta gravemente al sistema nervioso y los riñones, siendo especialmente dañino para la infancia y el desarrollo fetal, donde puede causar daños cerebrales irreversibles.

Un aspecto especialmente preocupante para una región agrícola como La Rioja es la filtración de este metal en la cadena alimentaria. La nota advierte que las raíces de los cultivos absorben el plomo presente en suelos contaminados por la actividad cinegética. Hortalizas de hoja verde como la lechuga o la espinaca, y productos de raíz como la patata o la zanahoria —fundamentales en la huerta riojana—, son proclives a asimilar estas partículas que terminan finalmente en el plato del consumidor.

La organización lamenta que el PSOE riojano se haya sumado a esta iniciativa, situándose en una postura contradictoria con la que mantiene el Gobierno de España y la evidencia científica. Consideran que otorgar diez años más de margen es, en realidad, una “patada hacia delante” para evitar afrontar un problema de salud pública, bajo la premisa de que, cumplido el plazo, el sector volverá a presionar para obtener nuevas moratorias.

Finalmente, desde Ecologistas en Acción instan a las formaciones políticas a rectificar y priorizar el cumplimiento de la normativa europea. Para la organización, la salvaguarda de los acuíferos y de la seguridad alimentaria en La Rioja no puede quedar supeditada a lo que consideran “caprichos del sector cinegético”, instando a una vigilancia más estricta sobre la contaminación por metales pesados en nuestro territorio.

La Guàrdia Civil investiga dos homes per la seva presumpta implicació en la mort de 27 cans de caça durant un trajecte en ferri. Les investigacions apunten que els animals van morir perquè dins la furgoneta en què viatjaven no es va garantir una ventilació adequada ni se’ls van proporcionar les cures necessàries.

En concret, els cans van ser localitzats a principis del passat mes de novembre a l’interior del vehicle que els traslladava a la bodega del vaixell. El buc, procedent de Barcelona, acabava d’atracar al port de Palma.

Segons ha informat l’Institut Armat, un grup de caçadors mallorquins va contractar una empresa de transport de cans amb seu a Catalunya per traslladar amb fins cinegètics 36 animals des de Palma fins a Lituània i posteriorment per al retorn a la capital balear. Va ser en el trajecte marítim de tornada a Palma quan van morir 27 dels cans.

Després del que va succeir, agents de la Unitat de Protecció de la Natura (Uprona) de la Guàrdia Civil a Mallorca van iniciar una investigació, batejada com a operació ‘Xólotl’, per esclarir els fets i identificar els possibles responsables. Les investigacions conclouen que a l’interior del vehicle no es va mantenir una qualitat ni una quantitat d’aire adequades atès l’elevat nombre d’animals transportats. A més, durant el trajecte no se’ls van prestar les cures necessàries.

L’elevat nombre de cans i la seva pròpia morfologia van provocar una acumulació considerable de calor metabòlic, humitat i diòxid de carboni dins el vehicle, unes condicions que la majoria dels animals no van poder suportar.

Com a resultat de la investigació, la Guàrdia Civil ha imputat dues persones: el responsable de l’empresa encarregada del transport i el conductor del vehicle, un jove de 21 anys, per un presumpte delicte de maltractament animal. Les diligències ja han estat remeses al jutjat corresponent.

La Guardia Civil investiga a dos hombres por su presunta implicación en la muerte de 27 perros de caza durante un trayecto en ferry. Las pesquisas apuntan a que los animales fallecieron porque dentro de la furgoneta en la que viajaban no se garantizó una ventilación adecuada ni se les proporcionaron los cuidados necesarios.

En concreto, los canes fueron hallados a principios del pasado mes de noviembre en el interior del vehículo que los trasladaba en la bodega del barco. El buque, procedente de Barcelona, acababa de atracar en el puerto de Palma.

Según informa el Instituto Armado, un grupo de cazadores mallorquines contrató a una empresa de transporte de perros con sede en Catalunya para trasladar con fines cinegéticos a 36 animales desde Palma hasta Lituania y posteriormente para el regreso a la capital balear. Fue en el trayecto marítimo de vuelta a Palma cuando murieron 27 de los perros.

Tras lo ocurrido, agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Guardia Civil en Mallorca iniciaron una investigación bautizada como operación ‘Xólotl’ para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables. Las pesquisas concluyen que en el interior del vehículo no se mantuvo una calidad ni una cantidad de aire adecuadas a tenor del gran número de animales transportados. Además, durante el trayecto no se les prestaron los cuidados necesarios.

El elevado número de perros y su propia morfología provocaron una acumulación considerable de calor metabólico, humedad y dióxido de carbono dentro del vehículo, condiciones que la mayoría de los animales no pudo soportar.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha imputado a dos personas: el responsable de la empresa encargada del transporte y el conductor del vehículo, un joven de 21 años, por un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado correspondiente.

Los micrófonos abiertos son, a veces, reveladores. Uno de estos aparatos durante el I Foro de la Codorniz celebrado el pasado 11 de marzo en Valladolid recogió la conversación mantenida entre uno de los promotores del acto y miembro de la Federación Castellano y Leonesa de Caza, José Antonio Pérez Garrido, y otro de los asistentes. Las palabras giran en torno a la situación y abundancia de la especie. Los informes oficiales hablan de una regresión importante, mientras los cazadores sostienen que la codorniz está en buena situación y, por lo tanto, no hay que tomar medidas restrictivas sobre su actividad como planea proponer el Gobierno en la Unión Europea a cambio de no decretarse una moratoria total.

En un momento dado, ante la afirmación de que la codorniz es un animal cuyas poblaciones se miden por millones de ejemplares –por lo que los individuos matados por los cazadores no influyen demasiado–, Pérez Garrido realiza una analogía en estos términos: “Si hablamos de chinos, que se mueran diez millones de chinos, ¿es relevante? Es que hay ¡dos mil millones!”.

El diálogo del vídeo es el siguiente:

– “El tamaño poblacional, estamos hablando de una especie de millones de ejemplares”.

– “Claro. Si hablamos de chinos, que se mueran diez millones de chinos, ¿es relevante? Es que hay ¡dos mil millones!”.

– “Mira José Antonio esto es todo una cuestión del hombre blanco”.

Así concluyen, para luego adentrarse en una disertación sobre la percepción de las especies en extinción. Pérez Garrido es además el dinamizador en la comunidad autónoma del proyecto de censos de codorniz Coturnix financiado por la aseguradora de cazadores Mutuasport –dirigida por el presidente de la Federación Andaluza de caza, José María Mancheño– y cuyos resultados son esgrimidos por el sector cinegético para afirmar que, en España, se hace una caza de la especie “sostenible”.

Contactado por este diario para poder matizar sus palabras, Pérez Garrido insiste en que la comparación se refiere a “una población muy grande que no está ni comprobado que haya una disminución en España sino de la presencia cuando la cazamos. Sobre una población global muy grande, una posible merma de una pequeña parte de la población no debería ser significativa”.

Según el cazador, por eso hacía la comparativa: “Si tenemos 1.300 millones de chinos y por causas naturales (un volcán o una epidemia) se mueren 100 millones, efectivamente, cuando tú piensas en 100 millones de muertos es una barbaridad, pero es que quedan 1.200 millones de chinos. ¿La población de chinos está en peligro?–se pregunta el cazador– No. No está en peligro”, contesta.

Y continua su comparativa con la situación de la codorniz: “¿Hay que hacer una repoblación de chinos para recuperar esos 100 millones que mueren? No. Hay 1.200 millones de chinos. Podríamos compararlo con una población de batusis, que quedan 1.500. En una población así, se mueren 100 y sí es preocupante. Es una merma del 10%. Cuando nos vamos a cifras muy grandes que haya una pequeña desaparición no es importante”. Y remata su argumentación diciendo que “pasa con otras especies. Pero yo lo comentaba así en camaradería con un compañero para hacerlo más exagerado”.

Aunque hace un año afirmó que no está en peligro de extinción para impedir una prohibición de caza, el Gobierno admite finalmente que “hay que cazar menos codornices” si se quiere recuperar esta especie de su actual “declive”. Incluso el Ministerio de Agricultura entiende que “seguir como hasta ahora no es una opción”, según ha revelado su subdirector general adjunto de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Pablo Bernardos, en el I Foro Nacional de la Codorniz organizado por la Federación de Caza de Castilla y León.

La cuestión es que la codorniz en Europa está en regresión. Hay en torno a un 25% menos que hace unas décadas. Y la ley obliga a recuperar las especies que entran en esta deriva. La estabilidad no es suficiente. Por eso “establecer una reducción está justificado”, abundó en ese foro el representante de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina de Ministerio de Transición Ecológica, Rubén Moreno-Opo. “Una moratoria haría que los objetivos de conservación se alcanzaran antes, pero si ha de ser una reducción...”, se conformó este técnico.

Por lo tanto, el Ejecutivo ha acordado que en la próxima reunión de países de la UE con la Comisión Europea la semana próxima llevará una propuesta para que se rebaje la caza de codornices.

En realidad, Agricultura intenta convencer en Bruselas de que no se adopte una moratoria como salvavidas de las poblaciones de esta ave como habían pedido los asesores científicos de la Comisión. En su lugar quieren que se acepte este plan de reducción. “Bajar la intensidad. Reducir la presión”, en palabras de Bernardos. Los científicos han propuesto ese parón temporal por “la probabilidad muy alta de que la caza de codornices no sea sostenible”.

Los cazadores ya se negaron a la opción de una moratoria –eso les prohibiría disparar a estos trofeos durante un tiempo–, pero tampoco aceptan una reducción en el número de codornices que puedan matar cada temporada. “Responde a criterios ideológicos y no de carácter científico”, alegan.

El presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, argumenta que “solo así se entiende que se tomen en cuenta los datos aportados por determinadas entidades pese a ser incompletos, pero no por los generados por los cazadores españoles”.

El sector insiste en que la codorniz goza buena salud por lo que puede seguir matándose al ritmo actual –cientos de miles de ejemplares cada temporada–. Se basan en un proyecto de censos llamado Coturnix financiado por la principal aseguradora de caza de España, Mutuasport, cuyo presidente es el mismo dirigente de la federación andaluza, Mancheño.

El análisis de la codorniz para la Comisión Europea lo coordinó el Instituto de Recursos Cinegético (Irec) y participaron la Agencia de Biodiversidad de Francia y la Universidad de Aarhus (Dinamarca). Ese trabajo es el que dictaminó que lo más seguro es que el nivel de caza actual sea insostenible. Coturnix, que además de la financiación de la aseguradora, está impulsado por el lobby cinegético Fundación Artemisan y la colaboración de la Federación Española de Caza dice que se caza de manera razonable.

Sin embargo, desde Agricultura se defiende que el mensaje en Bruselas debe ser “decir que somos capaces de controlar lo que se caza al nivel adecuado para el objetivo [que marca la ley], es decir, mejorar el estado de la especie”. La meta no es conseguir que en los cotos puedan continuar las batidas de codorniz, sino que la especie se recupere de su regresión.

“Hay que evitar un procedimiento de infracción”, es parte del mensaje del Ejecutivo. “Da mala imagen de España y del sector”. Esto ya ocurrió con la tórtola cuando Bruselas llevó a España al borde de los tribunales antes de que se prohibiera la caza de esta ave para intentar revertir su mala situación.

“Necesitamos una moratoria”

El responsable de conservación de la SEO/Birdlife, Mario Giménez, cuenta a elDiario.es que “una reducción no nos parece una medida adecuada porque estamos en un escenario en el que, para que haya un impacto suficiente y se recupere del declive, necesitamos una moratoria como la que funcionó con la tórtola”. Giménez –que también participó en las mismas jornadas–, explica que “para poner cupos primero hay que saber cuántas hay realmente y cuántas se cazan”.

El empeño de los cazadores por mantener como trofeo una de sus “reinas de la media veda” viene de lejos. En 2022, el Comité Científico del Gobierno dictaminó que el ave cumplía los criterios técnicos para considerarla en peligro de extinción. La reacción cinegética no se hizo esperar.

Las organizaciones de cazadores consiguieron que el Ministerio de Agricultura incorporara sus informes de situación en la reunión donde se discutía esa medida. Todo el proceso se paralizó y Transición Ecológica recomenzó el expediente. En 2025, el Gobierno concluyó oficialmente que “no se desprende que la codorniz deba ser incluida en la categoría en Peligro de Extinción del Catálogo Español de Especies Amenazadas”. Podría seguir cazándose.

La siguiente cuestión es cual es la reducción de capturas que España pondrá encima de la mesa europea. Ni el Ministerio de Agricultura ni el de Transición Ecológica han facilitado estos datos.

“Naturaleza viva”. Con estas palabras describe la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la finca pública 'Dehesa de Castilseras', ubicada entre los términos municipales de Almadén, Almadenejos y Alamillo, al suroeste de la provincia de Ciudad Real. El holding estatal tiene el 100% de las participaciones de esta finca a través de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA). Es esta última quien realiza la explotación de las 9.000 hectáreas de la finca estatal, destinadas fundamentalmente a la ganadería ovina y vacuna, al aprovechamiento cinegético mediante la realización de monterías (caza colectiva), la gestión forestal y el ecoturismo.

Pero lo que pasó en uno de sus cuatro cotos de caza el pasado 25 de enero tiene poco que ver con esa premisa de naturaleza en estado puro. Una montería, organizada, según ha podido saber este medio, por la empresa 'Cinegética Lomas de Teresa', se saldó con la matanza de cerca de mil ciervos, venados y gamos. Se trata de una cifra aproximada que han estimado fuentes locales testigos de los hechos consultadas por este medio. Ni la Guardia Civil ni la empresa pública saben con certeza cuántos animales se abatieron.

La cuestión pasó desapercibida en un principio, pero el alcalde de Almadenejos, Alberto Redondo, dio la voz de alarma cuando hizo públicas algunas fotografías de lo que considera una “masacre total”.

El asunto llegó a manos del Seprona y la Guardia Civil inició una operación para investigar los hechos, constatando que se había abatido un 48% más de los ejemplares autorizados para la montería.

Las actuaciones de los agentes se iniciaron al sospecharse de un posible incumplimiento de los cupos de extracción autorizados para dicha montería. Este exceso supuso “una alteración significativa” del plan de ordenación cinegética de la zona y un “impacto directo sobre la gestión sostenible de las especies”. Aparte del exceso de capturas, la patrulla interviniente del Seprona detectó otras presuntas infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de la montería y el tratamiento de las piezas.

Asimismo, se detectaron irregularidades relativas a la gestión de los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (SANDACH). Es decir, sobre la recogida de los animales muertos que no se destinaron a la alimentación. Las citadas fuentes locales apuntan que, de esa montería de enero, se dejaron unos 300 ejemplares sin recoger durante varios días.

Por otra parte, fuentes de la investigación han precisado a este medio que todavía se están incoando las actuaciones para determinar el alcance de las responsabilidades, aunque han precisado que es el órgano sustantivo medioambiental del Gobierno regional quien debe determinar las sanciones.

Posibles sanciones y suspensión de la actividad cinegética

En este sentido, la Consejería de Desarrollo Sostenible está trabajando en coordinación con el Seprona en la investigación de los hechos “para llegar al fondo del asunto”. Desde este departamento precisan que cuando dispongan de toda la información se tomarán las medidas oportunas, entre ellas, la posible suspensión de la actividad cinegética y sanciones económicas al gestor de la montería, en este caso, la empresa arrendataria. El inicio del procedimiento administrativo está a expensas de otras responsabilidades que la investigación podría determinar.

Precisamente, la Guardia Civil ha cursado las correspondientes denuncias por infracciones graves al vulnerarse la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y la normativa vigente en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Con carácter general, en Castilla-La Mancha, incumplir el plan cinegético contraviene la Ley regional de Caza. Superar en casi un 50% el límite de capturas permitido puede conllevar expedientes sancionadores por infracciones graves o muy graves. Esta posibilidad contempla multas de entre 50.000 y 300.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza, la inhabilitación para obtenerla por un periodo de entre uno y diez años, la anulación del acotado o zona colectiva de caza en los casos más extremos de infracciones muy graves, e indemnizaciones por daños y perjuicios, que obligan a pagar por cada animal abatido fuera de plan según el baremo de valoración de especies de la comunidad.

El SEPRONA ha solicitado además la realización de un estudio técnico de la población de las especies en la finca: quiere saber si la “presión cinegética” ejercida se adecua a la realidad biológica del terreno o “si ha comprometido la viabilidad de la fauna local”.

Pero, ¿quién está detrás de esta montería y qué pasó? La finca 'Dehesa de Castilseras' tiene externalizada la concesión de la explotación cinegética de sus cuatro cotos de caza desde 2021 y durante un periodo de diez años. Actualmente, según el Portal de Contratación, el pliego de condiciones técnicas y el resultado de la licitación, la empresa encargada es 'Cinegética Lomas de Teresa, S.L.' (anteriormente denominada 'Cinegética Castilseras').

Esta empresa, activa en el Registro Mercantil y con sede en Almadén, tiene como objeto social, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la organización de cacerías en todas sus modalidades: compraventa de animales y comercio al por mayor de carne y productos cárnicos.

Funciona mediante un contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético licitado por MAYASA desde 2021. Actualmente, ese contrato está vigente. Fue la empresa encargada de la montería. El administrador único de Cinegética Lomas de Teresa es Sebastián Gutiérrez Gañán, pero al cierre de esta información, este medio no ha podido ponerse en contacto ni con la empresa ni con su administrador para recoger los detalles de los hechos o las causas por las que se sobrepasó el cupo autorizado.

Sí se ha pronunciado MAYASA, como “principal perjudicada” de estos hechos. Fuentes de la empresa han indicado a este medio su “profundo descontento” con la compañía que organizó esa caza colectiva, a la que consideran “responsable absoluta”. Esta empresa de la SEPI afirma que está colaborando con el SEPRONA en todo lo necesario y que conoció los hechos con posterioridad debido a su “exposición pública”, ya que, una vez arrendado el aprovechamiento cinegético, la responsabilidad es de la empresa encargada.

Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética

MAYASA

“Es una situación muy desagradable para nosotros. Es la primera vez que ocurre algo así y es enorme el perjuicio que nos ha causado, a nivel cinegético y a nivel de naturaleza, cuando la dehesa es un lugar maravilloso, y más cuando nosotros ni lo hemos promovido, ni hemos mirado para otro lado. Todo lo contrario. Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética”, lamentan.

Efectivamente, este tipo de monterías no solo requieren de la autorización de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sino que también deben ajustarse al contrato firmado con la finca donde se desarrollan. Y en ese contrato, según ha constatado este medio, existe una “declaración responsable” en la que la empresa que las gestiona, en este caso 'Cinegética Lomas de Teresa S.L.', se compromete a cumplir la normativa vigente y con los cupos autorizados, a poner todos los medios necesarios para la recogida de las capturas y, si se comercializa la carne para consumo humano, a tramitarlo con la autoridad sanitaria.

Para rizar más el rizo, la empresa gestora de la montería también puede, a su vez, subcontratar. Y según ese contrato, es la responsable de “todas las acciones, deficiencias o negligencias” de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados y obreros y actuaciones realizadas“, así como del cumplimiento de las obligaciones legales. De hecho, añade que nada de lo contenido en este documento ”se entenderá que establece un vínculo o relación entre MAYASA y los subcontratistas“.

Cada vez que se organiza una montería se firma ese contrato y esa declaración, como también fue en este caso. Es decir, la empresa arrendataria asumió con ello la responsabilidad. Y al no cumplir con los requisitos establecidos, es previsible que MAYASA rescinda el contrato con ella e incluso llegue a la vía jurídica si así lo considera. El contrato aduce, entre las causas de incumplimiento, el “exceso respecto de los cupos de captura” en cada temporada.

Sobre las posibles sanciones se ha pronunciado también el Ministerio para la Transición Ecológica para recordar que la competencia es de la comunidad autónoma, cuyo gobierno aprueba los planes de ordenación cinegética, los cupos de capturas, las autorizaciones de monterías y el régimen sancionador. Este Ministerio solo intervendría si hubiera afección a especies protegidas, espacios de la Red Natura 2000 o normativa estatal de biodiversidad, un extremo que por el momento no se ha confirmado.

De cualquier forma, el alcalde de Almadenejos, el que dio la voz de alarma en redes sociales y puso al Seprona sobre la pista de lo que considera una “masacre, una matanza total”, señala que ya no “soporta” la situación. Según afirma, y pese a que MAYASA no le consta, esta montería no es la primera que se realiza por encima de los cupos establecidos.

El alcalde de esta pequeña localidad de unos 400 habitantes afirma que estas prácticas de “cazar por encima de lo permitido” son habituales en la finca pero que en esta ocasión “se les ha ido de las manos”, no solo por el número de animales abatidos, sino también porque han dejado “muchos cadáveres sin recoger” tanto en los caminos de la zona como en las naves de su propiedad. “Todos ahí amontonados”, lamenta.

Precisamente, el contrato y “declaración responsable” de 'Cinegética Lomas de Teresa' con MAYASA también incluye que la primera debe hacerse cargo de la gestión de los cadáveres de los animales, con los remolques y medios necesarios. Pero el hecho de que se superara tan ampliamente el cupo autorizado provocó que muchos de ellos se acumularan en el muladar (un espacio vallado para depositar los cadáveres) y que terminaran por no ser aptos para consumo humano, sino únicamente para aves necrófagas como el buitre. Actualmente están todos retirados.

Ahí matan todo lo que entra

Alberto Redondo — Alcalde de Almadenejos

“No se puede gestionar todo tan mal. Es un daño inmenso a la fauna y a la naturaleza, y todo ello en una finca que gestiona el Gobierno. Está bien que el SEPRONA ya lo esté investigando, pero ha sido un poco tarde. Y además deberían investigar otras monterías anteriores, porque en diciembre supimos de otra donde también mataron una cantidad enorme de venados y ciervos. Pero esto último ha sido una masacre. Es que ahí matan todo lo que entra”, destaca el alcalde.

De hecho, Alberto Redondo pone el acento en que, en esas monterías, ni la empresa encargada ni la finca supervisan “lo que se mata”. Aduce que no respetan si son hembras preñadas o gabatos (crías de ciervo) que no llegan al año de vida. “Es que no entiendo que se pueda hacer algo así”, insiste.

Pese a que la responsabilidad apunta a la empresa gestora de la montería, el alcalde de Almadenejos se muestra muy crítico con esta finca de MAYASA. “Está muy mal gestionada. Que una finca con 9.000 hectáreas, con unas 8.000 ovejas y 700 vacas, tenga tres o cuatro millones de euros en pérdidas da mucho que pensar. Es difícil saber por qué se permite algo así”. Apunta además que en muchas ocasiones agrupan a todas las ovejas juntas en los establos en vez de repartirlas por todas las hectáreas, dejando vacías otras muchas instalaciones porque “solo las quieren para la caza”.

El alcalde relata por su parte que en la finca llegó a ejecutarse un regadío de maizal y una fábrica de pienso “que era el mejor que había por estos contornos”; y cuando más se producía “se lo cargaron todo”. Añade que ahora los propietarios quieren sembrar olivo y pistacho en unas pocas hectáreas y “seguro que también las acaban abandonando”. “Siempre trabajan a pérdidas. ¿Por qué?”.

El Plan Estrátegico de la empresa pública

La empresa pública, tras la publicación inicial de este reportaje, ha negado todas estas acusaciones. Asegura que es “rentable y viable”. De hecho, el pasado mes de noviembre aprobó su Plan Estratégico, cuyo objetivo es lograr la “rentabilidad y sostenibilidad financiera” a través de los negocios agropecuarios y turísticos, promoviendo el potencial de la 'Dehesa de Castilseras' y del parque minero de Almadén, “un patrimonio histórico nacional asociado a la histórica actividad minera reconocido a nivel nacional e internacional por su valor cultural”.

Esta propuesta estratégica lleva aparejada una inversión de 12,7 millones de euros hasta 2032, destinados a la optimización y diversificación de los negocios, permitiendo así que MAYASA siga siendo “un importante foco de generación de empleo y riqueza para la comarca”. También se estima un crecimiento y evolución de la cifra de negocio, alcanzando los ocho millones de euros al final del marco temporal. La empresa considera que el sector cinegético es importante, pero no es el núcleo de actividad principal de la Dehesa.

Pero, aparte, la indignación de este alcalde le lleva a pedir al Gobierno que permita a cada uno de los tres términos municipales en los que se ubica la finca pública explotar esos terrenos. “Esto es una zona muy empobrecida y podríamos dar más vida a nuestro medio rural si a cada pueblo le dieran la zona de la finca de su término municipal, para que lo gestionáramos desde los ayuntamientos. Ahora seguramente van a cerrar el coto donde se hizo esa montería, pero van a poder seguir cazando, cuando lo que tendrían que hacer es cerrarlo todo y que se repueble”, concluye.

Al margen de los afectados, uno de los pocos colectivos sociales que se han hecho eco de esta polémica ha sido la Plataforma NAC (No A la Caza), que ha calificado de “aberración” una montería que “solo pone de manifiesto la crueldad del sector cinegético”. “Los fines recreativos, especulativos y comerciales que sustentan la actividad cinegética, influyen negativamente en la conservación de las especies acelerando procesos de desequilibrio poblacional, degradación ecológica y extinción”, denuncia Juana Elisabet García, portavoz de la plataforma. 

Según apunta, la ciencia ha demostrado que la caza no regula los ecosistemas sino que los “desestabiliza”, puesto que los “verdaderos gestores naturales” son los 'superdepredadores' como el lobo ibérico, el águila imperial o el lince que controlan las poblaciones en función del territorio y los recursos disponibles. 

“La mayoría de las comunidades autónomas no realizan todo el esfuerzo necesario para el adecuado cumplimiento de la legislación europea. La caza no es un deporte, solo conlleva el sufrimiento de muchos animales. Y no vamos a parar hasta conseguir que se prohíba cualquier actividad cinegética que cause maltrato, explotación o muerte de un ser vivo, promoviendo la protección de los animales y sus derechos y la conservación de la fauna silvestre y la naturaleza”.

Una dehesa histórica

La SEPI recoge en un documento la historia de la 'Dehesa de Castilseras' y cómo está unida a las minas de Almadén, todavía símbolo de esta comarca de Ciudad Real. En el siglo XIV, estas minas formaban parte la Encomienda de Castilseras perteneciente a la Orden de Calatrava, creada a mediados del siglo XII, que no las explotaba por sí misma, sino que, ya por entonces, las arrendaba.

Fueron los Reyes Católicos los que manifestaron al último maestre su intención de que la citada Orden se incorporara a la Corona de España. Por bula papal de 1523, el papa Adriano VI dejó vinculados a perpetuidad los bienes de la Orden de Calatrava a la Corona de España y dos años después comenzaría un largo periodo durante el cual dichos bienes fueron arrendados mediante varios asientos a los banqueros alemanes Fugger, quienes habían ayudado a Carlos I a ser elegido emperador.

Pero en 1778, el superintendente de las minas, Gaspar Soler, suplicó a Carlos III que la Dehesa de Castilseras fuera incorporada al término de Almadén. Esta solicitud venía justificada por la falta de trabajadores para las minas. El rey solicitó al papa Pío VI la incorporación de la Encomienda de Castilseras a la Corona de España, lo que aceptó el Sumo Pontífice. En 1780 Soler tomó posesión de Castilseras.

A principios del siglo XX, Castilseras se dividía en pequeñas parcelas, conocidas como ‘suertes’. Su concesión a favor de los mineros se hacía por períodos de nueve años y la superficie de cada una era, aproximadamente, de 0,8 hectáreas.

Destaca este documento que Castilseras posee terrenos adehesados muy aptos para la ganadería, lo que unido a la climatología ha hecho que esta zona sea desde la antigüedad territorio de invernada de los rebaños trashumantes castellanos del norte. Entre la gran variedad de fauna destaca el águila real, el águila perdicera, el buitre negro, el buitre leonado, la nutria y el jabalí, junto con ciervos, gamos, cigüeñas negras, perdices y tórtolas.

La gestión diaria de Castilseras la realizan 22 trabajadores entre mayorales, pastores, agricultores, tractoristas y guardas.

El Ayuntamiento de Horcajo de Santiago ha formalizado un recurso de alzada frente a la nueva resolución de emergencia cinegética aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha y reclama a la administración que compense económicamente los daños ocasionados por la plaga de conejos en los cultivos, al tiempo que adopte medidas eficaces y definitivas para el municipio.

El consistorio dice respaldar a los vecinos y por eso se ha impulsado y coordinado una iniciativa conjunta del sector agrario local para hacer frente a los que califica de “graves daños que la sobrepoblación de conejos está causando en los cultivos del término municipal”. En este contexto, la Junta de Propietarios y las cooperativas locales que representan a los agricultores de la localidad están siendo lideradas por el ayuntamiento.

Daños en 9.600 hectáreas del término municipal “desde hace años”

Según el consistorio, la iniciativa responde al “malestar creciente” existente en la localidad por los daños continuados en los cultivos de las 9.600 hectáreas del término municipal, un problema que “se arrastra desde hace años” y que consideran “de primer orden social y económico”.

Cooperativas y propietarios de la localidad reclaman al Gobierno regional “herramientas y actuaciones realistas y eficaces”, y critican duramente lo que contemplan como “ineficacia” de las medidas actuales, así como la “arbitrariedad” de utilizar una medida excepcional y supuestamente “temporal” como es la declaración de comarca de emergencia cinegética para abordar un problema que, en la práctica, es crónico y constante.

En este aspecto se preguntan “por qué el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue sin adoptar medidas eficaces para frenar una sobrepoblación de conejos que lleva años arruinando nuestras explotaciones. La realidad es que los agricultores ya no podemos aguantar más”, subrayan desde la Junta de Propietarios.

“Los daños recurrentes derivados de la sobrepoblación de conejos están llevando a la ruina a los agricultores locales”, afirman.

“Mermas” en varios cultivos

En el recurso presentado desde Horcajo de Santiago se detalla que las “mermas” en viñedo, cebada, trigo, veza, girasol y otros cultivos rondaron el año pasado entre el 50 % y el 60 % de la producción en numerosas explotaciones.

Asimismo, recuerdan que en muchas ocasiones se han remitido escritos y comunicaciones al Gobierno de Castilla-La Mancha y al Gobierno de España, alertando de la gravedad de estos daños, “sin que hasta la fecha se haya recibido una respuesta efectiva ni se hayan adoptado soluciones que permitan frenar esta situación”.

En este sentido abundan: “Nos causa estupor que con los medios económicos y personales que tiene la Junta de Comunidades, con un presupuesto de casi 13.000 millones, no hayan sido capaces hasta la fecha de establecer fórmulas y métodos que permitan contener la sobrepoblación de conejos a términos razonables que permitan mantener una agricultura rentable y sostenible. Resulta incomprensible que no hayan articulado mecanismos para compensar o indemnizar a los agricultores por los daños”.

También creen que el deterioro de la rentabilidad de las explotaciones está afectando al desarrollo económico local y “dificulta gravemente la fijación de población en el medio rural”, ya que en estas condiciones resulta cada vez más complicado que jóvenes agricultores puedan incorporarse al sector o desarrollar su actividad en el campo, poniendo en riesgo el relevo generacional y el futuro de la agricultura en la zona.

Asimismo, señalan que el impacto de los daños por fauna ha provocado una importante pérdida de valor de la tierra agrícola. Ponen un ejemplo: las parcelas que hace unos años alcanzaban valores medios cercanos a los 7.000 euros por hectárea han experimentado una depreciación considerable, llegando en algunos casos a superar el 50 % de pérdida de valor.

Desde la Junta de Propietarios subrayan la necesidad de garantizar la rentabilidad de las explotaciones y un nivel de vida digno para los agricultores. “No se trata de una cuestión puramente de caza o de conservación que es el enfoque que tradicionalmente se le viene dando, sino que requiere una respuesta integral ante un problema que afecta directamente al bienestar social y económico del territorio”.

No se trata de una cuestión puramente de caza o de conservación que es el enfoque que tradicionalmente se le viene dando, sino que requiere una respuesta integral ante un problema que afecta directamente al bienestar social y económico del territorio

En este sentido, representantes de las cooperativas agrícolas de Horcajo de Santiago advierten de la necesidad de que el Gobierno de Castilla-La Mancha adopte medidas eficaces y duraderas para contener la sobrepoblación de conejos y dar respuesta a un problema estructural que afecta a amplias zonas agrícolas de la región. “Si no somos capaces de garantizar que nuestros agricultores puedan desarrollar su profesión y explotar sus tierras hay un grave problema de desconexión entre las políticas y las necesidades de los ciudadanos”.

Para quienes recurren la medida, el Gobierno de García-Page “tiene la obligación” de abordar este asunto “de una forma eficaz sin cortar y pegar la misma resolución cada año con retoques cosméticos que no solucionan nada” han apostillado.

Otras localidades, dicen, han mostrado su apoyo a esta iniciativa, poniendo de manifiesto que se trata de una situación que trasciende el ámbito municipal y que requiere “soluciones coordinadas y urgentes”.

La afición a la caza de los Borbones ha dejado un rastro documental que, siglos después, resulta ser una valiosa fuente de información para los científicos. En un estudio publicado en el European Journal of Wildlife Research, el investigador independiente Juan Jiménez y Miguel Clavero, del CSIC, detallan los datos encontrados en el Asiento de Caza, un manuscrito conservado en el Palacio Real que describe meticulosamente las capturas del rey Fernando VI entre 1745 y 1755.

En esos 11 años, que incluyen la mayor parte de su reinado, el monarca abatió 38.701 animales de 62 especies diferentes, con una media de unas diez muertes cada día. Los registros muestran que el rey acudía a cazar casi el 75% de los días del año y, en las jornadas dedicadas a especies concretas, llegaba a matar una media de 37 palomas, 15 conejos, 12 codornices, cuatro gamos, dos ciervos y dos lobos.

Yo encontré este documento. Estaba buscando datos de cacerías reales antiguas y me topé con esta joya en los archivos del Palacio Real

Juan Jiménez — Investigador independiente y coautor del trabajo

“Yo encontré este documento”, relata Jiménez a elDiario.es. “Estaba buscando datos de cacerías reales antiguas, porque los biólogos naturalistas tenemos una visión muy pobre sobre la biodiversidad del pasado, y me topé con esta joya en los archivos del Palacio Real”. “La relevancia del trabajo es que podemos sacar mucha información sobre biodiversidad del pasado a partir de los registros de estas cacerías”, añade Clavero. “Y también nos muestra que el rey era un cazador que prácticamente le tiraba a todo lo que se movía”.

“Muertas a mano del rey”

El monarca cazaba en Madrid y alrededores la mayor parte del año, principalmente en El Pardo, pero también en la Casa de Campo y El Retiro. En primavera y otoño se movía a Aranjuez y El Escorial, y en cada uno de estos Sitios Reales cazaba casi cada día. “Utilizaba armas de avancarga, que son las que se cargaban por delante”, explica Jiménez. “Esto es muy trabajoso, con lo que imagino que un grupo de armeros le estaría cargando continuamente las armas”. La ayuda explicaría estas cifras impresionantes para un solo cazador que, según los documentos, eran “piezas muertas de mano del rey”. La afirmación cuadra con lo hallado en otros inventarios, como el de Carlos IV, donde se especifica lo que caza el rey y lo que cazan sus invitados, que suele ser mucho menos.

La mayoría de las piezas abatidas por Fernando VI (más del 87%) eran de caza menor: conejo europeo, perdiz roja, liebre ibérica, palomas y codornices. Los 15.021 conejos del registro constituyen casi el 40% de los individuos cazados, seguidos de liebres y perdices. “Esto suma muchísimos individuos”, subraya Clavero. “Cuando está matando palomas, principalmente en el Retiro, mata muchísimas, y las cifras de conejos también son impresionantes”. 

Esta fijación diaria de Fernando VI por apretar el gatillo era de dominio público, hasta el punto de inspirar la cultura política de la época. Tal como refleja el histórico romance valenciano “El cazador más sabio”, publicado durante su reinado, la caza era su afición más característica y servía como alegoría para educarle en labores de Estado. “Es la caza un ejercicio digno de un Rey, pues sabemos que si para el cuerpo es gusto, para el alma documento”, dice el romance.

Muchos lobos y ausencia de linces

Según el Asiento de Caza, dentro de la caza mayor, el monarca abatió 1.354 gamos, 605 jabalíes y 492 ciervos durante los 11 años registrados. En cuanto a los carnívoros, el manuscrito documenta la muerte de 555 zorros y 331 lobos, además de hacer mención a la captura de dos únicos felinos (probablemente gatos monteses). Estos datos constatan la enorme presión a la que se sometía a las especies de mayor tamaño en los Sitios Reales, con promedios diarios muy elevados en las jornadas específicas.

Llama la atención la cantidad de lobos. Cada día que va a matar lobos mata una media de dos individuos

Miguel Clavero — Investigador de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y coautor del artículo

“Llama la atención la cantidad de lobos”, dice Clavero. “Cada día que va a matar lobos mata una media de dos individuos”. Por otro lado, Juan Jiménez encuentra reveladora la total ausencia de presas como el lince ibérico. “Nos extrañó muchísimo que no hay un solo dato de lince”, observa. “Otra especie sorprendente es el corzo. No hay ni un solo corzo en todos los sitios”. Para los biólogos, esto sugiere que ambas especies escaseaban hace casi trescientos años.

Jiménez también ha encontrado un documento con los registros de las cazas de “alimañas” en el monte de El Pardo durante el siglo XVIII, que detalla los pagos sistemáticos realizados a los guardas y “zorreros” encargados de eliminar depredadores para proteger las piezas de caza del rey. El investigador describe estos documentos como la prueba de una matanza “absolutamente descomunal”, ya que ha contabilizado pagos por más de 300.000 animales abatidos en un periodo de menos de 30 años. Se cuentan por miles especies como zorros, garduñas, tejones, nutrias, hurones, turones y gatos monteses. Y tampoco aparece registrado ni un solo lince ibérico.

Miguel Clavero considera muy llamativo que no se observen desapariciones de especies (como zorros, lobos o córvidos) a pesar de la “escabechina” y la enorme presión de caza de la época. Aunque los Sitios Reales funcionaron históricamente como espacios protegidos, debido a que solo cazaba el rey y el resto del territorio circundante estaba sobreexplotado, Clavero cree que si hubieran sido los únicos refugios de conservación, muchas especies habrían desaparecido por la altísima cantidad de muertes. En su opinión, debieron existir áreas naturales adyacentes, o de más difícil acceso, que proporcionaron un flujo constante de animales y explicaría que no se extinguieran.

Los reyes más cazadores

Aunque no se han hallado registros tan amplios de otros monarcas, Juan Jiménez ha localizado en los archivos históricos datos de cacerías concretas de otros Borbones, en periodos de un solo año o un día. Estos números muestran que Fernando VI no lidera el ranking histórico de los reyes españoles más letales con la escopeta. El más activo fue su sobrino, Carlos IV, conocido popularmente como “el cazador”, que llegó a matar a 8.773 animales salvajes en un solo año, 1793, con una media de 24 piezas diarias. Le sigue en esta clasificación Alfonso XIII, quien a principios del siglo XX tenía números muy similares a los de Carlos IV y protagonizó una cacería en la madrileña Casa de Campo en 1922 donde derribó 1.003 piezas en un solo día.

El ranking de los Borbones cazadores: piezas cazadas al día (media)

3.518 al año, media basada en el total de 38.701 muertes documentadas en 11 años

Muertes registradas el 18 de noviembre de 1786. No hay datos anuales exactos registrados

Considerando los totales anuales de 1793 (8.773) y 1805 (7.356)

Según los datos anuales disponibles (entre 7.000 y 8.700)

Fernando VI

1746-1759

Carlos III

1759-1788

Carlos IV

1788-1808

Alfonso XIII

1902-1931

Fuente: Jiménez y Clavero, 2026

El ranking de los Borbones cazadores: piezas cazadas al día (media)

3.518 al año, media basada en el total de 38.701 muertes documentadas en 11 años

Muertes registradas el 18 de noviembre de 1786. No hay datos anuales exactos registrados

Considerando los totales anuales de 1793 (8.773) y 1805 (7.356)

Según los datos anuales disponibles (entre 7.000 y 8.700)

Fernando VI

1746-1759

Carlos III

1759-1788

Carlos IV

1788-1808

Alfonso XIII

1902-1931

Fuente: Jiménez y Clavero, 2026

El sucesor y hermanastro de Fernando VI, Carlos III, también fue un cazador muy activo que se echaba al monte casi a diario. Aunque no existe un cómputo anual exacto de su reinado, los archivos revelan el alcance masivo de sus jornadas: en un solo día, el 18 de noviembre de 1786, abatió 145 ciervos y gamos además de dos jabalíes, auxiliado por sus tres hijos y un batallón de unos 2.000 operarios. Frente a ellos, el promedio de algo más de 3.500 animales anuales abatidos por Fernando VI lo sitúa por debajo de sus sucesores en esta estadística, si bien la minuciosidad y antigüedad de su diario de caza es lo que ahora está ayudando a los ecólogos.

Según Jiménez, la afición de los Borbones por la caza se remonta a Luis XIV, rey de Francia, quien aconsejó a sus descendientes la práctica de la caza para combatir la hipocondría, considerada como hereditaria en su dinastía; consejo que siguió su nieto Felipe de Anjou en sus años mozos en Francia y amplió al ocupar el trono de España como Felipe V y a sus sucesores hasta Fernando VII (1808-1833), el único que interrumpió la tradición. “Después, Alfonso XII y Alfonso XIII también fueron muy cazadores”, comenta Jiménez. “El rey emérito [Juan Carlos I] también lo fue, pero parece que ya se ha perdido la tradición”.

Más allá de la anécdota histórica, los investigadores proponen en su estudio que estos archivos son piezas fundamentales para la “ecología histórica”. Conocer los pasatiempos de Fernando VI, Carlos IV o Alfonso XIII, proponen, permite reconstruir los estados ecosistémicos de hace casi tres siglos, una época previa a las grandes alteraciones provocadas en los siglos XX y XXI. “Esto produce un sesgo evidente, porque conocemos con detalle lo que cazaron algunos reyes, pero nadie tiene ni idea de lo que cazaba el pueblo llano, porque nadie lo apuntaba y también podría ser muy significativo”, advierte Jiménez. Y, a fin de cuentas —concluye—, que a una especie la persiga un rey o los ciudadanos de a pie, “a la naturaleza le da igual”.

El último ataque de un supuesto lobo en el Bajo Aragón ha agitado el avispero sobre quienes piensan que es posible convivir con esta especie y otras como el oso, y quienes piden su “extracción inmediata”, como ya he pedido públicamente la organización profesional agraria UAGA. Desde la consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón apuntan que “la zona del Bajo Aragón”, es el único lugar de la comunidad “en el que hay confirmado un ejemplar”, y añaden que ya “se han mantenido reuniones con los ganaderos para intensificar la colaboración con los APN que están sobre el terreno”.

El día 10 de febrero, un ganadero de Alcañiz encontró a un ejemplar de lobo en su explotación. Alrededor encontraba también a un total de 69 de sus animales, entre ovejas y cabras, muertos o con heridas de muerte. Según el testimonio del afectado, es la tercera vez que sufre un ataque de estas características en los últimos cinco años. Hechos que, según el responsable del sector Ovino en UAGA, José Manuel Casado, “confirman que no se trata de un hecho aislado”, así como “la presencia estable de un lobo por esa zona”. Un ejemplar que, en opinión de Casado, sería un lobo solitario, el único superviviente de un grupo de tres que se detectó hace años en el territorio.

Sobre la posibilidad o no de que el autor de los hechos sea un lobo o un ejemplar de otra especie, desde el Gobierno de Aragón, a través de Medio Ambiente, explican que en cada uno de los casos en los que “hay sospecha de un ataque de lobo se envían a analizar ejemplares muertos al Centro de La Alfranca”, donde “los veterinarios realizan la necropsia y determinan si el ataque es compatible o no con el de un lobo”. En el caso que se determine que es un ataque de lobo, añaden, los afectados “reciben compensaciones por los seguros agrarios”. Aunque el seguro agrario no es obligatorio y la compensación dependerá de los términos que estipule la póliza contratada. 

Aragón: Sin reglamento propio de compensación, pero con ayudas para invertir en la seguridad del ganado

Regiones como Castilla y León o Galicia, tienen sus propias órdenes o ayudas compensatorias adicionales para indemnizar los daños del lobo o complementar las indemnizaciones del seguro agrario desde las arcas de la comunidad. En Aragón, hasta la fecha, no existe una ley o reglamento propio y detallado dirigido explícitamente a la gestión del lobo. Lo que sí existen son incentivos públicos para que los ganaderos inviertan en medidas preventivas. 

El ejecutivo aragonés cita textualmente que reconoce que “las molestias ocasionadas por estos grandes carnívoros provocan un sobrecoste objetivo en el mantenimiento ordinario de las explotaciones ganaderas, circunstancia ésta que no parece razonable hacer recaer exclusivamente sobre los titulares de dichas explotaciones”. Así se apunta en el BOA en el que se publica la ORDEN AGA/720/2025, de 17 de junio, para la adaptación de la ganadería extensiva a los retos ambientales y a los desafíos socioterritoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

A través de esta orden, la adquisición de vallados fijos o portátiles para el ganado, pastores eléctricos, perros de raza mastín, así como localizadores GPS para ovino o caprino, rezan como actividades vinculadas a la mejora de la seguridad del ganado, que son subvencionables y de las que se pueden beneficiar los propietarios de ganado.

Daños más allá de las muertes

En la asamblea general, celebrada en diciembre de 2025 en Sariñena, la Plataforma contra el Lobo y el Oso en Aragón, un colectivo que agrupa desde hace años a ganaderos y actores rurales preocupados por la situación actual, demandaron medidas urgentes de control, reubicación o eliminación de depredadores en las áreas más afectadas, así como un apoyo institucional más decidido para preservar la ganadería extensiva como motor social y económico de la región. 

La Plataforma recuerda que los ataques de lobos —reales o atribuidos al lobo— generan costes que, en la mayoría de los casos, recaen directamente sobre los ganaderos en forma de pérdidas de cabezas de ganado y heridas, pero también de otros efectos no inmediatos, pero sí derivados, como el estrés animal, abortos e incluso abandono de explotaciones.

El lobo, una pieza clave de los ecosistemas ibéricos

El lobo ibérico (Canis lupus signatus) está contemplada como una especie patrimonio natural que cumple un papel ecológico esencial como regulador de ecosistemas, por lo que, desde el Grupo Lobo Aragón recuerdan que “no se debe de prescindir” de él y “su conservación responde a compromisos legales y científicos ampliamente respaldados”.

La presencia del lobo, tal y como apuntan los expertos en la materia, influye en el equilibrio natural mucho más de lo que parece a simple vista, por lo que “protegerlo no es solo salvar una especie, es mantener la salud de los ecosistemas que compartimos”. Y esta protección legal se vio reforzada en 2021, cuando el lobo ibérico fue incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en aplicación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Sin embargo, y tras una modificación normativa aprobada en 2025 por una decisión política respaldada por mayoría parlamentaria, motivada principalmente por el conflicto con la ganadería, el lobo salió de la Lista de Especies Protegidas. Pero “volverá a ese listado más pronto que tarde”, apuntan desde Lobo Aragón, al no estar su población en estado de conservación favorable. 

La Justicia fija límites estrictos a la caza del lobo que afectan a Aragón

Tras la modificación normativa que retiró al lobo del listado de especies protegidas en gran parte del norte, la gestión de esta especie ahora queda en manos de las comunidades autónomas. ¿Cómo afrontamos la presencia del lobo? Si la salida del lobo de la Lista parecía abrir un nuevo camino en la gestión del lobo en España, la situación ha dado un giro importante tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 12 de febrero de 2026, que establece condiciones muy estrictas para autorizar la muerte de ejemplares con el objetivo de evitar daños al ganado. La resolución confirma una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que había anulado permisos concedidos por el Gobierno cántabro para abatir lobos. 

El alto tribunal deja claro que el lobo solo puede ser sacrificado en casos excepcionales: Que no exista ninguna alternativa eficaz para evitar los daños al ganado, que se haya demostrado de forma rigurosa la existencia de esos daños, que el estado de conservación de la especie no se vea comprometido, que las extracciones sean selectivas y justificadas, no indiscriminadas. En resumen, el TS deja claro que: matar lobos no puede ser la primera opción, sino el último recurso.

Aunque la sentencia no procede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sus criterios son de aplicación en todo el territorio nacional. Esto significa que, si en Aragón se plantean recursos judiciales relacionados con la gestión del lobo o autorizaciones de control poblacional, los tribunales deberán aplicar esta doctrina. Para los ganaderos, el fallo supone que las administraciones estarán obligadas a reforzar medidas preventivas —como mastines, vallados o ayudas económicas— antes de permitir abatimientos.

El lobo en el filo entre su protección y la convivencia con la ganadería extensiva

A pesar de esta información, tras los últimos ataques, UAGA ha exigido al gobierno de Aragón que tome medidas y que ponga en marcha lo antes posible un plan de gestión para el lobo, como Cantabria, que está revisando y trabajando en uno. UAGA deja claro que el lobo es una especie “cuya expansión amenaza la viabilidad de la ganadería extensiva”, aseguran, subrayando la importancia y el peso que esta actividad económica tiene en comarcas “deprimidas” de la comunidad. 

Las discrepancias entre ganaderos, administraciones y organizaciones ambientales por la presencia del lobo ibérico (Canis lupus signatus), se hacen más profundas con la aparición de nuevos casos, como el de Alcañiz. Para las entidades agrarias y ganaderas, la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva es difícil, tanto que no llegan a un acuerdo a la hora de presentar propuestas comunes para hacer frente al problema. Mientras unos han llegado a rechazar la inclusión de especies salvajes en determinados territorios sin medidas claras de protección a las explotaciones. Otros, por el contrario, apuestan por enfoques basados en apoyo científico, compensaciones económicas y medidas preventivas que reduzcan, pero no eliminen, el riesgo de depredación.

El debate alrededor de la presencia del lobo en Aragón no es únicamente agrario o económico. Trasciende a cuestiones ambientales, sociales y territoriales. Por un lado, existe la necesidad de conservar la biodiversidad y garantizar la presencia de especies autóctonas. Y por otro, se percibe la urgencia de proteger un sector, el de la ganadería, que es una actividad tradicionalmente vertebradora en las zonas rurales, que llevan, además, décadas sufriendo despoblación, falta de relevo generacional y en los últimos años, un descenso de la rentabilidad de las explotaciones familiares. 

Encontrar un punto de equilibrio en la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva, pese a su complejidad, es un debate tan sensible como necesario para el futuro del mundo rural aragonés. Y mientras el sector ganadero reclama mayor flexibilidad para proteger sus explotaciones, y la Justicia marca un listón más alto para cualquier medida que implique eliminar ejemplares, algunos ganaderos recuerdan que “llevamos conviviendo con el lobo, desde que el mundo es mundo”. 

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Almadén ha desarrollado una investigación tras detectar graves irregularidades en una actividad cinegética desarrollada en una finca. Las actuaciones se iniciaron al sospecharse de un posible incumplimiento de los cupos de extracción autorizados para dicha jornada.

Tras las inspecciones pertinentes y el recuento de las piezas cobradas, los agentes constataron que el número de ejemplares abatidos superaba en un 48% el cupo máximo autorizado por la administración, según ha informado la Guardia Civil.

Este exceso supone una alteración significativa del plan de ordenación cinegética de la zona y un impacto directo sobre la gestión sostenible de las especies.

Aparte del exceso de capturas, la patrulla interviniente del Seprona detectó otras presuntas infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de la montería y el tratamiento de las piezas. Asimismo, se han detectado irregularidades relativas a la gestión de los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (Sandach).

La infracción supone sanciones económicas y retirada de permisos

El abandono o tratamiento incorrecto de estos restos animales no solo supone una infracción legal, sino que conlleva riesgos sanitarios para el ecosistema y el resto de la fauna silvestre.

Como resultado de la intervención, se han cursado las correspondientes denuncias por infracciones graves por vulnerar la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y la normativa vigente en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Las infracciones detectadas podrían acarrear importantes consecuencias para los responsables, con motivo de posibles sanciones económicas conforme a la gravedad de los hechos, así como la suspensión temporal de la actividad cinegética en el coto afectado.

El Seprona ha solicitado formalmente la realización de un estudio técnico de la población de las especies en la finca. El objetivo es valorar si la presión cinegética ejercida se adecua a la realidad biológica del terreno o si ha comprometido la viabilidad de la fauna local.

Dos personas han sido puestas a disposición judicial como presuntos autores de la muerte de dos ciervos sementales dentro de una granja cinegética de la provincia de Ciudad Real.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real han instruido diligencias por un supuesto delito de robo, fundamentado en que los ejemplares abatidos eran sementales criados y mantenidos en un ámbito doméstico dentro de una granja cinegética, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tratándose de animales sometidos a cuidados veterinarios específicos, alimentación y control por parte de sus propietarios, adquieren jurídicamente una consideración distinta a la de las especies en libertad, integrándose plenamente en el patrimonio de la explotación.

De esta manera, la granja cinegética ha valorado los daños en 240.000 euros. Esta cifra responde a una valoración técnica que contempla el valor cinegético de los trofeos, los gastos de mantenimiento y crianza especializada de ambos sementales y el lucro cesante derivado de la pérdida de la descendencia que estos animales debían aportar a la explotación en los años de vida productiva que tenían proyectados.

Un caso de caza furtiva “no convencional”

La Guardia civil asegura que este “no es un caso convencional” de caza furtiva sobre fauna silvestre y que la correcta resolución del caso se ha apoyado en una “ardua” labor investigadora de los agentes, que han ido recabando pruebas, testificales e indicios suficientes para llevar a determinar la implicación directa de las dos personas involucradas “sin ningún género de dudas”.

Tras la localización de los presuntos autores, se ha procedido a la intervención de varias armas de fuego de su propiedad. Dichas armas serán cotejadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con los proyectiles extraídos de los cuerpos de los sementales, con el fin de determinar científicamente su uso en la comisión del delito.

Tanto las diligencias policiales como los dos investigados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Medalla de Andalucía a la Cultura concedida al torero Morante de la Puebla por la Junta de Andalucía con motivo del 28F, que ha generado por lo pronto el rechazo de colectivos animalistas, es un nuevo guiño del Gobierno andaluz a un sector como el taurino, que no ha dejado de reivindicar (y financiar) desde la llegada de Juan Manuel Moreno (PP) a la Presidencia. Pero el de los toros no es el único colectivo mimado por el PP, que también no deja de reforzar al de los cazadores, y valga un último botón como muestra: asociaciones cinegéticas han acaparado más de un tercio de los reconocimientos que se hacen por el 28F en las provincias, un galardón que se les concede por su contribución... al medio ambiente.

Al margen de las medallas de rango andaluz, la Junta entrega su equivalente en cada provincia, que en este caso se llaman Banderas de Andalucía. En la edición de este año, se han llevado este reconocimiento al mérito medioambiental tres entidades cinegéticas en tres de las ocho provincias: El Cartucho en Cádiz, la Sociedad de Caza Lebrijana en Sevilla y la Delegación Onubense de la Federación Andaluza de Caza.

En todos los casos, el Ejecutivo andaluz pone el acento en que estas asociaciones, como el resto de las que operan en Andalucía, abogan por lo que se define como una “caza social”. De fondo, no obstante, no hay que perder de vista el hecho de que en los últimos años se vive una dura pugna por el voto rural (sobre todo con Vox), a lo que hay que unir la circunstancia –que no parece casual– de que en pocos meses habrá elecciones autonómicas en Andalucía.

Ayuda a la “conservación del medio natural”

De la Sociedad Federada de Caza El Cartucho, con sede en Barbate, se subraya por ejemplo que desarrolla una “actividad continuada de colaboración en la gestión y conservación del medio natural” en el ámbito del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate. De hecho, en 2023 se convirtió en la primera asociación de cazadores en Andalucía que en asumir la custodia de los montes públicos de un parque natural.

En cuanto a la Delegación Onubense de la Federación Andaluza de Caza, es la segunda sucursal provincial de este organismo regional en recibir este reconocimiento, después de que lo recibiese la de Granada en 2024. La Junta destaca que promueve “una caza responsable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente”, colaborando en “la gestión y conservación de la fauna silvestre, la protección de los ecosistemas y el fomento de prácticas cinegéticas que garanticen el equilibrio natural”.

Por último, en Sevilla se ha llevado la Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental la Sociedad de Caza Lebrijana, creada en 1984. En 2022 adquirió la condición de entidad colaboradora en materia de flora y fauna, “contribuyendo a la conservación y mejora de los hábitats”, ayudando a “la biodiversidad en la marisma del Guadalquivir, un ecosistema complejo con gran diversidad de ambientes y procesos”. De paso, le reconoce una actividad que “favorece la recuperación de especies como la cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa”.

Varias modalidades declaradas BIC

En la justificación de estos galardones, la Junta resalta que la caza es un aprovechamiento “fuertemente arraigado en Andalucía”. Además, defiende que, “practicada con responsabilidad”, contribuye a la conservación de la biodiversidad, “manteniendo los equilibrios naturales además de contribuir a la economía y a fijar población en el territorio”.

Desde a llegada al Gobierno andaluz en 2019 del PP liderado por Juan Manuel Moreno, los gestos de complicidad con el mundo cinegético han sido constantes. Así, en 2020 se declaró la montería como Bien de Interés Cultural (BIC) inscribiéndola en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Actividad de Interés Etnológico. De esta manera, se le reconocía “su gran arraigo, valores sociales, culturales y medioambientales”.

En 2023 se le unió como BIC la cetrería, “reconociéndola como patrimonio vivo con valores históricos y culturales y para fomentar su trasmisión generacional y conservación”. Y desde de septiembre de 2025 se ha declarado también como BIC la caza de perdiz con reclamo, siendo 2026 la primera temporada con competiciones con este nuevo estatus de protección cultural.

Bonificaciones a los cazadores e impacto económico

Los mensajes de apoyo del Ejecutivo andaluz a la caza son continuas, como las que repite la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, que reitera una y otra vez que es “una herramienta de gestión del medio natural y un elemento estructural del desarrollo rural”. “De ahí nuestro apoyo firme y sin fisuras al sector”, reitera, como que en los presupuestos autonómicos para 2026 se ha mantenido la bonificación del 30% de las tasas por expedición de licencias de caza en Andalucía, una medida orientada a facilitar la incorporación de nuevos cazadores. Los mayores de 65 años están exentos del pago, mientras que los menores de 18 años y las personas cazadoras federadas cuentan con una bonificación del 50%.

Según los datos que suele poner sobre la mesa el Gobierno de Juan Manuel Moreno, la actividad cinegética genera en Andalucía alrededor de 45.000 empleos (de los cuales 12.000 son directos) y tiene un impacto económico estimado en 3.500 millones de euros en el Producto Interior Bruto andaluz. Solo la caza menor aporta aproximadamente 200 millones de euros anuales, “contribuyendo de forma decisiva a la dinamización económica de amplias zonas rurales y a la fijación de población en municipios donde, en muchos casos, constituye uno de los principales recursos económicos”.

Según el último censo, en Andalucía hay 162.625 cazadores con licencia en vigor, de los que alrededor de 90.000 se encuentran federados. En la comunidad están registrados 7.558 cotos de caza, privados o deportivos, que abarcan el 83% del territorio andaluz y casi siete millones de hectáreas.