Amigos de la Tierra La Rioja ha denunciado falta de transparencia sobre el lobo justo ante el periodo de caza, dado que “la Consejería sólo ha facilitado información sobre daños e indemnizaciones anteriores al 2025, pero sigue sin entregar el censo regional ni el informe remitido a la Comisión Europea”.

El pasado 4 de septiembre, ha relatado Amigos de la Tierra, se abrió en La Rioja el periodo hábil de caza del lobo en rececho, dentro de la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda.

Ante esto, ha denunciado que la Administración autoriza la muerte de lobos mientras mantiene sin hacer pública información fundamental sobre la población de la especie y su evolución.

Al amparo de la Ley 27/2006, Amigos de la Tierra ha contado que solicitó, el 5 de junio de 2026, información sobre los daños ocasionados en 2025 por el lobo y las indemnizaciones abonadas, así como una copia del censo de población de lobo en La Rioja.

El 2 de marzo de 2026 solicitó también el informe remitido por el Gobierno de La Rioja a la Comisión Europea sobre el estado de conservación de la especie.

Sin embargo, ha dicho, “la Consejería sólo ha respondido a la solicitud relativa a daños e indemnizaciones, y únicamente con datos anteriores a 2025” y “el censo regional y el informe remitido a Bruselas siguen sin ser facilitados”.

Ha señalado que el único dato público disponible es el censo nacional del MITECO 2021-2024, que contabiliza cinco manadas en La Rioja, cuatro de ellas compartidas con Castilla y León.

A pesar de ello, “el Gobierno de La Rioja ha establecido un cupo de hasta seis ejemplares al año, dos por cada una de las tres comarcas de gestión del lobo”.

Ha añadido que, según lo trasladado en el Consejo Regional de Caza, “la propia Dirección General de Medio Natural y Paisaje ha reconocido que los controles poblacionales realizados con personal propio han obtenido resultados nulos”.

Para Amigos de la Tierra La Rioja, la cuestión no es determinar cuántos lobos hay para decidir cuántos pueden morir sino que “la caza de esta especie no debe utilizarse como herramienta de gestión de sus poblaciones”.

En este sentido, ha explicado que el lobo es un depredador que forma parte del funcionamiento natural de los ecosistemas, cuya población se regula de manera natural en función, entre otros factores, de la disponibilidad de alimento y de las condiciones del territorio.

Por ello, ha dicho, “la existencia de daños a la ganadería debe abordarse mediante medidas de prevención, protección y compensación, y no mediante la eliminación de ejemplares de una especie que cumple una función esencial en los ecosistemas”.

“Da igual que haya uno, diez o cien lobos: matar ejemplares no soluciona los problemas de la ganadería ni mejora la gestión de la especie”, ha aseverado.

A su juicio, no se puede hablar de gestión científica cuando se pretende justificar la muerte de ejemplares sin hacer públicos los datos fundamentales y, además, cuando la propia población del lobo dispone de mecanismos naturales de autorregulación.

Cientos de ibis eremitas que migran cada año desde Alemania hacia el norte de Italia dentro del programa de recuperación europeo LIFE-NBI estarán en el punto de mira de los cazadores por una decisión de las autoridades de la Toscana. Allí, desde septiembre estará permitida la caza indiscriminada del ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus), una especie muy parecida al ibis eremita (Geronticus eremita). Esta similitud, temen los expertos, producirá confusiones y aumentará el número de estas aves protegidas abatidas por disparos, que ya era muy alto.

“Estoy profundamente preocupado porque la caza intensiva del ibis sagrado pueda causar más pérdidas evitables en nuestra población de ibis eremita”, asegura Johannes Fritz, director de Waldrappteam, el equipo que desde hace años guía a estas aves con ultraligeros al norte de Italia y recientemente también al sur de España. “Para una población reintroducida que sigue siendo vulnerable, cualquier riesgo adicional de abatimiento representa una seria preocupación”, sostiene.

La medida, que estará en vigor desde el 20 de septiembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, permite cazar ibis sagrados sin límites diarios ni estacionales de capturas con el objetivo de erradicar a la especie. A diferencia del ibis eremita, que estuvo a punto de desaparecer, el ibis sagrado se ha asentado como especie invasora en Italia y otros países europeos y está incluido en la lista de especies exóticas preocupantes para la Unión Europea. Entre los impactos registrados por estas aves originarias del África subsahariana y de algunas zonas de Oriente Medio se encuentran la depredación de huevos y pollos de aves acuáticas autóctonas y las molestias ocasionadas en las colonias de cría.

“No cuestionamos la necesidad de gestionar la presencia del ibis sagrado”, afirma Angela Di Pumpo, responsable de la campaña contra la caza furtiva para la protección del ibis eremita en Italia. “Sin embargo, albergamos serias dudas de que un régimen de caza extendido a todo el territorio regional y sin límites en el número de capturas represente un instrumento apropiado y proporcionado para hacerlo”.

Siluetas muy parecidas

Tras desaparecer hace siglos de gran parte del continente, el ibis eremita se está recuperando en Europa gracias al proyecto LIFE de la Unión Europea. Actualmente, se trabaja para restablecer una población migratoria mediante actuaciones de conservación coordinadas en varios países, entre ellos España. Desde 2020, la asociación Waldrapp decidió abrir una nueva línea de migración y enseñar a las aves a volar hacia Barbate, en Cádiz, donde vive un grupo de unos 200 ibis eremitas, reintroducidos por un programa del Zoobotánico de Jerez y la Junta de Andalucía.

Miguel Ángel Quevedo, veterinario del Zoobotánico de Jerez que ha participado en la recuperación de esta especie, cree que Italia ha tomado una medida demasiado drástica. Aunque se distinguen en el plumaje, advierte, el ibis sagrado y el ibis eremita se pueden confundir fácilmente por su silueta. “Cuando se trata de erradicar una especie invasora el disparo lo hacen especialistas, es decir, tiradores que saben diferenciar perfectamente”, señala. “Desde mi punto de vista, esa medida estaría bien, siempre y cuando los que disparen no sean cazadores. Lo que propone Italia es que ancha es Castilla: tú te vas al campo y a disparar y matar. Y eso sí es un problema, porque puede haber personas que al atardecer no diferencien un eremita de un sagrado”.

Cuando se trata de erradicar una especie invasora el disparo lo hacen especialistas, es decir, tiradores que saben diferenciar perfectamente. Aquí no se ha hecho

Miguel Ángel Quevedo — Veterinario del Zoobotánico de Jerez que ha participado en la recuperación del ibis eremita

Chúss Fernández, responsable de Waldrappteam en España, se muestra muy preocupada por el impacto que esta media va a tener en una especie mucho más amenazada. Por ahora, señala, la presencia de ibis sagrado en España es todavía muy escasa, pero en Francia están empezando a aumentar. “Me preocupa que sea cuestión de tiempo que termine convirtiéndose en un problema aquí también y que, en un futuro no muy lejano, acabemos encontrándonos en una situación similar”, asegura.

El precedente de Lombardía

Según denuncian desde Waldrappteam, la experiencia reciente en Lombardía, en el norte de Italia, demuestra que su preocupación está muy fundada. Allí, tras el inicio de la caza intensiva del ibis sagrado en esta región en 2025, se confirmó la muerte por disparos de tres ibis eremitas en tan solo tres meses. En comparación, durante los 20 años anteriores solo se habían registrado dos casos confirmados de ibis eremitas abatidos por disparos.

Desde asociaciones como Waldrappteam Conservation and Research y WWF Italia advierten de que esta autorización de la caza de ibis sagrado podría dañar de forma irreparable la reintroducción del ibis eremita. El propio Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental de Italia (ISPRA) se opuso a la medida y advirtió expresamente de que podrían abatirse por error especies protegidas.

Más allá de este caso concreto, también me preocupa la tendencia que estamos viendo hacia políticas cada vez más favorables a la caza, tanto en Italia como en España

Chúss Fernández — Miembro del el proyecto de reintroducción del ibis eremita en España

A este hecho se añade que los disparos ilegales representan ya alrededor del 30% de las muertes de ibis eremitas registradas en Italia. En muchos de los casos documentados, las pruebas disponibles apuntan a la implicación de cazadores con licencia. “El fuerte aumento de las muertes por disparos confirmadas en Lombardía durante el periodo de caza intensiva del ibis sagrado es una advertencia que no podemos ignorar”, afirma Johannes Fritz. “Toscana autoriza ahora la caza en toda la región, sin límites de capturas y con el objetivo expreso de erradicar la especie. Debemos preguntarnos si una medida de este tipo cuenta con una base científica sólida, si es proporcionada y si resulta compatible con la protección de otras especies, entre ellas el ibis eremita, cuya población se está recuperando en Europa”.

“Más allá de este caso concreto, también me preocupa la tendencia que estamos viendo hacia políticas cada vez más favorables a la caza, tanto en Italia como en España”, añade Chúss Fernández. “Creo que deberíamos ir en la dirección de proteger y recuperar las especies y los ecosistemas y no en la de facilitar cada vez más su caza”. “A las causas de mortalidad naturales y las electrocuciones, al ibis eremita se le suma ahora el mayor riesgo de disparo, aunque sea fortuito o accidental”, se queja Miguel Ángel Quevedo. “Después del grandísimo esfuerzo que se está haciendo, esto ya es lo que faltaba”.

Ha fallecido la mujer que este martes había resultado herida mientras cazaba con su pareja en Hérmedes de Cerrato (Palencia), según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Palencia. La Guardia Civil está investigando el suceso, en el que una mujer de 56 años había resultado herida por un disparo efectuado por su pareja mientras ambos se encontraban cazando. Las primeras investigaciones policiales descartan un caso de violencia machista.

La Subdelegación del Gobierno ha informado que, a la llegada de la Guardia Civil, la víctima se encontraba grave pero consciente. La principal hipótesis apunta a un accidente de caza. No obstante, continúan practicándose las diligencias oportunas para esclarecer con exactitud las circunstancias de lo ocurrido, ha insistido la Subdelegación.

El suceso se ha producido sobre las diez y media de este martes en una zona próxima al kilómetro 5 de la carretera P-114, según la llamada de alerta recibida en el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

En la misma se informaba de que una mujer había resultado herida por un arma de fuego y se encontraba consciente y en un lugar accesible para los servicios de emergencia.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico, según recoge EFE.

La herida fue atendida inicialmente en el lugar y posteriormente trasladada en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, donde ha fallecido.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha intervenido cuatro escopetas de caza y 523 cartuchos de diverso calibre en una vivienda del barrio de El Toscal, a la que acudieron tras un aviso de que dentro de la casa había un hombre tirado en el suelo, sin poder moverse y desorientado.

Las armas se encontraban sobre una cama y sin las debidas garantías de seguridad para impedir un uso no adecuado de las mismas.

El morador de la vivienda no pudo aportar datos sobre la propiedad, documentación, permisos o licencias de las citadas escopetas debido a su desorientación, por lo que los policías las retiraron del lugar.

Los agentes locales que acudieron a este servicio habían sido alertados de que una persona se encontraba tirada en el suelo en su vivienda sin poder moverse.

Una vez en el lugar, y en coordinación con los recursos sanitarios desplazados para la atención de un hombre de 65 años, un técnico de Emergencias Sanitarias (TES) adscrito a la ambulancia les alertó que en una habitación estaban las escopetas y el armamento mencionado.

La Policía Local, a través del servicio de Intervención de Armas, ha verificado que se trata de cuatro escopetas del calibre 12 de las marcas Schilling, Grulla, Herstal y LIG.

Además, se contabilizaron y registraron todos los cartuchos que también fueron encontrados en el piso.

En unión de las pertinentes diligencias, tanto las armas largas como los cartuchos, serán entregados a los servicios especializados de la Guardia Civil.

Amigos de la Tierra La Rioja ha presentado una solicitud formal ante el Defensor del Pueblo de España para que analice el régimen cinegético vigente en la comunidad autónoma y evalúe su compatibilidad con el derecho a la propiedad privada. La organización ecologista considera preocupante que, en un territorio donde prácticamente la totalidad de la superficie está integrada en acotados de caza, cualquier propietario que rechace esta actividad en sus parcelas se vea obligado a asumir el coste de cercarlas para poder excluirlas de los cotos.

A juicio de la entidad, esta exigencia vulnera el marco constitucional: “Esta situación debe analizarse a la luz del artículo 33 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la propiedad privada, así como de los principios de igualdad y proporcionalidad. El ejercicio de este derecho no debería depender de la capacidad económica de cada propietario”, sostienen en su escrito. Por ello, han pedido a la institución que estudie la normativa riojana y valore alternativas para que los dueños puedan manifestar su oposición mediante un simple procedimiento administrativo, acompañado de la correspondiente señalización, sin que el vallado sea la única vía legal.

En su escrito de alegaciones, la asociación propone darle la vuelta al sistema actual para avanzar hacia una gestión más ordenada y respetuosa con los derechos de los titulares de los terrenos. “Debería invertirse el modelo de manera que, con carácter general, los terrenos públicos y privados queden fuera del aprovechamiento cinegético, salvo aquellos incluidos en cotos u otras figuras cinegéticas o que cuenten con un plan de gestión aprobado que ampare expresamente esta actividad”, argumentan.

Desde Amigos de la Tierra insisten en que “no es razonable” que una persona que no desee el paso de cazadores por sus tierras deba realizar un desembolso económico para hacer efectiva su voluntad. Según defienden, este cambio de paradigma permitiría delimitar con claridad las zonas habilitadas para la caza, revisar el modelo riojano y garantizar una mayor protección de la propiedad privada en el medio rural.

El Gobierno asturiano prevé retomar a partir de septiembre el programa de batidas contra el lobo para reducir los daños que causa esta especie en las ganaderías extensivas con la autorización para matar un máximo de 67 ejemplares, una cifra que considera adecuada para compatibilizar la conservación de la especie con el mantenimiento de las explotaciones.

Este programa anual de control, incluido en el II Plan de Gestión del Lobo, se aplicará sobre una población estimada de entre 412 y 460 ejemplares en el Principado y contempla actuaciones diferenciadas en ocho áreas de la región en función de los daños registrados durante 2025.

Así, según ha informado el Gobierno asturiano, la mayor muerte de lobos prevista corresponde a las zonas Centro-oriental de la región, con nueve ejemplares, y El Palo-Esva, Centro-occidental y Central, con ocho cada una, mientras que se permitirán siete en la zona Noroccidental, cuatro en la Suroccidental y cinco en la comarca de Picos de Europa, fuera del Parque Nacional.

En las áreas sin gestión específica se autorizará la eliminación de hasta 18 animales, una cifra que podría incrementarse si fuera necesario, señala el Gobierno de Asturias, principalmente entre enero y abril y entre septiembre y diciembre aunque podrán realizarse actuaciones puntuales durante el resto del año cuando haya ejemplares que causen daños reiterados.

Entre los métodos previstos figuran aguardos o recechos selectivos realizados por agentes medioambientales o personal autorizado, actuaciones de apoyo durante cacerías autorizadas de otras especies y, cuando sean necesarias, batidas coordinadas por agentes medioambientales.

Según los datos del último censo elaborado por el Principado, el lobo ocupa actualmente el 83 por ciento del territorio asturiano, con unos 8.300 kilómetros cuadrados de distribución y 50 manadas identificadas, de las que 46 son reproductoras. En 2025 se contabilizaron ataques sobre 3.893 cabezas de ganado, un 30 por ciento más que en 2021, mientras que las indemnizaciones se elevaron a 1,9 millones de euros, un 59 por ciento más que cuatro años antes. El Gobierno asturiano ha incrementado además hasta un 27% las indemnizaciones a los ganaderos por los ataques de fauna silvestre.

El Gobierno de Asturias modificó el II Plan de Gestión del Lobo de 2015 para recuperar la cobertura jurídica que permita retomar los controles poblacionales, después de la salida de la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el programa asturiano. La reforma recupera prácticamente de forma íntegra el apartado de 2015 que regulaba las extracciones y mantiene los mismos métodos: aguardos y recechos por parte de la guardería, abatimientos durante cacerías de otras especies, participación excepcional de cazadores, batidas en determinadas circunstancias y captura en vivo o retirada de camadas cuando la legislación lo permita.

El Principado justificó la modificación por el aumento de la población y del número de manadas, su expansión hacia nuevas zonas ganaderas y el incremento de los daños al ganado. El anterior programa contemplaba la muerte de 53 lobos, pero quedó suspendido tras la sentencia del Supremo cuando se habían abatido 31 ejemplares y otros 11 habían muerto por otras causas, hasta sumar 42.

El decreto fue elaborado tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el programa anual de control aprobado para 2022-2023 al estimar el recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). La revisión del decreto introdujo cambios en el artículo anulado por el alto tribunal relacionado con los métodos de control de población de lobos y también respondía a los cambios normativos ocurridos en los últimos años tras la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Así, recoge que en el programa de actuaciones de control los cupos de extracción estimados se realice a partir del análisis de los datos poblacionales recogidos, la evolución del número de los daños y la evaluación del grado de conflictividad social existente, así como de la disponibilidad de posibles presas silvestres.

Está demostrado científicamente que eliminar ejemplares de forma sistemática no reduce los conflictos con la ganadería,sino que por el contrario los incrementa. En los años en que el lobo estuvo incluido en el LESRPE y no hubo controles de población los daños al ganado disminuyeron en relación con períodos anteriores.

Por su parte, la Coordinadora Ecoloxista d' Asturies ha criticado que el Gobierno regional autorice esta “matanza” sin tener en cuenta ninguna de los centenares de alegaciones presentadas contra la revisión de dicho plan, “que ni fueron atendidas ni respondidas”.

Según este colectivo, el Ejecutivo ha remitido este jueves la documentación para el Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo que celebrará el próximo lunes, “sin tiempo para que el único representante ambiental, frente a los numerosos representantes de otras entidades, pueda estudiar suficientemente el argumentario”.

A juicio del CEA, el lobo es una especie en recuperación que estuvo a punto de extinguirse “y aunque haya aumentado su población sigue siendo una especie amenazada que requiere protección”.

Entretanto, sigue pendiente el recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional contra los artículos de la ley del desperdicio alimentario que facilitaron la vuelta a la caza del lobo, aprobado con los votos de la derecha de PP, Vox, Junts y PNV en el Congreso.

La Guardia Civil de Navarra, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a un varón por un presunto delito contra la flora y la fauna en la localidad de Lodosa por caza ilegal de aves protegidas.

La intervención tuvo lugar cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana localizó a una persona en un camino paralelo al río Ebro, detrás de las piscinas municipales, realizando una actividad de caza prohibida. Para llevar a cabo esta captura ilegal, el individuo utilizó ramitas finas de gramíneas impregnadas estratégicamente con un potente pegamento o 'liga' que originalmente está comercializado para atrapar roedores, ha informado la Guardia Civil.

En el momento en el que fue sorprendido, los agentes comprobaron que el presunto autor ya había conseguido capturar cuatro ejemplares: dos jilgueros (Carduelis carduelis) y dos verdecillos (Serinus serinus), que se encontraban encerrados en el interior de una bolsa deportiva tipo mochila. Para garantizar su supervivencia y con la menor manipulación posible, las aves fueron trasladadas de urgencia al Centro de Recuperación de fauna del Gobierno de Navarra en Ilundáin.

Pese a la minuciosa limpieza llevada a cabo por el personal especializado, el elevado estrés y las lesiones provocadas por el adhesivo causaron la muerte de los dos jilgueros durante las primeras horas, mientras que los verdecillos evolucionaron de manera favorable y pudieron ser liberados 48 horas después.

Según ha detallado la Guardia Civil, la utilización de pegamento o 'liga' es un método de caza no selectivo, indiscriminado y de un altísimo impacto ecológico que se encuentra expresamente prohibido por la normativa tanto española como europea. Esta práctica, ha añadido, supone someter a las aves a una crueldad extrema, ya que el pegamento destruye inmediatamente su capacidad de vuelo y aislamiento térmico, además de provocar severos traumatismos, desgarros e incluso la muerte por asfixia si el adhesivo les obstruye las fosas nasales.

La captura de estas especies de aves fringílidas cuenta con una protección especial, estando su caza prohibida y suspendida definitivamente toda autorización desde principios de 2017 para cumplir con la Directiva 2009/147/CE de conservación de aves silvestres.

Las diligencias han sido remitidas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella. El investigado se podría enfrentar a responsabilidades tipificadas en el artículo 336 del Código Penal, que castiga el uso de artes destructivas o no selectivas con penas que van desde los cuatro meses hasta los dos años de prisión, o multas de ocho a veinticuatro meses, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por un periodo de uno a tres años.

El diputado de Vox apellidado Figaredo, de cuyo nombre ni me acuerdo ni falta que me hace, con motivo de la entrada de personas en Ceuta, dijo que “a los inmigrantes había que cazarlos a todos uno a uno”. Cuando un diputado pronuncia la expresión “cazar inmigrantes”, no está describiendo una política pública, está dando cuenta de un modo de entender la política, de un estado de conciencia, de un sentir y de una intencionalidad muy precisas. La palabra 'caza' —esa vieja conocida del campo semántico de la violencia— irrumpe en el debate público como un invitado especial que se sienta en primera fila y exige protagonismo.

La metáfora, por supuesto, no es casual, y menos viniendo de quien la dice. En política, las palabras nunca son banales, tienen una intencionalidad del autor que las dota de un significado preciso del que quizá carecen en el uso común. 'Cazar' no es gestionar, ni regular, ni siquiera controlar la inmigración en Ceuta o en cualquier otro lugar. 'Cazar' es una metáfora bélica del campo semántico de la agresión; significa perseguir, abatir, hostigar, importunar, pescar (también utilizado por el diputado), aprisionar, atrapar o reducir una presa. Y ahí está el truco o la aviesa intención: basta con deslizar el término (cazar inmigrantes uno a uno) para que el imaginario colectivo se active. De pronto, los individuos dejan de ser personas y pasan a ser piezas móviles en un escenario de montería, que el señor Figareredo, de gobernar, llevaría a cobo como montería institucional.

El lenguaje no es algo baladí, sirve para encuadrar la realidad. La estrategia es conocida y se llama framing político. Consiste en elegir palabras que no describen denotativamente la realidad, sino que la reconfiguran. En este caso, con un solo golpe de voz, la inmigración deja de ser un fenómeno social, económico o humanitario para convertirse en un problema de seguridad, en una piara de jabalíes sueltos. Y, claro, si hay un problema de seguridad, ¿qué mejor que un Estado cazador, siempre alerta, siempre armado de metáforas contundentes? Se trata de, si no es posible ahuyentarlo, de matar al jabalí, de cobrarse las piezas una a una, como afirmaba en su discurso el diputado Figaredo.

Evidentemente el sujeto que emplea esta forma de hablar tan expresiva, incluso tan apelativa, y tan poco denotativa, no está informando, está performando, es decir, está creando un clima y construyendo un relato donde él aparece como guardián de la frontera y donde el inmigrante se convierte en amenaza difusa. Es una forma eficaz de polarizar, de encender los sentimientos más bajos de la masa acrítica y, por supuesto, sin la voluntad de solucionar nada.

La ironía suele ser inevitable. Resulta curioso —y aquí la ironía se impone sola— que quienes hablan de “caza” suelen ser los mismos que luego reivindican la serenidad del debate y echan las culpas a otros (el tal Figaredo siempre se las echará a Sánchez). Quienes vemos la realidad y oímos estas cosas tenemos difícil mantener la serenidad ante estas escopetas lingüísticas que se descargan ante los micrófonos. Porque, seamos francos: si el objetivo es generar titulares de una prensa engrasada, la expresión funciona. Si el objetivo es mejorar la convivencia, ya es otra historia.

Y en llegando aquí se me plantea el problema ético. Más allá del estilo, del léxico utilizado (cazar), hay un fondo que conviene no perder de vista. La metáfora de la caza deshumaniza. Y cuando alguien intencionadamente deshumaniza, abre la puerta a justificar medidas que, en un marco de derechos humanos, resultan difíciles de sostener. Y aún diría más y es que la expresión choca con el marco jurídico europeo, que obliga a tratar a toda persona migrante con dignidad, independientemente de su situación administrativa. Las instituciones, y un diputado lo es, no están para perseguir presas, sino para garantizar derechos. Confundir ambas cosas es, como mínimo, imprudente. Creo, y no soy malpensado, que el diputado Figaredo sabía lo que decía y tenía intención de decirlo así.

Mi conclusión sobre estas expresiones intencionadas y perversas es que la expresión 'cazar inmigrantes' es un ejemplo perfecto de cómo una palabra puede oscurecer más que iluminar, además de no aportar precisión, no ayudar a comprender, no mejorar el debate.

Evidentemente lo que sí genera es ruido, tensión y una épica de confrontación que algunos consideran, desgraciadamente, útil.

En ese sentido, es una metáfora eficaz… aunque no precisamente elegante. En definitiva: si el diputado pretendía elevar el nivel del debate, eligió la palabra equivocada. Si pretendía llamar la atención, lo consiguió. Y si pretendía que lo tomáramos en serio, quizá debería revisar su arsenal retórico.

En abril de 2026, se localizó el cadáver de un lince ibérico. Se encontraba en el interior de un pozo dentro de un coto de caza de la provincia de Cuenca, entre Huelves y Barajas de Melo.

“Lo encontraron los titulares del terreno cinegético y comunicaron la situación a los agentes medioambientales”, explica Alfonso Sánchez, coordinador adjunto del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. Habitualmente son estos agentes quienes se encargan del seguimiento de esta especie protegida en la comunidad autónoma, a través de la geolocalización que permiten los radiotransmisores que llevan estos animales.

“Nos presentamos en el lugar junto a una patrulla del SEPRONA. Sacamos el cuerpo y observamos que tenía un posible disparo”, relata. Una necropsia realizada en el Centro de Recuperación de Fauna de Albaladejito lo confirmó. El lince ibérico había sido abatido a tiros.

“Tras conocer la situación, comenzamos la investigación acotando los posibles sospechosos a un numero reducido ya que conocemos perfectamente la comarca y los perfiles que se ajustan a posibles cometedores de tales actos”, relata el agente medioambiental.

Fue el inicio de la Operación 'Lincu', en una investigación conjunta de los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. Ambos cuerpos tomaron declaración a distintas personas en la zona para incorporarlo al correspondiente atestado.

Las primeras gestiones permitieron localizar en un coto de caza numerosos medios prohibidos y no selectivos --cepos, lazos, jaulas trampa, sustancias venenosas y mallas-- así como cadáveres de especie protegidas. Además del lince, se hallaron después restos de gatos monteses y meloncillos, según explica la Guardia Civil.

Eliminar depredadores para favorecer la caza en el coto

Los agentes del SEPRONA encontraron similitudes en los casos de los distintos animales localizados muertos y las pesquisas les llevaron a constatar que los hechos no eran aislados, sino que formaban parte de una actividad continuada durante más de un año, cuyo objetivo sería “eliminar depredadores para favorecer las poblaciones de caza menor y obtener un mayor rendimiento económico del coto”, según el instituto armado.

La Guardia Civil detuvo después a tres personas con edades entre los 50 y 59 años por presuntos delitos de caza con medios prohibidos, además de practicar caza de especies protegidas o caza no autorizada y por un presunto delito de pertenencia a organización criminal.

Además hay otra persona de 33 años que está siendo investigada y dos personas jurídicas más investigadas vinculadas a la gestión y explotación de una finca de caza en Cuenca.

Efectivos del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca han logrado así desarticular una organización criminal dedicada presuntamente a la eliminación sistemática de depredadores silvestres.

Durante la investigación se realizaron entradas y registros en dos viviendas situadas en la finca. Allí intervinieron cinco armas de fuego, munición y documentación relacionada con los hechos.

Penas de prisión de uno a dos años

La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Cuenca y dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 1 de Tarancón (Cuenca).

Según datos ofrecidos por la Guardia Civil los investigados se enfrentan a penas de prisión de 1 a 2 años. Se aplicaría, en su caso la mitad superior del rango legal, de acuerdo al artículo 334.2 del Código Penal cuando se trata de especies en peligro de extinción. Además, se podría imponer una multa de ocho a 24 meses e inhabilitación para cazar de 2 a 4 años. A eso se sumaría la privación del derecho a portar armas de 2 a 4 años al haber utilizado un arma de fuego para matar a los animales.

Durante el primer semestre de 2026, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Ciudad Real investigó y detuvo a 22 personas por un total de 26 delitos relacionados con el medio ambiente. Algunas de las personas se vieron involucradas en varios de los citados delitos.

Casi un 31% de estos delitos (30,77%) tienen relación con el furtivismo o caza ilegal. Un total de ocho son delitos contra la fauna.

Después, los más frecuentes fueron los delitos por falsificación documental y los delitos contra los animales (abandono) con un total de cuatro delitos cada una de estas modalidades lo que se traduce en un 15,40% respectivamente.

Dos delitos por incendio forestal

Los delitos por incendio forestal y los delitos de robo tienen cifras similares con un total de dos delitos cada modalidad, lo que se traduce en un 7,69%.

Para finalizar se produjeron seis delitos más, relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente, un delito de daños, otro de usurpación de estado civil, un delito de conducción temeraria, de resistencia a agente de la autoridad y de conducción de vehículo a motor teniendo retirado el carnet, todos ellos representan individualmente un 3,84%.

Consejos para realizar buenas practicas

El SEPRONA pide evitar arrojar al suelo basuras o residuos y depositarlos en los contenedores correspondientes.

Se pide también avisar a la Guardia Civil llamando al teléfono 062 o en su caso al 112, si se advierte la presencia de vertidos ilegales. En este aspecto se recalca que hay que tener especial precaución si se trata de residuos clínicos o que requieran un tratamiento singular. “Ciertas pilas, baterías y acumuladores son productos peligrosos que necesitan especial tratamiento y reciclaje”, advierten.

Además, hay que evitar malgastar agua. “Es necesaria no sólo para el consumo humano sino también para la industria, la agricultura, la ganadería y el equilibrio de los ecosistemas. Su abundancia puntual no justifica un consumo excesivo”.

Por otro lado se pide no emitir gases contaminantes. “Las quemas innecesarias de basuras u otros productos y el excesivo uso de los automóviles y otros vehículos contribuyen a aumentar el contenido de dióxido de carbono (CO2) y otros gases contaminantes en la atmósfera, provocando el conocido 'efecto invernadero' causante del calentamiento global”. Además, abundan, “por sí mismos son nocivos para la salud”.

También se recomienda no abusar de los productos de limpieza. “Los jabones, detergentes y demás productos químicos contaminan las aguas de los ríos y los mares. Su depuración para el consumo es difícil y costosa”.

Otra de las recomendaciones pasan por evitar ruidos excesivos. Los ruidos de maquinarias, vehículos, motocicletas, música..., además de producir molestias, pueden ser causa de desequilibrios y enfermedades graves para las personas.

Se recomienda no mantener animales salvajes en cautividad, ya que, salvo que se disponga de la correspondiente autorización, la tenencia de la mayoría de estas especies está prohibida. Además, su utilización como mascotas contribuye a la extinción de numerosas especies y favorece la desaparición de la fauna autóctona, debido a los desequilibrios ecológicos que puede provocar la liberación de estos animales en el medio natural, recuerdan desde la Guardia Civil.

La protección de la fauna y la flora silvestres resulta fundamental para la conservación de la biodiversidad. Por este motivo, la caza o pesca indiscriminadas, las cortas, talas o arranque de árboles y vegetación, la captura ilegal de especies protegidas o cualquier acción que les cause molestias están prohibidas. “Estas conductas pueden dar lugar a sanciones y, en todo caso, ocasionan un grave perjuicio al patrimonio natural al contribuir a la pérdida de biodiversidad y a la extinción de especies”, advierte el instituto armado.

Prevenir los incendios forestales

También han recomendaciones para la prevención de los incendios forestales. Es algo que, dicen, exige evitar la realización de fuego fuera de los lugares habilitados y de las épocas autorizadas, especialmente durante los días de fuerte viento.

Asimismo, es imprescindible comprobar que cualquier fuego autorizado quede completamente extinguido. En caso de detectar un incendio descontrolado o encontrarse en una situación de peligro, debe avisarse de inmediato a la Guardia Civil (062), al cuerpo de seguridad competente en la zona o al servicio de emergencias 112. Si una persona se ve sorprendida por un incendio forestal, especialmente en condiciones de viento, la opción más segura consiste en refugiarse en las zonas que ya hayan sido quemadas.

El abandono de desperdicios, restos de comida, vidrios u otros residuos en el medio natural debe evitarse, ya que estos deterioran el paisaje, representan un peligro para la fauna y pueden provocar o agravar los incendios forestales.

Por otro lado, las actividades al aire libre deben desarrollarse con respeto por la naturaleza. En determinados espacios naturales, la circulación de motocicletas todoterreno, quads, bicicletas de montaña u otros vehículos, así como la práctica de deportes de riesgo, como el rafting, el parapente o el ala delta, puede estar restringida o prohibida. En cualquier caso, las actividades recreativas deben realizarse de forma que no ocasionen daños a la flora, la fauna ni al resto de los recursos naturales.

Finalmente, el uso de lugares de baño debe realizarse de forma cívica y respetuosa con el entorno. En estos espacios públicos está prohibido arrojar basura, restos de comida, latas, botellas u otros residuos, así como encender hogueras, circular con vehículos o acceder con animales cuando la normativa aplicable así lo establezca.

La Xunta de Galicia ha declarado la emergencia cinegética temporal por primera vez en toda Galicia “ante los daños ocasionados por el jabalí”. La medida entrará en vigor este viernes, 31 de julio, y se extenderá hasta el mismo día del año 2027, de forma que abarcará toda la temporada de caza 2026-2027. Este instrumento permite abatir o capturar sin límite de ejemplares jabalíes de ambos sexos, “prioritariamente hembras adultas y subadultas en todas sus edades”, según recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), que publica este jueves su activación. La declaración incluye a los Tecores y zonas libres y añade, como novedad, a las explotaciones cinegéticas comerciales de caza mayor.

Esta es la sexta vez que se recurre a este instrumento “provisional y extraordinario”, que busca “agilizar” la aplicación de medidas dirigidas al control de este especie, recuerda la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. También se aplicó en 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025. Eso sí, nunca antes sobre toda Galicia. “A pesar de la implementación de estas medidas, se han detectado un incremento en los últimos años y de forma exponencial de las afecciones ocasionadas por esta especie, principalmente a los cultivos, así como un incremento en la accidentalidad del tráfico”, asegura la Consellería. Precisamente, los motivos a los que responde esta nueva aplicación son el “análisis pormenorizado y objetivo” de cuestiones como estas.

También se ha tomado en consideración su potencial como factor de difusión y mantenimiento de la peste porcina africana, ya que, según la Xunta, elevadas poblaciones de esta especie “favorecen la dispersión de la enfermedad, dificultan su erradicación e incrementan el riesgo de que pase a ser endémica en Europa”. Todo ello ha llevado a la Consellería a considerar que las circunstancias actuales “hacían necesario” articular una declaración de este tipo para “eliminar el riesgo y reducir el tamaño de las poblaciones”. Con todo, podrá quedar suspendida antes en su conjunto o en parte del ámbito de aplicación de constatarse que desaparecen las causas que la motivaron.

Caza libre del jabalí todo el año

Durante el periodo hábil de caza -entre el 15 de agosto y el 28 de febrero de 2027-, las modalidades de caza permitidas podrán practicarse durante todos los días de la semana, con comunicación previa al Departamento Territorial de la Consellería, salvo en las zonas libres de caza. En ellas únicamente se podrán autorizar cacerías los lunes, martes, miércoles y viernes, siempre que no sean festivos. Asimismo, en terrenos de régimen cinegético especial (Tecores y explotaciones de caza mayor), podrán realizarse esperas. Las personas cazadoras deberán portar una autorización por parte del titular, que será nominativa, personal e intransferible para cada jornada. También permitirá, con carácter excepcional, el uso de medios auxiliares, tales como dispositivos de mira y detectores electrónicos de paso o presencia de animales.

La consellería permitirá igualmente la caza fuera del periodo hábil de caza, que va desde la entrada en vigor hasta el 15 de agosto y entre el 1 de marzo y 31 de julio de 2027. Lo justifica en el “riesgo sanitario asociado de transmisión de enfermedades de caracter epidemiológico con afección potencial”. En este periodo, podrá autorizarse el desencame de jabalíes, la captura en vivo y la extracción de ejemplares mediantes esperas, acechos y batidas.

Mireia Forner, 44 años, dormía en su domicilio del barrio de Vallvidrera (Barcelona) cuando, sobre las cuatro de la madrugada del sábado, una serie de disparos la despertó. “Me levanté asustada, no sabía qué pasaba”, rememora, en conversación telefónica.

Lo primero que hizo fue mirar por la ventana. Vio entonces media docena de vehículos de Agentes Rurales de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra y unas diez personas con prismáticos y armas largas. Inmediatamente, escribió al chat de vecinos del barrio.

— ¿Sabéis que están haciendo la policía y los agentes rurales a esta hora?— preguntó.

— Tenemos todo de agentes por unos pocos jabalíes— le contestó otra vecina a la que también le habían despertado los disparos.

El intento de controlar la propagación de la Peste Porcina Africana (PPA) ha llevado a la Generalitat a realizar, durante la semana pasada, al menos dos actuaciones con disparos de madrugada en barrios habitados de Barcelona situados en Collserola.

A la actuación de la madrugada del sábado en Vallvidrera se suma otra similar el martes de la semana pasada en el barrio del Rectoret, situado entre la capital catalana y el municipio de Sant Cugat, según avanzó el medio local Cugat.cat

Desde la Generalitat señalan que son “actuaciones puntuales y excepcionales” en el marco del control de la plaga. “Las actuaciones en núcleo urbano no son habituales y solo se llevan a cabo cuando una valoración técnica determina que son necesarias”, apunta una fuente oficial de los Agentes Rurales.

Según esta fuente, este tipo de actuaciones del Grupo Especial de Captura de Animales (GECA) de los Agentes Rurales son “especialmente complejas” y requieren “compatibilizar la seguridad de las personas” junto al “mínimo sufrimiento del animal” y la “eficacia de las medidas de control de la enfermedad”.

El martes de la semana pasada, tras escuchar los disparos, los vecinos del Rectoret vieron cómo los agentes habían abatido a un jabalí en medio de la vía pública, en una zona residencial y a tocar de una guardería. Tras contactar con la policía, les dijeron que las actuaciones eran para controlar la PPA y les advirtieron de que se podían repetir en las próximas noches.

Los vecinos de estas dos áreas están molestos porque en ningún momento ni la Generalitat ni el Ayuntamiento les avisaron de que se iban a realizar batidas con disparos de madrugada y alertan del peligro que supone. “Yo no estoy en contra de que actúen para contener la plaga”, abunda Forner. “Pero no cuesta nada avisar a los vecinos antes de ponerse a pegar tiros de madrugada”.

Los vecinos del Rectoret presentaron la semana pasada una instancia ante el Ayuntamiento de Sant Cugat, ante el departamento de Interior de la Generalitat y ante el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) para denunciar la actuación de los Agentes Rurales cerca de sus domicilios.

“Todas las intervenciones que puedan tener una especial incidencia sobre el tráfico o la seguridad de las personas, se comunican semanalmente al departamento de Agricultura, así como a todas las policías locales afectadas y al cuerpo de los Mossos d'Esquadra”, responden desde el Govern.

La misma fuente oficial señala que la actuación en el barrio del Rectoret respondió a “las circunstancias detectadas” durante las tareas de “vigilancia y control”. Sobre la actuación en Vallvidrera señalan que se llevó a cabo tras un aviso de la Guardia Urbana de Barcelona.

“Muchos de nosotros tenemos perros y los sacamos a pasear de noche o de madrugada”, explica Sílvia Coca, vecina del barrio del Rectoret. “No queremos vivir con miedo”. Coca explica que, además, en el caso de la batida en el Rectoret, quedaron restos de sangre y muestras biológicas de los jabalíes matados durante la redada.

Según los Agentes Rurales, en esa actuación se “aplicó correctamente” el protocolo, pero admiten que quedaron “restos de sangre” en la calzada. “Se ha puesto en conocimiento de los servicios correspondientes y se han adoptado las medidas oportunas para evitar que se repitan situaciones como esta”, remachan.

El Govern no sabe cuándo podrá reabrir el parque

Son ya cuatro meses los que lleva cerrado el Parque de Collserola por el brote de peste porcina africana detectado a finales de noviembre. Y la reapertura, por ahora, ni siquiera está en el horizonte.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, explicó el lunes en una entrevista en TV3 que no se puede decir todavía cuándo se abrirá el espacio porque, según él, el bosque “está muy dejado” y eso complica el rastreo de jabalíes.

“La situación está más descontrolada de lo que pensábamos”, admitió Ordeig, antes de reconocer que los censos previos de jabalíes se habían “quedado cortos”, sobre todo en las zonas más boscosas.

La mayoría de vecinos de estos barrios de montaña de Barcelona coinciden en que el control de la población de jabalíes está lejos de ser una realidad. Y todos aseguran que sigue siendo habitual ver manadas de estos animales cerca de las basuras y, durante las últimas semanas, acompañados de cachorros.

Según Ordeig, la mitad de las zonas cerradas ya están libres de jabalíes, pero en el resto cuesta mucho avanzar. El conseller pidió no “echar por tierra” todo el trabajo hecho hasta ahora y recordó que los plazos los marcan los técnicos y los científicos, por lo que de momento no se pueden flexibilizar las medidas.

Hace unas semanas, el Govern ya había avanzado que las restricciones se alargarían todo el verano a pesar de las protestas de los vecinos, restaurantes y comercios de la zona para flexibilizar las medidas de control y permitir más afluencia al espacio natural.

El conseller también constató que algunas personas se han saltado las restricciones y que el Govern ya ha impuesto varias sanciones, aunque no precisó su número ni gravedad.

La Junta de Castilla y León va a estudiar la posible autorización de silenciadores o moderadores de sonido en determinadas modalidades, circunstancias y actuaciones de control poblacional, una reivindicación del sector cinegéntico. En España actualmente está prohibida la compra y venta de silenciadores para los civiles, aunque estos tengan una licencia de armas. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha garantizado que se regulará “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos.

Así lo ha anunciado durante su comparecencia de inicio de legislatura este jueves, en la que ha prometido una gestión “libre de ataduras ideológicas” y en la que tanto consejero como el portavoz socialista han coincidido en llamarse personas “normales”. “El medio natural debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las abstracciones ideológicas limitantes”, ha manifestado Joaquín Antonio Pino, que ha presidido Asaja Ávila desde 2008 y ha sido el vicepresidente autonómico entre 2021 y 2025.

El titular del área, elegido por Vox, ha cargado contra la Agenda 2030 y el acuerdo con Mercosur y se ha negado a que el medio rural sea “sometido a agendas globales distantes y perjudiciales”. También ha retratado a los agricultores y ganaderos como los “legítimos custodios” del ecosistema y ha rechazado que se contemple el medio rural como “un simple parque temático inerte, una reserva restrictiva o un museo del pasado”.

“Tenemos las competencias importantes de Medio Ambiente”

Joaquín Antonio Pino ha apostado también por desarrollar una plataforma de precintos digitales para la caza mayor cuyo uso será “voluntario y sencillo” en lugar de obligatorio. Joaquín Antonio Pino también se ha comprometido a aprovechar la reintroducción del lince ibérico para “combatir las poblaciones de conejo de monte” en espacios que sufran daños agrícolas “crónicos”.

Pino ha destacado que su área gestionará directamente “la actividad cinegética, la ordenación de la fauna silvestre, la biodiversidad y el patrimonio natural”, aunque en realidad el patrimonio natural dependerá de Medio Ambiente, consejería del Partido Popular. “Hemos asumido prácticamente todas las competencias importantes de Medio Ambiente”, ha señalado al final de la comparecencia, que espera que también se les transfieran recursos humanos, económicos y presupuestarios en consonancia.

El PSOE ofrece un Pacto Rural

El portavoz socialista, Mario Rivas, ha ofrecido al consejero trabajar en un Pacto Rural para modernizar el sector agrario, la digitalización y el relevo generacional. El socialista también ha pedido al Ejecutivo autonómico que ejecute los fondos del Plan de Recuperación en materia agraria, puesto que tiene una ejecución del 23%, una cifra que ha desmentido el consejero.

El socialista también ha reclamado una agricultura “rentable” y ha recordado que hay “problemas estructurales”. “La ganadería necesita menos discursos ideológicos y más gestión”, ha reclamado Rivas, que ha preguntado al consejero de Vox si aplicará la 'prioridad nacional' también en el medio rural, teniendo en cuenta la importancia de los migrantes en el medio rural. “En el campo esas ofertas de empleo requieren de profesionales cualificados, y en la mayoría de los casos son esos migrantes, que llegan aportando mucho a nuestro territorio”, ha reiterado Rivas.

“No estamos en contra de la inmigración, pero de una inmigración regulada, como cuando aquí ha habido que emigrar: la gente iba con un contrato de trabajo y sabía que si la mangaba iba de vuelta para casa”, ha replicado Joaquín Antonio Pino.

El consejero ha acusado a la procuradora leonesista, Rosa María Quintanilla, de recurrir al “victimismo” después de ella pusiera el foco en la situación de la Región Leonesa. “Es sensato que reclamemos el impulso de medidas que discriminen en positivo a la Región leonesa”, ha insistido Quintanilla, que ha apostado por soluciones específicas para cada territorio.

Menos impuestos y a favor del silencio positivo

Joaquín Antonio Pino ha anunciado su intención de reducir burocracia y suprimir algunas tasas, como las de la industria alimentaria que gravan la actividad ordinaria, las inspecciones y las autorizaciones de las industrias alimentarias radicadas en Castilla y León. Así, ha garantizado que en la próxima legilsatura se bonificarán los intereses de las líneas de préstamos preferentes avalados por la Junta para la incorporación de los jóvenes en la actividad agraria.

Además, el titular de Agricultura -con competencias en materia ambiental- quiere incorporar el silencio administrativo positivo en algunos procedimientos de evaluación ambiental. “No se trata de rebajar las garantías ambientales ni de sustituir el rigor técnico exigible, sino de reforzar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la responsabilidad administrativa. Un proyecto que cumple todos los requisitos legales no puede quedar paralizado indefinidamente por retrasos burocráticos ajenos al promotor”, ha agregado Pino, quien ha apostado por que la Administración no sea “un obstáculo permanente para la inversión, el empleo y el desarrollo económico”.

Joaquín Antonio Pino se ha comprometido a aplicar de forma generalizada la declaración responsable en el campo “siempre que el ordenamiento jurídico lo permita” y evitarán las duplicidades documentales y reducirán la carga burocrática en los procedimientos, convocatorias, bases reguladoras y órdenes. El consejero solo ha dado un ejemplo concreto de estas declaraciones responsables, que se aplicarán a los artesanos alimentarios.

Equipo Veterinario de Emergencias

Pino ha apostado por crear un equipo veterinario de emergencia que pueda desplazarse de manera inmediata “a cualquier punto de la Comunidad” para apoyar a los servicios ordinarios ante brotes, alertas o situaciones complejas. El consejero de Agricultura, veterinario, ha prometido una nueva Orden de Trazabilidad y Registro de Animales Terrestres antes de que termine el año, con lo que se espera “reducir drásticamente las obligaciones burocráticas”. También ha informado de que la Consejería ha declarado 19 focos de la enfermedad de Newcastle, que se ha extendido a una granja de aves de Gomezserracín (Segovia) y que afecta ya a más de 1,4 millones de aves.

Concentración parcelaria y Ley Agraria

El consejero se ha comprometido a declarar 150.000 nuevas hectáreas de Utilidad Pública y a promover las concentraciones parcelarias supramunicipales, lo que permitirá recortar los plazos administrativos con un solo Estudio Técnico Previo, un Plan de Mejoras Territoriales y un Estudio de Impacto Ambiental.

También se han propuesto modificar de manera “profunda” la Ley Agraria para “simplificar radicalmente su tramitación administrativa y eliminar trabas burocráticas”. El Ejecutivo autonómico se ha propuesto sufragar algunos de los costes técnicos, tropográficos y de redacción de protectos de los promotores privados de la concentración parcelaria.

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito contra la fauna y la flora por colocar lazos ilegales para capturar animales en una finca de la comarca cacereña de la Sierra de Montánchez, un método de caza masivo y no selectivo prohibido por la normativa vigente.

La investigación comenzó después de que agentes del instituto armado localizaran varios lazos fabricados artesanalmente con alambre, instalados en pasos abiertos previamente en el vallado de la finca para facilitar el tránsito de los animales y su posterior captura.

Según ha informado la Guardia Civil, estos dispositivos consistían en un cable con un nudo corredizo sin freno o tope que se cerraba al paso del animal, atrapándolo por el cuello, el cuerpo o alguna extremidad.

Los agentes destacan que este tipo de trampas constituye un método que puede afectar indistintamente a especies cinegéticas, fauna protegida e incluso animales domésticos, “provocándoles graves lesiones o la muerte”.

Durante las pesquisas, los guardias civiles sorprendieron al investigado mientras manipulaba los lazos instalados en la finca y comprobaron que carecía de la autorización exigida por la Dirección General de Caza para emplear métodos extraordinarios de control de especies.

Asimismo, verificaron que el investigado no estaba habilitado como especialista en control de depredadores, requisito necesario para utilizar determinados sistemas excepcionales de captura autorizados por la normativa autonómica.

Con las pruebas obtenidas, la Guardia Civil instruyó diligencias por un presunto delito contra la fauna y la flora al considerar que el investigado empleó artes prohibidas para la captura de animales y lo puso a disposición de la autoridad judicial competente.

El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado una actualización del baremo de indemnizaciones por los daños que provoca la fauna silvestre en explotaciones agrícolas y ganaderas, una medida que llega en pleno debate sobre la gestión del lobo y con la intención declarada del Ejecutivo asturiano de retomar la muerte de los cánidos a partir del mes de septiembre.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha revisado el sistema de compensaciones con el objetivo de mejorar la valoración económica de los daños sufridos por agricultores y ganaderos y subirá hasta el 27% las indemnizaciones el ganado bovino, ha informado el Gobierno de coalición de PSOE e IU/Convocatoria por Asturias.

Según el gobierno asturiano el nuevo baremo incorpora incrementos en las indemnizaciones, mantiene las bonificaciones para las explotaciones que adopten medidas preventivas frente a los ataques y concreta diversos criterios técnicos para agilizar y homogeneizar la tramitación de los expedientes.

En el caso del ganado bovino se han incrementado los valores de referencia entre el 2% y el 27%, en función del sexo, edad y morfotipo productivo. Y se incluye una nueva categoría en terneros de 0 a 6 meses de morfotipo lácteo. En el caso del ovino y caprino, se revisan los grupos de edad para adaptarlos a los sistemas de identificación obligatoria. Por su parte, en el del porcino se incluyen ajustes de valoración ligados a la evolución del mercado, informa el Ejecutivo.

La actualización del baremo se produce en un momento de especial tensión en torno a la gestión del lobo en Asturias. El pasado mes de junio el Gobierno del Principado aprobó la modificación del II Plan de Gestión del Lobo, con la intención de volver a matar lobos a partir de septiembre. Una decisión contestada y recurrida por varias organizaciones ecologistas asturianas.

El anterior programa fue anulado por el Tribunal Supremo y contemplaba la muerte de 53 lobos, de los que llegaron a abatirse 31, mientras que otros 13 aparecieron muertos, lo que supuso una afección del 83%, según datos del gobierno autonómico.

Según el Gobierno de Asturias la población de lobos ha aumentado un 11% de la población de lobos, alcanzando las 50 manadas, de las cuales 46 son reproductoras. Unos datos que las organizaciones ecologistas creen hinchados para justificar volver a matar lobos y que tachan de “ilegales”.

Los ecologistas recalcan que el lobo es una especie en recuperación, que estuvo a punto de extinguirse y aunque haya aumentado su población sigue siendo una especie amenazada que requiere protección. Desde la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies reclaman medidas de gestión que atiendan al bienestar de la ganadería extensiva, pero también a la conservación de la biodiversidad.

Según el Principado de Asturias la actualización aprobada introduce cambios orientados a mejorar la seguridad jurídica del procedimiento mediante la clarificación de conceptos como lucro cesante, medidas preventivas y criterios de valoración técnica. También asegura eliminar “ambigüedades detectadas en la aplicación del baremo anterior y se precisan los supuestos en los que procede la aplicación de bonificaciones o su exclusión”.

Efectivos del Equipo de Protección de la Naturaleza de Toledo (Eprona) han investigado a una persona por la presunta comisión de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna, por utilizar artes prohibidas para la caza, en el marco de la 'Operación Orlaz'.

Las investigaciones se iniciaron tras la comunicación de la existencia de varios lazos instalados en un coto de caza situado en el término municipal de Orgaz, según ha informado la Guardia Civil.

Los lazos de cable de acero localizados se encontraban dispuestos para su uso, instalados en pasos por donde habitualmente discurre la fauna salvaje. Estos lazos de cable de acero, son medios no selectivos de fauna, que además de ser “tremendamente lesivos y no selectivos”, apunta el instituto armado, “son un peligro para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, pudiendo incluso atrapar y dar muerte a especies protegidas como el lince ibérico”.

En el desarrollo de la investigación se identificó a una persona como responsable de la instalación.

Colaboración de los guardas rurales

Cabe destacar que en dicha actuación ha sido fundamental la colaboración activa prestada por los guardas rurales que desempeñan funciones de guardería en el coto de caza afectado.

Las gestiones practicadas han permitido, además de la identificación del presunto autor, la retirada del medio natural de seis medios de captura prohibidos, impidiendo su utilización y evitando los daños que la captura ilegal de especies de fauna silvestre podría haber ocasionado al ecosistema de la zona afectada.

Conforme al Código Penal la persona investigada, como presunto autor de un delito de contra la fauna, se enfrenta a una pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años, así como la privación del derecho para la tenencia y porte de armas en el mismo periodo.

Del veto total a una restricción descafeinada. Europa ha aprobado finalmente vetar el uso de munición de caza de plomo para evitar el vertido de 14.000 toneladas anuales de metal tóxico a la naturaleza. Pero, en el proceso, se ha sacado de la norma las balas usadas para caza mayor y se ha prolongado en varios años la moratoria para que los cazadores se acostumbren a la nueva normativa.

Más de tres años después de que la Agencia de Productos Químicos (ECHA) recomendara prohibir este material por seguridad, los países han votado a favor de la última propuesta de la Comisión Europea que salvaba la munición de más calibre y otorgaba una prórroga de cinco años (en lugar de tres) durante la que podrán seguir usándose cartuchos con perdigones de plomo. Un grupo de más de 140 científicos había contrapuesto que “los riesgos” que implica el plomo justificaba aprobar la normativa “sin moratorias ni excepciones”.

Sin embargo, las presiones del sector cinegético y de un grupo de estados de la Unión han terminado por derivar en una restricción más aguada. España, finalmente, ha votado a favor de esta versión, según confirman fuentes del Ministerio de Transición Ecológica: “Responde a nuestra voluntad de compatibilizar los objetivos ambientales con la realidad de los sectores implicados, evitando efectos no deseados que puedan dificultar la aceptación y la eficacia de las medidas”.

En el seno del Ejecutivo han convivido dos posturas: por un lado, el Ministerio de Agricultura ha sostenido alargar la vida de la munición de plomo, y por el otro, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó en Bruselas que “la protección del medio ambiente no debe ralentizarse”. En Transición Ecológica afirman que hubieran “preferido una propuesta más ambiciosa, pero bloquear el acuerdo supondría renunciar a avances concretos en la reducción de la liberación de plomo en la naturaleza”.

Con todo, los cazadores, aunque parcialmente satisfechos cuando se introdujeron las modificaciones, han tratado de abortar cualquier prohibición hasta el final. Esta misma semana, cuando debía tomarse la decisión, la Federación Española de Caza exigía al Gobierno “que frene la prohibición del plomo”. En su postura insisten en que no hay “aval científico ni alternativa” al metal tóxico que termina abandonado en los ecosistemas e ingerido por la fauna.

En este esfuerzo, el sector cinegético ha rescatado estos días una orden ministerial de Estados Unidos para comparar la gestión de la administración de Donald Trump con la de la Unión Europea. Han alabado la orden 3447 —en realidad se redactó en enero pasado– diseñada para “la expansión de la caza y la pesca eliminando barreras innecesarias”, según informó la secretaría del Interior estadounidense.

Esta orden específica impide la restricción de la munición de plomo en zonas federales de protección natural, a menos que haya “una evidencia específica para cada lugar y cada especie de que el plomo produce un impacto directo en las poblaciones”. Es decir, exige un estudio particular para cada área y cada especie en esa área. En la práctica, hace imposible impedir la munición de plomo.

¿De verdad no hay alternativa?

Los argumentos de los cazadores se basan en que no existe una evidencia de los daños provocados por el tóxico plomo —a pesar del dictamen de la Agencia Europea de Productos Químicos— y que, si no pueden disparar plomo, no pueden disparar otra cosa. De hecho, la Federación de Caza hace mención a una encuesta encargada por la Federación Europea de Tiro Deportivo que indicaba que “uno de cada cuatro cazadores dejará de cazar si la prohibición del plomo se hace realidad”.

Sin embargo, la asociación europea Birdlife —que sostiene la necesidad de impedir el vertido venenoso de plomo en los ecosistemas— califica esto como “mito”. Y añade: “La munición no de plomo ya está disponible y se usa cada vez más. Alternativas como el acero y el cobre están en el mercado y algunos países como Dinamarca ya han abandonado exitosamente el plomo”.

Sobre la queja de que esas alternativas son demasiado caras —“se pone en riesgo los cotos de caza social”, dicen los cazadores—, la Agencia de Productos Químicos estimó que estas nuevas municiones podrían suponer un gasto extra de 30 euros al año para los cartuchos y 10 euros al año para el uso de balas. Para poder ponderar ese incremento, cada cazador se gasta en su actividad un promedio de 2.400 euros anuales, según ha calculado la Federación Europea de Cazadores. Con esos datos, el precio de no envenenar supondría una subida del 1,25% y 0,4% respectivamente.

La asociación de defensa de la naturaleza WWF ha pedido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que retire el Plan de acción frente a la sobrepoblación del conejo de monte, puesto en marcha para intentar atajar los daños que esta especie causa en la agricultura, “por tratar a la especie exclusivamente como un problema para la agricultura e ignorar la realidad científica de su declive en gran parte de la región y de toda la Península Ibérica”.

En un comunicado, la organización afirma que existe “un grave retroceso poblacional que está poniendo en peligro su vital papel ecológico y su relevancia para la gestión cinegética como principal pieza de caza menor”.

Así, consideran que el plan de acción presentado por la Junta aborda un problema real, como son los daños agrícolas en determinadas zonas, pero lo hace desde una perspectiva parcial centrada exclusivamente en el control de la población.

WWF recuerda que el conejo de monte presenta una paradójica doble cara que debe ser reconocida por cualquier instrumento de gestión de la especie: aunque es abundante en ciertas áreas agrícolas donde se concentran los daños, al mismo tiempo es una especie en declive en gran parte del territorio ibérico, una realidad que llevó a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (la entidad científica de referencia a nivel mundial) a declararlo ‘En Peligro’, presentando un grado de amenaza mayor que el del lince ibérico.

“Al abrir la puerta a la caza intensiva y generalizada del conejo de monte sin delimitar claramente las zonas de alta densidad con daños, este plan de acción de la Junta agravará el declive de la especie en los lugares donde escasea, lo que tendría un impacto para la biodiversidad y para especies muy amenazadas que dependen del del conejo”, ha declarado Laura Moreno, responsable del programa de biodiversidad de WWF España. 

La organización subraya que Castilla-La Mancha ha participado en iniciativas pioneras para abordar esta problemática desde un enfoque equilibrado, como el Grupo Operativo PreveCO, centrado en la prevención de daños agrícolas, y el proyecto LIFE Iberconejo, liderado por WWF y desarrollado con la participación de los sectores científico, cinegético, agrario y de las administraciones públicas.

Proyecto LIFE Iberconejo

Asegura que gracias al proyecto LIFE Iberconejo, en la actualidad “contamos con información sin precedentes sobre la distribución y la densidad del conejo de monte en la Península Ibérica. El censo elaborado en el marco del proyecto muestra que la especie ha desaparecido prácticamente del 45 % del territorio ibérico, está retrocediendo en otro 45 % y solo crece en el 10 % restante, que es precisamente donde se concentran los daños”.

Para WWF, estos datos muestran la necesidad de avanzar hacia un verdadero plan de conservación y gestión integral del conejo de monte en Castilla-La Mancha, con una zonificación basada en datos científicos y actualizados que diferencie entre zonas de alta densidad con daños documentados, zonas de densidad media y zonas de baja densidad donde deben aplicarse medidas para fomentar y recuperar las poblaciones.

WWF reclama que las actuaciones de control se vinculen siempre a medidas preventivas con eficacia demostrada, como vallados, protectores individuales o repelentes, así como al fomento de la depredación natural mediante posaderos para rapaces, el mantenimiento de linderos y la prohibición del control de depredadores en zonas con daños. Cuando no existan otras alternativas, se debe dar prioridad a la captura en vivo de los animales para su traslado a zonas con baja densidad, con protocolos sanitarios claros y un seguimiento posterior. Para WWF, es fundamental que las acciones preventivas y de control lleven asociado un seguimiento permanente que permita contar con datos objetivos sobre su efectividad.

Medidas de recuperación

Del mismo modo, la organización considera imprescindible y urgente impulsar medidas de recuperación del conejo en los lugares donde ha desaparecido o escasea, como la mejora del hábitat y la creación de vivares, reforzando la labor de las fincas o cotos de caza y de los programas de conservación de especies amenazadas (como el águila imperial ibérica y el lince ibérico).

De cara a la elaboración del nuevo Plan del conejo de monte de Castilla-La Mancha, WWF reclama a la Junta que recupere un enfoque basado en la ciencia, la participación pública y el diálogo entre todos los sectores implicados. En este sentido, la organización reclama a la Junta que las mesas constituidas para alcanzar acuerdos sobre el conejo —tanto la Mesa Regional como las provinciales— no se centren únicamente en el conflicto con la agricultura, sino que también aborden la conservación de la especie y la recuperación de sus poblaciones para garantizar la biodiversidad y una actividad cinegética sostenible.

“Al contrario de la imagen que se traslada habitualmente, el conejo de monte es una especie en declive y clasificada como ‘en peligro’. En Castilla-La Mancha no sobran conejos, pero están repartidos de forma desigual y la especie no puede gestionarse como si fuese abundante en todas partes”, ha declarado Laura Moreno. “Si queremos que el conejo de monte no pierda su papel beneficioso y central para la biodiversidad y el medio rural, hace falta un plan equilibrado para la especie, basado en la ciencia, el diálogo y con una visión integral de todas las poblaciones y problemáticas, muy diferente al que se ha planteado”, ha señalado.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos (PP), ha participado este sábado en el Día del Cazador (20 de junio), el Pescador y el Mundo Rural, que se celebra en el municipio de Valdáliga, los días 19 y 20 de junio, trasladando el apoyo del Gobierno de Cantabria a esta cita que alcanza su cuarta edición.

Durante su visita, Susinos ha destacado que este evento es “fundamental para acercar a las nuevas generaciones al medio natural y a las tradiciones rurales”, y ha subrayado también el papel del sector cinegético y del conjunto del mundo rural “como motor económico, social y de conservación del territorio”.

Susinos ha sido la responsable de llevar a cabo un homenaje a tres cazadores veteranos: Ángel Gutiérrez Cosío, Aquilino Fernández ‘Killi’ (fallecido) y Atilano González.

En este sentido, ha valorado el compromiso de cazadores, pescadores y entidades locales “con un uso sostenible” del entorno natural y con el cuidado, mantenimiento y conservación de nuestro patrimonio medioambiental.

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración entre administraciones, federaciones y colectivos para hacer posible una programación diversa que fomenta el relevo generacional, la convivencia y el conocimiento del entorno rural, en una nota de prensa similar a la enviada el día de la presentación del cartel del evento.

En líneas generales, el programa ha incluido talleres, exhibiciones de perros de rastro, muestra, pastoreo y agility, cetrería, tiro con arco y carabina, además de competiciones tradicionales y propuestas lúdicas para toda la familia. Como novedad, esta edición ha acogido un concurso de perros de rastro de ámbito norte, que ha reunido a participantes de distintas comunidades autónomas en los días previos al campeonato de España.

El evento, de carácter gratuito, ha contado también con zona gastronómica a precios populares —incluida una pulpería durante ambas jornadas—, consolidando su carácter festivo y familiar.

La consejera ha estado acompañada por el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; por el presidente de la Federación Española de Caza, Josep Escandell; el presidente de la Federación Cántabra de Caza, Ignacio Valle; el vicepresidente, Manuel Borbolla, así como el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, entre otras autoridades. 

En la presentación de la actividad, Por otro lado, el presidente de la Federación Cántabra de Caza, Ignacio Valle, dijo que esta iniciativa tuvo su origen en el acercamiento del mundo rural a los niños y jóvenes, de cara a que pudieran conocer “todo lo que este mundo tiene que aportar a la sociedad”. 

En esta misma línea se expresó, el vicepresidente de la Federación Cántabra de Caza, Manuel Borbolla González, que ha subrayado que todas las actividades están enfocadas al relevo generacional. “Buscamos que los niños conozcan el mundo rural, participen y se animen a formar parte de estas actividades”.

Finalmente, el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, ha celebrado que el municipio pueda acoger un año más este evento, fruto de “una colaboración muy buena” que tiene “mucho éxito” porque todas las partes implicadas están “coordinadas y con un objetivo común”. 

La consejera ha estado acompañada por el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; por el presidente de la Federación Española de Caza, Josep Escandell; el presidente de la Federación Cántabra de Caza, Ignacio Valle; el vicepresidente, Manuel Borbolla, así como el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, entre otras autoridades. 

Ecologistas en Acción de Ciudad y Toledo han solicitado la ampliación del plazo de información pública sobre el proyecto de construcción de un aeródromo de lujo destinado a jets privados que permita trasladar cazadores de alto nivel adquisitivo hasta la finca Dehesa de El Molinillo, en Retuerta de Bullaque (Ciudad Real).

Hoy terminaba el plazo para la presentación de alegaciones, y hoy mismo la Consejería de Fomento les ha comunicado que se amplía hasta el 26 de junio.

Ecologistas en Acción había detectado fallos en el tablón de anuncios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en cuanto a la disposición de la documentación. De hecho es imposible acceder a más información, a través de un enlace que no está operativo, y que ha difundido la Dirección General de Transportes y Movilidad. “Eso provoca indefensión de quienes puedan estar interesados en alegar”, subraya la organización que ya ha presentado sus propias alegaciones.

Reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha una declaración de impacto ambiental negativa, aduciendo numerosas razones que determinan, en su opinión, lo “incompatible” del proyecto.

“El estudio de impacto ambiental (EsIA en adelante) carece de la información mínima requerida en el procedimiento de evaluación ambiental para determinar adecuadamente y con fundamento los impactos ambientales que la ejecución del proyecto supondría”, señalan.

Nortia Agricultural, S.A, propiedad del empresario Manuel Lao, es la promotora de un proyecto que prevé instalar una pista asfaltada de 1.900 metros de longitud y 30 metros de anchura, acompañada de una franja de seguridad de 2.020 metros de largo y 150 de ancho, además de zonas de seguridad en cabecera (RESA), según recoge Europa Press.

El diseño incluye igualmente una calle de rodaje, una plataforma de estacionamiento para aeronaves y un hangar de grandes dimensiones, así como un edificio de recepción para pasajeros y distintas instalaciones auxiliares necesarias para la operativa del aeródromo.

El aeródromo está dimensionado para acoger aeronaves de categoría media-alta, como el modelo Gulfstream G650, pequeños pero potentes, con precios que pueden llegar a los 75 millones de dólares. Se prevén unas 100 operaciones anuales, con una media de dos vuelos por semana, y un funcionamiento en horario diurno durante todo el año.

En la descripción del proyecto por parte de la Consejería de Fomento se explica que “se utilizará para el acceso de clientes interesados en los productos de la finca Dehesa de El Molinillo, y puntualmente, para emergencias, en horario diurno”.

Afección a la Red Natura 2000

Ecologistas en Acción dice que uno de los aspectos más “preocupantes” es que afectará a la Red Natura 2000. Sostiene que aunque la pista de aterrizaje se encuentra fuera de esa zona, estará en otra colindante y cree que las trayectorias de vuelo de aterrizaje y despegue de los jets privados se producirá en amplios recorridos en zonas estrictamente protegidas, según lo estipulado en el Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA 'Montes de Toledo'.

“Por la gravedad de las afecciones ambientales que producirían, determina la incompatibilidad de este tipo de usos privados relacionados con la aeronavegación con la designación del espacio natural protegido”, denuncia la organización conservacionista.

Después cita daños directos a la flora, al dominio público hidráulico y a diferentes hábitats de interés comunitario en unas 112 hectáreas, derivados del movimiento de tierras, de la tala de árboles centenarios de la dehesa y la implantación de los diferentes elementos de origen antrópico asociados a este tipo de infraestructuras.

En un área crítica para la reproducción de aves

Alegan que el aeródromo se ubica en la proximidad, a menos de 10 kilómetros, del límite nordeste del Parque Nacional de Cabañeros. Esta circunstancia, advierten, “perturbaría gravemente, por emisiones de ruido y afección a la fauna ornítica, las condiciones de naturalidad y la posibilidad de conservación de los valores ambientales que se pretenden conservar en tan singular espacio natural”.

También señalan su proximidad al embalse de la Torre de Abrahám. Tanto esta infraestructura como el propio parque nacional acogen grandes cantidades de aves de todo tipo y en todas las épocas del año --rapaces, acuáticas, zancudas como las grullas-- que, por sus características y comportamientos, apuntan, “supondrían un inasumible riesgo de colisión con las aeronaves en menoscabo de la seguridad de la navegación aérea”.

Por otra parte, creen que el aeródromo afecta por solapamiento áreas críticas y zonas sensibles declaradas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la conservación de especies de aves amenazadas, algunas de ellas declaradas bien “en peligro de extinción” como el buitre negro, el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el águila perdicera o el sisón, o bien con otros grados de amenaza como el milano real, el águila real, o diferentes especies de aves esteparias o de hábitos nocturnos.

En el entorno inmediato al aeródromo, a distancias inferiores a los cinco kilómetros, se establecen territorios de reproducción, invernada, paso migratorio o concentración postnupcial de todas estas especies.

Critican el cambio de modelo de explotación en la finca

La organización también se muestra muy crítica con el cambio de modelo de explotación cinegética, turística y patrimonial asociado al proyecto. “El aeródromo justifica su uso basándose en una estrategia de desarrollo de actividades cinegéticas de carácter exclusivo, dirigidas a usuarios de alto poder adquisitivo, que pretende un cambio en el modelo del negocio turístico-cinegético de la finca”, detalla Ecologistas en Acción.

En su opinión, dicho proyecto “tiene en consideración las consecuencias que este nuevo modelo de explotación puede generar sobre los recursos naturales del territorio” porque lo que se propone es un uso continuado de los recursos cinegéticos a lo largo de amplios periodos del año. “Plantea importantes dudas sobre la sostenibilidad ecológica de dicho modelo”, advierten. La caza en este aspecto requerirá de densidades excepcionalmente elevadas de especies cinegéticas, la aplicación de medidas intensivas de manejo cinegético --vallados, o alimentación suplementaria-- y el incremento de repoblaciones o aportes artificiales de fauna.

“De hecho, este modelo pondría en serio compromiso el modelo ya en funcionamiento de turismo sostenible promovido en el entorno y área de influencia del Parque Nacional a través de la firma y adhesión de Cabañeros a la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS), instrumento que promueve un modelo de desarrollo basado en la conservación del patrimonio natural y cultural, la sostenibilidad y la minimización de impactos ambientales”, sugieren.

Es “incompatible” con la Carta Europea de Turismo Sostenible

Cuestionan de igual modo que el proyecto sometido a evaluación introduce una infraestructura que favorece un modelo de utilización intensiva del territorio “incompatible” con los principios inspiradores de la Carta Europea de Turismo Sostenible, especialmente en lo relativo a la conservación de la tranquilidad ambiental, la calidad paisajística y la protección de los recursos naturales.

Para la organización, otro de los aspectos más preocupantes del proyecto es la ausencia de una evaluación rigurosa y específica del riesgo de colisión entre aeronaves y aves (bird strike), algo que afecta simultáneamente a la conservación de la fauna y a la seguridad de las operaciones aéreas, por cuanto la presencia de avifauna de gran porte es constante en el entorno.

“A pesar de tratarse de una de las variables ambientales más relevantes para este tipo de infraestructuras, el EsIA no dedica un apartado específico al análisis detallado de este riesgo, limitándose a referencias puntuales y valoraciones genéricas que carecen del nivel de profundidad exigible”.

Se remontan a los años 80 del siglo pasado al recordar cómo hubo “una inmensa movilización ciudadana en contra” y a la postre supuso la desestimación del entorno de Cabañeros para el establecimiento en su raña de un polígono de tiro de aviones de combate. Algo que “desembocó en la declaración del espacio natural de Cabañeros como Parque Natural y, por último, como Parque Nacional”, recuerdan.