Mireia Forner, 44 años, dormía en su domicilio del barrio de Vallvidrera (Barcelona) cuando, sobre las cuatro de la madrugada del sábado, una serie de disparos la despertó. “Me levanté asustada, no sabía qué pasaba”, rememora, en conversación telefónica.

Lo primero que hizo fue mirar por la ventana. Vio entonces media docena de vehículos de Agentes Rurales de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra y unas diez personas con prismáticos y armas largas. Inmediatamente, escribió al chat de vecinos del barrio.

— ¿Sabéis que están haciendo la policía y los agentes rurales a esta hora?— preguntó.

— Tenemos todo de agentes por unos pocos jabalíes— le contestó otra vecina a la que también le habían despertado los disparos.

El intento de controlar la propagación de la Peste Porcina Africana (PPA) ha llevado a la Generalitat a realizar, durante la semana pasada, al menos dos actuaciones con disparos de madrugada en barrios habitados de Barcelona situados en Collserola.

A la actuación de la madrugada del sábado en Vallvidrera se suma otra similar el martes de la semana pasada en el barrio del Rectoret, situado entre la capital catalana y el municipio de Sant Cugat, según avanzó el medio local Cugat.cat

Desde la Generalitat señalan que son “actuaciones puntuales y excepcionales” en el marco del control de la plaga. “Las actuaciones en núcleo urbano no son habituales y solo se llevan a cabo cuando una valoración técnica determina que son necesarias”, apunta una fuente oficial de los Agentes Rurales.

Según esta fuente, este tipo de actuaciones del Grupo Especial de Captura de Animales (GECA) de los Agentes Rurales son “especialmente complejas” y requieren “compatibilizar la seguridad de las personas” junto al “mínimo sufrimiento del animal” y la “eficacia de las medidas de control de la enfermedad”.

El martes de la semana pasada, tras escuchar los disparos, los vecinos del Rectoret vieron cómo los agentes habían abatido a un jabalí en medio de la vía pública, en una zona residencial y a tocar de una guardería. Tras contactar con la policía, les dijeron que las actuaciones eran para controlar la PPA y les advirtieron de que se podían repetir en las próximas noches.

Los vecinos de estas dos áreas están molestos porque en ningún momento ni la Generalitat ni el Ayuntamiento les avisaron de que se iban a realizar batidas con disparos de madrugada y alertan del peligro que supone. “Yo no estoy en contra de que actúen para contener la plaga”, abunda Forner. “Pero no cuesta nada avisar a los vecinos antes de ponerse a pegar tiros de madrugada”.

Los vecinos del Rectoret presentaron la semana pasada una instancia ante el Ayuntamiento de Sant Cugat, ante el departamento de Interior de la Generalitat y ante el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) para denunciar la actuación de los Agentes Rurales cerca de sus domicilios.

“Todas las intervenciones que puedan tener una especial incidencia sobre el tráfico o la seguridad de las personas, se comunican semanalmente al departamento de Agricultura, así como a todas las policías locales afectadas y al cuerpo de los Mossos d'Esquadra”, responden desde el Govern.

La misma fuente oficial señala que la actuación en el barrio del Rectoret respondió a “las circunstancias detectadas” durante las tareas de “vigilancia y control”. Sobre la actuación en Vallvidrera señalan que se llevó a cabo tras un aviso de la Guardia Urbana de Barcelona.

“Muchos de nosotros tenemos perros y los sacamos a pasear de noche o de madrugada”, explica Sílvia Coca, vecina del barrio del Rectoret. “No queremos vivir con miedo”. Coca explica que, además, en el caso de la batida en el Rectoret, quedaron restos de sangre y muestras biológicas de los jabalíes matados durante la redada.

Según los Agentes Rurales, en esa actuación se “aplicó correctamente” el protocolo, pero admiten que quedaron “restos de sangre” en la calzada. “Se ha puesto en conocimiento de los servicios correspondientes y se han adoptado las medidas oportunas para evitar que se repitan situaciones como esta”, remachan.

El Govern no sabe cuándo podrá reabrir el parque

Son ya cuatro meses los que lleva cerrado el Parque de Collserola por el brote de peste porcina africana detectado a finales de noviembre. Y la reapertura, por ahora, ni siquiera está en el horizonte.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, explicó el lunes en una entrevista en TV3 que no se puede decir todavía cuándo se abrirá el espacio porque, según él, el bosque “está muy dejado” y eso complica el rastreo de jabalíes.

“La situación está más descontrolada de lo que pensábamos”, admitió Ordeig, antes de reconocer que los censos previos de jabalíes se habían “quedado cortos”, sobre todo en las zonas más boscosas.

La mayoría de vecinos de estos barrios de montaña de Barcelona coinciden en que el control de la población de jabalíes está lejos de ser una realidad. Y todos aseguran que sigue siendo habitual ver manadas de estos animales cerca de las basuras y, durante las últimas semanas, acompañados de cachorros.

Según Ordeig, la mitad de las zonas cerradas ya están libres de jabalíes, pero en el resto cuesta mucho avanzar. El conseller pidió no “echar por tierra” todo el trabajo hecho hasta ahora y recordó que los plazos los marcan los técnicos y los científicos, por lo que de momento no se pueden flexibilizar las medidas.

Hace unas semanas, el Govern ya había avanzado que las restricciones se alargarían todo el verano a pesar de las protestas de los vecinos, restaurantes y comercios de la zona para flexibilizar las medidas de control y permitir más afluencia al espacio natural.

El conseller también constató que algunas personas se han saltado las restricciones y que el Govern ya ha impuesto varias sanciones, aunque no precisó su número ni gravedad.

La Junta de Castilla y León va a estudiar la posible autorización de silenciadores o moderadores de sonido en determinadas modalidades, circunstancias y actuaciones de control poblacional, una reivindicación del sector cinegéntico. En España actualmente está prohibida la compra y venta de silenciadores para los civiles, aunque estos tengan una licencia de armas. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha garantizado que se regulará “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos.

Así lo ha anunciado durante su comparecencia de inicio de legislatura este jueves, en la que ha prometido una gestión “libre de ataduras ideológicas” y en la que tanto consejero como el portavoz socialista han coincidido en llamarse personas “normales”. “El medio natural debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las abstracciones ideológicas limitantes”, ha manifestado Joaquín Antonio Pino, que ha presidido Asaja Ávila desde 2008 y ha sido el vicepresidente autonómico entre 2021 y 2025.

El titular del área, elegido por Vox, ha cargado contra la Agenda 2030 y el acuerdo con Mercosur y se ha negado a que el medio rural sea “sometido a agendas globales distantes y perjudiciales”. También ha retratado a los agricultores y ganaderos como los “legítimos custodios” del ecosistema y ha rechazado que se contemple el medio rural como “un simple parque temático inerte, una reserva restrictiva o un museo del pasado”.

“Tenemos las competencias importantes de Medio Ambiente”

Joaquín Antonio Pino ha apostado también por desarrollar una plataforma de precintos digitales para la caza mayor cuyo uso será “voluntario y sencillo” en lugar de obligatorio. Joaquín Antonio Pino también se ha comprometido a aprovechar la reintroducción del lince ibérico para “combatir las poblaciones de conejo de monte” en espacios que sufran daños agrícolas “crónicos”.

Pino ha destacado que su área gestionará directamente “la actividad cinegética, la ordenación de la fauna silvestre, la biodiversidad y el patrimonio natural”, aunque en realidad el patrimonio natural dependerá de Medio Ambiente, consejería del Partido Popular. “Hemos asumido prácticamente todas las competencias importantes de Medio Ambiente”, ha señalado al final de la comparecencia, que espera que también se les transfieran recursos humanos, económicos y presupuestarios en consonancia.

El PSOE ofrece un Pacto Rural

El portavoz socialista, Mario Rivas, ha ofrecido al consejero trabajar en un Pacto Rural para modernizar el sector agrario, la digitalización y el relevo generacional. El socialista también ha pedido al Ejecutivo autonómico que ejecute los fondos del Plan de Recuperación en materia agraria, puesto que tiene una ejecución del 23%, una cifra que ha desmentido el consejero.

El socialista también ha reclamado una agricultura “rentable” y ha recordado que hay “problemas estructurales”. “La ganadería necesita menos discursos ideológicos y más gestión”, ha reclamado Rivas, que ha preguntado al consejero de Vox si aplicará la 'prioridad nacional' también en el medio rural, teniendo en cuenta la importancia de los migrantes en el medio rural. “En el campo esas ofertas de empleo requieren de profesionales cualificados, y en la mayoría de los casos son esos migrantes, que llegan aportando mucho a nuestro territorio”, ha reiterado Rivas.

“No estamos en contra de la inmigración, pero de una inmigración regulada, como cuando aquí ha habido que emigrar: la gente iba con un contrato de trabajo y sabía que si la mangaba iba de vuelta para casa”, ha replicado Joaquín Antonio Pino.

El consejero ha acusado a la procuradora leonesista, Rosa María Quintanilla, de recurrir al “victimismo” después de ella pusiera el foco en la situación de la Región Leonesa. “Es sensato que reclamemos el impulso de medidas que discriminen en positivo a la Región leonesa”, ha insistido Quintanilla, que ha apostado por soluciones específicas para cada territorio.

Menos impuestos y a favor del silencio positivo

Joaquín Antonio Pino ha anunciado su intención de reducir burocracia y suprimir algunas tasas, como las de la industria alimentaria que gravan la actividad ordinaria, las inspecciones y las autorizaciones de las industrias alimentarias radicadas en Castilla y León. Así, ha garantizado que en la próxima legilsatura se bonificarán los intereses de las líneas de préstamos preferentes avalados por la Junta para la incorporación de los jóvenes en la actividad agraria.

Además, el titular de Agricultura -con competencias en materia ambiental- quiere incorporar el silencio administrativo positivo en algunos procedimientos de evaluación ambiental. “No se trata de rebajar las garantías ambientales ni de sustituir el rigor técnico exigible, sino de reforzar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la responsabilidad administrativa. Un proyecto que cumple todos los requisitos legales no puede quedar paralizado indefinidamente por retrasos burocráticos ajenos al promotor”, ha agregado Pino, quien ha apostado por que la Administración no sea “un obstáculo permanente para la inversión, el empleo y el desarrollo económico”.

Joaquín Antonio Pino se ha comprometido a aplicar de forma generalizada la declaración responsable en el campo “siempre que el ordenamiento jurídico lo permita” y evitarán las duplicidades documentales y reducirán la carga burocrática en los procedimientos, convocatorias, bases reguladoras y órdenes. El consejero solo ha dado un ejemplo concreto de estas declaraciones responsables, que se aplicarán a los artesanos alimentarios.

Equipo Veterinario de Emergencias

Pino ha apostado por crear un equipo veterinario de emergencia que pueda desplazarse de manera inmediata “a cualquier punto de la Comunidad” para apoyar a los servicios ordinarios ante brotes, alertas o situaciones complejas. El consejero de Agricultura, veterinario, ha prometido una nueva Orden de Trazabilidad y Registro de Animales Terrestres antes de que termine el año, con lo que se espera “reducir drásticamente las obligaciones burocráticas”. También ha informado de que la Consejería ha declarado 19 focos de la enfermedad de Newcastle, que se ha extendido a una granja de aves de Gomezserracín (Segovia) y que afecta ya a más de 1,4 millones de aves.

Concentración parcelaria y Ley Agraria

El consejero se ha comprometido a declarar 150.000 nuevas hectáreas de Utilidad Pública y a promover las concentraciones parcelarias supramunicipales, lo que permitirá recortar los plazos administrativos con un solo Estudio Técnico Previo, un Plan de Mejoras Territoriales y un Estudio de Impacto Ambiental.

También se han propuesto modificar de manera “profunda” la Ley Agraria para “simplificar radicalmente su tramitación administrativa y eliminar trabas burocráticas”. El Ejecutivo autonómico se ha propuesto sufragar algunos de los costes técnicos, tropográficos y de redacción de protectos de los promotores privados de la concentración parcelaria.

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito contra la fauna y la flora por colocar lazos ilegales para capturar animales en una finca de la comarca cacereña de la Sierra de Montánchez, un método de caza masivo y no selectivo prohibido por la normativa vigente.

La investigación comenzó después de que agentes del instituto armado localizaran varios lazos fabricados artesanalmente con alambre, instalados en pasos abiertos previamente en el vallado de la finca para facilitar el tránsito de los animales y su posterior captura.

Según ha informado la Guardia Civil, estos dispositivos consistían en un cable con un nudo corredizo sin freno o tope que se cerraba al paso del animal, atrapándolo por el cuello, el cuerpo o alguna extremidad.

Los agentes destacan que este tipo de trampas constituye un método que puede afectar indistintamente a especies cinegéticas, fauna protegida e incluso animales domésticos, “provocándoles graves lesiones o la muerte”.

Durante las pesquisas, los guardias civiles sorprendieron al investigado mientras manipulaba los lazos instalados en la finca y comprobaron que carecía de la autorización exigida por la Dirección General de Caza para emplear métodos extraordinarios de control de especies.

Asimismo, verificaron que el investigado no estaba habilitado como especialista en control de depredadores, requisito necesario para utilizar determinados sistemas excepcionales de captura autorizados por la normativa autonómica.

Con las pruebas obtenidas, la Guardia Civil instruyó diligencias por un presunto delito contra la fauna y la flora al considerar que el investigado empleó artes prohibidas para la captura de animales y lo puso a disposición de la autoridad judicial competente.

El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado una actualización del baremo de indemnizaciones por los daños que provoca la fauna silvestre en explotaciones agrícolas y ganaderas, una medida que llega en pleno debate sobre la gestión del lobo y con la intención declarada del Ejecutivo asturiano de retomar la muerte de los cánidos a partir del mes de septiembre.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha revisado el sistema de compensaciones con el objetivo de mejorar la valoración económica de los daños sufridos por agricultores y ganaderos y subirá hasta el 27% las indemnizaciones el ganado bovino, ha informado el Gobierno de coalición de PSOE e IU/Convocatoria por Asturias.

Según el gobierno asturiano el nuevo baremo incorpora incrementos en las indemnizaciones, mantiene las bonificaciones para las explotaciones que adopten medidas preventivas frente a los ataques y concreta diversos criterios técnicos para agilizar y homogeneizar la tramitación de los expedientes.

En el caso del ganado bovino se han incrementado los valores de referencia entre el 2% y el 27%, en función del sexo, edad y morfotipo productivo. Y se incluye una nueva categoría en terneros de 0 a 6 meses de morfotipo lácteo. En el caso del ovino y caprino, se revisan los grupos de edad para adaptarlos a los sistemas de identificación obligatoria. Por su parte, en el del porcino se incluyen ajustes de valoración ligados a la evolución del mercado, informa el Ejecutivo.

La actualización del baremo se produce en un momento de especial tensión en torno a la gestión del lobo en Asturias. El pasado mes de junio el Gobierno del Principado aprobó la modificación del II Plan de Gestión del Lobo, con la intención de volver a matar lobos a partir de septiembre. Una decisión contestada y recurrida por varias organizaciones ecologistas asturianas.

El anterior programa fue anulado por el Tribunal Supremo y contemplaba la muerte de 53 lobos, de los que llegaron a abatirse 31, mientras que otros 13 aparecieron muertos, lo que supuso una afección del 83%, según datos del gobierno autonómico.

Según el Gobierno de Asturias la población de lobos ha aumentado un 11% de la población de lobos, alcanzando las 50 manadas, de las cuales 46 son reproductoras. Unos datos que las organizaciones ecologistas creen hinchados para justificar volver a matar lobos y que tachan de “ilegales”.

Los ecologistas recalcan que el lobo es una especie en recuperación, que estuvo a punto de extinguirse y aunque haya aumentado su población sigue siendo una especie amenazada que requiere protección. Desde la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies reclaman medidas de gestión que atiendan al bienestar de la ganadería extensiva, pero también a la conservación de la biodiversidad.

Según el Principado de Asturias la actualización aprobada introduce cambios orientados a mejorar la seguridad jurídica del procedimiento mediante la clarificación de conceptos como lucro cesante, medidas preventivas y criterios de valoración técnica. También asegura eliminar “ambigüedades detectadas en la aplicación del baremo anterior y se precisan los supuestos en los que procede la aplicación de bonificaciones o su exclusión”.

Efectivos del Equipo de Protección de la Naturaleza de Toledo (Eprona) han investigado a una persona por la presunta comisión de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna, por utilizar artes prohibidas para la caza, en el marco de la 'Operación Orlaz'.

Las investigaciones se iniciaron tras la comunicación de la existencia de varios lazos instalados en un coto de caza situado en el término municipal de Orgaz, según ha informado la Guardia Civil.

Los lazos de cable de acero localizados se encontraban dispuestos para su uso, instalados en pasos por donde habitualmente discurre la fauna salvaje. Estos lazos de cable de acero, son medios no selectivos de fauna, que además de ser “tremendamente lesivos y no selectivos”, apunta el instituto armado, “son un peligro para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, pudiendo incluso atrapar y dar muerte a especies protegidas como el lince ibérico”.

En el desarrollo de la investigación se identificó a una persona como responsable de la instalación.

Colaboración de los guardas rurales

Cabe destacar que en dicha actuación ha sido fundamental la colaboración activa prestada por los guardas rurales que desempeñan funciones de guardería en el coto de caza afectado.

Las gestiones practicadas han permitido, además de la identificación del presunto autor, la retirada del medio natural de seis medios de captura prohibidos, impidiendo su utilización y evitando los daños que la captura ilegal de especies de fauna silvestre podría haber ocasionado al ecosistema de la zona afectada.

Conforme al Código Penal la persona investigada, como presunto autor de un delito de contra la fauna, se enfrenta a una pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años, así como la privación del derecho para la tenencia y porte de armas en el mismo periodo.

Del veto total a una restricción descafeinada. Europa ha aprobado finalmente vetar el uso de munición de caza de plomo para evitar el vertido de 14.000 toneladas anuales de metal tóxico a la naturaleza. Pero, en el proceso, se ha sacado de la norma las balas usadas para caza mayor y se ha prolongado en varios años la moratoria para que los cazadores se acostumbren a la nueva normativa.

Más de tres años después de que la Agencia de Productos Químicos (ECHA) recomendara prohibir este material por seguridad, los países han votado a favor de la última propuesta de la Comisión Europea que salvaba la munición de más calibre y otorgaba una prórroga de cinco años (en lugar de tres) durante la que podrán seguir usándose cartuchos con perdigones de plomo. Un grupo de más de 140 científicos había contrapuesto que “los riesgos” que implica el plomo justificaba aprobar la normativa “sin moratorias ni excepciones”.

Sin embargo, las presiones del sector cinegético y de un grupo de estados de la Unión han terminado por derivar en una restricción más aguada. España, finalmente, ha votado a favor de esta versión, según confirman fuentes del Ministerio de Transición Ecológica: “Responde a nuestra voluntad de compatibilizar los objetivos ambientales con la realidad de los sectores implicados, evitando efectos no deseados que puedan dificultar la aceptación y la eficacia de las medidas”.

En el seno del Ejecutivo han convivido dos posturas: por un lado, el Ministerio de Agricultura ha sostenido alargar la vida de la munición de plomo, y por el otro, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó en Bruselas que “la protección del medio ambiente no debe ralentizarse”. En Transición Ecológica afirman que hubieran “preferido una propuesta más ambiciosa, pero bloquear el acuerdo supondría renunciar a avances concretos en la reducción de la liberación de plomo en la naturaleza”.

Con todo, los cazadores, aunque parcialmente satisfechos cuando se introdujeron las modificaciones, han tratado de abortar cualquier prohibición hasta el final. Esta misma semana, cuando debía tomarse la decisión, la Federación Española de Caza exigía al Gobierno “que frene la prohibición del plomo”. En su postura insisten en que no hay “aval científico ni alternativa” al metal tóxico que termina abandonado en los ecosistemas e ingerido por la fauna.

En este esfuerzo, el sector cinegético ha rescatado estos días una orden ministerial de Estados Unidos para comparar la gestión de la administración de Donald Trump con la de la Unión Europea. Han alabado la orden 3447 —en realidad se redactó en enero pasado– diseñada para “la expansión de la caza y la pesca eliminando barreras innecesarias”, según informó la secretaría del Interior estadounidense.

Esta orden específica impide la restricción de la munición de plomo en zonas federales de protección natural, a menos que haya “una evidencia específica para cada lugar y cada especie de que el plomo produce un impacto directo en las poblaciones”. Es decir, exige un estudio particular para cada área y cada especie en esa área. En la práctica, hace imposible impedir la munición de plomo.

¿De verdad no hay alternativa?

Los argumentos de los cazadores se basan en que no existe una evidencia de los daños provocados por el tóxico plomo —a pesar del dictamen de la Agencia Europea de Productos Químicos— y que, si no pueden disparar plomo, no pueden disparar otra cosa. De hecho, la Federación de Caza hace mención a una encuesta encargada por la Federación Europea de Tiro Deportivo que indicaba que “uno de cada cuatro cazadores dejará de cazar si la prohibición del plomo se hace realidad”.

Sin embargo, la asociación europea Birdlife —que sostiene la necesidad de impedir el vertido venenoso de plomo en los ecosistemas— califica esto como “mito”. Y añade: “La munición no de plomo ya está disponible y se usa cada vez más. Alternativas como el acero y el cobre están en el mercado y algunos países como Dinamarca ya han abandonado exitosamente el plomo”.

Sobre la queja de que esas alternativas son demasiado caras —“se pone en riesgo los cotos de caza social”, dicen los cazadores—, la Agencia de Productos Químicos estimó que estas nuevas municiones podrían suponer un gasto extra de 30 euros al año para los cartuchos y 10 euros al año para el uso de balas. Para poder ponderar ese incremento, cada cazador se gasta en su actividad un promedio de 2.400 euros anuales, según ha calculado la Federación Europea de Cazadores. Con esos datos, el precio de no envenenar supondría una subida del 1,25% y 0,4% respectivamente.

La asociación de defensa de la naturaleza WWF ha pedido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que retire el Plan de acción frente a la sobrepoblación del conejo de monte, puesto en marcha para intentar atajar los daños que esta especie causa en la agricultura, “por tratar a la especie exclusivamente como un problema para la agricultura e ignorar la realidad científica de su declive en gran parte de la región y de toda la Península Ibérica”.

En un comunicado, la organización afirma que existe “un grave retroceso poblacional que está poniendo en peligro su vital papel ecológico y su relevancia para la gestión cinegética como principal pieza de caza menor”.

Así, consideran que el plan de acción presentado por la Junta aborda un problema real, como son los daños agrícolas en determinadas zonas, pero lo hace desde una perspectiva parcial centrada exclusivamente en el control de la población.

WWF recuerda que el conejo de monte presenta una paradójica doble cara que debe ser reconocida por cualquier instrumento de gestión de la especie: aunque es abundante en ciertas áreas agrícolas donde se concentran los daños, al mismo tiempo es una especie en declive en gran parte del territorio ibérico, una realidad que llevó a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (la entidad científica de referencia a nivel mundial) a declararlo ‘En Peligro’, presentando un grado de amenaza mayor que el del lince ibérico.

“Al abrir la puerta a la caza intensiva y generalizada del conejo de monte sin delimitar claramente las zonas de alta densidad con daños, este plan de acción de la Junta agravará el declive de la especie en los lugares donde escasea, lo que tendría un impacto para la biodiversidad y para especies muy amenazadas que dependen del del conejo”, ha declarado Laura Moreno, responsable del programa de biodiversidad de WWF España. 

La organización subraya que Castilla-La Mancha ha participado en iniciativas pioneras para abordar esta problemática desde un enfoque equilibrado, como el Grupo Operativo PreveCO, centrado en la prevención de daños agrícolas, y el proyecto LIFE Iberconejo, liderado por WWF y desarrollado con la participación de los sectores científico, cinegético, agrario y de las administraciones públicas.

Proyecto LIFE Iberconejo

Asegura que gracias al proyecto LIFE Iberconejo, en la actualidad “contamos con información sin precedentes sobre la distribución y la densidad del conejo de monte en la Península Ibérica. El censo elaborado en el marco del proyecto muestra que la especie ha desaparecido prácticamente del 45 % del territorio ibérico, está retrocediendo en otro 45 % y solo crece en el 10 % restante, que es precisamente donde se concentran los daños”.

Para WWF, estos datos muestran la necesidad de avanzar hacia un verdadero plan de conservación y gestión integral del conejo de monte en Castilla-La Mancha, con una zonificación basada en datos científicos y actualizados que diferencie entre zonas de alta densidad con daños documentados, zonas de densidad media y zonas de baja densidad donde deben aplicarse medidas para fomentar y recuperar las poblaciones.

WWF reclama que las actuaciones de control se vinculen siempre a medidas preventivas con eficacia demostrada, como vallados, protectores individuales o repelentes, así como al fomento de la depredación natural mediante posaderos para rapaces, el mantenimiento de linderos y la prohibición del control de depredadores en zonas con daños. Cuando no existan otras alternativas, se debe dar prioridad a la captura en vivo de los animales para su traslado a zonas con baja densidad, con protocolos sanitarios claros y un seguimiento posterior. Para WWF, es fundamental que las acciones preventivas y de control lleven asociado un seguimiento permanente que permita contar con datos objetivos sobre su efectividad.

Medidas de recuperación

Del mismo modo, la organización considera imprescindible y urgente impulsar medidas de recuperación del conejo en los lugares donde ha desaparecido o escasea, como la mejora del hábitat y la creación de vivares, reforzando la labor de las fincas o cotos de caza y de los programas de conservación de especies amenazadas (como el águila imperial ibérica y el lince ibérico).

De cara a la elaboración del nuevo Plan del conejo de monte de Castilla-La Mancha, WWF reclama a la Junta que recupere un enfoque basado en la ciencia, la participación pública y el diálogo entre todos los sectores implicados. En este sentido, la organización reclama a la Junta que las mesas constituidas para alcanzar acuerdos sobre el conejo —tanto la Mesa Regional como las provinciales— no se centren únicamente en el conflicto con la agricultura, sino que también aborden la conservación de la especie y la recuperación de sus poblaciones para garantizar la biodiversidad y una actividad cinegética sostenible.

“Al contrario de la imagen que se traslada habitualmente, el conejo de monte es una especie en declive y clasificada como ‘en peligro’. En Castilla-La Mancha no sobran conejos, pero están repartidos de forma desigual y la especie no puede gestionarse como si fuese abundante en todas partes”, ha declarado Laura Moreno. “Si queremos que el conejo de monte no pierda su papel beneficioso y central para la biodiversidad y el medio rural, hace falta un plan equilibrado para la especie, basado en la ciencia, el diálogo y con una visión integral de todas las poblaciones y problemáticas, muy diferente al que se ha planteado”, ha señalado.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos (PP), ha participado este sábado en el Día del Cazador (20 de junio), el Pescador y el Mundo Rural, que se celebra en el municipio de Valdáliga, los días 19 y 20 de junio, trasladando el apoyo del Gobierno de Cantabria a esta cita que alcanza su cuarta edición.

Durante su visita, Susinos ha destacado que este evento es “fundamental para acercar a las nuevas generaciones al medio natural y a las tradiciones rurales”, y ha subrayado también el papel del sector cinegético y del conjunto del mundo rural “como motor económico, social y de conservación del territorio”.

Susinos ha sido la responsable de llevar a cabo un homenaje a tres cazadores veteranos: Ángel Gutiérrez Cosío, Aquilino Fernández ‘Killi’ (fallecido) y Atilano González.

En este sentido, ha valorado el compromiso de cazadores, pescadores y entidades locales “con un uso sostenible” del entorno natural y con el cuidado, mantenimiento y conservación de nuestro patrimonio medioambiental.

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración entre administraciones, federaciones y colectivos para hacer posible una programación diversa que fomenta el relevo generacional, la convivencia y el conocimiento del entorno rural, en una nota de prensa similar a la enviada el día de la presentación del cartel del evento.

En líneas generales, el programa ha incluido talleres, exhibiciones de perros de rastro, muestra, pastoreo y agility, cetrería, tiro con arco y carabina, además de competiciones tradicionales y propuestas lúdicas para toda la familia. Como novedad, esta edición ha acogido un concurso de perros de rastro de ámbito norte, que ha reunido a participantes de distintas comunidades autónomas en los días previos al campeonato de España.

El evento, de carácter gratuito, ha contado también con zona gastronómica a precios populares —incluida una pulpería durante ambas jornadas—, consolidando su carácter festivo y familiar.

La consejera ha estado acompañada por el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; por el presidente de la Federación Española de Caza, Josep Escandell; el presidente de la Federación Cántabra de Caza, Ignacio Valle; el vicepresidente, Manuel Borbolla, así como el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, entre otras autoridades. 

En la presentación de la actividad, Por otro lado, el presidente de la Federación Cántabra de Caza, Ignacio Valle, dijo que esta iniciativa tuvo su origen en el acercamiento del mundo rural a los niños y jóvenes, de cara a que pudieran conocer “todo lo que este mundo tiene que aportar a la sociedad”. 

En esta misma línea se expresó, el vicepresidente de la Federación Cántabra de Caza, Manuel Borbolla González, que ha subrayado que todas las actividades están enfocadas al relevo generacional. “Buscamos que los niños conozcan el mundo rural, participen y se animen a formar parte de estas actividades”.

Finalmente, el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, ha celebrado que el municipio pueda acoger un año más este evento, fruto de “una colaboración muy buena” que tiene “mucho éxito” porque todas las partes implicadas están “coordinadas y con un objetivo común”. 

La consejera ha estado acompañada por el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; por el presidente de la Federación Española de Caza, Josep Escandell; el presidente de la Federación Cántabra de Caza, Ignacio Valle; el vicepresidente, Manuel Borbolla, así como el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, entre otras autoridades. 

Ecologistas en Acción de Ciudad y Toledo han solicitado la ampliación del plazo de información pública sobre el proyecto de construcción de un aeródromo de lujo destinado a jets privados que permita trasladar cazadores de alto nivel adquisitivo hasta la finca Dehesa de El Molinillo, en Retuerta de Bullaque (Ciudad Real).

Hoy terminaba el plazo para la presentación de alegaciones, y hoy mismo la Consejería de Fomento les ha comunicado que se amplía hasta el 26 de junio.

Ecologistas en Acción había detectado fallos en el tablón de anuncios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en cuanto a la disposición de la documentación. De hecho es imposible acceder a más información, a través de un enlace que no está operativo, y que ha difundido la Dirección General de Transportes y Movilidad. “Eso provoca indefensión de quienes puedan estar interesados en alegar”, subraya la organización que ya ha presentado sus propias alegaciones.

Reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha una declaración de impacto ambiental negativa, aduciendo numerosas razones que determinan, en su opinión, lo “incompatible” del proyecto.

“El estudio de impacto ambiental (EsIA en adelante) carece de la información mínima requerida en el procedimiento de evaluación ambiental para determinar adecuadamente y con fundamento los impactos ambientales que la ejecución del proyecto supondría”, señalan.

Nortia Agricultural, S.A, propiedad del empresario Manuel Lao, es la promotora de un proyecto que prevé instalar una pista asfaltada de 1.900 metros de longitud y 30 metros de anchura, acompañada de una franja de seguridad de 2.020 metros de largo y 150 de ancho, además de zonas de seguridad en cabecera (RESA), según recoge Europa Press.

El diseño incluye igualmente una calle de rodaje, una plataforma de estacionamiento para aeronaves y un hangar de grandes dimensiones, así como un edificio de recepción para pasajeros y distintas instalaciones auxiliares necesarias para la operativa del aeródromo.

El aeródromo está dimensionado para acoger aeronaves de categoría media-alta, como el modelo Gulfstream G650, pequeños pero potentes, con precios que pueden llegar a los 75 millones de dólares. Se prevén unas 100 operaciones anuales, con una media de dos vuelos por semana, y un funcionamiento en horario diurno durante todo el año.

En la descripción del proyecto por parte de la Consejería de Fomento se explica que “se utilizará para el acceso de clientes interesados en los productos de la finca Dehesa de El Molinillo, y puntualmente, para emergencias, en horario diurno”.

Afección a la Red Natura 2000

Ecologistas en Acción dice que uno de los aspectos más “preocupantes” es que afectará a la Red Natura 2000. Sostiene que aunque la pista de aterrizaje se encuentra fuera de esa zona, estará en otra colindante y cree que las trayectorias de vuelo de aterrizaje y despegue de los jets privados se producirá en amplios recorridos en zonas estrictamente protegidas, según lo estipulado en el Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA 'Montes de Toledo'.

“Por la gravedad de las afecciones ambientales que producirían, determina la incompatibilidad de este tipo de usos privados relacionados con la aeronavegación con la designación del espacio natural protegido”, denuncia la organización conservacionista.

Después cita daños directos a la flora, al dominio público hidráulico y a diferentes hábitats de interés comunitario en unas 112 hectáreas, derivados del movimiento de tierras, de la tala de árboles centenarios de la dehesa y la implantación de los diferentes elementos de origen antrópico asociados a este tipo de infraestructuras.

En un área crítica para la reproducción de aves

Alegan que el aeródromo se ubica en la proximidad, a menos de 10 kilómetros, del límite nordeste del Parque Nacional de Cabañeros. Esta circunstancia, advierten, “perturbaría gravemente, por emisiones de ruido y afección a la fauna ornítica, las condiciones de naturalidad y la posibilidad de conservación de los valores ambientales que se pretenden conservar en tan singular espacio natural”.

También señalan su proximidad al embalse de la Torre de Abrahám. Tanto esta infraestructura como el propio parque nacional acogen grandes cantidades de aves de todo tipo y en todas las épocas del año --rapaces, acuáticas, zancudas como las grullas-- que, por sus características y comportamientos, apuntan, “supondrían un inasumible riesgo de colisión con las aeronaves en menoscabo de la seguridad de la navegación aérea”.

Por otra parte, creen que el aeródromo afecta por solapamiento áreas críticas y zonas sensibles declaradas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la conservación de especies de aves amenazadas, algunas de ellas declaradas bien “en peligro de extinción” como el buitre negro, el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el águila perdicera o el sisón, o bien con otros grados de amenaza como el milano real, el águila real, o diferentes especies de aves esteparias o de hábitos nocturnos.

En el entorno inmediato al aeródromo, a distancias inferiores a los cinco kilómetros, se establecen territorios de reproducción, invernada, paso migratorio o concentración postnupcial de todas estas especies.

Critican el cambio de modelo de explotación en la finca

La organización también se muestra muy crítica con el cambio de modelo de explotación cinegética, turística y patrimonial asociado al proyecto. “El aeródromo justifica su uso basándose en una estrategia de desarrollo de actividades cinegéticas de carácter exclusivo, dirigidas a usuarios de alto poder adquisitivo, que pretende un cambio en el modelo del negocio turístico-cinegético de la finca”, detalla Ecologistas en Acción.

En su opinión, dicho proyecto “tiene en consideración las consecuencias que este nuevo modelo de explotación puede generar sobre los recursos naturales del territorio” porque lo que se propone es un uso continuado de los recursos cinegéticos a lo largo de amplios periodos del año. “Plantea importantes dudas sobre la sostenibilidad ecológica de dicho modelo”, advierten. La caza en este aspecto requerirá de densidades excepcionalmente elevadas de especies cinegéticas, la aplicación de medidas intensivas de manejo cinegético --vallados, o alimentación suplementaria-- y el incremento de repoblaciones o aportes artificiales de fauna.

“De hecho, este modelo pondría en serio compromiso el modelo ya en funcionamiento de turismo sostenible promovido en el entorno y área de influencia del Parque Nacional a través de la firma y adhesión de Cabañeros a la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS), instrumento que promueve un modelo de desarrollo basado en la conservación del patrimonio natural y cultural, la sostenibilidad y la minimización de impactos ambientales”, sugieren.

Es “incompatible” con la Carta Europea de Turismo Sostenible

Cuestionan de igual modo que el proyecto sometido a evaluación introduce una infraestructura que favorece un modelo de utilización intensiva del territorio “incompatible” con los principios inspiradores de la Carta Europea de Turismo Sostenible, especialmente en lo relativo a la conservación de la tranquilidad ambiental, la calidad paisajística y la protección de los recursos naturales.

Para la organización, otro de los aspectos más preocupantes del proyecto es la ausencia de una evaluación rigurosa y específica del riesgo de colisión entre aeronaves y aves (bird strike), algo que afecta simultáneamente a la conservación de la fauna y a la seguridad de las operaciones aéreas, por cuanto la presencia de avifauna de gran porte es constante en el entorno.

“A pesar de tratarse de una de las variables ambientales más relevantes para este tipo de infraestructuras, el EsIA no dedica un apartado específico al análisis detallado de este riesgo, limitándose a referencias puntuales y valoraciones genéricas que carecen del nivel de profundidad exigible”.

Se remontan a los años 80 del siglo pasado al recordar cómo hubo “una inmensa movilización ciudadana en contra” y a la postre supuso la desestimación del entorno de Cabañeros para el establecimiento en su raña de un polígono de tiro de aviones de combate. Algo que “desembocó en la declaración del espacio natural de Cabañeros como Parque Natural y, por último, como Parque Nacional”, recuerdan.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad relativa a la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al norte del Duero, lo que implica una rebaja en su nivel de protección. Según informan fuentes judiciales, el alto tribunal gallego plantea la cuestión con respecto a dos disposiciones de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y lo hace por la posible vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica; del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en relación con los derechos de participación pública y de acceso a la justicia en materia medioambiental; y del artículo 45 de la Constitución, en relación con el principio de actuación conforme a la mejor y más reciente evidencia científica y el principio de no regresión del estándar ambiental.

En un auto, el TSXG explica que la modificación sobre la protección del lobo se introdujo mediante enmiendas en una ley destinada a prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, por lo que no detecta una relación suficiente entre el objeto de dicha ley y la regulación del lobo, y ello plantea dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de homogeneidad y congruencia exigidos en el procedimiento legislativo.

Así, indica que “no se discute que, desde la perspectiva formal de la jerarquía normativa, una norma de rango de ley aprobada por las Cortes Generales tiene rango suficiente para aprobar una modificación del LESPRE”, pero advierte de que “desde la perspectiva material del control de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos no se puede obviar que, efectivamente, se ha prescindido de esos trámites administrativos reglados e informes técnicos preceptivos previstos en la regulación del procedimiento administrativo de modificación del LESPRE, utilizándose el rango normativo legal para conseguir su elusión”.

El TSXG explica que, en este caso, se habría utilizado una norma de rango legal para evitar los trámites, informes técnicos y evaluaciones científicas exigidos para modificar el LESPRE.

Los magistrados recalcan en su auto que “se produce una elusión singular del procedimiento administrativo para la exclusión de una población de fauna silvestre del LESPRE, sin una específica referencia motivada a la razón de dicha exclusión”. Estas circunstancias, según subrayan, “impiden a priori valorar cuáles son las concretas razones que avalarían que se haya prescindido del trámite legal y reglamentariamente dispuesto para abordar ese tipo de modificaciones del LESPRE, que incorpora trámites administrativos e informes técnicos específicos para garantizar que su modificación venga avalada por la mejor información científica disponible”.

“En suma, con la modificación del LESPRE cuestionada, el legislador ha asumido mediante una ley funciones que correspondían -y de hecho siguen correspondiendo- a la Administración General del Estado”, señala el tribunal, al tiempo que añade que “existen dudas de la legitimidad constitucional de esa decisión”, pues entiende que debería “basarse en criterios científicos y técnicos verificables con un procedimiento administrativo reglado e impuesto en el marco de las exigencias del derecho ambiental de la Unión Europea”.

Con respecto al posible impacto sobre la tutela judicial efectiva, el TSXG advierte de que “no solo se obvia la competencia y procedimiento administrativos establecidos por la normativa con carácter general como cauce para las modificaciones del LESPRE, sino que ello repercute en las posibilidades de impugnación de asociaciones de defensa del medio ambiente que quieran cuestionar esa rebaja en el nivel de protección de la especie”.

Además, hace referencia en la resolución a una posible vulneración del principio de no regresión ambiental, porque la rebaja del nivel de protección del lobo podría suponer una regresión en la protección ambiental sin una motivación suficiente ni una ponderación acreditada de los datos científicos disponibles.

Por lo tanto, el TSXG suspende provisionalmente las actuaciones del procedimiento contencioso-administrativo iniciado por dos asociaciones ecologistas contra la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad.

El Colegio Oficial de Biólogos de Castilla-La Mancha (COB-CLM) ha enviado un escrito al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page exigiendo acabar con lo que califican de “discriminación sistemática” hacia este colectivo profesional que se produce por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

También reclaman “un cambio en la política de personal” que, según sostiene el colegio profesional, “excluye a los biólogos de la mayor parte de los puestos de funcionarios en la Viceconsejería de Medio Ambiente y la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad”, con competencias en flora y fauna, hábitats, caza y pesca, entre otras.

En tercer lugar, solicitan el “cese inmediato” del viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, por la que consideran una “actuación arbitraria y falta de imparcialidad” en su gestión, en la que también dicen que “incumple” su obligación de velar por el servicio público y el interés general. Subrayan en este aspecto que “beneficia de forma sistemática al colectivo de ingenieros forestales, al que pertenece”.

En su opinión, su gestión “está perjudicando a otras profesiones de ámbito ambiental, entre las que los biólogos desempeñamos un papel fundamental, máxime cuando se refiere a temas de conservación de la biodiversidad”.

“Escasos puestos para biólogos” en el ámbito público

Respecto a la política de personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible hablan de “escasos puestos para biólogos” que se reducen “cada vez más” porque la titulación ha sido “excluida” en la mayor parte de los puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT“ de este departamento del Gobierno regional.

Afean que apenas se convoquen plazas de Biología en convocatorias publicas e insisten en que “la la gran mayoría de los puestos de medio natural vacantes y/o en interinidades son cubiertos por ingenieros de montes o forestales”.

De hecho, apuntan, “en la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad y sus servicios provinciales, el 90% de los puestos de funcionario y el 100% de los puestos de jefaturas de Área y de Servicio (de libre designación) están actualmente ocupados por ingenieros de montes o forestales”.

En la misma misiva dirigida a Page, que enviaron hace una semana y de la que todavía no tienen respuesta, sugieren que “esta situación discriminatoria” se ha vuelto a poner de manifiesto en el nuevo borrador del Reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, sometido a información pública tras la judicial del anterior decreto 15/2022 de este Reglamento.

En concreto, el anulado artículo 4 establecía que únicamente son competentes para realizar trabajos en materia cinegética los ingenieros de montes y forestales, excluyendo “por decreto” a los biólogos y otras profesiones ambientales.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo General de Colegios de Biólogos de España y el Colegio Oficial de Biólogos de Castilla La Mancha y consideró nulo el citado artículo. Posteriormente, el Tribunal Supremo en otra sentencia declaró la nulidad del Decreto en su conjunto.

“Sorprendentemente, el nuevo borrador de decreto de Reglamento de Caza mantiene idéntico el texto del artículo 4 que ha sido expresamente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha”, advierten.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible han declinado hacer valoraciones sobre las peticiones del colegio profesional a preguntas de este medio.

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos hombres, de 45 y 48 años, por un delito contra la fauna después de que sorprenderlos con 32 ejemplares de bermejuela, una especie incluida en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, cuya captura y tenencia está prohibida.

El servicio de protección de la naturaleza —Seprona— de la Guardia Civil interceptó a ambos hombres en el río Pedroso, a su paso por Vizcaínos (Burgos), cuando estaban en el interior de un vehículo aparcado cerca del cauce, en cuyo interior encontraron las bermejuelas junto con numerosos utensilios y artes de pesca, ha informado el instituto armado en nota de prensa.

En concreto, los agentes localizaron una nevera portátil de plástico conectada por un tubo a un aparato oxigenador de agua. En su interior había peces de tamaño pequeño, cubiertos con agua, algunos ya sin vida, que resultaron ser 32 ejemplares de bermejuela, cuya pesca está prohibida.

La investigación posterior permitió determinar que habían sido obtenidas en una charca de la provincia, lejos del lugar en el que los pescadores estaban pescando, y que iban a ser usadas para la pesca con caña en la modalidad denominada ‘con cebo vivo’, método también prohibido por la normativa autonómica.

Las diligencias instruidas junto con los dos identificados han sido puestas a disposición de los Juzgados de Salas de los Infantes.

“Cal fomentar tallers de caça entre els joves perquè es fomente aquesta activitat essencial entre ells i acabar amb la criminalització de l'esquerra i que hi haja un relleu generacional i per això els han dotat de 25.000 euros que ens sembla una quantitat irrisòria. Des de Vox es presentaran les esmenes necessàries perquè tots els pressupostos són dignes de millora”.

La diputada de Vox a les Corts, Ana Bellver, es va pronunciar en aquests termes dimecres a les Corts en la compareixença del vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, per a donar compte dels detalls del pressupost autonòmic en el seu àmbit competencial.

Bellver ha realitzat aquesta valoració sobre l'ajuda directa de 25.000 euros que des de Medi Ambient s'ha concedit a la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana per al “foment d'accions formatives, de divulgació i d'investigació cinegètica”. La subvenció ja es va concedir l'any passat amb la mateixa quantia, tot i que acotada a “accions formatives destinades a caçadors”.

D'aquesta manera, el nou text de la finalitat de l'ajuda deixa oberta la participació en aquestes accions. El canvi es produeix mesos després que l'octubre passat es debatera una proposició no de llei (PNL) signada pel diputat de Vox José Muñoz Salvador i les diputades Ana María Bellver Alcántara i Ana Vega Campos en què advocaven per “fomentar mesures de caràcter educatiu dirigides a transmetre coneixements bàsics sobre la pràctica cinegètica i els seus valors culturals i naturals”. I, entre elles, “impartició de xarrades, programació d'intervencions en les quals es parlara de caça en centres educatius, celebració de cursos específics per a joves, convivències, campaments, activitats extraescolars i tallers didàctics”.

A més, sol·licitaven “fomentar mesures de caràcter formatiu dirigides a afavorir l'aprenentatge d'habilitats relacionades amb la pràctica de la caça (aprenentatge a través de la pràctica)”, així com “promocionar caceres i tirades esportives per a gent jove”.

Al respecte, a preguntes d'elDiario.es sobre si l'ajuda ve motivada per la PNL, fonts de la Conselleria de Medi Ambient han explicat que es tracta d'una partida per a col·laborar amb la Federació en formació a les seues seus i han confirmat que va “en paral·lel a la iniciativa de Vox”.

Al respecte, la diputada del PSPV, María José Salvador ha qualificat d'“aberració” que es destine “un cèntim del pressupost de tots els valencians a la formació de la caça” i ha considerat que “aquesta iniciativa està als antípodes del que ha de ser la formació dels joves; en cap circumstància s'ha de fomentar la cultura de la violència”. Salvador ha considerat “patètic que el PP es plegue als interessos de Vox per a sobreviure i que Pérez Llorca siga president”.

“Hay que fomentar talleres de caza entre los jóvenes para que se fomente esta actividad esencial entre ellos y acabar con la criminalización de la izquierda y que exista un relevo generacional y por eso les han dotado de 25.000 euros que nos parece una cantidad irrisoria. Desde Vox se presentarán las enmiendas necesarias porque todos los presupuestos son dignos de mejora”.

La diputada de Vox en las Corts, Ana Bellver, se pronunció en estos términos en las Corts este miércoles en la comparecencia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, para dar cuenta de los detalles del presupuesto autonómico en su ámbito competencial.

Bellver ha realizado esta valoración sobre la ayuda directa de 25.000 euros que desde Medio Ambiente se ha concedido a la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana para el “fomento de acciones formativas, de divulgación y de investigación cinegética”. La subvención ya se concedió el pasado año con la misma cuantía aunque acotada a “acciones formativas destinadas a cazadores”.

De esta forma, el nuevo texto de la finalidad de la ayuda deja abierta la participación en estas acciones. El cambio se produce meses después de que el pasado mes de octubre se debatiera una proposición no de ley (PNL) firmada por el diputado de Vox José Muñoz Salvador y las diputadas Ana María Bellver Alcántara y Ana Vega Campos en la que abogaban por “fomentar medidas de carácter educativo dirigidas a transmitir conocimientos básicos sobre la práctica cinegética y sus valores culturales y naturales”. Y, entre ellas, “impartición de charlas, programación de intervenciones en las que se hable de caza en centros educativos, celebración de cursos específicos para jóvenes, convivencias, campamentos, actividades extraescolares y talleres didácticos”.

Además, solicitaban “fomentar medidas de carácter formativo dirigidas a favorecer el aprendizaje de habilidades relacionadas con la práctica de la caza (aprendizaje a través de la práctica)” así como “promocionar cacerías y tiradas deportivas para gente joven”.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es sobre si la ayuda viene motivada por la PNL, fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente han explicado que se trata de una partida para colaborar con la Federación, pero en formación en sus sedes y han confirmado que va “en paralelo a la iniciativa de Vox”.

Al respecto, la diputada del PSPV, María José Salvador, ha calificado de “aberración” que se destine “un céntimo del presupuesto de todos los Valencianos a la formación de la caza” y ha considerado que “esta iniciativa está en las antípodas de lo que ha de ser la formación de los jóvenes, bajo ninguna circunstancia fomentar la cultura de la violencia”. Salvador ha considerado “patético que el PP se pliegue a los intereses de Vox por sobrevivir y que Perez Llorca sea presidente”.

Nos están robando Madrid. Lo hacen los fondos de inversión (que ya quisieran parecerse en algo a los buitres), las cadenas de comida rápida, los cafés de especialidad sin alma y los pisos turísticos que acaparan locales y edificios donde antes ocurría la vida de barrio. Nos roban el suelo con alquileres insoportables, expulsan a nuestras vecinas para meter turistas y nos dejan un decorado vacío diseñado para el consumo pero imposible para vivir. 

Este robo de los espacios, de los barrios y de la convivencia no es casual ni mucho menos inevitable. Es política. Pura y dura política al servicio de un modelo depredador que nos quiere más consumidores que vecinos, más en los márgenes que en el centro y más aislados que organizados. Pero, principalmente, que busca llenar los bolsillos de unos pocos pasando por encima de todo y de todos, arramplando con lo común y convirtiendo en producto de consumo rápido cualquier experiencia que nos importe (y especialmente lo que no cueste dinero).

Esta lógica sale ya de la capital y sus alrededores para instalarse también en los espacios naturales de toda la región. Y es que la nueva Ley de Caza y Pesca Fluvial del Gobierno de la Comunidad de Madrid planea entregar la tierra solo a los que pagan. Concretamente, a los que pagan por matar. 

Este nuevo proyecto de ley supone un cambio importante en la forma en que la Administración entiende la relación con los animales silvestres y la gestión del territorio. Aunque el texto se presenta oficialmente como una modernización técnica de la normativa vigente hasta la fecha, hecha en los años 70, en la práctica consolida la caza como herramienta estructural de gestión y ordenación ambiental. 

No es ninguna sorpresa, sabiendo que se ha redactado al dictado de los cazadores. Tres años de reuniones en un grupo de trabajo impulsado desde la Consejería de Medio Ambiente con el lobby cinegético, representado en la mesa por organizaciones como la Fundación Artemisan o la Federación Madrileña de Caza, entre otras. A la vista de los resultados, pueden darse por satisfechos, porque ni en sus más sangrientas fantasías se hubieran imaginado un gobierno que cumpliera de forma tan sumisa y obediente cada uno de sus deseos. 

La propuesta ha hecho saltar las alarmas de los colectivos en defensa de los animales y ecologistas, quienes ya se han unido en la plataforma Madrid Sin Caza para informar a la ciudadanía, organizar protestas como la de este pasado sábado en el centro de Madrid, y frenar este atropello. 

Como la propia plataforma explica en su manifiesto, algunas de las concesiones del Gobierno de Ayuso a los cazadores son: 

Caza los 365 días del año

Esta es una de las principales novedades y de los asuntos más controvertidos de este proyecto de ley. Se trata de la creación de los Planes de Control Poblacional, una medida pensada para agilizar y facilitar las autorizaciones excepcionales de caza para determinadas especies durante los períodos de veda. 

Hasta ahora, se tenían que solicitar estas autorizaciones excepcionales de una en una (justificando, por ejemplo, problemas por la presencia de determinadas especies, como conejos o jabalíes). 

La diferencia fundamental es que ahora ya no será necesario justificar y solicitar estos permisos caso por caso, sino que los ayuntamientos podrán activar estos “planes de control poblacional” sobre determinadas especies y que su caza esté permitida en cualquier momento del año. Esto, en la práctica, supondrá una mayor presencia de cazadores, disparos y sus consecuencias sobre el conjunto de todos los animales que habitan un territorio, y que ya no tendrán ni el más mínimo descanso biológico, ya que la actividad cinegética será constante.

Quienes argumentan en el debate que las vedas seguirán operando con sus fechas y límites, como hasta ahora, tienen razón. Pero ocultan la clave de este cambio, que es facilitar de forma extrema la autorización que rompe las vedas. Y que, ya sea por caza “deportiva” o bajo la excusa del “control poblacional”, los cazadores tendrán presencia y prioridad en cualquier momento del año y por todas partes. 

Más especies en el punto de mira

Se aumentan de 24 a 31 las especies que se podrán cazar, incluyendo aves de humedal con poblaciones que se encuentran en declive en la Península, como gansos, ánades o agachadizas.

Tecnología de asedio para acorralar

Uso de drones, visión nocturna y dispositivos térmicos, que dejarán a los animales sin ninguna posibilidad real de escapatoria. Bajo la premisa inicial de los “planes de control poblacional”, se da vía libre al uso de herramientas hasta ahora no permitidas por el asedio que implica para los animales. 

Autorización de prácticas prohibidas por su extrema crueldad

Hablamos, por ejemplo, de la caza de paloma con cimbel y la perdiz con reclamo, modalidades que emplean a animales vivos como señuelo para atraer a otros, de forma que se multiplican las víctimas, ya que a los animales cazados hay que añadir los utilizados como señuelo, que tienen, además, vidas terribles al estar enjaulados permanentemente. 

Supervisión delegada al propio sector

La Administración traslada el control a los propietarios de los cotos, lo que reduce estrepitosamente la vigilancia pública efectiva sobre lo que realmente ocurra en cada jornada de caza.  

Maltrato extra para los perros 

La ley permite entre 18 y 40 perros por cada 40 hectáreas. En una montería del tamaño mínimo legal (500 hectáreas) se podrán concentrar hasta 500 perros en una sola jornada, animales que suelen vivir hacinados y en condiciones lamentables, y que son utilizados como armas contra otras especies mientras son, a la vez, víctimas también de la caza. 

Cierre de caminos públicos

Se prohíbe el acceso a caminos públicos y márgenes de ríos en días de caza. Además, se penalizará el acceso de no cazadores a las zonas acotadas, lo que limitará nuestro derecho de protesta y de uso del espacio público. Así, actividades como el ciclismo, el senderismo, la observación de aves, la recogida de setas o un simple pícnic familiar solo serán posibles con el permiso de los nuevos amos y señores del monte: los cazadores. 

Pero es que la caza además de ser una práctica minoritaria y cruel, es incompatible con cualquier otra actividad, ya que implica la presencia de personas armadas y disparos al aire libre, lo que supone un peligro real de muerte no solo para quienes la practican, sino para cualquiera que se cruce por allí.

Así es como, gracias al Gobierno de Ayuso, el 0,63 % de los ciudadanos de la región, los cazadores de la Comunidad de Madrid (los titulares de las 43.855 licencias activas) tendrá acceso VIP a los espacios naturales, pisoteando la libertad del 99,37 % de la población no cazadora. A partir de ahora, cada vez que queramos hacer una ruta o dar una vuelta en bici, antes de hacer la mochila, tendremos que confirmar con los ayuntamientos si podemos pasear tranquilos o debemos desviarnos para no llevarnos un tiro por error o una multa por el despiste y la osadía de molestar. 

Posiblemente este arrodillamiento del Gobierno regional ante el lobby cinegético sea uno de los ejemplos más gráficos de toda una forma de hacer política: la del sálvese quien pueda, la que siempre protege al fuerte, al rico y al poderoso. La política cortijera del PP, que desde hace más de 30 años descuartiza nuestra región para repartirla entre sus amigos, parejas, familiares y socios. 

Lo hemos visto antes: entre las familias madrileñas desahuciadas y los fondos extranjeros, Ayuso está con Blackstone. Entre la sanidad pública y el negocio privado, Ayuso está con Quirón. Entre las personas enfermas de ELA y su tratamiento, Ayuso elige copago. Entre los perpetradores de un genocidio y el pueblo palestino, Ayuso está con Israel. Y entre la libertad de los madrileños para disfrutar de sus entornos naturales y los que masacran animales regando nuestros montes de plomo y dolor, Ayuso, cómo no, está con los cazadores.

Este proyecto de ley se prevé que llegue a la Asamblea para su votación durante este mismo año, lo que supondría la consolidación del modelo más violento para los animales y la perpetuación de las mismas prácticas que desequilibran los ecosistemas que dicen equilibrar. Porque la propia caza es una de las causas principales del desorden y el caos en el medio natural; porque rompe familias y grupos sociales; porque provoca huidas, accidentes y desorientación en los animales; porque no quiere competidores y elimina a los depredadores naturales, como los zorros, para ocupar indebidamente su lugar. Por no hablar de las granjas cinegéticas donde se crían animales con el objetivo de liberarlos solo para cazarlos después, impactando gravemente en cuestiones como el reparto de territorios y recursos entre los habitantes de cada zona. 

Es cierto que la Comunidad de Madrid no podía seguir con una ley de caza de 1970, pero la actualización de 2026 no traerá nada bueno para los animales, ni para sus hábitats, ni para el medio rural. Una vez más se impone el cortoplacismo y perdemos la oportunidad de innovar con políticas públicas de gestión ética, de avanzar hacia un modelo donde las matanzas no sean la opción por defecto y de buscar soluciones para una organización del territorio que favorezca la convivencia respetuosa con el entorno natural y la vida silvestre. 

Así que, para los problemas de siempre, Ayuso nos trae la versión empeorada de las soluciones de siempre, las que ya sabemos que nunca han arreglado nada. Es normal el bochorno y la preocupación por la que se nos viene encima. 

Pero no nos vamos a quedar mirando, los movimientos contra la caza ganan fuerza y representación año tras año; la ética, la ciencia y la evidencia están de nuestro lado. El sentido común del 99 % no incluye matar por entretenimiento y diversión. Nos están robando Madrid, pero tenemos intacta la determinación para defender una convivencia respetuosa y pacífica con los animales. A nuestra convicción no hay lobby que le tuerza el brazo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido la labor del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) tras la campaña pública de desprestigio contra su directora, Beatriz Arroyo, por parte de personas y publicaciones relacionadas con el mundo de la caza.

Las imputaciones que hacían a Arroyo trataban de cuestionar su labor investigadora, de la cual se derivan propuestas de medidas que no son del agrado de cierto sector del mundo de la caza. En concreto, se cuestionaba su papel por participar en el comité científico asesor de la SEO/Birdlife.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es miembro titular del IREC, junto con el CSIC y la UCLM, han salido en defensa de la institución, a la cual consideran “un referente” en la investigación cinegética en Europa y que aporta “una visión científica imprescindible” para una gestión cinegética “sostenible basada en datos fiables y contrastados”.

“El IREC ha demostrado su rigor y valía”

“El esfuerzo del Gobierno de Castilla-La Mancha y su presidente por la promoción y la difusión de la caza como una actividad imprescindible en la región, especialmente en sus áreas rurales, está fuera de duda, y puede ser corroborada por los principales representantes del sector, como ya lo han hecho en numerosas ocasiones”, añaden las fuentes consultadas.

No obstante, sí señalan que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han solicitado del IREC que revise su política de comunicación en redes sociales “porque no consideramos que tengan que entrar en valoraciones de los trabajos de otras instituciones”.

Esta petición hace referencia a la publicación que la cuenta oficial del IREC en X hizo llamando “panfleto” a una propuesta de la Federación Andaluza de Caza para las elecciones de dicha comunidad.

“Una vez reconducida la situación tras el error de comunicación de la cuenta institucional de IREC, consideramos que debe cesar cualquier tipo de campaña de desprestigio contra una institución como el IREC que ha demostrado su rigor y su valía como demuestran los numerosos reconocimientos a la investigación que viene recibiendo a lo largo de sus más de 25 años de funcionamiento”, finalizan desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Los cazadores han decidido, para influir a su favor en las regulaciones públicas, minar los trabajos científicos que no les cuadran. Y para ello están señalando reciente y públicamente a una de las investigadoras cuyas conclusiones científicas no les agradan.

La elegida es Beatriz Arroyo, la actual directora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC), un organismo cuya titularidad comparten el CSIC, la Universidad de Castilla-La Mancha y esa comunidad autónoma. El argumento principal para descalificar su labor investigadora es que la doctora en Biología participa en el comité científico asesor de la SEO/Birdlife.

El señalamiento comenzó el pasado 22 de abril en un portal de Internet llamado Cazaflix que titulaba: “Beatriz Arroyo, directora del IREC y vinculada a SEO/Birdlife: el nombre que se repite en los principales frentes contra la caza”. En ese texto se dice que estar en el comité científico de “una de las organizaciones ecologistas más activas contra las distintas prácticas cinegéticas” cuestiona su trabajo.

Este comité externo reúne a “ornitólogos de reconocido prestigio” y funciona para el “asesoramiento” de la SEO, explica la organización. Lo cierto es que Arroyo es miembro desde 2008 como informa públicamente el IREC. La bióloga sacó su plaza de investigadora en 2013. Y ejerce de directora desde 2023.

Percibo cierta frustración porque las recomendaciones científicas ahora no les favorecen, aunque otras sí lo hacen. Yo hago ciencia para una caza sostenible. Trabajo para que haya caza también dentro de 20 años, no con criterio cortoplacista

Beatriz Arroyo — Directora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC)

El 14 de mayo, la revista Jara y Sedal —propiedad del mismo grupo que el portal Cazaflix— publicó una noticia que decía: “Beatriz Arroyo firma un nuevo estudio que propone restringir la caza de perdiz con reclamo”. El propio texto reconoce que no se pide eliminar, sino acotar la actividad (crear un radio de seguridad de 600 metros) porque es un factor negativo para la cría de águila perdicera. Y también admite que la noticia no es la conclusión del estudio, sino que sea firmado por Arroyo, “después de que Cazaflix ya señalara su presencia en [otros] frentes”.

La publicación cazadora afirma que la novedad es que un estudio así podría servir de “base científica para restringir” este tipo de caza “con fuerte raíz cultural en España”. “No se trata de aprovechamiento cinegético —describe Jara y Sedal—, sino de una tradición transmitida durante generaciones”.

La tradición supone una modalidad que busca matar machos de perdiz durante su época de celo en enero y febrero y consiste en que el cazador coloca una jaula con un ejemplar masculino de perdiz en un claro a pocos metros de donde se oculta con el arma. Al escuchar el canto del reclamo, otros machos de perdiz acuden allí para defender su territorio. Una vez que el ejemplar silvestre llega a la jaula, el cazador le dispara desde su puesto.

Estas informaciones han servido de contenido para que directivos federativos de la caza arremetan contra Arroyo públicamente: el mismo 14 de mayo, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, dijo que el IREC es “un ejemplo de estudios científicos orientados a perjudicar a la caza, sin más”.

Arroyo —que subraya que no quiere “entrar en polémicas que no son constructivas”— explica a elDiario.es que percibe en este señalamiento “cierta frustración porque las recomendaciones científicas ahora no les favorecen, aunque otras sí lo hacen. Yo hago ciencia para una caza sostenible. Trabajo para que haya caza también dentro de 20 años, no con criterio cortoplacista”.

En este sentido, en 2013, Arroyo firmó un paper en el que se señalaban varios beneficios que la gestión cinegética de cotos de venados deparaban a la abundancia de perdiz roja. En otros trabajos explicaba que ciertas prácticas de mantenimiento de cotos favorecían la vegetación y hábitats para especies cazables y no cazables.

En un artículo cofirmado por Miguel Delibes-Mateos y Beatriz Arroyo —que entonces ya era miembro del comité asesor de SEO/Birdlife— puede leerse: “La investigación sobre el impacto de la caza en la biodiversidad ha mostrado que esta actividad puede ser un fuerte impulsor de la biodiversidad”.

Piden la dimisión

Pero los cazadores están en desacuerdo con diversas decisiones políticas basadas en investigaciones recientes. El sector se opone a que se elimine la munición de plomo como ha recomendado la Agencia Europea de Elementos Químicos (ECHA) porque contamina con metal tóxico los ecosistemas. Se opusieron a la moratoria temporal de la caza de la tórtola, llevada a cabo por la Comisión Europea por el mal estado de la especie, pretenden recuperar la caza de pájaros cantores declarada contraria a la ley europea de aves y no quieren oír hablar de reducir la caza de codornices.

Así que, para las elecciones andaluzas, el sector cinegético elaboró una lista de peticiones que “asumen como propias aquellos partidos que apoyen y defiendan la caza”. Hablaban de retomar prácticas como la de los pájaros cantores (silvestrismo) y “defender” a los cazadores de “cualquier intento que persiga perjudicar, prohibir o restringir la caza”. Y remataban con colocar a “la ciencia como motor de decisiones”.

Una respuesta en X por parte de la cuenta oficial del IREC —en la que habló de “panfleto”— a esta propuesta de la federación de caza tras los ataques a la investigadora Arroyo ha servido para cargar contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), y pedir además al CSIC la dimisión de la directora del Instituto.

La científica, que también matiza que “todo se magnifica en las redes sociales”, resume que lo peor “es que insistan en que las recomendaciones se hacen sin base científica porque detrás de ellas hay mucha base científica, muchas horas de trabajo y un equipo internacional de expertos”.

Los intermediarios ilegales pagan cifras enormes por piezas que caben en una maleta pequeña. Ese negocio ha empujado durante años a grupos armados y redes de tráfico a perseguir rinocerontes en reservas africanas, donde los cuernos alcanzan precios capaces de mover rutas clandestinas entre continentes.

En varios mercados asiáticos, esos restos animales siguen ligados a remedios tradicionales y artículos asociados al prestigio social, una presión que mantiene viva la demanda pese a las campañas conservacionistas. Los cazadores furtivos buscan arrancar el cuerno cuanto antes y abandonar la zona antes de la llegada de guardas o patrullas privadas. Esa persecución ha reducido poblaciones enteras y ha obligado a muchos parques naturales a reforzar controles, vigilancia aérea y presencia armada alrededor de los animales.

Sudáfrica prueba isótopos para localizar cargamentos ilegales

Sudáfrica ha empezado a probar una medida poco habitual para frenar ese tráfico. Investigadores de la Universidad de Witwatersrand han iniciado un programa que introduce material radiactivo inocuo en los cuernos de los rinocerontes para facilitar la detección de piezas ilegales en fronteras y puertos.

Según la BBC, el sistema forma parte del Rhisotope Project y llega después de seis años de pruebas y análisis con apoyo de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Los científicos aseguran que la sustancia no provoca daños ni en los animales ni en las personas que trabajan con ellos.

Las cifras siguen mostrando un problema grave en el país africano, que alberga la mayor población mundial de rinocerontes. Las autoridades conservacionistas sudafricanas calculan que la caza furtiva se ha reducido cerca de un 50% desde 2015, aunque el descenso no ha frenado las muertes. Más de 400 rinocerontes fueron abatidos en 2020 y organizaciones como Save the Rhino mantienen registros similares desde 2021.

James Larkin, profesor de la Universidad de Witwatersrand, recordó en declaraciones a la BBC que “al menos un animal al día sigue siendo cazado”. El investigador añadió que el problema puede agravarse si no aparecen herramientas nuevas para dificultar la salida de los cuernos hacia el mercado negro.

El mercado asiático dispara rutas criminales entre continentes

El dinero mueve gran parte de esa persecución. ZME Science recoge que el cuerno de rinoceronte ha llegado a situarse por encima del oro, los diamantes, el platino o la cocaína dentro de algunas redes ilegales. Los traficantes venden esas piezas sobre todo en países asiáticos, donde todavía circula la creencia de que sirven para tratamientos medicinales o para exhibir poder adquisitivo.

Esa demanda ha llevado a la desaparición en libertad del rinoceronte blanco del norte y del rinoceronte negro occidental. Otras especies muestran señales de recuperación gracias a programas de conservación, aunque el riesgo sigue presente en numerosas reservas africanas. El comercio ilegal también alimenta otras actividades criminales, desde transporte clandestino hasta redes internacionales de contrabando.

Los veterinarios insertan material detectable tras sedar animales

El Rhisotope Project intenta aprovechar precisamente los sistemas de control que ya funcionan en aeropuertos, puertos marítimos y pasos terrestres. Los científicos perforan una pequeña abertura en el cuerno tras sedar al animal e introducen radioisótopos con intensidad suficiente para activar detectores fronterizos. El equipo veterinario supervisa cada procedimiento antes de devolver el rinoceronte a su entorno natural.

Larkin explicó a ZME Science que “los radioisótopos insertados no presentan riesgos sanitarios ni de otro tipo para los animales”. Las pruebas también demostraron que los detectores podían localizar los cuernos incluso dentro de contenedores de unos doce metros de largo. El programa costó cerca de 290.000 dólares, unos 267.000 euros al cambio actual.

Jessica Babich, responsable del proyecto, afirmó que “nuestro objetivo es desplegar la tecnología Rhisotope a gran escala”. La investigadora considera que el sistema puede ayudar a proteger una de las especies africanas más amenazadas. Jamie Joseph, directora de la organización Saving the Wild, valoró la iniciativa como “innovadora y muy necesaria”, aunque recordó que el problema requiere leyes más duras y mayor voluntad política.

Frente a ese entusiasmo, Pelham Jones, presidente de la Asociación de Propietarios Privados de Rinocerontes, expresó sus dudas sobre la eficacia real del método. En declaraciones recogidas por Associated Press, Jones señaló que muchos traficantes ya evitan los pasos fronterizos tradicionales porque conocen los puntos con mayor vigilancia y utilizan rutas alternativas para sacar los cuernos del continente.

Las reservas seguirán vigiladas mientras continúe el negocio

Los investigadores admiten que el material radiactivo no resolverá por sí solo la caza furtiva. Las reservas sudafricanas siguen dependiendo de patrullas armadas, vigilancia aérea, participación vecinal y campañas para reducir la demanda internacional. No obstante, algunos equipos científicos quieren ampliar en el futuro el uso de radioisótopos a pangolines, elefantes y otras especies amenazadas.

En ese sentido, Lynn Morris, también vinculada a la Universidad de Witwatersrand, defendió que este tipo de trabajos puede ayudar a frenar el riesgo de desaparición de varias especies africanas. Mientras continúe el negocio ilegal alrededor de los cuernos, los parques naturales seguirán buscando fórmulas capaces de convertir cada envío clandestino en una carga más difícil de mover y vender.

Declaración de intenciones ideológica y un aviso explícito sobre cómo va a gestionar Vox la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural en Extremadura. El nuevo consejero, Juan José García García, ha comparecido en la comisión de la Asamblea para desgranar las líneas maestras de su departamento. Una hoja de ruta marcada por el choque frontal con las políticas ecologistas europeas, el blindaje de la caza y la tauromaquia, y una controvertida visión sobre el cumplimiento normativo: “Lo que no dice la ley se puede hacer. En la medida que se puedan modificar las leyes, lo haremos sin ningún tipo de miramiento; las leyes también son interpretables”, ha advertido.

García ha argumentado que el marco legislativo se ha interpretado “desde hace años desde el punto de vista progresista”, justificando que ha llegado el momento de girar el timón “desde el ámbito de la protección al sector primario”. Bajo esta premisa, el titular de Agricultura ha prometido “una guerra abierta y sin cuartel, dentro de la legalidad, con todas las medidas dañinas del Pacto Verde y de los tratados internacionales” que, a su juicio, atacan a agricultores y ganaderos.

El proyecto del regadío de Tierra de Barros se perfila como la gran apuesta económica y el principal foco de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El consejero se ha mostrado “convencido” de que las arcas autonómicas pueden asumir en solitario y “a pulmón” el coste de esta infraestructura histórica si fuera necesario. Además, ha fiado parte del éxito del proyecto a un cambio político en Madrid. “Es un proyecto a largo plazo y, si Dios quiere, dentro de un año a lo mejor tenemos otro Gobierno de España y otra actitud hacia el regadío de Tierra de Barros, que no con el Gobierno de Sánchez”.

Según las estimaciones de su departamento, la fase de construcción de este regadío reportará a la sociedad extremeña, “como poco”, el 60% de lo invertido, además de toda la riqueza estructural que se genere a lo largo de los años.

Caza con perros en Monfragüe y apoyo a los toros

El giro de guion en la gestión del medio natural de la comunidad también incluye medidas de hondo calado en espacios protegidos. El consejero ha avanzado que hará “todo lo posible para que el ecosistema se preserve como Dios manda”, lo que se traducirá en el fomento del control poblacional de especies como el jabalí y el ciervo en pleno Parque Nacional de Monfragüe mediante la actividad cinegética, permitiendo de nuevo la entrada de rehalas de perros en este espacio protegido.

Esta defensa de la caza se extenderá a todo el territorio autonómico al considerarla un “motor socioeconómico fundamental”, prometiendo ayudas directas a los cotos sociales y a las empresas del sector para “facilitar al máximo la práctica”. De igual modo, la tauromaquia recibirá el respaldo explícito del Gobierno regional al ser reivindicada por García como una manifestación “cultural” que forma parte de la “tradición” de Extremadura y de España.

El consejero ha concluido su intervención prometiendo una “simplificación administrativa radical” de los trámites para el sector primario y anunciando una ronda de contactos con alcaldes y organizaciones agrarias —con especial atención a los productores de arroz y al sector apícola— para abordar unos problemas que se compromete a afrontar desde “la lógica y el sentido común, pero sin dilatarlos más de lo preciso”.

Sigue habiendo sobrepoblación de animales silvestres en el Parque Nacional de Cabañeros, ubicado entre las provincias de Toledo y Ciudad Real. O así al menos lo ha constatado la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, que ha decidido prorrogar un año más el Plan de Gestión de Ungulados Silvestres.

Este programa se aprobó a finales de mayo de 2023 por un periodo de tres años, por lo que estaba a punto de caducar y el Ejecutivo regional le da vigencia por un año más, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). Entre sus medidas se encuentra la caza de manera controlada y sin fines comerciales ni deportivos.

Este plan incluye una serie de actuaciones para el control “poblacional” de animales y se diseñó para dar respuesta a una “problemática ampliamente identificada” en el Parque Nacional: el incremento sostenido de estas poblaciones que, en “ausencia de predadores naturales”, genera “impactos significativos” sobre los hábitats, especies de flora y fauna, la regeneración forestal y el equilibrio ecológico del espacio.

Cuando se aprobó el plan, se documentaron, entre otros efectos, la “afección negativa” a la composición y diversidad de la vegetación, la degradación de hábitats de interés comunitario, el “riesgo sanitario” asociado a altas densidades, especialmente vinculadas a tuberculosis y otras enfermedades y la competencia con otras especies de fauna silvestre, y el “riesgo de transmisión” a la ganadería de la zona.

Capturas en vivo y “extracción selectiva”

Por todo ello, la Administración regional procedió a la “intervención activa” para revertir la situación observada mediante actuaciones selectivas de control poblacional “basadas en criterios científicos” y en el marco de la normativa de Parques Nacionales.

Desde entonces se han aplicado medidas de “captura en vivo, extracción selectiva, seguimiento poblacional, control sanitario y evaluaciones periódicas” sobre el estado de los ecosistemas.

No obstante, explica el Gobierno castellanomanchego, persisten en el Parque Nacional circunstancias análogas a las que motivaron la aprobación del plan como “densidades superiores” a los objetivos establecidos y la necesidad de “mantener estrategias de reducción y estabilización poblacional”, así como de garantizar la regeneración de formaciones vegetales afectadas.

Su continuidad es “imprescindible”

Por tanto, argumenta que la continuidad del plan resulta “imprescindible” para no interrumpir las acciones de gestión iniciadas y para asegurar que las poblaciones se mantengan “dentro de los límites compatibles” con la conservación del Parque Nacional.

Esta planificación incluye la caza como medida de control poblacional aunque de manera regulada y no con carácter deportivo. Se realiza, en estos casos “bajo supervisión administrativa” y no se permite la caza comercial o tradicional.

Las labores de caza se realizan en las fincas privadas y zonas de los ayuntamientos del entorno del parque y son ejecutados por los propietarios, supervisadas por las autoridades medioambientales. El objetivo es, según el plan, única y exclusivamente, el “control poblacional”.

No obstante, cuando se aprobó este plan hace tres años, Ecologistas en Acción lo tachó de “incongruente” por “permitir batidas y recechos” en las fincas privadas.