La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos hombres, de 45 y 48 años, por un delito contra la fauna después de que sorprenderlos con 32 ejemplares de bermejuela, una especie incluida en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, cuya captura y tenencia está prohibida.

El servicio de protección de la naturaleza —Seprona— de la Guardia Civil interceptó a ambos hombres en el río Pedroso, a su paso por Vizcaínos (Burgos), cuando estaban en el interior de un vehículo aparcado cerca del cauce, en cuyo interior encontraron las bermejuelas junto con numerosos utensilios y artes de pesca, ha informado el instituto armado en nota de prensa.

En concreto, los agentes localizaron una nevera portátil de plástico conectada por un tubo a un aparato oxigenador de agua. En su interior había peces de tamaño pequeño, cubiertos con agua, algunos ya sin vida, que resultaron ser 32 ejemplares de bermejuela, cuya pesca está prohibida.

La investigación posterior permitió determinar que habían sido obtenidas en una charca de la provincia, lejos del lugar en el que los pescadores estaban pescando, y que iban a ser usadas para la pesca con caña en la modalidad denominada ‘con cebo vivo’, método también prohibido por la normativa autonómica.

Las diligencias instruidas junto con los dos identificados han sido puestas a disposición de los Juzgados de Salas de los Infantes.

“Cal fomentar tallers de caça entre els joves perquè es fomente aquesta activitat essencial entre ells i acabar amb la criminalització de l'esquerra i que hi haja un relleu generacional i per això els han dotat de 25.000 euros que ens sembla una quantitat irrisòria. Des de Vox es presentaran les esmenes necessàries perquè tots els pressupostos són dignes de millora”.

La diputada de Vox a les Corts, Ana Bellver, es va pronunciar en aquests termes dimecres a les Corts en la compareixença del vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, per a donar compte dels detalls del pressupost autonòmic en el seu àmbit competencial.

Bellver ha realitzat aquesta valoració sobre l'ajuda directa de 25.000 euros que des de Medi Ambient s'ha concedit a la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana per al “foment d'accions formatives, de divulgació i d'investigació cinegètica”. La subvenció ja es va concedir l'any passat amb la mateixa quantia, tot i que acotada a “accions formatives destinades a caçadors”.

D'aquesta manera, el nou text de la finalitat de l'ajuda deixa oberta la participació en aquestes accions. El canvi es produeix mesos després que l'octubre passat es debatera una proposició no de llei (PNL) signada pel diputat de Vox José Muñoz Salvador i les diputades Ana María Bellver Alcántara i Ana Vega Campos en què advocaven per “fomentar mesures de caràcter educatiu dirigides a transmetre coneixements bàsics sobre la pràctica cinegètica i els seus valors culturals i naturals”. I, entre elles, “impartició de xarrades, programació d'intervencions en les quals es parlara de caça en centres educatius, celebració de cursos específics per a joves, convivències, campaments, activitats extraescolars i tallers didàctics”.

A més, sol·licitaven “fomentar mesures de caràcter formatiu dirigides a afavorir l'aprenentatge d'habilitats relacionades amb la pràctica de la caça (aprenentatge a través de la pràctica)”, així com “promocionar caceres i tirades esportives per a gent jove”.

Al respecte, a preguntes d'elDiario.es sobre si l'ajuda ve motivada per la PNL, fonts de la Conselleria de Medi Ambient han explicat que es tracta d'una partida per a col·laborar amb la Federació en formació a les seues seus i han confirmat que va “en paral·lel a la iniciativa de Vox”.

Al respecte, la diputada del PSPV, María José Salvador ha qualificat d'“aberració” que es destine “un cèntim del pressupost de tots els valencians a la formació de la caça” i ha considerat que “aquesta iniciativa està als antípodes del que ha de ser la formació dels joves; en cap circumstància s'ha de fomentar la cultura de la violència”. Salvador ha considerat “patètic que el PP es plegue als interessos de Vox per a sobreviure i que Pérez Llorca siga president”.

“Hay que fomentar talleres de caza entre los jóvenes para que se fomente esta actividad esencial entre ellos y acabar con la criminalización de la izquierda y que exista un relevo generacional y por eso les han dotado de 25.000 euros que nos parece una cantidad irrisoria. Desde Vox se presentarán las enmiendas necesarias porque todos los presupuestos son dignos de mejora”.

La diputada de Vox en las Corts, Ana Bellver, se pronunció en estos términos en las Corts este miércoles en la comparecencia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, para dar cuenta de los detalles del presupuesto autonómico en su ámbito competencial.

Bellver ha realizado esta valoración sobre la ayuda directa de 25.000 euros que desde Medio Ambiente se ha concedido a la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana para el “fomento de acciones formativas, de divulgación y de investigación cinegética”. La subvención ya se concedió el pasado año con la misma cuantía aunque acotada a “acciones formativas destinadas a cazadores”.

De esta forma, el nuevo texto de la finalidad de la ayuda deja abierta la participación en estas acciones. El cambio se produce meses después de que el pasado mes de octubre se debatiera una proposición no de ley (PNL) firmada por el diputado de Vox José Muñoz Salvador y las diputadas Ana María Bellver Alcántara y Ana Vega Campos en la que abogaban por “fomentar medidas de carácter educativo dirigidas a transmitir conocimientos básicos sobre la práctica cinegética y sus valores culturales y naturales”. Y, entre ellas, “impartición de charlas, programación de intervenciones en las que se hable de caza en centros educativos, celebración de cursos específicos para jóvenes, convivencias, campamentos, actividades extraescolares y talleres didácticos”.

Además, solicitaban “fomentar medidas de carácter formativo dirigidas a favorecer el aprendizaje de habilidades relacionadas con la práctica de la caza (aprendizaje a través de la práctica)” así como “promocionar cacerías y tiradas deportivas para gente joven”.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es sobre si la ayuda viene motivada por la PNL, fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente han explicado que se trata de una partida para colaborar con la Federación, pero en formación en sus sedes y han confirmado que va “en paralelo a la iniciativa de Vox”.

Al respecto, la diputada del PSPV, María José Salvador, ha calificado de “aberración” que se destine “un céntimo del presupuesto de todos los Valencianos a la formación de la caza” y ha considerado que “esta iniciativa está en las antípodas de lo que ha de ser la formación de los jóvenes, bajo ninguna circunstancia fomentar la cultura de la violencia”. Salvador ha considerado “patético que el PP se pliegue a los intereses de Vox por sobrevivir y que Perez Llorca sea presidente”.

Nos están robando Madrid. Lo hacen los fondos de inversión (que ya quisieran parecerse en algo a los buitres), las cadenas de comida rápida, los cafés de especialidad sin alma y los pisos turísticos que acaparan locales y edificios donde antes ocurría la vida de barrio. Nos roban el suelo con alquileres insoportables, expulsan a nuestras vecinas para meter turistas y nos dejan un decorado vacío diseñado para el consumo pero imposible para vivir. 

Este robo de los espacios, de los barrios y de la convivencia no es casual ni mucho menos inevitable. Es política. Pura y dura política al servicio de un modelo depredador que nos quiere más consumidores que vecinos, más en los márgenes que en el centro y más aislados que organizados. Pero, principalmente, que busca llenar los bolsillos de unos pocos pasando por encima de todo y de todos, arramplando con lo común y convirtiendo en producto de consumo rápido cualquier experiencia que nos importe (y especialmente lo que no cueste dinero).

Esta lógica sale ya de la capital y sus alrededores para instalarse también en los espacios naturales de toda la región. Y es que la nueva Ley de Caza y Pesca Fluvial del Gobierno de la Comunidad de Madrid planea entregar la tierra solo a los que pagan. Concretamente, a los que pagan por matar. 

Este nuevo proyecto de ley supone un cambio importante en la forma en que la Administración entiende la relación con los animales silvestres y la gestión del territorio. Aunque el texto se presenta oficialmente como una modernización técnica de la normativa vigente hasta la fecha, hecha en los años 70, en la práctica consolida la caza como herramienta estructural de gestión y ordenación ambiental. 

No es ninguna sorpresa, sabiendo que se ha redactado al dictado de los cazadores. Tres años de reuniones en un grupo de trabajo impulsado desde la Consejería de Medio Ambiente con el lobby cinegético, representado en la mesa por organizaciones como la Fundación Artemisan o la Federación Madrileña de Caza, entre otras. A la vista de los resultados, pueden darse por satisfechos, porque ni en sus más sangrientas fantasías se hubieran imaginado un gobierno que cumpliera de forma tan sumisa y obediente cada uno de sus deseos. 

La propuesta ha hecho saltar las alarmas de los colectivos en defensa de los animales y ecologistas, quienes ya se han unido en la plataforma Madrid Sin Caza para informar a la ciudadanía, organizar protestas como la de este pasado sábado en el centro de Madrid, y frenar este atropello. 

Como la propia plataforma explica en su manifiesto, algunas de las concesiones del Gobierno de Ayuso a los cazadores son: 

Caza los 365 días del año

Esta es una de las principales novedades y de los asuntos más controvertidos de este proyecto de ley. Se trata de la creación de los Planes de Control Poblacional, una medida pensada para agilizar y facilitar las autorizaciones excepcionales de caza para determinadas especies durante los períodos de veda. 

Hasta ahora, se tenían que solicitar estas autorizaciones excepcionales de una en una (justificando, por ejemplo, problemas por la presencia de determinadas especies, como conejos o jabalíes). 

La diferencia fundamental es que ahora ya no será necesario justificar y solicitar estos permisos caso por caso, sino que los ayuntamientos podrán activar estos “planes de control poblacional” sobre determinadas especies y que su caza esté permitida en cualquier momento del año. Esto, en la práctica, supondrá una mayor presencia de cazadores, disparos y sus consecuencias sobre el conjunto de todos los animales que habitan un territorio, y que ya no tendrán ni el más mínimo descanso biológico, ya que la actividad cinegética será constante.

Quienes argumentan en el debate que las vedas seguirán operando con sus fechas y límites, como hasta ahora, tienen razón. Pero ocultan la clave de este cambio, que es facilitar de forma extrema la autorización que rompe las vedas. Y que, ya sea por caza “deportiva” o bajo la excusa del “control poblacional”, los cazadores tendrán presencia y prioridad en cualquier momento del año y por todas partes. 

Más especies en el punto de mira

Se aumentan de 24 a 31 las especies que se podrán cazar, incluyendo aves de humedal con poblaciones que se encuentran en declive en la Península, como gansos, ánades o agachadizas.

Tecnología de asedio para acorralar

Uso de drones, visión nocturna y dispositivos térmicos, que dejarán a los animales sin ninguna posibilidad real de escapatoria. Bajo la premisa inicial de los “planes de control poblacional”, se da vía libre al uso de herramientas hasta ahora no permitidas por el asedio que implica para los animales. 

Autorización de prácticas prohibidas por su extrema crueldad

Hablamos, por ejemplo, de la caza de paloma con cimbel y la perdiz con reclamo, modalidades que emplean a animales vivos como señuelo para atraer a otros, de forma que se multiplican las víctimas, ya que a los animales cazados hay que añadir los utilizados como señuelo, que tienen, además, vidas terribles al estar enjaulados permanentemente. 

Supervisión delegada al propio sector

La Administración traslada el control a los propietarios de los cotos, lo que reduce estrepitosamente la vigilancia pública efectiva sobre lo que realmente ocurra en cada jornada de caza.  

Maltrato extra para los perros 

La ley permite entre 18 y 40 perros por cada 40 hectáreas. En una montería del tamaño mínimo legal (500 hectáreas) se podrán concentrar hasta 500 perros en una sola jornada, animales que suelen vivir hacinados y en condiciones lamentables, y que son utilizados como armas contra otras especies mientras son, a la vez, víctimas también de la caza. 

Cierre de caminos públicos

Se prohíbe el acceso a caminos públicos y márgenes de ríos en días de caza. Además, se penalizará el acceso de no cazadores a las zonas acotadas, lo que limitará nuestro derecho de protesta y de uso del espacio público. Así, actividades como el ciclismo, el senderismo, la observación de aves, la recogida de setas o un simple pícnic familiar solo serán posibles con el permiso de los nuevos amos y señores del monte: los cazadores. 

Pero es que la caza además de ser una práctica minoritaria y cruel, es incompatible con cualquier otra actividad, ya que implica la presencia de personas armadas y disparos al aire libre, lo que supone un peligro real de muerte no solo para quienes la practican, sino para cualquiera que se cruce por allí.

Así es como, gracias al Gobierno de Ayuso, el 0,63 % de los ciudadanos de la región, los cazadores de la Comunidad de Madrid (los titulares de las 43.855 licencias activas) tendrá acceso VIP a los espacios naturales, pisoteando la libertad del 99,37 % de la población no cazadora. A partir de ahora, cada vez que queramos hacer una ruta o dar una vuelta en bici, antes de hacer la mochila, tendremos que confirmar con los ayuntamientos si podemos pasear tranquilos o debemos desviarnos para no llevarnos un tiro por error o una multa por el despiste y la osadía de molestar. 

Posiblemente este arrodillamiento del Gobierno regional ante el lobby cinegético sea uno de los ejemplos más gráficos de toda una forma de hacer política: la del sálvese quien pueda, la que siempre protege al fuerte, al rico y al poderoso. La política cortijera del PP, que desde hace más de 30 años descuartiza nuestra región para repartirla entre sus amigos, parejas, familiares y socios. 

Lo hemos visto antes: entre las familias madrileñas desahuciadas y los fondos extranjeros, Ayuso está con Blackstone. Entre la sanidad pública y el negocio privado, Ayuso está con Quirón. Entre las personas enfermas de ELA y su tratamiento, Ayuso elige copago. Entre los perpetradores de un genocidio y el pueblo palestino, Ayuso está con Israel. Y entre la libertad de los madrileños para disfrutar de sus entornos naturales y los que masacran animales regando nuestros montes de plomo y dolor, Ayuso, cómo no, está con los cazadores.

Este proyecto de ley se prevé que llegue a la Asamblea para su votación durante este mismo año, lo que supondría la consolidación del modelo más violento para los animales y la perpetuación de las mismas prácticas que desequilibran los ecosistemas que dicen equilibrar. Porque la propia caza es una de las causas principales del desorden y el caos en el medio natural; porque rompe familias y grupos sociales; porque provoca huidas, accidentes y desorientación en los animales; porque no quiere competidores y elimina a los depredadores naturales, como los zorros, para ocupar indebidamente su lugar. Por no hablar de las granjas cinegéticas donde se crían animales con el objetivo de liberarlos solo para cazarlos después, impactando gravemente en cuestiones como el reparto de territorios y recursos entre los habitantes de cada zona. 

Es cierto que la Comunidad de Madrid no podía seguir con una ley de caza de 1970, pero la actualización de 2026 no traerá nada bueno para los animales, ni para sus hábitats, ni para el medio rural. Una vez más se impone el cortoplacismo y perdemos la oportunidad de innovar con políticas públicas de gestión ética, de avanzar hacia un modelo donde las matanzas no sean la opción por defecto y de buscar soluciones para una organización del territorio que favorezca la convivencia respetuosa con el entorno natural y la vida silvestre. 

Así que, para los problemas de siempre, Ayuso nos trae la versión empeorada de las soluciones de siempre, las que ya sabemos que nunca han arreglado nada. Es normal el bochorno y la preocupación por la que se nos viene encima. 

Pero no nos vamos a quedar mirando, los movimientos contra la caza ganan fuerza y representación año tras año; la ética, la ciencia y la evidencia están de nuestro lado. El sentido común del 99 % no incluye matar por entretenimiento y diversión. Nos están robando Madrid, pero tenemos intacta la determinación para defender una convivencia respetuosa y pacífica con los animales. A nuestra convicción no hay lobby que le tuerza el brazo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido la labor del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) tras la campaña pública de desprestigio contra su directora, Beatriz Arroyo, por parte de personas y publicaciones relacionadas con el mundo de la caza.

Las imputaciones que hacían a Arroyo trataban de cuestionar su labor investigadora, de la cual se derivan propuestas de medidas que no son del agrado de cierto sector del mundo de la caza. En concreto, se cuestionaba su papel por participar en el comité científico asesor de la SEO/Birdlife.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es miembro titular del IREC, junto con el CSIC y la UCLM, han salido en defensa de la institución, a la cual consideran “un referente” en la investigación cinegética en Europa y que aporta “una visión científica imprescindible” para una gestión cinegética “sostenible basada en datos fiables y contrastados”.

“El IREC ha demostrado su rigor y valía”

“El esfuerzo del Gobierno de Castilla-La Mancha y su presidente por la promoción y la difusión de la caza como una actividad imprescindible en la región, especialmente en sus áreas rurales, está fuera de duda, y puede ser corroborada por los principales representantes del sector, como ya lo han hecho en numerosas ocasiones”, añaden las fuentes consultadas.

No obstante, sí señalan que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han solicitado del IREC que revise su política de comunicación en redes sociales “porque no consideramos que tengan que entrar en valoraciones de los trabajos de otras instituciones”.

Esta petición hace referencia a la publicación que la cuenta oficial del IREC en X hizo llamando “panfleto” a una propuesta de la Federación Andaluza de Caza para las elecciones de dicha comunidad.

“Una vez reconducida la situación tras el error de comunicación de la cuenta institucional de IREC, consideramos que debe cesar cualquier tipo de campaña de desprestigio contra una institución como el IREC que ha demostrado su rigor y su valía como demuestran los numerosos reconocimientos a la investigación que viene recibiendo a lo largo de sus más de 25 años de funcionamiento”, finalizan desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Los cazadores han decidido, para influir a su favor en las regulaciones públicas, minar los trabajos científicos que no les cuadran. Y para ello están señalando reciente y públicamente a una de las investigadoras cuyas conclusiones científicas no les agradan.

La elegida es Beatriz Arroyo, la actual directora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC), un organismo cuya titularidad comparten el CSIC, la Universidad de Castilla-La Mancha y esa comunidad autónoma. El argumento principal para descalificar su labor investigadora es que la doctora en Biología participa en el comité científico asesor de la SEO/Birdlife.

El señalamiento comenzó el pasado 22 de abril en un portal de Internet llamado Cazaflix que titulaba: “Beatriz Arroyo, directora del IREC y vinculada a SEO/Birdlife: el nombre que se repite en los principales frentes contra la caza”. En ese texto se dice que estar en el comité científico de “una de las organizaciones ecologistas más activas contra las distintas prácticas cinegéticas” cuestiona su trabajo.

Este comité externo reúne a “ornitólogos de reconocido prestigio” y funciona para el “asesoramiento” de la SEO, explica la organización. Lo cierto es que Arroyo es miembro desde 2008 como informa públicamente el IREC. La bióloga sacó su plaza de investigadora en 2013. Y ejerce de directora desde 2023.

Percibo cierta frustración porque las recomendaciones científicas ahora no les favorecen, aunque otras sí lo hacen. Yo hago ciencia para una caza sostenible. Trabajo para que haya caza también dentro de 20 años, no con criterio cortoplacista

Beatriz Arroyo — Directora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC)

El 14 de mayo, la revista Jara y Sedal —propiedad del mismo grupo que el portal Cazaflix— publicó una noticia que decía: “Beatriz Arroyo firma un nuevo estudio que propone restringir la caza de perdiz con reclamo”. El propio texto reconoce que no se pide eliminar, sino acotar la actividad (crear un radio de seguridad de 600 metros) porque es un factor negativo para la cría de águila perdicera. Y también admite que la noticia no es la conclusión del estudio, sino que sea firmado por Arroyo, “después de que Cazaflix ya señalara su presencia en [otros] frentes”.

La publicación cazadora afirma que la novedad es que un estudio así podría servir de “base científica para restringir” este tipo de caza “con fuerte raíz cultural en España”. “No se trata de aprovechamiento cinegético —describe Jara y Sedal—, sino de una tradición transmitida durante generaciones”.

La tradición supone una modalidad que busca matar machos de perdiz durante su época de celo en enero y febrero y consiste en que el cazador coloca una jaula con un ejemplar masculino de perdiz en un claro a pocos metros de donde se oculta con el arma. Al escuchar el canto del reclamo, otros machos de perdiz acuden allí para defender su territorio. Una vez que el ejemplar silvestre llega a la jaula, el cazador le dispara desde su puesto.

Estas informaciones han servido de contenido para que directivos federativos de la caza arremetan contra Arroyo públicamente: el mismo 14 de mayo, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, dijo que el IREC es “un ejemplo de estudios científicos orientados a perjudicar a la caza, sin más”.

Arroyo —que subraya que no quiere “entrar en polémicas que no son constructivas”— explica a elDiario.es que percibe en este señalamiento “cierta frustración porque las recomendaciones científicas ahora no les favorecen, aunque otras sí lo hacen. Yo hago ciencia para una caza sostenible. Trabajo para que haya caza también dentro de 20 años, no con criterio cortoplacista”.

En este sentido, en 2013, Arroyo firmó un paper en el que se señalaban varios beneficios que la gestión cinegética de cotos de venados deparaban a la abundancia de perdiz roja. En otros trabajos explicaba que ciertas prácticas de mantenimiento de cotos favorecían la vegetación y hábitats para especies cazables y no cazables.

En un artículo cofirmado por Miguel Delibes-Mateos y Beatriz Arroyo —que entonces ya era miembro del comité asesor de SEO/Birdlife— puede leerse: “La investigación sobre el impacto de la caza en la biodiversidad ha mostrado que esta actividad puede ser un fuerte impulsor de la biodiversidad”.

Piden la dimisión

Pero los cazadores están en desacuerdo con diversas decisiones políticas basadas en investigaciones recientes. El sector se opone a que se elimine la munición de plomo como ha recomendado la Agencia Europea de Elementos Químicos (ECHA) porque contamina con metal tóxico los ecosistemas. Se opusieron a la moratoria temporal de la caza de la tórtola, llevada a cabo por la Comisión Europea por el mal estado de la especie, pretenden recuperar la caza de pájaros cantores declarada contraria a la ley europea de aves y no quieren oír hablar de reducir la caza de codornices.

Así que, para las elecciones andaluzas, el sector cinegético elaboró una lista de peticiones que “asumen como propias aquellos partidos que apoyen y defiendan la caza”. Hablaban de retomar prácticas como la de los pájaros cantores (silvestrismo) y “defender” a los cazadores de “cualquier intento que persiga perjudicar, prohibir o restringir la caza”. Y remataban con colocar a “la ciencia como motor de decisiones”.

Una respuesta en X por parte de la cuenta oficial del IREC —en la que habló de “panfleto”— a esta propuesta de la federación de caza tras los ataques a la investigadora Arroyo ha servido para cargar contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), y pedir además al CSIC la dimisión de la directora del Instituto.

La científica, que también matiza que “todo se magnifica en las redes sociales”, resume que lo peor “es que insistan en que las recomendaciones se hacen sin base científica porque detrás de ellas hay mucha base científica, muchas horas de trabajo y un equipo internacional de expertos”.

Los intermediarios ilegales pagan cifras enormes por piezas que caben en una maleta pequeña. Ese negocio ha empujado durante años a grupos armados y redes de tráfico a perseguir rinocerontes en reservas africanas, donde los cuernos alcanzan precios capaces de mover rutas clandestinas entre continentes.

En varios mercados asiáticos, esos restos animales siguen ligados a remedios tradicionales y artículos asociados al prestigio social, una presión que mantiene viva la demanda pese a las campañas conservacionistas. Los cazadores furtivos buscan arrancar el cuerno cuanto antes y abandonar la zona antes de la llegada de guardas o patrullas privadas. Esa persecución ha reducido poblaciones enteras y ha obligado a muchos parques naturales a reforzar controles, vigilancia aérea y presencia armada alrededor de los animales.

Sudáfrica prueba isótopos para localizar cargamentos ilegales

Sudáfrica ha empezado a probar una medida poco habitual para frenar ese tráfico. Investigadores de la Universidad de Witwatersrand han iniciado un programa que introduce material radiactivo inocuo en los cuernos de los rinocerontes para facilitar la detección de piezas ilegales en fronteras y puertos.

Según la BBC, el sistema forma parte del Rhisotope Project y llega después de seis años de pruebas y análisis con apoyo de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Los científicos aseguran que la sustancia no provoca daños ni en los animales ni en las personas que trabajan con ellos.

Las cifras siguen mostrando un problema grave en el país africano, que alberga la mayor población mundial de rinocerontes. Las autoridades conservacionistas sudafricanas calculan que la caza furtiva se ha reducido cerca de un 50% desde 2015, aunque el descenso no ha frenado las muertes. Más de 400 rinocerontes fueron abatidos en 2020 y organizaciones como Save the Rhino mantienen registros similares desde 2021.

James Larkin, profesor de la Universidad de Witwatersrand, recordó en declaraciones a la BBC que “al menos un animal al día sigue siendo cazado”. El investigador añadió que el problema puede agravarse si no aparecen herramientas nuevas para dificultar la salida de los cuernos hacia el mercado negro.

El mercado asiático dispara rutas criminales entre continentes

El dinero mueve gran parte de esa persecución. ZME Science recoge que el cuerno de rinoceronte ha llegado a situarse por encima del oro, los diamantes, el platino o la cocaína dentro de algunas redes ilegales. Los traficantes venden esas piezas sobre todo en países asiáticos, donde todavía circula la creencia de que sirven para tratamientos medicinales o para exhibir poder adquisitivo.

Esa demanda ha llevado a la desaparición en libertad del rinoceronte blanco del norte y del rinoceronte negro occidental. Otras especies muestran señales de recuperación gracias a programas de conservación, aunque el riesgo sigue presente en numerosas reservas africanas. El comercio ilegal también alimenta otras actividades criminales, desde transporte clandestino hasta redes internacionales de contrabando.

Los veterinarios insertan material detectable tras sedar animales

El Rhisotope Project intenta aprovechar precisamente los sistemas de control que ya funcionan en aeropuertos, puertos marítimos y pasos terrestres. Los científicos perforan una pequeña abertura en el cuerno tras sedar al animal e introducen radioisótopos con intensidad suficiente para activar detectores fronterizos. El equipo veterinario supervisa cada procedimiento antes de devolver el rinoceronte a su entorno natural.

Larkin explicó a ZME Science que “los radioisótopos insertados no presentan riesgos sanitarios ni de otro tipo para los animales”. Las pruebas también demostraron que los detectores podían localizar los cuernos incluso dentro de contenedores de unos doce metros de largo. El programa costó cerca de 290.000 dólares, unos 267.000 euros al cambio actual.

Jessica Babich, responsable del proyecto, afirmó que “nuestro objetivo es desplegar la tecnología Rhisotope a gran escala”. La investigadora considera que el sistema puede ayudar a proteger una de las especies africanas más amenazadas. Jamie Joseph, directora de la organización Saving the Wild, valoró la iniciativa como “innovadora y muy necesaria”, aunque recordó que el problema requiere leyes más duras y mayor voluntad política.

Frente a ese entusiasmo, Pelham Jones, presidente de la Asociación de Propietarios Privados de Rinocerontes, expresó sus dudas sobre la eficacia real del método. En declaraciones recogidas por Associated Press, Jones señaló que muchos traficantes ya evitan los pasos fronterizos tradicionales porque conocen los puntos con mayor vigilancia y utilizan rutas alternativas para sacar los cuernos del continente.

Las reservas seguirán vigiladas mientras continúe el negocio

Los investigadores admiten que el material radiactivo no resolverá por sí solo la caza furtiva. Las reservas sudafricanas siguen dependiendo de patrullas armadas, vigilancia aérea, participación vecinal y campañas para reducir la demanda internacional. No obstante, algunos equipos científicos quieren ampliar en el futuro el uso de radioisótopos a pangolines, elefantes y otras especies amenazadas.

En ese sentido, Lynn Morris, también vinculada a la Universidad de Witwatersrand, defendió que este tipo de trabajos puede ayudar a frenar el riesgo de desaparición de varias especies africanas. Mientras continúe el negocio ilegal alrededor de los cuernos, los parques naturales seguirán buscando fórmulas capaces de convertir cada envío clandestino en una carga más difícil de mover y vender.

Declaración de intenciones ideológica y un aviso explícito sobre cómo va a gestionar Vox la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural en Extremadura. El nuevo consejero, Juan José García García, ha comparecido en la comisión de la Asamblea para desgranar las líneas maestras de su departamento. Una hoja de ruta marcada por el choque frontal con las políticas ecologistas europeas, el blindaje de la caza y la tauromaquia, y una controvertida visión sobre el cumplimiento normativo: “Lo que no dice la ley se puede hacer. En la medida que se puedan modificar las leyes, lo haremos sin ningún tipo de miramiento; las leyes también son interpretables”, ha advertido.

García ha argumentado que el marco legislativo se ha interpretado “desde hace años desde el punto de vista progresista”, justificando que ha llegado el momento de girar el timón “desde el ámbito de la protección al sector primario”. Bajo esta premisa, el titular de Agricultura ha prometido “una guerra abierta y sin cuartel, dentro de la legalidad, con todas las medidas dañinas del Pacto Verde y de los tratados internacionales” que, a su juicio, atacan a agricultores y ganaderos.

El proyecto del regadío de Tierra de Barros se perfila como la gran apuesta económica y el principal foco de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El consejero se ha mostrado “convencido” de que las arcas autonómicas pueden asumir en solitario y “a pulmón” el coste de esta infraestructura histórica si fuera necesario. Además, ha fiado parte del éxito del proyecto a un cambio político en Madrid. “Es un proyecto a largo plazo y, si Dios quiere, dentro de un año a lo mejor tenemos otro Gobierno de España y otra actitud hacia el regadío de Tierra de Barros, que no con el Gobierno de Sánchez”.

Según las estimaciones de su departamento, la fase de construcción de este regadío reportará a la sociedad extremeña, “como poco”, el 60% de lo invertido, además de toda la riqueza estructural que se genere a lo largo de los años.

Caza con perros en Monfragüe y apoyo a los toros

El giro de guion en la gestión del medio natural de la comunidad también incluye medidas de hondo calado en espacios protegidos. El consejero ha avanzado que hará “todo lo posible para que el ecosistema se preserve como Dios manda”, lo que se traducirá en el fomento del control poblacional de especies como el jabalí y el ciervo en pleno Parque Nacional de Monfragüe mediante la actividad cinegética, permitiendo de nuevo la entrada de rehalas de perros en este espacio protegido.

Esta defensa de la caza se extenderá a todo el territorio autonómico al considerarla un “motor socioeconómico fundamental”, prometiendo ayudas directas a los cotos sociales y a las empresas del sector para “facilitar al máximo la práctica”. De igual modo, la tauromaquia recibirá el respaldo explícito del Gobierno regional al ser reivindicada por García como una manifestación “cultural” que forma parte de la “tradición” de Extremadura y de España.

El consejero ha concluido su intervención prometiendo una “simplificación administrativa radical” de los trámites para el sector primario y anunciando una ronda de contactos con alcaldes y organizaciones agrarias —con especial atención a los productores de arroz y al sector apícola— para abordar unos problemas que se compromete a afrontar desde “la lógica y el sentido común, pero sin dilatarlos más de lo preciso”.

Sigue habiendo sobrepoblación de animales silvestres en el Parque Nacional de Cabañeros, ubicado entre las provincias de Toledo y Ciudad Real. O así al menos lo ha constatado la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, que ha decidido prorrogar un año más el Plan de Gestión de Ungulados Silvestres.

Este programa se aprobó a finales de mayo de 2023 por un periodo de tres años, por lo que estaba a punto de caducar y el Ejecutivo regional le da vigencia por un año más, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). Entre sus medidas se encuentra la caza de manera controlada y sin fines comerciales ni deportivos.

Este plan incluye una serie de actuaciones para el control “poblacional” de animales y se diseñó para dar respuesta a una “problemática ampliamente identificada” en el Parque Nacional: el incremento sostenido de estas poblaciones que, en “ausencia de predadores naturales”, genera “impactos significativos” sobre los hábitats, especies de flora y fauna, la regeneración forestal y el equilibrio ecológico del espacio.

Cuando se aprobó el plan, se documentaron, entre otros efectos, la “afección negativa” a la composición y diversidad de la vegetación, la degradación de hábitats de interés comunitario, el “riesgo sanitario” asociado a altas densidades, especialmente vinculadas a tuberculosis y otras enfermedades y la competencia con otras especies de fauna silvestre, y el “riesgo de transmisión” a la ganadería de la zona.

Capturas en vivo y “extracción selectiva”

Por todo ello, la Administración regional procedió a la “intervención activa” para revertir la situación observada mediante actuaciones selectivas de control poblacional “basadas en criterios científicos” y en el marco de la normativa de Parques Nacionales.

Desde entonces se han aplicado medidas de “captura en vivo, extracción selectiva, seguimiento poblacional, control sanitario y evaluaciones periódicas” sobre el estado de los ecosistemas.

No obstante, explica el Gobierno castellanomanchego, persisten en el Parque Nacional circunstancias análogas a las que motivaron la aprobación del plan como “densidades superiores” a los objetivos establecidos y la necesidad de “mantener estrategias de reducción y estabilización poblacional”, así como de garantizar la regeneración de formaciones vegetales afectadas.

Su continuidad es “imprescindible”

Por tanto, argumenta que la continuidad del plan resulta “imprescindible” para no interrumpir las acciones de gestión iniciadas y para asegurar que las poblaciones se mantengan “dentro de los límites compatibles” con la conservación del Parque Nacional.

Esta planificación incluye la caza como medida de control poblacional aunque de manera regulada y no con carácter deportivo. Se realiza, en estos casos “bajo supervisión administrativa” y no se permite la caza comercial o tradicional.

Las labores de caza se realizan en las fincas privadas y zonas de los ayuntamientos del entorno del parque y son ejecutados por los propietarios, supervisadas por las autoridades medioambientales. El objetivo es, según el plan, única y exclusivamente, el “control poblacional”.

No obstante, cuando se aprobó este plan hace tres años, Ecologistas en Acción lo tachó de “incongruente” por “permitir batidas y recechos” en las fincas privadas.

Igualdad Animal ha denunciado este jueves que la Consejería de Sanidad de Castilla y León oculta a la opinión pública el expediente sancionador que abrió el pasado mes de febrero contra el matadero Vicente de Lucas (Segovia), después de que la fundación animalista trasladara a las autoridades castellano-leonesas el 19 de diciembre de 2025 las imágenes inéditas que avanzó este martes elDiario.es. En este establecimiento industrial, unos 200 cervatillos fueron sacrificados a tiros, de forma aglomerada, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios.

La Consejería de Sanidad, cuya cartera en funciones ostenta Alejandro Vázquez (PP), no respondió a este diario cuando se le consultó por las presuntas irregularidades en el matadero segoviano. Concretamente, se preguntó si la Dirección General de Salud Pública había iniciado una o varias inspecciones y si se habían acreditado irregularidades. En caso afirmativo, si se había iniciado un expediente y cuáles eran las conclusiones que habían extraído los técnicos y servicios veterinarios en sus informes.

Pese a ello, tras la publicación del reportaje aseguraron que el matadero “cuenta con autorización para operar con caza de cría”, y al tiempo que reconocieron que habían formulado requerimientos para “reforzar las garantías en bienestar animal”. Así, señalaron que el sacrificio de los cérvidos se realizaba en “establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, conforme al marco regulador vigente para animales destinados al consumo humano”. “Los animales sacrificados cuentan con la documentación sanitaria preceptiva emitida por las autoridades de origen que ampara su traslado al matadero”, informaron.

Después de la denuncia presentada por Igualdad Animal, Sanidad afirma que, en el marco del control oficial, “se intensificaron las actuaciones de supervisión”. En este sentido, se revisaron “los protocolos aplicables”, promoviendo “medidas de mejora conforme al soporte científico y normativo disponible”, al considerar las “particularidades propias” de los cérvidos y la necesidad de “una aproximación técnica específica para esta especie”.

Sin embargo, se omite que el 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería no solamente comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas”, sino que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”, como se desprende de un documento consultado por este diario.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. No obstante, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia.

“La Junta de Castilla y León no puede reconocer medidas correctivas y, al mismo tiempo, negar la existencia de infracciones”, explican fuentes de Igualdad Animal. Cabe señalar que las imágenes muestran cómo los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Además, los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia.

“Que hechos de esta gravedad puedan producirse en un establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, como reconoce la propia Consejería en su respuesta, resulta aún más grave”, destacan las mismas fuentes, y añaden que “no estamos ante un vacío legal ni ante una actividad sin control, sino ante un fallo en la aplicación efectiva y en la supervisión real de la normativa que debería haberlo evitado”.

La fundación animalista sostiene, en respuesta a la Consejería de Sanidad, que en ningún momento han cuestionado la autorización del matadero ni la documentación sanitaria de los animales, sino “la existencia de infracciones muy graves en el manejo, el aturdimiento y la matanza de los ciervos”. Entre las presuntas irregularidades, Igualdad Animal sostiene como muy grave la agonía que sufrieron los animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. La Ley 32/2007, precisamente, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”.

Asimismo, las mismas fuentes recuerdan que el Real Decreto 695/2022 obliga a que los mataderos dispongan de “sistemas de videovigilancia”. Sin embargo, este caso deja sin respuesta “cómo pudieron ocurrir estos hechos en un matadero autorizado, qué falló en la supervisión, qué recogen las grabaciones obligatorias y por qué no se detectaron antes estas irregularidades”. Así, afirman que la respuesta de Sanidad, al “insistir en la autorización del establecimiento y la supervisión veterinaria oficial”, evidencia que “los mecanismos de control” no han funcionado.

“El acceso y control de las grabaciones sigue en manos de los propios operadores, lo que limita su independencia y eficacia”, lamentan y añaden que pese a se trata de una herramienta concebida “para garantizar transparencia y supervisión”, ésta puede “quedar condicionada por quienes son precisamente objeto de esa supervisión”. “Este caso pone de manifiesto la necesidad de un sistema de videovigilancia independiente y transparente en todos los mataderos”, insisten.

Igualdad Animal recuerda que la normativa establece que, cuando existen indicios objetivos de infracción, la Administración no puede actuar con discrecionalidad, sino que debe incoar y tramitar el correspondiente procedimiento sancionador. En este caso, las imágenes apuntan a posibles incumplimientos del Reglamento (CE) 1099/2009 y de la Ley 32/2007, en particular en lo relativo a la obligación de garantizar un aturdimiento eficaz y mantener la inconsciencia de los animales hasta su muerte.

En cualquier caso, la autorización administrativa del establecimiento no exime del cumplimiento de la normativa vigente ni impide la obligación de investigar y, en su caso, sancionar los hechos denunciados. “La gravedad de las imágenes, junto con el reconocimiento de actuaciones correctivas por parte de la Consejería, exige una respuesta administrativa coherente, proporcionada y plenamente ajustada al principio de legalidad”, afirma a este diario Anna Mulà, gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal.

Finalmente, Igualdad Animal reclama que se tramite el expediente sancionador ya anunciado por la Consejería y que se apliquen las “consecuencias previstas en la normativa”. También pide “acceso completo” a la documentación de las inspecciones y controles realizados, incluidos informes veterinarios, actas y medidas correctivas. Asimismo, solicita “transparencia sobre el funcionamiento del sistema de videovigilancia en el matadero” y las grabaciones relacionadas “con los hechos denunciados”, además de una revisión del sistema de control oficial para reforzar la detección de posibles “incumplimientos en bienestar animal”.

La versión del matadero

La empresa asociada al establecimiento industrial explicó a este diario que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirmaron que su postura en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguraron que su actividad había sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”.

Finalmente, señalaron que dicha actividad se había realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.

Un hombre ha fallecido en un accidente de caza en la localidad conquense de Landete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar a las 22.20 horas de este martes en un coto de caza situado en un punto cercano al kilómetro 20 de la carretera CM 2200, cuando otro cazador ha disparado accidentalmente sobre la víctima, cuyos datos personales no han sido revelados.

A pesar de la asistencia de un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, no se ha podido hacer nada por el afectado, fallecido in situ.

También han acudido al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil.

Unos 200 cervatillos han sido sacrificados a tiros en el matadero autorizado de Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia. Los cérvidos convivían aglomerados en la zona de sacrificio, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios del establecimiento industrial. Los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia, como se desprende de las imágenes inéditas que avanza elDiario.es.

Este diario se ha puesto en contacto con la empresa asociada al matadero, que ha respondido que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirman que la postura de este matadero en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguran que su actividad ha sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”. Finalmente, señalan que dicha actividad se ha realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.

Este diario también se ha puesto en contacto con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, sin que haya sido posible obtener su versión de los hechos. En la consulta, se les solicitó la procedencia y condición del traslado de los animales; la constatación o no de posibles incumplimientos de la normativa de bienestar animales; existencia de inspecciones y/o expedientes abiertos por los hechos; medidas adoptadas, así como las conclusiones de los informes técnicos realizados, entre otros.

Las grabaciones fueron captadas el 5 de marzo de 2025 en el interior del matadero de Vicente de Lucas, en Segovia (Castilla y León) de forma anónima y enviadas a finales de octubre a Igualdad Animal. Fuentes de la organización detallan que fueron sacrificados más de 200 ciervos que procedían del Monte de El Pardo, área natural protegida al noroeste de Madrid, y que gestiona Patrimonio Nacional, organismo adscrito a Presidencia del Gobierno. “Los animales fueron capturados vivos, mutilados en sus cuernos y trasladados al matadero”, señala la organización animalista a este diario. Antes del sacrificio de más de 200 cérvidos, “más de cinco ya habían muerto dentro de las instalaciones, posiblemente a causa del estrés y el miedo provocados por el confinamiento”, añaden. Patrimonio Nacional, organismo a quien se le consultó si se habían realizado actuaciones de control poblacional durante el periodo señalado; naturaleza de los métodos de captura y gestión de los animales, así como el destino y trazabilidad del traslado, no ha respondido a este diario, en el momento en que se publica esta noticia.

El Monte de El Pardo es un espacio protegido de alto valor, considerado como uno de los mejor conservados de Europa. Situado al noroeste de Madrid, cuenta con una superficie de 15.821 hectáreas, y fue declarado Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000. La caza está prohibida en este espacio y los controles de población de ciervos se realizan “mediante capturas y traslado a mataderos autorizados”, aunque con “carácter estacional”, especifica Salud Pública de Castilla y León, principalmente durante los meses de diciembre, febrero y agosto.

Sacrificios presuntamente irregulares de ciervos

“En el marco de estas actuaciones, los animales son capturados vivos, se les cortan las cuernas y posteriormente son transportados hasta el matadero para su matanza”, explica a elDiario.es Anna Mulá, Gerente de Incidencia Legislativa. Después de recibir las imágenes, Igualdad Animal verificó su autenticidad y correspondencia con la del establecimiento y presentó una denuncia administrativa ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León el 22 de diciembre de 2025, según la documentación consultada por este diario. Igualdad Animal señala que se han producido ocho infracciones graves de la normativa europea de bienestar animal.

La matanza de más de 200 cérvidos tuvo lugar el 5 de marzo de 2025 entre las 6:00 y las 11:00 horas, según consta en la denuncia. Así, la abogada y experta en conservación de especies, indica que estos animales “no han sido mantenidos, criados ni cebados con fines de producción, explotación ganadera o lucro, ni pueden ser calificados como animales de producción”. En su denuncia, Mulá argumenta que estos ciervos son animales silvestres (es decir, salvajes) que vivían libres. No han sido criados por humanos en una granja para producir carne, sino que su sacrificio es parte de un plan de control poblacional. Normalmente, la legislación europea que dice cómo deben morir los animales no se aplica cuando se trata de controlar poblaciones de animales salvajes. Es decir, si se hiciera en el campo, las normas serían diferentes. Sin embargo, en el momento en que introduces a los animales en un matadero autorizado, las reglas cambian.

“El sacrificio de animales en un matadero no puede realizarse al margen de las exigencias de bienestar animal aplicables a este tipo de instalaciones, debiendo la autoridad competente verificar que el establecimiento cumple con las obligaciones legales que le son exigibles y que no se producen situaciones de sufrimiento evitable, estrés o maltrato durante el manejo, aturdimiento y muerte de los animales”, argumenta la experta. Por tanto, el matadero autorizado tiene la obligación legal de evitar cualquier sufrimiento, dolor o estrés innecesario, y las autoridades competentes deben vigilar el cumplimiento estricto de la ley.

Este espacio natural está considerado el bosque mediterráneo más importante de la Comunidad de Madrid, así como una importante reserva ecológica y biológica. Este ecosistema –que discurre por el río Manzanares, desde su nacimiento hasta el Monte El Pardo, incluyendo La Pedriza, constituye el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares– forma parte de una gran riqueza faunística. Entre ellas, además del ciervo, especies como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra y otras numerosas como el gamo, el jabalí, el gato montés conejo, el tejón, el zorro, la gineta o la comadreja conviven en este espacio. Entre los reptiles, destacan la culebra de escalera, el lagarto ocelado y la lagartija cenicienta.

Una cadena de irregularidades

La denuncia de Igualdad Animal contra el matadero Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia expone una cadena de presuntas irregularidades que comenzó con un manejo violento mediante ruidos y golpes para forzar el movimiento de ciervos aterrorizados; continuó con una gestión logística deficiente que provocó aglomeraciones, permitió que los animales presenciaran la muerte de otros y culminó en una ejecución técnica negligente. Estas supuestas infracciones incluyeron la falta de sujeción individual y la realización de disparos múltiples descontrolados, lo que derivó en la situación más grave: la agonía de animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. 

La Ley 32/2007, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”, así como “educar o manejar al animal con métodos agresivos o violentos que puedan provocar maltrato al animal, o causarle estados de ansiedad o miedo”, como se desprende del artículo 14.1 en los apartados e) y n). Entre las faltas leves, se incluye el incumplimiento de las obligaciones de protección animal en cuanto al “cuidado y manejo de los animales, siempre que no se produzcan lesiones permanentes, deformidades o defectos graves, o la muerte de los animales” y el incumplimiento de las obligaciones respecto a “la forma, métodos y condiciones para el sacrificio o matanza de animales”, como se desprende del artículo 14.3 en los apartados a) y b).

El artículo 16 de la normativa establece, para las infracciones leves, una sanción de hasta 600 euros o apercibimiento; en el caso de las graves, una multa de entre 601 y 6.000 euros y para las muy graves, entre 6001 y 100.000 euros. La denuncia de Igualdad Animal sostiene que se ha producido al menos una infracción muy grave debido al presunto incumplimiento “de la obligación de aturdimiento previo” dado que “los animales permanecieron conscientes tras los disparos”.

Sanidad abre expediente sancionador

El 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas” y que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”. En el escrito, al cual ha accedido este diario, la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León informa, en relación al citado matadero, de que “se ha procedido a verificar que el transporte está legalmente amparado por la documentación exigible para trasladar desde origen al matadero”, y que se dio traslado de la denuncia a los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública.

Estos servicios, en base al artículo 4 del Decreto 189/1994, realizaron “controles adicionales específicos con el fin de verificar si los hechos denunciados suponen un incumplimiento de la legislación de bienestar animal”. Del mismo modo, procedieron a implantar “medidas correctivas en relación con el manejo de los animales desde su llegada al matadero hasta su sacrificio”. “Se han iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador al establecimiento Vicente de Lucas”, concluye la Dirección General de Salud Pública.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. Sin embargo, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia. “Todo apunta a que los animales podrían estar entrando en el circuito alimentario: son trasladados a un matadero autorizado en lugar de ser gestionados in situ como medida de control poblacional”, indican fuentes de Igualdad Animal.

Exigen el cierre cautelar

En la denuncia presentada ante las autoridades de la Junta de Castilla y León, Igualdad Animal reclama que se lleven a cabo “medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño” y que, en su caso, se estudie el “cese o interrupción de la actividad”, con la posible clausura del establecimiento, así como la retirada de la autorización administrativa.

Asimismo, solicitan a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que verifique “el cumplimiento del matadero de la obligación de disponer de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales”, según lo previsto en el Real Decreto 695/2022. Esta normativa, que regula específicamente esta cuestión, indica en su artículo 1 que este real decreto “tiene por objeto establecer, con carácter básico, los requisitos para la instalación y funcionamiento de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales en los mataderos del territorio español, para la realización de controles relativos a la normativa sobre bienestar de los animales, a fin de garantizar su cumplimiento por los operadores de los mataderos y su personal”.

En su solicitud, Mulá sostiene que esta videovigilancia debe incluir “todas las áreas donde se encuentren animales vivos” y que se debe comprobar “la existencia de un procedimiento normalizado de trabajo que registre los incumplimientos detectados y las medidas adoptadas, conservando dichos registros”, como establece la ley.

Finalmente, exigen que “se adopten las medidas necesarias para evitar la reiteración de estas prácticas” con el objetivo de que el matadero denunciado “no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales silvestres procedentes de actuaciones de control poblacional”, cuando dicha actividad “no resulte compatible con la naturaleza del establecimiento, su autorización administrativa y las condiciones bajo las que fue autorizado, así como las exigencias legales en materia de bienestar animal”.

Igualdad Animal valora “positivamente” la incoación del expediente por parte de la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León, pero considera también que la respuesta es “insuficiente” mientras “no se garantice que el matadero no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales”. Además, exigen que se resuelva el expediente “con las sanciones previstas en la ley”.

Alrededor del 58 por ciento de las capturas de conejo de monte realizadas por los ECOFA (Equipos de Control de Fauna), dentro del Plan para el control de este animal que ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha se han producido en la provincia de Ciudad Real,

Así lo ha señalado hoy el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, durante la constitución de la Mesa Provincial del Conejo de Monte de Ciudad Real y ha específicado que estos equipos, impulsados por la Consejería de Desarrollo Sostenible y gestionados a través de GEACAM están trabajando “activamente en zonas como Pedro Muñoz, Alcázar de San Juan y distintos complejos lagunares manchegos”.

Estos equipos especializados llevan cerca de un mes trabajando sobre el terreno mediante capturas con hurón y redes en las zonas más sensibles, especialmente humedales y complejos lagunares, según ha señalado la Junta en nota de prensa.

Según ha añadido, se trata de espacios “extensos y complejos que requieren reiteración en la actividad de control”, motivo por el cual los equipos ya acumulan más de doce jornadas de trabajo en estas áreas y continuarán actuando de forma intensiva.

Durante la reunión, ha explicado que estas mesas provinciales se enmarcan en los acuerdos alcanzados el pasado 24 de abril durante la celebración de la Mesa Regional del Conejo de Monte, donde se decidió poner en marcha cinco mesas provinciales para reforzar el seguimiento territorial del problema.

Almodóvar ha indicado que estos órganos nacen “con el objetivo de hacer un seguimiento mucho más cercano al territorio y reunir a todos los organismos implicados en la gestión de esta problemática”. En ellas participan representantes de todas las administraciones involucradas —local, regional y estatal—, organizaciones agrarias, colectivos cinegéticos y ayuntamientos especialmente afectados por la sobrepoblación de conejos.

El viceconsejero ha destacado que el Ejecutivo autonómico activó el pasado mes de marzo el Plan de Acción frente a la Sobrepoblación de Conejo de Monte, integrado por 18 medidas estratégicas, técnicas y de coordinación.

Precisamente, ha confirmado que “todo ese conjunto de herramientas puestas encima de la mesa hace que desde el 1 de enero llevemos ya capturados más de 641.500 conejos en Castilla-La Mancha, 95.552 de ellos en la provincia de Ciudad”, ha indicado.

Control nocturno y emergencia cinegética

Además, el viceconsejero ha recordado que la Junta ha dotado también a los agentes medioambientales de autorización para realizar control nocturno y mantiene activada un año más la declaración de comarca de emergencia cinegética, herramienta que permite a los cazadores realizar capturas sin cupo y durante todo el año.

Igualmente, el Gobierno regional ya puede autorizar de manera excepcional el uso de trampas para la captura de conejos dentro del marco normativo vigente y con todas las garantías de seguridad y bienestar animal.

Cabe recordar que el Plan de Acción frente a la Sobrepoblación de Conejo de Monte contempla una inversión estimada cercana a los cuatro millones de euros y mantiene un carácter dinámico y abierto a nuevas actuaciones. Entre otras líneas de trabajo, también se están promoviendo traslocaciones de ejemplares hacia espacios donde existe demanda de la especie y su aprovechamiento para la alimentación de fauna protegida en recuperación en centros especializados.

Durante el encuentro, en el que también ha participado el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa, José Almodóvar ha subrayado que esta mesa permitirá “seguir avanzando en soluciones eficaces frente a la sobrepoblación de esta especie y evaluar de forma continua la eficacia de las medidas adoptadas”.

La frontera entre La Rioja y Navarra mide apenas unos metros a la altura de Cervera del Río Alhama, pero esa distancia parece ser suficiente para ofrecer diferente información en lo que a gestión ambiental se refiere. En abril de 2023, un disparo terminó con la vida de un águila perdicera. Tres años más tarde, el Gobierno de La Rioja no ha registrado esa muerte en sus informes, mientras que sí se recogen sus datos en la información del Gobierno de Navarra a los que ha tenido acceso Rioja2.

El águila perdicera se encuentra desde hace años al borde de la desaparición en La Rioja, catalogada formalmente 'En Peligro de Extinción' dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas. En 2016, el Gobierno de La Rioja aprobó el Plan de Recuperación de la especie vigente hoy en día, que recogía el fuerte declive de población con cuatro territorios ocupados por parejas reproductoras en el territorio de la comunidad autónoma y un quinto territorio compartido con Burgos y Álava. La protección de esta ave obliga a desarrollar actuaciones para la conservación, como mitigar las amenazas de muerte y proteger las zonas de nidos del águila, así como hacer un seguimiento a los ejemplares.

Ni rastro de Bartullero en los registros del Gobierno de La Rioja

En el listado riojano remitido a Amigos de la Tierra aparecen aves electrocutadas en Quel, Grañón, e incluso un ejemplar nacido en el Cidacos que murió en Ciudad Real también en un apoyo eléctrico. Sin embargo, ni rastro de la muerte por disparo del águila en Cabretón. El ejemplar abatido tiene nombre e historial de seguimiento: de nombre Bartullero, es un macho nacido en marzo de 2018 y muerto en abril de 2023 por disparo, según los datos del Gobierno de Navarra. Además, Amigos de la Tierra señala que probablemente fuera un disparo de caza, lo cual agrava la situación porque en abril de 2023 no era temporada de caza en La Rioja en ninguna modalidad.

Ante esta información, la entidad ecologista reclama al Gobierno de La Rioja transparencia en la gestión de la biodiversidad y, concretamente, qué actuaciones ha llegado la Consejería a posteriori. Preguntada por este asunto, la Consejería rechaza hacer “cualquier tipo de valoración”.

Amigos de la Tierra La Rioja ha denunciado la falta de información del ejecutivo riojano. “La reiteración del silencio administrativo, incluso tras la presentación de recursos y la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, podría suponer un incumplimiento de la normativa vigente en materia de acceso a la información ambiental, que reconoce este derecho como un pilar fundamental para garantizar la participación pública y la correcta gestión del medio natural”, señala la organización.

Colapso demográfico y un plan de recuperación caducado

La situación del águila perdicera es especialmente grave. Los últimos datos publicados en la web del Gobierno de La Rioja son de 2016, cuando cuantificaban un total de 4 parejas: una en los Montes Obarenes, una en la zona del Ebro, una en la zona del Alhama (donde se produjo la muerte del ejemplar en 2023) y otra fuera de la Red Natura 2000. La asociación Amigos de la Rioja calcula que actualmente quedarán en La Rioja dos o tres parejas de esta especie y los datos de reproducción son muy malos. Por ejemplo, según cifras del Ejecutivo regional, en 2023, el año más reciente ofrecido, la productividad, el éxito reproductor y la tasa de vuelo fueron nulos.

La muerte de 'Bartullero' evidencia, además, una profunda brecha en la política de conservación entre comunidades vecinas. Mientras que Álava y Navarra han participado activamente en programas europeos -ya concluidos- de reintroducción como los proyectos LIFE Bonelli (2013-2017) y AQUILA a-LIFE (2018-2023) —consiguiendo liberar 50 ejemplares y recuperar zonas históricas donde la especie se había extinguido—, La Rioja ha permanecido al margen de estas últimas redes europeas. La última vez que el territorio riojano formó parte de un programa LIFE de la Unión Europea para el águila perdicera fue entre 1999 y 2002.

Desde entonces, la comunidad autónoma ha fiado la supervivencia de la rapaz a un Plan de Recuperación autonómico, que se encuentra desfasado. Fue aprobado en 2016 y recogía una vigencia de seis años de su programa de actuaciones, que sería “preceptivamente revisado al finalizar dicho periodo”. Es decir, el Gobierno de La Rioja tenía que haber actualizado y auditado el plan en 2022, hace ya cuatro años.

Este mismo plan recogía que la especie se consideraría recuperara y se sacaría de la categoría “peligro de extinción”, cuando el ecosistema riojano debía albergar un mínimo de ocho parejas reproductoras estables. Sin embargo, la realidad y los datos caminan en el sentido contrario. Los datos más recientes recogen la productividad cero de 2023: ni un solo polluelo voló el cielo riojano el mismo año que el águila Bartullero murió por un disparo en Cabretón. Un asunto que por ahora el Gobierno de La Rioja ha borrado de sus registros.

Varios componentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Ciudad Real, dentro de la denominada operación 'QUACKERS' han investigado a tres personas vinculadas a una trama en la que usurpaban la identidad de una persona para falsificar los certificados sanitarios para el transporte de piezas de caza.

Estos ejemplares eran abatidos en cacerías en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cáceres y los desplazaban hasta una sala de despiece, tratamiento y comercialización de carnes de caza ubicada en la provincia de Jaén, donde realizaban su elaboración y posterior venta al consumidor.

Precisamente, la provincia de Ciudad Real ya fue objetivo de polémica hace unas semanas por una investigación del SEPRONA sobre una montería en la que se abatieron cientos de ciervos y gamos, muy por encima de los cupos legales.

En esta operación, tras interponer denuncia la víctima en el mes de marzo del año en curso, por la suplantación de identidad de su persona, se inició una investigación para esclarecer un supuesto delito de usurpación de estado civil y falsificación documental.

Estas irregularidades servían para amparar el registro sanitario y el transporte de piezas de caza menor desde diversas fincas de las provincias reseñadas hasta la sala de tratamiento.

Durante la investigación se recogió diversa documentación en la sala de tratamiento, al objeto de poder comprobar la veracidad de lo denunciado por la víctima. Se comprobó que los investigados usurpaban la identidad de la víctima la cual poseía la formación adecuada para dar legalidad al transporte de las piezas de caza abatidas, certificando la seguridad alimentaria de las mismas.

Las declaraciones de los testigos evidenciaron que no se trataba de hechos aislados, sino de una práctica habitual en estas instalaciones.

Objetivo: obtener “blindaje legal”

El objetivo era obtener un “blindaje legal” para la primera inspección sanitaria y el transporte de las piezas de caza menor hacia el recinto, donde posteriormente eran procesadas y puestas a la venta al consumidor.

Con todo esto, no solo se incurría en delitos de usurpación de estado civil y falsificación documental, sino que se comprometía la seguridad alimentaria de la carne destinada al consumo humano, al impedir la detección de patologías antes de su comercialización, esta práctica supone un riesgo para la salud pública.

Durante el mes de abril y una vez que se tuvieron todas las pruebas suficientes se procedió a la investigación de tres personas como presuntos autores por la comisión de delitos continuados de falsificación documental y usurpación de identidad.

Las Diligencias Policiales instruidas al efecto han sido entregadas en los Tribunales de Instancia de La Carolina (Jaén).

Desde la polémica modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que el Gobierno regional realizó hace casi nueve años no ha habido manera de que el reglamento para su desarrollo salga adelante. Cuando el Ejecutivo de Emiliano García-Page decidió sacarlo adelante en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma lo tumbó tras un complejo periplo judicial, en febrero de 2025, principalmente por la falta de un informe preceptivo. Es decir, no venía avalado por los órganos consultivos. La demanda la impulsó Ecologistas en Acción al considerar que se “ocultaron” cambios sustanciales en el proceso de participación pública para “favorecer al lobby cinegético”.

Antes de eso, el reglamento ya había sido objeto de varias polémicas. La más sonada fue una incorporación de última hora que permite cazar en caminos públicos y vías pecuarias. El Gobierno regional lo hizo a través de la denominada ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos de hace dos años, una normativa ‘ómnibus’ en la que se suelen modificar decenas de leyes. También en ese momento, los ecologistas pusieron el grito en el cielo.

Desde entonces ha habido otros tres borradores del Reglamento. Pero el que la Junta de Castilla-La Mancha considera definitivo ya está listo. Así lo ha adelantado recientemente el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, precisando que se ha redactado “de la mano” del sector cinegético incorporando modificaciones que vienen determinadas en los cotos cinegéticos, tras la entrada en vigor de la mencionada ‘Ley de Acompañamiento’.

Estas declaraciones las realizó después de una reunión del Consejo Regional de Caza. El viceconsejero afirmó que también se han incorporado aportaciones de diferentes colectivos, federaciones, grupos conservacionistas y técnicos. Teniendo como base este borrador, el objetivo que el Gobierno se ha marcado es aprobarlo antes de verano, de cara a la apertura de la temporada de caza de 2026.

Nuevo rechazo de las organizaciones ecologistas

Efectivamente, el nuevo borrador, al que ha tenido acceso este medio, incorpora modificaciones en lo referente a los cotos, pero vuelve a adolecer de consenso en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). En su última reunión, volvieron a votar en contra las ONG con representación en este organismo: Ecologistas en Acción, WWF, Ardeidas y SEO/Birdlife.

¿Por qué se mantiene ese rechazo? “La línea del Reglamento es continuista”, explica Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha. Y lo es, apunta, porque “todos sus males” derivan de la modificación que se hizo de la Ley de Caza en el 2015.

Estas organizaciones mantienen su ‘no’ al reglamento por dos motivos principales. El primero de ellos es cómo se enfoca la caza, con un “incremento de la intensificación de la actividad cinegética a través de la promoción de los cotos intensivos”, a los que el nuevo texto denomina ahora “cuarteles de caza comercial”. Y además amplía los ámbitos de la actividad con carácter intensivo “a lo largo y ancho” de Castilla-La Mancha.

Esta ampliación, aducen las organizaciones ambientales, no se realiza en un único apartado del Reglamento, sino que se desarrolla a lo largo de su articulado. “Con lo que ello implica de impacto en el medio natural y en la conservación de espacios naturales y espacios protegidos. Permite que se esté pegando tiros a lo largo de todo el año en muchos más sitios y en mucho mayor número, lo que tiene un impacto sustancial en el medio natural”.

El segundo aspecto es el mencionado cambio que permite cazar en vías pecuarias y caminos públicos. Concretamente, en el apartado de cotos de caza, el texto establece que no se considerará interrumpida la “continuidad” de los cotos por la existencia de agua, vías pecuarias o “cualquier otra construcción de características semejantes”.

El Reglamento incorpora que se concederá, mediante solicitud administrativa, a la persona titular del coto, ejercer la actividad cinegética en las vías y caminos de uso público durante las horas que dure la cacería colectiva. Se establece eso sí, que fuera del periodo indicado en la autorización, se garantizará el uso público y común de estos caminos vías.

“Hay alguna pequeña matización, pero en lo esencial, la Administración autonómica sigue abriendo el camino para que se practique la caza en lo que siempre han sido zonas de seguridad y unas infraestructuras verdes esenciales para el desarrollo de muchísimas actividades en el medio rural”, destaca Miguel Ángel Hernández.

Los colectivos ecologistas insisten en que se trata de zonas de dominio público que están amparadas por normativa estatal. “Su funcionalidad no es la caza, y por lo tanto no se puede dar derechos de caza sobre un terreno que ni siquiera les pertenece. Por mucho que regateen con tecnicismos sobre otorgar permisos específicos, la cuestión es que al final se permitirá la caza en esas vías”.

Además, alertan de que esta circunstancia “se extenderá como una mecha”. En Castilla-La Mancha hay cientos de cotos de caza atravesados por caminos públicos o vías pecuarias, y “nos podemos encontrar con que no podemos hacer uso de ellos porque están cazando y lo están haciendo con permiso, con lo que ello supone para las actividades en el medio natural, desde una persona que quiera ir a ver sus colmenas hasta las empresas de turismo rural de naturaleza”.

La única explicación es que quieren ofrecer comodidad a los cazadores. No puede ser otra cosa

“Hemos intentado hacerle ver al Gobierno regional que ni es legal ni es justo que le den tanta prevalencia a la caza sobre el resto de actividades en el medio natural, pero no conseguimos que tomen las medidas oportunas. La única explicación es que quieren ofrecer comodidad a los cazadores. No puede ser otra cosa”, lamenta.

Hay otra cuestión polémica dentro del Reglamento: el uso del plomo. En su disposición transitoria primera, el texto establece que su prohibición en la munición no será completa hasta los tres años de la entrada en vigor del texto. Y además, agrega que en caso de solicitud de prórrogas adicionales por personas interesadas, la Consejería de Desarrollo Sostenible “evaluará las circunstancias existentes y resolverá motivadamente”.

El primer plazo que se otorgó para dejar de usar munición con plomo, derivado de la aplicación de la Ley de Caza, ya expiró en 2025, pero al no haber reglamento de desarrollo, es “una vuelta atrás”.

“Estamos hablando de otros tres años de plomo y demuestra igualmente una falta de sensibilidad con el medio natural e incluso con la salud pública, porque ya hay muchos estudios que demuestran que la carne de caza contiene altas dosis de plomo”.

La cuestión es que el contexto europeo también permite esta nueva prórroga. En marzo de 2025, ya existía una propuesta de la Comisión Europea para prohibir la munición de plomo en cualquier actividad al aire libre, incluida la caza. Ya iba con retraso, porque la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) había recomendado anteriormente vetar este material para ahorrarle al medio ambiente unas 630.000 toneladas de plomo en 20 años.

Pero el pasado mes de abril se hizo público que las últimas modificaciones del proyecto ya han descartado que las restricciones se apliquen a las balas y contempla ampliar los años en los que podrá seguir usándose cartuchos de plomo hasta que el sector se ponga al día: de tres a cinco.

“Si la Unión Europea está reculando, le está dando carta blanca a los países y a los gobiernos autonómicos. Pero que Europa haga mal los deberes no quita para que cada uno asuma sus responsabilidades, sobre todo cuando estamos en la comunidad autónoma, que junto a Andalucía y Extremadura, lidera la actividad cinegética en España y, por tanto, el vertido del plomo al medio natural”,

Ahora las organizaciones ecologistas volverán a presentar alegaciones en el nuevo periodo de información pública. “Insistiremos hasta el último segundo para evitar acudir de nuevo a los tribunales, aunque ya sabemos que la Administración se siente cómoda en ese escenario. Muchas veces prefiere no abordar un conflicto y que vaya a los tribunales porque sabe que el tiempo juega a su favor”, concluye.

Estos argumentos contrastan de forma significativa con los que el Gobierno castellanomanchego defiende en su nuevo Reglamento de Caza. Resalta que, siendo el medio rural el que alberga el patrimonio natural y la biodiversidad de la región, el borrador incide en el “alineamiento de la actividad cinegética con las normas básicas de conservación de la naturaleza”, así como su “puesta en valor como herramienta de gestión en el medio natural”.

Argumenta que la sostenibilidad de la caza depende, en gran medida, no solo del equilibrio de los ecosistemas sino también del “futuro de la propia actividad cinegética”. Y en este contexto, considera que el nuevo texto “refuerza el papel de la caza ligada a la conservación biológica y al uso social y ambientalmente responsable del medio natural”.

El Gobierno regional alega la defensa de la caza sostenible

Repite asimismo un argumento muy recurrente en el Gobierno de Page, firme defensor de la caza, como es la necesidad de consolidar su papel como “una actividad socioeconómica sostenible y como herramienta para la planificación, gestión y puesta en valor del medio natural”.

“La región es visitada anualmente por un importante número de personas para ejercer la práctica de la caza en sus distintas modalidades, haciendo de la misma una de las actividades socioeconómicas más relevantes y frecuentes de todas las que acontecen en el medio rural castellanomanchego”, reitera.

Agrega que las numerosas asociaciones, sociedades y clubes de caza distribuidos por las poblaciones de Castilla-La Mancha están llamadas a desempeñar “una labor trascendental” a favor de la sostenibilidad “facilitando información sobre el estado de las especies de fauna, actuando en la conservación y mejora de los hábitats y especies naturales, algunas en declive, y garantizando el equilibrio poblacional de las especies cinegéticas”.

Se refiere con ello a los “efectos adversos por sobreabundancia”, fundamentalmente daños en cultivos agrícolas, accidentes de tráfico y riesgos sanitarios, y también sobre el conjunto de la biodiversidad.

Habla así de la necesidad de conseguir una “caza ética, excelente y de conservación”, que también busca “resolver el problema del relevo generacional y la propia incorporación de la mujer en su práctica”.

También se revisa el Reglamento de Pesca

Por último, a través de este nuevo Reglamento se acomete la modificación del de pesca: se suprime la adjudicación de permisos de pesca mediante el sorteo de la oferta pública, lo cual se justifica por no existir “una demanda significativa”, habiéndose ya implantado “con éxito” la tecnología necesaria para la adquisición por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de los permisos disponibles.

PP y Vox han sellado un acuerdo que incorpora la eliminación de una de las prohibiciones expresas que el Ejecutivo de Francina Armengol introdujo en 2017 en la ley balear de protección animal: la que veta la celebración de competiciones de tiro al pichón y codorniz, una práctica consistente en lanzar aves vivas para ser abatidas en competiciones.

La medida, sin embargo, no será materializada mediante la modificación específica de la legislación animalista, sino mediante una disposición final que prevén añadir al proyecto de ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero que PP y Vox han convertido en cajón de sastre para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Las correcciones están provocando la reforma encubierta, como denuncian desde la oposición, de más de 50 leyes autonómicas.

La acumulación de medidas heterogéneas en una ley de carácter económico ha despertado las críticas de los grupos de izquierdas sobre el uso de este tipo de normas 'ómnibus' para introducir reformas de calado sin un debate específico. Junto a la reforma de la ley animalista, el último pacto alcanzado en ponencia por conservadores y extrema derecha incluye la autorización de pistolas táser para policías locales, la exención del catalán para alumnos desplazados temporalmente y la flexibilización del requisito lingüístico en plazas docentes de difícil cobertura.

En el caso de la normativa de protección animal, el acuerdo contempla suprimir la letra d) del artículo 4 que el Govern de Armengol introdujo “con carácter específico” en su reforma de la ley autonómica de 1992. Junto a las competiciones de tiro al pichón y a la codorniz en sus distintas modalidades -a brazo o palomero, a brazo mecánico o tubo y a jaula-, la norma prohíbe los circos con animales, los espectáculos que impliquen tortura, maltrato o sufrimiento, las peleas de animales y la filmación de escenas con crueldad animal.

El veto de las prácticas de tiro provocó el inmediato rechazo de las federaciones de caza y tiro y parte del sector trasladó pruebas y campeonatos fuera de las islas para poder seguir celebrándolos sin infringir la normativa autonómica.

Entre quienes se mostraron más beligerantes contra aquella prohibición figuró el entonces presidente de la Federación Balear de Caza, Pedro Bestard, en la actualidad dirigente de Vox y vicepresidente del Consell de Mallorca. Bestard denunció que el veto suponía un “ataque al mundo rural y cinegético” y proclamó que  los cazadores son “los primeros ecologistas, amantes de la naturaleza y de los animales”, al tiempo que reprochó a las fuerzas progresistas “hablar de maltrato cuando se refieren a prácticas propias del mundo rural que vienen de muy lejos y que forman parte de la cultura”.

El paquete de enmiendas pactadas por PP y Vox incluye también otras medidas de alto contenido político. Por un lado, se autoriza a los ayuntamientos a dotar a la policía local de dispositivos eléctricos de control -los conocidos táseres- y, por otro, se introducen cambios en el sistema educativo: los alumnos desplazados temporalmente, como hijos de militares o trabajadores trasladados, quedarán exentos de la evaluación de catalán, y se flexibiliza el requisito lingüístico para cubrir plazas docentes de difícil acceso.

En un comunicado difundido este miércoles, Vox reivindica el acuerdo como una demostración de su capacidad de influencia: “Cuatro victorias reales para los ciudadanos”, recalca su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas. El proyecto de ley de proyectos estratégicos encara ahora su tramo final de tramitación y deberá ser aprobado en el pleno del Parlament. De confirmarse los distintos acuerdos alcanzados por ambos socios de investidura, Balears no solo avanzará en la agilización de proyectos estratégicos, sino que también, como advierten desde la oposición, dará marcha atrás en algunas de las políticas vigentes en los últimos años.

La Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo ha votado este miércoles el informe emitido por la delegación de los eurodiputados que el pasado mes de febrero visitaron el Parque Nacional de Cabañeros para evaluar el funcionamiento del espacio natural.

La visita, propiciada por el Partido Popular, buscaba entre otras cuestiones un golpe de efecto en Europa para tratar de obligar a España a que permita la caza en el parque. El argumento se basa en la sobrepoblación de ungulados, como los ciervos. El alcalde de Horcajo de los Montes Julián Fernández llegó a afirmar que hay “demasía” de animales.

En la Eurocámara se ha dado luz verde al informe presentado por la delegación de la PETI, que encabezó el propio presidente de este órgano el polaco Bogdan Rzonca, al que en febrero acompañaron distintos dirigentes del PP, representantes de las diputaciones provinciales de Ciudad Real y Toledo -ambas gobernadas por los 'populares' y Vox- y varios alcaldes.

Un informe que recomienda, aunque no obliga

De este informe, que ha sido enmendado, se desprenden algunas observaciones y recomendaciones, que son solo eso, recomendaciones. Por ejemplo, subraya “la necesidad de una gestión activa de la fauna silvestre basada en la Ciencia y la introducción de mecanismos de control poblacional para abordar el desequilibrio ecológico causado por la sobrepoblación de ungulados”.

La cuestión de la caza es la más polémica. Esta actividad es ilegal, tanto en su modalidad deportiva como comercial en los parques nacionales españoles desde diciembre de 2020, pero sí que se permite la actividad cinegética si se trata de un necesario control poblacional, con un plan supervisado y conveniado con el Estado y la Junta de Castilla-La Mancha.

El informe aprobado hoy “reconoce el papel fundamental de las actividades de caza como una herramienta de gestión indispensable en las estrategias de gestión de la vida silvestre” o que “las prácticas de manejo actuales en el Parque Nacional Cabañeros, incluida la prohibición de medidas efectivas de control poblacional, han provocado la sobrepoblación de ungulados, la degradación de la vegetación, la erosión del suelo y el deterioro de la biodiversidad, en contra de los objetivos de la legislación ambiental de la Unión”.

A esta cuestión ya contestó la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Mercedes Gómez. aseguró en febrero que solo el 6% del parque es público - y es titularidad del Estado- y que los propietarios privados ya controlan la caza en Cabañeros. Dijo no entender la visita de los eurodiputados teniendo en cuenta que los particulares tienen instrumentos “perfectamente tipificados y perfectamente puestos a su disposición para poder hacer ese control de ungulados”, en alusión a los planes y convenios que permiten el control preventivo si hay sobrepoblación.

Ahora, en el Parlamento Europeo se ha incidido en su recomendación en “un modelo de gestión equilibrado que integre la protección de la biodiversidad con la actividad económica y cinegética rural sostenible”, porque así se garantiza la viabilidad a largo plazo de las comunidades circundantes y se preserva el valor ecológico del parque.

Se insta también a las autoridades competentes a que “garanticen la aplicación efectiva de la legislación medioambiental de la Unión Europea” y a que se reevalúe el marco de gestión del Parque Nacional de Cabañeros “para proteger la biodiversidad, sin marginar a las comunidades locales ni a las actividades tradicionales”.

Además, se ha aprobado instar a la Comisión Europea a que “adopte las medidas necesarias” para garantizar el estricto cumplimiento de la Directiva Hábitats y “detener el deterioro” de la fauna en esta zona protegida “ante la falta de medidas inmediatas por parte del Gobierno español y las autoridades competentes”.

También se ha invitado a la Comisión Europea y a los Estados miembros “a mantener un diálogo permanente entre las instituciones y las partes interesadas, respetando plenamente las particularidades territoriales y las identidades locales, para equilibrar la protección del medio ambiente con los objetivos de desarrollo rural”.

Los propietarios privados celebran la posición de la Eurocámara

La Asociación de Afectados de este Parque Nacional agrupa a propietarios nueve fincas privadas de este enclave. En febrero acompañó a los eurodiputados en su visita y hoy ha celebrado la aprobación del informe.

Se congratula de que se pida una “nueva evaluación de la situación medioambiental en el Parque Nacional de Cabañeros y una valoración de los impactos socioeconómicos de la prohibición de la caza, garantizando que las políticas de conservación vayan acompañadas de un apoyo adecuado a las comunidades rurales”.

Rafael Sánchez, portavoz de la Asociación de Afectados, valora positivamente en un comunicado la aprobación del informe. Cree que “supone un espaldarazo” a sus reclamaciones y que se ha podido “constatar el declive que sufre el ecosistema” por no permitir la caza. Ahora esperan que “las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto”, explica el abogado de la Asociación, Miguel Temboury. “Recurriremos a otras instancias si es necesario”, advierte.

Este colectivo de propietarios recalca también la importancia de que se haya instado a las autoridades competentes “a acelerar las negociaciones con los propietarios privados para concluir acuerdos de gestión sobre todos los terrenos incluidos en el parque, garantizando una gestión coherente y eficaz del ecosistema”.

El Parque Nacional de Cabañeros, situado entre las provincias de Ciudad Real y Toledo, cuenta con 409 kilómetros cuadrados de extensión y forma parte de la Red Natura 2000.

Según los datos ofrecidos por los propietarios privados se estima que la población de ungulados multiplica por cinco el límite considerado óptimo provocando el deterioro del ecosistema. Los propietarios defienden que, desde que se prohibiese la caza en 2020, no han podido llevar a cabo actuaciones de gestión. Aunque en 2021 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del parque y en 2023 el Plan de Gestión de Ungulados, ambos instrumentos en su opinión “han quedado sin aplicación efectiva por la falta de convenios con los titulares de las fincas”.

Hasta la fecha, solo una de las nueve fincas privadas ha firmado convenio —el pasado 14 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de enero—, aunque este no ha podido ejecutarse al no contar con dotación presupuestaria. Las ocho restantes han continuado a la espera de que se inicien negociaciones.

En febrero la responsable de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha puso la pelota en el tejado de estos propietarios privados. Insistió en que “lo más importante” es que sean los propios titulares de las fincas privadas quienes presenten un plan de ungulados y que tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas, valoren junto con ellos si cumplen los requisitos para hacer ese control, aunque no habló de dotación presupuestaria para que lo hagan.

La primera Mesa provincial del Conejo de Monte se ha reunido en Albacete con el objetivo de hacer un seguimiento más cercano de las actuaciones para luchar contra la sobreabundancia de esta especie en el territorio y mejorar la coordinación a nivel local.

La mesa provincial se reúne tras la primera sesión de la regional que puso en marcha por parte del Gobierno regional para luchar contra los daños que los conejos están causando en la agricultura regional.

Esta primera reunión ha estado presidida por el delegado de la Junta en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos, el viceconsejero de Medio Ambiente, Pepe Almodóvar, y la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero y ha contado con la asistencia de representantes de las distintas administraciones, Guardia Civil, organizaciones agrarias, sector cinegético, entidades conservacionistas y la comunidad científica.

Tal y como ha apuntado el delegado de la Junta, en lo que va de año, se han capturado en Castilla-La Mancha 603.000 conejos. “Una cifra que preocupa mucho, sobre todo, a los agricultores”, ha dicho. De éstos, un 30 por ciento se han capturado en los campos albaceteños.

Por su parte, el viceconsejero de Medio Ambiente, Pepe Almodóvar ha explicado que tanto la Mesa Regional del Conejo de Monte, como las respectivas mesas provinciales, se enmarcan en el Plan de Acción frente a la sobrexplotación del conejo de monte, impulsado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, que contempla 18 medidas estratégicas técnicas y de coordinación, con una inversión prevista de, en torno, a cuatro millones de euros, y que se concibe como un plan dinámico, en constante mejora.

Entre los principales objetivos de este órgano se encuentran el análisis de la evolución de las poblaciones de conejo, la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas y la propuesta de nuevas actuaciones que permitan reducir los daños agrícolas, mejorar la seguridad de las infraestructuras y garantizar el equilibrio de los ecosistemas.

Al mismo tiempo, el viceconsejero ha destacado “la puesta en marcha, a través de GEACAM, de dos Equipos de Control de Fauna (ECOFA) que trabajan con urones y que ya están actuando sobre el terreno en zonas especialmente sensibles, donde la acumulación de conejos puede suponer un riesgo. Además del refuerzo de la capacidad operativa de los agentes medioambientales, a los que se ha dotado de medios extraordinarios para la caza nocturna, porque es la más efectiva, y que estamos que en un futuro podríamos extender a otros cazadores”.

No obstante, cabe recordar que, desde ejercicios anteriores, el Gobierno regional ha venido implementando medidas excepcionales, como la declaración de emergencia cinegética, que se ha ampliado hasta alcanzar 364 municipios, lo que supone el 42,8 por ciento del territorio regional; la autorización de la caza con hurón y el uso de redes; así como la posibilidad de comercializar la carne de los conejos capturados, siempre con las garantías sanitarias, legales y de bienestar animal.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha abierto hoy, 4 de mayo, a través del Portal de Transparencia del Gobierno de La Rioja, el proceso de consultas previas sobre el decreto que desarrollará determinadas figuras cinegéticas previstas en el marco de la Ley 8/2022, de 24 de junio, de Caza y Gestión Cinegética de La Rioja.

Con este proceso abierto, se pretende trabajar desde el inicio de la tramitación de la nueva norma en colaboración con el sector cinegético, buscando el consenso a la hora de diseñar estas importantes figuras, que impulsarán la imagen de la caza de nuestra comunidad autónoma durante los próximos años. El plazo de exposición pública del documento permanecerá abierto hasta el próximo 22 de mayo.

En concreto, se regularán los requisitos de acceso y funciones del guía de caza, el concepto de calidad cinegética para el uso de la mención facultativa de carne de caza, el alcance de las licencias de caza recíprocas con otras comunidades y el perfil del cazador ético.

Respecto a la figura del guía de caza, ya en el reglamento 1/2026 aprobado en enero de este año, se acordó que será designado por la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y podrá ser un cazador formado o un guarda rural una vez haya superado unas pruebas teóricas y prácticas. Asumirá funciones de gestión de los terrenos para los que estén habilitados como el mantenimiento del acotado, la supervisión en batidas y recechos, el control de predadores, el seguimiento sanitario de las reses abatidas y el apoyo a la caza de gestión. En este sentido, la Consejería promoverá la realización de cursos de formación en colaboración con la Federación Riojana de Caza.

La regulación de esta figura pretende “dinamizar” el sector cinegético “asegurando una actividad que fomente también un producto turístico de mayor valor, la satisfacción de las personas que practiquen esta actividad y la sostenibilidad en la gestión del medio natural”, según explica el Gobierno de La Rioja.

Certificado de calidad cinegética

Por otro lado, el decreto plantea desarrollar un sistema de certificación de la calidad cinegética de los cotos mediante una metodología de clasificación basada en unos estándares definidos y un procedimiento asociado. Esta certificación dará acceso al uso de la mención ‘carne de caza de La Rioja’, para la cual también se pretende diseñar una imagen gráfica. 

La evaluación se fundamenta en parámetros intrínsecos de la calidad cinegética de los cotos como la capacidad de carga, el carácter autóctono de las poblaciones, la diversidad de especies y la calidad de los trofeos. Pero también se contemplan parámetros externos que supongan la intervención activa y de mejora de los terrenos cinegéticos, incluyendo la adecuación y cumplimiento de los Planes Técnicos de Caza, la gestión de poblaciones, la realización de muestreos y censos, la limitación a refuerzos poblacionales, el control de daños a la agricultura, el seguimiento sanitario de la caza por personal cualificado, y la integración paisajística. 

Por otro lado, se otorga un tratamiento especial a las mejoras del hábitat como criterio de especial interés a desarrollar, al permitir el análisis de intervenciones humanas por su impacto directo sobre la calidad cinegética: el agua, el refugio, la alimentación natural o la conectividad.

El decreto recoge además la creación de la figura de cazador ético que, según explica el Gobierno de La Rioja, tiene por objeto “visibilizar y poner en valor activamente a personas que realizan esta actividad, con un firme compromiso de llevar a cabo buenas prácticas, y asegurar un aprovechamiento ordenado y sostenible de los recursos cinegéticos”.

Por último, el decreto regulará la posibilidad de firmar convenios de reciprocidad con otras comunidades autónomas para facilitar la obtención de licencias. A su vez, con el registro riojano de cuestiones cinegéticas, la administración riojana dispondrá de forma centralizada de toda la información asociada a aspectos administrativos en este ámbito.