La Junta de Castilla y León ha eliminado la autorización nominativa que exigía a los cazadores para transportar, tener y utilizar determinados dispositivos electrónicos auxiliares para la caza mayor, entre ellos los visores térmicos. La modificación, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), suprime el trámite que debía emitir el titular del coto o su representante legal mediante un modelo oficial disponible en la web de la Administración autonómica.

La Orden AGR/1091/2026, firmada el 16 de octubre por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, modifica la regulación aprobada semanas antes, el 25 de septiembre, que autorizó el transporte, la tenencia y el empleo de estos dispositivos en determinadas modalidades de caza.

La Consejería ha justificado la eliminación del requisito en que la Ley de Caza de Castilla y León ya reconoce el “derecho a cazar” en un terreno a las personas autorizadas por su titular. En concreto, la Junta se remite al artículo 3.4 de la Ley 4/2021, de 1 de julio, para concluir que no es necesaria una autorización escrita adicional para utilizar los dispositivos cuando el cazador ya tiene permiso para cazar en ese terreno.

La modificación no elimina, sin embargo, las condiciones de seguridad establecidas para el uso de estos medios. La orden mantiene expresamente que el cazador no puede disparar basándose exclusivamente en la señal térmica o en la imagen que muestre el dispositivo. Antes de efectuar el disparo debe identificar la especie cinegética y comprobar que se ajusta a las condiciones de la autorización de caza, incluidos los requisitos relativos a la especie, la edad y el sexo del animal.

También se mantienen las obligaciones de transporte y custodia. Fuera de los supuestos y horarios autorizados, los dispositivos deben permanecer apagados y guardados en sus fundas. Cuando se trasladen en vehículos a motor, deberán situarse fuera del alcance inmediato del conductor y de los pasajeros.

La Junta justifica el cambio por los accidentes y los daños al campo

La nueva orden modifica también el preámbulo de la regulación de septiembre justificar sus cambios. El Ejecutivo autonómico alude ahora al aumento de los accidentes de circulación y a la evolución de las solicitudes por daños provocados por determinadas especies de ungulados cinegéticos en explotaciones agrícolas y ganaderas.

La Consejería ha incorporado el enfoque preventivo de ‘Una Salud’, que relaciona la salud de las personas, los animales domésticos y la fauna silvestre. Según la norma, resulta necesario reducir los riesgos sanitarios derivados de la interacción entre estos tres ámbitos.

La Junta ha defendido que la caza puede contribuir al equilibrio ecológico como herramienta de gestión y defiende que la flexibilización de las condiciones de utilización de determinados dispositivos permitirá aumentar la eficacia de las actuaciones cinegéticas y favorecer el cumplimiento de las capturas previstas en los planes de caza mayor.

Autorización con límites

La supresión del permiso nominativo se produce menos de un mes después de que la Junta aprobara la autorización de estos dispositivos mediante la Orden AGR/962/2026. Esa regulación permite utilizar visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los térmicos, para cazar jabalíes, ciervos, corzos, gamos y muflones en las modalidades de rececho y aguardo o espera, dentro del horario comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de la puesta.

En esos supuestos, los dispositivos no pueden estar acoplados ni montados en el arma durante la acción de caza. La normativa contempla una excepción para los aguardos o esperas nocturnos de jabalí, en los que permite transportar, tener y utilizar dispositivos electrónicos para tiro nocturno, incluidos los térmicos, estén o no acoplados al arma.

La autorización no se extiende a la caza menor ni a especies como la cabra montés o el rebeco. Tampoco permite emplear estos dispositivos en modalidades como la montería, el gancho, la caza al salto o la caza en mano, con independencia de la especie.

La aprobación de la norma provocó el rechazo de organizaciones ecologistas. Ecologistas en Acción Palencia llegó a reclamar el cese del anterior director general de Caza, Ignacio de la Fuente Cabria, por la propuesta de permitir estos dispositivos, al cuestionar su encaje legal y advertir de las restricciones que establece la Ley de Caza para los visores nocturnos. El Ejecutivo autonómico también ha cambiado de director general de Caza, después de que el anterior fuera cesado tras tres meses en el cargo,

La flexibilización se enmarca en la línea defendida por el consejero desde el inicio de la legislatura. En su comparecencia de julio, el responsable de Agricultura anunció que la Junta estudiaría cómo permitir el uso de silenciadores en determinadas modalidades y circunstancias, una reivindicación del sector cinegético.

No les ha gustado nada a los cazadores —y a la Comunidad de Madrid— que, por precaución, los jueces les impidan matar temporalmente nueve especies de aves en la temporada cinegética que acaba de comenzar. “Extraordinaria gravedad”, ha dicho la Federación Española de Caza.

Los cazadores se han llevado las manos a la cabeza, han apelado a los intereses de los cotos y a “gravísimos perjuicios” al tiempo que hablan de “ataques a una actividad legal” porque los magistrados del Tribunal Superior de Justicia han aplicado una medida cautelarísima solicitada por SEO/Birdlife asociada a un recurso contra los permisos para matar “especies en declive”.

Se trata del primer frenazo judicial a los cartuchos en una serie de recursos presentados por SEO/Birdlife en varias comunidades autónomas por el mismo motivo. La organización ha iniciado estos procesos además de en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha y Canarias. Por eso la Real Federación Española de Caza se ha personado en la causa de Madrid para “evitar que actuaciones similares puedan extenderse a otras comunidades autónomas”.

Sin embargo, mientras los cazadores se revuelven por el auto de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha paralizado la caza de codornices en la isla de El Hierro mientras dilucida si la autorización cinegética que prolonga los días en los que se puede matar esta ave está científicamente avalada. SEO/Birdlife considera que no.

Tregua de escopetas

Lo que han entendido los jueces madrileños es que si no se paraliza la caza provisionalmente de forma urgente, el recurso pierde su sentido: miles de aves habrían ya muerto cuando se tomara una decisión.

Las especies que disfrutarán esta tregua de escopetas son: codorniz, perdiz roja, la paloma zurita, la corneja negra, urraca y el zorzal alirrojo cuyas poblaciones presentan tendencia negativa, según SEO y la paloma bravía, la becada y el zorzal real que presentan “lagunas sobre su estado”. Para ninguna de estas especies “existe una evaluación reciente y trazable de su estado de conservación en la Comunidad de Madrid” para autorizar que puedan ser abatidas, explica el recurso de la organización.

La cautela aplicada por el tribunal ha soliviantado a los cazadores. La misma federación —que llama “inaudita” la decisión judicial — aduce que “puede ocasionar perjuicios difícilmente reparables” y provocar “gravísimas consecuencias” para los cazadores y dueños de cotos.

Lo cierto es que esta medida judicial es muy provisional. Ahora los magistrados estudian las alegaciones de las partes para ver si mantienen la paralización cautelar y aún quedará por dilucidar el fondo del asunto: ¿se ha autorizado la caza de especies sin saber si sus poblaciones pueden soportar ese castigo?

A la par que la federación, el lobby cinegético Fundación Artemisán ha afirmado que la suspensión cautelar “sin que existan datos científicos que lo justifiquen supondría un perjuicio evidente para los cotos de la comunidad”. También se han personado en la causa y afirma que aportará informes para que los presente la Comunidad de Madrid.

El responsable de acciones legales de SEO/Birdlife, David de la Bodega, explica que con su recurso intentan que judicialmente puedan regularse “unas autorizaciones que van a ser blindadas cuando entre en vigor la recientemente aprobada ley de Caza de la Comunidad de Madrid”. Según el abogado “no se puede cazar primero y preguntar después”.

De la Bodega insiste en que “la nueva ley de caza ha incluido en sus anexos las especies y épocas en las que se puede cazar y eso hará muy difícil poder recurrirlas porque, al ser una ley, va a exigir acudir al Tribunal Constitucional”. La norma se activará a partir de enero de 2027.

La caza de otras variedades continúa

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sostiene que “no hay motivos para que se limite esta actividad”. Su consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, la califica como “muy necesaria”.

Mientras tanto, la Fundación Artemisán pide que se castigue a los grupos como SEO/Birdlife que acuden a los tribunales: “Este tipo de estrategias deberían tener consecuencias. Debe acabarse con la impunidad con la que actúan con el único fin de acabar con la caza”.

En realidad, la decisión del TSJM no acaba con la caza en general, ni siquiera con la caza menor —la que corresponde a estas nueve especies— ni con la caza de aves en particular. Los cazadores de la Comunidad de Madrid todavía pueden disparar desde que se abrió la temporada a liebres, zorros, conejos y aves como el faisán, paloma torcaz, zorzales charlo, zorzales comunes y a los estorninos pintos.

La Junta de Castilla y León elige a un gestor de cotos como nuevo director general de Caza –en concreto, figura como titular o arrendatario de tres cotos en la información pública– después de que el anterior fuera cesado tras tres meses en el cargo, según ha informado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El nuevo director de Caza, Pesca y Medio Rural, que depende de Vox, es Marco Criado Nicolás, graduado en Ciencias Ambientales y doctor en Geología por la Universidad de Salamanca, donde imparte clases. También ha gestionado cotos de caza entre 2021 y 2025, según el currículum enviado por el Ejecutivo autonómico, y ha sido asesor cinegético de la Federación de Caza de Salamanca.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, (Vox) prometió al inicio de la legislatura “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos, algo que ya se ha aprobado.

El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP-Vox) también ha elegido director general de Cuidados y Humanización de la Consejería de Sanidad: Rubén Cañizares, graduado en Ciencia Política y Enfermería, cuya profesión ha ejercido en puestos de atención sanitaria en Valladolid (Atención Primaria y hospitalaria) y Salamanca, en el Hospital. Además, Cañizares es concejal del Partido Popular en el municipio salmantino de Villares desde 2023.

En 2026 ha sido elegido jefe de la Unidad de Enfermería, Calidad y Seguridad del Paciente en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Cuenta con formación en Liderazgo Enfermero (Universidad Católica de Ávila), Dirección, gestión y Administración Sanitaria (Universidad Católica San Antonio de Murcia) y Gestión y Planificación Sanitaria (Universidad Europea de Madrid).

Cambio en los Servicios Jurídicos

También se han producido cambios en la dirección de los Servicios Jurídicos, después del cese a petición propia de su titular, María García Fonseca. Fernández Carriedo le ha agradecido los servicios prestados y ha explicado que García Fonseca había adquirido un compromiso para terminar al final de la pasada legislatura, por lo que ahora abandona este puesto.

La nueva directora de Servicios Jurídicos será Ana Isabel González Rodríguez, licenciada en Derecho y que ha trabajado como letrada de la Dirección de los Servicios Jurídicos desde 2022 después de casi dos décadas como letrada-jefe de las consejerías de Empleo, Fomento, Medio Ambiente y Movilidad.

La migración guiada por humanos de ibis eremitas de 2026 ha concluido con éxito tras 40 días, 19 etapas y un recorrido total de 2.640 kilómetros, según informa Waldrappteam, la organización responsable del proyecto. Las aves, que siguieron el ultraligero pilotado por Johannes Fritz, comenzó el 23 de agosto en el aeródromo de Binningen, en Baden-Wurtemberg (Alemania), y atravesó Francia y Cataluña hasta llegar a Andalucía.

Los 30 ibis eremitas que emprendieron la migración llegaron a sus respectivos destinos de invernada. Quince quedaron al cuidado de la Fundació Alive en Cataluña. Los otros 15 juveniles continuaron su viaje hacia el sur y llegaron a su destino en Barbate (Cádiz) el 27 de septiembre. Todos ellos permanecen en un aviario junto con otros juveniles sedentarios para conseguir su aclimatación al entorno y serán liberados en la naturaleza al mismo tiempo.

Esta última parte de la aventura tuvo algunos sobresaltos. Tras cuatro días consecutivos de vuelo, la migración alcanzó la Comunidad Valenciana. Las condiciones desfavorables del viento obligaron a aterrizar antes de lo previsto durante la última etapa camino a Cádiz, por lo que hubo que trasladar a las aves por carretera para completar el recorrido. Sin embargo, poco después, la mejora de la meteorología permitió realizar otros dos vuelos de orientación desde Medina Sidonia. Estos vuelos abarcaron buena parte de la futura zona de invernada de las aves, desde Villamartín, al norte, hasta la costa atlántica, cerca de Barbate, y les permitieron familiarizarse con el entorno en el que pasarán el invierno. El grupo llegó hasta el aeródromo de Medina Sidonia, en Cádiz, el 27 de septiembre.

Amenazados por los cazadores

Entre las muchas amenazas que se encuentran estas aves en peligro de desaparición está el acoso de los cazadores. En agosto de 2019 un individuo disparó y mató a un grupo de cinco ibis eremitas juveniles, nacidos en el marco del Proyecto de Reintroducción del Ibis Eremita de la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez, y fue condenado a un año de prisión y una multa de 20.000 euros. En Fregenal de la Sierra, Badajoz, un cazador abatió a tiros a ‘Hel’, uno de los ibis eremitas que había llegado un año antes a la península en un viaje pilotado por Fritz sin que se haya localizado a los responsables. 

En Italia, los ibis de este mismo programa están amenazados por una decisión de las autoridades de la Toscana, que han permitido la caza indiscriminada del ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus), una especie muy parecida al ibis eremita (Geronticus eremita), una similitud que, según los expertos, producirá confusiones y aumentará el número de estas aves protegidas abatidas por disparos, que ya era muy alto.

Un método más eficaz

Según Waldrappteam, el éxito del viaje confirma la eficacia de un nuevo método de entrenamiento desarrollado tras las dificultades de 2025. Ese año los juveniles no seguían al ultraligero de forma constante y finalmente hubo que trasladarlos por carretera, etapa por etapa, desde el sur de Alemania hasta Cataluña. La segunda parte del recorrido, el tramo hasta Andalucía, tuvo que cancelarse.

Esta experiencia llevó a Waldrappteam a analizar a fondo su programa de entrenamiento y rediseñarlo por completo. Basándose en teorías del aprendizaje consolidadas, el equipo reestructuró los procedimientos e incorporó nuevas técnicas de entrenamiento. A principios de agosto, los juveniles, todos ellos procedentes del zoológico de Rosegg, en Carintia (Austria), formaban ya un grupo muy motivado que respondía de forma fiable durante los vuelos.

“Tras la experiencia del año pasado, esta migración era mucho más que un viaje al sur”, explica Fritz. “Era una prueba decisiva para comprobar si nuestro programa de entrenamiento, completamente renovado, funcionaría en las condiciones reales de una migración”. El hecho de que las 30 aves hayan llegado a sus respectivos destinos, opina, confirma que el nuevo método funciona y que sus resultados son reproducibles. “Esto nos proporciona una base mucho más sólida para futuras migraciones guiadas por humanos”, señala.

Los 15 juveniles de ibis eremita que se encuentran actualmente en un aviario de aclimatación, al cuidado del Proyecto Eremita en Cádiz, también serán liberados en la naturaleza en los próximos meses. Se espera que, cuando alcancen la madurez sexual a los tres años de edad, las aves que han participado en la migración guiada por humanos regresen por sí solas a sus zonas de reproducción en Baden-Wurtemberg, Alemania.

Mientras tanto, ya han comenzado los preparativos para la próxima migración guiada por humanos. En 2027, Waldrappteam tiene previsto volver a guiar a un grupo de juveniles de ibis eremita desde Alemania hasta Cádiz.

La Junta de Castilla y León cesa al director general de Caza y Pesca, Ignacio de la Fuente Cabria, (Vox), según ha informado este jueves el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Este cese se ha producido “por cuestiones organizativas”, según el portavoz, quien ha descartado que esta decisión esté relacionada con la Orden que permitirá el uso de visores térmicos y por la que Ecologistas en Acción Palencia había exigido el cese de De la Fuente Cabria.

“No tiene nada que ver ni ha influido”, ha defendido Fernández Carriedo. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, (Vox) ya prometió al inicio de la legislatura “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos.

El cese de De la Fuente Cabria se produce tres meses después de su nombramiento, el 2 de julio de este año. De momento asumirá sus funciones el actual director general de Política Ambiental, José Guirao.

El ya exdirector general de Caza había sido jefe de Servicio de Caza y Pesca durante el último gobierno del PP. Ecologistas en Acción criticaba hace unos días que De la Fuente Cabria hubiera “cedido permanentemente a los intereses del sector cinegético” y le había atribuido buena parte de la actual Ley de Caza, “más permisiva” que la de 1996 y “con múltiples posicionamientos en favor del sector”, con sanciones “más asequibles y laxas”, o la eliminación de la retirada de la licencia de caza en las infracciones graves.

La Orden, que no se ha sometido a la Transparencia prevista, permite el transporte, la tenencia y el empleo de visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los visores térmicos, para determinadas modalidades de caza mayor.

La Guardia Civil ha investigado a dos varones de 19 y 20 años por su presunta autoría de caza furtiva en el abatimiento de un ciervo en la localidad de Teroleja, perteneciente al municipio de Corduente (Guadalajara).

Estas personas fueron identificadas por la Guardia Civil tras el aviso recibido de la Central Operativa de Servicio de la Guardia Civil, en el que un ciudadano comunicó un posible episodio de caza furtiva, aportando datos sobre el vehículo que habrían utilizado los presuntos autores.

El vehículo lo interceptaron en Teroleja, en las inmediaciones del Parque Natural del Alto Tajo, e iba ocupado por estas dos personas, a las que se les intervinieron dos rifles y munición.

Otro vehículo interceptado

Por otro lado, también era interceptado otro vehiculo ocupado por dos personas en un coto de caza en el término municipal de Peñalén. El acompañante portaba un rifle desenfundado, cargado y dispuesto para su uso, equipado con un visor térmico y un silenciador.

Por estos hechos se investiga a un varón de 29 años por un presunto delito contra la fauna. Los agentes decomisaron el arma, el visor térmico y el silenciador.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al nuevo y polémico reglamento de caza de la comunidad autónoma, enquistado desde hace años, concretamente, desde la polémica modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que el Ejecutivo autonómico realizó hace casi nueve años.

Cuando el Ejecutivo de Emiliano García-Page decidió sacarlo adelante en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma lo tumbó tras un complejo periplo judicial, en febrero de 2025, principalmente por la falta de un informe preceptivo. Es decir, no venía avalado por los órganos consultivos. La demanda la impulsó Ecologistas en Acción al considerar que se “ocultaron” cambios sustanciales en el proceso de participación pública para “favorecer al lobby cinegético”.

Ahora, el Consejo de Gobierno, tras solventar esta situación, ha decidido sacarlo adelante como una de las medidas comprometidas dentro del Pacto Regional por la Caza. Lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien ha defendido la importancia económica de la actividad cinegética y ha señalado que el nuevo texto busca ofrecer “la seguridad jurídica necesaria” y garantizar al mismo tiempo su compatibilidad con la conservación de la biodiversidad.

Antes de esta aprobación, el nuevo reglamento ya había sido objeto de varias polémicas. La más sonada fue una incorporación de última hora que permite cazar en caminos públicos y vías pecuarias. El Gobierno regional lo hizo a través de la denominada ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos de hace dos años, una normativa ‘ómnibus’ en la que se suelen modificar decenas de leyes. También en ese momento, los ecologistas pusieron el grito en el cielo.

Ahora, entre las novedades figura un procedimiento para incorporar a los cotos parcelas cuyos propietarios sean desconocidos o resulte imposible localizar, una circunstancia que hasta ahora dificultaba la gestión de estos terrenos.

En estos casos, la incorporación podrá realizarse previa publicación en los tablones de anuncios de los ayuntamientos, el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con el objetivo de garantizar los derechos de los propietarios antes de integrar esas parcelas en el coto.

Simplificación de acreditación de derechos de caza

La norma también simplifica la acreditación de determinados derechos cinegéticos y modifica el procedimiento para quienes se incorporen por primera vez a la actividad. Las entidades encargadas de impartir la formación deberán entregar el carné al finalizarla, evitando que el nuevo cazador tenga que esperar durante meses para disponer de la acreditación.

A ello se suman nuevas herramientas de gestión electrónica y trazabilidad para facilitar los procedimientos y el seguimiento de las piezas de caza.

Otro de los apartados regula el control de poblaciones de especies, estableciendo cuándo deben adoptarse medidas ante situaciones de sobreabundancia, las responsabilidades de los gestores cinegéticos y los supuestos en los que se podrá intervenir también en terrenos no cinegéticos.

La portavoz, de hecho, ha destacado el objetivo es que la caza se practique de manera “ordenada y sostenible” y contribuya al futuro del territorio.

Las críticas de los colectivos ecologistas

Muchos de estos cambios los han criticado las asociaciones ecologistas que forman parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA): Ecologistas en Acción, WWF, Ardeidas y SEO/Birdlife. Hace meses, arremetieron contra en un texto donde la caza está enfocada con un “incremento de la intensificación de la actividad cinegética a través de la promoción de los cotos intensivos”, a los que el nuevo texto denomina ahora “cuarteles de caza comercial”. Y además amplía los ámbitos de la actividad con carácter intensivo “a lo largo y ancho” de Castilla-La Mancha.

Esta ampliación, aducieron entonces las organizaciones ambientales, no se realiza en un único apartado del Reglamento, sino que se desarrolla a lo largo de su articulado. “Con lo que ello implica de impacto en el medio natural y en la conservación de espacios naturales y espacios protegidos. Permite que se esté pegando tiros a lo largo de todo el año en muchos más sitios y en mucho mayor número, lo que tiene un impacto sustancial en el medio natural”.

La pelea entre partidos de la derecha por rentabilizar políticamente la caza hace que una actividad cuya pérdida de interés ha generado una regresión y un “colapso demográfico” constatados esté recibiendo respiración asistida en forma de atención y recursos públicos constantes.

Hace solo unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que creará una Escuela de Caza a la que destinará 80.000 euros. En 2024, en esta región se expidieron 13.000 licencias (para una población de siete millones). Entre sus objetivos declarados: promover la caza entre los jóvenes. Porque matar animales por diversión es cada vez menos atractivo.

Es la última asistencia derivada de la disputa PP-Vox por la apropiación política (la issue ownership) de este sector convertido en catalizador electoral para la derecha. Un empujón que se une a las ventajas económicas para sacarse licencia o la promoción entre los escolares de la caza llevadas a cabo por múltiples gobiernos de comunidades autónomas.

La realidad es que cada vez menos personas quieren disparar a animales para entretenerse. Las partidas de caza no seducen a nuevas generaciones. El resultado es un declive inapelable. Actualmente tienen licencia un 45% menos de personas que hace 50 años. Este hundimiento “está ligado al descenso constante de incorporación de jóvenes que ha caído un 89% en el mismo periodo”, describe esta investigación liderada por el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC (IPE).

Las alternativas recreativas son enormes. Incluso si se busca contacto con la naturaleza y actividades que inyecten adrenalina, a esa emoción de la caza. Y como compite con otras muchas opciones, ahora la prevalencia es pequeña

José D. Anadón — investigador del Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC

Si en 2008 se contaban un millón de permisos cinegéticos, quince cursos después, en 2023 (últimos datos completos) la cifra se situó en 610.000. De hecho, hoy no puede ponerse la última cifra de caída ya que los datos oficiales de licencias están incompletos. Las comunidades autónomas —competentes en materia de caza y pesca— remiten cada curso (con dos años de decalaje) los datos al Ministerio de Transición Ecológica para incluirse en el Anuario de Estadística Forestal. Para este curso, a pesar de que “se han hecho varios recordatorios”, ni Castilla y León ni Euskadi han remitido la información, explican en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Así que no puede calibrarse completamente la tendencia. Lo que sí refleja el Anuario recientemente publicado es que la segunda región con más permisos, Andalucía, ha perdido 2.600 licencias (un 2,3%). Todas las comunidades excepto Galicia han bajado. Alguna acusadamente. Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias (16,7%), Cantabria, Catalunya, Madrid, Comunidad Valenciana (9,3%), Extremadura, Baleares, La Rioja, Principado de Asturias y la Región de Murcia (21,7%).

Si se suman las licencias sin Castilla y León y Euskadi, en 2024 cayeron un 3,3% respecto al año anterior.

El responsable de la investigación del IPE, José D. Anadón, explica que el “colapso de la población cazadora” se debe a la falta de entrada de nuevos practicantes. La causa principal es que la caza ya no atrae. “Es una población envejecida. La mayoría por encima de los 60 años”, evidencia el investigador.

“En la década de 1960, la población cazadora era muy grande. En cada casa de un pueblo había una escopeta y un cazador” describe Anadón. “Por un lado, era la manera de aportar proteína a la dieta y, por otro, constituía una de las pocas actividades recreativas para esa población”.

Sin embargo, con el éxodo rural, la situación cambió y se pasó de una “caza de supervivencia a una caza recreativa”. En este sentido, “el padre que llega a una ciudad sí transmitió la caza a la primera generación, pero la segunda ya no lo hace”, detalla el científico. Esas personas ya no adquieren ese hábito “porque las alternativas recreativas son enormes. Incluso si se busca contacto con la naturaleza y actividades que inyecten adrenalina, esa emoción de la caza. Y como compite con otras muchas opciones, ahora la prevalencia es pequeña”. Y, además, remata: “No se trata de un deporte barato. Obliga a una destreza y entrenamiento difíciles en una ciudad”.

Con esos números en la mano, el presidente de la Real Federación Española de Caza, Joan Escandell, repite que el gran “reto” del sector es “el relevo generacional”. En el mismo sentido, el presidente del lobby cinegético Fundación Artemisán, Luis Fernando Villanueva, pidió —por ejemplo— que parte del dinero que, según sus cálculos, genera el sector, sea invertido en solucionar los problemas de la caza. Entre los primeros, “el relevo generacional”.

Las reclamaciones parecen no caer en saco roto. En Castilla-La Mancha la licencia es gratuita para los empadronados. También es gratis para menores en Galicia desde 2026. En Cantabria, en mayo pasado, el Gobierno decidió que las licencias serían gratis durante cinco años —ya lo eran para menores—. En Madrid se bonifica el 70% del coste para menores. Andalucía les descuenta el 50%. En Catalunya es gratis para jóvenes entre 14 y 25 años y las mujeres. En los presupuestos de 2026, la Junta de Extremadura incluyó la gratuidad de la licencia a partir del pasado 5 de agosto.

La Generalitat Valenciana ha reducido a la mitad el precio público de las licencias anuales de caza individuales y este verano anunció más descuentos para permisos conjuntos con varios años de validez

Y a la hora de buscar cantera cazadora, también proliferan iniciativas sustentadas por los ejecutivos autonómicos. En Andalucía se desarrolla el programa Huellas amparado por la Consejería de Educación, en Extremadura está el Programa de promoción del deporte (Proades) que incluye la actividad Caza y Naturaleza para 1.000 alumnos de Primaria. En la Comunidad Valenciana, la Generalitat inyecta 250.000 euros para “extraescolares” en las sedes de la federación de caza. En la Región de Murcia, PP y Vox aprobaron un pacto por la caza que incluía impulsar las clases extraescolares para fomentar la práctica entre los menores.

El investigador del IPE tiene “una percepción” sobre cómo cierta ola de “vuelta al imaginario tradicionalista” podría estar incidiendo en la caza: “Intuyo que entre los más jóvenes se ve la actividad de otra manera, más ligado a una moda, y eso podría frenar la caída aunque no haría volver a la situación ni siquiera de hace 30 años”. Y remata: “Algo similar a lo que puede estar pasando con los festejos taurinos, que tampoco da para crear toda una cultura taurina”.

La Junta de Castilla y León ha autorizado finalmente el transporte, la tenencia y el empleo de visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los visores térmicos, para determinadas modalidades de caza mayor. La medida, que había sido adelantada como propuesta y había provocado el rechazo de organizaciones ecologistas, queda recogida en una orden publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL).

La Orden AGR/962/2026, firmada el pasado 25 de septiembre por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, permite estos dispositivos para la caza del jabalí, ciervo, corzo, gamo y muflón en las modalidades de rececho y aguardo o espera durante el periodo comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta. En estos casos, los visores no podrán estar acoplados ni montados en el arma durante la acción de caza.

La regulación es diferente para el jabalí. En los aguardos o esperas realizados fuera de ese horario, es decir, durante la noche, la Junta permite transportar, tener y utilizar los dispositivos electrónicos para tiro nocturno, incluidos los térmicos, estén o no acoplados al arma. Es la excepción que permite expresamente el uso de estos sistemas durante la caza nocturna del jabalí.

La autorización llega un día después de que Ecologistas en Acción Palencia reclamara el cese del director general de Caza, Ignacio de la Fuente Cabria, precisamente por la propuesta para permitir estos dispositivos. La organización había cuestionado la legalidad de la medida y advertido de que la Ley de Caza de Castilla y León prohíbe los visores nocturnos salvo que se acredite su carácter selectivo y no masivo.

La propia norma argumenta que la experiencia acumulada en el uso de estos dispositivos en otras comunidades autónomas y en los supuestos excepcionales ya autorizados en Castilla y León permite considerar que sirven para identificar y localizar de forma selectiva determinadas especies cinegéticas y que no constituyen medios de captura masivos o no selectivos.

La Junta justifica además el cambio por el aumento de los accidentes de circulación y por el incremento de las solicitudes relacionadas con daños causados por determinadas especies de ungulados cinegéticos en explotaciones agrícolas y ganaderas. La orden vincula también la medida al enfoque de prevención sanitaria conocido como 'Una Salud', al considerar necesario reducir los riesgos derivados de la interacción entre fauna cinegética, ganado doméstico y población humana.

La autorización, en todo caso, tiene límites. Los dispositivos no podrán utilizarse en la caza menor, ni para la caza de cabra montés o rebeco. Tampoco estarán permitidos en modalidades como la montería, el gancho, la caza al salto o la caza en mano, con independencia de la especie.

Además, su utilización exige una autorización nominativa emitida por el titular cinegético o su representante legal. El cazador tampoco podrá disparar basándose exclusivamente en la imagen térmica o electrónica proporcionada por el dispositivo. Antes de efectuar el disparo deberá identificar la especie y comprobar que cumple las condiciones de la autorización de caza, incluida la identificación de la especie, la edad y, cuando corresponda, el sexo.

Fuera de los supuestos y horarios en los que están autorizados, estos dispositivos deberán permanecer apagados y guardados en sus correspondientes fundas. Si se transportan en un vehículo, además, tendrán que situarse fuera del alcance inmediato tanto del conductor como de los pasajeros. El incumplimiento de estas condiciones puede constituir una infracción administrativa conforme al régimen sancionador de la Ley de Caza.

La orden se produce después de que el Gobierno autonómico haya mostrado públicamente su disposición a ampliar los medios disponibles para la actividad cinegética. El nuevo consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, anunció durante su comparecencia de inicio de legislatura en julio que la Junta estudiaría cómo permitir el uso de silenciadores en determinadas modalidades y circunstancias, otra reivindicación del sector cinegético. También defendió una gestión del medio natural que, en sus palabras, debía estar “libre de ataduras ideológicas”.

La Junta busca así la flexibilización de determinados medios de caza, como es el caso de los visores. Desde el Ejecutivo autonómico se ha justificado que estos dispositivos pueden incrementar la eficacia de las actuaciones previstas en los planes cinegéticos y contribuir a una gestión que considera sostenible de determinadas especies de caza mayor, siempre bajo las condiciones establecidas y con la supervisión del titular cinegético.

La nueva regulación entrará en vigor este miércoles, un día después de su publicación en el Bocyl. Contra la orden cabe presentar recurso potestativo de reposición ante la propia Administración en el plazo de un mes o recurrir directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses.

Ecologistas en Acción Palencia ha exigido este lunes el cese del director de Caza de la Junta de Castilla y León (Vox), Ignacio de la Fuente Cabria. La semana pasada, el Consejo de Caza acordó apoyar una propuesta de Orden que autoriza el transporte, la tenencia y el empleo de “dispositivos auxiliares”, una iniciativa que, de aprobarse, la asociación estudiará recurrir. La Orden quiere permitir estos visores para la caza mayor (jabalí, ciervo, corzo, etc.) salvo para la cabra montesa (o rebeco), según ha podido confirmar elDiario.es.

El transporte, la tenencia y el uso de estos visores térmicos deberán ser autorizados y el cazador no podrá disparar basándose exclusivamente en la señal térmica o la imagen del dispositivo, cuyo uso prohíbe la Ley de Caza salvo si comprueba “su carácter selectivo y no masivo” y tras haber sido evaluado por la Comisión Científica de la Caza. Según lo previsto, los visores no estarán permitidos para las monterías y la caza menor.

Ecologistas duda de la legalidad de esta Orden —cuyo proyecto no está publicado en el portal de Transparencia— porque la ley autonómica de 2021 prohíbe los visores nocturnos y recuerda que es necesario un informe de la Comisión Científica de Caza. “Esta comprobación no se ha aportado, al igual que tampoco se ha aportado la documentación técnica y jurídica exigida por la normativa para aprobar esta autorización. Tampoco ha quedado acreditado que la propuesta ya acordada sea compatible con la legislación básica estatal”, recuerda Ecologistas en Acción Palencia a través de un comunicado.

La asociación ecologista recuerda que De la Fuente trabajaba con el PP como jefe de Servicio de Caza y Pesca y critica que el actual director general ha “cedido permanentemente a los intereses del sector cinegético” y le ha atribuido buena parte de la actual Ley de Caza, “más permisiva” que la de 1996 y “con múltiples posicionamientos en favor del sector”, con sanciones “más asequibles y laxas”, o la eliminación de la retirada de la licencia de caza en las infracciones graves.

Ecologistas en Acción reprocha que se haya eliminado la obligatoriedad del precinto digital y que ahora proponga la autorización de visores térmicos. “El director general no puede seguir más tiempo en un puesto que debe velar no solo por los intereses de los cazadores, sino también por el de las especies cinegéticas”, remata el comunicado.

Amigos de la Tierra La Rioja ha denunciado falta de transparencia sobre el lobo justo ante el periodo de caza, dado que “la Consejería sólo ha facilitado información sobre daños e indemnizaciones anteriores al 2025, pero sigue sin entregar el censo regional ni el informe remitido a la Comisión Europea”.

El pasado 4 de septiembre, ha relatado Amigos de la Tierra, se abrió en La Rioja el periodo hábil de caza del lobo en rececho, dentro de la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda.

Ante esto, ha denunciado que la Administración autoriza la muerte de lobos mientras mantiene sin hacer pública información fundamental sobre la población de la especie y su evolución.

Al amparo de la Ley 27/2006, Amigos de la Tierra ha contado que solicitó, el 5 de junio de 2026, información sobre los daños ocasionados en 2025 por el lobo y las indemnizaciones abonadas, así como una copia del censo de población de lobo en La Rioja.

El 2 de marzo de 2026 solicitó también el informe remitido por el Gobierno de La Rioja a la Comisión Europea sobre el estado de conservación de la especie.

Sin embargo, ha dicho, “la Consejería sólo ha respondido a la solicitud relativa a daños e indemnizaciones, y únicamente con datos anteriores a 2025” y “el censo regional y el informe remitido a Bruselas siguen sin ser facilitados”.

Ha señalado que el único dato público disponible es el censo nacional del MITECO 2021-2024, que contabiliza cinco manadas en La Rioja, cuatro de ellas compartidas con Castilla y León.

A pesar de ello, “el Gobierno de La Rioja ha establecido un cupo de hasta seis ejemplares al año, dos por cada una de las tres comarcas de gestión del lobo”.

Ha añadido que, según lo trasladado en el Consejo Regional de Caza, “la propia Dirección General de Medio Natural y Paisaje ha reconocido que los controles poblacionales realizados con personal propio han obtenido resultados nulos”.

Para Amigos de la Tierra La Rioja, la cuestión no es determinar cuántos lobos hay para decidir cuántos pueden morir sino que “la caza de esta especie no debe utilizarse como herramienta de gestión de sus poblaciones”.

En este sentido, ha explicado que el lobo es un depredador que forma parte del funcionamiento natural de los ecosistemas, cuya población se regula de manera natural en función, entre otros factores, de la disponibilidad de alimento y de las condiciones del territorio.

Por ello, ha dicho, “la existencia de daños a la ganadería debe abordarse mediante medidas de prevención, protección y compensación, y no mediante la eliminación de ejemplares de una especie que cumple una función esencial en los ecosistemas”.

“Da igual que haya uno, diez o cien lobos: matar ejemplares no soluciona los problemas de la ganadería ni mejora la gestión de la especie”, ha aseverado.

A su juicio, no se puede hablar de gestión científica cuando se pretende justificar la muerte de ejemplares sin hacer públicos los datos fundamentales y, además, cuando la propia población del lobo dispone de mecanismos naturales de autorregulación.

Cientos de ibis eremitas que migran cada año desde Alemania hacia el norte de Italia dentro del programa de recuperación europeo LIFE-NBI estarán en el punto de mira de los cazadores por una decisión de las autoridades de la Toscana. Allí, desde septiembre estará permitida la caza indiscriminada del ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus), una especie muy parecida al ibis eremita (Geronticus eremita). Esta similitud, temen los expertos, producirá confusiones y aumentará el número de estas aves protegidas abatidas por disparos, que ya era muy alto.

“Estoy profundamente preocupado porque la caza intensiva del ibis sagrado pueda causar más pérdidas evitables en nuestra población de ibis eremita”, asegura Johannes Fritz, director de Waldrappteam, el equipo que desde hace años guía a estas aves con ultraligeros al norte de Italia y recientemente también al sur de España. “Para una población reintroducida que sigue siendo vulnerable, cualquier riesgo adicional de abatimiento representa una seria preocupación”, sostiene.

La medida, que estará en vigor desde el 20 de septiembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, permite cazar ibis sagrados sin límites diarios ni estacionales de capturas con el objetivo de erradicar a la especie. A diferencia del ibis eremita, que estuvo a punto de desaparecer, el ibis sagrado se ha asentado como especie invasora en Italia y otros países europeos y está incluido en la lista de especies exóticas preocupantes para la Unión Europea. Entre los impactos registrados por estas aves originarias del África subsahariana y de algunas zonas de Oriente Medio se encuentran la depredación de huevos y pollos de aves acuáticas autóctonas y las molestias ocasionadas en las colonias de cría.

“No cuestionamos la necesidad de gestionar la presencia del ibis sagrado”, afirma Angela Di Pumpo, responsable de la campaña contra la caza furtiva para la protección del ibis eremita en Italia. “Sin embargo, albergamos serias dudas de que un régimen de caza extendido a todo el territorio regional y sin límites en el número de capturas represente un instrumento apropiado y proporcionado para hacerlo”.

Siluetas muy parecidas

Tras desaparecer hace siglos de gran parte del continente, el ibis eremita se está recuperando en Europa gracias al proyecto LIFE de la Unión Europea. Actualmente, se trabaja para restablecer una población migratoria mediante actuaciones de conservación coordinadas en varios países, entre ellos España. Desde 2020, la asociación Waldrapp decidió abrir una nueva línea de migración y enseñar a las aves a volar hacia Barbate, en Cádiz, donde vive un grupo de unos 200 ibis eremitas, reintroducidos por un programa del Zoobotánico de Jerez y la Junta de Andalucía.

Miguel Ángel Quevedo, veterinario del Zoobotánico de Jerez que ha participado en la recuperación de esta especie, cree que Italia ha tomado una medida demasiado drástica. Aunque se distinguen en el plumaje, advierte, el ibis sagrado y el ibis eremita se pueden confundir fácilmente por su silueta. “Cuando se trata de erradicar una especie invasora el disparo lo hacen especialistas, es decir, tiradores que saben diferenciar perfectamente”, señala. “Desde mi punto de vista, esa medida estaría bien, siempre y cuando los que disparen no sean cazadores. Lo que propone Italia es que ancha es Castilla: tú te vas al campo y a disparar y matar. Y eso sí es un problema, porque puede haber personas que al atardecer no diferencien un eremita de un sagrado”.

Cuando se trata de erradicar una especie invasora el disparo lo hacen especialistas, es decir, tiradores que saben diferenciar perfectamente. Aquí no se ha hecho

Miguel Ángel Quevedo — Veterinario del Zoobotánico de Jerez que ha participado en la recuperación del ibis eremita

Chúss Fernández, responsable de Waldrappteam en España, se muestra muy preocupada por el impacto que esta media va a tener en una especie mucho más amenazada. Por ahora, señala, la presencia de ibis sagrado en España es todavía muy escasa, pero en Francia están empezando a aumentar. “Me preocupa que sea cuestión de tiempo que termine convirtiéndose en un problema aquí también y que, en un futuro no muy lejano, acabemos encontrándonos en una situación similar”, asegura.

El precedente de Lombardía

Según denuncian desde Waldrappteam, la experiencia reciente en Lombardía, en el norte de Italia, demuestra que su preocupación está muy fundada. Allí, tras el inicio de la caza intensiva del ibis sagrado en esta región en 2025, se confirmó la muerte por disparos de tres ibis eremitas en tan solo tres meses. En comparación, durante los 20 años anteriores solo se habían registrado dos casos confirmados de ibis eremitas abatidos por disparos.

Desde asociaciones como Waldrappteam Conservation and Research y WWF Italia advierten de que esta autorización de la caza de ibis sagrado podría dañar de forma irreparable la reintroducción del ibis eremita. El propio Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental de Italia (ISPRA) se opuso a la medida y advirtió expresamente de que podrían abatirse por error especies protegidas.

Más allá de este caso concreto, también me preocupa la tendencia que estamos viendo hacia políticas cada vez más favorables a la caza, tanto en Italia como en España

Chúss Fernández — Miembro del el proyecto de reintroducción del ibis eremita en España

A este hecho se añade que los disparos ilegales representan ya alrededor del 30% de las muertes de ibis eremitas registradas en Italia. En muchos de los casos documentados, las pruebas disponibles apuntan a la implicación de cazadores con licencia. “El fuerte aumento de las muertes por disparos confirmadas en Lombardía durante el periodo de caza intensiva del ibis sagrado es una advertencia que no podemos ignorar”, afirma Johannes Fritz. “Toscana autoriza ahora la caza en toda la región, sin límites de capturas y con el objetivo expreso de erradicar la especie. Debemos preguntarnos si una medida de este tipo cuenta con una base científica sólida, si es proporcionada y si resulta compatible con la protección de otras especies, entre ellas el ibis eremita, cuya población se está recuperando en Europa”.

“Más allá de este caso concreto, también me preocupa la tendencia que estamos viendo hacia políticas cada vez más favorables a la caza, tanto en Italia como en España”, añade Chúss Fernández. “Creo que deberíamos ir en la dirección de proteger y recuperar las especies y los ecosistemas y no en la de facilitar cada vez más su caza”. “A las causas de mortalidad naturales y las electrocuciones, al ibis eremita se le suma ahora el mayor riesgo de disparo, aunque sea fortuito o accidental”, se queja Miguel Ángel Quevedo. “Después del grandísimo esfuerzo que se está haciendo, esto ya es lo que faltaba”.

Ha fallecido la mujer que este martes había resultado herida mientras cazaba con su pareja en Hérmedes de Cerrato (Palencia), según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Palencia. La Guardia Civil está investigando el suceso, en el que una mujer de 56 años había resultado herida por un disparo efectuado por su pareja mientras ambos se encontraban cazando. Las primeras investigaciones policiales descartan un caso de violencia machista.

La Subdelegación del Gobierno ha informado que, a la llegada de la Guardia Civil, la víctima se encontraba grave pero consciente. La principal hipótesis apunta a un accidente de caza. No obstante, continúan practicándose las diligencias oportunas para esclarecer con exactitud las circunstancias de lo ocurrido, ha insistido la Subdelegación.

El suceso se ha producido sobre las diez y media de este martes en una zona próxima al kilómetro 5 de la carretera P-114, según la llamada de alerta recibida en el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

En la misma se informaba de que una mujer había resultado herida por un arma de fuego y se encontraba consciente y en un lugar accesible para los servicios de emergencia.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico, según recoge EFE.

La herida fue atendida inicialmente en el lugar y posteriormente trasladada en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, donde ha fallecido.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha intervenido cuatro escopetas de caza y 523 cartuchos de diverso calibre en una vivienda del barrio de El Toscal, a la que acudieron tras un aviso de que dentro de la casa había un hombre tirado en el suelo, sin poder moverse y desorientado.

Las armas se encontraban sobre una cama y sin las debidas garantías de seguridad para impedir un uso no adecuado de las mismas.

El morador de la vivienda no pudo aportar datos sobre la propiedad, documentación, permisos o licencias de las citadas escopetas debido a su desorientación, por lo que los policías las retiraron del lugar.

Los agentes locales que acudieron a este servicio habían sido alertados de que una persona se encontraba tirada en el suelo en su vivienda sin poder moverse.

Una vez en el lugar, y en coordinación con los recursos sanitarios desplazados para la atención de un hombre de 65 años, un técnico de Emergencias Sanitarias (TES) adscrito a la ambulancia les alertó que en una habitación estaban las escopetas y el armamento mencionado.

La Policía Local, a través del servicio de Intervención de Armas, ha verificado que se trata de cuatro escopetas del calibre 12 de las marcas Schilling, Grulla, Herstal y LIG.

Además, se contabilizaron y registraron todos los cartuchos que también fueron encontrados en el piso.

En unión de las pertinentes diligencias, tanto las armas largas como los cartuchos, serán entregados a los servicios especializados de la Guardia Civil.

Amigos de la Tierra La Rioja ha presentado una solicitud formal ante el Defensor del Pueblo de España para que analice el régimen cinegético vigente en la comunidad autónoma y evalúe su compatibilidad con el derecho a la propiedad privada. La organización ecologista considera preocupante que, en un territorio donde prácticamente la totalidad de la superficie está integrada en acotados de caza, cualquier propietario que rechace esta actividad en sus parcelas se vea obligado a asumir el coste de cercarlas para poder excluirlas de los cotos.

A juicio de la entidad, esta exigencia vulnera el marco constitucional: “Esta situación debe analizarse a la luz del artículo 33 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la propiedad privada, así como de los principios de igualdad y proporcionalidad. El ejercicio de este derecho no debería depender de la capacidad económica de cada propietario”, sostienen en su escrito. Por ello, han pedido a la institución que estudie la normativa riojana y valore alternativas para que los dueños puedan manifestar su oposición mediante un simple procedimiento administrativo, acompañado de la correspondiente señalización, sin que el vallado sea la única vía legal.

En su escrito de alegaciones, la asociación propone darle la vuelta al sistema actual para avanzar hacia una gestión más ordenada y respetuosa con los derechos de los titulares de los terrenos. “Debería invertirse el modelo de manera que, con carácter general, los terrenos públicos y privados queden fuera del aprovechamiento cinegético, salvo aquellos incluidos en cotos u otras figuras cinegéticas o que cuenten con un plan de gestión aprobado que ampare expresamente esta actividad”, argumentan.

Desde Amigos de la Tierra insisten en que “no es razonable” que una persona que no desee el paso de cazadores por sus tierras deba realizar un desembolso económico para hacer efectiva su voluntad. Según defienden, este cambio de paradigma permitiría delimitar con claridad las zonas habilitadas para la caza, revisar el modelo riojano y garantizar una mayor protección de la propiedad privada en el medio rural.

El Gobierno asturiano prevé retomar a partir de septiembre el programa de batidas contra el lobo para reducir los daños que causa esta especie en las ganaderías extensivas con la autorización para matar un máximo de 67 ejemplares, una cifra que considera adecuada para compatibilizar la conservación de la especie con el mantenimiento de las explotaciones.

Este programa anual de control, incluido en el II Plan de Gestión del Lobo, se aplicará sobre una población estimada de entre 412 y 460 ejemplares en el Principado y contempla actuaciones diferenciadas en ocho áreas de la región en función de los daños registrados durante 2025.

Así, según ha informado el Gobierno asturiano, la mayor muerte de lobos prevista corresponde a las zonas Centro-oriental de la región, con nueve ejemplares, y El Palo-Esva, Centro-occidental y Central, con ocho cada una, mientras que se permitirán siete en la zona Noroccidental, cuatro en la Suroccidental y cinco en la comarca de Picos de Europa, fuera del Parque Nacional.

En las áreas sin gestión específica se autorizará la eliminación de hasta 18 animales, una cifra que podría incrementarse si fuera necesario, señala el Gobierno de Asturias, principalmente entre enero y abril y entre septiembre y diciembre aunque podrán realizarse actuaciones puntuales durante el resto del año cuando haya ejemplares que causen daños reiterados.

Entre los métodos previstos figuran aguardos o recechos selectivos realizados por agentes medioambientales o personal autorizado, actuaciones de apoyo durante cacerías autorizadas de otras especies y, cuando sean necesarias, batidas coordinadas por agentes medioambientales.

Según los datos del último censo elaborado por el Principado, el lobo ocupa actualmente el 83 por ciento del territorio asturiano, con unos 8.300 kilómetros cuadrados de distribución y 50 manadas identificadas, de las que 46 son reproductoras. En 2025 se contabilizaron ataques sobre 3.893 cabezas de ganado, un 30 por ciento más que en 2021, mientras que las indemnizaciones se elevaron a 1,9 millones de euros, un 59 por ciento más que cuatro años antes. El Gobierno asturiano ha incrementado además hasta un 27% las indemnizaciones a los ganaderos por los ataques de fauna silvestre.

El Gobierno de Asturias modificó el II Plan de Gestión del Lobo de 2015 para recuperar la cobertura jurídica que permita retomar los controles poblacionales, después de la salida de la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el programa asturiano. La reforma recupera prácticamente de forma íntegra el apartado de 2015 que regulaba las extracciones y mantiene los mismos métodos: aguardos y recechos por parte de la guardería, abatimientos durante cacerías de otras especies, participación excepcional de cazadores, batidas en determinadas circunstancias y captura en vivo o retirada de camadas cuando la legislación lo permita.

El Principado justificó la modificación por el aumento de la población y del número de manadas, su expansión hacia nuevas zonas ganaderas y el incremento de los daños al ganado. El anterior programa contemplaba la muerte de 53 lobos, pero quedó suspendido tras la sentencia del Supremo cuando se habían abatido 31 ejemplares y otros 11 habían muerto por otras causas, hasta sumar 42.

El decreto fue elaborado tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el programa anual de control aprobado para 2022-2023 al estimar el recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). La revisión del decreto introdujo cambios en el artículo anulado por el alto tribunal relacionado con los métodos de control de población de lobos y también respondía a los cambios normativos ocurridos en los últimos años tras la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Así, recoge que en el programa de actuaciones de control los cupos de extracción estimados se realice a partir del análisis de los datos poblacionales recogidos, la evolución del número de los daños y la evaluación del grado de conflictividad social existente, así como de la disponibilidad de posibles presas silvestres.

Está demostrado científicamente que eliminar ejemplares de forma sistemática no reduce los conflictos con la ganadería,sino que por el contrario los incrementa. En los años en que el lobo estuvo incluido en el LESRPE y no hubo controles de población los daños al ganado disminuyeron en relación con períodos anteriores.

Por su parte, la Coordinadora Ecoloxista d' Asturies ha criticado que el Gobierno regional autorice esta “matanza” sin tener en cuenta ninguna de los centenares de alegaciones presentadas contra la revisión de dicho plan, “que ni fueron atendidas ni respondidas”.

Según este colectivo, el Ejecutivo ha remitido este jueves la documentación para el Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo que celebrará el próximo lunes, “sin tiempo para que el único representante ambiental, frente a los numerosos representantes de otras entidades, pueda estudiar suficientemente el argumentario”.

A juicio del CEA, el lobo es una especie en recuperación que estuvo a punto de extinguirse “y aunque haya aumentado su población sigue siendo una especie amenazada que requiere protección”.

Entretanto, sigue pendiente el recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional contra los artículos de la ley del desperdicio alimentario que facilitaron la vuelta a la caza del lobo, aprobado con los votos de la derecha de PP, Vox, Junts y PNV en el Congreso.

La Guardia Civil de Navarra, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a un varón por un presunto delito contra la flora y la fauna en la localidad de Lodosa por caza ilegal de aves protegidas.

La intervención tuvo lugar cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana localizó a una persona en un camino paralelo al río Ebro, detrás de las piscinas municipales, realizando una actividad de caza prohibida. Para llevar a cabo esta captura ilegal, el individuo utilizó ramitas finas de gramíneas impregnadas estratégicamente con un potente pegamento o 'liga' que originalmente está comercializado para atrapar roedores, ha informado la Guardia Civil.

En el momento en el que fue sorprendido, los agentes comprobaron que el presunto autor ya había conseguido capturar cuatro ejemplares: dos jilgueros (Carduelis carduelis) y dos verdecillos (Serinus serinus), que se encontraban encerrados en el interior de una bolsa deportiva tipo mochila. Para garantizar su supervivencia y con la menor manipulación posible, las aves fueron trasladadas de urgencia al Centro de Recuperación de fauna del Gobierno de Navarra en Ilundáin.

Pese a la minuciosa limpieza llevada a cabo por el personal especializado, el elevado estrés y las lesiones provocadas por el adhesivo causaron la muerte de los dos jilgueros durante las primeras horas, mientras que los verdecillos evolucionaron de manera favorable y pudieron ser liberados 48 horas después.

Según ha detallado la Guardia Civil, la utilización de pegamento o 'liga' es un método de caza no selectivo, indiscriminado y de un altísimo impacto ecológico que se encuentra expresamente prohibido por la normativa tanto española como europea. Esta práctica, ha añadido, supone someter a las aves a una crueldad extrema, ya que el pegamento destruye inmediatamente su capacidad de vuelo y aislamiento térmico, además de provocar severos traumatismos, desgarros e incluso la muerte por asfixia si el adhesivo les obstruye las fosas nasales.

La captura de estas especies de aves fringílidas cuenta con una protección especial, estando su caza prohibida y suspendida definitivamente toda autorización desde principios de 2017 para cumplir con la Directiva 2009/147/CE de conservación de aves silvestres.

Las diligencias han sido remitidas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella. El investigado se podría enfrentar a responsabilidades tipificadas en el artículo 336 del Código Penal, que castiga el uso de artes destructivas o no selectivas con penas que van desde los cuatro meses hasta los dos años de prisión, o multas de ocho a veinticuatro meses, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por un periodo de uno a tres años.

El diputado de Vox apellidado Figaredo, de cuyo nombre ni me acuerdo ni falta que me hace, con motivo de la entrada de personas en Ceuta, dijo que “a los inmigrantes había que cazarlos a todos uno a uno”. Cuando un diputado pronuncia la expresión “cazar inmigrantes”, no está describiendo una política pública, está dando cuenta de un modo de entender la política, de un estado de conciencia, de un sentir y de una intencionalidad muy precisas. La palabra 'caza' —esa vieja conocida del campo semántico de la violencia— irrumpe en el debate público como un invitado especial que se sienta en primera fila y exige protagonismo.

La metáfora, por supuesto, no es casual, y menos viniendo de quien la dice. En política, las palabras nunca son banales, tienen una intencionalidad del autor que las dota de un significado preciso del que quizá carecen en el uso común. 'Cazar' no es gestionar, ni regular, ni siquiera controlar la inmigración en Ceuta o en cualquier otro lugar. 'Cazar' es una metáfora bélica del campo semántico de la agresión; significa perseguir, abatir, hostigar, importunar, pescar (también utilizado por el diputado), aprisionar, atrapar o reducir una presa. Y ahí está el truco o la aviesa intención: basta con deslizar el término (cazar inmigrantes uno a uno) para que el imaginario colectivo se active. De pronto, los individuos dejan de ser personas y pasan a ser piezas móviles en un escenario de montería, que el señor Figareredo, de gobernar, llevaría a cobo como montería institucional.

El lenguaje no es algo baladí, sirve para encuadrar la realidad. La estrategia es conocida y se llama framing político. Consiste en elegir palabras que no describen denotativamente la realidad, sino que la reconfiguran. En este caso, con un solo golpe de voz, la inmigración deja de ser un fenómeno social, económico o humanitario para convertirse en un problema de seguridad, en una piara de jabalíes sueltos. Y, claro, si hay un problema de seguridad, ¿qué mejor que un Estado cazador, siempre alerta, siempre armado de metáforas contundentes? Se trata de, si no es posible ahuyentarlo, de matar al jabalí, de cobrarse las piezas una a una, como afirmaba en su discurso el diputado Figaredo.

Evidentemente el sujeto que emplea esta forma de hablar tan expresiva, incluso tan apelativa, y tan poco denotativa, no está informando, está performando, es decir, está creando un clima y construyendo un relato donde él aparece como guardián de la frontera y donde el inmigrante se convierte en amenaza difusa. Es una forma eficaz de polarizar, de encender los sentimientos más bajos de la masa acrítica y, por supuesto, sin la voluntad de solucionar nada.

La ironía suele ser inevitable. Resulta curioso —y aquí la ironía se impone sola— que quienes hablan de “caza” suelen ser los mismos que luego reivindican la serenidad del debate y echan las culpas a otros (el tal Figaredo siempre se las echará a Sánchez). Quienes vemos la realidad y oímos estas cosas tenemos difícil mantener la serenidad ante estas escopetas lingüísticas que se descargan ante los micrófonos. Porque, seamos francos: si el objetivo es generar titulares de una prensa engrasada, la expresión funciona. Si el objetivo es mejorar la convivencia, ya es otra historia.

Y en llegando aquí se me plantea el problema ético. Más allá del estilo, del léxico utilizado (cazar), hay un fondo que conviene no perder de vista. La metáfora de la caza deshumaniza. Y cuando alguien intencionadamente deshumaniza, abre la puerta a justificar medidas que, en un marco de derechos humanos, resultan difíciles de sostener. Y aún diría más y es que la expresión choca con el marco jurídico europeo, que obliga a tratar a toda persona migrante con dignidad, independientemente de su situación administrativa. Las instituciones, y un diputado lo es, no están para perseguir presas, sino para garantizar derechos. Confundir ambas cosas es, como mínimo, imprudente. Creo, y no soy malpensado, que el diputado Figaredo sabía lo que decía y tenía intención de decirlo así.

Mi conclusión sobre estas expresiones intencionadas y perversas es que la expresión 'cazar inmigrantes' es un ejemplo perfecto de cómo una palabra puede oscurecer más que iluminar, además de no aportar precisión, no ayudar a comprender, no mejorar el debate.

Evidentemente lo que sí genera es ruido, tensión y una épica de confrontación que algunos consideran, desgraciadamente, útil.

En ese sentido, es una metáfora eficaz… aunque no precisamente elegante. En definitiva: si el diputado pretendía elevar el nivel del debate, eligió la palabra equivocada. Si pretendía llamar la atención, lo consiguió. Y si pretendía que lo tomáramos en serio, quizá debería revisar su arsenal retórico.

En abril de 2026, se localizó el cadáver de un lince ibérico. Se encontraba en el interior de un pozo dentro de un coto de caza de la provincia de Cuenca, entre Huelves y Barajas de Melo.

“Lo encontraron los titulares del terreno cinegético y comunicaron la situación a los agentes medioambientales”, explica Alfonso Sánchez, coordinador adjunto del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. Habitualmente son estos agentes quienes se encargan del seguimiento de esta especie protegida en la comunidad autónoma, a través de la geolocalización que permiten los radiotransmisores que llevan estos animales.

“Nos presentamos en el lugar junto a una patrulla del SEPRONA. Sacamos el cuerpo y observamos que tenía un posible disparo”, relata. Una necropsia realizada en el Centro de Recuperación de Fauna de Albaladejito lo confirmó. El lince ibérico había sido abatido a tiros.

“Tras conocer la situación, comenzamos la investigación acotando los posibles sospechosos a un numero reducido ya que conocemos perfectamente la comarca y los perfiles que se ajustan a posibles cometedores de tales actos”, relata el agente medioambiental.

Fue el inicio de la Operación 'Lincu', en una investigación conjunta de los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. Ambos cuerpos tomaron declaración a distintas personas en la zona para incorporarlo al correspondiente atestado.

Las primeras gestiones permitieron localizar en un coto de caza numerosos medios prohibidos y no selectivos --cepos, lazos, jaulas trampa, sustancias venenosas y mallas-- así como cadáveres de especie protegidas. Además del lince, se hallaron después restos de gatos monteses y meloncillos, según explica la Guardia Civil.

Eliminar depredadores para favorecer la caza en el coto

Los agentes del SEPRONA encontraron similitudes en los casos de los distintos animales localizados muertos y las pesquisas les llevaron a constatar que los hechos no eran aislados, sino que formaban parte de una actividad continuada durante más de un año, cuyo objetivo sería “eliminar depredadores para favorecer las poblaciones de caza menor y obtener un mayor rendimiento económico del coto”, según el instituto armado.

La Guardia Civil detuvo después a tres personas con edades entre los 50 y 59 años por presuntos delitos de caza con medios prohibidos, además de practicar caza de especies protegidas o caza no autorizada y por un presunto delito de pertenencia a organización criminal.

Además hay otra persona de 33 años que está siendo investigada y dos personas jurídicas más investigadas vinculadas a la gestión y explotación de una finca de caza en Cuenca.

Efectivos del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca han logrado así desarticular una organización criminal dedicada presuntamente a la eliminación sistemática de depredadores silvestres.

Durante la investigación se realizaron entradas y registros en dos viviendas situadas en la finca. Allí intervinieron cinco armas de fuego, munición y documentación relacionada con los hechos.

Penas de prisión de uno a dos años

La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Cuenca y dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 1 de Tarancón (Cuenca).

Según datos ofrecidos por la Guardia Civil los investigados se enfrentan a penas de prisión de 1 a 2 años. Se aplicaría, en su caso la mitad superior del rango legal, de acuerdo al artículo 334.2 del Código Penal cuando se trata de especies en peligro de extinción. Además, se podría imponer una multa de ocho a 24 meses e inhabilitación para cazar de 2 a 4 años. A eso se sumaría la privación del derecho a portar armas de 2 a 4 años al haber utilizado un arma de fuego para matar a los animales.

Durante el primer semestre de 2026, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Ciudad Real investigó y detuvo a 22 personas por un total de 26 delitos relacionados con el medio ambiente. Algunas de las personas se vieron involucradas en varios de los citados delitos.

Casi un 31% de estos delitos (30,77%) tienen relación con el furtivismo o caza ilegal. Un total de ocho son delitos contra la fauna.

Después, los más frecuentes fueron los delitos por falsificación documental y los delitos contra los animales (abandono) con un total de cuatro delitos cada una de estas modalidades lo que se traduce en un 15,40% respectivamente.

Dos delitos por incendio forestal

Los delitos por incendio forestal y los delitos de robo tienen cifras similares con un total de dos delitos cada modalidad, lo que se traduce en un 7,69%.

Para finalizar se produjeron seis delitos más, relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente, un delito de daños, otro de usurpación de estado civil, un delito de conducción temeraria, de resistencia a agente de la autoridad y de conducción de vehículo a motor teniendo retirado el carnet, todos ellos representan individualmente un 3,84%.

Consejos para realizar buenas practicas

El SEPRONA pide evitar arrojar al suelo basuras o residuos y depositarlos en los contenedores correspondientes.

Se pide también avisar a la Guardia Civil llamando al teléfono 062 o en su caso al 112, si se advierte la presencia de vertidos ilegales. En este aspecto se recalca que hay que tener especial precaución si se trata de residuos clínicos o que requieran un tratamiento singular. “Ciertas pilas, baterías y acumuladores son productos peligrosos que necesitan especial tratamiento y reciclaje”, advierten.

Además, hay que evitar malgastar agua. “Es necesaria no sólo para el consumo humano sino también para la industria, la agricultura, la ganadería y el equilibrio de los ecosistemas. Su abundancia puntual no justifica un consumo excesivo”.

Por otro lado se pide no emitir gases contaminantes. “Las quemas innecesarias de basuras u otros productos y el excesivo uso de los automóviles y otros vehículos contribuyen a aumentar el contenido de dióxido de carbono (CO2) y otros gases contaminantes en la atmósfera, provocando el conocido 'efecto invernadero' causante del calentamiento global”. Además, abundan, “por sí mismos son nocivos para la salud”.

También se recomienda no abusar de los productos de limpieza. “Los jabones, detergentes y demás productos químicos contaminan las aguas de los ríos y los mares. Su depuración para el consumo es difícil y costosa”.

Otra de las recomendaciones pasan por evitar ruidos excesivos. Los ruidos de maquinarias, vehículos, motocicletas, música..., además de producir molestias, pueden ser causa de desequilibrios y enfermedades graves para las personas.

Se recomienda no mantener animales salvajes en cautividad, ya que, salvo que se disponga de la correspondiente autorización, la tenencia de la mayoría de estas especies está prohibida. Además, su utilización como mascotas contribuye a la extinción de numerosas especies y favorece la desaparición de la fauna autóctona, debido a los desequilibrios ecológicos que puede provocar la liberación de estos animales en el medio natural, recuerdan desde la Guardia Civil.

La protección de la fauna y la flora silvestres resulta fundamental para la conservación de la biodiversidad. Por este motivo, la caza o pesca indiscriminadas, las cortas, talas o arranque de árboles y vegetación, la captura ilegal de especies protegidas o cualquier acción que les cause molestias están prohibidas. “Estas conductas pueden dar lugar a sanciones y, en todo caso, ocasionan un grave perjuicio al patrimonio natural al contribuir a la pérdida de biodiversidad y a la extinción de especies”, advierte el instituto armado.

Prevenir los incendios forestales

También han recomendaciones para la prevención de los incendios forestales. Es algo que, dicen, exige evitar la realización de fuego fuera de los lugares habilitados y de las épocas autorizadas, especialmente durante los días de fuerte viento.

Asimismo, es imprescindible comprobar que cualquier fuego autorizado quede completamente extinguido. En caso de detectar un incendio descontrolado o encontrarse en una situación de peligro, debe avisarse de inmediato a la Guardia Civil (062), al cuerpo de seguridad competente en la zona o al servicio de emergencias 112. Si una persona se ve sorprendida por un incendio forestal, especialmente en condiciones de viento, la opción más segura consiste en refugiarse en las zonas que ya hayan sido quemadas.

El abandono de desperdicios, restos de comida, vidrios u otros residuos en el medio natural debe evitarse, ya que estos deterioran el paisaje, representan un peligro para la fauna y pueden provocar o agravar los incendios forestales.

Por otro lado, las actividades al aire libre deben desarrollarse con respeto por la naturaleza. En determinados espacios naturales, la circulación de motocicletas todoterreno, quads, bicicletas de montaña u otros vehículos, así como la práctica de deportes de riesgo, como el rafting, el parapente o el ala delta, puede estar restringida o prohibida. En cualquier caso, las actividades recreativas deben realizarse de forma que no ocasionen daños a la flora, la fauna ni al resto de los recursos naturales.

Finalmente, el uso de lugares de baño debe realizarse de forma cívica y respetuosa con el entorno. En estos espacios públicos está prohibido arrojar basura, restos de comida, latas, botellas u otros residuos, así como encender hogueras, circular con vehículos o acceder con animales cuando la normativa aplicable así lo establezca.