Menos de la mitad de la población en edad de ir a la universidad se matricula en un grado. La tasa ronda el 40%-45% para una etapa que no es obligatoria, que muchas familias no disfrutarán y que reporta grandes beneficios a quien la cursa, aunque también, por extensión, a toda la sociedad. Con esta situación de partida, ¿debe la universidad pública ser gratuita? ¿Debemos todos pagar algo que usan unos cuantos? Y, si la respuesta es positiva, ¿a todos? ¿En qué circunstancias?

El debate atraviesa a la comunidad educativa (y política) desde hace años, y cada vez más comunidades autónomas van tomando partido e implementando la gratuidad. Lo están haciendo a izquierda y derecha y lo están haciendo por igual para todos, sin criterios de renta, aunque con diferentes modelos. Las hay, como la pionera Andalucía, que bonifican la matrícula a partir del segundo año en función del rendimiento. Otras, como Asturias, lo hacen desde el primer curso.

“Gratuidad para todos es una medida populista”, sostiene Juan Hernández Armenteros, profesor jubilado de Economía en la Universidad de Jaén y uno de los principales expertos de España en financiación universitaria, que adelanta el modelo que cree más justo y equitativo: “Precio de coste para las matrículas con carácter general y, una vez te matriculas, becas directas que cubran todos los gastos de matrícula y del estudio (residencia, movilidad, salario) en función de criterios de renta”.

Ismael Sanz, profesor del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y analista en Funcas, cree “un poco absurdo” pagarle la matrícula a las familias de renta elevada y ve con buenos ojos introducir criterios de renta, pero también propone la gratuidad para los grados “con mayor inserción laboral” porque repercuten en la sociedad. En paralelo, Sanz incide mucho en la necesidad de agilizar la concesión de becas para que estas lleguen antes de que empiece el curso y las familias sepan que cuentan con ellas, algo que no está pasando todavía.

El estudiantado cree que hablar solo de gratuidad es algo reduccionista, explica Marta Gómez, directora de Relaciones Institucionales de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), el órgano de representación de los universitarios. “El debate va mucho más allá, va del acceso universal a la universidad y de si se están cumpliendo o no. Y esto tiene que ver tanto con cuánto cuestan los precios públicos como con cuántas plazas ofrece la universidad pública”, argumenta.

Siete la ofrecen, tres lo prometen

En este momento, Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y La Rioja financian al menos algún curso de los grados. Las elecciones en Castilla y León y Aragón han provocado promesas que probablemente desembocarán también en algún tipo de gratuidad en ambas regiones, Cantabria acaba de anunciar lo propio, pero solo para empadronados en la comunidad y la Comunitat Valenciana anuncia que lo hará el próximo curso (y también pagará al estudiantado de la privada con un pago equivalente al coste de sus estudios en la pública).

Hay diferentes modelos, aunque todos son parecidos. Andalucía fue la pionera, e instauró un sistema en el que el primer año lo paga el estudiante, y a partir de ahí se le bonifica el 99% del coste de una asignatura futura por cada materia aprobada. Esto es, a partir de primero los estudios pueden salir prácticamente gratuitos (se pagan tasas) si se va aprobando todo, en una medida que busca recompensar el buen rendimiento académico, se arguye. Otra línea, la que practican Asturias o Castilla-La Mancha, cubren los costes ya desde el primer curso, pero solo de la primera matrícula. Si se suspende hay que abonar la segunda, y estas se van encareciendo respecto a la primera.

En realidad, recuerda Hernández Armenteros, “el precio ya está subvencionado para todos”. Todas las comunidades, explica, financian aproximadamente el 80%-90% del coste real de los estudios. Incluso en las más caras, Madrid y Catalunya, la parte que corresponde al estudiantado es minoritaria, en torno al 15% de unos 8.000 euros por curso, siempre hablando de medias.

En el debate también hay que introducir el factor becas al estudio. El Gobierno ya paga la matrícula a aproximadamente un 40% de los universitarios –y un pequeño extra a algunos–, una partida que las comunidades autónomas se ahorran. Hernández calcula que al Estado le costaría unos 1.300 millones de euros más subvencionar las matrículas de todo el estudiantado. El gasto total anual ronda los 12.000 millones de euros.

En cualquier caso, opina este experto, el modelo es fallido. Y si se habla del modelo que no cubre 1º, pero aun así se defiende con el argumento de la igualdad de oportunidades, menos aún: “No es cierto porque ya tienes que estar dentro para que aplique”, por lo que ya hay un sesgo ahí. También el otro es erróneo, dice el profesor. “La enseñanza superior no es obligatoria ni universal, accede menos de la mitad de la gente y van aquellas familias que pueden prescindir de la renta de su hijo [durante su periplo universitario], que además tendrá gastos”, argumenta. “Hay una selección natural por capacidad de renta entre los que van, que son quienes tienen padres universitarios. Si queremos igualdad de oportunidades para algo no universal hay que preocuparse de que quien quiera ir vaya”.

Ni siquiera el supuesto incentivo para el rendimiento, abonar una matrícula futura por cada asignatura aprobada, lo es. “Si un estudiante se matricula de 40 créditos pero aprueba 20, le bonifican 20”, expone. “Si lo que quieres es incentivar el rendimiento académico se debería subvencionar a quien rinde por encima de la media”, opina.

Gratuidad sí, pero

Gómez, de CREUP, explica que aunque la gratuidad “es un modelo positivo”, si solo es el primer curso o bonifica en el caso de que se apruebe previamente, “aparece un factor de renta importante que no se está tomando en cuenta, y es que muchas personas probablemente no aprueben todas las asignaturas porque están trabajando y no pueden compatibilizarlo, o fallan en algún momento, y se quedan sin esa bonificación”. “Probablemente el primer paso para garantizar una universidad pública justa es la progresividad de los precios públicos”, conviene.

Y ahí entra la propuesta de Hernández Armenteros, elaborada junto a su colega José Antonio Pérez García, de la Universitat de Alicante, plasmada en un estudio para la Fundación Europea Sociedad y Educación: el coste de la universidad es el que es, el 100% por defecto, pero se aplica una potente política de becas y ayudas en función de la capacidad económica de la unidad familiar. Este modelo divide a las familias en diez grupos posibles en función de sus ingresos en relación al nivel de pobreza (NPF), y cada grupo abona un porcentaje diferente de la matrícula. Las bonificaciones sobre la matrícula se complementan con becas económicas.

Esto es, para una familia base de cuatro miembros, si están menos de 1,25 veces por encima del nivel de pobreza familiar (ingresan menos de 19.775 euros anuales) tendría una bonificación del 100% sobre el coste. Además, ese estudiante recibiría un salario para estudiar (el IPREM, unos 600 euros al mes), otro para desplazamiento si lo necesitara, para residencia, por movilidad y para material didáctico. Si esa familia está entre 1,25 y 1,5 veces en el NPF (entre 19.776 y 23.730 euros anuales), pagaría el 5% de la matrícula (unos 250 euros anuales), y tendría derecho a las mismas ayudas que el anterior, excepto el salario. El modelo es progresivo y va bonificando menos y quitando ayudas económicas según la familia ingresa más, como se puede observar en el siguiente cuadro.

La propuesta se completa con ayudas económicas directas, también según la renta.

El profesor Sanz señala que un problema de no ofrecer gratuidad universal es que a las familias de nivel socioeconómico bajo tener que solicitar ayudas estatales puede suponerles un problema. Se les puede escapar que existen o pueden ver el proceso burocrático como un obstáculo insalvable, esto lo ha demostrado la literatura científica repetidas veces, que les acaba expulsando. “Aunque para algunos pueda ser difícil de pensar, la burocracia retrae a mucha gente de ir a la universidad”, asegura, “y son esas personas las que nos interesa que vayan, porque si no no irían”, observa.

Pese a ello, Sanz se muestra partidario de algún tipo de progresividad en los pagos y como alternativa ofrece la posibilidad de bonificar ciertos grados, una idea que Hernández Armenteros no ve con malos ojos. “Pondría la matrícula gratuita en las carreras que tienen más inserción laboral, porque sabemos que la sociedad necesita más gente en Físicas, Ingeniería, Medicina, Enfermería... Porque, además, los grados son más caros porque tienen más experimentalidad, y estaríamos incentivando que algún estudiante que quisiera cursar esto no dejara de hacerlo por cuestiones económicas”, reflexiona.

El estudiantado pone el acento en que además de la progresividad en el coste de la matrícula, un factor indispensable que introducir en el debate son las plazas que ofrece la universidad pública, otra vía que ejerce de barrera para el acceso además del precio, explica Gómez. “El acceso universal no se está cumpliendo porque la demanda de plazas es actualmente mucho más alta que la oferta, lo que al final deriva en que muchos acaban en la universidad privada, con precios mucho más altos”, expone la portavoz de CREUP.

Esa elevada presión, además, está elevando las notas de corte, lo cual también acaba teniendo una componente de clase, incluso desde el propio Bachillerato: es conocido que el alumnado de centros privados saca mejores notas en la Secundaria postobligatoria, un mejor rendimiento que luego no se traslada a la prueba de acceso a la universidad, pero que sí cuenta para establecer la nota de acceso.

El profesor Sanz está de acuerdo. “Necesitamos aumentar el número de plazas en universidades públicas para esas carreras como ingenierías, matemáticas, físicas, tecnología, medicina… Yo quiero que alguien que entre en Medicina tenga un buen expediente, sí”, relativiza la importancia de mantener un cierto límite con las plazas, “pero hay margen. Una persona que tiene un 11,5 o 12 va a ser un buen médico o matemático”, asegura. Y, ahora mismo, no puede acceder a esas carreras por la inflación de notas registrada en los últimos años.

El organismo humano es una bella y rara complejidad. Diferentes disciplinas acumulan siglos de esfuerzo para arrojar luces a su comprensión.

Nuestra participación en la realidad a través de esa bella y rara complejidad da cuenta de su resistencia y fragilidad. Resistencia ante cambios, privaciones, preocupaciones, dolores… Fragilidad a infecciones, abusos, soledades, amores… Exponernos a la alteridad, convivir con quienes nos rodean, de la manera como nos rodean, construir y potenciar la comunicación entre organismos, rebasar los límites de la corporalidad -lo uno- para formar parte de una corporalidad mayor -lo mucho o el todo- da cuenta de que el organismo humano para llegar a este minuto ha necesitado empatía, solidaridad y muchísimo cuidado colectivo.

Empezamos con esta sucinta reflexión para invocar la urgencia de hacer consciente en tiempos de guerra y violencias múltiples que prescindir de una vida resta no uno sino mucho a la vida de todos y todas.

El 2026 lastimosamente ha comenzado restando. Restando cientos de vidas asesinadas por soñar un mundo mejor, por tener ideales, por defender la soberanía frente al imperialismo. Restando cientos de vidas asesinadas por dejar de ser sumisas y decir basta al maltrato. Cientos de vidas asesinadas simplemente por estar presentes en el momento en que la violencia patriarcal estalla y es imparable. Restando miles de vidas heridas, física y psíquicamente, por la precariedad, por utilizar como arma de guerra el hambre y la escasez. Miles de vidas heridas y diezmadas por el capitalismo y su cultura macabra. Ante el maremoto de oscuridad que ha encapotado la vida ¿qué hacer? ¿Cómo encontrar abrigo ante tanta impunidad? ¿Cómo revertir la caída hacía el precipicio de nuestra compleja y frágil especie? ¿Pudiéramos encontrar inspiración en la lucha de las mujeres?

Durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas (Copenhague, 1910), dirigida por Clara Zetkin, se propone establecer un Día Internacional de la Mujer, pero no de la mujer a secas, sino de la Mujer Trabajadora, vinculando las opresiones de género y clase, y encarnando siglos de lucha.

Siete años después, el 8 de marzo de 1917 las mujeres textiles de Petrogrado inician una huelga al grito de Pan y Paz, para detener la I Guerra Mundial y el hambre. Y aquello que dijera Nadia Krúpskaya de que “lo que une a las mujeres trabajadoras con los hombres trabajadores es más fuerte que lo que las divide…”, hizo que dos días después se sumaran a la huelga cincuenta mil trabajadores. Juntas y juntos harían colapsar el sistema zarista para culminar en la Revolución.

En 1922 la Unión Soviética, por iniciativa de Alexandra Kollontai, declara festividad oficial el 8 de marzo. Esa fecha se regó en otros países como el Día de la Mujer Trabajadora. Fue tanta su influencia que en 1975 la ONU tendría que declararla Día Internacional de la Mujer. Por el camino se quedó lo de trabajadora, ocultando sus raíces comunistas. Un descuido que facilita el secuestro del día a favor de un feminismo burgués, e impide la comprensión de su enraizamiento con las resistencias populares profundamente humanistas y antiimperialistas. Y cuando la superficialidad va conquistando espacios, la empatía, solidaridad y cuidado colectivo del que es capaz esta bella y rara complejidad que somos zozobra, haciéndonos olvidar que los dolores del mundo son nuestros y que es imposible estar en paz consigo cuando el mundo está en guerra.

Desde Puente Madera reivindicamos las raíces del 8M, regadas con vidas trabajadoras, fertilizadas con pan y paz en un momento en que estas dos cosas están duramente golpeadas por lo que se comienza a denominar III Guerra Mundial. Llamamos a acompañar este Día Internacional e Internacionalista enraizándonos con ese horizonte desencapotado de paz y justicia social con el que llevamos soñando toda la eternidad.

En Albacete salimos a marchar a las 12:00 desde la plaza Gabriel Lodares y llegaremos a la plaza del Altozano. Esperamos sea solo el comienzo de un año de luchas y esperanzas y no de más bombas y más muerte

Toca involucrarse hasta la médula. Juntos y juntas. Construir un ‘juntas y juntos’ requiere una enorme labor pedagógica que inunde calles y mercados, hogares y escuelas, que vaya del campo al mar y del mar a la montaña contagiando la pasión y la necesidad de hacer de este mundo un lugar mejor donde se sumen las vidas y no resten más que las muertes naturales o por enfermedades incurables. Recuperar la empatía, la solidaridad y el cuidado colectivo pasa por recordar que nuestros antepasados, los primeros homo sapiens, a diferencia del resto de los organismos no abandonaron a quien se fracturó un hueso, decidiendo detenerse, acompañar y esperar que se curase para volver a caminar. Sí, caminar, juntos y juntas.

En Albacete salimos a marchar a las 12:00 desde la plaza Gabriel Lodares y llegaremos a la plaza del Altozano. Esperamos sea solo el comienzo de un año de luchas y esperanzas y no de más bombas y más muerte.

* El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

Una sociedad justa debe comenzar por procurar la búsqueda de la dignidad de la persona. Cada persona tiene un valor, es diferente e importante. Todo orden social debe dirigirse a encontrar la dignidad de todas y cada una de las personas que habitan la tierra y promover su desarrollo personal.

Las personas, al nacer, deben ser atendidas en sus necesidades básicas de alimentación y salud, así como sentir la protección, cariño y afectividad.

En la infancia y juventud debe primarse y hacer realidad el derecho a una educación de calidad y en igualdad de oportunidades. Especialmente debe priorizarse la educación de las niñas porque todavía hoy en muchos países están en situación de discriminación; una atención más personalizada, al tiempo que integradora de personas con discapacidad; ayudar a familias con escasos recursos económicos, así como acompañar a los niños migrantes o refugiados afectados por desastres naturales o conflictos armados.

El fundamento de la dignidad humana debe estar anclado en promover la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres. Promover los cambios necesarios en las políticas, leyes, prácticas y actitudes para eliminar los obstáculos que siguen existiendo frente a la brecha de género. Asegurar el equilibrio entre el hombre y la mujer a la hora de adoptar decisiones; tener las mismas oportunidades políticas, económicas y sociales, educativas y culturales; apoyar especialmente el importante papel de la mujer en comunidades y etnias con mayor pobreza y discriminación. Promulgar la aplicación de políticas y manifestaciones sociales encaminadas a eliminar la discriminación, explotación, malos tratos y violencia contra las mujeres y niñas, poniendo un especial énfasis en abolir la prostitución y la trata de personas, siendo la mayoría de las víctimas, mujeres.

La búsqueda de dignidad de toda persona confluye en la declaración de los derechos humanos, fundamento último de la libertad e igualdad de todos los seres humanos, sin que pueda haber distinción, ni discriminación alguna por lugar de origen, raza, color, sexo, religión, opinión política, cultura o clase.

Todas las personas, pueblos y naciones deben esforzarse y poner todos los medios a su alcance para que los derechos humanos sean defendidos, reconocidos, respetados y aplicados para que las personas que habitan la tierra, en cualquier rincón, tengan y sientan el derecho a vivir con dignidad, libertad y seguridad. Inseparablemente a los derechos de cada persona están unidos los deberes de cada uno de nosotros para reconocer y respetar el derecho de la otra persona y la obligación de los estados con la promulgación de sus leyes para lograr sociedades iguales.

La persona no puede encontrar su realización solo en sí misma, en un egocentrismo que la destruye, sino que vive en relación con y para los demás, formando parte de una sociedad que tiene como meta el bien común. Toda sociedad posibilitará la promoción humana integral, comenzando por la prestación de servicios esenciales: alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo; complementados con otros servicios o derechos también vitales para el desarrollo pleno de las personas como son la libertad religiosa y de pensamiento, la intimidad, la información, el acceso a la cultura y libertad para desplazarse.

Podemos estar de acuerdo en que la propiedad privada y la tenencia de algunos bienes aseguran una autonomía personal y familiar, que contribuyen al mismo tiempo a la libertad, pero la concentración desorbitada de riqueza, la utilización narcisista de los bienes y la ostentación obscena de poder es la mayor injusticia social que sufre la humanidad. No es de recibo que el 1% de los más ricos posea más riqueza que el 95% de la población mundial.

Por tanto, es prioritario reivindicar una justa distribución de la riqueza de cada país y del mundo, con una visión económica inspirada en el destino universal de los bienes, para lograr un mundo más justo y solidario. Debemos procurar que, en cualquier parte del planeta, las personas tengan unas condiciones de vida digna, conseguir el objetivo de reducir las desigualdades y erradicar la pobreza y la vulnerabilidad.

Y ahí entra en juego la cooperación internacional de personas, instituciones, estados..., ya que es el grano de trigo que más hace granero para la promoción humana en cualquier lugar del mundo. Y esto es compatible y necesario con atender y ayudar a las personas más necesitadas del entorno más cercano; auxiliar en situaciones de emergencia, en catástrofes naturales y colaborar con la comunidad más próxima. Nuestra sociedad debe impregnarse y fundamentarse en el principio de solidaridad, desear, buscar y trabajar por el bien de toda persona

Así, desde la Agrupación Socialista de Ciudad Real, manifestamos como la justicia social, tiene que tener como fruto la paz por todos deseada, pero tantas veces quebrantada por los violentos, agresores, dictadores, autoritarios y genocidas. Nos manifestamos alto y claro este día 20 de febrero y todos los días del año para declarar que todas las personas debemos promover la paz, comenzando por la paz interior, creando climas de fraternidad y justicia, gritar deseos de paz universal, defensores de los que sufren la guerra. La sociedad no puede permanecer silenciada e insensible ante genocidios, ante injusticias, ante las desigualdades y la falta de humanidad.

Vivimos un momento complejo, tanto a nivel nacional como internacional. En España, en el contexto político y social actual, asistimos a una creciente polarización, marcada por debates sobre corrupción, tensiones territoriales y una percepción de fragilidad institucional que alimenta la desconfianza de una parte significativa de la ciudadanía. La desigualdad social persiste: según datos de organismos como Eurostat, la OCDE o entidades sociales como Cáritas, millones de personas siguen enfrentando precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda y brechas generacionales que debilitan el llamado ascensor social.

A estos desafíos se suman realidades globales igualmente preocupantes: conflictos armados que vulneran de forma sistemática los derechos humanos, crisis climáticas que intensifican la pobreza y un orden internacional cada vez más tensionado. Todo ello dibuja un escenario de incertidumbre que interpela directamente a nuestras democracias.

Ante este panorama, es comprensible el desaliento. Sin embargo, precisamente en tiempos de crisis conviene recordar los pilares que sostienen cualquier sociedad democrática: la justicia social y el respeto efectivo de los derechos humanos. No se trata de ideales abstractos, sino de derechos inalienables que garantizan la dignidad de cada persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 y conmemorada cada 10 de diciembre, nos sigue recordando que la igualdad, la libertad y la solidaridad son el mejor antídoto frente a la división y la injusticia.

La justicia social implica redistribuir oportunidades para que nadie quede atrás. En España, pese a avances económicos y a determinadas políticas de protección social, la brecha entre ricos y pobres continúa siendo de las más elevadas de la Unión Europea, afectando especialmente a jóvenes, familias monoparentales y colectivos vulnerables. En el ámbito internacional, conflictos en regiones como Oriente Medio, Ucrania o Sudán generan millones de personas desplazadas y graves violaciones de derechos, recordándonos que la paz, la equidad y la estabilidad global están profundamente interconectadas.

Ante esta realidad, cabe plantearse con urgencia una pregunta esencial: ¿qué herramienta tenemos para afrontar y transformar estos desafíos? La respuesta es clara: la educación. Pero no cualquier educación. Hablamos de una educación valiente y transformadora, que no se limite a transmitir contenidos, sino que forme personas críticas, libres y comprometidas. Una educación que no tema cuestionar el statu quo y que ayude a comprender la complejidad del mundo desde una mirada ética y democrática.

La educación es, sin duda, uno de los motores más poderosos de la transformación social. Fomenta el pensamiento crítico, desmonta prejuicios, promueve la empatía y la solidaridad, y empodera a las personas para defender sus derechos y los de los demás. Como señala la UNESCO, la educación en derechos humanos es clave para construir sociedades más justas, ya que aborda las causas profundas de la desigualdad y cultiva actitudes basadas en la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo.

En un país como España, donde la educación es un derecho constitucional, resulta imprescindible reforzar su dimensión cívica y social. Integrar de manera transversal contenidos sobre derechos humanos, justicia social y sostenibilidad en todos los niveles educativos —desde la infancia hasta la universidad— no es una opción, sino una responsabilidad democrática. Necesitamos programas que enseñen a analizar la realidad con espíritu crítico, a identificar las desigualdades y a participar activamente en la vida pública.

Reivindicamos una generación que no se resigne a la polarización, sino que construya puentes; una ciudadanía que exija políticas inclusivas y rechace la discriminación; comunidades que sitúen el bien común por encima del individualismo. Demandamos, en definitiva, una educación que devuelva la esperanza a quienes la han perdido, la voz a quienes se sienten silenciados y la dignidad a quienes la ven vulnerada cada día. Porque educar no es solo transmitir saberes: es ofrecer herramientas para decidir con libertad, resistir la manipulación y comprometerse con un mundo más justo.

En este momento de cierre y reflexión colectiva, el llamamiento debe ser claro. A los responsables políticos, para que abandonen los recortes encubiertos y las reformas superficiales, y apuesten por una inversión real y sostenida en una educación pública de calidad, inclusiva y comprometida con los valores democráticos. A las familias y comunidades, para que fomenten el diálogo, la reflexión y el pensamiento crítico en la vida cotidiana. Y al profesorado, para agradecerle su esfuerzo constante y su papel imprescindible como faro de esperanza, formando no solo profesionales, sino ciudadanos y ciudadanas íntegros y dignos.

En definitiva, la justicia social y los derechos humanos no se consolidan únicamente mediante leyes, sino a través de personas conscientes, comprometidas y valientes. Y esa conciencia, esa valentía, nacen en las aulas, en las conversaciones compartidas y en el ejemplo diario. Hoy más que nunca, defendemos una educación que ilumine el camino hacia la libertad, la equidad y un futuro con dignidad para todos y todas.

Harsha Walia es una escritora canadiense conocida por su activismo en derechos de los migrantes. Nacida en el micro-Estado de Baréin, en el Golfo Pérsico, es de familia india y reside en Vancouver. Su última obra publicada, Frontera y Ley (Raig Verd/Rayo Verde, 2022) ahonda en las crisis de refugiados, el control de fronteras, la criminalización de los desplazados y, al mismo tiempo, el papel de los grandes capitales a la hora de aprovecharse de ello.

Formada en Derecho y en el activismo en ayuda a las mujeres de uno de los barrios más pobres de Vancouver, Downtown Eastside, ha participado en movimientos antirracistas, feministas, de solidaridad indígena, anticapitalistas y a favor de los derechos de los migrantes. Coimpulsora de la red No one is illegal, en 2020 fue nombrada directora de la Asociación de Libertades Civiles de Columbia y ganadora del premio Hillman de Canadá en Democracia y Justicia Social.

El libro advierte que la crisis migratoria que existe es una “crisis de desplazamiento”, no tanto una “crisis fronteriza”. ¿A qué se refiere con este término?

Los migrantes son una crisis porque los estados, los gobiernos, son quienes la han creado. Para Europa y Estados Unidos, por ejemplo, los migrantes son la excusa para fortalecer las fronteras y crear una política fronteriza más dura. Las razones por las que hay que utilizar el concepto de “crisis de desplazamiento” son tres, principalmente. En primer lugar, la realidad es que la mayoría de los migrantes no se pueden mover por el mundo de manera libre. Otro de los motivos es que el desplazamiento coloca a la crisis donde comienza, no donde acaba: una persona se convierte en migrante debido a una crisis. En el caso de Palestina es la guerra, pero también hay motivos económicos como en Tailandia, o la vertiente climática, como ocurre en Bangladés, por ejemplo.

Por lo tanto, esto hace pensar que no se convierten en migrantes porque sí, sino que el desplazamiento es el que los hace migrantes. La causa está en el origen. Por último, destaco que hay un apartheid global, con una motivación común que recae en el color de piel, en el nivel económico y en los orígenes. Con estas variantes, el resto de gente que cumpla todos estos requisitos se puede mover por el mundo libremente. Se podría decir que, en realidad, las crisis de desplazamiento no va sobre movimientos, sino sobre poder.

Cada vez más gobiernos rechazan públicamente a los inmigrantes, pero al mismo tiempo los sectores económicos de sus países requieren de su mano de obra. ¿Cómo coexisten estas dos realidades a la vez?

Sé que parece contradictorio, pero en realidad no lo es. Una cosa alimenta a la otra. El racismo provoca que los migrantes sean precarios, y esto lo impulsan todos los partidos políticos, pero en especial la extrema derecha. El objetivo, a veces, no es tanto la expulsión absoluta de los migrantes, sino crear la condición de una precariedad social y laboral para que puedan ser explotados a su antojo. Asimismo, los migrantes trabajadores conforman la underclass, una clase pobre situada por debajo de la clase baja, y que se ha formado y construido a través de un racismo contra ellos.

El objetivo a veces no es tanto la expulsión absoluta de los migrantes, sino crear la condición de una precariedad social y laboral para que puedan ser explotados a su antojo.

¿Por qué cree que triunfan los discursos de extrema derecha que se oponen no solo a la inmigración, sino que directamente exigen deportaciones masivas?

Eso ocurre, principalmente, por tres razones. La primera es la más simple: es verdaderamente sencillo culpar a los migrantes de la crisis capitalista global que nos afecta a todos, achacando que estas personas que aterrizan desde otro país se quedan con nuestros trabajos, que pagamos su educación, que ocupan la sanidad, las escuelas… Es dibujar su figura como si nos quitaran nuestros derechos, cuando no es así. Relacionado con esto, el otro motivo es que mucha gente se aferra a esta visión del mundo, se la cree y la interioriza, y aquí se demuestra que el racismo está en todas partes, no es muy complicado que cale, y especialmente ahora hay un auge en el rechazo a los musulmanes.

Estos discursos triunfan debido a que el objetivo no es la deportación de los migrantes sino la creación de esta underclass, de la clase inferior a la baja. Esta clase social lo que provoca es que la sociedad no les vea como víctimas de la crisis del capitalismo global ni como parte de la clase obrera, sino como causantes de esta crisis, de ahí nace el racismo y los discursos que ponen la responsabilidad en los migrantes.

Hablando de capitalismo, el gobierno de Estados Unidos es racista y antisemita, sin embargo, Trump es aliado de Netanyahu y ambos denuncian «el problema musulmán», como apunta en el libro. ¿Cree que la emigración se está convirtiendo en el gran enemigo común que quieren promover los gobiernos para afianzarse?

Absolutamente. Es verdad que la extrema derecha tiene muchas diferencias entre sí con los diferentes partidos políticos alrededor del mundo, pero todos tienen dos cosas en común y trabajan bajo estos dos ejes: un racismo anti-migrante y un racismo anti-musulmán. La relación entre el Gobierno de Trump y el de Netanyahu no me parece contradictorio del todo, comparten la expulsión de otros espacios, posturas y creencias dentro de su país, solo quieren tener un grupo de personas viviendo en él.

De hecho, la gran mayoría de sionistas de Estados Unidos son sionistas cristianos, y son el lobby más grande del país, que piden a su misma vez la expulsión de los judíos de su país, es contradictorio.

En el libro también se habla sobre el impulso por parte de las élites progresistas de los países de Europa del proyecto 'refugees welcome'. Afirma que esta postura deja a los migrantes como “sujetos miserables” y a la población blanca como «árbitros de la migración». ¿A qué se refiere?

Es curioso porque este libro se escribió cuando Canadá y la Unión Europea crearon esta política, y es interesante cómo en este poco tiempo ha evolucionado el proyecto y ahora podemos ver las nefastas consecuencias de él. Este progresismo blanco se desarrolla bajo la caridad de recibir a algunos migrantes, y con un relato que los deja como algo positivo para la economía, algo útil, para que esta acogida fuera conveniente. Se deja de lado el derecho fundamental del migrante a existir: si no aportas a nivel económico, no puedes ser acogido. Es por eso que el relato de la extrema derecha tiene éxito. Hasta en los discursos del lado progresista europeo no se introduce la idea de que todos somos iguales y todos tenemos derecho a vivir, sino que solo algunos pueden hacerlo si dan algo a cambio, que es en el fondo el relato que sostiene la ultraderecha.

Al fin y al cabo, la élite progresista europea no incluye nunca un marco anticapitalista de la migración. Y es importante porque los migrantes han sido víctimas, y a costa de ellos se ha construido una Europa basada en la explotación y colonización de los países de donde emigran estas personas, anteponiendo que tienen más derecho a existir —por pertenecer a la UE— que cualquier otro país arrasado por los que tienen el poder.

En España lo hemos vivido estos días episodios de disturbios con con cacerías xenófobas a inmigrantes. ¿Cree que estos fenómenos irán a más?

Creo que todo lo que estamos viviendo en muchas partes del mundo y ahora en España, son señales que apuntan hacia una escalada de la ultraderecha. Hay una divulgación y difusión de un racismo hacia los migrantes que también se hace desde el poder, porque esta extrema derecha cada vez conquista más esferas poderosas y tiene más posibilidades de expandir su discurso racista. Las personas migran por desigualdades, por un sistema capitalista que no les beneficia, pero, como he comentado antes, no son vistas como víctimas, sino como culpables de estas desigualdades. Solo se pone el foco en que vienen, no el porqué lo hacen. Así hay carta blanca para poder desplazarlos, explotarlos y hacer de todo contra ellos.

Es muy importante crear un análisis y prácticas de la raza, la clase y la ciudadanía, porque la extrema derecha está capitaneando esta división, y va todo junto, no son cosas separadas. Los migrantes son ahora mismo la principal clase explotada, que el capitalismo y la extrema derecha está explotando, y además es que es algo cíclico: el que es expulsado de un sitio será mucho más explotable en otro, con una renuncia implícita de sus derechos.

También es relevante destacar que esta extrema derecha crecerá más porque cada vez tiene más apoyo y financiación. La violencia se blanquea, y en el caso de las fronteras, por ejemplo, Trump tiene políticas de expulsión, pero también financia a México. Le está pagando mucho dinero para que proteja esa frontera y, ahora mismo se ha convertido en un aliado en el control de esta división fundada por el estado americano. El racismo no es natural, a la gente se le enseña a ser racista y además, estas políticas que existen alrededor también lo son, por lo que aprendes a serlo.

En Canadá, de donde es usted, ¿han detectado más llegadas de emigrantes de Estados Unidos?

En Canadá puede parecer que haya una política progresista, pero hace 25 años que funciona una cosa que ahora se ha instalado en Europa. Ahora en la UE si tú como migrante vas a un país europeo y te expulsan, y buscas asilo en otro, ya no puedes, perteneces al primer país donde te has hospedado, y tienes las puertas cerradas en toda la Unión. Y así funciona Canadá desde hace más de dos décadas, bajo la política del Acuerdo del Tercer País Seguro junto a Estados Unidos, donde si una persona residente del país americano busca refugio en Canadá, se le denegará. El solicitante solo puede tener asilo al primer país que llegue. Pero esta política también incluye no solo el refugio de los migrantes, sino también si has vivido en Estados Unidos, ya no puedes hacerlo en Canadá.

En el primer año en que se implementó esta política, el número de migrantes en Canadá descendió en un 45%. Para ver la dimensión de esta política, cuando volvió a reanudarse la guerra en Palestina con las migraciones masivas a otros países, en Canadá el número de refugiados palestinos fue cero.

Si algo deja claro 'Frontera y ley' es que la migración está globalizada debido a la acumulación de guerras en todo el mundo. ¿Qué responsabilidad atribuye a los países del Norte Global?

Esta ignorancia viene dada por los intereses de la Unión Europea y por esta inversión en la industria del armamento militar, que es una de las más poderosas que hay en el mundo y que abastece a países como Palestina y Sudán, pero sobre todo a las fronteras, como las de Libia, La República Democrática del Congo o Ruanda. Hay que saber hacia dónde va ese dinero para entender los conflictos que existen en el mundo y cuáles se están alimentando. Aquí se ven claramente los intereses de la UE y cómo contribuye a mantener dictaduras, como el caso de Turquía. Todo se entiende al seguir los destinos de la financiación europea hacia ciertos países y fronteras, porque en realidad es la herencia del imperio colonialista de estos países.

El fins ara secretari general de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, ha anunciat aquest dimarts que abandona tots els seus càrrecs a la formació ecosobiranista, inclòs el de portaveu al Consell de Mallorca. Ho fa després de 15 anys de “compromís i dedicació a aquest projecte col·lectiu”, com ha subratllat: “Ha arribat el moment de tancar una etapa”.

En una carta adreçada a la militància, Alzamora ha apuntat a “circumstàncies personals i familiars” les que el porten “a fer un pas al costat”. “Ha estat una decisió meditada, presa amb serenitat i des del convenciment”, incideix, reconeixent, amb tot, que “no ha estat una decisió fàcil”.

A la missiva, l'ecosobiranista ha expressat el seu “agraïment sincer” a totes les persones amb qui ha compartit camí dins i fora del partit, amb una menció especial a la militància de base, que, ha elogiat, ha mantingut “viu l'esperit crític, la coherència i la il·lusió que han fet de Més un projecte únic i necessari”.

“Seguiré defensant, des d'on em toqui estar, els valors i les causes que ens han reunit: la justícia social, la sobirania, el feminisme, la defensa del territori i la llengua, i la necessitat de posar les persones i el bé comú al centre de les decisions”, assegura a la carta.

El missatge que ha fet arribar a la militància conclou, de nou, amb un agraïment per la confiança, el suport i la companyonia, a més de mostrar la seva confiança que Més per Mallorca “seguirà avançant amb més força, fidel als seus principis i oberta als reptes del futur”.

“Ha estat un autèntic honor formar part d'aquesta organització des dels seus inicis, contribuir a fer créixer un espai polític sobiranista, ecosocialista i transformador, i compartir tants moments de lluita, de debat i de construcció col·lectiva amb totes i tots vosaltres”, ha dit.

La seva renúncia es produeix en un moment de reconfiguració interna de Més i en plena tramitació de lleis polèmiques com la amnistia urbanística que PP i Vox preveuen aplicar a les Balears. Alzamora ha estat una de les veus més crítiques davant de les polítiques de populars i ultraconservadors en matèria de territori i turisme.

Ara, Catalina Inés Perelló assumirà el càrrec de portaveu a la institució insular i Biel Payeras, regidor a Sa Pobla, entrarà com a nou conseller electe.

El hasta ahora secretario general de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, ha anunciado este martes que abandona todos sus cargos en la formación ecosoberanista, incluida la portavocía en el Consell de Mallorca. Lo hace tras 15 años de “compromiso y dedicación a este proyecto colectivo”, como ha subrayado: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa”.

En una carta dirigida a la militancia, Alzamora ha apuntado a “circunstancias personales y familiares” las que le llevan “a dar un paso al lado”. “Ha sido una decisión meditada, tomada con serenidad y desde el convencimiento”, incide, reconociendo, con todo, que “no ha sido una decisión fácil”.

En la misiva, el ecosoberanista ha expresado su “agradecimiento sincero” a todas las personas con las que ha compartido camino dentro y fuera del partido, con una mención especial a la militancia de base, que, ha elogiado, ha mantenido “vivo el espíritu crítico, la coherencia y la ilusión que han hecho de Més un proyecto único y necesario”.

“Seguiré defendiendo, desde donde me toque estar, los valores y las causas que nos han reunido: la justicia social, la soberanía, el feminismo, la defensa del territorio y la lengua, y la necesidad de poner a las personas y el bien común en el centro de las decisiones”, asegura en la carta.

El mensaje que ha hecho llegar a la militancia concluye, de nuevo, con un agradecimiento por la confianza, el apoyo y el compañerismo, además de mostrar su confianza en que Més per Mallorca “seguirá avanzando con más fuerza, fiel a sus principios y abierta a los retos del futuro”.

“Ha sido un auténtico honor formar parte de esta organización desde sus inicios, contribuir a hacer crecer un espacio político soberanista, ecosocialista y transformador, y compartir tantos momentos de lucha, de debate y de construcción colectiva con todas y todos vosotros”, ha concluido.

Su renuncia se produce en un momento de reconfiguración interna de Més y en plena tramitación de leyes polémicas como la amnistía urbanística que PP y Vox prevén aplicar en Balears. Alzamora había sido una de las voces más críticas frente a las políticas de populares y ultraconservadores en materia de territorio y turismo.

Ahora, Catalina Inés Perelló asumirá el cargo de portavoz en la institución insular y Biel Payeras, regidor en Sa Pobla, entrará como nuevo conseller electo.

“Que todas las mujeres puedan manifestarse, contar sus historias y que el resto de personas las escuchemos, pero que las escuchemos con el corazón, no con el pensamiento ni con la razón”: con una trayectoria dedicada a visibilizar las desigualdades sociales, la directora, guionista y productora Cecilia Ibáñez cuenta cómo enhebrar su compromiso con la memoria histórica y la justicia social, al tiempo que la visibilización de las mujeres en el ámbito audiovisual.

La cineasta uruguaya afincada en Murcia desde hace más de tres décadas se encuentra en plena producción de su próximo largometraje documental, Sueños Retenidos. Este proyecto, que se halla en el ecuador de su rodaje, está previsto que llegue a la gran pantalla el 15 de octubre, coincidiendo con el Día de la Mujer Rural. Aunque Ibáñez ha revelado que la proyección podría incluir una sorpresa inédita, ha pedido a este diario que mantenga los detalles en reserva por el momento.

Además, la cineasta participa en el ciclo 'Historias de mujeres murcianas: voces que inspiran', organizado por la Fundación “la Caixa” el próximo 11 de junio, donde compartirá su experiencia en la industria cinematográfica. Produjo 'Migas de Pan', un filme protagonizado por Cecilia Roth nominada en 2017 a los Oscar por Urugay y que narra la tortura y encierro real de Liliana Pereiro, una universitaria y madre de un bebé que participa en las luchas estudiantiles contra la dictadura cívico-militar que sufrió este país suramericano.

¿Cuáles son esos 'sueños retenidos' que merecen ser compartidos?

Son aquellos sueños que las mujeres tienen, que algunas acaban cumpliendo, pero otras, a lo mejor, no. 'Sueños retenidos' es un largometraje documental que cuenta la historia de las mujeres rurales. Quiero visibilizar aquellos sueños que las mujeres rurales han tenido, pero que no los han podido cumplir por el mandato heteronormativo patriarcal.

La labor de una mujer rural es cocinar, cuidar, apoyar en todos los sentidos a los hijos e hijas y dejar sus sueños en un segundo plano. Eso es lo que queremos contar: que las mujeres rurales tienen muchas cosas que compartir y son historias que la gente tiene que saber. Están muy contentas de que alguien se acuerde de ellas.

Una de las historias que vamos a contar es la de una mujer rural que tiene un campo de nectarina y su sueño retenido es estudiar para ser abogada. A veces, los padres no querían apoyarlas en los estudios. ¿Para qué vas a estudiar también el mundo rural? , les decían. Y así un montón de casos.

¿Cuándo empezó a fraguarse 'Sueños retenidos' y cuándo podremos verlo en la gran pantalla?

Empecé este proyecto hace ya cuatro años. Ya tenemos grabado más de la mitad del documental. Ahora en junio vamos a terminarlo. Estamos también hablando con la Dirección General de la Mujer para estrenarlo el Día de la Mujer Rural. Queremos que esté todo preparado para ese día, que es el 15 de octubre y así destacar el papel importante que ejercen.

¿Tienes otros proyectos entre manos además de 'Sueños Retenidos'?

Una ficción que escribí hace más de diez años. Es sobre una abuela que cocina y cose. Eso siempre lo han hecho las abuelas o las madres. Pero desde que los hombres entran al mundo económico, ya es el gran chef y las mujeres pasan a ser ignoradas y no ser reconocidas en una profesión que era de mujeres.

Llevo la séptima versión del guion y estamos empezando la búsqueda de subvención. Después hay otro corto y una cantidad de proyectos que no podés imaginar. Un montonazo.

Eres doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo ha influido tu formación académica en Historia en tu trabajo como cineasta?

Cuando empecé a estudiar Historia yo quería contar la historia de la gente que no tenía. Me decía: ¿por qué todo el mundo cuenta lo mismo? Quería hacer algo con las personas olvidadas de la historia. En la facultad, todos mis trabajos iban sobre las mujeres que no habían sido reconocidas en el arte, en la pintura, en la música y en todas las disciplinas.

'Migas de Pan' aborda una etapa oscura de la historia uruguaya, centrándose en las mujeres que sufrieron represión durante la dictadura. Una película que fue seleccionada para competir por el Óscar 2017 a la Mejor Película de Habla No Inglesa. ¿A qué desafíos te enfrentaste al llevar esta historia a la pantalla?

La historia de una violación de los derechos humanos. No es una historia romántica, ni es una historia que le gusta a los hombres con efectos especiales universales. Es una historia de una realidad de unas mujeres que creían en una lucha.

El cine es altamente masculinizado y para la distribución y promoción de este tipo de historias, tenés que tener un presupuesto elevado. Hay una falta de empatía. Ha costado porque la temática no es una temática comercial y la gente no se siente tan comprometida con este tipo de temáticas.

Fue curioso porque tuvimos un montón de premios, pero todos eran premios a los derechos humanos. Nos dimos cuenta de que ahí había otro tipo de competencia comercial y profesional. Los premios no son gratuitos y nosotros pensábamos que sí. Por ejemplo, irte a un Óscar no solamente supone llegar, supone que tienes que tener un presupuesto para salir en las revistas de Hollywood o cualquier otra. A lo mejor salir en una página te sale por 50.000 euros.

Tu documental 'Reyes Noval: memoria feminista en Murcia' rinde homenaje a una destacada activista murciana. ¿Qué te llevó a contar su historia y cómo fue el proceso de realización del documental?

Reyes Noval murió hace dos años y quise hacerle un homenaje. En Murcia hay muchas feministas, muchas mujeres que han luchado por la igualdad, por la mujer y, luego, parece que no han existido. Hay un silencio ante el cual yo empecé a entrevistar. Con una camarita y un trípode entrevistamos a las primeras asociaciones feministas y de mujeres en Murcia, y así nació el documental.

En tu experiencia, ¿de qué manera crees que la representación de historias centradas en mujeres en el cine puede influir en la conciencia social y promover una mayor comprensión de las realidades que enfrentan?

Las mujeres, sobre todo las rurales, se merecen su lugar. En un mundo como el ámbito audiovisual, algo que llega a muchísima gente, hay que difundir realidades que no son conocidas. Hay que mostrar las desigualdades para que se corrijan. Aparte de ser una cuestión de igualdad, es una cuestión de derechos humanos.

Desde tu perspectiva como cineasta, ¿cómo describirías la situación actual de las mujeres en la industria cinematográfica? ¿Qué avances has observado y qué desafíos persisten en términos de representación y oportunidades?

Se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. Es decir, desde la Ley de Paridad hay cierto equilibrio. Las mujeres vamos haciendo todo lo posible aquí en la Región de Murcia. Desde AMMA, la asociación de mujeres de los medios audiovisuales de Murcia, estamos intentando lograr que el porcentaje de mujeres que accedan a las subvenciones públicas sea más elevado. El año pasado ya estábamos por el 15%, aunque en el Instituto de Cine de Madrid ya van por el 35. Por lo tanto, están entrando más mujeres cineastas y se empieza a notar.

Como uruguaya que lleva más de 30 años residiendo en España, ¿cómo ha sido tu experiencia de adaptación tanto personal como profesional en España?

Ahí me tocas un punto débil. Cuando hice el documental 'Memoria del feminismo en Murcia', hubo personas que decían: “Ha tenido que venir una extranjera a hacer un documental”. Un comentario que me hizo preguntarme: ¿Y por qué no lo hiciste tú antes? Parece que te desprestigian por no haber nacido aquí y tengo la nacionalidad española. Yo me siento muy murciana y me siento parte del lugar en donde estoy. No pienso que nadie sea propietario de una región. Muchas personas se tienen que trabajar. Yo misma me tengo que trabajar también. No he quitado trabajo como persona inmigrante. Pero también te tengo que decir que he sufrido discriminación y, además, de las personas que menos te lo esperas.

A través de tu productora, RCI Producciones, has trabajado en diversos proyectos. ¿Qué nuevos desafíos o temas te gustaría abordar en el futuro?

Mis temas van todos sobre lo social, sobre cómo no integramos la parte humana y social a la vida y sí integramos la parte económica o profesional. Nos olvidamos del amor de la humanidad y estamos ahora hablando todo el mundo o todas las personas de las tóxicas. No somos capaces de amar realmente, de amarnos a nosotros mismos, de amar a la persona diferente. A las personas tóxicas las creamos para defendernos de no empatizar.

¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones de cineastas que desean abordar temas sociales y de género en sus obras?

Que sean fieles a sí mismas. Que no busquen ni premios ni reconocimientos. Que hagan aquellas cosas que realmente les apetezca hacer. Que sientan en sí todo lo que sientan. Que lo hagan. Que no se quede ninguna mujer sin contar su propia historia. Esa es mi frase: que todas las mujeres puedan manifestarse, contarlas y que el resto de personas la escuchemos, pero que las escuchemos con el corazón, no con el pensamiento ni con la razón.

La justicia social no es un concepto abstracto, es una necesidad real para millones de personas en todo el planeta, y para miles de personas en la región. Es un compromiso con los más vulnerables aquí y ahora, también más allá de las fronteras. Pero también es compromiso a través del tiempo, porque lo es con las generaciones anteriores y con las generaciones futuras

Cada 20 de febrero se celebra el Día de la Justicia Social, una fecha que nos recuerda la urgencia de construir una sociedad más equitativa e inclusiva. Desde el Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y llamamos a reforzar las políticas públicas y la acción social para garantizar la dignidad y el bienestar de toda la ciudadanía de la región.

La justicia social no es un concepto abstracto, sino una necesidad concreta que afecta a millones de personas en todo el planeta, pero también lo es para miles de personas en la región. De hecho, la lucha contra la pobreza sigue siendo una asignatura pendiente, especialmente en un contexto de crisis económica y social. Así lo demuestran los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada la pasada semana, en la que indicaba tasas de pobreza en la región es del 34,2% de la población de Castilla-La Mancha. Por ello, es imperativo garantizar el acceso a recursos básicos como la vivienda, la educación, los servicios sociales, el empleo y la sanidad, pilares fundamentales para la igualdad de oportunidades.

En este contexto, la inclusión social debe ser un eje prioritario y el camino para hacer de la justicia social una realidad de las políticas públicas con las personas más vulnerables. Otro ejemplo lo vemos en las personas con discapacidad y las personas mayores que se enfrentan a barreras diarias que limitan su participación plena en la sociedad. La accesibilidad, tanto física como digital, el acceso a un empleo digno y la promoción de la autonomía personal son cuestiones que no pueden seguir esperando. Y quiero apuntar aquí que la creación de un Comisionado de Accesibilidad por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, puede hacer de esta región una referencia en la aplicación de un derecho que si bien no es fácil – por la transversalidad de materias: educación, movilidad, cognitiva…- no deja de ser el principal problema al que se enfrentan en su vida cotidiana miles de personas y familias en la región. 

Justicia social más allá de las generaciones y los territorios

El apoyo a la infancia debe estar en el centro de la agenda pública. La pobreza infantil –en un peligrosísimo 34,7 por ciento en la encuesta anterior– y la desigualdad en el acceso a la educación perpetúan patrones de exclusión difíciles de romper, sumiendo a nuestros jóvenes en una espiral difícil de romper. La inversión en políticas de infancia no solo es un acto de justicia, sino una apuesta por el futuro de nuestra sociedad, y una apuesta por la economía del conocimiento porque los jóvenes no solo tienen derecho a decidir su futuro, también tienen la obligación de gestionar y gobernar la sociedad en la que vivirán.

Y en este sentido, tenemos el testigo más alto de justicia social en la cooperación al desarrollo, clave en la lucha global por la equidad y la inclusión más allá de nuestras fronteras. No podemos olvidar que las desigualdades trascienden territorios y que la solidaridad internacional es más necesaria que nunca. El refuerzo de las políticas de cooperación es un imperativo ético y estratégico para avanzar hacia un mundo más equitativo. Como lo es también una revisión, activa y constructiva del voluntariado social, elemento fundamental en la construcción de comunidades más cohesionadas y resilientes. Las personas voluntarias son el motor de muchas iniciativas que transforman vidas y generan cambios reales. Fomentar la cultura del voluntariado es fortalecer el tejido social y la conciencia colectiva sobre la importancia de la solidaridad.

Por ello, podemos concluir que la justicia social no es solo una aspiración, sino una responsabilidad compartida. Recogida en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, marca una agenda que tiene como objetivo mejorar la sociedad utilizando para ello el reconocimiento de los derechos de ciudadanía. Desde el Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, instamos a las administraciones, al sector privado y a la ciudadanía a trabajar juntos para construir una sociedad más justa e inclusiva. Porque solo así podremos garantizar que nadie quede atrás en el camino hacia un futuro mejor.

“Nos dicen que somos los líderes del mañana, pero ¿qué futuro tenemos si nuestras islas desaparecen?”. Es Dylan Kava, un joven de Fiji que clama ante los jueces del Tribunal de Justicia Internacional para que pongan límites legales que permitan combatir la emergencia climática. El grito que llega de las pequeñas islas del Pacífico es desesperado: “Nuestro hogar desaparece bajo la implacable subida del mar”. 

Los jueces de La Haya comenzarán a escuchar testimonios y argumentos de 98 países y doce organizaciones internacionales a partir de este lunes en la que será la mayor causa para la justicia climática hasta ahora. La ONU decidió pedir por unanimidad al tribunal que emitiera una opinión sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático. La resolución, que no será vinculante, pero sí tendrá relevancia desde el punto de vista político, busca establecer bases legales para la justicia climática. 

El proceso comenzó a miles de kilómetros, en las recónditas islas del Pacífico, a partir de la organización del movimiento estudiantil contra la “devastación de su paraíso”. En marzo de 2019, 27 estudiantes de Derecho de ocho de esos países insulares lanzaron una campaña para convencer a los gobiernos del Foro de las Islas del Pacífico para que llevaran la destrucción que están sufriendo hasta el Tribunal Internacional de Justicia. Ahora la organización de Estudiantes de las Islas del Pacifico contra el cambio climático tiene miembros de todos los niveles educativos (desde las escuelas hasta posgraduados) y representación en todas las islas del Pacífico. 

Su causa la enarbola el Gobierno de Vanuatu, una de esas pequeñas islas, situada a 1.750 kilómetros de Australia. Con 334.000 habitantes, es una de las principales víctimas del cambio climático, a pesar de que sólo emite el 0,02% de los gases de efecto invernadero. Ciclones, tormentas y la subida del agua del mar pone en peligro al 64% de esa isla. Fue Vanuatu quien llevó el asunto a la ONU.

"Esperamos un marco para hacer responsables a aquellos que con sus emisiones han causado la crisis climática en la que nos encontramos"

“Necesitamos acción decidida”, ha dicho Ralph Regenvanu, el enviado especial para el Cambio Climático de esta nación del Pacífico, en la ceremonia que las organizaciones sociales han celebrado en La Haya la víspera de que arranquen las vistas, que se prolongarán hasta el próximo 13 de diciembre. “A través del Tribunal, no sólo esperamos una interpretación legal sino un marco para hacer responsables a aquellos que con sus emisiones han causado la crisis climática en la que nos encontramos hoy”, ha defendido Regenvanu.

Un aviso a los responsables de las emisiones

Los jueces emitirán una opinión dentro de unos meses a partir de la causa en la que participarán países desde Vanuatu hasta Estados Unidos, pasando por China, Rusia, Arabia Saudí o Brasil, entre otras decenas, entre las que se encuentra España. La preocupación de las organizaciones sociales es que los gobiernos de los estados más contaminantes se opongan a un dictamen ambicioso del tribunal, que es lo que esperan los impulsores y el propio secretario general de la ONU, António Guterres: “Los que menos contribuyeron a la crisis climática ya se enfrentan a un clima infernal y aguas elevadas. Para algunos países, las amenazas climáticas son una sentencia de muerte”. 

La opinión que emita el Tribunal de Justicia Internacional será un espaldarazo de cara a las negociaciones que cada vez se ponen más cuesta arriba, como se vio en la COP29 de Baku, donde se llegó a un acuerdo mínimo de financiación: los países ricos pagarán  300.000 millones de dólares anuales al mundo en desarrollo para costear la acción climática a partir de 2035. Es insuficiente para aquellos que ya ven amenazada su tierra, sus comunidades y “la supervivencia de sus culturas”, como recordó Vishal Prasad, director de la organización de los Estudiantes de las Islas del Pacífico contra el Cambio Climático. 

Los primeros pronunciamientos

La resolución de La Haya será, además, determinante para la justicia climática, que está empezando a tener los primeros pronunciamientos para acordonar a los responsables de la emergencia. En los últimos años, el número de causas climáticas se ha duplicado en todo el mundo.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar resolvió en mayo de este año que las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera constituyen una contaminación del medio marino y que los Estados tienen la obligación legal de tomar todas las medidas para prevenir, reducir y controlar su impacto, incluso al ir más allá de instrumentos como la convención de la ONU sobre cambio climático o el Acuerdo de París.

La gran victoria se produjo en Estrasburgo: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó en un fallo pionero que el cambio climático viola los derechos fundamentales. La causa -contra Suiza- la impulsaron un grupo de mujeres mayores, agrupadas en la asociación Verein KlimaSeniorinnen, que denunciaron  las consecuencias que tienen para su salud las olas de calor “cada vez más frecuentes e intensas”.  Los jueces europeos consideraron que el país incumplió sus obligaciones y fallaron que se había vulnerado dll derecho al respeto de la vida privada y familiar. “Nos nos rendiremos”, ha prometido Pia Hollestein, una de sus representantes, presente en el acto de La Haya. Y es que la lucha contra el cambio climático es global. 

La magistrada Yolanda Paredes supo que quería ser jueza en segundo de carrera, animada por su profesor de Derecho Penal. Actualmente trabaja en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao y entre los casos a los que se dedica hace hincapié en los relacionados con menores y redes sociales. “Es una cuestión que realmente nos tiene que preocupara como sociedad. Es un verdadero problema de salud pública, porque los menores ahora mismo en los entornos digitales están en un escenario de desprotección absoluta”, lamenta la jueza que insiste en que una de las asisgnaturas pendientes del sistema judicial es “lograr una agilización de los procesos judiciales”

¿Qué supuso para usted el proceso para ingresar en la carrera judicial?

Tan pronto me licencié, preparé inmediatamente las oposiciones para ingresar en la carrera judicial. Fue algo vocacional, yo tenía claro que quería ejercer como juez y además desde ese momento me atrajo el Derecho Penal, que es mi especialidad. Soy una penalista convencida. Me licencié en la Universidad de Deusto con matrícula de honor e inmediatamente después empecé a preparar las oposiciones. Tras estudiar tres años me presenté a las oposiciones y aprobé. Fue un trabajo duro, porque la oposición requiere una disciplina, requiere un método. Hay que tomárselo como si de un trabajo se tratara. En mi caso, tuvo un final feliz.

Está trabajando sobre menores y delitos informáticos y en redes sociales. ¿Cómo está actualmente esta situación?

Es una cuestión que realmente nos tiene que preocupara como sociedad. Es un verdadero problema de salud pública, porque los menores ahora mismo en los entornos digitales están en un escenario de desprotección absoluta. Las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, las denominadas TIC, se han convertido en un instrumento para la comisión de delitos en los que los menores, que se encuentran en especial vulnerabilidad, están mayormente expuestos. Existen figuras como el grooming y en Instagram o TikTok los menores están expuestos a un sistema en el que su consumo digital es objeto de manipulación.

Este lunes 25N es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y desde las instituciones han puesto el foco en los jóvenes y las redes sociales. ¿Considera hay una banalización de las agresiones sexuales y la violencia machista en los más jóvenes por culpa de las redes sociales? ¿Eso se refleja en los delitos que se recogen?

Sí y es realmente prepcupante. Ahí es donde tenemos que trabajar todas las instituciones unidas a través de campañas de sensibilización. Hay un incremento de conductas machistas subsumibles en el ámbito de la violencia de género entre adolescentes y muchos son producidos en los entornos digitales. La Fiscalía alerta sobre el incremento del acoso a través de las redes sociales y del ciberbullying. Se ha producido un retroceso en las relaciones entre adolescentes con una reproducción de patrones machistas en el ámbito de los entornos digitales, dando lugar a figuras o conductas preocupanetes como la difusión no autorizada de material íntimo.

La carrera judicial es eminentemente femenina, pero se invierte en la cúpula judicial, en los altos cargos

¿De qué manera afectan los sesgos machistas o estereotipos sexistas a la Justicia?

La carrera judicial es predominantemente femenina. Las mujeres ocupamos el 57% de la carrera judicial, el 62% en el caso de Euskadi. En el caso de los miembros con edad inferior a 30 años las mujeres ascendemos hasta el 70%. Yo diría que los sesgos machistas no afectan, sin perjuicio de que, como servidores públicos que somos, evidentemente tenemos que poner el acento y tenemos que preocuparnos de mejorar sobre todo en el ámbito de la violencia sobre la mujer y de la protección de los menores. Debemos mejorar en la protección de la víctima evitando la doble victimización.

En ocasiones algunas víctimas de violencia machista evitan denunciar a su agresor por temor a una revictimización o porque creen que no servirá de nada. ¿Cómo hacer que confíen en el sistema y denuncien?

El proceso penal siempre tiene que ir acompañado y contar con una serie de garantías de los derechos fundamentales de todas las personas intervinientes. Lógicamente a la víctima hay que protegerla pero en nuestro sistema penal rige el principio de presunción de inocencia. Las actuaciones procesales como la llamada prueba preconstituida que se basa en tomar declaración a la víctima en un solo momento en la fase de instrucción y que luego esa diligencia pueda servir en el juicio oral, es un paso adelante para evitar esa doble victimización. Todo eso es mejorable y es cierto que todos los protocolos deben mejorar.

¿Cómo afecta el techo de cristal en la carrera judicial?

La carrera judicial es eminentemente femenina, pero se invierte en la cúpula judicial, en los altos cargos. El Consejo General del Poder Judicial nombra a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, de las salas del Tribunal Supremo, a los presidentes de las Audiencias provinciales y esa elección está basada en un principio de mérito y de capacidad. Esto no significa que las mujeres tengamos menos méritos o capaciades, claramente no.

El 94% de las excedencias para cuidados de hijos y familiares en el sistema judicial son solicitadas por mujeres

¿Por qué no eligen tanto a las mujeres para esa cúpula judicial si son la mayoría?

Hay más de una razón y varios parámetros, pero daré un dato objetivo: el 94% de las excedencias para cuidados de hijos y familiares son solicitadas por mujeres. Esto quiere decir que todavía vivimos en una sociedad donde cultural y socialmente las mujeres nos dedicamos en mayor porcentaje al cuidado de la familia. Tenemos que avanzar en esa deseada, ansiada y lógica corresponsabilidad en las obligaciones familiares y domésticas entre hombres y mujeres, y para eso, la educación es la base.

El TSJPV ha puesto en marcha un proyecto piloto para celebrar juicios en euskera. ¿Cómo ve esta medida?

La veo bien. El euskera es un idioma cooficial junto con el castellano y lógicamente el justiciable tiene perfecto derecho a que el juicio se celebre en euskera. Eso supone un esfuerzo por parte de todos los operadores jurídicos para poder llegar a ese escenario que en principio debería ser tan natural como el escenario de un juicio que se desarrolle en castellano.

¿Cuáles cree que son las asignaturas pendientes del sistema judicial a día de hoy?

La asignatura pendiente del sistema judicial español es lograr una agilización de los procesos judiciales. Una justicia lo es en cuanto que para las personas que tienen el conflicto y que someten el conflicto al a los órganos judiciales a que sea dirimido por los órganos judiciales, lo que quieren es una respuesta que llegue en un plazo relativamente razonable, o sea, que no llegue en un futuro en el que ya incluso ese conflicto quizá ya no tenga razón de ser.

¿Por qué ocurre?

Porque hay poca ratio de juez por población, tenemos de las ratios más bajas de la Unión Europea y lógicamente eso exige un esfuerzo por parte de las instituciones y de los gobiernos de querer tener una respuesta judicial más ágil. Es un tema de aportación presupuestaria. Es un problema que no es de ahora, lo arrastramos. En este caso, en el español y el vasco, la solución pasa por la creación de nuevos órganos judiciales.

La pasada semana la Mesa del Congreso desbloqueó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de las personas migrantes en situación irregular. Esta decisión supone un paso significativo en la tramitación de este texto. La iniciativa, que ya fue aceptada por el Pleno del Congreso el 9 de abril, se había estancado en su tramitación al eternizarse los plazos de presentación de enmiendas. Este paso, alcanzado tras el acuerdo entre el PSOE y Sumar, supone un espaldarazo a la iniciativa que encabezó la plataforma RegularizaciónYa.

La tramitación legislativa abre ahora distintas posibilidades para determinar la forma en la que se apruebe definitivamente una norma que permita la regularización de las personas migrantes que se encuentran en España de forma irregular. De acuerdo a las estimaciones, esta medida puede afectar a más de 500.000 personas cuyos derechos en la actualidad, a pesar de vivir y trabajar en España, se ven vulnerados puesto que siguen atrapadas en la irregularidad.

La propuesta supone una respuesta necesaria a una realidad insostenible que no puede seguir siendo ignorada. Las personas migrantes en situación irregular llevan años sosteniendo sectores esenciales, pero han sido sistemáticamente invisibilizadas por un sistema que se beneficia de su precariedad sin reconocer sus derechos. Sectores como los cuidados, el hogar, la agricultura y otros tantos se sostienen, en una importante medida, por la labor de personas migrantes a las que, sin embargo, se les niegan los derechos por su condición administrativa.

El verdadero desafío será que la medida no se diluya durante el trámite parlamentario, convirtiéndose en una regularización parcial o plagada de condiciones que perpetúen la precariedad

La regularización no solo busca reparar una injusticia histórica, sino también integrar formalmente a estas personas en la vida económica y social del país. A pesar de los beneficios que aporta a la sociedad su regularización, la oposición a la iniciativa sigue basada en un discurso alarmista con su narrativa del “efecto-llamada” y la defensa de una supuesta identidad nacional amenazada. Estos discursos no son más que argumentos llenos de racismo y discriminación que se encuentran lejos de la realidad de su implementación. Pretender que el Estado pueda ignorar a medio millón de personas es, además de inviable, profundamente irresponsable.

Sin embargo, este desbloqueo de la Mesa del Congreso es solo el primer paso. El verdadero desafío será que la medida no se diluya durante el trámite parlamentario, convirtiéndose en una regularización parcial o plagada de condiciones que perpetúen la precariedad. La regularización debe ser un compromiso firme con la integración y los derechos, no una herramienta política que sirva para mejorar las estadísticas a corto plazo.

Más aún cuando en este momento el gobierno está tramitando un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería que no recoge un proceso de regularización extraordinario, aunque simplifique los procedimientos de arraigo, que son los que se han venido utilizando como mecanismo de regularización ad hoc. En este sentido, resultaría muy importante saber cuál es la posición del PSOE al respecto para definir si la tramitación parlamentaria de la proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España va a mantener la esencia de la iniciativa o, por el contrario, va a plantear un recorte del núcleo de la regularización.

Por ello, desde los colectivos sociales debemos mantener que la reivindicación continúe para que el proceso se traduzca en una regularización efectiva. Ningún argumento identitario o político puede justificar que miles de personas sigan viviendo en estas circunstancias. 

La historia nos enseña que los países que avanzan son aquellos que apuestan por la inclusión, no por el rechazo. Esta aprobación es un paso importante para la defensa de los derechos de las personas migrantes, pero es un camino que no termina aquí.

Cementerios sumergidos de los que han llegado a salir huesos flotando. Una iglesia que, por su hundimiento, es llamada “la catedral de los peces”. Un tiempo detenido. Hogares ardiendo como el último consuelo de sus propietarios antes del derribo. Tejados colmados por los vecinos de un pueblo entero. Un grafiti que aún acecha cuando llega la sequía (y ruega “demolición”). Historias enteras escondidas bajo toneladas de agua. Cientos de libros, canciones y poemas que hablan del mismo dolor, de un dolor en común: “¿Cómo habría sido mi vida de no haberse cruzado en la trayectoria de mi familia la orden de un ingeniero que decidió detener el río como el que decide detener el tiempo?” (Distintas formas de mirar el agua, Julio Llamazares). Todo este imaginario parece sacado de un libro de realismo mágico, pero no es ficción: persiste debajo de nuestros embalses.

En España existen más de 1.200 grandes embalses, es el quinto país del mundo con mayor número de este tipo de infraestructuras y el primero de la Unión Europea. La mayor parte de las presas fueron construidas a partir de 1950, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En esa época, durante la dictadura, empezó el boom de estas construcciones y se crearían cerca del 60% de los embalses que existen hoy en día.

“La construcción de grandes embalses está asociado a etapas dictatoriales, no solo en España, sino también en otros tantos países donde estas obras hidráulicas faraónicas están casi siempre asociadas a etapas o a países donde no hay democracia, o donde las posibilidades de ejercer libertad de expresión están muy impedidas”, explica Julia Martínez, doctora en Biología y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Sin embargo, todas estas historias no están exclusivamente relegadas a la época franquista. Ejemplo de ello es el caso de Riaño, en León —el más mediático y sonado, precisamente porque ocurrió fuera de la dictadura, durante el gobierno de Felipe González—.

Faltaba un relato general que contase que era una práctica habitual y que se ha tratado de un paradigma compartido en casi todos los territorios.

M.ª Ángeles Fernández — Periodista y autora, junto a Jairo Marcos, del libro "Memorias Ahogadas"

Todos estos casos se encuentran envueltos en muchas capas de silencio pese a que, en España, los núcleos de población que se han visto inundados por la construcción de pantanos ascienden a más de 500, y pese a que se han visto perjudicadas y desplazadas por este motivo entre 25.000 y 50.000 personas. Es por ello que Jairo Marcos y María Ángeles Fernández, periodistas freelance, tomaron la iniciativa de tejer un hilo conductor que conecta muchas de las historias, que quedaron materializadas en el libro Memorias Ahogadas, publicado a principios de este mes por la editorial Pepitas de Calabaza.

“Creo que la gente que ha vivido cerca de un pantano o que tiene familia que ha sido desplazada sí que conoce estas historias, pero como casos aislados. Faltaba un relato general que contase que era una práctica habitual y que se ha tratado de un paradigma compartido en casi todos los territorios. Creo que era necesario decir que esto era algo que se repetía, que era una lógica. Una lógica que se instauraba en todo el territorio”, cuenta Fernández.

El proceso de desalojo de pueblos en España para la construcción de embalses, especialmente durante la etapa franquista, fue un camino largo, doloroso y marcado por la falta de transparencia, la coacción y, en muchos casos, la violencia tanto física como psicológica. Aunque la experiencia exacta variaba de un lugar a otro, se pueden identificar varias etapas comunes en este proceso.

En la mayoría de los casos, todo comenzaba con rumores, que generaban ansiedad e incertidumbre en la localidad. Los habitantes comenzaban a temer perder su pueblo, pero sólo eran rumores. Después, de forma abrupta, recibían una notificación formal en la que se declaraba la utilidad pública del proyecto y la necesidad de expropiar los terrenos. El tono de ésta solía ser imperativo y, a menudo, no había espacio para la negociación. Se ofrecían compensaciones (que, en varios casos, nunca llegaron a darse y, en la mayoría, resultaban muy insuficientes). Para quien no las aceptara llegaban las amenazas, la violencia, y la intimidación. Finalmente, no quedaba otra que marcharse. Algunas personas cargaban sus enseres y se iban sin saber a dónde estaban yendo, a dónde iban a parar. Esta sensación de incertidumbre y de indefensión generaba un gran desasosiego en los locales, especialmente en los más mayores. El caso más extremo que refleja este dolor fue el de un riañés que se suicidó disparándose en el vientre antes de tener que marcharse del lugar en el que había crecido.

Fernández y Marcos han estado documentando estas historias de desplazamientos forzosos y pueblos sumergidos a lo largo de cuatro años. “¿Cuánta gente sabe hoy el hecho tan básico de que debajo de los embalses hay pueblos? La parte negativa de tener un proyecto así de largo es que hay algunas personas protagonistas del libro que ya han fallecido o que ya no están en las condiciones en las que estaban antes. Se rompen delante de ti, te ceden un día, dos, de su tiempo, y luego piensas: 'Qué menos que sacar el libro y que lo puedan leer y disfrutar', pero hay gente que no va a poder hacer eso. Eso no deja de ser doloroso”, asegura Marcos, e incide en que no se trata de un libro “contra embalses”, ya que “está claro que tiene que haber una forma de ordenamiento del territorio y de gestión del agua, pero quizá no son las formas, porque siempre se repite el mismo patrón: unos territorios de sacrificio, siempre los mismos, para otros que se benefician, siempre los mismos”. 

Innumerables territorios tuvieron que cubrir con cemento las losas de los cementerios para que no salieran a flote los cuerpos de sus seres queridos, a los que ya nunca más pudieron visitar.

Sin lugar al que volver

“No hubiéramos podido amar tanto la tierra de no haber vivido nuestra infancia en ella. Si no fuera la tierra en que nacen las mismas flores cada primavera que recogíamos con nuestros deditos... ¿Qué novedad se compara con esa dulce monotonía donde todo es conocido y amado porque es conocido?”. George Eliot describía de esta forma el arraigo. “Poder volver” es algo importante para los seres humanos, y ese es uno de los grandes dolores en común que comparten estas historias: “Es como que te quedas sin infancia, sin raíces, sin historia y, al final, el saber quién eres, el poder regresar a un lugar físico, de alguna manera te genera una identidad. Si no puedes regresar a ese lugar, de alguna manera te han borrado tu propia identidad”, proclama Marcos.

Pero el desarraigo se extiende más allá de la tierra: muchas familias o muchos lazos vecinales básicos en la vida también se perdieron, señala la coautora. Una de las vivencias comunes más difíciles de sanar es la de los seres queridos que quedaron en los camposantos. Innumerables territorios tuvieron que cubrir con cemento las losas de los cementerios para que no salieran a flote los cuerpos de sus seres queridos, a los que ya nunca más pudieron visitar.

“O sea, cuando a mí me quitan el espacio del río en el que yo he nadado desde pequeño, los senderos por los que he caminado, la tierra que ha dado sustento a mi familia, las huertas en las que de jóvenes nos juntábamos a ayudar a nuestros padres en las labores que en aquel momento se hacían agrícolas, cuando ves cómo desaparece una parte de tu patrimonio, como es el Camino de Santiago, cómo se ven amenazados restos arqueológicos de importancia como los que tenemos allí, de carácter romano... ¿Cuánto vale esto? Es algo que se sustrae a los valores de mercado, todo eso es lo que tú llevas dentro y cuando te lo quitan es como si te lo estuvieran arrancando”, explica Miguel Solana que, añade, vivió “dolor sobre dolor”, debido a que es uno de los afectados por el embalse de Yesa, en Navarra, que fue inaugurado en 1959, tras 31 años de obras.

Pero no acabó ahí: son seis las generaciones atravesadas por un proyecto que sistemáticamente ha sido “una losa” sobre su territorio, pues diez años después de su inauguración comenzaron a llegar nuevos rumores sobre que iban a agrandarlo y en ello están: el proyecto sigue vivo, a pesar de que por el momento se encuentra paralizado. La historia de Solana ha estado marcada, por ende, por una “sensación de amenaza perpetua”.

Muchos modos de violencia y muy pocas compensaciones

“A Jánovas digo adiós, a la Velilla y Lacort. Adiós, barquitos hundidos, adiós. Y aunque han pasado muchos años no podré olvidar nunca aquella mañana en que descubrí que no solo en los cuentos siguen existiendo piratas. Cuando al abordaje tomaron el pueblo y tuvimos que marchar de casa, y al ver las lágrimas de madre, a pique se me fue de golpe la infancia”. Esto es lo que reza la Habanera triste de La Ronda de Boltaña recogida en el libro Memorias Ahogadas.

Eva Muñoz, nieta de aquéllos que vivieron el desalojo forzado en Jánovas (Huesca) asegura que el dolor, en su caso, también ha atravesado el linaje, marcado por todo un abanico de violencias. En este territorio se llegaron a demoler las casas (algo que no era demasiado usual) y la población se marchó. Años después, con la localidad ya en ruinas, se paró el proyecto y el embalse nunca llegó a construirse. Ahora, para recuperar su territorio (completamente destrozado) ellos son los que tienen que pagar por recuperar los escombros. “Al final arrasas tres pueblos con total impunidad, mandas a la gente a la diáspora y haces como si esto no hubiera pasado”, lamenta Muñoz.

También existía y existe, señala, la violencia administrativa, que tiene que ver con el desgaste: “La administración es un ente atemporal. Para ella el tiempo no tiene ningún tipo de valor, pero para las personas sí. Mi abuela falleció hace 25 años, mi madre tiene setenta y pico, yo estoy cerca de los 50. Nosotras hemos arrastrado esto y el tiempo se ha llevado parte de nuestras vidas en esta lucha, pero para la administración no ha sido así”. Sostener allí esa batalla, explica, con todo el dolor que acarrea, es como una prueba de fuego, es un camino de resistencia, y “cada uno lo afronta como puede”.

Hay muchos embalses que no se han llegado a llenar, embalses que no se van a poder llenar en la vida o algunos que están sistemáticamente por debajo de su máximo de capacidad.

Julia Martínez — Doctora en Biología y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua

Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua inciden también en el daño puramente medioambiental y denuncian que, en varias ocasiones, todas estas violencias no han servido “para nada”, ya que muchas obras hidráulicas están consideradas como “ociosas”, debido a que no cumplieron con las grandes promesas de prosperidad que defendían al plantear los proyectos: “Hay muchos embalses que no se han llegado a llenar, embalses que no se van a poder llenar en la vida o algunos que están sistemáticamente por debajo de su máximo de capacidad”.

También hubo mucha violencia puramente física por parte de las fuerzas del orden. Las fotos sacadas en los últimos días de Riaño así lo evidencian. Alfonso González, una de las figuras más reconocidas de esta resistencia, cuenta que de su casa lo echaron a la fuerza, como a muchos otros. “La historia de Riaño es una historia de amor y de tristeza, también a veces de rabia y de alegría. Una historia traumática que ha marcado mi vida por lo dura y profunda que fue, al desaparecer de un plumazo el lugar y la cultura, las relaciones, todo tu mundo, en un instante cuando tienes 24 años y más cuando sabías que aquello se trataba de un lugar paradisíaco”, afirma. Las personas en su localidad trataron de resistir subiéndose a los tejados y, cuando ya no quedaba otra, acabaron quemando sus propias casas. Este último acto, de alguna forma, les dio en ese momento una sensación de consuelo.

La memoria, el relato, el recuerdo

Todos coinciden en que, pese al relato extendido que aún persiste, que defiende que fueron ampliamente compensados, esto no fue así en la gran mayoría de las ocasiones. Muchos de ellos ni siquiera las han recibido a día de hoy. Parte del dolor tiene que ver con esa sensación de injusticia y con una percepción de “abandono”: sus historias, aseguran, pasan inadvertidas para el resto del país. No se sienten vistos ni por los políticos ni por las personas de a pie. “No se hace nada por enmendar lo más mínimo”, comenta González. Eva Muñoz hace hincapié en la necesidad de que haya un “cierre” digno para cada una de las historias, que, para ellos, aún siguen abiertas. Miguel Solana asegura que no ha habido “ningún reconocimiento del sufrimiento que se ha vivido en cientos de pueblos que se vieron anegados por infraestructuras. No lo ha habido y además no lo hay todavía”.

Una compensación a la altura es imposible. Es como si te matan a tu madre y te dicen que te van a pagar.

Alfonso González — Riañés.

Más allá de las compensaciones materiales y económicas, inciden en la importancia del relato y de la memoria. “Es lo que muchas veces reclamamos. Es decir, que no se siga contando una versión que interesa, sino que se explique cómo han sido las cosas, que han sido injustas, que ha habido humillación, que no ha habido compensación, y que sigue siendo un conflicto abierto en el territorio”.

“Una compensación a la altura es imposible. Vivimos en un mundo donde sólo importa el beneficio del capital, no de la vida, no de la cultura, no de la tierra. Es como si te matan a tu madre y te dicen que te van a pagar. Debajo de las aguas hay mucho amor, mucho cariño, muchas historias, muchas vidas. Hay un mundo entero que ha quedado ahí escondido”, sostiene González. Él, cuenta, tratará de seguir buscándolo en su imaginación, como tantos otros.

Durante unas horas del pasado viernes, 21 de junio, Madrid no fue “rompeolas de todas las Españas”, como cantó don Antonio, sino Pandemónium donde los oficiantes de un grotesco aquelarre intercambiaron requiebros y condecoraciones a mayor gloria propia y desprestigio institucional: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impuso la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Javier Milei, presidente de la República Argentina. 

Esta medalla o condecoración fue establecida por la expresidenta Cristina Cifuentes en 2017, aunque su precipitada salida del cargo impidió que la estrenara, cosa que hizo su sucesora en 2020 convirtiéndola en instrumento ad hoc de sus pretensiones de oposición a los gobiernos progresistas de la nación. Al menos, en dos oportunidades: a Juan Guaidó, tras autodeclararse presidente de Venezuela o “presidente encargado”, como lo definió Ayuso, y en esta ocasión. Las otras tres concedidas fueron a personalidades en visita oficial en España: en 2021, a Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comité Europeo de las Regiones; en 2022, al presidente ucranio, Volodímir Zelenski y, en 2023, a Daniel Noboa, presidente de la República del Ecuador. 

Como se sabe, el Gobierno español retiró a la embajadora de España en Argentina como punto final de la crisis diplomática iniciada el pasado 4 de mayo cuando, para explicar alguna de las estrambóticas y habituales opiniones del dirigente argentino a los estudiantes de la Escuela de Gobierno Luis Tudanca, en Salamanca, el ministro de Transportes, Óscar Puente, utilizó la hipérbole de la “ingesta de no sé qué sustancias”, es de suponer que alucinógenas.

El gabinete de la Casa Rosada, tras el adecuado reproche, dio por superado el incidente, pero Milei, que planeaba un viaje a España para reunirse con sus correligionarios de Vox, tenía otra idea y se embarcó en una sucesión de insultos al presidente del Gobierno español y a su esposa, Begoña Gómez, en una escalada que aconsejó primero la llamada a consultas de la embajadora; luego, la convocatoria del embajador argentino en España –tras un nuevo ataque de Milei, esta vez en Madrid y a la sombra de la internacional ultraderechista convocada por Vox– y, finalmente, la retirada de la embajadora María Jesús Alonso. 

En vez de rebajar sus agresivas andanadas, elegantemente ignoradas por el Gobierno español, Milei no dudó en continuar insultando a las instituciones gubernamentales españolas, al presidente y a su mujer durante el acto en la Comunidad de Madrid, a los que se sumó Ayuso alegremente, aplaudiendo con las orejas –y me refiero a la frase hecha–. Mientras, el Partido Popular de Feijóo, sobrepasado no ya por la derecha sino por la extrema derecha, mira para otro lado y culpa a la víctima de ser el verdugo. 

Conviene recordar un par de datos para aquilatar la catadura, la condición de este PP: en 2016, el gobierno de Mariano Rajoy retiró al embajador en Caracas tras los insultos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien lo llamó “racista, basura corrupta y basura colonialista”, con la aquiescencia del PSOE en la oposición, situación que mantuvo ya en el gobierno, hasta diciembre de 2022. 

Y para tasar la alevosía de la presidenta madrileña en su caricaturesca distinción a Milei –a lo que no es ajena la turbia mano de su Rasputín personal, Miguel Ángel Rodríguez–, rememorar cómo el ministro de Asuntos Exteriores de Rajoy, José Manuel García Margallo, se puso de los nervios, se mesó los cabellos y se rasgó sus ropajes diplomáticos porque el expresidente Zapatero hizo un viaje personal a Cuba en febrero de 2015 y se entrevistó con el presidente del Gobierno, Raúl Castro, a petición de éste. De “extraordinaria deslealtad” fue lo mínimo que lo tildó. Y eso que no había ningún conflicto con las autoridades cubanas. 

En este caso, una “profunda deslealtad” para el gobierno, pues, además, conculca la ley que obliga a las comunidades autónomas a consensuar con el ministerio de Asuntos Exteriores las distinciones a personalidades extranjeras; una ley, para más inri, promulgada por el gobierno Rajoy para controlar las alegrías condecorativas de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.  

Miente, que algo queda 

Milei podría haber sido recibido en la Real Casa de Correos de la puerta del Sol a los sones de un himno peculiar: “Ahora que estamos contentos,/ vamos a contar mentiras, tralará,/ vamos a contar mentiras”, pues a las mentiras de uno, la otra contestaba con sus propias falsedades. Al “no dejen que el socialismo les arruine la vida” de Milei, Ayuso contaba que su buena gestión en Madrid rechazaba “la cultura de la subvención para crear redes clientelares y el voto cautivo” y atraía “la inversión, sin olvidar a las personas vulnerables”. 7.291 'invulnerables' pero fallecidos durante la pandemia de la COVID-19 como consecuencia de los 'protocolos de la vergüenza' se preguntan cómo es posible que la existencia de un 20% de madrileños pobres y casi un 13% en riesgo de pobreza no son porcentajes como para sacar pecho. 

Y al otro, el del “socialismo empobrecedor”, le contestaba por esas mismas fechas el Fondo Monetario Internacional, que elevaba 0,5 puntos su proyección de avance del PIB en 2024, medio punto por encima de las previsiones del 2% del propio Gobierno español. Y, poco después, el Instituto Nacional de Estadística establecía el crecimiento de la economía española en un 0,8% en el primer trimestre, lo que se une al récord histórico de afiliación, es decir, el incremento del empleo y la contención de la inflación. Como frutilla de la torta, que diría Milei, el Consejo de Europa ha sacado a España del grupo de países que no cumplen sus recomendaciones en la lucha contra la corrupción. 

Parece, pues, que “el socialismo empobrecedor” nos está enriqueciendo. Como parece que Milei, que dice de Pedro Sánchez que “o no entiende mucho de Economía o le gusta mucho el Estado”, podría aprovechar sus demasiadas visitas a España para aprender un poco. 

Pero no importa, los hechos no importan, lo que importa es la mentira. Son como esos (malos) periodistas que, según reza el adagio profesional, no permiten que la realidad les desmienta lo que consideran un buen titular. Por ejemplo, verbi gratia, hablar del “asalto a la separación de poderes y la Justicia” del Gobierno español, como dijo Ayuso, siendo dirigente de un partido que ha 'okupado' el Poder Judicial durante casi un sexenio.  

Milei también es aficionado, como Ayuso, a esa ley del embudo entre la ancha embocadura ideológica y la estrecha praxis del pitorro. Entusiasta antiabortista –también opuesto a la educación sexual en la escuela–, su partido, La Libertad Avanza, fue el único que votó contra una ley para ampliar el programa de prevención de cardiopatías congénitas, una de las principales causas de mortalidad en los recién nacidos.

Fue en noviembre de 2022 y el actual presidente de la República Argentina ofreció la siguiente esclarecedora explicación literal de su negativa: “Y eso, digamos o sea, si ya tenés los hospitales, ¿por qué no lo hacen? O sea, digo ¿para qué? Digo, ponen una ley para que hagan lo que deberían hacer en condiciones normales, pero que ¿estamos todos locos? ¿Acaso no tenés hospitales públicos? ¿Por qué no lo resuelven? O sea, lo querés regular porque hacés mal tu trabajo, digo, pero, ¿me estás cargando? Es decir, y creás todas cuestiones de gastos público, o sea, porque, en realidad, lo que tenés que hacer, lo hacés mal. Que para nosotros no es noticia que cada cosa que hace el Estado, la hace mal. Entonces, digo, no sé cuál es, digamos, o sea, hay digamos, hay cosas que son digamos, como overready, o sea, no sé, digo como que están, digamos reforzadas innecesariamente, o sea, pero si se traducen en más presencia del Estado y acciones que verdaderamente no corresponden. O sea, vos ya tienes hospitales, vos ya podés, digamos o sea, vas, te tienen que tratar, si no lo hacen es otro problema. O sea, replantéate cómo piensan el modelo de salud”.  

Negacionista de los asesinatos de la brutal dictadura del general Videla y su recua de militares asesinos, Milei sostuvo hasta 2023 que el número de desaparecidos –hipócrita eufemismo de asesinados– no llegaba a 9.000 y que los 30.000 que reivindicaban las organizaciones de de familiares y de derechos humanos “tiene que ver con una cuestión de caja. Entonces estás ensuciando una causa noble por una cuestión de caja” –¿les suena el ’argumento’?: “Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarle”, dijo en 2014 el deslenguado (y leísta) Rafael Hernando, portavoz parlamentario de Rajoy–. La realidad dejó con el culo al aire al dignatario argentino: documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University, Washington, relativos al criminal Plan Cóndor de Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente norteamericano, Richard Nixon, revelaron que los militares argentinos reconocían, cinco años antes del final de la dictadura, haber asesinado ya a más de 22.000 personas. 

La realidad también le pone en su sitio en las principales ideas-fuerza que repite machaconamente en sus discursos: que Argentina fue la primera potencia mundial a principios del siglo XX o que el capitalismo salvaje ha reducido la pobreza mundial al 5% de los habitantes. Según Naciones Unidas, el 10% de la población mundial vive en condiciones de pobreza extrema –1,90 dólares diarios–. Para el informe de Desarrollo Humano de 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la situación de pobreza afecta al 20% y para el economista y filósofo alemán Max Roser, el 85% de la población mundial sufre lo que llama “pobreza moderada” –un presupuesto de 30 dólares diarios–. 

Pero la realidad le da igual a la ideología ultraderechista y la repetición de la mentira, ya lo decía el nazi Goebbels, la disfraza de verdadera. El exdiputado de Convergència i Unió Ignasi Guardans, jurista y analista político, lo explica: “Lo hemos visto en Estados Unidos. Es un efecto bola de nieve, que se ha estudiado en otros sitios y que ocurre dentro de los partidos. Ayuso, o quienes le asesoran, no utiliza métodos nuevos, sino perfectamente probados y testados: cuanto mayor es la burrada que dices, más difícil es rebatirla”. 

¿Burradas? “Antes de saltar a la política [Milei], defendía la privatización absoluta de la vida social incluidas las calles, defendía un mercado de órganos humanos y admitía –al menos como '‘debate filosófico'– la posibilidad de un mercado de niños”, recuerda el historiador argentino Pablo Stefanoni. Su método para terminar con la contaminación de las aguas fluviales es la privatización de los ríos, pues los propietarios impedirán el envenenamiento de las industrias. 

De modo que no es extraño que algunos se preguntaran, con retranca, si cuando Milei habló de “las manos porosas de los políticos, un hermano o una pareja” en la sede del gobierno autonómico madrileño no estaría aludiendo a las presuntas subvenciones recibidas por Leonardo Díaz, padre de Ayuso, a las comisiones por las mascarillas de la pandemia de Tomás Díaz, hermano de Ayuso, o a las estafas fiscales de Alberto González Amador, pareja de Ayuso. La presidenta ni se inmutó –“le miraba como una novia adolescente, embelesada”, dice Íñigo Sáenz de Ugarte–. El infierno siempre son los otros.    

Contra “el monstruo de la justicia social” 

Pero el gran caballo de batalla del nuevo fascismo es  “el monstruo de la justicia social”, dice Milei, ese “invento de la izquierda”, repica Ayuso. 

Para el dirigente argentino “el concepto de justicia social, que es usado como sinónimo de justicia distributiva y da lugar a la instauración de un sistema impositivo progresivo, el cual fue propuesto por Marx y Engels en 1848 como una forma de despojar a la burguesía de su capital, para luego ser transferido al Estado”, es “una aberración”.  

Pamplinas: para Karl Marx el concepto de justicia era tan ajeno a su utopía comunista que sólo la cita como una de las “verdades eternas” de la superestructura de la dominación burguesa. Hasta el punto de que en las 7.336 páginas de mi edición digital de El Capital (1867) no se cita ni una sola vez la palabra ‘justicia’, ni por tanto ‘justicia social’, como tampoco el ‘impuesto progresivo’ –en el Manifiesto Comunista (1848) sólo se alude al “impuesto fuertemente progresivo” como una de las diez medidas a tomar en “la primera etapa de la revolución obrera, la constitución del proletariado en clase directora, la conquista del poder público por la democracia”–. 

En otras obras Marx utiliza el concepto de justicia social en un sentido filosófico, el de la relación entre las personas en sociedad. Porque para Marx “toda distribución de bienes llevada a cabo con criterios jurídicos o de justicia no conduce a una igualdad integral entre todos los hombres, sino siempre a formas imperfectas de igualdad, que suponen necesariamente un trasfondo de relaciones de dominio y de explotación”, dice Carlos Ignacio Massini (1944), filósofo argentino profesor de la Universidad de Mendoza. 

Y esto es, precisamente, la ausencia de la noción de justicia social, lo que lleva a la filosofía católica a desconsiderar el ideal marxista. “En la estructura del acto de la justicia conmutativa cobra expresión el carácter dinámico de la convivencia humana”, escribió el neoescolástico Josef Pieper. “Llamamos justos a los estados en los cuales se justifican con buenas razones las desigualdades existentes. El abandono de esta perspectiva por la ideología marxista, la condujo a la irracionalidad final de su propuesta de una convivencia sin gobierno, sin conflictos, sin escasez y, por consiguiente, sin justicia”, subrayó el filósofo católico alemán Robert Spaemann. O, en fin, el citado Massini: “La ausencia de justicia conduce necesariamente, en el orden de las cosas humanas seculares, al establecimiento de relaciones de esclavitud entre los sujetos (...) De aquí que toda pretensión de superar la justicia en las relaciones entre los hombres, no puede sino conducir al establecimiento tiránico de una sujeción inhumana”. 

Precisamente al sitio donde dice Milei que nos conducirá la justicia social, que “no sólo es injusta sino que, además, conduce a un modelo totalitario”, pues “la moderna tendencia a complacer esa pasión [la ”envidia“, que es el motor de los impuestos] disfrazándola bajo el respetable ropaje de la justicia social representa una seria amenaza para la libertad”. Lo cuenta en su autobiografía El camino del libertario (2024) –que, anecdóticamente, el editor, Planeta, retiró de la venta, pues en la biografía del autor se decía licenciado por la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, entre las 50 mejores universidades del mundo según el QS World University Rankings, cuando lo fue en la de Belgrano, situada entre los puestos 781-790, y que se había doctorado en la Universidad de California, en vez de los dos másteres en instituciones privadas que cursó: también nos suenan los arreglos curriculares–. 

En el autocomplaciente volumen, Milei se define como “libertario” y “anarcocapitalista”. Pero no libertario como los gloriosos de “el bien más preciado es la libertad./ ¡Luchemos por ella con fe y con valor!/ En pie, pueblo obrero, a la batalla./ ¡Hay que derrocar a la reacción!”, sino apropiación del término para referirse a los libertarians norteamericanos, los ‘libertaristas’, diríamos, herederos de la escuela económica de Austria, de finales del XIX, defensora de una economía ultraliberal y una presencia mínima del estado en la economía, de manera que, desde policía a tribunales de justicia, queden en manos de la iniciativa privada. 

Y lo de anarcocapitalista es otra apropiación indebida, caricatura obscena del anarquismo, que sostiene que a la sociedad sin estado se llega a través de la libertad del individuo propietario en un mercado libre de trabas e impuestos. 

Digamos, de paso, que los padres de la Escuela de Austria fueron admiradores de los nazis: Ludwig von Mises escribió en 1927: “No se puede negar que el fascismo y movimientos similares que apuntan al establecimiento de dictaduras están llenos de las mejores intenciones y que su intervención, por el momento, ha salvado a la civilización europea”, hasta que tuvo que huir a los Estados Unidos a causa de su origen judío para no ser asesinado por tan civilizados caballeros. Y su alumno Friedrich Hayek, de la dictadura criminal del general chileno Pinochet, para quien “las libertades personales fueron más amplias bajo Pinochet que bajo Allende”. Las 40.000 personas asesinadas bajo su dictadura no están de acuerdo. Y es quizá que el ultraliberalismo económico desemboca indefectiblemente en el ultraderechismo político. 

A ese noray incoherente con sus prédicas parece querer anclarse el PP, que no ha parpadeado ante la declaración de principios de su baronesa Ayuso, que comulgó con las excentricidades de Milei: “Lo que hacen [las políticas del Gobierno] es promover lo que llaman la justicia social, un invento de la izquierda para promover el rencor, una pretendida lucha de clases en la que perpetuarse: el que a alguien le vaya bien es culpable de que a mí no me vaya bien, hay que expropiarlo... No. Repartir se supone, yo creo, que las oportunidades. Ellos promueven la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables”. 

No vamos a enseñarles aquí, a Milei y a Ayuso (ni a Feijóo), el origen y evolución del concepto. Wikipedia es como el No-Do franquista: al alcance de todos los españoles (y argentinos). Básteles que les señalemos que, desde Aristóteles –“el mayor filósofo del mundo” para Ayn Rand, la filósofa y escritora ruso-norteamericana mascarón de proa del libertarismo–, el concepto de justicia distributiva y sus variantes, justicia conmutativa y justicia social, han informado la historia de la humanidad, tanto como ideal filosófico como instrumento político para hacer frente a las reivindicaciones de las masas obreras y compatibilizarlas con el derecho a la propiedad y tanto por el socialismo no revolucionario como, ay, la propia Iglesia católica, que ha hecho de su doctrina social un camino cuyo fin último es la Civilización del Amor, que enunció el papa Pablo VI, una utopía tan inalcanzable como la feliz sociedad comunista de Marx y Engels. 

Pero, ¿qué les vamos a contar a éstos? ¿Qué sabrán los padres de las constituciones española y argentina, que consagran la justicia social, o Naciones Unidas que la define como “la base de la estabilidad nacional y de la prosperidad mundial”? Ellos están a lo suyo, que es suyo, sólo de ellos y no tienen por qué compartir con los demás. Mejor para los demás. 

“Primero, poeta. Y luego, todo lo demás”. Es como se define Luis Díaz-Cacho, que lleva buena parte de su trayectoria profesional dedicado a la política y que ha desempeñado su labor en todos los niveles de la Administración pública: la local, la provincial, la autonómica y la estatal. Pero sus versos y sus libros le han acompañado desde siempre y en ellos siempre ha vertido su compromiso social, su conciencia más intimista y su lucha contra todo tipo de injusticias.

El puesto al que tomó más apego fue el de alcalde de su municipio natal. Doce años fue regidor municipal de La Solana (Ciudad Real), una localidad que ha trascendido mediáticamente en el último mes después de que su nuevo Ayuntamiento del PP haya decidido eliminar el minuto de silencio que los miembros del Consistorio realizaban al inicio de cada pleno en memoria de las víctimas de la violencia de género. Díaz-Cacho ya había dejado el cargo casi dos años antes, cuando se fue de asesor a Madrid con la también ciudadrealeña Isabel Rodríguez, exalcaldesa de Puertollano y actual portavoz y ministra de Política Territorial del Gobierno de Pedro Sánchez.

Antes, en 2003, trabajó para la Administración castellanomanchega en la puesta en marcha del servicio público regional de empleo, el SEPECAM. Después fue delegado provincial de Trabajo otros cuatro años en Ciudad Real, y posteriormente alcalde y asesor de la ministra Rodríguez.

Hace dos meses dejó también este último cargo de asesor. “Ha sido muy gratificante e intenso, pero la edad ya no permite ciertos excesos, nos hemos hecho mayores”, cuenta a elDiarioclm.es. Ha regresado a La Solana para dirigir la Agencia de Desarrollo Local y también a retomar los encuentros y recitales poéticos que lleva organizando desde hace años de la mano del Grupo Oretania.

'Palabras en silencio', un recital colectivo por la igualdad

Este año tienen más simbología que nunca. Porque mientras que el Ayuntamiento de La Solana diluye el combate contra la violencia de género, el grupo de poetas y escritores que coordina ha organizado para este sábado, día 26, en la localidad vecina de Granátula de Calatrava, el recital 'Palabras en silencio'. El acto lleva el nombre de un libro recopilatorio donde varios poetas lanzan un “grito” a favor de la igualdad y en contra de todo tipo de violencia machista. Será a las 20.00 horas en el atrio parroquial de Santa Ana.

La publicación, explica Díaz-Cacho, presenta una “clara conciencia” de las situaciones que han vivido cada uno de los y las poetas. También denuncian las “caras más agrias de la realidad, buscando la más absoluta igualdad de todas las personas”.

En total, 17 voces se unirán en Granátula de Calatrava para levantar “un muro de versos” y lanzar “un grito poético” en contra del maltrato y la violencia de género: Alfredo J. Sánchez Rodríguez, Antonia Piqueras Jiménez, Charo Bernal Celestino, Diana Rodrigo Ruiz, Elisabeth Porrero Vozmediano, Eloísa Pardo Castro, Eusebio Loro, Juan José Guardia Polaino, Luis Díaz-Cacho Campillo, Luis Romero de Ávila Prieto, Mayu Redondo, María Antonia García de León, Natividad Cepeda, Ramón Aguirre y Teresa Sánchez Laguna. El poeta invitado en esta ocasión es Juan Camacho y la rapsoda Begoña Mansilla recitará poemas de Manuel Muñoz.

El acto contará además con el acompañamiento musical de la Rondalla Oretana y será presentado por la concejala de Cultura de Granátula de Calatrava, la socialista Yolanda de la Cruz Gómez.

Se da la circunstancia (muy curiosa) de que en este pueblo el PP y el PSOE alcanzaron un acuerdo tras las elecciones municipales del 28 de mayo para gobernar juntos el Ayuntamiento, dejando fuera al Grupo Independiente por Granátula (GIXG). Se han repartido la Alcaldía, de forma que el PP gobernará tres años y el PSOE uno. Actualmente tiene el bastón de mando el 'popular' Félix Herrera, aunque con una “actitud y conciencia muy diferente” a la del Consistorio vecino de La Solana. 

Los encuentros que organiza Díaz-Cacho vienen de atrás. En el año 2019 y como preludio del Día Internacional contra la Violencia de Género, en La Solana, se celebró el XI Encuentro Oretania de Poetas que para esa ocasión se denominó “Palabras en silencio”. De ahí nació el libro con el mismo nombre y en él declaman veintitrés poetas (algunos de los más prestigiosos y reconocidos de la provincia), a favor de la igualdad y radicalmente en contra de la violencia de género y el maltrato hacía la mujer, que tristemente, cuatro años después, sigue estando de “vigente y cruel actualidad”.

Escribo porque necesito escucharme para intentar comprenderme

“La poesía me salvó la vida. Me la salva cada día. Amanecer con un poema entre las manos me alienta el ánimo vital para avanzar por el camino. Escribo porque necesito escucharme para intentar comprenderme. Comprenderme con mis cambios y en mis cambios; en las circunstancias propias y en las ajenas; porque no es sencillo transitar cada día en medio del tumulto”, detalla.

Díaz-Cacho es socio fundador del Grupo Artístico-Literario 'Pan de Trigo' de La Solana (1989) y Miembro de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha. Ha participado con sus poemas en libros y revistas. Ha prologado libros de varios autores (Nicolás del Hierro, Luis Romero de Ávila, Eusebio Loro) y ha publicado 15 libros, cuatro de cartas de amor, uno de relatos breves y diez de Poesía (tres de ellos conjuntamente con otro autor). Aparte, ha participado en más de una veintena de libros colectivos.

Desde 2009 coordina los Encuentros de Poesía con el Grupo de Comunicación Oretania de Puertollano y en el que se han publicado 14 libros temáticos con poetas de la provincia de Ciudad Real. Estos actos se iniciaron con motivo de la crisis económica-financiera y los recortes de la inversión en cultura. “Nos propusimos que la poesía fuese la que parase esa deriva. Queríamos demostrar que sin recursos ni financiación, solamente con la voluntad y el esfuerzo, podíamos impulsar la cultura”, detalla.

Aparte, considera necesario “visualizar que la sociedad y los poetas estamos en contra de la violencia de género y comprometiendo a la sociedad y haciendo que se implique”, de manera que “podamos acorralar a los maltratadores”.

Porque “primero y sobre todo soy poeta”, insiste Díaz-Cacho. Y por todo ello, no hay mejor muestra de su defensa de la palabra que los extractos de algunos de sus poemas incluidos en 'Palabras en silencio':

“Llamadme feminista / con todos los sentidos / el del amor a la vida / el del respeto que os tengo / Porque el verso me hiere / donde el golpe os humilla / Porque muero por dentro / con cada nueva víctima”

“La igualdad hay que lucharla cada día. / Nadie nos puede arrebatar / la libertad de ser y de existir, / la posibilidad de participar plenamente / de nuestro tiempo / y de nuestro espacio / - breve ámbito temporal / en el devenir de la existencia -. / Y no podemos permitir / la invisibilidad de algunas. / Nos urge la complicidad de todas / para seguir avanzando / y vuestras manos compañeras / entrelazadas con las mías / para que caminemos juntas.”

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Un juzgado de lo mercantil de Bilbao ha condenado a una diseñadora al abono de 1.090 euros a una mujer, tras no cumplir con las telas de confección ni los detalles pactados para un vestido de novia, cuyo precio ascendía a 2.180 euros. Según ha informado la Asociación de Consumidores vasca EKA/ACUV y recoge Europa Press, la demandante, una de sus asociadas, antes de contratar el servicio, recibió una fotografía y boceto del vestido vía WhatsApp.

Conforme con la propuesta, diseñadora y clienta pactaron la transferencia de la mitad del presupuesto total de la prenda, 1.090 euros. Terminada la elaboración, la confeccionista remitió fotografías del vestido y la cliente se percató de que el tejido no era el que había encargado. A pesar de comunicárselo a la entidad demandada en varias ocasiones, en todas las comunicaciones le aseguraron que se trata de la tela seleccionada. Estas discrepancias se produjeron igualmente mediante mensajes de WhatsApp.

La demandante acudió al atelier de la empresa y, efectivamente, comprobó que ni el tejido ni otros detalles se correspondían con lo acordado. Finalmente, tras mostrarles las fotografías iniciales, la confeccionista admitió el error y le garantizó que lo solucionaría solicitando las telas pertinentes para modificarlo o realizar uno nuevo. A pesar de todo, pasados unos días, la clienta, “decepcionada, pierde la confianza en la modista y decide rescindir el contrato”, tal como explica EKA/OCUV. La demandante reclamó mediante un escrito la devolución del importe abonado previamente. La diseñadora aceptó, pero no llegó a hacerlo efectivo.

La demandante recurrió entonces a Kontsumobide, desde donde se tramitó la reclamación al establecimiento, del que no se recibió ninguna respuesta. La asociación de consumidores ha subrayado que eludió así “la aplicación de la ley, dejando de atender la oportuna indemnización de daños y perjuicios, obligando a tener que acudir al juzgado”. Además de las conversaciones de la disconformidad con los materiales, se aportó como prueba el chat donde consta el reconocimiento por la demandada de no haber pedido las nuevas telas, así como la solicitud de reembolso de la señal entregada por la clienta. Por ello, el juzgado de lo mercantil estimó la demanda, lo que obliga a la diseñadora a la devolución de la cantidad que abonó la mujer.

La profesora de economía, Catedrática del University College de Londres, Mariana Mazzucato, destaca en su libro El valor de las cosas. Quien produce y quien gana en la economía global un dato revelador; y es que el PIB de Estados Unidos se triplicó, en datos constantes, el tamaño de la economía ajustado por la inflación, en el periodo que transcurre entre 1975 y 2017. Sin embargo, en ese mismo periodo los sueldos de los trabajadores estadounidenses se mantuvieron estancados, incluso disminuyeron, a pesar de que la productividad había crecido alrededor de un 60 por ciento . La conclusión de estos datos llevaba a la afamada economista a señalar que sólo una pequeña élite se había apoderado de las ganancias de una economía en expansión.

En España , en este segundo extraño verano COVID , asistimos esperanzados a lo que parece que es la senda de la recuperación económica . Según los datos conocidos en la última semana, el PIB creció en el último trimestre, de abril a junio de 2021, un 2,8 %, - un 19,8 % en términos anuales-. En los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística ya hay 40 sectores sobre un total de 78, en los que se ha recuperado el empleo anterior a la crisis sanitaria , incluso algunos están mejor , con lo que una parte importante de nuestro sector productivo funciona casi con absoluta normalidad. Las cuentas de las empresas cotizadas españolas sumaron en el periodo de enero a junio de 2021, unos beneficios de 30.304 millones de euros , y los miembros de los consejos de administración de las compañías del IBEX 35 ganaron, en su conjunto y para el referido periodo, 123,5 millones de euros, lo que supone, prácticamente, mantener las retribuciones del mismo semestre de 2020. Este clima de optimismo generalizado es compartido por los organismos económicos internacionales que auguran a la economía española un crecimiento del entorno al 6% anual para el próximo bienio.

Frente a estos datos de clara recuperación económica, al menos en lo que afecta a la élite que señala la profesora Mazzucato, la encuesta de condiciones de vida publicadas por el INE este 15 de julio muestra un empeoramiento en los indicadores de pobreza y exclusión social, elevando la tasa de población en claro riesgo hasta el 26,4 % del total. La citada encuesta señala que el número de hogares que no llega a fin de mes está en un 10% , y hasta un 35,4 % de las familias no puede hacer frente a un gasto imprevisto. Por último, la remuneración anual por trabajador sufrió un retroceso del 2,6% en el último periodo, lo que no deja de ser llamativo teniendo en cuenta la evolución de los sueldos de los consejos de administración y la recuperación de los beneficios empresariales. Quizá haya llegado, también , la hora de actualizar salarios, empezando por los más bajos .

En los últimos años han abogado por incrementar el SMI varios organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. La propia Comisión Europea ha publicado una propuesta de directiva en favor de adecuar la cuantía de los salarios mínimos en los Estados miembros al coste de vida en cada uno de ellos y facilitar un acceso más generalizado de los trabajadores a los mismos.

La Carta Social Europea reconoce en su art.4, el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida digno. Asimismo, la Carta prevé un sistema de verificación de su cumplimiento por los estados signatarios a través de su Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Este ha fijado criterios con el objetivo de constatar si el salario mínimo asegura un nivel de vida digno y ha determinado que para cumplir con lo establecido en el art. 4, su importe no debe de quedar por debajo del 60 por ciento del salario medio de un trabajador a tiempo completo.

Nuestro país , incumpliendo desde hace muchos años la referencia del 60% , ha mantenido a los perceptores de esta renta laboral básica por debajo de un nivel de ingresos razonable, conservando un salario mínimo insuficiente, en términos europeos de dignidad, lo que no es sostenible ni social ni económicamente.

Atajar esa anomalía es el objetivo que obligatoriamente tenemos que cumplir al final de esta legislatura. Así lo ha trasladado el gobierno de España a las autoridades europeas en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia – componente 23- ; así fue ratificado en el punto 1.4 del acuerdo de gobierno de coalición progresista, y así incluso figura , como compromiso , en el programa marco elaborado para el próximo congreso federal del PSOE- párrafo 202-.

No es comprensible que a estas alturas de 2021 estemos sin subida del SMI. La Comisión de expertos del Ministerio de Trabajo recomienda para este 2021, una subida del 1,3%, lo que supone un aumento entre 12 y 19 euros al mes de la actual cuantía de 950 euros. Tal propuesta, que podría tener sentido si España hubiera acometido la subida del SMI junto a los otros 18 países europeos que si lo hicieron, se está tornado claramente insuficiente si tenemos en cuenta los datos de la inflación que, al marcar un incremento del 2,9% anual este mes de julio, ha supuesto que en la práctica el SMI español no sólo no haya subido, sino que se ha devaluado notablemente.

De un total de 22 países europeos que fijan el salario mínimo interprofesional, optaron por incrementarlo un numero de 18, entre los que se encuentran Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Irlanda o el Reino Unido, con una subida media del 3%. Una cifra bastante atinada a la vista del IPC de julio. Sólo cuatro Estados, nuestro país más Bélgica, Estonia y Grecia, optaron por no realizar actualización alguna en el mes de enero de este año, congelando el salario Mínimo Interprofesional de sus trabajadores. En valores absolutos , el importe del SMI en Alemania es de 1610 euros; de 1555 en Francia; de 1.685 en los Países Bajos; de 1724 en Irlanda o de 1765 en el Reino Unido. Incluso nuestra compañera de hibernación , Bélgica, mantiene el valor del SMI en 1626 euros. Todos ellos muy por encima de los importes españoles.

Parece que , una vez más, en materia salarial España se pone en la cola de Europa y no sólo no se actualiza el SMI, sino que este, por el impacto de la inflación, se está devaluando. Urge recuperar los salarios de las personas trabajadoras con menor poder de compra.

Mantener el poder adquisitivo de los asalariados peor pagados será, también, un reconocimiento a las personas trabajadoras que han sido esenciales para luchar contra la COVID 19, cuyos empleos están ocupados, en una gran parte, por trabajos de baja remuneración. Mantener el poder adquisitivo de las personas asalariadas peor pagadas se torna en una exigencia de justicia social, al mismo tiempo que servirá para estabilizar el consumo de las familias y los hogares.  La subida del SMI en términos de dignidad y suficiencia, - que, por otra parte, es lo que nos exige la Carta Social Europea -, afectaría a 1.570.000 personas trabajadoras lo que supondría , además, el aumento de la masa salarial , lo que tiene ,obviamente, incidencia en la reactivación del mercado interior , tan necesario en este momento de semiparalización del turismo extranjero, y, por ende, para la creación y mantenimiento del empleo.

Aumentar los salarios, tiene , además, dos consecuencias que afectan de forma directa a las pensiones públicas y que tienen que ver con la financiación y sostenimiento del propio sistema público y sobre el importe de las futuras percepciones . Si sube el SMI , si suben los salarios, se incrementan las cotizaciones por lo que se robustece la caja de la seguridad social. Si sube el SMI y por lo tanto se incrementan las bases reguladoras de las futuras pensiones de jubilación , se está invirtiendo en suficiencia y dignidad para los actuales cotizantes , futuros pensionistas.

Aprobar la asignatura de la justicia social no puede esperar al examen de septiembre. 

 A Arcadi Oliveres la muerte no le ha cogido por sorpresa. Llevaba semanas preparándose. Entre amigos y familiares, vivió esta etapa con la serenidad y entereza que le caracterizaba para todas las cosas de la vida: haciendo planes, discutiendo sobre los problemas de la humanidad y rememorando episodios de su trayectoria militante. Los filósofos clásicos solían decir que el modo en que morimos revela algo muy profundo de nuestro carácter. En efecto, la dignidad, humildad o sencillez con la que Arcadi se ha despedido es un fiel reflejo de su vida.

Cuando le dijeron que el cáncer era terminal decidió que no quería morir en el hospital. A partir de entonces, el salón y el jardín de su casa en Sant Cugat del Vallès se convirtieron en un lugar de peregrinación. Sentado en su sofá, junto a su mujer Janine, recibía nuestras visitas. Nos ofrecía té, frutos secos o galletas. Cuando estaba su hijo músico, Albert, entonces la velada podía terminar en un improvisado concierto de piano. Arcadi siempre ha hecho sentir bien a quienes le rodeábamos. Era un hombre afable. En una ocasión la música se trasladó a la calle, con un emotivo repertorio cantado a coro tras una pancarta y un equipo de música, delante de su portal. No fue esa la única despedida a la que acudió. Por ejemplo, la federación catalana de ONG o la plataforma ciudadana del Procés Constituent, cofundada por él, organizaron sendos actos de reconocimiento ante su presencia. 

Las muestras de afecto eran tan numerosas que la familia habilitó una web abierta a su otra familia, más amplia y diversa, de la que formaba parte: la de los movimientos sociales. Llegaron más de 7.000 mensajes. Con todo, estos últimos días ya no recibía visitas. El viernes fue la última vez que hablé con él. Le costaba hablar. Su voz era un hilo frágil y tembloroso pero lucido y sereno. Ningún sentimiento de rabia, impotencia o enfado con el mundo. Se iba con agradecimiento. Era un afortunado -confesaba – por haberse podido despedir con tiempo y rodeado de todos sus seres queridos.

Tras su muerte, en la memoria colectiva queda el recuerdo de un Arcadi sentado en una silla plegable, micrófono en mano y hablándole a quien quisiera escucharle sobre las injusticias del planeta. Lo hacía pausadamente pero con claridad y rotundidad. Su voz crítica, insobornable, nunca dejaba de oírse en todos los foros. Iba a cualquier sitio donde se le reclamaba con su viejo coche y una pequeña agenda arrugada para apuntar todas las charlas a las que se comprometía a intervenir. Esa agenda era una muestra de su incasable compromiso en la lucha contra las injusticias: casi todos sus fines de semana estaban ocupados con muchos meses de anticipación.

Con él, hoy se va uno de los mayores referentes de los movimientos sociales en Catalunya. Vinculado desde siempre al catolicismo progresista y al pacifismo, Arcadi destacó por su lucha antifranquista. En los años ochenta empezó a ejercer de profesor de Economía. Dentro y fuera de la universidad, en libros o entrevistas, siempre nos recordaba que la desigualdad era producto de un capitalismo feroz que tendía a convertir todos los derechos en mercaderías. 

En los años noventa, para muchos de mi generación Arcadi nos abrió camino. De hecho, leyendo sus libros o escuchando sus discursos tomamos conciencia política. Son muchas las cosas que aprendimos. Una de ellas: la importancia de organizarnos en asambleas, cooperativas, asociaciones o agrupaciones de cualquier tipo para perder el miedo y defender nuestra libertad. 

A Arcadi lo conocí en la campaña del 0'7% para los países menos desarrollados. Desde entonces, nunca le perdí la pista. Fue uno de los mediadores en los encierros de migrantes en varias iglesias de Barcelona en protesta por la ley de extranjería. También se implicó en las campañas de objetores fiscales contra el gasto militar o en las movilizaciones antiglobalización o contra la guerra de Irak.

Casi veinte años más tarde, seguía sin perder la esperanza. Frente al pesimismo de la inteligencia, siempre estaba dispuesto a levantar la bandera del optimismo de la voluntad. Su fe en el género humano no era inquebrantable, pero consideraba que eso no era impedimento para embarcarse en proyectos que mejoraran la posición de los más débiles y, con ello, acercarnos a ese otro mundo posible. Con ese ánimo, participó activamente en movilizaciones como la del soberanismo catalán o la de las plazas de los indignados del 15-M.

Arcadi nunca perdió la oportunidad de comprometerse con causas nobles, aún sabiendo de antemano que probablemente estaban perdidas. Lo hacía de forma pública y, cuando era necesario, de modo discreto. Como abogado, en más de un caso recibí su ayuda en la defensa de algún activista perseguido en un momento en el que la lucha antirrepresiva no tenía los focos y las simpatías que tiene ahora en Catalunya.

Quienes hemos tenido la fortuna de conocer a Arcadi en manifestaciones, asambleas, aulas o foros nos sentimos afortunados de haber disfrutado de su enorme humanidad, su vocación pedagógica de profesor, su humildad, su generosidad, su honestidad, su humor y, sobre todo, su coherencia radical entre sus ideas y su forma de estar en el mundo. 

Con esa coherencia vital y su ejemplo nos deja una última enseñanza: hay que atreverse a imaginar el futuro para poder influir sobre él. Eso haremos, compañero y maestro. Seguiremos enzarzados –cada uno a su manera– en esa pelea para que el mundo sea un lugar más habitable y menos cruel. Descansa en pau, estimat Arcadi.

"Este Día Mundial de la Justicia Social es una oportunidad para poner de manifiesto la necesidad de promover medidas para superar la brecha digital que afecta a las personas con más dificultades y a la población más vulnerable y también para promover un uso práctico, ético y razonable de estas tecnologías"

La Asamblea General de Naciones Unidas decidió en 2007, por resolución unánime, proclamar el 20 de febrero de cada año como el Día Mundial de la Justicia Social. En esa resolución se reconoce que “el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia y para el desarrollo social que va unido a la igualdad y a la eliminación de las barreras que discriminan a las personas por la edad, el género, la etnia, la capacidad económica, la discapacidad, la situación de dependencia o la cultura.

El tema principal de la conmemoración de este año es ‘Un llamamiento a la justicia social en la economía digital’, poniendo de este modo el foco de atención en los cambios tecnológico que están transformando el panorama laboral, la relación personal y la propia manera de vivir. En la última década se han desarrollado las tecnologías de la comunicación, se ha expandido la conectividad de la fibra óptica y han proliferado las plataformas digitales y las comunicaciones a través de las redes sociales. Pero este desarrollo digital no ha llegado por igual a todas las personas ni a todos los sectores de la población. Sabemos que las personas de edad más avanzada y las personas y colectivos más vulnerables tienen más dificultades para acceder y beneficiarse de las ventajas de las tecnologías digitales en un mundo en el que cada vez se hace más necesario su utilización para tareas concretas de la vida diaria.

Existe una brecha digital en lo que respecta a la disponibilidad, asequibilidad y acceso a Internet y a las tecnologías de la información que ha agravado las desigualdades existentes. Pero, si cabe, esta situación se ha puesto más de manifiesto con la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo desde hace un año y que está teniendo, no solo consecuencias sanitarias y, lamentablemente, para la vida de muchas personas, sino que está dejando importantes consecuencias sociales, económicas y psicológicas.

Es por ello que este Día Mundial de la Justicia Social es una oportunidad para poner de manifiesto la necesidad de promover medidas para superar la brecha digital que afecta a las personas con más dificultades y a la población más vulnerable y también para promover un uso práctico, ético y razonable de estas tecnologías.

Estamos viviendo momentos difíciles, pero debemos afrontar el futuro aprovechando todas las oportunidades y manteniendo un trabajo constante por mejorar la protección social, por apoyar a las personas mayores, a las que tienen discapacidad o se encuentran en situación de dependencia y también a las familias y a la infancia más vulnerable y las que se encuentran en situación de pobreza o atrapadas en procesos de exclusión social.

Debemos ser optimistas y tenemos la obligación de generar ilusión y confianza en la sociedad en su conjunto, pero debemos construir alianzas con todos los agentes económicos y sociales, entre la diversas administraciones públicas, con los profesionales de los servicios sociales, con las entidades sociales y con la sociedad civil; con mecanismos de diálogo, como los propiciados con la puesta en marcha de la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, que empezará a dar sus resultados, sin perder de vista que lo importante son las personas y especialmente las que más apoyo necesitan y las que viven en situación de pobreza y exclusión social.

Mejorar la atención y propiciar procesos de inclusión social son los dos grandes retos que tenemos por delante. No obstante, la justicia social tiene que ver con la equidad, con la solidaridad, con la dignidad y con la calidad de vida de las personas, porque tal vez hoy a las sociedades no haya que valorarlas solamente por su riqueza sino por su bienestar social.

El 26 de noviembre de 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba celebrar cada 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social, una celebración que viene a recoger una larga trayectoria de organismo internacional a favor de la promoción del desarrollo social y la igualdad de oportunidades.

La Justicia Social se plantea como una necesidad para que una sociedad esté cohesionada, y aparece junto con la paz y la seguridad, pues estos elementos, son indispensables cuando hablamos del respeto de los derechos y las libertades fundamentales.

Este año, la ONU ha elegido como tema central de la celebración el lema ‘Cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social’ poniendo el foco en eliminar las barreras que generan inequidad, tales como las diferencias de género, edad, raza, religión, posición social o discapacidad.

Justicia Social es un término con un gran significado y que entronca con términos como democracia, ciudadanía, igualdad, bienestar, inclusión, etc., valores todos ellos que forman parte esencial de la Constitución de 1978, en la idea de sociedad que dibuja, y que representa de manera nítida una forma de convivencia y progreso social para toda la sociedad, para los pueblos y las personas que formamos parte de ella.

Todas las personas y todos los colectivos precisan de apoyos, partiendo del principio de que todas las personas somos diferentes, todas, sin excepción, merecemos tener igualdad de oportunidades, en especial aquellas con mayores dificultades sociales o económicas, por lo que debemos desarrollar sistemas económicos que promuevan el trabajo decente, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que combatan la pobreza.

Esta es la labor principal a la que nos enfrentamos como sociedad, generar esa igualdad de oportunidades con especial atención a los grupos más vulnerables como son las personas de edad, las personas con discapacidad o las personas en riesgo de exclusión social y, hoy, más si cabe, prestando atención a la despoblación de las zonas rurales, un desafío muy notable que la globalización ha exacerbado.

Si bien es cierto que la globalización ofrece oportunidades para muchos, y que en estos últimos 40 años se han visto un desarrollo sin igual de los derechos y las libertades, el crecimiento económico y la riqueza no se ha traducido en prosperidad para todos, generando importantes cotas de desigualdad que se observan económicamente, pero también desde el punto de vista de determinados colectivos y de determinados territorios.

Ese es el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha “cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social”: promover el empleo, el diálogo permanente con la sociedad y los grupos que la representan, como los profesionales, y las familias, al lado de la ciudadanía para conseguir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, en definitiva, una sociedad con mayor bienestar.