“He leído el examen entero y he visto que ha entrado todo lo que peor llevaba y que había cosas que no entendía ni los enunciados, y ya ahí me he puesto nerviosa”. Es el testimonios de una estudiante tras el examen de Matemáticas II de la PAU de La Rioja que se ha celebrado este jueves, en la última jornada de la prueba. “Fatal, una vergüenza de examen”, dice una estudiante de otro centro. Las quejas han sido generales. Muchos alumnos han salido de las aulas tras los quince minutos que obligan a permanecer dentro y los que se han quedado han salido entre lloros y enfados. Las personas afectadas ya se están organizando y han preparado quejas escritas a la rectora para pedir la revisión del examen.

Por el momento, el Gobierno de La Rioja no tiene constancia de ninguna queja hasta el momento, si bien señalan puede que no se haya tramitado al ser por la tarde, y se remiten a la Comisión Organizadora de la PAU, integrada a partes iguales por representantes del Gobierno de La Rioja y de la Universidad de La Rioja, para comprobar si el examen está bien planteado y es acorde al temario de Bachillerato.

“Ejercicios no previstos y enunciados confusos”

Las quejas se han concentrado especialmente en la parte general de la prueba, la que recoge la mayor puntuación y no ofrece opciones de ejercicios a elegir. En esta parte, tal y como han explicado en una queja por escrito, “los planteamientos y la tipología de los problemas exigidos no se corresponden con el nivel competencial trabajado a lo largo del curso de 2º de Bachillerato, introduciendo enfoques inéditos que no figuraban en las directrices de preparación ni en los modelos de exámenes de años anteriores”.

Así lo ha confirmado una de las estudiantes afectadas, que ha señalado que el examen ha sido “muy muy difícil” e incluía contenidos que, tal y como aseguran, no habían preparado durante el curso y “el examen no se parecía en nada” al modelo con el que le habíamos preparado“. ”No nos ha caído nada de un tema al que hemos dedicado toda una evaluación mientras sí han entrado cosas que no habíamos ni tocado“, dice poniendo por ejemplo el tipo de ejercicio de matrices.

Igualmente, la queja registrada en el Rectorado denuncia la “falta de claridad conceptual”. En concreto, los estudiantes señalan que “los enunciados de los ejercicios presentaban una redacción ambigua, confusa y de extrema complejidad formal, dificultando la mera comprensión de qué se estaba solicitando”. En concreto, según han contado los afectados, algunos profesores de Calahorra tampoco entendían los enunciados y han tenido que llamar al coordinador.

Este examen, según se han quejado, genera una “situación de total indefensión” en la comunidad educativa, y deja a los estudiantes “ante la tesitura de no saber cómo prepararse, quebrando la confianza legítima en la labor de sus propios docentes, quienes han impartido escrupulosamente los contenidos oficiales fijados para la comunidad autónoma sin que estos hayan sido suficientes para afrontar la prueba”. Así, la estudiante que ha contado su experiencia a Rioja2 ha enviado el examen a sus profesores: “Han confirmado que no lo veían acorde con los criterios marcados y que no era lo que había preparado”.

Los participantes en el examen de Matemáticas II de la PAU riojana dicen sentir “un profundo malestar y desamparo” ante la prueba y abren de nuevo el debate entre las diferencias de criterios entre comunidades autónomas, subrayando el “agravio comparativo ante, según consideran, ”el menor grado de complejidad y la mayor claridad del examen propuesto este año en comunidades como la de Madrid en comparación con el de La Rioja“.

Que el azar geográfico no determine el futuro académico del alumnado

“Dado que el acceso a la universidad española se rige por un sistema de distrito único, los estudiantes riojanos competimos en una evidente situación de desigualdad, viendo mermadas de forma injusta nuestras opciones de alcanzar las notas de corte necesarias para cursar los grados universitarios más demandados”, recoge la queja presentada ante la Universidad, que respaldan muchos de los testimonios de alumnos que necesitan altas notas de corte para acceder a los estudios que quieren y que temen que el examen de Matemáticas lo impida.

“Ojalá se pudieran repetir el examen, no sé si sería posible, pero si no que se anule algún ejercicio que no se ha centrado en el temario”, demanda una de las afectadas. Los estudiantes recuerdan que se envien quejas por correo electrónico a universidades.educacion@larioja.org. En concreto, la reclamación formal por “falta de adecuación, ambigüedad y desproporcionado nivel de dificultad” pide la “revisión inmediata” de la prueba por parte de la comisión organizadora y los coordinadores de la materia, “medidas urgentes de flexibilización y moderación en los criterios de corrección y baremación de los exámenes de Matemáticas de esta convocatoria” para paliar, tal y como destacan “el impacto negativo y el perjuicio académico causado a los estudiantes de La Rioja”. Igualmente, ante futuras convocatorias, piden “una verdadera uniformidad y equidad en el diseño de las pruebas”, evitando que “el azar geográfico determine el futuro académico del alumnado”.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves el proyecto para la creación de una sala de estudio en la antigua Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, ubicada en la calle Princesa, 98. Los trabajos, que suponen una inversión de 1,7 millones de euros, serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos y se extenderán hasta la primavera de 2027.

La intervención se centrará específicamente en el ala derecha del edificio, en los espacios de las plantas sótano y primera que quedaron desocupados y sin uso después del traslado de las dependencias municipales a otro edificio situado en la Dehesa de la Villa.

El emplazamiento es estratégico para la implantación de una sala de estudio, ya que el edificio se encuentra en el corazón de una de las zonas con mayor población estudiantil de la capital, pegado a Chamberí, muy próximo a la Ciudad Universitaria y a diversos colegios mayores, lo que genera una demanda significativa y constante de este tipo de espacios. De esta manera, el proyecto aprovechará esta ubicación privilegiada para rehabilitar unos espacios públicos en desuso, adecuando sus instalaciones a la normativa vigente y mejorando su eficiencia para devolverlos a la ciudadanía, cubriendo así una necesidad dotacional clave en el distrito.

El nuevo equipamiento se distribuirá en dos niveles, plantas baja y sótano, conectados por un núcleo de escalera y ascensor. El corazón del proyecto en ambas plantas será una amplia sala de estudio de planta diáfana con 182 puestos (354 m² en planta baja y 258 m² en planta sótano), cuyo perímetro curvo se abrirá a un patio inglés que le proporcionará iluminación y ventilación natural. Estos espacios principales se complementarán con salas de apoyo como salas de reuniones y conferencias de menor formato, con capacidad para otros 30 puestos.

Las instalaciones se completarán con los correspondientes aseos en cada planta, incluyendo aseos accesibles, así como con almacén, cuarto de instalaciones y para los servicios de telecomunicaciones. La intervención en la planta sótano colinda con el salón de actos y los camerinos existentes en el edificio, integrándose en el conjunto dotacional del inmueble.

Los trabajos incluirán la demolición del solado, los revestimientos, las carpinterías exteriores y las divisiones de tabiquería para la reconfiguración de los espacios. Posteriormente, se ejecutará la nueva distribución, se revisarán y renovarán las instalaciones, se sustituirán las carpinterías exteriores y se realizarán los acabados. Asimismo, se renovará la red de saneamiento y se dotará a las instalaciones de nuevos sistemas de climatización y ventilación.

Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la construcción de 101 nuevos equipamientos en toda la ciudad, de los que 86 ya están finalizados y otros 15 están en ejecución. Se trata de escuelas infantiles, centros de mayores y de día, polideportivos, centros culturales, bibliotecas, centros de servicios sociales, instalaciones para los servicios de seguridad y emergencias, equipamientos administrativos y dotaciones de economía, empleo e innovación, entre otros, repartidos por los 21 distritos de la ciudad y que en su conjunto suman una inversión cercana a los 580 millones de euros. 

La Conselleria de Educación ha publicado una nueva orden para hacer frente a las olas de calor en las aulas valencianas. El departamento que dirige Carmen Ortí ha dictado unas instrucciones específicas destinadas a paliar los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos, unas medidas que entrarán en vigor de forma oficial a partir del próximo curso 2026-2027, aunque la Administración permitirá que se apliquen de manera transitoria durante lo que resta del presente año escolar.

El documento normativo contempla, como principal novedad, la posibilidad de implantar la jornada reducida en los institutos durante los meses de junio y septiembre. Bajo este supuesto, los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) podrán concentrar las clases en horario continuo de 8:00 a 13:00 horas, evitando así la permanencia del alumnado en las aulas durante las horas centrales del día, cuando la insolación es más intensa. Asimismo, se autoriza a retrasar una hora el inicio de las clases en las modalidades de tarde.

Para poder llevar a cabo esta flexibilización horaria, la propuesta deberá contar con el visto bueno del Consejo Escolar de cada centro público y ser comunicada posteriormente a la Dirección Territorial correspondiente. No obstante, la Conselleria establece como línea roja que esta reducción horaria no altere en ningún caso los servicios de comedor ni de transporte escolar, y que no suponga ningún tipo de coste económico adicional para las arcas de la Generalitat.

Más allá de los horarios, las directrices obligan a los equipos directivos a implementar un paquete de medidas preventivas diarias. Entre las tareas fijadas se encuentra el control estricto de la temperatura, la identificación de las zonas más frescas del recinto, el mantenimiento de persianas bajadas bajo sol directo, la ventilación en las horas más frescas y la suspensión de actividades físicas intensas en las horas de máxima calor. Además, los centros deberán vigilar de cerca la conservación de alimentos y medicamentos, así como facilitar la hidratación constante de los estudiantes.

Para las situaciones más extremas, el protocolo establece que, si los termómetros registran valores excesivos y el centro carece de espacios alternativos adecuados, la dirección podrá ponerse en contacto con el responsable municipal de Protección Civil. Al ser esta la autoridad competente, será la encargada de evaluar el riesgo y decretar, si lo estima oportuno, la suspensión temporal de la actividad académica, notificándolo de forma paralela a la Dirección Territorial.

El STEPV tilda el plan de “insuficiente”

STEPV, sindicato mayoritario de la enseñanza pública valenciana, valora de forma positiva que, “por primera vez, la conselleria reconozca formalmente la necesidad de adoptar medidas específicas ante las altas temperaturas” y que se abra la puerta a la flexibilización horaria en las etapas de Secundaria, Bachillerato y FP.

Sin embargo, la central sindical considera que el documento se queda “corto” al no resolver el problema de fondo de las infraestructuras educativas. Según denuncia el STEPV, la resolución es insuficiente porque no define un protocolo claro ante situaciones de estrés térmico, no concreta medidas estructurales para climatizar los edificios ni desarrolla un registro de temperaturas y de sus efectos sobre la salud. Por todo ello, el sindicato ha anunciado que continuará exigiendo a la Generalitat un Plan Integral de Adaptación Climática que incluya inversiones reales en sistemas de sombreado, ventilación y climatización para garantizar el bienestar de la comunidad educativa.

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), conocida popularmente como selectividad, encara ya su recta final. Tras varios días de exámenes repartidos por toda España, miles de estudiantes aguardan uno de los momentos más esperados —y también más temidos— del proceso: la publicación de las notas que determinarán sus opciones para acceder a los grados universitarios deseados.

La convocatoria ordinaria de la PAU 2026 se celebra entre el 1 y el 11 de junio, dependiendo de la comunidad autónoma. Madrid ha vuelto a ser una de las primeras regiones en examinarse, mientras que Catalunya y Castilla-La Mancha han retrasado sus pruebas a la segunda semana del mes. Más de 300.000 alumnos participan este año en unos exámenes que incorporan cambios en el modelo de evaluación y una mayor atención a las competencias y la corrección lingüística.

Una vez terminadas las pruebas, el siguiente paso es conocer las calificaciones provisionales. Aunque existe un calendario común marcado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cada comunidad autónoma publica las notas en fechas y horarios diferentes.

Las primeras notas llegarán el 10 de junio

Las primeras regiones en publicar los resultados serán Aragón, Baleares, Castilla y León, Murcia, Navarra y Euskadi. Sus estudiantes podrán consultar las calificaciones a partir del 10 de junio, apenas unos días después de haber realizado los exámenes.

Al día siguiente, el 11 de junio, será el turno de Andalucía, Galicia y Madrid, tres de los territorios con mayor número de estudiantes presentados a la convocatoria ordinaria.

La mayoría de comunidades restantes publicarán las notas el 12 de junio, mientras que La Rioja lo hará el día 16. Catalunya, como ocurre también con los exámenes, contará con un calendario diferenciado y difundirá las calificaciones el 23 de junio.

En resumen, este es el calendario previsto de fechas de publicación de notas para la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 por comunidad autónoma:

Las horas concretas de publicación dependen de cada universidad o distrito universitario. En la mayoría de los casos, las notas se habilitan durante la mañana o a primera hora de la tarde a través de las plataformas digitales oficiales de cada comunidad autónoma.

Cómo consultar las notas de la PAU 2026

Los estudiantes pueden acceder a sus calificaciones mediante los portales habilitados por las universidades públicas o los distritos universitarios correspondientes. Para ello suelen necesitar el usuario y contraseña facilitados durante la matrícula de la prueba.

Además de la nota obtenida en cada examen, las plataformas permiten descargar certificados provisionales y realizar, en caso necesario, solicitudes de revisión o reclamación dentro de los plazos establecidos. Generalmente, estos periodos se abren durante los dos o tres días posteriores a la publicación de los resultados.

Cómo se calcula la nota de acceso a la universidad

Una de las dudas más frecuentes entre los estudiantes es cómo se obtiene la nota final que determina el acceso a los grados universitarios. La nota de acceso se calcula combinando un 60% de la media obtenida en Bachillerato y un 40% de la calificación de la fase general de la PAU. El resultado permite alcanzar una puntuación máxima de 10 puntos. Algunas regiones como la Comunidad de Madrid disponen de un calculador para estimar la nota lograda como este.

Para acceder a titulaciones con una elevada demanda, como Medicina, Biomedicina, Física o algunos dobles grados, los estudiantes pueden presentarse a la fase de admisión o fase voluntaria. Las asignaturas superadas en esta parte pueden aportar hasta cuatro puntos adicionales mediante ponderaciones específicas fijadas por cada universidad, elevando la nota máxima hasta los 14 puntos.

Este sistema explica por qué las notas de corte de algunas carreras superan ampliamente los 13 puntos y obligan a los aspirantes a obtener resultados excelentes tanto en Bachillerato como en la selectividad.

Qué hacer si no estás de acuerdo con tu nota

La publicación de las calificaciones no supone necesariamente el final del proceso. Los estudiantes que consideren que la corrección no refleja adecuadamente su examen pueden solicitar una revisión.

En ese caso, un segundo corrector vuelve a evaluar la prueba y, si existe una diferencia significativa entre ambas correcciones, puede intervenir un tercer evaluador. La nota definitiva se publica posteriormente y será la que se tenga en cuenta para los procesos de admisión universitaria. Cabe recordar que también existe una convocatoria extarordinaria para todos aquellos estudiantes que no hayan superado los exámenes, que se desarrollará en la mayoría de las comunidades autónomas los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

El siguiente paso: las notas de corte

Una vez publicadas las calificaciones definitivas, comenzará el proceso de preinscripción universitaria. Será entonces cuando los estudiantes deban ordenar los grados que desean cursar y esperar a las adjudicaciones de plazas.

En los últimos años, el incremento de la demanda en determinadas titulaciones ha elevado notablemente las notas de corte. Según los datos recopilados por las universidades, más de medio centenar de grados exigen puntuaciones superiores a los 13 puntos sobre 14 para lograr una plaza en la universidad pública.

Por ello, para miles de jóvenes, las notas que se conocerán durante las próximas semanas no serán solo una calificación académica, sino el primer paso para acceder a la carrera universitaria que han elegido después de dos años de Bachillerato y meses de preparación intensiva.

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este curso en Andalucía celebra su convocatoria ordinaria los días 2, 3 y 4 de junio, contando con un total de 53.495 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, según el avance de matriculados facilitado por las universidades públicas andaluzas a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Las matriculaciones formalizadas este curso suponen un 5,10% más con respecto a las inscripciones del pasado año, que sumaron 50.899, superando, además, el registro de 51.969 de 2024, que había sido el más numeroso hasta ahora.

La Universidad de Sevilla (US) es la que más inscripciones tiene, con 12.262, lo que supone un 22,92% del total. Le siguen las de Málaga (UMA), con 9.581 (17,91%); la de Cádiz (UCA), con 7.629 (14,26%); la de Granada (UGR), con 7.373 (13,78%) y la de Córdoba (UCO), con 4.702 (8,79%). A continuación, se sitúan la de Almería (UAL), donde se evaluarán 4.075 alumnos, equivalentes al 7,62% del cómputo global; la de Jaén (UJA), con 3.508 (6,56%); la de Huelva (UHU), con 2.509 (4,69%); y la Pablo de Olavide (UPO), con 1.856 (3,47%).

Escenarios de la prueba

Para albergar a estos aspirantes, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía –encargada de la organización de este evento– ha seleccionado 138 sedes en toda la comunidad entre facultades, centros adscritos e institutos de enseñanza secundaria para acoger a los alumnos de los 1.124 centros educativos convocados a la prueba. De las 138 sedes dispuestas, 60 están repartidas por las capitales andaluzas y las 78 restantes se ubican en el resto de los municipios de las ocho provincias, además de Ceuta (1), Melilla (2) y siete ciudades marroquíes.

Así, la UAL ha habilitado nueve sedes (dos en la capital y siete en la provincia); la UCA, 16 (cuatro en la capital y 12 en la provincia); la UCO, 20 (siete en la capital y 13 en la provincia); y la UGR, 33 (13 en la capital, diez en la provincia y diez en Ceuta, Melilla y las ciudades marroquíes de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador, Alhucemas, Rabat y Larache). Por su parte, la UHU ha dispuesto ocho sedes (cinco en la capital y tres en la provincia); la UJA, ocho (tres en la capital y cinco en la provincia), la UMA, 16 (siete en la capital y nueve en la provincia), la UPO, cuatro sedes en su campus, y la US, 24 (15 en la capital y nueve en la provincia).

Avance del modelo competencial

Asimismo, la Consejería ha explicado que en esta convocatoria se continuará desplegando el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en el que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas.

Con carácter general, se incrementará la horquilla del 20- 25% de preguntas de ese tipo establecida el año pasado, aunque los porcentajes variarán dependiendo de cada asignatura, siguiendo las orientaciones propuestas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

También se evaluará en todos los ejercicios de todas las materias la corrección ortográfica, gramatical y léxica, con el fin de valorar la capacidad expresiva de los estudiantes. Para ello se tendrá en cuenta la grafía, las tildes y la puntuación, así como la coherencia del texto o la presentación. No obstante, ese criterio seguirá penalizando más en las materias lingüísticas que en las que no lo son.

La duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores: 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Las evaluaciones comenzarán a las 8:30 horas todas las jornadas, aunque el alumno deberá estar presente en su centro de referencia a las 8:00 horas para la citación.

Detectores de uso de IA

Para el desarrollo equitativo de la PAU, las universidades públicas andaluzas en coordinación con la Junta han determinado que, para “articular de la manera más garantista posible” la celebración de la Selectividad en el Distrito Único Andaluz, van a llevarse a cabo “barridos selectivos” para la detección del uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba, con especial incidencia en la IA.

Desde el Distrito Único Andaluz se recuerda que el empleo de los detectores se realizará de acuerdo con las pautas recogidas en la normativa de la PAU en Andalucía, donde se prohíbe la utilización o tenencia de teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos salvo prescripción médica.

Fechas clave tras la prueba

Los estudiantes podrán conocer los resultados el 11 de junio, el mismo día en el que también comenzará la entrega de solicitudes para estudiar enseñanzas de grado en el sistema público andaluz en la fase ordinaria, con plazo hasta el 22 de junio.

La primera adjudicación de plazas se llevará a cabo el 3 de julio en esta fase ordinaria y la segunda adjudicación será el 16 de julio, estableciéndose para las resultas, hasta un total de cinco, un plazo comprendido entre el 24 de julio y el 8 de octubre.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática, a través del enlace directo a la web de Distrito Único Andaluz.

En esta plataforma, quienes hayan realizado las pruebas en una universidad andaluza no tienen que presentar documentación alguna en sus instituciones académicas. La solicitud será única y contemplará por orden de preferencia todas las peticiones de los títulos que la persona interesada desee cursar.

Ese orden será vinculante durante todo el proceso de admisión, por lo que es fundamental que la persona incluya el suficiente número de peticiones y en el orden que desee con el fin de evitar problemas por no rellenar correctamente o en un número insuficiente.

Cupos de acceso

En la admisión a los grados se distingue el cupo general, que aglutina todas las plazas de cada enseñanza universitaria y centro, descontando las reservadas que sean ocupadas por personas de colectivos de especial consideración.

En este último apartado se encuadran el cupo específico de alumnos con titulación universitaria o equivalente, que cuenta con un 1%, o el de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, que tiene asociado un 5% de las plazas.

En este capítulo también se incluye el grupo de deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, que disponen de un 3% de la oferta de plazas, porcentaje que se eleva hasta el 8% en las titulaciones de Fisioterapia y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Igualmente, computan aparte del cupo general, las plazas estipuladas para quienes acceden por la vía de mayores de 25 años (2%), las dirigidas a quienes lo hacen por ser mayores de 40 años con experiencia laboral y/o profesional y mayores de 45 años (2%).

Como cada año a principios de junio, miles de estudiantes realizarán los exámenes de Selectividad para poder acceder a la universidad al curso siguiente. La PAU 2026 sigue camino hacia una homogeneización de los exámenes a nivel nacional, con exámenes más prácticos y menos optatividad interna. Además, es el primer año que varias comunidades han impuesto medidas para evitar que los alumnos copien con aparatos electrónicos, como nanopinganillos impulsados con inteligencia artificial (IA).

Fechas

La convocatoria ordinaria tiene tres días clave: el 2, 3 y 4 de junio, en los que alumnos de la mayoría de comunidades autónomas realizarán los exámenes siguiendo la tendencia que comenzó el año pasado de unificar fechas lo más posible. Asturias, Aragón, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Ceuta y Melilla, la Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Islas Canarias, La Rioja, Murcia y Navarra han fijado estos tres días para su Selectividad. 

La Comunidad de Madrid también, pero con un día extra, el 1 de junio, siendo los primeros estudiantes que se examinarán en toda España. La región espera una participación de más de 42.000 estudiantes, que empezarán el próximo lunes con las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía.

Las únicas comunidades que realizarán la prueba la semana que viene son Castilla-La Mancha, los días 8, 9 y 10 de junio, como en Catalunya.

Así, todos los exámenes del país se realizarán en las primeras semanas de junio. En el caso de los alumnos que no los superen o quieran mejorar la nota, tendrán que esperar un poco más, dependiendo de cada territorio. Es aquí, en la convocatoria extraordinaria, donde hay un poco más de disparidad en las fechas. 

De nuevo, unos días que se repiten: será el 30 de junio, 1 y 2 de julio en Aragón, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y Murcia. 

En Castilla-La Mancha será los días 29, 30 de junio y 1 de julio; y los primeros estudiantes en tomar esta segunda convocatoria serán los navarros, el 24, 25 y 26 de junio. Los más tardíos serán los de Catalunya, que pasarán el verano estudiando para los exámenes extraordinarios, que tendrán lugar a principios de septiembre, los días 2, 3 y 4. 

¿Cómo son los exámenes?

El año pasado, además de recuperar el nombre de PAU tras algunos cursos llamándose Evau o Ebau, la prueba también experimentó un gran cambio en su contenido y modalidad. Se implementó el examen por competencias, y desapareció la posibilidad de elegir temas, por lo que ya no era posible dejarse medio temario sin estudiar, como llevaba pasando desde la pandemia. Este nuevo modelo tuvo como objetivo que los estudiantes razonaran las preguntas y respuestas del examen, en vez de memorizar contenidos de una manera puramente mecánica. 

Si la PAU 2025 marcó el inicio de una nueva etapa más competencial y práctica, la de este año sigue avanzando hacia una evolución a exámenes más aplicados y homogéneos entre comunidades . Según la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), los nuevos modelos de examen buscan impulsar una estructura más unificada entre comunidades, aunque no habrá un modelo único nacional como exige el PP porque es inviable con el reparto competencial entre autonomías y el Gobierno. 

Así, este año se mantiene la estructura general del año pasado, pero con más ejercicios competenciales y menos optatividad interna. Se enfocarán principalmente en el razonamiento aplicado y casos más prácticos, y la corrección se ha homogeneizado a nivel nacional: la presentación, coherencia y corrección lingüística tendrán un peso mínimo del 10% de la nota.

Cada examen durará 90 minutos, con un descanso entre pruebas de media hora. Está permitido el uso de herramientas como calculadora o diccionarios según la materia.

Combatiendo la IA

Este año, la Selectividad se ha blindado contra nuevas tecnologías y el uso de la inteligencia artificial (IA) en los exámenes, para evitar su uso para copiar durante los exámenes. Y es que la IA ha revolucionado ya la educación: el 58% de los alumnos españoles la usa para realizar trabajos académicos, según un estudio. 

Desde nanopinganillos impulsados por la IA hasta gafas inteligentes con cámara y micrófonos incorporados, cada vez son más los artilugios que tientan a algunos alumnos a copiar durante las pruebas de Selectividad. Por ello, al menos diez comunidades usarán en la PAU 2026 detectores de frecuencia, diseñados para interceptar a los alumnos que usen este tipo de aparatos para copiar.

Entre ellas, Asturias. El vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Oviedo, Alfonso López Muñiz, ha señalado que estas nuevas medidas no se basan en la desconfianza hacia los alumnos, sino “de preservar unas condiciones justas para todos los estudiantes, especialmente para quienes afrontan las pruebas cumpliendo las normas”.

Por otro lado, en Catalunya serán más de 45.000 jóvenes los que realizarán las pruebas de acceso a la universidad. También impondrá por primera vez una prueba piloto para detectar posibles dispositivos electrónicos y evitar que copien. Según ACN, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha afirmado que Cataluña, como otras comunidades, busca “la equidad” entre todos los alumnos a la hora de realizar los exámenes, por lo que perseguirá posibles trampas con sistemas electrónicos.

En resumen: prohibido el uso de relojes, gafas y bolígrafos inteligentes, además de cualquier otro artilugio como los nanopinganillos y otros dispositivos impulsados por IA.

Corrección y faltas de ortografía

En Madrid, la principal novedad es que las faltas de ortografía pasarán de penalizar 0,25 puntos a 0,1 en todas las materias menos Lengua y Literatura, donde se mantiene la primera cifra. Así lo informó la CRUE a finales del año pasado, con el objetivo de hacer “una valoración más precisa del desempeño del alumnado”.

El modelo madrileño alcanzará en esta Selectividad el 70% de los criterios propuestos por los rectores, según explicó la Universidad Autónoma de Madrid en una nota, en su intento de avanzar hacia una prueba más homogénea a nivel nacional. Es cierto que comienza a haber ciertos criterios comunes, pero aún sigue siendo imposible que el examen sea 100% similar en toda España, ya que cada territorio imparte e incluye diferentes contenidos en las asignaturas.

Respecto a criterios de corrección comunes, este 2026 la coherencia, presentación, claridad y corrección lingüística tendrán al menos un peso del 10% de la nota, algo común a nivel estatal. En Lengua Castellana y las cooficiales, las faltas de ortografía restarán hasta 2 puntos. Y en asignaturas más técnicas, como matemáticas, la penalización será hasta máximo 1 punto o incluso no aplicarse, según la comunidad.

Falta de plazas en las universidades públicas

Tras examinarse y recibir las notas de la PAU, los estudiantes tendrán que decidir qué carrera universitaria cursar. Sin embargo, la escasez de plazas en las universidades públicas hace que incluso estudiantes con notas excelentes no puedan acceder a determinados grados, teniendo que replantearse pagar una privada, o incluso irse al extranjero.

A pesar del aumento de alumnado universitario en los últimos años, las plazas siguen estancadas, lo que se traduce en que ni aun rozando la nota máxima, pueden entrar en la carrera que quieren. Por ejemplo, cada plaza que se ofrece en las universidades públicas españolas en los grados de Medicina tiene 11 aspirantes. Una auténtica batalla campal que acaba dejando a muchos estudiantes fuera de la ecuación. 

Estas notas de corte tan elevadas se explican por la inflación de las notas del Bachillerato y la creciente competitividad entre el alumnado. Las carreras que piden más de un 13 para acceder ascendieron el año pasado hasta 73, frente a las 13 de hace una década, en el curso 2015-2016.

A finales de enero la Justicia reconocía que la prohibición del velo islámico en el Instituto Sagasta “vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa”. El Juzgado de lo Contencioso estimó el recurso presentado por Eman Akram, la alumna de Bachillerato que fue expulsada de clase por llevar velo al principio de curso. Desde entonces tuvo que retirárselo para asistir a las clases. El fallo reconoció también una indemnización por daños morales de 2.000 euros, frente a los 45.000 que reclamaba la afectada.

A raíz de este caso surge la Acción por la Convivencia Antirracista (ACA), un colectivo social cuyo objetivo es seguir trabajando por el derecho de las alumnas a llevar hiyab en los centros educativos de La Rioja, así como sensibilizar y concienciar contra la islamofobia y el racismo, “en España sobre todo contra las personas musulmana y las consignas de algunos partidos que hace quince años nos darían vergüenza, pero que ahora tenemos más que normalizadas”, apunta una la activista Nieves Escalada Perales en una conversación con Rioja2.

Una vez conocido el fallo, ACA solicitó a la Consejería de Educación hacer extensiva esta sentencia en el resto de centros educativos riojanos. “Lo lógico y natural, si se quería zanjar la cuestión, es que Educación hubiera enviado una circular al resto de centros en los que se imponía esa misma prohibición, pero parece que la intención de la Consejería es generar un problema donde no lo hay y nunca debió haberlo”. En estos momentos, Escalada asegura que “en todos los centros de Rioja Baja se sigue prohibiendo el velo y en un IES de Logroño también”. En el centro de la capital riojana apostilla “tienen la deferencia de no sancionar a las alumnas a las que advierten de que es una práctica prohibida”.

En un centro de Calahorra, en el que asegura también está prohibido llevar el hiyab, “el director del mismo se negó a recibir un escrito de una alumna en el que mostraba su deseo de portarlo. Es increíble que una alumna realice una petición al equipo directivo del centro y el director se niegue incluso a recibir el escrito”, reitera esta activista y docente jubilada con experiencia en equipos directivos. “Esto es una muestra clara de racismo aunque no se quiera reconocer como tal”.

Desde ACA responsabilizan a la Consejería de Educación de la situación creada. El curso pasado, varias asociaciones se reunieron con el director general de Gestión Educativa, Luis Manuel Herce, y le advirtieron “de todas las leyes que se iban a infringir al aplicar tal prohibición”. Más tarde sería la Universidad de La Rioja “la que envió un detallado informe jurídico que ahondaba en los fundamentos legales que amparaban anular la prohibición en todos los centros”.

Tras la sentencia que reconoció que prohibir el velo islámico en clase en el IES Sagasta vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa, ACA pidió a Educación que enviara una circular al resto de centros educativos informando del fallo. “Hemos esperado pacientemente al envío de dicha instrucción a los centros educativos para que dejen de prohibir el uso del hiyab y nada”. Solicitaron una nueva reunión con el responsable de Educación, Alberto Galiana, y con el director general de Gestión Educativa, Luis Manuel Herce, y “el silencio ha sido la respuesta”. Y un tercer intento. El pasado 21 de mayo, varias asociaciones firmaron una instancia dirigida al consejero de Educación con el mismo asunto: el envío a los centros educativos de la instrucción que anulara la prohibición de utilizar el hiyab. Tampoco en este caso han recibido respuesta.

Cansados de este silencio, y ausencia de respuestas, han decidido hacer público este asunto a pesar de que su intención era “poner coto a este problema sin hacer ruido y tratando de evitar el dolor que esta prohibición provoca en las alumnas afectadas”. Y es que censuran la postura de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja: “Están obligando a pasar por el calvario de la denuncia a cada una de las alumnas que pretenda ejercer el derecho a portar el hiyab cuando es un derecho general, no individual”. insite Escalada. Más aún, añade, “cuando, tras la sentencia, saben que incumplen y ayudan a incumplir la ley deliberadamente”.

Para ACA la solución a este problema es sencilla. “La Consejería debería indicar al resto de centros educativos de La Rioja que se trata de un derecho recogido en la Constitución Española. No estamos hablando de opiniones, estamos hablando de legalidad”. Y es que hay alumnas que quieren llevar el velo a clase y no lo hacen “porque asumen la norma para no crear problemas a pesar de sentirse violentadas en su libertad religiosa”. Califica la hazaña de Eman (la alumna del IES Sagasta que acudió a la Justicia) de “valiente”, pero entiende a la vez “que haya familias y adolescentes que acaten la norma para evitar problemas dada la islamofobia actual, también en La Rioja”.

Pese a todo mantienen “abierta la esperanza de un cambio de posicionamiento”. Y recurren a Kant para recordar a Galiana “desde una perspectiva deontológica que el daño a sabiendas es inaceptable porque viola reglas morales universales al utilizar a los seres humanos como medios para un fin”.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de València ha dictado varios requerimientos de carácter urgente contra la Conselleria de Educació, Cultura y Universidades a raíz de las denuncias presentadas por la Federación Local de València de la Confederación General del Trabajo (CGT). Las resoluciones de la autoridad laboral confirman graves deficiencias en las condiciones ambientales y de seguridad laboral en 15 centros educativos —entre los que se encuentran, entre otros, el IES Andreu Alfaro de Paiporta, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el IES Lluís Simarro de Xàtiva, el IES Tirant lo Blanc de Torrent, el IES Puçol, el IES El Puig de Santa Maria o los IES Balears y Barri del Carme de València—, e instan a la administración autonómica a adoptar medidas de carácter urgente para revertirlas.

La organización anarcosindicalista anima a los centros educativos valencianos a denunciar ante la Inspección de Trabajo las elevadas temperaturas para conseguir así mejoras en la climatización de las instalaciones y garantizar que el alumnado y los trabajadores estén seguros.

Las resoluciones de la Inspección constatan que las medidas actuales (cortinas verticales y vinilos) son totalmente ineficaces para combatir las olas de calor, registrándose temperaturas que superan los límites legales. Además, señalan que en centros afectados por la dana y reubicados en módulos prefabricados (barracones) se han registrado temperaturas de 9°C en invierno y más de 32°C en verano en zonas donde trabaja el personal docente (como en el caso de las guardias), a pesar de la existencia de aparatos de aire acondicionado en las aulas.

La Inspección de Trabajo requiere a la conselleria instalar equipos de aire acondicionado y aplicar las medidas técnicas necesarias para corregir estas temperaturas extremas. Asimismo, destaca que la carencia de climatización dificulta el normal desarrollo de la actividad educativa, que afecta tanto al personal docente como al alumnado, y exige a la Conselleria garantizar unas temperaturas adecuadas.

Además, las resoluciones coinciden en señalar incumplimientos sistemáticos por parte de la Generalitat Valenciana en materia de prevención de riesgos laborales. Entre ellos, destacan la carencia de vigilancia de la salud (no se acredita que se hayan realizado los reconocimientos médicos periódicos obligatorios al personal), la ausencia de formación sobre los riesgos derivados de las altas temperaturas y la falta de protocolos ante fenómenos meteorológicos adversos.

La secretaria general de la Secció d’Ensenyament de la CGT, Inma Sellés, celebra estas resoluciones como una victoria de la lucha sindical: “No permitiremos que la salud de las trabajadoras y del alumnado esté en riesgo por la inacción de una conselleria que ignora los efectos del cambio climático y las condiciones básicas de seguridad”.

En este sentido, Sellés ha animado al resto de centros educativos del País Valenciano donde se detecten temperaturas por encima de las legales a denunciar esta situación: “Es la única manera de hacer actuar a esta conselleria, que es incapaz de mirar por los derechos de sus trabajadores”.

El sindicato advierte que vigilará el cumplimiento estricto de los plazos marcados por la Inspección y seguirá denunciando cualquier situación que afecte al trabajo de las y los docentes.

La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunidad, integrada por representantes de la Consejería de Educación y Empleo y de la Universidad de La Rioja (UR), ha acordado que se podrán utilizar instrumentos de rastreo o detección de dispositivos electrónicos durante el desarrollo de los exámenes como medida disuasoria para evitar que el alumnado copie. 

La vicepresidenta de la Comisión Organizadora de la PAU y vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de La Rioja, María Ángeles Martínez Calvo, ha informado hoy, día 28, de los últimos acuerdos adoptados durante la última reunión de la Comisión Organizadora de la PAU, como la prohibición del uso de teléfonos móviles y de cualquier otro dispositivo electrónico durante el desarrollo de los exámenes, los cuales deberán permanecer apagados y fuera del alcance del alumnado durante toda la prueba. 

Así, no se podrá acceder a las aulas con teléfonos móviles, relojes, pulseras de actividad, gafas inteligentes o con funcionalidades de inteligencia artificial o cualquier otro dispositivo susceptible de captación de imagen, grabación, transmisión de datos o acceso a información externa, con independencia de su apariencia. Estos dispositivos deberán guardarse apagados en bolsas o mochilas que, junto con el resto de efectos personales, se depositarán en el lugar que indiquen los miembros del tribunal. El incumplimiento de esta prohibición conllevará la inmediata expulsión del aula y la calificación del examen con un cero. Para el adecuado control del cumplimiento de estas normas se podrán utilizar dispositivos e instrumentos de rastreo o detección, así como controles aleatorios

Durante la reunión de la Comisión Organizadora de la PAU también se autorizó la identificación del alumnado con el documento nacional de identidad en soporte digital a través de la aplicación MiDNI. Dicha identificación quedará supeditada al correcto funcionamiento de los dispositivos móviles, a la disponibilidad de conexión a internet y al acceso en tiempo real a los sistemas de verificación de la Dirección General de la Policía.

Horarios y sedes de los exámenes de la PAU en La Rioja

Los exámenes de la convocatoria ordinaria de la PAU tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, mientras que el 30 de junio y 1 y 2 de julio se examinarán los estudiantes de la convocatoria extraordinaria. 

Las pruebas de cada materia tendrán una duración de 90 minutos, comenzarán media hora antes que en años anteriores, a las 9.30 horas en lugar de a las 10 horas. El primer día, el alumnado deberá estar en el aula que le corresponda a las 9 horas y en el resto de los exámenes, 20 minutos antes de inicio de cada prueba, a excepción de la materia de Dibujo Artístico II, que deberán estar 30 minutos antes. 

Respecto a las sedes donde se realizarán los exámenes se mantienen las tres de anteriores convocatorias: 

Sede 1: Edificio Quintiliano de la UR (Logroño)

Sede 2: Edificio Complejo Científico-Tecnológico de la UR (Logroño)

Sede 3: Calahorra

Los modelos de examen mantendrán la misma estructura que los del pasado curso, con un modelo único de examen en cada materia, que se estructurará en diferentes apartados o bloques, que podrán contener una o varias preguntas o tareas. Las pruebas tendrán un diseño competencial que permitan comprobar el grado de consecución de las competencias específicas de cada asignatura. Los ejercicios requerirán del alumnado creatividad y capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez en la resolución por escrito. 

2 de junio 2026 – 30 de junio 2026

09:30-11:00 horas Lengua Castellana y Literatura II

12:00-13:30 horas Historia de la Filosofía

16:00-17:30 horas Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Empresa y Diseño de Modelos de Negocio

Biología

Tecnología e Ingeniería II

18:30-20:00 horas Física

Griego II

Fundamentos Artísticos

3 de junio 2026 – 1 de julio 2026

09:30-11:00 horas Lengua Extranjera II: Inglés

12:00-13:30 horas Historia de España

16:00-17:30 horas Química

Historia del Arte

Coro y Técnica Vocal II

18:30-20:00 horas Dibujo Técnico II

Geografía

Literatura Dramática

Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y Diseño II

4 de junio 2026 – 2 de julio 2026

09:30-11:00 horas Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Análisis Musical II

Diseño

12:00-13:30 horas Matemáticas II

Latín II

Dibujo Artístico II

Ciencias Generales

Historia de la Música y de la Danza

16:00-17:30 horas Artes Escénicas II

Geología y Ciencias Ambientales

Segunda Lengua Extranjera: Francés y Alemán

18:30-20:00 horas Turno de incidencias

Un total de 1.559 estudiantes se examinará en el campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá para la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). De estos 1.420 proceden de Bachillerato y 139 de ciclos formativos.

La PAU tendrá lugar los próximos días 1, 2, 3 y 4 de junio.

Este año, el número total de matriculados para realizar el examen en la Universidad de Alcalá asciende a 6.051, de los cuales 5.595 proceden de Bachillerato y 456, de ciclos formativos.

Según el centro de secundaria del que procedan, los estudiantes matriculados realizarán las pruebas en los edificios de Medicina, Farmacia, Ciencias Ambientales, Enfermería y Fisioterapia y la Escuela Politécnica, ubicados en el Campus Científico Tecnológico de Alcalá; o en el Edificio Multidepartamental y la Facultad de Educación del Campus de Guadalajara.

Una vez realizados los exámenes, las calificaciones se harán públicas el día 11 de junio, a partir de las 12.00 horas. Para el próximo curso, la UAH oferta más de 3.800 de plazas en centros propios.

Los estudiantes tendrán una segunda oportunidad para realizar la prueba, en convocatoria extraordinaria, prevista para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Como novedad, el próximo curso comenzará a impartirse una nueva titulación conjunta con la Universidad de Granada, el grado en Industrias del Español y sus Culturas, cuyo objetivo es formar profesionales altamente capacitados en el conocimiento integral de la lengua española y sus manifestaciones artísticas y culturales.

La crisis abierta en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) se agudiza. L'Assemblea de Professorat Corrector ha emitido un duro comunicado en el que tacha de “nulo o inválido” el adelanto de la constitución de los tribunales dictado por la Conselleria de Educación.

Responden así a la Secretaria Autonómica de Universidades, Esther Gómez, que ha ordenado “de forma unilateral” a los coordinadores de las pruebas de las cinco universidades públicas valencianas (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I de Castelló, Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche) avanzar los plazos de constitución. Una medida que, según el colectivo —formado por más de 250 docentes—, “vulnera flagrantemente los procedimientos administrativos esenciales”.

Según advierte l'Assemblea, la maniobra de la Administración autonómica “incumple de forma directa la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público”. Así, sostienen que el artículo 17 de dicha norma establece que la convocatoria oficial no es “una mera formalidad administrativa”, sino un “requisito esencial” para que un órgano colegiado quede válidamente constituido. Asimismo, recuerdan que el artículo 16.2 obliga al secretario del órgano a velar por la legalidad y garantizar los principios de participación efectiva.

“El cambio precipitado no respeta una antelación mínima razonable y exige una prontitud excesiva y totalmente injustificada”, denuncia el colectivo que reúne a 250 correctores. El profesorado resalta que la orden no cita ninguna circunstancia excepcional o de urgencia que permita flexibilizar los plazos habituales, e ironiza sobre los canales de comunicación institucionales utilizados por el departamento que dirige Carmen Ortí: “Un vídeo por parte de la secretaria autonómica de Universidades no constituye una justificación legal”.

El eje central de la impugnación radica en el incumplimiento del plazo obligatorio de 48 horas de antelación, a contar desde el día siguiente a la notificación de la decisión. “Si se modifica la fecha de constitución de manera precipitada, el cómputo debe iniciarse el miércoles a las 00:00 horas, por lo que los tribunales no podrían constituirse, como muy pronto, hasta el viernes”, argumentan amparándose en el régimen general de invalidez de los actos administrativos (artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015). Por tanto, califican las citas impuestas para este mismo jueves de radicalmente nulas.

Pulso a la conselleria y críticas a los rectores

El colectivo lamenta que la “prepotencia” de Educación les ha empujado a reactivar medidas de presión más severas. Entre ellas, reafirman su derecho a presentar la renuncia a formar parte del tribunal el mismo día de su constitución, siempre y cuando estas convocatorias no sean declaradas nulas previamente.

Más allá del choque frontal con la administración política, la Assemblea ha querido señalar directamente la postura de las instituciones académicas. Los docentes denuncian públicamente el “silencio” mantenido por los equipos rectorales de las cinco universidades públicas valencianas, a los que acusan de ofrecer un “escaso respaldo” a las reivindicaciones de la huelga educativa.

El conflicto entra ahora en una fase crítica a pocas horas de que deban iniciarse las comisiones de evaluación. Por su parte, la Assemblea de Professorat Corrector se reafirma en sus argumentos legales y logísticos, y asegura que sus acciones no buscan sino “defender una educación pública de calidad frente a las imposiciones de la administración”.

La conselleria advierte de posibles sanciones

La Conselleria de Educación garantiza que la Prueba de Acceso a la Universidad se celebrará del 2 al 4 de junio, según el calendario previsto. Ante la huelga educativa, el departamento dirigido por Carmen Ortí asegura que, si la plantilla de 1.500 profesores correctores voluntarios se ve afectada, se recurrirá a suplentes o docentes universitarios. Asimismo, la administración recuerda que la corrección es de obligado cumplimiento para quienes se inscribieron voluntariamente, advirtiendo de que el absentismo podría acarrear sanciones que impidan volver a formar parte de futuros tribunales.

Como medida preventiva para blindar la evaluación de los estudiantes, la comisión gestora de la PAU ha decidido anticipar la constitución de los tribunales como máximo para este viernes, 29 de mayo, una fórmula que, recuerdan, ya se utilizó excepcionalmente durante la crisis del Covid. Por su parte, la secretaria autonómica de Universidades hace un llamamiento a la calma a las familias valencianas y subraya que la Generalitat cuenta con el aval legal del TSJCV en sus servicios mínimos y dispone de todos los mecanismos necesarios para que el futuro del alumnado no quede supeditado a ningún conflicto sindical.

La próxima semana, entre los días 2, 3 y 4 de junio, tendrán lugar los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana en su convocatoria ordinaria, y los días 30 de junio y 1 y 2 de julio en la convocatoria extraordinaria. Se trata de unos exámenes que se celebran en un contexto de conflicto laboral en la educación pública valenciana, con los docentes en huelga indefinida desde el pasado 11 de mayo, y con los profesores de segundo de Bachillerato puestos “a los pies de los caballos” por la Conselleria de Educación.

Ante el estancamiento de las negociaciones de la huelga, que este martes entra en su duodécima jornada, más de 250 docentes especialistas se han constituido en la Assemblea de Professorat Corrector, una plataforma que ha anunciado este martes un paquete de medidas de fuerza que amenaza con paralizar o retrasar el calendario de los exámenes.

Los coordinadores y correctores de las pruebas denuncian la “incapacidad” de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para atender las necesidades del sistema público y critican su falta de flexibilidad ante las mejoras propuestas por la mayoría sindical.

El malestar del colectivo no se limita a las condiciones estrictas de la corrección, sino que emana de una “degradación estructural” del Bachillerato valenciano. Entre los motivos citados por la Assemblea, se denuncia que las propuestas de “mejora” de ratios de la administración siguen manteniendo unas aulas masificadas; la supresión de grupos en la modalidad del Bachillerato Artístico; la precarización laboral, con tutorías no remuneradas y con menos horas de dedicación, sumadas a una alta carga burocrática que tiene al “profesorado quemado”; y el desprecio al valenciano y al propio desarrollo del currículo educativo.

Tres niveles de presión

Ante este escenario, el profesorado nombrado para evaluar los exámenes de selectividad ha puesto sobre la mesa tres medidas de presión inmediatas que se ejecutarán de forma colectiva. Así, estos docentes contemplan la posibilidad de no presentarse a la jornada de constitución de los tribunales, programada en muchos casos para el próximo día 2 de junio, así como la presentación de renuncias masivas el mismo día de la constitución de dichos tribunales si no hay movimientos políticos. Por último, barajan la posibilidad de emprender “acciones más contundentes” referidas a la entrega de las calificaciones de los alumnos llegado el momento.

“Nos vemos obligados a tomar estas medidas, que no son políticas, sino reivindicaciones justas por una educación pública de calidad”, señalan desde este colectivo, cuyos miembros prefieren mantener el anonimato por temor a represalias. Además, insisten en que su objetivo “en ningún caso” es perjudicar el futuro del alumnado ni a sus familias.

Censuran la “tibieza” de los rectores

Los docentes también lanzan un duro reproche a las cinco universidades públicas valencianas (Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat de València y Universidad Miguel Hernández de Elche). Aunque reconocen que algunos departamentos o facultades han mostrado apoyo de manera aislada, acusan a los rectorados de mantener un “silencio” y una “escasa solidaridad”.

Por ello, exigen a las instituciones universitarias un respaldo institucional real hacia los correctores y un compromiso sincero con el alumnado de Bachillerato, recordando que este colectivo constituye la base del futuro estudiantil del que se nutren los propios campus públicos valencianos.

La patata caliente queda ahora en el tejado de la Conselleria de Educación, que se enfrenta a contrarreloj a una crisis que podría comprometer el correcto desarrollo de las pruebas más importantes del año para miles de estudiantes valencianos.

Cierre de grupos, turnos (de tarde, sobre todo) que desaparecen, asignaturas optativas eliminadas, clases masificadas, profesorado impartiendo más horas de las que les corresponde por contrato... La Universidad Complutense de Madrid (UCM) prepara el curso que viene rebuscando bajo las piedras dónde recortar para cumplir con el Plan Económico y Financiero (PEF) que aprobó el rectorado para cuadrar las cuentas del centro, inmerso en un déficit presupuestario en los últimos años, y para empezar a devolver el crédito de 33 millones de euros que tuvo que pedirle a la Comunidad de Madrid ante la falta de financiación de la propia Comunidad de Madrid.

El rectorado de la universidad, cuentan varias fuentes, ha optado por pedirle a las distintas facultades que le propongan recortes en los grados y cursos que imparten en función de la ocupación, matriculaciones, etc. Una medida que se une al tijeretazo del 35% en los gastos generales que le impuso a los centros el pasado curso y que viene acompañada de un aviso a quien se niegue, según explican personas cercanas a varios decanatos que han visto los mensajes: a la facultad o departamento que rechace cierres no se le cubrirán bajas ni se le concederán sustitutos. Este periódico ha preguntado sobre este punto a la universidad, que no ha contestado.

La Plataforma x la UCM ha identificado propuestas de cierre de grupos en al menos siete facultades, y en otras dos se plantea clausurar un turno completo, mañana o tarde, entre ellas Sociología, Bellas Artes, Geografía o Comercio y Turismo. En Ciencias de la Información la UCM fuentes de la facultad cuentan que el rectorado quiere acabar con una de las ocho líneas de Periodismo, lo que en sí mismo supondría cerrar 67 grupos. En Ciencias Políticas van a “hibernar” un grupo entero de 2º de Antropología (se deja de ofrecer durante un curso o más, pero con la idea de recuperarlas) y otras materias optativas con poco alumnado, además de un grupo de 3º de Políticas y otro de 3º de Sociología.

Esta idea —cerrar el turno de tarde— es una de las opciones que más se están proponiendo en varias facultades, una medida que rechazan desde la Plataforma x la UCM porque afecta especialmente a los estudiantes que a la vez trabajan, explican, lo que va en contra tanto de los Estatutos de la UCM como de la ley universitaria (ambas tienen una fórmula similar a: “El estudiantado tendrá derecho (...) a un diseño de las actividades académicas que facilite la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar”).

Dimite una decana

El último foco de conflicto ha estallado en la Facultad de Documentación. Este centro, de los más pequeños de la universidad, ha vivido una última semana agitada desde la marcha de protesta que realizaron estudiantes y profesorado el miércoles 13 por el cierre de uno de los turnos.

La Asamblea de estudiantes de esta facultad informó de que en una reunión el 21 de abril de 2026 se les explicó que “se habían llevado tres propuestas [de ahorro] desde Decanato al Vicerrector: la grabación de las clases, el mantenimiento de los turnos e ir cerrando desde primero hasta cuarto año a año, y el trabajo por parte de los profesores que quisieran dar esas clases del turno que se cerrará a coste cero”.

Según el relato estudiantil, “la propuesta de 'trabajo a coste cero' fue la que le pareció 'viable' al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado”, Julio Banacloche, que está pilotando el proceso. El estudiantado se negó a validar ninguna de las opciones.

Después vino la movilización del miércoles 13, que derivó en tensiones internas, según los convocantes, porque la decana, María Olivera, expulsó a algunos manifestantes del centro y llamó a la policía. Olivera, descrita por conocidos como defensora de la universidad pública, ha acabado dimitiendo esta semana, alegando “motivos personales”. La exdecana no ha contestado a los emails de este diario.

¿Vuelta a las clases de 80?

Esta idea de mantener grupos y turnos a “coste cero” para la universidad que se baraja para Documentación ya se ha estado aplicando este curso en algunas facultades, según cuentan fuentes de diversas facultades. “El profesorado imparte más docencia que la que le corresponde, hay gente dando más de las 240 horas de clase [anuales que les corresponden] de manera absolutamente generalizada. Y ya no podemos más”, explica una docente. Esta sobrecarga de trabajo, añade, “afecta sobre todo a las facultades de sociales y humanidades, porque en las facultades más experimentales tienen menos alumnado”.

Otra de las consecuencias del cierre de grupos y/o turnos es que, como explica una profesora, el alumnado no desaparece con ellas. Los estudiantes serán reubicados en otros grupos, devolviendo las clases a unas ratios de otros tiempos, preplan Bolonia, cuando había 80 personas en cada aula.

Y eso en el escenario bueno. Para otros, advierten desde la Plataforma x la UCM, la única alternativa puede acabar siendo la universidad privada. “Cerrar grupos en Humanidades o alguna Filología es más complicado, porque pueden no tener suficientes estudiantes, pero algunos grados minoritarios solo se imparten en universidades públicas en Madrid en la Complutense”, advierte un cargo directivo de una facultad.

"Es difícil sostener" que hay recortes en las universidades públicas, sostuvo hace diez días el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín. "¿Qué plan de recortes? Hasta dónde yo sé el plan que ha presentado este Gobierno es de 14.000 millones de euros más", sostuvo, mezclando ingresos de todo tipo

La situación viene originada por la infrafinanciación a la que ha sometido la Comunidad de Madrid a las seis universidades públicas de la región en los últimos años y de la que la Complutense es la que ha salido peor parada. El centro perdió 140 millones de euros entre los dos últimos ejercicios y se vio obligado a pedir un préstamo de casi 35 millones de euros a su financiadora para cerrar este ejercicio sin sobresaltos. De esta manera, no transferirle suficiente dinero a la UCM para su normal funcionamiento le va a rendir al Gobierno regional, que ganará unos dos millones de euros en concepto de intereses por el crédito.

Pero el Ejecutivo regional no se siente apelado. “Es difícil sostener” que hay recortes en las universidades públicas, sostuvo hace diez días el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín. “¿Qué plan de recortes? Hasta dónde yo sé el plan que ha presentado este Gobierno es de 14.000 millones de euros más”, sostuvo aludiendo al acuerdo firmado entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los seis rectores de las universidades públicas el pasado mes de marzo.

El consejero mezcla todo tipo de cifras en su afirmación. La Comunidad no pondrá 14.000 millones de euros más; esa es la cantidad total para el periodo 2026-2031, y ni siquiera es dinero que ponga el Ejecutivo regional. Los específicamente 14.790 millones de euros incluyen la aportación pública (12.294 millones de euros), pero también el capítulo III, que son los ingresos por precios públicos y tasas que tiene cada universidad y que pagan los estudiantes. Esta partida supone ya cada año una parte importante de los ingresos de los centros. Para la Complutense, en concreto, fueron 141 millones de euros por este capítulo III en los últimos presupuestos, lo que supone más de un 33% de transferencia anual que realiza el Gobierno regional (412 millones, según esa misma fuente).

Así, la aportación de la Comunidad de Madrid con sus propios fondos realmente subirá un 41% al final del ciclo 2026-2031, y pondrá sobre la mesa un total de 480 millones de euros extra el último ejercicio, 2031. Dicho de otra manera: el Ejecutivo regional subirá la partida que destina a universidades en 80 millones de euros anuales (de media y para las seis universidades) durante seis ejercicios, para pasar de 1.239 millones a esos 1.700 millones de euros en total. Supondrá, en su momento álgido y sin contar el previsible aumento del PIB que hará el crecimiento relativo aún más pequeño, pasar de una inversión del 0,4% del PIB a poco más del 0,5%. La ley estatal universitaria fija el 1% del PIB como meta para la inversión en universidades.

La Universidad Complutense recibirá específicamente de la Comunidad de Madrid 2.914,2 millones de euros en seis años (son 485 al año, una subida media aproximada del 18% desde los 410 que recibió en el último ejercicio).

“Hasta ahora los recortes solo habían venido afectando a lo ”interno“ de la universidad (contrataciones, recursos materiales en bibliotecas, horas del profesorado), pero ahora ha saltado”, analiza Santiago Cuesta, responsable de Universidad en CCOO Madrid. “Y eso que en los primeros años solo se devuelven intereses del préstamo, cuando lleguen los ejercicios en los que hay que devolver el importe en sí habrá más complicaciones”, cierra.

La entrada del Museo del Infantado en Guadalajara, que alberga el museo provincial, ha vivido en la tarde de este viernes un enfrentamiento dialéctico protagonizado por los simpatizantes y detractores de la exposición 'Alonso Cano. Like a Virgin'.

Se trata de una muestra cuyo cartel expone a un hombre caracterizado de virgen y que recibió esta semana la denuncia de Abogados Cristianos. Una denuncia contra “su autor”, aunque en este caso la exposición está creada por más de 70 alumnos y cinco docentes de tres departamentos de la Escuela de Arte ‘Elena de la Cruz’ de Guadalajara, bajo la coordinación y comisariado de Jorge Jiménez.

“Ni censura ni sermón”

A través de redes sociales, ambos bandos organizaban convocatoriasde concentración. Los detractores, a rezar un rosario bajo el lema 'Madre, Virgen y sagrada: no manipulada'; y los simpatizantes en respuesta con 'Trae tu silla y palomitas, más arte y menos censura'.

Decenas de personas de ambos grupos han coincidido en este espacio a las puertas del museo de forma pacífica, aunque separados por un cordón policial.

Desde el punto detractor, cerca de un centenar de personas -entre los que se encontraban algunos curas y algunas monjas- han procedido al rezo del rosario.

La concentración de los defensores de la cultura, de su lado, han contraprogramado los rezos con eslóganes y soflamas a la que también se han sumado cerca del centenar de personas. “Menos rosarios y más salarios”, “Vivimos en el siglo XXI”; “El arte no entiende de religión”; “Ni censura ni sermón”; o “Donde ves pecado yo veo arte”, son algunos de los cánticos con los que han querido contrarrestar a los detractores.

La postura de Abogados Cristianos

Fue el pasado martes cuando Abogados Cristianos presentaba un recurso ante el Tribunal de Instancia de Guadalajara solicitando la retirada “cautelarísima” de la exposición, inaugurada el pasado 7 de mayo en el Museo de Guadalajara, ubicado en el Palacio del Infantado.

Las medidas cautelarísimas solicitadas por Abogados Cristianos se enmarcaban dentro de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Gobierno regional, organismo que autorizó la exposición y del que depende directamente el Museo Provincial de Guadalajara, donde actualmente se exhibe, tal y como informó la entidad.

Consideraban en su denuncia que la imagen del cartel anunciador tergiversaba la obra 'Virgen de la Leche' de Alonso Cano, algo que se producía “mediante fotografías y montajes visuales”. “La exposición incluye representaciones blasfemas de la figura de la Virgen María mediante corsés, cuero, lencería erótico-fetichista y travestismo”, lamentaban.

Educación señala que la muestra “reinterpreta” la estética del arte sacro

La Escuela de Arte Elena de la Cruz, impulsora de la exposición, defendió la muestra entonces. Del mismo modo, el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno autonómico, Amador Pastor, apuntaba esta semana que la muestra no pretendía ridiculizar símbolos religiosos, sino “reinterpretar” la estética vinculada al arte sacro.

Explicó entonces que la muestra fue organizada junta a los estudios de diseño de moda de la escuela artística y que el objetivo planteado al alumnado era reinterpretar vestuarios inspirados en obras de arte barrocas.

Las familias con hijos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo pueden solicitar desde este martes, 19 de mayo, las ayudas correspondientes al curso 2026-2027. El plazo se mantendrá abierto hasta el 10 de septiembre, por lo que los interesados disponen de varios meses para reunir la documentación necesaria y completar el procedimiento. La convocatoria está dirigida a alumnado que requiere medidas adicionales durante su escolarización por discapacidad igual o superior al 25%, trastornos graves de conducta, alteraciones graves de la comunicación o del lenguaje, trastorno del espectro autista o altas capacidades intelectuales.

Estas prestaciones buscan cubrir una parte de los gastos asociados a la atención educativa de estudiantes que necesitan apoyos concretos para seguir su etapa formativa. No se trata de una única cantidad fija para todos los casos, sino de diferentes conceptos que dependen de la situación del alumno, del tipo de enseñanza que curse y de las necesidades reconocidas. Entre los gastos que pueden recibir financiación figuran la enseñanza, el transporte, el comedor escolar, la residencia, los libros, el material didáctico, la reeducación pedagógica, la intervención en lenguaje y los programas específicos para altas capacidades.

El procedimiento vuelve a realizarse principalmente por internet. Por segundo curso consecutivo, las solicitudes no se presentan de forma ordinaria a través de los centros educativos, sino mediante el formulario habilitado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La vía telemática será la forma general de tramitación, aunque se mantiene una alternativa en papel para las familias que tengan dificultades de acceso a medios digitales. Esta opción queda reservada para casos excepcionales y se canaliza a través de los registros correspondientes.

Quién puede solicitar estas ayudas

La convocatoria está abierta a estudiantes que acrediten una necesidad específica de apoyo educativo vinculada a alguno de los supuestos recogidos para este curso. Entre ellos se incluye la discapacidad igual o superior al 25%, los trastornos graves de conducta, los trastornos graves de la comunicación o del lenguaje, el trastorno del espectro autista y las altas capacidades intelectuales. En todos los casos, la concesión está condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos para cada situación.

El alumnado puede estar escolarizado en distintos tipos de centros. La ayuda puede solicitarse tanto si el estudiante cursa sus estudios en un centro específico como si lo hace en una unidad de educación especial integrada en un centro ordinario. También se contempla el caso de alumnos matriculados en centros ordinarios que escolaricen a menores con necesidad específica de apoyo educativo.

Los niveles incluidos abarcan buena parte del sistema educativo. Pueden entrar en la convocatoria estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y ciclos formativos de grado básico, medio y superior. También se incluyen las enseñanzas artísticas profesionales, los programas de formación para la transición a la vida adulta y otros programas formativos de Formación Profesional. En el caso del alumnado con altas capacidades, la ayuda está pensada para cubrir programas específicos relacionados con esa necesidad educativa.

Qué gastos incluye la convocatoria

Las ayudas se dividen en distintos conceptos y cada uno tiene una cuantía máxima. Para enseñanza, la cantidad puede llegar hasta 862 euros. En transporte interurbano, el límite se sitúa en 617 euros, mientras que el comedor escolar puede cubrir hasta 574 euros. La residencia escolar cuenta con una cuantía superior, con un máximo de 1.795 euros.

También se prevén cantidades específicas para los desplazamientos. El transporte de fin de semana para alumnos internos en centros de educación especial puede recibir hasta 442 euros. En el caso del transporte urbano, la ayuda máxima es de 308 euros.

Los libros y el material didáctico tienen importes diferentes según la etapa. Para Educación Primaria, ESO, Formación Profesional Básica, programas de transición a la vida adulta y otros programas formativos de FP, la ayuda puede alcanzar los 105 euros. En el resto de niveles de enseñanza postobligatoria, la cuantía prevista para este mismo concepto sube hasta 204 euros.

La convocatoria también recoge apoyo económico para la reeducación pedagógica y la reeducación del lenguaje, con un máximo de 913 euros en cada caso. La misma cantidad se contempla para los programas dirigidos a estudiantes con altas capacidades intelectuales. Además, se mantiene una ayuda complementaria de 400 euros para gastos adicionales de carácter general que puedan asumir las familias por la situación educativa del alumno.

Cómo se puede presentar la solicitud

La solicitud debe cumplimentarse mediante el formulario disponible en la web del Ministerio o en su sede electrónica. El plazo comenzó a las 8.00 horas del 19 de mayo de 2026 y terminará a las 15.00 horas del 10 de septiembre de 2026, en ambos casos con referencia al horario peninsular. Para que el trámite quede registrado, es necesario completar todo el proceso de presentación y conservar el justificante correspondiente.

Las familias que no puedan acceder a los medios telemáticos podrán recurrir de forma excepcional a la presentación en papel. Esta posibilidad se mantiene para evitar que las dificultades digitales impidan tramitar la ayuda, aunque la vía ordinaria continúa siendo la solicitud por internet.

Una vez presentada, el estado del expediente podrá consultarse en la sede electrónica, dentro del apartado destinado a los trámites personales. Los interesados también podrán acudir a la unidad de becas de su provincia para obtener información sobre la tramitación, identificándose con el NIF o NIE vinculado a la solicitud.

El Departamento de Industrias Alimentarias del IES La Laboral ha celebrado en sus instalaciones una cata institucional con los vinos elaborados por los propios estudiantes. A la cita han asistido el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, y el director general de Formación Profesional, Daniel Marín.

La jornada ha comenzado con una visita guiada por las instalaciones del edificio de Industrias Alimentarias, en la que el propio alumnado ha sido el encargado de acompañar a las autoridades y explicar el trabajo que desarrolla diariamente en los distintos módulos formativos.

Durante el recorrido se ha visitado la bodega, la sala de barricas, el Aula ATECA y los laboratorios de química y microbiología, espacios en los que el alumnado realiza prácticas vinculadas directamente con la realidad profesional del sector.

Los estudiantes han explicado de primera mano los procesos que llevan a cabo dentro de los ciclos formativos de grado medio en 'Elaboración de Vino y Aceite' y de grado superior en 'Vitivinicultura', mostrando cómo desarrollan tanto las elaboraciones como los trabajos de acondicionamiento y control de calidad de los vinos producidos en la propia bodega del centro.

Tras la visita, se ha celebrado la cata institucional, en la que se han presentado y catado distintos vinos elaborados por el alumnado durante este curso y anteriores promociones. Entre ellos se han degustado vinos blancos, rosados y tintos producidos íntegramente en las instalaciones del centro, reflejo del aprendizaje práctico y técnico que recibe el alumnado a lo largo de su formación.

El Departamento de Industrias Alimentarias del IES La Laboral destaca que sus instalaciones reproducen el funcionamiento real de una bodega profesional, permitiendo que el alumnado se forme en un entorno idéntico al que encontrará posteriormente en el mundo laboral.

El centro cuenta con un viñedo propio de más de dos hectáreas, además de una bodega completamente equipada y laboratorios especializados, lo que convierte la formación en una experiencia eminentemente práctica y conectada con las necesidades del sector vitivinícola.

Asimismo, desde el departamento se subraya la importancia de estos estudios de Formación Profesional como herramienta para fijar población en el entorno rural y garantizar el relevo generacional en un sector estratégico para La Rioja. Gran parte del alumnado procede de municipios vinculados tradicionalmente al viñedo y al vino, ya sea por tradición familiar, por contar con explotaciones vitícolas o bodegas, o por su interés en desarrollar su futuro profesional dentro del sector agroalimentario.

Con iniciativas como esta cata institucional, el IES La Laboral continúa poniendo en valor una Formación Profesional especializada, innovadora y estrechamente vinculada al tejido productivo y al territorio riojano.

UGT Castilla-La Mancha denuncia que las enseñanzas de idiomas en las Escuelas Oficiales están sufriendo “deterioro” provocado por las “políticas impuestas” por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que radican en “un recorte generalizado de profesorado y alumnado”.

Expresan que estos centros se encuentran en una situación “crítica”. En una encuesta realizada por el sindicato, donde han participado equipos directivos, refleja “el rechazo unánime a las políticas de remodelación de estas enseñanzas, las cuales no han sido negociadas en ninguna mesa sectorial, a pesar de las reiteradas peticiones de UGT y de su solicitud de convocatoria de una mesa técnica”.

El 100% de los equipos directivos muestran disconformidad

UGT Castilla-La Mancha exige “el fin al bloqueo negociador y la convocatoria inmediata” de esa mesa técnica para “frenar una deriva que está lastrando la calidad de la enseñanza pública de idiomas y sobrecargando a los docentes de la región”.

Según la encuesta de UGT Servicios Públicos, “ningún centro aprueba las políticas y remodelación de enseñanzas de la Consejería, hasta el punto de que el 100% de los equipos directivos encuestados muestran claramente su disconformidad, así como el 92% de los claustros -habiendo división de opiniones en el otro 8%-”. Entre las medidas más criticadas destacan el aumento de ratios mínimas y la creación de grupos mixtos e híbridos.

El 100% de los equipos directivos encuestados señalan, además, que el impacto es negativo o muy negativo, recalcando que han contribuido a la disminución del número de grupos y del alumnado (92%), a la disminución del profesorado (100%) y al aumento de la carga de trabajo del equipo directivo y del resto del personal docente (85%), provocando todo esto una disminución de la calidad de servicio (77%), según informa el sindicato.

También se destaca “la falta de negociación por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes”. El 46% de los equipos encuestados piensa que nunca se atiende a sus sugerencias y el 54% considera que sólo “alguna vez”. Además, desde UGT trasladan que a partir de esa encuesta, el 100% de las Escuelas Oficiales de Idiomas expresan su desacuerdo con que no se convoque una mesa técnica con las organizaciones sindicales que les representan.

UGT urge al Ejecutivo regional a que “no mire hacia otro lado, que asuma su responsabilidad con respecto a la situación actual de la Escuelas Oficiales de Idiomas y que inicie una verdadera negociación para impulsar una educación pública y de calidad en estos centros”.

La Junta de Castilla-La Mancha responde: “Hay que ajustar las plantillas de profesorado”

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha indicado que la asignación del profesorado en las escuelas de idiomas de la región se realiza en función de “la reducción de nuevas matrículas constatada en algunos centros”.

“Hay que ajustar las plantillas de profesorado”, ha defendido Padilla, que ha descartado por contra que la merma de alumnos sea consecuencia de una reducción del profesorado.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este miércoles las instrucciones del proceso de admisión y matrícula del alumnado de Ciclos Formativos de Formación Profesional (FP) de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior en centros públicos de La Rioja, para el próximo curso escolar 2026-2027, cuyo plazo de preinscripción permanecerá abierto entre el 15 y el 26 de junio. 

El alumnado interesado podrá solicitar hasta un máximo de cinco ciclos formativos en los impresos de preinscripción de cada uno de los procesos de admisión, Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior, por orden de preferencia, y deberá presentar las solicitudes, preferentemente de manera presencial, en el centro educativo donde se imparte el ciclo formativo seleccionado como primera opción. 

Podrán acceder a los primeros cursos de los ciclos formativos de Grado Básico quienes tengan cumplidos 15 años, o los cumplan durante el año natural en curso, y no superen los 17 años a fecha 31 de diciembre de 2026 y hayan cursado el tercer o cuarto curso de ESO completos. 

Respecto al Grado Medio, para el alumnado que acceda a través del graduado en ESO se tendrá en cuenta la media aritmética de las notas medias de los cursos tercero y cuarto de ESO. Para el alumnado que acceda tras haber superado un ciclo formativo de Grado Básico, se tendrá en cuenta la nota media de estos estudios. Para el alumnado que acceda mediante un curso de formación específico se considerará la nota media de dicho curso, mientras que para quienes accedan mediante prueba de acceso, se tendrá en cuenta la nota final de la prueba. 

El acceso a los primeros cursos de los ciclos formativos de Grado Superior deberá ser a través del título de Bachiller o de Técnico de Grado Medio de FP o Técnico de Artes Plásticas y Diseño, o, en su defecto, una vez superado el curso de formación específico preparatorio para el acceso a estos ciclos o la prueba de acceso.  

El alumnado que deba permanecer realizando sus estudios en el mismo centro y ciclo formativo, por haber promocionado a segundo o para repetir curso, deberá formalizar su matrícula en su centro educativo entre el 22 y el 26 de junio.

Calendario del proceso de admisión

Del 15 al 26 de junio: plazo de preinscripción. Presentación de impreso de solicitud y documentación requerida.

3 de julio: publicación de listados provisionales de solicitudes y peticiones registradas, baremación, número aleatorio asignado para desempate y estado de solicitud.

6 y 7 de julio: reclamaciones a las solicitudes y peticiones registradas, baremación y estado de solicitudes.

7 de julio: sorteo público de número y orden de desempate.

9 de julio: publicación de listados definitivos.

15 de julio: adjudicación provisional. Publicación de listas provisionales de personas admitidas, en listas de espera y excluidas.

16 y 17 de julio: reclamaciones a listas provisionales de personas admitidas, en lista de espera y excluidas.

22 de julio: adjudicación definitiva. Publicación de listas definitivas de personas admitidas, en lista de espera y excluidas.

23 y 24 de julio: periodo de matrícula de alumnado de Grado Básico con plaza adjudicada.

23 a 27 de julio: periodo de matrícula de alumnado de Grado Medio y Grado Superior con plaza adjudicada.

Plazo extraordinario:

1 de septiembre: publicación de vacantes actualizadas por ciclo formativo.

2 y 3 de septiembre: apertura de listas de espera extraordinarias.

4 de septiembre: publicación de listados de aspirantes en listas de espera para llamamiento controlado en centros

7 de septiembre (9 horas): primer llamamiento presencial controlado al alumnado de las listas de espera para la adjudicación de vacantes

Del 9 al 14 de septiembre: apertura de listas de espera extraordinarias para llamamientos controlados.

15 de septiembre: publicación de listados de personas en lista de espera para llamamientos controlados presenciales.

16 de septiembre (9 horas): segundo llamamiento controlado presencial para adjudicación directa en centros educativos a personas en lista de espera.

De 17 de septiembre a 14 octubre: publicación de oferta formativa actualizada en tablones de anuncios y páginas web de cada centro. Matrícula directa en centros con plazas vacantes. 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se muestra en contra del calendario escolar 2026-2027 por lo que consideran que “están adelantando cada vez más el inicio del curso”.

El próximo ciclo académico comenzará el 7 de septiembre de 2026 y finalizará 18 de junio de 2027 en el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional (FP), así como Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Educación para Adultos, y que en el caso de las escuelas infantiles también arrancará el 7 de septiembre y se extenderá hasta el 24 de julio de 2027.

CSIF critica que el inicio del curso el 7 de septiembre de la mayoría de etapas educativas “provoca una mayor carga lectiva en el primer trimestre” (73 días frente a los 49 días del segundo trimestre y los 55 del tercero), lo que genera “una enorme descompensación y evidencia una vez más que la Consejería de Educación no ha llevado a cabo este calendario bajo criterios pedagógicos”.

Desde el sindicato exponen que el calendario suma un total de 177 días lectivos para las enseñanzas generales, “apenas dos por encima del mínimo legal de 175 que exige la LOE para las enseñanzas obligatorias”. Aseguran que, descontados los dos festivos locales que fijan los ayuntamientos, “el margen real es cero: el curso queda exactamente en el límite legal, sin ningún margen para imprevistos por condiciones climatológicas u otras circunstancias extraordinarias”.

Los periodos no lectivos serán las vacaciones de Navidad (23 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive); Semana Santa (22 de marzo al 29 de marzo, ambos inclusive), así como los festivos regionales y locales.

Empezar antes que otras comunidades autónomas

La Central Sindical ha trasladado a Educación la propuesta de retrasar el inicio de curso una semana, “lo que permitiría compensar trimestres, evitar las altas temperaturas que se registran en la primera quincena de septiembre y daría más espacio a un final de curso que acumula más días festivos y que permitiría además situar con mayor facilidad las evaluaciones ordinaria y extraordinaria”.

Trasladan que la tendencia del Gobierno de Castilla-La Mancha es arrancar el curso cada vez más pronto (en el curso 2022-2023 fue el 12 de septiembre, siendo en los sucesivos cursos los días 11, 10 y 8 de septiembre, respectivamente). CSIF señala que otras comunidades como Andalucía y Murcia comienzan el 15 de septiembre, o incluso Castilla y León abre sus aulas el 18 de septiembre.

Según el análisis comparativo elaborado por CSIF, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor nivel de homogeneización del calendario escolar de toda España: unifica el inicio de FP, EPA y enseñanzas ordinarias en la misma fecha, algo que ninguna otra región aplica con este grado de uniformidad. Mientras comunidades como Galicia, Extremadura o Castilla y León mantienen escalonamientos de entre 10 y 14 días entre etapas, la región castellanomanchega las fusiona en un único arranque “sin atender a las diferencias organizativas y pedagógicas de cada enseñanza”.

La Central Sindical matiza que es “importante” escalonar las diferentes etapas educativas, “ya que cada enseñanza tiene procesos diversos y particularidades organizativas que requieren de plazos diferentes”.

Formación Profesional

CSIF incide en que Educación “no tiene en cuenta los criterios pedagógicos ni organizativos” porque además unifica el calendario escolar de la FP con el del resto de enseñanzas a pesar de tener características formativas “muy diferentes”.

Apuntan que en FP es “frecuente” que haya adjudicaciones, matriculaciones y movimientos de alumnado hasta bien entrado septiembre, además de los ciclos formativos requieren puesta a punto de talleres, laboratorios y equipamiento técnico específico que no existe en otras enseñanzas y depende además de la coordinación con empresas y centros de trabajo. “Retrasar el inicio de curso permitiría encajar mejor los periodos de formación práctica, campañas productivas y disponibilidad de tutores en empresas”, señalan.

Educación para adultos

La Educación de Personas Adultas (EPA) también comienza el 7 de septiembre de 2026 y concluye el 18 de junio de 2027. CSIF no entiende el criterio de la Consejería teniendo en cuenta “las numerosas críticas recibidas el curso pasado”, ya que además del “aumento de ratios”, estos centros se encuentran en las primeras semanas de septiembre en plena matriculación, “lo que provoca que muchos alumnos se incorporen incluso con las clases ya comenzadas”.

El curso 2022-2023 comenzó el 22 de septiembre, y desde entonces, indican, al igual que el resto de enseñanzas, se ha ido adelantando su comienzo. “El adelanto acumulado en solo tres cursos asciende a 14 días, una cifra que ninguna otra comunidad ha aplicado a sus centros de adultos en tan poco tiempo. Además, todas las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial —sin excepción— reclamaron en la sesión extraordinaria del 9 de febrero de 2026 un retraso del inicio de curso en EPA, poniendo de manifiesto que esta decisión de la Consejería no cuenta con ningún respaldo sindical”, explican.

Escuelas infantiles

Desde CSIF valoran que el calendario de las escuelas infantiles “pone en evidencia el olvido al que se ve sometido por parte de la Administración”. En este caso es “mucho más amplio”, comienzan el 7 de septiembre pero se extiende hasta el 24 de julio de 2027“, ”lo que lo convierte en un recurso asistencial sin ningún tipo de criterio pedagógico“. CSIF lamenta que la Consejería considere a los trabajadores de escuelas infantiles ”como meros cuidadores“ y propone que el calendario coincida con el resto de enseñanzas concluyendo el 17 de junio.

“La Junta de Comunidades debe ofrecer soluciones de conciliación a las familias, pero no a costa de unos trabajadores que ya sufren una enorme sobrecarga laboral y que además irá a más debido a que el próximo curso aumentarán las ratios mediante una resolución que está recurrida judicialmente por CSIF”, concluyen.

“Entenc les reivindicacions i per descomptat, el dret a la vaga; però hui pense en els 31.977 alumnes de 2n de Batxillerat que es juguen el futur en poques setmanes. I en les seues famílies. Aquest govern està al seu costat. Sempre”. Aquesta publicació del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, sobre la vaga indefinida en educació que ha començat dilluns deixa els professors de segon de Batxillerat en el centre de la diana.

El que hauria de ser un exercici de dret constitucional s’ha convertit, per a molts, en un “xantatge emocional” i un laberint legal. El motiu: uns serveis mínims que obliguen els docents a garantir l’avaluació de l’alumnat a les portes de l’EBAU, cosa que en la pràctica anul·la la seua capacitat de protesta. Els professors han d’atendre, tal com ha validat el Tribunal Superior de Justícia (TSJCV), els serveis “imprescindibles per a l’avaluació ordinària i extraordinària, la qualificació, la signatura d’actes, la publicació de resultats i la tramitació de reclamacions o documentació necessària per a l’accés a l’EBAU”

Per a Ferran Pinilla, professor de Valencià i tutor de segon en l’IES Altos Hornos del Port de Sagunt, la situació és d’una complexitat extrema. “Els serveis mínims ens obliguen a una càrrega laboral que no ens permet fer vaga”, lamenta, al mateix temps que descriu una fractura en els centres: “Ens han enfrontat a la resta del professorat. En les assemblees, som 2n de Batxiller contra la resta del món”.

El docent critica que la Conselleria haja triat aquestes dates per a “pressionar” sabent que els professors no deixaran desemparats alumnes que “es juguen la vida” en l’accés a la universitat. “Si la Conselleria ha jugat amb això, ha guanyat. Jo he fet l’examen hui [dilluns] i des que he acabat estic de vaga indefinida fins dilluns que ve, quan m’obliguen a anar a l’avaluació”, explica, subratllant que, si no hi acudeix, perdria el salari a més d’enfrontar-se a sancions.

Indefensió i ansietat en els claustres

La falta de concreció en les instruccions és el clam generalitzat. Chus Villar, de l’IES Rafelbunyol, denuncia una “ambigüitat jurídica” que genera vulnerabilitat. “No s’especifiquen quins serveis hem de fer. Si se’ns notifica com a persona en vaga i no assistim a una avaluació, pot generar una sanció greu”, explica. Aquesta pressió deriva en “ansietat generalitzada” entre un professorat conscienciat que se sent “lligat de peus i mans”.

En la mateixa línia s’expressa Carmen Padilla, professora de Matemàtiques en l’IES Carles Salvador d’Aldaia: “Ens deixen venuts, entre l’espasa i la paret”. Padilla denuncia que els serveis mínims actuals obliguen a fer “hores extra no remunerades”, ja que han de corregir exàmens a casa i assistir després a les avaluacions obligatòries. “Ens suprimeixen el dret a vaga. Jo mire per tots els meus alumnes, també pels de l’ESO i 1r de Batxillerat, que pateixen retallades i falta de recursos”, afig.

El suport de les famílies i els alumnes com a bàlsam

Malgrat la tensió, els docents coincideixen en un punt: el conflicte no és amb les famílies ni amb els estudiants. Silvia Millán, de l’IES Sorolla de València, assegura que rebem missatges de suport constants. “La Conselleria boicoteja la vaga atacant un dret dels treballadors, però no estem enfrontats amb les famílies. Amb 29 alumnes per aula no es pot atendre bé ningú, i ells ho saben”, afirma categòric.

Per part seua, Vicent Borràs, professor de Geografia i Història a Rafelbunyol, recalca que l’alumnat està tranquil, perquè sap que se l’avaluarà. “El dret col·lectiu de l’alumnat preval i acatarem la sentència del TSJ, però la millora de les nostres condicions redunda en la millora del sistema públic valencià”, explica. Borràs insisteix que la protesta va més enllà del salarial, i assenyala mancances greus en infraestructures o la falta de personal d’administració que els docents mateixos han de cobrir.

Un pols sense data de caducitat

Mentre la Conselleria manté el pols, el professorat de Batxillerat intenta buscar un equilibri impossible: complir l’acompanyament vital als seus alumnes cap a l’EBAU sense renunciar a la dignitat de les seues reivindicacions. “Estem fastiguejats”, resumeix Millán, reflectint el sentiment d’un col·lectiu que se sent utilitzat com a escut en una batalla política.

La vaga continua, però amb la sensació que, per als que piloten el curs clau de l’etapa educativa no universitària, el dret a parar els l’ha arrabassat el Govern valencià per mitjà dels serveis mínims.