Cientos de personas han protestado este domingo en las Setas de la Encarnación en Sevilla contra la “ocupación militar” de Palestina y el Sáhara Occidental, respondiendo así al llamamiento de la Plataforma Abierta por la Paz, bajo el lema ¡Hagamos oír nuestras voces cantando!.

En el acto han entonado canciones de libertad “para romper el silencio” ante los conflictos internacionales. Los organizadores han destacado la urgencia de alcanzar una “paz real” frente a la “preocupante escalada militar” en Oriente Medio “tras la agresión de EEUU e Israel contra Irán, así como la situación estructural de castigo sobre los pueblos que se resisten al dictado del imperialismo”.

“Sevilla no es indiferente ante la guerra. Hoy nuestras voces son el motor de un mensaje de esperanza y una herramienta de transformación social”, señala en un comunicado la citada plataforma, que aglutina a diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Sobre el escenario se han sucedido las actuaciones del cantautor Daniel Mata y el rapero senegalés Oumar, junto a la propuesta de baile de Laila Al-khouli y la compañía de teatro La Cólquide, entre otras formaciones que han puesto el arte al servicio de la denuncia social.

La movilización ha contado con el respaldo de figuras de la cultura y el activismo como Rozalén, Carlos Bardem, Isidoro Moreno o Aminatu Haidar, apuntan desde el citado colectivo.

En el imaginario colectivo de occidente, cada quien ocupa un rol en los conflictos armados internacionales. No suele ser casual, ni una mirada amable, concretamente la depositada sobre el papel que desempeñan las mujeres, retratadas como víctimas pasivas sin apenas voz, pero de las que mucho se habla. La directora y periodista oscense Raquel Larrosa da la vuelta a este concepto en Disonancia, cortometraje documental nominado al Goya que retrata a las mujeres saharauis desminadoras del Sáhara Occidental y su trabajo en los campamentos de población refugiada de Tinduf, en Argelia. Durante el rodaje Larrosa acompaña la labor de Fatimetu Bucharaya la asociación SMAWT (Saharawi Mine Action Women Team), un equipo pionero de mujeres que detectan minas antipersona y trabajan en la sensibilización de la población civil.

¿Por qué nace Disonancia? ¿Qué le llevó a mirar hacia las mujeres saharauis que desactivan minas?

Disonancia es parte o una pequeña historia del proyecto un poco más grande que, de alguna manera, quería contar el papel o el trabajo de mujeres en zonas de conflicto. No tiene por qué ser conflicto armado, pero puede ser en un país, por ejemplo, con democracia, pero que aún tuviera sin resolver el tema de memoria histórica, consecuencias que de alguna forma afectan a los derechos humanos. Yo llevo trabajando varios años en el conflicto del Sáhara. Lo conocí por otro trabajo cuando era muy joven, tras graduarme, y me di cuenta de que este conflicto estaba silenciado y de alguna manera todos estos años he ido yendo, viniendo, conociendo a más familias saharauis, a más personas que están allí, que trabajan con el pueblo saharaui y que de alguna forma me inspiraban.  Sabía que había un grupo de mujeres saharauis desminando desde hace varios años, ya lo había seguido a través de la prensa, pero me llamó mucho la atención en uno de mis viajes a la zona de campamentos ver que se había formado un grupo solo de mujeres desminadoras. No todas desminaban, pero, de alguna manera, todas se coordinaban para sacar este trabajo y de alguna forma quise conocerlas, me presenté, las conocí, vi el trabajo, y, bueno, decidí seguirlas.

Esta historia no solo daba la vuelta a la imagen que se tiene de las mujeres en conflictos armados, sino en concreto de las mujeres árabes, y en este caso saharauis, que yo en la realidad tenía una imagen muy distinta que la que estábamos acostumbradas a ver o que ni siquiera veíamos

En un panorama saturado por imágenes de guerra, ¿qué vio en la historia de Fatimetu Bucharaya y de SMAWT que le hizo pensar que sería innovador?

Bueno, yo he visto, leído y escuchado mucho sobre los conflictos armados. Me llama mucho la atención, desde que soy pequeña, sobre todo ese oficio de corresponsal de guerra, aunque me gusta más, como dice Olga Rodríguez, corresponsal de paz, y otros periodistas que han ido cubriendo estos lugares. Yo creo que aquí no es fácil, pero he ido a muchos seminarios, me he formado mucho, he escuchado a personas que llevan muchos años trabajando, y, de alguna manera, siempre me ha llamado mucho la atención, como esa primera línea de fuego o esa romantización a veces de los conflictos bélicos, y sobre todo me alarmaba mucho la parte de reducir a las mujeres a un estereotipo, simplemente como víctimas, cuando todo el mundo es víctima de un conflicto armado, pero en no darles voz, en no hacer que sean sujetos activos, pues me alentaba mucho, y yo tenía una visión diferente de un conflicto que además conocía y que había viajado mucho al terreno. Entonces, de alguna manera, todo lo que he leído, bastantes libros, en teoría quería verlo en la práctica. De alguna manera, esta historia no solo daba la vuelta a la imagen que se tiene de las mujeres en conflictos armados, sino en concreto de las mujeres árabes, y en este caso saharauis, que yo en la realidad tenía una imagen muy distinta que la que estábamos acostumbradas a ver o que ni siquiera veíamos.Y creo que esto es algo que está gustando mucho.

Yo quería hacer una historia muy humana, por eso me acerco tanto, por eso estoy tan cerca, intento que la cámara sea invisible para de alguna forma quedarme con ellas

El corto nos muestra a mujeres saharauis en el centro de la acción, buscando minas con detectores de metal y asumiendo un riesgo físico enorme, muy lejos del tópico de víctimas pasivas. ¿Qué decisión consciente hay detrás de esa forma de encuadrarlas?

Precisamente esto era algo muy clave en este proyecto, un grupo de mujeres que son diversas, aquí solo salen tres, pero son unas siete, van cambiando estos años, cada una con su historia, cada una con sus estudios, que ninguna trabaja de lo que ha estudiado, pero todas con un objetivo común, que esto es algo muy habitual a lo largo de la humanidad, grupos de mujeres coordinándose para seguir ganando derechos, hacer cambios y hacerse más fuertes. Entonces esto me parecía muy potente, y sobre todo yo quería hacer una historia muy humana, por eso me acerco tanto, por eso estoy tan cerca, intento que la cámara sea invisible para de alguna forma quedarme con ellas, y que luego todas las preguntas ocurran después de ver esta película.

No es fácil entrar en El Aaiún con una cámara y ya sin cámara, siendo periodista, activista o bajando con alguna entidad relacionada con la lucha por los derechos humanos

En otras entrevistas usted ha defendido el cine documental como herramienta de intervención sociopolítica y arma de denuncia. ¿Cómo se traduce esa idea cuando hablamos específicamente de cuerpos de mujeres en un territorio militarizado?

Para mí el cine no es un fin; no aspiro, y esto es verdad, a ganar premios. Considero que el premio es que un festival lo seleccione, la película se ponga, vaya el público y haya un coloquio, para mí ese es el verdadero premio, y no solo para generar sensibilización y conciencia, sino para llevarlo, ¿por qué no?, al Parlamento Europeo, que es nuestra idea. El cuerpo de las mujeres a lo largo de los años ha sido efectivamente, un territorio de guerra, de hecho, en la zona de campamentos ellas deciden utilizar sus cuerpos para seguir resistiendo frente al invasor, que en este caso es Marruecos, y a través de un trabajo, que salva vidas frente a la muerte. Literalmente, los cuerpos de las mujeres de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, precisamente, están en primera batalla de guerra, eso está así, y es muy difícil de contar porque no es fácil entrar en El Aaiún con una cámara y ya sin cámara, siendo periodista, activista o bajando con alguna entidad relacionada con la lucha por los derechos humanos.

Yo lo intenté y de momento no he podido todavía. De modo que ponen sus cuerpos, hay varios informes de organizaciones de derechos humanos que están contando esto, Aminatou Haidar es una emblemática activista, pero hay muchas más que ponen sus cuerpos y también afecta, claro, a los hijos o hijas que tengan allí en esa zona ocupada. El cine al final es evidencia. Yo siempre lo cuento cuando voy a algún coloquio y es que se debería de avanzar en la parte de cine documental como evidencia de denuncia, porque esto está pasando, por mucho que luego haya gobiernos o haya personas responsables o que tengan acceso a voz y puedan contar una narrativa diferente, es muy importante hacer mecanismos de control en lugares donde además hay un mecanismo que no vigila derechos humanos pero que debería hacerlo, y que de alguna forma desmonta toda esta otra narrativa y ayuda un poco a esa verdad, justicia y reparación.

Ellas llevan su melhfa , que es su vestimenta de identidad saharaui, y si tienen se tienen que meter unos pantalones se meten y si tienen que coger el detector, lo hacen

Uno de los objetivos declarados del proyecto es cambiar la imagen de la mujer árabe en los medios y en la sociedad. ¿Qué imágenes quería desmontar y qué otras nuevas imágenes quiere proponer?

La imagen de la mujer y en concreto árabe, como si no hablaran, como si no hicieran nada, cuando todas las mujeres del mundo son muy diversas. Esa riqueza en el presente de todo lo que se sigue haciendo, lo que se está consiguiendo. Me parecía muy importante traer esa imagen tal cual y ese sonido aquí a esta historia y quería desmontar un poco, por ejemplo, que ningún trabajo tiene género. Que esto es algo que, fíjate, aún pasa en todas las sociedades y que las mujeres, pues, al final la forma de abrir ese camino hacia la igualdad, independientemente si viven en el Sáhara, en Senegal, en España, en Estados Unidos o en Irán, necesitan un trabajo, es lo que les va a dar, de alguna manera derechos y de alguna manera igualdad respecto a sus comunidades. Esto era muy potente; ellas llevan su melhfa , que es su vestimenta de identidad saharaui y de alguna manera, si se tienen que meter unos pantalones se meten y si tienen que coger, pues, el detector lo hacen, si tienen que ir al frente del muro donde están los soldados marroquíes y desactivar esos campos de minas, pues, lo van a hacer, porque al final es su tierra, es su territorio y es su lucha.

Creo que estaría muy bien llevar esta historia tan humana al Parlamento Europeo y obligar a los países que firman el Tratado de Ottawa, que son muchísimos, a invertir en la zona de desminado

El corto llega a los Goya después de un recorrido importante por festivales, con premios en Huesca, Elche, en el Humans Fest de Valencia, menciones en el Thomas Edison Film Festival o en citas dedicadas al cine social. ¿Qué le está devolviendo el público sobre las protagonistas y sobre el Sáhara?

Esta parte de festivales creo que es muy bonita, sobre todo porque el público, el jurado, los festivales, son una oportunidad brutal para los cortos, porque si no, de alguna manera, aquí ahora estamos haciendo otros circuitos, en educación, en entidades saharauis que están empezando a inscribirnos, pero esos festivales no solo te dan ese cruce con el público, también de alguna manera empiezas a ver si tu película llega, si alguien siente algo, si alguien tiene una o muchas preguntas o si alguien quiere hablar. Me gustan los trabajos que de alguna manera no cierren, porque hay cosas que aún no se pueden cerrar y que cada persona con la información que tiene, eso lo bonito, que sume.

Si pudiera decidirlo usted, ¿cuál le gustaría que fuera el efecto concreto de esta nominación en la vida de las protagonistas y en la propia lucha del pueblo saharaui?

Sería demasiado ambiciosa en esto, pero creo que estaría muy bien llevar esta historia tan humana al Parlamento Europeo y obligar a los países que firman el Tratado de Ottawa, que son muchísimos, a invertir en la zona de desminado y que se llegara a un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario, en este caso, para que parar la guerra. Pero claro, es que la guerra no va a parar mientras siga habiendo ocupación y mientras Marruecos, de alguna forma, tenga separadas a las familias saharauis en la zona ocupada de campamentos o en la diáspora. Naciones Unidas ya pone el Sáhara como territorio pendiente de descolonización, tiene derecho a su autodeterminación. Estas personas siguen resistiendo, siguen luchando, siguen aguantando, aunque la gente, no es que se haya olvidado de ellas, sino que hay un lobby muy fuerte que las ha silenciado y creo que esta película, de alguna forma, se cuela en medio de este silencio y no solo nos recuerda, sino que creo que inspira y creo que puede ayudar a cambiar cómo no, alguna política. Pensando en soñar, pero es que si no soñamos con escenarios mejores, seguramente no llegaremos a tenerlos nunca.

Dormir sin el calor extremo del desierto, acceder a una revisión médica, jugar en un parque o sentarse cada día a una mesa familiar. Para decenas de niños y niñas saharauis, esos gestos cotidianos siguen siendo un privilegio. Cada verano, el programa Vacaciones en Paz convierte esa excepción en realidad gracias a la implicación de familias extremeñas que abren las puertas de sus hogares a menores procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia.

La Asociación NUR Saharaui Extremadura ha puesto en marcha una nueva edición del programa para el verano de 2026, con el objetivo de seguir ofreciendo a niños y niñas de entre 8 y 12 años un periodo de descanso, salud y afecto lejos de las duras condiciones de vida del desierto. Tras el impacto positivo de ediciones anteriores, la entidad hace ahora un llamamiento a nuevas familias de acogida que quieran sumarse a una iniciativa que no solo mejora el bienestar de los menores, sino que también fortalece los lazos de solidaridad entre pueblos.

Extremadura mantiene una larga tradición de apoyo al pueblo saharaui desde 1994. Solo en el último verano, más de un centenar de menores fueron acogidos en localidades como Cáceres, Mérida, Casar de Cáceres o Villanueva de la Serena. Durante su estancia, los niños y niñas pudieron acceder a revisiones médicas, recibir una alimentación equilibrada y participar en actividades lúdicas y educativas, alejados de las altas temperaturas y de una realidad marcada por el conflicto silenciado y la precariedad en los campamentos de Tinduf.

NUR Saharaui Extremadura es una organización sin ánimo de lucro que trabaja de forma continuada para mejorar la calidad de vida de la comunidad saharaui, promoviendo el respeto a los derechos humanos, el acceso a la salud y a la educación, y el entendimiento entre culturas. En el marco de Vacaciones en Paz, la asociación cuenta con un equipo de voluntariado con amplia experiencia que acompaña a las familias de acogida durante todo el proceso, desde la preparación previa hasta el seguimiento durante la estancia de los menores, garantizando una experiencia segura, cercana y enriquecedora para todas las partes.

El programa se desarrolla en coordinación con la Delegación Saharaui para Extremadura y el Ministerio de Juventud y Deportes de la República Árabe Saharaui Democrática, y va más allá de una simple acogida temporal. Durante el verano, los menores comparten cultura, juegos y experiencias con las familias extremeñas, al tiempo que mantienen el vínculo con sus familias biológicas en los campamentos. Para muchos de ellos, este periodo supone una mejora significativa en su estado de salud y un recuerdo que marca su infancia. Personas expertas en la cuestión saharaui recuerdan que estas estancias también evidencian una deuda histórica: las familias de muchos de estos menores fueron ciudadanos españoles con DNI hasta la retirada de España del Sáhara Occidental en 1975, un proceso que, según denuncian colectivos de derechos humanos, dejó al pueblo saharaui en una situación de desprotección que aún perdura. Para estas entidades, la acogida estival es un gesto de solidaridad imprescindible, pero también un recordatorio de la responsabilidad política que España sigue teniendo en un conflicto que permanece sin resolver.

Desde la asociación subrayan que acoger es una decisión que se toma desde la reflexión, pero recuerdan que no es necesario tener experiencia previa. NUR Saharaui Extremadura ofrece información, asesoramiento y acompañamiento continuo, consciente de que cada familia vive el proceso de forma distinta. “Vacaciones en Paz no cambia solo el verano de un niño o una niña; cambia también a la familia que acoge”, destacan desde la entidad.

Con el horizonte puesto en el verano de 2026, la asociación anima a las familias extremeñas interesadas a informarse sin compromiso y a participar en una iniciativa que sigue siendo vital para garantizar a estos menores un acceso a servicios médicos inexistentes en los campamentos y una experiencia de intercambio cultural que deja huella a ambos lados.

Para dar a conocer todos los detalles del programa, NUR Saharaui Extremadura celebrará un encuentro informativo presencial el jueves 29 de enero, a las 18:00 horas, en la sede de Amnistía Internacional Cáceres, situada en la avenida Virgen de la Montaña número 6. En el acto se ofrecerá información práctica sobre Vacaciones en Paz 2026 y varias familias compartirán su experiencia de acogida.

Las personas interesadas en acoger, colaborar o recibir más información pueden ponerse en contacto con la Asociación NUR Saharaui Extremadura a través de los teléfonos 686 15 83 17 y 616 15 00 47, o mediante los correos electrónicos nursaharaui@gmail.com y vepnursaharaui@gmail.com. También pueden seguir la actividad de la entidad en redes sociales, en Instagram (@nur_saharaui_extremadura) y Facebook (NUR Saharaui Extremadura).

Porque, a veces, un solo verano basta para cambiar una vida: La tuya propia, la primera.

Las autoridades de Marruecos han impedido este martes desembarcar en El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, a la diputada en el Congreso de Podemos Noemí Santana y al consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, de Nueva Canarias.

Según ha informado Podemos en un comunicado, los dos vuelan de regreso al aeropuerto de Gran Canaria, cuando pretendían reunirse con representantes saharauis para comprobar la situación de ese territorio y las violaciones de derechos que sostienen que Marruecos comete en la zona.

“Podemos Canarias denuncia esta acción como una violación flagrante de los derechos humanos, una muestra más de la ocupación ilegal y el expolio de recursos del Sáhara Occidental, y critica la connivencia del Gobierno de Sánchez con la monarquía marroquí y su alianza con el trumpismo internacional”, asegura este partido.

Podemos asegura que su secretaria general en Canarias “fue retenida sin explicación” al aterrizar en El Aaiún y “finalmente impedida de continuar con la misión en el Sáhara ocupado”, lo que califica de “acto arbitrario”

“La misión tenía como objetivo documentar in situ la situación de derechos humanos después de la última ofensiva represiva de las fuerzas marroquíes en los territorios ocupados”, añade.

A su llegada al aeropuerto de Gran Canaria, Noemí Santana ha denunciado que fueron retenidos durante 20 minutos en el avión “sin ningún tipo de justificación por una fuerzas de ocupación marroquí que en ningún momento se identificaron”, a pesar de solicitarles que lo hicieran.

“Les hicimos hacer saber que algunos de nosotros somos representantes públicos en instituciones de Canarias y que llegábamos simplemente a hacer nuestra labor de observación del cumplimiento del derecho internacional y, sobre todo, de los derechos humanos, sabiendo que se vulneran cada día en ese territorio, donde tenemos a 35 personas que han sido encarceladas por razones políticas”, ha criticado la diputada.

Santana ha asegurado que presentarán las denuncias pertinentes en los espacios donde puedan, porque cree que han sido vulnerados sus derechos.

En este sentido, ha reconocido que ha vivido en primera persona “cómo te pisotean derechos” a pesar de ni siquiera bajar del avión, por lo que ha lamentado las consecuencias que tiene el activismo “en aquellas personas que están en el territorio luchando por la soberanía del Sahara, que ha sido usurpada por el invasor marroquí”.

La diputada canaria ha lamentado que no hayan podido desarrollar su agenda para reunirse con la sociedad civil y activistas saharauis, pero ha garantizado que volverán a acudir al Sáhara Occidental.

Carmelo Ramírez, que preside la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, ha argumentado que viajaba a El Aaiún con el objetivo de “testimoniar la denuncia de la violación de los derechos humanos y de la ocupación ilegal por parte de Marruecos en el Sáhara Occidental”.

“Marruecos lleva ocupando violentamente este territorio desde hace 50 años, incumpliendo las resoluciones internacionales, no respetando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y además encarcelando a los activistas saharauis defensores de los derechos humanos”, ha denunciado el consejero insular.

EFE ha intentado, sin éxito, recabar la versión de las autoridades marroquíes.

Según el diario digital Hespress, las autoridades locales rechazaron la entrada en El Aaiún de “tres activistas españoles de derechos humanos hostiles a la integridad territorial”, en alusión a Santana, Ramírez y el secretario de Comunicación de Podemos en Canarias, Fernando Ruiz, que también viajaba con ellos.

Hespress subrayó que “estos tres activistas de derechos humanos intentaron explotar sus credenciales públicas en materia de derechos y profesionales para ejecutar planes de apoyo a las tesis separatistas, sin ningún permiso ni coordinación legal con las autoridades competentes, en clara violación de las leyes vigentes; lo que obligó a tratar su caso con firmeza para proteger la seguridad nacional y salvaguardar la soberanía del Reino”.

El pasado febrero las autoridades marroquíes impidieron el acceso a El Aaiún de una delegación de eurodiputados, en una visita calificada entonces por el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, de “provocaciones que no tienen ningún impacto en Marruecos”.

Burita añadió que las visitas al país “está sujeta a procedimientos organizativos claros dentro de un marco reglamentado, de acuerdo con las leyes vigentes”

En un pequeño restaurante frente a una estación de autobuses en Inezgane, Agadir, al sur de Marruecos, dos jóvenes con chándal y cangrejeras con calcetines entran a pedir comida para llevar. Se van al desierto. “Van así porque, si la policía los encuentra —en el desierto—, pueden huir más rápido”, explica S. D., un agricultor senegalés próximo a los organizadores de la salida de pateras en la zona. Afuera llueve y la humedad cala en los huesos, pero aun así las bolsas de plástico convertidas en maletas de viaje y las chaquetas finas se agolpan en las manos de quienes esperan. Es viernes, y los adultos, adolescentes y bebés que apenas empiezan a caminar aguantan el mal tiempo: el día siguiente, primera jornada de Ramadán, se embarcarían rumbo a Canarias.

Agadir es uno de los puntos claves de la salida de pateras hacia Canarias desde Marruecos, especialmente tras el aumento de la vigilancia en Dajla (Sáhara Occidental). Y una de las estaciones de autobuses de Inezgane se ha convertido en nodo de la ruta hacia el Archipiélago canario. Durante el día, la estación es un espacio de tránsito y mercadeo; por la noche, se transforma en el punto de encuentro hacia el desierto, donde cientos de personas esperan para subir a las embarcaciones que los llevarán hacia las costas canarias.

Los migrantes se congregan a la espera de los llamados auto mafia: coches conducidos en su mayoría por personas subsaharianas que trasladan a los migrantes hacia el punto más cercano de salida. Dependiendo del día, los coches se dirigen al desierto de Guelmim, a la playa de Tan-Tan, al desierto de Tarfaya, a El Aaiún o Bojador: zonas desérticas cercanas a las playas de salida. Una vez allí, toca esperar en pleno desierto -uno, dos o tres días, lo que sea necesario- hasta que los organizadores aparecen para trasladarlos al mar.

El trayecto se realiza siempre de madrugada y suele durar entre tres y cuatro horas, explican a elDiario.es quienes conocen de primera mano este paso previo a la salida de las precarias embarcaciones. Varias fuentes apuntan que los gendarmes marroquíes que vigilan los puestos de control de las carreteras hacen la vista gorda. Cuando los llamados auto mafia llegan por la noche a los puestos, sus conductores pagan una cantidad acordada -que ronda los 20 euros- y se les permite el paso, según confirma uno de los conductores a elDiario.es. Este medio fue testigo del pago de uno de estos sobornos por parte de los conductores, que conforman un mero eslabón de la organización de estos viajes.

Son las once de la noche y la policía marroquí hace su ronda. Los agentes aparecen en un coche policial por la parte trasera de la estación. Apagan las luces verdes y dos policías bajan del vehículo: “Van a cobrar por dejarles estar aquí”, explica S. D. Desde el interior del vehículo, el conductor entrega dinero a uno de los agentes, que continúa su camino.

Agadir, conocida por su atractivo turístico, es uno de los puntos de salida en la ruta hacia Canarias tras el aumento del control policial en Dajla, parte de los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental. Durante años, la ciudad saharaui fue el pasillo hacia Canarias. Allí, migrantes de Costa de Marfil, Senegal o Mauritania, entre otras nacionalidades, trabajaban en fábricas de pescado y empaquetadoras de la zona industrial para costearse el viaje. A pesar de haber dejado de ser un punto regular de salida, Dajla sigue teniendo un papel persistente en la ruta migratoria, mientras la turistificación avanza.

Caída de las llegadas a Canarias

Embarcarse desde las costas saharauis, marroquíes o mauritanas hacia Canarias cada vez es más complicado ante el aumento de la cooperación fronteriza de Marruecos y Mauritania con la Unión Europea, lo que los expertos en inmigración denominan como “externalización de fronteras”. Es un proceso que suele conllevar abusos contra la población migrante, ante la inexistencia de mecanismos de control en materia de derechos humanos por parte de los Estados europeos. El mayor despliegue policial en las zonas de salida se refleja en el descenso de las llegadas de pateras a Canarias en 2025. En lo que va de año, 14.690 migrantes han desembarcado en las islas un 63% menos que en 2024, según los datos del Ministerio del Interior.

Hasta hace dos años la ciudad de Dajla era una de las zonas más transitadas hacia Canarias, una de las rutas más letales, que en 2025 ya ha concentrado al menos 1.865 muertes entre enero y mayo, según recoge la ONG española Caminando Fronteras en uno de sus últimos informes. Ahora, quienes llegan desde distintos puntos de África para intentar alcanzar España recorren alrededor de 1.200 kilómetros desde Dajla, donde suelen asentarse para trabajar, hasta Agadir, punto de salida.

Muchos trabajan durante años para ahorrar y poder pagar una plaza en una de las pateras que partirán hacia el Archipiélago. El viaje hacia España desde Agadir cuesta entre 1.500 y 2.000 euros, en un país donde el salario mínimo ronda los 290 euros al mes, explican varios de los migrantes residentes en Marruecos que esperan atravesar esta ruta en algún momento. El trayecto suele durar entre dos y cuatro días, pero ante cualquier problema puede alargarse hasta una semana o acabar en tragedia. La suerte también depende de quién los intercepte: si es la Marina marroquí, detienen a los migrantes; en ese caso, pueden dejarlos en una ciudad cercana, llevarlos a centros de retención o, en algunos casos, abandonarlos en el desierto. Si, por el contrario, es Salvamento Marítimo, los rescatan. Las salidas desde los diferentes puntos suelen realizarse por la noche. “Si todo va bien, en unas ocho horas ya estás en manos de España”, explica S. Los cuerpos de seguridad instalados en los puestos de control vigilan el terreno: si ven migrantes, avisan a la policía, que decide qué hacer con ellos. “Si pagas, te vas”, resume.

Dajla, del pasillo migratorio al espejismo turístico

Cerca de Dajla, en L’Argoub, un pequeño pueblo militar a 300 kilómetros de Guerguerat —el principal puesto fronterizo que conecta el Sáhara con Mauritania—, se encuentra el desierto donde muchos migrantes cruzan a pie desde Mauritania. Se pueden ver varios carteles en los que hoteles y escuelas de kitesurf ofrecen vacaciones de ensueño en el mismo lugar por donde caminan senegaleses, guineanos, malienses o marfileños. No pueden recibir ayuda ni hacer autostop: una ley verbal prohíbe la asistencia a quienes se desplacen de ese modo bajo la amenaza de ser acusados de cooperar con la inmigración clandestina.

Muchos recorren cientos de kilómetros de manera clandestina hasta llegar a Dajla. “Si te pillan, te pegan o te devuelven a Nuadibú”, cuenta Mohamed, residente en Dajla desde hace varios años. Tras un quinto intento frustrado, decidió abandonar la idea de ir a España. “No podía más”, explica.

Mohamed, ahora obrero, trabajó en fábricas de pescado ubicadas en la zona industrial de Dajla sin derechos ni papeles, como centenares de migrantes —algunos menores—. Los contratos, cuando existen, están redactados en darija, ilegibles para muchos trabajadores subsaharianos. Establecen jornadas de doce horas por doce euros al día, mientras que los marroquíes cobran quince.

Dajla ha pasado de ser un pasillo migratorio a una ciudad donde muchos migrantes subsaharianos se han instalado. Viven en un territorio ocupado donde sufren racismo institucional y social: desde tener que pagar alquileres más altos por ser negros hasta costear el agua que algunos meses al año subvenciona el Ayuntamiento. Es el caso de Cheikh (nombre ficticio), quien prefiere no dar su identidad real para evitar problemas con su arrendador. “¿A quién le vas a reclamar?”, pregunta.

“La denuncia es imposible: quienes te deberían proteger son los mismos que te extorsionan. Sin papeles no eres nadie en Marruecos”, añade. En su último intento de llegar a España, pagó 1.600 euros por una plaza en una patera desde Tánger; fue interceptado y tuvo que sobornar con 100 euros a la policía para poder volver a Casablanca.

En la plaza central de Dajla, Ndioba regenta un restaurante senegalés. No tiene un cartel llamativo, pero todos saben dónde está. Lleva muchos años en la ciudad, echa de menos Senegal, pero dice que no volvería. Tampoco quiere dar muchos detalles de su historia: lo que le importa es poder pagar las facturas y el alquiler del local. El restaurante se ha convertido en mucho más que un lugar de comidas. Después de la caída del sol durante el Ramadán, Ndioba preparaba platos senegaleses.

Este comedor funciona como refugio: el té se comparte y las conversaciones fluyen entre árabe y wolof. Un pedazo de hogar para quienes la dejaron atrás. Ella disfruta de su centro social, pero habla con tristeza de quienes desaparecen de un día para otro. Uno de sus últimos clientes, Mame Cheikh, de 35 años, trabajaba en Dajla desde hacía varios años. Se fue a Mauritania para coger una patera y, cuando llegó, no quedaban plazas. Al día siguiente, el amigo con el que iba a hacer el trayecto le dijo que había conseguido solo una plaza, por lo que debían decidir quién subía. Ndioba sospecha que algo malo ocurrió. “Sobrevivió a Libia, también a detenciones y abusos de la policía marroquí. Siempre llamaba, pero esta vez no ha vuelto a llamar”, lamenta la senegalesa. Desde entonces no han vuelto a saber nada de él.

Unas diez mil personas, según los organizadores, se han manifestado hoy en Madrid para exigir la “libertad e independencia” del Sáhara Occidental con motivo del 50 aniversario de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, en los que España entregó el territorio saharaui a Marruecos y Mauritania.

Bajo el lema “La existencia también es resistencia: 50 años de ocupación”, el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui se ha congregado en su marcha anual para exigir “que el gobierno español asuma sus responsabilidades históricas y legales” con la que durante casi un siglo fue su colonia.

Desde las doce de la mañana, y a pesar de la lluvia, miles de personas se han manifestado contra la ocupación marroquí del territorio y contra “la complicidad española y europea”.

“Instamos al Gobierno de España a volver a la senda del Derecho Internacional y recuperar el consenso que siempre ha existido en la política exterior española respecto del Sahara Occidental” aseguró la actriz Andrea Guardiola durante la lectura del manifiesto final en la Puerta del Sol. “Mientras alzamos nuestras voces en la misma ciudad donde se rubricó la ocupación marroquí, decenas de presos políticos saharauis se encuentran en las cárceles marroquíes sufriendo torturas y encarcelamientos en condiciones infrahumanas” dijo.

Para Hassana Aaila, preso político saharaui de 38 años y refugiado en España desde 2015, la situación que se vive en los territorios ocupados por Marruecos –cerca del 80% de la superficie total– es comparable “con el régimen de apartheid de Sudáfrica”. El activista saharaui asegura que en lo que va de año, “49 observadores internacionales, entre ellos periodistas, han sido expulsados al tratar de ingresar en los territorios ocupados”. Algo que ocurre, dice, “porque Marruecos no quiere testigos de las violaciones que comete”.

La marcha, que ha recorrido las principales calles de la capital, se celebra dos semanas después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobase, a instancia del gobierno estadounidense de Donald Trump, una resolución que pide a las partes alcanzar una “solución política definitiva y mutuamente aceptable” considerando “como base la propuesta de autonomía de Marruecos”.

Un espaldarazo diplomático a la monarquía marroquí, que en los últimos años ha conseguido el apoyo público a su plan de autonomía por parte de los principales gobiernos occidentales.

El propio presidente estadounidense ya apoyó en los últimos días de su primera administración, en diciembre de 2020, la “marroquinidad del Sáhara” a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter).

En marzo de 2022, el presidente español Pedro Sánchez anunció sorpresivamente su respaldo al plan de autonomía marroquí al considerarlo la opción “más seria, realista y creíble”. Una decisión que provocó la reacción de sus socios de investidura y que llegó a ser rechazada por la mayoría del Congreso de los Diputados.

En términos similares se pronunciaron posteriormente las cancillerías de Francia, en julio de 2024, y del Reino Unido, junio de 2025. Una decisión celebrada por Rabat y fuertemente rechazada por el Frente Polisario y Argelia.

No obstante, para Abdulah Arabi, delegado saharaui en España, “la resolución aprobada por Naciones Unidas es muy ambigua” dice. “Se ha creado un relato que no se corresponde con su contenido. El texto no plantea la autonomía como la única solución, pide que negociemos sobre esa base sin condiciones previas, lo que es contradictorio. Piden que se busque una solución justa que permita al pueblo saharaui ejercer el derecho a la autodeterminación y para nosotros ese derecho debe incluir sí o sí la opción de la independencia”, asegura en declaraciones a este medio. “La independencia es irrenunciable en cualquier negociación”.

Además, Arabi advierte que “el Frente Polisario va a seguir apostando por la negociación y la vía pacífica, pero con la misma determinación de emplear todas las vías que nos ofrece el derecho internacional. La guerra lleva cinco años en marcha y estamos dispuestos a intensificarla y escalarla si la comunidad internacional sigue intentando ignorar nuestro derecho a la autodeterminación”.

El 13 de noviembre de 2020, el ejército saharaui dio por roto el alto el fuego, en vigor desde 1991, y comenzó una guerra de baja intensidad que dura ya un lustro, aunque con resultados discretos.

Entre los asistentes, también estuvieron presentes representantes de Izquierda Unida y el Partido Comunista de España (PCE), con el exeurodiputado Manu Pineda a la cabeza; de Sumar, con la eurodiputada Estrella Galán; de Podemos, con su secretario de sociedad civil, Pablo Quesada; además de representantes de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

La lluvia, que respetó gran parte del recorrido de la manifestación, descargó con rabia durante las intervenciones finales. “Hoy hace 50 años se tomó una decisión que arruinó la vida de cuatro generaciones de saharauis, pero estamos aquí esa cuarta generación dispuestos a conquistar nuestra libertad. Ni Trump ni Pedro Sánchez van a frenar nuestra determinación para ser libres” aseguró la joven saharaui Salka Mahfoud bajo un intenso aguacero.

Unos acuerdos “nulos” según el Derecho Internacional

El 14 de noviembre de 1975, seis días antes de la muerte del dictador Francisco Franco, los gobiernos de España, Marruecos y Mauritania acordaron en Madrid la partición del Sáhara Occidental, hasta entonces la provincia 53 española y último territorio pendiente de descolonización de África.

Los Acuerdos Tripartitos de Madrid, que Naciones Unidas declararía posteriormente nulos al considerar que no se puede transferir la soberanía de un territorio entre países, supusieron el estallido del conflicto en el Sáhara Occidental.

En febrero de 1976 España abandonó definitivamente la que durante casi un siglo fue su colonia, Marruecos y Mauritania ocuparon el territorio, gran parte de la población civil huyó a los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) y el movimiento de liberación nacional saharaui –el Frente Polisario– comenzó una guerra contra sus dos vecinos.

Fue el comienzo de un conflicto armado que se prolongó durante 14 años y que se saldó con la derrota y retirada mauritana en 1979 y la firma del “plan de paz” entre Marruecos y el Frente Polisario en 1991 para la celebración de un referéndum de autodeterminación que nunca se ha llegado a celebrar.

Las estrategias dilatorias de Marruecos y su hábil diplomacia, siempre con el respaldo de Francia y Estados Unidos, posibilitaron que el anunciado referéndum de autodeterminación terminase perdiendo peso en las resoluciones que anualmente aprueba el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Esto no frena al pueblo saharaui ni nos desmoraliza”, afirma Arabi en referencia a la última resolución aprobada en Nueva York. “Esto no es más que una nueva maniobra para tratar de anular nuestros derechos. No pudieron hace medio siglo y no podrán ahora”, sentencia.

Se cumplen ahora 50 años de la “Marcha Verde” que el rey de Marruecos Hassan II organizó contra España en el Sáhara Occidental (S.O.). Y también 50 años de otros acontecimientos que desembocaron en el caótico abandono por parte de España de la que hasta entonces había sido su colonia en el norte de África. La agonía y muerte de Franco, el comienzo de la huida del Ejército español, la firma del ilegal Acuerdo de Madrid (o Acuerdo Tripartito de Madrid), el comienzo de la guerra del Frente Polisario contra Marruecos y Mauritania y las primeras declaraciones internacionales como la incumplida Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, emitida el 16 de octubre de 1975, hacen que ese año, el final de 1975, fuese en términos políticos, diplomáticos y geoestratégicos un perfecto fracaso.

En este marco temporal de referencia se cumple también una semana del inexplicable y cobarde “giro histórico” del Consejo de Seguridad de la ONU con la aprobación de una resolución en la que se asume la tesis marroquí de integración del S.O. en Marruecos a través de una imposible autonomía a esos territorios actualmente ocupados militar y policialmente. Parece que la “Marcha Verde” se ha convertido ahora en la “Marcha Azul” -color emblemático de la ONU- que protagonizan por la vía de hecho el club de seguidores de Donald Trump en Naciones Unidas.

Entrando en el fondo de este asunto, hay que decir que la aprobación de la Resolución 2795 por parte del Consejo de Seguridad no se puede analizar de manera aislada, sin tener en cuenta el contexto internacional actual, es decir, sin tener en cuenta los conflictos internacionales, especialmente los activos. Como han dicho portavoces del Gobierno saharaui, es una resolución contradictoria en sus propios términos. Siendo ello resultado de la forzada negociación que ha supuesto su aprobación.

Plantea la propuesta de autonomía como una propuesta más, como una de las opciones que sirva como base para la negociación del proceso político que permita al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación. Este derecho no es un concepto interpretable. La Corte Internacional de Justicia estableció que sin consulta no hay autodeterminación.

El Consejo de Seguridad no es la Asamblea General de la ONU; son sólo un grupo de Estados. En ningún caso cabe afirmar que es el posicionamiento de los Estados ni de la sociedad civil, la cual siempre se ha mostrado a favor del derecho de autodeterminación del pueblo del S.O. No hay que olvidar que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es miembro de pleno derecho de la Unión Africana.

La autonomía puede ser una opción, y es lo que plantea la Resolución aprobada el pasado 31 de octubre, pero debe respetar el derecho de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Puede ser una base, pero no la solución si no es lo que el pueblo saharaui decide de manera democrática. La labor de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) es la organización de ese preciso referéndum. Esa misión se mantiene en la actualidad, no ha cambiado de función y es el objetivo último porque es la garantía de que el pueblo del Sáhara Occidental pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.

Y en estos 50 años transcurridos desde la jugada de Hassan II uno de los elementos a tener en cuenta es que han saltado por los aires todos los argumentarios de los partidarios en España de la política de memorias. La histórica, la democrática, la civil, la humanitaria. Todas han quedado reducidas a escombro en el caso de la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y su inexplicada ciaboga con la carta enviada hace algo más de tres años a Mohamed VI en la que unilateralmente asumía las tesis marroquíes de la ocupación y el destierro.

Ha fallado la memoria histórica al no haberse procedido con el Sáhara Occidental como se hizo con la inmensa mayoría de las colonias en manos europeas. Ha fallado la democrática al no haber dejado al pueblo saharaui ejercer el derecho básico en los procesos de descolonización, que es el Referéndum de Autodeterminación previsto en la Resolución 1514 de la ONU. También ha fallado la memoria civil, al haber dejado al pueblo saharaui sin patria, desprotegido y desamparado en sus derechos ciudadanos, sobre todo después de haber sido “provincia” española durante unas décadas. Y ha fallado la humanitaria, al tener que estar la mayor parte de la población saharaui recluida en los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia viviendo la mayor de las pobrezas en el peor de los sitios, la hammada sahariana.

De la traición de Sánchez al nuevo fracaso de Naciones Unidas, de la “Marcha Verde” a la “Marcha Azul”. 50 años después, de la descolonización a la ocupación. De la memoria al olvido. En cualquier caso, los saharauis no se cansarán y muchos les acompañaremos en su travesía del desierto.

Cuando Bucharaya Bahi piensa en el 6 de noviembre de 1975, se traslada al aula del que era su colegio, La Paz, en El Aaiún (Sáhara Occidental). En su mente aparece la cara de preocupación de su último profesor español, Don Ambrosio, y un transistor que informaba sobre la noticia de la que todos hablaban: la denominada “Marcha Verde”.

De madrugada, 350.000 civiles marroquíes, la mayoría campesinos, comenzaron a caminar desde Marruecos hacia el Sáhara Occidental tras su reclutamiento por orden del rey Hassan II, quien aprovechó la inminente muerte de Franco para hacerse ilegalmente con el territorio colonial, administrado por España. El objetivo era presionar hasta ocupar la que hasta entonces fue la provincia española número 53, con el fin de “recuperar” un territorio que, según defendía el monarca marroquí, le pertenecía antes de su colonización.

Bucharaya, que apenas tenía siete años, no llegaba a descifrar la angustia de los rostros adultos que le rodeaban. Aún desconocía hasta qué punto ese día marcaría su futuro. Tampoco lo sabía Syed, que ni siquiera había nacido. Lo hizo en 1976, pocos meses después la Marcha Verde que cambiaría el devenir de sus vidas.

Recuerdos del 6 de noviembre de 1975

“Nuestros padres y maestros estaban preocupados. Ellos entendían lo que estaba ocurriendo, pero nosotros éramos demasiado pequeños para comprenderlo”, dice Bucharaya Bahi a elDiario.es por mensaje desde El Aaiún, capital de los territorios saharauis, ocupados por Marruecos desde aquel 6 de noviembre de 1975. Medio siglo después, aquel niño de casi siete años roza los 57 y su vida ha estado atravesada, como la de todos los saharauis, por la invasión marroquí del Sáhara Occidental y el posterior abandono de España de su colonia.

“De repente, los tanques empezaron a rodear nuestros barrios, incluso el mío, Colomina Vieja, cerca del aeropuerto”, cuenta Bucharaya Bahi. Las fuerzas armadas militares se desplegaron de manera disuasoria por varios puntos para cerrar la capital por sus flancos, y los testimonios de los residentes de El Aaiún en la época hablan también de movilización repentina de tanques y vehículos blindados españoles dentro de la ciudad.

Dos días antes, el entonces príncipe Juan Carlos había visitado la capital del Sáhara Occidental para mostrar su respaldo a los militares españoles. El Borbón aseguró que España “cumpliría sus compromisos” con el territorio colonial, que esperaba la celebración de un referéndum de autodeterminación. “Deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra posición en el mundo y nuestra historia nos lo exigen”, añadió en un discurso aplaudido por cientos de saharauis.

El pequeño Bucharaya Bahi recuerda el revuelo generado en la ciudad por la visita del príncipe español. “Con los años, hemos comprendido que la visita de Juan Carlos a El Aaiún fue una maniobra para ocultar la realidad de lo que sucedía. Luego vinieron los Acuerdos de Madrid y, finalmente, el Real Decreto 2258/76, que nos arrebató nuestra nacionalidad española”, lamenta.

Efectos para las nuevas generaciones

De la Marcha Verde, Syed sabe lo que ha leído y lo que le contaron sus padres cuando era niño. Pero también ha vivido los efectos de aquel abandono español y de afán expansionista de Marruecos durante todos sus 49 años de vida. Después de aquel día, su familia quedó separada para siempre.

Días después de la marcha, el 14 de noviembre de 1975, el chantaje marroquí dio sus frutos y España firmó los Acuerdos Tripartitos de Madrid, con los cedió ilegalmente el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Tras su rúbrica, Marruecos ocupó el territorio militarmente y, tiempo después, estalló un conflicto con el Frente Polisario, aún pendiente de resolución definitiva. La ONU nunca ha reconocido dicho pacto y aún considera al Sáhara un territorio pendiente de descolonizar, bajo la potencia administrativa española.

Syed prefiere ocultar su nombre real, aunque ya lleve 24 años viviendo en España, la mitad de su vida. Los 25 años anteriores los pasó en los territorios saharauis ocupados ilegalmente por Marruecos, sobre todo en Dajla, la antigua Villa Cisneros española, y en El Aaiún. También se refugió unos años, los primeros tras la Marcha Verde, en la ciudad de Sidi Ifni, que fue entregada definitivamente por España a Marruecos en 1969. Su vida es fiel al espíritu nómada del pueblo saharaui, aunque en su caso, ha sido un continuo exilio forzado por la ocupación primero y la represión después.

La familia de Syed no tuvo otra que dividirse: unos acabaron en Dajla y El Aaiún, bajo la férrea ocupación marroquí, y otros en los campamentos de Tindouf, donde unos 170.000 saharauis siguen resistiendo medio siglo después la dureza del desierto y la apatridia. “Para nosotros no fue una marcha verde, sino una marcha negra. No fue una marcha civil pacífica. La realidad, las masacres con napalm y fósforo blanco que sufrieron los saharauis desplazados al desierto, está tapada y escondida”, afirma Syed.

En 1976, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y comenzó la guerra con Marruecos y Mauritania. Posteriormente, el Gobierno mauritano decidió abandonar sus pretensiones en la zona, pero el Reino marroquí continuó hasta 1991, cuando se firmó el alto el fuego. La ONU creó entonces la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) con el objetivo de preparar una consulta prevista para 1992 y mantener la paz. El referéndum no llegó a producirse.

Bahi también enumera los muchos cambios sufridos desde entonces, presenciados en primera persona. Su ciudad pasó de estar administrada por España a pasar a control marroquí: “De niño estudiaba en un colegio español, vivíamos en una sociedad conservadora, con respeto a nuestra religión y costumbres. Los maestros y comerciantes solían pasar los fines de semana en Canarias. En casi todas las casas se hablaba español. Convivíamos unos con otros”, describe el saharaui.

“Hoy, todo eso ha cambiado. Nuestra sociedad, nuestra educación y nuestra forma de vida se transformaron por completo. Lo que antes era cotidiano, ahora casi ha desaparecido”. Tras la ocupación, el saharaui nunca pudo recuperar su nacionalidad española, pese a que su padre, como toda la población del territorio colonial, contaba con DNI español.

El último golpe

Syed, desde España, denuncia la represión sufrida por los saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Su activismo por la causa desde el interior de los territorios ocupados lo puso en busca y captura cuando no tenía ni 30 años. Su condición de saharaui le ocasionó el despido del pesquero ruso en el que trabajaba en Dajla.

“No podía ser funcionario, no podía ser policía, no podía ser pescador en las flotas que expolian el pescado de mi tierra ni en las minas de fosfatos. Qué otra cosa podía hacer. Me fui en patera y llegué a Fuerteventura. Porque para nosotros no hay visados”, resume. Pero “incluso estando aquí, en España, sientes miedo de hablar sobre el conflicto saharaui. Hace años salí en un periódico y no paré de recibir amenazas. Y también me da miedo que mis palabras tengan consecuencias para mis familiares que siguen en el Sáhara ocupado”, explica por teléfono desde Zaragoza, donde vive con su mujer y sus dos hijos.

“Sobre todo ahora, con la última noticia que ha salido”, puntualiza. Se refiere a la renovación del mandato de Naciones Unidas para la resolución del conflicto del Sáhara. La ONU nunca ha reconocido a Marruecos como potencia administradora del Sáhara Occidental pero la última resolución del Consejo de Seguridad, votada el pasado viernes, dio un último mazazo a la causa saharaui. Por primera vez, a propuesta de Donald Trump, el escrito insta a las partes a entablar negociaciones “tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos con miras a alcanzar una solución política definitiva mutuamente aceptable que prevea la libre autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.

Pese a que el borrador inicial presentado por EEUU eliminaba mención alguna al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, “derecho inalienable según la Asamblea General de las Naciones Unidas, el documento aprobado la semana pasada por el Consejo de Seguridad acabó incluyendo de nuevo esa salvaguarda, pero por primera vez ha asentado como opción más viable la autonomía saharaui bajo soberanía marroquí. El abogado y observador internacional de derechos humanos Sidi Talebbuia, saharaui y español, considera que pese a suponer un ”espaldarazo al régimen de Marruecos y su presencia en el territorio“ el documento final pudo haber sido ”aún peor“, pues finalmente ha mantenido la mención al derecho a la autodeterminación.

“Viene a constatar el posicionamiento que ha tomado Francia y España en los últimos años, que apoya la ocupacion del territorio. Pero también en el año 91 se dio un plazo de 6 meses para celebrar un referéndum que nunca ha sucedido”, añade el jurista.

El rey alauí, Mohamed VI, ha declarado fiesta nacional el 31 de octubre, cuando se aprobó esta resolución, lo que da una idea del espaldarazo que el monarca ha sentido. “Hay mucho miedo a hablar, ahora más todavía. Si aparece mi nombre criticando al Estado marroquí estoy seguro de que van a por mi familia. Ya se sabe lo que hay, detenciones, palizas, torturas o directamente desapariciones. Cuántos activistas saharauis están en paradero desconocido…”, lamenta.

“La única vía es la lucha armada”

Para Syed, el giro de la ONU a favor de la postura marroquí es solo “el último episodio” de un declive de la causa que “empieza con el alto el fuego de 1991”, apunta. Un “error de los líderes políticos saharauis” que, en su opinión, ahora está pagando su pueblo a ambos lados del muro marroquí. “Ahora estamos dominados, totalmente, sobre todo en los territorios ocupados, pero también en los campamentos. La juventud quiere que se vuelva a la lucha armada, pero la situación ahora es de mucha más debilidad en lo militar”, apostilla.

“Muchos lo tenemos claro. Lo que diga la ONU nos da igual. Aunque hubiera un referéndum, Marruecos nunca se va a ir del Sáhara por voluntad propia. Ahora hablan de una autonomía, pero ya sabemos lo que significa eso: nada. Lo que llega con violencia solo se saca con violencia. Por eso tengo claro que la única vía para liberar mi tierra es la lucha armada, como la de los años 80”, asegura. “Puede que haya inferioridad militar, pero los soldados saharauis combaten por su país, mientras que los soldados marroquíes son solo chavales que cobran 400 euros al mes”, confía Syed. “Estamos en la última etapa de la causa saharaui, si resurge la lucha armada eso puede cambiar”, añade.

En la misma línea se expresa Bahi. “Los saharauis seguimos cada año las resoluciones del Consejo de Seguridad, pero esta vez fue diferente: el contexto en Gaza, en Marruecos y las manifestaciones recientes generaban preocupación. El primer borrador causó miedo, porque muchos temían un cambio total a favor de Marruecos”, sostiene desde la capital del Sáhara. “Al final, la resolución salió casi equilibrada, aunque contradictoria. Marruecos intentó presentarla como una victoria total, con festejos y manipulación mediática, pero la realidad muestra que no todo salió según sus planes”, apunta.

Separación de familias

Cuando los ataques marroquíes contra la población saharaui refugiada empezaron a arreciar, la madre de Sayed estaba embarazada de él, “por eso no huyó al desierto”, apunta. “Mi padre, que fue durante 26 años sargento de la Policía Territorial en la Villa Cisneros española, reunió a sus hijos más pequeños y buscó refugio en Sidi Ifni”, explica. “El resto de mis hermanos, primos y tíos huyeron al desierto y nunca han podido regresar a su tierra ni a visitar a su familia”, lamenta.

“Yo he tocado techo en cuanto a la realidad de esta separación”, confiesa. Syed conoció a una de sus hermanas “por pura casualidad” después de 30 años sin siquiera haberse visto las caras. Ambos acudieron el mismo día y a la misma hora a la misma oficina de Córdoba para pedir la nacionalidad española. Cuando escuchó el nombre y sus mismos apellidos, le preguntó si tenía un hermano en Dajla al que no había conocido. Ella respondió que sí y él le dijo: “Pues aquí está, soy yo”. “Fue un momento de mucha emoción, de muchas lágrimas. Ella no me abrazaba, me mordía. No se esperaba una sorpresa así”.

A diferencia de su hermana, él sí ha logrado volver a su tierra, aunque lo que vio y vivió no fue agradable. “Me costó 5.000 euros en sobornos a un juez marroquí para que borrara mi expediente y dejara de estar buscado en Marruecos”, explica. En 2010 acudió al llamado “campamento de la dignidad” de Gdeim Izik, a unos 10 kilómetros de El Aaiún. Fue la mayor protesta saharaui desde el alto el fuego acordado entre Marruecos y el Frente Polisario en el 91. Decenas de miles de activistas acamparon durante más de un mes hasta que las fuerzas de seguridad marroquíes asaltaron el campamento y detuvieron a más de 200 personas. Algunas siguen en prisión, cumpliendo condenas de hasta 20 años de cárcel o cadena perpetua.

“Esa es la respuesta a las protestas. Si preguntas, muchos saharauis que siguen bajo la ocupación te dirán que solo quieren vivir en paz, que no quieren problemas. Ese el resultado de todo este tiempo, del miedo y de la desprotección que viven, porque nadie se preocupa del pueblo saharaui. Ni España ni la ONU ni ningún gobierno del mundo”, lamenta. “Así, quién va a salir a protestar en el Sáhara ocupado después de esta resolución. Nadie. Saben que si lo hacen estarán condenados de por vida. Si la gente está tranquila es porque teme por su vida, por su libertad y por la de su familia”, asevera.

Sin embargo, en 50 años, Marruecos ha conseguido un impasse político en el que ha sabido arañar poco a poco avances que legitiman su ocupación ilegal. Su acercamiento diplomático a Israel no solo le ha granjeado el respaldo de EEUU, sino también tecnología militar punta israelí. Su chantaje migratorio continuo a España ayudó a que el Gobierno de Pedro Sánchez aceptara la propuesta marroquí de autonomía controlada para el Sáhara.

Mientras tanto, ha sabido blanquear internacionalmente la ocupación mediante el turismo de masas, con Dajla como perla del Atlántico. Si hoy Syed volviera a la ciudad en la que creció, se encontraría un lugar en plena transformación, donde camiones y excavadoras levantan cada centímetro de acera para construirla de nuevo. Llena de hoteles de lujo a pie de mar en sus más de mil kilómetros de costa, pero en los que no trabaja ningún saharaui.

Con vuelos diarios cargados de españoles y franceses amantes de kitesurf que no saben o no quieren saber que esas olas y esos vientos les fueron arrebatados por las armas a un pueblo que mira en silencio el normalizado manto del expolio. Hechos consumados ante la inacción de la comunidad internacional que, según Syed, ha llevado a la mayoría de los saharauis que han podido a escapar de su propia tierra saqueada.

Cincuenta años después de mostrarse impotente ante la astuta jugada de Hasan II con la Marcha Verde, resulta evidente a todas luces que España se ha desentendido completamente del Sáhara Occidental, olvidando que sigue siendo la potencia administradora de un territorio que la ONU identifica como sujeto a descolonización.

Fueron muchos los años en los que los sucesivos gobiernos españoles se escudaron en una supuesta “neutralidad técnica” que remitía a la ONU la resolución del conflicto iniciado tras la retirada de las tropas españolas (noviembre de 1975). Igualmente, a partir del plan de paz de 1991, la posición oficial seguía estando alineada con las Naciones Unidas y su pretensión de celebrar un referéndum en el que el pueblo saharaui pudiera hacer uso de su derecho a la autodeterminación. El paso del tiempo iba dejando cada vez más claro que dicho referéndum no iba a celebrarse y que el conflicto, aunque larvado, seguía abierto, con Marruecos ganando ventaja tanto en el terreno militar como en el plano diplomático.

Esa tradicional posición gubernamental apenas lograba esconder un cálculo muy básico. Se contaba con que la ONU no sería capaz de resolver el conflicto a corto plazo y que, por tanto, Marruecos se vería obligado a seguir manteniendo indefinidamente el grueso de sus Fuerzas Armadas Reales (llegó a contar con unos 120.000 efectivos militares en lo que siempre ha denominado “las provincias del sur”) desplegado entre la zona ocupada y la línea de muros que le permiten controlar el 80% de lo que se suele denominar el “Sáhara útil”. O, lo que es lo mismo, que Rabat no podría liberar fuerzas con las que bascular hacia Ceuta, Melilla y el resto de los territorios españoles que reclama insistentemente como propios. Conscientes de que la defensa militar de dichos territorios era (y es) muy problemática si finalmente Rabat decidía ir adelante en sus reivindicaciones soberanistas, se esperaba, en definitiva, que nuestro vecino del sur tuviera que continuar ocupándose durante años de otras tareas.

Aunque el cambio de posición no tiene una fecha exacta, es innegable que los atentados de Atocha (marzo de 2004) contribuyeron significativamente a acelerar un proceso que ya se venía gestando en el contexto de una pos Guerra Fría que, en el caso concreto del Sáhara Occidental, iba basculando cada vez más claramente a favor de Rabat. Así, comenzó a cobrar peso la idea de que nos interesaba intensificar la colaboración con Marruecos en, al menos, tres ámbitos que afectaban (y afectan) a nuestra seguridad: narcotráfico, terrorismo yihadista y flujos migratorios irregulares. A eso se añadía un nuevo planteamiento sobre la vecindad, considerando que a España le interesaba contar con un Marruecos estable y apaciguado, una cuestión que pasaba por cumplir con su sueño soberano sobre el Sáhara Occidental, pilar fundamental de una monarquía que había logrado convertir esa aspiración en prácticamente unánime dentro del reino.

En consecuencia, España apostó por incrementar la colaboración en esos tres campos a cambio de pagar el peaje de alinearse con una ambición marroquí a la que ya se estaban sumando otros actores internacionales; lo que, de paso, iba haciendo cada vez más visible el abandono en el que iba quedando tanto el plan de paz de la ONU como, por supuesto, el pueblo saharaui. Y, por si faltaba algo, para inclinar definitivamente la balanza española a favor de Rabat, ahí estaba Donald Trump, en diciembre de 2020, declarando al Sáhara Occidental como territorio marroquí (a cambio de que Rabat normalizara relaciones con Tel Aviv).

De ese modo se ha llegado a la situación actual. Una situación que deja a los saharauis desasistidos, por mucho que el derecho internacional esté de su parte, tras la dejación de responsabilidades de los sucesivos gobiernos españoles; y a Marruecos saboreando lo que ya considera una victoria definitiva tras la aprobación de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU. Tanto es así que Mohamed VI acaba de decretar como nueva fiesta nacional el 31 de octubre, bajo el rimbombante nombre de Día de la Unidad.

Nada de esto implica ni que el conflicto se haya resuelto por fin —aunque es innegable concluir que el tiempo corre abiertamente a favor de Marruecos—, ni que el Gobierno español haya logrado lo que buscaba. Por una parte, la literalidad de la citada Resolución sigue contemplando tanto la continuación de la MINURSO como la vía de la autodeterminación, aunque ya identifique la propuesta marroquí de autonomía como la “opción más viable”. Y aunque el Frente Polisario no cuenta ni militar ni diplomáticamentecon con los medios necesarios para cambiar la dinámica a su favor, nada puede darse por seguro en una región sometida a una creciente carrera armamentística entre Rabat y Argel, con considerables apoyos externos desde Washington y Moscú (pese a que Rusia no votó la resolución del Consejo de Seguridad).

Por otra, al margen del discurso oficial que presenta las relaciones hispano-marroquíes como idílicas, basta con mirar a las recurrentes crisis provocadas por Marruecos —sea manipulando la desesperación de sus conciudadanos para chantajear a España y a la Unión Europea facilitando la entrada de personas migrantes en Ceuta y Melilla o incumpliendo los compromisos sobre los pasos aduaneros— para entender que Rabat sigue estando lejos de ser un vecino serio y fiable. Y todo ello sin olvidar que cualquier Gobierno español todavía tiene pendiente explicar a su propia opinión pública, mayoritariamente prosaharaui, un giro que difícilmente cabe calificar de exitoso.

Sumar y buena parte de los socios de investidura -Esquerra (ERC), Podemos, Bildu, BNG, PNV- han suscrito una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para reclamar que el Gobierno se oponga al nuevo acuerdo comercial que la UE busca cerrar con Marruecos, al entender que de nuevo atenta contra el Sáhara Occidental.

La misiva está impulsada por formaciones que conforman el Intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui, que expresan su “más rotundo rechazo” a las maniobras de la Comisión Europea y Marruecos para “imponer un nuevo acuerdo comercial que pretende incluir al Sáhara Occidental, un territorio ocupado ilegalmente”.

Las citadas formaciones subrayan que el país marroquí no posee “soberanía ni autoridad administrativa” sobre el Sáhara Occidental y recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya resolvió de manera “inequívoca” que cualquier tratado que afecte a los recursos naturales de la antigua colonia española “solo puede ser válido si cuenta con el consentimiento del pueblo saharaui”, representado “exclusivamente” por el Frente Polisario.

“Cualquier intento de ignorar este principio no solo es una violación flagrante de la legalidad internacional, sino un desprecio deliberado hacia las resoluciones judiciales europeas y hacia el derecho a la autodeterminación reconocido por la ONU”, ahonda el escrito dirigido a Albares.

Aparte, destacan que el Frente Polisario ha dejado claro que “no aceptará ninguna fórmula que lo excluya y recurrirá cuantas veces sea necesario a la justicia europea para frenar este expolio”. “Si se aprueba un nuevo acuerdo sin su consentimiento, el TJUE lo volverá a anular, generando inseguridad jurídica, costes judiciales y una mancha de complicidad sobre todos los Estados miembros que lo respalden”, advierten.

De esta forma, proclaman que España “no puede ni debe permitir que se utilicen los recursos del pueblo saharaui para perpetuar la ocupación colonial de Marruecos, bajo la excusa de unos supuestos beneficios económicos que solo sirven para enriquecer al ocupante y obstaculizar las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui”.

En consecuencia, exigen al Gobierno que vote en contra de dicho acuerdo en caso de que se someta en consideración del Consejo Europeo, donde España tiene que adoptar una posición de “firmeza frente a cualquier intento de legitimar la ocupación marroquí”.

“Apoyar este texto sería situar a España del lado de la ilegalidad, de la vulneración de derechos humanos y del desprecio al Estado de derecho europeo. España debe estar en el lado correcto de la historia”, zanjan en el texto remitido a Albares.

Propuesta de la UE

La propuesta de la Comisión Europea, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea un etiquetado que especifique el origen de los productos procedentes del Sáhara Occidental y que los productos originarios del territorio saharaui sujetos al control de las autoridades aduaneras de Marruecos se beneficien de las mismas preferencias comerciales que las concedidas por la UE a los productos cubiertos por el acuerdo de asociación.

Está previsto que el Consejo apruebe la enmienda de la Comisión este miércoles a nivel de embajadores, según han señalado fuentes diplomáticas, tras lo que arrancará un procedimiento escrito que requerirá del visto bueno de los gobiernos y si ninguno de ellos se manifiesta en contra, el nuevo acuerdo quedará adoptado y podrá aplicarse de forma provisional tras la notificación mutua con las autoridades marroquíes.

Hace un año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló la aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos porque vulneraba los derechos del pueblo saharaui al no tener en cuenta el principio de autodeterminación. Poco después se conoció que el Consejo de la UE restringía el acceso a la documentación en la que aborda las consecuencias de esa resolución de la justicia europea, sin que se pueda saber la reacción de la UE ante el varapalo judicial. Este lunes se ha hecho público que la Comisión Europea busca redefinir el acuerdo comercial con Marruecos “siguiendo la legalidad internacional”, pero según la documentación obtenida por el grupo de investigación Western Sahara Resource Watch (WSRW), “el documento revela cómo la Comisión está tratando de que se apruebe un nuevo acuerdo comercial para los productos procedentes del territorio ocupado, en violación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hace un año”.

Según la documentación, se establece una base jurídica para la concesión de preferencias arancelarias a los productos originarios del Sáhara Occidental y se asegura la identificación de estos productos al importarlos a la UE. El Acuerdo admite que el etiquetado de los productos del sector de las frutas y hortalizas originarios del Sáhara Occidental están sujetos a controles por parte de las autoridades aduaneras marroquíes.

Además, la Comisión añade que el acuerdo no crea obligaciones para el pueblo saharaui y garantiza que reciba un beneficio específico de la explotación de los recursos naturales de dicho territorio. Así se prevé “un mecanismo de control regular que permite verificar si el beneficio concedido al pueblo saharaui en virtud de dicho acuerdo es efectivamente percibido por dicho pueblo”.

Sin embargo, los activistas de WSRW alegan que “diez sentencias del TJUE no dejan lugar a dudas: el Sáhara Occidental es un territorio ”separado y distinto“ de Marruecos, y solo el pueblo saharaui puede consentir acuerdos que afecten a su tierra y sus recursos”. 

En cuanto a los “beneficios”, el borrador “sugiere canalizar el dinero de los contribuyentes de la UE hacia proyectos de infraestructura en el territorio ocupado que están en la lista de intereses económicos prioritarios de Marruecos”, según WSRW, junto con la promesa de un aumento de la ayuda humanitaria de la UE a los campamentos de refugiados saharauis.

“Lo más inquietante de todo es que el pueblo saharaui, reconocido tanto por la ONU como por el TJUE como legítimo titular del derecho a la autodeterminación, ha sido una vez más excluido por completo. Marruecos, que no tiene soberanía ni autoridad administrativa sobre el Sáhara Occidental, se posiciona como el único socio de la UE para negociar, firmar, aplicar y supervisar el acuerdo. Esto perpetúa la práctica habitual de la UE de ignorar a las mismas personas cuyos derechos, según insiste el Tribunal, deben respetarse”, apuntan desde WSRW.

A principios de verano, Laila, Aya, Bulahi y Raguia emprendieron la gran travesía de sus aún cortas vidas. Dejaron atrás el aire abrasador y polvoriento del desierto más inhóspito del mundo, el del Sáhara, para ser recibidos con los brazos abiertos por familias españolas que les están procurando toda suerte de atenciones hasta que acabe agosto. Será entonces cuando vuelvan a las jaimas y casas de adobe que salpican las wilayas de Auserd, Smara, Dajla, El Aaiún y Bojador, en la región argelina de Tinduf.

Para todos ellos, estas son unas verdaderas vacaciones en paz que les están permitiendo olvidar durante unas semanas que su pueblo, el saharaui, sufre un exilio que dura ya casi medio siglo y para el que no se adivina una salida.

Lo que aquí se considera cotidiano –el agua corriente, la nevera llena, la asistencia médica, o incluso subir a un ascensor– se convierte para estos niños y niñas en una ventana a un mundo nuevo. Para quienes les acogen, es un acto de solidaridad con un pueblo que lleva 49 años esperando justicia.

Una infancia en el exilio

Desde mediados de los años 90 del pasado siglo, cuando se instauró en España el programa ‘Vacaciones en Paz’, cada año, cerca de 3.000 menores saharauis pasan los meses de estío en nuestro país acogidos por familias solidarias. No son todos los que querrían hacerlo. Otros mil niños y niñas no pueden realizar el viaje por la falta de voluntarios para hacerse cargo de su asilo temporal.

El programa es gestionado por las distintas entidades y asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui, la Delegación Nacional Saharaui y sus organizaciones territoriales. En su desarrollo participan, además, los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Interior y de Política Territorial y Memoria Democrática. Y, junto a ellos, también los ayuntamientos y las comunidades autónomas donde se presta alojamiento a los menores.

Una red de solidaridad que les permite un respiro en una existencia marcada por las condiciones extremas de calor, la escasez de agua y la dependencia de la ayuda exterior.

Para los niños y niñas saharauis, subir por primera vez a un avión, probar la paella, recibir un tratamiento médico o aprender a nadar son recuerdos que marcarán sus vidas. Para las familias españolas que los acogen la experiencia es igualmente transformadora: abre una ventana a otra realidad y forja lazos que se mantienen a través de llamadas, mensajes y reencuentros año tras año.

Historias de acogida: cuando la fraternidad amplía familias

En Lorca, una de las ciudades murcianas con más tradición de acogida, cada verano varias familias abren las puertas de sus hogares a menores saharauis. Entre ellas la de Isabel Sánchez, quien empezó a participar en el programa en 2014.

Su primer menor acogido fue Ali Labat, que por entonces apenas tenía ocho años y vivía con sus abuelos en Tinduf. “Lo que más le impresionó al llegar fue cómo el agua no dejaba de salir del grifo de la bañera”, recuerda Isabel. Tras varias idas y venidas, Ali, que ahora tiene veintiuno, decidió quedarse para estudiar un Grado Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles y forjarse un futuro aquí. “Es un chico muy responsable y desde el principio se integró bien con los demás niños, que le brindaron una buena acogida”, rememora orgullosa.

Dos años después, Isabel recibió a Naama Moulout, una niña de nueve años con importantes problemas auditivos. Gracias a que los menores saharauis son incluidos en la tarjeta sanitaria de las familias de acogida, la pequeña pudo acceder a tratamientos médicos que no existen en los campamentos. Lo que más le sorprendió entonces fue la cantidad de comida que encontró a su llegada en comparación con la austeridad de su wilaya.

Isabel, miembro de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, cuenta que el idioma nunca ha sido un obstáculo. “Al principio nos comunicábamos con gestos, pero después de un mes los niños ya hablaban español, porque lo habían estudiado en su colegio y aquí terminaron soltándose”.

Para ella también es importante establecer vínculos con las familias de los menores, con quienes siempre ha mantenido el contacto a través de mensajes de WhatsApp o videollamadas, y a las que ha podido conocer en persona en los viajes que ha realizado a Tinduf para llevar ayuda humanitaria.

Segunda generación: los hijos de la solidaridad

En estas tres décadas, el programa ha permitido a sus participantes ver crecer a toda una generación de saharauis que pasaron veranos en España. Como Fatimetou Hamadi, que llegó a Lorca hace más de dos décadas para tratarse de una grave enfermedad renal. De no haber recibido atención médica entonces, probablemente no habría sobrevivido.

Pero lo hizo, luego se convirtió en madre y hoy su hija Galya forma parte de esa segunda generación que disfruta de unas vacaciones en nuestro país. Como hiciera su progenitora, Galya ha pasado los últimos veranos en casa de Mateo Ruiz y su esposa Maita, a quienes llama cariñosamente “abuelos”.

Para esta familia, poder recibir a la hija de aquella niña que una vez vivió en su casa es “un regalo de vida” y la prueba de que la solidaridad trasciende generaciones y deja huellas imborrables.

Sáhara Occidental, el último territorio colonial en África

Desde 1975, tras la Marcha Verde y el abandono de España de los territorios de Saguia el Hamra y Río de Oro, administrados entonces como una provincia más, el pueblo saharaui vive exiliado en los campamentos de Tinduf, sin acceso a recursos básicos y dependiendo exclusivamente de ayuda internacional. Mientras tanto, las promesas de un referéndum de autodeterminación impulsado por la ONU en 1991 siguen sin cumplirse.

Marruecos ha continuado consolidando su dominio, explotando los recursos del territorio –fosfatos, pesca, energía– con la creciente complicidad diplomática internacional.

La responsabilidad del estado español en el conflicto saharaui sigue presente. La ONU considera al Sahara Occidental como un Territorio No Autónomo y, a pesar del control de Marruecos sobre el territorio­ –las poblaciones costeras originales, como la antigua Villa Cisneros (ahora Dajla), hoy son explotadas turísticamente por el gobierno de Mohamed VI–, España sigue siendo reconocida como la potencia administradora. Sin embargo, los sucesivos gobiernos democráticos, unos detrás de otros, se han desentendido de sus deberes históricos hacia el Sáhara Occidental.

Las cada vez más estrechas relaciones diplomáticas y económicas con Rabat, incluso en detrimento de los derechos de los saharauis, y el reciente giro en la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha escenificado su apoyo al plan expansionista del país Alauí en el Sahara –la última vez, el pasado abril durante un encuentro entre los ministros de Exteriores de España y Marruecos, José Manuel Albares y Naser Burita–, ha sido percibido por muchos como una traición a décadas de compromiso con la República Árabe Saharaui Democrática y la autodeterminación de su pueblo. Derechos defendidos por el Frente Polisario y que sí reconocen Naciones Unidas y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Sáhara y Palestina: causas paralelas

Existen paralelismos entre la causa saharaui y la palestina. Una comparación que no es gratuita: comparten una historia de resistencia frente a la ocupación, de generaciones enteras creciendo en campos de refugiados y de un anhelo de retorno que nunca llega. Ambos pueblos fueron despojados de su tierra, han visto frustradas las resoluciones de Naciones Unidas y viven, desde hace décadas, dependientes de la ayuda internacional.

En la Franja de Gaza, la infancia sobrevive a duras penas a los bombardeos, el bloqueo –y la consecuente hambruna– y un asedio que ha alcanzado ya la categoría de genocidio; en Tinduf, lo hace bajo el sol inclemente del desierto y la escasez de recursos, en un exilio sin un final en el horizonte. En ambos casos, los menores pagan el precio más alto de la inacción internacional.

Lo que distingue al caso saharaui es el silencio mediático que lo rodea. Mientras Palestina ocupa titulares en la prensa internacional y alienta movilizaciones en Occidente contra la brutalidad del ejército israelí, el Sáhara Occidental ha sido relegado a una cuestión marginal, apenas presente en las agendas de los grandes foros internacionales.

Esa invisibilización, una estrategia política sutil, pero de consecuencias devastadoras para sus víctimas, refuerza la percepción de un doble rasero en la defensa global de los derechos humanos y del derecho internacional.

Memoria colectiva como dignidad

En Palestina y en el Sáhara Occidental, la infancia crece marcada por la ocupación, la violencia, las penalidades y el desarraigo. Programas como ‘Vacaciones en Paz’ no resuelven el conflicto, pero ofrecen un paréntesis luminoso, un recordatorio de que la solidaridad entre pueblos puede derribar fronteras simbólicas cuando las geopolíticas parecen inamovibles.

Frente al silencio de los gobiernos, el compromiso civil resplandece: cada familia de acogida, cada asociación implicada, convierte a los niños saharauis en embajadores de un pueblo ignorado y construyen la memoria de un verano en paz. Una tregua tangible cuajada de afectos y esperanza como aliento para soportar el dolor de décadas de injusticia.

Santander acogerá este martes, 29 de julio, los actos de bienvenida a los niños y niñas saharauis que este verano participan en el programa 'Vacaciones en Paz' y a las familias cántabras que los acogen durante su estancia.

Así, a las 16.00 horas, tendrá lugar una recepción institucional en el Parlamento de Cantabria, presidida por su presidenta, María José González Revuelta, y con la participación del Intergrupo Parlamentario “Paz para el Pueblo Saharaui”.

A continuación, a las 17.30 horas, el Ayuntamiento ofrecerá una segunda recepción oficial presidida por la alcaldesa, Gema Igual.

Finalizados los actos institucionales, a las 18.30 horas, se ha convocado una concentración ciudadana en la Plaza del Ayuntamiento organizada por Alouda Cantabria, Cantabria por el Sáhara, Moviendo Arena y la Delegación Saharaui en la región.

En un comunicado, las organizaciones convocantes han subrayado el valor del programa 'Vacaciones en Paz' como “una muestra de solidaridad entre pueblos”, que permite a los menores saharauis salir temporalmente de los campamentos de refugiados y “disfrutar de unas semanas de descanso, cuidados y convivencia”.

También han indicado las dificultades “añadidas” que han marcado esta edición, con “un importante retraso” en la llegada de los menores debido a cuestiones administrativas y logísticas que han afectado a numerosas comunidades autónomas.

Durante la concentración se leerá un comunicado conjunto en el que las organizaciones promotoras expresarán su preocupación por la situación que vive el pueblo saharaui, y llamarán a la ciudadanía cántabra a mantener su compromiso con los derechos humanos, la legalidad internacional y la paz.

Por último, han señalado que desde Cantabria se quiere trasladar un mensaje de bienvenida, apoyo y reconocimiento a los niños y niñas saharauis, así como a sus familias de acogida, y reafirmar el compromiso con una causa que “lleva décadas esperando una solución justa y definitiva”.

Las autoridades marroquíes han expulsado este lunes, 8 de julio, a dos periodistas y un activista de derechos humanos españoles que se encontraban en el Sáhara Occidental realizando labores de observación e información en apoyo al pueblo saharaui, en coordinación con el colectivo Equipe Media.

Tal y como ha denunciado la ONG Cantabria por el Sáhara, los expulsados son la periodista asturiana Leonor Suárez, el director del medio digital El Faradio, el cántabro Óscar Allende; y Raúl Conde, también cántabro y miembro de la citada organización.

Según la ONG, los tres fueron interceptados y retenidos en un control policial en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado. Tras la detención, las autoridades los declararon “personas no gratas sin ofrecer ninguna justificación formal”. Posteriormente, fueron obligados a abandonar el territorio en su vehículo y escoltados por cuatro coches de la policía secreta marroquí hasta la ciudad de Agadir, ya en territorio marroquí.

En un comunicado difundido tras su expulsión, los afectados han denunciado que “esta detención y expulsión evidencia el hostigamiento que sufren no solo los activistas saharauis, sino también quienes tratan de apoyarlos”. Asimismo, han señalado que “estas acciones reflejan que Marruecos no respeta los derechos humanos más básicos, y resulta preocupante que siga siendo un socio preferente de países democráticos como España”.

La ONG ha calificado este acto como “ilegal” y lo enmarca en un contexto de “represión marroquí contra la libertad de prensa y los defensores de los derechos humanos en el territorio ocupado”. Con estas tres nuevas expulsiones, el número total de observadores y activistas expulsados del Sáhara Occidental por las autoridades marroquíes en los últimos años asciende a 330 personas, tal y como ha denunciado Cantabria por el Sáhara.

El plan de Trump para Gaza es hacer una limpieza étnica, expulsar a los palestinos y montar allí junto a Israel un gran resort turístico, una zona de veraneo de lujo… playas, hoteles, campos de golf y fiestas. Puede sonar a broma, pero es una práctica que ya ocurre no muy lejos de España. La ciudad costera de Dajla está en el Sahara Occidental, territorio controlado por Marruecos, donde todavía se persigue a la población saharaui original, a quienes recuerdan lo que pasó cuando el ejército marroquí invadió su país cuando España lo abandonó en 1975.  

El plan de Marruecos para asentar su dominio es fácil y efectivo: Ryanair ha abierto líneas de bajo coste desde Madrid para ir a Dajla de vacaciones. Muy baratos, de los que ya cuesta encontrar en otros destinos. Llegas allí y, en lugar de con la población expulsada, te encuentras con un resort de vacaciones. El plan de promoción de Dajla como paraíso sin memoria política tiene unos aliados importantes: los influencers.

Hablamos con el periodista Asier Aldea, que viajó a Dajla camuflado como turista para comprender a fondo el plan de Marruecos. Además, analizamos este fenómeno de turismo-ocupación con Alys Samson Estapé, especialista en la prevención de abusos empresariales en contextos de ocupación, forma parte de Novact, una asociación catalana que trabaja en construcción de paz en contextos como el del Sáhara Occidental o el Palestino.

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A las puertas del Sáhara, en Marruecos, se encuentra una comunidad única que ha sido clave en el panorama musical del Magreb: los gnawa.

Con una historia que se remonta a siglos atrás, los gnawa han logrado preservar una tradición musical profundamente mística y ancestral, que no solo es parte del folclore de Marruecos, sino una referencia musical internacional.

A través de su música, sus ritmos y sus danzas, han logrado fusionar las raíces subsaharianas con la cultura árabe, creando un estilo único y envolvente que ha trascendido fronteras.

¿Quiénes son los gnawa?

El término gnawa hace referencia tanto a los miembros de una serie de cofradías místicas musulmanas como al estilo musical que practican. Originarios de África subsahariana, los gnawa fueron traídos a Marruecos como esclavos durante los siglos XVI y XVII.

A pesar de su origen como pueblo esclavo, los gnawa han creado una cultura vibrante que celebra su herencia y sus creencias a través de la música y los rituales.

En la actualidad, las cofradías gnawa siguen practicando una música que no solo tiene un componente cultural, sino también espiritual, invocando a los santos a través de cantos, danzas y el uso de instrumentos tradicionales.

La palabra gnawa proviene de la lengua tamazight, donde significa “mudo” y se utilizaba para referirse a los esclavos africanos que hablaban lenguas incomprensibles para los bereberes.

Con el tiempo, el término pasó a designar tanto a los descendientes de estos esclavos como a la música que crearon, caracterizada por sus poderosas melodías, ritmos y su capacidad para inducir un trance hipnótico durante sus ceremonias.

Rituales y música gnawa: una experiencia mística

Los rituales gnawa son una combinación de música y danza que tienen un fuerte componente de trance. En sus ceremonias místicas, los gnawa utilizan instrumentos tradicionales como el guembri (un instrumento de tres cuerdas que emite un sonido grave y profundo), el tbel (un tambor grande) y las qraqeb (castañuelas de metal).

Los cantos son profundamente rítmicos y suelen ser en forma de diálogo, donde una voz principal canta invocaciones y el coro responde. Este intercambio vocal, junto con los poderosos ritmos de percusión, crea una atmósfera hipnótica que facilita el acceso al trance.

Los bailes gnawa son igualmente significativos, con movimientos corporales que incluyen giros rápidos y la influencia del derviche en su danza, creando una poderosa energía colectiva que arrastra a los participantes.

Los atuendos tradicionales, adornados con conchas de cauri, son otra característica de la identidad visual de los gnawa, quienes se visten con ropa que refleja tanto su conexión espiritual como su herencia africana.

Influencia internacional de la música gnawa

A lo largo de los años, la música gnawa ha trascendido las fronteras de Marruecos y el Magreb. Músicos internacionales, como Bill Laswell, Adam Rudolph y Randy Weston, han integrado estos ritmos y sonidos en sus composiciones, llevando la música gnawa a una audiencia global.

En los últimos años, el estilo ha evolucionado, con artistas como Abdellah Boulkhair El Gourd y el grupo francés Gnawa Diffusion adaptando las canciones tradicionales a un formato más moderno y accesible para el público internacional.

Este cruce de culturas ha permitido que la música gnawa se mantenga viva y relevante, atrayendo tanto a turistas como a amantes de la música que desean experimentar la riqueza sonora de esta tradición única.

En muchos festivales internacionales, como el Festival de Música Gnawa en Essaouira, se puede escuchar la mezcla de lo místico y lo contemporáneo, creando un puente entre el Magreb y el mundo occidental.

La relevancia de los gnawa en la cultura del Magreb

La música gnawa no solo es una de las expresiones musicales más representativas de Marruecos, sino también un símbolo de la resistencia y la adaptación de los pueblos africanos subsaharianos que fueron forzados a emigrar hacia el norte.

A través de la música y los rituales, los gnawa han logrado mantener su identidad cultural intacta, fusionándola con el Islam y creando una rica tradición que perdura hasta el día de hoy.

Hoy en día, la música gnawa sigue siendo un referente en la música del Magreb, no solo en Marruecos, sino también en Argelia, Túnez y otras regiones del norte de África, donde las influencias de los pueblos subsaharianos y árabes se han entrelazado de forma armónica a lo largo de los siglos.

Cerca de mil organizaciones sociales, sindicales, políticas y culturales, así como personas a título individual, han firmado un manifiesto para exigir al Gobierno de España que retome la posición de las Naciones Unidas sobre el conflicto del Sáhara Occidental y exija el “reconocimiento inequívoco” del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui “mediante un referéndum libre y con garantías”. 

El documento, impulsado por la ONG Mundubat, cuestiona la posición española con respecto al Sáhara Occidental tras el giro de Pedro Sánchez hacia el enfoque marroquí, reafirmado recientemente por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en Marruecos.

“No solo supone una grave contradicción con el derecho internacional, sino también una ofensa directa a la memoria histórica, a los principios democráticos y a la dignidad de un pueblo que lleva 50 años resistiendo en el exilio y bajo ocupación”, sostiene el manifiesto, al que se han adherido formaciones como Podemos, Comuns, EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Izquierda Unida (IU), Partido Comunista de España (PCE), Secretaría de Internacional, Cooperación y Migraciones de CCOO, Sumar Mugimendua, además de organizaciones, personalidades y cientos de personas a título individual, según detalla Mundubat.

Entre los miembros concretos de formaciones políticas que han rubricado el escrito se encuentran Irene Montero, eurodiputada de Podemos; Ione Belarra, secretaria general de Podemos; Tesh Sidi, diputada de Sumar; Isabel Serra Sánchez, diputada de Sumar; Antonio Maíllo, coordinador general de IU; Alberto Ibáñez Mezquita, portavoz de Compromís y diputado; Enrique Santiago, secretario del PCE y diputado; Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu; etc.

Los firmantes solicitan al Gobierno la retirada del respaldo político a la propuesta de autonomía de Marruecos, pues consideran que “vulnera la legalidad internacional y niega la capacidad del pueblo saharaui para decidir su propio futuro”. También exigen una política exterior “coherente con el derecho internacional”, que “no seleccione arbitrariamente a qué pueblos se les reconoce su soberanía”. También recuerdan la importancia de “la aplicación estricta” de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que excluyen al Sáhara Occidental de los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos.

“La posición del Estado español no es neutralidad; es complicidad con una ocupación que viola el derecho internacional desde hace cinco décadas. El Estado español debe asumir sus responsabilidades históricas y las que se derivan de su condición de potencia administradora de iure”, ha declarado Antonio José Montoro, coordinador general de Mundubat, en un comunicado.

A finales de abril, José Manuel Albares reafirmó durante una visita en Marruecos que el plan marroquí de autonomía para el Sáhara -que niega el derecho reconocido por la ONU de convocatoria de un referéndum de autodeterminación- como “la base más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. En ese mismo encuentro, el ministro español proclamó junto con su homólogo marroquí que sus relaciones bilaterales atraviesan “el mejor momento” de su historia tres años después del “punto de inflexión” que supuso, en abril 2022, el espaldarazo del presidente español, Pedro Sánchez, al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, auspiciado por las Naciones Unidas. Décadas después, el referéndum no ha llegado a producirse.

Los saharauis siguen repartidos entre los campamentos de refugiados, a donde huyeron durante la guerra por los ataques marroquíes contra la población civil, -calificados de genocidio por la Audiencia Nacional española-; y los territorios ocupados, donde los activistas que reivindican el Sáhara denuncian constantes abusos de las fuerzas marroquíes.

“Los saharauis te dan lo mejor y lo único que tienen: su solidaridad. Te abren las jaimas para compartir su té, su comida y su forma de vida durante el tiempo que quieras permanecer con ellos”, asegura emocionado Ángel Pérez, portavoz de Izquierda Sindical Asturiana (ISA), al regreso del viaje que una delegación del sindicato realizó a los campamentos de Smara (Sáhara Occidental).

Varios integrantes de esta organización sindical, creada en el Principado hace dos años en defensa de los derechos sociolaborales desde una perspectiva feminista e inclusiva, se trasladaron a los campamentos para entregar medicinas para el hospital y material escolar, además de otros artículos y productos de primera necesidad.

El viaje tenía también una vertiente política, al responder a la invitación recibida para participar en el décimo congreso de la Unión General de Trabajadores de Saguia El Hamra y Río de Oro (UGTSARIO) que se celebró el pasado mes de abril en el campamento de refugiados saharauis en Dajla.

En el congreso se realizó una llamada a continuar la lucha “para alcanzar los objetivos legítimos del pueblo saharaui”, señala el portavoz de ISA.

La experiencia ha sido muy positiva y enriquecedora, ya que han regresado a Asturias con una mochila cargada de momentos emocionantes, de información sobre los distintos proyectos que se están realizando en los campamentos y llenos de agradecimiento por las muestras de hospitalidad que recibieron del pueblo saharaui.

El proyecto Bubisher

Uno de los proyectos más interesantes que han conocido de primera mano es el “Bubisher” o red de bibliotecas y bibliobuses que existe en los campamentos: “Ahí nos comentaron que el Bubhiser es un pájaro del desierto, de la Hammada, y que su canto traslada una buena nueva”, explica Ángel Pérez.

Para los saharauis es muy importante mantener la esperanza de volver a su tierra, y es el canto que esperan “desde hace 50 años”, comenta.

No es fácil trasladar la realidad de los campamentos de refugiados ante el grado de necesidad, el cambio de modelo de relaciones y espacios de vida con respecto a nuestros espacios de confort y modelo económico y ver el despliegue tan enorme de empatía por parte de toda su población cuando ven llegar a los cooperantes

Un taller para mujeres

Los responsables del centro de Smara les explicaron el trabajo que se lleva a cabo en un taller enfocado específicamente para las mujeres.

“Están realizando un taller en el ámbito de la energía renovable, una bioconstrucción -señala- que pueda facilitar el futuro de un pueblo forzado a estar quieto, pero con ansias de movimiento. Eso nos permitió ver cómo existen pequeños oasis de esperanza y empoderamiento de la mujer saharaui”.

Para los asturianos desplazados al Sáhara Occidental, esta experiencia ha sido muy enriquecedora especialmente al comprobar in situ como con una pequeña muestra de solidaridad, llevada a estos espacios tan necesitados, se puede convertir, según sus palabras, en “una inmensa alegría”.

“No es fácil trasladar la realidad de los campamentos de refugiados ante el grado de necesidad, el cambio de modelo de relaciones y espacios de vida con respecto a nuestros espacios de confort y modelo económico, y ver el despliegue tan enorme de empatía por parte de toda su población, cuando ven llegar a los cooperantes”, reconoce. 

La integración de personas con discapacidad

En el viaje también hubo tiempo para visitar el Centro Integral de Atención a personas con discapacidad psicomotriz “Castro”, un espacio de integración en un lugar donde, según corrobora su fundador Buyema, “somos pocos en los campamentos y no podemos dejar a nadie atrás”.

Los militantes de ISA resaltan el compromiso que tenían en este centro con las personas con discapacidad y el aprendizaje que les ofrecían en confección de materiales para proporcionarles una vía de independencia económica.

Además, contaban con un dispensario de medicinas por lo que entregaron ahí también medicamentos que habían estado recogiendo en el Principado.

El compromiso educativo

El viaje incluyó una visita a la Escuela Simón Bolívar que nació fruto de la colaboración entre Cuba, Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática (R.A.S.D.)

“En esta visita aprovechamos para compartir todo nuestro material escolar y conversar con el director Habib Bulahi y Yaritza jefa del profesorado cubano, que imparten clase en el Centro. El personal docente se comprometió a venir un periodo de cuatro años a educar a estos campamentos y es tan grande su compromiso que algunas no se quieren ir al ver las necesidades que existen”, ratifica Ángel Pérez.

Las carencias en el hospital

Unas necesidades de equipamientos materiales que también eran evidentes en el Hospital de Smara a pesar de ser centro de referencia para miles de refugiados y que se suplían con la profesionalidad del equipo humano. La delegación les entregó medicinas y gafas de lectura.

El coraje y lealtad a unos ideales

La cooperación es el principal objetivo y la forma que tienen los miembros del sindicato para apoyar a los saharauis: “este pueblo abandonado en la hamada resiste gracias a su coraje y lealtad hacia unos ideales”, ensalza el portavoz de ISA.

En su larga lista de agradecimientos no se olvidan de la familia saharaui de Bachir Lehdad, un compañero de viaje, amigo y facilitador de todas estas visitas, que les procuró los espacios para guardar los materiales, con el que compartieron tés junto a su familia además de su casa, su comida, su hospitalidad y sus vidas durante apenas cinco días que duró la experiencia.

Los testimonios de un pueblo

Las expectativas de este viaje corto, pero intenso se cubrieron totalmente, ya que pudieron entregar todo el material de primera necesidad que habían llevado. Sin embargo, al responder a la pregunta de cómo es la situación en los campamentos, la contestación del portavoz se resume en una sola palabra: “tremendo”.

“Es una realidad que en algunos momentos supera lo que uno se había imaginado, pero, por otro lado, tenemos los testimonios de un pueblo que tiene unas raíces muy profundas de esperanza en este lugar donde únicamente había desierto”.

“Tenemos que mantener la mirada puesta en este pueblo como sindicato y como sociedad pues no podemos traicionar el derecho de los pueblos a que sean soberanos y tampoco el derecho internacional que concede la ONU de autodeterminación y por último, el más importante pues es fruto del sentido común, el derecho a la dignidad y a ser libres”.

La ayuda humanitaria no era el único motivo del viaje. La delegación también partició en el décimo congreso de la Unión General de Trabajadores de Saguia El Hamra y Río de Oro (UGTSARIO), en el campamento de refugiados saharauis en Dajla, una de la wilayas que componen los campamentos de refugiados saharauis.

En esta convocatoria se realizaba la elección del nuevo secretario general de UGTSARIO con un mandato de cuatro años, designando a Nafee Ahmed Mohamed tras imponerse en la segunda vuelta con 165 votos frente a los 114 de Mohamed Salem Mohamed Cheij.

La autodeterminación para ser “un país libre”

Los participantes, tras recordar los esfuerzos realizados por la justa causa saharaui, invitaron a las organizaciones sindicales de todo el mundo a solidarizarse con el pueblo saharaui y apoyarlo en su lucha por la libertad, la justicia y la autodeterminación.

“Para nuestro sindicato supuso establecer comunicación directa con activistas saharauis y compartir en el desierto la realidad social, política y sindical que se desarrolla, muy a pesar de la situación”, afirma Ángel Pérez.

“Es muy revelador ver cómo en el fondo todas y todos buscamos unos mismos principios como son la justicia social, la dignidad y la participación de mujeres y jóvenes en el desarrollo de una sociedad más justa y con un proceso inevitable de autodeterminación para ser un país libre”, concluye.

La Unión Europea hace tiempo que decidió mirar hacia otro lado respecto a lo que pasa en Marruecos y cada vez más el triángulo Madrid-París-Bruselas se alinea con su vecino incómodo, al que necesita inexorablemente para controlar los flujos migratorios, que es una de las obsesiones de los gobiernos europeos. Y eso, más allá de regar con millones a Rabat, pasa por pisotear los derechos del pueblo saharaui. 

Primero fue en 2022 el cambio histórico de posición respecto al Sáhara Occidental por parte de Pedro Sánchez tras 40 años de equilibrio de España con Marruecos y Argelia al apoyar la propuesta marroquí de autonomía de ese territorio desmarcándose del derecho de autodeterminación que le reconocen las resoluciones de la ONU. El Gobierno trataba así de recomponer las relaciones con el reino alauita, que las rompió tras la acogida humanitaria del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, a la que respondió con un “asalto” de 10.000 personas a la frontera de Ceuta, según lo definió el propio Sánchez.  

Recientemente, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo un encuentro en Madrid en plena Semana Santa su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en el que presumieron de que las relaciones entre los dos países se encuentran en el “mejor momento histórico”. El jefe de la diplomacia española reiteró que la propuesta de Marruecos es la “la base más seria, realista y creíble” para resolver el “diferendo”. En una comparecencia sin preguntas de los periodistas, Bourita admitió que el giro de Sánchez supuso un “punto de inflexión” para esa relación.

Dos años después Emmanuel Macron fue incluso más allá al reconocer que el plan de Marruecos era “la única base” para resolver el conflicto. El presidente francés trataba así de relanzar las relaciones que se habían agrietado igualmente en 2021 con el foco puesto en la seguridad del Sahel.

Frente a los golpes de esos dos gobiernos, que por razones de vecindad son los que tienen una mayor relación con Marruecos, el pueblo saharaui recibió una victoria de la justicia europea: la anulación del acuerdo pesquero de la UE con Marruecos por vulnerar los derechos de la población del Sáhara Occidental. En concreto, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) consideró que se había violado el principio de autodeterminación y concluyó que el consentimiento del Sáhara Occidental a los acuerdos comerciales, dado que afectan a los recursos naturales y las aguas adyacentes al territorio, “no puede presumirse”. 

A pesar de que la Comisión Europea y el Servicio de Acción Exterior de la UE llevaron a cabo consultas, no se dirigieron al pueblo del Sáhara Occidental, sino a la población que actualmente habita el territorio y que no es el “único titular del derecho a la autodeterminación”, según establecieron los jueces respecto al consentimiento. El TJUE recuerda que una gran parte del pueblo saharaui vive en el exilio desde la década de los 60.

La UE busca fórmulas para esquivar al Polisario

Ese fallo se produjo tras una batalla judicial por parte del Frente Polisario, al que los jueces de Luxemburgo reconocen como el interlocutor válido, que se remonta a 2019, cuando se firmó el convenio con Marruecos. En 2023 quedó anulado por una sentencia del Tribunal General (TGUE), pero la Comisión Europea y el Consejo de la UE -donde están representados los gobiernos de los 27- la recurrieron. 

Sin embargo, el pueblo saharaui no lo tiene todo ganado respecto a la decisión judicial de octubre de 2024. Los jueces del TJUE, a diferencia de los de la instancia anterior, establecieron que el consentimiento a los acuerdos comerciales no tiene por qué otorgarse de manera explícita si se dan algunos requisitos. 

“Puede considerarse que se ha obtenido ese consentimiento cuando el acuerdo de que se trata no crea obligaciones para ese pueblo y prevé en favor de este último una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de la explotación de los recursos naturales de ese territorio, debiendo, además, esa ventaja ser proporcional a la importancia de dicha explotación. Si se cumplen esos requisitos, el hecho de que un movimiento que se presenta como el representante legítimo de dicho pueblo se oponga a ese acuerdo no puede, como tal, bastar para cuestionar la existencia del consentimiento que se presume”, recoge la sentencia. 

Y a esa flexibilidad se aferra la Comisión Europea a la hora de negociar el nuevo acuerdo con Marruecos. Unas conversaciones que están enterradas en la opacidad. “La UE reitera el gran valor que concede a su asociación con Marruecos, que es duradera, amplia y profunda. La UE está en estrecho contacto con sus homólogos marroquíes para debatir la mejor manera de avanzar conjuntamente tras las sentencias”, se limitan a decir en Bruselas. Lo que queda claro es que el Frente Polisario queda fuera de la ecuación y que la única intención del ejecutivo comunitario es pactar una solución con Rabat. 

También el Consejo de la UE oculta su posición respecto a las sentencias. El pasado 11 de noviembre, un mes después del fallo del TJUE, el departamento legal de esa institución emitió una nota de información para que los estados miembros estuvieran al tanto de los fallos relativos a los acuerdos con Marruecos así como las consecuencias jurídicas de los mismos. Sin embargo, cercena para el público parte del documento en el que aborda cuál puede ser la reacción de la UE ante el varapalo judicial. 

“El Consejo está obligado a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal de Justicia. La ejecución de las sentencias puede adoptar distintas formas”, señala en el punto 34 de ese documento antes de aparecer la palabra BORRADO en las explicaciones de las fórmulas que puede promover la UE para impulsar un nuevo acuerdo. El argumento que esgrime la institución para eliminar los párrafos clave del informe es que están protegidos para impedir un “perjuicio para la protección de las relaciones internacionales” así como para “el asesoramiento jurídico” de la UE.

El eje Madrid-París-Bruselas también se unió en el intento de modificar la parte de la sentencia del TJUE que estipulaba que “la mayor parte de la población actual del Sáhara Occidental no forma parte del pueblo titular del derecho a la autodeterminación”.

“[El pueblo del Sáhara Occidental], en gran parte desplazado, es el único titular del derecho a la autodeterminación sobre el territorio del Sáhara Occidental. En efecto, el derecho a la autodeterminación pertenece al pueblo afectado, y no a la población de ese territorio en general, de la cual, según las estimaciones aportadas en la vista ante el Tribunal de Justicia por la Comisión, solo el 25 % es de origen saharaui”, señala la sentencia en uno de los párrafos que la Comisión Europea y los gobiernos de España y Francia pretendieron anular, sin éxito dado que los jueces rechazaron los recursos.

Otro síntoma de la equidistancia con Marruecos ante el conflicto saharaui fue la falta de respuesta por parte de la UE a la retención de los eurodiputados de La Izquierda Isa Serra (Podemos), Catarina Martins (Bloco) y Jussi Saramo (Alianza de Izquierda de Finlandia) en el aeropuerto de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, y su posterior deportación a Canarias.

En sendas cartas enviadas al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la alta representante de la UE, Kaja Kallas, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, denunciaron la “vulneración” de sus derechos como eurodiputados y reclamaron “medidas”: “Las autoridades europeas y los Estados miembros tienen la obligación de velar por su cumplimiento, evitando cualquier tipo de obstáculo que impida nuestra labor parlamentaria. En este sentido, es alarmante que no solo se haya impedido nuestra visita, sino que esta práctica represiva de Marruecos se haya repetido con otros observadores internacionales, periodistas y activistas en las últimas semanas.

Sólo la alta representante, Kaja Kallas, respondió a la carta, según fuentes de Podemos, y se desentendió del asunto dado que era una misión de los eurodiputados y no del Parlamento Europeo. En la respuesta, muestra su compromiso con la defensa de los derechos humanos y ofrece su ayuda en próximas misiones.

Tanto esa situación como el recurso presentado por Bruselas, Madrid y París se produjeron en un momento en el que las negociaciones están en marcha con el reino alauita, entre otras cosas, para el acuerdo pesquero y en el que la UE deja buena parte de su política migratoria en manos de terceros países que usan como barrera. De hecho, Marruecos es uno de los países que ha incluido la Comisión Europea en su lista de países de origen seguro, al igual que a otros como Túnez, a pesar de las denuncias acreditadas de vulneraciones de derechos humanos. 

La Unión Europea oculta en la opacidad su posición sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que anuló el acuerdo comercial con Marruecos por haber vulnerado los derechos del Sáhara Occidental. Ese fallo mantuvo la anulación del acuerdo pesquero, que había caducado en 2023, y dio un plazo de doce meses en el caso de los productos agrícolas, pero obliga a estipular un nuevo marco dado que el anterior dejó fuera de la decisión al pueblo saharaui, que no dio su consentimiento. El Consejo de la UE restringe el acceso a la documentación en la que aborda las consecuencias de esa resolución de la justicia europea.

El pasado 11 de noviembre, un mes después del fallo del TJUE, el Consejo de la UE emitió una nota de información para que los estados miembros estuvieran al tanto de los fallos relativos a los acuerdos con Marruecos así como las consecuencias legales de los mismos. Sin embargo, cercena para el público parte del documento en el que aborda cuál puede ser la reacción de la UE ante el varapalo judicial. Así, en sendas solicitudes del documento remitidas al Consejo de la UE por elDiario.es y el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzá, la institución deniega parte del acceso a esa información.

El argumento que esgrime el Consejo de la UE es que los dos párrafos que aparecen borrados en el documento están protegidos para impedir un “perjuicio para la protección de las relaciones internacionales” así como para “el asesoramiento jurídico” de la UE. A lo largo de las siete primeras páginas del documento, los servicios legales del Consejo de la UE analizan el fallo del TJUE y establecen el contexto en el que se produce la sentencia. Pero elimina la parte mollar en la que establece las medidas que podría adoptar el bloque comunitario en respuesta a esa sentencia.

“Como se ha expuesto anteriormente, el Consejo está obligado a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal de Justicia. La ejecución de las sentencias puede adoptar distintas formas”, señala en el punto 34 antes de aparecer la palabra BORRADO en las explicaciones de las fórmulas que puede promover la UE para impulsar un nuevo acuerdo.

La Comisión Europea tiene, por tanto, que suscribir un nuevo acuerdo en base a los términos de la sentencia y, en su momento, vio un resquicio en el propio fallo de los jueces de Luxemburgo que permitiría sortear al Frente Polisario como representante del pueblo saharaui. “La sentencia considera que no se recabó adecuadamente el consentimiento, pero en dos pronunciamientos importantes señala que el consentimiento puede presumirse cuando el acuerdo no genera obligaciones y sí ventajas precisas y claras para el Sáhara Occidental. Además, y en relación con los acuerdos anulados, el TJUE constata que efectivamente no se creaban indebidamente estas obligaciones”, argumentaron en octubre fuentes comunitarias.

Por el momento, el Frente Polisario no tiene noticias de la Comisión Europea y su hipotética inclusión en las potenciales negociaciones comerciales con Marruecos. “El Polisario se ha ofrecido para que la Comisión Europea pueda, cuando lo considere necesario y sobre la base de la última sentencia, negociar con el Polisario sobre este tema y seguramente encontraremos fórmulas y mecanismos para todos aquellos interesados en en poder participar”, señaló el diciembre Omar Mansur, representante del Frente Polisario para la UE.