Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia de Colombia el 7 de agosto con una premisa clara: cualquier acercamiento a Venezuela pasaría por Washington. El nuevo mandatario ultraconservador dejó en manos de su principal aliado el rumbo de la relación con el vecino, evitando así tratar con un régimen al que fustigó en campaña. Sin embargo, Donald Trump rompió sus previsiones al reunirse, antes de lo presupuestado, con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. Hoy, mientras la Cancillería en Bogotá trata de redefinir su posición, algunos empresarios ya se anticipan a buscar oportunidades en la apertura gradual de Caracas.

Trump recibió a Rodríguez el pasado 22 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. Fue su primer encuentro cara a cara, más de ocho meses después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una quirúrgica operación militar y dejara a la hasta entonces vicepresidenta al frente del país bajo su supervisión.

La Casa Blanca, de hecho, ya había enviado otra señal seis días antes. En su informe anual sobre drogas, Estados Unidos excluyó a Venezuela, por primera vez desde 2005, de la lista de países que, a juicio de Washington, han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico. Colombia, en cambio, permaneció en ella, aunque con algunas salvedades, junto a países como Afganistán y Birmania.

El nuevo gobierno del radical De la Espriella apenas ha explicado cómo encajan todas estas fichas en su relación con Venezuela. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, fijó en agosto una borrosa posición oficial: “Nuestra aproximación es a través de los Estados Unidos”. Para la politóloga Pilar Gaitán, la frase coincide con una la incertidumbre diplomática. “Estamos en un momento de transición en el poder, en una informalidad total, en una diplomacia que no sabemos hacia dónde va”, explica a elDiario.es.

Delcy Rodríguez y los multimillonarios Gilinski

Mientras Bogotá trata de definir su orientación diplomática, una parte del gran capital privado ya ha avanzado en sus negociaciones con Caracas y Washington. El banquero Jaime Gilinski, el hombre más rico de Colombia, según Bloomberg, negoció con la petrolera estatal venezolana PDVSA un contrato a 25 años para explotar el campo Bare, en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

El camino hacia el contrato pasó sin falta por Washington. Su hijo, Gabriel Gilinski (de 39 años), viajó a la capital estadounidense para tramitar ante el Departamento del Tesoro la licencia que exigían las sanciones vigentes para cerrar un acuerdo petrolero. El terreno ya estaba abonado: el heredero del banquero había visitado Caracas más de diez veces desde su primer encuentro con Delcy Rodríguez, en marzo.

Las negociaciones culminaron el 4 de septiembre en un acto televisado en Venezuela y encabezado por la propia Rodríguez, que invitó a otros empresarios colombianos a seguir sus pasos.

Apenas unas horas después de la firma, y sin desembolsar un solo dólar, según el portal Bloomberg, la familia Gilinski convirtió sus derechos sobre el campo Bare en un paquete de acciones de la petrolera GeoPark valorado inicialmente en 515 millones de dólares.

El canje fue directo: el conglomerado colombiano aportó la estructura contractual que da acceso al proyecto venezolano a cambio de nuevos títulos que le otorgarán, una vez completada la operación, más del 56,3% del capital de la petrolera. GeoPark, con sede administrativa en Bogotá y domicilio legal en Bermudas, asumirá en solitario la inversión para financiar la recuperación del yacimiento.

La compañía tiene hasta diciembre para cumplir las condiciones pactadas con las autoridades venezolanas. La operación depende, por tanto, de las autorizaciones estadounidenses y de la ejecución del acuerdo con Caracas.

Por todo ello queda claro que el ímpetu del avance empresarial colombiano contrasta con la indefinición del Ejecutivo. La internacionalista Sandra Borda lo describe: “Es muy particular que los que estén incentivando la llegada comercial a Venezuela sean los gremios, el sector privado, pero que no le oigas ni una palabra al Gobierno”.

Otra de las escuetas señales oficiales llegó el 1 de octubre. Reunido en Bogotá con la ministra de Minas y Energía, el vicepresidente Restrepo anunció, de nuevo, una agenda para impulsar la inversión en Venezuela: “en el marco de ese relacionamiento Colombia-Estados Unidos-Venezuela”.

Por ahora, la agenda no incluye proyectos concretos. Solo se sabe que se celebrará una ronda de inversión que reunirá en noviembre a empresarios de los tres países en Nueva York, según la prensa colombiana.

El reinicio de las relaciones comerciales avanza, en todo caso, a dos velocidades. Mientras algunos inversores intentan desembarcar cuanto antes, otros sectores de la industria y los servicios exigen certezas jurídicas a largo plazo. Como recuerda Borda: “hacer negocios sin instituciones sólidas es hacer negocios de corto plazo”. El economista venezolano Luis Pacheco sintetiza el dilema con una imagen: “No te puedes dar el lujo de no ir a Caracas, de no tomarte una foto. Pero tampoco ganas nada con tirarte a la piscina si aún está medio vacía”. 

Quienes mejor han capitalizado la apertura, quizás, son las petroleras que nunca se marcharon: Chevron, la española Repsol, la italiana Eni o la francesa Maurel & Prom. E incluso estos gigantes han pisado con cautela: según el economista Pacheco, Chevron solo reinvierte hoy lo que gana en Venezuela sin “arriesgar capital fresco”. La desconfianza tiene raíces hondas que resume así: “Han pasado 27 años de un desastroso manejo corporativo y apenas ocho meses de un nuevo e incierto enfoque”.

Entre las 'trochas' y la apertura de Trump

Venezuela no es un mercado cualquiera para Colombia. Durante la primera década del siglo fue su segundo socio comercial, solo por detrás de Estados Unidos. En 2008, el mejor año de la relación, el intercambio superó los 7.000 millones de dólares.

Pero los roces políticos y los cierres fronterizos redujeron después el comercio. El choque entre Hugo Chávez y el derechista Álvaro Uribe, entonces presidente, terminó en una ruptura de relaciones. Más tarde llegaron el cierre de la frontera decretado por Nicolás Maduro en 2015 y una nueva ruptura diplomática en 2019, esta vez con el conservador Iván Duque en el poder.

Desde entonces, buena parte de la actividad económica saltó a las trochas, como se conoce en la región a los pasos ilegales de la frontera, muchos de ellos controlados por grupos armados. En 2020, durante la pandemia, el intercambio legal tocó fondo: apenas 222 millones de dólares.

La reapertura fronteriza en 2022, tras la llegada del izquierdista Gustavo Petro al poder, cambió la tendencia, pero no devolvió el esplendor perdido. En 2025, el intercambio sumó 1.170 millones de dólares, casi todo en una sola dirección: Colombia exportó 1.071,9 millones. Pero Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Bogotá, matiza la recuperación. Más que un crecimiento real, sostiene, hubo un proceso de formalización: “Ese comercio lo empezamos a sacar de las trochas y lo empezamos a pasar por los puentes formales”.

Entre enero y julio de este año, el intercambio creció un 12,8% respecto al mismo periodo de 2025, según la Cámara Colombo Venezolana. El repunte, sin embargo, no garantiza que las empresas colombianas conserven las ventajas que adquirieron durante el aislamiento venezolano.

Rodríguez cita el caso de las golosinas y las bebidas gaseosas colombianas, que ganaron espacio en los anaqueles venezolanos en los últimos años. A su juicio una mayor apertura a los productos estadounidenses podría desplazarlas. Por eso, subraya que las medidas de Trump ofrecen oportunidades, pero también suponen mayor competencia en un mercado que Bogotá aspira a recuperar.

Una realidad bajo la alfombra

La apertura económica tampoco despeja los problemas de seguridad. Para Pilar Gaitán, los más de 2.000 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela representan una realidad que se ha metido “debajo de la alfombra”. Los desplazamientos cotidianos de la población, el contrabando desbordado y los capitales ilícitos mantienen su propia dinámica. Según la politóloga, ninguno de los dos Gobiernos ha activado con eficacia los mecanismos binacionales de seguridad.

Organizaciones criminales y guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) encuentran refugio en territorio venezolano, según ha documentado la inteligencia colombiana. La analista Sandra Borda afirma que la ausencia de presión militar por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas ha permitido que estos grupos se fortalezcan mediante la minería ilegal y el contrabando.

Esta permisividad, sostiene Borda, no responde a un simple descuido de las fuerzas de seguridad venezolanas. Si en un principio pudo estar vinculada a afinidades ideológicas de izquierda, con el tiempo habría evolucionado hacia una alianza de conveniencia económica: una tolerancia mutua que facilita el control de las economías ilegales en la frontera.

Se trata de un equilibrio que, ennopinión de la analista, le permite a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, preservar sus vínculos con los mandos militares, algunos de ellos señalados por su presunta participación en negocios ilícitos y sancionados por Estados Unidos. A Washington, por su parte, le permite mantener el flujo de crudo sin comprometer la estabilidad regional. “El único para el que este equilibrio no es un buen negocio es Colombia”, concluye Borda.

El ELN, además, hace años ya no es un huésped de paso en Venezuela. Ronal Rodríguez explica que la organización criminal ha echado raíces al otro lado de la frontera y hay expertos que explican que se trata de una “guerrilla binacional”: “No andan con fusil al hombro en campamentos, están metidos entre la sociedad civil”. En un reciente foro coordinado por el investigador, el diagnóstico de los expertos fue que “muy pocas cosas han cambiado a través de los años en la frontera”.

Ese es uno de los mayores retos que afronta el presidente De la Espriella, quien prometió arrollar a los grupos armados ilegales y no tardó en sumar a Colombia al Escudo de las Américas, la iniciativa antinarcóticoas impulsada por Trump. 

Mientras la emergencia humanitaria en la frontera colombo-venezolana sigue abierta, el nombramiento del nuevo embajador de Bogotá en Caracas trasluce las prioridades que el Gobierno de ultraderecha mantiene fuera de la agenda oficial. El designado es Jorge Jaller, un ejecutivo sin experiencia en la carrera diplomática cuya trayectoria proviene del Grupo Éxito —la mayor cadena de supermercados de Colombia, propiedad de la francesa Casino hasta 2024—, donde llegó a ocupar la vicepresidencia de retail. 

Además, desde septiembre cuenta con un asiento en la junta directiva de la petrolera estatal Ecopetrol, la compañía más grande del país. Su perfil, netamente corporativo, traza un nuevo rumbo para una de las delegaciones más delicadas de la diplomacia colombiana.

La analista Pilar Gaitán resume la elección de De la Espriella: “El nombramiento es muy diciente. ¿Qué se busca en Venezuela? Negocios”.

Los dos peores momentos en la relación entre Donald Trump y Volodímir Zelenski han tenido un denominador común: ambos han llegado precedidos por una conversación telefónica del presidente de Estados Unidos con Vladímir Putin, en la que el líder del Kremlin le ha prometido grandes negocios conjuntos. Ocurrió en febrero de 2025, antes de la disputa pública entre el mandatario norteamericano y el ucraniano en el Despacho Oval de la Casa Blanca, y ha vuelto a suceder ahora, a raíz del acuerdo para que Moscú venda diésel con el permiso de Washington, que ha cogido a Kiev desprevenido y ha desatado una tormenta de reproches.

El presidente ruso ha sabido ofrecer a Trump en todo momento lo que deseaba, persuadirlo con sus argumentos, atraerlo a sus posiciones y enfrentarlo a Zelenski. En menos de dos semanas, Putin ha visto cómo el líder norteamericano suspendía la imposición de sanciones a Rusia, exigía la dimisión del presidente ucraniano, presionaba a Kiev con restricciones temporales de las comunicaciones en el campo de batalla y de la inteligencia militar, exculpaba al Kremlin por haber ayudado a Irán a combatir contra Estados Unidos e instaba a Europa a reanudar la compra de gas ruso.

Ahora bien, si con este apaciguamiento Trump pretendía ablandar la postura negociadora de Putin, ha conseguido justo lo contrario. Moscú considera que debe aprovechar la tensión entre Ucrania y Estados Unidos para pisar el acelerador en el campo de batalla y endurecer sus condiciones para la paz. Por eso, una vez más, la visita a Rusia del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, ha terminado sin acuerdos de calado ni concesiones por parte del Kremlin.

Un Trump indulgente con Putin

Justo antes de la discusión entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca en 2025, Putin había propuesto a su homólogo explotar conjuntamente las tierras raras rusas de los territorios ucranianos ocupados. Esta y otras oportunidades de cooperación económica se perfilaban como un horizonte muy provechoso para Estados Unidos, que también estaba a punto de firmar un acuerdo para extraer minerales raros de Ucrania.

El presidente estadounidense interpretó aquella predisposición rusa como una señal de la voluntad del Kremlin de alcanzar un acuerdo de paz. Así, imaginó una resolución fácil del conflicto, un primer éxito para su mandato y el fin del gasto millonario en armamento para Ucrania. Zelenski, sin embargo, advirtió a Trump y a su vicepresidente, J.D. Vance, de que Putin había incumplido acuerdos anteriores y no tenía intención alguna de detener los combates; el aviso se recibió como una negativa ucraniana a explorar la vía diplomática.

Con el acuerdo del diésel, el líder del Kremlin ha convencido a Trump de que la situación vuelve a ser la misma: un Zelenski recalcitrante, que no está dispuesto a dejar de bombardear refinerías y que, por tanto, se convierte en un obstáculo para la política interna de Estados Unidos. Putin, en cambio, se presenta como un líder mundial constructivo, abierto al diálogo y con quien se pueden cerrar tratos.

Por primera vez, lo que ofrece Trump beneficia realmente a Rusia

Dmitri Popov — Columnista en Moskovski Komsomólets

Entre los proyectos que están debatiendo rusos y norteamericanos figuran iniciativas relacionadas con la energía, la logística, el aluminio, los fertilizantes, las tierras raras e incluso los centros de datos, según el negociador ruso Kirill Dmítriev, que este miércoles ha sido el primero en reunirse con Witkoff en San Petersburgo. Poco después, Putin ha afirmado que está interesado en restablecer la cooperación económica y que está preparado para suministrar grandes cantidades de fertilizantes a los agricultores de EEUU.

Previamente, Trump había intentado corresponder a ese gesto suspendiendo las sanciones que el Congreso de Estados Unidos había aprobado contra Rusia y que se esperaba que entraran en vigor a finales de la semana pasada. Las medidas incluían nuevas restricciones a la economía rusa y aranceles contra los países que importaran petróleo y gas rusos.

Moscú ha recibido positivamente el gesto. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, considera que revela “un enfoque serio” para crear “las condiciones necesarias” con las que avanzar en el deshielo entre ambos países.

Al mismo tiempo, según The New York Times, los emisarios de la Casa Blanca han propuesto a responsables europeos y ucranianos reactivar las compras de gas ruso y el tránsito a través de Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz. El aumento de los ingresos energéticos, argumentan las fuentes citadas por el diario, podría incentivar a Putin a poner fin a la guerra.

“Vivimos tiempos increíbles”

En los últimos días, la prensa rusa afín al poder se ha mostrado casi incrédula ante el giro de Trump. El diario gubernamental Rosískaya Gazeta afirma que el acuerdo del diésel “solo comporta ventajas” para el Kremlin; Komsomólskaya Pravda apuesta por “llenar la caja, seguirle el juego a Trump y conseguir que Zelenski salga perdiendo pase lo que pase”, y el columnista Dmitri Popov, en Moskovski Komsomólets, concluye: “Vivimos tiempos increíbles: por primera vez, lo que ofrece Trump beneficia realmente a Rusia”.

Según Román Anin, uno de los mejores periodistas de investigación rusos, que lleva 15 años indagando en los servicios secretos y el crimen organizado ruso, Putin está aplicando a Trump el manual de los gánsteres y los siloviki –los agentes de los servicios de seguridad– para conseguir que haga lo que más le conviene al Kremlin. Según ese manual, Trump es un bariga, una palabra de la jerga delictiva rusa que describe a un hombre de negocios codicioso y sin escrúpulos, que antepone el beneficio propio a cualquier principio o norma. Y el objetivo del presidente ruso es convertirlo en un loj, un forastero que desconoce los códigos de ese submundo y al que engañan para que acabe sirviendo a los intereses del clan.

Y el principal interés del presidente ruso es un cambio de régimen en Kiev que lo haga más favorable a los designios del Gobierno ruso, el propósito que lo llevó a lanzar la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. No es casual, pues, que tanto ahora como en febrero del año pasado Trump haya arremetido contra Zelenski, acusándolo de perpetuarse en el poder sin pasar por las urnas. Entonces lo calificó de “dictador sin elecciones” y ahora ha ido más allá al afirmar que “es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente” y sugerir que debería ser alguien capaz de llegar a un acuerdo.

Lavrov se ha apresurado a respaldar su petición. “Zelenski entiende que cualquier acuerdo aceptable para Rusia y Estados Unidos significaría el fin de su régimen y el suyo propio”, ha dicho esta semana.

En Moscú han visto una oportunidad para azuzar el enfrentamiento entre el líder ucraniano y el estadounidense. Volviendo a la semiótica mafiosa, Andréi Uglanov, periodista de Argumenti Nedeli, escribe: “Se podría decir que Trump le ha enviado a Zelenski un pescado muerto envuelto en papel de periódico. En la jerga de la mafia italiana y norteamericana de los años treinta del siglo pasado, eso significa que le han lanzado una advertencia: lo han condenado a ser eliminado”.

Otro objetivo que Putin espera alcanzar es que Washington deje de armar a Kiev. Últimamente, en plena campaña para las elecciones de medio mandato, Trump no ha dejado de expresar su malestar por haber invertido “miles de millones de dólares” en Ucrania “a cambio de nada”.

Aunque Zelenski confirmó el martes que Estados Unidos había reanudado el intercambio de inteligencia para alertar de los bombardeos rusos contra ciudades ucranianas, las restricciones impuestas al ejército ucraniano en el uso de la red de satélites Starlink ya se han dejado notar en el campo de batalla. El bloguero militar ruso Vladímir Románov señala que los ataques con drones ucranianos de medio alcance contra la principal ruta de suministro rusa en el frente sur se han detenido casi por completo debido a la limitación del uso del sistema de comunicaciones de la empresa de Elon Musk.

Trump justifica todos estos gestos de presión sobre Zelenski y de indulgencia hacia Putin como una estrategia para poner fin al conflicto. “Estoy negociando la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania y no quiero hacer nada que aleje imprudentemente a Rusia de la mesa de negociaciones”, dijo recientemente.

De este modo, como ya sucedió durante los primeros meses de su mandato, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a hacer suyo el relato del Kremlin. Da por hecho que Moscú lleva la iniciativa en el frente porque es “una gran máquina” que “avanza sin parar” y, al mismo tiempo, minimiza la destrucción causada por los ataques rusos contra Ucrania. “Rusia se ha portado bastante bien en Ucrania, no ha hecho gran cosa”, declaró.

Otro ejemplo de las consideraciones del presidente estadounidense es la benevolencia ante el apoyo ruso a su enemigo, Irán. Pese a que Moscú ha admitido haber prestado ayuda militar a Teherán, Trump no ha querido incidir en ello. “Rusia está haciendo muy poco, si es que está haciendo algo, para ayudar a Irán, en comparación con lo que podría estar haciendo”, se defiende el líder norteamericano.

Putin endurece sus condiciones de paz

Algunos analistas rusos creen que es precisamente gracias a la resistencia del régimen iraní que el presidente estadounidense se ve ahora obligado a acercarse de nuevo a Rusia, con la esperanza de presentar cartas ganadoras a su electorado. “Trump no es amigo nuestro, ni mucho menos. Simplemente, ahora mismo le conviene presionar a Zelenski. Hay que aprovecharlo, pero sin hacerse ilusiones”, escribe Popov en Moskovski Komsomólets.

En este sentido, Mijail Rostovski, en el mismo periódico, advierte de que, tras la cumbre de Alaska entre Trump y Putin, en agosto de 2025, el presidente de EEUU se distanció repentinamente de Rusia. “Cuando Trump ve que no le siguen el juego, tiende a cambiar de rumbo político, a veces incluso para adoptar una postura diametralmente opuesta”, señala.

De hecho, muchos políticos rusos son partidarios de rebajar el optimismo. Según el expresidente Dmitri Medvédev, quienes se han dejado llevar por la euforia harían bien en “poner los pies en el suelo”. “Solo nuestros muchachos, los misiles balísticos y los drones Geran nos acercan a la Victoria”, asegura.

Washington interpreta la disposición de Moscú a debatir posibles vías de cooperación económica como un gesto para avanzar hacia la paz, pero para el Kremlin son dos cuestiones independientes. “Rusia está dispuesta a alcanzar acuerdos económicos, pero no hará ninguna concesión política por amor a esos acuerdos”, afirmó Lavrov el martes.

Popov escribe que “los negocios son los negocios, y la guerra es la guerra”. El analista añade en otro artículo: “Hay que aprovechar esta ventana de oportunidad para hundir a Ucrania en la Edad de Piedra y obligarla a aceptar la paz en los términos de Rusia”.

Por eso, aunque, al comienzo de la reunión, Witkoff se ha mostrado optimista y ha hablado de un “impulso” para reactivar las conversaciones y lograr un alto el fuego, Putin no quiere ni oír hablar de una tregua. “La posición de Moscú sobre el alto el fuego energético con Ucrania no ha cambiado; Rusia necesita paz, no un alto el fuego”, ha insistido esta mañana el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Putin no sólo no ha rebajado sus exigencias para poner fin a la guerra, sino que las ha elevado. A finales de la semana pasada, dio a entender por primera vez que, además de reclamar toda la región del Donbás, ahora tampoco está dispuesto a renunciar a los territorios del norte de Ucrania que el ejército ruso controla.

El corresponsal de guerra de Komsomólskaya Pravda, Aleksandr Kots, lo resume así: “Parece que la zona de amortiguación en las regiones de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk está condenada, tarde o temprano, a convertirse en territorio de la Federación Rusa. Cuyas fronteras, como bien se sabe, no terminan en ninguna parte”.

Ucrania es consciente de que el Kremlin intenta convencer a los norteamericanos de que su victoria es inevitable. Por eso denuncia que el ejército ruso reivindica conquistas que son falsas, como las de la ciudad fortaleza de Dobropilia, en Donetsk, y otras cuatro localidades: Kupiansk, Limán, Kostiantínivka y Oríjiv.

Putin ha presentado a Witkoff una imagen “objetiva” de la situación de la línea de contacto, donde “la iniciativa recae completamente en las tropas rusas”, ha informado el asesor presidencial ruso presente en la reunión, Yuri Ushakov.

En cambio, Kirilo Budánov, jefe de gabinete de Zelenski, advierte: “En este momento difícil, es esencial que todas las partes adopten una actitud comedida, lo que incluye una evaluación realista de la situación y la comunicación de información veraz”.

Este empecinamiento ruso ha imposibilitado cualquier avance tangible en la reunión entre Putin y el enviado de Trump. La petición ucraniana, respaldada por Estados Unidos, de celebrar una cumbre trilateral de líderes para desbloquear la cuestión territorial no figura en la agenda de Moscú. Para el Kremlin, una cita así solo tiene sentido para firmar un acuerdo de paz definitivo. Además, Putin siempre ha dejado claro que no considera a Zelenski un líder legítimo y espera que lo aparten para rubricar la rendición de Ucrania con un dirigente más dócil.

Rusia ha calificado las propuestas ucranianas y europeas de “poco provechosas” y solo se ha abierto a recuperar el formato de conversaciones a tres bandas con la mediación de Estados Unidos. Este tipo de reuniones habían permitido ciertos avances técnicos antes de quedar interrumpidas por la guerra en Oriente Medio. Aun así, habían resultado insuficientes para resolver el principal escollo, la cuestión territorial. Ushakov ha declarado que podrían retomarse durante la primera mitad de noviembre.

La Casa Blanca también ha querido ver en la liberación de Stephen Hubbard, un profesor estadounidense encarcelado en Rusia tras ser capturado en Ucrania al comienzo de la invasión, un indicio de las buenas intenciones de Putin. “Usted es un humanitario”, le dijo Witkoff al darle las gracias. Trump ha puesto en valor que el Kremlin haya aceptado sacar a Hubbard de prisión sin necesidad de un intercambio, una decisión “sin precedentes”.

En la costa este de Estados Unidos, se encuentra el estado de Vermont, ubicado en la región de Nueva Inglaterra, en la frontera con Canadá. En otoño, este lugar se convierte en uno de los mejores lugares para disfrutar del otoño, debido a su manto de tonos rojizos y ocres que ocupan gran parte del territorio, uno de los por excelencia para la llamada temporada del ‘leaf peeping’, que se podría traducir como ‘observación de hojas’, en la que se muestra un amplio abanico de colores y siendo también época de recolección de bayas. 

Qué hacer en Vermont, el lugar otoñal por excelencia de Estados Unidos 

Cuando se habla de viajes y de otoño en América, el estado de Vermont en Estados Unidos es una de las primeras opciones que surgen. Un nombre, afrancesado, que deriva precisamente del francés “monte verde” y que fue otorgado por Samuel de Champlain, quien fue el primer europeo que se asentó en la zona en 1609. 

Este estado tiene sus paisajes más destacados en el norte, siendo la mejor manera de admirarlos por las carreteras secundarias que conectan distintos pueblos y que a su vez, serpentean colinas, con valles salpicados por lagos y famosos puentes cubiertos. 

El paisaje, que mantiene su esencia rural, destaca con árboles como hayas, abedules, así como arces azucareros, que son más llamativos que otras especies. Este ha supuesto, a su vez, inspiración para pintores, escritores y poetas, es por ello por lo que es también un destino para los que buscan librerías y galerías de arte, siendo numerosas por sus localidades. 

Ruta por los pueblos y ciudades más destacados de Vermont

A la hora de decidir los lugares que recorrer dentro del estado de Vermont, la capital, Montpelier, es una de las primeras paradas que se pueden realizar, un lugar con casas coloniales y con una destacada cúpula dorada de la State House, un edificio del siglo XIX, que es lo más icónico de una localidad llena de librerías, comercios y restaurantes. 

Aunque lo que más llama la atención en Vermont son sus pueblos. Uno de los más buscados por sus cafés y galerías de arte es Grafton, mientras Woodstock destaca por sus puentes cubiertos, Putney es una de las aldeas más históricas y pequeñas, así como Stowe es popular por su actividad cultural y su estación de esquí, instalada en el Monte Mansfield. 

Aunque es Bennington la que es la ciudad de este estado, también con un barrio histórico repleto de casas coloniales, así como también tiendas y cafeterías como en el resto. Si bien, en búsqueda de visitar una población histórica la primera es Brandon, con más de 243 lugares históricos y conocido como el alma de esta parte de la región de Nueva Inglaterra. 

La familia Kennedy vuelve a estar de luto. Kyle Francis Kennedy, nieta del asesinado candidato presidencial Robert F. Kennedy, ha fallecido a los 42 años en su hogar en Westwood, un pueblo ubicado en el condado de Norfolk, en el estado estadounidense de Massachusetts. El fallecimiento se produjo el pasado 21 de septiembre, aunque la noticia no se ha hecho pública hasta ahora, según ha confirmado la agencia Associated Press (AP). 

Ni las autoridades ni la familia han dado a conocer las causas de este prematuro fallecimiento. En todo caso, supone una nueva tragedia en el caso de la familia Kennedy, que ha despedido a varios miembros de forma anticipada. Sin ir más lejos, tanto el padre como el abuelo de Kyle murieron antes de llegar a los 45 años, aunque por motivos diferentes. 

El padre de Kyle Kennedy, Michael Kennedy, falleció en un accidente de esquí en Colorado en la víspera de Año Nuevo de 1997, a la edad de 39 años. Su abuelo, Robert F. Kennedy, fue asesinado en Los Ángeles en 1968 tras ganar las primarias presidenciales demócratas de California. En el caso de su tío abuelo, el presidente John F. Kennedy, también fue asesinado en Dallas en 1963.

Una vida dedicada a la educación

La mujer de 42 años pasó la mayor parte de su vida en Massachusetts, donde desarrolló una carrera dedicada a la educación infantil temprana. Tras graduarse en la universidad, Kennedy se unió a Teach for America, donde trabajó como maestra en la ciudad de Nueva York, según se recoge en el obituario publicado en su recuerdo. 

Se convirtió en defensora de los derechos de las personas con discapacidad, llegando incluso a testificar ante la legislatura de Massachusetts en una audiencia sobre discriminación en la atención médica para personas con discapacidad. También colaboró con empresas tecnológicas dedicadas a reformar y mejorar los planes de estudio escolares y trabajó como asesora de educadores que atienden a niños pequeños.

Además, de acuerdo con AP, Kennedy era corredora de larga distancia y participó en la Maratón de Boston en 2019, pero un año después sufrió una grave lesión medular que le provocó una parálisis permanente.

Kyle Kennedy era sobrina de Robert F. Kennedy Jr., el controvertido secretario de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Estados Unidos liderado ahora por el republicano Donald Trump. El responsable es conocido por ser un destacado activista antivacunas y difusor de teorías de conspiración. 

El Gobierno de los EEUU ha denegado a la exalcaldesa de Barcelona y actual candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, el permiso para entrar a Puerto Rico. Fuentes próximas a la propia Colau, que achacan la decisión a su participación en la Flotilla Global Sumud que el año pasado fue interceptada por Israel cuando transportaba ayuda humanitaria rumbo a Gaza, explican que tenía planeado participar en un acto sobre municipalismo organizado por el colectivo Liga de Ciudades de Puerto Rico. En él se estaba preparando una charla con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aunque el regidor neoyorkino finalmente ha delegado su participación en un miembro de su equipo.

El entorno de la candidata del Frente Amplio relata que las autoridades norteamericanas denegaron a Colau su solicitud de entrada a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA, en sus siglas en inglés), el permiso requerido para entrar en EEUU a los ciudadanos procedentes de países que no requieren visado. El de la exalcaldesa fue el único documento que se rechazó expedir, puesto que el resto de los miembros del equipo lo obtuvieron sin problema.

Recibido el veredicto negativo, Colau solicitó una cita con la embajada de los EEUU en España para intentar que reconsiderasen la decisión. Según relata la exalcaldesa en conversación con elDiario.es, en esa reunión las autoridades diplomáticas estadounidenses le preguntaron si había sido detenida en alguna ocasión o si tenía antecedentes penales. Ante la respuesta negativa de Colau, la siguiente pregunta fue más directa: si había viajado a Israel.

“El funcionario me hizo varias preguntas dando rodeos”, explica la dirigente, que afirma que las autoridades estadounidenses estaban muy interesadas en indagar si había estado detenida en el estado hebreo. “Les dije que la última vez que fui a Israel lo hice en misión humanitaria pacífica a llevar ayuda humanitaria, y que el ejército israelí nos retuvo y después nos devolvió a nuestros países tras llegar a un acuerdo con ellos”, rememora Colau. En todo momento, asegura, mantuvo que carecía de antecedentes penales y que no había sido detenida en Israel porque nadie le comunicó oficialmente su arresto, no se la llevó en presencia de ningún juez ni tuvo derecho a asistencia letrada.

Colau participó en octubre del año pasado en la Flotilla Global Sumud, una iniciativa para alcanzar las costas de Gaza y entregar un contingente de ayuda humanitaria. La flotilla fue interceptada por Israel en aguas internacionales en el Mar Mediterráneo cuando intentaba sortear el bloqueo impuesto por las fuerzas navales israelíes, y más de 400 activistas —entre ellos la exalcaldesa de Barcelona— fueron detenidos y retenidos durante cuatro días en una prisión de alta seguridad.

Tras esa entrevista, y ante lo “particular” de su caso, las autoridades estadounidenses le pidieron su pasaporte para poder estudiar el asunto, explica Colau. El veredicto final llegó unos días después, el pasado domingo, cuando EEUU le devolvió su documentación acompañada del rechazo definitivo a su solicitud de entrada en Puerto Rico. La razón esgrimida oficialmente por la embajada para denegarle el visado es que consideran que la exalcaldesa tiene “intención de inmigrar” a los EEUU.

Por el contrario, la líder del Frente Amplio considera que la decisión de EEUU de prohibirle la entrada a Puerto Rico se debe a “motivos políticos”. “Yo fui hace dos años a Puerto Rico y no tuve ningún problema”, lamenta Colau, que califica de “gravísimo” que la Administración de Donald Trump, como parte de sus políticas, esté “bunkerizando las fronteras de forma arbitraria, autoritaria y antidemocrática”. “Y, además, con el agravante de que sea en Puerto Rico, porque EEUU opera allí como una potencia colonizadora y controla sus fronteras invadiendo por completo la soberanía” de la isla, denuncia la dirigente.

“Insultos” y “agresiones” durante la retención en Israel

En el viaje humanitario a Gaza que ha llevado al Gobierno de los EEUU a rechazar su permiso de entrada al país, Colau denunció haber sido víctima, como el resto de sus compañeros, de malos tratos por parte de las fuerzas israelíes. En una entrevista en elDiario.es, la exalcaldesa narraba que cómo los soldados israelíes les pusieron “de rodillas, la cabeza contra el suelo” al detenerlos, el mismo trato que recibieron los cuatro días posteriores.

“Todo eran insultos, agresiones, no nos dejaban dormir, no nos daban agua, negaban la medicación a la gente que la necesitaba… Muchas sentimos miedo, no me da vergüenza reconocerlo. Pensábamos que si estaban haciendo esto, ¿hasta dónde podían llegar? Sobre todo sabiendo que aquello no tenía nada que ver con lo que le hacen a los palestinos desde hace años”, explicó entonces.

El de Colau es solo el último caso del uso arbitrario que hace la Administración Trump de los permisos de entrada a los EEUU. Desde que volvió al poder en enero de 2025, el Gobierno del presidente estadounidense ha vetado el acceso a su territorio a dirigentes de todo el mundo: es el caso, por ejemplo, de la expresidenta argentina Cristina Fernández, el excomisario europeo Thierry Breton o el presidente palestino Mahmud Abás.

El 12 de enero de 1928, Ruth Snyder llegó a la prisión de Sing Sing, en Nueva York, para enfrentarse a la silla eléctrica. Tenía 32 años y había sido condenada por el asesinato de su marido, Albert Snyder, cometido unos años antes junto a su amante, Henry Judd Gray. Aquella noche, los dos condenados fueron ejecutados con pocos minutos de diferencia. 

Mientras Snyder moría, sentado entre los testigos estaba Tom Howard, el fotógrafo que el periódico New York Daily News había enviado para cubrir el evento. Más allá de contar lo que ocurriría esa noche con los dos condenados, su misión iba un paso más allá, pues debía intentar conseguir una fotografía de la ejecución. 

Meter una cámara en la sala de ejecuciones estaba totalmente prohibido, pero Howard consiguió esconderse una pequeña en el tobillo, que conectó mediante un cable a un disparador oculto en su bolsillo. Cuando llegó el momento de la ejecución de Ruth, el fotógrafo levantó discretamente el pantalón y pulsó el disparador. 

El periódico estadounidense había conseguido la primera imagen de una persona muriendo en la silla eléctrica, una fotografía que sus directivos decidieron poner en portada al día siguiente bajo un enorme titular: “DEAD!” (“¡MUERTA!”). La imagen mostraba a Snyder atada a la silla, justo en el momento en que recibía la descarga. 

Hasta entonces, la prensa sensacionalista se había dedicado a llenar páginas y páginas hablando de lo que Ruth Snyder y su amante habían hecho, así que aquella fotografía causó un gran impacto en Estados Unidos y convirtió la ejecución en un acontecimiento todavía más mediático. ¿Dónde estaba el límite?

Ruth, Albert y Judd

En 1915, May Ruth Brown, que entonces tenía 20 años, conoció a Albert Snyder, un artista de 33 años que trabajaba como editor de arte de una revista. A pesar de sus diferencias, se casaron ese mismo año y comenzaron su vida juntos en Nueva York. En 1918 nació su única hija, Lorraine.

Con el paso de los años, sin embargo, el matrimonio se fue deteriorando y, para 1925, Ruth se sentía profundamente infeliz con su vida. Se dice que Albert seguía enamorado de su antigua prometida, quien falleció años antes de casarse, y que Ruth vivió una relación marcada por el maltrato y el carácter autoritario de su marido.

Ese verano, la mujer conoció a un vendedor de corsés llamado Henry Judd Gray, con quien empezó una relación y, dos años después, ambos decidieron fugarse juntos, pero para hacerlo necesitaban dinero. La idea de deshacerse de Albert comenzó entonces a tomar forma, y Ruth contrató varios seguros de vida a nombre de su marido, algunos con cláusulas que podían aumentar considerablemente la indemnización en caso de una muerte accidental o violenta. 

El 20 de marzo de 1927, Ruth y Judd llevaron finalmente el plan a cabo. Su objetivo era asesinar a Albert y hacer pasar el crimen por un robo para cobrar el dinero del seguro y financiar su nueva vida juntos, pero la historia no convenció a los investigadores. Los dos dos fueron finalmente declarados culpables por asesinato y ejecutados en la silla eléctrica.

Estados Unidos ha ordenado retirar cualquier inteligencia artificial (IA) de la empresa china DeepSeek de los sistemas informáticos gubernamentales. La directiva, emitida este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional, obliga a las agencias de la administración a eliminar los productos de la compañía y cualquier servicio de terceros que se apoye en sus modelos o haya sido desarrollado a través de ellos. Entre los organismos afectados figuran los departamentos del Tesoro, de Estado y de Justicia, aunque quedan excluidas las agencias dependientes del Departamento de Defensa.

Washington justifica el veto por motivos de espionaje y ciberseguridad. Según la notificación oficial de Seguridad Nacional, el uso de DeepSeek abre “múltiples vectores de amenaza” y “puede dar lugar a la transferencia de datos sensibles a China si lo utilizan empleados o proveedores del Gobierno estadounidense”, según recoge la agencia Reuters.

El departamento advierte a su vez de que la utilización de esta tecnología en la Administración “podría producir inteligencia procesable sobre personas estadounidenses y/o agencias gubernamentales”, y añade que los propios modelos “pueden contener software malicioso u otras vulnerabilidades de seguridad”.

China pide “no politizar” la IA

La respuesta de Pekín ha llegado en la mañana de este martes a través de su Ministerio de Exteriores. En una rueda de prensa recogida por la agencia EFE, la portavoz Mao Ning ha expresado el rechazo de su Ejecutivo a la “politización de las cuestiones tecnológicas y económico-comerciales”. Mao ha trasladado la oposición de su país a la “generalización” del concepto de seguridad nacional que defiende Washington y ha anunciado que China defenderá “con firmeza” los derechos e intereses legítimos de sus empresas.

La prohibición a escala federal amplía el cerco que varias instituciones norteamericanas ya habían impuesto sobre DeepkSeek. Antes de esta orden, el Departamento de Comercio, la Marina y estados como Nueva York, Tennessee o Virginia habían vetado el uso de los productos de la tecnológica con sede en Hangzhou en sus dispositivos oficiales.

Ahora el Departamento de Estado va un paso más allá, ya que ha hecho público un memorando interno del pasado mes de julio en el que ya instruía a las agencias federales para que vigilaran los flujos de tráfico entrante y saliente en las páginas web del Gobierno con el fin de mitigar posibles riesgos derivados de esta inteligencia artificial.

DeepSeek ganó notoriedad internacional a principios de 2025 al lanzar modelos de inteligencia artificial que podían conseguir resultados similares a los estadounidenses pero entrenados, según sus datos, a una fracción del coste de aquellos. Su irrupción sacudió un sector dominado hasta ese momento casi en exclusiva por corporaciones como OpenAI, Google, Meta o Anthropic, inmersas en inversiones multimillonarias en infraestructura de computación que han despertado alertas entre analistas e inversores sobre una posible burbuja financiera en torno a esta tecnología.

Una nueva guerra fría tecnológica

El veto a DeepSeek forma parte de una ofensiva mucho más amplia por parte de Donald Trump para frenar la IA china, que ha terminado dando origen a una guerra fría tecnológica. En julio, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) votó a favor de prohibir la venta en Estados Unidos de dispositivos con componentes críticos de fabricantes chinos y propuso impedir que las operadoras de telecomunicaciones se interconecten con firmas chinas. También prohibió la venta de androides de fabricación china en el país.

Antes, en diciembre, el mismo organismo ya había bloqueado la importación de nuevos modelos de drones y de routers domésticos fabricados en China. Mientras que el próximo 29 de octubre votará si prohíbe que todos los laboratorios chinos realicen las pruebas de certificación de dispositivos que se vayan a vender en EEUU, como teléfonos móviles, cámaras y ordenadores. Será una medida de alto impacto: el año pasado, el 82% de los aparatos electrónicos comercializados en Estados Unidos pasó sus controles en instalaciones del gigante asiático.

Unas medidas comerciales que entroncan con la tendencia hacia la fragmentación de la red en bloques nacionales que puso sobre la mesa el acuerdo entre Trump y Xi Jinping para separar a los 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos del resto del mundo. Aquel pacto, diseñado para dejar el algoritmo de recomendación bajo la supervisión de la Casa Blanca y de aliados empresariales como Oracle, evidenció el giro de Washington hacia la doctrina de fronteras digitales practicada por Pekín y Moscú.

Se trata de una política que puede terminar extendiéndose al resto del mundo y “balcanizar” la red. “Existe un riesgo real de que los usuarios queden encerrados en jardines amurallados nacionales”, avisaba en conversación con elDiario.es Christoph Schmon, director de Políticas Internacionales de la Electronic Frontier Foundation (EFF), a raíz de aquel movimiento. “Las leyes y órdenes nacionales están pensadas para regular asuntos internos, por lo que cierta fragmentación legal de Internet es inevitable. Sin embargo, la verdadera preocupación surge cuando estas medidas están mal dirigidas y corren el riesgo de segmentar la red global e interoperable en sistemas aislados”, dice Schmon en conversación con elDiario.es.

La NASA ha probado con éxito unas baterías experimentales capaces de soportar temperaturas de hasta 170 grados bajo cero sin sufrir daños, un avance que podría facilitar las futuras misiones de exploración lunar. Los prototipos, desarrollados dentro del proyecto SPEARS, han superado una serie de ensayos de vacío térmico realizados en el Centro de Investigación Langley, en Virginia (Estados Unidos). Las pruebas también han confirmado que estas pequeñas celdas pueden funcionar a temperaturas de hasta 80 grados bajo cero, aunque con un rendimiento ligeramente inferior. Sin embargo, la agencia espacial distingue entre ambas capacidades: resistir un frío extremo no significa que las baterías puedan suministrar energía mientras permanecen a esa temperatura.

El proyecto, denominado Solid Power for Extreme Environment Adaptability and Resilience in Space (SPEARS), busca desarrollar sistemas de almacenamiento energético adecuados para las condiciones del polo sur lunar, donde las temperaturas nocturnas pueden descender hasta los 200 grados bajo cero y, durante el día, alcanzar los 100 grados positivos. Estos cambios térmicos plantean dificultades para los equipos que deberán utilizarse en las futuras operaciones del programa Artemis. Entre las necesidades identificadas por la NASA figura disponer de baterías fiables y seguras que puedan alimentar desde equipos de emergencia para astronautas hasta vehículos capaces de explorar los cráteres más oscuros de la Luna.

La tecnología se basa en sustituir el electrolito líquido de las baterías convencionales de iones de litio por un material sólido de origen cerámico o polimérico. Los sistemas tradicionales presentan limitaciones ante las condiciones del entorno lunar: el líquido puede congelarse a temperaturas extremadamente bajas y provocar daños, mientras que el calor excesivo impide que la batería funcione hasta que vuelve a enfriarse. La NASA también señala la evaporación del electrolito líquido cuando se expone al vacío espacial. Frente a estos problemas, los investigadores trabajan con materiales sólidos que podrían permitir el funcionamiento de las baterías en un intervalo térmico más amplio.

Las pruebas confirman su resistencia al frío extremo

Durante los ensayos realizados en Langley, las celdas experimentales funcionaron correctamente entre los 60 grados bajo cero y los 80 grados positivos. Yi Lin, responsable de las pruebas y de la investigación de SPEARS en este centro, destacó que el equipo había demostrado por primera vez su funcionamiento a una temperatura de 80 grados negativos. El investigador también expresó su confianza en mejorar las prestaciones de los prototipos y ampliar su intervalo operativo durante los próximos años. Por el momento, estos resultados corresponden a pequeñas celdas sometidas a pruebas de laboratorio, no a baterías instaladas en equipos que ya estén operando sobre la superficie lunar.

Una segunda parte de los experimentos permitió comprobar su resistencia a variaciones térmicas más pronunciadas. Los prototipos fueron expuestos a temperaturas comprendidas entre los 100 grados positivos y los 170 negativos sin presentar daños. La NASA aclara, no obstante, que las baterías de estado sólido tampoco funcionan mientras permanecen a temperaturas tan bajas como los 170 grados bajo cero. La diferencia respecto a los sistemas convencionales radica en que sus electrolitos sólidos no se congelan como los líquidos, lo que les permite sobrevivir a estas condiciones y volver a utilizarse una vez que recuperan una temperatura adecuada para funcionar.

Baterías que podrían reducir el peso y el coste de las misiones

Esta capacidad de supervivencia podría simplificar la protección térmica de los equipos espaciales. Según la NASA, las baterías SPEARS no necesitarían mantenerse calientes permanentemente, sino alcanzar su temperatura operativa mediante pequeños calentadores cuando fuera necesario utilizarlas. Si esta solución se desarrolla con éxito, podría reducir la dependencia de sistemas pesados de control térmico en las naves y los hábitats lunares. La agencia considera que esa reducción permitiría diseñar equipos más ligeros, disminuir costes y favorecer misiones de mayor duración, aunque estos beneficios todavía se plantean como posibilidades derivadas del desarrollo tecnológico.

Una tecnología para la Luna con posibles aplicaciones terrestres

Las aplicaciones previstas abarcan diferentes necesidades de la exploración espacial. La NASA contempla utilizar estas baterías para alimentar herramientas como taladros destinados a trabajar en cráteres permanentemente sombreados, vehículos de exploración, equipos de emergencia para astronautas e instrumentos científicos que deban funcionar durante periodos prolongados. Los investigadores también estudian cómo adaptar su composición química a cada aplicación. Según explica Yi Lin, la utilización de distintos materiales en los electrodos permitiría ajustar las características de las celdas para priorizar la cantidad de energía almacenada, la potencia disponible o la durabilidad, dependiendo de las exigencias del dispositivo.

Aunque SPEARS está orientado a la exploración espacial, sus responsables consideran que la tecnología podría encontrar aplicaciones en la Tierra. Ji Su, investigadora especializada en materiales poliméricos del Centro Langley, menciona sectores como la automoción, los teléfonos móviles, los dispositivos de comunicación y los drones. El proyecto comenzó en 2026 con financiación de la división de Investigación y Tecnología Avanzada de la NASA y se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. El Centro Glenn dirige la iniciativa, Langley participa en las pruebas y el Centro Ames trabaja en componentes electrónicos y equipos destinados a preparar futuras evaluaciones en entornos espaciales. La agencia prevé concentrarse inicialmente en el desarrollo tecnológico y contempla la posibilidad de establecer colaboraciones comerciales en fases posteriores.

La Fiscalía de Florida obtuvo una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de EEUU de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, anunció este lunes el fiscal general del estado, James Uthmeier.

La orden fue emitida por un juez después de que Uthmeier ordenara el año pasado reabrir la investigación sobre la participación de Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en el ataque en el que murieron cuatro personas.

Castro también fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

“Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro residentes de Florida, y el estado nunca dejará de perseguir responsabilidades por esa conspiración comunista”, afirmó Uthmeier.

Según el documento jurado que presentó Florida al tribunal para pedir la orden de arresto, Castro, entonces primer vicepresidente de Cuba, era uno de los responsables de tomar la “decisión final dentro de la cadena de mando que autorizó el derribo”.

“Castro dio órdenes permanentes a altos mandos militares: 'Bien, derríbenlas en el mar cuando aparezcan, y quienes tengan autoridad para hacerlo no deben consultar a nadie'”, subrayó la Fiscalía en un comunicado.

El fiscal general de Florida sostuvo que espías del régimen cubano operaban en comunidades de Florida, recopilaban información de inteligencia y la transmitían a La Habana, lo que, según afirmó, ayudó a los cazas cubanos MiG a localizar las avionetas civiles que estaban desarmadas.

Uthmeier recordó a las cuatro víctimas mortales: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. Los cuatro formaban parte de Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami que se dedicaba a buscar y auxiliar a cubanos que intentaban huir de la isla por mar.

Las dos avionetas Cessna, que despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, estaban “muy fuera de las aguas territoriales de Cuba” cuando cazas MiG cubanos las destruyeron con misiles aire-aire, causando la muerte de sus cuatro ocupantes, detalló la Fiscalía de Florida.

La orden de arresto estatal constituye un nuevo paso en el caso, que Florida reabrió en marzo, tres décadas después del ataque.

El tribunal ordenó que Castro, de 95 años y residente en Cuba, no tenga derecho a libertad bajo fianza; el expresidente se retiró de sus cargos políticos en 2021, aunque mantiene su influencia en la isla.

El caso se produce en un momento de creciente presión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Gobierno cubano, con nuevas medidas contra figuras vinculadas al régimen y un endurecimiento de las sanciones que coincide con la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

“Nuestra comunidad está siendo atacada. No es la primera vez”, recordó Félix Contreras, presentador del Tiny Desk, antes de que arrancara el concierto de la banda mexicana Los Tigres del Norte. “Podemos remontarnos a 1848, cuando cambiaron la frontera. Podemos remontarnos al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante la llamada ‘Operación Espalda Mojada’. Nos arrebatan nuestra humanidad”, añadió antes de reivindicar la importancia del grupo invitado: “Desde que tengo memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad”.

Sin embargo, esta parte del vídeo, no fue inicialmente subida al canal de YouTube de la organización de radiodifusión pública estadounidense NPR, responsable del formato.

La emisora explicó posteriormente que este tipo de conciertos grabados en vivo no suelen incluir una introducción, pero que debido al tema que se abordaba en ella, el inicio había sido retirado temporalmente para que se revisara editorialmente y fuera restaurada por completo en su página oficial.

Desde NPR respondieron a las quejas de los usuarios que los fans del grupo vertieron en los comentarios del vídeo en YouTube, acusándoles de “censura” por haber eliminado el discurso. “Somos conscientes de que el tema abordado es complejo y emocional, y algo muchos oyentes y miembros de nuestra redacción están lidiando”, reconocieron antes de incorporar la introducción al vídeo.

“Gracias por restaurar lo que fue censurado”, respondió uno de los usuarios tras la incorporación del discurso. “Gracias por estar en el lado correcto de la historia”, escribió otro. También hubo fans que se mantuvieron en su postura crítica ante lo sucedido: “No insultéis nuestra inteligencia. La opción de simplemente reconocer tu error sin intentar salvar las apariencias siempre estuvo sobre la mesa”.

El concierto de Los Tigres del Norte forma parte de la edición del Tiny Desk que la NPR dedica a la música latina, a través del programa Alt. Latino, para reivindicar a artistas latinoamericanos. Lo hacen durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, celebrado entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre en Estados Unidos, y que reconoce las contribuciones e influencia de los españoles, hispanoamericanos en la historia, cultura y logros de EE.UU.

Los Mirlos, Mon Laferte, Los Texmaniacs y Draco Rosa son otros de los músicos que han desfilado por el famoso programa durante el último mes.

Los Tigres del Norte, por su parte, son uno de los grupos más emblemáticos para la comunidad migrante de EE.UU. La banda comenzó interpretando Somos más americanos, una canción que precisamente reivindica el sentido de pertenencia de los mexicanos. “Yo soy la sangre del indio. Soy Latino, soy mestizo. Somos de todos los colores y de todos los oficios”, expresa su letra.

La espiral crece. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha acusado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de intentar presionar a Kiev para que se rinda ante Rusia. Zelenski también propone, para acceder a la petición de Trump de dejar de atacar las refinerías rusas con el fin de combatir los elevados precios del gasóleo, que se le suministren más misiles de defensa aérea Patriot.

“Ahora nos esperan días peligrosos de cara a las elecciones”, afirmó Zelenski en Bloomberg, en relación con las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre: “Mi última propuesta era: no atacamos el gasóleo ruso, vosotros nos dais misiles para los sistemas Patriot con el fin de proteger nuestras instalaciones. Pero ellos solo quieren que dejemos de atacar el gasóleo. Y si atacamos, nos cortarán algo”.

Zelenski detalla las medidas hostiles de Washington hacia Kiev. Entre ellas, la ralentización deliberada de las velocidades de Internet de Starlink, crucial para las tropas ucranianas que luchan contra Rusia, y el retraso en los ya escasos envíos de interceptores Patriot contra misiles balísticos: “Creo que se han tomado medidas para convencer a Ucrania de que capitule. No estoy diciendo que ese sea el objetivo que persiguen nuestros socios. No quiero pensar que nuestros socios estadounidenses crean que la guerra podría terminar antes a costa de Ucrania. Pero eso es lo que parece”.

El presidente de EEUU, por su parte, ha intentado justificar en Truth Social el alivio de las sanciones a Rusia tras el acuerdo con Vladímir Putin para regar los mercados de gasóleo ruso: “Estoy negociando la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que aleje, de forma imprudente, a Rusia de la mesa de negociaciones. Quizá lo más importante es que Rusia está haciendo muy poco para ayudar a la República Islámica de Irán, en comparación con lo que podría estar haciendo, y quiero que siga siendo así, y lo será, a menos que se interpongan personas estúpidas”.

Trump, además, acusa a Zelenski de estar “utilizando las refinerías de gasóleo de Rusia como objetivo, a sabiendas de que estos ataques están perjudicando gravemente a los mercados mundiales de gasóleo, incluidos los de Estados Unidos. Los agricultores, ganaderos y empresas de todo tipo están sufriendo enormemente por ello, pero Rusia, a pesar de todo, sigue enviando al mundo millones de barriles de gasóleo a bajo precio”.

“A Zelenski no le importa y, francamente, con todo el dinero que, como es bien sabido, le está dando Europa, y que el deshonesto Joe Biden le dio en el pasado, no quiere poner fin a esta guerra, y probablemente nunca lo quiso”, prosigue Trump, y sentencia: “Podría haber conseguido un acuerdo mejor hace dos años que el que puede conseguir ahora. Su país está en ruinas, ha perdido gran parte de su territorio, sus océanos y mares han desaparecido, y su población masculina es escasa, está herida o muerta”.

David Morales (1998) es hijo de una madre inmigrante mexicana que lo crio sola. Ahora, a sus 28 años, acaricia la alcaldía de Providence, Rhode Island, con una agenda política vinculada al socialismo democrático y que replica el manual de los candidatos progresistas en todo EEUU desde que Zohran Mamdani, del DSA, ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York en noviembre de 2025.

Morales creció en Soledad (California), criado por una madre que compaginaba distintos trabajos, desde trabajar en una gasolinera hasta recoger hortalizas en el campo, para sacar adelante a sus dos hijos. Durante el instituto, Morales trabajaba en el campo los fines de semana para ayudar a su familia y se matriculó en cursos universitarios por las noches, lo que le permitió graduarse a los 19 años en Estudios Urbanos por la Universidad de California en Irvine. A continuación, cursó un máster en Asuntos Públicos en la Universidad de Brown.

Dos años después, en 2020, fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Rhode Island con 22 años, lo que lo convirtió en el latino más joven elegido para una legislatura estatal.

El origen de la ola progresista actual, recuerda Morales en esta entrevista con elDiario.es, está con la acumulación de fuerzas de la candidatura de Bernie Sanders a las primarias demócratas contra Hillary Clinton en 2016. Diez años después, los socialistas democráticos están ampliando su presencia en cargos institucionales.

Como diputado estatal durante los últimos seis años, Morales ha impulsado leyes para reducir el coste de los medicamentos con receta, aumentar el salario mínimo, reforzar las protecciones para los inmigrantes y aumentar las ayudas estatales para las escuelas públicas de Providence.

“Las elecciones son el martes 3 de noviembre, así que queda poco. Y luego, en enero, llegamos a la alcaldía”, afirma Morales.

Ganó las primarias frente al alcalde en ejercicio, algo que siempre es un reto. Esa victoria se debe, en gran parte, a la movilización, al trabajo puerta a puerta y a los voluntarios. ¿Cómo logró ese desborde?

Como dice mi mamá, valió la pena. Luchamos mucho los últimos 11 meses para generar un movimiento que garantice que tengamos una ciudad más asequible para la gente trabajadora de Providence. Todo lo que teníamos era un mensaje y muchos voluntarios que se sintieron motivados para estar ahí afuera tocando puertas.

Teníamos un mensaje adecuado para este momento, un mensaje sobre la vivienda asequible, porque se ha vuelto carísima; sobre una mayor inversión en nuestras escuelas públicas y sobre todos los recursos posibles para proteger a nuestra comunidad inmigrante.

La cosa es que uno puede tener un mensaje bonito, pero lo que importa es que ese mensaje llegue a la comunidad, y nuestro equipo tocó más de 80.000 puertas para asegurar que llegara –según datos de la campaña–. Además, hemos estado en todas las redes sociales, en inglés y en español; hicimos una campaña completamente bilingüe, y eso nos ayudó a asegurar que todos recibieran este mensaje.

¿Hasta qué punto es importante la organización, la capacidad de crear distintas capas de activistas y voluntarios a partir de un pequeño grupo más militante?

Lo bonito es que teníamos muchos miembros de la comunidad que se estaban involucrando en política por primera vez en su vida. Había muchos que eran voluntarios por primera vez y que estaban dedicando tiempo a estar con nosotros. Esta cultura y la comunidad que creció no eran algo que ya existía: eran personas que tenían valores muy similares a los nuestros y ahora tenían la oportunidad de ponerlos en acción.

Usted ha hablado de la 'affordability', un concepto que marca buena parte del debate político en Estados Unidos. Pero, claro, la 'affordability' al final va de la mano de cambios económicos. ¿Cómo piensan hacerlo en Providence?

Quiero que haya un límite a los aumentos de los alquileres. Ahora en Providence se está pagando muchísimo por una habitación y por apartamentos de dos habitaciones, y no puede seguir así.

El alquiler ha subido más del 40% en Providence en los últimos seis años. Eso no puede seguir así. Necesitamos tener reglas y leyes muy básicas que establezcan que los alquileres no pueden subir más de un 4% al año. Y eso es algo en lo que tengo puestas todas mis energías: es una prioridad en cuanto entremos a la alcaldía.

Ese es uno de los modos más efectivos de garantizar que un inquilino en Providence no tenga que preocuparse por que su alquiler vaya a subir tanto como hemos visto en el pasado.

Además del alquiler de la vivienda, ¿en qué otros ámbitos quiere actuar? ¿Cuáles son las otras prioridades de su agenda política?

Queremos asegurar mejores servicios para nuestros estudiantes. Ahora estamos en un momento en el que más del 30% de los niños de las escuelas públicas de Providence habla otro idioma que no es inglés.

Su primer idioma muchas veces es el español, y es muy importante que tengamos un sistema educativo donde haya más maestros bilingües, que puedan apoyar mejor a nuestros estudiantes.

Tenemos muchos estudiantes que tienen problemas de salud mental, y para mí la prioridad es asegurar que tengamos más maestros bilingües, así como más trabajadores sociales y personas de apoyo preparadas para ayudar a nuestros niños. También queremos mejorar la relación con las familias, porque ahora hay muchas familias migrantes que no se sienten conectadas con su escuela.

Eso es algo que queremos cambiar: la forma en que las familias se sienten vinculadas a la escuela de sus hijos.

Las fuerzas progresistas han logrado avances en ciudades como Nueva York, con Zohran Mamdani, o Seattle, con Katie Wilson. Y usted también puede conseguirlo el 3 de noviembre. ¿Este movimiento progresista tiene más fuerza en las ciudades o puede extenderse también al interior del país? ¿Pueden esos avances locales impulsar un cambio más amplio?

Sí. Lo que estamos haciendo es un movimiento en el que los intereses de los grandes grupos empresariales no sean la prioridad. A nivel federal y a nivel local, son los que tienen dinero quienes han tenido el derecho de decir cuáles son las prioridades, y el Gobierno ha tomado medidas en beneficio de la gente rica y también de las grandes empresas.

Lo que yo he hecho durante mis seis años como representante estatal y ahora como candidato a la alcaldía es nunca tomar dinero de esos intereses. Es lo mismo que vemos en Nueva York. Tenemos muchos ejemplos de candidatos que están diciendo: “Yo no voy a tomar dinero de estos intereses corporativos que quieren beneficios para ellos mismos. En su lugar, nos vamos a enfocar directamente en la comunidad y la gente trabajadora”. Y eso va a seguir.

Mi meta es asegurar que tengamos un sistema político que hable a la comunidad y que esté conectado con ella y, más importante, que, cuando se tomen decisiones sobre el presupuesto o sobre cómo uno vota una ley, estas sean en beneficio de la gente trabajadora de la ciudad.

El desafío es ganar elecciones con el dinero de la gente y no con el de las empresas, las grandes corporaciones y los grandes grupos de presión.

Hay muchos ejemplos de candidatos que lo han conseguido.

¿Hasta qué punto cree que este movimiento puede cambiar la política en Estados Unidos? ¿Tiene un techo el movimiento progresista? ¿Habrá algún día un candidato progresista a la presidencia?

No creo que haya techo. Va a seguir creciendo. Hemos visto cómo este movimiento ha crecido muchísimo. Muchos pueden decir que esto empezó en 2016, cuando el senador Sanders se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales. En ese momento teníamos un ejemplo de un socialista democrático que aspiraba a una posición tan importante.

Y eso era un ejemplo y le dio mucha motivación a muchas personas que también podían convertirse en representantes de sus comunidades. Y me ha dado mucha alegría ver a otros progresistas que se han postulado como concejales en ayuntamientos, para representantes estatales o para el Congreso. Tenemos una oportunidad muy especial en 2028, cuando llegue el momento de tener otro presidente, y espero que tengamos un progresista que esté listo para luchar por la gente trabajadora de los Estados Unidos.

Estuve en la Convención Republicana en Dallas y, durante los dos días, los discursos giraban en torno al miedo a ustedes, los progresistas y los socialistas democráticos. Se hablaba de comunismo, de caos... ¿Cómo viven esa presión de la Casa Blanca contra organizaciones como el DSA, contra los activistas y contra gente como usted?

Creo que es una responsabilidad muy grande presentarse como candidato a un cargo público y, después, ejercerlo. Y para mí siempre es importante que las decisiones que tomemos beneficien a la persona trabajadora.

¿Quién va a beneficiarse de las decisiones que tomemos? En los últimos años, hemos visto que cada vez hay más ejemplos de personas de nuestra comunidad que quieren un cambio y quieren candidatos que luchen por ellos. Y, por esa razón, me siento muy contento de pensar que en el futuro vamos a tener un presidente progresista en la Casa Blanca, que tenga los valores necesarios para luchar por la comunidad, no por las grandes compañías, y que garantice que se produzcan cambios en nuestro país.

Seguramente es de las primeras veces que el debate sobre la desigualdad está realmente en el centro de la política. Durante mucho tiempo no ocupó ese lugar en Estados Unidos.

Por eso es muy diferente ahora. Ahora hay muchos políticos que hablan sobre un sistema sanitario que garantice la salud como un derecho para todos, por ejemplo.

¿Le preocupa el neomacartismo de la Casa Blanca, que se refleja en la publicación de informes del Departamento de Estado y en la persecución de personas con nombres y apellidos?

Tenemos un sistema que para mucha gente no está funcionando.

Ahora, con el mayor acceso a las redes sociales, hay más información y más medios independientes que llegan a la gente.

Ahora la gente puede ver quién está donando a quién, no es como cuando los grandes intereses corporativos compraban políticos.

Durante nuestra campaña, yo siempre les dije a las personas trabajadoras que, cuando hablaba sobre estos temas, les estaba diciendo la verdad, porque pueden ver quién toma dinero y quién no lo toma. Y, en muchos casos la gente, vio que David era alguien que solo estaba centrado en los temas que afectan a la gente trabajadora, y eso se demostraba al comparar quién había recibido dinero y quién no lo había recibido: mi oponente quizá había tomado mucho dinero de los negocios que buscaban obtener beneficios de la falta de regulación.

Hay muchos ejemplos que muestran que, cuando hay dinero de por medio en la política, eso puede cambiar muchas cosas. Ahora, como la información es más accesible que antes, es mucho más fácil ver quién está luchando por la gente.

Como alcalde, ¿qué actitud tomará ante el ICE? ¿Qué preocupación le genera esta situación, teniendo usted también origen latino?

Lo que ha pasado en los últimos años con el ICE es que su presencia está creciendo. Está creciendo en Providence, está creciendo en Rhode Island, en Massachusetts, en diferentes partes de nuestra área. Es importante que estemos listos para proteger y defender a nuestra comunidad. Quiero que nuestra oficina jurídica en la alcaldía esté lista para demandar al Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), porque esto no puede seguir pasando. Al mismo tiempo, quiero que tengamos más protecciones cuando haya una familia que se vea afectada, que tengamos un sistema en el que una familia pueda estar en contacto con el miembro de la familia que quede separado de ella. Quiero trabajar con el estado para que no dejemos que haya vehículos que no indiquen directamente si pertenecen al ICE o a la policía. Hay muchos modos en los que nuestra ciudad puede mejorar el sistema que tenemos para defender a nuestra comunidad inmigrante. Ahora mismo me da miedo pensar que esto va a seguir llegando a nuestra ciudad, va a llegar a otras comunidades y necesitamos estar preparados para eso.

El Congreso de EEUU aprobó el 18 de septiembre un paquete de sanciones a Rusia bautizado Lindsey Graham, en honor al congresista fallecido recientemente. En menos de un mes, Donald Trump lo ha dejado en papel mojado, después de haberle dado la puntilla con el acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para liberar gasóleo ruso con la ilusión de que eso puede contribuir a rebajar el precio en las gasolineras estadounidenses.

Así, el presidente de EEUU ha firmado este viernes un decreto que suspende el paquete de sanciones del 18 de septiembre dirigido a la economía rusa, y así lo ha comunicado al Congreso, argumentando que esta suspensión respondía “al interés nacional”.

“He presentado ante el Congreso una certificación en la que se afirma que la concesión de dicha exención en este momento redunda en beneficio de los intereses nacionales de Estados Unidos”, dice Trump en la orden firmada este viernes.

La Administración Trump se ha mantenido prácticamente en silencio desde la reciente aprobación del proyecto de ley por amplia mayoría bipartidista en la Cámara de Representantes y el Senado tras la repentina muerte de Graham, con los legisladores instados a actuar por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El presidente de EEUU anunció en las redes sociales la semana pasada que había llegado a un acuerdo con el presidente ruso para que suministre de inmediato más de 300.000 toneladas de gasóleo, seguidas de 500.000 toneladas adicionales en noviembre y 1 millón de toneladas “inmediatamente después”. Rusia entregará 3 millones de toneladas adicionales “en un breve plazo” a partir de entonces, escribió Trump en Truth Social.

“El Consejo Europeo lamenta la decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones al diésel ruso”. Es una declaración breve y escueta, pero de una gran carga política. Los 27 países de la Unión Europea muestran su oposición a las decisiones de la Administración de Donald Trump, en un momento en el que claramente se ve que el presidente de Estados Unidos trata de culpar al presidente ucraniano de los altos precios del carburante ante las próximas elecciones, las 'midterm', que tendrán lugar en Estados Unidos.

Hasta el momento, la Unión Europea había intentado esquivar un pronunciamiento claro del papel de Trump en la guerra de Ucrania. Sin embargo, las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos han cambiado las tornas en Europa. Trump ha llegado a pedir que hubiera un cambio de presidente en Ucrania y se ha visto su mano tras el apagón tecnológico de la empresa de satélites de Elon Musk, Starlink, que ofrece información a Ucrania sobre los ataques con misiles y drones desde Rusia.

El levantamiento de las sanciones a Rusia no ha sido del gusto de los líderes europeos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que “a decisión que se tomó no es buena para nadie. No es verdad que vaya a resolver el problema del mercado mundial del diésel. Por lo tanto, creo que no tendrá un impacto para el presidente Trump, envía un mensaje negativo y es un elemento de división, más bien genera desconfianza”.

“Cualquier paso que ayude a los rusos es una mala señal”

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, calificó como “incoherente e inconsecuente” la decisión de la Casa Blanca, mientras que el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, reiteró que lamentaba profundamente “este acuerdo sobre el diésel. Evidentemente, no representa una parte muy importante [del suministro], pero, aun así, va en la dirección equivocada. Cualquier paso que ayude ahora a los rusos a aumentar la financiación de la guerra es una mala señal. Por eso, respaldamos plenamente la postura de Volodímir Zelenski.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que “con las señales procedentes de EEUU, que van en contra de Ucrania, Europa se encuentra en una situación más desfavorable, más difícil, en lo que respecta a nuestra capacidad para defendernos de Rusia”. En el mismo sentido, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, mostró su desacuerdo con la decisión del presidente estadounidense. “Por supuesto, no estamos de acuerdo con la compra de diésel a Rusia por parte de Estados Unidos, ya que el diésel y el petróleo son lo que impulsa y alimenta la maquinaria bélica rusa”, apuntó Stubb. 

La posición beligerante de Trump con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también responde a la negativa de ucraniano a dejar de atacar a las infraestructuras energéticas rusas, pese a que Zelenski dio el visto bueno a un posible alto el fuego que Rusia rechazó.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, defendió que las refinerías rusas de carburante eran objetivos militares legítimos. “Si tenemos en cuenta el derecho internacional, está claro que estos ataques son una forma de defender a Ucrania. De estas refinerías procede la financiación de esta guerra que cada día acaba con la vida de ucranianos”.

Restricciones de Starlink para defender a Ucrania

Zelenski participó en la cumbre de líderes europeos que se ha celebrado este viernes en Bruselas. Tras verse con los mandatarios, el presidente ucraniano dio una rueda de prensa en la que se quejó de las restricciones de los satélites Starlink, pedidas por el presidente Trump, ya que impedía “interceptar aviones a reacción que atacan a nuestra población civil y que están matando a nuestras familias”.

“Estábamos utilizando interceptores especiales que se desplazaban a gran velocidad, drones interceptores que se mueven gracias a Starlink. Así pues, Starlink no se desactivó, pero se redujeron los límites de velocidad y, al reducirse éstos, nos vimos incapaces de derribar ciertos drones Shahed”, explicó Zelenski.

Aunque según el líder ucraniano parece que se va a solucionar: “el Ministerio de Defensa y mis socios han dicho que hay indicios por parte de la Casa Blanca de que van a restablecer esas capacidades. ¿Han restablecido los límites de velocidad anteriores? No, pero ¿se van a restablecer ahora? Sí”. 

Ucrania también ha mostrado su queja porque se ha quedado sin misiles 'Patriot' de fabricación estadounidense para su sistema de defensa aérea, lo que la deja más vulnerable a los ataques con misiles balísticos rusos. “Es un secreto a voces que, en estos momentos, no somos un destino prioritario para estos misiles, ya que se están enviando a Oriente Medio”, apuntó Zelenski, refiriéndose al conflicto iniciado por Estados Unidos en Irán.

Además, los países de la UE se han comprometido también a solventar las necesidades de financiación de Ucrania para afrontar en los próximos años la guerra contra Rusia. “Pedimos a la Comisión que presente la propuesta para abordar las necesidades de financiación adicionales de Ucrania para 2027”, se puede leer en las conclusiones del Consejo Europeo.

En la resolución de esta cumbre, los Estados miembros “mantienen su compromiso de atender las necesidades financieras urgentes de Ucrania junto con los socios internacionales”, para lo que piden “intensificar rápidamente su apoyo para ayudar a satisfacer las necesidades financieras y militares urgentes”.

Zelenski ha comentado en varias ocasiones que la guerra con Moscú costará 155.000 millones de euros el año que viene y que necesitarán “al menos 70.000 millones de euros más” de parte de la Unión para defensa y armamento.

Los detenidos viajaban esposados a bordo del avión de deportación estadounidense y nadie les decía adónde los llevaban. Cuentan que los agentes que los custodiaban se burlaban de ellos cuando preguntaban. Los 18 migrantes no descubrieron su destino hasta que las pantallas de los asientos mostraron por fin un mapa. Su destino era la República Centroafricana, un país del que pocos de ellos habían oído hablar.

Nika, una iraní de 32 años, recuerda cómo las esposas se le clavaban en las muñecas. Suplicó a los agentes que se las aflojaran, pero no lo hicieron. Otros pasajeros lo pasaron peor. Ella cuenta que a algunos hombres los inmovilizaron con correas negras y amarillas que les envolvían el cuerpo, como si estuvieran momificados, después de que se resistieran a subir al avión.

Nika, que había huido de Irán 18 meses antes después de protestar contra el régimen, había imaginado Estados Unidos como un refugio. Cuando se marchó, Irán ya era uno de los países más represivos del mundo, y desde entonces la situación no había hecho más que empeorar: este año, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a miles de manifestantes y, después, la Administración Trump lanzó una guerra contra el país.

Tras más de un año recluida en un centro de detención de migrantes de Estados Unidos, Nika —nombre ficticio que The Guardian utiliza para proteger a su familia en Irán— obtuvo protección legal y quedó en libertad por orden judicial. Menos de dos semanas después, el Departamento de Seguridad Nacional volvió a detenerla. Días más tarde, viajaba en un avión rumbo a un destino situado a más de 11.000 kilómetros al este.

“Nunca me dijeron que me iban a deportar a este país”, ha explicado a The Guardian: “África me es completamente desconocida”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos desaconseja a sus ciudadanos viajar a la República Centroafricana por motivos de seguridad. Nika pasa la mayor parte del tiempo recluida por miedo, sin atreverse a salir de su pequeña habitación. Espera una respuesta a la pregunta de la que depende su vida: ¿la devolverán a Irán, donde el régimen podría matarla?

Deportaciones a otros países

Nika es una de las más de 25.000 personas deportadas por la Administración Trump a países que no son los suyos. De ellas, unas 20.000 han sido trasladadas en autobús a México, según un recuento de Refugees International y Human Rights First. A estas se suman más de 5.000 personas enviadas en avión a países de África, América Latina, el Caribe y Asia Central con los que no tienen ningún vínculo. A menudo, desde esos países las devuelven a sus lugares de origen, pese a que jueces de inmigración estadounidenses han determinado que su vida o su libertad corrían peligro si regresan.

Los abogados de derechos humanos consideran que estos acuerdos de deportación a terceros países forman parte de una “demostración de fuerza” con la que Estados Unidos busca disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de entrar en el país. Personas de Perú y Colombia han sido enviadas a la República Democrática del Congo. El 20 de agosto, cuatro cubanos, un brasileño y un camerunés se negaron a bajar del avión en Liberia y acabaron siendo enviados a Guinea Ecuatorial.

La investigación

Para reconstruir con el mayor detalle posible una política aplicada en gran medida a puerta cerrada, The Guardian se unió a otros 23 medios en el Proyecto Deportación, una investigación conjunta coordinada por Forbidden Stories, una red internacional de periodismo de investigación con sede en París. El consorcio entrevistó a más de 100 personas afectadas por los esfuerzos de Estados Unidos para acabar con la llegada de migrantes sin autorización y examinó documentos sobre los acuerdos alcanzados por la Administración Trump con gobiernos de todo el mundo.

La investigación ha rastreado más de 100 vuelos que han trasladado a migrantes y solicitantes de asilo a 28 países distintos. La cifra real probablemente sea mayor: la investigación solo contabiliza los vuelos que el consorcio ha podido verificar de forma independiente.

También se ha podido constatar que el ritmo de los vuelos se acelera. Tras una primera oleada al principio del segundo mandato de Trump, las deportaciones volvieron a dispararse en agosto: según Human Rights First, se registró un máximo de 16 vuelos con destino a 13 países distintos de los de origen de las personas deportadas.

La batalla legal

Un tribunal federal de apelación de Estados Unidos dictaminó en septiembre que las deportaciones a terceros países son ilegales porque vulneran el derecho al debido proceso: las personas afectadas no reciben la notificación con tiempo suficiente para recurrir la decisión de enviarlas a otro país. Pero el Gobierno recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo permitió unos días después la reanudación de estos vuelos mientras analiza el fondo del asunto.

Un portavoz del Departamento de Estado afirma que aplicar las políticas migratorias de la Administración Trump es una “prioridad máxima” y asegura: “Mantenemos firme nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”. Y añade: “El Gobierno estadounidense utilizará todos los medios legales para expulsar a quienes no tengan derecho a permanecer en nuestro país”.

La Administración Trump sostiene que las personas a las que deporta son delincuentes. Sin embargo, documentos obtenidos por The Washington Post para esta investigación muestran que la mayoría de los 35 países que han firmado acuerdos con Estados Unidos se niegan a aceptar a personas con antecedentes por delitos violentos.

Entre las personas obligadas a subir a esos aviones hay quienes han pasado casi toda su vida en Estados Unidos, madres y padres detenidos mientras llevaban a sus hijos al colegio y personas adultas que cuidaban de sus padres mayores.

Muchas habían demostrado ante un juez de inmigración que corrían peligro si regresaban a su país de origen, por lo que se había prohibido deportarlas. A Nika se le concedió la “suspensión de la expulsión”; una protección para quienes pueden sufrir daños graves en su país, pero no reúnen los requisitos para obtener asilo. El 28 de mayo quedó en libertad tras pasar por un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Podía buscar trabajo, trabajar y permanecer en el país.

El golpe de efecto

La abogada de Nika, Sahar Jalili, también es iraní y estudió en Teherán, como su clienta. Asumió el caso mientras estaba embarazada y a menudo trabajaba hasta quedar exhausta. “Podría haberme pasado a mí”, dice sobre lo que le ocurrió a Nika.

Al revisar el expediente, Jalili se quedó consternada al descubrir que el ICE había decidido enviar a Nika a Bangui, la capital de la República Centroafricana, apenas ocho días antes de que un juez ordenara su puesta en libertad. La familia de su tío le había preparado una habitación en Los Ángeles. Nika tardó dos días en llegar a la ciudad y pasó una semana con ellos, recuperándose tras 18 meses de infierno.

Según Jalili, la nueva detención de Nika el 8 de junio, durante una cita que los agentes del ICE habían presentado como un trámite rutinario, fue un acto de crueldad gratuita. Nika cuenta que ya había terminado la cita y se había marchado cuando un agente llamó a su tío y le pidió que la llevara de vuelta para recoger unos documentos.

Esta vez le hicieron otras preguntas. Según cuenta Jalili, un hombre tomó las huellas dactilares a su clienta y la fotografió. “Después volvió acompañado de una agente del ICE y le dijeron que levantara las manos por encima de la cabeza”. Jalili relata que detuvieron a Nika, la esposaron y la llevaron al sótano. Nika cuenta que se sentía aturdida cuando la sacaron del centro de detención aquella noche. Al pasar por una de las protestas contra el ICE que ya eran habituales en Los Ángeles, los manifestantes golpearon con las palmas los laterales de la furgoneta en la que viajaba.

Para Jalili, los dos días anteriores ya habían sido una vorágine, ya que ella y otros abogados intentaron por todos los medios evitar que otras dos mujeres iraníes fueran subidas al mismo avión con destino a Bangui. Los abogados lograron sacar a las otras dos mujeres del avión, pero no a Nika. La única diferencia entre ellas era que Nika fue detenida en último lugar, por lo que, para cuando una red de abogados especializados en inmigración se enteró de su caso, ya no quedaba tiempo suficiente antes de que despegara el vuelo.

Jalili cuenta que suplicó a todos los agentes del ICE: “Dadme dos días. Solo dos días”. “Me dijeron que habían respetado la orden del juez de ponerla en libertad. Pero nunca habían prometido no enviarla a un tercer país”, recuerda.

La enfermera

Cuando Rabbiatu Kuyateh, de 58 años, supo que Ghana, el país al que la habían enviado, iba a deportarla a Sierra Leona, donde había pasado su infancia, el miedo la paralizó. Hizo falta que varias personas la forzaran a subir a la furgoneta que la esperaba.

De hecho, un vídeo captó el momento, el pasado noviembre, en el que la arrastraban, descalza y angustiada, tirándole del pelo. Todavía recuerda el golpe que se dio en la cabeza contra los escalones de piedra mientras suplicaba que no la devolvieran a Sierra Leona. “No pienso ir”, gritaba.

Kuyateh es enfermera. Tras huir de Sierra Leona, ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos junto a sus padres. Durante la pandemia atendió a pacientes con coronavirus y, en los años posteriores, cuidó a adultos y niños con discapacidad.

Kuyateh cuenta que le costó mucho construir la vida que tenía en Estados Unidos. Crio sola a su hijo, Mohamed, y juntos compraron una casa. Cuando Trump ganó las elecciones de 2024, sus padres ya eran muy mayores y necesitaban ayuda: cada día pasaba a ver cómo estaban antes de ir a trabajar y volvía al terminar su turno para ayudarles a prepararse para dormir.

Con el objetivo de acelerar la expulsión de personas como Kuyateh, la Administración Trump ha reformado precisamente aquellas instituciones que en su día se crearon para proteger a los migrantes que huían de la persecución.

Lugares de “tránsito”

“Esta es la manera en que la Administración Trump intenta socavar el derecho de asilo y la protección de las personas refugiadas”, dice Alma David, una de las principales abogadas de inmigración que sigue de cerca esta política. “Estados Unidos sabe que no puede deportarlas legalmente a sus países de origen, pero sí puede enviarlas a un tercer país que actúa como lugar de tránsito”.

Al frente de esta política está Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca y quien no ha ocultado su deseo de poner fin a la mayor parte de la migración hacia Estados Unidos. En entrevistas con The Washington Post para el Proyecto Deportación, altos cargos estadounidenses en activo y jubilados explican que Miller impulsó nombramientos clave en el Departamento de Estado. Esos nombramientos le han permitido anteponer sus objetivos a otras prioridades de la política exterior estadounidense.

Entre las personas nombradas figura Christian Ehrhardt, funcionario de carrera del Departamento de Estado y director de la recién creada Oficina de Remigración. El nombre de esta oficina incorpora un término adoptado por la extrema derecha para referirse a la expulsión forzosa de migrantes de minorías étnicas. Tras recorrer África en varias misiones diplomáticas, Ehrhardt ha contribuido a cerrar al menos 13 acuerdos para deportar personas a terceros países del continente.

Acuerdos con países africanos

Los documentos internos examinados por The Washington Post muestran que la Administración Trump se ha comprometido a aportar al menos 410 millones de dólares (unos 357 millones de euros) para cerrar acuerdos de deportación con 35 países, casi un tercio de ellos africanos.

Según esos documentos, Estados Unidos reservó 30 millones de dólares (unos 26 millones de euros) para apoyar las operaciones de la ONU en Camerún a cambio de que el país aceptara a 1.000 migrantes. Hasta ahora, solo le ha enviado 44. A la República Democrática del Congo le prometió 75 millones de dólares (unos 65 millones de euros) para las operaciones de la ONU a cambio de acoger a 2.000 migrantes. Solo ha recibido a 15 y los vuelos a Kinsasa están suspendidos por un brote de ébola.

Los acuerdos varían de un país a otro. Unos pocos países, entre ellos Esuatini, han aceptado acoger a personas con antecedentes de delitos violentos. Sin embargo, muchos han declarado que no acogerán a nadie con antecedentes de violencia u otros tipos de delitos graves. El Departamento de Estado no ha respondido a las preguntas sobre los detalles de estos acuerdos.

Ghana solo acepta a personas procedentes de África Occidental. La República Centroafricana, en cambio, no estableció restricciones por nacionalidad: entre los pasajeros del avión de Nika había personas de Afganistán, Irak y Kirguistán. La mayoría no tenía ningún vínculo con África, cuenta Nika. 

El 1 de julio de 2025, Mohamed acompañó a su madre, Kuyateh, a una cita rutinaria con el ICE a la que debía acudir por su situación migratoria. Recuerda que ella estaba inquieta: temía que las esposas que un agente llevaba en el cinturón fueran para ella. “No creo”, le dijo Mohamed. Pero cuando llamaron a Kuyateh para que entrara en una sala de interrogatorios, a él le pidieron que esperara fuera.

“Fue la última vez que la vi”, cuenta.

Durante los cuatro meses que Kuyateh pasó detenida por el ICE, Mohamed habló con ella a menudo. Pero aquel día de noviembre no había sabido nada de su madre cuando, según cuenta, lo llamó otra persona detenida para decirle que la habían trasladado a Texas. No entendía por qué la llevaban a Texas. Dos días después, Kuyateh le llamó llorando. Estaba en Ghana, a punto de ser enviada a Sierra Leona.

El vídeo en el que se ve cómo arrastran a Kuyateh hasta un autobús para deportarla de Ghana pareció enfurecer a las autoridades del país cuando se difundió en las redes sociales, según Malick, el senegalés también deportado de Estados Unidos que lo grabó y que The Guardian identifica con un seudónimo para protegerlo. “Se enfadaron”, cuenta Malick. “Vinieron por la noche con dos camiones llenos de soldados”.

Malick cuenta que los soldados llevaron al grupo a un campamento militar apartado, donde la electricidad fallaba y apenas tenían contacto con el exterior. El Gobierno de Ghana no ha respondido a las preguntas de The Guardian.

Una mujer trasladada al campamento cuenta que temía tanto lo que pudiera ocurrirle si la devolvían a Senegal, su país de origen, que intentó suicidarse bebiendo lejía. La atendieron en un hospital, pero aun así la deportaron a Senegal. “Bebí lejía porque quería morir”, explica. “Querían obligarme a regresar a mi país”.

Malaria

En el vuelo de Nika, el 11 de junio, la pantalla del avión mostraba Ghana como primer destino, así que los pasajeros pensaron que se quedarían en ese país. Pero la escala en Accra fue breve. Los 18 pasajeros aterrizaron después en Bangui a las 21.45, según los registros de seguimiento del vuelo. Los agentes que los custodiaban les quitaron las esposas, pero no bajaron del avión.

Durante varias horas, el grupo no encontró a nadie que hablara inglés. “Nos indicaban con gestos que subiéramos a un autobús y nos hicieron subir. Después nos llevaron a vacunarnos, pero yo no sabía qué iban a inyectarme”, cuenta Nika. La vacuna era contra la fiebre amarilla.

La alojaron en una habitación de un edificio de viviendas y le dijeron que podía quedarse tres meses. Nika no podía imaginarse regresando a Irán.

Organizaciones iraníes de derechos humanos con sede en Estados Unidos afirman que no han podido averiguar qué ha sido de cientos de compatriotas deportados a Irán durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra ese país. Una demanda reciente contra el ICE sostiene que la Administración Trump compartió los expedientes de solicitantes de asilo iraníes con el régimen del que habían huido, lo que agrava el peligro para quienes son deportados.

Cuando un dolor de cabeza empezó a nublarle la mente, Nika pensó que tenía migraña. Sentía náuseas y le dolía todo el cuerpo. Los mosquitos la habían picado tantas veces que parecía tener la piel llena de moratones, cuenta. Un informe médico consultado por The Guardian confirmó que tenía malaria. “Ni siquiera sabía qué era”, explica Nika por teléfono.

Desde Los Ángeles, Jalili esperaba con angustia noticias de Nika. Su clienta recibía inyecciones cada 12 horas para eliminar los parásitos de la sangre. Las malas noticias continuaron incluso después de que Nika se recuperara lo suficiente para volver a su alojamiento. Jalili descubrió consternada que la habían deportado de Estados Unidos sin pasaporte. Nika no tenía documentos de identidad ni visado y, cuando iba al hospital o al mercado, los policías aprovechaban que carecía de papeles para amenazarla.

El Gobierno de la República Centroafricana no ha respondido a las preguntas sobre esta situación.

Según Nika, la segunda vez que la detuvieron, el agente de policía simuló con gestos que le ponía las esposas. El mensaje, según ella, era: “Puedo detenerte, a menos que nos pagues”.

Apoyo de la ONU

Mientras la Administración Trump acelera las deportaciones a terceros países, la República Centroafricana figura entre los 13 países receptores donde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de la ONU, presta apoyo a las personas deportadas. A su llegada, les proporciona comida, alojamiento y atención psicológica.

La Administración Trump ha anunciado fuertes recortes de la financiación destinada a las agencias de la ONU, pero parece hacer excepciones cuando los fondos sirven para sostener este programa de deportaciones.

En marzo de 2025, el Departamento de Estado explicó el criterio que seguiría: la financiación humanitaria se utilizaría para “reducir la inmigración masiva e ilegal, por ejemplo, financiando el retorno voluntario de personas en situación irregular, incentivando a los gobiernos para que apliquen acuerdos de tercer país seguro y reforzando la capacidad de otros países para gestionar la migración”.

Según una base de datos federal sobre el gasto público, más del 60 % de los fondos concedidos por Estados Unidos a la OIM durante el segundo mandato de Trump se han destinado a programas en países que reciben a personas deportadas. En la República Centroafricana, la asignación fue de 85 millones de dólares (unos 74 millones de euros). Según la misma base de datos, la mayor aportación estadounidense a la OIM en ese país durante el mandato de Biden fue de 14 millones de dólares (unos 12 millones de euros).

Nika afirma que la han tratado bien. “El personal hace todo lo que puede”, dice. El alojamiento es seguro y le facilitan transporte cuando lo necesita. “Pero esto no es vivir. Respiro, sigo viva, pero no puedo salir de casa sin que me lleve un conductor de la agencia. No encuentro trabajo. No hablo el idioma”.

La OIM se ha enfrentado al riesgo de que su participación en el programa se perciba de forma negativa. Una evaluación interna de riesgos de un programa de apoyo a ciudadanos de terceros países enviados desde Estados Unidos a un país africano, a la que ha tenido acceso The Guardian, advierte de que podría llevar a que la agencia fuera “percibida como cómplice”.

En un comunicado, un portavoz de la OIM explica que estas evaluaciones sirven para determinar si los países receptores pueden comprometerse a proteger a los migrantes. Y añade: “Somos plenamente conscientes de que los Estados utilizan la ayuda financiera para promover sus prioridades nacionales. Sin embargo, nuestras decisiones de aceptar financiación, prestar asistencia tras la llegada o apoyar el retorno voluntario asistido se rigen por el mandato y los principios de la OIM. Dependen de una sola pregunta: ¿mejorará nuestra intervención la vida de los migrantes afectados? En estos casos, estamos firmemente convencidos de que sí”.

A muchas personas del ámbito de los derechos humanos les incomoda que la ONU esté facilitando el proceso a los gobiernos que aceptan cooperar con la administración Trump.

“Resulta muy chocante que la OIM sea la organización encargada de estas personas”, afirma Alma David. “No son migrantes en el sentido habitual de la palabra. No eligieron migrar. En la práctica, fueron secuestradas”.

Una vida en las sombras

Quienes han sido devueltos desde terceros países a sus países de origen describen una vida en la clandestinidad. Kuyateh abandonó Sierra Leona pocos días después de que la deportaran. The Guardian no revela dónde se encuentra. “No duermo por las noches”, cuenta. “A veces me despierto y me quedo sentada pensando: ”¿Qué hago en este lugar? ¿Por qué he acabado aquí?“.

Llama a su familia todos los días. A veces, cuenta, se siente demasiado triste como para activar la videollamada y ver sus caras. Es capaz de hablar con su madre sin llorar, explica, pero cada vez que habla con su padre, se echa a llorar. Piensa a menudo en ellos y cuenta el dolor que siente. No está segura de qué le da más miedo: la idea de morir sola en un país extranjero o saber que sus padres podrían morir y no estar a su lado.

Terror al volver a Ghana

Annan, un hombre gay que huyó de Ghana después de que miembros de su familia revelaran su orientación sexual y lo persiguieran, explica que se sintió aterrorizado al volver a aterrizar en Accra. Se había negado a desembarcar durante su primera deportación de Estados Unidos a Sierra Leona y tuvieron que sacarlo a la fuerza del avión. Explica que suplicó a las autoridades que no lo devolvieran, pero ignoraron sus peticiones. 

En un comunicado, el Gobierno de Sierra Leona asegura que otorga la máxima importancia a “sus obligaciones internacionales”, pero sostiene que corresponde a Estados Unidos responder por las medidas de protección migratoria concedidas por sus tribunales.

También afirma que, hasta la fecha, ninguna de las personas trasladadas a Sierra Leona en virtud del acuerdo sobre nacionales de terceros países (TCNA) ha solicitado permanecer en Sierra Leona ni ha pedido que no se la envíe al país de su elección, dentro o fuera de África Occidental.

La madre de Annan había gastado sus ahorros para pagar la huida de su hijo a Estados Unidos. Quedó desolada cuando él la llamó para decirle que había regresado. “Mi madre sabía que no podía protegerme”, cuenta Annan.

Annan ha compartido imágenes del lugar donde vivía: un edificio abandonado, sin electricidad ni agua corriente, en un país vecino. Ha explicado que durante el día permanecía escondido y, al anochecer, caminaba casi una hora para conseguir comida. Dormía sobre una manta extendida en el suelo, aunque apenas lograba conciliar el sueño por miedo a contraer alguna enfermedad transmitida por los insectos que se arrastraban o zumbaban a su alrededor. La soledad le resultaba insoportable.

En las últimas semanas, alguien le había enviado un mensaje de texto de forma anónima, diciéndole que su supervivencia, como hombre gay, no sería tolerada. El mensaje le hizo sentir desesperanza: podía huir, pero no podría esconderse para siempre.

Agotamiento

En Los Ángeles, Jalili está recibiendo más llamadas sobre clientes que van a ser embarcados en vuelos de deportación. En junio, a una mujer iraní de 30 años con un trastorno sanguíneo que la debilitaba tanto que necesitaba un andador le comunicaron que sería enviada a Esuatini, en el sur de África.

La abogada cuenta que otra clienta está superada por las circunstancias: “Cada semana le proponen un nuevo país”.

Los abogados especializados en inmigración afirman que, aunque su trabajo siempre ha sido difícil, los intentos de obstaculizar a quienes se oponen a la campaña de la Administración Trump para acabar con cualquier forma de migración irregular tienen una magnitud sin precedentes.

Cuando detienen a uno de sus clientes, los abogados apenas encuentran vías para denunciar abusos y exigir responsabilidades. Entre las instancias que han dejado de funcionar figura la oficina del defensor independiente de las personas detenidas por motivos migratorios, encargada de investigar abusos y conductas indebidas.

En los tribunales, los abogados pueden encontrarse con jueces hostiles a su causa, ya que Trump ha destituido a algunos magistrados por considerarlos insuficientemente leales a su política de deportaciones. Además, el coste de presentar una demanda ha aumentado considerablemente a raíz de una ley aprobada por el Congreso en julio del año pasado.

Incomunicación del ICE

Jalili, como muchos otros abogados, dedicó buena parte del primer mandato de Trump a recurrir ante los tribunales la política de separación de niños y niñas de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. En vísperas de las últimas elecciones presidenciales, ante la posibilidad de que la situación empeorara si Trump volvía a ganar, decidió abrir su propio despacho.

A menudo la despertaban de noche las llamadas de familiares desesperados de personas que acababan de ser detenidas por el ICE.

Uno de los mayores obstáculos es conseguir comunicarse con los agentes del ICE, explica Erica Reilly, abogada de inmigración en la ciudad de Washington.

“Envías todos esos correos electrónicos a los agentes de deportación y les dices algo así como: ”Hola, solo quiero hacer un seguimiento del correo que te envié la semana pasada, y la semana anterior, y la anterior a esa, y la anterior a esa, al que no has respondido“, explica: ”Y ellos saben que no tienen por qué darte ninguna explicación porque no hay rendición de cuentas“.

Explica que lo peor es la sensación de impotencia. Con el tiempo, ha llegado a la conclusión de que la crueldad y las trabas para acceder a los agentes forman parte de una estrategia.

“Creo que el Gobierno de Trump está haciendo todo lo posible para que suficientes personas piensen: ”Quedarme da demasiado miedo. No sé qué va a pasar y puede ser peor. Mejor me voy por mi cuenta“.

Reilly explica que, para sobrellevar cada jornada, ha tenido que aprender a valorar los pequeños avances: “Que un agente encargado de las deportaciones te devuelva la llamada no debería considerarse una victoria, pero, en estas circunstancias, lo es”.

Jalili cuenta que procura centrarse en las batallas que puede ganar. Cuando supo que el avión en el que viajaba Nika había despegado rumbo a Bangui, se dejó caer al suelo, llamó a su madre y rompió a llorar. “En una situación así, no basta con decirse que hice todo lo que pude”.

Nika había perdido la vida que conocía en Irán. Estados Unidos apenas le ofreció algo mejor. Jalili enumera todo lo que su clienta ha tenido que soportar:

“Diecisiete meses detenida. Diez días de libertad por orden de un juez federal. Que la separaran de su tío, la metieran en un coche y después en un avión, encadenada. Veinticuatro horas sentada durante el vuelo. Ha tenido que sentir una soledad inmensa”.

Información adicional de Alice Speri

Traducción de Emma Reverter

The Deportation Project ha sido coordinado por Forbidden Stories. Han participado estos medios y equipos de investigación:

Estados Unidos y Reino Unido: The Guardian, The Washington Post, FRONTLINE y Human Rights Center Investigations Lab, de la Universidad de California en Berkeley. 

Europa: France 24, Radio France Internationale (RFI), La Croix, Paper Trail Media, Die Zeit, Der Spiegel, ZDF y Der Standard. 

América Latina: Divergentes, Revista Factum, Plaza Pública, Contracorriente y Proceso. 

África y otros equipos: Inhlase, The Fourth Estate, Opinion-info.cd, Number One Citizen Daily, CCIJ y Evident Media.

Trump suelta lastre a menos de tres semanas de las elecciones legislativas. El presidente de EEUU reacciona así a la ola de críticas por la pobre comparecencia con la que se estrenó Katie Zacharia y por el hecho de presentarse como abogada sin tener la habilitación superada para serlo.

“¿Le hubiera gustado saber que Katie Zacharia no aprobó el examen de acceso a la abogacía?”, le ha preguntado un periodista a Trump antes de tomar el Marine One, este viernes en el South Lawn de la Casa Blanca: “Katie ha recibido un trato muy malo por parte de los medios de comunicación. Muy, muy malo. Muy injusto. Acabo de preguntarle: '¿Esto es para ti?'. Y es una persona agradable. Voy a dejar que sea ella quien tome esa decisión. Sean Hannity [comentarista de Fox] se mostró un poco duro. Katie está teniendo un comienzo difícil, los medios de comunicación se han portado muy mal con ella. Le dije: 'Sinceramente, si yo fuera tú, me lo replantearía'. Quizá esto no sea lo suyo”.

Así, Zacharia, ha sido despedida tras menos de una semana en el cargo, según ha confirmado The New York Times tras las declaraciones de Trump en torno a “reconsiderar” el puesto. De acuerdo con lo que cuenta Fox News, Zacharia está “dejando el cargo”.

Cuando Donald Trump la anunció para sustituir a Karoline Leavitt, dijo que era abogada (“attorney”). En sus colaboraciones con medios como Fox, Newsmax o CNN, Katie Zacharia también se ha presentado como “abogada”. Incluso en su perfil de X lo señalaba. Pero el problema es que en Estados Unidos tener un título de Derecho no basta para ejercer como abogado: es necesario aprobar el examen de acceso a la abogacía y obtener la admisión en el colegio de abogados del estado en el que se quiera ejercer dicha profesión.

Según publicó The Wall Street Journal, Zacharia se presentó al examen de acceso al colegio de abogados de California tras graduarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pepperdine en 2011, pero no lo aprobó. Se presentó al examen más o menos en la época en que estaba organizando su boda y preparándose para mudarse a China con su futuro marido.

Y, ante la pregunta directa que le hicieron este martes sobre dónde había aprobado el examen, Zacharia respondió de forma ambigua.

“¿En qué estado aprobó el examen de acceso a la abogacía?”, le gritó un periodista a Trump este martes mientras se dirigía al Marine One. El presidente se inclinó hacia delante. Zacharia estaba detrás de él. “Ha dicho que es abogada”, repitió el periodista, “¿dónde aprobó el examen de acceso a la abogacía? ¿En qué estado?”

Trump se hizo a un lado para dejar que Zacharia respondiera: “Cuando me mudé a China”.

Zacharia se licenció en Derecho por la Universidad de Pepperdine, pero no hay constancia de que hubiera aprobado el examen de acceso al colegio de abogados de ningún estado, requisito para ejercer la abogacía en Estados Unidos.

Rainey Bethea seguirá siendo la última persona ejecutada públicamente en Estados Unidos, después de que Donald Trump haya reculado en sus planes de retransmitir en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, un exmilitar estadounidense condenado a muerte por asesinar a trece personas en un tiroteo perpetrado en 2009. 

“Morirá, según lo previsto, por fusilamiento, pero este evento no será retransmitido. Dicho esto, la ejecución podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean”, escribió el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Truth Social, la red social impulsada por el propio mandatario.

Trump se justifica. Aunque el republicano defendió que retransmitir la ejecución “podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo presenciara cómo Estados Unidos trata a terroristas y escoria como Hasan”, reconoció que “muchas personas buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir, ni por transmisión en directo ni por ningún otro medio visual”.

Lo cierto es que la decisión inicial de retransmitir su ejecución públicamente había sido controvertida y criticada por organizaciones como Amnistía Internacional. “Emitir el acto de quitar una vida mediante un pelotón de fusilamiento no haría, sino agravar la crueldad de la pena de muerte y perpetuar el círculo vicioso de violencia con el que pretenden acabar supuestamente las autoridades”, denunció entonces el director adjunto de la entidad, Justin Mazzola. 

Finalmente, Nidal Malik Hasan será ajusticiado en la intimidad y no se unirá al macabro grupo de otros ejecutados en público, como sí fue el caso de Rainey Bethea, un joven de tan solo 26 años y la última persona ajusticiada públicamente en Kentucky (Estados Unidos).

Una plaza aborratada para la ejecución

Bethea fue acusado de la violación y el asesinato de una mujer de 70 años llamada Lishia Edwards. El crimen tuvo lugar en el domicilio de esta, al que el hombre accedió a través de la ventana de su habitación. El cuerpo de la víctima fue encontrado a la mañana siguiente, después de que los vecinos denunciasen su desaparición. 

A este joven afroamericano lo localizaron gracias a la toma de las huellas en el lugar del crimen y a los antecedentes del mismo, porque ya aparecia en la base de datos de las autoridades por delitos menores como robo. 

Finalmente, Bethea fue declarado culpable de violación y fue ahorcado públicamente en Owensboro (Kentucky), en una plaza abarrotada, a la que acudieron aproximadamente 20.000 personas, según los registros de la época. Una marabunta que a muchos escandalizó por el espectáculo público en que se convirtió. A partir de ese caso, las autoridades cambiaron las normas y se prohibieron las ejecuciones publicas en ese estado. Nunca más se volvió a celebrar un evento de esas características. 

A José Manuel Albares le cuesta elegir una sola crisis como la más difícil para las relaciones diplomáticas en los últimos tres años. La última legislatura que ha pasado como ministro de Exteriores ha coincidido con uno de los periodos más convulsos para la política internacional en la historia reciente.

Durante una entrevista con elDiario.es en el Palacio de Viana, la residencia oficial y sede más ceremonial del ministerio, Albares habla con calma y medida sobre Estados Unidos, Marruecos, Israel y Ucrania. Se vuelve más enfático al contestar preguntas sobre la primera reacción de los gobiernos europeos ante la crisis de Ceuta y la carta que firmaron 22 líderes tras la entrada de miles de migrantes en julio en un texto que cuestionaba la política migratoria española. El ministro dice que la misiva le “dolió”, pero que desde entonces nota un cambio entre sus colegas. Uno de sus mensajes más repetidos, en Bruselas y en Varsovia, es que la frontera del sur de la Unión Europea debe importar tanto como la del este.

Estos días prepara sus últimas citas europeas antes de las elecciones generales y la esperada cumbre iberoamericana, que se celebra este año en Madrid el 4 y 5 de noviembre. Cae en plena precampaña, pero Albares cree que los lazos “fraternos” primarán más que la política en ese caso, con acuerdos previstos sobre protección civil, movilidad académica y la inteligencia artificial.

Esta es parte de nuestra conversación, editada por extensión y claridad. 

La Comisión Marítima de Estados Unidos acaba de plantear sanciones a los buques españoles o restricciones al comercio por “discriminar” a sus barcos. ¿Cómo va a responder España a esta amenaza?

En primer lugar, la situación se enmarca dentro de la política comercial europea. En segundo lugar, ninguna de las acciones que realiza España es discriminatoria hacia ningún país del mundo ni en materia comercial ni en ninguna otra. Y, en tercer lugar, esto es un asunto que está todavía en una fase preliminar. Queda todavía mucho tiempo para realizar alegaciones y, por supuesto, el Gobierno de España las va a realizar y siempre va a defender a sus empresas ante cualquier país del mundo.

¿España se plantea alguna medida recíproca?

En estos momentos, está en una fase preliminar. No hay ningún tipo de medidas ni decisión. Por lo tanto, estamos muy lejos de que se aplique. Va a quedar muy claro que estamos hablando del ámbito de la política comercial de la Unión Europea y, sobre todo, que España no establece ningún tipo de medidas discriminatorias para ningún país del mundo y que todas las medidas que España toma son siempre respetuosas con nuestra legislación nacional y con la legislación internacional.

La relación con Estados Unidos ha sido una de las más difíciles, sobre todo en los dos últimos años. ¿Cuál ha sido para usted el peor momento para las relaciones exteriores de España? 

Consideramos que Estados Unidos es el aliado natural histórico de todos los europeos, también de los españoles, y queremos una relación transatlántica lo más estrecha posible porque ha sido muy beneficiosa en las últimas décadas para los europeos y también para los norteamericanos tanto en materia comercial como de seguridad. 

Pero la Administración norteamericana actual tiene unos postulados nuevos tanto en materia comercial como en materia de seguridad, y ahí lo importante es cómo respondemos los europeos, cómo nos posicionamos. España impulsa que lo hagamos manteniendo ese lazo trasatlántico y al mismo tiempo dando un salto en la soberanía europea: que cada vez más la disuasión esté en nuestras propias manos, que completemos todo el potencial del mercado único, que diversifiquemos nuestros socios comerciales, como hemos hecho correctamente con Mercosur o con India, y que cada vez más avancemos en un mercado único digital. Porque la innovación, la soberanía digital, es también importante. 

Estados Unidos es el aliado natural histórico de todos los europeos, también de los españoles, y queremos una relación transatlántica lo más estrecha posible porque ha sido muy beneficiosa en las últimas décadas... Pero la Administración norteamericana actual tiene unos postulados nuevos tanto en materia comercial como en materia de seguridad

En tres años en los que ha habido pocas noticias buenas en el ámbito internacional, ¿cuál ha sido el momento más difícil para su ministerio?

Es un mundo complejo y que está en cambio. Y muchos de esos cambios no van a volver atrás. Lo importante siempre es garantizar que nuestra política exterior sea una política exterior con voz e identidad propia marcada por dos vectores: la defensa de los intereses de los españoles y la proyección de sus valores. 

De un lado, los intereses: cuando vemos cómo el bloqueo del estrecho de Ormuz golpea el bolsillo de los españoles e incrementa el precio de los hidrocarburos, cómo la guerra en Ucrania amenaza nuestra soberanía energética y amenaza la propia seguridad europea... Para que a los españoles les vayan bien las cosas dentro, nosotros tenemos que hacer las cosas bien fuera. Y por eso es tan importante un Gobierno que hable con voz propia y que tenga claros los intereses de los españoles y no un Gobierno con las fuerzas de extrema derecha dentro de él, que responden a intereses de terceros y que lo que buscan siempre es debilitar a Europa, que es el proyecto que nos da estabilidad y prosperidad. 

Para que a los españoles les vayan bien las cosas dentro, tenemos que hacer las cosas bien fuera. Y por eso es tan importante un Gobierno que hable con voz propia y que tenga claros los intereses de los españoles y no un Gobierno con las fuerzas de extrema derecha dentro de él, que responden a intereses de terceros y que lo que buscan siempre es debilitar a Europa

Y, por otro lado, proyectar los valores de los españoles, que sea un mundo donde un país como España se inserta con liderazgo, de una manera natural. Ese es un mundo que defiende el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Por eso nosotros decimos exactamente lo mismo, por los mismos valores y con los mismos objetivos, en Ucrania y en Oriente Medio. Y defendemos a los civiles indefensos ucranianos como defendemos a los civiles indefensos palestinos. La defensa de la soberanía ucraniana y la defensa de la existencia de un Estado de Palestina y de la solución de dos Estados responden a exactamente lo mismo: pensar en el orden internacional que existe en estos momentos. No hay un orden internacional alternativo, sino que la alternativa es el caos de la guerra permanente.

Defendemos a los civiles indefensos ucranianos como defendemos a los civiles indefensos palestinos. La defensa de la soberanía ucraniana y la defensa de la existencia de un Estado de Palestina y de la solución de dos Estados responden a exactamente lo mismo: pensar en el orden internacional que existe en estos momentos. No hay un orden internacional alternativo, la alternativa es el caos de la guerra permanente.

¿Es más difícil defender esos valores cuando la crisis se acerca a España? En elDiario.es publicamos audios de militares en Ceuta que parecen estar casi bromeando sobre agresiones a migrantes. ¿Le preocupa esa imagen?

Esta mañana he visto algún titular y no he profundizado ni conozco si esos hechos son así o no. En cualquier caso, si hay el más mínimo indicio, lo que hay que hacer es investigarlo y llegar hasta el final de esa situación. No tengo más información. Si eso se verificara, es, por supuesto, algo a rechazar de manera tajante. 

Todo ser humano, independientemente de la situación en la que se encuentre, tiene un derecho innato al respeto a su dignidad y a sus derechos humanos. Y si algo apreciamos de Ceuta, si por algo todos los españoles nos sentimos tan orgullosos de una ciudad como Ceuta, es precisamente porque es un ejemplo de convivencia y que independientemente del origen, del credo o de la situación social de todos los ceutíes y las ceutíes, todos ellos conviven de manera perfecta. Es un modelo de convivencia que está en juego en muchas partes del mundo, porque las fuerzas de extrema derecha, también aquí en España, lo que buscan es dividirnos y enfrentarnos.

En este verano tan difícil para Ceuta, sabemos por lo que ha publicado El País que hubo incursiones de buques marroquíes en aguas de Ceuta. ¿Cuándo supo usted de este incidente?

El presidente del Gobierno ha explicado perfectamente la situación y es a lo que me atengo. Hay un diálogo entre las dos Armadas precisamente para evitar cualquier malentendido.

El País publica que estuvo a punto de producirse incluso una colisión entre dos buques militares.

El presidente del Gobierno ha sido muy claro al respecto y, desde luego, el compromiso del Gobierno con Ceuta y Melilla, con nuestra soberanía y nuestra integridad territorial está absolutamente fuera de toda duda.

¿Es parte de su conversación con Marruecos?

Evidentemente, mi función como ministro de Asuntos Exteriores es tener las mejores relaciones con todos nuestros vecinos. En el caso de Marruecos, desde el respeto a unos principios que son el de nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, y los principios que pactamos conjuntamente en el año 2022.

Octubre es cuando se renueva o debate la misión para el Sáhara Occidental en el Consejo de Seguridad. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha planteado en un informe la importancia de una consulta al pueblo saharaui. ¿España apoya esta idea? 

Nosotros tenemos una posición que es conocida y apoyamos las resoluciones del Consejo de Seguridad. La última, de hecho, es una resolución que respalda claramente la posición española y apoyamos al enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, con el que me he reunido y hablo muy a menudo, y que ha realizado hace muy pocas semanas un viaje por la región en un avión de las Fuerzas Armadas españolas. Siempre le traslado lo mismo: todos los medios del Gobierno de España y del Estado español están a su disposición para resolver un conflicto que lleva 50 años y que nunca me resignaré a que siga abierto 50 años más.

¿El plan de autonomía debería ser sometido a referéndum? 

Lo que tenemos que hacer todos es apoyar a las Naciones Unidas, quien tiene que traer la decisión de las partes, porque son ellas las que han dicho que es ahí donde tiene que estar la decisión. Es el secretario general de las Naciones Unidas, su enviado personal y el Consejo de Seguridad: lo que tenemos que hacer todos es intentar ayudar a Naciones Unidas a encontrar una solución porque no podemos seguir 50 años más. 

¿Le preocupa que haya tensión alrededor de este momento en Naciones Unidas, también para España, para Ceuta y Melilla?

Lo que sí voy a hacer siempre es apoyar al enviado personal del secretario general de Naciones Unidas. Lo he hecho desde el primer minuto como ministro de Asuntos Exteriores. Este es un asunto que, desde luego, no tiene nada que ver con Ceuta y Melilla. Por lo tanto, ninguna preocupación en torno a Ceuta y Melilla, que son frontera exterior de España y de la Unión Europea.

Usted repite que la frontera sur de Europa es tan importante como la frontera este. ¿Hace falta decirlo? ¿Todavía no está claro en Europa? 

Por supuesto que hace falta decirlo. Y yo soy el ministro de Asuntos Exteriores que ha hecho dos cosas. El primero de toda la historia de España que ha ido a Ceuta. Y el primero que ha anclado Ceuta y Melilla claramente dentro de todos los instrumentos de la Unión Europea, que ha dicho alto y claro “no voy a tolerar que ni un día más se dé más importancia a las fronteras terrestres del este de Europa que a las del sur de Europa”. Lo he dicho delante de todos mis colegas en el Consejo de Asuntos Exteriores. Lo he dicho públicamente y se lo digo hoy a usted. Y por eso hay cuatro decisiones que ya están en marcha. 

Hemos solicitado formalmente un puesto permanente en el Comité de las Regiones para Ceuta y Melilla. En segundo lugar, hemos solicitado que Ceuta y Melilla sean parte integral de la unión aduanera con sus especificidades, porque son los únicos territorios de la Unión Europea que se encuentran en África, con una de las fronteras más desiguales del planeta, con una enorme presión migratoria. En tercer lugar, hemos solicitado una presencia permanente institucional de Frontex tanto en Ceuta como en Melilla.

Y, en cuarto lugar, hemos solicitado un instrumento financiero por esa especificidad de esa frontera terrestre del sur para Ceuta y Melilla, exactamente igual con las distintas modalidades que tienen que las fronteras terrestres del Este y también de manera más global. 

He solicitado que no se vuelva nunca más a hablar de las fronteras exteriores de la Unión Europea sin referirse a las fronteras terrestres del sur, que son las de Ceuta y Melilla.

Este Gobierno va a anclar definitivamente en todas las instituciones Ceuta y Melilla. Y yo jamás permitiré que se dé más importancia a las fronteras terrestres del este que a las del sur. Y he visto un cambio desde esos primeros momentos en agosto en la Unión Europea, donde ahora sí hay un apoyo sin fisuras de todos los miembros a Ceuta y Melilla. Esa es una de mis principales tareas y de mis principales preocupaciones en estos momentos y estoy encontrando apoyo total de todos mis colegas europeos.

Yo jamás permitiré que se dé más importancia a las fronteras terrestres del este que a las del sur. Y he visto un cambio. He visto un cambio desde esos primeros momentos en agosto en la Unión Europea, donde ahora sí hay un apoyo sin fisuras de todos los miembros a Ceuta y Melilla

¿Le sorprendió la carta de los 22 líderes justo cuando estalló la crisis?

Me dolió. Me pareció que eso no es Europa. Desde luego, no es la Europa en la que yo creo. No es la Europa en la que cree este Gobierno. No es como se han comportado este Gobierno y los españoles.

Cuando hubo tensiones en 2021 en las fronteras de los países de la Unión Europea con Bielorrusia por temas migratorios, España fue solidaria. Cuando en 2022 hubo una agresión rusa a Ucrania, España fue solidaria. Somos el cuarto país de la Unión Europea en acogida de refugiados ucranianos. Cuando en 2023 Italia estaba completamente sumergida por entradas irregulares en Lampedusa y no podía gestionarlo, no solo fuimos solidarios, fuimos tan lejos que acogimos en España migrantes irregulares desde Italia. Estamos hablando de un país que tiene el doble de entradas irregulares que nosotros. Cuando Dinamarca ha sufrido presiones inaceptables sobre su integridad territorial y su soberanía, hemos sido solidarios.

Por lo tanto, exigimos esa misma solidaridad que en estos momentos tenemos, pero que en el momento de esa carta falló. A mí me dolió y me dolió porque eso es ir contra Europa. Europa es ante todo solidaridad. Si no hay solidaridad, no hay proyecto europeo.

¿Va a tener España que aportar más ayuda militar a Ucrania, sobre todo ahora que Estados Unidos parece que de nuevo está retirando respaldo hasta para la conexión a Internet?

Todo lo que toca Ucrania hay que situarlo en el marco europeo. No es un tema de tal o cual país, España u otro, sino que somos todos los europeos los que estamos tomando las decisiones. Desde el primer día de la invasión rusa a Ucrania estamos tomando las decisiones conjuntamente. 

España, desde el primer momento, ha ayudado a Ucrania tanto como es posible y lo seguiremos haciendo tanto tiempo como sea necesario, porque los españoles y los europeos tenemos que ser conscientes. El acuerdo de paz –y estoy seguro de que un día lo habrá en torno a Ucrania– será también en buena medida el futuro esquema de seguridad de la frontera este de la Unión Europea. Porque lo que se está ventilando en Ucrania no es exclusivamente su integridad territorial y su soberanía, que ya es enorme. Se está ventilando también qué es Europa: si Europa es una tierra de paz o si es un sitio donde la guerra puede ser utilizada para alcanzar objetivos de política exterior. Y si un país tiene derecho a decidir a qué organismos pertenece y ser una democracia donde sea la tolerancia y los valores europeos los que prevalezcan. Y, desde luego, yo creo que el apoyo de España a Ucrania, y así lo ha reconocido el presidente Zelenski en múltiples ocasiones, está fuera de toda duda, desde todo punto de vista político, diplomático, humanitario.

Pero España aparece según datos disponibles entre los países europeos que menos aporta en relación con su PIB…

No es cierto. Estamos hablando de 1.000 millones de euros comprometidos este año, exactamente igual que el año pasado y efectivamente entregados, y el mayor paquete de ayuda humanitaria que ha dado España nunca a un solo país. Y cuando uno ve los rankings en estos momentos, en este año estamos situados entre los principales apoyos a Ucrania. Esa es la realidad. Lo reconoce el propio presidente Zelenski y el Gobierno ucraniano lo ha hecho en múltiples ocasiones.

¿Ve una amenaza para España de ciberataques, incendios y otros ataques como los que estamos viendo en los países bálticos, Alemania y Reino Unido? 

Los ataques y las amenazas híbridas son una realidad para todos los europeos. Todo lo que toca a la ciberseguridad en estos momentos es un punto absolutamente definitivo y sensible para la seguridad y el bienestar de todos los europeos, incluidos los españoles. Y al final la seguridad de la Unión Europea es única. 

Lo que ocurre en la frontera este de la Unión Europea nos concierne exactamente igual que lo que ocurre en las fronteras terrestres del sur de Europa en Ceuta y Melilla. Los europeos, también España, trabajamos conjuntamente para poder hacer frente a esas amenazas.

Los ataques y las amenazas híbridas son una realidad para todos los europeos

En el contexto de las elecciones generales, ¿hay alguna alerta o preparación para las próximas semanas por posibles ataques y campañas de desinformación?

Hace mucho tiempo que las estrategias de seguridad, tanto española como europea, lo incluyen. De hecho, llevamos ya un tiempo trabajando aquí desde el Gobierno de España y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores para luchar contra la desinformación. 

Luchamos contra la desinformación en torno a Ceuta, cuando hubo llamamientos el 15 de agosto, el 23 de septiembre, para hacer nuevos saltos. Trabajamos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde nuestras redes sociales, las redes sociales de la embajada y los consulados de España en Marruecos para luchar contra la desinformación y dar la información veraz y certera, y contra la desinformación que se estaba expandiendo por toda Europa sobre la integridad del espacio Schengen desde Ceuta y Melilla. Hemos sido muy eficaces.

¿Ve algún riesgo alrededor de las elecciones generales?

Hay una cosa que tenemos que dar por segura: en todas las elecciones en los últimos años en Europa ha habido injerencias externas e intentos de manipulación y desinformación. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ello sin ninguna duda.

En todas las elecciones en los últimos años en Europa ha habido injerencias externas e intentos de manipulación y desinformación. Tenemos que estar preparados para ello

¿Esas injerencias en España y en Europa están sirviendo de apoyo a grupos de extrema derecha? 

Sin ninguna duda, todas las fuerzas de extrema derecha y las redes en torno a la extrema derecha vehiculan enormemente la desinformación. Y hay que combatirlas. El momento electoral es un momento en el cual la sociedad tiende a estar situada en torno a temas que son fundamentales. Y para poder votar en libertad, el ciudadano tiene que tener información veraz en sus manos. Lo que buscan esas injerencias externas y esa desinformación que en muchas ocasiones trata de apoyar y de fomentar las ideas de extrema derecha es precisamente que los ciudadanos europeos no tengan acceso a una información veraz.

Uno tiene que ser consciente de que si esas injerencias externas apoyan a las fuerzas de extrema derecha es porque lo que quieren es dividirnos a los españoles y dividirnos a los europeos, porque divididos somos más débiles. Pero debilitar el proyecto europeo es ir contra el bienestar de los españoles.

Sobre otras elecciones ¿cree que con un nuevo Gobierno en Israel mejorarían las relaciones con España?

Son los ciudadanos de Israel los que tienen que decidir quién es el Gobierno de Israel y no tengo nada que añadir al respecto. Lo que sí le puedo decir es que España, independientemente del Gobierno, siempre va a apoyar la solución de dos Estados, porque creemos que un Estado palestino conviviendo en paz y en seguridad con un Estado de Israel, que por supuesto tiene derecho a tener un Estado, es la mejor fórmula para que haya paz, prosperidad, estabilidad y seguridad para todos, incluido para el pueblo de Israel.

¿Le gustaría repetir como ministro de Exteriores?

Esa es una decisión que corresponde al presidente del Gobierno. De lo que yo estoy seguro es de que el próximo presidente del Gobierno se llama Pedro Sánchez.

El verano ya se fue hace casi un mes, pero eso no quiere decir que los viajes o vacaciones hayan acabado, sino que para algunos comienzan, especialmente por ser el otoño un período con menos aglomeraciones y con mayor tranquilidad, pudiendo ofrecer mejores precios, pero también con otros grandes atractivos. 

Uno de ellos son los distintos y variados colores que aparecen en la naturaleza, que van desde el verde, a tonos de marrón, amarillo, naranja o rojo, que lo hacen todo un deleite para los amantes de un paisaje como este. Y son varios los lugares que lo ofrecen en su mayor esplendor.  

Estados Unidos 

Estados Unidos es uno de los países que mayores destinos ofrece para un viaje en otoño, con varios lugares que son conocidos y destacados por el atractivo que ofrecen en esta época del año. Uno de los más mencionados es Vermont, destino por excelencia del llamado ‘fall foliage’ y en especial la ruta Smuggler’s Notch, una carretera estrecha que atraviesa un paisaje otoñal de ensueño. 

Pero la lista va más allá, con zonas como Aspen (Colorado) donde las Montañas Rocosas se tiñen de amarillo, así como el Parque Nacional Shenandoah en Virginia. Pero Norteamérica también tiene otro destacado lugar fuera de las fronteras estadounidenses, con la región de Quebec en Canadá con su llamado ‘verano indio’ en el que los colores otoñales decoran la arquitectura histórica de la ciudad, y también con visitas recomendables como las cataratas de Montmorency. 

Japón 

Asia se ha convertido en uno de los destinos por excelencia de los turistas españoles, pero en especial Japón, con el otoño siendo también una destacada época para viajar. En este tiempo, Kioto es el destino favorito dentro del país nipón, con el templo Kiyomizu-dera como una de las postales más otoñales o el Paseo de los Filósofos. No es el único, en Nikko, el Puente Shinkyo se convierte en una de las mejores instantáneas donde apreciar los tonos verdes, amarillos, anaranjados y rojos.  

Alemania 

Pero para visitar lugares destacados donde brillan los colores del otoño no hace falta salir de Europa. En el sur de Alemania, en concreto en la región de Baviera, donde el bosque Bávaro es un destino de cuento de hadas, con el destacado Castillo de Neuschwanstein en uno de los mejores momentos para ser visitado debido a lo que lo rodea. La Selva Negra, el Spreewald de Brandeburgo o el Parque Nacional de Hainich en Turingia son otras zonas para no perderse en el país. 

Reino Unido 

En el continente europeo, otro destino otoñal es Reino Unido, con dos zonas claramente diferenciadas, pero atractivas por su paisaje como es el caso de los Cotswolds en Inglaterra con sus pintorescos pueblos y colinas como son Bourton-on-the-Water o Stow-on-the-Wold, pero también con las Tierras Altas de Escocia como otro lugar destacado, con Glen Affric como uno de sus puntos más interesantes. 

Sudeste de Europa y Balcanes 

Más allá de Alemania y Reino unido, dentro de Europa hay más lugares destacados para visitar en el continente como es el caso de Croacia con el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice como atractiva visita, el Lago Bled en Eslovenia o la región de Transilvania en Rumania. 

Volodímir Zelenski ha acusado a SpaceX de restringir el acceso a su servicio Starlink de grado militar, lo que, en la práctica, paraliza las misiones de ataque con drones ucranianas y las defensas aéreas cruciales para Kiev con solo pulsar un botón.

Este suceso —y sus graves consecuencias para Ucrania— ha puesto el foco de atención en Starlink —el servicio comercial de Internet por satélite de SpaceX— y en Starshield, una potente versión militar desarrollada por la empresa de Elon Musk para el Pentágono.

Esto es lo que sabemos sobre los dos sistemas de SpaceX, cómo se controlan y por qué Zelenski ha calificado este cambio como una traición por parte de Donald Trump y de Estados Unidos.

¿Qué ha pasado con la conexión de Ucrania?

El martes por la noche, el Ejército ucraniano informó de que el sistema de comunicaciones por satélite Starlink —fabricado por SpaceX, pero gestionado por el Gobierno de EEUU— ya no funcionaba en terminales que se desplazan a velocidades superiores a 160 kilómetros por hora.

Kiev instala receptores Starlink de SpaceX en muchos de sus drones como parte de un sistema de navegación a bordo. El país afirmó que el cambio se impuso sin ninguna explicación por parte de EEUU.

¿Cómo afecta esto a Ucrania?

La restricción tuvo dos consecuencias inmediatas: dejó prácticamente inoperativos la mayoría de los drones que Ucrania utiliza para lanzar ataques detrás de las líneas del frente y obstaculizó el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea que impiden que los drones rusos bombardeen Kiev.

Ucrania utiliza los sistemas Starlink para dirigir numerosos drones de medio alcance hacia sus objetivos, lo que constituye una capacidad ofensiva fundamental en el frente. Los Shahed rusos vuelan a velocidades cercanas a los 320 kilómetros por hora, por lo que la nueva restricción implica que los drones interceptores ucranianos no tienen ninguna posibilidad de darles caza.

Starlink no se utiliza en las misiones ucranianas de largo alcance que han atacado con éxito refinerías de petróleo rusas en los últimos meses.

¿Qué es Starshield?

Starshield es una unidad de negocio de SpaceX que desarrolla sistemas de satélites militares y de inteligencia para el Pentágono. El servicio de Starshield es independiente del servicio comercial de banda ancha de Starlink, aunque en ocasiones la distinción entre ambos resulta difusa.

Según SpaceX, Starlink no puede utilizarse para acciones militares ofensivas, sino únicamente para actividades defensivas o para su uso por parte de clientes civiles.

Starshield, sin embargo, ofrece esas capacidades y utiliza un cifrado mejorado para transmitir información confidencial. Además, Starshield permite a los usuarios integrar sensores en dispositivos como los drones. Las comunicaciones seguras de Starshield se basan en Starlink, la amplia red de 11.000 satélites que Musk y SpaceX han lanzado al espacio desde 2019.

¿Quién tomó la decisión de restringir el acceso, Musk o el Pentágono?

Musk afirmó que el Ejército ucraniano está vinculado a Starshield, ya que Starlink no concede licencias a clientes que utilicen armas. Añadió que cualquier interrupción en el servicio de Starshield que estuviera sufriendo Ucrania sería responsabilidad del Gobierno de EEUU, y no de SpaceX. “Los sistemas Starshield son propiedad del Gobierno de EEUU y están bajo su control. Cualquier limitación en la velocidad o el uso la decide el Ejército estadounidense y, en última instancia, el presidente de EEUU”, afirmó Musk, refiriéndose a Donald Trump.

La Casa Blanca no ha confirmado ni desmentido la afirmación de Musk. Sin embargo, la Administración Trump ha estado presionando a Ucrania para que limite sus ataques contra objetivos energéticos en el interior de Rusia.

¿Cuál ha sido la reacción?

Zelenski afirmó que se sentía personalmente traicionado por Trump, en una entrevista con Piers Morgan, y señaló que Kiev estaba “perdiendo a un socio fuerte”. En cuanto a lo que esto significaba para Ucrania y su pueblo, declaró: “Esta decisión provocará muchas pérdidas humanas… por supuesto, habrá personas que morirán”.

En Estados Unidos, los demócratas han condenado a la Administración Trump. “Trump está tomando una decisión que contribuye directamente a la matanza de civiles ucranianos por parte de Putin”, afirmaron los demócratas de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en una publicación en X, en la que calificaron las restricciones de “inaceptables”.

El senador republicano Tom Tillis expresó su preocupación en X: “Apoyar la soberanía de Ucrania —o, como mínimo, permitirla— no debería ser una zona gris para el Gobierno de EEUU ni para las empresas estadounidenses”.