El secretismo sobre los sueldos, y en concreto sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, tiene los días contados en muchas empresas. Este 7 de junio despliega sus efectos la Directiva Europea de 2023 por la que se refuerza el principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres, a través de más transparencia en los sueldos y mecanismos como mayores sanciones a los incumplidores. España llega tarde a su transposición, pero ya trabaja para aprobar una nueva normativa, que no debería retrasarse demasiado en el tiempo a riesgo de una importante multa por parte de Bruselas.

España ha aprobado varias regulaciones en favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres en los últimos años, como la obligación de todas las empresas de tener un registro salarial por sexos y de realizar una auditoría salarial en aquellas compañías a partir de 50 empleados.

“La normativa española es bastante avanzada”, sostiene el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona Eduardo Rojo, que explica que la directiva europea implicará “avanzar más” y “reforzar” ciertas obligaciones, especialmente en cuanto a la transparencia de los salarios y a la brecha retributiva entre hombres y mujeres. Esta diferencia salarial ha aumentado en España según los últimos datos (de 2024) tras once años de descensos.

El Ministerio de Trabajo está elaborando el texto de un real decreto para transponer la regulación europea y que concretará los cambios para las empresas en España. “De manera urgente, culminaremos texto en los próximos días o semanas”, afirmó esta semana el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras lo que se recabará “la opinión de los interlocutores sociales” y se aprobará por parte del Consejo de Ministros, apuntó.

Las autoridades publicarán la brecha de miles de empresas

Una de las novedades más relevantes de la directiva es la transparencia que impone sobre la brecha salarial en las empresas a partir de 100 empleados. Estas compañías, con un periodo transitorio desde junio de 2027 a junio de 2031, deberán comunicar la información sobre la brecha retributiva de género en varios ámbitos (en la media, en los complementos, en la mediana...) a las autoridades y estos datos serán publicados.

En concreto, la regulación europea exige que estos datos se comuniquen a una autoridad competente –que España deberá concretar–, que se encargará de recopilarlos y publicarlos “sin demora” en un formato “de fácil acceso y de fácil manejo que permita la comparación entre empleadores, sectores y regiones del Estado miembro de que se trate”.

Por tanto, la brecha salarial de todas las empresas a partir de 100 trabajadores en España deberá quedar expuesta al público. Bruselas exige que esta autoridad garantice el acceso a los datos correspondientes “a los cuatro años anteriores”, si están disponibles.

Además, ahora España establece un umbral del 25% de brecha salarial para que las empresas tengan que justificar “que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras”. La directiva europea rebaja ese nivel a un 5% en el nivel retributivo medio de las trabajadoras y los trabajadores en cualquier categoría, destaca Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO.

Ese 5% de diferencia implicará que “la empresa deberá realizar una evaluación retributiva conjunta con los representantes de los trabajadores y establecer medidas correctoras”, explica Vidal. Y, “si estas no se corrigieran, se sancionaría a la empresa”, advierte la sindicalista.

Destaca también que Bruselas establece que los plazos de prescripción para las reclamaciones relativas a la igualdad de retribución “no serán inferiores a tres años”, mientras que la legislación española actual solo permite reclamar salarios del último año.

Más transparencia en todos los sueldos

El catedrático Eduardo Rojo destaca que esta nueva directiva combate la brecha salarial “desde cero”, porque como novedad exige una transparencia retributiva “previa al empleo” para las personas solicitantes de un puesto de trabajo, antes de ser contratadas. Las empresas estarán obligadas a facilitar la retribución inicial o una “banda retributiva inicial”, frente a las ofertas actuales en las que el salario no se concreta.

Además, se establece que “ningún empleador podrá hacer a los solicitantes preguntas sobre su historial retributivo en sus relaciones laborales actuales o anteriores”. Algo frecuente en la actualidad, ya que muchas empresas preguntan lo que venían ganando los trabajadores para ajustar el salario.

La regulación europea también exige que los empleadores pongan a disposición de su personal “de manera fácil” los criterios que se utilizan para determinar la retribución de los trabajadores, así como los distintos niveles retributivos existentes y, en empresas a partir de 50 empleados, “la progresión retributiva”.

También se concreta el “derecho a la información” de los empleados “sobre su nivel retributivo individual y sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, para las categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo”. Este derecho ya existe en España con el actual registro por sexos, pero la directiva concreta que se deberá responder a los interesados en un plazo no superior a “dos meses”.

A la espera de la normativa del Gobierno que concrete todos estos cambios y cuándo entrarán en vigor en España, el hecho de haber llegado tarde a la transposición europea ha supuesto una “preocupación generalizada en los departamentos de dirección de personas” de las empresas, “que temen que pueda afectarles de manera negativa, generando responsabilidades y riesgos”, recoge el Periscopio Legal y Fiscal de la consultora PWC (PricewaterhouseCoopers).

No obstante, las reclamaciones contra las empresas en este momento –cuando es el legislador quien no ha cumplido con su deber– no tienen muchas opciones de prosperar. Puede haber alguna “demanda piloto” que trate de actuar contra el Gobierno de España “por no cumplir con la directiva”, apunta Eduardo Rojo, e impedir así la nueva protección a la población trabajadora desde este 7 de junio.

En CCOO apuntan que “habrá que ver” cómo se llevan estas novedades al ordenamiento jurídico español e insisten en que además se deben “adoptar otras medias en ámbitos de los cuidados –concretas sobre la corresponsabilidad tanto del Estado, como de los hombres y de las empresas– si se quiere acabar con la brecha salarial de género”, sostiene Carolina Vidal.

Fins a quatre dels 12 membres del Govern de Marga Prohens no compleixen la normativa de transparència aprovada pel seu propi Executiu —després d’haver retallat l’anterior— en el moment en què es publica aquesta notícia, com es pot comprovar al registre. La norma obliga els càrrecs públics de l’arxipèlag balear a registrar les declaracions de renda cada any. Almenys així consta en la informació del Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les Activitats dels Càrrecs Públics.

Després de dues legislatures amb diferents coalicions progressistes encapçalades per Francina Armengol, el Partit Popular va guanyar les eleccions autonòmiques de 2023. Prohens va arribar al Consolat de Mar gràcies a un acord de governabilitat amb Vox, que es manté fora del Govern autonòmic.

Aquest acord va comportar l’eliminació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció. Així, les Illes Balears es van convertir en la primera autonomia a eliminar un organisme anticorrupció —tot i que Catalunya, la Comunitat Valenciana, Andalusia i Navarra compten amb òrgans d’aquest tipus—. El tancament de l’Oficina va comportar un altre canvi a la nova llei promulgada per Marga Prohens: les declaracions de béns dels càrrecs públics queden dipositades al Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les Activitats dels Càrrecs Públics. El principal canvi respecte a la normativa anterior és que ara tenen “caràcter reservat”, és a dir, que la informació deixa de ser pública.

Aquest canvi permet que només es puguin consultar les declaracions de la renda de 2023 i 2024 d’un únic membre del Govern, el conseller d’Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz, com es pot comprovar al registre. Amb la normativa anterior, els càrrecs públics tenien l’obligació de declarar tot el seu patrimoni. És a dir, havien d’informar de manera completa sobre tots els seus béns (propietats o diners), drets (per exemple, participacions o crèdits), deutes i també les seves activitats econòmiques o professionals.

Aquesta informació, a més, era accessible per a la ciutadania a través del web de l’Oficina. La nova llei, en canvi, és discrecional: cada administració, d’acord amb el seu règim normatiu, “haurà de comunicar motivadament al Registre quins camps d’informació continguts en la declaració dels càrrecs públics s’han de fer públics”, segons l’article 10.5.

La meitat dels consellers del Govern Prohens han registrat les seves declaracions de la renda de 2023 i 2024, tot i que en general no estan disponibles. Per exemple, en el cas de la presidenta es pot consultar la de 2023, però no la de 2024. Les han registrat en ambdós exercicis, sense estar disponibles, els consellers Antònia Maria Estarellas (Presidència, Coordinació d’Acció de Govern i Cooperació Local), Jaume Bauzá (Turisme, Cultura i Esports), José Luis Mateo (Habitatge, Territori i Mobilitat), Catalina Cabrer (Treball, Funció Pública i Diàleg Social) i Juan Manuel Lafuente (Mar i Cicle de l’Aigua).

Quins consellers no compleixen

Antoni Costa (Economia, Hisenda i Innovació), Manuela García (Salut), Sandra Fernández (Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència) i Joan Simonet (Agricultura, Pesca i Medi Natural) no compleixen la normativa aprovada per l’Executiu que els va nomenar consellers. El primer i l’últim només van registrar una de les declaracions de la renda dels anys 2023 i 2024. En el cas de Costa, la va registrar el 2024, però no el 2023; en el de Simonet, el 2023 però no el 2024. La resta no la va dipositar en cap dels dos anys. Antoni Vera (Educació i Universitats) tampoc complia, però ha pujat les seves declaracions de la renda de 2023 i 2024 després de ser consultat per aquest diari. “Ha estat una distracció personal. Ja estan penjades”, responen fonts de la seva conselleria.

Aquesta realitat incompleix l’article 4.4 de la Llei 2/2024, de creació del Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les Activitats dels Càrrecs Públics de les Illes Balears. Aquesta manca de transparència contrasta amb la situació de les legislatures anteriors (la llei que regulava l’Oficina Anticorrupció va entrar en vigor el 2016), quan les declaracions eren públiques.

La restricció que la llei permet sobre l’accés a les declaracions de béns patrimonials també pot dificultar la fiscalització de càrrecs públics en casos com el de Rafael Triguero (PP), alcalde d’Eivissa, que està sota el focus mediàtic per una operació urbanística que perseguia, presumptament i segons denuncia l’oposició, obtenir irregularment un habitatge de preu limitat (VPL).

Facilita ocultar maniobres urbanístiques

Triguero va presentar la declaració de béns patrimonials el 17 de juny de 2023, quan va prendre possessió com a alcalde, segons el registre. L’última actualització del seu patrimoni data del 12 d’agost de 2025, quan va publicar la declaració de la renda de l’exercici 2024. Al portal de transparència municipal, les declaracions de la renda estan majoritàriament actualitzades fins al 2022, com consta al web. És a dir, quan el socialista Rafa Ruiz (2015-2023) encara era alcalde d’Eivissa.

En el cas de les declaracions patrimonials, estan actualitzades en el moment en què els regidors van prendre possessió o van cessar del càrrec, segons el portal municipal. En qualsevol cas, la declaració de béns de Rafael Triguero no està actualitzada, ja que no hi figuren les seves últimes operacions immobiliàries, segons va informar elDiario.es.

Després de les consultes d’aquest diari, l’Ajuntament d’Eivissa va respondre que les declaracions de béns patrimonials no només es dipositen al registre del Parlament, sinó que “cada institució pot acordar publicar-les també als seus propis portals de transparència”. En aquest sentit, van indicar que les declaracions del batle i dels regidors del govern municipal estaven publicades. L’Ajuntament no considera que hi hagi hagut un retrocés en matèria de transparència i rendició de comptes respecte al model anterior.

Una restricció “desproporcionada i injustificada”

Joaquín Meseguer, expert del Fòrum de Govern Obert d’Espanya, explica a elDiario.es que, sobre el “caràcter reservat” de les declaracions de béns patrimonials, la normativa “estableix una restricció desproporcionada i injustificada”. El més raonable, segons la seva opinió, seria “la publicació d’aquestes declaracions anonimitzant aquelles dades que puguin afectar categories especials de dades o que puguin generar un risc per a la seguretat personal o la integritat del patrimoni”.

L’expert explica que aquest és el procediment habitual en altres comunitats autònomes i que “no es coneix cap cas en què l’accés o la divulgació hagi generat cap perjudici que s’hagués d’evitar”. “És clar que sobre qui exerceix aquestes responsabilitats públiques ha d’existir un escrutini social més gran que en qualsevol altre cas”, detalla Meseguer.

Després que PP i Vox aprovessin la nova llei que substitueix la que regulava l’Oficina Anticorrupció, Tòfol Milán, exdirector, va explicar a aquest diari que veia amb preocupació la deriva de les Balears en matèria de transparència. Argumentava que l’organisme no només tramitava denúncies i investigacions, sinó que també prevenia pràctiques corruptes, controlava i feia públiques les declaracions de béns dels càrrecs públics, la seva formació i impulsava programes educatius a les escoles.

“Tot això es perd”, va lamentar Milán. Amb la norma anterior, el registre dels béns dels alts càrrecs era públic i accessible, igual que la llei municipal permetia que als ajuntaments també ho fos. El portal de l’Oficina comptava amb 4.400 declaracions de béns de 1.200 càrrecs i 9.300 declaracions de l’IRPF que van deixar d’estar disponibles amb la nova normativa. Milán va argumentar que era un instrument per evitar incompatibilitats i conflictes d’interessos, així com per impedir que alts càrrecs contractessin empreses on tinguessin participacions.

En una línia similar, Meseguer considera necessari poder accedir a les declaracions de béns patrimonials dels càrrecs públics, a través dels portals corresponents, “preservant també aquesta esfera d’intimitat i seguretat que la Constitució i les normes imposen”. L’expert puntualitza que tots dos drets “han d’anar plegats i aquest esforç de conciliació és possible”. “El paper dels mitjans de comunicació com a vigilants de la gestió pública és essencial per preservar la democràcia i només és possible amb un accés raonable a la informació pública”, afegeix.

Consultat sobre si la supressió de la llei de l’Oficina Anticorrupció a les Balears va suposar un retrocés respecte al model anterior, Meseguer respon que “sens dubte va ser un retrocés i un veritable cop al control de les institucions públiques”. “El mateix argument es va utilitzar a Mèxic per suprimir l’INAI, un dels principals organismes que garanteix la transparència i protecció de dades, i ara hi ha un bloqueig extraordinari del dret d’accés a la informació pública”, lamenta.

L’expert matisa que és important definir bé les competències d’aquestes institucions i dotar-les de “mitjans adequats”, així com establir “canals de coordinació entre institucions que coincideixen parcialment en la seva tasca de control”. “Totes les institucions tenen un cost de funcionament, no siguem ingenus, però el que realment ens surt car és la corrupció”, afirma, i afegeix que agències autonòmiques antifrau com la catalana o l’andalusa “han demostrat sobradament la seva eficiència i raó de ser”.

Hasta cuatro de los 12 miembros del Govern de Marga Prohens (PP) no cumplen con la normativa de transparencia aprobada por su propio Ejecutivo –tras haber recortado la anterior– en el momento en que se publica esta noticia. La norma obliga a los cargos públicos del archipiélago balear a registrar las declaraciones de renta cada año, como se puede comprobar en el registro. Al menos así figura en la información que consta en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos.

Después de dos legislaturas con diferentes coaliciones progresistas encabezadas por Francina Armengol, el PP ganó las elecciones autonómicas de 2023. Prohens alcanzó el Consolat de Mar gracias a un acuerdo de gobernabilidad con Vox, que se mantiene fuera del Gobierno autonómico.  Este acuerdo trajo consigo la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Así, las Balears se convirtieron en la primera autonomía en eliminar un organismo anticorrupción –pese a todo, Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía y Navarra cuentan con órganos de este tipo–. El fin de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción trajo consigo otro cambio en la nueva ley promulgada por Prohens: las declaraciones de bienes de los cargos públicos quedan depositadas en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos. El principal cambio respecto a la normativa anterior es que ahora tienen “carácter reservado”, es decir, que la información deja de ser pública.

Este cambio permite que solo se puedan consultar las declaraciones de la renta de 2023 y 2024 de un único miembro del Govern, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz, como se puede comprobar en el registro. Bajo la normativa anterior, los cargos públicos tenían la obligación de declarar todo su patrimonio. Es decir, debían informar de manera completa sobre todos sus bienes (propiedades o dinero), derechos (por ejemplo, participaciones o créditos), deudas y también sus actividades económicas o profesionales.

Esta información, además, era accesible para la ciudadanía a través de la web de la Oficina. La nueva ley, en cambio, es discrecional: cada administración, de acuerdo a su régimen normativo, “deberá comunicar motivadamente al Registro qué campos de información contenidos en la declaración de los cargos públicos deben hacerse públicos”, según aparece en el artículo 10.5.

La mitad de los consellers del Govern Prohens han registrado sus declaraciones de la renta de 2023 y 2024, aunque en general no están disponibles. Por ejemplo, en el caso de la presidenta se puede consultar la de 2023, pero no la de 2024. La han registrado en ambos ejercicios, sin estar disponibles, los consellers Antònia Maria Estarellas (Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local), Jaume Bauzá (Turismo, Cultura y Deportes), José Luis Mateo (Vivienda, Territorio y Movilidad), Catalina Cabrer (Trabajo, Función Pública y Diálogo Social) y Juan Manuel Lafuente (Mar y Ciclo del Agua).

Qué consellers no cumplen

Antoni Costa (Economía, Hacienda e Innovación), Manuela García (Salud), Sandra Fernández (Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia) y Joan Simonet (Agricultura, Pesca y Medio Natural), no cumplen con la normativa aprobada por el Ejecutivo que los nombró consellers. El primero y el último solo registraron una de las declaraciones de la renta de los años 2023 y 2024. En el caso de Costa, la registró en 2024, pero no en 2023; en el de Simonet, en 2023, pero no en 2024. El resto no la depositó en ninguno de los dos años. Antoni Vera (Educación y Universidades) tampoco cumplía, pero ha subido sus declaraciones de la renta de 2023 y 2024 después de haber sido consultado por este diario. “Ha sido un despiste personal. Ya están colgadas”, responden fuentes de su Conselleria.

Esta realidad incumple el artículo 4.4 de la Ley 2/2024, de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Esta falta de transparencia contrasta con la situación que había en los años de las legislaturas anteriores (la ley que regulaba la Oficina Anticorrupción entró en vigor en 2016), cuando las declaraciones estaban disponibles.

La restricción que la ley permite en cuanto al acceso a las declaraciones de bienes patrimoniales puede dificultar también la capacidad de fiscalización de los cargos públicos en casos como el de Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, quien está bajo el foco mediático debido a una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL).

Una restricción “desproporcionada e injustificada”

Joaquín Meseguer, experto del Foro de Gobierno Abierto de España, explica a elDiario.es, sobre el “carácter reservado” de las declaraciones de bienes patrimoniales, que la normativa “establece una restricción desproporcionada e injustificada”. Lo razonable, en su opinión, sería “la publicación de estas declaraciones anonimizando aquellos datos que puedan afectar a categorías especiales de datos o pueda generar un riesgo para la seguridad personal o la integridad de su patrimonio”.

El experto explica que este es el procedimiento habitual en otras comunidades autónomas y que “no se conoce ningún caso en el que el acceso o la divulgación haya generado ningún perjuicio que debiera haberse evitado”. “Está claro que sobre quienes ejercen estas responsabilidades públicas debe existir un escrutinio social mayor que en cualquier otro caso”, detalla Meseguer.

Después de que PP y Vox aprobaran la nueva ley que sustituye la que regulaba la Oficina Anticorrupción, Tòfol Milán, exdirector, explicó a este diario que veía con preocupación la deriva a la que se encamina Balears en materia de transparencia. Así, argumentaba que el organismo no solo se ocupaba de dar trámite a denuncias e investigaciones de todo tipo, sino también de la prevención de prácticas corruptas, de controlar y hacer públicas a la ciudadanía las declaraciones de bienes de los cargos públicos, de la formación de éstos y de impulsar programas educativos en las escuelas.

“Todo esto se pierde”, lamentó Milán. Con la anterior norma, el registro de los bienes de los altos cargos era público y accesible a todo aquel que deseara consultarlo, al igual que la Ley municipal y de régimen local de las Illes Balears permite que el registro en el caso de los ayuntamientos también sea público. El portal de la Oficina contaba con 4.400 declaraciones de bienes de 1.200 cargos y con 9.300 declaraciones de IRPF que dejaron de estar disponibles con la nueva normativa. Milán argumentó que se trataba de un instrumento que permitía evitar incompatibilidades y conflictos de intereses. También que altos cargos pudieran contratar desde las administraciones públicas a una empresa en la que tuvieran acciones.

En una línea similar, Meseguer considera necesario poder acceder a las declaraciones de bienes patrimoniales de los cargos públicos, a través de los portales correspondientes, “preservando también esa esfera de intimidad y seguridad que la Constitución y las normas imponen”. El experto puntualiza que ambos derechos “tienen que ir de la mano y ese esfuerzo de conciliación, de engarce entre ambos, aunque complejo, es posible”. “El papel de los medios de comunicación como watchdog de la gestión pública es esencial para preservar nuestra democracia y solo es posible con un acceso razonable a la información pública”, añade.

Consultado sobre si la eliminación de la ley que regulaba la Oficina Anticorrupción en Balears supuso un retroceso respecto al modelo anterior, o si se trataba de un órgano duplicado –cuyas funciones ya ejerce la Fiscalía Anticorrupción–, Meseguer responde que “claro que fue un retroceso y un verdadero varapalo para el control de las instituciones públicas”. “Ese mismo argumento se utilizó en México para la supresión del INAI, uno de los más importantes órganos garantes a nivel mundial de la transparencia y protección de datos, y ahora hay un bloqueo extraordinario del derecho de acceso a la información pública”, lamenta.

El experto matiza que es importante definir bien las competencias de estas instituciones, así como dotarlas de “medios adecuados” y establecer “canales de coordinación entre instituciones que coinciden parcialmente en su labor de control”. “Todas las instituciones tienen un coste de funcionamiento, no seamos ingenuos, pero lo que realmente nos sale caro es la corrupción”, afirma y añade que agencias autonómicas antifraude como la catalana o la andaluza “han demostrado sobradamente su eficiencia y razón de ser”.

Fa dos anys, PP i Vox van convertir les Balears en la primera autonomia a eliminar un organisme públic anticorrupció –només Catalunya, la Comunitat Valenciana, Andalusia i Navarra compten amb òrgans d’aquest tipus–. La fi de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció va comportar un altre canvi en la llei promulgada per Marga Prohens: les declaracions de béns dels càrrecs públics queden dipositades al Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les Activitats dels Càrrecs Públics. El principal canvi respecte a la normativa anterior és que ara tenen “caràcter reservat”, és a dir, que la informació deixa de ser pública. La restricció que la llei permet en relació amb l’accés a les declaracions de béns patrimonials pot dificultar la capacitat de fiscalització dels càrrecs públics en casos com el de Rafael Triguero (PP), alcalde d’Eivissa, que es troba sota el focus mediàtic a causa d’una operació urbanística que pretenia, presumptament i segons denuncia l’oposició, obtenir irregularment un habitatge de preu limitat (VPL).

Sota la normativa anterior, els càrrecs públics tenien l’obligació de declarar tot el seu patrimoni. És a dir, havien d’informar de manera completa sobre tots els seus béns (propietats o diners), drets (per exemple, participacions o crèdits), deutes i també les seves activitats econòmiques o professionals. Aquesta informació, a més, era accessible per a la ciutadania a través del web de l’Oficina. La nova llei, en canvi, és discrecional: cada administració, d’acord amb el seu règim normatiu, “haurà de comunicar motivadament al Registre quins camps d’informació continguts en la declaració dels càrrecs públics han de fer-se públics”, tal com consta a l’article 10.5.

En el cas de Triguero, va presentar la declaració de béns patrimonials el 17 de juny de 2023, quan va prendre possessió com a alcalde, tal com es pot comprovar al registre. L’última actualització sobre el seu patrimoni data del 12 d’agost de 2025, quan va publicar la declaració de la renda de l’exercici del 2024. Al portal de transparència municipal, les declaracions de la renda estan majoritàriament actualitzades a l’any 2022, segons consta al web. És a dir, quan el socialista Rafa Ruiz (2015-2023) encara era alcalde d’Eivissa. En el cas de les declaracions patrimonials, estan actualitzades al moment en què els regidors van prendre possessió o van cessar del seu càrrec, com es pot comprovar.

D’altra banda, si es busquen les declaracions de la renda d’altres càrrecs públics –alguns molt importants–, es pot comprovar que s’han presentat, però ja no són accessibles a través del nou Registre de Transparència. I no ho són perquè la nova norma indica clarament que tenen “caràcter reservat”, a diferència de l’anterior.

En qualsevol cas, la declaració de béns patrimonials de Rafael Triguero no està actualitzada, ja que no hi figuren les seves últimes operacions immobiliàries. Després de les consultes d’aquest diari, l’Ajuntament d’Eivissa respon que les declaracions de béns patrimonials no queden dipositades únicament al registre del Parlament, sinó que “cada institució pot acordar publicar-les també als seus propis portals de transparència”. Per això, indiquen que les declaracions patrimonials de l’alcalde i dels regidors del govern municipal estan publicades. En aquest sentit, l’Ajuntament no considera que hi hagi hagut un retrocés en matèria de transparència i rendició de comptes respecte al model anterior.

Operació immobiliària

L’alcalde d’Eivissa està al punt de mira per haver efectuat una operació urbanística que pretenia, presumptament i segons denuncia l’oposició, obtenir irregularment un habitatge de preu limitat (VPL), tal com va informar elDiario.es. L’estratègia hauria consistit a transformar una oficina en un habitatge de preu limitat en un barri de l’eixample de la ciutat. Per presumptament esquivar les limitacions que va introduir l’executiu autonòmic per beneficiar-se d’una VPL, Triguero va cedir el 50% del local-habitatge i d’una altra casa seva als seus fills menors (25% a cadascun) mitjançant un pacte successori abans de suposadament mudar-se al nou immoble, segons la documentació a la qual ha tingut accés aquest diari. D’aquesta manera, a més, la seva parella podria llogar o vendre un altre pis del qual és titular al 100% al mateix edifici.

Una VPL és una figura creada per la llei balear d’habitatge que permet convertir locals i oficines en habitatges amb límits de preu i requisits d’accés per ampliar l’oferta residencial. A diferència d’una VPO o habitatge protegit tradicional, no forma part d’un règim clàssic de promoció pública. “En tot moment he complert la llei escrupolosament. No he adquirit, ni tampoc se m’ha adjudicat, ni un habitatge públic ni tampoc un habitatge protegit”, va assegurar Triguero. Tant l’Ajuntament d’Eivissa com la Conselleria d’Habitatge del Govern defensen que no s’aprecien irregularitats fins al moment en la manera com Triguero ha reconvertit un local comercial en habitatge de preu limitat.

Triguero i la seva parella van comprar, al 50% cadascun, una oficina en una urbanització de Can Misses, segons consta a l’escriptura signada el 4 de juny de 2025. L’immoble, de gairebé 100 metres quadrats, disposa a més d’una terrassa descoberta de 45 metres quadrats i una altra amb jardí de 76. Per adquirir-lo van sol·licitar una hipoteca de 208.000 euros amb venciment el 4 de juny de 2045. En cas d’execució hipotecària, el valor fixat per a una eventual subhasta ascendeix a 366.814 euros.

El 22 de desembre de 2025, l’alcalde d’Eivissa va cedir el 50% del local als seus dos fills menors mitjançant un pacte successori, una fórmula que permet avançar l’herència en vida a les Balears. Cadascun va rebre el 25% de la propietat. Mesos després, el 19 de març de 2026, Triguero i els seus fills van sol·licitar el canvi d’ús de local a habitatge, segons la documentació a la qual ha tingut accés aquest diari. Tot i la cessió, Triguero manté el control sobre l’immoble. El pacte successori li reserva “la facultat de disposar” i el dret exclusiu de gestió fins que els seus fills compleixin trenta-cinc anys. Els menors no poden vendre, hipotecar, llogar, donar ni deixar en herència la seva part de la propietat.

L’alcalde també és propietari d’un altre pis de 70 metres quadrats a Eivissa, adquirit el 2012. El mateix dia en què va cedir part del local-habitatge als seus fills, va fer la mateixa operació amb aquest immoble, lliurant el 25% a cadascun i reservant-se les mateixes facultats de control. Per la seva banda, la parella de Triguero és propietària al 100% d’un altre habitatge situat al mateix edifici on tots dos van comprar posteriorment l’oficina convertida en habitatge. Es tracta d’un pis de 94 metres quadrats amb una terrassa de 12.

El local-oficina va obtenir la llicència de primera ocupació, atorgada per l’Ajuntament d’Eivissa, el 6 de març de 2026, segons va denunciar el PSOE davant l’IBAVI, dependent de la Conselleria d’Habitatge del Govern. En la mateixa denúncia, a la qual ha tingut accés aquest diari, s’explica que a l’abril d’aquest any Triguero i la seva parella es van traslladar a viure al nou pis, tot i no complir presumptament “els requisits necessaris per ser beneficiaris”. Així mateix, la parella de l’alcalde va llogar l’habitatge del qual és titular al 100% i que es troba al mateix edifici, segons els socialistes.

Què diu la llei

La llei autonòmica 3/2024 indica que per poder accedir a un habitatge de preu limitat “en qualsevol de les modalitats d’accés” el beneficiari “no podrà ser titular del ple domini o d’un dret real d’ús i gaudi sobre més d’un 50% d’algun habitatge lliure o sotmès a algun règim de protecció”.

El local va ser adquirit per Triguero i la seva parella al 50%. Tots dos posseïen, el 4 de juny de 2025, el 100% d’un altre habitatge. El 22 de desembre de 2025, Triguero utilitza la fórmula del pacte successori (herència en vida) per repartir el local i l’altre habitatge, al 50%, als seus dos fills menors (cadadascun posseeix, des d’aleshores, el 25%). El canvi d’ús de local a habitatge es va sol·licitar el 19 de març de 2026. L’objectiu era quedar-se presumptament amb el 50% i així complir, sobre el paper, aquest requisit legal. Tanmateix, l’alcalde té el control total dels dos pisos.

Quan se li pregunta a l’Ajuntament si, arran de les informacions recents sobre l’alcalde, el nou marc normatiu pot generar una percepció de menor control o sobre possibles conflictes d’interès o situacions patrimonials de rellevància pública, respon que “l’alcalde no és beneficiari de cap habitatge VPL”. “És propietari, i de fet encara no és ni un habitatge VPL perquè encara està en procés de registrar-se i constituir-se com a tal, dins del termini”. “Beneficiari seria si hi visqués”, afegeixen les fonts.

Els arguments que dona l’executiu local és que Triguero no és beneficiari d’una VPL. “Ell va comprar un local, i l’està transformant en habitatge”, afirmen. Les fonts consultades afegeixen que l’alcalde ja ha anunciat que, quan es completi el procediment, l’habitatge passarà al mercat de lloguer a preu limitat. “És a dir, tècnicament ha creat un habitatge nou a partir d’un local”, puntualitzen. “I aquest habitatge estarà per a un llogar a un preu limitat per llei i per sempre”. “El que ha fet realment és augmentar l’habitatge disponible a preu raonable al municipi”, indiquen. En conclusió, l’Ajuntament creu que l’actual legislació, amb la qual estan complint, és suficient per garantir la transparència i el control sobre el patrimoni dels càrrecs públics.

Aquest diari també s’ha posat en contacte amb fonts del Govern, a qui s’ha consultat si el model actual suposa un retrocés en matèria de transparència i rendició de comptes, i quins mecanismes consideren actualment prou per garantir la transparència i el control públic sobre el patrimoni, un cop eliminada l’Oficina Anticorrupció. Aquestes fonts manifesten que, des del primer dia, s’han preguntat si l’Oficina Anticorrupció “es dedicava realment a lluitar contra la corrupció”.

“No va veure res en el cas de l’exalcalde de Sant Josep, que va ser detingut per causes urbanístiques, per exemple”, assenyalen. També indiquen que l’Oficina va arxivar “totes les causes que tenien a veure amb l’anterior Govern (progressista) de forma sistemàtica” i que aquest organisme públic es va utilitzar “per atacar exclusivament membres del que llavors era el principal partit de l’oposició”, és a dir, del Partit Popular. Així mateix, recorden que 13 de les 17 comunitats autònomes no tenen oficines anticorrupció i que existeix tota una legislació en matèria de transparència que “evidentment complim, a més de l’existència del mateix portal de transparència”.

“Aquest Govern confia en la Fiscalia, la Intervenció General i la Sindicatura de Comptes com a organismes independents i mecanismes de control per als ciutadans i per a les administracions de les Illes Balears”, assenyalen les mateixes fonts.

Hace dos años, PP y Vox convirtieron las Balears en la primera autonomía en eliminar un organismo público anticorrupción –únicamente Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía y Navarra cuentan con órganos de este tipo–. El fin de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción trajo consigo otro cambio en la ley promulgada por Marga Prohens: las declaraciones de bienes de los cargos públicos quedan depositadas en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos. El principal cambio respecto a la normativa anterior es que ahora tienen “carácter reservado”, es decir, que la información deja de ser pública.

La restricción que la ley permite en cuanto al acceso a las declaraciones de bienes patrimoniales puede dificultar la capacidad de fiscalización de los cargos públicos en casos como el de Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, quien está bajo el foco mediático debido a una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL).

Bajo la normativa anterior, los cargos públicos tenían la obligación de declarar todo su patrimonio. Es decir, debían informar de manera completa sobre todos sus bienes (propiedades o dinero), derechos (por ejemplo, participaciones o créditos), deudas y también sus actividades económicas o profesionales. Esta información, además, era accesible para la ciudadanía a través de la web de la Oficina. La nueva ley, en cambio, es discrecional: cada administración, de acuerdo a su régimen normativo, “deberá comunicar motivadamente al Registro qué campos de información contenidos en la declaración de los cargos públicos deben hacerse públicos”, como figura en el artículo 10.5.

En el caso de Triguero, presentó la declaración de bienes patrimoniales el 17 de junio de 2023, cuando tomó posesión como alcalde, como se puede comprobar en el registro. La última actualización sobre su patrimonio data del 12 de agosto de 2025, cuando publicó la declaración de la renta del ejercicio de 2024. En el portal de transparencia municipal, las declaraciones de la renta están mayoritariamente actualizadas al año 2022, según aparece en la web. Es decir, cuando el socialista Rafa Ruiz (2015-2023) era todavía alcalde de Eivissa. En el caso de las declaraciones patrimoniales, están actualizadas al momento en que los concejales tomaron posesión o cesaron de su cargo, como se puede comprobar.

Por otro lado, si se buscan las declaraciones de la renta de otros cargos públicos –algunos de ellos muy importantes–, se puede comprobar que se han presentado, pero ya no son accesibles a través del nuevo Registro de Transparencia. Y no lo son porque la nueva norma indica claramente que tienen “carácter reservado”, a diferencia de la anterior.

En cualquier caso, la declaración de bienes patrimoniales de Rafael Triguero no está actualizada, pues en ella no figuran sus últimas operaciones inmobiliarias. Tras las consultas de este diario, el Ajuntament d’Eivissa responde que las declaraciones de bienes patrimoniales no quedan depositadas únicamente en el registro del Parlament, sino que “cada institución puede acordar publicarlo también en sus propios portales de transparencia”. Por ello, señalan que las declaraciones patrimoniales del alcalde y de los concejales del Gobierno municipal están publicadas. En este sentido, el Ajuntament no considera que haya habido un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas respecto al modelo anterior.

Operación inmobiliaria

El alcalde de Eivissa está en el punto de mira por haber realizado una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL), como informó elDiario.es. La estrategia habría consistido en transformar una oficina en una vivienda de precio limitado en un barrio del eixample de la ciudad. Para presuntamente esquivar las limitaciones que introdujo el Ejecutivo autonómico para beneficiarse de una VPL, Triguero cedió el 50% del local-vivienda y de otra casa suya a sus hijos menores (25% a cada uno de ellos) mediante un pacto sucesorio antes de supuestamente mudarse al nuevo inmueble, según la documentación a la que accedió este diario. De este modo, además, su pareja podría alquilar o vender otro piso del cual es 100% titular en el mismo bloque.

Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. A diferencia de una VPO o vivienda protegida tradicional, no forma parte de un régimen clásico de promoción pública. “En todo momento he cumplido la ley escrupulosamente. No he adquirido, ni tampoco se me ha adjudicado, ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida”, aseguró Triguero. Tanto el Ajuntament d’Eivissa como la Conselleria de Vivienda del Govern defienden que no aprecian irregularidades hasta el momento en el modo en que Triguero ha reconvertido un local comercial en vivienda de precio limitado.

Triguero y su pareja compraron, al 50% cada uno, una oficina en una urbanización de Can Misses, según consta en la escritura firmada el 4 de junio de 2025. El inmueble, de casi 100 metros cuadrados, dispone además de una terraza descubierta de 45 metros cuadrados y otra con jardín de 76. Para adquirirlo solicitaron una hipoteca de 208.000 euros con vencimiento el 4 de junio de 2045. En caso de ejecución hipotecaria, el valor fijado para una eventual subasta asciende a 366.814 euros.

El 22 de diciembre de 2025, el alcalde de Eivissa cedió el 50% del local a sus dos hijos menores mediante un pacto sucesorio, una fórmula que permite adelantar la herencia en vida en Balears. Cada uno recibió el 25% de la propiedad. Meses después, el 19 de marzo de 2026, Triguero y sus hijos solicitaron el cambio de uso de local a vivienda, según la documentación a la que accedió este diario. Pese a la cesión, Triguero mantiene el control sobre el inmueble. El pacto sucesorio le reserva “la facultad de disponer” y el derecho exclusivo de gestión hasta que sus hijos cumplan 35 años. Los menores no pueden vender, hipotecar, alquilar, donar ni dejar en herencia su parte de la propiedad.

El alcalde también es propietario de otro piso de 70 metros cuadrados en Eivissa, adquirido en 2012. El mismo día en que cedió parte del local-vivienda a sus hijos, realizó la misma operación con este inmueble, entregando el 25% a cada uno de ellos y reservándose las mismas facultades de control. Por su parte, la pareja de Triguero es propietaria al 100% de otra vivienda situada en el mismo bloque donde ambos compraron la oficina posteriormente convertida en vivienda. Se trata de un piso de 94 metros cuadrados con una terraza de 12.

El local-oficina obtuvo la licencia de primera ocupación, que otorga el Ajuntament d’Eivissa, el 6 de marzo de 2026, según denunció el PSOE ante el IBAVI, dependiente de la Conselleria de Vivienda del Govern. En la misma denuncia, a la que accedió este diario, se explica que en abril de este año Triguero y su pareja se fueron a vivir al nuevo piso, pese a no reunir presuntamente “los requisitos necesarios para ser beneficiarios”. Asimismo, la pareja del alcalde procedió a alquilar la vivienda de la que es titular al 100% y que está en el mismo edificio, según los socialistas.

Qué dice la ley

La ley autonómica 3/2024 indica que para poder acceder a una vivienda de precio limitado “en cualquiera de las modalidades de acceso” el beneficiario “no podrá ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre más de un 50% de alguna vivienda libre o sometida a algún régimen de protección”.

El local fue adquirido por Triguero y su pareja al 50%. Ambos poseían, el 4 de junio de 2025, el 100% de otra vivienda. El 22 de diciembre de 2025, Triguero utiliza la fórmula del pacto sucesorio (herencia en vida) para repartir el local y su otra vivienda, al 50%, a sus dos hijos menores (cada uno de ellos posee, desde entonces, el 25%). El cambio de uso de local a vivienda se solicitó el 19 de marzo de 2026. El objetivo era quedarse presuntamente con el 50% y así cumplir, sobre el papel, con este requisito legal. Sin embargo, el alcalde tiene el control total de ambos pisos.

Cuando se le pregunta al Ayuntamiento si, a raíz de las informaciones recientes sobre el alcalde, el nuevo marco normativo puede generar una percepción de menor control o sobre posibles conflictos de interés o situaciones patrimoniales de relevancia pública, responde que “el alcalde no es beneficiario de ninguna vivienda VPL”. “Es propietario, y de hecho aún no es ni una vivienda VPL porque aún está en proceso de registrarse y constituirse como tal, dentro de plazo”. “Beneficiario sería si viviera en ella” aseguran las fuentes y añaden que “no es el caso”.

Los argumentos que da el Ejecutivo local es que Triguero no es beneficiario de una VPL. “Él compró un local, y lo está transformando en vivienda”, afirman. Las fuentes consultadas añaden que el alcalde ya ha anunciado que, cuando se complete el procedimiento, la vivienda pasará al mercado de alquiler a precio limitado. “Es decir, técnicamente ha creado una vivienda nueva a partir de un local”, puntualizan. “Y esa vivienda estará en alquiler a un precio limitado por ley y para siempre”. “Lo que ha hecho realmente es aumentar la vivienda disponible a precio razonable en el municipio”, señalan. En conclusión, el Ayuntamiento cree que la actual legislación, con la que están cumpliendo, es suficiente para garantizar la transparencia y el control sobre el patrimonio de los cargos públicos.

Este diario también se ha puesto en contacto con fuentes del Govern, a quienes se ha consultado si el modelo actual supone un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, y qué mecanismos consideran actualmente suficientes para garantizar la transparencia y el control público sobre el patrimonio, una vez eliminada la Oficina Anticorrupción. Estas fuentes manifiestan que, desde el primer día, se han preguntado si la Oficina Anticorrupción “se dedicaba realmente a luchar contra la corrupción”.

“No vio nada en el caso del exalcalde de Sant Josep, que fue detenido por causas urbanísticas, por ejemplo”, señalan. Señalan, además, que la Oficina archivó “todas las causas que tenían que ver con el anterior Govern (progresista) de forma sistemática” y que este organismo público se utilizó “para atacar exclusivamente a miembros de lo que entonces era el principal partido de la oposición”, es decir, del Partido Popular. Del mismo modo, recuerdan que 13 de las 17 comunidades autónomas no tienen oficinas anticorrupción y que existe toda una legislación en materia de transparencia que “evidentemente cumplimos, además de la existencia del propio portal de transparencia”.

“Este Govern confía en la Fiscalía, la Intervención General y la Sindicatura de Comptes como organismos independientes y mecanismos de control para los ciudadanos y para las administraciones de las Illes Balears”, señalan las mismas fuentes.

Con la excepción de 2020, el año en que la COVID-19 detuvo muchas actividades, 2025 fue el ejercicio en que la Comisión de Ética del Gobierno vasco, puesta en marcha en 2013 para analizar posibles vulneraciones del código ético y de conducta que han de suscribir los altos cargos, tuvo menos actividad. Únicamente emitió dos resoluciones, la última de ellas sobre Osalan. En lo que va de 2026 tampoco consta que haya habido movimientos.

El pasado miércoles, la consejera María Ubarretxena, que es la presidenta de este foro con cinco integrantes, tres de ellos cargos políticos y dos expertos externos, presentó en el Parlamento Vasco la memoria de actividades de la comisión en 2025. Es un documento de cinco folios que se puede leer aquí. Nada tiene que ver con la primera, que vio la luz en 2014 y que era un documento maquetado de 68 páginas que se presentaba incluso en rueda de prensa.

Desde la oposición, EH Bildu y PP coincidieron en resaltar lo llamativo de la escasa actividad de este organismo. En 2023, por ejemplo, abordó catorce asuntos. Para Lamia Arcas, de la coalición abertzale, hay cierta “decadencia”. Para Ainhoa Domaica, del PP, “llama la atención” la escasa actividad dado el “gran volumen” de organismos y altos cargos sujetos a estas normas de conducta.

Ubarretxena, acompañada del viceconsejero Xabier Ochandiano, a su vez secretario de la Comisión de Ética, ironizó que se critica al Gobierno porque hay pocos casos lo mismo que se le criticaría si hay muchos. Ochandiano agregó que responde a lo que tiene que responder y que lo hace siempre “en tiempo y forma”.

A juicio de Ubarretxena, que las denuncias vayan en descenso puede significar que los altos cargos van asumiendo las pautas éticas de funcionamiento y que no es necesario reprenderles, argumentó. “Los cargos tenemos muy interiorizada la ética”, sentenció. “Cuantitativamente breve, institucionalmente relevante”, señaló también sobre la memoria. E insistió en la idea de que todos los acuerdos son adoptados por unanimidad, de modo que los expertos externos coinciden con el sentir de la parte política cuando se trata de emitir un dictamen.

EH Bildu no salió muy satisfecha de las explicaciones de Ubarretxena. Comparó la actividad de la Comisión de Ética vasca con la catalana o andaluza, o incluso con la de Irlanda, y consideró que la local sale perdiendo. Entiende que ha de pasar de ser un órgano “reactivo” para ser más “proactivo”. En el pasado, la formación abertzale rebautizó al organismo como “Comisión de Estética” porque muy pocas veces ha emitido un dictamen crítico con las actuaciones de los altos cargos.

El debate parlamentario estuvo entrelazado con la reciente aprobación de la ley vasca de transparencia. Euskadi es la última comunidad autónoma con un texto de esas características pero tanto Ubarretxena como el representante del PNV, Jon Andoni Atutxa, insistieron en que el Gobierno vasco es “pionero” en estos temas. El socio, el PSE-EE, apuntó que Euskadi tiene un “sólido corpus normativo” en lo tocante a buen gobierno y transparencia.

El reloj marca una cuenta atrás definitiva para el tejido empresarial, que se encuentra a menos de veinte días de un cambio de gran relevancia en cuanto a las relaciones laborales. Y es que el próximo 7 de junio expira el plazo para que España aplique la Directiva Europea de Transparencia Salarial, una norma diseñada para dinamitar la opacidad que ha protegido tradicionalmente la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres. Este cambio de paradigma no supone un simple trámite administrativo adicional, sino una transformación profunda en la forma en que las compañías contratan, promocionan y comunican sus estructuras de sueldos. El objetivo final es garantizar que el principio de igual salario por trabajo de igual valor deje de ser una aspiración teórica para convertirse en una realidad tangible y que se pueda auditar.

Una de las novedades más visibles para la ciudadanía se manifestará de inmediato en las ofertas de empleo, donde la clásica e indeterminada mención al salario según valía pasará a la historia. A partir de este mes de junio, las empresas estarán obligadas por ley a indicar la retribución inicial o una banda salarial específica antes de la primera entrevista de selección. Asimismo, quedará terminantemente prohibido preguntar a los candidatos por su historial retributivo previo, una práctica que hasta ahora permitía arrastrar y perpetuar sesgos de género de un puesto a otro. Con esta medida, se busca que la fijación del sueldo se fundamente exclusivamente en las competencias requeridas para la posición y no en la capacidad negociadora individual de cada profesional.

El derecho a la información de los trabajadores se verá reforzado de manera inédita, permitiendo que cualquier persona de la plantilla solicite por escrito los niveles salariales medios de su categoría profesional. Estos datos deberán entregarse desglosados por sexo para permitir la comparación entre quienes realizan el mismo trabajo o funciones de igual valor estratégico dentro de la organización. Paralelamente, la nueva normativa prohíbe explícitamente el uso de cláusulas de confidencialidad salarial en los contratos de trabajo, eliminando cualquier represalia por compartir información sobre sueldos entre compañeros. La transparencia se convierte así en una herramienta de control democrático interno, obligando a los departamentos de recursos humanos a justificar cada euro pagado mediante criterios técnicos y objetivos. 

La ley establece una línea roja muy clara para las organizaciones: la brecha salarial de género no podrá superar el 5% sin una justificación objetiva y verificable. En caso de detectar una desviación superior a este umbral, la empresa estará legalmente obligada a realizar una evaluación retributiva conjunta con los representantes de los trabajadores. Este proceso de análisis exhaustivo deberá identificar las causas del desfase y aplicar medidas correctoras en un plazo máximo de seis meses si no existen motivos legítimos, como la antigüedad o formación específica. El rigor técnico será esencial a partir de ahora, ya que las compañías tendrán que demostrar fehacientemente que sus sistemas de valoración de puestos son neutros y están libres de cualquier sesgo indirecto.

Aunque las exigencias en los procesos de selección y el derecho de información individual afectarán a todas las empresas sin excepción desde 2026, el calendario de informes periódicos es progresivo. Las grandes corporaciones de más de 250 empleados serán las primeras en enfrentarse a la obligación de presentar informes anuales de brecha en junio de 2027. Para las compañías que cuentan con plantillas de entre 150 y 249 personas, el plazo para su primer reporte trienal se extiende hasta el año 2028. Por su parte, las entidades de menor tamaño, situadas entre los 100 y los 149 trabajadores, dispondrán de un margen temporal mayor que finaliza en junio del año 2031.

El incumplimiento de estas nuevas obligaciones conlleva un régimen sancionador severo que puede impactar de forma crítica en la viabilidad financiera de las empresas que ignoren la norma. Las multas podrán alcanzar los 225 mil euros en los casos más graves, sumándose a posibles indemnizaciones íntegras por atrasos salariales para los afectados. Un cambio jurídico fundamental es la inversión de la carga de la prueba, lo que significa que será la empresa quien deba demostrar su inocencia en procesos por discriminación. Además, las entidades que no cumplan con la transparencia salarial corren el riesgo de perder el acceso a ayudas públicas, bonificaciones de contratación o la posibilidad de licitar en contratos con la Administración.

Para navegar esta transformación con éxito, los expertos recomiendan a los departamentos de recursos humanos iniciar auditorías internas de sus sistemas retributivos de manera inmediata y proactiva. Consultoras expertas en recursos humanos como Esofitec creen que esta normativa “obliga a prestar atención a las políticas salariales de la empresa, a trabajar de forma estratégica esta parte no solo pensando en los números, sino también poniendo el foco en la oportunidad de atracción de talento y retención que la transparencia salarial les puede ofrecer”. 

Es imprescindible actualizar los registros retributivos y asegurar que los datos de jornada, como las horas extraordinarias o los complementos de nocturnidad, sean totalmente trazables y veraces. La tecnología jugará un papel crucial, facilitando la generación de informes detallados y el cruce de datos entre nóminas y sistemas de registro horario digital para detectar brechas antes de que generen conflictos. Una estructura de puestos coherente y criterios de promoción documentados permitirán a la dirección gestionar las conversaciones sobre compensación con una narrativa clara, profesional y basada en evidencias.

Fin del hermetismo

Más allá de las obligaciones legales, adelantarse al cumplimiento de esta ley se perfila como una ventaja competitiva estratégica para la reputación de marca y la atracción de nuevo talento. Como asegura Jesús Gabás, consultor de Payroll de Esofitec, “es una palanca para que los departamentos de recursos humanos muestren su posición imprescindible, modificando su imagen de área de soporte a actor estratégico, y se invierta en ellos. Es un proceso de transformación interna que obliga a revisar la arquitectura retributiva, la cultura de la organización, los flujos de información y los sistemas de gestión del talento”.

La transparencia proactiva, por lo tanto, contribuirá a mejorar significativamente el clima laboral y reducirá la rotación de personal, al fomentar una percepción de justicia y equidad dentro de los equipos. España encara este reto con una brecha salarial que, aunque en descenso, todavía ronda el 17% según los datos oficiales más recientes. Con la llegada de esta directiva, se pone fin a décadas de hermetismo que impedían identificar las causas reales de la desigualdad, abriendo una nueva era de justicia retributiva donde el mérito y la capacidad sean los únicos rectores.

El Gobierno de Imanol Pradales, valiéndose de la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, ha sacado adelante este jueves en el Parlamento Vasco una de las leyes más relevantes de la legislatura, la de Transparencia. Lo es porque, con ella, Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin una normativa propia de este tipo, aunque hasta ahora algunos derechos se ejercían al amparo de la legislación estatal. Y también porque el texto sale adelante tras tres legislaturas de intentos fallidos. “La transparencia no es una concesión a la ciudadanía, es un derecho”, ha solemnizado la consejera responsable, María Ubarretxena, que ha recibido el respaldo expreso del lehendakari durante la sesión parlamentaria y ha estado acompañada en la Cámara por todo su equipo, que ha fotografiado varios momentos del debate plenario desde los palcos.

Anticipándose a las críticas que luego llegarían de la oposición, Ubarretxena, del PNV, que ha dispuesto de quince minutos para valorar la ley antes de que intervinieran los partidos, ha señalado que Euskadi “no parte de cero”. “Si bien no tenía ley propia, ha sido pionera en los últimos años”, ha recalcado en una intervención realizada leyendo sus notas desde una tableta que sujetaba con las manos. El portavoz del PNV, Xabier Barandiaran, ha redoblado la apuesta dialéctica y ha llegado a decir que en España no hay mejor comunidad autónoma en esta materia que Euskadi. “Así lo dicen organismos internacionales”, ha señalado. Y ha agregado que “Euskal Herria” debe mirar más a los países nórdicos que a “Jaén o Murcia”.

Finalmente, PNV y PSE-EE no han sumado ningún apoyo entre la oposición a la hora de aprobar el grueso de la ley, más allá de algunas abstenciones o incluso 'síes' a apartados concretos. Es más, como anécdota, PNV y PSE-EE han dispuesto de 37 votos de 75, es decir, sin mayoróa, pero han podido sumar los dos delegados por Maitane Ipiñazar y Mikel Arruabarrena, ambos de baja por paternidad. Incluso en la compleja votación ha habido momentos de zozobra, con el portavoz nacionalista dando orden de votar 'sí' a partes a las que tocaba votar 'no', como le ha corregido rápidamente su colega Lorea Bilbao.

La consejera, en cambio, ha defendido que la propuesta inicial del Ejecutivo ha sido “enriquecida por propuestas de todos, salvo de Vox”. En efecto, la tramitación parlamentaria de casi dos años ha introducido enmiendas. Por ejemplo, la nueva agencia Gardena, la máxima autoridad en materia de transparencia, será elegida al modo del Ararteko o de otros organismos de control, mediante mayoría parlamentaria reforzada. Inicialmente, el Gobierno quería reservarse ese nombramiento. También se fuerza a la Administración a publicar trimestralmente un listado de los contratos menores formalizados, aquellas adjudicaciones que se hacen sin concurso por ser de pequeño tamaño pero que, sumadas, suponen un presupuesto multimillonario. Históricamente, ha sido una vía de fraudes e incluso de corrupción.

El Gobierno cuantifica en 47 las propuestas de la oposición admitidas y en otras cuatro las enmiendas transaccionadas. Son 18 de EH Bildu -la consejera del PNV ha ironizado que seguramente son más los puntos de acuerdo de la principal fuerza de la oposición de los que admitirán en público-, 15 del PP y el resto de Sumar. Ubarretxena, de hecho, ha felicitado uno por uno a los parlamentarios de esos partidos, como también a los de PNV y PSE-EE y a su viceconsejero, Xabier Otxandiano. Solamente ha excepcionado de las buenas palabras a Vox.

Ubarretxena ha destacado también que la ley habilita a la ciudadanía a proponer iniciativas reglamentarias, al igual que es posible plantear leyes mediante la recogida de firmas. La norma prevé sanciones de hasta 400.000 euros en caso de incumplimiento de las disposiciones legales, aunque la oposición ha avisado de que el régimen sancionador estará en manos de la consejera de turno y no de la agencia de control Gardena. La ley habilita también un canal externo para denuncias y, según los partidos del Gobierno, permitirá lanzar alertas “sin temor a represalias”.

El dictamen aprobado señala que estarán sometidos a obligaciones el Gobierno vasco y otros organismos autonómicos, los ayuntamientos, los partidos y sindicatos e incluso empresas privadas sostenidas con recursos públicos, como los colegios privados concertados. Sin embargo, las diputaciones forales escapan a este marco normativo.

El análisis crítico de la oposición

El debate ha durado unos cien minutos, de 9.30 a 11.13. Por parte de EH Bildu, Lamia Arcas, ha sido muy dura con el resultado final de la ley. La ve claramente insuficiente. Ha citado el caso de Gardena. Considera que son insuficientes los cambios introducidos en el sistema de elección de su dirección. La formación abertzale defendía un nombramiento para un único mandato de seis años y no uno de cinco prorrogable que, en la práctica, habilita a diez años continuados. Asimismo, Arcas sostiene que no se garantiza que no sea elegida una persona con “afiliación política”. Ha planteado, igualmente, que las garantías para los denunciantes de irregularidades no son las mejores.

Desde la bancada del PP, Ainhoa Domaica, ha manifestado que su partido consideraba que, “siendo los últimos”, era deseable “la mejor ley, la más ambiciosa” para Euskadi. Pero los 'populares' entienden que el producto final no es el mejor. El PP, de hecho, ha denunciado que el Gobierno no es precisamente “transparente” con la oposición a la hora de facilitar información, si bien eso es materia regulada en otra ley, el reglamento parlamentario. “Hasta ahora, un suspenso”, ha resumido Domaica, que ha llegado a exhibir un informe que se le ha entregado y que estaba totalmente tachado. Vox, de su lado, ha considerado también un “paripé” la nueva norma porque no garantiza que el Gobierno de Pradales deje de ser “opaco”, según Amaia Martínez Grisaleña.

En el caso de Sumar, que fue quien propuso al Ejecutivo cambiar la forma de designación de Gardena, ha señalado que ese cambio era impepinable pero, en palabras de Jon Hernández, es un ajuste insuficiente para que ellos se sumen a un acuerdo sobre el conjunto de la ley. Y ha afeado al PNV que quiera plantear una especie de superioridad “biológica” vasca cuando aquí, como en otros lugares, ha habido corrupción y clientelismo. “No nos podemos creer mejores que los demás. No estamos vacunados”, ha manifestado Hernández.

El socio del PNV, el PSE-EE, ha destacado que los nuevos artículos “fortalecen” el sistema democrático. Según Pau Blasi, una ley de Transparencia “no es un mero ejercicio de 'striptease'” sino una palanca para, entre otros objetivos, “recuperar la confianza en la instituciones” o “mejorar la toma de decisiones”. Blasi también ha insistido en que el hecho de que Euskadi no haya tenido ley no ha supuesto falta de iniciativas. A su juicio, fue el Gobierno de Patxi López el “pionero” en ello. Blasi fue asesor de aquella Presidencia entre 2009 y 2012. “Si no lo digo yo, no lo va a hacer nadie”, ha ironizado. En su momento, los socialistas denunciaron que era una renuncia aprobar una ley así sin que incluyera a las diputaciones.

Los tres intentos fallidos

Si la ley estatal es de 2013, el primer intento en Euskadi también es de esa época, de la legislatura 2012-2016. En el primer calendario legislativo del entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, no constaba ninguna propuesta en este sentido a su llegada al cargo, pero sí se prometió un capítulo sobre ello dentro de una norma general sobre Administración Pública. Sin embargo, en 2015 el Ejecutivo -entonces del PNV en solitario y en minoría- la retiró del Parlamento en vista de la falta de apoyos y el rechazo en bloque de la oposición. Acto seguido, uno de los planteamientos fue separar el texto en dos, creando uno 'ad hoc' para Transparencia. Pero no dio tiempo en lo que quedaba de legislatura, ya que todas las propuestas legislativas -salvo contadas excepciones- decaen cuando se convocan elecciones, que fueron en el verano de 2016.

En la legislatura de 2016 a 2020 se hizo una promesa para el “primer cuatrimestre de 2018” que nunca se sustanció. Sin embargo, un año antes, PNV y PSE-EE presentaron como partidos una proposición no de ley en la Cámara con la promesa de “agilizar” la tramitación de la norma. Era, en esencia, la propuesta pendiente del mandato anterior. Se presentaron enmiendas y se reunió varias veces la ponencia legislativa, pero dejó de hacerlo en marzo de 2019. El acuerdo estaba casi listo pero había discrepancias al unir en un mismo texto puntos de información pública y otros de participación. Nada se hizo en el tramo final de aquella legislatura a pesar de una oferta de la coalición entonces llamada Elkarrekin Podemos al Gobierno para cerrarla y en 2020 volvió a decaer, nuevamente por la celebración de elecciones.

El tercer intento es el de la legislatura de 2020 a 2024. La promesa en la tercera y última legislatura de Urkullu era que el Ejecutivo enviase un proyecto de ley a la Cámara en el “segundo semestre de 2022”. No fue así. La consejera Olatz Garamendi presentó en el Parlamento el articulado muy tarde, a finales de 2023. No dio tiempo a tramitarla y volvió a decaer.

La de Transparencia es una de las iniciativas legislativas más importantes sacadas adelante por el Gobierno esta legislatura. De hecho, es el primer gran proyecto de ley que ve la luz, ya que hasta ahora la actividad de la Cámara ha consistido en presupuestos y en pequeñas reformas legislativas 'exprés' para facilitar la participación de menores en la caza, fomentar la tauromaquía entre los jóvenes o, más recientemente, para reforzar el control de las colonias de verano, retocar la normativa electoral y hasta para autorizar el juego del bingo en los centros de mayores. La oposición se está quejando de que la mayoría parlamentaria fuerza tramitaciones que no dan margen para la presentación de informes, el debate de enmiendas o las comparecencias de expertos.

La excepción, pero no tramitada como proyecto de ley del Gobierno sino como propuesta de PNV y PSE-EE, fue la normativa “urgente” para hacer frente a la crisis de vivienda, promulgada a finales de 2025. Otros compromisos como la reforma del Estatuto siguen acumulando retrasos y, aprobada la ley de Transparencia, tampoco queda ningún otro proyecto en tramitación ahora mismo, aunque sí intenciones como la nueva ley de justicia restaurativa.

Rosario Jiménez Rubio (Granada, 1977), decana del Colegio de Registradores de España desde diciembre, recibe a elDiario.es en la moderna sede de la entidad en Madrid, la misma a la que acude a diario desde hace semanas el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que en marzo logró el traslado desde el Registro Mercantil 5 de la capital a su nuevo destino, Bienes Muebles Central I.

En esta entrevista, realizada el martes, Jiménez defiende el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que aprobó el Consejo de Ministros en febrero. La norma está en un momento muy inicial y hay dudas de que llegue a aprobarse, dada la debilidad parlamentaria del Gobierno. Pero ha provocado un nuevo choque con otro colectivo de altos funcionarios, los notarios, que autorizan documentos como escrituras (de hipotecas, sociedades...) y asesoran a las partes (mientras, los registradores califican esos documentos y deciden si se inscriben o no). La norma también suscita el rechazo del Colegio de la Abogacía de Madrid.

El anteproyecto propone un cambio de gran calado: obliga a inscribir las participaciones de una sociedad limitada (las más pequeñas) en el Registro Mercantil, y exige presentar en formato electrónico el registro de socios actualizado. Con ello, todo el tráfico societario deberá pasar por los registros mercantiles. Jiménez defiende la propuesta y cree que España no puede quedar “como caso excepcional” desoyendo las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), dedicado a desarrollar políticas antiblanqueo.

Los notarios dicen que el anteproyecto de ley debilita el sistema antiblanqueo. ¿Lo comparte?

En absoluto. El anteproyecto pone el acento en lo que verdaderamente interesa: que las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitadas puedan ser conocidas por todo el mundo y tener efectos frente a terceros y frente a las administraciones, permitiendo que se inscriban en un registro público, el Registro Mercantil. No solo van a ser conocidas por todos. La Agencia Tributaria, la Seguridad Social y los acreedores van a poder utilizar esa publicidad para conocer y poder embargar las participaciones de aquellos socios con algún tipo de deuda con la Administración pública.

Los notarios dicen que la reforma abre la puerta a que la transmisión de participaciones se haga con documentos privados, sin firma digital y sin intervención notarial, que nadie verifica.

El anteproyecto incluye como forma de documentación el documento electrónico, siempre que reúna los requisitos estandarizados y verificados por el Reglamento Europeo eIDAS. Tiene la autenticidad, verificabilidad y trazabilidad propia de un documento electrónico con firma electrónica avanzada y cualificada, como cualquiera que el ciudadano utiliza para hacer la declaración de la Renta frente a Hacienda o pedir cita ante un centro de salud. 

Muy pocas sociedades de responsabilidad limitada comunican su accionariado en el Registro mercantil. ¿Por qué?

Actualmente, el sistema de transmisión de participaciones sociales en la responsabilidad limitada se anota en el llamado libro registro de socios, que es interno, de uso de cada sociedad. Solo lo legaliza un 8% de las sociedades, que lo traen al Registro Mercantil. La publicidad depende siempre del administrador, de la propia sociedad. La transmisión de participaciones se lleva a cabo a través de escritura pública o documento privado, indistintamente del sistema que actualmente está en vigor.

Consideran que las bases de datos de participaciones de los notarios no son fiables.

Las bases de datos notariales relativas a las transmisiones de participaciones se basan en las actas de manifestaciones que sus titulares efectúan cuando van a la notaría. Esa base de datos se puede utilizar y es útil a la hora de conocer los titulares de participaciones que lo son por documento público notarial. Pero es incompleta porque no recoge el resto: las participaciones sociales que se adquieren en notario extranjero, las que se adquieren por documento privado, que son perfectamente válidas, porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones; las que se adquieren en subasta pública o las que se adquieren a través de un convenio de divorcio.

Menciona las que se adquieren mediante documento privado. Es el caso famoso de Santos Cerdán y Servinabar.

Efectivamente. Actualmente, el sistema permite que, tanto se otorgue un documento público como se transmitan en documento privado, la transmisión de participaciones pueda ser ocultada. La única llave que permitiría la transparencia de todas esas transmisiones sería la inscripción constitutiva en el Registro Mercantil. De esta manera aflorarían esas transmisiones, se conocería quiénes son los verdaderos titulares de esas participaciones, por parte de los ciudadanos, las administraciones, pero también los socios, que evitarían la cantidad de pleitos que actualmente existen en cuanto, por ejemplo, a la legalidad de la celebración de las juntas de accionistas en este tipo de sociedades, que siempre crean muchísimo conflicto.

Detrás de todas estas quejas de los notarios, ¿puede haber un interés económico de este colectivo? Su base de datos la gestiona una empresa, Ancert, que factura cifras muy relevantes.

La base de datos notariales es privada. Se alimenta de los datos que efectivamente se contienen en los documentos públicos, fundamentalmente de las escrituras que ellos autorizan. Datos que también son privados. Y además no puede ser conocida por los ciudadanos, porque el único registro es el Registro Público de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España.

¿Y cree que puede haber un interés económico detrás de esta polémica?

Puede haber intereses corporativos, claro, en las quejas en este sentido. Las corporaciones tenemos que orientarnos siempre hacia la colaboración interadministrativa, hacia la crítica constructiva y hacia la mejora del servicio público y del interés público y del interés general.

Este choque con los notarios es otro de una larga lista de fricciones entre estos dos colectivos de altos funcionarios.

Nosotros preferimos no visibilizar un conflicto. Entendemos que lo que hay es una diferencia en la interpretación de las normas. Y en este caso, claramente el anteproyecto no solamente pone el acento en la clave de la transparencia, porque la única llave de la transparencia es la inscripción en el Registro Mercantil, en el registro que puede ser conocido por todos los ciudadanos. Además, se obedece a unas recomendaciones internacionales del organismo internacional GAFI, que ha realizado recientemente, en diciembre, y que pone a España como un caso anómalo frente al resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Y no podemos quedar a la cola ni como caso excepcional en un ámbito tan importante como la transparencia o la prevención de delitos de blanqueo de capitales.

La CNMC valora el anteproyecto por su efecto en la lucha contra la corrupción, pero pide reforzar la interconexión entre registros públicos, incluidas las prohibiciones de contratar por infracciones de la competencia.

Nosotros tenemos una comunicación con todas las instituciones. Nuestro registro es público y está conectado con todas las Administraciones. Las consultas que, por ejemplo, recibimos del registro de titularidades reales de las administraciones superaron el año pasado los 60 millones. En cuanto a la CNMC, compartimos la valoración positiva que realiza del anteproyecto.

Los registradores también tienen un relevante negocio con el acceso a la información del Registro Mercantil, como las cuentas de las empresas. Choca que en otros países como Luxemburgo o Reino Unido esta información sea de libre acceso. ¿Por qué aquí no?

Nosotros tenemos Open Data, un servicio absolutamente gratuito y de libre acceso para todo el mundo. Y existe otro tipo de información sometida a una verificación del propio registrador para evitar que esos datos puedan ser conocidos por cualquiera. Pueden ser conocidos teniendo en consideración el concepto de interés legítimo, de acuerdo a los parámetros del Reglamento Europeo de Protección de Datos. El acceso es público pero no puede ser indiscriminado. Hay intereses en juego: la privacidad de algunos datos. En el ámbito mercantil, con una relajación respecto del Registro de la Propiedad, donde el celo es mayor porque hay gran cantidad de datos sensibles, de datos personales. Pero aun así hay que valorar el interés justificado de la persona que accede.

Luxemburgo, miembro de la UE, tiene una web que permite acceder a todas las cuentas de una sociedad domiciliada allí. Eso no lo tenemos en España.

Aquí cumplimos la ley. Tenemos no solamente el reglamento de protección de datos, sino abundante jurisprudencia en ese sentido. Hay datos que se pueden ofrecer y hay que extremar las cautelas para no invadir los derechos de terceros. De hecho, una de las quejas más significativas al anteproyecto es que abriría la veda de lo que llaman la privacidad. Pero no hay que confundir privacidad con transparencia. Son diferentes. El derecho a la privacidad, que hay que controlar y verificar, se maneja por la Ley de Protección de Datos, por el reglamento, la jurisprudencia del TJUE, por eso está el profesional que tiene que hacerlo. Y la transparencia es absolutamente necesaria para que aflore el dinero negro, con lo que supone dentro del PIB de la Unión Europea y de España, y que va in crescendo.

El año pasado entró en vigor el registro único de alquiler turístico. ¿Qué tal está funcionando?

La UE mostró su preocupación hace tiempo por la proliferación de alojamientos turísticos, a veces sin excesivo control. Para permitirles la posibilidad de publicarse en las plataformas online, se dictó un reglamento que en España adoptó el Ministerio de Vivienda de forma pionera y que atribuía a los registradores de la propiedad esta obligación de conceder un número de registro a cada alojamiento. Tras trabajar intensamente durante el verano pasado, otorgamos prácticamente 400.000 números de alojamiento turístico. Posteriormente, la normativa establece la obligación de cada uno de los anfitriones de informar a través de unos modelos estandarizados de la actividad realizada en los últimos meses. Estos modelos se han depositado en los registros de la propiedad. En el mes de febrero se han incorporado 320.000 aproximadamente. Los números de alojamiento cuyo depósito no se ha efectuado, quedan fuera, no podrán seguir publicitándose dentro de las plataformas online.

¿El efecto es inmediato para esos 80.000 que se quedan fuera? 

Se ha comunicado a estos números de alojamiento y ya no pueden volver a publicarse en plataformas online. Sí en cualquier otro medio de difusión. Publicitarse, anunciar su servicio y por supuesto, seguir activos. Incluso pueden reactivar su número de alojamiento turístico. 

¿Cuáles son las razones para no cumplir los requisitos?

Los registradores han tenido que calificar la veracidad de las manifestaciones de los usos turísticos y no turísticos que se han ido declarando; que los arrendamientos o los alojamientos obedecían a fincas realmente existentes; que se publicitaban por aquella persona que tenía derecho a hacerlo como propietario o representante; que no existían prohibiciones dentro de la comunidad de propietarios; que no se trataba de viviendas de protección oficial; y que se cumplía la normativa exigida por cada comunidad autónoma. Por ejemplo, las preceptivas licencias de actividad.

Ustedes conocen de primera mano el funcionamiento del mercado inmobiliario. La vivienda es el gran problema de los españoles. ¿Qué recetas se les ocurren para tratar de reconducir esta situación?

Es un problema muy complejo, no solo en España, también afecta al resto de la UE. Existe un proyecto, European Affordable Housing [de la Comisión Europea], que trata de abordarlo de manera global y sería, creo, la mejor opción. No solamente en España, a través de un Pacto de Estado donde todos los grupos políticos cedieran en beneficio del interés común, aportando medidas que verdaderamente tuvieran efectividad, sino también a nivel europeo. Desde este punto, el Colegio de Registradores está colaborando intensamente con el Ministerio de Vivienda para ofrecer los datos que les permitan un adecuado planeamiento del problema, una buena gestión en materia de vivienda y la posibilidad de abordarlo desde una perspectiva rigurosa, técnica y jurídica. 

Hay cierta tradición de registradores que se han pasado la política. Rajoy, evidentemente, también Beatriz Corredor y otros ministros. ¿No le ha tentado la política?

A mí me interesa mucho el servicio público. Tengo una vocación como funcionaria y dedicada al servicio público. Me interesa mucho el interés general. Puede ser que por eso, en esta línea sí que he tenido actividad corporativa, siempre dentro de la corporación. Nunca en ningún partido político ni militando. Pero siempre he procurado aportar mi granito de arena en beneficio de la comunidad. Ahí sí me encuentro muy identificada con todos estos compañeros.

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, se aparta del proceso que investiga al concejal de contratación del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, para evitar incompatibilidades. El responsable del organismo que examina si se cumplieron los protocolos contra el conflicto de intereses en el caso del concejal que presidía la Mesa de Contratación y que oculta con qué empresas trabaja, manifestó su abstención en la evaluación de la denuncia, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado este diario.

El expediente de investigación de Antifraude, al que ha tenido acceso elDiairo.es recoge que Beut manifestó su abstención en el proceso con carácter previo a la deliberación. En concreto, el consejo de dirección de la Agencia, en las sesiones ordinarias del 16 de octubre de 2025 y del 3 de noviembre del mismo año, “manifestó la conformidad a la abstención del director”, después de que este lo trasladara en un comunicado.

Un día después, el 4 de noviembre, se dicta la resolución que acuerda iniciar las investigaciones. El informe no recoge la causa de abstención de Beut ni aporta más detalles sobre el tema. Sencillamente, manifiesta que se ha abstenido y que hay un acto administrativo que acepta esa abstención, algo que precisamente le afean a Marí Olano que no haya realizado en los procesos de la Mesa de Contratación. El edil oculta con qué empresas trabaja, una cuestión que le han afeado tanto el Síndic de Greuges como el propio organismo Antifraude.

Beut, antes de ser responsable del órgano Antifraude, ha sido inspector de Hacienda. Marí Olano trabaja como abogado en el sector privado, es abogado del Estado, abogado de la Generalitat y trabajó para la consultora KPMG. Entre los motivos recogidos en la ley para las incompatibilidades se establece tener intereses en el procedimiento, litigios pendientes, relación de parentesco, amistad o enemistad y tener vínculos profesionales.

La Agencia Valenciana Antifraude pone contra las cuerdas al concejal de contratación de València, José Marí Olano, que compatibiliza su actividad como responsable de contratación con el ejercicio de la abogacía. El organismo señala en un informe provisional que la mano derecha de María José Catalá no motivó correctamente sus abstenciones como presidente de la Mesa de Contratación, órgano que presidió entre abril y diciembre del pasado año, porque no identificó a las empresas con las que trabajó. El órgano aprecia irregularidades en contratos que superan los 255 millones de euros y abre la puerta a la impugnación de los procesos por las empresas que concurrieron.

El edil, que tiene dedicación parcial y ejerce la abogacía de forma privada, fue apartado en diciembre de la presidencia de la Mesa de Contratación, el órgano colegiado que delibera sobre los contratos públicos, después de abstenerse en al menos seis procesos por trabajar o haber trabajado con empresas que concurrían a los concursos públicos. El propio edil comunicó las abstenciones a la mesa para evitar conflictos de intereses, pero no identificó a las mercantiles, alegando el secreto profesional de la abogacía. Ni siquiera a petición del Síndic de Greuges, que abrió una investigación e instó al edil a trasladar esos datos tras denuncias de la oposición.

No identifica a las empresas en las abstenciones

La coalición Compromís ha difundido algunos puntos del informe provisional de Antifraude, un texto “demoledor” que debe resolverse esta semana, atendiendo a las alegaciones que haya podido efectuar el edil de contratación. El organismo alerta del riesgo de conflicto de intereses en estos contratos, sujetos a financiación europea, por “la falta de resolución formal que resuelva la abstención en tiempo y forma real”.

“Para que una abstención sea plenamente eficaz (...) no basta una mención genérica. El concejal tiene la obligación de: identificar plenamente (nombre o razón social) a la persona física o jurídica afectada que motiva el conflicto”, dice el texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, que añade que se debe “justificar de qué manera concreta” la abstención encaja con la ley “permitiendo verificar que la relación profesional o de interés es real y encaja en el tipo legal”.

“Actos viciados de irregularidad”

El organismo también aprecia “defectos en la constitución de la Mesa de Contratación por falta de quórum”. Apunta que la retirada del presidente de la Mesa (Marí Olano) tras manifestar su abstención “no habilita al resto de miembros a continuar la sesión de forma automática”. Al no haber una sustitución formal, dice el organismo, “la Mesa actuó sin el quórum de constitución necesario”, en referencia a una sesión del 5 de junio de 2025. Por tanto, prosigue, “los actos derivados de ellas [de la sesión cuestionada[ estarían viciados de una irregularidad administrativa por infracción de las normas de constituión de los órganos colegiados”.

El conflicto de interés no ha sido jurídicamente depurado

Antifraude también recalca que el edil no realizó correctamente el procedimiento de abstención. “La mera manifestación de la abstención no es suficiente; es imperativa una comunicación formal al órgano que lo designó y la correspondiente resolución administrativa aceptando la abstención”, dice el informe, que recalca: “La inexistencia de ese acto administrativo supone que la situación de conflicto de interés no ha sido jurídicamente depurada”.

“Riesgo en materia de integridad”

Asimismo, apunta, “la existencia de una causa de abstención preexistente (servicios profesionales prestados en los dos últimos años) contradice las declaraciones suscritas por el concejal al inicio d elas sesiones. Este hecho puede constituir un indicador de riesgo en materia de integridad, dado que las declaraciones iniciales no reflejaban la situación real de imparcialidad”.

“Vulneración del plan de medidas antifraude”

El informe, que afea a Marí Olano que con su formación haya obrado de este modo, observa “una falta de diligencia al no comunicar el conflicto de interés al Comité ético o Unidad de Integridad”, previsto en la ley de contratos del sector público. Tratándose de contratos sujetos a financiación europea, el defecto de constitución del órgano unido a “una gestión deficiente del conflicto de interés podría comprometer los fondos asignados”.

“Vicios que afectan a la legalidad”

Asimismo, dice el órgano, “si bien la intervención del presidente no parece haber sido determinante en el resultado (...) la participación de un miembro incurso en causa de abstención, sumada a la incorrecta constitución de la Mesa de Contratación tras su retirada, prevalecen como vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”.

Como ha venido informando elDiario.es, Marí Olano se ha abstenido en al menos seis procedimientos: la regeneración urbana de Pérez Galdós y Giorgeta, el servicio de mantenimiento del sistema de saneamiento, los huertos urbanos de Orriols o mejoras en equipamientos municipales como los mercados de Russafa y el Polideportivo de Natzaret.

“Un informe provisional”

El Ayuntamiento de València ha rechazado valorar el contenido del informe y acusa a Compromís de acometer “una operación política” con el objetivo de “embarrar”. El portavoz del gobierno, Juan Carlos Caballero, ha recalcado que “es un informe provisional” y “tiene carácter reservado”. El edil “ya dio las explicaciones correspondientes, se abstuvo cuando se tuvo que abstener”.

José Marí Olano también ha sido denunciado por Compromís y el PSPV en Anticorrupción tras desvelar elDiario.es unos audios en los que aparece ofreciendo plazas de empleo público a trabajadores del Consorcio Valencia 2007, plazas investigadas por esta Fiscalía.

La política de transparencia es la piedra angular de la democracia. Sin ella, nos enfrentaríamos a un poder más opaco y, en definitiva, menos sumiso al control ciudadano. Antes que nada, debemos reconocer que la normativa de transparencia es muy reciente en España —la primera ley de transparencia fue aprobada en 2013—, por lo que el hecho de contar con datos públicos —desde los presupuestos y los contratos públicos celebrados, pasando por las declaraciones de bienes y retribuciones de los altos cargos, hasta la información sobre algunos actos administrativos e interadministrativos, entre otras cosas— ayuda a luchar contra la corrupción existente, al tiempo que la previene.

En este sentido, los registros de transparencia son una de las herramientas más poderosas en manos de la ciudadanía. En este caso, y partiendo del compromiso cívico con el cumplimiento de la transparencia, hemos decidido recopilar las declaraciones de bienes y rentas de las y los diputados que forman parte de las Diputaciones de Castellón, Valencia y Alicante. Aquí tenemos algunos hallazgos particulares y exponemos una serie de conclusiones generales a las que nos ha llevado la investigación.

En primer lugar, es menester destacar la opacidad intrínseca de los datos presentados por las Diputaciones, así como la falta de su depuración y precisión técnica. Al consultar los portales de transparencia, identificamos una estructura de publicación que dificulta la auditoría ciudadana. Por ejemplo, hay totales de valores patrimoniales que no corresponden matemáticamente con la suma de las partes declaradas. Luego, se evidencia una profunda simplificación: los bienes no aparecen desglosados —no se detallan ni los tipos de inmuebles, ni su ubicación, ni la modalidad de propiedad—, sino que únicamente se presenta el valor total en euros, estimado de forma opaca según el valor catastral y el porcentaje de titularidad. Esta metodología contrasta drásticamente con otras esferas del gobierno autonómico. En los artículos anteriores ya analizamos los bienes de los miembros del Consell y de les Corts Valencianes; en ambos casos, los bienes estaban desglosados pormenorizadamente. La negativa de las Diputaciones a ajustarse a los mismos estándares de detalle en cuanto a la transparencia se refiere no parece un mero fallo burocrático, sino un mecanismo de protección de la privacidad patrimonial que choca con el derecho a la información pública.

Ahora, veamos algunos datos concretos en perspectiva comparada. De las tres Diputaciones analizadas, la media de salario de la Diputación de Alicante destaca como la más alta. Según los datos extraídos de sus portales oficiales, la media salarial en la corporación alicantina se sitúa en 63.762,39 euros anuales, superando significativamente a la Diputación de Valencia —55.790,95 euros— y la de Castellón —37.371,32 euros—. De hecho, parece que, en el caso de Alicante, los valores declarados corresponden estrictamente con los salarios brutos percibidos en concepto de retribución por su labor como diputados/as provinciales. Esto se infiere del hecho de que hay muchos salarios que son idénticos, hasta el último céntimo, como las múltiples asignaciones declaradas de 74.451,86 euros o 79.664,90 euros.

Por el contrario, en las diputaciones de Valencia y de Castellón no hay ni dos salarios que sean idénticos, lo que nos lleva a pensar que cada diputado/a, al realizar la declaración, ha interpretado a su manera lo que se le pedía. En algunos casos las declaraciones incluyen, simultáneamente, las retribuciones por el ejercicio de todos los cargos públicos (por ejemplo, sumando las dietas por asistencia a plenos municipales o cargos anteriores), mientras que, en otros casos, se reflejan solamente las retribuciones recibidas por su condición de diputado/a provincial. Uno de los padres de la sociología moderna, Max Weber, en su obra Economía y sociedad, decía que la falta de homogeneidad destruye el propósito de la burocracia racional. Esto quiere decir que las instituciones públicas requieren normativas estandarizadas para evitar la arbitrariedad; entonces, permitir que cada representante decida qué ingresos reportar convierte el portal de transparencia en una “ilusión óptica”.

Por otra parte, para comprender la brecha material entre las personas representadas y quienes las representan, destacaremos los salarios más altos y los patrimonios más robustos de los miembros de las tres Diputaciones. En lo referente a la acumulación de bienes (tanto inmuebles como “otros”), las bases de datos sitúan en la cúspide a Sergio Fornas Tuzón (Partido Popular, Castellón), quien declara un patrimonio total de 1.463.325,02 euros. Le siguen Bernabé Cano García (Partido Popular, Alicante), con 810.063,92 euros, y Ricardo Gabaldón Gabaldón (Partido Popular, Valencia), con 745.696,42 euros. Los tres cargos declaran además una ausencia total de deudas o créditos pendientes. Esta realidad certifica que las corporaciones provinciales albergan a individuos pertenecientes a los deciles económicos más altos del país, lo cual supone un claro distanciamiento de las urgencias materiales del votante promedio.

No obstante, con todo lo anterior no pretendemos decir que “todos los políticos son iguales”. En absoluto, pues también se han identificado representantes con un patrimonio mínimo o nulo, al mismo tiempo que declaran deudas. El caso más representativo de esta dinámica es el de Jordi Mayor Vallet (Partido Socialista Obrero Español, Valencia), quien declara uno de los patrimonios consolidados más reducidos de las corporaciones analizadas, cifrado en apenas 20.340,24 euros. Sin embargo, sus deudas son excepcionalmente grandes, ya que ascienden a 203.012,50 euros. Aunque, todo sea dicho, este nivel de endeudamiento es sostenido financieramente por su salario, que es el más alto de toda la base de datos: 97.257,84 euros anuales. Téngase en cuenta la falta de homogeneidad de los datos en las declaraciones —que ya señalamos antes—, por lo que todo indica a que dicho salario comprende tanto la retribución por su condición de diputado provincial como por ser alcalde de Cullera. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las investigaciones anteriores que realizamos desde elDiario.es, su salario no es el más alto de todos los alcaldes-diputados.

En este sentido, ya queda claro que las corporaciones actúan como potentes maquinarias de generación de ingresos salariales. Según los datos de los portales de transparencia de las Diputaciones analizadas, los tres representantes con los sueldos más elevados son Jordi Mayor Vallet (Partido Socialista Obrero Español, Valencia), con unos ingresos declarados de 97.257,84 euros; Antonio Pérez Pérez (Partido Popular, Alicante), con 90.527,50 euros; y Empar Folgado Ros (Partido Socialista Obrero Español, Valencia), con 88.702,74 euros. Estos salarios casi cuadruplican el sueldo medio en España, promoviendo un blindaje económico a las élites y, con ello, incentivando la obediencia a las cúpulas de los partidos. Robert Michels, un politólogo y sociólogo clásico —que, por cierto, fue alumno de Max Weber, a quien citamos anteriormente— especializado en el estudio de las organizaciones políticas, en su célebre obra Los partidos políticos, evidenció que las retribuciones institucionales desproporcionadas transforman la representación en una profesión lucrativa, desincentivando la disidencia interna por el miedo a la pérdida del estatus adquirido.

Ahora bien, a modo de conclusión, podríamos destacar que la transparencia aplicada actualmente en las diputaciones es una especie de ejercicio de “burocracia defensiva”. Esto es, se publican datos, pero son confusos y agregados, sin posibilidad de desagregarlos. De esta forma, las instituciones cumplen con el trámite legal, pero lo hacen de forma que los datos publicados no tienen la calidad ni la cantidad suficientes para su comprensión y cruce analítico consistentes. Por lo tanto, la transparencia, aunque se agradece la que se tiene, no está al nivel de lo que la ciudadanía se merece y/o podría desear.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado la reclamación de un vecino de San Vicente de la Barquera y ha ordenado al Ayuntamiento que entregue la documentación pública relativa al nombramiento, contratación o cualquier vínculo jurídico del asesor jurídico municipal, J.A.S.B., así como las funciones desempeñadas y las partidas relacionadas con su prestación de servicios.

La resolución del CTBG, difundida este jueves y consultada por esta agencia, da a la administración municipal un plazo de 20 días hábiles para facilitar la información requerida por el ciudadano. Deriva de la falta de respuesta institucional ante la solicitud de información pública formulada en noviembre de 2025.

Y es que según el Consejo, el Consistorio no contestó entonces a la petición inicial, ni tampoco atendió después el requerimiento de alegaciones efectuado por la autoridad administrativa independiente durante la tramitación del expediente.

Ahora, el Ayuntamiento deberá aportar información sobre el vínculo jurídico o contractual que permite al asesor municipal prestar servicios desde el 10 de junio de 2023, incluyendo contratos, acuerdos, resoluciones, encomiendas de gestión, partidas presupuestarias y funciones efectivamente desempeñadas.

Según la documentación aportada al Consejo de Transparencia con motivo de la presente reclamación, este tipo de personal cesa automáticamente cuando lo hace la autoridad que lo nombró, circunstancia que se habría producido en junio de 2008, sin que conste un nuevo nombramiento, contrato o procedimiento de licitación para su continuidad.

La resolución del CTBG pone fin a la vía administrativa y contra la misma solo cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en este caso en el plazo de dos meses y ante la Audiencia Nacional.

El Ayuntamiento de Sevilla es uno de los 104 ayuntamientos que no cumplen con su deber legal de responder a las solicitudes de información pública en plazo y forma, según se desprende del segundo estudio elaborado por la Asociación de Transparencia para la Ciudadanía (ATC), a través de su Observatorio Provincial.

El informe, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, dedica un bloque al modo de actuación del Ayuntamiento de la capital, del que dice que “es una expresión a mayor escala de las dinámicas observadas en el conjunto de los municipios analizados”. Según la información proporcionada por el propio Ayuntamiento al ATC, fueron 129 las solicitudes de acceso a la información en 2024, de las que 84 (65%) fueron finalizadas por silencio administrativo. Además, durante un periodo de aproximadamente tres meses, el servicio funcionó con una única persona efectiva asignada y el Ayuntamiento reconoce expresamente que algunas respuestas fueron extemporáneas.

Las localidades de Albaida del Aljarafe y Lora del Río son las únicas localidades que cumplen con el plazo legal de 30 días para responder y dan una resolución administrativa formal, amparando así al ciudadano. Esta última normativa solo es cumplimentada por nueve ayuntamientos ya que, a los dos citados anteriormente, se les suma Almadén de la Plata, Las Cabezas de San Juan, Camas, Lebrija, El Palmar de Troya, San Juan de Aznalfarache y Santiponce. Pese a que la localidad palmareña no lo cumple, el ATC lo incluye en su informe, ya que se trata “de un caso límite”, según aclara Manuel Barrera, portavoz de la Asociación Transparencia para la Ciudadanía.

Es de recordar el primer informe del Observatorio Provincial de Transparencia de Sevilla, de enero de 2026, en el que hubo una llamada de atención porque el 85,85% de los ayuntamientos (91 entidades) no emitieron respuesta alguna a las solicitudes presentadas, frente al 14,15% (15 consistorios) que sí respondió. 

Este segundo informe, que recoge los datos hasta el mes de febrero (mes inclusive), presenta el seguimiento individualizado de los 106 expedientes de acceso a la información pública iniciados en septiembre de 2025, dirigidos a los 106 ayuntamientos de la provincia de Sevilla. Mientras el primero documentó el volumen de incumplimiento, el segundo, analiza las causas que lo provocan. 

Problemas conocidos, al igual que las soluciones

En general, en los municipios de Sevilla el modus operandi consiste en un silencio inicial, una activación tras la intervención del Consejo de Transparencia y una respuesta fuera de plazo, que incluye datos cuantitativos relevantes, identifica el órgano emisor y está firmada por un responsable administrativo. Además, hay una ausencia de resolución formal, por lo que no constituye una resolución administrativa en sentido jurídico.

El patrón que se observa no responde a fallos puntuales ni a escasez de recursos, sino a una dejadez en las funciones. El sistema municipal de transparencia en la provincia funciona principalmente bajo presión externa, con la intervención del Consejo de Transparencia, y no de forma autónoma. Esto indica un problema organizativo, no normativo: las funciones de transparencia no están formalmente asignadas, el personal no cuenta con formación específica, los servicios externalizados operan sin supervisión adecuada y no existen mecanismos internos de seguimiento de solicitudes.

Este segundo informe no tiene carácter sancionador ni de denuncia. Su función es producir una evidencia verificable que permita a las instituciones tomar decisiones informadas. “Este segundo informe responde a una pregunta que el primero dejó abierta: no solo cuántos ayuntamientos incumplen, sino por qué ocurre y qué tendría que cambiar. Eso es lo que el Observatorio intenta aportar, evidencia que permita actuar, no solo medir”, aclara Barrera. 

Para ello, propone cuatro medidas concretas: asignación formal de funciones de transparencia en la relación de puestos de trabajo de cada ayuntamiento, formación específica y periódica del personal responsable, con apoyo de la Diputación Provincial, estandarización del registro interno de solicitudes de acceso a la información y el establecimiento de mecanismos de supervisión sobre los servicios externalizados que gestionan portales de transparencia.

Se llama Gerard Giménez Adsuar, es ingeniero de inteligencia artificial y analista de datos y acaba de lanzar dos webs que permiten a cualquier usuario consultar todos los contratos públicos de las administraciones catalanas y todas las subvenciones concedidas durante los últimos años. “Toda la información proviene de bases de datos oficiales y abiertas, lo único que he hecho es ponerlas a disposición de quien quiera consultarlas”, resume, quitando hierro a lo que se ha convertido en un verdadero fenómeno en las últimas semanas.

Contractes.cat y subvencions.cat son las dos webs desde las que se pueden buscar con precisión entre el conjunto de contratos públicos y subvenciones que se han formalizado desde todas las administraciones catalanas, lo que incluye Generalitat, ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas. Al menos en teoría, porque una incidencia técnica, que según el Govern está en vías de solucionar, ha desconectado de la plataforma desde el martes pasado los datos de subvenciones de los entes locales.

Toda la información que incluyen estos portales estaba ya disponible en los archivos del Govern, pero nunca nadie había hecho que fuese tan sencillo navegar entre la maraña de números. “Yo solo he hecho fácil el acceso a unos datos que ya eran públicos y que de hecho la administración tiene la obligación legal de publicar”, asegura este experto en datos nacido en Caldes de Montbui (Barcelona) hace 32 años.

De hecho, el proyecto se inició mucho tiempo atrás, cuando el analista comenzó a mirar en los archivos que el Govern ponía a disposición pública. “Encontré que el portal de contratación oficial no daba posibilidades de seguir hacia dónde iba el dinero público, ni de comparar o tener una visión histórica… así que se me ocurrió hacerlo más accesible”, indica. “Ojalá el propio Govern hubiera hecho una web así que pueda entender cualquiera”, añade.

Lo que ha hecho este analista de datos en sus dos webs es introducir las bases de datos que el Govern pone a disposición pública, pero con un buscador muy potente en el que aparece todo escribiendo simplemente el nombre de una entidad que otorga, una empresa o particular que recibe, o incluso el concepto del contrato o la subvención. Con 20 millones de subvenciones y 1,7 millones de contratos accesibles a un clic, los portales resultan muy atractivos.

Pero, además, Giménez fue un paso más allá y añadió una funcionalidad que convierte a estas webs en una herramienta mucho más potente: cruzó las bases de datos públicas con los nombres propios vinculados a empresas y organismos que figura en el registro mercantil.

Todo es conforme a la legalidad, porque todos son registros públicos. Pero el resultado es algo que no se había visto nunca, al menos en la contratación y subvenciones de la Generalitat: uno puede introducir un nombre propio y el sistema le devuelve todos los contratos que sus empresas han recibido de organismos públicos, ordenadas por conceptos, fechas y administración otorgante.

“No me gusta que se utilice para atacar a ningún colectivo”

Giménez había hecho un primer prototipo de sus webs hace ya cuatro años, pero había dejado el proyecto sin continuidad. Sin embargo, hace unos meses lo retomó. “Ahora hay herramientas que permiten construir este tipo de webs sin demasiado esfuerzo, algo importante porque yo tengo un trabajo al que tengo que atender”, explica Gerard, que es autónomo y se dedica a cuestiones relacionadas con datos e inteligencia artificial.

La página de contractes.cat se acabó publicando el 8 de febrero, aun sin conectarla con la parte de datos del registro de la propiedad, que implementó dos semanas después. Además de la información sobre contratos en crudo, la herramienta incluía también estadísticas, ránkings y diferente información útil. Pocos días más tarde, lanzó también subvencions.cat, en este caso con un formato más sencillo.

Desde ese momento las páginas han registrado miles de visitas. “Hemos llegado a tener 5.000 usuarios en un día. Puede parecer poco, pero ten en cuenta que esto lo estoy difundiendo yo solo, a mí me parecen muchísimas”, observa. Su trabajo se convirtió rápidamente en uno de los temas de conversación en redes y, el pasado martes, el diputado del PP Alejandro Fernández lo citó en el Parlament durante una pregunta formulada a Salvador Illa.

“Es curioso el tipo de cosas que busca la gente”, reflexiona Gerard. “Lo que llama más la atención son las subvenciones, pero también se busca mucho el propio ayuntamiento, sectores concretos… y después hay cosas sorprendentes. Yo no me esperaba que interesasen tanto los contratos y ayudas con el sector de los castellers, pero aparece todo el rato como una de las cosas más buscadas”, indica.

Este éxito ha ido en paralelo a que algunas cuentas en redes hayan utilizado la información accesible para cargar contra subvenciones recibidas por entidades relacionadas con la inmigración, con el colectivo LGTBI o con colectivos feministas. Algunos de los mensajes iban acompañados de apreciaciones racistas o insultantes.

“Vi a gente, sobre todo relacionada con Aliança Catalana, diciendo cosas sobre ayudas con el nombre de 'Mohamed' que no me gustaron. Lo mismo cuando se usa para atacar iniciativas LGTBIQ+. No me gusta nada que esto se utilice para atacar a ningún colectivo”, explica Gerard.

De hecho, durante algunos días el fenómeno tomó un vuelo que llego a hacer que el propio autor de la web escribiera un mensaje en el que decía: “Me gustaría que subvencions.cat no se utilizara para atacar a ningún colectivo. ¿Dónde ha quedado juzgar a las personas por el contenido de su carácter y no por el color de su piel, que decía Martin Luther King. En todo caso, el énfasis debe ponerse en los políticos para que no cometan irregularidades a la hora de dar subvenciones. Señalar a un grupo étnico simplemente para recibirlo es muy pobre de espíritu”.

Dudas en los cambios de los datos por parte del Govern

Cuando las webs estaban en la cresta de la ola, algo ocurrió con la base de datos pública que alimentaba la web de subvencions.cat, la web que estaba siendo más visitada.

“El martes por la tarde, el buscador no funcionaba. Algunos usuarios me alertaron. Miramos si era un problema nuestro, pero luego comprobamos que nos habían cerrado el acceso. Primero pensé que quizás era algo automático por habernos pasado de peticiones, pero después vi que no era eso, sino que simplemente la base de datos había quedado cerrada para todo el mundo”, explica.

En conversación con este diario, Gerard descartaba ninguna mala praxis y atribuía la desconexión de los datos a alguna cuestión de carácter técnico. Mientras la web estuvo sin servicio, la conectó a otro repositorio, también público, y que ofrecía unos datos con diferencias mínimas.

Sin embargo, el jueves por la mañana, los datos oficiales de subvenciones volvieron a estar operativos. “Tenemos identificado que han quitado la información sobre algunos organismos. En peso económico, yo diría que han quitado sobre un 10%”, afirma el autor de las webs.

Según han podido observar, el Govern habría sacado de la recopilación pública lo referente, sobre todo, a las subvenciones otorgadas por las entidades locales, es decir, diputaciones y ayuntamientos. “Desconozco si había datos que no debían ser públicos o lo han quitado por otras razones”, asegura Giménez.

Desde el Departamento de Economía, responsables del archivo de datos, explican que lo que ha ocurrido es una incidencia técnica que están en vías de resolver lo antes posible. Además, indican, mientras dura este problema que afecta a los datos sobre subvenciones de los entes locales, toda la información puede sacarse de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, dependiente del Gobierno central, donde esa información sigue disponible.

Este miércoles ha entrado en funcionamiento un canal para denunciar infracciones normativas o hechos relacionados con la lucha contra la corrupción.

Llamado Canal Externo de Información, está impulsado por el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla La Mancha y está pensado para cualquier persona física que, en el ejercicio de su actividad laboral o profesional en el sector público o privado, haya obtenido información sobre infracciones normativas o hechos relacionados con la lucha contra la corrupción.

La información podrá presentarse directamente al Canal Externo o habiendo utilizado previamente un canal interno y el informante no adquirirá la condición de interesado, sino la de colaborador con la Administración.

¿Cómo usarlo?

Las comunicaciones al Canal Externo pueden realizarse a través de las siguientes vías:

El Consejo también ha anunciado que adoptará las medidas de protección previstas en la normativa aplicable en defensa de la identidad y la integridad del informante. Asimismo, fomentará la cultura de la información y colaborará, en el marco de sus competencias, con otras autoridades y organismos competentes.

El presidente del Consejo, Fernando Muñoz, ha destacado “la celeridad con la que se ha activado el canal” si se tiene en cuenta que el reglamento que faculta al Consejo para asumir estas funciones se publicó en diciembre pasado, tras su debate y aprobación en las Cortes de Castilla La Mancha en noviembre de 2025, al tiempo que ha valorado como “de nuevo, Castilla-La Mancha, cumple en materia de Transparencia y Buen Gobierno”.

El sentit comú ens pot portar a imaginar els corredors dels diferents òrgans públics de decisió com a espais en què predominen els perfils que han mantingut una trajectòria professional dedicada (quasi) en exclusiva als assumptes polítics. No obstant això, la radiografia professional dels alts càrrecs del Consell revela una arquitectura institucional dissenyada sota la lògica de supervivència i de minimització de riscos. En poques paraules, quan es tracta dels serveis públics essencials, el Govern autonòmic tendeix a tindre poques ganes d’experimentar i prefereix delegar la presa de decisions a les persones que tenen experiència en el sector que administren.

L’anàlisi de les trajectòries professionals dels 156 alts càrrecs en els dos anys previs al seu nomenament demostra que els perfils tecnocràtics i/o funcionarials són els que més abunden. Segons una anàlisi elaborada per elDiario.es sobre les dades del portal de transparència GVAOberta, prop del 45% de la cúpula governamental del president Juanfran Pérez Llorca prové directament del sector públic, encara que la proporció podria variar lleugerament, i fins i tot superar el 50%, atés que un 11,5% dels alts càrrecs presenten perfils mixtos, mentre que un 5,8% encara no han publicat els registres de les seues activitats professionals. No obstant això, aquest patró de reclutament, aparentment esbiaixat en favor dels perfils tècnics, no es distribueix de manera uniforme, sinó que és evident, sobretot, en els casos de quatre conselleries: de Sanitat; d’Educació, Cultura i Universitats; de Justícia, Transparència i Participació; així com la d’Emergències i Interior.

Les xifres són contundents: en la Conselleria de Sanitat, 11 dels 13 alts càrrecs (84,6%) són funcionaris; en Educació, Cultura i Universitats, la proporció arriba a 13 de 17 (76,5%); en el cas de Justícia, Transparència i Participació, 6 dels 8 alts comandaments (75,0%) pertanyen al sector públic; finalment, en Emergències i Interior, 5 de 8 perfils (62,5%) tenen aquest mateix origen.

El gràfic que figura a continuació il·lustra com és la composició interna dels recursos humans de cada conselleria, evidenciant diferències molt clares. D’una banda, les quatre conselleries esmentades anteriorment, a més, tenen una presència nul·la o quasi nul·la dels perfils procedents del sector privat. Per contra, en la Conselleria de Presidència predominen persones que anteriorment treballaven en el sector privat (40,7%), i deixen el funcionariat en un segon pla (29,6%).

On estan llavors els “polítics purs”?

Si els tècnics són els que es concentren en la gestió dels serveis bàsics, la pregunta és evident: qui fa la política? Les dades revelen que els perfils purament polítics —els dedicats quasi al cent per cent a la vida de partit o a càrrecs electes— representen a penes el 17,3% del total del Govern.

Encara que els perfils polítics professionals estan presents en quasi totes les conselleries, tenen més presència en la Vicepresidència Primera (Conselleria d’Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat), en què suposen un 31,3% del total de càrrecs assignats, la Conselleria de Serveis Socials, Família i Infància (40%) i la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca (37,5%). De fet, a més, la primera i l’última són les conselleries amb la presència més baixa de perfils funcionarials (12,5% i 10%). 

Francament, ens resulta complicat explicar per què les dues últimes conselleries estan, en cert grau, polititzades. No obstant això, en el cas de la Vicepresidència Primera, parlem d’un òrgan molt exposat al públic i encarregat de la coordinació del gabinet i de l’acció política transversal. Llavors, per a fer front al desgast polític resultant del mateix fet de governar, podria semblar més raonable optar per uns perfils més polítics que tècnics, atés que els primers solen estar més acostumats a les compareixences públiques i la rendició de comptes davant les Corts.

Entre els perfils purament polítics, es pot destacar Susana Camarero: va ser diputada, tant en les Corts com en el Congrés, senadora, secretària d’Estat de Serveis Socials i Igualtat i, ara, deté la Vicepresidència Primera i és consellera d’Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat.

I què hi ha dels perfils procedents del sector privat?

El cas de la Conselleria de Presidència és el més cridaner. A més de ser un dels motors polítics del Govern, és la gran porta d’entrada per a les persones professionals del sector privat, ja que més del 40% dels seus alts càrrecs (11 de 27) procedeixen directament d’empreses (tant grans com pimes) o despatxos d’advocats.

L’executiu fitxa talent en el mercat per a agilitar la gestió i sortejar els embossos burocràtics. El mateix titular de la cartera esmentada, José Luis Díez Climent, segons el currículum publicat, és un bon exemple de què parlem: un advocat que va treballar en les oficines d’Andersen, una gran consultora internacional, i Grupo Pavasal, una empresa dedicada a la construcció i la conservació d’infraestructures civils, industrials i logístiques. Un altre exemple és el director general d’Infraestructures Educatives, José María Larena Berrocal, que va treballar quasi 20 anys en el BBVA, exercint les funcions de director d’Oficines de Banca Comercial i ocupant-se de la gestió de pimes, empreses i banca personal.

En definitiva, sembla que el Govern actual de la Generalitat opta per un repartiment de tasques pragmàtic, tot i que també és cert que continua havent-hi casos en què una persona és l’encarregada de dirigir un sector poc relacionat amb la seua activitat professional prèvia. Aquests són els casos de Beatriz Simón Castellets, l’actual directora general de Dependència i de les Persones Majors, que va ser gerent en el sector tèxtil en els dos anys previs al seu nomenament, o José María Larena Berrocal, a qui acabem d’esmentar, indicant que va treballar prop de 20 anys en el BBVA; hi ha altres casos similars, que es poden examinar consultat la informació publicada en el portal GVA Oberta.

El sentido común nos puede llevar a imaginar los pasillos de los distintos órganos públicos de decisión como espacios en los que predominan los perfiles que han mantenido una trayectoria profesional dedicada (casi) en exclusiva a los asuntos políticos. No obstante, la radiografía profesional de los altos cargos del Consell revela una arquitectura institucional diseñada bajo la lógica de supervivencia y de minimización de riesgos. En pocas palabras, cuando se trata de los servicios públicos esenciales, el Gobierno autonómico tiende a tener pocas ganas de experimentar y prefiere delegar la toma de decisiones a las personas que tienen experiencia en el sector que administran.

El análisis de las trayectorias profesionales de los 156 altos cargos en los dos años previos a su nombramiento demuestra que los perfiles tecnocráticos y/o funcionariales son los que más abundan. Según un análisis elaborado por elDiario.es sobre los datos del portal de trasparencia GVAOberta, cerca del 45% de la cúpula gubernamental del presidente Juanfran Pérez Llorca proviene directamente del sector público, aunque la proporción podría variar ligeramente, incluso superando el 50%, dado que un 11,5% de los altos cargos presentan perfiles mixtos, mientras que otros 5,8% todavía no han publicado los registros de sus actividades profesionales. Sin embargo, este patrón de reclutamiento, aparentemente sesgado en favor de los perfiles técnicos, no se distribuye de manera uniforme, sino que es evidente, sobre todo, en los casos de cuatro Consellerias: de Sanidad; de Educación, Cultura y Universidades; de Justicia, Transparencia y Participación; así como la de Emergencias e Interior.

Las cifras son contundentes: en la Conselleria de Sanidad, 11 de sus 13 altos cargos (84,6%) son funcionarios; en Educación, Cultura y Universidades, la proporción alcanza a 13 de 17 (76,5%); en el caso de Justicia, Transparencia y Participación, 6 de sus 8 altos mandos (75,0%) pertenecen al sector público; por último, en Emergencias e Interior, 5 de 8 perfiles (62,5%) tienen este mismo origen.

El gráfico que aparece a continuación ilustra cómo es la composición interna de los recursos humanos de cada Conselleria, evidenciando diferencias muy claras. Por un lado, las cuatro Consellerias anteriormente citadas, además, cuentan con una presencia nula o casi nula de los perfiles procedentes del sector privado. Por el contrario, en la Conselleria de Presidencia predominan personas que anteriormente trabajaban en el sector privado (40,7 %), dejando al funcionariado en un segundo plano (29,6%).

¿Dónde están entonces los “políticos puros”?

Si los técnicos son los que se concentran en la gestión de los servicios básicos, la pregunta es evidente: ¿quién hace la política? Los datos revelan que los perfiles puramente políticos —aquellos dedicados casi al cien por cien a la vida de partido o a cargos electos— representan apenas el 17,3 % del total del Gobierno.

Aunque los perfiles políticos profesionales están presentes en casi todas las Consellerias, cuentan con una mayor presencia en la Vicepresidencia Primera (Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad), suponiendo un 31,3% del total de cargos asignados, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia (40%) y la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca (37,5%). De hecho, además, la primera y la última son las Consellerias con la menor presencia de perfiles funcionariales (12,5% y 10%). 

Francamente, nos resulta complicado explicar por qué las dos últimas Consellerias están, en cierto grado, politizadas. No obstante, en el caso de la Vicepresidencia Primera, hablamos de un órgano muy expuesto al público y encargado de la coordinación del gabinete y de la acción política transversal. Entonces, para hacer frente al desgaste político resultante del mismo hecho de gobernar, podría parecer más razonable optar por unos perfiles más políticos que técnicos, dado que los primeros suelen estar más acostumbrados a las comparecencias públicas y la rendición de cuentas frente a Les Corts.

Entre los perfiles puramente políticos, se puede destacar a Susana Camarero: fue diputada, tanto en Les Corts como en el Congreso, senadora, Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y, ahora, ostenta la Vicepresidencia Primera y es Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

¿Y qué hay de los perfiles procedentes del sector privado?

El caso de la Conselleria de Presidencia es el más llamativo. Además de ser uno de los motores políticos del Gobierno, es la gran puerta de entrada para las y los profesionales del sector privado, ya que más del 40 % de sus altos cargos (11 de 27) proceden directamente de empresas (tanto grandes como PYMEs) o despachos de abogados.

El Ejecutivo ficha talento en el mercado para agilizar la gestión y sortear los atascos burocráticos. El propio titular de la cartera mencionada, José Luis Díez Climent, según el currículum publicado, es un buen ejemplo de lo que estamos hablando: un abogado que trabajó en las oficinas de Andersen, una gran consultora internacional, y Grupo PAVASAL, una empresa dedicada a la construcción y conservación de infraestructuras civiles, industriales y logísticas. Otro ejemplo es el Director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena Berrocal, quien trabajó casi 20 años en BBVA, desempeñando las funciones de Director de Oficinas de Banca Comercial y ocupándose de la gestión de PYMEs, Empresas y Banca Personal.

En definitiva, parece que el gobierno actual de la Generalitat opta por un reparto de tareas pragmático, aunque también es cierto que sigue habiendo casos en los que una persona es la encargada de dirigir un sector poco relacionado con su actividad profesional previa. Estos son los casos de Beatriz Simón Castellets, la actual Directora general de Dependencia y de las Personas Mayores, quien fue gerente en el sector textil en los dos años previos a su nombramiento; o José María Larena Berrocal, a quien acabamos de mencionar, indicando que trabajó cerca de 20 años en BBVA; existen otros casos similares, que se pueden examinar consultado la información publicada en el portal GVA Oberta.

Una oficina d’atenció al ciutadà de la Generalitat Valenciana ‘ressuscita’ la figura política de l’expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana malgrat la seua condemna a presó. L’edifici, una de les seus del PROP, que se situa al carrer de Gregori Gea de València, mostra una placa commemorativa de la inauguració del centre a càrrec de l’exdirigent popular, condemnat per corrupció, que estava en el despatx d’un responsable del centre.

La secció quarta de l’Audiència Provincial de València va condemnar a 10 anys i cinc mesos de presó l’exministre del PP i expresident autonòmic com a autor dels delictes de blanqueig de capitals, suborn, falsedat en document mercantil, amb una inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant 17 anys i 10 mesos (pels delictes de prevaricació administrativa i suborn) i una multa de 25 milions d’euros. L’expresident va recórrer contra la sentència al Tribunal Suprem i està en llibertat; no entrarà a la presó fins que la sentència siga ferma i no s’observa risc de fugida.

El cartell que torna a mostrar-se en el PROP i que ha causat indignació en els treballadors data del 1996, quan el president llavors, amb el títol de Molt Honorable, va destapar la placa. Al final dels noranta i el començament del segle següent eren molt freqüents els actes de col·locació de primera pedra o inauguració d’espais, una forma de propaganda política que va limitar el Govern del Pacte del Botànic amb un codi de bones pràctiques en la seua primera legislatura, a partir del 2015. L’aliança d’esquerres va limitar aquests actes a través del Codi de bon govern (aprovat el 2016) i la Llei de publicitat institucional (maig del 2018). L’objectiu de la normativa, que continua en vigor, és impregnar tota l’acció de l’executiu d’“una ètica pública positiva”.

En la mateixa norma es prohibeixen condecoracions a condemnats per sentència ferma i es demana als poders públics uns compromisos ètics. En concret, l’article 22, diu: “Les persones subjectes a aquest Codi garantiran que els reconeixements honorífics o commemoratius que depenguen de les seues organitzacions o administracions recaiguen en persones d’un compromís públic rellevant. Igualment, retiraran els reconeixements atorgats a persones que siguen condemnades penalment per sentència ferma”.

Després de la condemna, la coalició Compromís per València va exigir a l’alcaldessa, María José Catalá, la retirada en els edificis públics de les plaques honorífiques a l’expresident, i el PSPV va demanar una reprovació en les Corts Valencianes. En tots dos casos, el PP, amb majoria en el consistori i en l’hemicicle, va rebutjar retirar els honors, emparant-se en el fet que la sentència no és ferma. És el mateix argument esgrimit pel responsable de l’oficina que ha tornat a exhibir la placa, segons denuncien els empleats. A falta d’una sentència del Tribunal Suprem, que pot tardar anys, Eduardo Zaplana continuarà sent Molt Honorable. I l’oficina pública ho acreditarà.

Una oficina de atención al ciudadano de la Generalitat Valenciana 'resucita' la figura política del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana pese a su condena a prisión. El edificio, una de las sedes del 'PROP', que se encuentra en la calle Gregorio Gea de València, muestra una placa conmemorativa de la inauguración del centro a cargo del exdirigente popular, condenado por corrupción, que se encontraba en el despacho de un responsable del centro.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de València condenó a 10 años y cinco meses de prisión al exministro del PP y expresidente autonómico como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil, con una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 17 años y 10 meses (por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho) y una multa de 25 millones de euros. El expresidente recurrió la sentencia al Tribunal Supremo y se encuentra en libertad; no entrará en prisión hasta que la sentencia sea firme y no se aprecia riesgo de fuga.

El cartel que vuelve a mostrarse en el PROP y que ha causado indignación en los trabajadores data de 1996, cuando el entonces presidente, con el título de Molt Honorable, destapó la placa. A finales de los noventa y principios del siglo siguiente eran muy frecuentes los actos de colocación de primera piedra o inauguración de espacios, una forma de propaganda política que limitó el Gobierno del Pacto del Botánico con un código de buenas prácticas en su primera legislatura, a partir del 2015. La alianza de izquierdas limitó estos actos a través del Código de Buen Gobierno (aprobado en 2016) y la Ley de Publicidad Institucional (mayo de 2018).  El objetivo de la normativa, que sigue en vigor, es impregnar toda la acción del ejecutivo de “una ética pública positiva”.

En la misma norma se prohíben condecoraciones a condenados por sentencia firme y se pide a los poderes públicos unos compromisos éticos. En concreto, su artículo 22, dice: “Las personas sujetas a este Código garantizarán que los reconocimientos honoríficos o conmemorativos que dependan de sus organizaciones o administraciones recaigan en personas de un compromiso público relevante. Igualmente, procederán a la retirada de los reconocimientos otorgados a personas que sean condenadas penalmente por sentencia firme”.

Tras la condena, la coalición Compromís per València exigió a la alcaldesa, María José Catalá, la retirada en los edificios públicos de las placas honoríficas al expresidente, y el PSPV pidió una reprobación en las Corts Valencianes. En ambos casos, el PP, con mayoría en el consistorio y en el hemiciclo, rechazó retirar los honores, amparándose en que la sentencia no es firme. Es el mismo argumento esgrimido por el responsable de la oficina que ha vuelto a exhibir la placa, según denuncian los empleados. A falta de una sentencia del Tribunal Supremo, que puede tardar años, Eduardo Zaplana seguirá siendo 'molt honorable'. Y la oficina pública lo acreditará.