La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha solicitado este jueves a los servicios de la institución que verifiquen los datos publicados en su Portal de Transparencia ante los distintos errores detectados, así como a establecer un mayor control y verificación en los que se incorporen en el futuro.

En un comunicado, la Presidencia de la Cámara explica que esta revisión tiene como objetivo garantizar que la información difundida se corresponda “fielmente” con la realidad, evitar posibles confusiones y prevenir la atribución de gastos o datos incorrectos a cualquier miembro de la Cámara regional.

Cabe destacar que el Parlamento no ha aclarado qué errores se han detectado, a quiénes afectan ni el plazo previsto para completar la comprobación de los datos publicados.

Asimismo, la Presidencia considera “prioritario” que el Portal de Transparencia ofrezca a la ciudadanía información “rigurosa, clara, precisa y accesible”, de manera que cualquier persona pueda consultar los datos con las debidas garantías de fiabilidad y comprensión.

Con ese objetivo, plantea reforzar los mecanismos de comprobación y supervisión de la información difundida en el portal, al considerar la transparencia un principio fundamental de la institución parlamentaria.

Además, según recoge la Agencia EFE, el comunicado coincide con la publicación este jueves en algunos medios de los gastos de un viaje realizado en 2025 para participar en la Conferencia Anual del Foro de Concejales de Asia (ACF), en Fukuoka (Japón), y en la reunión preparatoria del Foro Global de Concejales (GCF), en Taipéi (Taiwán).

Según el Portal de Transparencia, los gastos atribuidos a Astrid Pérez en esos eventos ascendieron a 9.355,07 euros, de los que 6.556,42 corresponden a desplazamientos, 2.424,79 a alojamiento y 373,86 a indemnizaciones.

En el caso de Gustavo Matos, vicepresidente segundo del Parlamento, el importe es de 4.725,01 euros, repartidos entre desplazamientos (4.050,26), alojamiento (488,75) e indemnizaciones (186).

En noviembre de 2024, el Parlamento de Canarias procedió a corregir los datos publicados en su portal de transparencia sobre las retribuciones de los diputados, ya que las cifras “no se corresponden con la realidad”, dijeron en su momento fuentes de la institución.

La Cámara explicó entonces que el problema estaba en que en el apartado de indemnizaciones aparecían importes devengados y no liquidados, y que la información estaba en proceso de actualización.

Dos consejeros del Gobierno de Canarias presentaron fuera de plazo su declaración de bienes y otros dos no consignaban ninguna actuación en sus agendas públicas, según uno de los dos informes sobre prevención de la corrupción que ha presentado este lunes en comisión parlamentaria el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco.

El informe sobre el estatuto de los altos cargos, que examina documentación de 2024 y 2025, recoge que los consejeros de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, y de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, superaron el plazo de tres meses para presentar sus declaraciones de bienes y las entregaron tras varios requerimientos.

En cuanto a los consejeros que en las fechas en que se elaboraron estos informes no publicaban sus agendas son los titulares de Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y de Sanidad, Esther Monzón.

La falta de transparencia en las agendas no afectaba solo a los dos consejeros, sino que se extiende a 94 de los 158 altos cargos autonómicos, entre ellos varios titulares de viceconsejerías y de direcciones generales.

“La agenda es un instrumento básico para el control del conflicto de intereses”, alertó Pedro Pacheco durante la presentación en la comisión parlamentaria de los dos informes de recomendaciones preventivas, uno sobre la integridad institucional de la administración autonómica y otro sobre el estatuto de altos cargos.

La Audiencia cuestiona además que en las agendas de los altos cargos no hay un criterio uniforme y algunas entradas se limitan a desplazamientos o tareas propias del puesto, pero no permiten conocer con quién se reúnen los responsables públicos ni qué asuntos tratan.

Sobre las declaraciones de bienes, Pacheco precisó que los altos cargos en general cumplen con la obligación de presentarlas y los incumplimientos fueron finalmente corregidos a lo largo del informe.

Según señala la Audiencia de Cuentas en el informe sobre el estatuto de los altos cargos, la normativa canaria de 1997 ha quedado obsoleta y entre otras medidas se reclama concretar las restricciones y las autorizaciones para trabajar en actividades privadas después del cese en el puesto, así como una verificación de su cumplimiento.

Otra de las recomendaciones es establecer al menos dos acciones anuales obligatorias de formación ética, ya que según la información facilitada a la Audiencia, solo 18 altos cargos habían recibido formación con estos contenidos en 2024, sin que se acreditara su asistencia.

No hay códigos éticos, de conducta o de buen gobierno

En cuanto al cumplimiento de la paridad de sexos, el informe señala que en el conjunto de los 158 altos cargos analizados, había 95 hombres y 63 mujeres, aproximadamente un 60% y un 40%.

Sin embargo, existía una mayoría masculina muy marcada en las viceconsejerías, además de desequilibrios por departamentos, de manera que en Agricultura había ocho hombres y dos mujeres y en Bienestar Social, cuatro hombres y diez mujeres.

En cuanto al informe sobre la integridad institucional de la administración autonómica, la Audiencia de Cuentas de Cuentas advierte de que “queda mucho por hacer”, ya que no existe una estrategia global, coordinada y dotada de personal para una prevención efectiva del fraude y la corrupción.

Las actuaciones preventivas se concentran en las exigencias para el manejo de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero no hay códigos éticos, de conducta o de buen gobierno de alcance general más allá de esa financiación comunitaria.

La Audiencia reprocha, además, el retraso en más de quince meses para establecer un canal protegido para los informantes de posibles irregularidades o que solo tres de las dieciocho sociedades públicas revisadas tuvieran un canal interno de denuncias adaptado a las exigencias legales.

Pacheco señaló, además, que sigue pendiente la creación de un canal externo de información ante una autoridad independiente, al que puedan acudir los informantes. 

Quin ús fa el president del Govern valencià, Juan Francisco Pérez Llorca, de la caixa fixa de la Generalitat Valenciana en despeses de representació com ara dietes o viatges?

Aquesta informació, que fins a l'any passat era bastant accessible tant per als periodistes com per a qualsevol ciutadà que volguera fiscalitzar l'ús dels recursos públics, ha quedat bastant difuminada amb les novetats introduïdes en el portal de transparència de la Generalitat.

Segons ha pogut comprovar elDiario.es, hi ha dues vies per a accedir a aquesta informació a través del portal de transparència. Una, el buscador directe en què se selecciona l'any, la conselleria, el departament i la despesa que es busca. Així, seleccionant l'any 2026, la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència, amb la Direcció General de la Secretaria del President, més l'apartat de dietes, la resposta és que “no hi ha resultats”.

La segona, entrant en l'enllaç de la caixa fixa i introduint “presidència” en l'apartat “conselleria”, apareixen multitud de dades entre gener i agost de 2026 de les quals és impossible deduir quines corresponen al president, llevat que es tinga accés a determinats codis que es poden introduir en uns camps de busca.

En definitiva, més traves i opacitat que facilitats i transparència per a conéixer de primera mà una informació que, més enllà que puga ser munició per a l'oposició, és pública.

Canvi de la Llei de transparència

El Govern valencià, encara amb Carlos Mazón al capdavant i amb el suport de Vox, va aprovar d'amagat al juliol de l'any passat una modificació de la Llei de transparència i bon govern que afecta la informació que s'ha de fer pública sobre la caixa fixa.

El canvi es va impulsar després del conflicte que es va originar pel dinar de 853 euros que Mazón va carregar en primera instància a la caixa fixa, però que finalment, i després de les objeccions de la Intervenció, va pagar de la seua butxaca en metàl·lic enviant la seua secretària al restaurant de dues estreles Michelin l'Escaleta de Cocentaina, a la província d'Alacant. Amb tot, com va destapar en exclusiva elDiario.es, l'Administració autonòmica també li'l va acabar pagant el 12 de juny de 2024, per la qual cosa el propietari de l'establiment va reintegrar els diners.

Després de tot aquest procés, Presidència va introduir en l'avantprojecte de la Llei d'acompanyament, que es va tramitar entre setembre i octubre de 2024, una modificació de l'article 17, apartat h, que regula la informació que ha d'aparéixer en la caixa fixa. La Llei d'acompanyament es va aprovar finalment, juntament amb la de pressupostos, el passat 28 de maig, per la qual cosa el nou text va entrar en vigor el 31 de maig, dia en què es va publicar el canvi en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

El text complet de l'apartat h abans del canvi deia així: “Informació sobre els fons de caixa fixa. Cal publicar les despeses de caixa fixa desagregades per centres directius, amb indicació en cada registre del concepte econòmic, el tercer perceptor, la data i el motiu de la despesa i la data i l'import de la factura o dieta, sense perjudici del compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal pel que fa a les dades de persones físiques. Aquesta informació s'ha d'actualitzar, com a mínim, mensualment”.

Després del canvi introduït, queda així: “Cal publicar les despeses de caixa fixa desagregades per centres directius, amb indicació en cada registre del concepte econòmic: descripció del tipus de despesa, el tercer perceptor, i la data i l'import de la factura o dieta, sense perjudici del compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal pel que fa a les dades de persones físiques. Aquesta informació s'ha d'actualitzar, com a mínim, mensualment”.

És a dir, en lloc de detallar el motiu de la despesa que es carrega a la caixa fixa, després del canvi aprovat només caldrà informar del tipus de despesa.

¿Qué uso hace el presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, de la caja fija de la Generalitat en gastos de representación como dietas o viajes?

Esta información que hasta el pasado año era bastante accesible, tanto para los periodistas como para cualquier ciudadano de a pie que quisiera fiscalizar el uso de los recursos públicos, ha quedado bastante difuminada con las novedades introducidas en el portal de transparencia de la Generalitat.

Según ha podido comprobar elDiario.es, hay dos vías para acceder a esta información a través del portal de Transparencia. Una, el buscador directo en el que se selecciona el año, la Conselleria, el departamento y el gasto que se busca. Así, seleccionando el año 2026, la Vicepresidencia segunda y Conselleria de presidencia, con la dirección general de la secretaría del presidente, más el apartado dietas, la respuesta es que “no hay resultados”.

El segundo, entrando en el enlace de la caja fija e introduciendo “Presidencia” en el apartado “Conselleria”, aparecen multitud de datos entre enero y agosto de 2026 de los que es imposible deducir cuáles corresponden al presidente, salvo que se tenga acceso a determinados códigos que se pueden introducir en unos campos de búsqueda.

En definitiva, más trabas y opacidad que facilidades y transparencia para conocer de primera mano una información que más allá de que pueda ser munición para la oposición, es pública.

Cambio de la Ley de Transparencia

El Gobierno valenciano, aún con Carlos Mazón al frente y con el apoyo de Vox, aprobó de tapadillo en julio del pasado año una modificación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que afecta a la información que se debe hacer pública sobre la caja fija.

El cambio se impulsó tras el conflicto que se originó por la comida de 853 euros que Mazón cargó en primera instancia a la caja fija pero que, finalmente y tras los reparos de la Intervención, abonó de su bolsillo en metálico enviando a su secretaria al restaurante dos estrellas Michelin l'Escaleta de Cocentaina, en la provincia de Alicante. Con todo, como destapó en exclusiva elDiario.es, la administración autonómica también acabó pagándole el 12 de junio de 2024, por lo que el propietario del establecimiento reintegró el dinero.

Tras todo este proceso, Presidencia metió en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento, que se tramitó entre septiembre y octubre de 2024, una modificación en el artículo 17 apartado H que regula la información que debe aparecer en la caja fija. La Ley de Acompañamiento se aprobó finalmente, junto a la de Presupuestos, el pasado 28 de mayo, por lo que el nuevo texto entró vigor el 31 de mayo, día en que se publicó el cambio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto completo del apartado H antes del cambio decía así: “Información sobre los fondos de caja fija. Hay que publicar los gastos de caja fija desagregados por centros directivos, con indicación en cada registro del concepto económico, el tercer perceptor, la fecha y el motivo del gasto y la fecha y el importe de la factura o dieta, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal en cuanto a los datos de personas físicas. Esta información se tiene que actualizar, como mínimo, mensualmente”.

Tras el cambio realizado, queda así: “Hay que publicar los gastos de caja fija desagregados por centros directivos, con indicación en cada registro del concepto económico: descripción del tipo del gasto, el tercero perceptor, y la fecha y el importe de la factura o dieta, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal en cuanto a los datos de personas físicas. Esta información se tiene que actualizar, como mínimo, mensualmente”.

Es decir, en lugar de detallar el motivo del gasto que se pasa a la caja fija, tras el cambio aprobado, tan solo habrá que informar del tipo de gasto.

El Instituto Galego de Estatística (IGE) ha dejado de publicar los datos sobre las dificultades para llegar a fin de mes de los hogares gallegos en su 'Enquisa conxuntural a fogares'. No lo ha hecho en todo 2026, por lo que la información más reciente de este indicador es la del último trimestre de 2025, cuando un 43% de los gallegos aseguraban que tenían dificultades o muchas dificultades.

Este viernes, según recoge Europa Press, el IGE ha publicado la 'Enquisa conxuntural a fogares' correspondiente al tercer trimestre de 2026 en la que, tal y como ya ocurrió en los dos primeros trimestres del año, no hay ningún dato relativo a esas dificultades de los gallegos para llegar a fin de mes. Una nota explicativa señala que esa información va a dejar de publicarse temporalmente. El motivo, asegura, son “incoherencias detectadas entre los datos trimestrales y anuales”.

El instituto oficial de estadística de Galicia había sido una institución ajena a sobresaltos hasta que, en octubre de 2024, publicó una encuesta con unos resultados alarmantes: aseguraba que uno de cada tres niños gallegos de entre 5 y 14 años no sabe hablar gallego. Esa franja de edad se corresponde con la generación que fue educada con el Decreto del Plurilingüismo de 2010, aprobada por Alberto Núñez Feijóo al poco de llegar a la Presidencia de la Xunta. Esas conclusiones no sentaron bien en el Gobierno gallego, que optó por encargar una encuesta a una empresa privada que llegó a resultados opuestos a los del IGE.

Unos meses después, en marzo de 2025, se anunciaron cambios de calado en el IGE: pasó de depender, como era tradicional, de la Consellería de Facenda, a depender directamente de la Presidencia de la Xunta, ocupada por Alfonso Rueda. Además, el Gobierno gallego anunció un contrato para que una empresa privada “centralizase, gestionase y explotase” los datos estadísticos públicos. Y en junio de ese mismo año, fue destituido José Antonio Campo Andión, el que había sido presidente del instituto estadístico durante 30 años, en dos periodos distintos.

Participaciones societarias valoradas en más de 2,8 millones de euros, grandes cantidades destinadas a fondos de inversión, inversiones fallidas, criptomonedas y saldos bancarios superiores a los dos millones de euros. Son algunos de los datos que desvelan las declaraciones de actividades, bienes y rentas de más de 352 cargos públicos y asimilados y del personal eventual de Castilla-La Mancha, y sus respectivos cónyuges.

El listado, publicado por la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación, incluye a miembros del Gobierno regional, directivos de organismos públicos, responsables sanitarios y personal eventual que han presentado sus declaraciones por nombramiento, cese o en cumplimiento de la obligación anual establecida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Abarca toda la estructura administrativa regional, pero reúne perfiles de distintos niveles de responsabilidad institucional: directores generales, delegados provinciales, responsables de organismos autónomos y asesores de los gabinetes.

En el bloque de altos cargos aparecen la Presidencia y las Vicepresidencias del Gobierno regional, los titulares de las consejerías y responsables de viceconsejerías, secretarías generales y direcciones generales. El documento incluye además a directivos del SESCAM, responsables de gerencias hospitalarias, representantes de medios públicos y dirigentes de empresas y fundaciones vinculadas a la Administración autonómica.

A ellos se suma el personal eventual, integrado por directores de gabinete y asesores destinados a funciones de comunicación, prensa, innovación y otros ámbitos de apoyo institucional.

Las cifras patrimoniales y salariales ofrecen una visión de los bienes, las inversiones y los ingresos declarados por los responsables públicos, aunque su interpretación requiere distinguir entre patrimonio societario, activos financieros, saldos bancarios e ingresos del trabajo.

Datos patrimoniales más destacados

Con todo ello, no es en los altos cargos donde se aprecia un mayor patrimonio. Uno de los datos más destacados, por ejemplo, corresponde a María Belén López Donaire, directora de los Servicios Jurídicos y presidenta de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN). Su declaración incluye una participación del 38,41 % en la sociedad Torre de Abraham, S. L., con un valor declarado de 2,8 millones de euros. En la misma declaración, figura también el cobro de 192.050 euros en concepto de dividendos y participación en beneficios procedentes de esta misma entidad

La participación societaria constituye la cifra de mayor volumen entre los activos destacados en el resumen de las declaraciones. No obstante, su valoración no debe confundirse con dinero disponible en efectivo ni con el valor total de la sociedad, ya que corresponde a la participación declarada.

Otro de los patrimonios que sobresalen es el de Francisco Javier de Irizar Ortega, consejero y presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, cuya declaración recoge participaciones societarias de su cónyuge en IROR Inversiones, S. L., valoradas en 3,7 millones de euros. Asimismo, en la propia declaración del titular consta que él posee un 38% de participación en dicha sociedad y ejerce como su administrador único.

Por su parte, Alberto Jara Sánchez, director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), declara un saldo medio conjunto de cuentas bancarias, depósitos y otros activos por importe de 2,7 millones de euros, según los datos aportados.

Fondos de inversión, Letras del Tesoro y criptomonedas

El documento también recoge otros activos financieros de cuantía relevante y productos de inversión de distinta naturaleza. Entre ellos figura Carmen Encinas Barrios, directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad, que declara 406.272 euros en un fondo de inversión de Diaphanum (entidad de asesoramiento financiero y gestión patrimonial) y 91.200 euros en un plan de pensiones.

Las declaraciones incluyen asimismo inversiones en activos digitales y metales preciosos. Por ejemplo, Víctor Moreno Fernández, asesor de Comunicación Social como personal eventual, refleja posiciones en la criptomoneda Bitcoin por un importe indicado de 2.114 euros y en oro físico por valor de 1.710 euros a través de Trade Republic (banco alemán y plataforma digital de ahorro). Por su parte, Sara Elisa Fernández Calcerrada, también asesora como personal eventual de la Junta, declara igualmente saldo en Bitcoin.

Otro dato singular es el de Francisco Damián Montoro Carrión, consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Su declaración recoge más de un millón de acciones de clase A en la empresa Abengoa, actualmente valoradas en cero euros. Este tipo de acciones fueron suspendidas de cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 14 de julio de 2020 y posteriormente excluidas de forma definitiva de las bolsas el 26 de septiembre de 2022 tras entrar en fase de liquidación.

Cabe señalar, no obstante, que la inclusión de estas acciones muestra que una declaración patrimonial puede reflejar participaciones cuyo valor declarado sea nulo, sin que ello implique necesariamente que nunca hayan tenido valor económico.

Entre las declaraciones de bienes e inversiones publicadas para los altos cargos y directivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el mayor patrimonio, después del de la mencionada cónyuge del presidente del Consejo Consultivo; el de María Belén López Donaire y el de Alberto Jara, es el de Damián Aranda, director gerente de Atención Integrada de Valdepeñas (perteneciente al SESCAM) con 370.000 euros en un producto financiero estructurado y depósitos bancarios.

Desde este lunes, 5 de octubre, están en vigor las nuevas obligaciones de transparencia laboral aprobadas por el Gobierno, que afectan a los nuevos contratos que se firmen en España desde hoy, pero también a la información que deben revelar las empresas a todos sus trabajadores con relaciones laborales vigentes. Entre las novedades, hay información relevante sobre salarios, los horarios y los algoritmos e IA (inteligencia artificial) que afectan a los trabajadores, entre otros datos.

La norma es fruto de la transposición parcial de una directiva europea de 2019, para que las relaciones laborales sean más “transparentes” y “previsibles”, que España transpone muy tarde, ya que debería estar en vigor desde agosto de 2022.

Así, los nuevos contratos que se firmen deben contar con más información que antes –por ejemplo sobre los periodos de prueba– y, de cara a las relaciones laborales ya en vigor, los trabajadores y trabajadoras pueden solicitar estos nuevos datos obligatorios desde este lunes a sus empresas, que deben responder en un plazo máximo de 30 días hábiles.

El Ministerio de Trabajo ha publicado este viernes en la página web del SEPE los modelos de contratos laborales que cumplen con estos nuevos mínimos exigidos por Bruselas.

Entre otras novedades, se resumen a continuación algunas de las más destacadas.

Hay que revelar si IA o algoritmos fijan condiciones laborales

Uno de los aspectos más novedosos es que Trabajo ha incluido en el real decreto la obligación de que las empresas desvelen a los trabajadores “la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones” en lo que afecte a sus condiciones laborales.

Esto incluye “las pautas, criterios y reglas de funcionamiento” de estos sistemas cuando se empleen para fijar o modificar condiciones de trabajo, “tales como la duración y distribución de la jornada, la asignación de tareas, la determinación de los salarios, de la progresión profesional, del lugar de trabajo o de la extinción del contrato”, recoge el texto.

La representación legal de los trabajadores ya puede solicitar esta información a las empresas, un aspecto aprobado en la Ley Rider (aunque incumplido en muchos casos), pero ahora este derecho se individualiza a cada persona trabajadora.

Habrá que justificar más el periodo de prueba

Las empresas tendrán que justificar más el periodo de prueba, por el que pueden echar a los trabajadores sin indemnización. El Estatuto de los Trabajadores limita este periodo a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

Por un lado, las empresas deberán concretar las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”, lo que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó que “causaliza” este periodo con el objetivo de evitar abusos.

Además, se debe informar de la “duración concreta” del periodo de prueba, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

Más transparencia sobre jornada, salarios y conciliación

Entre el resto de novedades, destaca que las empresas tendrán que especificar no solo el salario base y los complementos salariales, como hasta ahora, sino también “el modo de cálculo de los conceptos salariales que sean variables y los criterios que determinan su percepción”.

En cuanto a los horarios laborales, además de la duración y distribución de la jornada, se especifica que las empresas deberán facilitar estos datos de la jornada “diaria, semanal y anual”. Y “se identificará cuando la totalidad o parte de la jornada se desarrolle mediante trabajo nocturno o a turnos”.

Aún más relevante, se obliga a que informar de “los acuerdos relativos a las horas extraordinarias y su retribución”, los supuestos y procedimientos para realizar cambios de turno.

En caso de que exista distribución irregular de la jornada, se añaden nuevos mandatos, como identificar “las horas y los días de referencia en los que la empresa puede exigir la prestación de servicios” y “los períodos mínimos de preaviso”.

Informar por escrito sobre el protocolo de acoso

Además, las empresas tendrán que poner negro sobre blanco “la existencia y la identificación del plan de igualdad”, si lo hay, así como “la política empresarial de conciliación personal, laboral y familiar” en caso de existir y el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que es obligatorio en todas las empresas.

El decreto incluye también medidas específicas para los trabajadores de la pesca, así como “la gente de mar”, y trabajadores que prestan servicios en el extranjero.

Aquí, se puede consultar el decreto en el BOE con todos los detalles que exige esta nueva regulación sobre transparencia laboral.

“No es nuevo, ni algo puntual, que el PSOE y su radio de acción juegue a la mentira, a la manipulación y a confundir la opinión pública”. Así arrancaba el año pasado una publicación de Facebook del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, en Ávila, que dirige el Partido Popular. El Procurador del Común (el equivalente al Defensor del Pueblo de Castilla y León) ha abroncado al equipo municipal por esta publicación.

Esta institución, dirigida por Tomás Quintana, ha recordado que “las alusiones a los logros de un partido político y desaciertos de otro deben quedar al margen de la información que proporciona una Administración pública”. La actividad de la cuenta oficial del Ayuntamiento “debe ajustarse a los principios de neutralidad política y lealtad institucional”, señala la institución propia en su resolución, emitida tras una denuncia por “supuesto uso partidista” de la cuenta. Este es el segundo aviso que recibe el Ayuntamiento, puesto que en 2025 ya emitió una resolución el Defensor del Pueblo en la misma línea.

La publicación a la que se refería el Procurador del Común abordaba el hospital comarcal de Arenas de San Pedro, una demanda socialista que el equipo municipal descartó en favor de una mejor conexión con el Hospital de Talavera de la Reina, como si esta infraestructura sanitaria dependiera del Ayuntamiento y no de la Junta de Castilla y León, que en ese momento gobernaba en minoría del PP. Entre otras consignas, el Ayuntamiento defendía en la publicación, de 2025 y aún disponible: “El Partido Popular es un partido serio, que piensa, analiza y gestiona los recursos buscando la mejor solución”.

Hace unas semanas se debatió una moción socialista al respecto, en la que se proponía acatar las recomendaciones de ambas instituciones. El teniente de Alcalde, Germán Mateos, aseguró que aceptarían “alguna” de las recomendaciones a pesar de que las resoluciones carecen de fuerza ejecutiva ni establece ningún plazo para elaborar esta normativa. “Hacemos un gran trabajo a nivel de comunicación totalmente imparcial como hace cualquier ayuntamiento o institución”, defendió Mateos en la sesión plenaria, quien defendió que “el trabajador” que lleva las redes sociales “las cuida escrupulosamente”. “Podemos cometer errores, como todo el mundo, pero sin ninguna intención”, subrayó el también concejal de Urbanismo.

El equipo de gobierno defiende ante el Procurador del Común que su estrategia de comunicación se basa en “los principios de veracidad, objetividad, transparencia y neutralidad institucional” y descarta que pretendan “manipular, confundir o influir debidamente en la opinión pública”. El área que dirige Tomás Quintana recomienda al Ayuntamiento que mantenga “el principio de neutralidad de los poderes públicos” en su difusión de contenidos, incluida su estrategia de redes sociales.

Un informe incompleto

El Ayuntamiento envió un informe al Procurador del Común en el que informaba de que había unas normas de uso -que no concretaban- y un reglamento sobre la gestión de los comentarios en sus publicaciones. Tampoco indicaron si se había aprobado alguna norma reglamentaria municipal que recogiera “los objetivos de la publicidad institucional del municipio a través de los medios digitales y sus posibles límites”, por lo que se sugiere que se elabore un reglamento propio para “disciplinar” la comunicación municipal, incluidos los perfiles institucionales de las redes sociales.

El Defensor del Pueblo, institución que dirige Ángel Gabilondo, también consideró necesario que el Ayuntamiento adoptara un reglamento que estableciera unas normas de gestión y que garantizara que las redes sociales sirviera para “difundir información veraz de sentido público y no sea un instrumento partidista que pueda vulnerar los derechos de participación política de los miembros de la corporación”. “La valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que emprende la Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que desarrolla”, reivindicó el Defensor del Pueblo en su resolución.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez Mesón, que en la Diputación de Ávila es responsable del área de Recursos Humanos, Régimen Interior, Organización y Transparencia, pero no ha recibido ninguna respuesta por su parte.

Información incompleta en su Portal de Transparencia

El Procurador del Común también recomienda al Ayuntamiento de Arenas que complete su información disponible en el Portal de Transparencia, puesto que hay información desactualizada (como la relativa a los Presupuestos o a los contratos menores). Además, le pide que revise sus contenidos para “mejorar la claridad, sistematización y localización de los mismos” y, así “facilitar la consulta de su contenido”.

Finalmente la ciencia junto a las pruebas, y no las hipótesis, van arrojando transparencia a lo sucedido en la costa de Telde, con la muerte de miles de lubinas de Aquanaria.

Todo apunta al emisario 222 y vertidos sin descontaminar, pero lo lamentable es cómo se ha intentado señalar sin pruebas y demonizar a una empresa que lleva más de 30 años ejerciendo su actividad empresarial con profesionalidad y creando empleo en Canarias como responsable de lo sucedido.

Estas declaraciones sesgadas, sin pruebas, en varios medios originaron un movimiento de rechazo en una parte de la ciudadanía y de una parte del movimiento ecologista en contra de la acuicultura.

Se podrá estar a favor o en contra de la acuicultura, pero lo cierto es que es la manera de producir peces y alimentar a una gran parte de la población mundial, pero cumpliendo rigurosamente con lo que marca la ley, en lugares delimitados y con una gran supervisión. 

Canarias podría desarrollar, su soberanía alimentaria en este sector y para ello las administraciones competentes han de cumplir y ser muy rigurosas con los vertidos al mar sin descontaminar, pues no sólo es materia orgánica, también hablamos de metales pesados y elementos químicos, que pueden dañar a las personas y a los ecosistemas marinos y su biodiversidad. 

Parece que nadie se hizo la gran pregunta de los posibles contaminantes químicos que se estaban vertiendo por el emisario 222, teniendo un polígono industrial, una edari, un puerto con descargas de combustibles y otras infraestructuras hidráulicas… ¿y el peligro es una empresa de acuicultura?

Toda una bomba de relojería en el entorno que, junto a las calmas chichas de octubre, originó la tormenta perfecta, pues las corrientes no se llevaron mar adentro los vertidos sin descontaminar para ser diluido con el batir de las corrientes.

Antiguamente, los mineros utilizaban un pájaro canario para bajar a las minas y poder detectar así si el aire era respirable. Utilizando un símil, podríamos decir que las lubinas de Aquanaria hicieron la función del pájaro canario y murieron con las branquias quemadas sin poder respirar y todo apunta a un vertido químico. 

Nuestras administraciones ya no pueden ocultar el problema de los vertidos en todas las islas. Según el último censo registrado por el Gobierno de Canarias se contabilizan 403 puntos de vertidos de tierra al mar en el archipiélago. Pero si nos vamos al estado administrativo, del total, autorizados solo hay 112 puntos puntos, 75 en trámite de autorización y 216 puntos sin autorización.

Volviendo al emisario 222, no es solo algo aislado, los vertidos llevan produciéndose desde 2017 y la responsabilidad de lo que se depura y se vierte por el emisario es del Ayuntamiento de Telde y de Aguas de Telde.

Estos son hechos muy graves porque estamos hablando de salud pública, de contaminación marina, daño ambiental y un grave perjuicio a la actividad empresarial de una empresa, que todo apunta que han sido víctimas y no verdugos.

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, ha defendido este lunes cambios normativos para mejorar el acceso a la información pública, con herramientas coercitivas que lleven al “cumplimiento forzoso” por parte de las entidades públicas, para garantizar la transparencia diez años después del inicio de este camino en la Comunidad.

Hasta ahora, el Comisionado calcula que se ha cumplido el 62% de las resoluciones estimatorias que adoptó el año pasado esta institución, por lo que ha vuelto a poner el foco en “garantizar el cumplimiento forzoso” de las resoluciones, una iniciativa que propuso en su momento Ciudadanos, pero que quedó en un cajón tras la ruptura y adelanto electoral de 2021.

Es por esto que, ante la “falta de cumplimiento de las resoluciones”, el Comisionado ha destacado que entre las modificaciones legales que deberían introducirse “sería deseable incluir las dirigidas a garantizar el cumplimiento forzoso de las resoluciones de estos órganos, como ya han hecho algunas comunidades autónomas”.

“Solo con la previsión legal en este sentido, un porcentaje muy alto de las administraciones cumplirían. Con ”una multa coercitiva, se produciría el cumplimiento voluntario ante la posibilidad de una sanción“, ha afirmado.

Quintana ha valorado que las diputaciones y los ayuntamientos tienen “un cumplimiento cada vez mayor” de la normativa en transparencia activa, un aspecto que es todavía complejo para los municipios más pequeños “debido a la escasez de medios humanos y materiales” y que tiene “carencias similares” a las de hace diez años, con una evolución positiva pero “excesivamente lenta”.

El comisionado de Transparencia ha reclamado a los grandes Ayuntamientos que añadan información gráfica en áreas como contratos, subvenciones o presupuestos para que los datos resulten más entendibles para la ciudadanía, que mantengan su información actualizada, permitan su acceso a personas con discapacidad y que entreguen archivos en formatos reutilizables. “Se publica más información, pero no siempre implica que la actividad pública sea más transparente”, ha afeado Tomás Quintana.

Uno de los principales motivos por los que los ciudadanos acuden al Comisionado de Transparencia es por la falta de respuesta por parte de la Administración pública. El año pasado, el 85% de las reclamaciones se presentaron por este motivo.

Décima memoria

Ante la Comisión de Relaciones con el Procurador el Común, institución que gestiona el Comisionado de Transparencia, Quintana ha destacado que la presentada este lunes es la décima Memoria anual, por lo que la institución ha planteado una revisión general de la observancia de la legislación de transparencia por parte de los entes que integran el sector público autonómico, de las entidades locales y de las corporaciones de derecho público de Castilla y León.

En este análisis comparativo, Quintana ha destacado que en la memoria de 2016 únicamente fueron cumplimentados por los entes públicos el 60 por ciento de los cuestionarios de autoevaluación enviados por el Comisionado de Transparencia, mientras que en 2025, año al que se refiere este último informe, ese porcentaje ha subido hasta el 81 por ciento.

En concreto, todas las entidades que integran el sector público autonómico –incluidas las universidades públicas- y las 9 diputaciones provinciales han remitido sus cuestionarios debidamente cumplimentados, ha subrayado Quintana.

En el caso de los ayuntamientos, de los 61 que cuentan con más de 5.000 habitantes, han cumplido con su obligación de responder a ese requerimiento de información únicamente 44.

Sobre el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, la memoria plantea un “considerable grado de cumplimiento de las exigencias” legales, aunque mantiene que “todavía hay margen e mejora” en actualización de contenidos y en una mayor claridad, especialmente destinada a personas con discapacidad.

De entre las entidades del sector público autonómico, la memoria señala las “notables deficiencias” observadas en la empresa pública Somacyl, que ya viene arrastrando esta situación en ediciones anteriores del informe.

En cuanto a las universidades públicas, Quintana ha defendido el alto grado de cumplimiento, aunque ha apelado a mejoras pendientes como la visibilidad de sus portales de transparencia en sus respectivas web.

Sobre las entidades locales, ha constatado que los problemas fundamentales están en los pequeños municipios, que no responden por “escasez o carencia de medios humanos y materiales”, por lo que ha apelado a la ayuda de las Diputaciones Provinciales en esta materia.

De 102 a 1.432 reclamaciones

El informe depara una evolución importante en el número de reclamaciones de transparencia, con 102 registradas en 2016 y con 1.432 recibidas por esta entidad en 2025, si bien 839 de ellas tenían el mismo objeto de reclamación.

En lo que va de 2026, Quintana ha subrayado que son ya más de 700 las reclamaciones recibidas en materia de transparencia, que supone la mayor cantidad a estas alturas de año.

Desde el punto de vista temático, el Comisionado ha explicado que son mayoritarias las relacionadas con el bienestar animal, seguidas de cuestiones sobre empleo público, contratación, urbanismo, medio ambiente, gestión y disposición de recursos públicos, actas y acuerdos.

En cuanto a las resoluciones, en 2025 fueron 497, mientras que en el primero de los informes en 2016 eran 66.

De las correspondientes al pasado año, 216 de ellas fueron estimatorias, 40 inadmitidas, 32 desestimatorias y 19 archivadas, según los datos aportados por Quintana ante el Parlamento.

Reacciones de los grupos

Tras escuchar la exposición del Comisionado ha sido el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios, quienes han coincidido en el valor del informe para tomar decisiones, aunque han diferido sobre los pasos que deben darse.

En representación del Grupo Popular ha intervenido José Luis Barrigón, quien ha defendido que “la Junta cumple” en esta materia y ha afirmado que, junto a las diputaciones, ya ayuda en materia de formación a los pequeños ayuntamientos para que puedan cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia.

Sobre la cuestión planteada por el Comisionado para contar con herramientas que permitan forzar a cumplir con la normativa, Barrigón ha citado una resolución del Consejo Consultivo, cuando fue aprobada la ley autonómica, que impediría introducir sanciones por encima de lo establecido en la normativa estatal, por lo que ha defendido esperar a la anunciada modificación de la Ley estatal.

Por su parte, el portavoz socialista en esta comisión, Iñaki Gómez, ha lamentado que año tras año en esta comisión se plantee por parte del Comisionado la necesidad de contar con cambios normativos que favorezcan el cumplimiento forzoso de la ley, sin que se hayan dado pasos en este sentido: “Hagámoslo, impongamos sanciones”, ha resumido.

Gómez ha incidido en que los incumplimientos de la empresa pública Somacyl son un “elefante que sobrevuela el informe”, ya que se trata de uno de los organismos más inversores de la Administración autonómica y comanda grandes proyectos en un “momento clave” para el futuro de Castilla y León, entre otros el centro de datos que la Junta pretende convertir en Proyecto Regional en la provincia de Zamora, sobre el que ha pedido más transparencia.

 En representación de Vox ha intervenido el procurador José Antonio Palomo, quien ha reconocido que “el silencio no puede convertirse en una forma normal de respuesta” de las administraciones a los ciudadanos, por lo que se ha remitido a la nueva ley de transparencia que ha comprometido para esta legislatura el gobierno de coalición que forman PP y Vox en esta Comunidad.

Por último, la procuradora de la UPL Rosa María Quintanilla ha incidido en que son las provincias de León, Zamora y Salamanca las que se llevan “la peor parte” en materia de acceso a la información pública, a la vez que ha planteado que no es admisible que cuatro de cada 10 ciudadanos no vean satisfecha su reclamación de acceso a la documentación, por lo que ha apoyado contar con herramientas coercitivas para hacerlo cumplir.

Réplica del Comisionado

En su réplica a los grupos, el Comisionado ha defendido la viabilidad de avanzar en la creación de un mecanismo coercitivo que fuerce a las entidades públicas a cumplir con la norma, ya que entiende que el mero hecho de disponer de ella llevaría a gran parte de las administraciones a cumplir.

Ante las dudas del PP en este sentido, ha matizado que no son tanto sanciones como tal, sino mecanismos coercitivos desde el punto de vista administrativo que conlleven un mayor cumplimiento, y ha considerado que tan lícito es esperar al avance normativo estatal como seguir el camino de otras autonomías como Navarra y Comunidad Valenciana, que ya disponen de esas herramientas sin que hayan sido cuestionadas desde el punto de vista constitucional.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) del Principado de Asturias ha aprobado este viernes una propuesta de reforma legislativa para reforzar su autonomía y adaptar su regulación al sistema de protección de las personas informantes exigido por la Unión Europea y la legislación básica estatal.

A través de un comunicado, el Consejo ha informado de que en el pleno de la entidad celebrado hoy también se ha ratificado el anteproyecto presupuestario para 2027, dotado con 450.000 euros, y que contempla los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento efectivo.

En lo que respecta a la reforma de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias, ha acordado trasladar a los grupos parlamentarios de la Junta General una propuesta de modificación parcial.

Esta iniciativa, de acuerdo con el consejo, no plantea una revisión general de la legislación vigente, sino una modificación limitada a aquellos aspectos que requieren una actualización normativa para completar el marco institucional y funcional del mismo.

Entre sus principales objetivos figuran la ordenación del sistema externo de información y la protección de las personas informantes, la atribución al Consejo de las funciones de autoridad autonómica independiente en esta materia y una nueva distribución de funciones entre sus órganos.

El segundo acuerdo, adoptado igualmente por unanimidad, ha sido la aprobación del anteproyecto de presupuestos del Consejo para el ejercicio 2027, por un importe total de 450.000 euros.

De ese importe, 180.000 euros se destinarán a gastos corrientes de funcionamiento y 245.000 a inversiones vinculadas a la puesta en marcha del Consejo, mientras que los 25.000 euros restantes corresponden a operaciones financieras.

El anteproyecto aprobado no incorpora el capítulo correspondiente a los gastos de personal, cuya elaboración y cuantificación corresponde a la Dirección General competente en materia de función pública.

El Consejo ha destacado que, con ambas iniciativas, “da un nuevo paso” en su proceso de puesta en funcionamiento y consolidación institucional.

En la sesión han participado los miembros designados por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, la Junta General del Principado de Asturias, la Federación Asturiana de Concejos, la Universidad de Oviedo y la Sindicatura de Cuentas.

Las nuevas obligaciones de transparencia laboral aprobadas por el Gobierno entran en vigor en España el próximo 5 de octubre. La norma, fruto de la transposición parcial de una directiva europea de 2019, implica que las empresas deberán facilitar más información sobre condiciones salariales, el periodo de prueba, los horarios y los algoritmos e IA (inteligencia artificial) a sus trabajadores, entre otros datos.

El Gobierno aprobó el real decreto el pasado 8 de septiembre, pero su entrada en vigor está contemplada 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Dado que la norma se ha publicado este martes, las obligaciones comienzan a partir del lunes 5 de octubre.

Las nuevas obligaciones, que tratan de dar más transparencia y previsibilidad a las condiciones de trabajo, deben facilitarse en los contratos laborales o en documentos por escrito antes de comenzar la relación laboral en cuestión.

Para los contratos ya en vigor, las personas trabajadoras pueden solicitar esta nueva información obligatoria a sus empresas, que tendrán un plazo de 30 días hábiles para responder a su petición.

España transpone muy tarde esta directiva. Debería estar en vigor desde agosto de 2022 y ha contado con el bloqueo en el Congreso de una ley de 2024, que el Gobierno no ha podido sacar adelante. Aunque el decreto transpone el grueso de los cambios, hay algunos que aún quedan pendientes de la aprobación de una ley, como un endurecimiento de las sanciones por incumplir esta transparencia y previsibilidad de los contratos laborale

Entre otras novedades, se resumen a continuación algunas de las más destacadas.

Hay que revelar si IA o algoritmos fijan condiciones laborales

Uno de los aspectos más novedosos es que Trabajo ha incluido en el real decreto la obligación de que las empresas desvelen a los trabajadores “la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones” en lo que afecte a sus condiciones laborales.

Esto incluye “las pautas, criterios y reglas de funcionamiento” de estos sistemas cuando se empleen para fijar o modificar condiciones de trabajo, “tales como la duración y distribución de la jornada, la asignación de tareas, la determinación de los salarios, de la progresión profesional, del lugar de trabajo o de la extinción del contrato”, recoge el texto.

La representación legal de los trabajadores ya puede solicitar esta información a las empresas, aprobado en la Ley Rider (aunque incumplido en muchos casos), pero ahora este derecho se individualiza a cada persona trabajadora.

Habrá que justificar más el periodo de prueba

Las empresas tendrán que justificar más el periodo de prueba, por el que pueden echar a los trabajadores sin indemnización. El Estatuto de los Trabajadores limita este periodo a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

Por un lado, las empresas deberán concretar las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”, lo que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó que “causaliza” este periodo con el objetivo de evitar abusos.

Además, se debe informar de la “duración concreta” del periodo de prueba, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

Más transparencia sobre jornada, salarios y conciliación

Entre el resto de novedades, destaca que las empresas tendrán que especificar no solo el salario base y los complementos salariales, como hasta ahora, sino también “el modo de cálculo de los conceptos salariales que sean variables y los criterios que determinan su percepción”.

En cuanto a los horarios laborales, además de la duración y distribución de la jornada, se especifica que las empresas deberán facilitar estos datos de la jornada “diaria, semanal y anual”. Y “se identificará cuando la totalidad o parte de la jornada se desarrolle mediante trabajo nocturno o a turnos”.

Aún más relevante, se obliga a que informar de “los acuerdos relativos a las horas extraordinarias y su retribución”, los supuestos y procedimientos para realizar cambios de turno.

En caso de que exista distribución irregular de la jornada, se añaden nuevos mandatos, como identificar “las horas y los días de referencia en los que la empresa puede exigir la prestación de servicios” y “los períodos mínimos de preaviso”.

Informar por escrito sobre el protocolo de acoso

Además, las empresas tendrán que poner negro sobre blanco “la existencia y la identificación del plan de igualdad”, si lo hay, así como “la política empresarial de conciliación personal, laboral y familiar” en caso de existir y el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que es obligatorio en todas las empresas.

El decreto incluye también medidas específicas para los trabajadores de la pesca, así como “la gente de mar”, y trabajadores que prestan servicios en el extranjero.

Casi mil entidades privadas deberán someterse a la evaluación de transparencia de 2025 en Canarias por haber recibido subvenciones públicas, según ha informado el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.

La evaluación se desarrolló durante una Jornada de Formación, que contó con 383 personas inscritas, entre asistentes en modalidad presencial y participantes online.

El encuentro, celebrado en el nuevo edificio del Parlamento de Canarias, tuvo como objetivo ofrecer a las entidades privadas obligadas a cumplir con las exigencias de transparencia formación, orientación y herramientas prácticas para afrontar el proceso de evaluación correspondiente al ejercicio 2025.

Según el Comisionado, en Canarias están obligadas a someterse a esta evaluación las entidades privadas que hayan recibido durante el año anterior más de 60.000 euros en subvenciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o más de 100.000 euros en conjunto procedentes de una o varias administraciones públicas canarias.

También están obligadas aquellas entidades para las que las ayudas o subvenciones públicas representen al menos el 30% de sus ingresos anuales cuando procedan del Gobierno de Canarias, o el 40% cuando procedan de una o varias administraciones públicas canarias, siempre que las ayudas alcancen como mínimo los 5.000 euros.

La sesión contó con la participación de la Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, María Noelia García Leal, y de la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Carmen Delia Alberto Gómez, quienes dieron la bienvenida y realizaron la presentación de la jornada.

En un momento de polarización, hostilidad y sobreinformación que inundan las redes sociales, en ocasiones surgen pequeños claros que permiten ver la luz. A veces es un vídeo de un gatito (no de esos en los que hacen movimientos artificiosos que son generados con IA) y otras se trata de un intento (logrado) por recuperar ese sentimiento de comunidad, trabajar en la curiosidad y la empatía por el vecino y no monetizar absolutamente todo, algo que hoy día parece casi intrépido.

Con esa idea nació hace casi dos años Aldea Pucela, una comunidad digital que reúne eventos culturales y audita el poder municipal de Valladolid. Casi 8.000 usuarios de Valladolid comparten información sobre eventos, avisan de incidencias -cortes de tráfico y falta de limpieza, entre otros- o fiscalizan los contratos públicos gracias a un “espacio seguro” que trabaja precisamente en torno a la sociedad civil.

Aldea Pucela, en palabras de uno de sus tres fundadores, germinó de esa idea de comunidad que tenían los canales IRC -anteriores incluso a los chats de Terra, que soy suenan casi decimonónicos aunque 'solo' hayan pasado veinte años-. “Trasladamos la filosofía de las agrupaciones vecinales de toda la vida a la esfera digital”, explica David, uno de los informáticos detrás de esta comunidad, en una entrevista a elDiario.es. Desde el principio se establecieron varias normas de convivencia, respeto, información y anti spam. “Estamos acostumbrados a unas redes sociales en las que todo vale, pero aquí hay una cultura muy saludable”, explica Rubén, otro de los fundadores.

A través de Telegram se han organizado diferentes bloques temáticos (política local, bares, movilidad, medio ambiente, eventos culturales, comercios, fútbol...) y por barrios. De esta manera, cada usuario puede consultar únicamente las comunidades que más le interesan. Hace poco han incorporado un boletín que, a través de IA, resume semanalmente el contenido del grupo de Telegram, porque a veces es imposible ponerse al día. Según sus cálculos hay unas 40 personas que 'trabajan' en cualquiera de todos sus proyectos.

Activar la participación juvenil

Al preguntar a Rubén y a David por los principales proyectos de Aldea Pucela, son muchos los ejemplos que afloran: el canal de fotos, el de 'Basura Cero', los eventos, 'Segunda vida'... “La gente joven no participa en sitios físicos para reuniones, se mueve en internet. Nosotros ponemos el espacio y la tecnología, pero no llegaríamos sin la gente”, suscribe David. Todo ello, a través de un software libre, de IA y de licencias Creative Commons que permiten a cualquier usuario con conocimientos técnicos replicar estas mismas ideas en sus propias ciudades.

El canal de fotos permite compartir imágenes de la ciudad de libre uso (con licencia CC). Aldea Pucela ha sumado más de mil imágenes, un volumen inimaginable incluso para el equipo de Wikimedia para una ciudad como Valladolid, explica Rubén. También quisieron facilitar el bienestar animal en la ciudad. En muchos casos hay información que se pierde porque está disgregada: adopciones, acogidas, avisos de 'perdido'... “Con 'Peluditos', hemos agrupado todos los anuncios que las protectoras publican en redes sociales”, detalla.

La rendición de cuentas

¿Otro elemento que subyace? La transparencia y rendición de cuentas, lo que conecta directamente con la Administración pública más cerca, el Ayuntamiento. Con ese propósito han nacido iniciativas como 'Basura Cero' o un único portal de información sobre los contratos públicos. “El Ayuntamiento debería tener sistemas para dar facilidades al ciudadano. 'Basura Cero' no existiría si todo funcionara”, opina Rubén. Cada usuario puede informar fácilmente y fotografiar incidencias para avisar a otros ciudadanos.

Relacionado con todo esto, se empezaron a preguntar por el coste de los contratos públicos. “La información existe y es pública, pero es muy compleja de consumir y de entender para el ciudadano medio. La Ley de Transparencia obliga a publicar los datos, pero no a que sean entendibles”, explica Rubén, que aboga porque los ciudadanos estén “equipados” para auditar a la Administración pública y exigir responsabilidades si corresponden.

Por ese motivo se planteó cómo simplificar y normalizar toda la información recogida desde varias bases de datos, con el objetivo de que más personas pudieran conocer cómo se destina el dinero público, detectar patrones de contratos que se adjudican al límite de lo establecido legalmente. Y todo, accesible desde el teléfono móvil, como una herramienta para los ciudadanos y los medios de comunicación. “Eso nos permitió ver los contratos de Herbalife”, explican en alusión al patrocinio de carreras nocturnas en Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca para promocionar la marca 'Valladolid Ciudad Deportiva' por 153.000 euros.

Rubén y David cifran el desarrollo de estas herramientas en “decenas de miles de euros anuales”. “Nosotros lo hemos hecho gratis y con un software aplicable a otras ciudades”, ensalza Rubén, que cree que el Ayuntamiento se podría “inspirar” para, por ejemplo, facilitar el servicio de quejas y sugerencias. “Sabemos que hay trabajadores públicos que se sirven de ello, pero no ha habido un reconocimiento público”, lamentan.

Fiestas de Valladolid

Con el arranque de las fiestas -y a falta de que muchos vecinos reciban el tradicional folleto impreso en sus domicilios-, Aldea Pucela se propuso digitalizar el programa de fiestas, desarrollar una app móvil y que, además, se pudieran incluir otras actividades culturales no oficiales, como tardeos, conciertos en bares o las cartas de las casetas gastronómicas. “El programa oficial cuenta con 400 actividades. El nuevo, con 600”, subraya David. Y todo, con la ayuda de más de un centenar de personas que han ido ofreciendo ideas o conocimiento sobre cómo optimizar la herramienta.

“No va de pensar todos igual”

Parte del éxito de esta comunidad, reconocen David y Rubén, se debe a un tercer hombre 'en la sombra': un vallisoletano que ha conseguido hacerse un hueco como referente en las redes sociales de la ciudad detrás de un perfil anónimo (Yustin), que suma casi 24.000 seguidores entre Instagram y X. “Yustin suele decir que él solo es un comercial. Pero sin su visibilidad, no habríamos llegado donde estamos”, zanja David.

“Aldea Pucela no va de pensar todos igual, ni de ser 'de unos' o 'de otros'. Va de Valladolid, de compartir cosas de la ciudad, de quejarse cuando toca, de recomendar planes, de mandar fotos, de debatir y de montar comunidad aunque cada uno venga de su padre y de su madre. Aquí hay gente muy diferente, con ideas muy diferentes y formas muy diferentes de ver Valladolid”, resume un mensaje dentro de la propia comunidad.

Aldea Pucela quiere servir como 'puente' generacional y tecnológico también de las asociaciones vecinales. “Somos una extensión digital que quiere conectar a las asociaciones vecinales con gente más joven”, considera Rubén, quien cree que no hay relevo en las asociaciones porque el “sentimiento de barrio” de los años 70 ya no existe, aunque sí pervive esa identidad vinculada al municipio y al alfoz.

Críticas del equipo de gobierno

Todos son conscientes de que, al no haber un beneficio económico vinculado al proyecto, hay quienes “especulan” sobre los intereses que tiene Aldea Pucela. Algunos miembros de la coalición (PP-Vox) han cuestionado que esta comunidad “no es amiga” del equipo de gobierno actual después de que ofrecieran una web alternativa para explicar los presupuestos participativos.

Rubén y David defienden que cualquier miembro de la comunidad sabe que no es una cuestión ideológica. “¿Es de izquierdas o de derechas querer conocer qué eventos hay en Valladolid, querer que las calles estén limpias y que los parques funcionen?”, se preguntan.

Esta comunidad ha empezado a dar el salto también al formato físico, con camisetas personalizadas y una única marca. La inmediatez e implicación de esta comunidad hace esperar que en estas fiestas se vea más de un pavo real 'aldeano' por las calles de la ciudad.

El PSOE ha denunciado que el alcalde de Laredo, Miguel González (PP), “acumula” requerimientos de la oposición municipal y de organismos e instituciones del Estado --entre ellos, uno reciente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno-- por negar información pública. “No es un episodio aislado, es un patrón permanente”, ha manifestado.

En un comunicado, los socialistas de Laredo han asegurado que la “opacidad” del Ayuntamiento se ha convertido “en un problema estructural”. Según han indicado, el reciente requerimiento al alcalde por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, reclamando documentación acreditativa de diversos expedientes administrativos solicitados y no facilitados a concejales de la oposición, ciudadanos y entidades sociales, “vuelve a evidenciar un incumplimiento reiterado y sostenido de las obligaciones legales en materia de transparencia municipal”.

Desde el PSOE han criticado que la Alcaldía y su equipo de gobierno “han convertido la transparencia en un trámite incómodo, en una concesión excepcional y no en la obligación legal que establece la normativa estatal y autonómica”.

El PSOE ha asegurado que la “respuesta habitual ante solicitudes de información es el silencio administrativo”, el cual --dice-- “se dilata, se ralentiza y se justifica con evasivas, sin atender los requerimientos escritos o verbalizados ante el Pleno municipal incluso, cuando estos proceden de organismos de la Administración General del Estado o de Altas Instituciones”.

“La callada por respuesta se ha transformado en un modus operandi que erosiona el control democrático y vulnera derechos esenciales de representantes públicos y de la ciudadanía”, ha alertado.

Ha insistido en que “en los despachos municipales se ha instalado una cultura del silencio; advertencias veladas, miradas que invitan a no insistir, gestos que sugieren que mejor no remover nada”.

Intervención y Tesorería

Ante esta situación, los socialistas se han preguntado “dónde están” los que tiene la “obligación legal de garantizar que el Ayuntamiento funcione conforme a derecho”.

“La Secretaría, la Intervención y la Tesorería municipal, en muchos casos ocupadas por funcionarios con habilitación nacional, no son figuras decorativas ni espectadores pasivos. Son garantes del funcionamiento jurídico, económico y financiero del Ayuntamiento. Su función no es acompañar la opacidad, sino impedirla. Su obligación no es adaptarse a la cultura del silencio sino hacerla imposible”, ha reclamado el PSOE.

Según ha señalado, son precisamente éstos quienes “deben asegurar que la documentación se facilita, que los expedientes se tramitan, que la publicidad activa se cumple y que el derecho de acceso se respeta sin excusas ni dilaciones”.

Un juzgado ha determinado que el Ayuntamiento de Badajoz deberá aclarar el destino del dinero asignado durante los últimos años a los grupos municipales y entregar la documentación al concejal no adscrito Carlos Pérez, que había reclamado esta información al consistorio.

El edil ha explicado este jueves que la resolución judicial pone fin, por ahora, a un proceso iniciado después de que solicitara al ayuntamiento que hiciera públicas las asignaciones económicas destinadas a los grupos municipales y la gestión de estos fondos. Ante la falta de respuesta, Pérez acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que terminó dándole la razón y respaldando su derecho a acceder a la información solicitada.

El concejal volvió entonces a reclamar la documentación al ayuntamiento, pero asegura que nuevamente se encontró “sin respuesta” por parte del equipo de gobierno local, por lo que decidió acudir a la vía contencioso-administrativa. Los tribunales han fallado ahora a su favor y han condenado además al Ayuntamiento de Badajoz al pago de 800 euros en costas.

El edil ha destacado que ha afrontado personalmente los gastos derivados del procedimiento judicial, al no disponer de aportación municipal alguna para sufragar este tipo de procesos. “El objetivo es aclarar el destino del dinero público, y si esta aportación se realiza bien, dentro de la labor que tiene una oposición de control del equipo de gobierno local, y de la responsabilidad de éste de rendir cuentas”, ha señalado Pérez.

El edil considera que conocer cómo se utilizan estas asignaciones forma parte de las obligaciones de transparencia y control de los grupos de la oposición sobre la gestión municipal.

Pérez también ha lamentado no haber contado, según ha afirmado, con el apoyo del PSOE en esta reclamación. En este sentido, ha reclamado a los socialistas que aprovechen el proceso de primarias que ahora comienza en la ciudad para decidir “si quieren apostar por la transparencia o ser la muleta del PP en este asunto”.

La crítica se produce en un momento en el que el PSOE de Badajoz afronta el proceso interno para elegir su liderazgo en la ciudad.

Una de las razones de su salida de Vox

El conflicto sobre las asignaciones a los grupos municipales fue, según ha explicado Pérez, una de las razones que contribuyeron a su salida de Vox. El concejal ha señalado que dejó la formación después de no encontrar respaldo a su reclamación para conocer el destino de estos fondos. Desde entonces ejerce como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz.

Pérez ha convertido la transparencia municipal en una de sus principales reivindicaciones y sostiene que el consistorio pacense se encuentra en los últimos puestos entre las capitales de provincia españolas en materia de transparencia.

Al mismo tiempo, ha cuestionado que Badajoz figure entre los ayuntamientos con mayores asignaciones económicas destinadas a los grupos municipales.

El edil considera que existe una contradicción entre el volumen de fondos públicos que reciben los grupos y la falta de información sobre su utilización, y reclama que el ayuntamiento facilite la documentación para poder comprobar el destino de estas cantidades.

La resolución judicial obliga ahora al consistorio a proporcionar la información reclamada por Pérez, después de que el concejal agotara previamente la vía de Transparencia antes de acudir a los tribunales.

Astrid Gil-Casares, propietaria del ático que la Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros, ha aceptado que se hagan públicos detalles de la operación, según ha adelantado este viernes El País y ha podido confirmar elDiario.es. Planifica Madrid, la empresa pública que gestionó la compra, alegó a través de Transparencia que no podía compartir el expediente u otra información relevante porque esta afectaba a “terceros” y estos tenían que dar el visto bueno. Ahora, después de que la vendedora haya dado el visto bueno por escrito, Transparencia ya podría ofrecer esta información.

La vendedora había firmado durante la operación un acuerdo de confidencialidad exigido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que alegó cuando la operación salió a la luz que el inmueble había sido adquirido para destinarlo a “reuniones” mientras durasen unas reformas en la sede de la Presidencia de la Comunidad de la Puerta del Sol.

Astrid Gil-Casares ofreció una entrevista a la revista Vanitatis el pasado 30 de julio, un día después de que se conociese la operación. En ella explicó que había firmado ese “acuerdo de confidencialidad”, que le impedía comentar “las circunstancias de la operación”. “En cualquier caso, desconozco por completo el destino que se pretendía dar a dicho inmueble”, añadió entonces.

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha sido una de las personas que solicitaron a Transparencia esos detalles de la compra del ático, así como el expediente del mismo. El 21 de agosto, Transparencia suspendió el trámite porque debía preguntar a “terceros interesados” si accedían a dar la información. Después, se reanudó el expediente, aunque se amplió en 20 días hábiles más, “debido al elevado número de solicitudes de contenido diverso recibidas en relación con esta materia”, según indicaron.

Tanto la Comunidad de Madrid como el PP aseguran que ya se han dado explicaciones suficientes, pero un mes más tarde de que se conociera el escándalo, todavía se desconocen incógnitas que rodean a la operación, como quién estaba presente durante la firma o por qué se eligió esa localización en la calle General Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, un inmueble situado a pocos metros de la casa familiar de Ayuso y donde ahora reside su madre. Tampoco se tiene información del expediente de compra o de por qué se exigió confidencialidad a la vendedora en una operación de una empresa pública que, como indicaron tanto Ayuso como su consejero Miguel Ángel García Martín, se dedicaba “todo el año” a la compra y venta de inmuebles.

El Grupo Municipal Socialista de Villarejo de Fuentes ha denunciado que el alcalde Juan Carlos Romero Garrote lleva “más de seis meses sin convocar el Pleno ordinario” que debe celebrar el ayuntamiento, incumpliendo en dos ocasiones la obligación legal recogida en el artículo 46 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que fija la periodicidad mínima con la que deben celebrarse estas sesiones.

Según los socialistas, la última sesión ordinaria se remonta al mes de enero, sin que desde entonces se haya vuelto a convocar el Pleno “pese al tiempo transcurrido”.

Antonio Torres, portavoz del Grupo Municipal Socialista cree que “el que nada debe, nada teme”, asegura el portavoz socialista Antonio Torres, quien cree que esta actitud “solo genera más dudas sobre lo que se está ocultando a los vecinos. Exigimos que se cumpla la ley y que se convoque el Pleno lo más pronto posible”.

Al edil socialista no le vale, advierte, el argumento de la falta de secretario municipal, “ya que el Ayuntamiento ha contado con este puesto cubierto en todo momento”.

“Falta de información y reclamaciones sin respuesta”

A la paralización de los plenos se suma, según la oposición, “una falta reiterada de transparencia por parte del equipo de gobierno”. El Grupo Socialista ha solicitado por escrito en varias ocasiones el acceso al padrón de aguas, sin haber obtenido fecha para su consulta, pese a que la ley reconoce el derecho de la oposición a examinar la documentación municipal.

El edil asegura que sí que se ha recibido respuesta del alcalde confirmando que se lo enseñará porque “tiene buena fe”.

A ello se añade la situación del nuevo pozo de agua, ejecutado y financiado por la Diputación de Cuenca hace más de un año, “que continúa sin estar conectado a la red y operativo”.

Los socialistas también recogen un número creciente de reclamaciones vecinales por los recibos e importes de la tasa del agua, “que hasta el momento no habrían recibido respuesta por parte del Ayuntamiento”.

El concejal socialista asegura que estas cuestiones “afectan directamente al derecho de los vecinos a saber cómo se gestionan los asuntos y los recursos de nuestro pueblo y sus propios intereses. Vamos a seguir reclamando su resolución, tanto dentro como fuera del Pleno”, ha zanjado.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha rechazado la denuncia presentada por el colectivo ecologista Turcón por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y administración desleal en el Gobierno de Canarias por no cobrar multas medioambientales valoradas en 14,8 millones de euros.

El Ministerio Público, en un decreto firmado a mediados de abril de este año, ha archivado la denuncia sobre el “mal funcionamiento” de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), el órgano encargado de proteger el medio ambiente del Archipiélago y de sancionar las infracciones contra el territorio, por tratarse de una acusación “genérica” que, además, excede sus funciones.

La Fiscalía explica que “no es un órgano fiscalizador de ningún otro órgano”, salvo que su funcionamiento constituya en sí mismo un “hecho constitutivo de infracción penal”. Aclara que todo lo relacionado con la actividad contable de una institución (como las partidas presupuestarias, las sanciones que no se cobran o las medidas que no se ejecutan), cuando se denuncia de manera “genérica”, corresponde a una actuación de auditoría reservada que no le compete. Y añade que hacerlo constituiría una “investigación prospectiva” no amparada por el marco legal.

El Ministerio Público matiza en el decreto que todo cambiaría si se denunciara una “inactividad concreta” de la ACPMN o de otro organismo público, supuesto en el que sí podría valorar si se ha cometido un delito. Sin embargo, en este caso, “visto los amplios términos en que se expresa la denuncia, no es posible apreciar la existencia de un genérico dolo existente en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural encaminado a dejar, de forma voluntaria y consciente, de cumplir sus funciones, causando de manera deliberada un quebranto al patrimonio público”.

La cifra de las multas sin cobrar a las que se refiere la denuncia de Turcón fue revelada en un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El órgano encargado de fiscalizar la gestión económica del sector público canario señaló en ese documento que existen “múltiples deficiencias en el procedimiento recaudatorio” de la ACPMN que dejan entrever “elementos indiciarios de que se está ocasionando un perjuicio al erario público”.

Casi la mitad del importe de las sanciones, 6,6 millones de euros, procede de ejercicios anteriores a 2018. Pero la pasividad se repite año tras año: 1,1 millones en 2021; 2,8 millones en 2022; y 3,8 millones en 2023. La Intervención General de la Comunidad Autónoma remarca que se trata de “una falta de seguimiento del proceso recaudatorio”.

Las infracciones medioambientales “muy graves” en las Islas caducan a los tres años de adquirir firmeza administrativa. Las “graves” y las “leves”, a los dos y uno, respectivamente. Así que es más que probable que una buena parte de las sanciones pendientes de cobro ya haya prescrito.

Poco después de conocerse el informe de la Audiencia de Cuentas, la ACPMN, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dirigida por Manuel Miranda (Coalición Canaria), anunció en la Cadena SER un “plan de choque” para cobrar las multas, con un “refuerzo del servicio” y un programa de actuaciones previsto para seis meses, dijo la directora de la ACPMN, Montserrat Ortega.

En agosto, siete meses después de aquellas palabras, la Agencia asegura estar “formando” ahora a una persona para que se centre “exclusivamente” en esta labor desde septiembre, así como al nuevo jefe de servicio cuando se incorpore. Fuentes del organismo detallan que ese aprendizaje “tiene que ver con el manejo de los programas contables para incorporar los datos de los expedientes, analizar su estado e impulsarlos”.

Esto último parecía imposible hasta hace apenas unos meses. La ACPMN llegó a reconocer a Canarias Ahora, a raíz de una solicitud amparada por la Ley de Transparencia que pedía conocer los nombres de las empresas sancionadas, que identificar a esas compañías supondría una carga de trabajo tan extraordinaria que directamente paralizaría su actividad.

La Agencia se escudó en que cuenta con un programa informático obsoleto que no ha digitalizado los listados de los procedimientos sancionadores y que tendría que realizar un “análisis administrativo expediente a expediente” (destacó que eran “miles”) a partir de la documentación física, lo que el órgano llama el “legajo correspondiente”.

Por otro lado, fuentes de la ACPMN defienden que ya existe un informe jurídico favorable que permite al órgano firmar un convenio con la Agencia Tributaria para que esta se encargue de la gestión recaudatoria. Aunque habrá que esperar a enero de 2027 para impulsarlo de manera definitiva.

Esas mismas fuentes añaden que los procedimientos sancionadores en fase voluntaria de pago ya han sido incorporados al sistema, mientras que los que se encuentran en “vía ejecutiva” están siendo enviados a la Agencia Tributaria “en situación de apremio”. Hasta ahora, aseguran, se han remitido multas por valor de dos millones de euros.

La compañía de transporte interurbano Global ha recibido el Premio de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias 2024, un reconocimiento que distingue a las entidades que han alcanzado los mayores niveles de cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información que otorga el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.

Según detalla la sociedad en una nota, Global alcanzó la máxima puntuación 10 sobre 10 en el Índice de Transparencia (ITCanarias) 2024, “un dato muy por encima” de la media de las entidades perceptoras de grandes subvenciones en Canarias que se sitúa en 7,47 puntos.

Para el director general de Global, Víctor Quintana, la transparencia forma parte de la filosofía empresarial de la compañía y manifiesta la responsabilidad social de las organizaciones que gestionan fondos públicos y que “deben ofrecer información veraz y accesible” a la ciudadanía.

Asimismo, Quintana explicó que en las tres últimas evaluaciones la compañía ha venido mejorando la auditoría año a año, alcanzando un 8.79 puntos en 2021, y un 9,2 en el bienio 2022/2023 hasta lograr el 10 en 2024, una edición que amplía por primera vez su alcance a partidos políticos con representación parlamentaria, sindicatos y organizaciones empresariales, lo que para el director general supone “un paso relevante” en la extensión de la transparencia a todos los ámbitos de interés público.

La compañía indica que de un total de 784 entidades que presentaron su declaración, 756 cumplieron con sus obligaciones de transparencia (70,9 %), lo que supone una ligera mejoría respecto a la evaluación anterior, en la que participó un 70 %. Por su parte, en este primer ejercicio, el 76 % de las patronales (16 de 21), el 86 % de los sindicatos (6 de 7) y el 86 % de los partidos políticos (6 de 7) participaron en la evaluación.

El Índice de Transparencia de Canarias (en esta categoría alcanza una nota media global de 7,47, frente al 6,15 de la evaluación anterior, lo que consolida la tendencia positiva registrada en los últimos años.

Gobal recuerda que la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, obliga a todo el sector público, y también a las entidades privadas que hayan percibido subvenciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias por un importe superior a 60.000 euros, o bien de varias administraciones públicas canarias, que en conjunto superen los 100.000 euros.

Para cumplir con la norma se debe crear un portal de transparencia y publicar 16 capítulos de información relacionadas con la organización, administradores y directivos, servicios y procedimientos, económico financiero, contratos, convenios y encomiendas de gestión y ayudas y subvenciones.