El Ayuntamiento de Sevilla es uno de los 104 ayuntamientos que no cumplen con su deber legal de responder a las solicitudes de información pública en plazo y forma, según se desprende del segundo estudio elaborado por la Asociación de Transparencia para la Ciudadanía (ATC), a través de su Observatorio Provincial.

El informe, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, dedica un bloque al modo de actuación del Ayuntamiento de la capital, del que dice que “es una expresión a mayor escala de las dinámicas observadas en el conjunto de los municipios analizados”. Según la información proporcionada por el propio Ayuntamiento al ATC, fueron 129 las solicitudes de acceso a la información en 2024, de las que 84 (65%) fueron finalizadas por silencio administrativo. Además, durante un periodo de aproximadamente tres meses, el servicio funcionó con una única persona efectiva asignada y el Ayuntamiento reconoce expresamente que algunas respuestas fueron extemporáneas.

Las localidades de Albaida del Aljarafe y Lora del Río son las únicas localidades que cumplen con el plazo legal de 30 días para responder y dan una resolución administrativa formal, amparando así al ciudadano. Esta última normativa solo es cumplimentada por nueve ayuntamientos ya que, a los dos citados anteriormente, se les suma Almadén de la Plata, Las Cabezas de San Juan, Camas, Lebrija, El Palmar de Troya, San Juan de Aznalfarache y Santiponce. Pese a que la localidad palmareña no lo cumple, el ATC lo incluye en su informe, ya que se trata “de un caso límite”, según aclara Manuel Barrera, portavoz de la Asociación Transparencia para la Ciudadanía.

Es de recordar el primer informe del Observatorio Provincial de Transparencia de Sevilla, de enero de 2026, en el que hubo una llamada de atención porque el 85,85% de los ayuntamientos (91 entidades) no emitieron respuesta alguna a las solicitudes presentadas, frente al 14,15% (15 consistorios) que sí respondió. 

Este segundo informe, que recoge los datos hasta el mes de febrero (mes inclusive), presenta el seguimiento individualizado de los 106 expedientes de acceso a la información pública iniciados en septiembre de 2025, dirigidos a los 106 ayuntamientos de la provincia de Sevilla. Mientras el primero documentó el volumen de incumplimiento, el segundo, analiza las causas que lo provocan. 

Problemas conocidos, al igual que las soluciones

En general, en los municipios de Sevilla el modus operandi consiste en un silencio inicial, una activación tras la intervención del Consejo de Transparencia y una respuesta fuera de plazo, que incluye datos cuantitativos relevantes, identifica el órgano emisor y está firmada por un responsable administrativo. Además, hay una ausencia de resolución formal, por lo que no constituye una resolución administrativa en sentido jurídico.

El patrón que se observa no responde a fallos puntuales ni a escasez de recursos, sino a una dejadez en las funciones. El sistema municipal de transparencia en la provincia funciona principalmente bajo presión externa, con la intervención del Consejo de Transparencia, y no de forma autónoma. Esto indica un problema organizativo, no normativo: las funciones de transparencia no están formalmente asignadas, el personal no cuenta con formación específica, los servicios externalizados operan sin supervisión adecuada y no existen mecanismos internos de seguimiento de solicitudes.

Este segundo informe no tiene carácter sancionador ni de denuncia. Su función es producir una evidencia verificable que permita a las instituciones tomar decisiones informadas. “Este segundo informe responde a una pregunta que el primero dejó abierta: no solo cuántos ayuntamientos incumplen, sino por qué ocurre y qué tendría que cambiar. Eso es lo que el Observatorio intenta aportar, evidencia que permita actuar, no solo medir”, aclara Barrera. 

Para ello, propone cuatro medidas concretas: asignación formal de funciones de transparencia en la relación de puestos de trabajo de cada ayuntamiento, formación específica y periódica del personal responsable, con apoyo de la Diputación Provincial, estandarización del registro interno de solicitudes de acceso a la información y el establecimiento de mecanismos de supervisión sobre los servicios externalizados que gestionan portales de transparencia.

Se llama Gerard Giménez Adsuar, es ingeniero de inteligencia artificial y analista de datos y acaba de lanzar dos webs que permiten a cualquier usuario consultar todos los contratos públicos de las administraciones catalanas y todas las subvenciones concedidas durante los últimos años. “Toda la información proviene de bases de datos oficiales y abiertas, lo único que he hecho es ponerlas a disposición de quien quiera consultarlas”, resume, quitando hierro a lo que se ha convertido en un verdadero fenómeno en las últimas semanas.

Contractes.cat y subvencions.cat son las dos webs desde las que se pueden buscar con precisión entre el conjunto de contratos públicos y subvenciones que se han formalizado desde todas las administraciones catalanas, lo que incluye Generalitat, ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas. Al menos en teoría, porque una incidencia técnica, que según el Govern está en vías de solucionar, ha desconectado de la plataforma desde el martes pasado los datos de subvenciones de los entes locales.

Toda la información que incluyen estos portales estaba ya disponible en los archivos del Govern, pero nunca nadie había hecho que fuese tan sencillo navegar entre la maraña de números. “Yo solo he hecho fácil el acceso a unos datos que ya eran públicos y que de hecho la administración tiene la obligación legal de publicar”, asegura este experto en datos nacido en Caldes de Montbui (Barcelona) hace 32 años.

De hecho, el proyecto se inició mucho tiempo atrás, cuando el analista comenzó a mirar en los archivos que el Govern ponía a disposición pública. “Encontré que el portal de contratación oficial no daba posibilidades de seguir hacia dónde iba el dinero público, ni de comparar o tener una visión histórica… así que se me ocurrió hacerlo más accesible”, indica. “Ojalá el propio Govern hubiera hecho una web así que pueda entender cualquiera”, añade.

Lo que ha hecho este analista de datos en sus dos webs es introducir las bases de datos que el Govern pone a disposición pública, pero con un buscador muy potente en el que aparece todo escribiendo simplemente el nombre de una entidad que otorga, una empresa o particular que recibe, o incluso el concepto del contrato o la subvención. Con 20 millones de subvenciones y 1,7 millones de contratos accesibles a un clic, los portales resultan muy atractivos.

Pero, además, Giménez fue un paso más allá y añadió una funcionalidad que convierte a estas webs en una herramienta mucho más potente: cruzó las bases de datos públicas con los nombres propios vinculados a empresas y organismos que figura en el registro mercantil.

Todo es conforme a la legalidad, porque todos son registros públicos. Pero el resultado es algo que no se había visto nunca, al menos en la contratación y subvenciones de la Generalitat: uno puede introducir un nombre propio y el sistema le devuelve todos los contratos que sus empresas han recibido de organismos públicos, ordenadas por conceptos, fechas y administración otorgante.

“No me gusta que se utilice para atacar a ningún colectivo”

Giménez había hecho un primer prototipo de sus webs hace ya cuatro años, pero había dejado el proyecto sin continuidad. Sin embargo, hace unos meses lo retomó. “Ahora hay herramientas que permiten construir este tipo de webs sin demasiado esfuerzo, algo importante porque yo tengo un trabajo al que tengo que atender”, explica Gerard, que es autónomo y se dedica a cuestiones relacionadas con datos e inteligencia artificial.

La página de contractes.cat se acabó publicando el 8 de febrero, aun sin conectarla con la parte de datos del registro de la propiedad, que implementó dos semanas después. Además de la información sobre contratos en crudo, la herramienta incluía también estadísticas, ránkings y diferente información útil. Pocos días más tarde, lanzó también subvencions.cat, en este caso con un formato más sencillo.

Desde ese momento las páginas han registrado miles de visitas. “Hemos llegado a tener 5.000 usuarios en un día. Puede parecer poco, pero ten en cuenta que esto lo estoy difundiendo yo solo, a mí me parecen muchísimas”, observa. Su trabajo se convirtió rápidamente en uno de los temas de conversación en redes y, el pasado martes, el diputado del PP Alejandro Fernández lo citó en el Parlament durante una pregunta formulada a Salvador Illa.

“Es curioso el tipo de cosas que busca la gente”, reflexiona Gerard. “Lo que llama más la atención son las subvenciones, pero también se busca mucho el propio ayuntamiento, sectores concretos… y después hay cosas sorprendentes. Yo no me esperaba que interesasen tanto los contratos y ayudas con el sector de los castellers, pero aparece todo el rato como una de las cosas más buscadas”, indica.

Este éxito ha ido en paralelo a que algunas cuentas en redes hayan utilizado la información accesible para cargar contra subvenciones recibidas por entidades relacionadas con la inmigración, con el colectivo LGTBI o con colectivos feministas. Algunos de los mensajes iban acompañados de apreciaciones racistas o insultantes.

“Vi a gente, sobre todo relacionada con Aliança Catalana, diciendo cosas sobre ayudas con el nombre de 'Mohamed' que no me gustaron. Lo mismo cuando se usa para atacar iniciativas LGTBIQ+. No me gusta nada que esto se utilice para atacar a ningún colectivo”, explica Gerard.

De hecho, durante algunos días el fenómeno tomó un vuelo que llego a hacer que el propio autor de la web escribiera un mensaje en el que decía: “Me gustaría que subvencions.cat no se utilizara para atacar a ningún colectivo. ¿Dónde ha quedado juzgar a las personas por el contenido de su carácter y no por el color de su piel, que decía Martin Luther King. En todo caso, el énfasis debe ponerse en los políticos para que no cometan irregularidades a la hora de dar subvenciones. Señalar a un grupo étnico simplemente para recibirlo es muy pobre de espíritu”.

Dudas en los cambios de los datos por parte del Govern

Cuando las webs estaban en la cresta de la ola, algo ocurrió con la base de datos pública que alimentaba la web de subvencions.cat, la web que estaba siendo más visitada.

“El martes por la tarde, el buscador no funcionaba. Algunos usuarios me alertaron. Miramos si era un problema nuestro, pero luego comprobamos que nos habían cerrado el acceso. Primero pensé que quizás era algo automático por habernos pasado de peticiones, pero después vi que no era eso, sino que simplemente la base de datos había quedado cerrada para todo el mundo”, explica.

En conversación con este diario, Gerard descartaba ninguna mala praxis y atribuía la desconexión de los datos a alguna cuestión de carácter técnico. Mientras la web estuvo sin servicio, la conectó a otro repositorio, también público, y que ofrecía unos datos con diferencias mínimas.

Sin embargo, el jueves por la mañana, los datos oficiales de subvenciones volvieron a estar operativos. “Tenemos identificado que han quitado la información sobre algunos organismos. En peso económico, yo diría que han quitado sobre un 10%”, afirma el autor de las webs.

Según han podido observar, el Govern habría sacado de la recopilación pública lo referente, sobre todo, a las subvenciones otorgadas por las entidades locales, es decir, diputaciones y ayuntamientos. “Desconozco si había datos que no debían ser públicos o lo han quitado por otras razones”, asegura Giménez.

Desde el Departamento de Economía, responsables del archivo de datos, explican que lo que ha ocurrido es una incidencia técnica que están en vías de resolver lo antes posible. Además, indican, mientras dura este problema que afecta a los datos sobre subvenciones de los entes locales, toda la información puede sacarse de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, dependiente del Gobierno central, donde esa información sigue disponible.

Este miércoles ha entrado en funcionamiento un canal para denunciar infracciones normativas o hechos relacionados con la lucha contra la corrupción.

Llamado Canal Externo de Información, está impulsado por el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla La Mancha y está pensado para cualquier persona física que, en el ejercicio de su actividad laboral o profesional en el sector público o privado, haya obtenido información sobre infracciones normativas o hechos relacionados con la lucha contra la corrupción.

La información podrá presentarse directamente al Canal Externo o habiendo utilizado previamente un canal interno y el informante no adquirirá la condición de interesado, sino la de colaborador con la Administración.

¿Cómo usarlo?

Las comunicaciones al Canal Externo pueden realizarse a través de las siguientes vías:

El Consejo también ha anunciado que adoptará las medidas de protección previstas en la normativa aplicable en defensa de la identidad y la integridad del informante. Asimismo, fomentará la cultura de la información y colaborará, en el marco de sus competencias, con otras autoridades y organismos competentes.

El presidente del Consejo, Fernando Muñoz, ha destacado “la celeridad con la que se ha activado el canal” si se tiene en cuenta que el reglamento que faculta al Consejo para asumir estas funciones se publicó en diciembre pasado, tras su debate y aprobación en las Cortes de Castilla La Mancha en noviembre de 2025, al tiempo que ha valorado como “de nuevo, Castilla-La Mancha, cumple en materia de Transparencia y Buen Gobierno”.

El sentit comú ens pot portar a imaginar els corredors dels diferents òrgans públics de decisió com a espais en què predominen els perfils que han mantingut una trajectòria professional dedicada (quasi) en exclusiva als assumptes polítics. No obstant això, la radiografia professional dels alts càrrecs del Consell revela una arquitectura institucional dissenyada sota la lògica de supervivència i de minimització de riscos. En poques paraules, quan es tracta dels serveis públics essencials, el Govern autonòmic tendeix a tindre poques ganes d’experimentar i prefereix delegar la presa de decisions a les persones que tenen experiència en el sector que administren.

L’anàlisi de les trajectòries professionals dels 156 alts càrrecs en els dos anys previs al seu nomenament demostra que els perfils tecnocràtics i/o funcionarials són els que més abunden. Segons una anàlisi elaborada per elDiario.es sobre les dades del portal de transparència GVAOberta, prop del 45% de la cúpula governamental del president Juanfran Pérez Llorca prové directament del sector públic, encara que la proporció podria variar lleugerament, i fins i tot superar el 50%, atés que un 11,5% dels alts càrrecs presenten perfils mixtos, mentre que un 5,8% encara no han publicat els registres de les seues activitats professionals. No obstant això, aquest patró de reclutament, aparentment esbiaixat en favor dels perfils tècnics, no es distribueix de manera uniforme, sinó que és evident, sobretot, en els casos de quatre conselleries: de Sanitat; d’Educació, Cultura i Universitats; de Justícia, Transparència i Participació; així com la d’Emergències i Interior.

Les xifres són contundents: en la Conselleria de Sanitat, 11 dels 13 alts càrrecs (84,6%) són funcionaris; en Educació, Cultura i Universitats, la proporció arriba a 13 de 17 (76,5%); en el cas de Justícia, Transparència i Participació, 6 dels 8 alts comandaments (75,0%) pertanyen al sector públic; finalment, en Emergències i Interior, 5 de 8 perfils (62,5%) tenen aquest mateix origen.

El gràfic que figura a continuació il·lustra com és la composició interna dels recursos humans de cada conselleria, evidenciant diferències molt clares. D’una banda, les quatre conselleries esmentades anteriorment, a més, tenen una presència nul·la o quasi nul·la dels perfils procedents del sector privat. Per contra, en la Conselleria de Presidència predominen persones que anteriorment treballaven en el sector privat (40,7%), i deixen el funcionariat en un segon pla (29,6%).

On estan llavors els “polítics purs”?

Si els tècnics són els que es concentren en la gestió dels serveis bàsics, la pregunta és evident: qui fa la política? Les dades revelen que els perfils purament polítics —els dedicats quasi al cent per cent a la vida de partit o a càrrecs electes— representen a penes el 17,3% del total del Govern.

Encara que els perfils polítics professionals estan presents en quasi totes les conselleries, tenen més presència en la Vicepresidència Primera (Conselleria d’Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat), en què suposen un 31,3% del total de càrrecs assignats, la Conselleria de Serveis Socials, Família i Infància (40%) i la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca (37,5%). De fet, a més, la primera i l’última són les conselleries amb la presència més baixa de perfils funcionarials (12,5% i 10%). 

Francament, ens resulta complicat explicar per què les dues últimes conselleries estan, en cert grau, polititzades. No obstant això, en el cas de la Vicepresidència Primera, parlem d’un òrgan molt exposat al públic i encarregat de la coordinació del gabinet i de l’acció política transversal. Llavors, per a fer front al desgast polític resultant del mateix fet de governar, podria semblar més raonable optar per uns perfils més polítics que tècnics, atés que els primers solen estar més acostumats a les compareixences públiques i la rendició de comptes davant les Corts.

Entre els perfils purament polítics, es pot destacar Susana Camarero: va ser diputada, tant en les Corts com en el Congrés, senadora, secretària d’Estat de Serveis Socials i Igualtat i, ara, deté la Vicepresidència Primera i és consellera d’Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat.

I què hi ha dels perfils procedents del sector privat?

El cas de la Conselleria de Presidència és el més cridaner. A més de ser un dels motors polítics del Govern, és la gran porta d’entrada per a les persones professionals del sector privat, ja que més del 40% dels seus alts càrrecs (11 de 27) procedeixen directament d’empreses (tant grans com pimes) o despatxos d’advocats.

L’executiu fitxa talent en el mercat per a agilitar la gestió i sortejar els embossos burocràtics. El mateix titular de la cartera esmentada, José Luis Díez Climent, segons el currículum publicat, és un bon exemple de què parlem: un advocat que va treballar en les oficines d’Andersen, una gran consultora internacional, i Grupo Pavasal, una empresa dedicada a la construcció i la conservació d’infraestructures civils, industrials i logístiques. Un altre exemple és el director general d’Infraestructures Educatives, José María Larena Berrocal, que va treballar quasi 20 anys en el BBVA, exercint les funcions de director d’Oficines de Banca Comercial i ocupant-se de la gestió de pimes, empreses i banca personal.

En definitiva, sembla que el Govern actual de la Generalitat opta per un repartiment de tasques pragmàtic, tot i que també és cert que continua havent-hi casos en què una persona és l’encarregada de dirigir un sector poc relacionat amb la seua activitat professional prèvia. Aquests són els casos de Beatriz Simón Castellets, l’actual directora general de Dependència i de les Persones Majors, que va ser gerent en el sector tèxtil en els dos anys previs al seu nomenament, o José María Larena Berrocal, a qui acabem d’esmentar, indicant que va treballar prop de 20 anys en el BBVA; hi ha altres casos similars, que es poden examinar consultat la informació publicada en el portal GVA Oberta.

El sentido común nos puede llevar a imaginar los pasillos de los distintos órganos públicos de decisión como espacios en los que predominan los perfiles que han mantenido una trayectoria profesional dedicada (casi) en exclusiva a los asuntos políticos. No obstante, la radiografía profesional de los altos cargos del Consell revela una arquitectura institucional diseñada bajo la lógica de supervivencia y de minimización de riesgos. En pocas palabras, cuando se trata de los servicios públicos esenciales, el Gobierno autonómico tiende a tener pocas ganas de experimentar y prefiere delegar la toma de decisiones a las personas que tienen experiencia en el sector que administran.

El análisis de las trayectorias profesionales de los 156 altos cargos en los dos años previos a su nombramiento demuestra que los perfiles tecnocráticos y/o funcionariales son los que más abundan. Según un análisis elaborado por elDiario.es sobre los datos del portal de trasparencia GVAOberta, cerca del 45% de la cúpula gubernamental del presidente Juanfran Pérez Llorca proviene directamente del sector público, aunque la proporción podría variar ligeramente, incluso superando el 50%, dado que un 11,5% de los altos cargos presentan perfiles mixtos, mientras que otros 5,8% todavía no han publicado los registros de sus actividades profesionales. Sin embargo, este patrón de reclutamiento, aparentemente sesgado en favor de los perfiles técnicos, no se distribuye de manera uniforme, sino que es evidente, sobre todo, en los casos de cuatro Consellerias: de Sanidad; de Educación, Cultura y Universidades; de Justicia, Transparencia y Participación; así como la de Emergencias e Interior.

Las cifras son contundentes: en la Conselleria de Sanidad, 11 de sus 13 altos cargos (84,6%) son funcionarios; en Educación, Cultura y Universidades, la proporción alcanza a 13 de 17 (76,5%); en el caso de Justicia, Transparencia y Participación, 6 de sus 8 altos mandos (75,0%) pertenecen al sector público; por último, en Emergencias e Interior, 5 de 8 perfiles (62,5%) tienen este mismo origen.

El gráfico que aparece a continuación ilustra cómo es la composición interna de los recursos humanos de cada Conselleria, evidenciando diferencias muy claras. Por un lado, las cuatro Consellerias anteriormente citadas, además, cuentan con una presencia nula o casi nula de los perfiles procedentes del sector privado. Por el contrario, en la Conselleria de Presidencia predominan personas que anteriormente trabajaban en el sector privado (40,7 %), dejando al funcionariado en un segundo plano (29,6%).

¿Dónde están entonces los “políticos puros”?

Si los técnicos son los que se concentran en la gestión de los servicios básicos, la pregunta es evidente: ¿quién hace la política? Los datos revelan que los perfiles puramente políticos —aquellos dedicados casi al cien por cien a la vida de partido o a cargos electos— representan apenas el 17,3 % del total del Gobierno.

Aunque los perfiles políticos profesionales están presentes en casi todas las Consellerias, cuentan con una mayor presencia en la Vicepresidencia Primera (Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad), suponiendo un 31,3% del total de cargos asignados, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia (40%) y la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca (37,5%). De hecho, además, la primera y la última son las Consellerias con la menor presencia de perfiles funcionariales (12,5% y 10%). 

Francamente, nos resulta complicado explicar por qué las dos últimas Consellerias están, en cierto grado, politizadas. No obstante, en el caso de la Vicepresidencia Primera, hablamos de un órgano muy expuesto al público y encargado de la coordinación del gabinete y de la acción política transversal. Entonces, para hacer frente al desgaste político resultante del mismo hecho de gobernar, podría parecer más razonable optar por unos perfiles más políticos que técnicos, dado que los primeros suelen estar más acostumbrados a las comparecencias públicas y la rendición de cuentas frente a Les Corts.

Entre los perfiles puramente políticos, se puede destacar a Susana Camarero: fue diputada, tanto en Les Corts como en el Congreso, senadora, Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y, ahora, ostenta la Vicepresidencia Primera y es Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

¿Y qué hay de los perfiles procedentes del sector privado?

El caso de la Conselleria de Presidencia es el más llamativo. Además de ser uno de los motores políticos del Gobierno, es la gran puerta de entrada para las y los profesionales del sector privado, ya que más del 40 % de sus altos cargos (11 de 27) proceden directamente de empresas (tanto grandes como PYMEs) o despachos de abogados.

El Ejecutivo ficha talento en el mercado para agilizar la gestión y sortear los atascos burocráticos. El propio titular de la cartera mencionada, José Luis Díez Climent, según el currículum publicado, es un buen ejemplo de lo que estamos hablando: un abogado que trabajó en las oficinas de Andersen, una gran consultora internacional, y Grupo PAVASAL, una empresa dedicada a la construcción y conservación de infraestructuras civiles, industriales y logísticas. Otro ejemplo es el Director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena Berrocal, quien trabajó casi 20 años en BBVA, desempeñando las funciones de Director de Oficinas de Banca Comercial y ocupándose de la gestión de PYMEs, Empresas y Banca Personal.

En definitiva, parece que el gobierno actual de la Generalitat opta por un reparto de tareas pragmático, aunque también es cierto que sigue habiendo casos en los que una persona es la encargada de dirigir un sector poco relacionado con su actividad profesional previa. Estos son los casos de Beatriz Simón Castellets, la actual Directora general de Dependencia y de las Personas Mayores, quien fue gerente en el sector textil en los dos años previos a su nombramiento; o José María Larena Berrocal, a quien acabamos de mencionar, indicando que trabajó cerca de 20 años en BBVA; existen otros casos similares, que se pueden examinar consultado la información publicada en el portal GVA Oberta.

Una oficina d’atenció al ciutadà de la Generalitat Valenciana ‘ressuscita’ la figura política de l’expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana malgrat la seua condemna a presó. L’edifici, una de les seus del PROP, que se situa al carrer de Gregori Gea de València, mostra una placa commemorativa de la inauguració del centre a càrrec de l’exdirigent popular, condemnat per corrupció, que estava en el despatx d’un responsable del centre.

La secció quarta de l’Audiència Provincial de València va condemnar a 10 anys i cinc mesos de presó l’exministre del PP i expresident autonòmic com a autor dels delictes de blanqueig de capitals, suborn, falsedat en document mercantil, amb una inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant 17 anys i 10 mesos (pels delictes de prevaricació administrativa i suborn) i una multa de 25 milions d’euros. L’expresident va recórrer contra la sentència al Tribunal Suprem i està en llibertat; no entrarà a la presó fins que la sentència siga ferma i no s’observa risc de fugida.

El cartell que torna a mostrar-se en el PROP i que ha causat indignació en els treballadors data del 1996, quan el president llavors, amb el títol de Molt Honorable, va destapar la placa. Al final dels noranta i el començament del segle següent eren molt freqüents els actes de col·locació de primera pedra o inauguració d’espais, una forma de propaganda política que va limitar el Govern del Pacte del Botànic amb un codi de bones pràctiques en la seua primera legislatura, a partir del 2015. L’aliança d’esquerres va limitar aquests actes a través del Codi de bon govern (aprovat el 2016) i la Llei de publicitat institucional (maig del 2018). L’objectiu de la normativa, que continua en vigor, és impregnar tota l’acció de l’executiu d’“una ètica pública positiva”.

En la mateixa norma es prohibeixen condecoracions a condemnats per sentència ferma i es demana als poders públics uns compromisos ètics. En concret, l’article 22, diu: “Les persones subjectes a aquest Codi garantiran que els reconeixements honorífics o commemoratius que depenguen de les seues organitzacions o administracions recaiguen en persones d’un compromís públic rellevant. Igualment, retiraran els reconeixements atorgats a persones que siguen condemnades penalment per sentència ferma”.

Després de la condemna, la coalició Compromís per València va exigir a l’alcaldessa, María José Catalá, la retirada en els edificis públics de les plaques honorífiques a l’expresident, i el PSPV va demanar una reprovació en les Corts Valencianes. En tots dos casos, el PP, amb majoria en el consistori i en l’hemicicle, va rebutjar retirar els honors, emparant-se en el fet que la sentència no és ferma. És el mateix argument esgrimit pel responsable de l’oficina que ha tornat a exhibir la placa, segons denuncien els empleats. A falta d’una sentència del Tribunal Suprem, que pot tardar anys, Eduardo Zaplana continuarà sent Molt Honorable. I l’oficina pública ho acreditarà.

Una oficina de atención al ciudadano de la Generalitat Valenciana 'resucita' la figura política del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana pese a su condena a prisión. El edificio, una de las sedes del 'PROP', que se encuentra en la calle Gregorio Gea de València, muestra una placa conmemorativa de la inauguración del centro a cargo del exdirigente popular, condenado por corrupción, que se encontraba en el despacho de un responsable del centro.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de València condenó a 10 años y cinco meses de prisión al exministro del PP y expresidente autonómico como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil, con una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 17 años y 10 meses (por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho) y una multa de 25 millones de euros. El expresidente recurrió la sentencia al Tribunal Supremo y se encuentra en libertad; no entrará en prisión hasta que la sentencia sea firme y no se aprecia riesgo de fuga.

El cartel que vuelve a mostrarse en el PROP y que ha causado indignación en los trabajadores data de 1996, cuando el entonces presidente, con el título de Molt Honorable, destapó la placa. A finales de los noventa y principios del siglo siguiente eran muy frecuentes los actos de colocación de primera piedra o inauguración de espacios, una forma de propaganda política que limitó el Gobierno del Pacto del Botánico con un código de buenas prácticas en su primera legislatura, a partir del 2015. La alianza de izquierdas limitó estos actos a través del Código de Buen Gobierno (aprobado en 2016) y la Ley de Publicidad Institucional (mayo de 2018).  El objetivo de la normativa, que sigue en vigor, es impregnar toda la acción del ejecutivo de “una ética pública positiva”.

En la misma norma se prohíben condecoraciones a condenados por sentencia firme y se pide a los poderes públicos unos compromisos éticos. En concreto, su artículo 22, dice: “Las personas sujetas a este Código garantizarán que los reconocimientos honoríficos o conmemorativos que dependan de sus organizaciones o administraciones recaigan en personas de un compromiso público relevante. Igualmente, procederán a la retirada de los reconocimientos otorgados a personas que sean condenadas penalmente por sentencia firme”.

Tras la condena, la coalición Compromís per València exigió a la alcaldesa, María José Catalá, la retirada en los edificios públicos de las placas honoríficas al expresidente, y el PSPV pidió una reprobación en las Corts Valencianes. En ambos casos, el PP, con mayoría en el consistorio y en el hemiciclo, rechazó retirar los honores, amparándose en que la sentencia no es firme. Es el mismo argumento esgrimido por el responsable de la oficina que ha vuelto a exhibir la placa, según denuncian los empleados. A falta de una sentencia del Tribunal Supremo, que puede tardar años, Eduardo Zaplana seguirá siendo 'molt honorable'. Y la oficina pública lo acreditará.

La Junta de Andalucía se ha visto obligada a repetir otro proceso de oposiciones por la falta de transparencia de los criterios de corrección en la convocatoria para docentes de 2021. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ordenó repetir las pruebas de las oposiciones a profesor de Formación Profesional en la especialidad Oficina de Proyectos de Construcción, por vulnerar “las garantías vinculadas con los principios de publicidad y transparencia”. La pasada semana se publicó al fin la lista de seleccionados, se supone que ya definitiva.

La sentencia, que la Consejería de Desarrollo Educativo empezó a cumplir con un año de retraso, le imputa haber celebrado los exámenes sin concretar previamente cómo los iba a calificar. Las oposiciones constaban de dos pruebas, cada una de ellas eliminatorias y divididas en dos partes. Las bases apenas establecían de forma genérica que la parte A (práctica) de la primera prueba (correspondiente a la especialidad) se valoraría de 0 a 10 puntos, y que para la especialidad se realizaría un ejercicio teórico y cuatro supuestos prácticos a escoger. Nada más.

En teoría, la comisión de selección debía elaborar los criterios de calificación, los criterios de evaluación y las invalidaciones o penalizaciones, y publicarlas en el portal web de la Consejería con “anterioridad suficiente” al inicio de las pruebas, pero eso nunca ocurrió.

La falta de concreción e información de los criterios de valoración y puntuación vulneró los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad, según el TSJA, que ordenó a la Consejería repetir la prueba en una sentencia dictada en noviembre de 2024.

La Consejería empezó a cumplir la sentencia justo un año después, en diciembre de 2025, y el pasado 19 de febrero publicó las listas de los candidatos seleccionados, tras los exámenes que se celebraron a finales de enero.

Criterios “completamente desconocidos”

Esta repetición para profesores de FP tiene su origen en los mismos errores que ya obligaron a la Junta de Andalucía a repetir dos veces los exámenes para docentes de Dibujo de Secundaria de la misma convocatoria de 2021: la falta de transparencia de los criterios de corrección, que provocó que cada tribunal solventase los múltiples errores de planteamiento de una forma diferente. En la Consejería no hay constancia de otras impugnaciones similares.

En el caso de Dibujo, que ha tenido en vilo durante dos años a casi un millar de opositores, la Junta ni siquiera se enmendó correctamente, sino que convocó de nuevo con los mismos errores de la primera vez. El TSJA anuló también la primera repetición del examen y afeó a la Junta de Andalucía que pretendiera eludir otra vez el requisito de transparencia publicando exactamente el mismo documento que los jueces ya habían considerado insuficiente.

En el caso de los profesores de FP y las oposiciones recién repetidas, los afectados son muchos menos, pues apenas se convocaron siete plazas por turno libre y una de reserva de discapacidad, pero el problema es sustancialmente el mismo.

El TSJA concluye que el documento que publicó la Consejería no contiene una “adecuada descripción” de los criterios que, “al menos, permitieren conocer con antelación a la celebración de las pruebas los diferentes y múltiples parámetros de corrección”. Al contrario, esas valoraciones eran “completamente desconocidas”.

Los magistrados subrayan la importancia de conocer esos criterios antes de que empiecen las oposiciones, porque sólo así queda “conjurado” el “riesgo del favoritismo individual (contrario al principio de objetividad)” que se produce si los criterios de valoración se definen con posterioridad a las pruebas.

La Consejería conserva una parte del examen

La decisión de los magistrados es retrotraer el proceso “al momento inmediatamente anterior a la primera prueba”, debiendo publicarse previamente en el portal web y “con tiempo suficiente al inicio de las mismas”, los criterios de calificación, los criterios de evaluación y las invalidaciones o penalizaciones.

La Junta publicó los criterios de evaluación y las penalizaciones el pasado 5 de diciembre, más de mes y medio antes de los exámenes. Un total de 35 candidatos estaban llamados nuevamente a los exámenes, que se realizaron el 27 de enero en Cádiz.

Sin embargo, no se ha repetido todo el examen. La Consejería ha interpretado la sentencia para conservar las calificaciones de la parte B de la primera prueba, consistente en desarrollar por escrito un tema. De esta forma, la repetición se limita a la parte A de la primera prueba (la práctica) y la segunda prueba al completo. En las FAQs del examen se justifica así: “La parte B no se celebrará al indicar la sentencia que la parte B no se debe repetir”.

No es cierto. La sentencia no indica que la parte B no deba repetirse, y sí ordena que el proceso debe retrotraerse “al momento inmediatamente anterior a la primera prueba parte A Prueba práctica”. Sí es cierto que el TSJA anula el proceso por la falta de publicación de los criterios de evaluación de la parte A, sin mencionar nada de la parte B.

Desde la Consejería aseguran que la sentencia se cumple porque “la parte B se hizo antes de la A”, extremo que este medio no ha podido comprobar y que no se menciona en la sentencia ni en la convocatoria.

La interpretación sui generis de la sentencia que le obligaba a repetir las oposiciones a docente de Dibujo ya provocó que el TSJA ordenara a la Junta repetir por segunda vez esos exámenes, recordándole que debe cumplir sus resoluciones “en sus propios términos”. Esta resolución ha sido recurrida por la Junta de Andalucía.

Además, en esta repetición los opositores no han tenido derecho a solicitar la revisión de su examen. Es una vuelta a tiempos que parecían superados. La Consejería de Educación incorporó el derecho de revisión a partir de las oposiciones docentes de 2023, después de múltiples quejas de opositores y del Defensor del Pueblo, que recomendó en varias ocasiones mejorar la transparencia de estas convocatorias. La Consejería argumenta que no puede aplicar la nueva regulación de 2023 a un procedimiento que comenzó en 2021.

Todos los años, a finales de diciembre, en el Reino Unido toca pensar en qué pasó hace dos décadas. También en qué pasó que no sabíamos exactamente. Los archivos nacionales publican la información desclasificada de resúmenes de reuniones del Gobierno, telegramas diplomáticos, notas de gastos y otra información considerada confidencial entonces. La publicación es sistemática y accesible, según una ley de 1958, cuya aplicación se ha ido actualizando con la tecnología. El estándar ahora es la publicación de documentos de 20 años atrás.

Así, en diciembre, pudimos leer sobre las presiones de Tony Blair para que los soldados británicos no fueran juzgados en tribunales civiles por la muerte de un iraquí, sus comentarios sobre sus buenos contactos en 2004 con Vladímir Putin y el convencimiento de que era un “aliado” del Reino Unido en la lucha contra el terrorismo, o el apoyo a la Comisión Europea del conservador José Manuel Durão Barroso por encima de las reticencias de los eurodiputados laboristas.

El sistema no es ni mucho menos perfecto ni tan transparente como se presume. Este diciembre, en el último momento, los Archivos Nacionales retiraron información sobre los gastos de viaje del expríncipe Andrés cuando era enviado de comercio, una posición en el centro de la investigación por la que fue detenido hace unos días. Los periodistas, que tienen acceso a una versión embargada de los cientos de documentos un poco antes de la publicación, sí los habían visto. La monarquía sigue siendo la institución más opaca y cada año trata de limitar la difusión de documentos que la conciernen.

En todo caso, los Archivos Nacionales hacen un esfuerzo de transparencia constante que no sólo consiste en colgar unos PDF. También trabajan para ordenar y explicar sus colecciones, hacen exposiciones y destacan documentos noticiosos. Algunos se pueden descargar de manera digital y otros hay que pedirlos. Sólo el hecho de tener estas reglas obliga a un ejercicio de orden que ayuda a entender el pasado reciente. 

En contraste, tenemos el caos de España, sin una ley de secretos oficiales actualizada en democracia y que depende del gusto de cada gobierno y cada ministerio. El resultado son publicaciones desordenadas y de difícil acceso. Lidiar con la ley de transparencia para solicitar información es una ocupación aparte. Ni este gobierno ni los anteriores han hecho esfuerzos claros por mejorar el acceso, como repite Civio, el medio ejemplar dedicado a la transparencia y que ha conseguido algunos avances de los que nos beneficiamos todos. El anteproyecto de ley de la Administración abierta sigue teniendo muchas lagunas, como explica Civio.  

La publicación de los papeles del 23-F es un ejemplo más de ejercicio loable, pero que se ha quedado a medias y cuya ejecución no ha incluido un esfuerzo para ordenar y explicar mejor la documentación. Como pasa a menudo en España, falla el sistema, faltan reglas claras para no depender del azar de quién esté en el poder y la voluntad del momento. 

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha modificado la Ley de Transparencia autonómica usando un resquicio legal para rebajar las penas a los altos cargos que veten el acceso a la información pública.

La reforma, aprobada este miércoles en el pleno del Parlamento andaluz, elimina todo el régimen sancionador de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía y lo equipara a la normativa estatal, que contempla un sistema de infracciones menos exigente tanto en la tipificación de las faltas como en las sanciones previstas.

La Ley de Transparencia autonómica, aprobada en 2014, supuso en su momento un avance significativo con respecto a la ley estatal, que había entrado en vigor un año antes. La norma andaluza incorporaba un régimen sancionador propio y más severo para los responsables que obstaculizaran o denegaran el acceso a datos solicitados por la ciudadanía u organizaciones. Un modelo que sirvió de referencia para otras comunidades autónomas.

Entre las sanciones contempladas, figuraban multas que oscilaban entre los 200 y los 400.000 euros, así como el cese en el cargo y la inhabilitación para ocupar puestos similares por un período de hasta tres años en los casos de infracciones muy graves.

El Gobierno de Moreno ha logrado sacar adelante este cambio normativo mediante lo que se conoce como una 'enmienda intrusa', que ha colado vía enmiendas en un nuevo proyecto legislativo que nada tiene que ver con la Transparencia: la Ley Universitaria para Andalucía, aprobada en el pleno de este 11 de febrero. La enmienda en cuestión, promovida por el PP, modifica el régimen sancionador de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, al suprimir en bloque sus artículos y remitir la aplicación de las sanciones al marco estatal.

Con esta modificación, la Junta vacía de contenido su sistema sancionador propio en materia de transparencia y lo iguala al modelo estatal, de carácter más general, renunciando a instrumentos autonómicos específicos de control. El grupo popular justifica esta reforma como una “mejora técnica”, según consta en el texto de la enmienda al que ha tenido acceso este periódico.

Cambio en las competencias del Consejo de Transparencia

La reforma impulsada por el PP andaluz incluye, además, un cambio relevante en las funciones del director del Consejo de Transparencia de Andalucía, un puesto que nombra el Parlamento autonómico y precisa de mayoría absoluta. Hasta ahora, el director de este órgano tenía atribuida la potestad para incoar expedientes disciplinarios y sancionadores en materia de transparencia, una competencia que desaparece con la nueva redacción, pasando estos procedimientos al marco general de la administración.

Cabe recordar que el Consejo de Transparencia de Andalucía es el encargado de velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública y ejerce funciones de control sobre el Parlamento, el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, la administración de la Junta y sus entidades instrumentales, los ayuntamientos, las universidades, los partidos políticos, sindicatos, así como las entidades públicas o privadas que prestan servicios públicos (como los conciertos sanitarios), los beneficiarios de subvenciones y los contratistas de la administración.

Ni el Consejo de Transparencia ni el Gobierno andaluz han querido responder a cuántos altos cargos se han multado desde que entró en vigor la ley en 2014 ni cuántas veces ha pedido el Consejo la apertura de un expediente sancionador y a qué administraciones.

Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz han criticado que el PP haya cambiado la Ley de Transparencia andaluza “por la puerta de atrás” mediante una 'enmienda intrusa', que sin ser una práctica ilegal, ha sido censurada por el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones.

Precisamente la semana pasada, el Gobierno de Moreno y los populares andaluces criticaron con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el llamado 'decreto ómnibus' que metía en el mismo saco la revalorización de las pensiones junto a otras medidas del llamado escudo social, que afectan a 15 millones de personas, como la prohibición de desahucios para los inquilinos más vulnerables. El rechazo frontal del PP a esta última iniciativa obligó a Sánchez a trocear el citado decreto.

Durante la tramitación parlamentaria de la ya nueva Ley Universitaria Para Andalucía, el portavoz de Universidades del PSOE, Antonio Ruiz, denunció la normativa impulsada por el partido de Moreno por “fomentar el negocio de la universidad privada pero también indirectamente el negocio en otros sectores como la sanidad por medio de esa enmienda intrusa que el PP ha metido con calzador y que sólo busca eximir de sanciones a los altos cargos del Gobierno andaluz que no cumplan con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia de Andalucía”.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, juntament amb 29 alts càrrecs més del seu Govern, disposa en propietat —sota diferents fórmules— entre tres i huit habitatges, segons es desprén de les declaracions de béns depositades en el portal de transparència de la Generalitat (Gva Oberta), a què ha tingut accés elDiario.es. En total, dels 154 alts càrrecs de l’executiu, prop d’un 20% tenen un patrimoni immobiliari superior a la mitjana, especialment si s’inclouen places d’aparcament, locals comercials o immobles rústics.

En un context d’emergència residencial, es tracta d’un volum de propietats significatiu i superior al d’altres sectors. Segons dades de portals immobiliaris, només el 4% dels propietaris d’immobles a Espanya tenen tres habitatges o més, com passa amb aquests 30 membres del Govern valencià.

La secretària autonòmica d’Igualtat, Asunción Quinzá, és qui declara un nombre més gran d’immobles: posseeix el 100% de set propietats a València i el 25% d’una de huitena. Li segueix Javier Balfagón, director general de Tecnologies de la Informació, amb el 50% de set habitatges i el 25% d’una de huité, repartits entre València, Conca i Terol, a més de dos immobles rústics en aquesta última província. El mateix president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no declara habitatges a títol personal, però sí huit pisos a nom de l’empresa familiar que comparteix amb les seues germanes, i les participacions dels quals sí que figuren en la seua declaració de béns.

A continuació se situa la directora general de l’Advocacia, Inés Sánchez Lázaro, que declara cinc habitatges en percentatges del 50% i el 33%, així com tres garatges i set immobles rústics, tots al 50%. Luis Gómez, director general de Medi Natural, posseeix cinc habitatges al 100%, a més de quatre garatges i sis immobles rústics, tots propietat seua, llevat d’un de compartit al 50%. Bartolomé Pérez Gálvez, director general de Salut Mental, és propietari al 50% de cinc habitatges a València i Alacant, així com de la meitat d’un garatge i del 5% d’un local valorat en 228.000 euros. La secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso, també declara cinc habitatges: un al 100% i la resta en percentatges del 50% i del 33%.

Set alts càrrecs més de l’executiu de Pérez Llorca són propietaris de quatre habitatges. Entre ells està el conseller d’Hisenda, José Antonio Rovira, amb tres immobles al 100% i un al 50%. Alida Consuelo Mas, sotssecretària d’Hisenda, declara quatre habitatges al 100% a València. Inmaculada Domínguez, directora general de Tributs, posseeix tres cases al 50% i una al 20%, totes en la capital valenciana. Mariola Penadés, directora general d’Investigació, declara un habitatge al 50% a Alacant, dos a Màlaga al 8% i un a Barcelona al 5%, a més de participacions en cinc garatges. María Àngels Ramón-Llin, directora general de Producció Agrícola, té un habitatge al 100% i tres més al 50%. Vicente León, director general d’Emergències, té el 50% de quatre immobles a València, mentre que Ricardo Bayona, sotssecretari d’Emergències, declara tres immobles al 100% i un de quart al 50%, a més de dos “immobles urbans més”.

Quatre consellers amb tres habitatges

16 alts càrrecs més declaren tindre tres habitatges en propietat, entre ells la consellera d’Educació, María del Carmen Ortí, l’última a publicar la seua declaració de béns en el portal de transparència. El conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, posseeix tres habitatges: dos al 100%, a Madrid i Castelló, i un de tercer al 16%. A més, el també portaveu del Consell declara 21 immobles rústics, un local a Castelló al 16% i tres “immobles urbans més” a Madrid i Terol. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, és propietari del 50% de tres habitatges, així com del 100% de dues places de garatge i del 50% d’una de tercera. Un altre conseller amb tres habitatges és Vicente Martínez Mus, responsable de Medi Ambient, amb un habitatge al 100%, un altre al 50% i un de tercer al 25%.

El Consell del PP i Vox, i posteriorment el del PP en solitari, ha sigut un dels més defensors en la baixada d’impostos, especialment en els vinculats a la propietat. Carlos Mazón va eliminar de facto l’impost de successions i donacions mitjançant una bonificació del 99%, una mesura que beneficia el 12% dels hereus, uns 24.000 valencians. Així mateix, es va aprovar una bonificació del 25% per a herències entre oncles, nebots o nets, aplicable a partir d’enguany.

Quant a l’impost sobre el patrimoni, el PP i Vox van suprimir l’escala transitòria del 10% aprovada per l’anterior Govern d’esquerres, que obligava a tributar als patrimonis superiors a 1,3 milions d’euros. A aquesta rebaixa es va sumar, el maig del 2025, l’augment del mínim exempt de 500.000 euros a un milió, una modificació que va beneficiar a 27.000 valencians amb patrimonis més grans.

Ací es pot consultar el document sobre els propietaris de tres immobles o més:

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto a otros 29 altos cargos de su Gobierno, dispone en propiedad —bajo distintas fórmulas— de entre tres y ocho viviendas, según se desprende de las declaraciones de bienes depositadas en el portal de transparencia de la Generalitat (GVA Oberta), a las que ha tenido acceso elDiario.es. En total, de los 154 altos cargos del Ejecutivo, cerca de un 20% cuenta con un patrimonio inmobiliario superior a la media, especialmente si se incluyen plazas de aparcamiento, locales comerciales o inmuebles rústicos.

En un contexto de emergencia habitacional, se trata de un volumen de propiedades significativo y superior al de otros sectores. Según datos de portales inmobiliarios, solo el 4% de los propietarios de inmuebles en España posee tres o más viviendas, como ocurre con estos 30 miembros del Gobierno valenciano.

La secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá, es quien declara un mayor número de inmuebles: posee el 100% de siete propiedades en Valencia y el 25% de una octava. Le sigue Javier Balfagón, director general de Tecnologías de la Información, con el 50% de siete viviendas y el 25% de una octava, repartidas entre Valencia, Cuenca y Teruel, además de dos inmuebles rústicos en esta última provincia. El propio presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no declara viviendas a título personal, pero sí ocho pisos a nombre de la empresa familiar que comparte con sus hermanas, y cuyas participaciones sí que figuran en su declaración de bienes.

A continuación se sitúa la directora general de la Abogacía, Inés Sánchez Lázaro, que declara cinco viviendas en porcentajes del 50% y el 33%, así como tres garajes y siete inmuebles rústicos, todos ellos al 50%. Luis Gómez, director general de Medio Natural, posee cinco viviendas al 100%, además de cuatro garajes y seis inmuebles rústicos, todos de su propiedad salvo uno compartido al 50%. Bartolomé Pérez Gálvez, director general de Salud Mental, es propietario al 50% de cinco viviendas en Valencia y Alicante, así como de la mitad de un garaje y del 5% de un local valorado en 228.000 euros. La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, también declara cinco viviendas: una al 100% y el resto en porcentajes del 50% y del 33%.

Otros siete altos cargos del Ejecutivo de Pérez Llorca son propietarios de cuatro viviendas. Entre ellos se encuentra el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, con tres inmuebles al 100% y uno al 50%. Alida Consuelo Mas, subsecretaria de Hacienda, declara cuatro viviendas al 100% en València. Inmaculada Domínguez, directora general de Tributos, posee tres casas al 50% y una al 20%, todas en la capital valenciana. Mariola Penadés, directora general de Investigación, declara una vivienda al 50% en Alicante, dos en Málaga al 8% y una en Barcelona al 5%, además de participaciones en cinco garajes. María Àngels Ramón-Llin, directora general de Producción Agrícola, tiene una vivienda al 100% y otras tres al 50%. Vicente León, director general de Emergencias, posee el 50% de cuatro inmuebles en València, mientras que Ricardo Bayona, subsecretario de Emergencias, declara tres inmuebles al 100% y un cuarto al 50%, además de dos “otros inmuebles urbanos”.

Cuatro consellers con tres viviendas

Otros 16 altos cargos declaran tener tres viviendas en propiedad, entre ellos la consellera de Educación, María del Carmen Ortí, la última en publicar su declaración de bienes en el portal de transparencia. El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, posee tres viviendas: dos al 100%, en Madrid y Castelló, y una tercera al 16%. Además, el también portavoz del Consell declara 21 inmuebles rústicos, un local en Castelló al 16% y tres “otros inmuebles urbanos” en Madrid y Teruel. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, es propietario del 50% de tres viviendas, así como del 100% de dos plazas de garaje y del 50% de una tercera. Otro conseller con tres viviendas es Vicente Martínez Mus, responsable de Medio Ambiente, con una vivienda al 100%, otra al 50% y una tercera al 25%.

El Consell del PP y Vox, y posteriormente el del PP en solitario, ha sido uno de los más defensores en la bajada de impuestos, especialmente en aquellos vinculados a la propiedad. Carlos Mazón eliminó de facto el impuesto de sucesiones y donaciones mediante una bonificación del 99%, una medida que beneficia al 12% de los herederos, unos 24.000 valencianos. Asimismo, se aprobó una bonificación del 25% para herencias entre tíos, sobrinos o nietos, aplicable a partir de este año.

En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, PP y Vox suprimieron la escala transitoria del 10% aprobada por el anterior Gobierno de izquierdas, que obligaba a tributar a los patrimonios superiores a 1,3 millones de euros. A esta rebaja se sumó, en mayo de 2025, el aumento del mínimo exento de 500.000 euros a un millón, una modificación que benefició a 27.000 valencianos con mayores patrimonios.

Aquí se puede consultar el documento sobre los propietarios de tres o más inmuebles:

El president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ostenta participaciones por un importe total de 8.023,50 euros en dos empresas familiares, según su declaración de bienes publicada este viernes en el portal de transparencia autonómico GVA Oberta. Se trata de Alt de Pérez SL, de la que posee 126 participaciones (por un valor de 7.572,60 euros) y de Rancallosa I SL (15 participaciones por un total de 450,90 euros). Sin embargo, el jefe del Consell no declara ninguna participación en el hotel familiar del que presumía en un perfil publicado en El Español, inmerso en una batalla legal con el socio ruso de la familia de Pérez Llorca.

Las dos empresas familiares en las que participa el president de la Generalitat poseen ocho viviendas, aunque Pérez Llorca no declara ninguna (tal como hizo en su etapa de diputado autonómico). De hecho, su ficha en el portal de transparencia no incluye ningún bien inmobiliario.

En la declaración figura también un préstamo del Banco Sabadell por un importe de 28.648,29 euros. Por otro lado, el president anota ahorros de 95.000 euros y un parque automovilístico valorado en 90.500 euros.

Se trata de una motocicleta Kymco de 125 centímetros cúbicos (por un importe 3.500 euros); una Vespa Piaggio Primavera 50 (2.000 euros); un vehículo Audi modelo Q3 Sportback (35.000 euros), y una camioneta Ford Ranger modelo Wildtrack (50.000 euros).

El president de la Generalitat también ha detallado su renta de 2024, con un rendimiento de trabajo de 88.151,82 euros (correspondiente a su anterior etapa como portavoz del grupo parlamentario del PP en las Corts Valencianes). Pérez Llorca anota además unos rendimientos de capital mobiliario de 159,14 euros.

Su ficha en el portal de transparencia no incluye título de licenciatura: Juan Francisco Pérez Llorca detalla que tiene “estudios de Derecho” en la Universidad de Alicante.

Sin trayectoria profesional fuera de la política

En el currículum, el president detalla una trayectoria profesional íntegramente dedicada al ejercicio de la política institucional. En el Ayuntamiento de Finestrat, localidad de la que es oriundo y donde habita una vivienda con piscina ilegal, tal como desveló elDiario.es, fue primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Turismo, Hacienda y Comunicación entre 2007 y 2011.

En la siguiente legislatura, entre 2011 y 2015, fue primer teniente de alcalde, portavoz del grupo municipal del PP y concejal de Urbanismo, Obras y Servicios Técnicos y Comunicación.

La última década, Pérez Llorca ha sido alcalde de la localidad y, entre 2022 y 2025, portavoz del grupo popular en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

También fue portavoz adjunto del grupo del PP y diputado de Arquitectura y Hogar en la Diputación de Alicante, entre 2019 y 2021, con Carlos Mazón como presidente de la institución provincial.

Desde 2024, Juan Francisco Pérez Llorca fue síndico del PP en las Corts Valencianes. Su último destino: president de la Generalitat, en sustitución de Carlos Mazón, dimitido a consecuencia de su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos.

Los eurodiputados españoles Alvise Pérez y Esteban González Pons todavía no han actualizado los ingresos que reciben al margen de su actividad como Europarlamentarios. Los eurodiputados pueden tener otros empleos, con permiso del Parlamento, además de ingresos por la escritura de libros o las conferencias, pero tienen la obligación de declararlos a la Eurocámara cuando estos superan los 5.000 euros.

Según el diario Politico, hay 14 europarlamentarios que no han cumplido a tiempo sus obligaciones en materia de transparencia. Los dos españoles son el político de ultraderecha Alvise Pérez y el dirigente del PP Esteban González Pons. En el primer caso, señala este medio, el agitador ultra declaró que los ingresos exactos generados por su actividad en redes se actualizarían al final de cada año, pero no ha actualizado los ingresos tras el año 2024.

En la última declaración, presentada en 2025 pero en referencia a los ingresos del año anterior, percibía casi 20.000 euros al mes. Su equipo declaró a Politico que “Todos los ingresos recibidos han sido debidamente declarados de acuerdo con la normativa aplicable”, recoge el portal web.

En el caso del eurodiputado popular, que también es escritor, el desfase se debe a la liquidación de los derechos de autor, señala su equipo a elDiario.es. González Pons ha escrito varias novelas y un poemario, por lo que debería sumar lo percibido por el contrato de edición y las liquidaciones por ventas u otros usos de la obra.

Según explica su oficina, la liquidación de los derechos se realiza en primavera, generalmente en mayo, y será entonces cuando el eurodiputado pueda aportar esta información. Respecto a las novelas anteriores, explican que González Pons dejó de ser eurodiputado un par de años, que coincide con la publicación de las obras anteriores.

El concejal responsable de contratación en el Ayuntamiento de València, José Marí Olano, rompe el silencio público sobre su opacidad. El edil, que se ha abstenido en numerosos procesos para evitar un conflicto de intereses, ha hablado este martes en el pleno del Ayuntamiento de València para defenderse de una moción del PSPV, que exigía mayor transparencia en el consistorio y atender las recomendaciones del Síndic de Greuges.

Marí Olano es abogado del Estado y abogado de la Generalitat. También tiene la compatibilidad para ejercer la actividad privada paralela a la de concejal. Hasta el 2023, cuando fue forzado a dejarlo, también trabajaba para la consultora KPMG, una de las más potentes del sector. Es abogado colegiado desde 1994; son más de 30 años de experiencia. Toda una trayectoria que también son contactos.

El edil, convencido de su buen hacer, ha retado a la oposición a que le lleve a los tribunales si tienen dudas sobre su actuación. Hasta el momento, el PSPV ha acudido al Síndic de Greuges ante la falta de transparencia del consistorio y del propio edil, que rechaza informar sobre las empresas con las que ha trabajado y le han obligado a abstenerse. Compromís también ha reclamado información, como las actas de las mesas o las empresas, con idéntico resultado.

Marí Olano afirma que no ha tomado decisiones en la Mesa de Contratación, organismo del que fue apartado en diciembre. “Yo no he tomado decisiones, me he abstenido. Es lo contrario a tomar decisiones”. Defiende que “el secreto profesional es un derecho que reconoce la ley a los abogados, una profesión muy noble”. También que “no tengo ninguna consultoría, yo soy abogado y ejerzo una profesión que consiste en dar consejo jurídico y ostentar la dirección letrada de los ciudadanos ante los tribunales. Lo hago desde el año 94. Lo hago como profesional y como funcionario”, en respuesta a la oposición.

“No me he abstenido en la Mesa de Contratación, me he abstenido en todos los procesos de contratación enteros. Y la abstención es el cumplimiento de una obligación legal”, ha insistido el concejal, en defensa de su ética. Ha culminado la intervención lanzando un reto al concejal socialista Javier Mateo, autor de la moción: “El máximo defensor de los ciudadanos son los tribunales. Si usted cree que he incumplido alguna obligación, demándeme”.

El pleno del Ayuntamiento, con los votos de PP y Vox, ha rechazado la propuesta. El portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, considera que es una “cortina de humo” para “disparar a los adversarios” y cree que la moción “vulnera derechos fundamentales”. “La transparencia no es exhibicionismo”, ha defendido el concejal popular, que insiste: “No existe ningún incumplimiento legal”, recalca. Son abstenciones formales, comunicadas por escrito e incorporadas a los expedientes: “Todos los controles han funcionado”.

La moción pedía reprobar la conducta de los concejales José Marí Olano y José Gosalbez, así como a cualquier otro concejal en similares circunstancias, por su negativa a facilitar información pública esencial. También instar a la presidencia del pleno y a la concejalía de Transparencia a adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para publicar la información relativa a los motivos de abstención de los miembros del equipo de gobierno en todos los procedimientos administrativos, y en particular, los nombres de las empresas relacionadas.

Solo seis de los 106 ayuntamientos de la provincia de Sevilla cumplieron con su deber legal de responder a las solicitudes de información pública en plazo y forma. Así lo demuestra un estudio elaborado por la Asociación de Transparencia para la Ciudadanía (ATC), a través de su Observatorio Provincial.

Se trata de la primera consulta provincial que lanza esta organización para evaluar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la transparencia en el ámbito local. El objetivo de este estudio era examinar si la administración local respondió o no a las solicitudes de información formuladas por la ciudadanía a lo largo de 2025.

Tras analizar los 106 municipios, los resultados arrojan una alta prevalencia del silencio administrativo: el 85,85% de los ayuntamientos (91 entidades) no emitió respuesta alguna, frente al 14,15% (15 consistorios) que sí respondió a la solicitud presentada. De este último grupo, solo seis lo hicieron en tiempo y forma: Albaida, Lebrija, Lora del Río, Palmar de Troya, Santiponce y Villanueva de San Juan.

El silencio administrativo como “fenómeno estructural”

La Asociación de Transparencia para la Ciudadanía concluye que el silencio administrativo observado en esta consulta no puede entenderse como una suma de incidencias aisladas. “Su magnitud y distribución apuntan a un fenómeno estructural”, señala el informe, esgrimiendo que cuando el silencio afecta a más de cuatro quintas partes del universo analizado, “deja de ser una anomalía y se convierte en un patrón de funcionamiento”.

Los 15 ayuntamientos que sí contestaron a las solicitudes son: Albaida del Aljarafe, Carrión de los Céspedes, Castilleja de la Cuesta, Huévar del Aljarafe, Lebrija, Lora del Río, Los Palacios y Villafranca, El Palmar de Troya, Pilas, La Puebla de los Infantes, Santiponce, Tocina, Valencina de la Concepción, Villanueva de San Juan y Villaverde del Río.

De su respuesta, se detectó una alta heterogeneidad en las contestaciones: de los 15 que respondieron, solo seis lo hicieron mediante una resolución administrativa identificable: Albaida, Lebrija, Lora del Río, Palmar de Troya, Santiponce y Villanueva de San Juan. Los nueve restantes utilizaron medios menos formales, como oficios o correos electrónicos. Los tiempos de respuesta documentados oscilaron entre 2 y 46 días desde el registro hasta la emisión de la contestación.

Analizar cómo funciona la transparencia en el ámbito local

El informe, aclaran desde el Observatorio Provincial, no atribuye causas ni responsabilidades individuales ni evalúa intenciones: “Se limita a constatar que, en la práctica observada, el canal ordinario de acceso a la información no se activa en la mayoría de los casos”.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Transparencia para la Ciudadanía asevera que este estudio “no pretende señalar responsables individuales, sino documentar qué ocurre cuando el derecho de acceso a la información se ejerce de forma sistemática”. Y añade: “La transparencia se evalúa mejor cuando se observa el conjunto, no el caso aislado”.

Con esta consulta, la ATC inaugura una línea de trabajo de carácter periódico, con vocación de continuidad, destinada a ofrecer información objetiva y verificable sobre cómo funciona el derecho de acceso a la información pública en el ámbito local.

El Ayuntamiento de València mantiene su opacidad sobre los apartamentos turísticos pese a las constantes quejas de oposición, asociaciones vecinales y los reproches del Síndic de Greuges. El organismo estatutario cierra la queja abierta a raíz de las reclamaciones de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València, que lleva prácticamente un año pidiendo información sobre los pisos turísticos con licencia en la capital.

La federación vecinal pidió conocer la relación de los alojamientos turísticos con indicación de la ubicación y de la resolución, fecha y número, del título habilitante, licencia o certificado de compatibilidad urbanística concedido, tras leer en un documento municipal que la ciudad contaba con 1.836 viviendas de uso turístico. Trasladó la petición al Ayuntamiento y, ante la falta de respuesta, acudió al defensor del pueblo valenciano y al Consejo de Transparencia. Este primero reclamó al consistorio que facilitara la información, sin éxito.

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, emitió la resolución de cierre el pasado 9 de enero, donde recoge que “se hace evidente que desde el Ayuntamiento de València no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic” y reprocha que “ese comportamiento ha impedido alcanzar, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja”.

El consistorio ha ido estirando los plazos, alegando distintas cuestiones para no cumplir la petición. Primero pidió una prórroga —el Síndic le dio un mes para informar sobre las medidas adoptadas para entregar la información— alegando que era verano y buena parte del personal estaba de vacaciones, pero la institución estatutaria la denegó. En agosto, a pocos días de concluir el plazo, el servicio de licencias urbanísticas respondió que “se está trabajando en la implantación a través de medios electrónicos de la información solicitada, que a día de hoy —en referencia al mes de agosto— no está ultimada”. También que, a la par, se estaba trabajando en una modificación legislativa —de planeamiento sobre el uso terciario hotelero— que afectaba a esa materia, y trasladó que había voluntad de facilitar los datos pedidos.

El Ayuntamiento apuntó que la información requería una reelaboración compleja, dificultad que reside en “la necesidad de consolidar y procesar información procedente de diversas fuentes internas”. El Síndic planteó entonces dos cuestiones: la primera, la posibilidad de entregar la información por plazos; la segunda, que el consistorio hiciera una estimación acerca de la fecha de entrega. Para Luna, la complejidad o la falta de medios no son suficientes para no trasladar los datos reclamados.

Ya en octubre, el Síndic volvió a preguntar al Ayuntamiento qué estaba haciendo para proporcionar la información, a lo que desde Licencias respondieron que seguían trabajando en ello. La Federación de Vecinos reprochó entonces que la “falta de cooperación institucional” se traduce “en una opacidad persistente que impide el ejercicio de derechos ciudadanos y vecinales”. Pasados seis meses de la queja, Luna recordó que la Federación “sigue sin poder saber cuándo podrá acceder, de forma parcial o total, a la información solicitada” y emitió una resolución recomendando que la facilitaran.

A este último escrito, el Ayuntamiento respondió que seguía sin tener la información lista para trasladarla. “Vista la petición de informe se indica que no hay novedad respecto al último informe emitido, estando pendiente de aprobación definitiva la modificación de Planeamiento respecto al uso terciario hotelero. No se dispone todavía de la información solicitada por el Síndic”, recoge la resolución de cierre, publicada el pasado 9 de enero. Más de ocho meses después de solicitarlo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de València sigue sin saber nada de los 1.800 apartamentos turísticos de la ciudad.

La coalición Compromís censura que el edil de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, que no informa sobre las empresas con las que trabaja como abogado, participe en los consejos de Administración del Puerto de València como consejero invitado. Como ha informado elDiario.es, José Marí Olano asiste a las sesiones junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, unos espacios en los que se delibera sobre decisiones clave de la autoridad portuaria.

El edil de Compromís Ferran Puchades considera que la participación del concejal Marí Olano en las reuniones es “la confirmación de que el PP piensa que las instituciones son su cortijo por el que pueden campar como Pedro por su casa con total impunidad ni escrúpulo respecto de cuáles pueden ser las consecuencias de sus actos”. Puchades recuerda que conforme al artículo 21 del reglamento de funcionamiento, las sesiones del Consejo de Administración no son públicas; por tanto, “solo pueden acceder y participar los legítimos miembros, que además tampoco pueden delegar en ninguna persona externa, únicamente pueden ser representados por otro miembro del Consejo”.

En este sentido, Marí Olano, prosigue Puchades “ni siquiera podría ser miembro de pleno derecho del Consejo de Administración”, que recuerda que ·“el artículo 15 del reglamento de funcionamiento establece la total incompatibilidad para formar parte del Consejo de aquellos que pudieran tener interés directo en empresas que tengan relaciones con la Autoridad Portuaria de València”.

El edil de Compromís recalca que “por su historial sabemos que mantiene relaciones laborales y de interés con muchas empresas, lo que ha provocado su constante abstención en la Mesa de Contratación del Ayuntamiento”. De hecho, la alcaldesa decidió relevarlo y situar en su lugar a funcionarios, en aras de la transparencia. Empresas que, más de dos años después de entrar en el Ayuntamiento y durante ocho meses al frente de la mesa de contratación, siguen sin ser públicas. El edil de Grandes Proyectos se ampara en el secreto profesional de la abogacía, actividad para la que tiene compatibilidad, para no desvelar las firmas con las que colabora o ha colaborado.

“Desde Compromís ya exigimos que fuera relevado de la Mesa de Contratación y finalmente Catalá tuvo que dar su brazo a torcer y poner un funcionario público en su lugar cuando ya había ocasionado serias distorsiones y obstáculos en su funcionamiento ordinario”, recuerda Puchades, en referencia a las abstenciones del edil, que considera que “el inefable tándem Catalá-Marí pone en evidencia su neutralidad en otra institución” y compromete la representación municipal en el Consejo de Administración de la APV: “Siembran la duda racional sobre sus intereses particulares y su interferencia en la gestión de los recursos públicos”, valora. “Tendremos que hacer comprender a Catalá que hay unas normas y sobre todo debe haber una confianza en los representantes públicos que no tiene derecho a poner en duda”, sentencia.

L’Ajuntament de València, que dirigeix María José Catalá, continua embolicat en l’opacitat, malgrat els advertiments dels organismes estatutaris. El consistori del PP i Vox desou el Síndic de Greuges i no traslladarà a l’oposició la identitat de les empreses amb què treballa o ha treballat el regidor apartat de la Mesa de Contractació, José Marí Olano, després de la resolució del Síndic de Greuges. Marí Olano s’ha abstingut en nombrosos processos des que va ser nomenat delegat de contractació a l’abril, alguns contractes milionaris del consistori, a què han concorregut firmes amb què ha treballat. Va ser apartat d’aquesta responsabilitat al desembre per una qüestió de transparència, encara que el consistori continua negant la informació sobre les seues relacions professionals.

El consistori va enviar un escrit a l’òrgan estatutari que encapçala Ángel Luna en què rebutja la recomanació, motivada per una queixa de la regidora del PSPV Elisa Valía, que va reclamar que s’informara quines empreses ha assessorat com a advocat l’edil de contractació –apartat al desembre–, que pot exercir l’activitat privada, atés que ell mateix es va abstindre per a evitar incompatibilitats. El Síndic va considerar que l’Ajuntament havia de donar aquesta informació, encara que no constara en el registre d’activitat, perquè Marí Olano l’hauria comunicada en abstindre’s perquè algú ho comprovara.

L’edil qüestionat torna a defensar que la identitat de les empreses és emparada pel secret professional –“la identitat de les parts és la primera informació de tota relació de serveis professionals”, afirma– i rebutja que siga una informació necessària per a la fiscalització de la seua activitat. Considera que no cal saber amb quines empreses treballa per a vigilar que la firma o el grup puga rebre algun avantatge en processos de contractació i fa una comparació una mica hiperbòlica: demanar el nom d’empreses amb què ha treballat el regidor de contractació, argumenta, és com demanar que el regidor responsable de les sancions detalle les seues amistats i enemistats per a comprovar que no hi ha multes de més o de menys, o demanar el nom de familiars del responsable de tributs per a comprovar que no fa els ulls grossos en la recaptació de taxes i impostos municipals.

En el document remés al Síndic, subscrit pel regidor qüestionat, el mateix Marí Olano fa un repàs lexicogramatical de la resolució per a concloure que Luna s’equivoca en el seu plantejament. En primer lloc, arranca assenyalant que la informació no es pot facilitar a l’oposició, perquè el regidor mai li l’ha facilitada a l’Ajuntament. L’edil, que sempre s’ha emparat en el secret professional de l’advocacia per a ometre aquestes dades, no té cap objecció a reconéixer que “mai l’ha comunicada, declarada, manifestada o de qualsevol altra manera revelada a òrgan unipersonal o col·legiat, autoritat o cap funcionari de l’Ajuntament de València”.

El regidor Marí Olano, blindat per l’equip de govern, acudeix a la Reial Acadèmia Espanyola per a defensar el seu postulat, en un to que frega la mofa: “Note’s que el Síndic de Greuges utilitza en la seua argumentació el verb poder, i ho fa, a més, en el mode condicional, podria (...) En la primera accepció del verb poder com a verb transitiu, el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola el defineix com ”tindre expedita la facultat o potència de fer alguna cosa“, i verdaderament el regidor José Marí Olano tenia expedita la facultat o potència de revelar la identitat de la persona o les persones a què havia prestat serveis professionals. Però facultat no és deure, i potència no és acte, per la qual cosa, podent, el regidor no ho va fer”.

Després del repàs dels modes i temps verbals, en què s’esplaia explicant el condicional i qüestionant les jerarquies en l’Administració –“el titular de l’Alcaldia no és a cap efecte el superior jeràrquic d’un regidor (...) és el regidor –juntament amb la resta dels membres de la corporació– el que elegeix l’alcalde, i és el regidor –juntament amb la resta dels membres de la corporació– el que pot remoure’l del seu càrrec”, afirma en un escrit rajoyià– Marí Olano apunta que les abstencions dels regidors no han de ser acceptades o rebutjades, es fan i punt, i se’ls substitueix per un altre. Explica, a més, que només va comunicar les abstencions a qui havia de conéixer-la perquè constara: a la cap del Servei de Contractació –que tramita els procediments de contractació–, la secretària de la Mesa de Contractació i el vicesecretari general de l’Ajuntament, que deté la secretaria de la junta de govern local.

Així doncs, conclou Marí Olano, la recomanació és impossible de complir “quan l’Ajuntament de València no disposa d’aquesta informació, que, per tant, no és pública, ni té el dret o l’obligació de reclamar-la al regidor José Marí Olano, ni aquest té el deure de facilitar la informació esmentada a l’Ajuntament de València”. Continuarà sense proporcionar la relació d’empreses amb què ha treballat.

El Ayuntamiento de València que dirige María José Catalá sigue envuelto en la opacidad pese a las advertencias de los organismos estatutarios. El consistorio de PP y Vox desoye al Síndic de Greuges y no trasladará a la oposición la identidad de las empresas con las que trabaja o ha trabajado el concejal apartado de la mesa de contratación, José Marí Olano, tras la resolución del Síndic de Greuges. Marí Olano se ha abstenido en numerosos procesos desde que fue nombrado delegado de contratación en abril, algunos contratos millonarios del consistorio, a los que han concurrido firmas con las que ha trabajado. Fue apartado de esta responsabilidad en diciembre por una cuestión de transparencia, aunque el consistorio sigue negando la información sobre sus relaciones profesionales.

El consistorio envió un escrito al órgano estatutario que encabeza Ángel Luna en el que rechaza la recomendación, motivada por una queja de la concejala del PSPV Elisa Valía, que reclamó que se informara sobre a qué empresas ha asesorado como abogado el edil de contratación -apartado en diciembre-, que puede ejercer la actividad privada, dado que él mismo se abstuvo para evitar incompatibilidades. El Síndic consideró que el Ayuntamiento debía dar esta información aunque no constara en el registro de actividad porque Marí Olano la habría comunicado al abstenerse para que alguien lo comprobara.

El edil cuestionado vuelve a defender que la identidad de las empresas viene amparada por el secreto profesional -“la identidad de las partes es la primera información de toda relación de servicios profesionales”, afirma- y rechaza que sea una información necesaria para la fiscalización de su activiad. Considera que no hace falta saber con qué empresas trabaja para vigilar que la firma o grupo pueda recibir alguna ventaja en procesos de contratación y realiza una comparativa algo hiperbólica: pedir el nombre de empresas con las que ha trabajado el concejal de contratación, argumenta, es como pedir que el concejal responsable de las sanciones detalle sus amistades y enemistades para comprobar que no hay multas de más o de menos, o pedir el nombre de familiares del responsable de tributos para comprobar que no hace la vista gorda en la recaudación de tasas e impuestos municipales.

En el documento remitido al Síndic, suscrito por el concejal cuestionado, el propio Marí Olano realiza un repaso léxico-gramatical de la resolución para concluir que Luna se equivoca en su planteamiento. En primer lugar arranca señalando que la información no se puede facilitar a la oposición porque el concejal nunca se la ha facilitado al Ayuntamiento. El edil, que siempre se ha amparado en el secreto profesional de la abogacía para omitir estos datos, no tiene ningún reparo en reconocer que “nunca la ha comunicado, declarado, manifestado o de cualquier otra forma revelado a órgano unipersonal o colegiado, autoridad o funcionario alguno del Ayuntamiento de Valencia”.

El concejal Marí Olano, blindado por el equipo de gobierno, acude a la Real Academia de la lengua Española para defender su postulado, en un tono que roza la mofa: “Nótese que el Síndico de Agravios utiliza en su argumentación el verbo poder, y lo hace, además, en el modo condicional, podría (...) En la primera acepción del verbo poder como verbo transitivo, el diccionario de la Real Academia Española lo define como ”tener expedita la facultad o potencia de hacer algo“, y verdaderamente el concejal José Marí Olano tenía expedita la facultad o potencia de revelar la identidad de la persona o personas a las que había prestado servicios profesionales. Pero facultad no es deber, y potencia no es acto, por lo que, pudiendo, el concejal no lo hizo”.

Tras el repaso de los modos y tiempos verbales, en el que se explaya explicando el condicional y cuestionando las jerarquías en la administración — “el titular de la Alcaldía no es a ningún efecto el superior jerárquico de un concejal (...) es el concejal -junto con el resto de miembros de la Corporación- el que elige al alcalde, y es el concejal -junto con el resto de miembros de la Corporación- el que puede removerle de su cargo”, afirma en un escrito rajoyesco— Marí Olano apunta que las abstenciones de los concejales no tienen que ser aceptadas o rechazadas, se realizan y punto, y se les sustituye por otro. Explica, además, que solo comunicó las abstenciones a quien debía conocerla para que constara: a la jefa del Servicio de Contratación -quien tramita los procedimientos de contratación-, la secretaria de la Mesa de Contratación y el vicesecretario general del Ayuntamiento, quien ostenta la secretaría de la Junta de Gobierno Local.

Así, concluye Marí Olano, la recomendación es imposible de cumplir “cuando el Ayuntamiento de Valencia no dispone de tal información, que por ende no es pública, ni tiene el derecho o la obligación de reclamársela al concejal José Marí Olano, ni éste tiene el deber de facilitar la referida información al Ayuntamiento de Valencia”. Seguirá sin proporcionar la relación de empresas con las que ha trabajado.