El PSOE ha denunciado que el alcalde de Laredo, Miguel González (PP), “acumula” requerimientos de la oposición municipal y de organismos e instituciones del Estado --entre ellos, uno reciente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno-- por negar información pública. “No es un episodio aislado, es un patrón permanente”, ha manifestado.

En un comunicado, los socialistas de Laredo han asegurado que la “opacidad” del Ayuntamiento se ha convertido “en un problema estructural”. Según han indicado, el reciente requerimiento al alcalde por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, reclamando documentación acreditativa de diversos expedientes administrativos solicitados y no facilitados a concejales de la oposición, ciudadanos y entidades sociales, “vuelve a evidenciar un incumplimiento reiterado y sostenido de las obligaciones legales en materia de transparencia municipal”.

Desde el PSOE han criticado que la Alcaldía y su equipo de gobierno “han convertido la transparencia en un trámite incómodo, en una concesión excepcional y no en la obligación legal que establece la normativa estatal y autonómica”.

El PSOE ha asegurado que la “respuesta habitual ante solicitudes de información es el silencio administrativo”, el cual --dice-- “se dilata, se ralentiza y se justifica con evasivas, sin atender los requerimientos escritos o verbalizados ante el Pleno municipal incluso, cuando estos proceden de organismos de la Administración General del Estado o de Altas Instituciones”.

“La callada por respuesta se ha transformado en un modus operandi que erosiona el control democrático y vulnera derechos esenciales de representantes públicos y de la ciudadanía”, ha alertado.

Ha insistido en que “en los despachos municipales se ha instalado una cultura del silencio; advertencias veladas, miradas que invitan a no insistir, gestos que sugieren que mejor no remover nada”.

Intervención y Tesorería

Ante esta situación, los socialistas se han preguntado “dónde están” los que tiene la “obligación legal de garantizar que el Ayuntamiento funcione conforme a derecho”.

“La Secretaría, la Intervención y la Tesorería municipal, en muchos casos ocupadas por funcionarios con habilitación nacional, no son figuras decorativas ni espectadores pasivos. Son garantes del funcionamiento jurídico, económico y financiero del Ayuntamiento. Su función no es acompañar la opacidad, sino impedirla. Su obligación no es adaptarse a la cultura del silencio sino hacerla imposible”, ha reclamado el PSOE.

Según ha señalado, son precisamente éstos quienes “deben asegurar que la documentación se facilita, que los expedientes se tramitan, que la publicidad activa se cumple y que el derecho de acceso se respeta sin excusas ni dilaciones”.

Un juzgado ha determinado que el Ayuntamiento de Badajoz deberá aclarar el destino del dinero asignado durante los últimos años a los grupos municipales y entregar la documentación al concejal no adscrito Carlos Pérez, que había reclamado esta información al consistorio.

El edil ha explicado este jueves que la resolución judicial pone fin, por ahora, a un proceso iniciado después de que solicitara al ayuntamiento que hiciera públicas las asignaciones económicas destinadas a los grupos municipales y la gestión de estos fondos. Ante la falta de respuesta, Pérez acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que terminó dándole la razón y respaldando su derecho a acceder a la información solicitada.

El concejal volvió entonces a reclamar la documentación al ayuntamiento, pero asegura que nuevamente se encontró “sin respuesta” por parte del equipo de gobierno local, por lo que decidió acudir a la vía contencioso-administrativa. Los tribunales han fallado ahora a su favor y han condenado además al Ayuntamiento de Badajoz al pago de 800 euros en costas.

El edil ha destacado que ha afrontado personalmente los gastos derivados del procedimiento judicial, al no disponer de aportación municipal alguna para sufragar este tipo de procesos. “El objetivo es aclarar el destino del dinero público, y si esta aportación se realiza bien, dentro de la labor que tiene una oposición de control del equipo de gobierno local, y de la responsabilidad de éste de rendir cuentas”, ha señalado Pérez.

El edil considera que conocer cómo se utilizan estas asignaciones forma parte de las obligaciones de transparencia y control de los grupos de la oposición sobre la gestión municipal.

Pérez también ha lamentado no haber contado, según ha afirmado, con el apoyo del PSOE en esta reclamación. En este sentido, ha reclamado a los socialistas que aprovechen el proceso de primarias que ahora comienza en la ciudad para decidir “si quieren apostar por la transparencia o ser la muleta del PP en este asunto”.

La crítica se produce en un momento en el que el PSOE de Badajoz afronta el proceso interno para elegir su liderazgo en la ciudad.

Una de las razones de su salida de Vox

El conflicto sobre las asignaciones a los grupos municipales fue, según ha explicado Pérez, una de las razones que contribuyeron a su salida de Vox. El concejal ha señalado que dejó la formación después de no encontrar respaldo a su reclamación para conocer el destino de estos fondos. Desde entonces ejerce como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz.

Pérez ha convertido la transparencia municipal en una de sus principales reivindicaciones y sostiene que el consistorio pacense se encuentra en los últimos puestos entre las capitales de provincia españolas en materia de transparencia.

Al mismo tiempo, ha cuestionado que Badajoz figure entre los ayuntamientos con mayores asignaciones económicas destinadas a los grupos municipales.

El edil considera que existe una contradicción entre el volumen de fondos públicos que reciben los grupos y la falta de información sobre su utilización, y reclama que el ayuntamiento facilite la documentación para poder comprobar el destino de estas cantidades.

La resolución judicial obliga ahora al consistorio a proporcionar la información reclamada por Pérez, después de que el concejal agotara previamente la vía de Transparencia antes de acudir a los tribunales.

Astrid Gil-Casares, propietaria del ático que la Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros, ha aceptado que se hagan públicos detalles de la operación, según ha adelantado este viernes El País y ha podido confirmar elDiario.es. Planifica Madrid, la empresa pública que gestionó la compra, alegó a través de Transparencia que no podía compartir el expediente u otra información relevante porque esta afectaba a “terceros” y estos tenían que dar el visto bueno. Ahora, después de que la vendedora haya dado el visto bueno por escrito, Transparencia ya podría ofrecer esta información.

La vendedora había firmado durante la operación un acuerdo de confidencialidad exigido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que alegó cuando la operación salió a la luz que el inmueble había sido adquirido para destinarlo a “reuniones” mientras durasen unas reformas en la sede de la Presidencia de la Comunidad de la Puerta del Sol.

Astrid Gil-Casares ofreció una entrevista a la revista Vanitatis el pasado 30 de julio, un día después de que se conociese la operación. En ella explicó que había firmado ese “acuerdo de confidencialidad”, que le impedía comentar “las circunstancias de la operación”. “En cualquier caso, desconozco por completo el destino que se pretendía dar a dicho inmueble”, añadió entonces.

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha sido una de las personas que solicitaron a Transparencia esos detalles de la compra del ático, así como el expediente del mismo. El 21 de agosto, Transparencia suspendió el trámite porque debía preguntar a “terceros interesados” si accedían a dar la información. Después, se reanudó el expediente, aunque se amplió en 20 días hábiles más, “debido al elevado número de solicitudes de contenido diverso recibidas en relación con esta materia”, según indicaron.

Tanto la Comunidad de Madrid como el PP aseguran que ya se han dado explicaciones suficientes, pero un mes más tarde de que se conociera el escándalo, todavía se desconocen incógnitas que rodean a la operación, como quién estaba presente durante la firma o por qué se eligió esa localización en la calle General Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, un inmueble situado a pocos metros de la casa familiar de Ayuso y donde ahora reside su madre. Tampoco se tiene información del expediente de compra o de por qué se exigió confidencialidad a la vendedora en una operación de una empresa pública que, como indicaron tanto Ayuso como su consejero Miguel Ángel García Martín, se dedicaba “todo el año” a la compra y venta de inmuebles.

El Grupo Municipal Socialista de Villarejo de Fuentes ha denunciado que el alcalde Juan Carlos Romero Garrote lleva “más de seis meses sin convocar el Pleno ordinario” que debe celebrar el ayuntamiento, incumpliendo en dos ocasiones la obligación legal recogida en el artículo 46 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que fija la periodicidad mínima con la que deben celebrarse estas sesiones.

Según los socialistas, la última sesión ordinaria se remonta al mes de enero, sin que desde entonces se haya vuelto a convocar el Pleno “pese al tiempo transcurrido”.

Antonio Torres, portavoz del Grupo Municipal Socialista cree que “el que nada debe, nada teme”, asegura el portavoz socialista Antonio Torres, quien cree que esta actitud “solo genera más dudas sobre lo que se está ocultando a los vecinos. Exigimos que se cumpla la ley y que se convoque el Pleno lo más pronto posible”.

Al edil socialista no le vale, advierte, el argumento de la falta de secretario municipal, “ya que el Ayuntamiento ha contado con este puesto cubierto en todo momento”.

“Falta de información y reclamaciones sin respuesta”

A la paralización de los plenos se suma, según la oposición, “una falta reiterada de transparencia por parte del equipo de gobierno”. El Grupo Socialista ha solicitado por escrito en varias ocasiones el acceso al padrón de aguas, sin haber obtenido fecha para su consulta, pese a que la ley reconoce el derecho de la oposición a examinar la documentación municipal.

El edil asegura que sí que se ha recibido respuesta del alcalde confirmando que se lo enseñará porque “tiene buena fe”.

A ello se añade la situación del nuevo pozo de agua, ejecutado y financiado por la Diputación de Cuenca hace más de un año, “que continúa sin estar conectado a la red y operativo”.

Los socialistas también recogen un número creciente de reclamaciones vecinales por los recibos e importes de la tasa del agua, “que hasta el momento no habrían recibido respuesta por parte del Ayuntamiento”.

El concejal socialista asegura que estas cuestiones “afectan directamente al derecho de los vecinos a saber cómo se gestionan los asuntos y los recursos de nuestro pueblo y sus propios intereses. Vamos a seguir reclamando su resolución, tanto dentro como fuera del Pleno”, ha zanjado.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha rechazado la denuncia presentada por el colectivo ecologista Turcón por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y administración desleal en el Gobierno de Canarias por no cobrar multas medioambientales valoradas en 14,8 millones de euros.

El Ministerio Público, en un decreto firmado a mediados de abril de este año, ha archivado la denuncia sobre el “mal funcionamiento” de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), el órgano encargado de proteger el medio ambiente del Archipiélago y de sancionar las infracciones contra el territorio, por tratarse de una acusación “genérica” que, además, excede sus funciones.

La Fiscalía explica que “no es un órgano fiscalizador de ningún otro órgano”, salvo que su funcionamiento constituya en sí mismo un “hecho constitutivo de infracción penal”. Aclara que todo lo relacionado con la actividad contable de una institución (como las partidas presupuestarias, las sanciones que no se cobran o las medidas que no se ejecutan), cuando se denuncia de manera “genérica”, corresponde a una actuación de auditoría reservada que no le compete. Y añade que hacerlo constituiría una “investigación prospectiva” no amparada por el marco legal.

El Ministerio Público matiza en el decreto que todo cambiaría si se denunciara una “inactividad concreta” de la ACPMN o de otro organismo público, supuesto en el que sí podría valorar si se ha cometido un delito. Sin embargo, en este caso, “visto los amplios términos en que se expresa la denuncia, no es posible apreciar la existencia de un genérico dolo existente en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural encaminado a dejar, de forma voluntaria y consciente, de cumplir sus funciones, causando de manera deliberada un quebranto al patrimonio público”.

La cifra de las multas sin cobrar a las que se refiere la denuncia de Turcón fue revelada en un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El órgano encargado de fiscalizar la gestión económica del sector público canario señaló en ese documento que existen “múltiples deficiencias en el procedimiento recaudatorio” de la ACPMN que dejan entrever “elementos indiciarios de que se está ocasionando un perjuicio al erario público”.

Casi la mitad del importe de las sanciones, 6,6 millones de euros, procede de ejercicios anteriores a 2018. Pero la pasividad se repite año tras año: 1,1 millones en 2021; 2,8 millones en 2022; y 3,8 millones en 2023. La Intervención General de la Comunidad Autónoma remarca que se trata de “una falta de seguimiento del proceso recaudatorio”.

Las infracciones medioambientales “muy graves” en las Islas caducan a los tres años de adquirir firmeza administrativa. Las “graves” y las “leves”, a los dos y uno, respectivamente. Así que es más que probable que una buena parte de las sanciones pendientes de cobro ya haya prescrito.

Poco después de conocerse el informe de la Audiencia de Cuentas, la ACPMN, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dirigida por Manuel Miranda (Coalición Canaria), anunció en la Cadena SER un “plan de choque” para cobrar las multas, con un “refuerzo del servicio” y un programa de actuaciones previsto para seis meses, dijo la directora de la ACPMN, Montserrat Ortega.

En agosto, siete meses después de aquellas palabras, la Agencia asegura estar “formando” ahora a una persona para que se centre “exclusivamente” en esta labor desde septiembre, así como al nuevo jefe de servicio cuando se incorpore. Fuentes del organismo detallan que ese aprendizaje “tiene que ver con el manejo de los programas contables para incorporar los datos de los expedientes, analizar su estado e impulsarlos”.

Esto último parecía imposible hasta hace apenas unos meses. La ACPMN llegó a reconocer a Canarias Ahora, a raíz de una solicitud amparada por la Ley de Transparencia que pedía conocer los nombres de las empresas sancionadas, que identificar a esas compañías supondría una carga de trabajo tan extraordinaria que directamente paralizaría su actividad.

La Agencia se escudó en que cuenta con un programa informático obsoleto que no ha digitalizado los listados de los procedimientos sancionadores y que tendría que realizar un “análisis administrativo expediente a expediente” (destacó que eran “miles”) a partir de la documentación física, lo que el órgano llama el “legajo correspondiente”.

Por otro lado, fuentes de la ACPMN defienden que ya existe un informe jurídico favorable que permite al órgano firmar un convenio con la Agencia Tributaria para que esta se encargue de la gestión recaudatoria. Aunque habrá que esperar a enero de 2027 para impulsarlo de manera definitiva.

Esas mismas fuentes añaden que los procedimientos sancionadores en fase voluntaria de pago ya han sido incorporados al sistema, mientras que los que se encuentran en “vía ejecutiva” están siendo enviados a la Agencia Tributaria “en situación de apremio”. Hasta ahora, aseguran, se han remitido multas por valor de dos millones de euros.

La compañía de transporte interurbano Global ha recibido el Premio de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias 2024, un reconocimiento que distingue a las entidades que han alcanzado los mayores niveles de cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información que otorga el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.

Según detalla la sociedad en una nota, Global alcanzó la máxima puntuación 10 sobre 10 en el Índice de Transparencia (ITCanarias) 2024, “un dato muy por encima” de la media de las entidades perceptoras de grandes subvenciones en Canarias que se sitúa en 7,47 puntos.

Para el director general de Global, Víctor Quintana, la transparencia forma parte de la filosofía empresarial de la compañía y manifiesta la responsabilidad social de las organizaciones que gestionan fondos públicos y que “deben ofrecer información veraz y accesible” a la ciudadanía.

Asimismo, Quintana explicó que en las tres últimas evaluaciones la compañía ha venido mejorando la auditoría año a año, alcanzando un 8.79 puntos en 2021, y un 9,2 en el bienio 2022/2023 hasta lograr el 10 en 2024, una edición que amplía por primera vez su alcance a partidos políticos con representación parlamentaria, sindicatos y organizaciones empresariales, lo que para el director general supone “un paso relevante” en la extensión de la transparencia a todos los ámbitos de interés público.

La compañía indica que de un total de 784 entidades que presentaron su declaración, 756 cumplieron con sus obligaciones de transparencia (70,9 %), lo que supone una ligera mejoría respecto a la evaluación anterior, en la que participó un 70 %. Por su parte, en este primer ejercicio, el 76 % de las patronales (16 de 21), el 86 % de los sindicatos (6 de 7) y el 86 % de los partidos políticos (6 de 7) participaron en la evaluación.

El Índice de Transparencia de Canarias (en esta categoría alcanza una nota media global de 7,47, frente al 6,15 de la evaluación anterior, lo que consolida la tendencia positiva registrada en los últimos años.

Gobal recuerda que la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, obliga a todo el sector público, y también a las entidades privadas que hayan percibido subvenciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias por un importe superior a 60.000 euros, o bien de varias administraciones públicas canarias, que en conjunto superen los 100.000 euros.

Para cumplir con la norma se debe crear un portal de transparencia y publicar 16 capítulos de información relacionadas con la organización, administradores y directivos, servicios y procedimientos, económico financiero, contratos, convenios y encomiendas de gestión y ayudas y subvenciones.

Al president de la Generalitat Valenciana se li està entravessant el viatge a Nova York per a veure la final del Mundial. L’equip de Juanfran Pérez Llorca manté un silenci hermètic sobre el desplaçament, que emmarca en l’àmbit privat, i a penes parla de la qüestió més enllà de reiterar una resposta: que l’entrada li la va regalar la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i que el viatge se’l va costejar ell mateix. Ni el regal ni el viatge consten en el portal de transparència de la Generalitat, una obligació legal per als alts càrrecs.

El valencià ha sigut l’únic president autonòmic que ha assistit a la final del Mundial, una cortesia que, segons ha pogut saber elDiario.es, es va negar fins i tot a algun ministre. La RFEF assenyala que és una entitat privada i que és la mateixa institució la que determina la política d’obsequis i invitacions. Fonts de la Federació van confirmar a elDiario.es que el president va voler comprar l’entrada i que l’organització va optar per convidar-lo.

El regal ha generat un gran rebombori i les explicacions resulten insuficients. La Generalitat no ha informat de quants dies va estar fora ni de com va viatjar. No va tindre agenda oficial des del divendres al migdia fins al dimarts següent, malgrat que s’estaven debatent els pressupostos autonòmics. L’Associació per la Transparència en l’Esport ha remés un requeriment a la Federació, el pas previ a una querella, per a reclamar informació sobre l’obsequi, que “excedeix per complet qualsevol paràmetre de cortesia institucional admissible”. La forqueta de preus per a la final va oscil·lar entre els 4.000 i els 8.000 euros, segons la web de la RFEF. A parer de l’entitat, que assenyala el president de la Federació, la cap de gabinet i Pérez Llorca, es podria donar un delicte de suborn passiu. També ha reclamat una bateria de documentació el grup parlamentari Compromís-Sumar, que eleva les peticions al Consell Superior d’Esports.

Però, què té a veure el president valencià amb la celebració del Mundial? Què uneix el dirigent del PP amb la RFEF? D’entrada, tres qüestions directes: una subvenció de 90.000 euros per a celebrar dos campionats femenins a Castelló, en col·laboració amb la Diputació; la candidatura de València com a seu del Mundial del 2030, pendent de les obres del Nou Mestalla; un alcalde i diputat provincial d’Alacant, amic del president, que també té vincles amb la Federació Valenciana; i una relació d’amistat amb membres de la cúpula de la Federació. Una manera de vertebrar el País Valencià.

Tal com va informar elDiario.es, els pressupostos de la Generalitat per al 2026, els primers de Pérez Llorca, inclouen 90.000 euros per a la Federació Espanyola per la celebració de la Supercopa Femenina de Castelló i la classificació mundial femenina, a més de 80.000 euros per a la Federació Valenciana de Futbol. Amb aquesta última manté una estreta relació l’alcalde de la Nucia, diputat provincial d’Alacant i amic del president, Bernabé Cano, que també va viatjar a les semifinals i a la final als Estats Units. Cano és diputat d’Esports en la corporació provincial, el seu municipi acull nombrosos tornejos esportius d’alt nivell i va ser metge de la Federació Valenciana.

En paral·lel, està la candidatura de València com a seu del Mundial, que té la ciutat en suspens i seria un gran èxit per al PP, que governa a la Generalitat i a la ciutat. L’impacte econòmic a València és difícilment quantificable, però, sens dubte, seria elevat. La RFEF ha donat suport a aquesta opció, que depén que les obres del Nou Mestalla s’acaben dins del termini previst, el 2027. Els treballs del nou estadi es van reprendre el gener del 2025, quinze anys després d’haver quedat paralitzats.

El març passat, dos mesos després del torneig femení de Castelló, el president de la RFEF, Rafael Louzán, va remetre un escrit a la FIFA en què demanava que el Nou Mestalla fora inclòs com a seu. “Rafael Louzán ens ha mostrat tot el seu suport i aval perquè València siga seu”, va explicar el dirigent en una entrevista en el diari As un mes després. El diari esportiu menciona una reunió del president valencià amb el directiu de la RFEF a finals de març a Castelló, en la qual li va traslladar aquest compromís.

També hi ha una relació d’amistat amb membres de la cúpula. La querella de l’ATDD també es dirigeix contra la cap de gabinet de la RFEF, Marisa González, a qui l’associació assenyala per la gestió. González va treballar la dècada passada per a alts càrrecs del PP a Madrid, encara que fa anys que està en la Federació, allunyada dels partits polítics. L’experta en comunicació és amiga de l’exalcalde de Finestrat des de fa anys. En l’escrit, Galán considera: “L’entrega de l’entrada no va respondre a cap criteri institucional objectiu, sinó a la condició d’autoritat pública del beneficiari i a la relació d’afinitat i amistat política entre els qui van intervindre en la decisió, tots ells del mateix partit polític”.

Al presidente de la Generalitat Valenciana se le está atragantando el viaje para ver la final del Mundial a Nueva York. El equipo de Juanfran Pérez Llorca guarda un silencio hermético sobre el viaje, que enmarcan en el ámbito privado, y apenas habla del tema más que para reiterar una respuesta: que su entrada se la regaló la Real Federación Española de Fútbol y el viaje lo costeó el mismo. Ni el regalo ni el viaje constan en el portal de transparencia de la Generalitat, una obligación legal para los altos cargos.

El valenciano ha sido el único presidente autonómico en asistir a la final del Mundial. La RFEF apunta que es una entidad privada y es la propia institución quien determina la política de obsequios e invitaciones. Fuentes de la Federación confirmaron a elDiario.es que el president quiso comprar la entrada y la organización optó por invitarle. Las entradas no tienen coste para la Federación, añaden estas fuentes.

El regalo ha generado un gran revuelo y las explicaciones resultan insuficientes. La Generalitat no ha informado de cuántos días estuvo fuera ni cómo viajó. No tuvo agenda oficial desde el viernes a mediodía hasta el martes siguiente, pese a que se estaban debatiendo los presupuestos autonómicos. La asociación por la Transparencia en el Deporte ha remitido un requerimiento a la Federación, el paso previo a una querella, para reclamar información sobre el obsequio, que “excede por completo cualquier parámetro de cortesía institucional admisible”. La horquilla de precios para la final osciló entre los 4.000 y los 8.000 euros, según la web de la RFEF. A ojos de la entidad, que apunta al presidente de la Federación, a la jefa de gabinete y a Pérez Llorca, se podría dar un delito de cohecho pasivo. También ha reclamado una batería de documentación el grupo parlamentario Compromís-Sumar, que eleva las peticiones al Consejo Superior del Deporte.

Pero, ¿qué tiene que ver el presidente valenciano con la celebración del Mundial? ¿Qué une al dirigente del PP con la RFEF? Por lo pronto, tres cuestiones directas: Una subvención de 90.000 euros para celebrar dos campeonatos femeninos en Castellón, en colaboración con la Diputación. La candidatura de València como sede para el Mundial de 2030, pendiente de las obras del Nou Mestalla. Un alcalde y diputado provincial de Alicante, amigo del President, que también tiene vínculos con la Federación Valenciana. Y una relación de amistad con miembros de la Cúpula de la Federación. Una forma de vertebrar el País Valencià.

Tal como informó elDiario.es, los presupuestos de la Generalitat para 2026, los primeros de Pérez Llorca, incluyen 90.000 euros para la Federación Española por la celebración de la Supercopa Femenina de Castellón y la clasificación mundial femenina, además de 80.000 euros para la Federación Valenciana de Fútbol. La principal fuente de ingresos de la RFEF son los derechos audiovisuales y los patrocinios, que suponen la mitad de su presupuesto, superior a los 400 millones de euros. Otras comunidades autónomas también tienen contempladas partidas para la Federación española o las federaciones provinciales. Con la valenciana mantiene una estrecha relación en alcalde de La Nucía, diputado provincial en Alicante y amigo del president, Bernabé Cano, quien también viajó a las semifinales y la final en Estados Unidos. Cano es diputado de deportes en la corporación provincial, su municipio alberga numerosos torneos deportivos de alto nivel y fue médico de la Federación Valenciana.

En paralelo está la candidatura de Valencia como sede del Mundial, que tiene a la ciudad en un sinvivir y sería un gran tanto para el PP, que gobierna en la Generalitat y en la ciudad. El impacto económico en la ciudad es difícilmente cuantificable pero a todas luces elevado. La RFEF ha apoyado esta opción, que depende de que las obras del Nou Mestalla se finalicen en plazo, previsto para 2027. Los trabajos del nuevo estadio se reiniciaron en enero de 2025, 15 años después de quedar paradas. El pasado marzo, dos meses después del torneo femenino de Castellón, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, remitió un escrito a la FIFA en el que pedía que el Nou Mestalla fuera incluido como sede. “Rafael Louzán nos ha mostrado todo su apoyo y respaldo para ser sede”, explicó el dirigente en una entrevista en el Diario As, un mes después. El diario deportivo menciona una reunión del presidente valenciano con el directivo de la RFEF a finales de marzo en Castellón, donde le trasladó ese compromiso.

También existe una relación de amistad con miembros de la Cúpula. La querella de la ATDD se dirige también contra la jefa de gabinete de la RFEF, Marisa González, a quien la asociación señala por la gestión. González trabajó en la década pasada para altos cargos del PP en Madrid, aunque lleva años en la Federación, alejada de los partidos políticos. La experta en comunicación es amiga del exalcalde de Finestrat desde hace años. En el escrito, Galán considera: “La entrega de la entrada no respondió a criterio institucional objetivo alguno, sino a la condición de autoridad pública del beneficiario y a la relación de afinidad y amistad política existente entre quienes intervinieron en la decisión, todos ellos del mismo partido político”.

El sector público canario ha alcanzado una nota media global de 8,87 puntos sobre 10 en la evaluación de sus portales de transparencia correspondiente al año 2025, lo que supone la calificación más alta registrada desde la implantación de este sistema de control estatal y autonómico, según ha publicado este miércoles en su portal el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.

Esta evaluación analiza el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en 414 entidades sujetas a la normativa regional, es decir, la información que las entidades públicas deben publicar en sus portales web y que está sujeta a evaluación conforme a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

Asimismo, las entidades evaluadas pertenecen al gobierno autonómico, cabildos insulares, ayuntamientos, mancomunidades, universidades y su sector público dependiente, así como a las corporaciones de derecho público.

Según el Comisionado, los resultados reflejan una “mejora significativa” del nivel de transparencia del conjunto del sector público canario, que alcanza una nota media global de 8,87, frente al 8,44 obtenido en la evaluación anterior, consolidando la tendencia de mejora en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

De las 414 entidades convocadas, 383 (92,5%) cumplieron con la presentación para su evaluación, mientras que 31 entidades (7,5%) incumplieron esta obligación.

Asimismo, 275 entidades (71,8%) presentaron alegaciones durante el procedimiento de evaluación, lo que pone de manifiesto el elevado grado de participación y colaboración con el proceso de revisión.

En cuanto a los resultados obtenidos, 365 entidades (95,3%) superaron la evaluación, frente a 18 (4,7%) que no alcanzaron la puntuación mínima exigida.

Además, 148 entidades lograron la máxima calificación posible (10 puntos), un incremento muy significativo respecto a las 90 que alcanzaron esta puntuación en la evaluación anterior.

El portal de transparencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma obtiene una puntuación de 9,17, superior al 9,02 alcanzado en la evaluación anterior.

Por sectores de actividad administrativa, las mancomunidades han registrado el mayor incremento, al pasar de una nota media de 7,72 a un 9,39, seguidas por las universidades públicas y sus entes dependientes, que escalan de un 8,90 a un 9,23.

La administración del Gobierno autonómico ha mejorado su valoración media de un 8,85 a un 9,10, las corporaciones de derecho público de un 8,43 a un 8,99 y las administraciones locales o ayuntamientos han elevado su promedio de un 8,12 a un 8,71.

Los cabildos insulares, por su parte, han experimentado una progresión positiva en sus registros al pasar de una puntuación media sectorial de 8,87 a un 8,92.

Sin embargo, apesar de estos avances en la difusión de datos en portales web, el Comisionado de Transparencia ha advertido de que la principal asignatura pendiente de las instituciones sigue siendo el silencio administrativo ante las peticiones directas de la ciudadanía.

“Garantizar el derecho de acceso no consiste únicamente en publicar información en los portales de transparencia, sino también en responder en plazo a las solicitudes que presenta la ciudadanía”, señala la Comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García Leal.

Els primers pressupostos de Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat es mostren generosos amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). El dirigent popular, únic president autonòmic que va assistir a la final del Mundial de futbol —amb una invitació de la RFEF—, pressuposta 90.000 euros per a l’entitat l’any 2026, a més de les subvencions habituals a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. El dirigent va passar quatre dies a Nova York, convidat per la Federació a l’estadi, dels quals no ha retut comptes en els canals de transparència.

Els comptes que acaben d’aprovar el PP i Vox a les Corts Valencianes inclouen dues partides per a la Reial Federació Espanyola de Futbol. Es tracta de dues ajudes directes, per valor de 45.000 euros cadascuna, per a l’organització de la Supercopa femenina de futbol a Castelló i per al partit de classificació de la selecció femenina de futbol per al Mundial.

Així consta en l’annex dels comptes públics de la Direcció General d’Esports, que ara depén de la Vicepresidència Segona, que dirigeix José Díez, en l’apartat de beneficiaris de la línia nominativa “Programes de tecnificació en centres d’alt rendiment i en centres de tecnificació esportiva”. Aquest programa està dotat en conjunt amb 3,5 milions d’euros per a esports professionals.

El president valencià va presentar al gener la Supercopa Iberdrola de futbol femení al costat del president de la RFEF, Rafael Louzán, un torneig que va tindre lloc a Castelló entre el 20 i el 24 de gener. El dirigent popular va mostrar el compromís i el “suport absolut” de la Generalitat a l’objectiu de la RFEF perquè València siga seu del Mundial de futbol masculí de 2030, segons va traslladar la Generalitat en un comunicat. Poc després, el 3 de març, es va disputar al mateix estadi de Castelló, l’SkYFi Castàlia, el partit de classificació de la selecció femenina per al Mundial del Brasil de 2027.

A més de les dues injeccions a la RFEF, la Generalitat Valenciana té nombrosos convenis amb la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per a donar suport a l’esport professional. En els comptes de 2026, dins de la mateixa línia de subvencions, figura una partida de 76.000 euros per a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i una altra de 4.000 euros per a la mateixa entitat, sense més detalls.

Segons el pressupost que figura en la pàgina web de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, l’entitat va rebre el 2025 prop de 85.000 euros de la Conselleria d’Educació, davant dels 61.700 de l’any anterior. A més, rep 200.000 euros de la Diputació, segons la seua informació pública. Els pressupostos de la Generalitat de 2025 arrepleguen 75.000 euros per a aquesta entitat en les seues previsions.

Pérez Llorca encara no ha publicat al Portal de Transparència informació sobre el seu viatge ni hi ha declarat com a obsequi l’entrada per a la final del Mundial.

Los primeros presupuestos de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat se muestran generosos con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El dirigente popular, único presidente autonómico en asistir a la final del Mundial de Fútbol -con invitación de la RFEF- presupuesta 90.000 euros en el año 2026 para la entidad, además de las subvenciones habituales a la Federación Valenciana de Fútbol. El dirigente pasó cuatro días en Nueva York, invitado al estadio por la Federación, de los que no ha dado cuenta en los canales de Transparencia.

Las cuentas que acaban de aprobar PP y Vox en las Corts Valencianes incluyen dos partidas para la Real Federación Española de Fútbol. Se trata de dos ayudas directas por valor de 45.000 euros cada una para la organización de la Supercopa Femenina de Fútbol en Castellón, y para el partido de clasificación del Mundial de la selección femenina de fútbol. Otras comunidades autónomas también tienen líneas habilitadas en sus cuentas para la Federación estatal o las regionales. La RFEF tiene un presupuesto de más de 400 millones de euros en ingresos, de los que más de la mitad son derechos de emisión y patrocinios.

Así consta en el Anexo a las cuentas públicas de la dirección general de Deportes, que ahora depende de la Vicepresidencia Segunda que dirige José Díaz, en el apartado de beneficiarios de la línea nominativa “programas de tecnificación en centros de alto rendimiento y en centros de tecnificación deportiva”. Este programa está dotado en conjunto de 3,5 millones de euros para deportes profesionales.

El presidente valenciano presentó en enero la Supercopa Iberdrola de fútbol femenino junto al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, un torneo que tuvo lugar en Castellón entre el 20 y el 24 de enero. El dirigente popular mostró el compromiso y el “apoyo absoluto” de la Generalitat al objetivo de la RFEF para que València sea sede del Mundial de Fútbol masculino de 2030, según trasladó la Generalitat en un comunicado. Poco después, el 3 de marzo, se celebró en el mismo estadio de Castellón, el SkyFi Castalia, el partido de clasificación de la selección femenina para el Mundial 2027 de Brasil.

Además de las dos inyecciones a la RFEF, la Generalitat Valenciana tiene numerosos convenios con la Federación Valenciana de Fútbol para apoyar el deporte profesional. En las cuentas de 2026, en la misma línea de subvenciones, se encuentra una partida de 76.000 euros para la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana y otra de 4.000 para la misma entidad, sin mayor detalle.

Según el presupuesto que figura en la web de la Federación Valenciana, recibió en 2025 cerca de 85.000 euros de la Conselleria de Educación, frente a los 61.700 del año anterior. Percibe además 200.000 de la Diputación, según su información pública. Los presupuestos de la Generalitat de 2025 recogen 75.000 euros para esta entidad en sus previsiones.

Pérez Llorca aún no ha publicado en el portal de transparencia información sobre su viaje o ha declarado en él el regalo de la entrada para la final del Mundial.

De negar la existencia de expedientes sobre las empresas del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, a reconocerla. La Junta de Castilla y León a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, se ha excusado este jueves en que negó la información que elDiario.es solicitó por Transparencia por un error. Una vez publicado por este medio uno de los expedientes que existen, el gobierno autonómico ha dado explicaciones vagas sobre la vulneración clara de la Ley de Transparencia. Según él, desde Transparencia se recurrió a la Consejería de Movilidad a pesar de que no tiene competencias en otorgamiento de licencias ni en nada que tenga que ver con empresas dedicadas a los eventos y la hostelería como es el caso de Eventos El Espino SL y El Granero de San Francisco.

El portavoz se ha apresurado a afirmar que las empresas “tienen todos los permisos” a pesar del expediente sobre El Granero de San Francisco al que accedió elDiario.es por fuentes propias. Los promotores querían legalizar un almacén y un edificio para la cosecha, secado y destilación de lavanda. Según el documento, lo que se pretendía era un uso prohibido en suelo rústico protegido y además el edificio, un granero americano, no respetaba las normas de estética del municipio. Otro detalle llamativo es que la licencia se pidió cuando llevaban más de un año ejerciendo la actividad y omitiendo que además de actividades agrícolas, se usaba el espacio para celebración de bodas y eventos.

Carriedo ha insistido en que los expedientes se facilitarán a este medio a pesar de que una vez que la solicitud de Transparencia se había aceptado, pero se había acabado dando una información falsa -que no había ningún expediente-, este medio contactó con la Junta para advertir que existía al menos un expediente y además desfavorable a los intereses de El Granero de San Francisco. A partir de ese momento, la Junta indica que la Delegación Territorial de Burgos facilitará la información requerida. Una semana después, y a pesar de que le facilitó el número de expediente y el departamento que lo había emitido, se remitió a la periodista la Consejería de Movilidad que, nuevamente, indicó que no le constaba ningún expediente.

Asimismo, elDiario.es también había requerido al Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid las licencias de las empresas de Suárez. Con relación a El Granero de San Francisco tan sólo se aportó una declaración responsable de la mercantil fechada en abril de 2024 en la que dice que el objeto es “el cultivo, secado y destilado de lavanda”. Mediante esa declaración la empresa da a entender que tiene todos los permisos necesarios y es válida desde ese momento, no desde antes. Tampoco permite otras actividades distintas de las declaradas, cosa que sí ocurrió. Desde 2019 hasta la actualidad en El Granero de San Francisco se han celebrado bodas y eventos culturales, tal como se refleja en reportajes en medios de comunicación de esos años. Así, queda claro que El Granero de San Francisco operó sin permisos ni licencias, algo que la Junta intentó ocultar. Desde el gobierno autonómico, se han comprometido con elDiario.es a facilitar todos los expedientes, si bien no han precisado en qué fecha.

No es la primera vez que un 'error' de una administración beneficia a Suárez. Este diario ya publicó que el concejal, presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, estaba compatibilizando el cargo con la participación del 33% en una empresa, Eventos El Espino SL que recibía contratos municipales. El Ayuntamiento de Burgos no pudo evitar que los contratos se declarasen nulos pero atribuyó lo ocurrido a un “error” de los técnicos municipales.

El Parlamento de Cantabria ha invertido 43.000 euros en renovar su página web con una nueva estética, algunos enlaces que no funcionan y un suspenso en transparencia. Un cambio superficial sin contenidos actualizados porque algunos de los datos que publica la institución son antiguos y otros ni siquiera aparecen. Directamente siguen sin hacerse públicos. Aunque la institución admite que “se encuentra en fase de lanzamiento” por lo que seguirán mejorando y ampliando “contenidos y funcionalidades”.

La institución cántabra sigue sin publicar ni la declaración de actividades, ni la de bienes y rentas, ni la de intereses económicos de los diputados. Ninguna de las tres que puede consultar cualquier ciudadano en la web del Congreso de los Diputados.

La estrenada web -renovada por la empresa madrileña COMPASSDIGITAL S.L. con un contrato que incluye el mantenimiento técnico durante cuatro años- solo tiene una pestaña para colgar una de ellas, las declaraciones de actividades de los diputados cántabros. Pero está vacía. Los otros documentos tampoco tienen su apartado.

No obstante, el Parlamento de Cantabria asegura que “mejora los servicios de información pública” y precisa que la “renovación integral” de su plataforma digital “no se limita a una actualización estética”, sino que forma parte de un proceso más amplio de modernización tecnológica de la Cámara, “orientado a reforzar la transparencia, la accesibilidad y la difusión de la actividad parlamentaria”.

Según el último presupuesto los grupos parlamentarios reciben dos millones de euros del presupuesto de la Cámara pero en el apartado correspondiente no se detallan qué subvenciones concretas percibe cada uno de ellos. La última información disponible en Transparencia es del año 2022 que corresponde a la anterior legislatura. En la web institucional tampoco hay rastro de la justificación de esas cantidades, se entregan sin fiscalización ni control posterior de cómo y en qué se ha gastado.

La única información disponible es de hace cuatro años, la legislatura anterior. Cuando el PRC recibía 47.512 euros al mes por sus 14 diputados, 37.382 el Partido Popular con nueve, el PSOE ingresaba 34.100 por sus siete escaños, Ciudadanos 21.148 por sus tres representantes -aunque el grupo acabó la legislatura fragmentado con Marta García en el grupo mixto- y Vox que por dos parlamentarios obtenía cerca de 15.000 euros mensuales.

También está desactualizada la relación de peticiones de equipamiento informático que hacen los diputados. Las últimas que permanecen colgadas remiten al sillón ergonómico que pidió en 2019 Félix Álvarez cuando ocupó un escaño parlamentario representando a Ciudadanos.

Sueldos

En cambio, sí que se ha publicado la información relativa a los sueldos que perciben los representantes públicos. Más de cinco mil euros al mes la presidenta, María José González Revuelta, 4.685 euros los portavoces de los grupos parlamentarios y tres mil euros los diputados con dedicación absoluta -1.740 quienes tengan dedicación parcial- a todos ellos se suman las dietas, 1.228 euros mensuales.

Por contra, la última información que proporciona el Parlamento sobre los gastos de viaje de los diputados corresponde a 2021, cuando una diputada regionalista cobró 41 euros por asistir a un congreso sobre despoblación en León, y otros tres de -del PP, PRC y PSOE- participaron hace cinco años en la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui en Canarias y pasaron unos gastos de unos seiscientos euros cada uno. Se desconoce si en años posteriores se ha realizado algún gasto más por estas circunstancias o sus señorías no han realizado ningún viaje.

El Parlamento mantiene actualizado el apartado de gastos de personal eventual de confianza -trece asesores de todos los grupos parlamentarios con un salario anual de 44.119 euros, excepto el jefe de gabinete de la presidenta de la institución que llega hasta los 75.000- y de retribuciones de personal funcionario que permite comparar salarios. La persona que más cobra en el Parlamento no es un político, sino un funcionario: el secretario general que percibe 86.000 euros anuales. Un puesto de libre designación entre los letrados de la Cámara.

Prestaciones a exparlamentarios

Transparencia sí que informa de las 'prestaciones' a los exparlamentarios. Cuando un diputado deja el Parlamento puede solicitar el 'paro' y cobrar 1.400 euros durante un máximo de 16 meses. En este caso, la institución si ha hecho públicos los nombres de los perceptores a quienes se presupone que se otorga este subsidio porque están en desempleo. Al acabar la pasada legislatura -según figura en la documentación del portal del Parlamento- lo solicitaron Félix Álvarez (Ciudadanos), Emilia Aguirre y María Ángeles Matanzas como exdiputadas del PRC, el socialista Javier García Oliva y Pedro Gómez que defendió los intereses de los ganaderos desde la bancada del Partido Popular. El regionalista Francisco Ortiz sólo lo cobró durante siete meses.

Información económica

En lo referente a la información económica, la institución no hace públicos los informes de liquidación del presupuesto de la Cámara desde el año 2021. La publicación del saldo en las cuentas bancarias -otro apartado de su propio portal de transparencia- se actualizó por última vez en 2024. Para tener acceso, por ejemplo, a los contratos menores la página remite a un enlace de la plataforma de contratación, no aparecen los listados como en el portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria que permite el acceso directo a este tipo de documentación.

En el apartado de Patrimonio no funcionan los enlaces para acceder a la relación de los fondos artísticos de la institución. Una colección institucional de 152 obras con un valor estimado en 800.000 euros, según la tasación hecha en 2024 por la propia institución: 78 pinturas, 54 obras gráficas, 10 fotografías y una decena de esculturas se reparten por estancias, zonas comunes y despachos del edificio del antiguo hospital de San Rafael. Uslé, Quirós, Roberto Orallo, Esteban de la Foz, Luz de Alvear o Navarro Baldeberg firman piezas de este patrimonio pictórico del hemiciclo cántabro.

La Casa Real ahonda su déficit y cerró 2025 con unas pérdidas de 719.334 euros, según consta en las cuentas oficiales publicadas este martes en la web de la institución. Es el segundo ejercicio consecutivo en el que Zarzuela declara números rojos, tras los 99.591 euros negativos de 2024. Como en ese ejercicio, el descuadre se debe a las inversiones en seguridad informática que ha acometido el Palacio de la Zarzuela y a la congelación del presupuesto de la Casa, lo que ha obligado a Felipe VI a tirar del remanente.

El equipo de Felipe VI justifica el resultado en la necesidad de acometer “proyectos estratégicos e inaplazables” en materia de seguridad y en la congelación presupuestaria que les afecta por la ausencia de nuevas cuentas públicas desde 2023. También en las “amortizaciones de las inversiones del pasado año”.

El balance de 2025, auditado por el Tribunal de Cuentas, muestra que el presupuesto de 8,43 millones de euros de asignación pública directa a Zarzuela fue insuficiente para cubrir los gastos. Es la misma cantidad que el Estado da desde 2021 a la Casa del Rey para su sostenimiento, aunque luego hay múltiples partidas presupuestarias destinadas a la monarquía repartidas por los Presupuestos Generales del Estado. El coste total que asumen los españoles supera los 100 millones, según un estudio avalado por la Zarzuela.

A esos 8,43 millones se suma el uso de parte de los ahorros consignados por la Casa Real en los últimos años. Zarzuela ha recabado 983.403 euros del fondo de remanentes presupuestarios “para atender proyectos estratégicos e inaplazables, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información, las comunicaciones seguras y el Plan estratégico para la financiación de los desarrollos de los sistemas de información”, según informan desde el equipo de Felipe VI.

“Los suplementos de crédito no suponen ingresos adicionales sino la utilización de recursos financieros propios de la Casa de Su Majestad el Rey”, apunta el Tribunal de Cuentas en su informe. En total, Zarzuela contó con 9,41 millones. “Las obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2025 ascendieron a 9.390.116 euros, con un remanente positivo de 24.436 euros , lo que refleja un alto nivel de ejecución presupuestaria (99,74%)”, aseguran desde Zarzuela.

El rey gastó el año pasado en el personal que le asiste a él y a su familia 4,92 millones de euros, casi 200.000 más que en 2024. Es la principal partida presupuestaria de Zarzuela. La segunda más cuantiosa son los 3,1 millones destinados a “suministros y servicios exteriores”. La “amortización del inmovilizado” alcanza los 1,51 millones.

Es la segunda vez que Zarzuela declara pérdidas desde que hace públicas sus cuentas. En 2023 el resultado fue positivo (407.402 euros). También en 2021 (407.402 euros), 2020 (931.233) y en 2019, cuando se alcanzó el récord: 1,7 millones. Con anterioridad a 2015 no se puede saber si hubo otros ejercicios en negativo.

elDiario.es lleva publicando desde el pasado 14 de junio varias entregas con los resultados de la encuesta de Ateneo del Dato para este diario sobre los expresidentes y la corrupción a raíz de la imputación del exjefe del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La primera entrega se centró en la percepción de los votantes ante la inédita investigación a un expresidente y reflejó que la mayoría de los votantes del PSOE quiere que Pedro Sánchez agote la legislatura a pesar de la imputación de uno de sus grandes valedores.

En la segunda entrega, publicada el día 15, se mostraron los datos sobre qué opinan los votantes de las derechas sobre una posible moción de censura contra Sánchez a raíz del estallido del caso de Zapatero y la encuesta permitió concluir que la mayoría de votantes del PP apoya esa iniciativa parlamentaria y anima a presentarla al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aunque sus electores se dividen sobre si debe negociar o no con PNV y Junts. Y este lunes, en la última entrega, se reflejó la percepción ciudadana ante la actuación de los tribunales con la conclusión de que la mayoría de los españoles cuestiona la imparcialidad de la Justicia.

Coincidiendo con esta última publicación elDiario.es y Ateneo del Dato quieren realizar un ejercicio de transparencia poniendo a disposición de los lectores todo el trabajo interno que ha permitido realizar la encuesta. A continuación, se pueden consultar tanto el cuestionario como la base de datos que utilizó la compañía demoscópica:

La encuesta se realizó entre el 9 y el 12 de junio, a través de 1.500 entrevistas. El proveedor del panel cumple con la norma ISO 20252, estándar internacional de calidad para la investigación de mercados, social y de opinión pública, que establece requisitos de control metodológico, trazabilidad y garantía de calidad en los procesos de recogida y tratamiento de datos. Pulsando el siguiente botón puedes descargarte los microdatos utilizados para elaborar la encuesta:

Ateneo del Dato es un proyecto integrado por analistas de datos e investigadores sociales especializados en metodologías cuantitativas y cualitativas. Su finalidad es analizar y explicar, desde una perspectiva empírica, las problemáticas, actitudes y tendencias que configuran la sociedad española y su entorno.

El proyecto está dirigido por Víctor Pérez-Guzmán, analista con formación en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, especializado en análisis de datos sociales y electorales. Su trayectoria comenzó en la investigación aplicada y el estudio del comportamiento social, y ha evolucionado hacia el diseño de arquitecturas de datos en entornos cloud y el desarrollo de modelos predictivos basados en patrones de comportamiento. Actualmente, compagina la dirección de Ateneo del Dato con la construcción de sistemas analíticos avanzados, incluyendo enfoques de aprendizaje federado orientados a la predicción y al análisis descentralizado de datos.

Fuera de plazo y amparándose en la “elaboración” el Ayuntamiento de Burgos ha incumplido la Ley de Transparencia y ha acordado inadmitir la solicitud de información de elDiario.es de tener acceso al documento que acredite la supuesta venta de acciones de la mercantil Eventos El Espino SL, de la que el concejal, presidente de la Diputación y presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, tiene el 33% y que recibió contratos municipales a pesar de que la normativa lo prohíbe. Este medio solicitó el documento el pasado 4 de mayo y no ha sido hasta el pasado 15 de junio cuando el Ayuntamiento ha respondido, por lo que supera el plazo máximo de un mes que marca la ley.

La respuesta asume que “la solicitud reúne los requisitos exigidos en el artículo 17.2 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno” y que no se encuentra en ninguno de los supuestos límites de acceso a la información contemplados en los artículos 14 y 15“. Sin embargo, explica ”el 10 de junio de 2026“ con el plazo máximo para contestar ya superado, la Sección de Protocolo y Comunicación del Ayuntamiento de Burgos informa que ”realizada consulta a la Secretaría General municipal, Sección encargada de la llevanza de las Declaraciones de Bienes y Actividades de los Sres./as Corporativos/as, se advierte que se está tramitando la solicitud de actualización presentada por el Sr. D. Borja Suárez Pedrosa. De ser suficiente la documentación presentada, en la página web municipal se podrá consultar su renovada Declaración de Bienes y Actividades“.

En este sentido, se apoya en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, que establece que se inadmitirán las solicitudes “que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general”. Así concluye el Ayuntamiento que “Del informe de la Sección de Protocolo y Comunicación puede extraerse la conclusión de que la información solicitada, si bien no existe limitación legal en su solicitud y proporción, se encuentra en curso para su elaboración, por parte de la Secretaría General, de cara a su posterior publicación en la página web del Ayuntamiento de Burgos para su consulta por cualquier ciudadano. Esto implica que, necesariamente, la presente solicitud de información pública debe ser inadmitida al concurrir la causa anteriormente señalada”.

Lo curioso es que se considere que es una documentación que se encuentra en “en curso para su elaboración” cuando el propio Suárez, en el Pleno del pasado 17 de abril aseguró que ya se había deshecho de sus acciones. En ese momento, elDiario.es preguntó al Ayuntamiento si había aportado algún documento que lo acreditase. La respuesta de Suárez fue que se remitiese a la periodista al Registro Mercantil. La gestión de conocer la titularidad real de cualquier empresa está vetada a todo el que no tenga interés legítimo, o lo que es lo mismo: a quien no sea socio o administrador de la mercantil en concreto. El Ayuntamiento no aclaró entonces cómo pudo constatar que la afirmación de Suárez era cierta. Dos meses después, el documento sigue sin aparecer, y tampoco se ha actualizado la declaración de bienes.

El Ayuntamiento tampoco ha resuelto cómo se va a devolver el dinero que se pagó por contratos que eran nulos de pleno derecho, y de los que la propia alcaldesa, Cristina Ayala, culpó a los técnicos municipales y no a Suárez, de quien depende orgánicamente en su partido. Tampoco se ha explicado cómo es posible que Eventos El Espino, una empresa que se crea en 2009, empezó a recibir contratos municipales en 2023, momento en que Suárez entró como concejal en el Ayuntamiento, pero nunca antes de ese momento. Por otro lado, el mismo informe del secretario municipal que determinó -una vez que elDiario.es-desveló los contratos a la empresa de Suárez- que los contratos eran nulos, establecía que era necesario un “protocolo” para evitar reincidir, sin embargo, nada se sabe del protocolo.

El Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, no ha puesto en marcha los controles antifraude en materia de contratación pública previstos en los códigos éticos de la Administración. En tres años de mandato, el gobierno que dirige María José Catalá no ha creado el órgano encargado de vigilar los conflictos de intereses en los contratos municipales, un Comité Ético previsto en el Plan de Integridad Municipal, que se aprobó en mayo de 2023.

A este comité le corresponde estudiar y canalizar las denuncias que puedan llegar en materia de contratación pública, los posibles conflictos de intereses en materia de integridad y proponer mejoras o medidas de “sanción” y “persecución” de los incumplimientos. Es, grosso modo, el órgano competente en hacer seguimiento del plan de integridad.

La Agencia Valenciana Antifraude lo reseña en su informe sobre las abstenciones del concejal de contratación, José Marí Olano, que han sido trasladadas a un órgano de la Intervención General del Estado encargado del fraude en proyectos europeos. En el documento, que señala una serie de irregularidades en los haceres del concejal que presidió la mesa de contratación entre abril y diciembre, y sigue siendo delegado de contratación municipal, Antifraude observó “una falta de diligencia al no comunicar el conflicto de interés al Comité ético o Unidad de Integridad”, previsto en la ley de contratos del sector público. Antifraude pidió un informe sobre la comunicación del posible conflicto de interés al comité ético del Ayuntamiento de Valencia, que el consistorio nunca remitió, pero alegó que “se han adoptado las medidas para abordar el conflicto de interés”.

Meses después, el consistorio reconoce por escrito que no se ha creado el órgano. Así consta en una respuesta remitida a Compromís, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que la delegación de Transparencia, que dirige Juan Carlos Caballero, admite que en tres años “el plan no ha sido objeto de actualización alguna” y que “el Comité Ético no ha llegado a constituirse”. En la respuesta de Caballero al concejal Ferran Puchades —que tuvo que recurrir a dos departamentos y a un recurso de amparo por la falta de información—, Transparencia señala que aunque no se haya actualizado el plan se colabora con la Agencia Antifraude, hay una norma para contratos europeos y se han realizado acciones formativas.

Como el Comité Ético no se ha constituido, no existe informe alguno sobre la evaluación o el seguimiento del plan. Mucho menos sobre el concejal de contratación, que se ha abstenido de numerosos procesos públicos para evitar conflictos de intereses con empresas con las que trabaja o ha trabajado como abogado, y que sigue ocultando cuáles son amparándose en el secreto profesional. La opacidad del consistorio le ha valido una investigación del Síndic de Greuges, otra de la Agencia Valenciana Antifraude y está por ver si del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, dado que hay contratos cuestionados que se han financiado con fondos europeos. 

“Si se hubiera puesto en marcha, no tendríamos a Antifraude o a la Fiscalía pidiendo explicaciones” sobre contratos del Ayuntamiento, ha denunciado este miércoles la portavoz de Compromís, Papi Robles. Los valencianistas reclaman un informe público sobre los contratos firmados por Marí Olano y su posible conflicto de interés, que afecta a grandes contratos y a financiación europea de proyectos. “El gobierno de PP y Vox ha dejado este Plan en un cajón para poder seguir con el oscurantismo que les acompaña”, insiste la portavoz, que también señala al edil de Vox José Gosálbez, que trabaja con el colegio de Ingenieros y oculta el contrato.

El Plan de Integridad fue aprobado por el gobierno de coalición de Compromís y el PSPV que dirigía Joan Ribó en su última junta de gobierno local, como guinda al reglamento de Gobierno abierto que impulsó la izquierda en las instituciones, siguiendo la ley de Transparencia. Según el texto, que se aloja en la web municipal, corresponde a la concejalía delegada de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto presidirlo, contando con la Secretaría General y del Pleno, la Intervención General y los jefes de servicio de Contratación, Evaluación y Personal. La edil del ramo, Júlia Climent, es también quien firma los contratos cuando Marí Olano se abstiene.

L'Ajuntament de València, governat pel PP i Vox, no ha posat en marxa els controls antifrau en matèria de contractació pública previstos en els codis ètics de l'Administració. En tres anys de mandat, el govern que dirigeix María José Catalá no ha creat l'òrgan encarregat de vigilar els conflictes d'interessos en els contractes municipals, un Comitè Ètic previst en el Pla d'Integritat Municipal, que es va aprovar el maig de 2023.

A aquest comité li correspon estudiar i canalitzar les denúncies que puguen arribar en matèria de contractació pública, els possibles conflictes d'interessos en matèria d'integritat i proposar millores o mesures de “sanció” i “persecució” dels incompliments. És, a grans trets, l'òrgan competent per a fer el seguiment del pla d'integritat.

L'Agència Valenciana Antifrau ho esmenta en el seu informe sobre les abstencions del regidor de Contractació, José Marí Olano, que han estat traslladades a un òrgan de la Intervenció General de l'Estat encarregat del frau en projectes europeus. En el document, que assenyala una sèrie d'irregularitats en l'actuació del regidor, el qual va presidir la mesa de contractació entre abril i desembre, i continua sent delegat de Contractació Municipal, Antifrau va observar “una falta de diligència en no comunicar el conflicte d'interés al Comitè Ètic o Unitat d'Integritat”, previst en la Llei de contractes del sector públic. Antifrau va demanar un informe sobre la comunicació del possible conflicte d'interés al comité ètic de l'Ajuntament de València, que el consistori mai va remetre, però va al·legar que “s'han adoptat les mesures per a abordar el conflicte d'interés”.

Mesos després, el consistori reconeix per escrit que no s'ha creat l'òrgan. Així consta en una resposta remesa a Compromís, a la qual ha tingut accés elDiario.es, en què la delegació de Transparència, que dirigeix Juan Carlos Caballero, admet que en tres anys “el pla no ha estat objecte d'actualització alguna” i que “el Comité Ètic no ha arribat a constituir-se”. En la resposta de Caballero al regidor Ferran Puchades —que va haver de recórrer a dos departaments i a un recurs d'empara per la manca d'informació—, Transparència assenyala que, encara que no s'haja actualitzat el pla, es col·labora amb l'Agència Antifrau, hi ha una norma per a contractes europeus i s'han dut a terme accions formatives.

Com que el Comité Ètic no s'ha constituït, no hi ha cap informe sobre l'avaluació o el seguiment del pla. Encara menys sobre el regidor de Contractació, que s'ha abstingut en nombrosos processos públics per a evitar conflictes d'interessos amb empreses amb les quals treballa o ha treballat com a advocat i que continua ocultant quines són emparant-se en el secret professional. L'opacitat del consistori li ha valgut una investigació del Síndic de Greuges, una altra de l'Agència Valenciana Antifrau i està per veure si també del Servei Nacional de Coordinació Antifrau, atés que hi ha contractes qüestionats que s'han finançat amb fons europeus.

“Si s'haguera posat en marxa, no tindríem Antifrau o la Fiscalia demanant explicacions” sobre contractes de l'Ajuntament, ha denunciat aquest dimecres la portaveu de Compromís, Papi Robles. Els valencianistes reclamen un informe públic sobre els contractes signats per Marí Olano i el seu possible conflicte d'interés, que afecta grans contractes i finançament europeu de projectes. “El govern de PP i Vox ha deixat aquest pla en un calaix per poder continuar amb l'obscurantisme que els acompanya”, insisteix la portaveu, que també assenyala l'edil de Vox José Gosálbez, que treballa amb el Col·legi d'Enginyers i oculta el contracte.

El Pla d'Integritat va ser aprovat pel govern de coalició de Compromís i el PSPV que dirigia Joan Ribó en la seua última Junta de Govern Local, com a cirera del pastís del Reglament de Govern Obert que va impulsar l'esquerra en les institucions, d'acord amb la Llei de Transparència. Segons el text, que s'allotja a la web municipal, correspon a la regidoria delegada de Participació Ciutadana i Govern Obert presidir-lo, comptant amb la Secretaria General i del Ple, la Intervenció General i els caps de servei de Contractació, Avaluació i Personal. L'edil del ram, Júlia Climent, és també qui signa els contractes quan Marí Olano s'absté

Podemos Cantabria ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra el Ayuntamiento de Santander por no facilitar la documentación relativa a las viviendas de alquiler asequible de Primero de Mayo, en Peñacastillo.

La formación registró el 5 de mayo una solicitud de acceso a información pública para conocer los convenios, acuerdos, expedientes administrativos, informes técnicos y jurídicos existentes entre el Ayuntamiento y la Obra Social “la Caixa”, CaixaBank o entidades vinculadas en relación con estas promociones.

La petición afecta a las 107 viviendas incluidas dentro de este programa de alquiler asequible: 70 entregadas en 2013 y otras 37 en 2016.

Se trata de inmuebles promovidos originalmente por la Obra Social “la Caixa” que han acabado en manos de Mosaic, una sociedad vinculada a una estructura inversora radicada en Luxemburgo.

Tras no recibir respuesta del Ayuntamiento de Santander dentro del plazo legal, Podemos ha decidido elevar el caso al Consejo de Transparencia.

“No puede ser que Íñigo de la Serna promocionara estas viviendas desde el Ayuntamiento como una obra social y ahora el propio Ayuntamiento no entregue el convenio que explica qué se firmó y qué garantías tenían las familias. Una falta de transparencia que es un patrón de conducta consolidado en las administraciones gobernadas por el PP en Cantabria”, ha denunciado Pablo Gómez, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Cantabria.

La formación mantuvo este miércoles un encuentro con vecinos afectados, quienes trasladaron su preocupación por el futuro de sus hogares “después de que unas viviendas que nacieron bajo la promesa de ofrecer alquileres asequibles hayan terminado en manos de una sociedad inversora”, ha señalado la formación.

“Queremos el convenio para saber la verdad: cuánto tiempo debía mantenerse el alquiler asequible, si existían limitaciones a la venta, derechos de tanteo o retracto, y qué obligaciones asumieron las partes cuando se presentó este proyecto como una iniciativa social”, han precisado desde Podemos.

La formación ha explicado que la reclamación presentada ante Transparencia afecta a documentación relacionada con una política pública de vivienda y con actuaciones en las que participó una administración, por lo que considera que existe“ un evidente interés ciudadano en conocer todo el expediente”. “No hablamos solo de una compraventa entre empresas. Hablamos de viviendas que fueron presentadas institucionalmente como una solución para familias trabajadoras. Las administraciones que se hicieron la foto entonces tienen que dar explicaciones ahora”, ha sostenido Gómez.

Para Podemos “Lo mínimo que merecen estas familias es respeto y transparencia. Si todo se hizo correctamente, no debería haber ningún problema en enseñar los documentos”, concluye.

No por ser esperado le resulta menos indignante a Isabel García, vecina de Touro (A Coruña) implicada desde 2017 contra la reactivación de la mina de cobre en ese municipio, el aluvión de comunicaciones que la Xunta está remitiendo a personas que presentaron alegaciones al proyecto. Lo que dicen esas notificaciones es que la administración autonómica no las considera personas interesadas en el proceso. Por tanto, sus objeciones van a ser desechadas. La carta les ha llegado a vecinos de Cabo de Cruz, en Boiro (A Coruña), a 55 kilómetros en línea recta del yacimiento y que temen sus efectos a través de las aguas del río Ulla, pero también a residentes que tienen su vivienda a 200 metros de la explotación.

La vía de denegar la condición de interesado a personas que alegan en un proceso administrativo no es nueva: la Xunta revisa en cada caso la pertinencia de las peticiones y responde negativamente si entiende que no está suficientemente justificado. Pero la tramitación de la macrocelulosa de Altri le dio una nueva dimensión a este modo de actuar, con una avalancha de denegaciones que, para organizaciones muy activas contra el proyecto como Greenpeace, era un intento de “silenciar” la enorme oposición que había y que se tradujo también en miles de alegaciones. La historia se repite en Touro. Isabel García, que es miembro de una de las plataformas vecinales que batallan contra los planes de volver a explotar el yacimiento, ve un paralelismo y cree que la intención es desgastar a quienes se oponen: “Hacer esta maniobra con personas que, en muchos casos, no están acostumbradas a lidiar con este tipo de comunicaciones es una táctica para intentar que no se siga adelante”. “Y también buscan tener un argumento de que no hubo tantas personas porque no hubo tantos interesados”, agrega. Meterse en el asunto, dice, es “una carrera de obstáculos”.

“Están usando el mismo modus operandi que con Altri”, sostiene Che Cancelo, portavoz de otra plataforma vecinal contra la mina. Primero, explica, llegaron hace unos meses las comunicaciones que pedían a quienes presentaron alegaciones justificar que son parte interesada en el proceso. Desde hace semanas constan las denegaciones, contra las que se puede presentar recurso de alzada. Cancelo considera que, al analizar los distintos casos, no quedan claras las razones ni los criterios de la Xunta y se queja de que están excluidas personas a las que les expropiarían terrenos, que ella defiende que es un elemento que demuestra que tienen interés en el proceso. Los razonamientos de la administración autonómica en algunos de estos casos de vecinos de la zona, a cuyas resoluciones ha tenido acceso esta redacción, son que la persona “alega de forma genérica posibles pérdidas económicas, psicosociales, culturales, ambientales y de salud que no se evaluaron” y que no se acredita “una relación material unívoca” ni un efecto “cierto” derivado del proyecto.

La ley de procedimiento administrativo común señala que se consideran interesados en un procedimiento quienes lo promuevan como titulares de derechos legítimos, los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte o aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar también afectados y se personen antes de que haya resolución definitiva.

Ricardo Ares es una de las personas que vive en las inmediaciones de los terrenos de la mina, en Arinteiro, un núcleo perteneciente a Touro. Compareció a principios de mes ante la prensa para explicar su caso, junto al Sindicato Labrego Galego. “Las tierras me las llevan todas”, afirmó, pero la respuesta a su petición de ser parte interesada ha sido negativa. Si los planes de Cobre San Rafael reciben el visto bueno, afirma que no podrá vivir en el lugar en el que lo hace ahora. Teme los impactos sobre los manantiales de la zona, en unos terrenos con repetidos episodios de contaminación que han llevado a que la propia Xunta imponga multas. Ares dirigió unas palabras al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “Tenga un poco de dignidad y hable con los vecinos”.

El Sindicato Labrego también carga contra la Xunta por una actitud que califica de “oscurantista”. Y otra vecina afectada, Marta Curros, avisa de que esta forma de proceder genera indefensión para ellos. Recuerda que esta es la segunda vez que se registra una solicitud para reactivar la mina y llama la atención sobre que ahora se les está denegando la condición de interesadas a personas a las que sí se les reconoció en 2017. “La administración no es imparcial, está de parte de la empresa promotora”, acusó.

Las trabas desde 2017

También echa la vista atrás hacia la tramitación que empezó en 2017 Isabel García. El contexto del proyecto es inusual: el yacimiento se explotó en los años 70 y 80 para extraer cobre. Fue en 2017 cuando la empresa Cobre San Rafael -de Atalaya Mining- presentó por primera vez sus planes para retomar la actividad. La contestación social fue férrea. En 2020 la Xunta anunció que no superaba el trámite ambiental y descartó la propuesta en 2021. La empresa insistió pocos años después y el Gobierno gallego declaró el proyecto estratégico en 2024. En la actualidad está a la espera de la declaración de impacto ambiental, pero, entretanto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló que la Xunta hizo mal la tramitación que llevó a denegar el primer proyecto -por una cuestión de forma, no de fondo- y anuló aquella decisión. La empresa, no obstante, ha aclarado que no tiene intención de resucitar los planes iniciales, sino de seguir con los actuales.

En cualquier caso, Isabel García, recuerda que en 2017 los vecinos que se organizaron contra la mina ya se enfrentaron al muro burocrático de la administración gallega para que los reconociese como parte interesada. “Entonces no sabíamos reaccionar, pero fuimos aprendiendo”, señala. Explica que el motivo para poner tanto énfasis en esto es que, pasado el trámite de exposición pública, se siguen incorporando informes y documentación al expediente y, si no son persona interesada, no tienen acceso a ellos. “Nos quedamos sin saber qué pasa cuando tenemos una mina a las puertas de casa”, protesta. Hace nueve años, rememora, llamaban al departamento responsable de minas y pedían ver el expediente. “Tras mucho lidiar con la jefatura, nos reconocieron como interesados. Entonces permitían ver el expediente in situ. Había que pedir cita de mañana e ir a A Coruña, lo que a muchos les suponía pedir días en el trabajo. No podías hacer fotos, tenías que solicitar una copia y volver otro día a recogerla pagando una tasa. Fue un agotamiento”, cuenta.

“Vivimos aquí, tenemos propiedades, defendemos bienes”

En el proceso actual las cartas para pedir que demostrasen su interés en el caso empezaron a llegar hace algo más de un año -el periodo para presentar alegaciones terminó el 31 de enero de 2025-. “Nosotros respondimos que lo somos porque residimos aquí, porque tenemos propiedades afectadas y están publicadas en el Diario Oficial de Galicia o porque, sin ser residentes, defendemos bienes afectados como los recursos hídricos o el Camino de Santiago, que es Patrimonio Mundial”, explica. El Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural acaba de elaborar un informe en el que pide anular cualquier permiso para la mina porque no ha habido una consulta previa ante la Unesco y está en riesgo la ruta jacobea.

García asegura que a algunas personas les llegó hasta tres veces el requerimiento para justificar su interés. Y han tenido que responder tres veces. Vuelve a recalcar que hay mucha gente afectada que no está habituada a los trámites de este tipo y señala que, por eso, las plataformas facilitan modelos para responder a las peticiones de la administración autonómica en función de si son vecinos o propietarios de tierras o si su interés deriva de otra cuestión. En el caso de Altri, esta disponibilidad de formularios, tanto en las alegaciones como en las réplicas a los requerimientos, llevó al presidente gallego a afirmar que lo que había era una campaña “orquestada”.

El siguiente episodio empezó hace unas semanas, con las cartas denegando esa consideración de parte interesada. “Piden que aportemos más información. No explican cómo”, se queja. Su conclusión es que el Gobierno gallego “no piensa en las personas”. “Compraron lo que les cuenta la empresa y van para adelante”, dice, sin que ni Rueda ni alguno de sus conselleiros se haya entrevistado con los vecinos: “¿Tienen miedo a conocer las vidas que se van a destruir?”.

La movilización contra el proyecto sigue en marcha y el domingo está convocada una manifestación en A Illa de Arousa (Pontevedra) contra la mina y también contra Altri, cuyos planes no están archivados definitivamente.