Little darling, I feel that ice is slowly melting. Esa es una de las estrofas de la canción Here comes the sun de los Beatles. Esa descripción de cómo el hielo se deshace es un alegre canto primaveral en boca de los cuatro de Liverpool, pero una advertencia si vemos las evidencias de lo rápido que avanza el cambio climático. Y, en boca del ambientalista climático Bill McKibben (California, 1960), puede ser ambas cosas. Acaba de publicar con Capitán Swing un libro que comparte nombre con la famosa canción y en el que, aunque dice que hemos llegado a un punto de no retorno, nos tranquiliza señalando la solución.

McKibben apunta al sol como una fuente de energía tan barata, sostenible y estable que, dice, acabará desbancando al petróleo y al gas. Ni siquiera el negacionismo climático de Trump o la presión de la industria fósil podrá evitarlo. La cuestión es cuánto tardará en conseguirse. “No tenemos 40 años”, sostiene el escritor, que insiste en que hay mucha parte del daño que ya será irreparable, pero que todavía estamos a tiempo de “mitigar el cambio climático y tener un planeta vivible”.

Venimos del verano más caluroso desde que hay registros, con las sequías y los incendios arrasando el mundo… Pero usted ha escrito un libro tremendamente optimista.

En cierta manera. El problema es que ya se ha hecho mucho daño. Hace casi 40 años que escribí El fin de la naturaleza [Random House, 1989] sobre el efecto invernadero, que entonces era muy poco conocido, y casi todo sobre lo que alertaba se ha hecho realidad. Los incendios, inundaciones, las olas de calor, la subida del nivel del mar…

Hemos perdido mucho tiempo y no lo podemos recuperar. Lo que sí podemos intentar es que la cosa no empeore. Y, por fin, tenemos una arma con la que luchar. Y eso es muy bueno.

Actualmente, la forma más barata de producir energía es apuntar un trozo de metal hacia el sol

Tenemos placas solares desde la segunda mitad del siglo pasado. ¿Qué ha pasado para que ahora la energía solar sí pueda ser relevante para mitigar el cambio climático?

Siempre hemos contado con la energía del sol y del viento. Las placas se inventaron, como dices, en 1954, pero eran extremadamente caras. Tanto que en lo único en lo que se podían instalar era en satélites. Pero esto ha cambiado gracias a una combinación entre el activismo y avances tecnológicos.

Uno de los momentos clave lo marcó Alemania, cuando el partido verde tuvo la llave del Gobierno y usó ese poder para forzar la Energiewende [plan nacional para priorizar las energías renovables] y eso, a su vez, movió la economía de tal manera que permitió que China se especializara en la construcción de placas solares low-cost.

Hace cinco años conseguimos que fuera más barato producir energía solar que quemar cosas. Deberíamos haber querido llegar aquí antes porque el cambio climático podría destruir nuestra civilización y porque ya hay millones de personas que mueren cada año por respirar la contaminación causada por la combustión fósil. Y, además, necesitamos guerras para conseguir petróleo. Pero ya estamos ahí: la forma más barata de producir energía es apuntar un trozo de metal hacia el sol.

No deja de ser paradójico que debamos agradecérselo, en gran medida, a China, el país que durante mucho tiempo ha sido el que más contaminaba del mundo.

Y eso, otra paradoja, es culpa de Estados Unidos. El presidente Jimmy Carter invirtió montones de dinero en la energía solar con el objetivo de que pudiera producir el 20% de lo necesario de cara al año 2000. Si se hubiera conseguido, China habría acelerado el camino hacia los paneles baratos en lugar de querer quemar todo ese carbón.

Pero, lamentablemente, votamos a Ronald Reagan y eso nos costó décadas. A partir de ahí, el país se instauró en el negacionismo climático. El nuevo presidente quitó las placas solares que Carter había instalado en la Casa Blanca y eso dio muchas alas a las petroleras. Así que, sí, los americanos somos los malos de esta historia.

Y ahora han vuelto a votar a otro negacionista climático. ¿Cree que, aunque la energía solar sea la opción más lógica y barata, Donald Trump podría volver a hacernos perder décadas?

Creo que Estados Unidos ya no tiene ese poder. Si conseguimos apartar a Trump de la presidencia, siempre y cuando no se aferre al poder más de lo que ya lo ha hecho, podremos devolver al país al camino sensato. Pero requerirá mucha lucha, porque la industria es muy poderosa. Más en Estados Unidos que en cualquier otro lugar del planeta.

¿Qué podemos esperar que hagan para frenar el avance de la energía solar?

De todo. Sobre todo si tienen el apoyo de Trump. Cuando estaba haciendo su segunda campaña electoral, le dijo a la industria petrolera que, si le hacían donaciones por valor de mil millones de dólares, les daría lo que quisieran. Lo dijo y no se escondió. Y si eres una empresa de este sector, sin duda es una buena oferta.

La gente no tiene ni idea de lo que está pasando, pero es una locura. Estamos clausurando parques eólicos que están acabados al 90% y estamos prohibiendo la instalación de placas solares en terrenos federales.

He empezado la entrevista alabando su optimismo, pero ya empiezan a salir las pegas. Sobre todo teniendo en cuenta que esta semana la ONU avisó de que el calentamiento global superará pronto los 1,5º… ¿Seguimos a tiempo aunque Estados Unidos se instale en ese negacionismo?

No podemos parar el calentamiento global, ya es tarde para eso. Y, en ese sentido, el trabajo de mi vida ha sido un fracaso. Sin embargo, todavía podemos evitar algunas de esas décimas. Parece poco, pero es importante porque, a estas alturas, cada una de esas décimas es la responsable de desplazar a unos 140 millones de seres humanos de una zona climática peligrosa a otra segura.

Es un trabajo agridulce, porque nada de lo que hagamos va a hacer que todo vuelva a estar bien; simplemente conseguiremos que no se ponga demasiado mal.

A pesar de estas evidencias, sigue habiendo contradicciones. España es el país de Europa más eficiente en la producción de energía solar, pero seguimos importando el 70% de lo que necesitamos…

¿En qué formato?

Principalmente petróleo, con las correspondientes consecuencias del bloqueo de Ormuz

Lo que ha pasado estos meses a raíz de la guerra de Irán debería ser un recordatorio para que espabiláramos. La luz del sol tiene que viajar 150 millones de kilómetros para llegar a la Tierra y ninguno de ellos pasa por el estrecho de Ormuz. El mundo se está dando cuenta de eso, especialmente en Asia, donde están poniendo el foco en mejorar las baterías. Si lo consiguen, la energía solar y eólica española serán todavía más valiosas y eso acelerará vuestra independencia.

La energía nuclear es mejor que la fósil porque para que sea un problema algo tiene que ir mal. En cambio, una planta de gas sí o sí acabará destruyendo el mundo

Ahora, el foco del debate lo tenemos en las nucleares. Recientemente, se ha pospuesto el cierre de la central de Almaraz, lo que ha llevado a plantear la posibilidad de alargar la vida de este tipo de energía, que en España debía acabarse en 2035. Quienes lo proponen alegan que es la única manera de mantener el nivel de producción de la industria y de reducir los gases contaminantes. ¿Está de acuerdo?

La energía nuclear es, ciertamente, mejor que la fósil porque para que sea un problema algo tiene que ir terriblemente mal. Una planta de gas, aunque no haya ningún accidente, acabará destruyendo el mundo igual. La cuestión es que, hoy en día, la nuclear es una energía tremendamente cara.

Si tienes una central que funciona y la puedes mantener sin gastar un dinero disparatado, yo la mantendría abierta. Pero sólo hasta que tengas una infraestructura solar que desbanque esa producción. El kw/h solar nos cuesta céntimos y la energía nuclear nunca se acercará aquí. Es irónico.

¿Por qué?

Pues porque en los años 50 se decía que las centrales nucleares harían que la energía fuera demasiado barata como para cobrársela a la gente. Y eso es lo que está pasando hoy, pero con la energía solar. Australia ha llegado al punto de dar a todo el mundo tres horas de electricidad gratis cada día.

El otro problema que tienen las nucleares es que el agua que se necesita para enfriar las centrales se calienta demasiado, así que las que están cerca de ríos están empezando a ser contraproducentes.

Aun así, hay quien la sigue poniendo en el saco de las energías limpias.

Y es una tontería. Siempre digo a las personas a las que les encanta la energía nuclear que en el tejado de mi casa tengo un receptor para la mayor central nuclear que conocemos, esa que está en el cielo. A veces pienso que la única manera de convencerles es que vean los paneles solares como una especie de receptores de energía nuclear.

Muchos de los argumentos que frenan el avance de las energías sostenibles en España toman el gran apagón de abril de 2025 y sostienen que la red eléctrica no está preparada para ser suficientemente estable sólo con ellas. ¿Qué les diría?

Que no es cierto. Después de mucha investigación, se ha visto que no tuvo que ver con las energías renovables. Y menos lo será cuando se instalen más baterías, que harán que el sistema sea más sólido. Lo vemos en Texas, que es la cuna de la industria petrolera. El director de su sistema eléctrico ha dicho recientemente que han tenido un verano “muy aburrido” debido a la gran cantidad de energía solar acumulada.

Entiendo que la gente que tiene intereses económicos en el petróleo quiera ralentizar el auge de las energías renovables, pero lo hacen con argumentos idiotas. Especialmente, teniendo en cuenta que la energía fósil está destruyendo el planeta mientras hablamos. Aunque tuviéramos apagones cada ciertos años, siendo que creo que eso es bastante improbable, si comparáramos el coste que tendría con la destrucción del planeta, seguiría saliéndonos a cuenta.

Quieren retrasar el cambio todo lo que puedan, porque saben que es imparable. La cuestión es cuánto conseguirán retrasarlo, porque no tenemos 40 años.

La gente que tiene intereses económicos en el petróleo quiere ralentizar el auge de las renovables, pero lo hacen con argumentos idiotas

¿Cree que el hidrógeno verde se sitúa en el marco de esta estrategia? Al final, es menos contaminante que los combustibles fósiles, pero no es totalmente limpia y no deja de ser una apuesta que permite a la industria seguir sacando provecho de los gasoductos.

Totalmente. Quieren seguir quemando cosas. El problema del hidrógeno no es que no funcione, sino que es caro y que no puede competir con la energía solar. Ya hemos encontrado maneras de sustentar industrias enteras con el calor del sol. Lo único en lo que creo que estas alternativas puede ser competitiva es en los vuelos de larga distancia. Las baterías eléctricas serían demasiado pesadas como para que el avión despegara.

China está trabajando con baterías que permitirán vuelos de media distancia y ya es algo. Pero es verdad que habrá cosas difíciles de resolver y, quizás, ahí es donde el hidrógeno pueda jugar un papel importante.

Los vuelos de larga distancia son una de esas cosas que no son necesarias para la vida. ¿Podemos frenar el cambio climático lo suficiente como para tener un planeta vivible sin deshacernos de estos caprichos?

Esa es la gran pregunta. Y es muy difícil de responder. La sociedad cambia despacio y, si le dices a la gente que ya no podrá conducir o volar, todo será mucho más difícil. Los cambios llegarán, seguro. Sé que dentro de 100 años no viviremos como ahora. Y lo sé porque hay muchas cosas que la energía fósil nos permite hacer que no nos hacen tan felices como creemos.

Los humanos estamos diseñados para tener contacto entre nosotros y con la naturaleza. Esas son las cosas que nos hacen felices. Es bueno que la tecnología nos ayude a mantener nuestra vida tal y como es durante el mayor tiempo posible, pero creo que, con el tiempo, nos daremos cuenta de que hay formas mucho más interesantes de habitar el planeta. No creo que el futuro siga siendo combatir o esquivar guerras y ver vídeos de TikTok. Pero quién sabe.

Aunque no creo que la energía solar genere un colonialismo como el del petróleo o el gas, es muy posible que acabe derivando en algún tipo de imperialismo

Hablando de guerras. Dice que una de las ventajas de la energía solar es que, como llega a todo el planeta, no se puede monopolizar y, como cae con más fuerza sobre el ecuador, podría solventar las desigualdades históricas hacia el sur global. Ahora bien, se lo planteo al revés: ¿no puede eso propiciar que gigantes como China acaben expropiando tierras para colocar grandes extensiones de placas solares?

A ver, es cierto que China usa más energía solar que nadie y no es un país muy democrático, que digamos. Pero me preocupa bastante menos que Estados Unidos invadiendo países para conseguir su petróleo. La razón es que no creo que haya tanto dinero que ganar con la energía solar como para que eso salga a cuenta. Una vez pones la placa, la inversión se acaba; la energía ya sale gratis.

Pero ya sabes que la humanidad siempre es capaz de hacerlo todo de la peor manera posible. Así que, aunque no creo que genere un colonialismo igual que el que trajeron el petróleo o el gas, es muy posible que sí acabe derivando en algún tipo de imperialismo. El petróleo es la energía más sucia del planeta, en todos los sentidos. Y, aunque no creo que las renovables vayan a ser totalmente limpias, sí lo serán más que lo que hemos conocido hasta ahora.

Vuelve al optimismo.

Es que vivo en la América rural, lo que significa que la mayoría de mis vecinos votan a Trump. Y muchos tienen placas solares en el tejado. No es porque les preocupe la crisis climática, sino por esa visión individualista de ver sus casas como sus castillos. Y les encanta la autosuficiencia que les da la energía solar.

Hemos conseguido que 11 estados legalicen durante este año la posibilidad de tener placas solares en los balcones. En Europa lo veis normal, pero para nosotros está prohibido. Y muchos de los grandes promotores de este cambio han sido personas conservadoras que están en contra de los servicios públicos y las redes estatales.

¿Así que parte de la esperanza de que Estados Unidos se sume a la revolución solar se basa en los preparacionistas que quieren estar listos en caso de que llegue el apocalipsis?

Pues, básicamente sí. [Ríe]. Si Mad Max se rodara hoy, nadie buscaría bidones de petróleo porque podríamos tener placas solares.

Creo que alguien encontraría la manera de especular, sea como fuera.

Si, siempre pasa. Por eso, aunque sea muy optimista, no se me escapa que va a hacer falta mucho activismo para que esto se haga realidad. Y tenemos que hacerlo con un mensaje bonito, dejando de lado el catastrofismo. Porque sí, la energía solar es necesaria y económicamente más eficiente. Pero es que también es bonita.

Los humanos siempre hemos tenido una gran relación con el sol; piensa en los monolitos, las culturas indígenas y todas las canciones y las obras de arte que nos hablan del sol. Por no hablar de la importancia que tiene en todas y cada una de las religiones. El sol, a diferencia de otras fuentes de energía, tiene la capacidad de unirnos.

“Yo mandé mi currículum y ellos decidieron ponerme el número dos de la lista”, cuenta Diego Solier. Un resultado electoral inesperado, una tormentosa ruptura con Se Acabó La Fiesta (SALF) y una denuncia por acoso contra Luis 'Alvise' Pérez después, este eurodiputado de 46 años sin experiencia previa en política será una de las personas con mayor capacidad de influencia sobre la próxima gran infraestructura tecnológica del continente.

Solier será el ponente principal de CADA, siglas en inglés de la Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial. Es la norma que debe establecer el marco para la construcción masiva de centros de datos en Europa. Desde su posición, Solier será el arquitecto principal de la posición del Parlamento Europeo y una figura central del proceso legislativo. La negociación sobre qué incentivos tendrán las empresas para construir estas infraestructuras, su gasto energético, su impacto medioambiental o su independencia de los gigantes tecnológicos de EEUU pasará por sus manos.

Una responsabilidad que contrasta con una trayectoria política poco convencional. Solier, ingeniero informático, llegó al Parlamento Europeo tras las elecciones de junio de 2024. Unos comicios en los que SALF consiguió tres diputados tras protagonizar un vertiginoso ascenso en las encuestas. Con una campaña centrada únicamente en la figura del agitador ultra, el partido fue el sexto más votado de España, a menos de medio punto del cuarto puesto.

El resultado le granjeó tres representantes en la Eurocámara y sorprendió incluso a su propio líder, que ha admitido que conoció personalmente a Solier poco antes de la cita con las urnas. Hoy esa campaña está siendo investigada por el Tribunal Supremo, después de que saliera a la luz que Álvaro Romillo, un empresario de las criptomonedas al que Alvise llegó a promocionar en un acto multitudinario en Madrid, le entregó 100.000 euros en metálico, dos semanas antes de las elecciones. Este agosto los magistrados han desestimado el intento de Alvise para impedir el rastreo de otros tres monederos de criptomonedas que Romillo creó para que el agitador pudiera recibir donaciones anónimas.

El “músculo”

La alianza de Alvise con Solier y Nora Junco, la otra eurodiputada de SALF, duraría poco. La relación había sido complicada desde el principio, asegura Solier (“Se dedicaba a hacer vídeos de risa”, lo que alejaba a “la gente seria”, explica), pero todo se precipitó en abril de 2025. Entonces, el agitador insinuó que sus compañeros habían sido comprados por el lobby armamentístico a raíz de su voto a favor de destinar 800.000 millones de euros para el rearme europeo, algo a lo que Alvise se oponía.

“Yo no puedo controlar, no sé si han venido lobbies por detrás y me han comprado un eurodiputado mío, yo sé lo que voto yo. Te viene un lobby armamentístico a cenar contigo y te deja un maletín al lado y se levanta y se va”, declaró el líder ultraderechista. En esa misma intervención, Alvise hizo un llamamiento directo a sus seguidores para localizarlos y “poner el pie en nuestro cuello y aplastarnos”, denuncia Solier en conversación con elDiario.es, negando las acusaciones sobre soborno.

El ataque hizo que los dos eurodiputados de SALF se desligaran de Alvise, le denunciaran por acoso y se unieran a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el grupo de Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia. Solier asegura que ese salto tuvo muy poco impacto en su proyecto político, puesto que “la gente que estuvo detrás” de la candidatura de Alvise “sigue trabajando” con ellos.

“Nosotros nunca hemos pertenecido a ningún partido político. Fuimos parte de una agrupación de electores que es verdad que estuvo liderada por una persona. Pero para que él se presentara a unas elecciones europeas, hubo gente trabajando para que eso pasara. Esa gente sigue trabajando con Nora Junco y Diego Solier. Los que pusieron el músculo, la idea, la ideología, hasta el nombre de la agrupación y el logo, siguen estando con nosotros”, asegura el eurodiputado.

Solier prefiere no dar nombres ante las preguntas de este medio. “Son gente que estuvo detrás. A mí, por ejemplo, me contactó una persona del mundo tecnológico con la que había trabajado en algunos proyectos, una persona de mi confianza con una mente brillante, que me dijo: 'Mira Diego, estamos, estoy diseñando esto y estamos buscando a gente profesional que ame a su país'. Tras hablarlo con mi familia, decidimos dar el paso”, continúa el eurodiputado.

Pese a ese distanciamiento, Solier sigue expresando posiciones cercanas a SALF en aspectos como las vacunas. Según El Confidencial, durante la pandemia escribió en la red entonces conocida como Twitter comentarios como “díganme si está justificada la vacunación masiva e indiscriminada de niños, jóvenes y aun de menos jóvenes”, o acusando al Gobierno imponer una “dictadura” por las medidas de confinamiento.

Hoy esos comentarios no aparecen en su perfil. Solier niega a este medio ser “antivacunas”, sino “un defensor de la libertad”. “No me gusta obligar a la gente a vacunarse. Que cada uno decida qué es lo mejor para uno mismo, para su familia”, afirma, revelando que él se puso las vacunas contra el covid pero sus hijos, no.

“Alianzas” con los gigantes de EEUU y energía nuclear

Antes de esa llamada, Solier era el responsable global de la infraestructura informática de Attindas, una multinacional especializada en productos para la incontinencia, como pañales para adultos e infantiles. Cuenta con más de 2.000 empleados y fábricas en España, Suecia, Italia y EEUU. El eurodiputado, cuyo currículum en la web oficial del Parlamento Europeo está en blanco, acumula más de 20 años de experiencia en puestos relacionados con IT corporativo.

Defiende que ha sido esta trayectoria el motivo por el que ha sido elegido por los ultraconservadores de ECR para la ponencia de CADA. En el Parlamento Europeo, las ponencias para las diferentes regulaciones se reparten en un sistema de subastas, en las que cada partido tiene tantos puntos como eurodiputados. Cuando logran la ponencia de un determinado dosier, escogen al eurodiputado que se encargará de ella mediante procedimientos internos.

Así es como Solier ha llegado a CADA. El eurodiputado se encuentra en “período de escucha”, pero avanza algunos de los puntos clave que marcarán la primera redacción de esta importante ley, como la defensa de la energía nuclear y las “alianzas” con las multinacionales tecnológicas de EEUU.

El eurodiputado admite la “incertidumbre” que existe en muchos sectores sobre la proliferación de los centros de datos. Sin embargo, expone que para desarrollar su propia inteligencia artificial, “Europa necesita unos recursos de computación de los que ahora mismo carece”. “CADA pretende ayudar a que esa industria que necesitamos se pueda desarrollar”, algo que, a su juicio, se conseguirá “simplificando la normativa” y “consiguiendo que venga capital para invertir”.

La norma debe ayudar a que las empresas europeas crezcan, “ganando en soberanía, pero no aislándonos”, pide. Sostiene que ganar autonomía “no significa aislarnos del mundo” sino retener el “poder de decisión” cuando los estados europeos realmente lo requieran. Para Solier, no deben tratarse igual los sistemas críticos de defensa de un país que la información corporativa estándar de los mercados privados, la cual debería poder seguir alojándose en las plataformas que resulten más competitivas.

Tenemos que tejer alianzas con las empresas punteras a nivel tecnológico que existen en el mundo. Eso no significa que nos tengamos que vender o estar atados a ellos

“CADA propone distintos niveles de soberanía y según el tipo de dato y el tipo de inteligencia artificial, podrá estar alojado en un nivel diferente. Pero eso tenemos que hacerlo en paralelo con las alianzas con las empresas punteras a nivel tecnológico que existen en el mundo. Eso no significa que nos tengamos que vender o estar atados a ellos. Tenemos que tejer esas alianzas a la vez que trabajamos en generar un ecosistema de innovación 100% europeo”, resume.

Una política que deberá complementarse con el otro gran reto de la redacción de CADA: la energía. El eurodiputado defiende la energía nuclear para potenciar la IA, como está haciendo EEUU, y critica el plan de cierre de centrales del Gobierno, que ya ha quedado cuestionado con la prórroga hasta 2030 de la planta de Almaraz, en Cáceres. “Hay que revisar ese calendario de cierre nuclear que no nos beneficia para nada”.

“No es que yo sea pronuclear o no, lo que estoy es en contra de eliminar tecnologías que se han declarado oficialmente a nivel europeo como eficientes y verdes”, afirma, apuntando a otros países europeos: “En Alemania, por ejemplo, se han dado cuenta del tema nuclear y están desarrollando planes para abrir centrales nucleares”.

Aunque el calendario oficial para la tramitación de la ley sigue pendiente de que la comisión parlamentaria correspondiente formalice el nombramiento de todos los “ponentes en la sombra” (como se denomina a los representantes del resto de partidos que estarán en contacto directo con Solier), el eurodiputado avanza a este medio que su objetivo es conseguir la luz verde del Parlamento Europeo para “junio o julio del año que viene”, dejando el texto listo para arrancar las negociaciones de los trílogos con los Gobiernos europeos.

Quintana Martín Galíndez (Burgos, 304 habitantes) ya no tiene el movimiento de hace una década. En la cabecera del Valle de Tobalina (877 habitantes), donde casi el 30% de la población supera los 65, quedan tres bares donde antes había muchos más, las oficinas bancarias han reducido sus días de atención y el municipio ha perdido alrededor de 140 habitantes en los últimos 12 años, cuando comenzó la desconexión y el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Como tal, la central dejó de funcionar en agosto de 2017, después de 46 años de actividad. Entonces había 227 trabajadores en plantilla y otros 158 vinculados a empresas auxiliares y subcontratas. En total, 385 empleos quedaron afectados por el cierre en un territorio que hoy integra 27 municipios de Burgos y Álava dentro de la Zona de Transición Justa de Garoña.

Diez años después, la comarca vive una transformación que sobre el papel tiene una dimensión considerable. Desde 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido cerca de 17,43 millones de euros para 35 proyectos empresariales, energéticos y municipales, con una inversión de 31,48 millones.

Al otro lado de la sierra, en la Merindad de Cuesta-Urria, sienten que les ha tocado “el gordo de Navidad” gracias a un macroproyecto de almacenamiento hidráulico que aspira a heredar el nudo de evacuación de la central. El miedo en la comarca pasa por no vivir en sus carnes la situación que se ha vivido en las cuencas mineras del carbón.

La factura de apagar Garoña

“La central nació, creció, dio trabajo durante 40 años y ha muerto”. Jesús Ángel López de Mendoza, alcalde del Valle de Tobalina, resume así el cambio. Y añade una advertencia sobre el futuro: los próximos años todavía estarán marcados por el desmantelamiento, pero cuando termine esa actividad temporal la realidad será mucho más complicada.

Aunque la tasa de paro oficial del municipio se maquilla provisionalmente por debajo del 8% debido a que el desmantelamiento gestionado por Enresa emplea mano de obra comarcal, la preocupación real es qué ocurrirá cuando las demoliciones concluyan en un plazo máximo de diez años.

En esta parte de la comarca de Merindades, en el norte de Burgos, el problema no es únicamente laboral. Para el Valle de Tobalina, el cierre de la central también significó un golpe directo a las cuentas municipales.

Otro de los golpes al Valle de Tobalina vino de un cambio normativo sigiloso en los despachos de Madrid. López de Mendoza asegura que una modificación estatal en la ordenanza del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) arrebató a las arcas municipales la posibilidad de cobrar las tasas ordinarias por la gigantesca obra de demolición de la central nuclear.

El Ayuntamiento calcula una pérdida patrimonial de 23 millones de euros vinculada al desmantelamiento y sostiene que ha dejado de ingresar alrededor de un millón de euros anuales en tributos corrientes que anteriormente contribuían a sostener el presupuesto.

La situación ha obligado al consistorio a tomar decisiones poco populares. El municipio administra 33 pedanías y ha tenido que mantener servicios como la guardería, el gimnasio, el telecentro, las piscinas o la biblioteca. Para poder sostenerlos, el Ayuntamiento ha tenido que elevar tasas como las de basura y agua y el IBI, como señala el regidor.

“He tenido que meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos subiendo la basura, el agua y el IBI para mantener los servicios. Ahora voy cojo. Antes hacíamos las cosas en el día, ahora igual tardo dos días en dar el servicio”, apunta el alcalde.

Incluso las ayudas por albergar los residuos radiactivos resultan insuficientes. El convenio anual con Enresa reporta al ayuntamiento 447.000 euros, una cantidad que es insuficiente para dar todos los servicios.

López de Mendoza logró que el Gobierno flexibilizara las bases de estos convenios —una medida que afectará a todo el parque nuclear español— para poder destinar esa asignación a gasto corriente y costes de personal, y no solo a cemento. “Garoña ya es inviable. Lo de volver a abrirla es imposible, todo nace, crece y muere”, explica frente a los discursos que proponen reactivar la planta.

La nueva apuesta: agua como energía en lugar de uranio

Mientras el Valle de Tobalina intenta mantenerse, a pocos kilómetros, la perspectiva cambia de forma radical. El entorno de Garoña está concentrando proyectos renovables de gran tamaño. Uno de ellos es el desarrollo fotovoltaico de Solaria, acompañado de almacenamiento mediante baterías. En la Merindad de Cuesta-Urria se está trabajando en el proyecto una central hidroeléctrica reversible de 151 MW promovida por Waqbaw.

El funcionamiento es relativamente sencillo. Dos balsas situadas a distinta cota permiten almacenar electricidad en forma de agua. Cuando existe excedente de generación renovable, el sistema bombea agua hacia la balsa superior. Cuando la demanda aumenta, el agua vuelve a descender y mueve las turbinas para producir electricidad. La instalación está concebida como un circuito cerrado.

La inversión prevista ronda los 197 millones de euros. Para un municipio pequeño como Cuesta-Urria, con cerca 300 habitantes empadronados repartidos en 24 núcleos, el proyecto tiene una dimensión difícil de comparar con cualquier actuación municipal ordinaria.

Para Beltrán, el proyecto de una Central Hidráulica Reversible de bombeo en su término municipal es la única tabla de salvación para el ayuntamiento. La idea se le ocurrió tras un viaje con la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) a la localidad valenciana de Cortes de Pallás, donde visitó la central de bombeo de La Muela. “Me di cuenta de que teníamos el lugar perfecto. Tenemos 339 metros de diferencia de altitud entre balsas en muy poco recorrido físico”. Tras consultar la viabilidad con René Gómez, entonces comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el proyecto echó a andar.

Beltrán estima que solo la licencia de obras, calculada sobre una inversión de ese tamaño, supondría unos ingresos extraordinarios para unas arcas municipales cuyo presupuesto ordinario ronda los 800.000 euros anuales. Además, el Consistorio espera ingresos recurrentes mediante cánones y tasas vinculados al funcionamiento de la instalación y a su línea de evacuación.

“Igual que hasta ahora el Valle de Tobalina con Garoña era un ayuntamiento privilegiado, pues ahora nos toca a nosotros. Es una lotería... En el momento en que arranquen las obras, simplemente con la licencia de obra, ya podemos echar adelante algún proyecto importante para asentar población”, apunta el regidor.

El proyecto, según Beltrán, cuenta con el respaldo unánime de los vecinos al plantearse como un circuito cerrado. “El miedo que teníamos era que fuera un circuito abierto desde el río y estuviera gastando agua del río Nela de continuo”. Sin embargo, la realidad de captar agua de un ecosistema fluvial con un estiaje severo mantiene en alerta a los colectivos conservacionistas de Las Merindades, un territorio con un largo historial de lucha ecológica que ya logró tumbar proyectos mineros y de fracking en la cuenca del Nela.

Una 'batería de agua' para la nueva generación renovable

Desde Waqbaw, su director de desarrollo, Víctor de Huerta, defiende que la central de Cuesta-Urria se ha planteado con especial atención a la conservación del entorno. La ubicación de las balsas fue consensuada con los ayuntamientos de la Merindad de Cuesta-Urria y parte de las instalaciones se situará sobre terrenos municipales. La empresa destaca además que el circuito será cerrado y que no habrá una detracción constante de agua del río Nela: el recurso se utilizará para el llenado inicial y para compensar la evaporación.

Frente a las dudas ambientales, Víctor de Huerta, director de desarrollo de Waqbaw, defiende el proyecto como una “infraestructura de país” alineada con la transición energética. “El bombeo reversible y las baterías no son tecnologías excluyentes, sino complementarias”, puntualiza De Huerta. “Pero mientras las baterías de litio sufren una degradación rápida y tienen una vida útil de 10 o 15 años, nosotros estamos construyendo una infraestructura energética madura diseñada para durar varias décadas”.

De Huerta destaca que una central reversible como la de Cuesta-Urria ofrece entre 6 y 10 horas de almacenamiento medio equivalente, inyectando inercia natural, soporte de cortocircuito y estabilidad de tensión a la red síncrona en una provincia con una penetración masiva de energía eólica y solar no gestionable. El objetivo es retener los excedentes de generación renovable que de otra manera acabarían desperdiciándose en forma de vertidos a la red.

El proyecto, además, no llega solo. Otra gran apuesta de la promotora es por el empleo. Waqbaw calcula alrededor de 200 puestos de trabajo temporales durante la construcción, pero asegura que el impacto no terminará cuando acaben las obras.

El compromiso con el Instituto para la Transición Justa contempla hasta 151 empleos equivalentes a tiempo completo vinculados a nuevos centros de trabajo en la zona durante diez años.

A esos puestos se suman 15.100 horas de formación para 100 personas de la comarca, con contenidos relacionados con las nuevas tecnologías energéticas, pero también con la gestión y puesta en valor del patrimonio cultural y el turismo rural. La intención, según la compañía, es que la inversión deje algo más que una infraestructura energética: trabajadores formados, actividad económica y herramientas para que parte de ese empleo pueda permanecer en el territorio una vez terminada la construcción.

La central de Cuesta-Urria ha obtenido conexión en la subestación de Garoña, en el nudo de 220 kV. Según la promotora, permitirá aprovechar excedentes de producción renovable y aportar flexibilidad al sistema eléctrico, además de inercia, estabilidad de tensión y soporte a la red.

8,7 millones de euros para 16 proyectos

El fin de los ingresos de la central en las cuentas del Ayuntamiento de Valle de Tobalina contrasta con la llegada de inversión a la comarca, aunque buena parte de ese dinero tiene un destino concreto: rehabilitar edificios, crear equipamientos, mejorar espacios públicos o impulsar proyectos energéticos. No sustituye automáticamente los ingresos recurrentes que generaba una instalación como Garoña.

El propio informe oficial de la Zona de Transición Justa refleja esa apuesta. Solo en infraestructuras municipales se han concedido 8,7 millones de euros para 16 proyectos. Entre ellos está la reforma integral de la residencia de mayores del Valle de Tobalina, con casi tres millones de euros, y la rehabilitación del Hostal Municipal, con 985.520 euros.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha inyectado en la zona de influencia de Garoña unos 17,43 millones de euros de ayudas públicas desde 2019. De esta cantidad, 10,3 millones corresponden a infraestructuras del Instituto para la Transición Justa) y 7,1 millones proceden de las líneas del IDAE para descarbonización y comunidades energéticas.

También hay actuaciones destinadas a recuperar espacios de uso colectivo. ENRESA ha cofinanciado 42 propuestas de desarrollo local en once municipios con 2,6 millones de euros. En Tobalina, 783.000 euros se destinan a actuaciones relacionadas con el embalse de Sobrón, la residencia, el entorno del embarcadero y un pabellón multifuncional. La idea es que estas inversiones ayuden a mantener servicios para tratar de mantener a la población.

Empleo de calidad y estable y salir del olvido institucional

En la comarca de las Merindades, el paro se mantiene actualmente por debajo del 8%, pero una parte de esa situación está relacionada con el propio desmantelamiento de Garoña. Hay trabajadores del valle, de Medina de Pomar, Trespaderne y Burgos que siguen vinculados a las obras de la central. Cuando todo eso acabé, se esfumará ese 'colchón'.

La prioridad pasa por conseguir que el empleo sea estable, como indican los alcaldes. El cierre de la nuclear afectó de forma directa a 385 trabajadores entre personal de Nuclenor y subcontratas. Las obras de la central de bombeo darán trabajo temporal a 200 personas, pero una vez operativa la CHR requerirá un volumen mínimo de personal para el mantenimiento diario.

“El turismo es solo una pata de banco”, advierte con severidad el alcalde de Cuesta-Urria, Alfredo Beltrán. “Es ir creando un tejido industrial que nos permita asentar unas 300 familias en la comarca para que la zona funcione”. Beltrán critica el olvido institucional que sufren los municipios fronterizos burgaleses por parte de las capitales autonómica y provincial.

La carretera autonómica que conecta el Valle de Tobalina con Miranda de Ebro, cuyos túneles carecen de iluminación eléctrica en pleno siglo XXI, es el ejemplo de ese abandono que denuncian los regidores. Mientras las grandes ciudades se nutren de la energía limpia generada en los montes y ríos del norte de Burgos, los alcaldes del entorno de la central nuclear de Garoña buscan conseguir que los millones de euros de la transición ecológica se conviertan en escuelas abiertas, más negocios, cajeros automáticos operativos y un futuro habitado en los pueblos que apagaron el átomo.

Las nucleares de Almaraz, Ascó y Vandellós están separadas por casi 600 kilómetros, pero unidas por un mismo debate: la prórroga de su funcionamiento. La ampliación hasta 2030 de la vida de la central extremeña ha generado expectativas en las instalaciones catalanas, cuyos partidarios confían en alargar su fecha de cierre, mientras que ecologistas y grupos de izquierda reclaman mantener el calendario previsto.

El melón nuclear se ha reabierto en Catalunya, la comunidad que concentra tres de los siete reactores que hay en España, todos ellos en una única provincia: Tarragona. A falta de las próximas explicaciones parlamentarias que deberá dar sobre el asunto, el Govern ha evitado sumarse a las voces que piden que la prórroga de Almaraz sea la antesala de cambios en el calendario de desmantelamiento de las centrales catalanas.

Los planes actuales contemplan el cierre en 2030 de Ascó I, en 2032 de Ascó II; y en 2035 de Vandellós II. El año 2030 también es la nueva fecha prevista de cierre de Almaraz I y II y de la central de Cofrentes (Valencia), mientras que en el caso de Trillo (Guadalajara) su apagón se contempla para 2035.

En el debate sobre las nucleares se cruzan vectores clave del futuro modelo energético y económico español, pero también locales: Ascó y Vandellós dan trabajo a unas 3.000 personas (en buena medida, empleos de alta cualificación), a los que hay que sumar los empleos indirectos. Todos los municipios con centrales pueden disponer de los fondos de transición nuclear para ayudar a la transición energética y la reorientación de la actividad económica.

El alcalde Ascó, Miquel Àngel Ribes, se declara “totalmente a favor” de prorrogar la vida de la central del municipio. Su posición no se explica por la defensa exclusiva de los intereses de Ascó, recalca, sino por los del conjunto del país. “La nuclear es necesaria si queremos mantener los niveles de industrialización y de reducción de gases contaminantes”, defiende.

Para la alcaldesa de Vandellós, Assumpció Castellví, la seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. “Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que la prórroga es segura es porque se ha hecho un estudio riguroso”, remarca. “El debate tiene que ser técnico y no político”, agrega.

Por el contrario, el investigador en energía del Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Alfons Pérez López, cree que el debate sobre las nucleares es indisociable al del modelo económico. “La industria consume mucha energía, pretender un cambio hacia la instalación de centros de datos que todavía consumen más nos lleva a una espiral de demanda infinita de energía totalmente irracional”, valora.

El debate, admite Pérez, es complejo, que tiene claro que los empleos no pueden ser una excusa para no abordarlo: “No se puede situar al trabajador de la nuclear como escudo humano de un problema que es de modelo económico”.

Los alcaldes de Ascó y Vandellós rechazan enmarcar el debate en un dilema entre nucleares y renovables y se muestran partidarios de ambos tipos de energía. “Lo importante es dar estabilidad a la red eléctrica, especialmente para la industria, pero esto a día de hoy solo con las renovables no es posible”, sostiene Ribes, mientras que Castellví recuerda que su consistorio impulsa un centro de investigación en renovables en su municipio.

El apoyo a las renovables no es unánime en todos los municipios catalanes. Catalunya lleva años de retraso en el impulso de energías limpias. Las razones pasan por los complejos trámites burocráticos, pero también por el malestar de colectivos y municipios de Lleida y Tarragona, que ven un agravio territorial en los planes para instalar grandes parques energéticos en sus campos en contraste con otras zonas del país.

El resultado es que en 2025 Catalunya cubrió solo un 15% de su demanda eléctrica con renovables, muy lejos del objetivo del Govern del 50% para 2030. Un retraso que da más alas a los partidarios de alargar la vida de las nucleares. Ante el malestar territorial y ecologista y el alud de 12.000 alegaciones, el Ejecutivo catalán ha aplazado la aprobación del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya (PLATER) hasta el verano de 2027, cuando inicialmente quería hacerlo este año.

A nivel político, los socios del Govern, ERC y Comuns, han exigido a Illa que se cumpla con las fechas de cierre previstas de las centrales catalanas. En cambio, la diputada en el Congreso de Junts, Pilar Calvo, en declaraciones a TV3, consideró “absolutamente irresponsable mantener el calendario porque pondría en riesgo la garantía de suministro”.

“Gusten más o menos, las nucleares son necesarias porque no tenemos suficiente potencia eléctrica: para construir una urbanización hace falta potencia eléctrica, y para levantar un polígono industrial también”, asevera Castellví (Junts).

Prorrogar la vida de las nucleares catalanas, añade Ribes (del partido municipalista Per Tu), permitiría “dar más tiempo” a los municipios para afrontar la transición y diversificación económica que supondría el desmantelamiento de las instalaciones.

Ribes y Castellví también admiten un contexto internacional más favorable a la prórroga: el accidente de la central japonesa de Fukushima de hace quince años impulsó en buena parte de Europa un programa para cerrar las nucleares al que se empieza a dar marcha atrás por la inestabilidad energética que han generado la invasión rusa de Ucrania y la reciente crisis del estrecho de Ormuz.

“El error del Gobierno ha sido argumentar la prórroga de Almaraz en base a una cuestión coyuntural como la crisis energética derivada de las guerras en Ucrania e Irán, y obviar por completo que el programa para cerrar las nucleares es una política estructural del país”, reflexiona Pérez.

El experto del ODG alerta de que la prórroga de Almaraz “es un error de envergadura que el país pagará muy caro” y que “allana el camino para que PP y Vox hagan lo que quieran con el calendario de cierre” en caso de que obtengan una mayoría tras las próximas elecciones generales.

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, y su responsable de Políticas Climáticas, Ismael Morales, han escrito al alimón Manual de Independencia Energética. El camino hacia la transición ecosocial (Ed. Catarata), presentado a finales de junio por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (de la que Ferrando fue asesor en su proceso de “escucha”), y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Ambos atendieron a elDiario.es por videoconferencia en una entrevista realizada antes de la prórroga de la central nuclear de Almaraz y actualizada por vía telefónica tras la decisión del Gobierno de alargar la vida de la planta extremeña hasta 2030.

¿Qué supone prorrogar Almaraz?

Fernando Ferrando: Es un cambio en el relato del Gobierno sin que exista ninguna razón técnica que recomiende su continuidad. La publicación [de la orden ministerial] un viernes 14 de agosto es el indicio más claro de que las razones no son transparentes. Supone 14TWh menos de renovables a partir de 2029 o 7 a partir de 2028. Las inversiones, principalmente en fotovoltaica, van a sufrir más precios deprimidos.

¿El PNIEC [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima] queda en papel mojado?

Ismael Morales: Queda totalmente invalidado. Afecta a cada uno de sus objetivos. A la mayoría los lastrará. Obliga a invalidar la hoja de ruta que regía las planificaciones y estrategias de inversión y políticas públicas en la transición energética. El riesgo de que el efecto dominó se propague puede suponer un alto riesgo para este PNIEC y su actualización en 2028 de cara a la década de 2040. Dar bandazos en una hoja de ruta energética cuyos objetivos son vinculantes a través de la Ley de Cambio Climático no dota a España de la seguridad regulatoria y estratégica que requiere un cambio de tal calado. No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de la partida.

Tras la expansión de los últimos años en España, se ha enfriado la euforia. Las eléctricas están apostando por la distribución, frenan inversiones en renovables y las venden. ¿La prórroga va en esa línea?

(I. M.): Ya advertimos de que la extensión bloqueará la instalación de nueva fotovoltaica, principalmente en Extremadura. El PNIEC está atado a cumplir el desmantelamiento. La base del modelo era cerrar las centrales en el plazo fijado. El almacenamiento está por llegar y la flexibilidad también. El PNIEC puede tener sus desvíos, pero para cumplirlo, el cierre debía ser realidad. La permanencia de Almaraz será un freno total a nuevas instalaciones de renovables y almacenamiento.

(F. F.): Controlar las redes, ser una empresa integrada, provoca que marquen la velocidad de la transición. Los tiempos no los marca la ley, sino las distribuidoras. Tienen un mes para contestar sobre la conexión de una planta de hibridación o almacenamiento y pueden tardar cinco o seis meses. O decir que se modifique toda la subestación. Se les ha cedido la decisión para modificar muchas cosas. Podríamos extenderlo a los puntos de recarga de vehículos eléctricos. Se les ha dado la llave total. Controlan la liberalización, la comercialización, la generación y la distribución. Y el resto, a remar. La velocidad de crucero es la que es.

Hay un punto alucinante en la llamada operación reforzada [colchón extra de seguridad que REE aplica desde el apagón, con más gas]: los ciclos combinados, en vez de entrar en el programa diario, no se ofertan para entrar en restricciones. De cobrar 40 euros de media a 250-300 euros [por MW/hora producido]. Una empresa está obligada ante sus accionistas a obtener beneficios, y el Estado y sus instituciones, a exigir que se cumpla la ley. El Estado debe ser fuerte y los trabajadores, las organizaciones de consumidores, estar presentes. Estamos en manos de quien quiere controlar la velocidad del cambio, aunque algo hemos ganado, y en esto somos positivos: eléctricas y petroleras tienen muy claro que el futuro es renovable. Aunque el tiempo lo controlen ellas y haya cosas como el llamado petróleo verde, el greenwashing más descarado del mundo.

Dicen en su libro que la transición energética se ha convertido en un negocio gestionado por intereses privados y abogan porque el Estado dé un paso adelante.

(F. F.): Se ha visto como un negocio porque solo se ha enfocado por la parte de la oferta, obviando a consumidores, trabajadores y sociedad. El objetivo era mercantilizar la transición energética. Si analizamos los resultados, se ha quedado corta e incluso ha fracasado. Las inversiones en renovables están pasando un problema, no hay demanda. No hay electrificación. Los que invirtieron en fotovoltaica están en default. Hemos perdido el concepto de que era para toda la sociedad y requería darle el carácter público, apostar por el Estado.

¿Cómo se articula esa mayor presencia del Estado?

(F. F.) Ampliando su función. Ahora solo es regulador y en algunos casos controlador, a través de instituciones independientes. Debe asumir un papel inversor, de emprendedor. El último decreto de Planes de Infraestructuras Eléctricas promete aumentar hasta 17.400 millones las inversiones en redes, un monopolio natural, pero privado. Si las distribuidoras no quieren invertir porque ven que la rentabilidad no les satisface, es una función que debe asumir el Estado. Y no es normal que la tarifa para vulnerables, el PVPC, esté adscrita a las distribuidoras, que controlan el mercado liberalizado. Reclamamos esa prestación del Estado emprendedor, planificador, inversor y prestador de servicios. Volver a hacer Estado es girar la transición energética hacia una transición ecosocial, de todo el mundo.

Empresas como Iberdrola presionan para ir en otra dirección con la red de alta tensión y que deje de ser monopolio de Red Eléctrica. ¿Qué implicaría?

(F. F.) El transporte está unido al operador del sistema. Si lo haces privado, limitas su capacidad. Nosotros apoyamos que incluya almacenamiento, el bombeo. Hay instalaciones que no son para generar electricidad, sino para gestionar el sistema. Iberdrola lo pide para incrementar su negocio regulado. Endesa cerró el semestre con un 41% más de beneficio gracias a la distribución. Esto es un bien esencial y estratégico. Quien saca negocio no es quien tiene que decidir la velocidad. Iberdrola dice: quiero crecer, me va muy bien con la distribución. Quiero que el transporte también se considere una red dentro de mi potencial. Acaba de comprar una compañía en Finlandia. Es curioso cómo las eléctricas han pasado de querer escindir las redes, como intentó Naturgy, a ver que es su suelo más importante. Es un negocio sin riesgo, seguro y regulado por el Estado, porque no es de mercado, se paga por rentabilidad de inversión.

En ese papel del Estado, ¿se está perdiendo una oportunidad con las concesiones hidroeléctricas que caducan y cuesta mucho que reviertan al Estado?

(F. F.) Hay problemas de reversión porque las confederaciones no asumen su papel. Pero hablamos de peanuts, es una forma de desviar el tiro. Es una potencia ridícula, hasta 2030 estábamos por debajo de 1.000 MW. Es curioso. En los 90 se automatizaron la mayoría de concesiones y se les dio 75 años más. Hay centrales revertirán al Estado con más de 150 años, cuando la ley marca 75. Por eso la mayoría acaba en los años 60 de este siglo. Cuando se automatizaron, despidieron a la gente y les ampliaron la concesión. Fue el mejor negocio del mundo. Lo hicieron el PSOE y el PP. En estas cosas no hay ideologías.

Se intentó culpar a las renovables del gran apagón. ¿Ha sido un impulso o un freno a la transición? ¿Qué lecciones extraer?

(F. F.) Ha sido un impulso regulatorio. Han cambiado cosas muy importantes que se habían dejado. El miedo que introdujo en la gestionabilidad del sistema lo ha aprovechado quien más poder tenía: el discurso de Almaraz, que ni estuvo ni se le esperaba durante el apagón; el de los ciclos [de gas]; de que esto hay que hacerlo a velocidad segura... El último dislate son los prejuicios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con la gravedad de los expedientes por el apagón. Faltaba uno a la propia CNMC, uno de los frenos más importantes del control de tensión como regulador con el famoso procedimiento 7.4, que ha tardado cinco años en aprobar cuando en muchos países las renovables participaban en ese servicio. Si hubiera estado, seguramente no se hubiera producido el apagón. Ha salido reforzado el sector eléctrico tradicional, porque tiene los medios y el dinero para contar una película.

(I. M.) Tecnológica y regulatoriamente hemos avanzado. Los inversores que estaban instalados podían ofrecer grid forming [tecnología de control de tensión en plantas de renovables]; solo necesitaban una actualización de software. La digitalización ya estaba en las plantas. Solo faltaba el procedimiento operativo. La regulación energética de España avanza con las crisis. Lo comprobamos con el apagón o la invasión de Ucrania. Está esa doble vertiente, la buena y la mala noticia. Socialmente, se ha instalado ese miedo a más renovables. Incluso el debate de liberalizar el operador de transporte es una ventaja que el sector privado ha obtenido. Por suerte las renovables están mucho más aceptadas a nivel social. Se da la paradoja de que el apagón elevó la oposición a ellas, pero la crisis energética de Ormuz le ha dado la vuelta. Gracias al apagón estamos empezando a hibridar, sacando normativas de control de tensión que no estaban o estaban en un cajón.

En los últimos años, en España se han multiplicado los conflictos por la ubicación de macroplantas de renovables. ¿Cómo compatibilizar una implantación rápida, proteger la biodiversidad y conseguir la aceptación social?

(I. M.) Lo venimos diciendo desde 2020: escuchar y aceptar las demandas del territorio. Hay una mochila de todo lo mal que se ha hecho. Antes de diseñar el proyecto hay que preguntar a la gente, saber sus intereses, qué beneficios pueden obtener y si quieren o no la planta. Está pasando en Catalunya con el PLATER (Plan territorial sectorial para la generación eléctrica eólica y fotovoltaica, líneas de evacuación y almacenamiento). Han fijado objetivos de renovables para cada municipio sin preguntar. Y está levantando ampollas. Siempre hemos defendido esa comunicación temprana y adaptada, que no puede ser digital si es un pueblo de 60 personas con una edad media de 60 años.

En Fundación Renovables lo estamos haciendo con Red Eléctrica, con una metodología de diseño de redes. No es solo comunicar, es escuchar y una vez tenemos el diseño del parque, si hay que hacer modificaciones por requerimientos de los vecinos y no supone una inversión extra demasiado grande, se hacen. La aceptación social para 20-25 años será mayor. También contratar equipos, personal laboral de la zona, arraiga mucho en el territorio. Hay proyectos que lo están haciendo, pero necesitamos que el ejemplo se extienda.

(F. F.) El año pasado se hicieron 9.000 MW fotovoltaicos. Los que podríamos llamar mala praxis son muy pocos. Es más noticia uno que la realidad. En Galicia están venciendo la mayoría de contratos para repotenciar los primeros parques eólicos. Se está renegociando todo y la gente de los pueblos ha aprendido estos 25 años. La inmensa mayoría de las renovables se ha hecho bien. Ha habido especuladores que todos conocemos, incluso están judicializados, en Castilla y León, Aragón con Forestalia, el plan eólico de Valencia… suele pasar en todos los sectores. Ni las renovables ni la superficie disponible para instalarlas son escasas. Lo es el acceso a la red. En un pueblo con dos pequeñas fotovoltaicas, al propietario del terreno al que le ha tocado una le han dado diez veces más renta que haciendo cereal de secano, que se está pagando a 1.200 euros por hectárea cuando con la PAC en algunos años no llegan a cubrir ni gastos. El resto del pueblo no se beneficia. Y nadie podrá hacer otra planta.

Hablar con la gente, comunicarlo, es también redistribuir las rentas. Tenemos que aprender qué se ha hecho bien, corregir qué se ha hecho mal y redistribuir. Si la gente ve beneficio y que saca producto… Siempre pongo el caso de Matarraña de Teruel, una zona muy bonita. Ahí están contra la eólica y a favor del desarrollo porcino. Una cooperativa [agropecuaria], Arcoiris, asume el 40% del empleo de la zona, aparte del turismo. Las renovables se tienen que integrar en el territorio. No que venga un tío de Madrid, Zaragoza o A Coruña y dé una renta al que le ha tocado en suerte la planta. Es un desarrollo global y es importante que participemos todos.

(I. M.) La evaluación ambiental funciona. Entre 2024 y 2026, el 50% de los parques eólicos se tiraron por la evaluación ambiental. Las malas prácticas son mínimas. Con una regulación de beneficios de licencia social, no haría falta un sello de excelencia de renovables al que mejor lo haga. Hay que elevar el umbral mínimo. Una regulación exigente que haga obligatoria la licencia social, la redistribución de rentas, de beneficios al territorio.

La extrema derecha ha convertido la agenda climática en campo de batalla política. Está pasando en los pactos de gobierno de Vox y PP. ¿Las fuerzas progresistas han fallado al explicar que las renovables, además de una política ambiental, son una política de redistribución y soberanía económica?

(F. F.) Yolanda Díaz dice: “Dato mata relato”. No. Ha cambiado. Ahora el relato mata al dato. Puede salir el presidente de Gobierno, dar los datos de crecimiento económico, pero sigue siendo el mismo perro. Los datos ya no valen. La confrontación pesa más que la realidad. Dos meses antes de nuestro libro salió El ecologista de derechas (con prólogo de José María Aznar). Tecnológicamente, estamos de acuerdo en muchas cosas, aunque seguramente no en cómo llevarlo a cabo. Puedes apostar por el mercado, el neoliberalismo. Yo, por el papel del Estado. Pero algo hemos avanzado. Hablo de gente civilizada. Derecha, izquierda. No extremismos con otro objetivo. Si hablamos de la aplicación de los ETS [sistema de comercio de emisiones], a lo mejor no estamos de acuerdo en el destino de lo recaudado. Es un gran avance en positivo. Ya no es carbón o renovables. La diferencia fundamental es cómo lo llevamos a cabo y a qué velocidad.

Después del 23, tuvimos alguna reunión con alguno de Vox y estaba a favor de las renovables. Luego han cambiado: se trata de disminuir la capacidad del Estado, que hace todo mal. Existen fallos de mercado, pero pensar que estamos en un Estado fallido sin haberle dado ninguna oportunidad… Tenemos que repensar las cosas. Los culpables de los incendios son los ecologistas que dicen que no dejan limpiar los bosques. Lees lo que dice Greenpeace, Amigos de la Tierra y cualquiera que estamos en esto y es absolutamente todo lo contrario.

(I. M.) Una de las principales premisas del libro es que no se ha socializado la lucha contra el cambio climático. La ciudadanía no sabe que puede formar parte. A los consumidores prácticamente se les ha abandonado. Se puede generar otro relato que venza a todos esos bulos y falsedades sobre las renovables.

La senadora del Partido Popular por Guadalajara María Patricio ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de España de prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 y ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez “que esta rectificación no se limite a una sola instalación, sino que suponga la revisión del calendario de cierre de todas las centrales nucleares españolas, incluida la de Trillo”.

Esta última planta se ubica en el municipio del mismo nombre, en la provincia de Guadalajara, y fue la última que se abrió, allá por 1988. Desde entonces no se ha vuelto a construir otra planta de este tipo de energía en España. La primera nuclear española se abrió también en Guadalajara. La central 'José Cabrera' en Zorita de los Canes ha sido recientemente desmantelada. Fue la primera en operar en España tras conectarse a la red eléctrica en 1969.

Según la senadora, con la decisión del Gobierno de España de prorrogar la vida de Almaraz, se reconoce “aquello que desde el Partido Popular llevamos años defendiendo: España no puede permitirse cerrar centrales nucleares que pueden continuar funcionando con seguridad y con todas las garantías técnicas”.

María Patricio cree que la decisión supone “una enmienda del Gobierno a su propia política energética” y evidencia, a su juicio, que el calendario de cierre nuclear “responde más a condicionantes ideológicos que a las necesidades energéticas, económicas y estratégicas de nuestro país”.

“Lo verdaderamente sorprendente es que el Gobierno haya necesitado llegar hasta aquí para comprender algo elemental, no se puede garantizar la seguridad energética de un país cerrando fuentes de generación estables y estratégicas sin disponer de una alternativa equivalente”, ha señalado.

Pide revisar todo el calendario de cierres en España

Patricio considera positiva la continuidad de Almaraz, pero advierte de que “la decisión será insuficiente si el Ejecutivo mantiene intacto el resto de su calendario nuclear” .“Nos alegramos de que Almaraz continúe abierta, pero esto no puede ser un parche para intentar salvar una política energética equivocada. Si el Gobierno reconoce que Almaraz puede y debe continuar funcionando, tiene que explicar por qué pretende negar esa posibilidad al resto de centrales que puedan seguir operando con el correspondiente aval técnico”, ha indicado.

La senadora popular ha recordado que el Partido Popular ha defendido mediante distintas iniciativas parlamentarias la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas y un modelo energético en el que la energía nuclear y las renovables sean complementarias.“Nosotros no planteamos una batalla entre tecnologías, queremos renovables y queremos nuclear, queremos toda la energía que permita a España tener suministro suficiente, estable, competitivo y con menos dependencia del exterior”, ha explicado.

María Patricio ha incidido especialmente en la importancia que este debate tiene para Guadalajara y ha reclamado al Gobierno que tenga en cuenta el enorme impacto económico, laboral y social de la central nuclear de Trillo sobre la provincia y, particularmente, sobre los municipios de su entorno.

“Quienes somos de Guadalajara sabemos perfectamente qué significa Trillo, no estamos hablando solamente de una central eléctrica, estamos hablando de miles de trabajadores, de empresas, de proveedores, de actividad económica y de familias que han construido su futuro alrededor de una instalación fundamental para nuestra provincia”, ha destacado.

Para Patricio, “Trillo es uno de los grandes motores económicos e industriales de Guadalajara y desempeña, además, un papel fundamental en una zona rural que necesita empleo, inversión y oportunidades”.

Por ello, ha advertido de que “cerrar Trillo mediante una fecha decidida políticamente, independientemente de su situación técnica, tendría consecuencias que van mucho más allá de la producción eléctrica”.

“Es muy sencillo dibujar un calendario de cierres desde un despacho en Madrid. Lo difícil es mirar a los trabajadores, a los empresarios y a los vecinos de los municipios de la zona y explicarles por qué se quiere prescindir de una instalación que genera riqueza y empleo si técnicamente puede continuar funcionando con seguridad”, ha afirmado.

En su opinión, “la energía nuclear no es incompatible con las renovables. Es una energía que aporta estabilidad al sistema y que permite reducir nuestra dependencia energética de terceros países. España necesita una política energética basada en el interés nacional y no en dogmas políticos”.

La Cámara de Comercio de València ha emitido un informe en el que defiende la necesidad estratégica de prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de la fecha prevista para su cierre, previsto para el 30 de noviembre de 2030. La entidad toma como punto de partida el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la continuidad de la planta de Almaraz hasta 2030, una decisión que, a juicio de la entidad valenciana, sienta un precedente aplicable a la instalación de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes.

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha subrayado que la resolución sobre la planta extremeña “refuerza la necesidad de replantear el calendario de cierre de las centrales nucleares en España”. “Desde la Cámara creemos que esa misma reflexión debe aplicarse a Cofrentes. Mantener un mix energético equilibrado es fundamental para garantizar el suministro eléctrico, preservar la competitividad de nuestras empresas y acompañar con garantías la transición hacia un modelo energético cada vez más sostenible”, ha aseverado el dirigente empresarial.

El documento elaborado por Cámara Valencia destaca que la planta aporta más de la mitad de la producción eléctrica de la Comunitat Valenciana, con una generación predecible superior a los 7.900 gigavatios hora (GWh) anuales. A pesar de representar solo el 5,5% de la potencia instalada en el conjunto del país, el parque nuclear español genera alrededor del 20% de la electricidad nacional gracias a un factor de carga próximo al 84% y una disponibilidad media del 90%.

Riesgos para la capacidad industrial

El informe de la Cámara de Comercio advierte sobre las consecuencias económicas de culminar la desconexión de la planta valenciana. La simulación efectuada por los técnicos de la entidad revela que la ausencia de generación nuclear en el escenario del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) eleva el precio medio del mercado diario de los 47,4 euros por megavatio hora (€/MWh) hasta los 65,0 €/MWh, hecho que representa un incremento del 37% en los costes de la energía.

Según aseguran, esta subida afectaría de manera directa a la viabilidad de las 12.254 empresas manufactureras electrointensivas radicadas en el territorio valenciano, un tejido productivo que explican mantiene 184.328 puestos de trabajo directos. Asimismo, el estudio cuantifica el impacto socioeconómico directo del complejo de Cofrentes en más de 3.000 empleos entre directos e indirectos, además de una red de 400 proveedores, de los que 150 operan en el ámbito Comunitat Valenciana.

Morata ha remarcado que los objetivos de descarbonización deben afrontarse con “realismo” para evitar perjuicios en la atracción de capitales. “La Comunitat Valenciana afronta un proceso de reindustrialización, de electrificación de la economía y de captación de inversiones que exigirá cada vez una mayor disponibilidad de energía. En ese contexto, la continuidad de Cofrentes no solo es compatible con los objetivos de descarbonización, sino que constituye un apoyo imprescindible”, ha señalado el presidente de la entidad.

Estabilidad de la red

Desde el punto de vista técnico, insisten en que la central aporta más de 1.000 megavatios (MW) de potencia disponible al sistema eléctrico, soporte de tensión y regulación de frecuencia. Según reseñan, estas funciones resultan clave para equilibrar la red ante la creciente implantación de tecnologías renovables de carácter intermitente. Adicionalmente, el escrito destaca la contribución ambiental de la planta, cuya actividad aseguran que evita la emisión anual de tres millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

El informe analiza además la fiscalidad que soporta la generación nuclear, con una tributación que representa el 41,3% de sus costes totales de producción (26,53 €/MWh sobre un coste total de 64,23 €/MWh) tras experimentar un incremento del 70% en los últimos cinco años.

Finalmente, la entidad empresarial alerta de la saturación de la infraestructura de distribución en las áreas industriales estratégicas. En nodos de elevada actividad del área metropolitana de Valencia, como Sagunt, Quart de Poblet o Picassent, la capacidad disponible resulta nula o muy reducida. Esta limitación en la red frena proyectos de ampliación e implantación de nuevas inversiones en sectores clave como los centros de datos, la logística o la movilidad eléctrica.

“Agravio” y “trato distinto” de Cofrentes

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha denunciado el “trato distinto” que recibe la central nuclear de Cofrentes respecto a la de Almaraz por parte del Gobierno central. A través de un mensaje en la red social X tras confirmarse la prórroga de la planta cacereña, el jefe del Consell ha criticado la diferencia de criterio dictaminada para la Comunitat Valenciana cuando ambas instalaciones cuentan con “los mismos informes, los mismos técnicos y la misma seguridad”. Pérez Llorca ha calificado la situación de “agravio” para el territorio valenciano y ha subrayado el carácter estratégico de la planta, cuya actividad genera el 44% de la electricidad autonómica y evita la emisión anual de tres millones de toneladas de CO₂.

Además, la Generalitat ha advertido en un comunicado de que la propia orden publicada en el BOE para la renovación de Almaraz refuerza la postura autonómica frente al “cierre ideológico” de la instalación valenciana. Desde el Ejecutivo autonómico exigen una resolución inmediata para prolongar la operatividad de Cofrentes más allá de 2030 al argumentar que la planta cumple íntegramente con los criterios técnicos, de seguridad y de garantía de suministro aplicados en Extremadura. “Ahora ya no hay excusas. No pedimos ningún trato de favor. Pedimos que se aplique a Cofrentes el mismo criterio técnico, objetivo y basado en la seguridad que se ha aplicado a Almaraz”, han reiterado desde el Consell para defender una infraestructura que consideran clave en el proceso de descarbonización.

La Cambra de Comerç de València ha emés un informe en què defén la necessitat estratègica de prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes més enllà de la data prevista per al seu tancament, el 30 de novembre de 2030. L’entitat pren com a punt de partida el dictamen del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) favorable a la continuïtat de la planta d’Almaraz fins al 2030, una decisió que, segons la Cambra valenciana, senta un precedent aplicable a la instal·lació de la comarca de la Vall d’Aiora-Cofrentes.

El president de Cambra València, José Vicente Morata, ha subratllat que la resolució sobre la planta extremenya “reforça la necessitat de replantejar el calendari de tancament de les centrals nuclears a Espanya”. “Des de la Cambra creiem que aquesta mateixa reflexió ha d’aplicar-se a Cofrentes. Mantindre un mix energètic equilibrat és fonamental per a garantir el subministrament elèctric, preservar la competitivitat de les nostres empreses i acompanyar amb garanties la transició cap a un model energètic cada vegada més sostenible”, ha asseverat el dirigent empresarial.

El document elaborat per Cambra València destaca que la planta aporta més de la meitat de la producció elèctrica de la Comunitat Valenciana, amb una generació predictible superior als 7.900 gigawatts hora (GWh) anuals. Tot i representar només el 5,5% de la potència instal·lada en el conjunt del país, el parc nuclear espanyol genera al voltant del 20% de l’electricitat nacional gràcies a un factor de càrrega pròxim al 84% i una disponibilitat mitjana del 90%.

Riscos per a la capacitat industrial

L’informe de la Cambra de Comerç adverteix de les conseqüències econòmiques de culminar la desconnexió de la planta valenciana. La simulació efectuada pels tècnics de l’entitat revela que l’absència de generació nuclear en l’escenari del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) eleva el preu mitjà del mercat diari dels 47,4 euros per megawatt hora (€/MWh) fins als 65,0 €/MWh, fet que representa un increment del 37% en els costos de l’energia.

Segons asseguren, aquesta pujada afectaria directament la viabilitat de les 12.254 empreses manufactureres electrointensives radicades al territori valencià, un teixit productiu que, segons expliquen, manté 184.328 llocs de treball directes. Així mateix, l’estudi quantifica l’impacte socioeconòmic directe del complex de Cofrentes en més de 3.000 llocs de treball entre directes i indirectes, a més d’una xarxa de 400 proveïdors, dels quals 150 operen a la Comunitat Valenciana.

Morata ha remarcat que els objectius de descarbonització han d’afrontar-se amb “realisme” per a evitar perjudicis en l’atracció de capitals. “La Comunitat Valenciana afronta un procés de reindustrialització, d’electrificació de l’economia i de captació d’inversions que exigirà cada vegada una disponibilitat més elevada d’energia. En aquest context, la continuïtat de Cofrentes no només és compatible amb els objectius de descarbonització, sinó que constitueix un suport imprescindible”, ha assenyalat el president de l’entitat.

Estabilitat de la xarxa

Des del punt de vista tècnic, insisteixen que la central aporta més de 1.000 megawatts (MW) de potència disponible al sistema elèctric, suport de tensió i regulació de freqüència. Segons ressenyen, aquestes funcions resulten clau per a equilibrar la xarxa davant la implantació creixent de tecnologies renovables de caràcter intermitent. Addicionalment, l’escrit destaca la contribució ambiental de la planta, l’activitat de la qual, segons asseguren, evita l’emissió anual de tres milions de tones de diòxid de carboni a l’atmosfera.

L’informe analitza a més la fiscalitat que suporta la generació nuclear, amb una tributació que representa el 41,3% dels seus costos totals de producció (26,53 €/MWh sobre un cost total de 64,23 €/MWh), després d’experimentar un increment del 70% en els últims cinc anys.

Finalment, l’entitat empresarial alerta de la saturació de la infraestructura de distribució a les àrees industrials estratègiques. En nodes d’elevada activitat de l’àrea metropolitana de València, com Sagunt, Quart de Poblet o Picassent, la capacitat disponible és nul·la o molt reduïda. Aquesta limitació de la xarxa frena projectes d’ampliació i implantació de noves inversions en sectors clau com els centres de dades, la logística o la mobilitat elèctrica.

“Greuge” i “tracte diferent” a Cofrentes

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha denunciat el “tracte diferent” que rep la central nuclear de Cofrentes respecte de la d’Almaraz per part del Govern central. A través d’un missatge en la xarxa social X després de confirmar-se la pròrroga de la planta de Càceres, el cap del Consell ha criticat la diferència de criteri dictaminada per a la Comunitat Valenciana quan les dues instal·lacions compten amb “els mateixos informes, els mateixos tècnics i la mateixa seguretat”. Pérez Llorca ha qualificat la situació de “greuge” per al territori valencià i ha subratllat el caràcter estratègic de la planta, l’activitat de la qual genera el 44% de l’electricitat autonòmica i evita l’emissió anual de tres milions de tones de CO₂.

A més, la Generalitat ha advertit en un comunicat que la mateixa ordre publicada en el BOE per a la renovació d’Almaraz reforça la postura autonòmica davant el “tancament ideològic” de la instal·lació valenciana. Des de l’Executiu autonòmic exigeixen una resolució immediata per a prolongar l’operativitat de Cofrentes més enllà del 2030, amb l’argument que la planta compleix íntegrament els criteris tècnics, de seguretat i de garantia de subministrament aplicats a Extremadura. “Ara ja no hi ha excuses. No demanem cap tracte de favor. Demanem que s’aplique a Cofrentes el mateix criteri tècnic, objectiu i basat en la seguretat que s’ha aplicat a Almaraz”, han reiterat des del Consell per a defendre una infraestructura que consideren clau en el procés de descarbonització.

Sumar ha rechazado la prórroga del cierre de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 y ha acusado al PSOE de incumplir el acuerdo del gobierno de coalición que ambos partidos firmaron en 2023, a la vez que ha insistido en que el “mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica”.

El ala socialista del Gobierno ha negado que suponga un incumplimiento del acuerdo de Gobierno porque el calendario de cierre se mantiene en el año 2035 y han asegurado que informaron a su socio de gobierno del movimiento. Ese documento señala que el PSOE y Sumar harán un cierre de las nucleares “planificado, seguro, ordenado y justo socialmente” que se llevará a cabo “escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035”. Según el calendario previsto inicialmente, en 2027 se iba a apagar el primer reactor de Almaraz y al año siguiente cesaría su actividad por completo.

Desde el grupo confederal han subrayado que la decisión del Gobierno central con Almaraz “frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía”, indicando que seguir sobrepasado la vida útil de estas infraestructuras “posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía”.

Sumar argumenta que los costes de prolongar la vida útil de la central irán a parar a“ las arcas públicas e hipotecarán los presupuestos” y, con ello, los recursos destinados a la ciudadanía. “Cada euro que nos gastamos en mantener con vida infraestructuras que deben cerrarse es un euro que no nos estamos gastando en impulsar nuestra seguridad, soberanía e independencia energética con energías renovables”, lamentan.

El socio de Gobierno del PSOE se muestra contrario a “seguir el camino de la derecha y la extrema derecha”. “Es un camino irresponsable y antieconómico. Hay alternativas en marcha mas baratas, más seguras y democráticas”, continúa. Por ello, piden mantener el calendario de cierre acordado, mantener los impuestos aplicables al parque nuclear y exigir que las tasas cubran el coste real de la gestión de residuos y el desmantelamiento sin repercutirlo a la ciudadanía, y aprobar un plan de transición económica y productiva para el entorno de Almaraz.

En un comunicado difundido por Los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha cargado también contra el PSOE por no cumplir el acuerdo del gobierno de coalición y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber “cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica”. “Es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar y, por tanto, expresamos nuestro rechazo”, ha afirmado el ministro.

Urtasun también ha dudado de la justificación de la prórroga por las “circunstancias excepcionales” derivadas del conflicto en Oriente Medio y la volatilidad de los mercados energéticos. “Las crisis energéticas no se resuelven prolongando la vida útil de las centrales nucleares, sino acelerando las energías renovables, el almacenamiento, las redes y la autonomía energética”, ha apostillado.

El Ministerio defiende que está en la misma postura

Transición Ecológica asegura que “el Gobierno mantiene exactamente la misma posición que ha defendido siempre: esta extensión, acotada y limitada, se otorga tras comprobar el cumplimiento de las tres condiciones establecidas”. “Es segura para las personas”, tras el visto bueno del CSN, “no compromete la seguridad del suministro” y “no tiene coste para los ciudadanos, porque, aunque las compañías propietarias habían reclamado bajadas de impuestos, se concede sin ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica para las empresas eléctricas”.

El cierre de la planta extremeña estaba fijado inicialmente para el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028. En principio, se mantiene el calendario del resto de cierres, de forma escalonada hasta 2035. Pero la prórroga de Almaraz hasta 2030 va a presionar para retrasar la clausura del resto de reactores del parque nuclear español. Su cierre se solaparía con la clausura de Ascó I y Cofrentes, prevista para ese año, lo que implicaría prescindir de golpe de más de 4 GW de potencia instalada.

Las manos de técnicos y operarios ensamblaron durante meses piezas, explosivos y sistemas que debían funcionar con precisión dentro de un arma inédita. La bomba de Hiroshima nació del programa atómico impulsado por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y fue lanzada cuando Washington buscaba acelerar la rendición japonesa.

El ataque se decidió en una fase final del conflicto, después de que el desarrollo científico y militar permitiera convertir la fisión nuclear en un arma transportable por avión. Aquella detonación dejó además materiales capaces de conservar, a escala microscópica, información sobre lo ocurrido en esos segundos.

Una partícula conservó restos microscópicos de la detonación

Esa información reaparece ahora en una aleación rica en silicio localizada dentro de una partícula vítrea de la bahía de Hiroshima. El estudio, publicado en Science Advances y dirigido por Luca Bindi, geólogo y cristalógrafo de la Universidad de Florencia, describe una composición metálica y una estructura cristalina que no habían sido documentadas hasta ahora. El grano surgió cuando distintos materiales urbanos se vaporizaron y se enfriaron a gran velocidad tras la explosión.

La rareza del hallazgo se entiende mejor al observar el tamaño diminuto de la muestra examinada por el equipo. Mario Wannier, geólogo jubilado, encontró en 2019 pequeñas partículas de vidrio mientras revisaba arenas de la bahía, y esas piezas recibieron el nombre de hiroshimaítas.

El equipo analizó 34 fragmentos, de unos cientos de micrómetros a varios milímetros, hasta localizar varios cristales metálicos dentro de uno de ellos. Entre todos apareció un único grano rico en silicio de apenas diez micrómetros, una longitud cercana al diámetro de un glóbulo rojo.

Ángelo Oñate Soto, científico e ingeniero de materiales de la Universidad de Concepción, que no participó en el trabajo, señaló que estos descubrimientos pueden abrir nuevas líneas de investigación sobre la formación y el comportamiento de las aleaciones multicomponente.

Estos materiales contienen grandes proporciones de varios metales y pueden ofrecer resistencia mecánica, estabilidad térmica y protección frente a la corrosión difíciles de obtener con aleaciones convencionales.

La estructura interna surgió tras un calor extremo

El análisis químico efectuado sobre el diminuto grano identificó hierro, cromo, níquel, manganeso, molibdeno, aluminio y una proporción elevada de silicio. Después, la difracción de rayos X permitió reconocer una estructura cristalina del tipo AlAu₄ con una disposición regular.

Bindi explicó a Gizmodo que la aleación apareció dentro de una esférula microscópica creada durante la explosión, mientras IFLScience recogió que su organización se sitúa cerca del dominio de los cuasicristales por sus motivos locales y su genealogía estructural.

La formación de esa partícula requirió temperaturas superiores a 7.000 grados y un enfriamiento acelerado durante los segundos posteriores a la detonación. La explosión vaporizó acero estructural, aleaciones de aluminio, componentes con cobre, vidrio, suelo, agua y otros materiales presentes en una ciudad.

Después, parte de ese material pasó del estado gaseoso a pequeñas gotas y partículas que terminaron depositadas en los sedimentos de la bahía. Los autores describieron las condiciones necesarias para originar estas fases metálicas: “Su formación exige una interacción extrema entre los componentes, temperaturas elevadas y un enfriamiento rápido”.

El trabajo relaciona este resultado con otros materiales nacidos durante fenómenos capaces de liberar cantidades enormes de energía en periodos muy breves. Bindi y sus colegas habían descrito previamente un compuesto de calcio, cobre y silicio generado en la prueba Trinity, un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El investigador había definido aquel cristal ante IFLScience como “muy por encima de los límites de la síntesis convencional”. Los autores consideran que detonaciones nucleares, choques meteoríticos y procesos planetarios pueden producir fases químicas fuera de las rutas habituales de fabricación.

El laboratorio decidirá el futuro de este descubrimiento

La posibilidad de aprovechar este material depende de reproducirlo mediante procesos controlados y de comprender qué condiciones fijaron su estructura. Paul D. Asimow, geólogo y geoquímico del Instituto Tecnológico de California, que tampoco participó en el estudio, advirtió de que las circunstancias exactas de su formación siguen sin conocerse: “La explosión nuclear es tan exótica que puede crear cosas nunca vistas, pero eso tiene poca utilidad tecnológica hasta encontrar otra forma de alcanzar el mismo producto”.

El hallazgo permite estudiar cómo nacen estas estructuras, aunque cualquier aplicación futura dependerá de métodos de laboratorio capaces de obtenerlas sin repetir el proceso destructivo que las originó.

EEUU y Arabia Saudí han suscrito un acuerdo capital que permitirá el uso de tecnología y conocimiento estadounidenses para crear un programa nuclear con fines civiles en el país del golfo Pérsico. La decisión ha causado alarma por todo Oriente Medio y en los mentideros del poder en Washington.

Los términos del acuerdo no se conocen al detalle, pero las dudas estriban en la posibilidad de que Arabia Saudí pueda enriquecer uranio en el interior del país y las consecuencias que ello pueda tener para la proliferación nuclear.

¿De qué trata el acuerdo nuclear?

El documento busca satisfacer las “necesidades de energía” de Arabia Saudí, país rico en petróleo, según un comunicado del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

El plan económico del príncipe Mohamed bin Salmán dispone que el país emplee energía nuclear para generar electricidad y así liberar reservas de petróleo para aumentar las exportaciones. El acuerdo concede a las empresas estadounidenses un papel central para el desarrollo de la infraestructura, al tiempo que impediría que competidores como Rusia o China afianzasen su posición en el país.

Se calcula que el acuerdo tenga un valor superior a los 10.000 millones de dólares. Sus términos siguen la estela de un esquema previo elaborado durante el Gobierno de Joe Biden, en el que la cooperación nuclear estadounidense estaba ligada a que Arabia Saudí estableciese relaciones diplomáticas formales con Israel.

Esa normalización diplomática entre Tel Aviv y Riad descarriló tras la cruenta respuesta israelí a los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. El presidente de Estados Unidos ha dicho que el pacto depende de que Riad se adhiera a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

¿Podrá Arabia Saudí enriquecer uranio en su territorio?

La información conocida señala que el acuerdo allana el camino para la construcción de una instalación de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudí, siempre que un estudio conjunto elaborado por los dos países determine que sea necesaria.

El estudio en cuestión se elaboraría a lo largo de dos años, lo que teóricamente permitiría al sucesor de Trump en la Casa Blanca decidir si permite tal enriquecimiento.

Muchos países con industria de energía nuclear no enriquecen el uranio en su interior, un proceso que teóricamente permitiría obtener el uranio altamente enriquecido que se usa en las armas nucleares. Lo que hacen es importar el combustible para los reactores.

EEUU justifica en parte la decisión de seguir adelante con el acuerdo en que Washington supervisaría el uranio enriquecido y el material ya usado de los reactores, garantizando así que no se pudiese usar para construir bombas.

¿Por qué es polémico?

Las organizaciones contra la proliferación nuclear llevan años advirtiendo de que este tipo de acuerdo permitiría a Arabia Saudí acabar desarrollando armas nucleares. Riad ha dicho en otras ocasiones que las necesitaría si Irán, su rival regional, se hace con ellas.

EEUU está en guerra con Irán en parte para evitar que Teherán consiga la bomba o enriquecer uranio al nivel que le permita usarlo para crear armas.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha quitado hierro a las dudas. “EEUU no va a llegar a ningún acuerdo con ningún país del mundo que lleve al mundo al riesgo de la proliferación”, ha dicho.

El acuerdo de cooperación nuclear se firmó conjuntamente con un “acuerdo de salvaguardas bilaterales” del que se dice que recoge las medidas para una supervisión adecuada.

Pero los expertos están alarmados porque el documento anunciado el miércoles no incluye las medidas de control ni las prevenciones que constan en anteriores acuerdos nucleares. Arabia Saudí no estará sujeta al riguroso control de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA), dependiente de la ONU, según lo que ha trascendido del pacto.

El “protocolo adicional” de la IAEA lo han implantado decenas de países y era uno de los requisitos que figuraban en el acuerdo nuclear de EEUU con Irán de la época de Obama, del que Trump se retiró en 2018. La cláusula versa sobre la inspección y la verificación para garantizar que los países solo usen el material nuclear con fines pacíficos.

EEUU pactó un acuerdo similar con Emiratos Árabes Unidos, pero en ese caso el país se comprometió a no buscar el enriquecimiento ni a procesar combustible atómico usado, una garantía considerada el “estándar dorado” de los países con pretensiones nucleares. El acuerdo con Arabia Saudí no incluye esa disposición, según la información que se conoce.

¿Se puede bloquear el acuerdo?

Los opositores llevan largo tiempo argumentando que dotar a Arabia Saudí de un programa nuclear interno dará el pistoletazo de salida para una carrera de países por todo Oriente Medio para hacerse con capacidades similares. Israel —que dispone de un programa nuclear secreto— también ha advertido de este riesgo, según se ha publicado.

Los demócratas del Congreso estadounidense plantean dudas similares. El senador Chris Murphy alertó de que el acuerdo “dará a pie a una carrera nuclear en la región y volverá a desincentivar que Irán limite su propio programa”.

Murphy y sus correligionarios del Congreso lo tendrán difícil, sin embargo, para bloquear el acuerdo. Está previsto que este se envíe al Congreso en los próximos días para su aprobación, pero, para evitarlo, debería aprobar una resolución de las dos cámaras y reunir una mayoría de dos tercios para superar el veto del presidente.

El titular y entidad explotadora de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara, la Agrupación de Interés Económico Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E. (CNAT), cuyas empresas propietarias son Iberdrola, Endesa y Naturgy notificaba en la noche del lunes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una parado no programada del reactor de la central.

Según organismo regulador nuclear esta parada se debió a la presencia de una fuga en el sistema de refrigeración del reactor. Un suceso que no ha tenido “impacto alguno” en la seguridad de los trabajadores, el público, ni el medio ambiente.

Fue el pasado jueves 16 de julio, cuando tras detectarse un aumento de la temperatura de rocío en el interior del edificio de contención, el titular inició las acciones previstas en sus procedimientos para identificar el origen de la fuga. Eln lunes se identificó el punto exacto de fuga.

Tras confirmar que estaba ubicada en un instrumento del circuito primario se procedió a realizar la parada ordenada del reactor hasta la condición operativa de parada fría, según el procedimiento establecido.

“Todos los sistemas de seguridad de la instalación han funcionado correctamente y según diseño”, asegura el CSN.

En estos momentos el titular está llevando a cabo un análisis de las posibles causas que han originado el fallo de la línea de instrumentación para repararla.

Nivel cero en la escala de sucesos nucleares

Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la Instrucción del Consejo IS-10.

El organismo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso que, con la información disponible hasta el momento, ha sido clasificado como INES 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos. “La fuga no ha tenido incidencias radiológicas”.

El Foro Extremeño Antinuclear ha reclamado este jueves al Gobierno que mantenga el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y ponga en marcha “de manera urgente” un plan de transición justa para la comarca del Campo Arañuelo, tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la prórroga de la instalación hasta 2030.

El colectivo ha subrayado en una nota que el dictamen del CSN “no supone la concesión automática de la prórroga” y ha recordado que la decisión definitiva corresponde al Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo “conserva plenamente la capacidad y la responsabilidad de mantener las fechas de cierre actualmente vigentes”, fijadas para el 1 de noviembre de 2027 en el caso de la Unidad I y para el 31 de octubre de 2028 en el de la Unidad II.

El Foro Extremeño Antinuclear ha advertido de que “una valoración técnica favorable no significa que la continuidad de la central sea la opción más conveniente para Extremadura” y ha defendido que la decisión también debe tener en cuenta aspectos como la gestión de los residuos radiactivos, el envejecimiento de las instalaciones, el consumo de agua o el desarrollo económico de la comarca.

Asimismo, ha subrayado que prolongar el funcionamiento de la central hasta 2030 “supondría retrasar nuevamente las inversiones y las políticas públicas necesarias para diversificar la economía de la comarca” y ha afirmado que “Campo Arañuelo no puede quedar atrapado en una sucesión de prórrogas que posponga indefinidamente su futuro”.

El colectivo también ha solicitado al CSN la publicación del informe completo, incluidas las condiciones técnicas y, en su caso, los votos particulares, al entender que una decisión de esta trascendencia “exige la máxima transparencia”.

Organizaciones ecologistas

Por otro lado, las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reclamado en un comunicado conjunto que se mantenga el calendario de cierre de Almaraz y se deniegue la solicitud de prórroga.

Han recordado que el informe del CSN “se circunscribe a los aspectos de seguridad nuclear y radiológica” y han subrayado que corresponde ahora al Gobierno valorar las implicaciones ambientales, económicas y energéticas de una eventual continuidad de la central.

Estos cinco colectivos han defendido que el calendario de cierre acordado en 2019 constituye “uno de los pilares de la planificación energética española” y han afirmado que modificarlo generaría incertidumbre sobre el despliegue de las energías renovables previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Asimismo, han denunciado que una prórroga retrasaría la transición energética, tendría efectos sobre el desarrollo de las energías renovables y el almacenamiento eléctrico y podría traducirse en un incremento del uso del gas y de los costes para los consumidores.

Las organizaciones ecologistas han afirmado también que el informe favorable del CSN responde únicamente a una de las tres condiciones que, según recuerdan, el Gobierno planteó para una eventual autorización de la prórroga, por lo que consideran que el Ejecutivo debe mantener el calendario de cierre actualmente previsto para la central cacereña.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado este jueves el visto bueno al dictamen técnico sobre la solicitud para prolongar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030. Las eléctricas copropietarias de la central, Iberdrola, Naturgy y Endesa, habían solicitado esta prórroga para una central que genera cerca del 15% de las necesidades eléctricas de la Comunidad de Madrid y el 7% de la demanda española.

La decisión final está ahora en manos del Gobierno que será el responsable de decidir si la central seguirá operando o no más allá de los plazos establecidos, con el cierre de su primer reactor previsto para 2027. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica informan que esperan al informe para emitir una posición.

El pleno del CSN se reunió este jueves y emitió un informe favorable “con condiciones” a la autorización, que se apoya en “la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad”.

Las principales condiciones tienen que ver con el mantenimiento de personal necesario para cumplir las funciones de seguridad entre los años 2028 y 2030, toda vez se ha comprobado que existe combustible para cubrir la prórroga y que las instalaciones están en buen estado para mantener la seguridad, en base a 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del CSN.

Por tanto, no hay entre las condiciones impuestas la imposición de nuevas inversiones a las eléctricas, que presentaron al Gobierno su petición formal hace unos meses.

Para las compañías, la prórroga de Almaraz puede suponer un precedente para otras centrales nucleares, especialmente las catalanas de Ascó y Vandellós, que generan aún más del 40% de la demanda eléctrica catalana y tienen un papel clave para la industria y el suministro energético.

Las empresas vienen vinculando la ampliación de la vida útil de las centrales a la reducción de impuestos, una exigencia a la que el Ministerio de Transición Ecológica se ha negado en varias ocasiones.

El Gobierno acordó con las eléctricas y con la empresa pública de residuos radiactivos, Enresa, el cierre escalonado de las centrales nucleares en España en 2019, cuando la ministra era Teresa Ribera, de acuerdo con un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que preveía una penetración de las energías eólica y solar que sustituyeran a la nuclear. Las compañías consideraban además que la inversión masiva para ampliar la vida de las centrales no era rentable ante las renovables.

Sin embargo, estas mismas empresas, tras unos años de un rápido avance de las renovables que no era sin embargo suficiente para cubrir la demanda esperada, han encargado informes económicos que alertan de que el cierre nuclear puede tener un impacto económico para la economía.

El calendario prevé el cierre de Almaraz en 2027, a revisar ahora por el Gobierno, el de Almaraz II en 2028, el de Ascó I en 2029, Ascó II en 2030, Cofrentes en 2033, y Vandellós y Trillo cerrarán en 2035. Cabrá ver si las eléctricas españolas siguen el modelo de solicitar la prórroga para el resto de centrales.

Con unos 1.000 empleados, la central de Almaraz, en funcionamiento desde el 1983, es la de mayor generación de España, con más de 2.000 MW. y

En los últimos años, el debate de la nuclear ha visto varios bandazos y Europa opta ahora por defenderla como generación de energía limpia de emisiones. Mientras que Alemania fue precursora en su cierre y achaca parte de su estancamiento económico a ello, Francia apuesta por su expansión. Los riesgos asociados a un posible accidente y sobre todo la gestión de los residuos son los principales inconvenientes que achacan sus detractores, además de un coste de mantenimiento elevado. La elevada potencia y la estabilidad que dota a la red es lo que avala a sus defensores, que han utilizado el apagón para incidir en este último punto.

La electricidad que llega a un ascensor, a un hospital o a una estación de tren suele ocultar una maquinaria enorme que rara vez se ve en la vida cotidiana. Un reactor nuclear es una instalación diseñada para obtener energía a partir de reacciones nucleares controladas, que generan calor y permiten producir electricidad.

Para un ciudadano, su utilidad no consiste en el reactor en sí, sino en el suministro eléctrico que ayuda a mantener servicios, industrias y redes de transporte durante largos periodos. Cuando una fuente energética puede funcionar de forma estable durante años, reduce la dependencia de otros combustibles y facilita el funcionamiento continuo de infraestructuras que forman parte de la rutina diaria.

China prueba una unidad energética motorizada

China está probando un sistema que lleva esa idea a una escala mucho más reducida. Un equipo del Institute of Nuclear Energy Safety Technology ha desarrollado un prototipo de reactor nuclear de 10 megavatios pensado para instalarse sobre un vehículo. Según informó Science and Technology Daily, el proyecto está dirigido por Wu Yican, asesor científico jefe del instituto y miembro de la Academia China de Ciencias, que presentó el sistema como una fuente de energía duradera para lugares donde la red eléctrica es insuficiente o tarda demasiado en construirse.

El interés que ha despertado el proyecto fuera de China tiene mucho que ver con la creciente demanda energética de la inteligencia artificial. Diversos centros de datos consumen cantidades cada vez mayores de electricidad y buscan soluciones capaces de funcionar sin depender por completo de la red convencional.

Interesting Engineering señaló que los promotores del reactor consideran que una unidad de 10 megavatios podría abastecer un centro de datos de tamaño medio. Esa posibilidad ha atraído la atención de medios estadounidenses en un momento de fuerte crecimiento de las infraestructuras dedicadas al procesamiento de datos.

El país amplía su parque atómico comercial

La iniciativa también encaja dentro de la expansión nuclear del país. La Agencia Internacional de la Energía Atómica indicó que China contaba con 58 unidades nucleares comerciales en funcionamiento al cierre de 2024. Informaciones posteriores elevan la cifra a 59 reactores comerciales en 2025. Aunque la energía nuclear representa una parte relativamente reducida de la producción eléctrica nacional, el ritmo de construcción sigue siendo elevado y las autoridades exploran formatos cada vez más pequeños y especializados para atender necesidades concretas.

Estados Unidos desarrolla un proyecto con objetivos parecidos, aunque con características diferentes. BWXT construye el microreactor transportable Project Pele, diseñado para desplazarse hasta bases militares o emplazamientos aislados. La potencia prevista es menor, entre uno y cinco megavatios, y su periodo de funcionamiento sin recarga ronda los tres años. El programa dispone de una hoja de ruta pública y contempla pruebas a partir de 2027. La comparación resulta útil porque muestra que la idea de trasladar energía nuclear allí donde hace falta ya no pertenece únicamente al terreno teórico.

La seguridad plantea interrogantes todavía sin respuesta

Los promotores chinos sostienen que el reactor podría utilizarse en islas remotas, instalaciones mineras, comunidades aisladas, bases militares, zonas afectadas por catástrofes, barcos o sistemas espaciales. En muchos de esos lugares la generación eléctrica depende de motores diésel que requieren un suministro constante de combustible. Wu Yican afirmó que la tecnología permitiría liberarse de la llamada ansiedad de batería, una expresión utilizada para describir la preocupación por quedarse sin energía disponible cuando resulta difícil reponerla.

Sin embargo, las dudas técnicas siguen siendo numerosas. Apenas se han publicado detalles sobre el tipo exacto de reactor, el combustible empleado, el sistema de refrigeración, el blindaje, la gestión de residuos radiactivos o los procedimientos ante accidentes. También quedan cuestiones regulatorias importantes. Un reactor móvil tendría que soportar incendios, fenómenos meteorológicos extremos, fallos de mantenimiento, intentos de sabotaje y largos desplazamientos por carretera sin comprometer la seguridad de trabajadores y población.

Parte de la incertidumbre procede de que muchas de las cifras difundidas proceden directamente de los desarrolladores. Nuclear Engineering International recogió especificaciones atribuidas al consorcio FDS según las cuales el sistema podría funcionar entre diez y 30 años con una sola carga de combustible y alcanzar una vida útil de entre 30 y 60 años. Esas afirmaciones todavía no han sido verificadas por organismos independientes. El equipo de investigación también ha trabajado anteriormente en el concepto CLEAR-M10d, un minirreactor refrigerado por plomo que algunos observadores consideran relacionado con el nuevo proyecto, aunque no existe confirmación pública suficiente para asegurarlo.

Por ahora, la gran incógnita no es si un reactor puede colocarse sobre un camión, sino si todas las promesas asociadas a esa idea podrán superar las pruebas de seguridad, regulación y funcionamiento real. Esa fase determinará si esta tecnología queda como un experimento de laboratorio o si termina alimentando infraestructuras situadas lejos de cualquier línea eléctrica convencional.

Un buque de carga ruso que sufrió una serie de misteriosas explosiones antes de hundirse finalmente frente a la costa sureste de España hace 17 meses podría haber estado transportando reactores de submarinos nucleares con destino a Corea del Norte, según algunas informaciones.

El Ursa Major, un buque de 142 metros de eslora con bandera rusa propiedad de la empresa Oboronlogistics, vinculada al Estado, navegaba supuestamente de San Petersburgo a Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, cuando se hundió a 62 millas náuticas de la costa de Murcia poco antes de la medianoche del 23 de diciembre de 2024.

Once horas antes, el servicio español de salvamento y seguridad marítima, Sasemar, había enviado un helicóptero, una lancha rápida de rescate y un remolcador al Ursa Major, que había lanzado una llamada de socorro a las 12.53 horas.

Otros barcos de la zona observaron que el buque ruso, que había reducido drásticamente la velocidad en las últimas 24 horas, presentaba una fuerte escora y vieron cómo su tripulación abandonaba el barco. Los tripulantes dijeron a los equipos de rescate que se habían producido tres explosiones en la sala de máquinas del barco.

Los intentos de España por socorrer al Ursa Major se vieron frustrados a las 20:07 horas de esa tarde, cuando llegó un buque de guerra ruso, se hizo cargo de las operaciones y ordenó a las dos embarcaciones de Sasemar que se retiraran a una distancia de dos millas náuticas.

Bengalas y “componentes de reactores nucleares”

Según un documento del Gobierno español publicado hace tres meses en respuesta a preguntas parlamentarias sobre el incidente, el buque de guerra ruso lanzó entonces bengalas sobre el Ursa Major. Un reportaje del periódico murciano La Verdad indicó que las bengalas podrían haberse utilizado para cegar los canales de infrarrojos de los satélites de inteligencia que estaban vigilando el incidente.

Una investigación de la CNN sobre el hundimiento del buque recoge que “se escucharon cuatro señales sísmicas similares… cuyo patrón se asemejaba al de minas submarinas o explosiones en canteras a cielo abierto” justo después de que se lanzaran las bengalas. A las 23:20 horas, el Ursa Major se había hundido y ahora yace a una profundidad de 2.500 metros. Se cree que dos tripulantes fallecieron en las explosiones iniciales, mientras que 14 fueron rescatados.

Aunque el buque transportaba oficialmente “mercancías no peligrosas” —entre ellas 129 contenedores, dos grúas y dos grandes tapas de pozo de mantenimiento—, su ruta y su hundimiento despertaron las sospechas de las autoridades españolas.

Al ser interrogado, el capitán del Ursa Major acabó diciendo a los investigadores españoles que las “tapas de pozo” a bordo de su barco eran “componentes de reactores nucleares similares a los utilizados por submarinos”, pero que no se transportaba combustible nuclear.

Los investigadores también habían observado en fotografías de satélite dos enormes contenedores azules —cada uno de los cuales se calcula que pesa unas 65 toneladas— en la popa del barco.

“Se trataría, por tanto, de dos cargas casi imposibles de transportar por sinuosas carreteras de Rusia, Kazajistán, Uzbekistán y Afganistán entre las dos ciudades que cubría el Ursa Major”, señala el reportaje de La Verdad. “Esa misteriosa carga no declarada sí justificaría un viaje de más de 15.000 kilómetros por mar entre San Petersburgo y Vladivostok”.

Una fuente familiarizada con la investigación ha declarado a la CNN que el capitán ruso creía que sería desviado al puerto norcoreano de Rason para entregar los dos reactores.

¿Atacado con un torpedo?

Aunque el incidente sigue siendo un misterio, la CNN sugiere que el hundimiento del Ursa Major “podría suponer una intervención poco habitual y de alto riesgo por parte de un ejército occidental para impedir que Rusia enviara una modernización de la tecnología nuclear a un aliado clave, Corea del Norte”. La cadena indicó que el buque ruso zarpó apenas dos meses después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, enviara tropas para ayudar en la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin.

CNN y La Verdad informan de que un agujero de 50 centímetros por 50 centímetros encontrado en el casco del buque —con el metal dañado hacia el interior— podría haber sido causado por un arma ultrarrápida conocida como torpedo supercavitante.

“Se cree que solo Estados Unidos, algunos aliados de la OTAN, Rusia e Irán disponen de este tipo de torpedo de alta velocidad, que expulsa aire por delante del arma para reducir la resistencia del agua”, afirma la CNN. “La fuente familiarizada con la investigación [española] afirmó que esta había concluido que el uso de un dispositivo de ese tipo encajaría con el tamaño del agujero en el casco del Ursa Major, y que podría haber provocado un impacto silencioso que causara la repentina desaceleración del barco el 22 de diciembre”.

La CNN señala que se había producido una “intensa actividad militar reciente” en torno a los restos del barco, con aviones “rastreadores” nucleares estadounidenses sobrevolando la zona en dos ocasiones durante el último año, y un buque espía ruso provocando otras cuatro explosiones en los restos una semana después de su hundimiento.

Un informe de Oboronlogistics afirmó que el Ursa Major fue víctima de lo que denominó “un ataque terrorista selectivo”.

Se ha contactado con los Ministerios de Interior, Asuntos Exteriores y Defensa de España para recabar sus comentarios.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recomendó este miércoles que el Gobierno español suspenda el cierre planeado de la central nuclear de Almaraz, autorice la prórroga de su vida útil hasta al menos el año 2040 y evalúe “la viabilidad de nuevas prórrogas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”.

El informe, que salió adelante con el apoyo de los grupos de la derecha y ultraderecha parlamentaria, reclama al Gobierno que suspenda “cualquier medida” encaminada al cierre de esta u otras centrales en España“, y pide al país ”que reconsidere su política de abandono de la energía nuclear“, que cree impulsada por motivos ideológicos.

Se trata de las recomendaciones no vinculantes de los eurodiputados que visitaron la central nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero, una misión compuesta por los ultraconservadores polacos Bogdan Rzonca y Kosma Złotowski, el popular griego Fredis Beleris, el ultraderechista neerlandés Sebastian Kruis y el polaco Marcin Sypniewski, de extrema derecha.

Varios eurodiputados españoles acudieron además como observadores; es el caso de Elena Nevado del Campo (PP), Nacho Sánchez Amor (PSOE), Juan Carlos Girauta (Vox) y Diego Solier (independiente en los ultraconservadores europeos, que inicialmente concurrió en la lista de 'Se Acabó la Fiesta').

El borrador del informe, presentado en abril, ya pedía al Gobierno que revertiera el cierre de la central nuclear de Almaraz y advertía de los riesgos demográficos y económicos de cierres industriales en las regiones europeas con menor desarrollo económico, como es el caso de Extremadura. Finalmente, una decena de enmiendas de Vox recibieron a última hora el apoyo del PP para incluir la referencia a 2040 y endurecer el tono del texto, con referencias a una “profunda preocupación por la reciente inestabilidad del sistema eléctrico y los apagones ocurridos en España” y el impacto en el sistema que podría tener el cierre planeado de Almaraz.

Los eurodiputados piden también a la Comisión Europea que evalúe si los planes de cerrar las centrales nucleares en España “son consistentes con los principios de buena gobernanza, transparencia y legislación basada en evidencia, particularmente a la luz de la ausencia de una justificación técnica, económica o social disponible públicamente”.

La visita de los eurodiputados responde a la petición elevada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, en la que instó al Parlamento Europeo a conocer ‘in situ’ la central y abordar el impacto económico, energético y social que tendría el cierre de la planta.

El calendario pactado en 2019 por el Gobierno español, sindicatos y empresas establece que el 1 de noviembre de 2027 tendría que dejar de funcionar un primer reactor de Almaraz, mientras que el segundo tendría que cerrar el 31 de octubre de 2028.

No obstante, el pasado octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy -las empresas propietarias de la central- solicitaron formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga para los dos reactores hasta junio de 2030, lo que genera el rechazo de grupos ecologistas como Greenpeace. 

“El Gobierno regional, en el que está Vox, ha hecho todo lo que puede hacer un Gobierno regional para mantener esa central nuclear (...). Ahora son otros gobiernos, en este caso el Gobierno de España, el que debería también tener claro que tiene que hacer su parte con los impuestos a nivel estatal”, dijo el vicepresidente de Extremadura, Óscar Fernández.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, señaló en un comunicado remitido por el PP que “el mensaje del Parlamento Europeo es contundente y claro” y que “el Gobierno debe reconsiderar el cierre de Almaraz ya que en estos momentos la energía nuclear es considerada verde de transición y se ha convertido en esencial en gran parte de los países europeos”.

Guardiola ha celebrado el “respaldo” de Bruselas, donde se encuentra este miércoles oara participar en el Comité de las Regiones. “Hoy es un día importante para Extremadura”, ha dicho y también ha subrayado que el documento “advierte de los riesgos demográficos, económicos y en materia de seguridad de su cierre”.

Pero el PSOE ha acusado a Guardiola, de “mentir y manipular de forma interesada”. El eurodiputado socialista extremeño, Ignacio Sánchez Amor, ha afirmado que “ya está bien de manosear la continuidad de Almaraz con fines partidistas” y ha aclarado que lo votado en el Parlamento Europeo “no tiene nada que ver con decidir la continuidad o el cierre de la central”, ya que se trata de una competencia “estrictamente nacional”.

Según ha explicado, lo aprobado en la Comisión de Peticiones es un documento impulsado por PP y Vox “cuyo único objetivo es atacar al Gobierno de España”, y ha subrayado que todas las enmiendas presentadas por el PSOE fueron rechazadas, mientras el PP “asumió íntegramente los postulados de la ultraderecha”. “Frente a la desinformación interesada del PP, el PSOE ha reiterado que su posición sobre la Central Nuclear de Almaraz no ha cambiado”, ha indicado el eurodiputado socialista.

El PSOE señala que sigue a la espera del informe definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear y, posteriormente, de la decisión que adopte el Gobierno de España, que es la administración competente en esta materia. 

En las salas de reunión del Ayuntamiento de Tivissa (Tarragona) el pasado jueves compartieron mesa arquitectos, ingenieros y concejales con un joven equipo de futuras promesas de la geología europea. Se volcaron sobre mapas y gráficos que hasta entonces les parecían indescifrables. Todo con un fin muy claro; estar preparados para un futuro terremoto. Nadie sabe cuándo llegará, pero sí saben que es inevitable que suceda. La cuestión es evitar daños catastróficos.

Tivissa es un pueblo situado muy cerca de dos fallas sísmicas activas, las de Burgar y del Camp de Tarragona. Pero la actividad de las placas en este punto concreto del mapa comporta un riesgo añadido. A pocas decenas de kilómetros de su núcleo se encuentran las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, así como la presa de Riudecanyes.

La zona ya ha sufrido grandes terremotos; el último fue en 1845, mucho antes de la inauguración de las plantas energéticas. En aquella ocasión, el sismo fue de 5,1 en la escala Richter, una intensidad muy parecida al del mayor que ha sufrido España en lo que va de siglo. El paralelismo se encuentra en Lorca, donde en 2011 un terremoto de 5,5 dejó nueve muertos y más de trescientos heridos. Las consecuencias, de haber tenido dos centrales nucleares cerca, habrían sido mucho peores.

Al contrario de lo que podría parecer, que hayan pasado casi dos siglos desde el último gran sismo en Tivissa no es señal de que el peligro haya pasado; al contrario. “Cuanto más pasa del último, más cerca estamos del siguiente”, asegura María Ortuño, geóloga, profesora de la UB y miembro de RISKNAT, un grupo de investigación catalán que estos días está colaborando con un proyecto europeo que forma a futuros especialistas en prevención de riesgos ante desastres naturales. Para ello, el equipo está visitando diversas zonas críticas y Tivissa ha sido una de las escogidas. 

El proyecto TREADS está pensado para formar profesionales en la prevención de riesgos, un campo en el que España “está muy poco preparada”, apunta Ortuño. “Tenemos la gran suerte de no haber tenido terremotos recientes que hayan causado grandes daños”, expone la especialista, pero también añade que no hay que dejarse engañar por esta calma.

En la península Ibérica hay terremotos de gran magnitud —de 6 o más en la escala Richter—, una vez cada siglo, aproximadamente. El último de estas características se registró en Andalucía en 1884. Desde entonces, el territorio se encuentra en una anomalía porque no se ha vuelto a repetir. Por eso, Ortuño insiste en que “hay que ponerse las pilas”.

Los expertos de RISKNAT aseguran que la formación y la prevención son esenciales. Tanto, que apuntan que el terremoto de Lorca podría haber reducido exponencialmente la mortalidad si se hubiera preparado mejor a la población. “Invirtiendo unas pocas horas al año en recordar a la gente qué hacer en caso de terremoto, se podría haber salvado mucha gente”, explica Ortuño, quien estima que seis de las nueve víctimas mortales de Lorca se podrían haber evitado.

Las fallas activas y las centrales nucleares

Vandellós y Ascó se construyeron en 1967 y 1971 respectivamente, antes de que se tuviera constancia de la existencia de las fallas que pasan por sus cercanías. No fue hasta el desastre de la central japonesa de Fukushima en 2011, causado por un terremoto y el tsunami consecuente, que se empezaron a buscar riesgos sísmicos cerca de estas infraestructuras.

La central nuclear de Vandellós está a menos de 200 metros de la falla del Camp, una falla activa que puede producir sismos de hasta magnitud 6,5. Por otra parte, Ascó está en un terreno inundable del río Ebro, lo que supone un riesgo añadido en caso de sismo por la fluidificación del terreno —efecto que se da cuando una zona altamente saturada de agua actúa como líquido en reacción a un esfuerzo sísmico—.

Aun así, estos casos no son los únicos de centrales nucleares cerca de fallas activas. También en Japón, donde los sismos son usuales y cuentan con una amplia experiencia en prevención de riesgos, se encuentran las centrales de Kashiwazaki-Kariwa y Hamaoka, que tuvieron que hacer varias pausas en su funcionamiento para mejorar las infraestructuras, con esta última sumando más de 14 años sin operar.  

Para llegar a la prevención de Japón hace falta primero conocer el riesgo que hay. “El sísmico se basa en tres factores: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad”, explica Marc Ollé, investigador predoctoral en la UB y miembro de RISKNAT.

“La geología sirve para entender el fenómeno que genera un peligro para la sociedad”, explica Ollé. Los geólogos usan diversos métodos para estudiar el peligro de una zona, desde experimentos para ver las propiedades de la roca y el comportamiento de las fallas hasta modelos numéricos con la probabilidad de ocurrencia de terremotos futuros. “Estudiamos dónde hay fallas, cómo se comportan y, en caso de estar activas, qué efectos generarían”, apunta el geólogo. Con todo, aunque no es factible predecir cuándo va a producirse un sismo, sí se puede prevenir dónde va a ser y cómo.

Una vez detectada la peligrosidad, la responsabilidad recae en las normativas urbanísticas y arquitectónicas. En especial son las infraestructuras críticas, como hospitales, escuelas o industrias peligrosas, en las que debería haber un mayor cuidado para asegurar la resistencia a sismos. Pero la realidad es que, aunque exista una normativa, “siempre que puede, el cliente intenta economizar la construcción”, según apunta la arquitecta Laura Pallisé.

Es por eso que, ante este escenario, en el que hay infraestructuras críticas construidas sobre fallas y elementos arquitectónicos que no están totalmente adaptados, la formación de la población se convierte en el principal factor para reducir riesgos. 

Algunos consejos que la especialista deja en caso de terremoto son: “No salir, a no ser que sea una construcción muy bajita, ya que esos edificios raramente se derrumban. Incluso si colapsa, hay sitios seguros, triángulos de la vida, en cada sala”. También añade la importancia de tener planes familiares en caso de sismo que incluyan un punto de reunión en caso de caída de las comunicaciones y una repartición de las responsabilidades respecto a las personas dependientes.

Por parte del Ayuntamiento de Tivissa, el regidor Eduard Cavallé encargado de los servicios territoriales del municipio, asegura que se pondrán las pilas. “Hace poco aprobamos el documento de protección civil municipal”, explica, “hay que informar a la gente, pero sin alarmar a nadie”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha vuelto a dar un paso en la injerencia sobre la política energética de los países de la UE al pedir “evitar la retirada prematura de activos, como las instalaciones nucleares existentes, que pueden seguir proporcionando electricidad fiable, de bajo coste y con bajas emisiones, también puede desempeñar un papel importante”. España tiene planificado el cierre de varias centrales nucleares en 2030, con la oposición de las compañías eléctricas y el PP.

Von der Leyen ha hecho esta petición en una carta dirigida a los líderes de los 27 países de la UE como una de las propuestas en el terreno energético para tratar de aliviar las “graves repercusiones geopolíticas y geoeconómicas para Europa, que afectan a la energía y las finanzas, el comercio y el transporte, las cadenas de suministro y el desplazamiento de personas dentro y entre los países de la región”.

Los jefes de Gobierno de los países de la UE se reúnen este jueves en Bruselas para aprobar medidas que rebajen el impacto de la subida de los precios de la energía por el conflicto bélico que empezaron EEUU e Israel con el bombardeo de Irán.

“Al considerar posibles medidas adicionales para aliviar el impacto inmediato en consumidores y empresas, debemos aprender de las lecciones del pasado. Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de estas medidas eran amplias y poco selectivas, lo que provocó ineficiencias y costes fiscales muy elevados”, escribe Von der Leyen en su misiva. Por este motivo, propone que “cualquier medida a corto plazo: no retrase la descarbonización del sistema energético, no aumente la demanda de petróleo y gas, sea temporal, dirigida y minimice los costes fiscales”.

Polémica con Ribera por las nucleares

Von der Leyen ya mantuvo una postura controvertida al equiparar las energías renovables con la nuclear y por decir que “la reducción en la participación de la nuclear fue una elección; creo que fue un error estratégico para Europa darle la espalda”, que le supuso un conflicto interno con la la vicepresidenta europea para una Transición Limpia, Teresa Ribera.

La semana pasada Von der Leyen y Ribera mantuvieron una polémica por el papel de la presidenta de la Comisión respecto a la política energética de cada país. Ribera le dijo a Von der Leyen que “no puede intervenir en la política energética” de los países miembros, tras decir que fue “error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones” respecto a la energía nuclear.

“Mientras formé parte del Gobierno de España no podía decirle al Gobierno francés qué hacer o qué no hacer. Y ocurre exactamente lo mismo como miembro de la Comisión Europea”, ha sentenciado Ribera. La comisaria española ha defendido la competencia de cada Estado miembro de la UE para “decidir su 'mix' eléctrico de acuerdo con sus circunstancias, preferencias culturales e industriales y capacidades geográficas”.

En España hay una fuerte controversia entre el Gobierno y las eléctricas por el plan de cierre de las centrales nucleares. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) está estudiando la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy de prorrogar hasta 2030 el funcionamiento de la central de Almaraz.

No es solo un tema técnico, también ha entrado en el terreno partididista: el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, defendió la continuidad de la central nuclear de Cofrentes y rechazó su cierre programado en 2030 al considerar que responde a “cuestiones ideológicas”. Frente al Gobierno de Pedro Sánchez, el PP mantiene la posición de alargar la vida de las centrales de Almaraz (Extremadura), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).