En las salas de reunión del Ayuntamiento de Tivissa (Tarragona) el pasado jueves compartieron mesa arquitectos, ingenieros y concejales con un joven equipo de futuras promesas de la geología europea. Se volcaron sobre mapas y gráficos que hasta entonces les parecían indescifrables. Todo con un fin muy claro; estar preparados para un futuro terremoto. Nadie sabe cuándo llegará, pero sí saben que es inevitable que suceda. La cuestión es evitar daños catastróficos.

Tivissa es un pueblo situado muy cerca de dos fallas sísmicas activas, las de Burgar y del Camp de Tarragona. Pero la actividad de las placas en este punto concreto del mapa comporta un riesgo añadido. A pocas decenas de kilómetros de su núcleo se encuentran las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, así como la presa de Riudecanyes.

La zona ya ha sufrido grandes terremotos; el último fue en 1845, mucho antes de la inauguración de las plantas energéticas. En aquella ocasión, el sismo fue de 5,1 en la escala Richter, una intensidad muy parecida al del mayor que ha sufrido España en lo que va de siglo. El paralelismo se encuentra en Lorca, donde en 2011 un terremoto de 5,5 dejó nueve muertos y más de trescientos heridos. Las consecuencias, de haber tenido dos centrales nucleares cerca, habrían sido mucho peores.

Al contrario de lo que podría parecer, que hayan pasado casi dos siglos desde el último gran sismo en Tivissa no es señal de que el peligro haya pasado; al contrario. “Cuanto más pasa del último, más cerca estamos del siguiente”, asegura María Ortuño, geóloga, profesora de la UB y miembro de RISKNAT, un grupo de investigación catalán que estos días está colaborando con un proyecto europeo que forma a futuros especialistas en prevención de riesgos ante desastres naturales. Para ello, el equipo está visitando diversas zonas críticas y Tivissa ha sido una de las escogidas. 

El proyecto TREADS está pensado para formar profesionales en la prevención de riesgos, un campo en el que España “está muy poco preparada”, apunta Ortuño. “Tenemos la gran suerte de no haber tenido terremotos recientes que hayan causado grandes daños”, expone la especialista, pero también añade que no hay que dejarse engañar por esta calma.

En la península Ibérica hay terremotos de gran magnitud —de 6 o más en la escala Richter—, una vez cada siglo, aproximadamente. El último de estas características se registró en Andalucía en 1884. Desde entonces, el territorio se encuentra en una anomalía porque no se ha vuelto a repetir. Por eso, Ortuño insiste en que “hay que ponerse las pilas”.

Los expertos de RISKNAT aseguran que la formación y la prevención son esenciales. Tanto, que apuntan que el terremoto de Lorca podría haber reducido exponencialmente la mortalidad si se hubiera preparado mejor a la población. “Invirtiendo unas pocas horas al año en recordar a la gente qué hacer en caso de terremoto, se podría haber salvado mucha gente”, explica Ortuño, quien estima que seis de las nueve víctimas mortales de Lorca se podrían haber evitado.

Las fallas activas y las centrales nucleares

Vandellós y Ascó se construyeron en 1967 y 1971 respectivamente, antes de que se tuviera constancia de la existencia de las fallas que pasan por sus cercanías. No fue hasta el desastre de la central japonesa de Fukushima en 2011, causado por un terremoto y el tsunami consecuente, que se empezaron a buscar riesgos sísmicos cerca de estas infraestructuras.

La central nuclear de Vandellós está a menos de 200 metros de la falla del Camp, una falla activa que puede producir sismos de hasta magnitud 6,5. Por otra parte, Ascó está en un terreno inundable del río Ebro, lo que supone un riesgo añadido en caso de sismo por la fluidificación del terreno —efecto que se da cuando una zona altamente saturada de agua actúa como líquido en reacción a un esfuerzo sísmico—.

Aun así, estos casos no son los únicos de centrales nucleares cerca de fallas activas. También en Japón, donde los sismos son usuales y cuentan con una amplia experiencia en prevención de riesgos, se encuentran las centrales de Kashiwazaki-Kariwa y Hamaoka, que tuvieron que hacer varias pausas en su funcionamiento para mejorar las infraestructuras, con esta última sumando más de 14 años sin operar.  

Para llegar a la prevención de Japón hace falta primero conocer el riesgo que hay. “El sísmico se basa en tres factores: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad”, explica Marc Ollé, investigador predoctoral en la UB y miembro de RISKNAT.

“La geología sirve para entender el fenómeno que genera un peligro para la sociedad”, explica Ollé. Los geólogos usan diversos métodos para estudiar el peligro de una zona, desde experimentos para ver las propiedades de la roca y el comportamiento de las fallas hasta modelos numéricos con la probabilidad de ocurrencia de terremotos futuros. “Estudiamos dónde hay fallas, cómo se comportan y, en caso de estar activas, qué efectos generarían”, apunta el geólogo. Con todo, aunque no es factible predecir cuándo va a producirse un sismo, sí se puede prevenir dónde va a ser y cómo.

Una vez detectada la peligrosidad, la responsabilidad recae en las normativas urbanísticas y arquitectónicas. En especial son las infraestructuras críticas, como hospitales, escuelas o industrias peligrosas, en las que debería haber un mayor cuidado para asegurar la resistencia a sismos. Pero la realidad es que, aunque exista una normativa, “siempre que puede, el cliente intenta economizar la construcción”, según apunta la arquitecta Laura Pallisé.

Es por eso que, ante este escenario, en el que hay infraestructuras críticas construidas sobre fallas y elementos arquitectónicos que no están totalmente adaptados, la formación de la población se convierte en el principal factor para reducir riesgos. 

Algunos consejos que la especialista deja en caso de terremoto son: “No salir, a no ser que sea una construcción muy bajita, ya que esos edificios raramente se derrumban. Incluso si colapsa, hay sitios seguros, triángulos de la vida, en cada sala”. También añade la importancia de tener planes familiares en caso de sismo que incluyan un punto de reunión en caso de caída de las comunicaciones y una repartición de las responsabilidades respecto a las personas dependientes.

Por parte del Ayuntamiento de Tivissa, el regidor Eduard Cavallé encargado de los servicios territoriales del municipio, asegura que se pondrán las pilas. “Hace poco aprobamos el documento de protección civil municipal”, explica, “hay que informar a la gente, pero sin alarmar a nadie”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha vuelto a dar un paso en la injerencia sobre la política energética de los países de la UE al pedir “evitar la retirada prematura de activos, como las instalaciones nucleares existentes, que pueden seguir proporcionando electricidad fiable, de bajo coste y con bajas emisiones, también puede desempeñar un papel importante”. España tiene planificado el cierre de varias centrales nucleares en 2030, con la oposición de las compañías eléctricas y el PP.

Von der Leyen ha hecho esta petición en una carta dirigida a los líderes de los 27 países de la UE como una de las propuestas en el terreno energético para tratar de aliviar las “graves repercusiones geopolíticas y geoeconómicas para Europa, que afectan a la energía y las finanzas, el comercio y el transporte, las cadenas de suministro y el desplazamiento de personas dentro y entre los países de la región”.

Los jefes de Gobierno de los países de la UE se reúnen este jueves en Bruselas para aprobar medidas que rebajen el impacto de la subida de los precios de la energía por el conflicto bélico que empezaron EEUU e Israel con el bombardeo de Irán.

“Al considerar posibles medidas adicionales para aliviar el impacto inmediato en consumidores y empresas, debemos aprender de las lecciones del pasado. Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de estas medidas eran amplias y poco selectivas, lo que provocó ineficiencias y costes fiscales muy elevados”, escribe Von der Leyen en su misiva. Por este motivo, propone que “cualquier medida a corto plazo: no retrase la descarbonización del sistema energético, no aumente la demanda de petróleo y gas, sea temporal, dirigida y minimice los costes fiscales”.

Polémica con Ribera por las nucleares

Von der Leyen ya mantuvo una postura controvertida al equiparar las energías renovables con la nuclear y por decir que “la reducción en la participación de la nuclear fue una elección; creo que fue un error estratégico para Europa darle la espalda”, que le supuso un conflicto interno con la la vicepresidenta europea para una Transición Limpia, Teresa Ribera.

La semana pasada Von der Leyen y Ribera mantuvieron una polémica por el papel de la presidenta de la Comisión respecto a la política energética de cada país. Ribera le dijo a Von der Leyen que “no puede intervenir en la política energética” de los países miembros, tras decir que fue “error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones” respecto a la energía nuclear.

“Mientras formé parte del Gobierno de España no podía decirle al Gobierno francés qué hacer o qué no hacer. Y ocurre exactamente lo mismo como miembro de la Comisión Europea”, ha sentenciado Ribera. La comisaria española ha defendido la competencia de cada Estado miembro de la UE para “decidir su 'mix' eléctrico de acuerdo con sus circunstancias, preferencias culturales e industriales y capacidades geográficas”.

En España hay una fuerte controversia entre el Gobierno y las eléctricas por el plan de cierre de las centrales nucleares. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) está estudiando la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy de prorrogar hasta 2030 el funcionamiento de la central de Almaraz.

No es solo un tema técnico, también ha entrado en el terreno partididista: el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, defendió la continuidad de la central nuclear de Cofrentes y rechazó su cierre programado en 2030 al considerar que responde a “cuestiones ideológicas”. Frente al Gobierno de Pedro Sánchez, el PP mantiene la posición de alargar la vida de las centrales de Almaraz (Extremadura), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). 

Cuando se han cumplido dos semanas de los ataques ilegales lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, no se divisa una salida rápida del conflicto ni victoriosa para sus precursores. Donald Trump no ha podido repetir en Irán una operación veloz y relativamente fácil como la de principios de año en Venezuela, donde capturó al presidente Nicolás Maduro y sometió a su régimen a las órdenes de Washington en pocos días. 

El presidente de EEUU no ha podido o no ha querido fijar una fecha para concluir la ofensiva contra Irán —en la que ya han muerto más de 1.300 personas, según las autoridades locales—, pero cada día que pasa se complica una salida del conflicto que Trump pueda vender como una victoria, sobre todo en casa.

A diferencia de los bombardeos que llevó a cabo EEUU el pasado junio contra instalaciones nucleares iraníes, en apoyo a la ofensiva lanzada por Israel contra su archienemigo persa, ahora Trump tiene que demostrar la necesidad y la utilidad del mayor despliegue militar estadounidense en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003 y ofrecer unos resultados concretos que justifiquen el coste económico y humano para su país (seis militares estadounidenses murieron esta semana, elevando el total de bajas de EEUU en la guerra a 14).

Los ataques de junio de 2025, muy limitados en el tiempo y en su objetivo, fueron presentados por su Gobierno como un éxito, aunque no destruyeron por completo las instalaciones atómicas de Irán. Ahora, Washington no puede decir aún que ha ganado la guerra porque no ha conseguido, de momento, derrocar o someter al régimen iraní, que sigue respondiendo con drones y misiles por toda la región.

El viernes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reiteró en una rueda de prensa que acabar con el programa nuclear iraní sigue siendo una “misión fundamental” de la ofensiva conjunta de EEUU e Israel, pese a que en junio del año pasado Trump declaró haber eliminado el mismo. Hegseth afirmó que Trump está centrado en acabar de una vez por todas con la posibilidad de que Irán fabrique armas nucleares. Ese es el pretexto que Israel empleó en junio del año pasado para atacar Irán, afirmando que estaba a punto de lograr la bomba atómica, y es el fantasma que Benjamín Netanyahu ha agitado desde hace décadas para convencer a su principal aliado de que Irán representa una amenaza existencial, no solo para el Estado judío sino para todo el mundo.

Miles de objetivos sin un plan claro

Ocho meses después de aquella primera ofensiva conjunta, no está claro que EEUU e Israel puedan acabar con el programa nuclear iraní —ni que ese sea el principal objetivo de su aventura militar—. Hegseth dijo el viernes que la aviación de guerra estadounidense, junto con la israelí, había atacado “15.000 objetivos del enemigo” en 15 días de operaciones, esto es, unos 1.000 objetivos por día. Una cifra altisonante pero poco concreta, ya que no detalló qué objetivos eran ni su relevancia militar y estratégica. “Tenemos previsto derrotar, destruir e inhabilitar todas sus capacidades militares importantes a un ritmo que el mundo nunca ha visto antes”, afirmó sin ofrecer más información.

El bombardeo más mortífero y más sonado de las dos semanas de campaña fue el que acabó con la vida de 175 personas, la mayoría de ellas, niñas en edad escolar. EEUU negó tener cualquier responsabilidad, en un primer momento, y ahora dice estar investigando lo sucedido, pero todo apunta a que fue uno de sus letales misiles Tomahawk el que impactó en la escuela que, según The Washington Post, estaba entre los objetivos militares del Ejército estadounidense.

Por su parte, el Ejército de Israel está efectuando intensos bombardeos a diario contra Teherán y otros puntos del país, que se han dirigido contra la Guardia Revolucionaria y la Basij (una fuerza policial afiliada al primer cuerpo de élite), las infraestructuras y centros “de mando” del régimen o instalaciones energéticas. Las autoridades locales han denunciado que los objetivos son civiles en muchas ocasiones; según la Media Luna Roja iraní, han sido dañadas 17.000 viviendas y 4.000 edificios comerciales.

Tras bombardeos contra depósitos de combustible esta semana, la ONU alertó del riesgo para salud de los iraníes y para el medio ambiente derivado de los gases tóxicos que se elevaron sobre Teherán. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, consideró que existen “serias dudas sobre si se cumplieron las obligaciones de proporcionalidad y precaución previstas en el derecho internacional humanitario”, agregando que los lugares atacados “no parecen ser de uso exclusivamente militar”. Después de los ataques, cayó sobre la capital “lluvia ácida”, muy nociva para la salud por los daños que puede causar en las vías respiratorias y la piel, tal y como advirtió la Organización Mundial de la Salud.

No sorprenden los bombardeos masivos y contra todo tipo de objetivos de Israel, dada su actuación en la Franja de Gaza desde 2023 y en Líbano, en la ofensiva de 2024 y en la actualidad —el país árabe está siendo duramente golpeado y más de 100 niños han sido asesinados en menos de dos semanas—. Según varias fuentes militares y de Inteligencia israelíes consultadas por The Guardian, Israel no tenía un plan para acabar con el régimen iraní cuando dio comienzo a la guerra el 28 de febrero.

Una victoria que vale 440 kilos de uranio enriquecido

Antiguos y actuales miembros del Ejército y de la Inteligencia israelíes señalaron al periódico británico que, si el nuevo liderazgo iraní consigue mantenerse en el poder, el éxito a largo plazo de la campaña militar dependerá del destino de los aproximadamente 440 kilos de uranio enriquecido que posee Irán, de acuerdo con los informes del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). Joab Rosenberg, ex subdirector de la división de investigación de la Inteligencia militar israelí, consideró que “el peor resultado de esta guerra sería una declaración de victoria como la de junio de 2025, dejando al régimen iraní débil y con 450 kilos de uranio enriquecido en sus manos”. 

La prestigiosa revista The Economist es todavía más tajante a la hora de definir un final exitoso de la empresa bélica de Trump y Netanyahu: “Si la guerra desatada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero puede considerarse un éxito, aunque sea limitado, sin duda tiene que frenar las ambiciones nucleares de Irán durante años e, idealmente, para siempre”. En un artículo de opinión, plantea tres opciones para que EEUU logre poner fin al programa nuclear de Irán.

La primera opción —respaldada por algunos en Israel, según The Economist— es enviar fuerzas especiales para apoderarse del uranio enriquecido, lo cual requeriría “una ocupación masiva de varios días, con una fuerza de asalto especializada protegida por más de 1.000 soldados y apoyo aéreo constante”. “Si bien es factible, resulta exigente y arriesgado”, apunta, y EEUU ya ha perdido el factor sorpresa y el uranio podría estar en varios lugares, por lo que una parte podría quedar atrás. 

Una segunda opción es “bombardear Irán cada vez que represente una amenaza”, aunque “esta guerra ha demostrado lo costoso que sería”, dice The Economist. El Pentágono ha calculado que ha gastado 11.300 millones de dólares (9.700 millones de euros) en los primeros seis días. Descarta esta opción porque los votantes estadounidenses seguramente rechazarían ir a la guerra de forma periódica y “los estrategas no querrían verse atrapados en Oriente Medio cuando su atención se centra en China”.

La tercera y única opción viable para The Economist es un acuerdo con el régimen para poner fin a su programa nuclear —lo cual devuelve a EEUU e Irán a la situación anterior a la guerra, esto es, a la mesa de negociación—. “Es una opción difícil: el señor Jamenei podría rechazar el acuerdo. El régimen podría aceptarlo y luego incumplirlo. Y, sin embargo, sigue siendo la mejor opción. Irán está exhausto tras los bombardeos. Para reconstruir su economía necesita que se levanten las sanciones. A cambio, podría estar dispuesto a alcanzar un acuerdo permanente como parte de un alto el fuego, en el que el régimen acepte el fin del enriquecimiento, la supervisión de su programa nuclear y la dilución o eliminación del uranio altamente enriquecido”, concluye.

Sin embargo, esa opción no gustaría a Netanyahu, quien hizo todo lo posible para que Trump no siguiera negociando con Irán y optara por la vía militar, cumpliendo así el sueño que 'Bibi' llevaba décadas persiguiendo. Para el israelí la guerra es una forma de mantenerse en el poder y mejorar su popularidad, pero al estadounidense le puede salir muy cara políticamente. Mientras que en Israel la mayoría de los ciudadanos respaldan la ofensiva iniciada por su Gobierno contra Irán —porque lo conciben como una amenaza directa—, en EEUU la actual guerra goza de muy poco apoyo popular (por debajo de la guerra de Irak de 2003), según varias encuestas.

Esa impopularidad y el gran impacto económico están llevando a que asesores de Trump intenten que el presidente mande un mensaje claro sobre la duración y el alcance limitados de la guerra, según revela la agencia Reuters.

Un asesor de Trump y otras dos personas cercanas a esas conversaciones dijeron a Reuters que asesores económicos y funcionarios de la Administración han advertido al republicano de que una crisis petrolera y el aumento de los precios de la gasolina podrían reducir más el apoyo a la guerra en EEUU. Según esas fuentes, asesores políticos de Trump, incluida su jefa de gabinete, Susie Wiles, están planteando al mandatario las repercusiones políticas del impacto económico e instando a Trump a acotar la definición de victoria y a decir públicamente que la operación es limitada y está casi terminada.

Según las fuentes de Reuters, algunos de sus principales asesores le han aconsejado que trabaje hacia una salida del conflicto que pueda calificar de triunfo, al menos desde el punto de vista militar, incluso si gran parte del régimen iraní sigue en el poder, con un malherido programa nuclear.

De momento, Trump no ha mandado el tipo de mensaje que le gustaría ver a sus asesores. Este sábado, ha vuelto a alardear de los logros militares y a rechazar una solución negociada: “Los medios de comunicación que difunden noticias falsas odian informar sobre lo bien que lo ha hecho el Ejército de Estados Unidos contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría!”, ha escrito en su red Truth Social.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha abogado este martes por potenciar la energía nuclear ya que es “confiable, proporcionando electricidad todo el año, las 24 horas del día”. Von der Leyen ha equiparado la energía nuclear a las renovables, asegurando que son “fuentes de energía bajas en carbono desarrolladas internamente. Juntas, pueden convertirse en garantes de la independencia, la seguridad del suministro y la competitividad, —si lo hacemos bien— ahora mismo”.

La presidenta de la Comisión admite que “en la última década, hemos logrado grandes avances en energías renovables. La energía solar fotovoltaica y eólica han superado a los combustibles fósiles en la matriz eléctrica de la UE. Y nuestros fabricantes europeos de aerogeneradores son potencias mundiales. Están exportando tecnología de punta 'made in Europe' al mundo”.

Pero Von der Leyen se queja de que “la historia de la energía nuclear, desafortunadamente, es diferente. Mientras que en 1990 un tercio de la electricidad de Europa provenía de la nuclear, hoy apenas alcanza cerca del 15%. Esta reducción en la participación de la nuclear fue una elección; creo que fue un error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones”.

La presidenta de la Comisión ha asegurado que “en los últimos años, estamos presenciando un resurgimiento global de la energía nuclear. Y Europa quiere formar parte de él”, pese a que hay países como España que están cambiando su mix energético basándose en las energías renovables y con una política de abandono progresivo de los reactores nucleares.

Von der Leyen ha puntualizado que “después de años de inversión decreciente, necesitamos más para cambiar la tendencia”. En este sentido, ha comentado “la Estrategia Europea para Reactores Modulares Pequeños. Nuestro objetivo es simple: queremos que esta nueva tecnología esté operativa en Europa a comienzos de la década de 2030, de modo que pueda desempeñar un papel clave junto a los reactores nucleares tradicionales, en un sistema energético flexible, seguro y eficiente”.

La Comisión va a proponer una financiación adicional de 200 millones de euros para InvestEU con el fin de apoyar el despliegue de las primeras unidades comerciales de tecnologías nucleares innovadoras.

“La carrera tecnológica nuclear está en marcha. Sabemos que Europa tiene todo lo necesario para liderarla. Contamos con medio millón de trabajadores altamente cualificados en el sector nuclear, mucho más que Estados Unidos y China. Lideramos la innovación global en reactores modulares. Y ahora tenemos la ambición de avanzar con rapidez y a gran escala para que Europa se convierta en un centro mundial de energía nuclear de próxima generación”, ha concluido Von der Leyen.

“No puede intervenir en la política energética de cada país”

El anuncio de Von der Leyen es parte de la iniciativa de la Estrategia de Inversión en Energía Limpia, presentada este martes por Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. La propuesta pretende impulsar la inversión en “soluciones de energía limpia desarrolladas en Europa, aumentar la resiliencia y reducir los precios de la energía”. La Comisión ha recordado que “el contexto geopolítico actual vuelve a recordarnos los riesgos asociados a la dependencia de Europa de los combustibles fósiles importados”.

Ribera ha respondido a la presidenta de la Comisión Europea que “no puede intervenir en la política energética” de los países miembros, tras decir que fue “error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones” respecto a la energía nuclear.

“Mientras formé parte del Gobierno de España no podía decirle al Gobierno francés qué hacer o qué no hacer. Y ocurre exactamente lo mismo como miembro de la Comisión Europea”, ha sentenciado Ribera.

La comisaria española ha defendido la competencia de cada Estado miembro de la UE para “decidir su 'mix' eléctrico de acuerdo con sus circunstancias, preferencias culturales e industriales y capacidades geográficas” .

Además de la inversión en pequeños reactores nucleares, la estrategia pasa por ayudar a cerrar la brecha entre el capital privado actualmente disponible y las inversiones necesarias, además de contribuir a reducir los riesgos de los proyectos y a movilizar financiación privada para las redes eléctricas, las tecnologías innovadoras de energía limpia y la eficiencia energética.

La Comisión está trabajando con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con la intención de proporcionar más de 75.000 millones de euros de financiación en los próximos tres años para apoyar la transición hacia energías limpias. El BEI dedicará hasta 500 millones de euros para el Fondo de Inversión en Infraestructuras Estratégicas, que aportará capital para invertir en proyectos específicos de infraestructuras energéticas.

“La situación en Irán nos recuerda una verdad sencilla: la energía limpia producida en casa es la única solución duradera para que la UE rompa el ciclo de dependencia de los combustibles fósiles y de la volatilidad de los precios. Adoptamos un paquete de medidas para avanzar en este objetivo y apoyar a los ciudadanos para que tengan facturas energéticas más bajas. Queremos garantizar las condiciones de inversión adecuadas para canalizar capital privado hacia nuestros sistemas energéticos limpios, asequibles y desarrollados en Europa. Y la decisión de hoy es un paso más en esa dirección”, ha explicado Teresa Ribera.

Además, también hay un Paquete Energético para los Ciudadanos, con el que la Comisión propone acciones para reducir las facturas de energía y luchar contra la pobreza energética. Según la Comisión, con esta medida se espera que los consumidores podrán beneficiarse de cambios de proveedor más rápidos, menores impuestos y recargos en sus facturas eléctricas, así como de información más transparente sobre las facturas y los contratos energéticos.

La secretaria general del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha celebrado que el nuevo paquete energético de la Comisión incluya la energía nuclear como “uno de los pilares esenciales” de la política energética europea, poniendo fin así al “sectarismo ideológico” de la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera

Pese a ser ampliamente conocido que Israel posee armamento nuclear, uno de los vectores de su política regional ha sido la doctrina Begin, centrada en evitar el desarrollo de programas nucleares por parte de países vecinos a los que considere hostiles.

El caso más reciente es el de la República Islámica de Irán. Tel Aviv ha acusado a Teherán de desarrollar armamento nuclear y ha utilizado reiteradamente esta acusación para emprender acciones militares, como asesinatos selectivos de científicos, sabotajes o la guerra que estalló el 28 de febrero de 2026 y en la que también participa Estados Unidos.

No obstante, la doctrina Begin parece ir más allá del propio programa nuclear iraní y funcionar también como una excusa para lograr la rendición o la derrota total de la República Islámica, con el objetivo de consolidar el papel hegemónico israelí en Oriente Medio con apoyo estadounidense. Es decir, la guerra no gira únicamente en torno al programa nuclear, sino a una lógica de poder y competición estratégica.

En cualquier caso, la historia de la doctrina Begin ofrece otros dos precedentes –en Irak y Siria– que ilustran lo que constituye una política de Estado israelí de carácter extraoficial.

Israel y la operación Ópera en Irak

Todo empezó en junio de 1981. Mediante un acuerdo bilateral con Francia, el gobierno del recientemente ascendido al poder Saddam Hussein había obtenido un reactor nuclear, llamado Osirak. Ubicado en el centro de investigación nuclear de Al Tuwaitha, pocos kilómetros al sudeste de Bagdad, en las instalaciones trabajaban conjuntamente científicos iraquíes y franceses. También Italia, aunque en menor medida, brindó cierta cooperación técnica. 

Tal y como cabe esperar de esta amplia y pública colaboración europea, el programa nuclear iraquí y las operaciones del reactor Osirak tenían fines pacíficos y se encontraban oficialmente bajo supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Bagdad también había firmado en 1968 –y ratificado en 1969– el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). 

El visto bueno occidental al desarrollo nuclear iraquí supuso más una preocupación que un alivio para Israel, que no se podía permitir tan estrecha cooperación entre Europa y una potencia regional rival como Irak en una materia tan sensible. Tel Aviv urgió a Washington para que detuviera la venta del reactor francés Osirak, pero sin éxito.

La diplomacia francesa calmó a su contraparte estadounidense asegurando, tal y como revelaría un telegrama secreto publicado años después, que se habían adoptado medidas preventivas, de las cuales los iraquíes no estaban informados, para que fuera imposible la consecución de armamento nuclear con el material enviado. 

La información –tanto oficial como extraoficial– que aseguraba la finalidad pacífica de la infraestructura nuclear iraquí no fue suficiente para evitar el ataque israelí. El 7 de junio de 1981, con aviones de combate F-15 y F-16 de fabricación estadounidense, la Fuerza Aérea Israelí (FAI) atacó la instalación nuclear de Al Tuwaitha, causando la muerte de 10 científicos iraquíes y un técnico francés. Israel trató de minimizar las bajas occidentales realizando el ataque en domingo, sin percatarse de que, al encontrarse en un país islámico, los franceses también tenían su día de descanso semanal el viernes.

El mensaje que transmitió Tel Aviv fue inequívoco: no haría distinción entre fines pacíficos y militares, y cualquier intento de desarrollo nuclear en la región, independientemente de su propósito declarado, tendría que enfrentarse a una respuesta preventiva contundente

La conocida como operación Ópera, de gran dificultad operativa, marcó el nacimiento de la doctrina Begin, llamada así por el primer ministro israelí Menachem Begin, bajo cuyo Gobierno se ejecutó el ataque. Este contribuyó de forma decisiva a su reelección pocas semanas después. El contexto en que se manifestó por primera vez la doctrina Begin –que, aunque nunca fue formalmente codificada en el marco político-jurídico del Estado israelí, ha sido una constante en su política exterior– resulta especialmente revelador de su naturaleza.

El programa nuclear iraquí, aún poco desarrollado y con fines oficialmente pacíficos, se hallaba bajo estrecha supervisión de actores occidentales. El mensaje que transmitió Tel Aviv fue inequívoco: no haría distinción entre fines pacíficos y militares, y cualquier intento de desarrollo nuclear en la región, independientemente de su propósito declarado, tendría que enfrentarse a una respuesta preventiva contundente. 

La narrativa oficial israelí del momento, como otros muchos de los aspectos de la operación Ópera –la forma en que esta contribuyó al cierre de filas en torno al primer ministro de turno, el uso de operaciones aéreas de largo recorrido, etcétera– remite inevitablemente a las hostilidades entre Israel e Irán de junio de 2025 y a las de 2026. Y es que el Estado hebreo se justificó alegando que, pese a su fachada exterior, el reactor Osirak estaba diseñado para el desarrollo de una bomba nuclear a la cual apenas le quedaban unos meses para entrar en su fase activa. 

Lo que no guarda paralelismos con la crisis actual son las reacciones internacionales a la operación Ópera. Tanto Francia como Estados Unidos condenaron oficialmente la acción. Incluso las autoridades estadounidenses suspendieron brevemente el envío de F-16 a Israel.

La indignación internacional también se hizo sentir en un comunicado de la OIEA y en la resolución 487 (1981) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada por unanimidad, que condenaba enérgicamente el ataque y pedía a Israel que se abstuviese “en el futuro de cometer actos de esa clase o amenazar con cometerlos”.

La eficacia de la operación fue tácticamente óptima, pero estratégicamente dudosa. Y es que, ciertamente, el reactor Osirak quedó completamente inoperable, pero la voluntad del Gobierno iraquí de desarrollar su programa nuclear permaneció intacta. En años posteriores, el régimen baazista trató de desarrollar infraestructura nuclear, pero esta vez en secreto e incluyendo planes para la elaboración de bombas nucleares.

Si estos planes no prosperaron fue por la coyuntura político-histórica del Estado iraquí, enzarzado primero en la guerra contra Irán (1980-1988) y, más tarde, en las dos Guerras del Golfo, que llevarían finalmente a su caída.

La operación Huerto en Siria

Pasarían casi 30 años para la segunda gran manifestación de la doctrina Begin. La Operación Huerto –también conocida como Orchard o Outside the Box en inglés– se produjo el 6 de septiembre de 2007 en la Siria de Bashar al Asad, previamente al inicio de la guerra civil. En este caso, el reactor nuclear atacado se llamaba Al Kibar, ubicado en una infraestructura nuclear cerca del río Éufrates, en la región de Deir Ezzor (noreste de Siria). Ocho aviones F-15 y F-16, operados por la FAI, sellaron su suerte.  

El contexto del ataque fue sustancialmente distinto. El Gobierno sirio, probablemente influido por el destino del reactor nuclear iraquí de Osirak, optó por desarrollar su programa nuclear en secreto. La estrecha colaboración de Corea del Norte en la construcción y posible puesta en marcha del reactor, revelada por informes de Inteligencia estadounidenses en 2008, contribuyó a la decisión de mantener encubierto el avance de estas capacidades nucleares. 

El gobierno sirio, probablemente influido por el destino del reactor nuclear iraquí de Osirak, optó por desarrollar su programa nuclear en secreto

La aplicación de la doctrina Begin también varió. Ehud Olmert, primer ministro israelí del momento, que ya había pedido, sin éxito, al presidente estadounidense George W. Bush que atacara la infraestructura, optó por no reclamar la autoría del ataque. Israel acababa de salir, no especialmente victorioso, de la Segunda Guerra de Líbano (2006), consistente en una incursión en el país del cedro a la que Hizbulá había resistido e incluso salido reforzado, mejorando su imagen en el mundo árabe. 

Tel Aviv no necesitaba, por tanto, otro frente de guerra. Lo que sí necesitaba urgentemente —y más después del trauma vivido en 2003, cuando el coronel libio Muamar Gadafi reveló que había estado forjando en secreto un programa de armamento nuclear— era abordar la proliferación nuclear en su país vecino. 

Acertadamente, el oficialismo israelí calculó que, si no reclamaba la autoría, Siria, al tratarse de un programa nuclear secreto, tampoco alzaría la voz. Así fue y, en parte también por no mostrar debilidad militar, Damasco no protestó. La cuestión no se llevó al Consejo de Seguridad, ni se tomaron represalias; simplemente se construyó encima del lugar del ataque y la República Árabe Siria siempre negó cualquier tipo de colaboración con Corea del Norte en materia nuclear. 

Este silencio sepulcral no fue impedimento para que, ya entonces, se interpretara el ataque como un aviso dirigido a Irán. Esta lectura se intensificó años después, cuando en 2018 Israel reconoció formalmente su autoría, movido por el objetivo de presionar a sus aliados para que adoptaran una postura más dura en las negociaciones nucleares con Teherán.

El Gobierno israelí no dudó en recurrir al miedo como herramienta de disuasión, recordando que la región de Deir Ezzor —donde se encontraba el reactor bombardeado de Al Kibar— cayó posteriormente en manos del Estado Islámico.

La aplicación de la doctrina Begin al caso iraní

Durante los últimos años se ha especulado mucho sobre la posible aplicación de la doctrina Begin al programa nuclear iraní. El caso persa presenta una situación paradigmática para Israel, ya que es el más peligroso —esto es, el más avanzado— desde su perspectiva y, a su vez, el más difícil de atacar. 

Parte de esta dificultad proviene de la lejanía. Los ataques aéreos israelíes sobre Irán, tanto en 2025 como ahora en 2026, han constituido la segunda operación de mayor alcance de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés), solo por detrás de la Operación Pata de Palo, que golpeó la sede de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) establecida en Túnez en 1985.

Este factor geográfico tiene un añadido consistente en la necesidad de sobrevolar el espacio aéreo de terceros países. Sin embargo, ha quedado demostrado que, en el contexto político-militar regional actual, esta circunstancia no supone grandes problemas para la FAI. 

Otra parte de las dificultades proviene del conocimiento que el régimen iraní acumula después de más de cuatro décadas de aplicación de la doctrina Begin. Los aprendizajes de las operaciones Ópera y Huerto llevaron a las autoridades iraníes a tomar medidas como esparcir su infraestructura nuclear a lo largo de su territorio para dificultar y mitigar los daños de un ataque. Esto ha obligado a las IDF a atacar diferentes infraestructuras de forma simultánea.

Adicionalmente, se aprovechó la abrupta orografía del país persa y las instalaciones nucleares se construyeron a varios metros bajo tierra, para evitar así los posibles daños derivados de los ataques aéreos israelíes. Ejemplo de ello es la instalación nuclear de Fordow, construida a decenas de metros bajo la superficie.

Los aprendizajes de las operaciones Ópera y Huerto llevaron a las autoridades iraníes a tomar medidas como esparcir su infraestructura nuclear a lo largo de su territorio para dificultar y mitigar los daños de un ataque

Pese a que hemos repasado las operaciones de mayor envergadura de la doctrina Begin, hay que apuntar también que no todo se resume en tres grandes ofensivas aéreas. Ya desde los años anteriores a la operación Ópera –cuando varios científicos nucleares iraquíes fueron misteriosamente asesinados– son varias las operaciones de Inteligencia israelíes, de autoría más o menos confirmada según el caso concreto, que han tratado de torpedear los programas nucleares de terceros países. 

El programa nuclear de Irán, debido precisamente a la dificultad —finalmente sorteada— de llevar a cabo un ataque aéreo, ha sido víctima reiterada de este tipo de operaciones. Así, fue en 2010 cuando se detectó una sofisticada ciberarma llamada Stuxnet en las instalaciones nucleares de Natanz. 

El virus, considerado en su momento un salto cualitativo en la guerra cibernética, tenía un objetivo claro: sabotear la planta nuclear. Y lo logró. Tomó el control de 983 centrifugadoras y las reprogramó para que se autodestruyeran. Según informes posteriores, por el nivel de sofisticación y los recursos técnicos y financieros empleados, el ataque solo pudo haber sido obra de un Estado. O de dos: varias fuentes coincidieron en que fue una operación conjunta entre Israel y Estados Unidos. 

Más allá del ámbito cibernético, las operaciones también han tenido como objetivo la integridad física de los científicos nucleares iraníes. Un ejemplo –entre los varios disponibles– bastante sonado fue el caso de Mohsen Fajrizadeh, importante figura del programa nuclear de Irán, que fue emboscado y asesinado en el año 2020. 

Por otro lado, durante estos años, la red de infraestructura nuclear iraní registró varias explosiones sospechosas. Este fue el caso cuando, en una fecha tan reciente como 2023, unos drones cuadricópteros oficiosamente atribuidos a Israel atacaron un complejo militar cerca de Isfahán.

A menudo, este tipo de ataques no solo endurecen la voluntad del Estado afectado de alcanzar armamento nuclear, sino que además incrementan el secretismo en torno a sus programas

Así, y teniendo en mente que la Guerra de los 12 Días y la actual contienda han supuesto un enorme salto cualitativo, la doctrina Begin lleva siendo aplicada a Irán durante muchos años. Sin embargo, si algo está claro de esta doctrina, tal y como reconoce el propio Instituto Nacional de Estudios de Seguridad de Tel Aviv, y como es particularmente visible en el caso de Irak, es que las operaciones que la conforman solo tienen capacidad de dilatar el proceso. 

La destrucción deliberada de capacidades nucleares puede, por un lado, retrasar el avance técnico del régimen atacado; pero, por otro, reforzar su determinación de continuar con el desarrollo nuclear en el futuro. A menudo, este tipo de ataques no solo endurecen la voluntad del Estado afectado de alcanzar armamento nuclear, sino que además incrementan el secretismo en torno a sus programas. 

Esa ha sido precisamente la deriva observada en Irán. Israel, plenamente consciente de este patrón, parece entender que la aplicación más eficaz y definitiva de la doctrina Begin no pasa únicamente por destruir infraestructuras, sino por provocar la caída, rendición, capitulación o cambio de régimen del actor político capaz de impulsar de forma sostenida un programa nuclear. En el contexto actual, ese actor es la República Islámica de Irán, y la cuestión nuclear vuelve a emplearse como justificación para el ataque.

El Partido Popular y Vox tienen que entenderse y limar diferencias para poder seguir gobernando juntos en las comunidades autónomas y facilitar un hipotético acuerdo después de unas generales. Es la sensación que se desliza de los últimos movimientos de acercamiento de la dirección de Génova 13 y que tuvieron su máximo exponente el pasado domingo 22 de febrero en una conversación telefónica de una hora entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para reactivar las negociaciones en Extremadura y Aragón, estancadas desde las últimas elecciones.

Feijóo, en una entrevista en Onda Cero este lunes, afirmaba que “se puede abrir un escenario en el que el pacto se puede hacer posible” ante la posibilidad latente de una repetición electoral en Extremadura que, todo apunta, perjudicaría más a su partido que a su rival por el voto de la derecha.

El líder del principal partido de la oposición explicaba que han aprobado un “documento marco” que pone “negro sobre blanco” el marco de juego “en el que se va a mover” el partido “para respetar el resultado de las urnas”. Un “muy buen resultado” en Extremadura y Aragón que, ha reconocido, fue insuficiente: “No tenemos mayoría absoluta, necesitamos un acuerdo estable con Vox”. El PP quiere desplazar al tejado de Abascal la responsabilidad de la quiebra de las conversaciones entre el PP y Vox, especialmente en Extremadura. “Vox tiene que responder si su prioridad es que Sánchez pase a la oposición o imposibilitar gobiernos del PP”, ha asegurado.

Santiago Abascal ya ha avanzado en una entrevista en Antena 3 que este decálogo “le suena mal” porque “parece que cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox, probablemente se está ofendiendo a alguien”. “Que pongan esos marcos de respeto al Estado de Derecho, la Corona, la democracia o a la Constitución para pactar con Vox no lo comprendo”, ha añadido, ofendido, el líder de la extrema derecha, que ve que el PP les trata “como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox” y que ha tratado de restar optimismo al escenario de las negociaciones autonómicas.

En el documento, el PP asegura que los españoles están manifestando “de forma inequívoca su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de abrir una nueva etapa política en España”. “Si la gente está haciendo su parte para ello, nuestra obligación es hacer la nuestra”, señala. Para ello piden “equilibrio” en la concreción de los acuerdos y un sistema de diálogo y consenso, especialmente en algunos de los ámbitos en los que Vox ha tratado de diferenciarse de su partido y con los que ha logrado atraer a gran parte de sus votantes. A continuación analizamos algunas de las cesiones discursivas o de políticas que los populares hacen a su principal rival político.

Políticas climáticas

El Partido Popular afirma en uno de los puntos sobre políticas concretas del documento marco que rechaza las políticas climáticas “que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria”. Aunque solamente especifica que el partido defenderá un “mix energético completo” en el que se incluya la energía nuclear y que no aceptará cierres ni prohibiciones que comprometan la competitividad. Es decir, abre la puerta a modificar políticas climáticas, como propone Vox como parte de su lucha contra la “agenda verde” o la Agenda 2030, que ya en su programa electoral a las generales de 2023 abogaba por la derogación de la Ley de Cambio Climático o de la Ley de Costas, en base a criterios puramente económicos.

Vivienda

El PP basa su documento en dos aspectos en cuanto a las políticas de vivienda. Por un lado, cuestiona el “intervencionismo” del Gobierno y contrapone a esa idea la necesidad de construir más vivienda con ayudas fiscales para el acceso a la compraventa por parte de los más jóvenes o de reducción de “burocracia urbanística” y movilización de suelo urbanizable. La otra pata para estas políticas públicas que defiende el partido es la de la lucha contra la “ocupación ilegal”, para lo que propone desalojos exprés, que sean nulos los empadronamientos en viviendas ocupadas y “seguridad jurídica plena” para propietarios e inquilinos.

Tanto la medida para los “desalojos exprés” como que sean nulos los empadronamientos en viviendas ocupadas han sido modificaciones legislativas propuestas por Vox a nivel nacional desde 2021 y que se incluían en su programa electoral de las generales de 2023, aunque en el caso de la nulidad de los empadronamientos incluían también a los inmigrantes en situación irregular. Pese a ello, la ley ya garantiza el desalojo exprés en los “allanamientos” de la residencia habitual y segunda vivienda y los juristas han criticado en varias ocasiones el alarmismo injustificado al respecto.

Población vulnerable

En el Partido Popular consideran que los acuerdos autonómicos deben proteger la dignidad “de todos los ciudadanos” y promover lo que llaman “solidaridad activa” entre las personas hacia los más vulnerables. Sin embargo, añade en su documento una excepción: la distinción entre personas “necesitadas” y personas “aprovechadas”. “No perpetuaremos un sistema de subsidios en el que la gente trabaje para sostener a quien haya demostrado que no quiere hacerlo”, reza la parte final de este punto. En este sentido, si bien Vox no tiene una política clara respecto de subsidios a la población más vulnerable, sí que ha tratado de identificar a los inmigrantes como los beneficiados de este tipo de ayudas.

En este sentido, Vox busca vincular las ayudas sociales a “la residencia legal” en España, dejando fuera a cualquier persona en situación irregular, y no al empadronamiento, que también propone impedir a las personas en situación irregular. Pese a ello, la redacción del artículo en el documento marco del PP impide conocer realmente qué alcance podría tener sobre las políticas autonómicas o si podrían hacer que población realmente vulnerable quedase fuera de las ayudas sociales tras algún tipo de acuerdo con Vox.

Inmigración

Pese a que la política migratoria es competencia puramente estatal, el Partido Popular incluye hasta dos secciones en su documento marco al respecto. Los populares aseguran que España “ha perdido el control” de la política migratoria o que “la inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables”, acercando sus postulados discursivos a los de Vox. También se critica la regularización aprobada por el Ejecutivo y que Santiago Abascal ha convertido en uno de sus argumentos más recurrentes en las últimas semanas para atacar su política migratoria.

El PP de Feijóo asume este discurso y señala que la regularización es “profundamente injusta” para quienes han seguido “las vías legales y se han esforzado por integrarse”, pese a que la mayoría de estas personas ya viven y trabajan de facto en España aunque en situación irregular o a que algunas de las principales regularizaciones masivas de inmigrantes en situación irregular fueron aprobadas por el gobierno de José María Aznar. Además, defiende que “quien cometa delitos graves o haga de la delincuencia su forma de vida debe ser expulsado”, algo que ya existe en la legislación española, a pesar de que los principales partidos de la derecha insisten en esta cuestión de forma recurrente.

En el apartado autonómico solamente hacen una mención a que se “cuente” con las comunidades autónomas antes de “imponer decisiones” cuyas consecuencias “no asume” el Ejecutivo central. Esto hace referencia al reparto de los menores extranjeros no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas que aprobó el Ejecutivo tras pactarlo con Junts y que el Partido Popular se negó a apoyar en el verano de 2024 después de que provocase la ruptura con Vox en todos los gobiernos autonómicos.

Familia y educación

El PP afirma en su documento marco que sitúa la natalidad “en el centro de la agenda política” y la familia como “primera red de apoyo” tanto de cuidados como de transmisión de valores, y llega a afirmar que hay quienes quieren sustituir el papel de la familia por “la intervención del Estado”. Este punto podría interpretarse como un acercamiento a la postura política de Vox, que ha insistido en sus políticas de “los españoles primero” y de fomento de la natalidad y que ha propuesto en diferentes comunidades autónomas la creación de la figura del “pin parental”.

En la actualidad se mantienen en vigor medidas de este tipo en la Comunidad de Madrid o en la Región de Murcia, donde la justicia tumbó la propuesta inicial de Vox. En ambos casos este “pin parental” se limita a la exigencia a los centros educativos a informar con al menos siete días de antelación a los padres de los alumnos de las actividades que se impartirán a sus hijos y no constituye un veto a algunas de esas actividades, como exigía el partido de ultraderecha. Tanto en Balears como en Extremadura el Partido Popular se ha negado en la última legislatura a aprobar medidas para establecer un veto parental a las actividades escolares.

Otro de los aspectos llamativos de estas políticas en el documento del PP es el de la reivindicación “del papel fundamental del padre”, aunque no queda claro a qué se refiere más allá de eliminar “trabas” que penalizan a padres y madres en el acceso y mantenimiento del empleo.

Sobre los menores, el PP defiende protegerles de la exposición prematura a contenidos “dañinos”, que no especifica, y de “intervenciones que no respeten su proceso de maduración” o de “quienes pretenden utilizar las aulas o los servicios públicos para imponer una visión ideológica del mundo”. Se trata de uno de los principales argumentos de Vox para tratar de condicionar la educación que reciben los menores y contra la educación sexual en las aulas. El PP generalmente se ha mostrado en contra de este tipo de exigencias de Vox, como ocurrió en el caso de la Comunidad de Madrid, donde utilizó su mayoría absoluta para frenar una iniciativa del partido de Abascal y negó que se adoctrinase a los alumnos en los colegios. Sin embargo, también recientemente a nivel municipal, el PP sí ha “comprado” el mensaje de Vox y votado con la ultraderecha en este sentido, como hace apenas tres semanas en Talavera de la Reina.

El Partido Popular también incluye a este respecto otro punto en su documento en el que establece que son los padres quienes “deben decidir sobre la educación de sus hijos y su formación moral” y se compromete a impedir que las aulas “se conviertan en espacios de adoctrinamiento ideológico”, sin aclarar cómo pretenden hacerlo o qué adoctrinamiento puede existir en las aulas.

Feminismo

Aunque no es el tema en el que más abunda el texto aprobado por la ejecutiva de Génova 13, sí que hay una mención expresa a las dificultades de las mujeres en el acceso al empleo, la conciliación o el problema de la brecha salarial, que no siempre ha reconocido el partido. Establece que estos problemas se resuelven “con políticas concretas y eficaces” que no detalla y que no se hace “enfrentando a los ciudadanos por su sexo”. La única propuesta concreta en este sentido que promoverá el PP es la de la prohibición del burka y el niqab, que marcó el inicio de este último acercamiento a Vox ante el fracaso de las negociaciones autonómicas.

Otro punto que puede generar en este caso fricciones con Vox es el de la condena “de toda forma de violencia” ya que exige que cualquier acuerdo rechace todo tipo de violencias, entre las que incluye la violencia machista. Vox se ha apartado de forma reiterada en los últimos años de concentraciones en ayuntamientos o comunidades autónomas frente a la violencia contra las mujeres y tampoco ha suscrito el Pacto de Estado contra la violencia de género. Al mismo tiempo, Vox argumenta que hay que condenar “todo tipo de violencias”, por lo que también puede interpretarse como un acercamiento al discurso de los de Abascal.

En este mismo apartado, el PP se acerca sin duda a Vox cuando, tras asegurar que combatirán todas estas violencias “con todos los recursos”, añaden que hacerlo exigirá “prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo”. Esta frase subordinada puede suponer la apertura del PP a reducir subvenciones o a romper acuerdos con asociaciones o instituciones en defensa de los derechos de las mujeres y que Vox ha calificado de “chiringuitos” prácticamente desde su fundación y en línea con su ataque habitual a las políticas feministas en pos de la igualdad real.

Seguridad

El PP de Núñez Feijóo defiende además que comparte con Vox (aunque no menciona a la formación en todo el documento) su preocupación por el “deterioro” de la seguridad ciudadana. Menciona el crimen organizado, las bandas juveniles y la inseguridad como concepto general y asegura que no se combaten “con discursos” sino “con medios, con presencia y con leyes que se cumplan” aunque su único compromiso claro es el de exigir al Gobierno “una respuesta penal a la altura” y que quien delinca asuma las consecuencias. Vox ha insistido en los últimos años en incrementar las penas para los casos de agresión sexual, aunque no se especifica en ningún sentido en qué podría concretarse este punto, además de que la legislación penal no es competencia de las comunidades autónomas.

El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) está estudiando la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy de prorrogar hasta 2030 el funcionamiento de la central de Almaraz. Mientras elabora su informe para que decida el Gobierno, un estudio de los investigadores Eloy Sanz y Víctor García Carrasco –encargado por Greenpeace– ha concluido que alargar la vida de esos reactores “retrasaría” la implantación de renovables y generaría más emisiones de CO₂ al tiempo que incrementaría la factura eléctrica a largo plazo.

La conclusión del trabajo es que cerrar los reactores entre 2027 y 2028, como estaba previsto, es “técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente”. El análisis aborda los principales aspectos que sobrevuelan el fin de la vida útil de las centrales nucleares y que han alimentado los ataques políticos de PP y Vox al plan de cierres progresivos que han llamado “suicidio energético basado en la ideología” o una política de “ecofanáticos”.

Los cálculos de Sanz –director de la cátedra de Transición Ecológica de la Universidad Rey Juan Carlos– y García Carrasco indican que “la energía aportada por la central nuclear de Almaraz puede reemplazarse de forma prácticamente completa por energías renovables”. Según su análisis, en los años posteriores al cierre previsto solo habría que generar un 3,6% de lo que hacía Almaraz con ciclos combinados. “No hay una dependencia estructural al gas”.

En este sentido, si se siguiera generando electricidad en Almaraz, eso “retrasaría de forma significativa la entrada de nueva capacidad renovable y de almacenamiento”. Al tener energía de origen nuclear disponible, se retrae o ralentiza esa transición energética hacia fuentes renovables, argumenta el estudio.

En números generales, la reducción de generación nuclear por la clausura de Almaraz I es de 7,77 TWh en 2028 y otros 7,96 TWh en 2029 por el cierre de Almaraz II, mientras que la electricidad renovable añadida asciende a 9,27 y 8,71 TWh el primer año sin Almaraz I y Almaraz II, respectivamente.

Y de manera consecuente, el escenario con prórroga incide en la apuesta por conseguir almacenamiento generado en renovables también se ve lastrada. Sin prórroga “existe más energía excedentaria susceptible de almacenarse para desplazar generación fósil en horas posteriores, incluso cuando el recurso renovable es bajo”, dice el trabajo.

Emisiones de gases

La prórroga de la central “reduce el uso de ciclos combinados de manera temporal (2028-2030), pero limita a medio plazo la sustitución estructural de aportes térmicos por renovables”, afirma el estudio. Al tener esa nuclear no se utiliza tanto gas, pero luego, al haberse taponado las renovables, se prolonga el uso del combustible fósil cuando Almaraz se detenga definitivamente. Como consecuencia, tras 2030, “el mix resultante es menos renovable y más dependiente de tecnologías de respaldo como el gas”.

Así, en 2030, en el escenario de cierre las emisiones llegan a 9,1 Millones de toneladas (Mt) de CO2eq, mientras que los escenarios de prórroga se sitúan entre 12,1 y 13,8 MtCO2eq . “La prórroga implicaría un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero del orden del 5-8% en el periodo 2028-2030”. Posteriormente, una vez cerrada la central, las emisiones aumentarían hasta aproximadamente un 24% en 2031 en comparación con el escenario de cierre planificado

La factura de la luz

La prórroga generaría un “alivio transitorio tanto en el precio medio de la electricidad como en la factura eléctrica entre 2028 y 2030”, admite el trabajo, pero, a partir de 2031, las cosas cambian y se genera un incremento sostenido. En 2033, en términos de factura para los consumidores finales, esta diferencia se materializa en un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros en el caso de prorrogar la operación de la central de Almaraz.

Este análisis llega durante el estudio de la petición de prórroga que realiza el Consejo de Seguridad Nacional y los movimientos sociales de oposición y apoyo al cierre. El CSN ha informado hace unos días de que, al tratarse de un alargue corto de unos dos años, eso permitirá “agilizar” los trámites convencionales, dado que no se exige una revisión profunda. También espera tener sus conclusiones este verano.

Por su parte, hace unos meses, 80 organizaciones se unieron en una plataforma llamada Sí Almaraz que busca evitar el cierre de la central nuclear cacereña: “Cerrar Almaraz es una decisión política unilateral e incomprensible, contraria a la tendencia internacional”, afirman. En su argumentación aseguran que la central sostiene 4.000 empleos directos e indirectos.

El Consejo de Seguridad Nuclear prevé tener listo este verano el informe que será determinante para evaluar si hay garantías para que la central de Almaraz en Cáceres siga operando con una prórroga hasta 2030, según ha avanzado hoy el presidente del organismo, Juan Carlos Lentijo.

Las eléctricas propietarias tienen hasta el 18 de febrero para remitir la información añadida que les ha exigido el CSN y cuya entrega a tiempo y con “la calidad” requerida determinará los plazos para cumplir con el calendario que estima el Consejo que le será necesario para emitir su informe preceptivo y vinculante pero solo en positivo.

Según los cálculos del CSN,en cuyas manos está el informe clave sobre si extender el funcionamiento de la instalación, será “entorno al verano” cuando pueda estar listo su informe para enviarlo al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ha dicho Lentijo.

Ha explicado que el Gobierno es el que tiene la última palabra; el hecho de aceptarse una prorroga por parte del Consejo de Seguridad Nuclear no implica que otras razones de peso por parte del Ejecutivo determinen no extender el funcionamiento de Almaraz.

Lentijo ha explicado que ampliar la operativa de la central hasta 2030 sería una pequeña prórroga al funcionamiento y eso permite “agilizar” los trámites convencionales, dado que no se exige una revisión profunda como se hizo en su día sino de aspectos parciales.

“No se trata de una autorización convencional porque lo que se evalúa está dentro del ciclo de autorización anterior que no estaba agotado”, es solo un ajuste para un corto plazo añadido, ha dicho.

El presidente del CSN también ha confirmado que este organismo está realizando un informe sobre el impacto del apagón en el sector nuclear.

Ha asegurado que “no hubo ningún problema de seguridad nuclear”, aunque si hay algo que aprender tiene que ver con la mejora de las comunicaciones, aunque el sistema funcionó tal como había sido diseñado. 

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido la continuidad de la central nuclear de Cofrentes y ha rechazado su cierre programado en 2030 al considerar que responde a “cuestiones ideológicas”. Durante una visita a las instalaciones, ha reiterado el compromiso del Consell con un modelo energético valenciano soberano y ha reclamado al Gobierno de España que permita mantener operativa una infraestructura que considera estratégica para la Comunitat Valenciana.

Pérez Llorca ha subrayado que la central de Cofrentes produce el 52 de la electricidad que se genera en la Comunitat Valenciana, lo que, a su juicio, la convierte en un elemento clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. En este sentido, ha destacado el impacto directo del suministro energético en la competitividad del tejido productivo valenciano, formado por más de 12.000 empresas industriales que generan 184.000 empleos directos y más de 230.000 indirectos.

El jefe del Consell ha advertido de que mantener el calendario de cierre previsto para 2030 supondría “una irresponsabilidad”, al tratarse, según ha afirmado, de una central segura y necesaria para el equilibrio energético. Asimismo, ha apelado a “aplicar el sentido común” y ha enmarcado su posición en la estrategia que está siguiendo la Unión Europea, que apuesta por la energía nuclear como parte del mix energético.

En este contexto, Pérez Llorca ha señalado la evolución del debate político en torno a esta fuente de energía y ha recordadoque la actual comisaria europea Teresa Ribera apoyó el cierre de Cofrentes cuando era ministra, mientras que ahora afirma que respalda la construcción de nuevas centrales nucleares en Europa.

Desde el Consell se defiende que prolongar la vida útil de la central permitiría reforzar el sistema eléctrico, avanzar hacia la soberanía energética y facilitar la transición hacia un modelo energético que priorice las energías renovables con el respaldo de fuentes no renovables.

El president ha realizado la visita acompañado por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y por el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advierte de que la estructura de protección de la accidentada central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, no funciona como debe tras un ataque militar sufrido en febrero pasado.

Si bien en una reciente inspección no se constataron daños permanentes en la estructura ni en los sistemas de monitoreo, los expertos del OIEA confirmaron que la misma ha “perdido sus funciones principales de seguridad, incluida su capacidad de confinamiento”, señala la agencia nuclear de la ONU en un comunicado emitido anoche.

Chernóbil, donde en 1986 sucedió uno de los peores accidentes nucleares de la historia, fue atacada en febrero pasado con drones explosivos que causaron daños en las estructuras exteriores del llamado “Nuevo Confinamiento Seguro” (NSC) aunque no causaron escapes de radiación.

El ataque, del que se responsabilizan mutuamente Ucrania y Rusia, provocó un gran incendio en el revestimiento exterior de la enorme estructura de acero construida para evitar cualquier liberación radiactiva del reactor destruido en 1986.

“Se han realizado reparaciones temporales limitadas en el techo, pero la restauración oportuna y completa sigue siendo esencial para evitar una degradación adicional y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”, dijo el director general del OIEA, Rafael Grossi, en la nota.

El OIEA recomienda continuar la restauración y el trabajo de protección de la estructura del NSC, incluidas medidas de control de humedad y un programa actualizado de monitoreo de corrosión.

Además, se debería modernizar el sistema integrado de monitoreo automático del objeto refugio construido sobre el reactor inmediatamente después del accidente, sucedido hace casi cuatro décadas a unos 120 kilómetros al norte de Kiev.

Para 2026 se prevén reparaciones temporales adicionales - con el apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)- para respaldar el restablecimiento de la función de confinamiento del NSC, preparando el camino para su restauración completa una vez que finalice la guerra.

Chernóbil fue ocupada temporalmente por fuerzas rusas al inicio de la guerra, pero sigue desde entonces bajo control de las autoridades ucranianas.

“El OIEA —que tiene un equipo permanentemente en el lugar— continuará haciendo todo lo posible para apoyar los esfuerzos destinados a restaurar completamente la seguridad y protección nuclear en Chernóbil”, concluyó Grossi en el comunicado.

El Ministerio para la Transición Ecológica se felicita por la no aprobación este jueves de la “extravagante” enmienda introducida por el PP en la Ley de movilidad sostenible, que finalmente no ha aprobado este jueves el Congreso gracias a la abstención de Junts.

Fuentes del departamento de Sara Aagesen indican que la enmienda “no cambiaba nada sustancial” en el calendario de cierre de los reactores, pero sí introducía “ruido e incertidimbre” e “intentaba colocar la idea de una especie de prórroga automática de la vida de las centrales nucleares” dejando “de lado a un organismo tan importante como el CSN”, el Consejo de Seguridad Nuclear.

La enmienda, introducida en el Senado por la mayoría absoluta de los populares, ha sido rechazada este jueves por un solo voto y con las abstenciones de los 7 diputados de Junts. Ha sido rechazada por 171 a favor (los de PP, Vox y UPN) y 172 en contra (incluyendo al PNV y a ERC).

Desde el ministerio subrayan que, aunque hubiera salido adelante esta iniciativa, la seguridad nuclear “estaba garantizada en todo caso” y “no había tanto una preocupación en lo sustantivo”, pero se felicitan por haberse evitado el “ruido e incertidumbre” que habría generado.

La enmienda “no cambiaba la normativa de seguridad nuclear, sino actos administrativos”, las órdenes ministeriales de renovación de las autorizaciones de explotación de las centrales, sin pedir ningún tipo de informe al CSN, cuando estas órdenes “solo se pueden aprobar con informe preceptivo y vinculante del CSN”, destaca Transición Ecológica.

Las mismas fuentes señalan que “a día de hoy la fecha de cierre de Almaraz es 2027 y 2028” y que Transición Ecológica no va a instar a que se paralice el informe de cierre de la instalación que debe tramitar el CSN en paralelo a la solicitud de prórroga que pidieron a finales de octubre Iberdrola, Endesa y Naturgy sin necesidad que estuviera aprobada esta enmienda del PP, introducida con anterioridad a la decisión de las compañías eléctricas.

Sudar la camiseta. Es uno de los lemas del Gobierno de Pedro Sánchez ante la complicada aritmética parlamentaria que le lleva a negociar in extremis en cada votación. Y es el destino de la ley de movilidad sostenible, que pretende reducir los vuelos e implementar una nueva red de transporte de autobuses y que se enfrenta este jueves a su último trámite: la votación de las enmiendas introducidas por el Senado. Aunque en principio el Gobierno tenía el camino expedito, ya que es una de las cinco normativas que cuentan con el apoyo de Junts antes del anunciado portazo de Carles Puigdemont, se ha complicado por una treta del PP en la Cámara Alta, que ha introducido una enmienda para alargar la vida de las nucleares. 

La jugada de los de Alberto Núñez Feijóo, permitida en el reglamento de las Cortes aunque el establecimiento de un nuevo calendario para el cierre de las nucleares no tenga nada que ver con la ley de movilidad sostenible, amenaza el plan del Ejecutivo para las centrales de Almaraz, Asco y Cofrentes, cuyo fin está previsto de forma escalonada hasta 2035. 

El Gobierno está en manos de Junts. “Dependerá de lo que voten Junts y ERC”, asumían en la tarde de este martes fuentes gubernamentales. Fuentes de los ministerios implicados apuntan a que las conversaciones las están pilotando tanto en Moncloa como en el grupo parlamentario socialista. 

Junts no quiere negociar ni comunicar su posición

La ruptura de Junts con el Gobierno en el Congreso marcó una nueva forma de actuar: los socialistas sabrán el sentido de su voto cuando vean la luz verde, roja o amarilla en el contador del hemiciclo. No habrá negociaciones ni tampoco les comunicarán su posición antes. Es por eso que los independentistas no han querido desvelar todavía si sumarán sus votos a los de PP y Vox en la enmienda en cuestión. “No adelantamos el sentido del voto”, se limitan a decir fuentes del grupo parlamentario para añadir suspense a una nueva votación muy ajustada por el Gobierno. 

Pero lo más probable a estas alturas es que Junts sea coherente con lo que ha votado en anteriores ocasiones en materia de energía nuclear. Sin ir más lejos, durante la tramitación en el Senado se abstuvo en la enmienda del PP. Los de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría absoluta en esa Cámara, pero aun así los senadores posconvergentes quisieron marcar su posición.

Hace apenas unos meses también se abstuvieron en una iniciativa que el PP llevó al Congreso en la que pedían alargar la vida de las nucleares. Se trataba de una proposición no de ley que instaba al Gobierno a posponer el cierre agendado y salió adelante gracias al apoyo de Junts pero también de los siete diputados de Esquerra Republicana, que han mostrado cierta ambigüedad hasta ahora sobre este asunto. 

El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha explicado en alguna ocasión en la Cámara Baja que su grupo está comprometido con la agenda verde y el cierre de las nucleares, pero al mismo tiempo ha reclamado alternativas claras para los trabajadores de las centrales que perderán su trabajo cuando se ejecute el plan del Gobierno. En cualquier caso, fuentes del grupo aclaran a este diario que votarán en contra de la enmienda del PP. 

Durante la tramitación en el Senado también se abstuvo el PNV, aunque fuentes del grupo señalan que mantendrán en esa enmienda la posición que han mantenido hasta ahora en los debates que se han dado en el seno del Congreso, como por ejemplo en la PNL del PP, que rechazaron. La idea de los nacionalistas vascos es que los calendarios de cierre ya se han pactado en los foros pertinentes y ven poco sentido a modificarlos de forma repentina por una iniciativa de los de Feijóo. 

La maniobra del PP, que tardó en enviar las enmiendas aprobadas en el Senado hasta el punto de que el Congreso tuvo que mandar un coche para recogerlas, coloca en una situación compleja a la coalición, que está dividida a la hora de afrontar el cierre de las nucleares. 

Sumar se mostró muy dura este martes contra los grupos que están pensando en votar a favor de la enmienda, aunque en la parte socialista tratan de desdramatizar. Primero porque algunas fuentes consideran que la aprobación de ese texto no supondría un cambio automático en el calendario, aunque es una cuestión de apreciación jurídica. 

Una línea roja para Sumar

En segundo lugar, el Ministerio de Transición Ecológica ha remitido ya al Consejo de Seguridad Nuclear la petición de modificación del calendario que han presentado las empresas explotadoras (Iberdrola, Endesa y Naturgy) cumpliendo la exigencia previa del departamento que dirige Sara Aagesen: que no tuviera condicionantes, es decir, con garantías técnicas de seguridad nuclear, de suministro energético y sin peticiones de una rebaja fiscal que suponga que los consumidores acaben pagando el alargamiento de la vida de las centrales. El Ministerio dice que lo estudiará basándose en el dictamen que emita el Consejo de Seguridad Nuclear, si bien no es una opinión vinculante.

Pero en el socio minoritario de la coalición llevan advirtiendo desde hace meses –desde que Sánchez se abrió a modificar el calendario en su comparecencia ante el Congreso en verano– de que el cierre de las nucleares forma parte del acuerdo de Gobierno y es una línea roja para la coalición de Yolanda Díaz.

“Tenemos argumentos suficientes para empeñarnos en que el cierre de las nucleares es algo que no se puede prolongar. Estamos en este Parlamento para construir la España de la transición ecológica”, dijo este martes en rueda de prensa la portavoz del grupo plurinacional, Verónica Martínez, que, sin embargo, consideró que existe una mayoría en el Congreso para tumbar la enmienda. “El cierre de las nucleares es un acuerdo de Gobierno y el PSOE tiene que cumplirlo”, insistió. 

Martínez también quiso dejar claro este martes que el Gobierno no tiene capacidad de vetar las enmiendas y que, por tanto, la responsabilidad está en los grupos parlamentarios. Lo hizo después de que este lunes Podemos reclamase al Gobierno vetar esa enmienda en concreto. La formación de Ione Belarra se agarraba para su petición a un precedente reciente, con la ley de desperdicio alimentario. En marzo de 2025, Hacienda vetó una enmienda del PP a esa norma que buscaba rebajar el IVA a los alimentos, con base en el artículo 134.6 de la Constitución, que avala al Gobierno a frenar iniciativas que puedan afectar a los Presupuestos. 

Pero fuentes gubernamentales cierran ese camino: “Nosotros no podemos vetar, porque el veto solo se puede justificar con afección a partida presupuestaria concreta con cifra concreta, y esta no es una enmienda presupuestaria”. De hecho, el Gobierno sí vetó varias enmiendas del Senado por este motivo, aunque la Mesa de la Cámara Alta no tuvo en cuenta el criterio de Hacienda y las tramitó igualmente. Y entre ellas no estaba la enmienda sobre las nucleares. 

Por eso el Gobierno queda de nuevo en manos de una negociación parlamentaria hasta el último minuto y del botón rojo de Junts, que a pesar de su gestualidad pública de oposición al Ejecutivo hasta ahora no ha votado en contra de ninguna de sus leyes. Este jueves, sin ir más lejos, apoyará también la Ley de Atención a la Clientela, que incluye la atención al cliente en catalán que negociaron en comisión. Queda por ver si en esta ocasión unirá sus votos con el PP y empezará a confirmar su nuevo rol de oposición.

La plataforma Tanquem Cofrents ha exigido el cese inmediato de la actividad de la central nuclear de Cofrentes tras sufrir dos averías consecutivas en menos de 24 horas, calificando la instalación como “peligro intolerable”.

La cadena de fallos comenzó el pasado domingo 9 de noviembre, cuando la central tuvo que reducir su potencia en 300 MW por una avería. La situación escaló el lunes 10 de noviembre a las 10:30 horas, con un segundo y más grave incidente en el generador, el componente esencial que transforma el movimiento de la turbina en electricidad, forzando la desconexión total.

Desde Tanquem Cofrents —una plataforma que agrupa a Acció Ecologista-Agró, sindicatos y diversas organizaciones—, consideran “muy significativo” que esta doble avería se produzca solo dos semanas después de que la central finalizara una parada técnica de 38 días para recarga de combustible y labores de mantenimiento. El colectivo denuncia que, lejos de estar en perfecto estado, la central, con 41 años de funcionamiento (muy por encima de los 25 para los que fue diseñada), está “vieja y deteriorada”. Subrayan que las averías en el generador son una “constante” en los últimos años.

En respuesta a la alarma, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) notificó la parada no programada, explicando que fue consecuencia de una señal de protección del turboalternador, provocada por una falta eléctrica. El organismo regulador aseguró que el suceso no ha tenido ningún impacto ni en la instalación, ni en las personas, ni en el medio ambiente, clasificando el evento como Nivel 0 en la Escala INES. El CSN detalló que todos los sistemas de seguridad funcionaron correctamente según su diseño y que, actualmente, Cofrentes se encuentra en un “modo 3 de operación (parada caliente)”, mientras el titular evalúa las causas exactas del fallo.

La energía nuclear como “tapón” para la transición

La plataforma ecologista utiliza esta inseguridad técnica para reforzar su argumento económico y medioambiental contra la energía nuclear. Insisten en que la energía generada por Cofrentes es peligrosa por los residuos radiactivos que produce, tres veces más cara que las renovables y conlleva un enorme consumo de agua.

Además, Tanquem Cofrents señala que la central perpetúa la dependencia geoestratégica de España, ya que todo el uranio se importa del exterior, siendo Rusia una fuente principal. Sostienen que el mantenimiento de Cofrentes actúa como un “tapón” para la necesaria implantación de energías renovables y la urgencia de una transición energética justa y racional, vital para mitigar los efectos del cambio climático que ya se padecen en el territorio valenciano.

Por todo ello, la plataforma exige que, en lugar de prolongar su vida útil, se acelere el cierre de Cofrentes, siguiendo la senda de otros países europeos y asiáticos, como Alemania o Taiwán, que han avanzado en su desnuclearización este mismo año.

La central nuclear de Cofrentes ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una parada no programada como consecuencia de una señal de protección del turboalternador, provocada por una falta eléctrica en una de sus fases.

Según ha informado el CSN, el suceso no ha tenido ningún impacto en la instalación, en las personas ni en el medio ambiente.

El evento ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), lo que significa que no ha tenido relevancia para la seguridad nuclear ni radiológica.

El organismo regulador ha detallado que todos los sistemas de seguridad funcionaron correctamente, conforme a su diseño, y que el titular de la planta está evaluando las causas exactas del suceso.

Actualmente, la instalación se encuentra en modo 3 de operación (parada caliente), una situación controlada que permite mantener la central en condiciones seguras.

El PSOE de Extremadura ha solicitado por carta a las propietarias de la Central Nuclear de Almaraz (CNA) -Endesa, Naturgy e Iberdrola- que soliciten “de una vez” al Gobierno de España la prórroga de actividad de la planta y que lo hagan “de forma inmediata”.

El líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha recordado que este martes está prevista una reunión de las empresas para decidir si solicitan o no reunirse con el Gobierno. En ese encuentro, Gallardo quiere que esté presente la petición de su partido, como ya hizo en febrero, aunque, por diferentes motivos, las empresas aún no han solicitado la reunión. Sin embargo, “ahora el tiempo se les acaba y deben solicitarla de inmediato si es que quieren que haya continuidad”, advierte el secretario regional del PSOE.

Para Gallardo, Extremadura no puede permitirse que se cierre una instalación de tanta relevancia sin antes analizar con rigor su viabilidad técnica, económica y medioambiental. Además, se ha referido a que en 2019, bajo el gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, ya fue posible un acuerdo entre las empresas y el Gobierno para prorrogar la vida útil de la central.

El socialista ha insistido en priorizar el diálogo entre eléctricas y Ejecutivo central, por ello pide “que vuelva a abrirse ese diálogo con la misma seriedad y responsabilidad”.

Gallardo ha insistido en que el apoyo de su formación a la continuidad de la central nuclear es “firme” y, además en la carta enviada a las eléctricas, ha recordado la necesaria reciprocidad por parte de las empresas hacia la región porque “las empresas deben mantener su compromiso social con Extremadura y con el Campo Arañuelo”.

En este sentido, ha añadido que en esa negociación no caben rebajas fiscales ni privilegios tributarios y que su contribución al desarrollo regional forma parte de su responsabilidad con este territorio. De ahí que Gallardo haya finalizado su intervención con un pacto claro y contundente siempre y cuando se escuche su petición. “Mi compromiso es interceder con el Gobierno de España para que la prórroga de la central sea una realidad” ha aseverado. 

“Para facilitar que Almaraz pueda seguir funcionando”. Esa es la razón por la que Extremadura reducirá la ecotasa que pagan Iberdrola, Endesa y Naturgy, las propietarias de la central nuclear, ha anunciado este viernes la presidenta de la Junta, María Guardiola. Aunque tras este anuncio hay algo más: se trata de la primera, pero no la única, condición de Vox para aprobar los presupuestos del PP en la comunidad.

Guardiola adelantó el sábado pasado que iba a “ajustar la fiscalidad regional”  para favorecer a estas eléctricas, pero ahora ha concretado su propuesta. Las arcas autonómicas dejarán de ingresar 15,5 millones en 2027, 27 millones en 2028 y 45 millones en 2029 por el impuesto de instalaciones que inciden en el medio ambiente. Ahora mismo, la central nuclear de Almaraz paga unos 80 millones de euros por la conocida como ecotasa, por lo que el PP está dispuesto a rebajar el impuesto más de la mitad.

La presidenta extremeña había mostrado predisposición a aliviar la carga fiscal de la instalación nuclear, aunque la había condicionado a que el Gobierno lo hiciera lo mismo para garantizar el empleo, que la Junta calcula en unos 4.000 puestos directos e indirectos, los ingresos de los ayuntamientos de la zona y “la independencia energética de Extremadura y España”.

Según el calendario de cierre de las centrales nucleares acordado por las eléctricas y el Gobierno en el año 2019, los reactores de Almaraz serán los primeros en apagarse (uno a partir de 2027 y el otro a partir de 2028) en un proceso que se alargaría hasta 2035. No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica se abre a alargar la vida de las nucleares si las eléctricas asumen los costes y no sea a costa del contribuyente, si garantizan la seguridad y si es conveniente para garantizar la seguridad del sistema eléctrico.

El Gobierno también ha pedido que entre las empresas hubiera acuerdo para prolongar la vida de las centrales nucleares que firmaron el protocolo de cierre (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) porque algunas dudaban de su rentabilidad. Por eso han pedido una rebaja de la tasa Enresa y de los impuestos autonómicos.

En este sentido, Guardiola, que se ha empeñado en liderar la batalla por la energía nuclear y hacer de este asunto otro motivo de enfrentamiento con la Moncloa, ha acusado al Gobierno de “llevar al límite la asfixia fiscal al parque nuclear, la ha incrementado hasta un 70% en los últimos cinco años hasta llevar los costes a lo ”insostenible“. ”Si nosotros damos el paso, Moncloa no puede seguir mirando hacia otro lado. Cerrar Almaraz supone condenar a toda una comarca“ , ha subrayado.

El PSOE, en contra

La presidenta extremeña ha comenzado las negociaciones con Vox y el PSOE para intentar aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. Aunque con la rebaja de la ecotasa se ha acercado a la extrema derecha, esta formación ya ha puesto sobre la mesa sus tradicionales exigencias: freno a la inmigración y eliminación del gasto superfluo, entendido este como las subvenciones que dirigen la patronal y los sindicatos, ayudas de igualdad y de cooperación internacional, que el PP acaba de incrementar.

En el otro lado de la mesa, los socialistas acaban de oponerse a la medida anunciada por María Guardiola de “perdonar impuestos” a las grandes empresas. “Es un mal comienzo”, ha dicho el secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.

“Por cada euro que le quita a las eléctricas, le quita un euro a la sanidad, la educación y el bienestar” a los extremeños, ha dicho

Irán afirmó este domingo que el acuerdo de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), firmado entre las partes en agosto en El Cairo, “ya no tiene eficacia ni validez” tras la restauración de las sanciones internacionales contra Teherán.

“En mi opinión, el acuerdo de El Cairo ya no tiene eficacia ni validez en la situación actual”, aseveró el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en un encuentro con embajadores, encargados de negocios y jefes de representaciones extranjeras en Teherán, según informó la agencia IRNA.

Araqchí enfatizó que las condiciones han cambiado y que el acuerdo firmado el 9 de agosto en la capital egipcia con la agencia nuclear de la ONU “ya no puede servir como base para la cooperación” con el organismo, por lo que aseguró que Teherán tomará nuevas decisiones.

Irán había suspendido en junio su cooperación con el OIEA tras la llamada guerra de los 12 días con Israel y los ataques israelí-estadounidenses contra sus instalaciones atómicas durante el conflicto.

Francia, Alemania y el Reino Unido (E3), que activaron el 28 de agosto el mecanismo de restablecimiento automático de las sanciones internacionales contra Teherán por su programa nuclear, ofrecieron al país persa aplazar la restauración de las medidas punitivas si reanudaba la cooperación con la agencia nuclear de la ONU, informaba sobre el paradero de 440 kilos de uranio enriquecido al 60 % y regresaba a la mesa de negociación con Estados Unidos.

Ante estas presiones, y tras varias rondas de negociaciones, Irán y el OIEA firmaron el acuerdo de El Cairo, que los europeos consideraron insuficiente, ya que no permitía la inspección directa de las plantas nucleares iraníes por parte de los inspectores de la agencia internacional.

Finalmente, el 28 de septiembre fueron restituidas las seis resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU adoptadas entre 2006 y 2010 contra Irán, que prohíben al país el enriquecimiento de uranio y las actividades balísticas, establecen un embargo de armas y el congelamiento de activos, y autorizan inspecciones de aviones y buques iraníes en aguas internacionales, además de imponer limitaciones bancarias y financieras.

Estas resoluciones habían quedado suspendidas tras el acuerdo nuclear de 2015, que limitaba las actividades atómicas de Irán a cambio del levantamiento de sanciones, y del que Estados Unidos se retiró en 2018, restableciendo sanciones unilaterales contra la República Islámica, que en respuesta reforzó gradualmente sus actividades de enriquecimiento.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha comprometido este sábado a “ajustar la fiscalidad regional” para facilitar la continuidad de la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre está previsto para 2027 -el primer reactor- y 2028, según el acuerdo al que llegaron hace seis años las empresas propietarias y el Gobierno.

Las tasas que pagan las eléctricas es uno de los principales escollos para negociar la prórroga de las centrales nucleares. Hasta ahora, Guardiola había dejado abierta la posibilidad de rebajar la ecotasa, que se traduce en unos 80 millones de euros anuales para las arcas autonómicas, siempre y cuando el Gobierno también rebajara lo que las multinacionales pagan al Estado.

Sin embargo, la presidenta no ha hecho mención a esa condición en un acto celebrado en Navalmoral de la Mata, donde 80 entidades, empresas e instituciones, tanto del PP como del PSOE, han firmado la denominada 'Alianza por Almaraz', un manifiesto conjunto que reclama la continuidad de la central nuclear más allá de 2027.

La jefa del Ejecutivo extremeño ha calificado el acto como “una cita histórica llena de dignidad”, a la vez que ha hecho un llamamiento a defender la continuidad de la central nuclear de Almaraz y a “dar la cara ante la injusticia”.

“Hemos convertido Almaraz en un símbolo. Es un símbolo de lucha conjunta y de amor por lo que somos. Un símbolo de todos, que representa lo que debemos preservar: empleo de calidad, formación, innovación, identidad”, ha destacado.

La presidenta ha hecho hincapié en que a todos los firmantes de la Alianza por Almaraz “nos une una razón poderosa: el futuro de Extremadura y de tantas y tantas familias que han hecho del Campo Arañuelo un ejemplo de arraigo y de progreso”. “Estamos aquí por encima de los colores y las siglas, para apoyar una industria y, sobre todo, para exigir respeto a una forma de vida”, ha expresado Guardiola, para quien “esta tierra no está para más castigos”, merece “justicia, respeto y un futuro en igualdad con el resto de España”.

Tras subrayar que la central de Almaraz no es solo energía, sino también “empleo, industria, cohesión territorial y un efecto llamada para la economía”, la presidenta de la Junta ha advertido sobre el impacto negativo que tendría la desmantelación.

“Su cierre supondría perder casi 4.000 empleos y desmantelar un sistema productivo del que dependen pueblos enteros. Supondría amenazar la estabilidad y la independencia energética de Extremadura y de toda España”, ha alertado. Por todo ello, la presidenta extremeña también ha trasladado su compromiso de ajustar la fiscalidad regional para facilitar que la continuidad de la planta.

Negociación con el Gobierno

El presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' y alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, Fernando Sánchez, ha calificado de “injusto que, mientras se destinan grandes subvenciones a otras industrias, se ahogue fiscalmente a la central”.

Sánchez ha alertado de que la consecuencia será “más dependencia energética, menos actividad económica y la despoblación, poco a poco, de los pueblos”. Durante su intervención, ha apelado a la ministra Sara Aagesen, responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico, “a que adopte la posición que le corresponde y siente a todos los concernidos para dar continuidad a la central”.

Asimismo, ha exigido al Gobierno central responsabilidad, visión de país y sentarse a la mesa de negociación con las propietarias, junto a la Junta de Extremadura, “con altura de miras, sin líneas rojas ni dogmatismos” para garantizar “con hechos y no solo palabras, el futuro industrial de esta región y la autonomía energética del país”.

El acto ha contado además con la participación, a través de un vídeo, del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, alcaldes de distintos signos políticos, y representantes de la sociedad civil.

La plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha anunciado este jueves la creación de la 'Alianza por Almaraz', un frente común de más de 80 instituciones, colectivos y empresas que busca evitar el cierre de la central nuclear cacereña, cuyo primer paso administrativo está previsto para el 31 de octubre.

El manifiesto de la alianza se firmará este sábado en el edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata (Cáceres), con la participación de alcaldes, sindicatos, asociaciones y representantes del mundo cultural, deportivo y educativo.

El documento exigirá la modificación del calendario de cierre y abrir un diálogo inmediato con el Ministerio para la Transición Ecológica y las empresas propietarias. “Cerrar Almaraz es una decisión política unilateral e incomprensible, contraria a la tendencia internacional”, ha denunciado en rueda de prensa el presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, quien ha subrayado que la comarca de Campo Arañuelo “no puede bajar la persiana a la vez que la central”.

Sánchez ha lamentado la “falta de diálogo” de la ministra Sara Aagesen y ha afirmado que las empresas han mostrado disposición a negociar una prórroga.

De igual forma, ha valorado la posición de la Junta de Extremadura, cuya consejera de Hacienda, Elena Manzano, “se ha declarado a favor de adaptar la fiscalidad si de ello depende la continuidad de la instalación”.

La plataforma ha recordado también el respaldo internacional recibido en el Parlamento Europeo, donde en junio se aprobó una iniciativa urgente que ha derivado en la organización de una misión de eurodiputados a la central, prevista para febrero de 2026.

Según los datos aportados por la plataforma, Almaraz abastece a cuatro millones de hogares, cubre el 7% de la demanda anual de electricidad en España, evita la emisión de seis millones de toneladas de CO2 al año y genera unos 4.000 empleos directos e indirectos.

“Almaraz no se rinde. Extremadura no se resigna. Tenemos razones, argumentos y, sobre todo, tenemos a la sociedad unida en defensa de su futuro”, ha concluido Sánchez. 

El coste previsto de cerrar las centrales nucleares españolas y tratar los residuos radiactivos alcanza ya este año los 20.367 millones de euros, tras sumar otros 165 millones (un 0,8% más) en doce meses, en el primer ejercicio completo con un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) en vigor.

Se trata de la última estimación de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos y se encarga de desmantelar las nucleares. La partida más relevante del PGRR es la del desmantelamiento de los reactores que, según la última memoria anual de Enresa, a enero de este año ya alcanzaba un nuevo récord de 17.520,5 millones, con un incremento de 90 millones en un año, un 0,5% más. El capítulo de costes previstos que más crece es el que engloba la denominada “tarifa eléctrica”, que comprende la gestión de los residuos nucleares y el combustible gastado. Se sitúa ya en 2.846,8 millones, tras sumar 75 millones más en doce meses con un crecimiento mucho más acusado, del 2,7%.

Sumando el resto de actividades, como la gestión de la fábrica de combustible nuclear de la empresa estatal Enusa en Juzbado, Salamanca, la factura prevista del conjunto de actividades previstas en el PGRR ya ronda los 20.500 millones.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica subrayan que “cada año se actualizan los costes en función de las mejores estimaciones, de tal forma que un incremento de un año no puede ser extrapolado al resto”. También destacan que la inflación de 2024, del 2,8%, fue superior al aumento de costes previsto.

El dinero para cubrir esos costes tiene que venir de un fondo que gestiona la propia Enresa y se nutre de las aportaciones de las eléctricas mientras funcionan los reactores. A cierre de 2024 ese fondo contaba con 8.677 millones, un 8,4% más que un año antes, tras la subida (en vigor desde julio del pasado ejercicio) del 30% de la denominada tasa Enresa, que las eléctricas han recurrido en los tribunales.

El coste del desmantelamiento y de la gestión de los residuos es una de las grandes claves en la soterrada negociación entre Gobierno y eléctricas para revisar el cierre progresivo de las nucleares que pactaron en 2019. Una negociación que, según el departamento que dirige Sara Aagesen, no es tal porque las eléctricas pretenden cargar esas actividades a los consumidores y el Ejecutivo se niega a hacerlo.

“Quieren una reducción de impuestos, quieren que parte de los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos radiactivos lo paguemos entre todos”, resumía hace unos días el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que dejó claro que “esos costes no los vamos a trasladar al conjunto de la ciudadanía”.

Endesa e Iberdrola llevan meses intentando consensuar con Naturgy una propuesta para intentar aplazar el cierre del primer grupo de la central de Almaraz (Cáceres), previsto para 2027. La supeditan a esa rebaja de tasas e impuestos que el Gobierno rechaza. El Ejecutivo solo se abriría a alargar la vida de las nucleares si las eléctricas asumen los costes. Y las dos principales empresas del sector han planteado reclamaciones millonarias en los tribunales por la subida de la tasa Enresa. Endesa pide 454 millones e Iberdrola, otros 324 millones, como adelantó El País.

Hasta el año pasado, el negocio nuclear de las eléctricas seguía siendo muy rentable, a tenor de las últimas cuentas de la filial de una de las principales empresas del sector en España, Iberdrola. En 2024, Iberdrola Generación Nuclear se anotó 277 millones de ganancias (frente a los casi 363 millones de 2023). Esta filial ha declarado entre 2021 y 2024 unos beneficios conjuntos de cerca de 1.270 millones. Su mejor año fue 2021, cuando el precio de la luz comenzó a dispararse y su beneficio alcanzó 574 millones en un solo ejercicio. Estas cifras contrastan con los casi 1.100 millones de pérdidas declaradas por esa filial en el periodo 2013-2020.

A largo plazo, de fondo está la enorme incertidumbre sobre cuál será el coste real del tratamiento de los residuos, que mantienen su peligrosidad durante miles de años. Un ejemplo muy reciente y cercano está en Francia, la gran potencia nuclear europea. En mayo, la Enresa gala, Andra, revisó el coste de tratamiento de los residuos radiactivos franceses, incluyendo la construcción de un futuro almacenamiento geológico profundo (AGP) como el que proyecta Enresa, bautizado allí como Cigéo, y que debería empezar a recibir material radiactivo en 2050.

A un horizonte de 150 años, Andra ha pasado de los 25.000 millones de euros que se estimaban en 2016 a una horquilla de entre 26.100 y 37.500 millones. En el peor de los casos, supondría un sobrecoste de hasta el 60% respecto a la previsión de hace menos de una década.

En opinión del presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, mientras en España desde las empresas eléctricas “el empeño es reducir tasas e impuestos”, la cuestión es “cuánto recaudamos ahora para que luego no lo paguemos todos”. Y está la incógnita de si el fondo de Enresa bastará. Antes del verano, otro alto cargo de Transición Ecológica, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (sin competencias directas en esta materia), vino a reconocer en un acto público organizado por la consultora Pedersen que la tasa actual, aun con la última subida aplicada, no cubre las necesidades, según fuentes presentes en ese encuentro.

Desde enero de 2021 la factura prevista del desmantelamiento se ha disparado en más de 2.320 millones, aunque las magnitudes no son comparables, por la entrada en vigor de un nuevo PGRR con previsiones más acordes a la realidad. El salto es aún más brutal en el caso de los residuos. En 2019, cuando todavía se contaba sobre el papel con un almacén temporal centralizado (el denominado ATC), esta partida era de 1.275 millones. Ahora son ya más de 2.800 millones.

La explicación es el nuevo escenario sin ATC, que hizo que el coste previsto de la gestión de los residuos se disparase en enero de 2024 hasta 2.771,6 millones, frente a los 1.629,3 millones que todavía se preveían en enero de 2023, con el anterior PGRR todavía vigente. Esta partida incluye el almacenamiento de los que custodia Francia desde hace décadas, cuyo regreso está previsto en 2027. Su coste, una fianza diaria de más de 85.000 euros que se devolverá cuando vuelvan a España, acaba de rebajarse por primera vez.

Por su parte, el desmantelamiento de las nucleares ha pasado de 15.654 millones en enero de 2023 a los citados 17.520,5 millones de enero de 2025. Casi 1.900 millones más en solo dos años.

Los recursos del fondo que financia el PGRR han pasado de 6.596 millones en diciembre de 2020 a los citados 8.677 millones. En diez años, el saldo del fondo se ha más que duplicado: en 2014, contabilizaba unos 4.200 millones. Entonces, se estimaba que desmantelar las nucleares costaría 'solo' unos 12.000 millones. Hay que tener en cuenta que hasta 2019 Enresa tomaba como último año de referencia para sus estimaciones de costes del PGRR el año 2070. Desde entonces se extiende hasta 2100. Además, la empresa pública consideraba en 2019 que las nucleares cerrarían en 2028, frente al 2035 que ahora se contempla para el cierre del último reactor.

“Gestión responsable y segura”

La normativa vigente obliga a Enresa a elaborar en el primer semestre de cada año un estudio económico financiero actualizado del coste de las actividades contempladas en el PGRR. Exige evaluar “la adecuación a dicho coste de los mecanismos financieros vigentes”, en cumplimiento con la directiva europea sobre la materia, que exige una “gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos”.

El PGRR aprobado por Transición Ecológica en diciembre de 2023 sustituyó al vigente hasta entonces, que databa de 2006 y llevaba caducado la friolera de trece años (desde 2010). Introdujo novedades muy importantes, como el abandono definitivo del ATC y el reparto de los residuos en almacenes temporales independientes (ATI), la construcción del AGP y la subida de esa tasa, que llevaba congelada casi quince años, tras sucesivos informes del Tribunal de Cuentas advirtiendo del déficit de ese fondo.

Este organismo instó al Gobierno en febrero de 2022 a “revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales nucleares”: la que se calcula por cada megavatio hora (MWh) producido, que es la que subió en julio del año pasado un 30% (hasta 10,36 euros/MWh), y el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en 2012 para contener el denominado déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico) que entonces amenazaba con llevar a la quiebra al sector.

El nuevo plan de residuos radiactivos oficializó el abandono del proyecto del ATC, que el Gobierno de Pedro Sánchez descartó por la falta de consenso social, en una decisión que también han recurrido las eléctricas. El PP intentó ubicar el ATC en Villar de Cañas (Cuenca), en un proyecto cuyo coste amenazaba con dispararse por las dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos, y entre sospechas por la vinculación con el proyecto de una empresa vinculada al empresario Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

En lugar del ATC, el Gobierno socialista optó por una solución más costosa, repartir los desechos en siete almacenes independientes, como paso intermedio al enterramiento definitivo de los residuos en el AGP, previsto para 2072 y que Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han pedido (en vano) blindar por ley para que esté en marcha “cuanto antes”.