Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, condenado a 19 años y 8 meses de cárcel por corrupción durante su etapa como asesor del exministro José Luis Ábalos, ha preguntado al juez que investiga las supuestas cloacas del PSOE si permite levantar el velo sobre un dato secreto que puede arrojar luz en el proceso judicial: “¿Quién me paga la defensa guarda relación con los hechos que se investigan?”. Es un interrogante cargado de misterio para una causa que acumula más de una decena de imputados, entre ellos la exmilitante socialista, Leire Díez; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la gerente del PSOE, Ana Fuentes.

El magistrado Santiago Pedraz investiga en la Audiencia Nacional desde hace varios meses el denominado caso Leire Díez, una supuesta trama delictiva que pretendía desestabilizar causas judiciales abiertas contra dirigentes del PSOE o sus familiares. La investigación ha descubierto que determinados abogados cobraban de la dirección socialista por servicios ficticios para, supuestamente, derivar ese dinero hacia Leire Díez. El juez instructor, a propuesta de la fiscalía Anticorrupción, ha pedido los movimientos bancarios de todas las cuentas de esos abogados para descubrir cuánto dinero les pagó el PSOE y por qué servicios. Pero en esa petición de información hay una excepción, la letrada Leticia de la Hoz, defensa de Koldo García, quien no deberá entregar al juzgado los movimientos de sus cuentas. La abogada está imputada en el caso Leire Díez por el supuesto intento de soborno a Carmen Pano, la mujer que aseguró en el juzgado que llevó dinero en bolsas de plástico a la sede del PSOE de la calle Ferraz.

Leticia de la Hoz ya ha declarado como imputada en la causa, ha rechazado esta acusación de Pano y, además, ha negado que el PSOE le haya pagado por sus servicios. Pero ni la fiscal ni el juez han querido conocer quién abonó en realidad la defensa de Koldo García, un dato que puede ser relevante para la investigación abierta en el caso Leire Díez.

En un escrito remitido al juzgado, De la Hoz rechaza los argumentos de la fiscalía anticorrupción para situarla en el grupo de abogados que colaboró con el PSOE en sus maniobras para desestabilizar determinadas causas judiciales. “Recibida declaración Leticia de la Hoz, esta, en una mecánica semejante a la del resto de los letrados, que reciben honorarios de quienes no son sus clientes en las causas en las que estaban implicados los antiguos miembros del PSOE cuando ejercían cargos de responsabilidad en el gobierno o en el partido, no llega a determinar quién abonó sus honorarios como letrada de Koldo García Izaguirre (…) Leticia de la Hoz, en su declaración, señaló que no le pagó su cliente, tampoco el PSOE, y se acogió al secreto profesional para no facilitar los datos de quien abonó sus servicios como abogada de aquel”.

La abogada aclara que su respuesta fue que ese dato quedaba dentro del secreto profesional y recalca que en su testimonio tan solo excluyó al PSOE del abono de los servicios que prestó a Koldo García. «No me corresponde a mí. Yo no puedo decir quién ha pagado la defensa, de ninguna de las maneras (…) Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta»

De la Hoz sostiene que su negativa a identificar a la persona o empresa que pagó a su despacho de abogados por la defensa de Koldo García ante el Supremo “se presenta como ocultación de ese tercero, que es lo que permite a la Fiscalía Anticorrupción hablar de una mecánica semejante a la de los demás letrados”. La letrada de Koldo García Leticia reclamó durante su declaración, sin éxito, la autorización del instructor para revelar el dato: “Dicho pronunciamiento judicial, pedido en el acto, no llegó a dictarse”, señala en su nuevo escrito.

“Sobre el punto concreto de los honorarios, mi representada ofreció al Tribunal la vía que la ley pone a su disposición”, señala el letrado que defiende a De la Hoz. “Expuso que, consultado el Colegio de Abogados, el camino era que el instructor declarase que el dato guardaba relación con los hechos por los que se la investiga, y que entonces podría contestar. Formuló la cuestión de manera directa: ”¿Quién me paga la defensa guarda relación con los hechos que se investigan?“.

Koldo García, cliente de Leticia de la Hoz, nunca pareció interesado a proteger al PSOE y a sus dirigentes antes de su juicio en el Supremo. De hecho, dio una entrevista a OKDiario en vísperas de su ingreso en prisión donde la mayor parte de sus respuestas suponían ataques al PSOE -puso en duda la financiación de las primarias- y a sus principales dirigentes: Pedro Sánchez; su mujer, Begoña Gómez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Leticia de la Hoz recuerda en su escrito al juez que durante la declaración aseguró que si el juez lo ordenaba, ella facilitaría con prontitud las facturas cobradas por los servicios prestados a Koldo García. La abogada, dice su defensa, “sigue a la espera de ese mandato, y lo cumplirá el mismo día en que se dicte”.

El empresario Juan Carlos Cueto, imputado en el caso Mascarillas y al que Anticorrupción ubicaba en un inicio como la persona que estaba detrás de la empresa a la que se adjudicaron los contratos investigados -Soluciones de Gestión-, ha declarado este viernes ante la Audiencia Nacional de manera voluntaria. Ante el juez Ismael Moreno ha explicado que en ningún momento fue consciente de que por esas adjudicaciones se abonaran comisiones ilegales y que sólo atendió a una posibilidad de negocio que se le ofreció en plena pandemia. Íñigo Rotaeche, quien fuera administrador de Soluciones de Gestión, ha mantenido idéntica línea de defensa en unas declaraciones que, para las fuentes consultadas presentes en la comparecencia, estaba coordinada.

Durante la declaración de Cueto, la Fiscalía se ha interesado por un dato que aparece en los hechos probados de la sentencia del caso Mascarillas por la que se condenó al exministro José Luis Ábalos: que hubo un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para el suministro de mascarillas entre Soluciones y Grupo Cueto el 16 de marzo de 2020, cinco días antes de que se firmara la orden ministerial por la que Ábalos aprobaba que Puertos del Estado realizaría esa compra de 8 millones de mascarillas.

Las fuentes consultadas indican que Cueto, este viernes, ha sostenido que la fecha de ese contrato de colaboración fue un error de José Ángel Escorial, otro de los investigados por estar vinculado a Soluciones de Gestión. Ha apostillado que en realidad debía haber aparecido la fecha del 19 de marzo, que es cuando él supo tras reunirse con Víctor de Aldama en la calle, a los pies del Ministerio de Transportes, que se preparaba esa compra.

De hecho, la defensa de Cueto, dirigida por el abogado Alfonso Trallero, ha adelantado que prepara un informe pericial con el que busca “fijar la fecha de inicio de comunicaciones entre los distintos socios que se encargaron de suministrar las mascarillas al Ministerio de Transportes”.

En su declaración como investigado de febrero de 2024, cuando estalló el caso, Cueto sostuvo ante el juez del caso que trató de ayudar a los españoles con su actuación y no aprovecharse de la venta de material sanitario porque en ese momento el país atravesaba lo más duro de la pandemia de coronavirus. Además, sostuvo que existía un informe elaborado por la consultora KPMG en 2021 que concluía que los precios de venta de mascarillas fueron acordes al mercado y que el margen de beneficio era reducido.

El Ministerio Público situaba en un inicio a Cueto como la “persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto” aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Cueto, según Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros.

Este viernes, el fiscal Luis Pastor le ha vuelto a preguntar por la conexión entre el Grupo Cueto y Soluciones de Gestión. Cueto se ha puesto de perfil: compartían misma sede porque se trataba de un 'coworking', ha defendido.

Por su parte, Rotaeche ha defendido este viernes ante el juez, en una comparecencia que se ha extendido más de una hora, la legalidad de los contratos firmados para la adquisición de mascarillas y ha negado que se pagaran comisiones ilegales a la trama para la adjudicación de los mismos. Cabe recordar que al inicio de la causa se acogió a su derecho a no declarar alegando que desconocía los hechos por los que estaba imputado.

El caso Mascarillas ya fue juzgado por el Tribunal Supremo pero solo para el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. La sentencia condenó a Ábalos a 24 años de prisión mientras que el comisionista, que en noviembre de 2024 apostó por colaborar con la Justicia, fue condenado pero evitó la cárcel.

La demanda civil por difamación presentada por el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, contra el empresario Víctor de Aldama afronta sus últimos trámites antes de llegar a juicio salvo que se produzca un improbable acuerdo entre ambos. Según una resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, la plaza 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid celebrará el próximo 4 de noviembre la audiencia previa, una fase del procedimiento que tiene lugar antes de la vista oral y en la que, entre otras cuestiones, se ofrece a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo y poner fin al litigio.

Aldama, que fue condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la Justicia, acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. El pasado mayo, Bolaños lo demandó por vulnerar su derecho al honor y reclamó que se condenaran “las falsedades” que a su juicio estaba difundiendo ante la prensa y en sus redes sociales “sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio”. También solicitaba ser indemnizado con 70.000 euros por daños y perjuicios.

El artículo 414.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no establece que Bolaños y Aldama tengan que acudir personalmente a este trámite, en el que podrán estar representados por sus abogados o procuradores.

Las afirmaciones de Aldama

“Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, dijo Aldama en ese programa. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquella afirmación, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Sí”.

El citado juzgado admitió la demanda y emplazó al empresario a presentar alegaciones y a la Fiscalía a pronunciarse sobre si la demanda debía seguir tramitándose, como finalmente ha ocurrido. En su escrito de respuesta, la defensa de Aldama se escudaba en el periodista Ramón Bermejo, quien empezó a ejercer como su portavoz cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la Justicia.

Sin embargo, ese mismo escrito puso de manifiesto la falsedad de la argumentación de Aldama, dado que ninguna de las llamadas presentadas en el juzgado correspondientes al teléfono de su portavoz tienen al ministro como interlocutor.

Según Aldama, Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto.

En ese periodo nadie sabía que el comisionista, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta. Aldama entró en prisión en octubre de 2024 por su implicación en un caso de fraude millonario en el sector de los hidrocarburos y fue ahí cuando inició su colaboración con la Justicia.

En ese escrito la defensa del empresario asegura también que en esas llamadas, según lo trasladado por Bermejo, participaron “personas mandatadas por Bolaños” como su ex jefe de gabinete Rafael Oñate y otras personas del departamento ministerial. Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023, meses antes de las supuestas conversaciones.

En ese momento, Aldama era un empresario desconocido para el gran público del que todavía no había trascendido su papel en la causa de las mascarillas, un caso que la Fiscalía Anticorrupción investigaba entonces de manera reservada.

A falta de un pacto de última hora, que parece poco probable, la audiencia del próximo 4 de noviembre servirá para que las partes propongan la prueba de cara al juicio. La magistrada deberá decidir si acepta o no esa prueba antes de señalar la fecha de la vista oral.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz en la causa penal que tiene como principal protagonista e imputada a la exmilitante del PSOE Leire Díez acumula ya varias declaraciones tanto de investigados como de testigos. El magistrado, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, busca acotar las pesquisas y valorar los indicios de delito existentes. Esas declaraciones van detallando la personalidad y las tareas desempeñadas por Leire Díez en los dos últimos años.

Por el momento, comparecencias como la de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la de quien fuera el primer abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, o la de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, dan cuenta de cómo se movía la presunta 'fontanera' socialista, a la que se atribuye un plan para desestabilizar causas judiciales que afectan tanto al PSOE como al entorno del presidente de Gobierno. elDiario.es ha tenido acceso a los audios de esas declaraciones celebradas el pasado julio.

El letrado José Aníbal Álvarez, a preguntas de una de las fiscales anticorrupción —el caso lo llevan las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen— explicó que estuvo presente en dos reuniones con Leire Díez. La primera tuvo que ver con el ex secretario de Estado de Interior durante el mandato del PP, Francisco Martínez, procesado y juzgado por la operación Kitchen. El abogado José Aníbal Álvarez asesoró en 2024 a Martínez de manera altruista y por amistad cuando se quedó sin abogado. “En aquella época a él le dejaron los letrados que le llevaban y yo lo cogí. Me firmó una hoja de encargo y luego lo cogió otro letrado que también conozco y nada más. Estuve con el año y pico”, recordó ante el juez.

Corría el mes de julio de 2024 cuando Leire Díez le contactó al fijo del despacho y se presentó “como una persona que venía del Partido Socialista y que era amiga del señor Ábalos”. Le comentó que quería reunirse con Martínez y se citaron en su despacho.

El abogado “entraba y salía” de esa reunión y no dio gran detalle de la misma, pero sí explicó que tras ese encuentro Francisco Martínez le indicó: “Una vez más me están tomando el pelo”. Ante Pedraz, José Aníbal Álvarez indicó que él entendió de sus palabras que habría tenido reuniones previas que ya habían sido infructuosas porque “le debían prometer el oro y el moro”. Según consta en la investigación y según la grabación de esos encuentros incautada a Leire Díez, la exmilitante socialista buscó un acercamiento a Francisco Martínez al que le habría prometido algún tipo de acuerdo con el Ministerio Fiscal en el caso Villarejo a cambio de determinada información relativa a operaciones orquestadas desde la policía política del PP.

La fiscal del caso se interesó entonces por saber si Leire Díez le transmitió a Martínez si pondría la información que le diera en conocimiento de “la calle Ferraz”, que son “los que gobiernan” —hizo varias alusiones a que tenía acceso a la grabación de ese encuentro—, pero el que fuera primer abogado de Ábalos indicó que no recordaba bien, pero sí que recordaba que Leire Díez “hablaba, y con perdón, por los codos”.

El letrado también explicó que Leire Díez se interesó por si Ábalos le pagaba por su defensa legal. Después de que él le dijera que no había cobrado nada por su labor —“me fui fiando, me fui fiando y nada”—, ella le dijo que iba a ver qué podía hacer. Al cabo de un tiempo le comentó que si quería cobrar por sus servicios a Ábalos le podía pasar la minuta “a través de una sociedad de ella”, pero él se negó porque si cobraba era al cliente y “no a una sociedad que no se sabe en qué condiciones está fiscalmente”. “No sé qué le dije. Sé que (dije) esto no es serio o la mandé por ahí, no lo sé, no me acuerdo”.

Narbona: “Santos tenía todas las atribuciones”

Otro de los interrogatorios que suscitó gran interés en julio y a cuyo audio ha tenido acceso este medio es el de la presidenta del PSOE. Cristina Narbona indicó que en abril de 2024, cuando se celebraron reuniones en Ferraz a las que asistió la exmilitante Leire Díez, ella ya era presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español.

Tras explicar su relación con Díez —la conoce desde 2017 cuando era responsable de prensa socialista en Cantabria— fue preguntada por la fiscal del caso sobre los contratos que se investigan en la causa y que tienen que ver con el pago a dos abogados (Ismael Oliver y Jacobo Teijelo) desde el PSOE por servicios que podrían haber sido una tapadera para canalizar retribuciones a favor de la presunta fontanera.

“El avance de la instrucción nos está permitiendo conocer algunos detalles no menores, como por ejemplo el hecho de que la señora Leire Díez presuntamente pudo recibir una retribución (...) que a la postre parece ser que habría salido de las cuentas bancarias del Partido Socialista a través de pagos de sociedades o de letrados”, indicó la fiscal, para luego preguntar a Narbona sobre quién puede autorizar ese tipo de pagos desde el Partido Socialista.

La presidenta del PSOE contestó entonces que eso “estaba dentro de las facultades muy amplias del secretario de Organización, que podía llevar a cabo los contratos que considerase necesarios para su propia tarea en el funcionamiento del Partido Socialista”. Y añadió: “Él tenía la capacidad de decidir y de instrumentar contrataciones”. Señaló así al entonces número tres del partido Santos Cerdán, quien también consta como imputado en esta causa.

“Hoy día la Secretaría de Organización tiene algunas competencias menos y, sobre todo, no puede actuar de forma individual. Necesita siempre la firma de otros dos miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. Pero en ese momento Santos Cerdán tenía todas las atribuciones para hacer cualquier tipo de contratación”, indicó.

Por su parte, en el interrogatorio al exteniente fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) Diego Villafañe, al que también ha tenido acceso este medio, la fiscal anticorrupción quiso saber sobre el detalle de las dos reuniones que mantuvo con el abogado Jacobo Teijelo y la exmilitante Leire Díez. Para arrancar, quiso matizar que en ambos encuentros no se trató “ningún asunto que fuese reservado, por cuanto el contenido de la reunión, o bien eran cuestiones de público conocimiento, o eran rumores o conjeturas, o incluso eran datos judicializados que en consecuencia están accesibles”.

Y aclaró un punto que suscitó interés mediático por cuanto la FGE mantuvo en una nota que Leire Díez fue presentada como una compañera del despacho de Teijelo mientras que el abogado negó que hubiera sido así. Villafañe reiteró en su declaración que en la Fiscalía se entendió que era “una colaboradora o una compañera”.

En todo caso, indicó que esas reuniones fueron “marcianas”, y que en las mismas se habló de un procedimiento de hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional, y que a raíz de ese caso se indicaron que podía haber nulidades que afectaban a otras causas.

También relató que se expuso en la reunión que podía haber ciertos beneficios para Repsol a raíz de esas causas de fraude del IVA en el sector, y que el jefe de la UCO Antonio Balas podía ser contratado por esa petrolera como jefe de Seguridad. “Rumores sin relevancia”, indicó.

Un interrogatorio hasta el llanto

Si bien en todas las declaraciones se hace patente que la responsable del Ministerio Fiscal mantiene un tono tenso con los interrogados, quizá en el que más tensión hubo fue en el de la letrada Leticia de la Hoz, que compareció como imputada y que respondió sobre cuándo conoció a la presunta fontanera. “Eso sí que lo tengo clarísimo. La conozco el 11 de marzo de 2025. ¿Y por qué me acuerdo? Me acuerdo porque el bulo de la señora Pano se publica el 10 de marzo”, dijo. Con el 'bulo' se refería a lo que la empresaria Carmen Pano ha sostenido en medios y ante el juez: que existió un intento por parte de la trama investigada para comprar su silencio. Una cantidad de dinero, un coche y los gastos de la boda de su hija a cambio de no sostener ante los tribunales que llevó dinero en metálico a la sede socialista de Ferraz.

La fiscal afeó a De la Hoz que hablara de bulo porque eran hechos que aún se investigaban, y para entonces la letrada, emocionada y a punto de echar a llorar, le explicó que era “una noticia falsa”. “Como comprenderá es que es lo que me sale, es lo que me sale. (...) yo entro en estado de shock tremendo. (...) Y el 11 de marzo ella (Leire Díez) entra por la puerta sin pedir cita y la recuerdo con mucho cariño. Ella venía a ver quién era yo, qué había pasado, por qué se había publicado eso”, recordó.

La fiscal del caso se interesó por si tuvo la intuición de que Leire Díez venía de parte del PSOE. “¿A quién conocía en el Partido Socialista?”, le preguntó, pero la abogada abundó en que la fontanera “preguntaba muchas cosas” y sintió que era “alguien que venía del PSOE para ver quién era yo”.

Leticia de la Hoz aseguró que el PSOE no pagó la defensa legal de Koldo García —exasesor de Ábalos—. “Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta. La respuesta es un no rotundo. No tengo absolutamente nada que ver con el Partido Socialista. Y no ha pagado la defensa de Koldo respecto de mi persona”, dijo.

Tras esto, y al ser preguntada por las conexiones de Leire Díez con altas instituciones del Estado, De la Hoz explicó que entendió que estaba bien relacionada. “¿Le parece a usted que esta persona está actuando por cuenta del Partido Socialista? Ella le habla de que tiene relación con gente del Partido Socialista, con Santos Cerdán, con la directora general de la Guardia Civil, que puede conseguir citas de alto nivel”, le preguntó la fiscal. De la Hoz contestó que “sí”.

A continuación, De la Hoz se matizó a sí misma y explicó que no sabía si lo que decía la exmilitante era verdad. “En las conversaciones yo llegaba a la conclusión de que ella conocía a todo el mundo, de que podía tener acceso a mucha gente”.

La ronda de declaraciones se retomará este mes de septiembre. El juez tendrá un intenso calendario dado que por su juzgado deberán pasar más de una veintena de investigados. La primera será la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, quien el próximo 9 de septiembre deberá aclarar su papel en la investigación porque era quien emitía “las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”, según la acusación. Ese mismo día está previsto que declare el letrado Ismael Oliver, quien supuestamente habría usado sociedades para canalizar esos pagos.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado este miércoles que María Chivite le debe la presidencia de Navarra a “un presunto corrupto”, en referencia a Santos Cerdán. “La necesitaba en el poder”, ha aseverado la líder regionalista. UPN fue el. partido que denunció ante la Guardia Civil la adjudicación de la obra de los túneles de Belate a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000 antes de que estallara el caso de corrupción por el que está imputado el exdirigente socialista Santos Cerdán, quien presuntamente era copartícipe de la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso.

“El mayor sostén y valedor político de María Chivite está lucrándose presuntamente de una adjudicación a cargo de su Gobierno y María Chivite sigue en vano tratando de escurrir el bulto, sigue adelante a costa de lo que sea, entre otras cosas, arrastrando por los suelos la imagen de Navarra”, ha añadido la presidenta regionalista.

Ibarrola ha realizado un balance de legislatura cuando se cumplen tres años de la segunda investidura de Chivite y cuando resta solo un curso político para las próximas elecciones forales, para las que todavía no ha aclarado si UPN buscará una alianza con el PP o acudirá de nuevo a las urnas en solitario como hizo en 2023.

Para la líder del partido regionalista el PSN de María Chivite ha “deteriorado” la marca Navarra y la ha unido a la “corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicación de obra pública”. “No hay maquillaje que pueda tapar el hedor a corrupción y la mala gestión de los servicios públicos del Gobierno de Chivite y EH Bildu. Navarra solo lidera los índices de presuntos corruptos. Desde que llegó Chivite ha empeorado en cualquier parámetro que queramos comparar con otras Comunidades”, ha criticado.

Así, ha asegurado que “el teterioro” de la confianza de la ciudadanía navarra en Chivite “es cada día mayor” por “los espurios acuerdos conocidos entre Santos Cerdán y EH Bildu para repartirse el poder institucional, por ”la presunta trama corrupta que recibía adjudicaciones de obra pública a cambio de pagar mordidas liderada por Santos Cerdán según el auto del juez y por “la adjudicación ilegal de las obras de los túneles de Belate a esas empresas de la trama, que ha acabado siendo investigada por la Justicia dentro del caso de amaños de obra pública”.

“Hoy la sociedad navarra se pregunta hasta cuándo, señora Chivite, merece la pena seguir en esta situación”. “No hay proyecto político ni personal que se sostenga sobre la falta de ética política, la inmoralidad, las sospechas y las investigaciones judiciales por corrupción. No hay proyecto político ni personal que aguante la embestida social de la indignación y la desconfianza”, ha señalado Ibarrola.

El pasado 22 de junio se conoció que el Tribunal Supremo condenaba al exministro José Luis Ábalos a la pena de 24 años y tres meses de prisión. Ahora, justo un mes después de conocer la sentencia, quien fuera secretario de Organización del PSOE se dirige tanto al juez de Vigilancia Penitenciaria como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar que podría ser víctima de “represalias o de una sanción indirecta” en el centro penitenciario de Soto del Real.

En el escrito de queja dirigido por su defensa al juzgado, al que ha tenido acceso elDiario.es, se explica que el pasado 20 de julio estaba autorizada y programada una comunicación íntima entre el exministro y su actual pareja, un vis a vis, pero en el momento del acceso de la visitante al centro “un perro detector empleado por el servicio de seguridad realizó un marcaje sobre ella”. La defensa lamenta que como consecuencia exclusiva de ese marcaje se impidió la celebración de la comunicación. Y pone el foco en que esa negativa de acceso se acordó sin comprobación posterior alguna, puesto que no consta “que se ofreciera a la visitante la práctica de un cacheo en los términos legalmente previstos, ni que se realizara registro” en aras de confirmar la existencia de un objeto o sustancia prohibidos.

“La denegación se sustentó únicamente en un indicio (la reacción del animal), sin acreditación posterior”, abunda, para luego recordar que el reglamento penitenciario recoge que los internos tienen “derecho a comunicar con familiares y allegados, con respeto máximo a la intimidad”. Añade que el artículo 45 de esa norma regula el vis a vis y garantiza un mínimo mensual.

En este sentido, destaca que el reglamento solo contempla un único mecanismo de control corporal del visitante vinculado a la denegación de la comunicación: el cacheo y, por tanto, “no se contempla el marcaje de un perro detector como causa autónoma y suficiente para denegar el vis a vis”: “Es un indicio, no una prueba (...), y no acredita por sí sola la tenencia de sustancia u objeto prohibido ni, por tanto, la existencia de un impedimento real para la comunicación”.

Por otro lado, la defensa de Ábalos explica que se da una falta de motivación y de proporcionalidad por parte de la prisión para someter a su pareja al examen de perros policías porque “existían alternativas menos lesivas e igualmente eficaces, como el cacheo. Por ello, pide al juzgado que declare que la denegación de ese vis a vis vulneró sus derechos, que garantice que no lo pierde y puede celebrar esa comunicación, y que advierta a la administración penitenciaria de la ilegalidad de tal proceder, ”requiriéndole para que se abstenga de reiterarlo y para que, en lo sucesivo, cualquier limitación de las comunicaciones se adopte mediante resolución motivada“.

Por otro lado, en la carta dirigida a Grande-Marlaska le pide que investigue ese episodio porque considera que puede tratarse “de una posible represalia y sanción encubierta”. Cree que el ministro debe tomar cartas en el asunto porque los hechos son graves y, por tanto, debe intervenir.

La represalia por una entrevista

Al ministro, además de contarle el devenir temporal de ese episodio que acabó en marcaje, le explica que se produjo “en estrecha proximidad temporal con la difusión en medios de comunicación de una entrevista grabada” por su hijo Víctor Ábalos en relación con su situación. “Con el debido respeto, entiendo que la denegación pudo responder no a una razón real de seguridad, sino a una represalia por aquella difusión, operando en la práctica como una sanción encubierta. No lo afirmo de manera concluyente; precisamente por ello solicito que se investigue”, añade.

Considera que, de ser ciertas sus sospechas, se estaría ante una sanción impuesta “al margen del procedimiento disciplinario y de sus garantías —bajo la apariencia de una medida de seguridad—”. Esto, explica, sería “una desviación de poder” y por eso le pide al ministro que instruya a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a sus servicios de inspección para que investiguen la actuación y esclarezcan “si respondió a una causa real de seguridad o si, por el contrario, encubrió una represalia”.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por este periódico indican, sin entrar a hablar del caso concreto de Ábalos, que en las visitas se hacen controles con perros. Si uno de los canes hace un “marcaje lapa” porque huele o detecta una sustancia prohibida, es síntoma de que hay algo que no es correcto en esa visita y no se le permite entrar, añaden.

El término marcaje lapa hace referencia, según fuentes abiertas consultadas, a una técnica de adiestramiento canino pasivo que se utiliza principalmente por unidades caninas policiales y penitenciarias para detectar drogas. Se trata de una técnica idónea para este tipo de establecimientos porque el perro cuando detecta la sustancia solo se pega al foco exacto y lo señala con la trufa o la boca pero sin morder, rascar o romper.

Jésica Rodríguez, quien fuera expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, magistrado que instruye el caso Koldo en este tribunal especial. Ha llegado ataviada con peluca, mascarilla y gafas de sol pere evitar que las cámaras de los medios de comunicación congregados pudieran captar una imagen clara de su rostro.

Rodríguez, que fue imputada por el juez el pasado 3 de junio, ya depuso en calidad de testigo durante el juicio celebrado en el Tribunal Supremo por el caso Mascarillas que acabó en una condena de 24 años para el exministro. Ya entonces reconoció que estuvo contratada durante dos años y medio sin realizar tarea alguna y que Ábalos era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, relató.

La sentencia del Supremo dio por probado que Koldo García propició que fuera asignada a ADIF para asistir a su hermano Joseba García. Los contratos se firmaron en dos empresas públicas sunbcontratadas por Adif: primero en Ineco y después en Tragsatec. “Jesica Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo García de que si algún empleado o responsable de INECO se interesaba por lo que hacía en ADIF siempre contestara que trabajaba para una tercera persona, Joseba García”, recoge la sentencia. En ese tiempo recibió 34.450 euros de salario en Ineco, aunque no realizó “ninguna activad laboral ni acudió a las oficinas de la entidad”.

Ante el final de su contrato, Ábalos y Koldo García se pusieron en contacto con Isabel Pardo de Vera, quien “atendiendo a las indicaciones recibidas del ministro, encomendó directamente al director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar de la Rica, que hiciera lo posible para que procurara dicha contratación”, indica la sentencia. El 2 de marzo de 2021, casi sin solución de continuidad, empezaba a trabajar en la empresa pública Tragsatec.

Este lunes también han sido citados en calidad de investigados el hermano de Koldo García, Joseba García, e Ignacio Zaldívar, por esos contratos de Jésica Rodríguez. Ambos se han acogido también a su derecho a no declarar, si bien el hermano de Koldo García ha querido aclarar que él no conocía a la expareja de Ábalos antes de que fuera contratada en Ineco. Empresa para la que también él prestaba servicios.

Zaldívar señaló ante el Supremo en el juicio que en hasta dos ocasiones recibió llamadas de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera -investigado por la Audiencia Nacional-, en las que le indicaba que el ministro José Luis Ábalos se había comunicado con ella porque “estaban molestando” a Jésica Rodríguez -su pareja sentimental-.

Zaldívar era el responsable de Adif que controlaba el proyecto para el que trabajaba Jésica Rodríguez, o más bien para el que no trabajaba porque ella confesó que a pesar de firmar contrato no llegó a hacer nada. A preguntas del fiscal jefe Antocorrupción, comentó que en la primera de las ocasiones se puso en contacto con responsables de Ineco que le trasladaron que el problema había surgido al intentar comunicar con ella para hacerle llegar unos cheques de comida. Y así se lo hizo saber a Pardo de Vera. La segunda ocasión se produjo ya cuando Rodríguez, a la que calificó de “altiva y soberbia”, estaba en Tragsatec, pero esa vez, tras comunicarse con responsables de esa entidad no obtuvo “feedback”.

Según comentó, tras esos incidentes él anotó en sus tablas 'Presidencia' al lado del nombre de Jésica Rodríguez para tener controlado que se trataba de una trabajadora “especial” y encuadró en la normalidad que tras finalizar el contrato de la novia de Jésica en Ineco le pidiera el currículum para que pasar a Tragsatec.

El informe patrimonial relativo al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concluye que el político navarro pudo manejar “una posible fuente de ingresos no declarada”. Llega a esta conclusión por varios motivos. Uno es el ingreso 18.000 euros de origen desconocido entre 2014 y 2017. Otro es que redujo el uso de la tarjeta o de las disposiciones de efectivo en cajero desde 2019 coincidiendo con “la etapa ministerial” de Ábalos y las adjudicaciones a Acciona. Y otro más son los ingresos en efectivo realizados por Koldo García y su pareja Patricia Uriz “para abonar las cuotas del renting de un vehículo”.

El documento, de más de 160 páginas ha sido entregado ya al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que es quien investiga el presunto papel coordinador de Cerdán en una trama que buscaba el amaño de adjudicaciones de obra pública dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas. En el mismo, indica el Instituto Armado que “han observado indicios que apuntan a esa posible existencia de una fuente alternativa de ingresos no declarada” para Cerdán y que se han reforzado los indicios previos de que el político y su entorno “se lucró” con fondos que encuentran origen en las mercantiles Servinabar, Erkolan y Noran.

La primera mercantil es en la que, según una nota hallada en el domicilio del empresario Antxon Alonso, Cerdán habría tenido participaciones, algo que el político siempre negó porque alega que finalmente se decantó por seguir en política y no adentrarse en el mundo empresarial cuando s elo propuso su amigo Antxon. La UCO resalta ahora que Cerdán y su familia “habrían disfrutado de unos beneficios entre 2015 y 2024 de al menos 323.178 euros” recibidos desde esa mercantil que los investigadores ubican en el epicentro de la trama de amaños. E insiste en que los fondos de Servinabar estaban puestos a “plena disposición” de Santos Cerdán. Esos 323.178 euros incluyen nóminas percibidas por ejemplo por la mujer de Cerdán, que trabajó para esa consultora navarra radicada en Pamplona.

En este sentido, la UCO destaca además que Cerdán y su familia obtuvieron los mayores beneficios entre 2019 y 2023, periodo en el que se enmarca la “etapa ministerial” de Ábalos en la que la constructora Acciona resultó adjudicataria de las licitaciones investigadas. El Instituto Armado considera necesario que el juez le dé permiso para seguir indagando en el patrimonio de la familia de Cerdán, y por eso solicita poder acceder a la información financiera tanto de Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, como de su hija, su hermana y su cuñado “quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Sevinabar”.

A los indicios que sustentan la tesis de la UCO de que existió esa fuente de ingresos opaca, suma que el político liquidó gastos con el PSOE y con el Congreso “por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados”.

El primer instructor que tuvo la causa contra Cerdán, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, elaboró una tesis inusual en el auto con el que envió al ex secretario de Organización a la cárcel, en noviembre de 2025. Según Puente, si Acciona, el principal corruptor de la trama, obtuvo 537 millones de euros en adjudicaciones sospechosas, los investigados se podrían haber llevado un 1% si se atiende a lo que el magistrado considera habitual en este tipo de tramas.

En total, 5 millones de euros, una cifra muy alejada de los 18.000 euros o de los 300.000 euros recibidos desde Servinabar que la UCO ha localizado a Cerdán. Por otra parte, Acciona, señalada como el principal corruptor, sigue desde entonces sin ser investigada como persona jurídica.

Los bienes de Cerdán

A lo largo del infome de la UCO se relata que del análisis conjunto de la información tributaria aportada tanto por la Agencia Tributaria como por la Hacienda Foral Navarra, consta que Cerdán es propietario junto a su mujer de “un solo inmueble ubicado en la localidad de Milagro (Navarra)”, donde reside actualmente. Y a esa casa añade que en la actualidad tiene en propiedad un Volvo XC60.

Sobre los ingresos en cuentas tituladas por el expolítico y su mujer en el periodo investigado, la UCO indica que entre 2014 y 2025 han sido cuantificados en 1,12 millones de euros, de los que 830.000 euros fueron abonos de nómina.

En otro bloque del atestado, los investigadores analizan los ingresos percibidos por Cerdán en concepto de gastos, dietas y kilometraje procedentes del Congreso de los Diputados, del PSN y del PSOE. De la cámara baja percibió entre 2020 y 2025 un total de 40.928,80 euros en concepto de kilometraje. Del PSN, el político habría recibido en concepto de liquidación de gastos 27.843,23 euros entre 2014 y 2017. Del PSOE entre junio de 2017 y junio de 2025 le fueron abonados un total de 95.007,36€, tanto mediante transferencia como en efectivo.

Sobre el efectivo, la UCO dice que Cerdán recibió 84 abonos, una cantidad total de 30.797,38 euros. A eso suma 92 transferencias para la liquidación de gastos que suman un total de 64.209,98 euros. Y apunta que ha detectado discrepancias entre la información aportada por el PSOE y la información bancaria de Cerdán.

Sobre esas liquidaciones del partido, la UCO se para en una transferencia que ingresó Cerdán de 1.816 euros en junio de 2016. Entiende que se abonaron al político desde el PSN dos tipos de gastos: por un lado los devengados vía transferencia bancaria y declarados por el propio partido, y por otro lado los que le fueron previsiblemente entregados en efectivo a través de una tal 'Edi', y que no constan en la información aportada por el PSOE.

“La asignación mensual de Francisca Muñoz”

Por otro lado, los investigadores deslizan en su informe que Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, pudo ser contratada por una empresa vinculada con Antxon Alonso un día después de la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024 para que “bajo la apariencia de un contrato laboral, hacerle llegar a la mujer de Cerdán una asignación mensual de en torno a 1.300 euros mensuales, ascendiendo a un total de 18.730,15 euros”.

Otro punto en el que se para es en una conversación de Antxon y su esposa en la que le traslada que Cerdán estaría interesado en un piso cuyo valor ascendería a 950.000€ y el cual necesitaría una reforma de alrededor de 350.000 euros. La UCO considera que se produjo una “tentativa de la compra de una vivienda valorada en aproximadamente un millón de euros, ubicada en calle Santa Cruz de Marcenado de Madrid” meses después de haber sido nombrado Cerdán secretario de Organización del PSOE.

La UCO explica que se ha podido evidenciar que Cerdán y su mujer habrían visitado en calidad de posibles compradores el inmueble y que hicieron una oferta a la baja, 900.000 euros. Esa oferta fue rechazada y finalmente tras varias visitas en las que intervino Alonso se fijó el precio de 985.000 euros. Pero finalmente esa compra fracasó por discrepancias con el tiempo de entrega por parte de los vendedores. Los investigadores consideran que ese piso fue“ un intento fallido de que Servinabar realizara para Cerdán la compra de un inmueble en Madrid por importe cercano al millón de euros”. “Pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar”.

La defensa del exministro José Luis Ábalos abona el terreno para un futuro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El abogado Marino Turiel acaba de interponer ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia que le condenó a 24 años de cárcel por el conocido como 'caso Mascarillas'. Sostiene que se le ha negado a Ábalos su derecho al juez predeterminado por la ley porque desde el momento en el que renunció al acta de diputado del Congreso el asunto debía haber recaído en la Audiencia Nacional. El Alto Tribunal consideró que, dado que cuando dejó de ser aforado en enero de 2026 ya existía un auto por el que se acordaba la apertura de juicio oral (11 de diciembre de 2025), debía mantener la competencia la Sala de lo Penal del Supremo.

El incidente, al que ha tenido acceso elDiario.es, resalta que la Sala presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta se escudó en un acuerdo del pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014 para mantener esa competencia sobre el asunto, pero el letrado explica que ese documento “carece de rango normativo y no puede fundar el mantenimiento de la competencia frente a un derecho fundamental” porque no se puede considerar ni siquiera jurisprudencia.

Lamenta, además que se vulnera también su derecho a la segunda instancia, y es que indica que el Convenio Europeo de Derechos Humanos recoge que todo individuo tiene ese derecho a que el fallo condenatorio y la pena sean revisados por un tribunal superior. Algo imposible en su caso habida cuenta que el Alto Tribunal es la máxima instancia judicial ordinaria.

Además, el exministro lamenta que se ha vulnerado también su derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías porque se le denegó el acceso efectivo a la fuente original de prueba: los dispositivos incautados y el clonado de los mismos con su código de verificación. Entiende que ha sufrido en su caso un déficit en el control judicial sobre la cadena de custodia de lo aprehendido y, además se ha vulnerado su derecho a la intimidad.

“En consecuencia, la sentencia fue dictada en un contexto de restricción digital prolongada que no fue debidamente ponderado”, explica haciendo referencia al bloqueo de su propia cuenta de mail. Y añade que “el acceso interesado tenía una finalidad estrictamente defensiva y constitucionalmente relevante: verificar, contrastar o desmentir los datos, metadatos, secuencias e inferencias incorporados a los informes policiales”.

Al hilo, denuncia que datos personales pudieron ser filtrados por la UCO a medios de comunicación que se tradujeron en noticias que atacaban la figura de Ábalos incluso antes de que fuera citado a declarar como investigado ante el Supremo, “alimentando pues la puesta en entredicho de la actuación del señor Ábalos con el fin conseguido de crear un estado de opinión al que, según acreditan las decisiones adoptadas en el proceso, fue sensible el instructor” de la causa, Leopoldo Puente.

“Es inaceptable que la prensa dispusiera de este material que se hurtaba a la propia parte acusada y a su defensa,-hoy se sigue hurtando- lo que desvirtúa que la limitación de acceso respondiera a una imposibilidad atendible o justificable procesalmente y confirma que la defensa hubo de litigar a ciegas frente a un material que ya circulaba en el espacio público”, apuntala.

Por otro lado, y como ya ha reivindicado en infinidad de escritos, denuncia que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia porque la condena se ha sustentado “en la declaración de un coimputado premiado sin corroboración externa suficiente”. Se refiere, claro está, al empresario Víctor de Aldama. Considera la defensa de Ábalos que su testimonio fue suficiente para la condena a pesar de que se asentaba en corroboraciones que eran inferencias del tribunal y en ningún caso hechos acreditados.

“La condena de D. José Luis Ábalos descansa, de modo esencial, en la declaración del coacusado D. Víctor de Aldama, beneficiario del mayor de los tratamientos penológicos favorables”, lamenta, para luego advertir de que “las conformidades materiales -de la Fiscalía con acusados- al margen del régimen tasado desequilibran la igualdad de armas” entre encausados y acusaciones.

A esto suma que era improcedente acusar a Ábalos por el delito de pertenencia a organización criminal dado que “el titular del poder público cuya función se instrumentaliza no es 'integrante' de la trama, sino, a lo sumo, autor de cohecho y prevaricación”. Y destaca que la instrucción se cerró sin incorporar a la causa “informes expresamente aludidos por el instructor y directamente relacionados con las contrataciones excluidas del juicio (Canarias y Baleares), pese a que su contenido resultaba —según esta parte— potencialmente exculpatorio”.

Ineco y Jésica, una pena sin motivar

A esto, suma que en la sentencia que le condena a 24 de prisión no se valoró la prueba de descargo que presentó la defensa en el plenario, y advierte de que el Tribunal Constitucional sanciona con la nulidad aquellas resoluciones que prescinden del análisis de la prueba de descargo“. Añade que se da una desproporción en la aplicación de la pena en función de la gravedad de los delitos por los que se le condena.

“La Sentencia cuya nulidad parcial se interesa condenó a mi representado, -ya lo hemos referido- entre otros pronunciamientos, por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de patrimonio público, imponiéndole una pena privativa de libertad cuya suma asciende a [24 años y 3 meses con un máximo de cumplimiento efectivo de 16 años y 6 meses”, explica, para añadir que “la motivación no puede ser genérica ni estereotipada, sino que debe exteriorizar las razones concretas por las que se fija cada pena en la extensión elegida”.

Resalta que las penas vinculadas a las contrataciones en INECO y TRAGSATEC de Jésica Rodríguez, su expareja, son desproporcionadas por el “reducido desvalor material” ya que se le enchufó en un puesto administrativo con retribución modesta. No entiende por qué se le fija la pena en ese caso concreto “en su grado mayor”.

Era 19 de enero de 2021. Koldo García acababa de comer cuando recibió un 'wasap' del constructor José Ruz, propietario de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). “¿Has hablado con la jefa?”, le preguntaba. A los cuatro minutos, el asesor del Ministerio de Transportes, la 'mano derecha' de uno de los ministros con más poder en el Ejecutivo de Pedro Sánchez le respondía. “Sí, me prometió que lo tienes lo de Elche”. Esa “jefa” era la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

La conversación, que viene recogida en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) y que se alargó por días, iba sobre un asunto muy concreto. Pepe Ruz presionaba para que Adif se hiciera cargo del sobrecoste de una obra que había realizado su constructora en Elche. Había ido en UTE con Construcciones Vilor y se había encargado de levantar la estación de AVE en esa localidad alicantina.

La UCO dijo en ese informe, que se conoció en junio de 2025, que la estación comenzó a funcionar en febrero de 2021 y que desconoce “la naturaleza o el objeto de la reclamación” del constructor. Pero añadía que esa conversación y otras que recoge el atestado muestran a las claras que Koldo García “departía directamente con la presidenta de Adif” para que esta diera adjudicaciones o agilizara reclamaciones como la de Elche.

Por lo que decía Koldo García, esa reclamación en beneficio de LIC era pan comido, porque Pardo de Vera le había “prometido” que así sería. Pero, a juzgar por una reciente sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, la realidad no era tal y como se la pintaba el asesor ministerial al constructor. Pardo de Vera no se hizo cargo de ese montante que ascendía a más de 1,55 millones de euros y resolvió desestimar la reclamación. Es más, encargó a los servicios jurídicos de Adif que defendieran esa postura ante los tribunales. La magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Míriam Bris, en abril de este año acordó desestimar el recurso que presentó LIC por esos sobrecostes. A pesar de lo que recoge la UCO en el atestado, no parece que Pardo de Vera remara a favor de los intereses de la presunta organización criminal que se investiga o, al menos, no en este caso concreto.

La sentencia recoge, de hecho, el argumento de la Abogacía del Estado, que defendía los intereses de Adif: “Ninguna de las reclamaciones de la UTE puede prosperar porque el contrato se ejecutó bajo el principio de riesgo y ventura, y la actora no ha acreditado que los supuestos daños deriven de una actuación imputable a Adif, sino de incidencias propias de la ejecución ordinaria del contrato”.

Además, el ente público alegaba que la certificación final de obra “fue aprobada mediante resolución firme no impugnada”, por lo que la UTE no podía “reabrir su contenido ni cuestionar mediciones que debió discutir en su momento”.

La magistrada, en su resolución realiza una lectura de la situación que deja en muy mal lugar a la constructora de Ruz: “Ninguna de las pretensiones ejercitadas puede prosperar. (…) Las reclamaciones de la actora presentan un carácter heterogéneo y mezclan conceptos contractuales y extracontractuales incompatibles entre sí, lo que impide construir una base jurídica coherente para su estimación”.

Dice más: “Esta confusión se traslada y se refleja igualmente en la prueba. La UTE no ha acreditado que los sobrecostes, retrasos o trabajos extraordinarios tengan su origen en una actuación imputable a Adif, ni ha aportado prueba técnica que permita establecer el nexo causal exigido por la jurisprudencia”.

Extremo este que desde el entorno de Pardo de Vera siempre han negado, explicando que en los contratos públicos del administrador de infraestructuras ferroviarias intervienen un gran número de funcionarios, lo que dificulta poder elegir a dedo constructoras.

El caso es que esos esfuerzos del constructor para que Adif se hiciera cargo de los sobrecostes de Elche le venía preocupando desde finales de 2020 a juzgar por otras conversaciones de Ruz con Koldo. Y Koldo transmitía esa preocupación a Pardo de Vera.

“Va a cantar”

A pesar de que en este asunto Koldo García no parece que logró torcer la voluntad de Pardo de Vera, la UCO en su informe añadía otras conversaciones donde sí infieren que entre ambos había complicidad. La expresidenta de Adif consta como investigada en la causa de la Audiencia Nacional en la que el juez Ismael Moreno investiga también al ex número tres del PSOE Santos Cerdán, al empresario Víctor de Aldama, a Koldo García, al exministro José Luis Ábalos y al exdirector de Carreteras Javier Herrero, entre otros, por esos presuntos amaños en obra pública a cambio de mordidas. Las constructoras que están en el punto de mira de la UCO son Acciona, LIC y Obras Públicas y Regadíos (OPR).

Quizá la conversación más comprometida de Pardo de Vera en esta causa es una que grabó de forma subrepticia el propio Koldo García. Era 18 de noviembre de 2020 y el asesor le solicitó a la presidenta de Adif que llevara a cabo una adjudicación discrecional de una obra en Asturias en favor de LIC.

Si se analiza la transcripción de ese audio, al que ha tenido acceso este diario, se observa cómo Koldo le explica que “Levantina ya ha estado trabajando” con Adif en algunas cosas y le solicita que “por favor” entren en una obra relativa a mantenimiento. Pardo de Vera le explica entonces que esa constructora “no pinta nada en mantenimiento”.

Acto seguido, García le pregunta si tiene alguna licitación ahora, y la expresidenta de Adif le indica que hay una “muy interesante que son 60 millones”. Pero Koldo García quiere que se les dé alguna obra de emergencia. “Y una posible obra de emergencia en cualquier sitio de abajo”, inquiere, ante lo que Pardo de Vera le recuerda que ya les han dado una de 700.000 euros. “Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo (sic)”, indica la expresidenta.

Koldo, antes de finalizar la conversación le explica que LIC podría estar a punto de tener un problema y por eso necesitaba que hicieran “algo durante este mes (ininteligible) para hablar del finiquito”. Ante esa insistencia, el asunto acaba con una frase de Pardo de Vera: “Bueno, pues déjamelo mirarlo (sic)”.

La UCO explica en su informe que poco tiempo después, el 17 de diciembre de 2020, apenas un mes después de la conversación mantenida entre Koldo e Isabel Pardo de Vera, Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia por importe de 592.000 euros.

Otro de los episodios que afecta directamente a Pardo de Vera y que viene recogido en el informe de la UCO ocurrió en enero de 2019 cuando Koldo García envió a la entonces presidenta de Adif un documento en el que aparecía un listado de adjudicatarias con dos subrayados -uno más intenso y otro más tenue-. El asesor le escribió que estaba descontento por la empresa que había obtenido la mayor puntuación y le indicó: “Nos a (sic) jodido un poco”. Pardo de Vera le preguntó entonces por el “fosforito” (una UTE en la que participaba OPR), y el asesor de Ábalos le dijo que era “por disimulo”. La UCO infiere que esa licitación debía haber sido adjudicada a Acciona, y como no fue así, el asunto “habría generado descontento”.

Por otro lado, en una conversación grabada entre Santos Cerdán y Koldo García de 22 de abril de 2019 el segundo le dijo al exdirigente socialista que tenían un problema porque Pedro Saura quería cesar a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero. Para él eran piezas clave en los amaños que se perpetraban. Pero la relación con Pardo de Vera se enturbió con el tiempo. Con la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio, el que fuera asesor del ministro se quejaba amargamente a Santos Cerdán de la actitud de la expresidenta de Adif: “No tiene perdón de Dios, tío”.

La UCO explica que Koldo “terminó enfrentado con ella”. “El motivo de este desencuentro habría radicado en que esta no habría accedido a ayudar a la empresa que Ábalos le había indicado sino todo lo contrario, bloqueándola de las adjudicaciones públicas”, indica la Guardia Civil.

Era 21 de noviembre de 2024. El empresario Víctor de Aldama acababa de 'tirar de la manta' y había implicado en el cobro de mordidas en el caso Mascarillas tanto al exministro José Luis Ábalos como a su asesor ministerial Koldo García. Los pormenores de la declaración cundieron por el 'zulo' —así se suele llamar de manera coloquial a la sala de prensa en la que trabajan una veintena de periodistas en la Audiencia Nacional—. Y con esos detalles, se hizo una primera llamada a una de las fuentes del caso. Lo que dijo entonces ya era revelador: “Siempre supe que Aldama era el eslabón más débil”.

Dos años después, el tiempo y una sentencia puede que hayan echado por tierra esa reflexión. Quizá no era el más débil y sí el más avispado: tras su declaración fue puesto en libertad —había sido detenido por otra causa, un fraude millonario al IVA en el sector de los hidrocarburos— y hoy, a juzgar por algunos programas televisivos a los que acude, es presentado casi como un prócer de la nación, el 'campeón' contra la corrupción.

Si uno se da una vuelta por su cuenta de Instagram pareciera que a Aldama le quiere hasta el papa León XIV. Durante la visita del pontífice a España, el empresario colgó una foto de un rosario que había sido bendecido por Prevost. “Un regalo muy especial recibido de manos del Santo Padre”, colgó en el post. Su figura ha cogido tal vuelo que le paran para hacerse 'selfies' por la calle, le escoltan los 'chicos' de Dani Desokupa y hasta le aclaman en manifestaciones como la del pasado 23 de mayo, apoyada por el PP y Vox contra “el Gobierno corrupto”. Allí, ya con el juicio finalizado y pendiente de sentencia, clamaba ante un reportero: “El pueblo es el que gana al final”. Buena parte de la sociedad ya ha encontrado a su vellocino de oro. Pero, ¿quién es realmente Víctor de Aldama?

Los inicios en la informática

Personas de su entorno, consultadas por elDiario.es, indican que el empresario, que se crio en Móstoles —es hijo de un peluquero de caballeros con un toque especial— arrancó haciendo sus pinitos en la informática. Pronto cayó en que con el ladrillo podía ganarse la vida bien y se enganchó a un buen 'mentor' que le llevó de la mano. “No tiene estudios universitarios o, para decirlo de otro modo, tiene la misma carrera que Begoña Gómez”, dicen quienes le conocen desde hace décadas. Consideran que tampoco era el más avezado del mundillo inmobiliario y argumentan que de 20 negocios le salía uno. Eso sí, “siempre se supo subir al carro”.

Para algunos de los consultados, el empresario se tiene en una alta estima, suele priorizarse sobre los demás y siempre le ha gustado vivir rodeado de lujos. Otros, más cercanos, le califican como “un padrazo” al que le pierden los coches y el deporte —llegó a ser presidente del Zamora CF—. Es visceral, apuntan, pero “una persona normal e íntegra”. ¿Que fuera calificado por la UCO como el nexo corruptor de la organización criminal por la que ha sido condenado a más de cuatro años de cárcel? “Nada más alejado de la realidad”, dicen, argumentando que cuando conoció a Koldo y a Ábalos ya era rico. Le buscaron ellos a él, explican, por su capacidad de contacto. También destacan que Aldama “se batió el cobre” durante años en América Latina afrontando proyectos de envergadura en países como México y Colombia. Ahí se hizo con una buena agenda de políticos relacionados con el ladrillo.

Ahora, con una sentencia a sus espaldas, no ha tenido que entrar en prisión. Todo gracias a que los magistrados del Tribunal Supremo premiaron de forma ejemplarizante su colaboración con la justicia —le libraron incluso de pagar una multa de 3,7 millones al absolverle del delito de uso de información privilegiada—. Quienes vivieron el momento en el que se le comunicó la decisión en el Alto Tribunal explican que hubo lágrimas y abrazos. El ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, había logrado tejer una unanimidad que ponía el foco en una corrupción sistémica con la que había que acabar. El tanto se lo apuntó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, padre de esa idea.

“Un compromiso moral”

Aldama y sus allegados salieron del trago pensando que le había echado “muchos cojones”, que “se había plantado ante el sistema y había salido vivo”. Y por eso, ahora entiende que ha adquirido “un compromiso moral” con la eliminación de la corrupción en el país. Sí, todo un corruptor 'pasándose el juego' en poco más de un año y gracias a una instrucción en el Supremo que tenía tintes de 'blitzkrieg' por aquello de la velocidad, la sorpresa y la fuerza masiva. “Le ha cogido el gusto a eso de ser conciencia, es el nuevo Pepito Grillo”, dicen.

En la faceta empresarial, a juzgar por lo que dicen hombres de negocios prestigiados consultados por este periódico, tampoco le pasan factura ni la condena ni las causas en las que continúa siendo investigado. Que se haya aprovechado de una pandemia mundial para poner el cazo (6,6 millones en comisiones) y hacerse con adjudicaciones públicas gracias al pago de mordidas mensuales que rondaban los 10.000 euros no es óbice para que tenga tirón entre el empresariado español.

“Tiene un grandísimo mérito, es una persona que se ha equivocado en su vida pero se ha arrepentido”, indican para añadir que, ante amenazas de muerte —se ha hablado de tres tiros en su coche blindado y de una extraña visita en la cárcel— ha sido “valiente”. “Todo el mundo se puede equivocar, me da más asco ZP haciendo campaña en Andalucía, ese sí es un delincuente”, indica el empresario, vinculado antaño con el partido Ciudadanos, para luego añadir que “si arrepentirse no sirviera de nada, San Pablo nunca habría llegado a santo”.

Otro de los cercanos a Aldama va más allá en eso de los negocios y habla de que ya hay importantes directivos del Real Madrid que le tienen en “gran estima” y que están a la expectativa de entablar negocios con él. “Tiene muy buenos quereres, una gran respuesta social, se hizo 70 fotos en Jerez en la feria”.

Aldama ha sabido construir su personaje desde que en 2024 quedara en libertad provisional: cercanía con determinados medios y pseudomedios y pastelitos para los periodistas a la entrada del juicio. La baza en su travesía por los juzgados era ganarse, por un lado, a la Fiscalía —su abogado ayudó mucho con eso— y, por otro, a esa parte de la sociedad que no comulga con el presidente del Gobierno y que, a ojos de determinados políticos, se cuentan por votos. Por eso, utiliza el enfrentamiento directo en redes con políticos socialistas de la talla del ministro Óscar Puente.

La rueda sigue. Dado que está siendo investigado en más casos, debe alimentar su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. “¿Qué tienes contra Sánchez?”, le preguntó el periodista Antonio Naranjo en su programa de Telemadrid hace escasos días. Aldama, contemporizando, le indicó que a eso no le podía contestar, pero pronto se sabría. A Iker Jiménez, presentador de Horizonte, en Cuatro, le echó un caramelo mejor que el que le soltó a Naranjo: “Ahora tras la sentencia, me da pie a contar más. Lo que he entregado es un aperitivo. Tengo mucho, contundente e importante”. Aldama, el antisistema, aspira a hacer caer un Gobierno y, por eso, a juzgar por estas declaraciones, sostiene una estrategia de colaboración a cuentagotas con la justicia.

Por delante, le queda afrontar la causa de los amaños de obra pública y la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos. Pero la sentencia del Supremo ya apuntaba a que su colaboración con la justicia había propiciado y favorecido el esclarecimiento de más procedimientos en curso, por lo que está por ver si sigue teniendo 'crédito' positivo en Fiscalía de cara a eventuales nuevas condenas.

Las causas pendientes

En el asunto de la obra pública, su aportación ayudó en mayor o menor medida a que el juez del Supremo Leopoldo Puente arrancara con unas pesquisas que resultaron en la imputación no solo de Ábalos y Koldo García sino también de quien era el número tres del PSOE Santos Cerdán. El político navarro acabó entrando en prisión provisional unos meses dado su papel protagónico en la trama que buscaba hacerse con mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aldama entregó una nota en la que aparecían comentarios escritos por Koldo García y que tenían relación con determinadas adjudicaciones. Esa causa reside ahora en la Audiencia Nacional dado que Ábalos dejó de ser aforado.

Aldama también consta en el juzgado de Santiago Pedraz como uno de los cabecillas, junto a su socio Claudio Rivas, de una trama que buscaba defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos. Según describen los atestados de la UCO consultados por este diario, la operativa de esta trama era tan sencilla como efectiva. Lograron una licencia de operadora mayorista para la mercantil Villafuel y con ella adquirieron a otros operadores como Exolum distintos productos petrolíferos para, ficticiamente, simular su transmisión a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas que actuaban bajo el control de la organización criminal y servían para ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales.

El impuesto del IVA, que debían asumir esas interpuestas, nunca era abonado al Estado y así consiguieron defraudar una cuota de 182,5 millones de euros desde septiembre de 2022. Esas mismas empresas interpuestas habrían sido usadas como “canales de blanqueo” para mover lo defraudado a terceros países “para alejarlo, ocultarlo y dificultar su trazabilidad”.

Además, según un informe reciente de la Agencia Tributaria presentado en la rama del caso de las Mascarillas que reside en la Audiencia Nacional, Aldama habría defraudado a Hacienda una cuota de 2,4 millones de euros. La cuota exigible al conseguidor es, en realidad, de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. La cantidad sobrepasa ampliamente la frontera que separa la falta administrativa del delito penal, por lo que indefectiblemente el empresario se enfrentará a un delito contra la Hacienda Pública.

Aldama sube un 'tiktok' bailando en la feria, se sienta en su casa a hacer directos para sus fans, se emociona, llora ante su público. Muchas de sus aseveraciones contra Pedro Sánchez o contra ministros como Ángel Víctor Torres nunca han sido probadas y han sido calificadas como simples bulos. Durante los 14 días de juicio llevó prendida de la solapa de su americana una cruz. Su amiga, una anticuaria, se la prestó para que le protegiera en su periplo judicial. Y, a juzgar por el resultado, de momento el amuleto 'le ha servido'. Está por ver si esa cruz tiene tirón también en el resto de causas a las que se enfrenta. Solo le falta un 'reality'.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha imputado a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y a Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, y les ha citado a declarar como investigados el próximo 20 de julio por la contratación de Jésica Rodríguez en empresas públicas.

Así lo ha acordado el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que imputa a Rodríguez, García y al excargo de Adif Ignacio Zaldívar, tal y como había solicitado la Fiscalía. En concreto, la citación de Rodríguez y Zaldívar es por la contratación en Ineco (1 de marzo de 2019 a 28 de febrero de 2021) y Tragsatec (2 de marzo de 2021 al 1 de septiembre de 2021), mientras que la de Joseba solo por la de Ineco.

Jésica Rodríguez, quien era la pareja de José Luis Ábalos, reconoció durante el juicio del caso mascarillas que estuvo contratada durante dos años y medio sin realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, relató.

La sentencia del Supremo dio por probado que Koldo García propició que fuera asignada a ADIF para asistir a su hermano Joseba García que, siendo también trabajador de INECO, prestaba, sin embargo, sus servicios en la Subdirección de Obras de dicha empresa de infraestructuras ferroviarias.

“Jesica Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo García de que si algún empleado o responsable de INECO se interesaba por lo que hacía en ADIF siempre contestara que trabajaba para una tercera persona, Joseba García”, recoge la sentencia. En ese tiempo recibió 34.450 euros de salario en Ineco, aunque no realizó “ninguna activad laboral ni acudió a las oficinas de la entidad”.

Ante el final de su contrato, Ábalos y Koldo García se pusieron en contacto con Isabel Pardo de Vera, quien “atendiendo a las indicaciones recibidas del ministro, encomendó directamente al director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar de la Rica, que hiciera lo posible para que procurara dicha contratación”. El 2 de marzo de 2021, casi sin solución de continuidad, empezaba a trabajar en la empresa pública Tragsatec.

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas es el próximo en el escalafón para ascender a coronel, lo que llevará aparejado que deje el cargo de jefe de departamento que ostenta en la actualidad en la Unidad Central Operativa (UCO) y obtenga un destino acorde a su nueva graduación, según establece el Reglamento.

La directora del instituto armado acaba de firmar el ascenso de los cinco primeros clasificados porque otras tantas plazas de coronel han quedado libres por jubilación, lo que significa que la próxima retirada en activo de un agente de esta graduación supondrá el ascenso inmediato de Balas, informan a elDiario.es fuentes de la Guardia Civil. El ascenso, según el ritmo de ascensos, podría no demorarse más allá del presente verano.

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La firma de los cinco ascensos que precederán a Balas tendrán efecto este 1 de julio aunque no serán publicados en el Boletín del Ministerio de Defensa hasta dentro de varias semanas. Balas estaba baremado en noveno lugar, pero la parte más subjetiva de la evaluación le ha hecho avanzar tres plazas, hasta la sexta, explican las fuentes consultadas.

El Reglamento de Destinos de Personal de la Guardia Civil establece que cada puesto tiene asignadas determinadas escalas, categorías o empleos. El anterior jefe de UCO, por ejemplo, el coronel Rafael Yuste ascendió a general el pasado diciembre y se vio obligado a dejar el mando de la unidad especializada.

La UCO volverá a ser objeto de atención en los próximos meses. Balas ha impulsado en persona la causa contra el grupo de Leire Díez y, en concreto, la vertiente de la investigación acerca del ataque de la exmilitante del PSOE y sus colaboradores contra él mismo y la UCO, por considerar que la unidad mantenía una estrategia para erosionar al Gobierno. Está previsto que a principios de otoño trascienda el contenido de la pieza separada y secreta sobre los pagos de gastos en el PSOE, con el correspondiente atestado de la UCO.

Empecemos por donde hay que empezar, es decir, por la Constitución, en cuyo artículo 71.3 el constituyente dice lo siguiente: “En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Con esta decisión, el constituyente está excepcionando el ejercicio de dos derechos fundamentales: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en el proceso penal. 

El Diputado o Senador, por el mero hecho de serlo, se ve privado del ejercicio de esos dos derechos. La Sala Segunda del Tribunal Supremo se convierte en el juez de primera y única instancia de su conducta. 

Obviamente, el Diputado o Senador que no quiera verse privado de dichos derechos puede recuperarlos de manera inmediata renunciando a su escaño en el Congreso o en el Senado. Es así de fácil. 

Hasta aquí no hay jurídicamente más problema que el no ejercicio del derecho a la segunda instancia, que figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sellado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, que no contempla ninguna excepción para su ejercicio. En virtud del mandato interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución, España debería haber previsto alguna forma de darle cumplimiento y no lo ha hecho. Tal circunstancia no es considerada, sin embargo, como justificadora de una declaración de nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en única instancia contra un aforado.

El problema de la potencial nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo por vulneración de derechos fundamentales se presenta cuando concurre la circunstancia de la pérdida de la condición de aforado como consecuencia de la renuncia del imputado antes de que se haya dictado sentencia. No solamente antes de que se haya iniciado el juicio oral, sino incluso habiéndose iniciado éste. 

El aforamiento de diputados y senadores es una norma excepcional. Tan excepcional que excepciona la vigencia de dos derechos fundamentales de importancia tan capital como el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que es la clave de bóveda de todo el sistema de administración de justicia, y el derecho a la segunda instancia. 

Como norma excepcional que es, no admite interpretación expansiva de ningún tipo. En el momento en que el aforado deja de serlo, el Tribunal Supremo tiene que inhibirse. El asunto pasará al órgano judicial predeterminado por la ley al que corresponda. 

Tal como está redactada la Constitución, no cabe prolongación temporal alguna en la excepción de la vigencia de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley y a la segunda instancia. Únicamente el constituyente, mediante la reforma de la Constitución -que, en este caso, al verse afectados derechos fundamentales, tendría que ser la revisión prevista en el artículo 168 y no la reforma prevista en el artículo 167 de la Carta-, podría prolongar temporalmente la excepción de la vigencia de tales derechos fundamentales. 

En mi opinión, ni siquiera el legislador orgánico, es decir, el legislador de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podría extender temporalmente la suspensión de la vigencia de los dos derechos fundamentales reiteradamente mencionados. Ni siquiera mediante la reforma de tales leyes podría hacerse. Aunque, admito, que tal vez esto último podría ser sometido a discusión. En todo caso, el legislador no lo ha hecho. 

No hay en el ordenamiento jurídico español ni en el ordenamiento internacional relativo a los derechos fundamentales ninguna norma que, ni remotamente, contemple la posibilidad de prolongar temporalmente la suspensión de la vigencia de derechos fundamentales en general y de dos derechos fundamentales tan centrales en el proceso penal en particular.  

En consecuencia, la prolongación temporal de la suspensión de los dos derechos fundamentales reiteradamente mencionados a José Luis Ábalos y a Koldo García, después de que el 28 de enero de 2026 el primero hubiera hecho entrega de su acta de diputado y dejara de estar aforado, carece de cobertura jurídica alguna. 

La Sala Segunda no identifica una sola norma -ni del derecho internacional de derechos fundamentales, ni del derecho europeo, ni del derecho constitucional, ni del legislador orgánico al que está reservado el desarrollo de los derechos fundamentales- con base en la cual fundamentar esa prolongación temporal de la suspensión del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y del derecho a la doble instancia. No hay fundamentación jurídica alguna con base en la cual retener la competencia para entender de la conducta de José Luis Ábalos y Koldo García.

La Sala recurre (reparen en el disparate) a un “Acuerdo” de un Pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014 de la propia Sala Segunda. El “Acuerdo” dice lo siguiente:

“Único Asunto: Efectos de la pérdida de la condición de aforado como consecuencia de la renuncia del imputado.

ACUERDO. En los casos con aforados, la resolución judicial que acuerde la apertura de juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado“.

Como el juez instructor, Leopoldo Puente, dictó el 25 de diciembre de 2025 el auto de apertura del juicio oral, el Tribunal entendió que tenía desde ese momento “definitivamente fijada su competencia” y convocó una “vista de cuestiones previas” para el 12 de febrero de 2026.

La pregunta se impone por sí misma: ¿desde cuándo se puede prolongar temporalmente la suspensión de derechos fundamentales con una “Acuerdo” de un “Pleno no jurisdiccional de una Sala del Tribunal Supremo”? ¿Puede la Sala explicar qué lugar ocupa un Pleno no jurisdiccional de una Sala del Tribunal Supremo en nuestro sistema de fuentes del derecho como para que pueda tomar una decisión con este alcance? ¿Es posible que unos magistrados del Tribunal supremo desconozcan lo que he ido explicando a lo largo del artículo?

La presencia de Koldo García subraya todavía más la imposibilidad de que la Sala Segunda pudiera retener la competencia. José Luis Ábalos ha estado aforado hasta el 28 de enero de 2026, pero Koldo García no lo ha estado nunca. Se ha visto privado del ejercicio de derechos fundamentales por la vis expansiva procesal del aforamiento de Ábalos. Pero esa privación de derechos fundamentales no puede ir ni un segundo más allá del momento en que Ábalos pierde el aforamiento. Si la situación procesal de Koldo García está subordinada a la de Ábalos en la fase que conduce desde el comienzo de la instrucción hasta el momento en que el exministro deja el escaño, desde el momento en que Ábalos deja de estar aforado ocurre lo contrario: es la posición procesal de Koldo García la que ocupa la posición dominante y arrastra la del exdiputado. 

Frente a Koldo García la Sala Segunda no puede hacer valer el tiempo de aforamiento de José Luis Ábalos. Ya lo ha pagado con la privación de sus derechos fundamentales. Dicha privación no puede prolongarse ni un segundo más. 

Como puede verse, la sentencia dictada por la Sala Segunda en el mal llamado “caso mascarillas”, por la que se ha condenado a José Luis Ábalos y Koldo García, se ha producido con vulneración manifiesta de derechos fundamentales y es, en consecuencia, nula de pleno derecho. Mejor dicho: no puede no ser nula de pleno derecho.

La Sala tendrá la posibilidad de corregir su error en la respuesta al incidente de nulidad de actuaciones. Esperemos que así sea.

Carmen Pano, la empresaria que defiende haber entregado dinero en efectivo en la sede del PSOE en hasta dos ocasiones (90.000 euros en total), ha señalado este lunes en su declaración testifical ante el juez que investiga el caso Leire que la abogada Leticia de la Hoz le ofreció pagarle la boda de su hija Leonor (25.000 euros), un alquiler a lo largo de 5 o 7 años a razón de 2.500 o 2.700 euros al mes, y comprarle un coche a su amigo (que le hacía las veces de chófer) Álvaro Gallego por 15.000 euros: un total de 250.000 euros. Ha sostenido que le dijeron que venían en nombre del “partido” (PSOE, ha entendido ella) y que el ofrecimiento era a cambio de que no ratificara en sede judicial esas entregas de dinero en Ferraz.

Fuentes jurídicas presentes tanto en su declaración como en la de Álvaro Gallego, han explicado que Pano ha confirmado tres o cuatro reuniones con De la Hoz y una segunda persona de su bufete, y que no solo estuvo sobre la mesa retractarse de la entrega de dinero en Ferraz sino también sostener que no se premió desde una empresa de hidrocarburos al exministro José Luis Ábalos con un chalé en Cádiz -La Alcaidesa-. Gallego, en un momento de su comparecencia habría confesado que si Leticia de la Hoz y los que le ofrecieron el dinero hubiesen sido más ágiles quizá habrían aceptado el soborno. Aunque acto seguido, ha explicado, se habrían arrepentido al desconocer la procedencia del dinero.

Otras fuentes han añadido que, durante el interrogatorio, la defensa de De la Hoz ha preguntado sobre una presunta amenaza de Pano a su cliente el pasado 29 de mayo de 2026. Le habría dicho que implicaría en una causa de fraude del IVA en hidrocarburos a empresarios que lleva como abogada si De la Hoz no confirmaba que había intentado comprarla. Fuentes del entorno de Pano, consultados tras la declaración por elDiario.es, indican que esa conversación ed mayo existió pero que no se mantuvo en ningún momento en términos de amenaza.

El auto del juez Santiago Pedraz que daba impulso a la causa, recogía que la trama investigada centró también sus actuaciones sobre la empresaria “a la que habrían llegado a ofrecer cantidades monetarias con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical” a principios de 2025. Indicaba que el abogado Ismael Oliver y la exmilitante socialista Leire Díez vieron la necesidad de negociar con Pano para comprarla y que no insistiera en esas entregas de dinero:“Esta se vende. Debemos saber comprar”. La responsabilidad de esa “negociación” recayó en la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, investigada en la causa.

La abogada Leticia de la Hoz se dirigió a la UCO tras conocerse el auto del juez para negar las acusaciones de la empresaria, y sostuvo que nunca ofreció un soborno a Carmen Pano para comprar su silencio y evitar que declarase haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE. La letrada afirmó que fue al revés, y que fue Pano la que le pidió 10.000 euros como comisión en un negocio relacionado con los hidrocarburos.

Cabe recordar, respecto a esas supuestas entregas de dinero en Ferraz, que se investigan en una pieza secreta del Juzgado Central de Instrucción número 2 en la que se indaga sobre posibles irregularidades en los pagos de gastos de la formación socialista. Sobre esos hechos concretos el empresario Víctor de Aldama declaró en instrucción ante el magistrado del caso Koldo que nunca pidió a Pano entregar en su nombre esas cantidades en la sede del PSOE.

Este lunes también ha declarado como testigo, y por videoconferencia, la joven que mantuvo un procedimiento judicial abierto contra el fiscal anticorrupción José Grinda. A ella también intentó acercarse la presunta trama coordinada por Leire Díez y el ex número tres del PSOE Santos Cerdán. El objetivo era tenerla atada y ayudarla para ir cotra Grinda. La joven, ha confrmado que estuvo en Ferraz en octubre de 2024 y que, sin especificar en qué momento concreto, se le ofreció ayuda para estabilizar un puesto de trabajo que tenía en Jaén.

La contratación pública de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario cuando los controles habían saltado por los aires. El decreto que impuso el Estado de Alarma en el país permitió comprar de emergencia a cualquiera y sin concurso cuando fallecían cientos de personas al día. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector. Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios, algunos ni eso, se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

La Fiscalía Anticorrupción alertó por escrito sobre este 'antisistema', perfecto para alimentar la corrupción: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

La pandemia dejó en España cientos de casos de empresarios o comisionistas que lograron, por la emergencia, un enriquecimiento obsceno pero legal. Como Víctor de Aldama, el nexo corruptor del Ministerio de Transportes que tras sobornar con dinero y regalos al ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García, logró el primer gran negocio millonario de su vida con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.  

Soluciones de Gestión fue la empresa recomendada por Aldama, que para entonces ya pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro Ábalos. Logró vender 20 millones de mascarillas por más de 50 millones de euros al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares. De ese dinero público, 15 millones de euros se quedaron en los bolsillos del dueño de Soluciones de Gestión (nueve millones) y de Víctor de Aldama (seis).

Antes del juicio en el Supremo del caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción avisó de que no había nada anómalo en ese procedimiento: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Durante el juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió que Aldama devolviera al menos los 3,7 millones de euros que había ganado por el material vendido al Ministerio de Transportes previo soborno a sus dirigentes. “Por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de un año”, escribió.

Los siete magistrados del Supremo que juzgaron el caso decidieron por unanimidad que Aldama no cumpliera los 4,5 años de cárcel de la condena y, además, le perdonaron la multa de los 3,7 millones de euros ganados. La sentencia considera poco relevante la información privilegiada con la que Aldama hizo negocio en el Ministerio donde tenía comprado a su principal responsable. “La relevancia de la información sobre la futura licitación, además de ser de muy escasa entidad dada la situación de la pandemia, el Estado de Alarma y normativa circundante, sucede que resultaba accesoria para la obtención del beneficio económico, que, como finalidad, establece el artículo 442 del Código Penal; pues la existencia de otros licitadores, como hemos descrito, en virtud de las influencias descritas, no eran ponderadas”, señala la sentencia.

Los magistrados creen y así lo defienden en el fallo que “no ha mediado prueba sobre que el suministro de mascarillas se haya pactado en condiciones perjudiciales para la Administración, ni que el precio fuera excesivo”. El empresario corrupto Víctor de Aldama vendió las mascarillas a 2,5 euros por unidad, lo que según el Supremo es prueba de que no se puso un precio excesivo y el suministro no se pactó en condiciones perjudiciales para la Administración.

El hermano de Isabel Díaz Ayuso, de nombre Tomás, se alió con un amigo de su pueblo que tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, para suministrar a la Comunidad de Madrid hasta 250.000 mascarillas a seis euros la unidad, casi el triple que los precios ofrecidos por Aldama. El material era muy parecido, comprado en China a dos euros en las mismas primeras semanas de la pandemia en España.

La importancia que los magistrados del Supremo dieron al precio fijado por Aldama fue, sin embargo, irrelevante para la Fiscalía Anticorrupción cuando decidió archivar la investigación al hermano de Díaz Ayuso porque, según dijo un alto cargo de esa institución, “la avaricia no es delito”. Aquel expediente se cerró con una excusa administrativa: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

Los correos electrónicos de la oferta de Tomás Díaz Ayuso iban a nombre del dueño de la empresa de ropa infantil, Priviet, y, por tanto, los funcionarios de la Comunidad de Madrid no podían saber que detrás de esa propuesta estaba el hermano de la presidenta, argumentaron los fiscales.

El Supremo destacó en su sentencia que 2,5 euros por unidad era un precio que se situaba por debajo de la media del precio medio pagado en España en marzo de 2020 (3,38 euros) y en abril (3,65 euros). De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro. 

El delito fiscal después del beneficio empresarial

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas durante la emergencia intentaron después engañar a Hacienda para que su beneficio fuera aún mayor. Es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento (seis euros por mascarilla).

La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

Algo parecido le ocurrió al novio de Isabel Díaz Ayuso, comisionista en una compraventa de mascarillas entre dos empresas privadas. Ganó dos millones de euros (el 4,5% de la operación) pero engañó a Hacienda con facturas falsas para ahorrarse el pago de 155.000 euros en impuestos, según determinó la Agencia Tributaria. Ahora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales.

La conjunción de poder político, dinero y captura de los controles produce monstruos. La corrupción rara vez es el resultado de la actuación aislada de una persona. Los grandes casos de corrupción pública muestran la existencia de una estructura relacional en la que convergen diversos actores y factores que permiten transformar una decisión ilegítima o arbitraria en una actuación aparentemente legal. Para comprender mejor este fenómeno resulta útil representarlo como una pirámide, en cuya cúspide se sitúan los actores que intervienen directamente en la operación corrupta mientras que la base estaría formada por las condiciones y culturas institucionales que hacen posible su desarrollo y permanencia.

La parte visible de la corrupción estaría, pues, formada por tres vértices. El primero lo constituye el político corrupto, quien dispone de la capacidad de decisión pública. Puede adjudicar contratos, otorgar subvenciones, conceder licencias, impulsar modificaciones urbanísticas o influir en nombramientos. Su aportación al sistema corrupto es el ejercicio desviado y torticero del poder que le ha sido confiado.

El segundo vértice es el corruptor, normalmente una empresa o grupo económico que persigue obtener ventajas ilegítimas respecto de sus competidores burlando las leyes del mercado que obligan a la concurrencia pública. Aporta los recursos económicos necesarios para alimentar la relación corrupta mediante sobornos, comisiones, financiación irregular al partido del político decisor, favores futuros como las puertas giratorias, o beneficios indirectos. En ocasiones intervienen intermediarios, comisionistas conocedores de las debilidades del político corruptible que se ofrecen a la empresa corruptora a cambio de una parte de los beneficios.

El tercer vértice, frecuentemente olvidado en el debate público y, lo que es más grave, en los procedimientos judiciales cuando se destapan los casos, es el funcionario que gestiona o el técnico responsable de los trámites administrativos que proporcionan apariencia de legalidad a los amaños. Es quien redacta pliegos orientados a adjudicar el contrato al corruptor, emite informes favorables de conveniencia, omite objeciones jurídicas, justifica la fragmentación de contratos o las urgencias propiciadas por ausencia intencionada de planificación, certifica ejecuciones deficientes, sobrecostes inaceptables o niega perjuicios a la administración por enriquecimientos ilícitos. Su intervención resulta decisiva porque convierte una decisión arbitraria y fraudulenta en un procedimiento aparentemente ajustado a Derecho. “No encontrarán nada, el expediente está perfecto” suelen repetir los decisores corruptos cuando se les investiga. Zaplana privatizó fraudulentamente unas ITV con unos pliegos administrativos amañados que recibieron el informe favorable de los servicios jurídicos, juzgado y condenado en primera instancia hace tres años, la sentencia definitiva sigue durmiendo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La interacción de estos tres actores produce una combinación perversa y peligrosa para el buen funcionamiento de las administraciones públicas: poder político, dinero y apariencia de legalidad. Cuando estos elementos convergen sobre una misma decisión pública, la corrupción pierde su condición de conducta individual y se transforma en un fenómeno organizativo, por eso decimos que España sufre de corrupción estructural.

Sin embargo, esta explicación sigue siendo insuficiente. Mi experiencia acumulada y el estudio de centenares de casos demuestra que estos tres actores no podrían actuar de manera sostenida sin una base institucional que lo permitiera. Por ello la imagen del triángulo termina evolucionando hacia la de una pirámide.

La base de esa pirámide está constituida por la debilidad institucional y la mala calidad de nuestra democracia carente de una estrategia estatal de prevención y lucha contra la corrupción e inmersa en una cultura de enriquecimiento desvergonzado donde comisiones millonarias por contratos adjudicados sin concurrencia quedan blanqueadas como negocios lícitos. Recuerden aquella frase de “yo he venido a la política a hacerme rico”. Después de ella hubo premio: mayorías absolutas durante veinte años. Cuando las organizaciones públicas están lideradas por personajes sin escrúpulos que impiden la existencia de sistemas de integridad eficaces y sólidos que las alineen con el interés general, los riesgos de corrupción aumentan exponencialmente. La ausencia de procedimientos claros, la discrecionalidad abusiva, la falta de planificación intencionada y la insuficiente profesionalización de las estructuras administrativas creadas a medida de este tipo de personajes, generan ecosistemas propicios para una cultura del pelotazo que pasa por la captura de los órganos que toman las decisiones públicas y de sus controles.

Un segundo elemento fundamental es la opacidad. Allí donde la información no es accesible, donde los expedientes son difíciles de consultar, donde los grupos de interés se mueven libremente entre bastidores o donde los procesos de tomas de decisión permanecen ocultos, la corrupción encuentra su terreno fértil. La transparencia no elimina por sí sola la corrupción, pero sí la dificulta enormemente.

La tercera pieza de la base es la captura o ausencia de controles efectivos. Los sistemas democráticos descansan sobre una compleja red de controles internos y externos creados precisamente como contrapesos para dificultar los desvíos de poder: intervención, auditorías, tribunales de cuentas, agencias antifraude, fiscalías especializadas, órganos de transparencia, inspecciones y control parlamentario. Cuando estos órganos son debilitados, carecen de medios suficientes o son colonizados políticamente, dejan de actuar como barreras frente a la corrupción y pueden convertirse en simples elementos decorativos del sistema o incluso en colaboradores necesarios.

La sentencia del caso Ábalos de la que tanto se está hablando deja prácticamente intactos dos de los vértices del triángulo. El corruptor, además, se ha quedado impunemente con la mayor parte del botín millonario de sus fechorías y no entrará en la cárcel que es lo que realmente temen estos delincuentes. A los responsables de los controles administrativos que debían haber impedido que sus entidades públicas sufrieran los fraudes, ni se les ha molestado.

A todo ello se suma la falta de rendición de cuentas. La corrupción prospera cuando las decisiones públicas no tienen consecuencias para quienes las adoptan. La inexistencia de responsabilidades políticas, disciplinarias, contables o penales genera un mensaje de impunidad que favorece la repetición de conductas indebidas. Si esa ausencia de consecuencias punitivas procede de los mismos tribunales, la combinación explosiva está servida. El caso Naseiro, que en mi opinión fue la madre de todas las corrupciones, terminó con un archivo por el Tribunal Supremo a principios de los años noventa del siglo pasado al anular la batería de indicios y pruebas acumuladas por el magistrado instructor y que eran mucho más contundentes que las que hoy han llevado al procesamiento del expresidente Rodríguez Zapatero. Deseado o no, aquel mensaje desde tan altas instancias de que unas grandes empresas constructoras pagasen comisiones a un partido político por obras adjudicadas sin consecuencias punitivas, abrió la barra libre donde ha bebido buena parte del sistema político actual, especialmente los dos grandes partidos que se vienen alternado en el poder desde hace cuarenta años y que durante tan largo periodo se han desentendido de las recomendaciones que en materia de prevención y lucha contra la corrupción emitían organismos como la OCDE, GRECO o el mismísimo FMI. En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destapaba que las cinco grandes constructoras (algunas ya estuvieron involucradas en el citado caso Naseiro) se repartían los grandes contratos de obras y servicios. El expediente finalizó con sanciones que sumadas alcanzaban poco más de 200 millones de euros, cantidad irrisoria si se compara con los beneficios millonarios de unos contratos que burlaron los precios de mercado durante un cuarto de siglo. Previamente, en 2013, el Tribunal de Cuentas Europeo emitió un informe en el que, comparando los costes de construcción de 1000 metros cuadrados de autopista en similares condiciones, en España costaba el doble que en Alemania.

La politización de los órganos de control constituye otro factor especialmente relevante. Cuando las instituciones llamadas a supervisar la legalidad dependen de quienes deben ser controlados, se produce un fenómeno de captura institucional que vacía de contenido los mecanismos de control y vigilancia democrática. Numerosos informes de GRECO, de la OCDE y de otros organismos internacionales han insistido en la necesidad de garantizar la independencia real de estos órganos para prevenir la corrupción.

Finalmente, la insuficiente protección de los denunciantes de corrupción constituye una de las mayores debilidades de los sistemas de integridad. En muchos casos, las primeras señales de corrupción son conocidas por empleados públicos o trabajadores que observan cómo se producen las irregularidades desde dentro de la organización. Si estas personas no cuentan con canales seguros y garantías efectivas frente a represalias, la información permanece oculta y la corrupción continúa enraizando sus tentáculos. Nadie se ha preocupado de que España cumpla íntegramente la Directiva (UE) 2019/1937 conocida como “Whistleblowers” promulgada por el parlamento europeo para proteger a las personas que informan o denuncian la corrupción, hasta los sindicatos se han desentendido cuando esta Directiva es un instrumento de protección para los trabajadores contra las represalias que sufren de los corruptos. Siete años después de su promulgación hay territorios que no cuentan con la autoridad territorial de protección impidiendo que la autoridad estatal, ya de por sí con escasos recursos, pueda actuar en esos territorios. Asimismo, se han nombrado autoridades en algún territorio con estrechos vínculos con condenados por corrupción sin que salte ninguna alarma, todo ello muy propio de un ecosistema social enfermo.

La representación piramidal permite comprender que la corrupción no es únicamente un problema moral de individuos concretos. En el fondo es un problema de diseño institucional y de mal gobierno en línea con el análisis clarividente de Daren Acemoglu y James A. Robinson en su ensayo 'Por qué fracasan los países'. Los corruptos aparecen en todas las sociedades, lo que diferencia a unas de otras es la capacidad de sus instituciones para detectarlos, investigarlos, sancionarlos y apartarlos del ámbito público. Por ello, las políticas modernas de integridad pública han desplazado progresivamente el foco desde la mera persecución penal hacia la prevención. El objetivo ya no consiste únicamente en castigar a quienes participan en el triángulo corrupto, sino en reforzar la base institucional para impedir que ese triángulo pueda llegar a formarse.

En última instancia, la mejor política anticorrupción no es la que produce más condenas, o que estas sean muy altas, sino la que consigue que el político corrupto, el empresario corruptor y el funcionario colaborador nunca lleguen a encontrarse bajo el amparo de una estructura institucional débil. Cuando la transparencia funciona, los controles son independientes y cuentan con medios, existe rendición de cuentas, las decisiones políticas se toman desde la integridad y los denunciantes están protegidos, la pirámide se derrumba antes de que la corrupción pueda consolidarse.

El Tribunal Supremo ha convertido a José Luis Ábalos en el ministro con la condena de cárcel más alta de la historia de España. La sentencia dibuja un sistema de corrupción gestionado por Koldo García y alimentado por Víctor de Aldama para beneficiarse del titular de una de las carteras más abultadas y laberínticas del Consejo de Ministros. De pagar un piso para su pareja en pleno centro de Madrid hasta sufragar unas vacaciones, la trama se ajustó a las necesidades del político para usar su nombre como una ganzúa para abrir la puerta de cualquier despacho. Los magistrados hacen en este fallo el alegato contra la corrupción que no hicieron en ninguna de las sentencias del caso Gürtel para sentenciar un entramado que todavía tiene varios juicios por delante.

José Luis Ábalos (Torrent, 1959) se curtió durante 25 años en la política valenciana antes de desembarcar en Madrid como diputado del Congreso en 2009. Con los años se convirtió en uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez dentro del PSOE: cuando se presentó a las primarias de 2014, cuando fue defenestrado y cuando volvió a ganar. El ascenso de Sánchez en el partido y en el Gobierno convirtió a Ábalos en uno de los hombres con más poder de la calle Ferraz y también con más obras públicas a su disposición. Secretario de Organización del PSOE y ministro, primero de Fomento y después de Transportes.

La cartera de Fomento, hoy conocida como Transportes y Movilidad Sostenible, no es la que más dinero maneja en los Presupuestos Generales del Estado, pero sí tiene unas particularidades que convierten ese Ministerio en objeto de deseo para los aspirantes a corruptos y corruptores. Empresas públicas del calibre de Renfe o ADIF, direcciones generales como la de Carreteras y una lista de adjudicaciones de obras públicas por todo el país tan larga como infraestructuras tiene el Estado. Un potencial botín que aumentó durante la pandemia mientras la intensidad de los controles bajaba en aras de la velocidad: la compra de material sanitario se gestionó, al menos en un principio, a través de empresas dependientes de este Ministerio.

El Tribunal Supremo declara probado en las primeras páginas de su sentencia lo que los cronistas políticos llevan relatando desde el estallido del caso. Que Koldo García llegó a la vida de José Luis Ábalos a través de Santos Cerdán durante las primarias que encumbraron a Pedro Sánchez por segunda vez. El hombre para todo del socialismo navarro pasó a estar al servicio del nuevo ministro y Secretario de Organización en una labor que el Supremo define como “omnipresente”. Conductor y asesor de manera oficial, gestor de corruptelas de manera oficiosa y consejero en Puertos del Estado y Renfe. Víctor de Aldama llegó hasta Ábalos a través de su hermano Rubén, escolta del ministro y en contacto constante, por tanto, con Koldo García, su sombra oficial. Sus muchos y muy variados intereses empresariales tenían una oportunidad de oro.

Aldama, hoy arrepentido colaborador de la Justicia y de la Fiscalía, se pegó entonces al ministro para medrar. Según la sentencia, tanto Koldo García como José Luis Ábalos fueron receptivos. El empresario se convirtió en el encargado de captar “empresas o particulares” para darles trato de favor a cambio de “la correspondiente prestación económica”. Para Víctor de Aldama, según demuestra la sentencia, tener contento y atendido a José Luis Ábalos era una inversión de futuro. Desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 entregó 10.000 euros al mes a Koldo o a su hermano para satisfacer, entre otras cosas, “gastos fijos” de Ábalos.

Pisos, vacaciones y enchufes

Los pagos de Víctor de Aldama para agasajar al grupo dejaron de ser a fondo perdido cuando llegó la pandemia. La crisis sanitaria se convirtió en una oportunidad de negocio para el empresario cuando la máxima prioridad del Estado fue conseguir mascarillas, el gran escudo para combatir la propagación del coronavirus en espacios públicos. Y los astros se alinearon para el gran corruptor del caso: la gestión millonaria de las compras quedó en manos del Ministerio de Ábalos con los controles de legalidad bajo mínimos para conseguir el material sanitario cuanto antes mientras cientos de personas morían cada día. Las empresas de la trama firmaron un acuerdo para suministrar ocho millones de mascarillas a Puertos del Estado, la empresa encargada de la gestión, días antes de que la orden ministerial fuera publicada.

Si la necesidad era dinero, Víctor de Aldama lo ponía. Si la necesidad eran unas vacaciones, el empresario aportaba una casa. La sentencia declara probado que José Luis Ábalos presionó al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, para que sacase una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa que tranquilizase a los acreedores. Lo hizo a petición de Aldama, que por entonces cobraba unos 12.000 euros al mes por asesorar a la aerolínea. A cambio de un comunicado, la trama alquiló una casa en Marbella de la que Ábalos disfrutó en agosto de 2020.

A veces no era necesario ni que la gestión llegase a buen puerto. Víctor de Aldama también tenía intereses en el sector de los hidrocarburos y se propuso conseguir una licencia para una de sus empresas, Villafuel. Ni siquiera se dirigieron al Ministerio adecuado. A cambio, según el Supremo, Víctor de Aldama gestionó la compra de una casa en La Línea de la Concepción que se pondría a disposición de Ábalos a través de un contrato de alquiler con opción a compra. Ábalos pagó solo dos meses de renta y los empresarios del sector de los hidrocarburos rompieron el contrato cuando la administración negó la licencia a Villafuel.

La trama, según la describe el Tribunal Supremo, se levantó sobre la simbiosis entre Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García, y a veces el peaje para tener poder en el Ministerio no era agasajar directamente al político o al asesor sino a su entorno. Una de las vías fue dar casa y trabajo a Jessica Rodríguez, quien fuera pareja del político, antes incluso de que llegara la pandemia y el gran botín de las mascarillas. La trama pagó un apartamento para ella en la Plaza de España de Madrid entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Se encargaban hasta de las incidencias con los electrodomésticos.

No todo eran contratos y comisiones. El Supremo también aborda cómo Ábalos y su asesor hacían y deshacían en Transportes para sus necesidades personales, enchufando a dos personas en varias empresas públicas. Una de ellas fue Rodríguez, que llegó a cobrar más de 43.000 euros de Tragsatec e Ineco sin ir a trabajar. O Claudia Montes, que pidió ayuda a Ábalos para encontrar trabajo y se encontró un trabajo en Logirail. Los enchufes eran ineludibles y si alguna tenía algún problema allí estaba Koldo García para mover un currículum o hacer una llamada. Un directivo de Logirail, recuerda el Supremo, fue cesado de su puesto sin explicación cuando expedientó a Montes por no acudir a trabajar.

24 años de cárcel y dos causas por delante

Todas estas corruptelas, las grandes y las medianas, se amontonan en nueve delitos distintos y se traducen en 24 años y 3 meses de prisión para Ábalos, la condena más alta para un ministro en la historia de la democracia, aunque su cumplimiento máximo será de 15 años y 8 meses de presidio, descontando el tiempo que ya ha pasado en prisión provisional. Por los mismos delitos, su mano derecha Koldo García es condenado a poco menos de 20 años de prisión. Y Víctor de Aldama, el hombre que levantó el entramado y atendió cada necesidad del exministro para mantener su cuota de poder, ha sido condenado a cuatro años y medio pero solo tendrá que hacer un año de servicios para la comunidad, sin tener que volver a la cárcel donde apenas pasó un mes a lo largo de 2024.

La sentencia ensalza la confesión de Aldama en los puntos en los que ha sido determinante para condenar a Ábalos y pasa de puntillas sobre las acusaciones que lanzó y que no han tenido más prueba que su palabra. Por ejemplo, su intento tan fallido como explícito de involucrar en la trama a María Jesús Montero o de señalar a Pedro Sánchez como el líder del entramado y mezclarlo todo con una posible financiación ilegal del PSOE. Todo el caso, se deduce de la sentencia, tenía que ver con Ábalos y sus necesidades, y todo lo que Koldo García y Víctor de Aldama querían sacar de él.

El entorno de Ábalos ya ha anunciado que llevará esta sentencia ante el Tribunal Constitucional y hasta instancias europeas si es necesario, entre denuncias de falta de pruebas y de un exceso punitivo por parte del Supremo, sobre todo en comparación con un Víctor de Aldama que evitará la prisión gracias a una confesión que solo llegó después de pasar un mes en Soto del Real. Pero el horizonte del caso no está en Estrasburgo. Sigue en la plaza Villa de París de Madrid, aunque en otro edificio, en la Audiencia Nacional.

El foco se pone ahora sobre dos diligencias que siguen bajo investigación en ese tribunal central. Las dos con Ábalos en la nómina de imputados, pero mucho más allá del neopreno de corrupción que describe el Tribunal Supremo en su sentencia. Obras públicas, más contratos de mascarillas y la sombra de Santos Cerdán, su sustituto en la sala de máquinas del PSOE, como nueva figura de poder en el entramado. Y todo bajo la amenaza de que las palabras de Víctor de Aldama, tanto las que tienen pruebas detrás como las que llegan subidas a un globo sonda televisivo, son consideradas en su mayoría una prueba de cargo.

Pedro Sánchez avisa a la oposición y a sus propios socios: quien tenga algún tipo de expectativa de que tire la toalla y convoque ya elecciones por los casos de corrupción que afectan a su partido, que espere sentado. El presidente del Gobierno salió al paso este miércoles en el Congreso de la ofensiva sin cuartel del PP y de Vox, pero también de las críticas de sus propios socios. Lo hizo tras admitir como “particularmente dolorosas” las “ilegalidades” cometidas por José Luis Ábalos, tras desligar a su Ejecutivo de cualquier vicisitud judicial que tenga que afrontar Zapatero y tras defender a su pareja y a su hermano de “acusaciones infundadas”. Y lo hizo para pasar al contraataque.

“Para mí la pregunta no es si debemos continuar, la pregunta es cómo no vamos a hacerlo. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país es evidente que será un Gobierno como el nuestro, y no uno del PP con Vox, el que podrá acabar con ellos”, dijo el presidente en su primera intervención. En ese arranque de comparecencia, de apenas media hora, aprovechó para solventar el trago de mencionar, uno a uno, casi todos los casos judiciales que atenazan al Ejecutivo en los tribunales, que definió como un “nubarrón que eclipsa nuestro debate público” y que quiso diferenciar en tres grupos.

“Hay un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Una investigación en torno al expresidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni lamentar. Y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar al Gobierno mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras”, enumeró.

Sobre Ábalos, a cuyo escándalo no puso paños calientes, aseguró que se trataba de un caso que le daña especialmente. “Sus ilegalidades son particularmente dolorosas, porque he compartido camino político con él. Y me cabrean y me apenan”. Sobre Zapatero, volvió a apostar por su inocencia y por defender su legado político, aunque esta vez introdujo un elemento de distancia respecto al porvenir judicial del expresidente para desligar a su Ejecutivo de los negocios privados que se investigan.

“Seamos francos. En este asunto, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara: no lo hubo. Por tanto, señorías, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho”. Y al final clamó por los casos de su pareja y su hermano. “Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, dijo sobre David Sánchez y Begoña Gómez para pedir a la Justicia “que sea justa”.

Desde ese momento, Sánchez pasó al ataque. Con sus socios, para advertirles de que una alternativa que pase por PP y Vox solo empeorará las cosas en cuanto a la lucha contra la corrupción y también respecto al retroceso “de 50 años” en la conquista de derechos y libertades. Y a la oposición para recordarle que no está dispuesto a aceptar lecciones de quienes considera que no tienen autoridad moral para dar ejemplo. “No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”, le dijo a Feijóo.

Como suele hacer en los momentos más complicados del Ejecutivo, el presidente volvió a recordarle al líder del PP su relación de amistad con el narcotraficante gallego Marcial Dorado. “Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero, sobre todo, lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia, y que les ayuden a dar pelotazos con privatizaciones”, le dijo.

Feijóo clama en el desierto de los socios de Sánchez

Lo que volvió a constatar el líder del PP este miércoles es que no tiene los números para una moción de censura contra Pedro Sánchez, ni siquiera 48 horas después de una sentencia histórica: 24 años de cárcel para el que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos. De hecho, Alberto Núñez Feijóo vio cómo uno de los socios del Gobierno que en las últimas semanas había pedido elecciones anticipadas, Junts, esta vez no lo hizo.

En su primera intervención, Feijóo se dirigió a “los socios”, a los que pasó a llamar “cómplices”. “Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí hoy, lo haríamos hoy mismo”, espetó, para volver a prometer “unas elecciones que Sánchez se niega a convocar”.

Pero el ánimo de los socios está muy lejos del expresado por Feijóo. Para muestra, lo ocurrido en el Senado mientras Sánchez comparecía en el Congreso. El PP presentó una moción para reclamar elecciones anticipadas, con un texto calcado al que planteó Junts la semana pasada. El PNV votó en contra y los de Carles Puigdemont optaron por no participar en la votación. El pasado mes de mayo, ambos partidos se abstuvieron en una iniciativa similar.

Los socios elevan el tono sin romper

Como se esperaba, PP y Vox fueron las formaciones más críticas con un Sánchez al que la ultraderecha, incluso, acusó sin pruebas de estar preparando un fraude electoral para perpetuarse en el poder más allá de 2027. No obstante, la mayor parte de los socios del presidente tampoco escatimaron en críticas, aunque evidenciaron que no son un bloque unívoco.

Algunos, como ERC o Podemos, elevaron el tono contra la Moncloa, pero solo los morados le pidieron convocar elecciones. Otros, como EH Bildu, mantuvieron una actitud mucho más templada y se centraron en exigir a Sánchez que reactive la legislatura. Y Junts, que dinamitó los puentes con el Gobierno hace ya meses, incluso le propuso una salida que no implicaría convocar elecciones, como habían pedido hasta ahora: dimitir para elegir otro presidente socialista en el Congreso.

En el PP no se toman en serio la propuesta que hizo Junts para que Sánchez dimita. Una “ocurrencia discursiva”, según apuntan desde la dirección del PP. “¿Cuántas sentencias necesitan?”, se cuestionan en Génova. “¿Queréis seguir? Seguid. ERC sube y Junts baja; PNV baja y Bildu sube”, apuntan las mismas fuentes, que zanjan: “Los socios quieren seguir apadrinando a este Gobierno. Así sea”.

La formación de Carles Puigdemont denominó a su propuesta la “vía Starmer”, en referencia al primer ministro británico, que anunció el martes su renuncia para dejar paso a otro dirigente laborista tras sus pésimos resultados en las elecciones locales de hace unas semanas. “Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir con Catalunya y los catalanes”, le espetó a Sánchez la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que afirmó que el presidente “no tiene mayoría ni legitimidad para ocupar el poder”. “A veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero no el pueblo por un hombre”, apostilló.

Pero Sánchez, lejos de recoger ese guante, elevó el tono contra un Junts al que esta legislatura ha evitado generalmente tratar con dureza, pese a que los de Puigdemont se han alejado de forma progresiva del Gobierno hasta terminar enfrentados con él. “No se anden por vericuetos, señoría. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el PP y con Vox, háganlo, pero no se busquen subterfugios”, espetó el presidente, quien, de manera irónica, atribuyó a sus políticas de distensión en Catalunya el mérito de que Junts pueda hablar con el PP “y que el PP les reconozca a ustedes como un actor político con el que armar una mayoría para hacer una moción de censura”.

Tampoco se arredró Sánchez ante las críticas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que no abrió la puerta a que los republicanos retiren su apoyo al Ejecutivo, pero sí preguntó a Sánchez si “sabía algo” en relación a los casos de José Luis Ábalos o Leire Díez y, directamente, si ha “robado”. “El 'y tú más', el 'y tú peor', el 'yo no sé nada', no sirve”, dijo el portavoz de ERC, que recordó que él mismo negoció “durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez” y afirmó que “su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez”. “Así que menos caritas y no me cuenten milongas, que sé perfectamente lo que estoy preguntando”, reclamó.

“Yo no me voy a rendir para poder envolverme en un halo de supuesta superioridad moral, señor Rufián”, le contestó Sánchez, que aseguró que está dispuesto a “asumir los errores” que haya cometido y a “actuar en consecuencia”. Pero eso, dijo, “no se hace desde la oposición, ni tampoco desde Twitter”. “Gobernar no es resistir, pero tampoco es desistir”, y “según todas las encuestas, hay una amplísima mayoría de votantes de ERC, en concreto el 70%, que quiere que el Gobierno agote la legislatura”, le dijo Sánchez a Rufián.

Al presidente tampoco le gustaron las críticas que le hizo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que aseguró que “es el momento de que deje paso porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M y a nuestra democracia es irreparable” y sostuvo que “este Gobierno no aporta ya nada más que decepción tras decepción”.

“Bueno, señora Belarra, pues claro, todo empezó y termina con Podemos”, respondió de forma irónica Sánchez, que despachó displicentemente a la líder morada en apenas 30 segundos de su réplica. “Dice que yo soy el del rearme militar y que apoyo de mentira a los palestinos porque estoy con Israel y con EEUU. Pues para usted la perra gorda, qué quiere que le diga”, zanjó. Y se marchó tras uno de sus plenos más difíciles. Sin convencer a casi nadie, pero con su eterna promesa de que el epílogo de su historia política, tantas veces anunciado, aún está por escribirse.

El empresario Víctor de Aldama, condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de cárcel en el caso Mascarillas –si bien el tribunal le libró de la entrada en prisión por colaborar con la Justicia– destacó este martes haber tenido que pagar impuestos por las comisiones millonarias que le reportó su negocio como comisionista durante lo peor de la pandemia.

En una entrevista en Telemadrid, Aldama confesó que con las operaciones recogidas en la causa ganó “los 3,7 millones de las mascarillas obviamente y luego a lo mejor dos millones más”. “Quiero decir, los seis millones que cuantifica el informa de la UCO”, explicó durante un programa en la televisión autonómica madrileña.

Preguntado por si se había quedado con “todo el dinero”, Aldama respondió: “No. Ha habido que pagar impuestos sobre esos 3,7 millones de euros, casi 1,8 millones, el resto obviamente me lo he quedado yo”. A renglón seguido, Aldama hacía mención al exministro José Luis Ábalos y al que fue la 'mano derecha' de este, Koldo García, ya que dijo que “de lo que se ha ganado del resto de dinero la mayoría ha ido a parar parar ellos, mucho más, aparte de lo que se iba para el partido”.

Con esas palabras Aldama insinuaba pagos al PSOE que no se han registrado en ninguna de las pesquisas en las que se construyó la causa de las mascarillas. Preguntado sobre su actividad actual, el empresario aseguró que las empresas que tiene “ahora mismo” están “paralizadas todas, porque están todas en cautelares”.

“Sobre todo mi negocio principal era el tema inmobiliario. Sigo con el tema inmobiliario, sigo haciendo otra serie de operaciones y sigo viendo oportunidades para hacer negocio”, concluyó, al ser preguntado por su trabajo.

Pese a la condena del Supremo por esas operaciones que le sitúan como el corruptor del caso, el empresario no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

El empresario no solo no tendrá que entrar en prisión después de ser condenado por el Tribunal Supremo a más de cuatro años de cárcel sino que, además, no deberá afrontar la multa de 3,7 millones de euros que pedía en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas.