La de Alberto Durán Ruiz Huidobro es una historia de éxito que apunta a un final amargo. El que fuera durante lustros uno de los principales responsables de los servicios jurídicos del Partido Popular fue abruptamente apartado de las causas judiciales que más han impactado en el Gobierno de Pedro Sánchez. Su pérdida de influencia dentro del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se produjo el pasado verano, y se hizo público apenas unas semanas antes de que Koldo García le haya señalado como la persona que le ofreció dinero para declarar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Una oferta que fuentes oficiales del PP niegan que haya existido. Preguntados por elDiario.es, los portavoces de Feijóo no descartan, sin embargo, que hayan existido reuniones entre su abogado jefe y el condenado exasesor de José Luis Ábalos. Mientas, Koldo ha asegurado que tiene pruebas de su acusación: “Yo daré el remate final”, dice en un audio al que ha tenido acceso elDiario.es.

La ficha de Durán en la web del PP ha sido borrada, pero hace apenas un año figuraba como “director órgano del cumplimiento normativo”. Un cargo que no hace justicia a su labor en el seno del partido desde hace años, ya desde los tiempos en que Mariano Rajoy era jefe de la oposición y María Dolores de Cospedal secretaria general.

El abogado ha sido el responsable, por ejemplo, de las direcciones letradas de la causa que terminó con el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel. Durante esa vista, hubo una clara sintonía entre él y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y conformaron un tándem acusatorio perfectamente engrasado. 

De hecho, Durán y Luzón fueron los principales valedores de la reducción de condena que permitió a quien la UCO señaló como el jefe de la organización corrupta, Víctor de Aldama, librarse de la cárcel que sí impusieron al resto de condenados. 

En su mochila, Durán guarda otros ‘trofeos’: el veterano abogado fue quien formuló las preguntas al hermano del presidente del Gobierno en el juicio que terminó en condena para David Sánchez por enchufismo.

Además, en los últimos años, su papel ha sido fundamental en causas judiciales que se siguen en la Audiencia Nacional, como el ‘caso Leire Díez’, las pesquisas contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del ‘caso Plus Ultra’, la causa en la que se investigan posibles mordidas por adjudicaciones de obra pública en la época de Ábalos al frente del Ministerio, o la causa secreta en la que se analizan pagos en metálico del PSOE en busca de una posible financiación irregular del partido.

Y todo esto, a día de hoy. Pero su rastro se pierde en el tiempo. Durán ya fue uno de los principales responsables de la defensa jurídica del PP en el llamado ‘caso Gürtel’, el entramado de financiación ilegal del partido y enriquecimiento de algunos de sus altos cargos. Así quedó acreditado para siempre en los llamados ‘papeles de Bárcenas’, la contabilidad b que anotó minuciosamente durante lustros quien fuera tesorero y gerente del PP, Luis Bárcenas.

La implicación de Durán fue tal que acabó procesado por un tribunal, precisamente por su supuesta participación en la destrucción de pruebas que implicaban al partido en escándalos de corrupción y financiación ilegal. Al abogado se atribuyó el borrado de los ordenadores de Bárcenas. Tanto él como la entonces tesorera (que hoy vuelve a ocupar ese cargo), Carmen Navarro, como el jefe de informática del PP y el propio partido fueron absueltos.

Confianza rota

En 2022, ya con Feijóo al frente, el PP ordenó retirar el recurso que pedía la absolución de Bárcenas en la causa que condenó al partido por reformar con dinero B la sede nacional del número 13 de la madrileña calle de Génova. La actual dirección del partido se desentendió de aquel recurso, y señaló a sus propios servicios jurídicos por, supuestamente, no haberles informado de su existencia. 

Entonces, no se tomó ninguna represalia contra ninguno de los abogados. Con la hoja de servicios que presenta Durán, cualquiera podría pensar que era un intocable para las sucesivas direcciones, que le pusieron al frente tanto de la Oficina de Asesoría Jurídica del PP como del fundamental departamento de ‘Compliance’, clave en casos como el ‘carpetazo’ a la denuncia interna por acoso contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Su caída sorprendió y causó estupor en el ámbito de los tribunales y entre las acusaciones y defensas que participan en las principales causas que permanecen abiertas y que afectan al partido de Gobierno y a exlíderes socialistas como Santos Cerdán o el ya citado Ábalos.

La explicación del PP fue que su letrado de cabecera seguiría dirigiendo la Asesoría Jurídica, y que los cambios se debían a una necesidad de refuerzo de ese área con apoyos externos. “Tuvimos que afrontar dieciséis sumarios a la vez y hubo que reforzar el equipo jurídico”, insisten ahora desde la dirección del PP a preguntas de este medio.

Mientras, fuentes del entorno del abogado explicaron que la razón para apartarle podría estar en diferencias insalvables entre Durán y la vicesecretaria de Regeneración Institucional —y responsable, por tanto, del área de Justicia, Defensa e Interior—, Cuca Gamarra, con quien habría tenido desencuentros por sostener líneas de acción jurídica más duras que las mantenidas por ella. 

Cuando fue apartado, distintos dirigentes del PP no dudaron en señalar a la dirigente riojana. “Eso es cosa de Cuca”, repetían en las conversaciones con los periodistas para quitarse del medio de una decisión que no todos en el partido parecen compartir.

Más allá de esas posibles diferencias, en la ecuación de su caída en desgracia toma fuerza la variable de las posibles reuniones del partido con uno de los principales investigados en las diferentes causas que se mantienen vivas en la Audiencia Nacional: Koldo García.

El PP no niega reuniones de Durán con Koldo

En el PP niegan que su abogado haya ofrecido un millón de euros a Koldo García, a pagar a través de Okdiario, para que mintiera con el objetivo de implicar al Gobierno en su trama de corrupción, tal y como ha denunciado el propio García.

Lo hizo primero la portavoz de campaña, Ester Muñoz, quien en declaraciones públicas en Elda (Alicante) rechazó incluso cualquier contacto entre Durán y Koldo. “A mí esto me recuerda mucho a cuando el señor Koldo también dijo que se había reunido con Tellado y con Alberto, y luego resultó que la UCO demostró que las agendas de Alberto Núñez Feijóo y del señor Tellado no cuadraban con las de Koldo”, afirmó Muñoz, quien obvió que, en aquella declaración, Koldo solo se refirió a un “Alberto” que no se identificaba. Preguntada de nuevo, Muñoz afirmó: “Le estoy diciendo que no ha habido ninguna reunión”.

Desde la dirección del PP matizan esta afirmación: “Le han preguntado por una reunión, que dice Koldo desde la cárcel que se produjo y en la que ofrecemos un millón de euros, y ella ha dicho que esa reunión no ha existido”. Las mismas fuentes insisten: “Ella dice que lo que publican hoy [el supuesto ofrecimiento de un millón] es falso”.

elDiario.es ha preguntado expresamente al PP si existieron o no reuniones de su abogado, Alberto Durán, con Koldo. “No lo sé”, afirman fuentes de la dirección. “Pero con ofrecimientos seguro que no”, zanjan. Casi a la vez que hablaba Ester Muñoz, el dirigente Manuel Cobo negaba también el ofrecimiento en La Sexta. “Es completamente falso que el PP ofreciera nada a Koldo”, dijo quien fuera vicealcalde de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón.

Pero Cobo tampoco negó reuniones entre el PP y el exasesor de Ábalos. “Koldo es el que se ha movido con todo el que ha podido moverse pidiendo dinero a cambio de revelaciones sobre Pedro Sánchez”, concluyó.

Frente a esta tesis del PP, que sostiene que desde el partido nunca se pagó a García, se alza una realidad: Leticia de la Hoz, la abogada del exasesor ministerial, ha presentado ante el juez del 'caso Leire Díez' dos facturas que demuestran que la editora del periódico de Eduardo Inda, Okdiario, abonó dos facturas por valor de 242.000 euros (IVA incluido) al despacho de la letrada con el concepto 'Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García'. Con esa entrega documental, la letrada pretendía apartarse o desvincularse de la trama que se investiga y que habría tratado de desbaratar procesos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

De la Hoz quería demostrar que la defensa de Koldo no la había pagado el PSOE y, de hecho, ya en su declaración ante el juez como investigada señaló que en caso de que se revelase, iba a “sorprender” quien abonaba su minuta. “No me ha pagado el PSOE ni directa ni indirectamente, un no rotundo, nada que ver con el PSOE”, dijo, para luego añadir que en caso de decirlo la fiscal se iba a llevar “una sorpresa muy grande”.

Con esas facturas, que fueron aportadas junto a las transferencias de los pagos, la pregunta es si, como dice Koldo García, el medio de Inda fue un canal por el que pagar desde el PP al asesor ministerial a cambio de que tirara de la manta. Y ahí cobra especial relevancia la famosa reunión en la que habrían estado presentes tanto Durán como Koldo y que se celebró en el despacho del abogado Ismael Oliver. ¿Sobre qué versó ese encuentro? ¿Existe una grabación de esa reunión que estaría en posesión de Koldo García? A juzgar por su historial, que grabara ese encuentro entra dentro de lo probable (sus propias grabaciones halladas por la UCO han servido para cimentar su condena a 19 años de cárcel).

También cabe preguntarse si ese nuevo audio sería perjudicial para el letrado del PP, un profesional que se ha bregado en situaciones complicadas y que, dada su experiencia, no parece que sea de los que hable más de la cuenta en contactos personales con imputados.

En todo caso, varias fuentes jurídicas consultadas sí recuerdan que el abogado Alberto Durán siempre intentó que las distintas defensas que representaron a Ábalos y a Koldo García se plegaran a una conformidad con la Fiscalía. Lo intentó hasta en los días previos al juicio que acabó con la condena de ambos.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' que deje al borde del banquillo de los acusados a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, mientras que ha apostado por que se archive la causa para diferentes excargos del Ministerio de Transportes que se encuentran imputados. En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pide que sean seguidos lo trámites de cara a un eventual juicio también respecto del exasesor de Ábalos que da nombre a la causa, Koldo García, y del empresario Víctor de Aldama, ambos ya condenados por el Tribunal Supremo a penas de cárcel por el 'caso mascarillas'.

Anticorrupción interesa lo mismo para otros investigados como Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil; Joseba García, hermano de Koldo; Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial; los empresarios Ignacio Díaz, Javier Serrano, César Moreno, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, y el excargo de Adif Ignacio Zaldívar. También incluye en la lista a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama y a la que se adjudicaron en pandemia desde Transportes --Puertos del Estado y Adif-- y los gobiernos autonómicos de Canarias y Balares varios contratos de mascarillas investigados.

El Ministerio Público se centra en las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario y en la contratación de la exnovia de Ábalos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, atribuyendo presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y contra la Hacienda Pública. Por otro lado, el fiscal interesa el sobreseimiento de las actuaciones que se siguen contra excargos de Adif y personas vinculadas a otros acusados, como Aldama y Koldo. Y es que la Fiscalía señala que, por un lado, “determinados hechos y conductas no son perseguibles” y, por otro, a “determinadas personas investigadas no se les imputa delito alguno”.

“En el primer grupo, están los hechos relativos a la negociación y adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión, y posible blanqueo de capitales asociado a los rendimientos obtenidos de estas operaciones”, señala. En el segundo, aparece el ex alto cargo de Adif Michaux Miranda, la que fuera secretaria de Aldama, Piedad Losada, o Alberto Escolano, quien firmó el contrato de arrendamiento en el céntrico piso de Madrid para la expareja de Ábalos, entre otros.

Pide también el archivo para Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes cuando lo dirigía Ábalos; Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado, Daniel Sierra, que fue apoderado de Soluciones de Gestión; José Luis Rodríguez, vinculado a Juan Carlos Cueto; Israel Pilar Ortiz, vinculado a Koldo y Aldama; Rogelio Pujalte, que recibió una transferencia de Soluciones de Gestión; Patricia Ramos, expareja de Aldama; María Auxiliadora Luque, relacionada con el exasesor, y Andoni García, hermano de Koldo.

Cabe recordar que el Supremo ya juzgó de forma parcial el 'caso mascarillas' por la condición de diputado aforado de Ábalos cuando fue procesado. El tribunal condenó al exministro a 24 años de prisión e impuso 19 años a Koldo y cuatro a Aldama, al que libró de pisar la cárcel por colaborar con la justicia durante la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estallaron este jueves una operación en la que se realizaron varios registros y requerimientos en el marco de una pieza separada del caso Koldo en la que se investiga cómo se pudieron canalizar las mordidas que fueron cobradas presuntamente por la trama por el amaño de adjudicaciones de obra pública. En definitiva, cómo se blanqueó o lavó ese dinero proveniente de un ilícito. Fuentes de la investigación confirman a elDiario.es que esta nueva pieza nace de las revelaciones hechas ante el juzgado por el empresario Víctor de Aldama.

Además de esos registros, se produjeron seis detenciones -por la tarde todos quedaron en libertad- entre las que estaban Andrea de la Torre, la pareja actual de José Luis Ábalos, y Cristian Corvillo, un hombre vinculado en el pasado al PSOE y que ya aparecía en informes previos. A pesar de que la causa sigue bajo secreto por orden del magistrado Ismael Moreno, algo que no se prolongará por mucho tiempo, han ido trascendiendo detalles de lo que se indaga en este caso concreto, y fuentes tanto jurídicas como del entorno del exministro coinciden en señalar que lo que se busca es seguir el rastro del dinero.

Y siguiéndolo han ido a parar al madrileño barrio de Vallecas. Allí, Andrea de la Torre tiene en propiedad un local comercial que fue reconvertido en vivienda -en el argot inmobiliario podría hablarse de 'loft'-. ¿Y por qué se fija la UCO en esa vivienda? Porque fue pagado por una sociedad vinculada a Cristian Corvillo. Con esa premisa la triangulación del dinero encajaba para la UCO: Una persona que es pareja del exministro recibe un préstamo de un tercero de aproximadamente 130.000 euros para resolver una hipoteca de un local que es de su propiedad.

Fuentes consultadas por este periódico ofrecen una versión de la operación que podría explicar ese cambio de prestamista (de banco a empresa). Indican que, si bien en su día Andrea tuvo una hipoteca que abonaba religiosamente al BBVA y que contaba con el aval de Ábalos, cuando el político comenzó con sus problemas judiciales la entidad quiso apartarse del 'apestado' exministro y le sacó de ese aval. Ante ese obstáculo, la entidad necesitaba que De la Torre se buscara nuevo avalista, y ahí entró la solución de Corvillo. Éste habría puesto el dinero para cancelar el préstamo hipotecario y Andrea ha ido aportando a Corvillo, más bien a esa mercantil vinculada a él, mensualidades con lo que obtiene de alquilar ese mismo local. Lo alquila porque, después de entrar Ábalos en la cárcel, ella se mudó a la vivienda que tiene el exministro en Valencia (vive gratis y evita que la casa sea okupada, dicen otras fuentes).

Más allá de ese detalle de la investigación, fuentes jurídicas aclaran que los delitos que se investigan en esta nueva pieza son los de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo. Y que para profundizar en cómo se canalizaban fondos se requirió información a Adif y a otros organismos, y se pidió también documentación a constructoras como Azvi. Sobre la figura de Corvillo destacan que está en la investigación porque interviene en operaciones extrañas y tiene relación con distintas empresas contratistas. De hecho este jueves fueron registradas esas empresas.

Cabe recordar que el juez Moreno acordó abrir esta pieza separada a partir de un informe de la UCO sobre el presunto amaño de adjudicaciones en el Ministerio de Transportes durante la época de José Luis Ábalos y el posterior blanqueo de capitales de esas mordidas. Los investigadores se personaron este jueves en la sede de Adif, empresa pública dependiente de Transportes, con un requerimiento de información que, según fuentes de la compañía, ha sido satisfecho sin necesidad de que se produjera un registro.

Los contratos requeridos por la UCO en Adif corresponden a licitaciones de 2018, recién llegado José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes. Las adjudicaciones tuvieron lugar ya en 2019 y los trabajos concluyeron entre 2021 y 2022. En aquella época la presidenta de Adif era Isabel Pardo de Vera, quien ya estaba imputada por la concesión de obra pública por haber participado presuntamente en los amaños de Koldo García y Ábalos.

Al mismo tiempo, los agentes se han presentado tanto en el domicilio de Ábalos en Valencia como en la sede de la constructora Azvi, adjudicataria de obras de Transportes, para requerir documentación que le ha sido entregada por sus responsables, según fuentes de la empresa. El comisionista Víctor de Aldama señaló a la compañía como pagadora de “mordidas” a cambio de contratos.

Los responsables no están imputados pero Anticorrupción da veracidad a las acusaciones del empresario condenado. Aldama también atribuyó a Azvi un pago de 18.000 euros realizado en octubre de 2019 a una sociedad vinculada a él y que, según su versión, habría estado relacionado con la mediación en una adjudicación pública. La constructora contrató a Koldo García como consultor tras su salida del Ministerio de Transportes con la destitución de Ábalos por 6.000 euros fijos al mes más una comisión por obtención de contratos.

Los hermanos Corvillo

Las detenciones de ayer se extendieron por Córdoba, Madrid y Sevilla, además de la practicada en Valencia. En Córdoba fue arrestado Cristian Corvillo, quien ya había aparecido en el pasado vinculado a la presunta ocultación de patrimonio por Víctor de Aldama, el empresario corruptor de la trama del caso Koldo que ha evitado la cárcel por su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, según defendió esta ante el Tribunal Supremo.

Aldama estaba vinculado a Córdoba. De hecho estuvo cerca de comprar el Córdoba CF en 2011 y, según los investigadores, en 2024 intentó llevarse dinero a Portugal para evitar pagar impuestos. Es aquí donde la Guardia Civil hace en un informe de 2024 referencia a los “hermanos Corvillo”, a los que relacionaba con un chalet en La Moraleja que en su momento compró De Aldama con una sociedad vinculada a su esposa. Los agentes sospechan que De Aldama estaba intentando ceder la titularidad del chalet a los “hermanos Corvillo”, Rubén y Cristian, ambos de la localidad Peñarroya-Pueblonuevo. El otro hermano Corvillo, Rubén, también figura entre los detenidos hoy. Los otros tres detenidos son empresarios.

Además, el 12 de mayo del 2022, Corvillo Energy, una empresa propiedad de Rubén Corvillo, compró participaciones de una sociedad de Aldama, llamada MTM 180 Capital. Ésta fue la empresa que presuntamente usó Aldama para firmar contratos con Soluciones de Gestión, la compañía que firmó la mayor parte de los contratos de compra de mascarillas con el Ministerio de Transportes o los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. En total, Soluciones de Gestión facturó 3,3 millones de euros “procedentes de las adjudicaciones investigadas”.

Los hermanos Corvillo también conocían a Koldo García y José Luis Ábalos. Cristian aparece en las investigaciones como vinculado a la adquisición del chalé de la Línea de la Concepción del que disfrutó Ábalos y su familia durante una temporada como contraprestación por gestiones para conceder a una empresa una licencia de hidrocarburos, que finalmente no tuvo lugar. Mensajes entre Aldama y Corvillo muestran cómo este último habría participado en la selección del chalé y en el supuesto encubrimiento de su destino final.

Los hermanos Corvillo declararon el pasado septiembre como testigos del caso Hidrocarburos, que investiga el juez Santiago Pedraz. Se trata de un fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos que se habría realizado entre 2021 y 2024, una causa en la que están imputados los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama, entre otros.

Cristian Corvillo fue, hasta que José Luis Ábalos cayó como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, uno de los destacados 'sanchistas' en la provincia de Córdoba. En el timeline de su cuenta en X aparecen imágenes con el presidente del Gobierno cuando volvía a intentar dar la batalla tras ser cesado como secretario general del PSOE. Corvillo de hecho llegó a ser designado como candidato del PSOE a la alcaldía de su pueblo, Peñarroya-Pueblonuevo, en el año 2015, pero la dirección provincial terminó por anular aquella lista.

La UCO ha llevado a cabo un registro a fondo de la vivienda de Cristian Corvillo en Córdoba. El detenido ha asistido a la actuación policial en pijama. Los guardias civiles han buscado en vehículos y posibles escondites la existencia de documentación y dinero en efectivo, informa Alfonso Alba. Pasadas las tres de la tarde, Corvillo ha abandonado su vivienda de la Carrera del Caballo en calidad de detenido por agentes de la UCO. Corvillo ha estado más de siete horas en el chalet de la calle Celia Cruz junto a los guardias civiles, que han peinado toda la vivienda. Los agentes se llevaron varias pruebas para el caso en el interior de cajas de cartón.

Hace casi un año nos preguntamos: ¿por qué Koldo da su última entrevista antes de prisión precisamente al medio de Eduardo Inda, que tanto ha cargado contra él, contra Ábalos, contra el gobierno en general antes de que se destapara su caso? La semana pasada leímos este titular, y empezamos a comprender: Okdiario pagó la defensa de Koldo García en el Tribunal Supremo. A esto hay que añadir audios de Koldo desde la cárcel añadiendo que el abogado del PP le ofreció dinero a cambio de que él, en el juicio, hablara mal del Gobierno y de Pedro Sánchez. Esto es algo que nosotros no podemos confirmar… Tratamos, precisamente, de saber qué está acreditado y qué no.

Lo hacemos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. Él, junto con Ignacio Escolar, fue acosado por una persona que aseguró que estaba siguiéndoles, para hacerles fotos, enviado por Eduardo Inda. Fue tras una comida con Letizia de la Hoz, la abogada de Koldo García que asegura que su defensa en el juicio la pagó Okdiario.

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Corría el año 2020 cuando un empresario que se hacía llamar 'Maverik' en la aplicación de mensajería Threema mantenía una conversación de confianza y confidencia con su interlocutora 'RR2AES4W' en relación al mal trago que le tocaba pasar al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que se enfrentaba a una reprobación en el Congreso de los Diputados. Ella se interesaba por cómo estaba “el jefe”, y Maverik le respondía a RR2AES4W: “Tiene más votos a favor que en contra, pero la puta oposición está tirando a matar”.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Maverik era el empresario Víctor de Aldama. RR2AES4W era la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Por entonces se refería a Abalos, secretario de Organización del PSOE, como “el jefe”. El PP era la “puta oposición”. Ahora, seis años después, en un escenario completamente distinto, con una condena por corrupción a sus espaldas y con la pátina que le da el haber contribuido a la sentencia que ha acabado con Ábalos en la prisión de Soto del Real, Aldama pide el voto para aquella oposición y califica al Gobierno de Pedro Sánchez de “mafia”.

Esa conversación tuvo lugar después de la visita fallida de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020. Aldama le transmitía a Delcy Rodríguez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Ábalos habían tenido una conversación con “palabras muy duras” al respecto. Y en ese contexto, en uno de los anexos del informe entregado por la UCO en la causa que se siguió en el Tribunal Supremo, es donde el empresario se quejaba de que el PP estaba “tirando a matar” contra Ábalos con el entonces conocido como 'Delcygate'. Unos días más tarde, el 19 de febrero, se votaba la reprobación del ministro, que no salió adelante gracias a la bancada progresista.

A ese episodio se suma otro que también trascendió durante la instrucción del conocido como caso Mascarillas: Aldama sostenía en un audio que la UCO no incluyó en otro informe que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no había tenido ningún tipo de participación en el rescate de Air Europa. “Quieren vincular la operación de Air Europa con Begoña, nada es verdad”, decía en ese mensaje de voz que recogió El País.

Pero los años en los que Aldama llevó puesta esa 'chaqueta' socialista acabaron cuando estalló el caso Mascarillas y, más aún, cuando meses más tarde fue detenido y enviado a prisión preventiva por su participación en un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos. Ahí decidió empezar a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción. El PP arropó y aplaudió ese movimiento, sus revelaciones lograron la condena de todo un ministro y acabó siendo encumbrado por la derecha mediática en programas como Horizonte de Iker Jiménez.

Tan es así que el empresario ha participado en manifestaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez, como la convocada en mayo por Sociedad Civil Española: “He venido por apoyar a España y al pueblo”. Este giro del empresario choca con la actitud de aquel Aldama que en 2019 se arrimó al asesor ministerial Koldo García para ganarse al ministro José Luis Ábalos y que asistió incluso a un mitin en el que se presentó la candidatura de Pepu Hernández al Ayuntamiento de Madrid.

El PSOE está estudiando emprender acciones legales contra el PP por la difusión de un vídeo generado por inteligencia artificial en el que suplantan la identidad y manipulan la imagen y la voz de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, además de las de José Luis Ábalos, José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Diez, Montse Mínguez y Santos Cerdán. Todos aparecen confesando presuntos delitos y actividades irregulares. Según fuentes de Ferraz, aún no está claro qué tipo de acciones legales o demandas podrían iniciar contra el partido de Alberto Núñez Feijóo.

Copiando la escenografía y mensaje de la publicación realizada por el propio Pedro Sánchez el miércoles a primera hora de la mañana como respuesta a la visita del mandatario argentino, Javier Milei, a Madrid, la publicación de los conservadores, que incluye una leyenda de “contenido hecho con IA”, termina cambiando el lema de “zurdos y orgullos” a “lerdos y orgullos”. En el vídeo original, el presidente del Gobierno aseguraba que “si subir las pensiones es ser zurdo”, “si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas es ser zurdo”, “si subir el salario mínimo interprofesional, es ser zurdo”, “si defender el derecho a abortar, es ser zurdo”, “si defender el 'no a la guerra' es ser zurdo”, él es “zurdo” y “a mucha honra”.

En el vídeo del PP, la primera en aparecer es Begoña Gómez. “Si tener una cátedra gracias a que mi marido sea el presidente es de zurdos. Pues sí, soy zurda”, asegura la pareja del líder del Ejecutivo.

A continuación, es el turno del exministro José Luis Ábalos. “Si irse de p*** y cobrar comisiones ilegales es de zurdos. Pues sí, soy zurdo”, afirma en el vídeo. Es la segunda vez en la misma semana en la que el también exsecretario de Organización de los socialistas protagoniza una creación del PP hecha con IA. El pasado sábado, hicieron un montaje después del mitin del PSOE que protagonizó el beso entre Sánchez y Gómez y cambiaro a la pareja del presidente por Ábalos.

“Si esconder joyas en una casa fuerte es de zurdos es de zurdos. Pues sí, soy zurdo”, afirma en el vídeo del PP el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. “Si contratar a unos matones para para quitar de en medio a una jueza. Pues sí, soy zurda”, dice Leire Diez. “Si usar la vivienda como arma política mientras oculto que mi novio tiene más de 30 pisos es de zurdos. Pues sí, soy zurda”, continúa la exportavoz del PSOE, Montse Mínguez. Y, por último, aparece el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán: “Si cobrar mordidas y pertenecer a una banda criminal es de zurdos. Pues sí, soy zurdo”.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha defendido este vídeo durante una declaración ante periodistas en Torrejón de Ardoz. “Si eso hubiese sido hecho con una intención espuria de hacer creer que los personajes son los reales tendríamos un problema. Pero todo el mundo es capaz de interpretar que es una manera de utilizar las herramientas digitales para comunicar la hipocresía en la que vive en PSOE”, ha afirmado el recién confirmado número tres por Madrid de los conservadores. “A mí lo que me preocupa es que haya insultos, no me preocupa la IA o que haya originalidad. Esta iniciativa cumple con estos requisitos”, ha añadido.

Desde el PSOE, la secretaria de organización, Rebeca Torró, ha defendido este jueves que el PP “no tiene proyecto” y, por esta razón, “utilizan la tecnología, no tienen otra cosa que el insulto”. “No tienen proyecto que ofrecer a este país más que el ruido, la mentira y el insulto permanentemente. Y ahora, lo vemos utilizando la inteligencia artificial”, ha afirmado este jueves en la Cadena SER.

Esta no es la primera vez que el PP recurre a la IA para crear un vídeo para atacar al Gobierno y al PSOE. El pasado octubre, los de Feijóo convirtieron a Sánchez, a la propia Begoña Gómez y a muchos de sus ministros en la mítica Familia Addams para felicitar “a casi todos” Halloween.

Previamente, también sacaron uno por el 8M con La manifestación que no verás hoy con varios dirigentes o exdirigentes de la izquierda en la manifestación con motivo del día de las mujeres o a Pedro Sánchez junto al exministro José Luis Ábalos con un “catálogo” de mujeres en referencia al caso Koldo. Y pocas semanas antes, el PP mandó a buena parte del Consejo de Ministros a La isla las corrupciones, que acaparó titulares y llegó a traspasar fronteras generando una crisis diplomática con República Dominicana, provocando que retirase el vídeo. Hace poco, el PP de Ayuso difundió un vídeo con IA que advertía de que Sánchez “nos quiere llevar a una dictadura”: “No votes por correo”.

En esta ocasión, la publicación copiada y protagonizada por Sánchez formaba parte de una campaña del PSOE contra la visita de Milei a Madrid, que incluyó el despliegue de una gran lona en Ferraz: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”.

Milei, que viajaba a Madrid no de visita de Estado sino con una agenda de carácter privado y académico, llamó “impresentable dictador” a Pedro Sánchez en el arranque de su primer acto en España. Se trató de su séptima visita de Milei y en ninguna de ellas se ha visto con el presidente del Gobierno ni con integrantes del Ejecutivo español. En esta ocasión, sí que se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e hizo una videollamada con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Víctor de Aldama, el empresario condenado en el caso Mascarillas por ser el “nexo corruptor” de la trama, ha irrumpido este miércoles en la precampaña electoral gracias a un vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el que pide el voto para los partidos de la derecha: “Sois una panda de mafiosos y espero que no robéis las elecciones, soy de derechas sí, y a quien hay que votar en este país en estas elecciones es a la derecha y no a la izquierda mafiosa de Pedro Sánchez”.

Este vídeo ha sido publicado en su perfil de X para criticar al ministro Óscar Puente después de que el titular de Transportes se hiciera eco del último informe de la UCO de la Guardia Civil. En ese atestado, que ya tiene sobre la mesa el magistrado que le investiga por un fraude del IVA millonario en el sector de los hidrocarburos, se pone en entredicho la versión mantenida por Aldama de que su vehículo blindado -un Audio A8- fue tiroteado. Esta tesis alimentó en 2024 la idea de que el comisionista sufría presiones para que no colaborara con la investigación del caso Mascarillas.

“El ídolo de la derecha. De profesión inventor. La UCO concluye que Aldama se inventó un tiroteo a su coche para perjudicar a Sánchez”, reza el mensaje compartido por Puente sobre ese informe de la UCO, y al que ha respondido Aldama.

Aldama señala que es una pena que mucha gente de izquierdas se haya quedado sin nadie a quien votar porque los dirigentes del PSOE “han destrozado el partido”. Y le pide a Puente que “aprenda a leer”, porque lo que dice, a su juicio, el informe de la UCO es que por distintas llamadas, esos impactos en el cristal de su vehículo pueden tener otra interpretación. “Cuando me encuentro los impactos en la ventanilla llamo a personas de mi confianza, a mi hermano (escolta) y a un ex guardia civil, y me dicen qué puede ser”, indica.

Al hilo, ha aprovechado para explicar que decidió entonces no pedir protección a la Policía porque “todo lo maneja Marlaska” -por el ministro del Interior socialista Fernando Grande-Marlaska-. “No me fio un pelo de vosotros. A día de hoy sigo amenazado por vuestra culpa, porque sois una panda de mafiosos”, añade.

La empresaria que sostiene haber entregado 90.000 euros en la sede madrileña del PSOE, Carmen Pano, aparece, y mucho, en el sumario de una causa en la que se investigó un fraude millonario en el IVA de los hidrocarburos. Sin embargo, con la investigación ya terminada, esta empresaria vinculada al comisionista Víctor de Aldama —tan vinculada que llegó a ser una suerte de 'suegra' para él, ya que mantuvo una relación con su hija— no figura entre los que sí se sentarán en el banquillo de los acusados. Pano se libra del caso Gaslow.

En la ristra de causas relacionadas con fraudes de IVA en ese sector concreto de los hidrocarburos que se investigan en la Audiencia Nacional, el caso de la operadora Gaslow es algo así como la 'madre' que alumbró un segundo fraude de mayores dimensiones: el de la operadora Villafuel, una causa en la que se investiga como cabecilla de una organización criminal a Aldama.

Si bien la investigación de Villafuel sigue abierta, en el caso de Gaslow el asunto ya está en fase intermedia y está pendiente de juicio. En el sumario de esa causa, al que ha tenido acceso elDiario.es, Pano se ubica como un testaferro que pudo ser útil para el blanqueo de capitales. La trama instrumentalizó las operadoras Gaslow Abastecimientos y Nascor Energías con el objetivo de utilizar el impago del IVA para tener un margen comercial que les permitía bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado. Con esto, conseguían aumentar sus ventas y, por tanto, sus ingresos. Este fraude se cometía interponiendo sociedades fantasma entre las operadoras y las comercializadoras de carburantes. Y esto enmarañaba el asunto para dificultar que se pudiera seguir el rastro del fraude.

Una de esas sociedades fantasma era Keep it Save SL. En mayo de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió un atestado en el que detallaba la trazabilidad de todos los fondos de esa empresa investigada. Y destacaba que Pano controlaba tres sociedades que tendrían “un marcado carácter instrumental” porque recibieron transferencias millonarias procedentes de esa empresa pantalla. Las tres empresas administradas por Pano eran Sociedad Comercio Justo y Solidario S. XXI SL, Ornus Import SL y Nerium Logistia SL. En ellas recibió transferencias por importe de 2,8 millones de euros, si bien de esa cantidad corresponde al periodo investigado la cifra de 2,04 millones.

De las pesquisas del Instituto Armado se pudo conocer, además, que las tres empresas estaban radicadas en un piso de Las Rozas (Madrid) en el que estaba empadronada Carmen Pano. Y tirando del hilo, la Guardia Civil descubrió que dos de las mercantiles de Pano (Nerium Logistia y Ornus Import) fueron adquiridas por ella misma en julio de 2020 a otra sociedad, Sky CBN Management, que había sido constituida por ella misma y por su hija (Leonor González Pano) dos meses antes.

La UCO, tras recordar en ese informe que Pano tiene “antecedentes por estafa”, se fija en que sus sociedades tenían un capital social de 3.000 euros aproximadamente, y que eso es “algo recurrente en las sociedades instrumentales, pues son capitales mínimos”. Añade, además, que es un dato llamativo “si se compara con el importante volumen de ingresos que reciben en los periodos cercanos a su adquisición”.

A esto se suma que el objeto social de esas empresas de Pano parece no tener vinculación alguna con la actividad que desarrolla Keep it Save como suministradora dentro del sector de los hidrocarburos, “por lo que las relaciones comerciales declaradas pudieran tener carácter ficticio”. Y destaca la UCO como elemento característico de los ingresos recibidos por esas tres mercantiles que la totalidad de ellos “se efectúan por importes redondos”. Esto es un hecho llamativo “pues la actividad comercial que se desarrolle en cualquier sector no utiliza, como norma general, cantidades redondas y suele ser, por tanto, un indicio de operaciones compatibles con el blanqueo de capitales”, aclara.

Las retiradas de efectivo

Tras fijarse en las cantidades que Pano recibió en sus tres empresas desde una de las sociedades pantalla, la UCO se centra en ver qué hizo la empresaria con el dinero, y detectó que Pano realizó más de 120 retiradas de efectivo de las cuentas de sus tres mercantiles: sacó un total de 2,25 millones de euros del cajero entre 2020 y 2021. Siempre sacaba el dinero el día que recibía la transferencia de la empresa vinculada a la trama o en días inmediatamente posteriores. A esto, suma que transfirió otros 146.000 euros en diferentes operaciones para la adquisición de un vehículo.

La UCO explica, por otro lado, que en 2021 Pano habría incluido en esas operativas presuntamente delictivas a su hija, Leonor. Esto ocurrió al integrarla como administradora de otra mercantil, Have Got Time SL, mercantil que está siendo investigada en el caso Villafuel, y que tuvo un papel protagónico en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos. Esa sociedad fue la que se usó para la compra de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) que se habría puesto a disposición del político como pago por su intervención (nada exitosa) para que la operadora Villafuel obtuviera una licencia en el sector de los hidrocarburos.

El sumario del caso Gaslow cuenta con otro documento clave: el informe elaborado en enero de 2023 por Hacienda, en concreto por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). En él, se destaca que Carmen Pano al tiempo de los hechos investigados “carecía de rentas de trabajo, no declaraba el IRPF y no tenía actividad económica”. Sumaba, asimismo, que en 2020 era titular de cuatro cuentas bancarias y todas ellas tenían “saldo negativo”.

Entre los documentos obrantes en la causa que se refieren a Pano, se explica que sus empresas pudieron ser usadas para perfeccionar el delito de blanqueo de capitales dado que la organización criminal investigada las incluyó en “la estructura societaria dispuesta e implementada” para lavar el dinero procedente del fraude del IVA. Y de hecho, en el auto por el que el magistrado Santiago Pedraz procesaba a una quincena de investigados, sus tres mercantiles constan como responsables civiles en caso de condena. Sin embargo, Pano no figura entre los procesados.

Fuentes jurídicas conocedoras del caso señalan a elDiario.es que llama la atención que esas mercantiles sí consten en el auto de procesamiento, pero que, en cambio, la administradora de las mismas no aparezca, cuando, según la investigación, ella era la que llevaba a cabo las retiradas en efectivo procedentes de una de las principales empresas de la trama: Keep it Save.

Carmen Pano sí consta como investigada, en cambio, en el caso Villafuel. En su última declaración ante el juez Santiago Pedraz, que data de enero de 2026, la empresaria volvió a insistir en que los 90.000 euros que dice que llevó a la sede del PSOE provenían de Claudio Rivas, dueño de la compañía de hidrocarburos Villafuel y socio en ese negocio de Aldama. Además, afirmó que Víctor de Aldama le comentó que había recibido un sobre que el presunto conseguidor del 'caso Koldo' vincula con finanzas bajo sospecha del PSOE.

Este pasado miércoles el Tribunal Supremo (TS) ha dado a conocer su respuesta al incidente de nulidad de actuaciones que el exministro José Luis Ábalos suscitó contra la sentencia de la Sala Segunda que lo condenó por varios delitos a una pena de 24 años de privación de libertad. 

En dicha respuesta el TS considera que no se ha producido vulneración alguna de derechos fundamentales del exministro y confirma la sentencia cuya nulidad se insta. Con ello, queda agotada la vía judicial y el exministro puede recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. 

Aunque en el incidente de nulidad de actuaciones la defensa del exministro no se ha limitado a recurrir la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en el proceso penal, es sobre la vulneración de esos dos derechos sobre la que tiene que articularse el recurso de amparo y sobre la que tendrá que dar respuesta en su sentencia el Tribunal Constitucional. Si se constatara la vulneración de ambos derechos, la sentencia del TS sería nula de pleno derecho y no sería necesaria argumentación alguna adicional sobre la vulneración de cualquier otro.

En el artículo 71, la Constitución reconoce la inviolabilidad de los Diputados y Senadores en el apartado 1, la inmunidad en el apartado 2 y el fuero jurisdiccional en el apartado tercero. Este último es el único que nos interesa: “En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”

Con esta decisión el constituyente excepciona la vigencia del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en el proceso penal, “durante el periodo de su mandato” (art. 71.2 de la Constitución)  

Mientras el Diputado o Senador conserve el acta, la Sala Segunda del TS es el juez ordinario predeterminado por la ley de su conducta y es, además, juez de primera y única instancia. 

¿Qué ocurre en el momento en que el Diputado o Senador pierde el acta y deja de ser miembro de las Cortes Generales? ¿Seguirá siendo competente en las causas contra ellos la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo?

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal dicen nada al respecto. Ni ninguna otra norma del ordenamiento jurídico español o de los tratados sobre derechos fundamentales y garantías constitucionales en el proceso penal válidamente ratificados por España. 

La condición de Diputado o Senador es el presupuesto de hecho del fuero jurisdiccional. Sin dicha condición, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede ser competente en las causas contra ellos. 

Que yo sepa, esto no se ha discutido nunca por nadie. La pérdida de la condición de Diputado o Senador pone fin al fuero jurisdiccional y los exdiputados y exsenadores recuperan sus derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos españoles. La extensión del fuero jurisdiccional vulnera el principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución. 

No lo vulnera el fuero jurisdiccional, porque es una excepción querida por el constituyente. Pero sí lo vulnera la extensión del fuero jurisdiccional sin previsión constitucional que le dé cobertura. Esta vulneración de la igualdad constitucional sí deberá ser alegada en el recurso de amparo. 

José Luis Ábalos fue elegido Diputado en la jornada electoral del 23 de julio. Mantuvo su condición de Diputado hasta el 28 de enero de 2026. Desde el momento en que adquirió la condición de Diputado tras prometer o jurar la Constitución hasta el 28 de enero la Sala Segunda del Tribunal Supremo era el órgano judicial competente en primera y única instancia para entender de su conducta. ¿Lo continuaba siendo después del 28 de enero?

El TS no identifica ninguna norma con base en la cual se pueda justificar la prolongación del fuero jurisdiccional con la consiguiente excepción de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley y de la segunda instancia en el proceso penal. 

La Sala Segunda del TS hace descansar la retención de la competencia para entender de la conducta de José Luis Ábalos en un “Acuerdo” de un “Pleno no jurisdiccional” de la propia Sala Segunda de 2 de diciembre de 2014 que fijó “un criterio interpretativo constante y reiterado” sobre asignación de competencias. 

En dicho Acuerdo se decía que “en los casos de aforados, la resolución judicial que acuerde la apertura del juicio oral constituye el momento en el que quede definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a esa fecha se haya perdido la condición de aforado”.

Dado que el 25 de diciembre de 2025 el juez instructor había dictado el auto de apertura del juicio oral y que José Luis Ábalos perdió la condición de Diputado el 28 de enero de 2026, la Sala Segunda entendió que tenía la competencia para entender de su conducta y fijó para el 12 de febrero de 2026 “la vista de cuestiones previas”.

En su respuesta al incidente de nulidad de actuaciones, la Sala Segunda no explica qué lugar ocupa un Acuerdo de un Pleno no Jurisdiccional en el sistema de fuentes del derecho y cómo se puede con base en el mismo incidir en el ejercicio de dos derechos fundamentales que figuran en la Sección Primera del Capítulo II, que está reservado a la Ley Orgánica (arts. 53.1 y 81.1 de la Constitución). 

Entiendo que los magistrados de la Sala Segunda tienen un altísimo concepto de sí mismos, pero nunca se me había pasado por la cabeza que consideraran que podían ocupar el lugar del legislador que reforma la Constitución y ni siquiera del legislador de los derechos fundamentales.

Está claro que estaba equivocado. Será el Tribunal Constitucional el que decida si, con base en un Acuerdo de un Pleno no jurisdiccional, la Sala Segunda puede extender el fuero jurisdiccional y entender en primera y única instancia de la conducta de José Luis Ábalos tras haber perdido la condición de Diputado. 

Obviamente, la defensa del exministro podría solicitar al Tribunal Constitucional que dejara en suspenso la condena hasta tanto se pronuncia sobre el fondo del asunto. 

El Tribunal Supremo ha desestimado los incidentes de nulidad promovidos por el exministro José Luis Ábalos y por quien fuera su asesor en Transportes Koldo García contra la sentencia que les condenó el pasado mes de junio a penas de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La pena para Ábalos fue de 24 años de cárcel mientras que para Koldo García fue de 19 años y medio. Con esta resolución se agota la vía ordinaria y pueden ya recurrir la sentencia en amparo ante el Tribunal Constitucional.

En el auto, respecto a una de las principales alegaciones que se hizo en contra de la sentencia, la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia dado que entendían que la condena se sustentaba en esencia en la declaración del empresario Víctor de Aldama, los magistrados explican que se tuvieron en cuenta además “elementos de corroboración periféricos” que “confirieron valor incriminatorio a las manifestaciones” del comisionista.

En este sentido, mencionan que su testimonio vino respaldado por múltiples elementos externos como las comunicaciones periódicas entre los acusados, las anotaciones telefónicas incluidas en la causa, las hojas de cálculo elaboradas por el propio Aldama, los testimonios de terceros y los mensajes de texto explícitos, como el de Koldo García a Ábalos cuando le indicó al respecto de unas vacaciones en un chalé: “Esto sale gratis por las molestias generadas”.

Tampoco comparten la alegación realizada por la defensa de Koldo García de que se vulneró su derecho a la doble instancia penal o al juez ordinario predeterminado por ley. La defensa sostuvo de inicio que el juicio tendría que haberse ventilado, al menos para él, en la Audiencia Nacional y no en el Supremo, máxime cuando el exministro Ábalos dejó su escaño en el Congreso de los Diputados antes del juicio.

La competencia del Supremo

Para los magistrados, y en contra de lo alegado por el abogado de Ábalos, Marino Turiel, la competencia de la Sala de lo Penal de ese tribunal para juzgarles quedó fijada en el momento en el que se dictó el auto de apertura de juicio oral el 11 de diciembre de 2025, y recuerda que por entonces, el exministro ostentaba aún la condición de diputado porque su renuncia no llegó hasta finales de enero de 2026. Advierte de que permitir que la pérdida de aforamiento marque el órgano competente dejaría a la voluntad del investigado el tribunal que ha de juzgarle.

Al hilo, le recuerda al exministro que el derecho a la doble instancia que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos admite como excepción los casos en los que “el culpable haya sido juzgado en primera instancia por el más alto tribunal”. Y añade que el acuerdo no jurisdiccional del Supremo de 2 de diciembre de 2014 en el que se apoyaron para quedarse con la competencia fija “un criterio interpretativo constante y reiterado” sobre la asignación de competencias.

En cuanto a la alegación de que no pudieron tener acceso a las pruebas digitales incautadas, el Supremo responde que las defensas sí tuvieron acceso a las evidencias digitales que fueron utilizadas por la UCO para sus informes. Además sobre la tesis de Ábalos de que se pudo romper la cadena de custodia de los documentos, por tanto,to eso invalidaba su uso, la Sala le responde que esas sospechas se basan “en meras especulaciones que no revelaban dato alguno del que pudiera derivarse un defecto, error, omisión o manipulación”.

Por otro lado, respecto a la alegación de que hubo una incorrecta valoración de pruebas en el asunto de la contratación de Jésica Rodríguez, pareja de Ábalos, en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec), el Supremo recuerda que la condena por los delitos de malversación y tráfico de influencias se sustentó en la propia declaración de Jésica, que en el plenario admitió que no realizó trabajo alguno y en cambio si cobró. Para el Alto Tribunal, la existencia de registros horarios o procesos de selección formales no es suficiente para demostrar que hubiera una prestación laboral real.

Y sobre la denuncia del exministro de que se realizaron investigaciones sobre su persona sin constar como investigado y a pesar de que contaba con inmunidad por ser aforado, el Supremo explica que esas consultas policiales y vigilancias se realizaron sobre las figuras de Koldo García y el hermano de Aldama, que era escolta del ministro. Encuadran esas pesquisas en el marco de “una investigación general”, no como actos de investigación directa contra Ábalos.

El empresario Víctor de Aldama tiene una oportunidad de oro para vender el edificio que posee en Málaga y quitarse una deuda de 3,5 millones, que fue lo que le costó comprar en su día el solar. Pero tiene un problema, esa propiedad, al igual que el resto de su patrimonio, está en manos de la Audiencia Nacional, en concreto en manos del magistrado Santiago Pedraz, que le investiga en el caso Villafuel por ser uno de los presuntos cabecillas de una trama que perpetró un fraude millonario en el IVA del sector de los hidrocarburos.

Para salvar ese obstáculo, la representación legal del comisionista ha pedido al juez que le permita enajenar, esta vez sí, ese inmueble para sufragar el importe del préstamo. Y advierte de que en caso de que no le permitan vender, hay riesgo cierto de 'okupación'. Aldama ya intentó sin éxito en 2025 poder vender esa propiedad que está a nombre de Logística Comercial Montelimar, mercantil de la que es administrador único.

El escrito de la defensa de Aldama, al que ha tenido acceso elDiario.es, señala que para poder construir ese edificio en Málaga, el comisionista firmó en agosto de 2023 un contrato de préstamo con la mercantil Invercenter USA inc. para así poder disponer de fondos para adquirir ese terreno. Adquisición a la que se había comprometido con otra de sus mercantiles, la portuguesa Atmosferaudaz Unipessoal Lda.

El objetivo de Aldama era poder sacar adelante ese proyecto inmobiliario con esas dos sociedades en UTE: Logística Comercial Montelimar y Atmosferaudaz.

Las empresas portuguesas

Según la investigación patrimonial llevada a cabo en el marco de este caso concreto, Aldama habría utilizado empresas como la mercantil Lógistica Comercial Montelimar para retornar los fondos de origen delictivo que pudo sacar previamente a Portugal. De hecho, otro informe que consta en el caso realizado por la Agencia Tributaria expone que tiene registrados dos movimientos de entrada de capital desde una cuenta portuguesa desconocida por valor de 3,5 millones de euros. Hacienda recalcaba que, a juzgar por las declaraciones tributarias de esa mercantil, su volumen de facturación no justificaba esos cobros. A los 12 días de haber recibido tal cantidad de dinero, compró por 3,52 millones ese solar en Málaga.

A pesar de estas sospechas, Aldama vuelve a la carga y explica que necesita vender ese inmueble porque la fecha prevista para la devolución de los 3,5 millones del préstamo era el 29 de febero de 2024. Lamenta que ese plazo no ha podido cumplirlo a consecuencia de la investigación abierta contra él y las medidas cautelares adoptadas contra su patrimonio.

Aldama adjunta a ese escrito tanto el contrato de compradel solar como el firmado con los posibles compradores del edificio. Defiende que en el primero “se evidencia el origen de los fondos con los que se llevó a cabo dicha operación inmobiliaria, que se encuentra completamente desvinculado de lo que conforma el objeto del presente procedimiento”.

Advierte, por otro lado, que existe “riesgo cierto de ocupación del edificio” porque ya en mayo de 2025 se tuvo que denunciar ante la policía que un grupo de personas “realizaron actuaciones tendentes a la ocupación del inmueble”. Recuerda que al respecto se incoaron diligencias en un juzgado malagueño por posibles delitos de daños y usurpación.

En este sentido, conisdera que el hecho de que haya un procedimiento abierto no impide que hechos aprecidos puedan volver a tener lugar, y considera que “la eventual ocupación causaría daños irreparables a la propiedad” e impediría la venta del edificio y la posterior devolución del préstamo.

Esta petición llega después de que en septiembre el comisionista pidiera ser él quien llevara a cabo la venta de su Ferrari F12, que también le fue incautado por el caso Villafuel, al entender que la cifra 241.000 euros por la que iba a ser subastado se quedaba corta.

La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado ante el Tribunal Supremo una queja por la tardanza del tribunal sentenciador, que le condenó a 24 años de cárcel, en resolver su incidente de nulidad de actuaciones en el que pedía anular esa condena y paralizar la ejecución. Ábalos buscaba una rápida respuesta de los magistrados para que, una vez pasado ese trámite procesal, poder pedir amparo al Tribunal Constitucional, pero ahora denuncia formalmente que se dan “dilaciones indebidas”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa hace un repaso de los últimos hitos del procedimiento y explica que presentó su incidente contra la sentencia el pasado 15 de julio, dentro del plazo de veinte días hábiles, y que en el mismo aludía a hasta 13 motivos de vulneración de derechos fundamentales en su caso concreto. Explica que tras el informe tanto de la Fiscalía como de la acusación popular, desde el 27 de julio el incidente está “en condiciones de ser resuelto”, y lamenta que tras 82 días naturales no hay auto que resuelva la solicitud de Ábalos. “Durante todo ese tiempo mi representado ha permanecido, y permanece, privado de libertad”, añade.

Tras esto, advierte de que el legislador quiso imprimir a este trámite procesal cierta “celeridad” y añade que mientras el incidente no se resuelve, el exministro “no puede acceder al Tribunal Constitucional ni, en su caso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”, por lo que esa dilación se proyecta sobre el derecho a la tutela judicial efectiva. “Un cauce concebido para evitar demoras no puede convertirse en una demora en sí mismo”, señala.

Por otro lado, el letrado del exministro, Marino Turiel, recuerda que esta causa se ha tramitado “con una celeridad inusual en todas sus fases” y que, por tanto, “corresponde ahora a la Sala aplicar el mismo criterio de diligencia que exigió a las partes, dictando su resolución en un plazo razonable”. De hecho, detalla que la instrucción fue rápida “dejando fuera, de forma sorprendente según los criterios de conexión, mascarillas de Baleares y Canarias pese a que el Ministerio Fiscal lo incluyó en su escrito de acusación”; que la fase intermedia también transcurrió con celeridad porque el auto de apertura del juicio oral se dictó el 11 de diciembre de 2025 y la audiencia preliminar tuvo lugar el 12 de febrero de 2026-; y que el juicio oral fue convocado “con notable perentoriedad, con sesiones de mañana y tarde y sin atender las peticiones de esta defensa, que tenía señalamientos anteriores coincidentes”.

“Con el máximo respeto, entendemos que corresponde ahora a la Sala aplicar el mismo criterio de diligencia que exigió a las partes, dictando su resolución en un plazo razonable, coherente con la brevedad de los plazos (...) y con la condición de causa con preso. El tiempo transcurrido excede ya con mucho cualquier plazo razonable de respuesta a un trámite concebido como breve”, lamenta.

Por todo ello, solicita al Supremo que “dicte sin más dilación el auto que resuelva el incidente”, que “resuelva de forma inmediata sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia, y que, en todo caso, les informe del estado de tramitación y de la previsión temporal de resolución.

Hay palabras cuya normalidad debería escandalizarnos; una de ellas es “lanzamiento”. En el lenguaje judicial, “lanzar” significa ejecutar un desahucio, expulsar a alguien de la vivienda que ocupa. Pero, cuando se lanza a una persona fuera de la casa en la que ha vivido durante setenta años, ¿a dónde se la lanza?

El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en su casa de Madrid, debería permanecer para siempre en nuestra memoria democrática, no porque sea un caso excepcional, sino precisamente porque no lo es. Lo excepcional son sus circunstancias extremas, la edad de Maricarmen, su estado de salud, el tiempo vivido en aquella casa, la imagen insoportable de su salida en camilla camino del hospital, pero detrás de esa imagen hay miles de historias menos visibles atravesadas por el mismo miedo, el de perder la vivienda y descubrir que, una vez traspasado el umbral de la puerta, no hay ningún lugar decente al que ir.

Ese miedo es una de las formas contemporáneas de la desolación. Porque una vivienda nunca es únicamente un inmueble, es una dirección, pero también una biografía, el lugar desde el que una persona se relaciona con el mundo, recibe correspondencia, guarda fotografías, reconoce a sus vecinas y vecinos, compra el pan, sabe dónde está el interruptor cuando se levanta de noche. Habitar significa haber ido depositando vida en un espacio hasta convertirlo en lugar. Por eso expulsar a alguien de su casa no consiste simplemente en trasladarlo de un inmueble a otro, sino que se convierte en una forma contemporánea de destierro.

El caso de Maricarmen resulta especialmente perturbador porque mientras se acercaba la fecha de su desahucio Madrid acogía The District, uno de los grandes encuentros internacionales del capital inmobiliario, reuniendo a lo peor-mejor del rentismo especulativo internacional, como BlackRock, Blackstone, Brookfield y otras grandes compañías de inversión. Isabel Díaz Ayuso, la máxima expresión de la necropolítica sociopática de la derecha, inauguró el encuentro defendiendo su política económica y su concepción del mercado inmobiliario. Son dos imágenes simultáneas de una misma ciudad: en una, responsables públicos reciben al capital inmobiliario internacional y celebran la capacidad de Madrid para atraer inversión; en otra, una mujer de 87 años espera que irrumpa, rodeada de personas armadas, la comisión judicial que va a sacarla de la casa en la que ha vivido toda su vida.

Además de un conjunto de procedimientos, la democracia es, sobre todo, una experiencia de vida que se encarna en la experiencia cotidiana de seguridad que ofrece a quienes viven en ella: la seguridad de saber que enfermar no significará quedar abandonada, que envejecer no significará quedar desprotegida, que perder el empleo no supondrá caer en la indigencia y que ninguna persona será expulsada de su hogar para satisfacer una expectativa de rentabilidad sin que exista una alternativa habitacional digna. Cuando estas seguridades desaparecen, la democracia empieza a vaciarse por dentro al producirse una fractura insoportable entre legalidad y legitimidad. Y la función de la política democrática consiste en impedir que la legalidad termine amparando situaciones incompatibles con la dignidad y la justicia social.

Y aquí convendría volver a leer la Constitución. Pero leerla entera, hasta ese artículo 128 que dice que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, añadiendo que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y que podrán intervenirse empresas cuando así lo exija el interés general. Por eso, el desahucio de Maricarmen nos obliga también a mirar hacia el Gobierno de España. Pedro Sánchez lo ha calificado de “tragedia social que no podemos aceptar como país” y ha recordado que el decreto sobre vivienda rechazado en el Congreso habría permitido evitar situaciones como esta. También ha señalado las responsabilidades de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Son datos políticamente relevantes, pero no agotan la cuestión. Pedro Sánchez no es un comentarista de la actualidad ni un activista de un sindicato de vivienda, es el presidente del Gobierno de España, y de quien ocupa el máximo poder ejecutivo no esperamos solamente que describa una injusticia, sino que movilice todas las capacidades constitucionales, legislativas, presupuestarias y políticas disponibles para combatirla.

Por eso me parece muy insuficiente que el debate termine convertido en un intercambio entre la “tragedia social” de Maricarmen y el “aticazo” de Ayuso, pese a reconocer que la contradicción entre la adquisición por la Comunidad de Madrid del polémico inmueble de lujo en Chamberí y el desahucio de una mujer de 87 años posee una enorme fuerza simbólica que, en parte, explica que miles de personas se hayan movilizado. Pero el problema es mucho mayor que Ayuso, más sierva que ejecutante del brutalismo capitalista, y mucho mayor que Sánchez, que en esto todavía no se ha despegado de su “abalista”, aquel que cuando era ministro de Vivienda dijo que la vivienda “es un derecho pero también es un bien de mercado, que genera actividad económica, que busca seguridad jurídica”.

Lo que está en cuestión es una transformación profunda de nuestras sociedades, la creciente conversión de bienes indispensables para la vida en activos financieros sometidos exclusivamente a la lógica de la rentabilidad. La vivienda es su manifestación más dolorosa porque nadie puede dejar de habitar en algún lugar: podemos renunciar a muchos consumos cuando suben los precios, pero no podemos renunciar a tener un techo. Y sobre todo, no deberíamos imaginarnos teniendo que renunciar a ese derecho fundamental. Porque cuando una parte creciente de la población siente que las instituciones pueden proteger contratos pero no vidas, garantizar transacciones pero no hogares, asegurar la circulación del capital pero no la permanencia de las personas en sus barrios, el fundamento de la democracia salta por los aires. 

La democracia deja de pensarse y sentirse como algo a defender cuando cumplir todas las reglas (trabajar, pagar, cotizar, pagar durante décadas un alquiler) deja de ofrecer siquiera la expectativa razonable de una vejez segura, cuando descubrimos que podemos ser formalmente ciudadanas y ciudadanos y, al mismo tiempo, vivir permanentemente amenazadas por fuerzas económicas sobre las que nuestra capacidad democrática de decisión parece cada vez menor. Por eso el miedo al desahucio es también miedo político, es el terror a ser expulsadas del lugar propio y descubrir que detrás no existe ninguna red suficientemente fuerte para sostenerte.

“Lanzamiento”, dice asépticamente el lenguaje jurídico. Pero una sociedad democrática debería preguntarse siempre, antes de “lanzar” a alguien: ¿hacia dónde? Si la respuesta es hacia ninguna parte, algo esencial ha fracasado, no solo ahora, desde hace décadas. ¿Qué clase de democracia es aquella en la que podemos llegar a considerar jurídicamente normal lo que socialmente reconocemos como insoportable? Y si “toda la riqueza del país” está subordinada al interés general, habrá que preguntarse qué significa esa frase cuando una mujer de 87 años es expulsada por la fuerza de la casa en la que ha vivido durante setenta años. Y hacer algo ya, por fin, para que no vuelva a ocurrir.

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, condenado a 19 años y 8 meses de cárcel por corrupción durante su etapa como asesor del exministro José Luis Ábalos, ha preguntado al juez que investiga las supuestas cloacas del PSOE si permite levantar el velo sobre un dato secreto que puede arrojar luz en el proceso judicial: “¿Quién me paga la defensa guarda relación con los hechos que se investigan?”. Es un interrogante cargado de misterio para una causa que acumula más de una decena de imputados, entre ellos la exmilitante socialista, Leire Díez; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la gerente del PSOE, Ana Fuentes.

El magistrado Santiago Pedraz investiga en la Audiencia Nacional desde hace varios meses el denominado caso Leire Díez, una supuesta trama delictiva que pretendía desestabilizar causas judiciales abiertas contra dirigentes del PSOE o sus familiares. La investigación ha descubierto que determinados abogados cobraban de la dirección socialista por servicios ficticios para, supuestamente, derivar ese dinero hacia Leire Díez. El juez instructor, a propuesta de la fiscalía Anticorrupción, ha pedido los movimientos bancarios de todas las cuentas de esos abogados para descubrir cuánto dinero les pagó el PSOE y por qué servicios. Pero en esa petición de información hay una excepción, la letrada Leticia de la Hoz, defensa de Koldo García, quien no deberá entregar al juzgado los movimientos de sus cuentas. La abogada está imputada en el caso Leire Díez por el supuesto intento de soborno a Carmen Pano, la mujer que aseguró en el juzgado que llevó dinero en bolsas de plástico a la sede del PSOE de la calle Ferraz.

Leticia de la Hoz ya ha declarado como imputada en la causa, ha rechazado esta acusación de Pano y, además, ha negado que el PSOE le haya pagado por sus servicios. Pero ni la fiscal ni el juez han querido conocer quién abonó en realidad la defensa de Koldo García, un dato que puede ser relevante para la investigación abierta en el caso Leire Díez.

En un escrito remitido al juzgado, De la Hoz rechaza los argumentos de la fiscalía anticorrupción para situarla en el grupo de abogados que colaboró con el PSOE en sus maniobras para desestabilizar determinadas causas judiciales. “Recibida declaración Leticia de la Hoz, esta, en una mecánica semejante a la del resto de los letrados, que reciben honorarios de quienes no son sus clientes en las causas en las que estaban implicados los antiguos miembros del PSOE cuando ejercían cargos de responsabilidad en el gobierno o en el partido, no llega a determinar quién abonó sus honorarios como letrada de Koldo García Izaguirre (…) Leticia de la Hoz, en su declaración, señaló que no le pagó su cliente, tampoco el PSOE, y se acogió al secreto profesional para no facilitar los datos de quien abonó sus servicios como abogada de aquel”.

La abogada aclara que su respuesta fue que ese dato quedaba dentro del secreto profesional y recalca que en su testimonio tan solo excluyó al PSOE del abono de los servicios que prestó a Koldo García. «No me corresponde a mí. Yo no puedo decir quién ha pagado la defensa, de ninguna de las maneras (…) Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta»

De la Hoz sostiene que su negativa a identificar a la persona o empresa que pagó a su despacho de abogados por la defensa de Koldo García ante el Supremo “se presenta como ocultación de ese tercero, que es lo que permite a la Fiscalía Anticorrupción hablar de una mecánica semejante a la de los demás letrados”. La letrada de Koldo García Leticia reclamó durante su declaración, sin éxito, la autorización del instructor para revelar el dato: “Dicho pronunciamiento judicial, pedido en el acto, no llegó a dictarse”, señala en su nuevo escrito.

“Sobre el punto concreto de los honorarios, mi representada ofreció al Tribunal la vía que la ley pone a su disposición”, señala el letrado que defiende a De la Hoz. “Expuso que, consultado el Colegio de Abogados, el camino era que el instructor declarase que el dato guardaba relación con los hechos por los que se la investiga, y que entonces podría contestar. Formuló la cuestión de manera directa: ”¿Quién me paga la defensa guarda relación con los hechos que se investigan?“.

Koldo García, cliente de Leticia de la Hoz, nunca pareció interesado a proteger al PSOE y a sus dirigentes antes de su juicio en el Supremo. De hecho, dio una entrevista a OKDiario en vísperas de su ingreso en prisión donde la mayor parte de sus respuestas suponían ataques al PSOE -puso en duda la financiación de las primarias- y a sus principales dirigentes: Pedro Sánchez; su mujer, Begoña Gómez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Leticia de la Hoz recuerda en su escrito al juez que durante la declaración aseguró que si el juez lo ordenaba, ella facilitaría con prontitud las facturas cobradas por los servicios prestados a Koldo García. La abogada, dice su defensa, “sigue a la espera de ese mandato, y lo cumplirá el mismo día en que se dicte”.

El empresario Juan Carlos Cueto, imputado en el caso Mascarillas y al que Anticorrupción ubicaba en un inicio como la persona que estaba detrás de la empresa a la que se adjudicaron los contratos investigados -Soluciones de Gestión-, ha declarado este viernes ante la Audiencia Nacional de manera voluntaria. Ante el juez Ismael Moreno ha explicado que en ningún momento fue consciente de que por esas adjudicaciones se abonaran comisiones ilegales y que sólo atendió a una posibilidad de negocio que se le ofreció en plena pandemia. Íñigo Rotaeche, quien fuera administrador de Soluciones de Gestión, ha mantenido idéntica línea de defensa en unas declaraciones que, para las fuentes consultadas presentes en la comparecencia, estaba coordinada.

Durante la declaración de Cueto, la Fiscalía se ha interesado por un dato que aparece en los hechos probados de la sentencia del caso Mascarillas por la que se condenó al exministro José Luis Ábalos: que hubo un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para el suministro de mascarillas entre Soluciones y Grupo Cueto el 16 de marzo de 2020, cinco días antes de que se firmara la orden ministerial por la que Ábalos aprobaba que Puertos del Estado realizaría esa compra de 8 millones de mascarillas.

Las fuentes consultadas indican que Cueto, este viernes, ha sostenido que la fecha de ese contrato de colaboración fue un error de José Ángel Escorial, otro de los investigados por estar vinculado a Soluciones de Gestión. Ha apostillado que en realidad debía haber aparecido la fecha del 19 de marzo, que es cuando él supo tras reunirse con Víctor de Aldama en la calle, a los pies del Ministerio de Transportes, que se preparaba esa compra.

De hecho, la defensa de Cueto, dirigida por el abogado Alfonso Trallero, ha adelantado que prepara un informe pericial con el que busca “fijar la fecha de inicio de comunicaciones entre los distintos socios que se encargaron de suministrar las mascarillas al Ministerio de Transportes”.

En su declaración como investigado de febrero de 2024, cuando estalló el caso, Cueto sostuvo ante el juez del caso que trató de ayudar a los españoles con su actuación y no aprovecharse de la venta de material sanitario porque en ese momento el país atravesaba lo más duro de la pandemia de coronavirus. Además, sostuvo que existía un informe elaborado por la consultora KPMG en 2021 que concluía que los precios de venta de mascarillas fueron acordes al mercado y que el margen de beneficio era reducido.

El Ministerio Público situaba en un inicio a Cueto como la “persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto” aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Cueto, según Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros.

Este viernes, el fiscal Luis Pastor le ha vuelto a preguntar por la conexión entre el Grupo Cueto y Soluciones de Gestión. Cueto se ha puesto de perfil: compartían misma sede porque se trataba de un 'coworking', ha defendido.

Por su parte, Rotaeche ha defendido este viernes ante el juez, en una comparecencia que se ha extendido más de una hora, la legalidad de los contratos firmados para la adquisición de mascarillas y ha negado que se pagaran comisiones ilegales a la trama para la adjudicación de los mismos. Cabe recordar que al inicio de la causa se acogió a su derecho a no declarar alegando que desconocía los hechos por los que estaba imputado.

El caso Mascarillas ya fue juzgado por el Tribunal Supremo pero solo para el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. La sentencia condenó a Ábalos a 24 años de prisión mientras que el comisionista, que en noviembre de 2024 apostó por colaborar con la Justicia, fue condenado pero evitó la cárcel.

La demanda civil por difamación presentada por el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, contra el empresario Víctor de Aldama afronta sus últimos trámites antes de llegar a juicio salvo que se produzca un improbable acuerdo entre ambos. Según una resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, la plaza 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid celebrará el próximo 4 de noviembre la audiencia previa, una fase del procedimiento que tiene lugar antes de la vista oral y en la que, entre otras cuestiones, se ofrece a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo y poner fin al litigio.

Aldama, que fue condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la Justicia, acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. El pasado mayo, Bolaños lo demandó por vulnerar su derecho al honor y reclamó que se condenaran “las falsedades” que a su juicio estaba difundiendo ante la prensa y en sus redes sociales “sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio”. También solicitaba ser indemnizado con 70.000 euros por daños y perjuicios.

El artículo 414.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no establece que Bolaños y Aldama tengan que acudir personalmente a este trámite, en el que podrán estar representados por sus abogados o procuradores.

Las afirmaciones de Aldama

“Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, dijo Aldama en ese programa. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquella afirmación, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Sí”.

El citado juzgado admitió la demanda y emplazó al empresario a presentar alegaciones y a la Fiscalía a pronunciarse sobre si la demanda debía seguir tramitándose, como finalmente ha ocurrido. En su escrito de respuesta, la defensa de Aldama se escudaba en el periodista Ramón Bermejo, quien empezó a ejercer como su portavoz cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la Justicia.

Sin embargo, ese mismo escrito puso de manifiesto la falsedad de la argumentación de Aldama, dado que ninguna de las llamadas presentadas en el juzgado correspondientes al teléfono de su portavoz tienen al ministro como interlocutor.

Según Aldama, Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto.

En ese periodo nadie sabía que el comisionista, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta. Aldama entró en prisión en octubre de 2024 por su implicación en un caso de fraude millonario en el sector de los hidrocarburos y fue ahí cuando inició su colaboración con la Justicia.

En ese escrito la defensa del empresario asegura también que en esas llamadas, según lo trasladado por Bermejo, participaron “personas mandatadas por Bolaños” como su ex jefe de gabinete Rafael Oñate y otras personas del departamento ministerial. Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023, meses antes de las supuestas conversaciones.

En ese momento, Aldama era un empresario desconocido para el gran público del que todavía no había trascendido su papel en la causa de las mascarillas, un caso que la Fiscalía Anticorrupción investigaba entonces de manera reservada.

A falta de un pacto de última hora, que parece poco probable, la audiencia del próximo 4 de noviembre servirá para que las partes propongan la prueba de cara al juicio. La magistrada deberá decidir si acepta o no esa prueba antes de señalar la fecha de la vista oral.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz en la causa penal que tiene como principal protagonista e imputada a la exmilitante del PSOE Leire Díez acumula ya varias declaraciones tanto de investigados como de testigos. El magistrado, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, busca acotar las pesquisas y valorar los indicios de delito existentes. Esas declaraciones van detallando la personalidad y las tareas desempeñadas por Leire Díez en los dos últimos años.

Por el momento, comparecencias como la de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la de quien fuera el primer abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, o la de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, dan cuenta de cómo se movía la presunta 'fontanera' socialista, a la que se atribuye un plan para desestabilizar causas judiciales que afectan tanto al PSOE como al entorno del presidente de Gobierno. elDiario.es ha tenido acceso a los audios de esas declaraciones celebradas el pasado julio.

El letrado José Aníbal Álvarez, a preguntas de una de las fiscales anticorrupción —el caso lo llevan las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen— explicó que estuvo presente en dos reuniones con Leire Díez. La primera tuvo que ver con el ex secretario de Estado de Interior durante el mandato del PP, Francisco Martínez, procesado y juzgado por la operación Kitchen. El abogado José Aníbal Álvarez asesoró en 2024 a Martínez de manera altruista y por amistad cuando se quedó sin abogado. “En aquella época a él le dejaron los letrados que le llevaban y yo lo cogí. Me firmó una hoja de encargo y luego lo cogió otro letrado que también conozco y nada más. Estuve con el año y pico”, recordó ante el juez.

Corría el mes de julio de 2024 cuando Leire Díez le contactó al fijo del despacho y se presentó “como una persona que venía del Partido Socialista y que era amiga del señor Ábalos”. Le comentó que quería reunirse con Martínez y se citaron en su despacho.

El abogado “entraba y salía” de esa reunión y no dio gran detalle de la misma, pero sí explicó que tras ese encuentro Francisco Martínez le indicó: “Una vez más me están tomando el pelo”. Ante Pedraz, José Aníbal Álvarez indicó que él entendió de sus palabras que habría tenido reuniones previas que ya habían sido infructuosas porque “le debían prometer el oro y el moro”. Según consta en la investigación y según la grabación de esos encuentros incautada a Leire Díez, la exmilitante socialista buscó un acercamiento a Francisco Martínez al que le habría prometido algún tipo de acuerdo con el Ministerio Fiscal en el caso Villarejo a cambio de determinada información relativa a operaciones orquestadas desde la policía política del PP.

La fiscal del caso se interesó entonces por saber si Leire Díez le transmitió a Martínez si pondría la información que le diera en conocimiento de “la calle Ferraz”, que son “los que gobiernan” —hizo varias alusiones a que tenía acceso a la grabación de ese encuentro—, pero el que fuera primer abogado de Ábalos indicó que no recordaba bien, pero sí que recordaba que Leire Díez “hablaba, y con perdón, por los codos”.

El letrado también explicó que Leire Díez se interesó por si Ábalos le pagaba por su defensa legal. Después de que él le dijera que no había cobrado nada por su labor —“me fui fiando, me fui fiando y nada”—, ella le dijo que iba a ver qué podía hacer. Al cabo de un tiempo le comentó que si quería cobrar por sus servicios a Ábalos le podía pasar la minuta “a través de una sociedad de ella”, pero él se negó porque si cobraba era al cliente y “no a una sociedad que no se sabe en qué condiciones está fiscalmente”. “No sé qué le dije. Sé que (dije) esto no es serio o la mandé por ahí, no lo sé, no me acuerdo”.

Narbona: “Santos tenía todas las atribuciones”

Otro de los interrogatorios que suscitó gran interés en julio y a cuyo audio ha tenido acceso este medio es el de la presidenta del PSOE. Cristina Narbona indicó que en abril de 2024, cuando se celebraron reuniones en Ferraz a las que asistió la exmilitante Leire Díez, ella ya era presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español.

Tras explicar su relación con Díez —la conoce desde 2017 cuando era responsable de prensa socialista en Cantabria— fue preguntada por la fiscal del caso sobre los contratos que se investigan en la causa y que tienen que ver con el pago a dos abogados (Ismael Oliver y Jacobo Teijelo) desde el PSOE por servicios que podrían haber sido una tapadera para canalizar retribuciones a favor de la presunta fontanera.

“El avance de la instrucción nos está permitiendo conocer algunos detalles no menores, como por ejemplo el hecho de que la señora Leire Díez presuntamente pudo recibir una retribución (...) que a la postre parece ser que habría salido de las cuentas bancarias del Partido Socialista a través de pagos de sociedades o de letrados”, indicó la fiscal, para luego preguntar a Narbona sobre quién puede autorizar ese tipo de pagos desde el Partido Socialista.

La presidenta del PSOE contestó entonces que eso “estaba dentro de las facultades muy amplias del secretario de Organización, que podía llevar a cabo los contratos que considerase necesarios para su propia tarea en el funcionamiento del Partido Socialista”. Y añadió: “Él tenía la capacidad de decidir y de instrumentar contrataciones”. Señaló así al entonces número tres del partido Santos Cerdán, quien también consta como imputado en esta causa.

“Hoy día la Secretaría de Organización tiene algunas competencias menos y, sobre todo, no puede actuar de forma individual. Necesita siempre la firma de otros dos miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. Pero en ese momento Santos Cerdán tenía todas las atribuciones para hacer cualquier tipo de contratación”, indicó.

Por su parte, en el interrogatorio al exteniente fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) Diego Villafañe, al que también ha tenido acceso este medio, la fiscal anticorrupción quiso saber sobre el detalle de las dos reuniones que mantuvo con el abogado Jacobo Teijelo y la exmilitante Leire Díez. Para arrancar, quiso matizar que en ambos encuentros no se trató “ningún asunto que fuese reservado, por cuanto el contenido de la reunión, o bien eran cuestiones de público conocimiento, o eran rumores o conjeturas, o incluso eran datos judicializados que en consecuencia están accesibles”.

Y aclaró un punto que suscitó interés mediático por cuanto la FGE mantuvo en una nota que Leire Díez fue presentada como una compañera del despacho de Teijelo mientras que el abogado negó que hubiera sido así. Villafañe reiteró en su declaración que en la Fiscalía se entendió que era “una colaboradora o una compañera”.

En todo caso, indicó que esas reuniones fueron “marcianas”, y que en las mismas se habló de un procedimiento de hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional, y que a raíz de ese caso se indicaron que podía haber nulidades que afectaban a otras causas.

También relató que se expuso en la reunión que podía haber ciertos beneficios para Repsol a raíz de esas causas de fraude del IVA en el sector, y que el jefe de la UCO Antonio Balas podía ser contratado por esa petrolera como jefe de Seguridad. “Rumores sin relevancia”, indicó.

Un interrogatorio hasta el llanto

Si bien en todas las declaraciones se hace patente que la responsable del Ministerio Fiscal mantiene un tono tenso con los interrogados, quizá en el que más tensión hubo fue en el de la letrada Leticia de la Hoz, que compareció como imputada y que respondió sobre cuándo conoció a la presunta fontanera. “Eso sí que lo tengo clarísimo. La conozco el 11 de marzo de 2025. ¿Y por qué me acuerdo? Me acuerdo porque el bulo de la señora Pano se publica el 10 de marzo”, dijo. Con el 'bulo' se refería a lo que la empresaria Carmen Pano ha sostenido en medios y ante el juez: que existió un intento por parte de la trama investigada para comprar su silencio. Una cantidad de dinero, un coche y los gastos de la boda de su hija a cambio de no sostener ante los tribunales que llevó dinero en metálico a la sede socialista de Ferraz.

La fiscal afeó a De la Hoz que hablara de bulo porque eran hechos que aún se investigaban, y para entonces la letrada, emocionada y a punto de echar a llorar, le explicó que era “una noticia falsa”. “Como comprenderá es que es lo que me sale, es lo que me sale. (...) yo entro en estado de shock tremendo. (...) Y el 11 de marzo ella (Leire Díez) entra por la puerta sin pedir cita y la recuerdo con mucho cariño. Ella venía a ver quién era yo, qué había pasado, por qué se había publicado eso”, recordó.

La fiscal del caso se interesó por si tuvo la intuición de que Leire Díez venía de parte del PSOE. “¿A quién conocía en el Partido Socialista?”, le preguntó, pero la abogada abundó en que la fontanera “preguntaba muchas cosas” y sintió que era “alguien que venía del PSOE para ver quién era yo”.

Leticia de la Hoz aseguró que el PSOE no pagó la defensa legal de Koldo García —exasesor de Ábalos—. “Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta. La respuesta es un no rotundo. No tengo absolutamente nada que ver con el Partido Socialista. Y no ha pagado la defensa de Koldo respecto de mi persona”, dijo.

Tras esto, y al ser preguntada por las conexiones de Leire Díez con altas instituciones del Estado, De la Hoz explicó que entendió que estaba bien relacionada. “¿Le parece a usted que esta persona está actuando por cuenta del Partido Socialista? Ella le habla de que tiene relación con gente del Partido Socialista, con Santos Cerdán, con la directora general de la Guardia Civil, que puede conseguir citas de alto nivel”, le preguntó la fiscal. De la Hoz contestó que “sí”.

A continuación, De la Hoz se matizó a sí misma y explicó que no sabía si lo que decía la exmilitante era verdad. “En las conversaciones yo llegaba a la conclusión de que ella conocía a todo el mundo, de que podía tener acceso a mucha gente”.

La ronda de declaraciones se retomará este mes de septiembre. El juez tendrá un intenso calendario dado que por su juzgado deberán pasar más de una veintena de investigados. La primera será la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, quien el próximo 9 de septiembre deberá aclarar su papel en la investigación porque era quien emitía “las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”, según la acusación. Ese mismo día está previsto que declare el letrado Ismael Oliver, quien supuestamente habría usado sociedades para canalizar esos pagos.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado este miércoles que María Chivite le debe la presidencia de Navarra a “un presunto corrupto”, en referencia a Santos Cerdán. “La necesitaba en el poder”, ha aseverado la líder regionalista. UPN fue el. partido que denunció ante la Guardia Civil la adjudicación de la obra de los túneles de Belate a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000 antes de que estallara el caso de corrupción por el que está imputado el exdirigente socialista Santos Cerdán, quien presuntamente era copartícipe de la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso.

“El mayor sostén y valedor político de María Chivite está lucrándose presuntamente de una adjudicación a cargo de su Gobierno y María Chivite sigue en vano tratando de escurrir el bulto, sigue adelante a costa de lo que sea, entre otras cosas, arrastrando por los suelos la imagen de Navarra”, ha añadido la presidenta regionalista.

Ibarrola ha realizado un balance de legislatura cuando se cumplen tres años de la segunda investidura de Chivite y cuando resta solo un curso político para las próximas elecciones forales, para las que todavía no ha aclarado si UPN buscará una alianza con el PP o acudirá de nuevo a las urnas en solitario como hizo en 2023.

Para la líder del partido regionalista el PSN de María Chivite ha “deteriorado” la marca Navarra y la ha unido a la “corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicación de obra pública”. “No hay maquillaje que pueda tapar el hedor a corrupción y la mala gestión de los servicios públicos del Gobierno de Chivite y EH Bildu. Navarra solo lidera los índices de presuntos corruptos. Desde que llegó Chivite ha empeorado en cualquier parámetro que queramos comparar con otras Comunidades”, ha criticado.

Así, ha asegurado que “el teterioro” de la confianza de la ciudadanía navarra en Chivite “es cada día mayor” por “los espurios acuerdos conocidos entre Santos Cerdán y EH Bildu para repartirse el poder institucional, por ”la presunta trama corrupta que recibía adjudicaciones de obra pública a cambio de pagar mordidas liderada por Santos Cerdán según el auto del juez y por “la adjudicación ilegal de las obras de los túneles de Belate a esas empresas de la trama, que ha acabado siendo investigada por la Justicia dentro del caso de amaños de obra pública”.

“Hoy la sociedad navarra se pregunta hasta cuándo, señora Chivite, merece la pena seguir en esta situación”. “No hay proyecto político ni personal que se sostenga sobre la falta de ética política, la inmoralidad, las sospechas y las investigaciones judiciales por corrupción. No hay proyecto político ni personal que aguante la embestida social de la indignación y la desconfianza”, ha señalado Ibarrola.

El pasado 22 de junio se conoció que el Tribunal Supremo condenaba al exministro José Luis Ábalos a la pena de 24 años y tres meses de prisión. Ahora, justo un mes después de conocer la sentencia, quien fuera secretario de Organización del PSOE se dirige tanto al juez de Vigilancia Penitenciaria como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar que podría ser víctima de “represalias o de una sanción indirecta” en el centro penitenciario de Soto del Real.

En el escrito de queja dirigido por su defensa al juzgado, al que ha tenido acceso elDiario.es, se explica que el pasado 20 de julio estaba autorizada y programada una comunicación íntima entre el exministro y su actual pareja, un vis a vis, pero en el momento del acceso de la visitante al centro “un perro detector empleado por el servicio de seguridad realizó un marcaje sobre ella”. La defensa lamenta que como consecuencia exclusiva de ese marcaje se impidió la celebración de la comunicación. Y pone el foco en que esa negativa de acceso se acordó sin comprobación posterior alguna, puesto que no consta “que se ofreciera a la visitante la práctica de un cacheo en los términos legalmente previstos, ni que se realizara registro” en aras de confirmar la existencia de un objeto o sustancia prohibidos.

“La denegación se sustentó únicamente en un indicio (la reacción del animal), sin acreditación posterior”, abunda, para luego recordar que el reglamento penitenciario recoge que los internos tienen “derecho a comunicar con familiares y allegados, con respeto máximo a la intimidad”. Añade que el artículo 45 de esa norma regula el vis a vis y garantiza un mínimo mensual.

En este sentido, destaca que el reglamento solo contempla un único mecanismo de control corporal del visitante vinculado a la denegación de la comunicación: el cacheo y, por tanto, “no se contempla el marcaje de un perro detector como causa autónoma y suficiente para denegar el vis a vis”: “Es un indicio, no una prueba (...), y no acredita por sí sola la tenencia de sustancia u objeto prohibido ni, por tanto, la existencia de un impedimento real para la comunicación”.

Por otro lado, la defensa de Ábalos explica que se da una falta de motivación y de proporcionalidad por parte de la prisión para someter a su pareja al examen de perros policías porque “existían alternativas menos lesivas e igualmente eficaces, como el cacheo. Por ello, pide al juzgado que declare que la denegación de ese vis a vis vulneró sus derechos, que garantice que no lo pierde y puede celebrar esa comunicación, y que advierta a la administración penitenciaria de la ilegalidad de tal proceder, ”requiriéndole para que se abstenga de reiterarlo y para que, en lo sucesivo, cualquier limitación de las comunicaciones se adopte mediante resolución motivada“.

Por otro lado, en la carta dirigida a Grande-Marlaska le pide que investigue ese episodio porque considera que puede tratarse “de una posible represalia y sanción encubierta”. Cree que el ministro debe tomar cartas en el asunto porque los hechos son graves y, por tanto, debe intervenir.

La represalia por una entrevista

Al ministro, además de contarle el devenir temporal de ese episodio que acabó en marcaje, le explica que se produjo “en estrecha proximidad temporal con la difusión en medios de comunicación de una entrevista grabada” por su hijo Víctor Ábalos en relación con su situación. “Con el debido respeto, entiendo que la denegación pudo responder no a una razón real de seguridad, sino a una represalia por aquella difusión, operando en la práctica como una sanción encubierta. No lo afirmo de manera concluyente; precisamente por ello solicito que se investigue”, añade.

Considera que, de ser ciertas sus sospechas, se estaría ante una sanción impuesta “al margen del procedimiento disciplinario y de sus garantías —bajo la apariencia de una medida de seguridad—”. Esto, explica, sería “una desviación de poder” y por eso le pide al ministro que instruya a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a sus servicios de inspección para que investiguen la actuación y esclarezcan “si respondió a una causa real de seguridad o si, por el contrario, encubrió una represalia”.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por este periódico indican, sin entrar a hablar del caso concreto de Ábalos, que en las visitas se hacen controles con perros. Si uno de los canes hace un “marcaje lapa” porque huele o detecta una sustancia prohibida, es síntoma de que hay algo que no es correcto en esa visita y no se le permite entrar, añaden.

El término marcaje lapa hace referencia, según fuentes abiertas consultadas, a una técnica de adiestramiento canino pasivo que se utiliza principalmente por unidades caninas policiales y penitenciarias para detectar drogas. Se trata de una técnica idónea para este tipo de establecimientos porque el perro cuando detecta la sustancia solo se pega al foco exacto y lo señala con la trufa o la boca pero sin morder, rascar o romper.

Jésica Rodríguez, quien fuera expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, magistrado que instruye el caso Koldo en este tribunal especial. Ha llegado ataviada con peluca, mascarilla y gafas de sol pere evitar que las cámaras de los medios de comunicación congregados pudieran captar una imagen clara de su rostro.

Rodríguez, que fue imputada por el juez el pasado 3 de junio, ya depuso en calidad de testigo durante el juicio celebrado en el Tribunal Supremo por el caso Mascarillas que acabó en una condena de 24 años para el exministro. Ya entonces reconoció que estuvo contratada durante dos años y medio sin realizar tarea alguna y que Ábalos era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, relató.

La sentencia del Supremo dio por probado que Koldo García propició que fuera asignada a ADIF para asistir a su hermano Joseba García. Los contratos se firmaron en dos empresas públicas sunbcontratadas por Adif: primero en Ineco y después en Tragsatec. “Jesica Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo García de que si algún empleado o responsable de INECO se interesaba por lo que hacía en ADIF siempre contestara que trabajaba para una tercera persona, Joseba García”, recoge la sentencia. En ese tiempo recibió 34.450 euros de salario en Ineco, aunque no realizó “ninguna activad laboral ni acudió a las oficinas de la entidad”.

Ante el final de su contrato, Ábalos y Koldo García se pusieron en contacto con Isabel Pardo de Vera, quien “atendiendo a las indicaciones recibidas del ministro, encomendó directamente al director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar de la Rica, que hiciera lo posible para que procurara dicha contratación”, indica la sentencia. El 2 de marzo de 2021, casi sin solución de continuidad, empezaba a trabajar en la empresa pública Tragsatec.

Este lunes también han sido citados en calidad de investigados el hermano de Koldo García, Joseba García, e Ignacio Zaldívar, por esos contratos de Jésica Rodríguez. Ambos se han acogido también a su derecho a no declarar, si bien el hermano de Koldo García ha querido aclarar que él no conocía a la expareja de Ábalos antes de que fuera contratada en Ineco. Empresa para la que también él prestaba servicios.

Zaldívar señaló ante el Supremo en el juicio que en hasta dos ocasiones recibió llamadas de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera -investigado por la Audiencia Nacional-, en las que le indicaba que el ministro José Luis Ábalos se había comunicado con ella porque “estaban molestando” a Jésica Rodríguez -su pareja sentimental-.

Zaldívar era el responsable de Adif que controlaba el proyecto para el que trabajaba Jésica Rodríguez, o más bien para el que no trabajaba porque ella confesó que a pesar de firmar contrato no llegó a hacer nada. A preguntas del fiscal jefe Antocorrupción, comentó que en la primera de las ocasiones se puso en contacto con responsables de Ineco que le trasladaron que el problema había surgido al intentar comunicar con ella para hacerle llegar unos cheques de comida. Y así se lo hizo saber a Pardo de Vera. La segunda ocasión se produjo ya cuando Rodríguez, a la que calificó de “altiva y soberbia”, estaba en Tragsatec, pero esa vez, tras comunicarse con responsables de esa entidad no obtuvo “feedback”.

Según comentó, tras esos incidentes él anotó en sus tablas 'Presidencia' al lado del nombre de Jésica Rodríguez para tener controlado que se trataba de una trabajadora “especial” y encuadró en la normalidad que tras finalizar el contrato de la novia de Jésica en Ineco le pidiera el currículum para que pasar a Tragsatec.