El pasado 22 de junio se conoció que el Tribunal Supremo condenaba al exministro José Luis Ábalos a la pena de 24 años y tres meses de prisión. Ahora, justo un mes después de conocer la sentencia, quien fuera secretario de Organización del PSOE se dirige tanto al juez de Vigilancia Penitenciaria como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar que podría ser víctima de “represalias o de una sanción indirecta” en el centro penitenciario de Soto del Real.

En el escrito de queja dirigido por su defensa al juzgado, al que ha tenido acceso elDiario.es, se explica que el pasado 20 de julio estaba autorizada y programada una comunicación íntima entre el exministro y su actual pareja, un vis a vis, pero en el momento del acceso de la visitante al centro “un perro detector empleado por el servicio de seguridad realizó un marcaje sobre ella”. La defensa lamenta que como consecuencia exclusiva de ese marcaje se impidió la celebración de la comunicación. Y pone el foco en que esa negativa de acceso se acordó sin comprobación posterior alguna, puesto que no consta “que se ofreciera a la visitante la práctica de un cacheo en los términos legalmente previstos, ni que se realizara registro” en aras de confirmar la existencia de un objeto o sustancia prohibidos.

“La denegación se sustentó únicamente en un indicio (la reacción del animal), sin acreditación posterior”, abunda, para luego recordar que el reglamento penitenciario recoge que los internos tienen “derecho a comunicar con familiares y allegados, con respeto máximo a la intimidad”. Añade que el artículo 45 de esa norma regula el vis a vis y garantiza un mínimo mensual.

En este sentido, destaca que el reglamento solo contempla un único mecanismo de control corporal del visitante vinculado a la denegación de la comunicación: el cacheo y, por tanto, “no se contempla el marcaje de un perro detector como causa autónoma y suficiente para denegar el vis a vis”: “Es un indicio, no una prueba (...), y no acredita por sí sola la tenencia de sustancia u objeto prohibido ni, por tanto, la existencia de un impedimento real para la comunicación”.

Por otro lado, la defensa de Ábalos explica que se da una falta de motivación y de proporcionalidad por parte de la prisión para someter a su pareja al examen de perros policías porque “existían alternativas menos lesivas e igualmente eficaces, como el cacheo. Por ello, pide al juzgado que declare que la denegación de ese vis a vis vulneró sus derechos, que garantice que no lo pierde y puede celebrar esa comunicación, y que advierta a la administración penitenciaria de la ilegalidad de tal proceder, ”requiriéndole para que se abstenga de reiterarlo y para que, en lo sucesivo, cualquier limitación de las comunicaciones se adopte mediante resolución motivada“.

Por otro lado, en la carta dirigida a Grande-Marlaska le pide que investigue ese episodio porque considera que puede tratarse “de una posible represalia y sanción encubierta”. Cree que el ministro debe tomar cartas en el asunto porque los hechos son graves y, por tanto, debe intervenir.

La represalia por una entrevista

Al ministro, además de contarle el devenir temporal de ese episodio que acabó en marcaje, le explica que se produjo “en estrecha proximidad temporal con la difusión en medios de comunicación de una entrevista grabada” por su hijo Víctor Ábalos en relación con su situación. “Con el debido respeto, entiendo que la denegación pudo responder no a una razón real de seguridad, sino a una represalia por aquella difusión, operando en la práctica como una sanción encubierta. No lo afirmo de manera concluyente; precisamente por ello solicito que se investigue”, añade.

Considera que, de ser ciertas sus sospechas, se estaría ante una sanción impuesta “al margen del procedimiento disciplinario y de sus garantías —bajo la apariencia de una medida de seguridad—”. Esto, explica, sería “una desviación de poder” y por eso le pide al ministro que instruya a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a sus servicios de inspección para que investiguen la actuación y esclarezcan “si respondió a una causa real de seguridad o si, por el contrario, encubrió una represalia”.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por este periódico indican, sin entrar a hablar del caso concreto de Ábalos, que en las visitas se hacen controles con perros. Si uno de los canes hace un “marcaje lapa” porque huele o detecta una sustancia prohibida, es síntoma de que hay algo que no es correcto en esa visita y no se le permite entrar, añaden.

El término marcaje lapa hace referencia, según fuentes abiertas consultadas, a una técnica de adiestramiento canino pasivo que se utiliza principalmente por unidades caninas policiales y penitenciarias para detectar drogas. Se trata de una técnica idónea para este tipo de establecimientos porque el perro cuando detecta la sustancia solo se pega al foco exacto y lo señala con la trufa o la boca pero sin morder, rascar o romper.

Jésica Rodríguez, quien fuera expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, magistrado que instruye el caso Koldo en este tribunal especial. Ha llegado ataviada con peluca, mascarilla y gafas de sol pere evitar que las cámaras de los medios de comunicación congregados pudieran captar una imagen clara de su rostro.

Rodríguez, que fue imputada por el juez el pasado 3 de junio, ya depuso en calidad de testigo durante el juicio celebrado en el Tribunal Supremo por el caso Mascarillas que acabó en una condena de 24 años para el exministro. Ya entonces reconoció que estuvo contratada durante dos años y medio sin realizar tarea alguna y que Ábalos era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, relató.

La sentencia del Supremo dio por probado que Koldo García propició que fuera asignada a ADIF para asistir a su hermano Joseba García. Los contratos se firmaron en dos empresas públicas sunbcontratadas por Adif: primero en Ineco y después en Tragsatec. “Jesica Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo García de que si algún empleado o responsable de INECO se interesaba por lo que hacía en ADIF siempre contestara que trabajaba para una tercera persona, Joseba García”, recoge la sentencia. En ese tiempo recibió 34.450 euros de salario en Ineco, aunque no realizó “ninguna activad laboral ni acudió a las oficinas de la entidad”.

Ante el final de su contrato, Ábalos y Koldo García se pusieron en contacto con Isabel Pardo de Vera, quien “atendiendo a las indicaciones recibidas del ministro, encomendó directamente al director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar de la Rica, que hiciera lo posible para que procurara dicha contratación”, indica la sentencia. El 2 de marzo de 2021, casi sin solución de continuidad, empezaba a trabajar en la empresa pública Tragsatec.

Este lunes también han sido citados en calidad de investigados el hermano de Koldo García, Joseba García, e Ignacio Zaldívar, por esos contratos de Jésica Rodríguez. Ambos se han acogido también a su derecho a no declarar, si bien el hermano de Koldo García ha querido aclarar que él no conocía a la expareja de Ábalos antes de que fuera contratada en Ineco. Empresa para la que también él prestaba servicios.

Zaldívar señaló ante el Supremo en el juicio que en hasta dos ocasiones recibió llamadas de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera -investigado por la Audiencia Nacional-, en las que le indicaba que el ministro José Luis Ábalos se había comunicado con ella porque “estaban molestando” a Jésica Rodríguez -su pareja sentimental-.

Zaldívar era el responsable de Adif que controlaba el proyecto para el que trabajaba Jésica Rodríguez, o más bien para el que no trabajaba porque ella confesó que a pesar de firmar contrato no llegó a hacer nada. A preguntas del fiscal jefe Antocorrupción, comentó que en la primera de las ocasiones se puso en contacto con responsables de Ineco que le trasladaron que el problema había surgido al intentar comunicar con ella para hacerle llegar unos cheques de comida. Y así se lo hizo saber a Pardo de Vera. La segunda ocasión se produjo ya cuando Rodríguez, a la que calificó de “altiva y soberbia”, estaba en Tragsatec, pero esa vez, tras comunicarse con responsables de esa entidad no obtuvo “feedback”.

Según comentó, tras esos incidentes él anotó en sus tablas 'Presidencia' al lado del nombre de Jésica Rodríguez para tener controlado que se trataba de una trabajadora “especial” y encuadró en la normalidad que tras finalizar el contrato de la novia de Jésica en Ineco le pidiera el currículum para que pasar a Tragsatec.

El informe patrimonial relativo al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concluye que el político navarro pudo manejar “una posible fuente de ingresos no declarada”. Llega a esta conclusión por varios motivos. Uno es el ingreso 18.000 euros de origen desconocido entre 2014 y 2017. Otro es que redujo el uso de la tarjeta o de las disposiciones de efectivo en cajero desde 2019 coincidiendo con “la etapa ministerial” de Ábalos y las adjudicaciones a Acciona. Y otro más son los ingresos en efectivo realizados por Koldo García y su pareja Patricia Uriz “para abonar las cuotas del renting de un vehículo”.

El documento, de más de 160 páginas ha sido entregado ya al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que es quien investiga el presunto papel coordinador de Cerdán en una trama que buscaba el amaño de adjudicaciones de obra pública dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas. En el mismo, indica el Instituto Armado que “han observado indicios que apuntan a esa posible existencia de una fuente alternativa de ingresos no declarada” para Cerdán y que se han reforzado los indicios previos de que el político y su entorno “se lucró” con fondos que encuentran origen en las mercantiles Servinabar, Erkolan y Noran.

La primera mercantil es en la que, según una nota hallada en el domicilio del empresario Antxon Alonso, Cerdán habría tenido participaciones, algo que el político siempre negó porque alega que finalmente se decantó por seguir en política y no adentrarse en el mundo empresarial cuando s elo propuso su amigo Antxon. La UCO resalta ahora que Cerdán y su familia “habrían disfrutado de unos beneficios entre 2015 y 2024 de al menos 323.178 euros” recibidos desde esa mercantil que los investigadores ubican en el epicentro de la trama de amaños. E insiste en que los fondos de Servinabar estaban puestos a “plena disposición” de Santos Cerdán. Esos 323.178 euros incluyen nóminas percibidas por ejemplo por la mujer de Cerdán, que trabajó para esa consultora navarra radicada en Pamplona.

En este sentido, la UCO destaca además que Cerdán y su familia obtuvieron los mayores beneficios entre 2019 y 2023, periodo en el que se enmarca la “etapa ministerial” de Ábalos en la que la constructora Acciona resultó adjudicataria de las licitaciones investigadas. El Instituto Armado considera necesario que el juez le dé permiso para seguir indagando en el patrimonio de la familia de Cerdán, y por eso solicita poder acceder a la información financiera tanto de Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, como de su hija, su hermana y su cuñado “quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Sevinabar”.

A los indicios que sustentan la tesis de la UCO de que existió esa fuente de ingresos opaca, suma que el político liquidó gastos con el PSOE y con el Congreso “por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados”.

El primer instructor que tuvo la causa contra Cerdán, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, elaboró una tesis inusual en el auto con el que envió al ex secretario de Organización a la cárcel, en noviembre de 2025. Según Puente, si Acciona, el principal corruptor de la trama, obtuvo 537 millones de euros en adjudicaciones sospechosas, los investigados se podrían haber llevado un 1% si se atiende a lo que el magistrado considera habitual en este tipo de tramas.

En total, 5 millones de euros, una cifra muy alejada de los 18.000 euros o de los 300.000 euros recibidos desde Servinabar que la UCO ha localizado a Cerdán. Por otra parte, Acciona, señalada como el principal corruptor, sigue desde entonces sin ser investigada como persona jurídica.

Los bienes de Cerdán

A lo largo del infome de la UCO se relata que del análisis conjunto de la información tributaria aportada tanto por la Agencia Tributaria como por la Hacienda Foral Navarra, consta que Cerdán es propietario junto a su mujer de “un solo inmueble ubicado en la localidad de Milagro (Navarra)”, donde reside actualmente. Y a esa casa añade que en la actualidad tiene en propiedad un Volvo XC60.

Sobre los ingresos en cuentas tituladas por el expolítico y su mujer en el periodo investigado, la UCO indica que entre 2014 y 2025 han sido cuantificados en 1,12 millones de euros, de los que 830.000 euros fueron abonos de nómina.

En otro bloque del atestado, los investigadores analizan los ingresos percibidos por Cerdán en concepto de gastos, dietas y kilometraje procedentes del Congreso de los Diputados, del PSN y del PSOE. De la cámara baja percibió entre 2020 y 2025 un total de 40.928,80 euros en concepto de kilometraje. Del PSN, el político habría recibido en concepto de liquidación de gastos 27.843,23 euros entre 2014 y 2017. Del PSOE entre junio de 2017 y junio de 2025 le fueron abonados un total de 95.007,36€, tanto mediante transferencia como en efectivo.

Sobre el efectivo, la UCO dice que Cerdán recibió 84 abonos, una cantidad total de 30.797,38 euros. A eso suma 92 transferencias para la liquidación de gastos que suman un total de 64.209,98 euros. Y apunta que ha detectado discrepancias entre la información aportada por el PSOE y la información bancaria de Cerdán.

Sobre esas liquidaciones del partido, la UCO se para en una transferencia que ingresó Cerdán de 1.816 euros en junio de 2016. Entiende que se abonaron al político desde el PSN dos tipos de gastos: por un lado los devengados vía transferencia bancaria y declarados por el propio partido, y por otro lado los que le fueron previsiblemente entregados en efectivo a través de una tal 'Edi', y que no constan en la información aportada por el PSOE.

“La asignación mensual de Francisca Muñoz”

Por otro lado, los investigadores deslizan en su informe que Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, pudo ser contratada por una empresa vinculada con Antxon Alonso un día después de la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024 para que “bajo la apariencia de un contrato laboral, hacerle llegar a la mujer de Cerdán una asignación mensual de en torno a 1.300 euros mensuales, ascendiendo a un total de 18.730,15 euros”.

Otro punto en el que se para es en una conversación de Antxon y su esposa en la que le traslada que Cerdán estaría interesado en un piso cuyo valor ascendería a 950.000€ y el cual necesitaría una reforma de alrededor de 350.000 euros. La UCO considera que se produjo una “tentativa de la compra de una vivienda valorada en aproximadamente un millón de euros, ubicada en calle Santa Cruz de Marcenado de Madrid” meses después de haber sido nombrado Cerdán secretario de Organización del PSOE.

La UCO explica que se ha podido evidenciar que Cerdán y su mujer habrían visitado en calidad de posibles compradores el inmueble y que hicieron una oferta a la baja, 900.000 euros. Esa oferta fue rechazada y finalmente tras varias visitas en las que intervino Alonso se fijó el precio de 985.000 euros. Pero finalmente esa compra fracasó por discrepancias con el tiempo de entrega por parte de los vendedores. Los investigadores consideran que ese piso fue“ un intento fallido de que Servinabar realizara para Cerdán la compra de un inmueble en Madrid por importe cercano al millón de euros”. “Pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar”.

La defensa del exministro José Luis Ábalos abona el terreno para un futuro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El abogado Marino Turiel acaba de interponer ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia que le condenó a 24 años de cárcel por el conocido como 'caso Mascarillas'. Sostiene que se le ha negado a Ábalos su derecho al juez predeterminado por la ley porque desde el momento en el que renunció al acta de diputado del Congreso el asunto debía haber recaído en la Audiencia Nacional. El Alto Tribunal consideró que, dado que cuando dejó de ser aforado en enero de 2026 ya existía un auto por el que se acordaba la apertura de juicio oral (11 de diciembre de 2025), debía mantener la competencia la Sala de lo Penal del Supremo.

El incidente, al que ha tenido acceso elDiario.es, resalta que la Sala presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta se escudó en un acuerdo del pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014 para mantener esa competencia sobre el asunto, pero el letrado explica que ese documento “carece de rango normativo y no puede fundar el mantenimiento de la competencia frente a un derecho fundamental” porque no se puede considerar ni siquiera jurisprudencia.

Lamenta, además que se vulnera también su derecho a la segunda instancia, y es que indica que el Convenio Europeo de Derechos Humanos recoge que todo individuo tiene ese derecho a que el fallo condenatorio y la pena sean revisados por un tribunal superior. Algo imposible en su caso habida cuenta que el Alto Tribunal es la máxima instancia judicial ordinaria.

Además, el exministro lamenta que se ha vulnerado también su derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías porque se le denegó el acceso efectivo a la fuente original de prueba: los dispositivos incautados y el clonado de los mismos con su código de verificación. Entiende que ha sufrido en su caso un déficit en el control judicial sobre la cadena de custodia de lo aprehendido y, además se ha vulnerado su derecho a la intimidad.

“En consecuencia, la sentencia fue dictada en un contexto de restricción digital prolongada que no fue debidamente ponderado”, explica haciendo referencia al bloqueo de su propia cuenta de mail. Y añade que “el acceso interesado tenía una finalidad estrictamente defensiva y constitucionalmente relevante: verificar, contrastar o desmentir los datos, metadatos, secuencias e inferencias incorporados a los informes policiales”.

Al hilo, denuncia que datos personales pudieron ser filtrados por la UCO a medios de comunicación que se tradujeron en noticias que atacaban la figura de Ábalos incluso antes de que fuera citado a declarar como investigado ante el Supremo, “alimentando pues la puesta en entredicho de la actuación del señor Ábalos con el fin conseguido de crear un estado de opinión al que, según acreditan las decisiones adoptadas en el proceso, fue sensible el instructor” de la causa, Leopoldo Puente.

“Es inaceptable que la prensa dispusiera de este material que se hurtaba a la propia parte acusada y a su defensa,-hoy se sigue hurtando- lo que desvirtúa que la limitación de acceso respondiera a una imposibilidad atendible o justificable procesalmente y confirma que la defensa hubo de litigar a ciegas frente a un material que ya circulaba en el espacio público”, apuntala.

Por otro lado, y como ya ha reivindicado en infinidad de escritos, denuncia que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia porque la condena se ha sustentado “en la declaración de un coimputado premiado sin corroboración externa suficiente”. Se refiere, claro está, al empresario Víctor de Aldama. Considera la defensa de Ábalos que su testimonio fue suficiente para la condena a pesar de que se asentaba en corroboraciones que eran inferencias del tribunal y en ningún caso hechos acreditados.

“La condena de D. José Luis Ábalos descansa, de modo esencial, en la declaración del coacusado D. Víctor de Aldama, beneficiario del mayor de los tratamientos penológicos favorables”, lamenta, para luego advertir de que “las conformidades materiales -de la Fiscalía con acusados- al margen del régimen tasado desequilibran la igualdad de armas” entre encausados y acusaciones.

A esto suma que era improcedente acusar a Ábalos por el delito de pertenencia a organización criminal dado que “el titular del poder público cuya función se instrumentaliza no es 'integrante' de la trama, sino, a lo sumo, autor de cohecho y prevaricación”. Y destaca que la instrucción se cerró sin incorporar a la causa “informes expresamente aludidos por el instructor y directamente relacionados con las contrataciones excluidas del juicio (Canarias y Baleares), pese a que su contenido resultaba —según esta parte— potencialmente exculpatorio”.

Ineco y Jésica, una pena sin motivar

A esto, suma que en la sentencia que le condena a 24 de prisión no se valoró la prueba de descargo que presentó la defensa en el plenario, y advierte de que el Tribunal Constitucional sanciona con la nulidad aquellas resoluciones que prescinden del análisis de la prueba de descargo“. Añade que se da una desproporción en la aplicación de la pena en función de la gravedad de los delitos por los que se le condena.

“La Sentencia cuya nulidad parcial se interesa condenó a mi representado, -ya lo hemos referido- entre otros pronunciamientos, por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de patrimonio público, imponiéndole una pena privativa de libertad cuya suma asciende a [24 años y 3 meses con un máximo de cumplimiento efectivo de 16 años y 6 meses”, explica, para añadir que “la motivación no puede ser genérica ni estereotipada, sino que debe exteriorizar las razones concretas por las que se fija cada pena en la extensión elegida”.

Resalta que las penas vinculadas a las contrataciones en INECO y TRAGSATEC de Jésica Rodríguez, su expareja, son desproporcionadas por el “reducido desvalor material” ya que se le enchufó en un puesto administrativo con retribución modesta. No entiende por qué se le fija la pena en ese caso concreto “en su grado mayor”.

Era 19 de enero de 2021. Koldo García acababa de comer cuando recibió un 'wasap' del constructor José Ruz, propietario de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). “¿Has hablado con la jefa?”, le preguntaba. A los cuatro minutos, el asesor del Ministerio de Transportes, la 'mano derecha' de uno de los ministros con más poder en el Ejecutivo de Pedro Sánchez le respondía. “Sí, me prometió que lo tienes lo de Elche”. Esa “jefa” era la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

La conversación, que viene recogida en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) y que se alargó por días, iba sobre un asunto muy concreto. Pepe Ruz presionaba para que Adif se hiciera cargo del sobrecoste de una obra que había realizado su constructora en Elche. Había ido en UTE con Construcciones Vilor y se había encargado de levantar la estación de AVE en esa localidad alicantina.

La UCO dijo en ese informe, que se conoció en junio de 2025, que la estación comenzó a funcionar en febrero de 2021 y que desconoce “la naturaleza o el objeto de la reclamación” del constructor. Pero añadía que esa conversación y otras que recoge el atestado muestran a las claras que Koldo García “departía directamente con la presidenta de Adif” para que esta diera adjudicaciones o agilizara reclamaciones como la de Elche.

Por lo que decía Koldo García, esa reclamación en beneficio de LIC era pan comido, porque Pardo de Vera le había “prometido” que así sería. Pero, a juzgar por una reciente sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, la realidad no era tal y como se la pintaba el asesor ministerial al constructor. Pardo de Vera no se hizo cargo de ese montante que ascendía a más de 1,55 millones de euros y resolvió desestimar la reclamación. Es más, encargó a los servicios jurídicos de Adif que defendieran esa postura ante los tribunales. La magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Míriam Bris, en abril de este año acordó desestimar el recurso que presentó LIC por esos sobrecostes. A pesar de lo que recoge la UCO en el atestado, no parece que Pardo de Vera remara a favor de los intereses de la presunta organización criminal que se investiga o, al menos, no en este caso concreto.

La sentencia recoge, de hecho, el argumento de la Abogacía del Estado, que defendía los intereses de Adif: “Ninguna de las reclamaciones de la UTE puede prosperar porque el contrato se ejecutó bajo el principio de riesgo y ventura, y la actora no ha acreditado que los supuestos daños deriven de una actuación imputable a Adif, sino de incidencias propias de la ejecución ordinaria del contrato”.

Además, el ente público alegaba que la certificación final de obra “fue aprobada mediante resolución firme no impugnada”, por lo que la UTE no podía “reabrir su contenido ni cuestionar mediciones que debió discutir en su momento”.

La magistrada, en su resolución realiza una lectura de la situación que deja en muy mal lugar a la constructora de Ruz: “Ninguna de las pretensiones ejercitadas puede prosperar. (…) Las reclamaciones de la actora presentan un carácter heterogéneo y mezclan conceptos contractuales y extracontractuales incompatibles entre sí, lo que impide construir una base jurídica coherente para su estimación”.

Dice más: “Esta confusión se traslada y se refleja igualmente en la prueba. La UTE no ha acreditado que los sobrecostes, retrasos o trabajos extraordinarios tengan su origen en una actuación imputable a Adif, ni ha aportado prueba técnica que permita establecer el nexo causal exigido por la jurisprudencia”.

Extremo este que desde el entorno de Pardo de Vera siempre han negado, explicando que en los contratos públicos del administrador de infraestructuras ferroviarias intervienen un gran número de funcionarios, lo que dificulta poder elegir a dedo constructoras.

El caso es que esos esfuerzos del constructor para que Adif se hiciera cargo de los sobrecostes de Elche le venía preocupando desde finales de 2020 a juzgar por otras conversaciones de Ruz con Koldo. Y Koldo transmitía esa preocupación a Pardo de Vera.

“Va a cantar”

A pesar de que en este asunto Koldo García no parece que logró torcer la voluntad de Pardo de Vera, la UCO en su informe añadía otras conversaciones donde sí infieren que entre ambos había complicidad. La expresidenta de Adif consta como investigada en la causa de la Audiencia Nacional en la que el juez Ismael Moreno investiga también al ex número tres del PSOE Santos Cerdán, al empresario Víctor de Aldama, a Koldo García, al exministro José Luis Ábalos y al exdirector de Carreteras Javier Herrero, entre otros, por esos presuntos amaños en obra pública a cambio de mordidas. Las constructoras que están en el punto de mira de la UCO son Acciona, LIC y Obras Públicas y Regadíos (OPR).

Quizá la conversación más comprometida de Pardo de Vera en esta causa es una que grabó de forma subrepticia el propio Koldo García. Era 18 de noviembre de 2020 y el asesor le solicitó a la presidenta de Adif que llevara a cabo una adjudicación discrecional de una obra en Asturias en favor de LIC.

Si se analiza la transcripción de ese audio, al que ha tenido acceso este diario, se observa cómo Koldo le explica que “Levantina ya ha estado trabajando” con Adif en algunas cosas y le solicita que “por favor” entren en una obra relativa a mantenimiento. Pardo de Vera le explica entonces que esa constructora “no pinta nada en mantenimiento”.

Acto seguido, García le pregunta si tiene alguna licitación ahora, y la expresidenta de Adif le indica que hay una “muy interesante que son 60 millones”. Pero Koldo García quiere que se les dé alguna obra de emergencia. “Y una posible obra de emergencia en cualquier sitio de abajo”, inquiere, ante lo que Pardo de Vera le recuerda que ya les han dado una de 700.000 euros. “Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo (sic)”, indica la expresidenta.

Koldo, antes de finalizar la conversación le explica que LIC podría estar a punto de tener un problema y por eso necesitaba que hicieran “algo durante este mes (ininteligible) para hablar del finiquito”. Ante esa insistencia, el asunto acaba con una frase de Pardo de Vera: “Bueno, pues déjamelo mirarlo (sic)”.

La UCO explica en su informe que poco tiempo después, el 17 de diciembre de 2020, apenas un mes después de la conversación mantenida entre Koldo e Isabel Pardo de Vera, Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia por importe de 592.000 euros.

Otro de los episodios que afecta directamente a Pardo de Vera y que viene recogido en el informe de la UCO ocurrió en enero de 2019 cuando Koldo García envió a la entonces presidenta de Adif un documento en el que aparecía un listado de adjudicatarias con dos subrayados -uno más intenso y otro más tenue-. El asesor le escribió que estaba descontento por la empresa que había obtenido la mayor puntuación y le indicó: “Nos a (sic) jodido un poco”. Pardo de Vera le preguntó entonces por el “fosforito” (una UTE en la que participaba OPR), y el asesor de Ábalos le dijo que era “por disimulo”. La UCO infiere que esa licitación debía haber sido adjudicada a Acciona, y como no fue así, el asunto “habría generado descontento”.

Por otro lado, en una conversación grabada entre Santos Cerdán y Koldo García de 22 de abril de 2019 el segundo le dijo al exdirigente socialista que tenían un problema porque Pedro Saura quería cesar a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero. Para él eran piezas clave en los amaños que se perpetraban. Pero la relación con Pardo de Vera se enturbió con el tiempo. Con la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio, el que fuera asesor del ministro se quejaba amargamente a Santos Cerdán de la actitud de la expresidenta de Adif: “No tiene perdón de Dios, tío”.

La UCO explica que Koldo “terminó enfrentado con ella”. “El motivo de este desencuentro habría radicado en que esta no habría accedido a ayudar a la empresa que Ábalos le había indicado sino todo lo contrario, bloqueándola de las adjudicaciones públicas”, indica la Guardia Civil.

Era 21 de noviembre de 2024. El empresario Víctor de Aldama acababa de 'tirar de la manta' y había implicado en el cobro de mordidas en el caso Mascarillas tanto al exministro José Luis Ábalos como a su asesor ministerial Koldo García. Los pormenores de la declaración cundieron por el 'zulo' —así se suele llamar de manera coloquial a la sala de prensa en la que trabajan una veintena de periodistas en la Audiencia Nacional—. Y con esos detalles, se hizo una primera llamada a una de las fuentes del caso. Lo que dijo entonces ya era revelador: “Siempre supe que Aldama era el eslabón más débil”.

Dos años después, el tiempo y una sentencia puede que hayan echado por tierra esa reflexión. Quizá no era el más débil y sí el más avispado: tras su declaración fue puesto en libertad —había sido detenido por otra causa, un fraude millonario al IVA en el sector de los hidrocarburos— y hoy, a juzgar por algunos programas televisivos a los que acude, es presentado casi como un prócer de la nación, el 'campeón' contra la corrupción.

Si uno se da una vuelta por su cuenta de Instagram pareciera que a Aldama le quiere hasta el papa León XIV. Durante la visita del pontífice a España, el empresario colgó una foto de un rosario que había sido bendecido por Prevost. “Un regalo muy especial recibido de manos del Santo Padre”, colgó en el post. Su figura ha cogido tal vuelo que le paran para hacerse 'selfies' por la calle, le escoltan los 'chicos' de Dani Desokupa y hasta le aclaman en manifestaciones como la del pasado 23 de mayo, apoyada por el PP y Vox contra “el Gobierno corrupto”. Allí, ya con el juicio finalizado y pendiente de sentencia, clamaba ante un reportero: “El pueblo es el que gana al final”. Buena parte de la sociedad ya ha encontrado a su vellocino de oro. Pero, ¿quién es realmente Víctor de Aldama?

Los inicios en la informática

Personas de su entorno, consultadas por elDiario.es, indican que el empresario, que se crio en Móstoles —es hijo de un peluquero de caballeros con un toque especial— arrancó haciendo sus pinitos en la informática. Pronto cayó en que con el ladrillo podía ganarse la vida bien y se enganchó a un buen 'mentor' que le llevó de la mano. “No tiene estudios universitarios o, para decirlo de otro modo, tiene la misma carrera que Begoña Gómez”, dicen quienes le conocen desde hace décadas. Consideran que tampoco era el más avezado del mundillo inmobiliario y argumentan que de 20 negocios le salía uno. Eso sí, “siempre se supo subir al carro”.

Para algunos de los consultados, el empresario se tiene en una alta estima, suele priorizarse sobre los demás y siempre le ha gustado vivir rodeado de lujos. Otros, más cercanos, le califican como “un padrazo” al que le pierden los coches y el deporte —llegó a ser presidente del Zamora CF—. Es visceral, apuntan, pero “una persona normal e íntegra”. ¿Que fuera calificado por la UCO como el nexo corruptor de la organización criminal por la que ha sido condenado a más de cuatro años de cárcel? “Nada más alejado de la realidad”, dicen, argumentando que cuando conoció a Koldo y a Ábalos ya era rico. Le buscaron ellos a él, explican, por su capacidad de contacto. También destacan que Aldama “se batió el cobre” durante años en América Latina afrontando proyectos de envergadura en países como México y Colombia. Ahí se hizo con una buena agenda de políticos relacionados con el ladrillo.

Ahora, con una sentencia a sus espaldas, no ha tenido que entrar en prisión. Todo gracias a que los magistrados del Tribunal Supremo premiaron de forma ejemplarizante su colaboración con la justicia —le libraron incluso de pagar una multa de 3,7 millones al absolverle del delito de uso de información privilegiada—. Quienes vivieron el momento en el que se le comunicó la decisión en el Alto Tribunal explican que hubo lágrimas y abrazos. El ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, había logrado tejer una unanimidad que ponía el foco en una corrupción sistémica con la que había que acabar. El tanto se lo apuntó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, padre de esa idea.

“Un compromiso moral”

Aldama y sus allegados salieron del trago pensando que le había echado “muchos cojones”, que “se había plantado ante el sistema y había salido vivo”. Y por eso, ahora entiende que ha adquirido “un compromiso moral” con la eliminación de la corrupción en el país. Sí, todo un corruptor 'pasándose el juego' en poco más de un año y gracias a una instrucción en el Supremo que tenía tintes de 'blitzkrieg' por aquello de la velocidad, la sorpresa y la fuerza masiva. “Le ha cogido el gusto a eso de ser conciencia, es el nuevo Pepito Grillo”, dicen.

En la faceta empresarial, a juzgar por lo que dicen hombres de negocios prestigiados consultados por este periódico, tampoco le pasan factura ni la condena ni las causas en las que continúa siendo investigado. Que se haya aprovechado de una pandemia mundial para poner el cazo (6,6 millones en comisiones) y hacerse con adjudicaciones públicas gracias al pago de mordidas mensuales que rondaban los 10.000 euros no es óbice para que tenga tirón entre el empresariado español.

“Tiene un grandísimo mérito, es una persona que se ha equivocado en su vida pero se ha arrepentido”, indican para añadir que, ante amenazas de muerte —se ha hablado de tres tiros en su coche blindado y de una extraña visita en la cárcel— ha sido “valiente”. “Todo el mundo se puede equivocar, me da más asco ZP haciendo campaña en Andalucía, ese sí es un delincuente”, indica el empresario, vinculado antaño con el partido Ciudadanos, para luego añadir que “si arrepentirse no sirviera de nada, San Pablo nunca habría llegado a santo”.

Otro de los cercanos a Aldama va más allá en eso de los negocios y habla de que ya hay importantes directivos del Real Madrid que le tienen en “gran estima” y que están a la expectativa de entablar negocios con él. “Tiene muy buenos quereres, una gran respuesta social, se hizo 70 fotos en Jerez en la feria”.

Aldama ha sabido construir su personaje desde que en 2024 quedara en libertad provisional: cercanía con determinados medios y pseudomedios y pastelitos para los periodistas a la entrada del juicio. La baza en su travesía por los juzgados era ganarse, por un lado, a la Fiscalía —su abogado ayudó mucho con eso— y, por otro, a esa parte de la sociedad que no comulga con el presidente del Gobierno y que, a ojos de determinados políticos, se cuentan por votos. Por eso, utiliza el enfrentamiento directo en redes con políticos socialistas de la talla del ministro Óscar Puente.

La rueda sigue. Dado que está siendo investigado en más casos, debe alimentar su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. “¿Qué tienes contra Sánchez?”, le preguntó el periodista Antonio Naranjo en su programa de Telemadrid hace escasos días. Aldama, contemporizando, le indicó que a eso no le podía contestar, pero pronto se sabría. A Iker Jiménez, presentador de Horizonte, en Cuatro, le echó un caramelo mejor que el que le soltó a Naranjo: “Ahora tras la sentencia, me da pie a contar más. Lo que he entregado es un aperitivo. Tengo mucho, contundente e importante”. Aldama, el antisistema, aspira a hacer caer un Gobierno y, por eso, a juzgar por estas declaraciones, sostiene una estrategia de colaboración a cuentagotas con la justicia.

Por delante, le queda afrontar la causa de los amaños de obra pública y la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos. Pero la sentencia del Supremo ya apuntaba a que su colaboración con la justicia había propiciado y favorecido el esclarecimiento de más procedimientos en curso, por lo que está por ver si sigue teniendo 'crédito' positivo en Fiscalía de cara a eventuales nuevas condenas.

Las causas pendientes

En el asunto de la obra pública, su aportación ayudó en mayor o menor medida a que el juez del Supremo Leopoldo Puente arrancara con unas pesquisas que resultaron en la imputación no solo de Ábalos y Koldo García sino también de quien era el número tres del PSOE Santos Cerdán. El político navarro acabó entrando en prisión provisional unos meses dado su papel protagónico en la trama que buscaba hacerse con mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aldama entregó una nota en la que aparecían comentarios escritos por Koldo García y que tenían relación con determinadas adjudicaciones. Esa causa reside ahora en la Audiencia Nacional dado que Ábalos dejó de ser aforado.

Aldama también consta en el juzgado de Santiago Pedraz como uno de los cabecillas, junto a su socio Claudio Rivas, de una trama que buscaba defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos. Según describen los atestados de la UCO consultados por este diario, la operativa de esta trama era tan sencilla como efectiva. Lograron una licencia de operadora mayorista para la mercantil Villafuel y con ella adquirieron a otros operadores como Exolum distintos productos petrolíferos para, ficticiamente, simular su transmisión a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas que actuaban bajo el control de la organización criminal y servían para ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales.

El impuesto del IVA, que debían asumir esas interpuestas, nunca era abonado al Estado y así consiguieron defraudar una cuota de 182,5 millones de euros desde septiembre de 2022. Esas mismas empresas interpuestas habrían sido usadas como “canales de blanqueo” para mover lo defraudado a terceros países “para alejarlo, ocultarlo y dificultar su trazabilidad”.

Además, según un informe reciente de la Agencia Tributaria presentado en la rama del caso de las Mascarillas que reside en la Audiencia Nacional, Aldama habría defraudado a Hacienda una cuota de 2,4 millones de euros. La cuota exigible al conseguidor es, en realidad, de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. La cantidad sobrepasa ampliamente la frontera que separa la falta administrativa del delito penal, por lo que indefectiblemente el empresario se enfrentará a un delito contra la Hacienda Pública.

Aldama sube un 'tiktok' bailando en la feria, se sienta en su casa a hacer directos para sus fans, se emociona, llora ante su público. Muchas de sus aseveraciones contra Pedro Sánchez o contra ministros como Ángel Víctor Torres nunca han sido probadas y han sido calificadas como simples bulos. Durante los 14 días de juicio llevó prendida de la solapa de su americana una cruz. Su amiga, una anticuaria, se la prestó para que le protegiera en su periplo judicial. Y, a juzgar por el resultado, de momento el amuleto 'le ha servido'. Está por ver si esa cruz tiene tirón también en el resto de causas a las que se enfrenta. Solo le falta un 'reality'.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha imputado a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y a Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, y les ha citado a declarar como investigados el próximo 20 de julio por la contratación de Jésica Rodríguez en empresas públicas.

Así lo ha acordado el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que imputa a Rodríguez, García y al excargo de Adif Ignacio Zaldívar, tal y como había solicitado la Fiscalía. En concreto, la citación de Rodríguez y Zaldívar es por la contratación en Ineco (1 de marzo de 2019 a 28 de febrero de 2021) y Tragsatec (2 de marzo de 2021 al 1 de septiembre de 2021), mientras que la de Joseba solo por la de Ineco.

Jésica Rodríguez, quien era la pareja de José Luis Ábalos, reconoció durante el juicio del caso mascarillas que estuvo contratada durante dos años y medio sin realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, relató.

La sentencia del Supremo dio por probado que Koldo García propició que fuera asignada a ADIF para asistir a su hermano Joseba García que, siendo también trabajador de INECO, prestaba, sin embargo, sus servicios en la Subdirección de Obras de dicha empresa de infraestructuras ferroviarias.

“Jesica Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo García de que si algún empleado o responsable de INECO se interesaba por lo que hacía en ADIF siempre contestara que trabajaba para una tercera persona, Joseba García”, recoge la sentencia. En ese tiempo recibió 34.450 euros de salario en Ineco, aunque no realizó “ninguna activad laboral ni acudió a las oficinas de la entidad”.

Ante el final de su contrato, Ábalos y Koldo García se pusieron en contacto con Isabel Pardo de Vera, quien “atendiendo a las indicaciones recibidas del ministro, encomendó directamente al director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar de la Rica, que hiciera lo posible para que procurara dicha contratación”. El 2 de marzo de 2021, casi sin solución de continuidad, empezaba a trabajar en la empresa pública Tragsatec.

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas es el próximo en el escalafón para ascender a coronel, lo que llevará aparejado que deje el cargo de jefe de departamento que ostenta en la actualidad en la Unidad Central Operativa (UCO) y obtenga un destino acorde a su nueva graduación, según establece el Reglamento.

La directora del instituto armado acaba de firmar el ascenso de los cinco primeros clasificados porque otras tantas plazas de coronel han quedado libres por jubilación, lo que significa que la próxima retirada en activo de un agente de esta graduación supondrá el ascenso inmediato de Balas, informan a elDiario.es fuentes de la Guardia Civil. El ascenso, según el ritmo de ascensos, podría no demorarse más allá del presente verano.

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La firma de los cinco ascensos que precederán a Balas tendrán efecto este 1 de julio aunque no serán publicados en el Boletín del Ministerio de Defensa hasta dentro de varias semanas. Balas estaba baremado en noveno lugar, pero la parte más subjetiva de la evaluación le ha hecho avanzar tres plazas, hasta la sexta, explican las fuentes consultadas.

El Reglamento de Destinos de Personal de la Guardia Civil establece que cada puesto tiene asignadas determinadas escalas, categorías o empleos. El anterior jefe de UCO, por ejemplo, el coronel Rafael Yuste ascendió a general el pasado diciembre y se vio obligado a dejar el mando de la unidad especializada.

La UCO volverá a ser objeto de atención en los próximos meses. Balas ha impulsado en persona la causa contra el grupo de Leire Díez y, en concreto, la vertiente de la investigación acerca del ataque de la exmilitante del PSOE y sus colaboradores contra él mismo y la UCO, por considerar que la unidad mantenía una estrategia para erosionar al Gobierno. Está previsto que a principios de otoño trascienda el contenido de la pieza separada y secreta sobre los pagos de gastos en el PSOE, con el correspondiente atestado de la UCO.

Empecemos por donde hay que empezar, es decir, por la Constitución, en cuyo artículo 71.3 el constituyente dice lo siguiente: “En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Con esta decisión, el constituyente está excepcionando el ejercicio de dos derechos fundamentales: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en el proceso penal. 

El Diputado o Senador, por el mero hecho de serlo, se ve privado del ejercicio de esos dos derechos. La Sala Segunda del Tribunal Supremo se convierte en el juez de primera y única instancia de su conducta. 

Obviamente, el Diputado o Senador que no quiera verse privado de dichos derechos puede recuperarlos de manera inmediata renunciando a su escaño en el Congreso o en el Senado. Es así de fácil. 

Hasta aquí no hay jurídicamente más problema que el no ejercicio del derecho a la segunda instancia, que figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sellado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, que no contempla ninguna excepción para su ejercicio. En virtud del mandato interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución, España debería haber previsto alguna forma de darle cumplimiento y no lo ha hecho. Tal circunstancia no es considerada, sin embargo, como justificadora de una declaración de nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en única instancia contra un aforado.

El problema de la potencial nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo por vulneración de derechos fundamentales se presenta cuando concurre la circunstancia de la pérdida de la condición de aforado como consecuencia de la renuncia del imputado antes de que se haya dictado sentencia. No solamente antes de que se haya iniciado el juicio oral, sino incluso habiéndose iniciado éste. 

El aforamiento de diputados y senadores es una norma excepcional. Tan excepcional que excepciona la vigencia de dos derechos fundamentales de importancia tan capital como el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que es la clave de bóveda de todo el sistema de administración de justicia, y el derecho a la segunda instancia. 

Como norma excepcional que es, no admite interpretación expansiva de ningún tipo. En el momento en que el aforado deja de serlo, el Tribunal Supremo tiene que inhibirse. El asunto pasará al órgano judicial predeterminado por la ley al que corresponda. 

Tal como está redactada la Constitución, no cabe prolongación temporal alguna en la excepción de la vigencia de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley y a la segunda instancia. Únicamente el constituyente, mediante la reforma de la Constitución -que, en este caso, al verse afectados derechos fundamentales, tendría que ser la revisión prevista en el artículo 168 y no la reforma prevista en el artículo 167 de la Carta-, podría prolongar temporalmente la excepción de la vigencia de tales derechos fundamentales. 

En mi opinión, ni siquiera el legislador orgánico, es decir, el legislador de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podría extender temporalmente la suspensión de la vigencia de los dos derechos fundamentales reiteradamente mencionados. Ni siquiera mediante la reforma de tales leyes podría hacerse. Aunque, admito, que tal vez esto último podría ser sometido a discusión. En todo caso, el legislador no lo ha hecho. 

No hay en el ordenamiento jurídico español ni en el ordenamiento internacional relativo a los derechos fundamentales ninguna norma que, ni remotamente, contemple la posibilidad de prolongar temporalmente la suspensión de la vigencia de derechos fundamentales en general y de dos derechos fundamentales tan centrales en el proceso penal en particular.  

En consecuencia, la prolongación temporal de la suspensión de los dos derechos fundamentales reiteradamente mencionados a José Luis Ábalos y a Koldo García, después de que el 28 de enero de 2026 el primero hubiera hecho entrega de su acta de diputado y dejara de estar aforado, carece de cobertura jurídica alguna. 

La Sala Segunda no identifica una sola norma -ni del derecho internacional de derechos fundamentales, ni del derecho europeo, ni del derecho constitucional, ni del legislador orgánico al que está reservado el desarrollo de los derechos fundamentales- con base en la cual fundamentar esa prolongación temporal de la suspensión del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y del derecho a la doble instancia. No hay fundamentación jurídica alguna con base en la cual retener la competencia para entender de la conducta de José Luis Ábalos y Koldo García.

La Sala recurre (reparen en el disparate) a un “Acuerdo” de un Pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014 de la propia Sala Segunda. El “Acuerdo” dice lo siguiente:

“Único Asunto: Efectos de la pérdida de la condición de aforado como consecuencia de la renuncia del imputado.

ACUERDO. En los casos con aforados, la resolución judicial que acuerde la apertura de juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado“.

Como el juez instructor, Leopoldo Puente, dictó el 25 de diciembre de 2025 el auto de apertura del juicio oral, el Tribunal entendió que tenía desde ese momento “definitivamente fijada su competencia” y convocó una “vista de cuestiones previas” para el 12 de febrero de 2026.

La pregunta se impone por sí misma: ¿desde cuándo se puede prolongar temporalmente la suspensión de derechos fundamentales con una “Acuerdo” de un “Pleno no jurisdiccional de una Sala del Tribunal Supremo”? ¿Puede la Sala explicar qué lugar ocupa un Pleno no jurisdiccional de una Sala del Tribunal Supremo en nuestro sistema de fuentes del derecho como para que pueda tomar una decisión con este alcance? ¿Es posible que unos magistrados del Tribunal supremo desconozcan lo que he ido explicando a lo largo del artículo?

La presencia de Koldo García subraya todavía más la imposibilidad de que la Sala Segunda pudiera retener la competencia. José Luis Ábalos ha estado aforado hasta el 28 de enero de 2026, pero Koldo García no lo ha estado nunca. Se ha visto privado del ejercicio de derechos fundamentales por la vis expansiva procesal del aforamiento de Ábalos. Pero esa privación de derechos fundamentales no puede ir ni un segundo más allá del momento en que Ábalos pierde el aforamiento. Si la situación procesal de Koldo García está subordinada a la de Ábalos en la fase que conduce desde el comienzo de la instrucción hasta el momento en que el exministro deja el escaño, desde el momento en que Ábalos deja de estar aforado ocurre lo contrario: es la posición procesal de Koldo García la que ocupa la posición dominante y arrastra la del exdiputado. 

Frente a Koldo García la Sala Segunda no puede hacer valer el tiempo de aforamiento de José Luis Ábalos. Ya lo ha pagado con la privación de sus derechos fundamentales. Dicha privación no puede prolongarse ni un segundo más. 

Como puede verse, la sentencia dictada por la Sala Segunda en el mal llamado “caso mascarillas”, por la que se ha condenado a José Luis Ábalos y Koldo García, se ha producido con vulneración manifiesta de derechos fundamentales y es, en consecuencia, nula de pleno derecho. Mejor dicho: no puede no ser nula de pleno derecho.

La Sala tendrá la posibilidad de corregir su error en la respuesta al incidente de nulidad de actuaciones. Esperemos que así sea.

Carmen Pano, la empresaria que defiende haber entregado dinero en efectivo en la sede del PSOE en hasta dos ocasiones (90.000 euros en total), ha señalado este lunes en su declaración testifical ante el juez que investiga el caso Leire que la abogada Leticia de la Hoz le ofreció pagarle la boda de su hija Leonor (25.000 euros), un alquiler a lo largo de 5 o 7 años a razón de 2.500 o 2.700 euros al mes, y comprarle un coche a su amigo (que le hacía las veces de chófer) Álvaro Gallego por 15.000 euros: un total de 250.000 euros. Ha sostenido que le dijeron que venían en nombre del “partido” (PSOE, ha entendido ella) y que el ofrecimiento era a cambio de que no ratificara en sede judicial esas entregas de dinero en Ferraz.

Fuentes jurídicas presentes tanto en su declaración como en la de Álvaro Gallego, han explicado que Pano ha confirmado tres o cuatro reuniones con De la Hoz y una segunda persona de su bufete, y que no solo estuvo sobre la mesa retractarse de la entrega de dinero en Ferraz sino también sostener que no se premió desde una empresa de hidrocarburos al exministro José Luis Ábalos con un chalé en Cádiz -La Alcaidesa-. Gallego, en un momento de su comparecencia habría confesado que si Leticia de la Hoz y los que le ofrecieron el dinero hubiesen sido más ágiles quizá habrían aceptado el soborno. Aunque acto seguido, ha explicado, se habrían arrepentido al desconocer la procedencia del dinero.

Otras fuentes han añadido que, durante el interrogatorio, la defensa de De la Hoz ha preguntado sobre una presunta amenaza de Pano a su cliente el pasado 29 de mayo de 2026. Le habría dicho que implicaría en una causa de fraude del IVA en hidrocarburos a empresarios que lleva como abogada si De la Hoz no confirmaba que había intentado comprarla. Fuentes del entorno de Pano, consultados tras la declaración por elDiario.es, indican que esa conversación ed mayo existió pero que no se mantuvo en ningún momento en términos de amenaza.

El auto del juez Santiago Pedraz que daba impulso a la causa, recogía que la trama investigada centró también sus actuaciones sobre la empresaria “a la que habrían llegado a ofrecer cantidades monetarias con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical” a principios de 2025. Indicaba que el abogado Ismael Oliver y la exmilitante socialista Leire Díez vieron la necesidad de negociar con Pano para comprarla y que no insistiera en esas entregas de dinero:“Esta se vende. Debemos saber comprar”. La responsabilidad de esa “negociación” recayó en la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, investigada en la causa.

La abogada Leticia de la Hoz se dirigió a la UCO tras conocerse el auto del juez para negar las acusaciones de la empresaria, y sostuvo que nunca ofreció un soborno a Carmen Pano para comprar su silencio y evitar que declarase haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE. La letrada afirmó que fue al revés, y que fue Pano la que le pidió 10.000 euros como comisión en un negocio relacionado con los hidrocarburos.

Cabe recordar, respecto a esas supuestas entregas de dinero en Ferraz, que se investigan en una pieza secreta del Juzgado Central de Instrucción número 2 en la que se indaga sobre posibles irregularidades en los pagos de gastos de la formación socialista. Sobre esos hechos concretos el empresario Víctor de Aldama declaró en instrucción ante el magistrado del caso Koldo que nunca pidió a Pano entregar en su nombre esas cantidades en la sede del PSOE.

Este lunes también ha declarado como testigo, y por videoconferencia, la joven que mantuvo un procedimiento judicial abierto contra el fiscal anticorrupción José Grinda. A ella también intentó acercarse la presunta trama coordinada por Leire Díez y el ex número tres del PSOE Santos Cerdán. El objetivo era tenerla atada y ayudarla para ir cotra Grinda. La joven, ha confrmado que estuvo en Ferraz en octubre de 2024 y que, sin especificar en qué momento concreto, se le ofreció ayuda para estabilizar un puesto de trabajo que tenía en Jaén.

La contratación pública de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario cuando los controles habían saltado por los aires. El decreto que impuso el Estado de Alarma en el país permitió comprar de emergencia a cualquiera y sin concurso cuando fallecían cientos de personas al día. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector. Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios, algunos ni eso, se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

La Fiscalía Anticorrupción alertó por escrito sobre este 'antisistema', perfecto para alimentar la corrupción: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

La pandemia dejó en España cientos de casos de empresarios o comisionistas que lograron, por la emergencia, un enriquecimiento obsceno pero legal. Como Víctor de Aldama, el nexo corruptor del Ministerio de Transportes que tras sobornar con dinero y regalos al ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García, logró el primer gran negocio millonario de su vida con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.  

Soluciones de Gestión fue la empresa recomendada por Aldama, que para entonces ya pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro Ábalos. Logró vender 20 millones de mascarillas por más de 50 millones de euros al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares. De ese dinero público, 15 millones de euros se quedaron en los bolsillos del dueño de Soluciones de Gestión (nueve millones) y de Víctor de Aldama (seis).

Antes del juicio en el Supremo del caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción avisó de que no había nada anómalo en ese procedimiento: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Durante el juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió que Aldama devolviera al menos los 3,7 millones de euros que había ganado por el material vendido al Ministerio de Transportes previo soborno a sus dirigentes. “Por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de un año”, escribió.

Los siete magistrados del Supremo que juzgaron el caso decidieron por unanimidad que Aldama no cumpliera los 4,5 años de cárcel de la condena y, además, le perdonaron la multa de los 3,7 millones de euros ganados. La sentencia considera poco relevante la información privilegiada con la que Aldama hizo negocio en el Ministerio donde tenía comprado a su principal responsable. “La relevancia de la información sobre la futura licitación, además de ser de muy escasa entidad dada la situación de la pandemia, el Estado de Alarma y normativa circundante, sucede que resultaba accesoria para la obtención del beneficio económico, que, como finalidad, establece el artículo 442 del Código Penal; pues la existencia de otros licitadores, como hemos descrito, en virtud de las influencias descritas, no eran ponderadas”, señala la sentencia.

Los magistrados creen y así lo defienden en el fallo que “no ha mediado prueba sobre que el suministro de mascarillas se haya pactado en condiciones perjudiciales para la Administración, ni que el precio fuera excesivo”. El empresario corrupto Víctor de Aldama vendió las mascarillas a 2,5 euros por unidad, lo que según el Supremo es prueba de que no se puso un precio excesivo y el suministro no se pactó en condiciones perjudiciales para la Administración.

El hermano de Isabel Díaz Ayuso, de nombre Tomás, se alió con un amigo de su pueblo que tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, para suministrar a la Comunidad de Madrid hasta 250.000 mascarillas a seis euros la unidad, casi el triple que los precios ofrecidos por Aldama. El material era muy parecido, comprado en China a dos euros en las mismas primeras semanas de la pandemia en España.

La importancia que los magistrados del Supremo dieron al precio fijado por Aldama fue, sin embargo, irrelevante para la Fiscalía Anticorrupción cuando decidió archivar la investigación al hermano de Díaz Ayuso porque, según dijo un alto cargo de esa institución, “la avaricia no es delito”. Aquel expediente se cerró con una excusa administrativa: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

Los correos electrónicos de la oferta de Tomás Díaz Ayuso iban a nombre del dueño de la empresa de ropa infantil, Priviet, y, por tanto, los funcionarios de la Comunidad de Madrid no podían saber que detrás de esa propuesta estaba el hermano de la presidenta, argumentaron los fiscales.

El Supremo destacó en su sentencia que 2,5 euros por unidad era un precio que se situaba por debajo de la media del precio medio pagado en España en marzo de 2020 (3,38 euros) y en abril (3,65 euros). De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro. 

El delito fiscal después del beneficio empresarial

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas durante la emergencia intentaron después engañar a Hacienda para que su beneficio fuera aún mayor. Es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento (seis euros por mascarilla).

La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

Algo parecido le ocurrió al novio de Isabel Díaz Ayuso, comisionista en una compraventa de mascarillas entre dos empresas privadas. Ganó dos millones de euros (el 4,5% de la operación) pero engañó a Hacienda con facturas falsas para ahorrarse el pago de 155.000 euros en impuestos, según determinó la Agencia Tributaria. Ahora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales.

La conjunción de poder político, dinero y captura de los controles produce monstruos. La corrupción rara vez es el resultado de la actuación aislada de una persona. Los grandes casos de corrupción pública muestran la existencia de una estructura relacional en la que convergen diversos actores y factores que permiten transformar una decisión ilegítima o arbitraria en una actuación aparentemente legal. Para comprender mejor este fenómeno resulta útil representarlo como una pirámide, en cuya cúspide se sitúan los actores que intervienen directamente en la operación corrupta mientras que la base estaría formada por las condiciones y culturas institucionales que hacen posible su desarrollo y permanencia.

La parte visible de la corrupción estaría, pues, formada por tres vértices. El primero lo constituye el político corrupto, quien dispone de la capacidad de decisión pública. Puede adjudicar contratos, otorgar subvenciones, conceder licencias, impulsar modificaciones urbanísticas o influir en nombramientos. Su aportación al sistema corrupto es el ejercicio desviado y torticero del poder que le ha sido confiado.

El segundo vértice es el corruptor, normalmente una empresa o grupo económico que persigue obtener ventajas ilegítimas respecto de sus competidores burlando las leyes del mercado que obligan a la concurrencia pública. Aporta los recursos económicos necesarios para alimentar la relación corrupta mediante sobornos, comisiones, financiación irregular al partido del político decisor, favores futuros como las puertas giratorias, o beneficios indirectos. En ocasiones intervienen intermediarios, comisionistas conocedores de las debilidades del político corruptible que se ofrecen a la empresa corruptora a cambio de una parte de los beneficios.

El tercer vértice, frecuentemente olvidado en el debate público y, lo que es más grave, en los procedimientos judiciales cuando se destapan los casos, es el funcionario que gestiona o el técnico responsable de los trámites administrativos que proporcionan apariencia de legalidad a los amaños. Es quien redacta pliegos orientados a adjudicar el contrato al corruptor, emite informes favorables de conveniencia, omite objeciones jurídicas, justifica la fragmentación de contratos o las urgencias propiciadas por ausencia intencionada de planificación, certifica ejecuciones deficientes, sobrecostes inaceptables o niega perjuicios a la administración por enriquecimientos ilícitos. Su intervención resulta decisiva porque convierte una decisión arbitraria y fraudulenta en un procedimiento aparentemente ajustado a Derecho. “No encontrarán nada, el expediente está perfecto” suelen repetir los decisores corruptos cuando se les investiga. Zaplana privatizó fraudulentamente unas ITV con unos pliegos administrativos amañados que recibieron el informe favorable de los servicios jurídicos, juzgado y condenado en primera instancia hace tres años, la sentencia definitiva sigue durmiendo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La interacción de estos tres actores produce una combinación perversa y peligrosa para el buen funcionamiento de las administraciones públicas: poder político, dinero y apariencia de legalidad. Cuando estos elementos convergen sobre una misma decisión pública, la corrupción pierde su condición de conducta individual y se transforma en un fenómeno organizativo, por eso decimos que España sufre de corrupción estructural.

Sin embargo, esta explicación sigue siendo insuficiente. Mi experiencia acumulada y el estudio de centenares de casos demuestra que estos tres actores no podrían actuar de manera sostenida sin una base institucional que lo permitiera. Por ello la imagen del triángulo termina evolucionando hacia la de una pirámide.

La base de esa pirámide está constituida por la debilidad institucional y la mala calidad de nuestra democracia carente de una estrategia estatal de prevención y lucha contra la corrupción e inmersa en una cultura de enriquecimiento desvergonzado donde comisiones millonarias por contratos adjudicados sin concurrencia quedan blanqueadas como negocios lícitos. Recuerden aquella frase de “yo he venido a la política a hacerme rico”. Después de ella hubo premio: mayorías absolutas durante veinte años. Cuando las organizaciones públicas están lideradas por personajes sin escrúpulos que impiden la existencia de sistemas de integridad eficaces y sólidos que las alineen con el interés general, los riesgos de corrupción aumentan exponencialmente. La ausencia de procedimientos claros, la discrecionalidad abusiva, la falta de planificación intencionada y la insuficiente profesionalización de las estructuras administrativas creadas a medida de este tipo de personajes, generan ecosistemas propicios para una cultura del pelotazo que pasa por la captura de los órganos que toman las decisiones públicas y de sus controles.

Un segundo elemento fundamental es la opacidad. Allí donde la información no es accesible, donde los expedientes son difíciles de consultar, donde los grupos de interés se mueven libremente entre bastidores o donde los procesos de tomas de decisión permanecen ocultos, la corrupción encuentra su terreno fértil. La transparencia no elimina por sí sola la corrupción, pero sí la dificulta enormemente.

La tercera pieza de la base es la captura o ausencia de controles efectivos. Los sistemas democráticos descansan sobre una compleja red de controles internos y externos creados precisamente como contrapesos para dificultar los desvíos de poder: intervención, auditorías, tribunales de cuentas, agencias antifraude, fiscalías especializadas, órganos de transparencia, inspecciones y control parlamentario. Cuando estos órganos son debilitados, carecen de medios suficientes o son colonizados políticamente, dejan de actuar como barreras frente a la corrupción y pueden convertirse en simples elementos decorativos del sistema o incluso en colaboradores necesarios.

La sentencia del caso Ábalos de la que tanto se está hablando deja prácticamente intactos dos de los vértices del triángulo. El corruptor, además, se ha quedado impunemente con la mayor parte del botín millonario de sus fechorías y no entrará en la cárcel que es lo que realmente temen estos delincuentes. A los responsables de los controles administrativos que debían haber impedido que sus entidades públicas sufrieran los fraudes, ni se les ha molestado.

A todo ello se suma la falta de rendición de cuentas. La corrupción prospera cuando las decisiones públicas no tienen consecuencias para quienes las adoptan. La inexistencia de responsabilidades políticas, disciplinarias, contables o penales genera un mensaje de impunidad que favorece la repetición de conductas indebidas. Si esa ausencia de consecuencias punitivas procede de los mismos tribunales, la combinación explosiva está servida. El caso Naseiro, que en mi opinión fue la madre de todas las corrupciones, terminó con un archivo por el Tribunal Supremo a principios de los años noventa del siglo pasado al anular la batería de indicios y pruebas acumuladas por el magistrado instructor y que eran mucho más contundentes que las que hoy han llevado al procesamiento del expresidente Rodríguez Zapatero. Deseado o no, aquel mensaje desde tan altas instancias de que unas grandes empresas constructoras pagasen comisiones a un partido político por obras adjudicadas sin consecuencias punitivas, abrió la barra libre donde ha bebido buena parte del sistema político actual, especialmente los dos grandes partidos que se vienen alternado en el poder desde hace cuarenta años y que durante tan largo periodo se han desentendido de las recomendaciones que en materia de prevención y lucha contra la corrupción emitían organismos como la OCDE, GRECO o el mismísimo FMI. En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destapaba que las cinco grandes constructoras (algunas ya estuvieron involucradas en el citado caso Naseiro) se repartían los grandes contratos de obras y servicios. El expediente finalizó con sanciones que sumadas alcanzaban poco más de 200 millones de euros, cantidad irrisoria si se compara con los beneficios millonarios de unos contratos que burlaron los precios de mercado durante un cuarto de siglo. Previamente, en 2013, el Tribunal de Cuentas Europeo emitió un informe en el que, comparando los costes de construcción de 1000 metros cuadrados de autopista en similares condiciones, en España costaba el doble que en Alemania.

La politización de los órganos de control constituye otro factor especialmente relevante. Cuando las instituciones llamadas a supervisar la legalidad dependen de quienes deben ser controlados, se produce un fenómeno de captura institucional que vacía de contenido los mecanismos de control y vigilancia democrática. Numerosos informes de GRECO, de la OCDE y de otros organismos internacionales han insistido en la necesidad de garantizar la independencia real de estos órganos para prevenir la corrupción.

Finalmente, la insuficiente protección de los denunciantes de corrupción constituye una de las mayores debilidades de los sistemas de integridad. En muchos casos, las primeras señales de corrupción son conocidas por empleados públicos o trabajadores que observan cómo se producen las irregularidades desde dentro de la organización. Si estas personas no cuentan con canales seguros y garantías efectivas frente a represalias, la información permanece oculta y la corrupción continúa enraizando sus tentáculos. Nadie se ha preocupado de que España cumpla íntegramente la Directiva (UE) 2019/1937 conocida como “Whistleblowers” promulgada por el parlamento europeo para proteger a las personas que informan o denuncian la corrupción, hasta los sindicatos se han desentendido cuando esta Directiva es un instrumento de protección para los trabajadores contra las represalias que sufren de los corruptos. Siete años después de su promulgación hay territorios que no cuentan con la autoridad territorial de protección impidiendo que la autoridad estatal, ya de por sí con escasos recursos, pueda actuar en esos territorios. Asimismo, se han nombrado autoridades en algún territorio con estrechos vínculos con condenados por corrupción sin que salte ninguna alarma, todo ello muy propio de un ecosistema social enfermo.

La representación piramidal permite comprender que la corrupción no es únicamente un problema moral de individuos concretos. En el fondo es un problema de diseño institucional y de mal gobierno en línea con el análisis clarividente de Daren Acemoglu y James A. Robinson en su ensayo 'Por qué fracasan los países'. Los corruptos aparecen en todas las sociedades, lo que diferencia a unas de otras es la capacidad de sus instituciones para detectarlos, investigarlos, sancionarlos y apartarlos del ámbito público. Por ello, las políticas modernas de integridad pública han desplazado progresivamente el foco desde la mera persecución penal hacia la prevención. El objetivo ya no consiste únicamente en castigar a quienes participan en el triángulo corrupto, sino en reforzar la base institucional para impedir que ese triángulo pueda llegar a formarse.

En última instancia, la mejor política anticorrupción no es la que produce más condenas, o que estas sean muy altas, sino la que consigue que el político corrupto, el empresario corruptor y el funcionario colaborador nunca lleguen a encontrarse bajo el amparo de una estructura institucional débil. Cuando la transparencia funciona, los controles son independientes y cuentan con medios, existe rendición de cuentas, las decisiones políticas se toman desde la integridad y los denunciantes están protegidos, la pirámide se derrumba antes de que la corrupción pueda consolidarse.

El Tribunal Supremo ha convertido a José Luis Ábalos en el ministro con la condena de cárcel más alta de la historia de España. La sentencia dibuja un sistema de corrupción gestionado por Koldo García y alimentado por Víctor de Aldama para beneficiarse del titular de una de las carteras más abultadas y laberínticas del Consejo de Ministros. De pagar un piso para su pareja en pleno centro de Madrid hasta sufragar unas vacaciones, la trama se ajustó a las necesidades del político para usar su nombre como una ganzúa para abrir la puerta de cualquier despacho. Los magistrados hacen en este fallo el alegato contra la corrupción que no hicieron en ninguna de las sentencias del caso Gürtel para sentenciar un entramado que todavía tiene varios juicios por delante.

José Luis Ábalos (Torrent, 1959) se curtió durante 25 años en la política valenciana antes de desembarcar en Madrid como diputado del Congreso en 2009. Con los años se convirtió en uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez dentro del PSOE: cuando se presentó a las primarias de 2014, cuando fue defenestrado y cuando volvió a ganar. El ascenso de Sánchez en el partido y en el Gobierno convirtió a Ábalos en uno de los hombres con más poder de la calle Ferraz y también con más obras públicas a su disposición. Secretario de Organización del PSOE y ministro, primero de Fomento y después de Transportes.

La cartera de Fomento, hoy conocida como Transportes y Movilidad Sostenible, no es la que más dinero maneja en los Presupuestos Generales del Estado, pero sí tiene unas particularidades que convierten ese Ministerio en objeto de deseo para los aspirantes a corruptos y corruptores. Empresas públicas del calibre de Renfe o ADIF, direcciones generales como la de Carreteras y una lista de adjudicaciones de obras públicas por todo el país tan larga como infraestructuras tiene el Estado. Un potencial botín que aumentó durante la pandemia mientras la intensidad de los controles bajaba en aras de la velocidad: la compra de material sanitario se gestionó, al menos en un principio, a través de empresas dependientes de este Ministerio.

El Tribunal Supremo declara probado en las primeras páginas de su sentencia lo que los cronistas políticos llevan relatando desde el estallido del caso. Que Koldo García llegó a la vida de José Luis Ábalos a través de Santos Cerdán durante las primarias que encumbraron a Pedro Sánchez por segunda vez. El hombre para todo del socialismo navarro pasó a estar al servicio del nuevo ministro y Secretario de Organización en una labor que el Supremo define como “omnipresente”. Conductor y asesor de manera oficial, gestor de corruptelas de manera oficiosa y consejero en Puertos del Estado y Renfe. Víctor de Aldama llegó hasta Ábalos a través de su hermano Rubén, escolta del ministro y en contacto constante, por tanto, con Koldo García, su sombra oficial. Sus muchos y muy variados intereses empresariales tenían una oportunidad de oro.

Aldama, hoy arrepentido colaborador de la Justicia y de la Fiscalía, se pegó entonces al ministro para medrar. Según la sentencia, tanto Koldo García como José Luis Ábalos fueron receptivos. El empresario se convirtió en el encargado de captar “empresas o particulares” para darles trato de favor a cambio de “la correspondiente prestación económica”. Para Víctor de Aldama, según demuestra la sentencia, tener contento y atendido a José Luis Ábalos era una inversión de futuro. Desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 entregó 10.000 euros al mes a Koldo o a su hermano para satisfacer, entre otras cosas, “gastos fijos” de Ábalos.

Pisos, vacaciones y enchufes

Los pagos de Víctor de Aldama para agasajar al grupo dejaron de ser a fondo perdido cuando llegó la pandemia. La crisis sanitaria se convirtió en una oportunidad de negocio para el empresario cuando la máxima prioridad del Estado fue conseguir mascarillas, el gran escudo para combatir la propagación del coronavirus en espacios públicos. Y los astros se alinearon para el gran corruptor del caso: la gestión millonaria de las compras quedó en manos del Ministerio de Ábalos con los controles de legalidad bajo mínimos para conseguir el material sanitario cuanto antes mientras cientos de personas morían cada día. Las empresas de la trama firmaron un acuerdo para suministrar ocho millones de mascarillas a Puertos del Estado, la empresa encargada de la gestión, días antes de que la orden ministerial fuera publicada.

Si la necesidad era dinero, Víctor de Aldama lo ponía. Si la necesidad eran unas vacaciones, el empresario aportaba una casa. La sentencia declara probado que José Luis Ábalos presionó al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, para que sacase una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa que tranquilizase a los acreedores. Lo hizo a petición de Aldama, que por entonces cobraba unos 12.000 euros al mes por asesorar a la aerolínea. A cambio de un comunicado, la trama alquiló una casa en Marbella de la que Ábalos disfrutó en agosto de 2020.

A veces no era necesario ni que la gestión llegase a buen puerto. Víctor de Aldama también tenía intereses en el sector de los hidrocarburos y se propuso conseguir una licencia para una de sus empresas, Villafuel. Ni siquiera se dirigieron al Ministerio adecuado. A cambio, según el Supremo, Víctor de Aldama gestionó la compra de una casa en La Línea de la Concepción que se pondría a disposición de Ábalos a través de un contrato de alquiler con opción a compra. Ábalos pagó solo dos meses de renta y los empresarios del sector de los hidrocarburos rompieron el contrato cuando la administración negó la licencia a Villafuel.

La trama, según la describe el Tribunal Supremo, se levantó sobre la simbiosis entre Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García, y a veces el peaje para tener poder en el Ministerio no era agasajar directamente al político o al asesor sino a su entorno. Una de las vías fue dar casa y trabajo a Jessica Rodríguez, quien fuera pareja del político, antes incluso de que llegara la pandemia y el gran botín de las mascarillas. La trama pagó un apartamento para ella en la Plaza de España de Madrid entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Se encargaban hasta de las incidencias con los electrodomésticos.

No todo eran contratos y comisiones. El Supremo también aborda cómo Ábalos y su asesor hacían y deshacían en Transportes para sus necesidades personales, enchufando a dos personas en varias empresas públicas. Una de ellas fue Rodríguez, que llegó a cobrar más de 43.000 euros de Tragsatec e Ineco sin ir a trabajar. O Claudia Montes, que pidió ayuda a Ábalos para encontrar trabajo y se encontró un trabajo en Logirail. Los enchufes eran ineludibles y si alguna tenía algún problema allí estaba Koldo García para mover un currículum o hacer una llamada. Un directivo de Logirail, recuerda el Supremo, fue cesado de su puesto sin explicación cuando expedientó a Montes por no acudir a trabajar.

24 años de cárcel y dos causas por delante

Todas estas corruptelas, las grandes y las medianas, se amontonan en nueve delitos distintos y se traducen en 24 años y 3 meses de prisión para Ábalos, la condena más alta para un ministro en la historia de la democracia, aunque su cumplimiento máximo será de 15 años y 8 meses de presidio, descontando el tiempo que ya ha pasado en prisión provisional. Por los mismos delitos, su mano derecha Koldo García es condenado a poco menos de 20 años de prisión. Y Víctor de Aldama, el hombre que levantó el entramado y atendió cada necesidad del exministro para mantener su cuota de poder, ha sido condenado a cuatro años y medio pero solo tendrá que hacer un año de servicios para la comunidad, sin tener que volver a la cárcel donde apenas pasó un mes a lo largo de 2024.

La sentencia ensalza la confesión de Aldama en los puntos en los que ha sido determinante para condenar a Ábalos y pasa de puntillas sobre las acusaciones que lanzó y que no han tenido más prueba que su palabra. Por ejemplo, su intento tan fallido como explícito de involucrar en la trama a María Jesús Montero o de señalar a Pedro Sánchez como el líder del entramado y mezclarlo todo con una posible financiación ilegal del PSOE. Todo el caso, se deduce de la sentencia, tenía que ver con Ábalos y sus necesidades, y todo lo que Koldo García y Víctor de Aldama querían sacar de él.

El entorno de Ábalos ya ha anunciado que llevará esta sentencia ante el Tribunal Constitucional y hasta instancias europeas si es necesario, entre denuncias de falta de pruebas y de un exceso punitivo por parte del Supremo, sobre todo en comparación con un Víctor de Aldama que evitará la prisión gracias a una confesión que solo llegó después de pasar un mes en Soto del Real. Pero el horizonte del caso no está en Estrasburgo. Sigue en la plaza Villa de París de Madrid, aunque en otro edificio, en la Audiencia Nacional.

El foco se pone ahora sobre dos diligencias que siguen bajo investigación en ese tribunal central. Las dos con Ábalos en la nómina de imputados, pero mucho más allá del neopreno de corrupción que describe el Tribunal Supremo en su sentencia. Obras públicas, más contratos de mascarillas y la sombra de Santos Cerdán, su sustituto en la sala de máquinas del PSOE, como nueva figura de poder en el entramado. Y todo bajo la amenaza de que las palabras de Víctor de Aldama, tanto las que tienen pruebas detrás como las que llegan subidas a un globo sonda televisivo, son consideradas en su mayoría una prueba de cargo.

Pedro Sánchez avisa a la oposición y a sus propios socios: quien tenga algún tipo de expectativa de que tire la toalla y convoque ya elecciones por los casos de corrupción que afectan a su partido, que espere sentado. El presidente del Gobierno salió al paso este miércoles en el Congreso de la ofensiva sin cuartel del PP y de Vox, pero también de las críticas de sus propios socios. Lo hizo tras admitir como “particularmente dolorosas” las “ilegalidades” cometidas por José Luis Ábalos, tras desligar a su Ejecutivo de cualquier vicisitud judicial que tenga que afrontar Zapatero y tras defender a su pareja y a su hermano de “acusaciones infundadas”. Y lo hizo para pasar al contraataque.

“Para mí la pregunta no es si debemos continuar, la pregunta es cómo no vamos a hacerlo. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país es evidente que será un Gobierno como el nuestro, y no uno del PP con Vox, el que podrá acabar con ellos”, dijo el presidente en su primera intervención. En ese arranque de comparecencia, de apenas media hora, aprovechó para solventar el trago de mencionar, uno a uno, casi todos los casos judiciales que atenazan al Ejecutivo en los tribunales, que definió como un “nubarrón que eclipsa nuestro debate público” y que quiso diferenciar en tres grupos.

“Hay un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Una investigación en torno al expresidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni lamentar. Y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar al Gobierno mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras”, enumeró.

Sobre Ábalos, a cuyo escándalo no puso paños calientes, aseguró que se trataba de un caso que le daña especialmente. “Sus ilegalidades son particularmente dolorosas, porque he compartido camino político con él. Y me cabrean y me apenan”. Sobre Zapatero, volvió a apostar por su inocencia y por defender su legado político, aunque esta vez introdujo un elemento de distancia respecto al porvenir judicial del expresidente para desligar a su Ejecutivo de los negocios privados que se investigan.

“Seamos francos. En este asunto, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara: no lo hubo. Por tanto, señorías, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho”. Y al final clamó por los casos de su pareja y su hermano. “Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, dijo sobre David Sánchez y Begoña Gómez para pedir a la Justicia “que sea justa”.

Desde ese momento, Sánchez pasó al ataque. Con sus socios, para advertirles de que una alternativa que pase por PP y Vox solo empeorará las cosas en cuanto a la lucha contra la corrupción y también respecto al retroceso “de 50 años” en la conquista de derechos y libertades. Y a la oposición para recordarle que no está dispuesto a aceptar lecciones de quienes considera que no tienen autoridad moral para dar ejemplo. “No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”, le dijo a Feijóo.

Como suele hacer en los momentos más complicados del Ejecutivo, el presidente volvió a recordarle al líder del PP su relación de amistad con el narcotraficante gallego Marcial Dorado. “Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero, sobre todo, lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia, y que les ayuden a dar pelotazos con privatizaciones”, le dijo.

Feijóo clama en el desierto de los socios de Sánchez

Lo que volvió a constatar el líder del PP este miércoles es que no tiene los números para una moción de censura contra Pedro Sánchez, ni siquiera 48 horas después de una sentencia histórica: 24 años de cárcel para el que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos. De hecho, Alberto Núñez Feijóo vio cómo uno de los socios del Gobierno que en las últimas semanas había pedido elecciones anticipadas, Junts, esta vez no lo hizo.

En su primera intervención, Feijóo se dirigió a “los socios”, a los que pasó a llamar “cómplices”. “Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí hoy, lo haríamos hoy mismo”, espetó, para volver a prometer “unas elecciones que Sánchez se niega a convocar”.

Pero el ánimo de los socios está muy lejos del expresado por Feijóo. Para muestra, lo ocurrido en el Senado mientras Sánchez comparecía en el Congreso. El PP presentó una moción para reclamar elecciones anticipadas, con un texto calcado al que planteó Junts la semana pasada. El PNV votó en contra y los de Carles Puigdemont optaron por no participar en la votación. El pasado mes de mayo, ambos partidos se abstuvieron en una iniciativa similar.

Los socios elevan el tono sin romper

Como se esperaba, PP y Vox fueron las formaciones más críticas con un Sánchez al que la ultraderecha, incluso, acusó sin pruebas de estar preparando un fraude electoral para perpetuarse en el poder más allá de 2027. No obstante, la mayor parte de los socios del presidente tampoco escatimaron en críticas, aunque evidenciaron que no son un bloque unívoco.

Algunos, como ERC o Podemos, elevaron el tono contra la Moncloa, pero solo los morados le pidieron convocar elecciones. Otros, como EH Bildu, mantuvieron una actitud mucho más templada y se centraron en exigir a Sánchez que reactive la legislatura. Y Junts, que dinamitó los puentes con el Gobierno hace ya meses, incluso le propuso una salida que no implicaría convocar elecciones, como habían pedido hasta ahora: dimitir para elegir otro presidente socialista en el Congreso.

En el PP no se toman en serio la propuesta que hizo Junts para que Sánchez dimita. Una “ocurrencia discursiva”, según apuntan desde la dirección del PP. “¿Cuántas sentencias necesitan?”, se cuestionan en Génova. “¿Queréis seguir? Seguid. ERC sube y Junts baja; PNV baja y Bildu sube”, apuntan las mismas fuentes, que zanjan: “Los socios quieren seguir apadrinando a este Gobierno. Así sea”.

La formación de Carles Puigdemont denominó a su propuesta la “vía Starmer”, en referencia al primer ministro británico, que anunció el martes su renuncia para dejar paso a otro dirigente laborista tras sus pésimos resultados en las elecciones locales de hace unas semanas. “Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir con Catalunya y los catalanes”, le espetó a Sánchez la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que afirmó que el presidente “no tiene mayoría ni legitimidad para ocupar el poder”. “A veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero no el pueblo por un hombre”, apostilló.

Pero Sánchez, lejos de recoger ese guante, elevó el tono contra un Junts al que esta legislatura ha evitado generalmente tratar con dureza, pese a que los de Puigdemont se han alejado de forma progresiva del Gobierno hasta terminar enfrentados con él. “No se anden por vericuetos, señoría. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el PP y con Vox, háganlo, pero no se busquen subterfugios”, espetó el presidente, quien, de manera irónica, atribuyó a sus políticas de distensión en Catalunya el mérito de que Junts pueda hablar con el PP “y que el PP les reconozca a ustedes como un actor político con el que armar una mayoría para hacer una moción de censura”.

Tampoco se arredró Sánchez ante las críticas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que no abrió la puerta a que los republicanos retiren su apoyo al Ejecutivo, pero sí preguntó a Sánchez si “sabía algo” en relación a los casos de José Luis Ábalos o Leire Díez y, directamente, si ha “robado”. “El 'y tú más', el 'y tú peor', el 'yo no sé nada', no sirve”, dijo el portavoz de ERC, que recordó que él mismo negoció “durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez” y afirmó que “su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez”. “Así que menos caritas y no me cuenten milongas, que sé perfectamente lo que estoy preguntando”, reclamó.

“Yo no me voy a rendir para poder envolverme en un halo de supuesta superioridad moral, señor Rufián”, le contestó Sánchez, que aseguró que está dispuesto a “asumir los errores” que haya cometido y a “actuar en consecuencia”. Pero eso, dijo, “no se hace desde la oposición, ni tampoco desde Twitter”. “Gobernar no es resistir, pero tampoco es desistir”, y “según todas las encuestas, hay una amplísima mayoría de votantes de ERC, en concreto el 70%, que quiere que el Gobierno agote la legislatura”, le dijo Sánchez a Rufián.

Al presidente tampoco le gustaron las críticas que le hizo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que aseguró que “es el momento de que deje paso porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M y a nuestra democracia es irreparable” y sostuvo que “este Gobierno no aporta ya nada más que decepción tras decepción”.

“Bueno, señora Belarra, pues claro, todo empezó y termina con Podemos”, respondió de forma irónica Sánchez, que despachó displicentemente a la líder morada en apenas 30 segundos de su réplica. “Dice que yo soy el del rearme militar y que apoyo de mentira a los palestinos porque estoy con Israel y con EEUU. Pues para usted la perra gorda, qué quiere que le diga”, zanjó. Y se marchó tras uno de sus plenos más difíciles. Sin convencer a casi nadie, pero con su eterna promesa de que el epílogo de su historia política, tantas veces anunciado, aún está por escribirse.

El empresario Víctor de Aldama, condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de cárcel en el caso Mascarillas –si bien el tribunal le libró de la entrada en prisión por colaborar con la Justicia– destacó este martes haber tenido que pagar impuestos por las comisiones millonarias que le reportó su negocio como comisionista durante lo peor de la pandemia.

En una entrevista en Telemadrid, Aldama confesó que con las operaciones recogidas en la causa ganó “los 3,7 millones de las mascarillas obviamente y luego a lo mejor dos millones más”. “Quiero decir, los seis millones que cuantifica el informa de la UCO”, explicó durante un programa en la televisión autonómica madrileña.

Preguntado por si se había quedado con “todo el dinero”, Aldama respondió: “No. Ha habido que pagar impuestos sobre esos 3,7 millones de euros, casi 1,8 millones, el resto obviamente me lo he quedado yo”. A renglón seguido, Aldama hacía mención al exministro José Luis Ábalos y al que fue la 'mano derecha' de este, Koldo García, ya que dijo que “de lo que se ha ganado del resto de dinero la mayoría ha ido a parar parar ellos, mucho más, aparte de lo que se iba para el partido”.

Con esas palabras Aldama insinuaba pagos al PSOE que no se han registrado en ninguna de las pesquisas en las que se construyó la causa de las mascarillas. Preguntado sobre su actividad actual, el empresario aseguró que las empresas que tiene “ahora mismo” están “paralizadas todas, porque están todas en cautelares”.

“Sobre todo mi negocio principal era el tema inmobiliario. Sigo con el tema inmobiliario, sigo haciendo otra serie de operaciones y sigo viendo oportunidades para hacer negocio”, concluyó, al ser preguntado por su trabajo.

Pese a la condena del Supremo por esas operaciones que le sitúan como el corruptor del caso, el empresario no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

El empresario no solo no tendrá que entrar en prisión después de ser condenado por el Tribunal Supremo a más de cuatro años de cárcel sino que, además, no deberá afrontar la multa de 3,7 millones de euros que pedía en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas.

Condena a la corrupción de Ábalos, distancias con el 'caso Zapatero, defensa de su pareja y su hermano y ofensiva contra el PP y Vox. Pedro Sánchez ha dedicado su comparecencia de este miércoles en el Congreso para repasar los temas judiciales que afectan a su partido y a su Gobierno, que ha diferenciado en tres categorías, y para pasar al ataque con la oposición, a quien ha acusado de estar intrínsecamente ligada a la corrupción. “Todos los diputados de esta Cámara sabemos que un gobierno suyo con Vox no serviría para limpiar España de corruptos, serviría para que España se llene de ellos y que nuestras instituciones volviesen 50 años atrás en el tiempo”, le ha dicho a Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno ha defendido que “no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas. Sean quienes sean”. Y ha insistido en que el PSOE no se ha financiado ilegalmente y que él no conocía ni uno solo de los comportamientos investigados o ya sentenciados. “Es razonable suponer que, en los próximos meses, el goteo de noticias y avances judiciales continúe. Habrá nuevos hallazgos. Nuevas acciones judiciales. Las derechas mediática y política venderán como una nueva muestra más de eso que llaman ahora degradación política. Pero no nos equivoquemos. Desgraciadamente, la degradación ya ocurrió. Lo que vamos a presenciar en los próximos meses es su persecución y su purga”, ha sostenido.

El líder del Ejecutivo ha diferenciado la cascada de causas judiciales que sepultan al Gobierno y que ha definido un “nubarrón que eclipsa nuestro debate público”. “Hay un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Una investigación en torno al Expresidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni lamentar. Y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar al Gobierno mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras”, ha enumerado.

Sobre la condena de 24 años de cárcel por corrupción del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno no ha ocultado el impacto. “Son particularmente dolorosas, porque he compartido camino político con él. Y me cabrean y me apenan”. Sánchez ha vuelto a defender la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha reconocido, nuevamente, su legado político. Aunque ha marcado distancias con el porvenir judicial al que pueda enfrentarse el expresidente.

“Seamos francos. En este asunto, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara: no lo hubo. Por tanto, Señorías, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre. Con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho”.

También se ha referido Sánchez a las situaciones judiciales que afrontar su pareja o su hermano, que ambos casos en el PSOE consideran ejemplos claros de ofensiva política desde los tibunales. “Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, ha dicho sobre David Sánchez y Begoña Gómez. “Solo voy a pedir a la Justicia que sea justa”, ha apostillado.

“Ante ese panorama”, ha proseguido, “para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a hacerlo. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con VOX el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado; los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites”, ha apuntado para descartar cualquier sombra de duda sobre un adelanto electoral precipitado.

Y en ese punto, ha pasado a la ofensiva para entrar al choque con el PP y con Vox. “No sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen al ex Fiscal General cuando presumen públicamente, cada semana, de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”.

Es ese mismo argumento en el que ha empleado la práctica totalidad del tiempo de su segundo turno de palabra, cuando ha dado la réplica a los grupos parlamentarios. “Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero, sobre todo, lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia, y que les ayuden a dar pelotazos con privatizaciones”, le ha reprochado al líder de la oposición.

“Ustedes hostigan a mi mujer por llevarse cero euros en su trabajo y protegen a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos”, ha proseguido el presidente en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, Sánchez le ha afeado a Feijóo que cuando era presidente de la Xunta de Galicia “no hizo nada” ante los casos de corrupción que le afectaron. Y le ha recordado “los contratos que firmó el señor Feijóo cuando era el responsable del Servicio de Salud de Galicia con las empresas de Marcial Dorado, que era un narcotraficante amigo con el que pasaba veraneos y se iba de vacaciones”. “Cuando estalló el caso Bárcenas, el señor Feijóo dijo del tesorero del Partido Popular que era un pillo y que había que distinguir entre el partido y la persona que trabajaba para el partido”, ha añadido.

Mitigar un incendio que hasta hoy está fuera de control. Esa es la principal misión con la que Pedro Sánchez llega este miércoles al Congreso, en mitad de un aluvión de causas judiciales que asedian al Gobierno y mantienen la legislatura al borde del bloqueo. La sentencia de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, el hombre que lo fue todo en política para el presidente, ha sido la puntilla. Cada vez más socios del PSOE marcan distancias y exigen explicaciones y responsabilidades de escándalos como el del exministro, el de Santos Cerdán y Leire Díez o el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque Sánchez pondrá también sobre la mesa causas como la de su pareja, Begoña Gómez, como paradigma de un intento de “causa común” para derribar a su Ejecutivo a cualquier precio.

“No vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales. Hay algunos que están empeñados en mezclarlo todo para hacer una causa común”, dijo este martes el ministro Óscar López. Un argumento al que recurrirá el presidente en su comparecencia del Congreso. Pedro Sánchez asumirá ante la Cámara Baja sus errores con personas de su máxima confianza, como el propio Ábalos o Santos Cerdán. Pero volverá a reivindicar que su partido fue capaz de romper amarras con dos pesos pesados de primer nivel en momentos muy incipientes de los procedimientos, incluso antes de ser imputados, y por muy traumáticas y dolorosas que resultaran sus salidas. Y enfrentará esa forma de actuar con el propio proceder del Partido Popular.

“Asumimos lo que tengamos que asumir, pero no vamos a aceptar lecciones del PP en materia de corrupción en ningún caso”, apuntan desde las filas socialistas. Ese recurso, el de la falta de credibilidad de la derecha para erigirse en ejemplos anticorrupción, será una de las principales bazas del líder del Ejecutivo, que piensa arrojarle a Alberto Núñez Feijóo sus dificultades para actuar, criticar o siquiera afear el escándalo que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez apretará a Feijóo, además, con el encumbramiento por parte de la derecha y la ultraderecha del empresario corruptor de la trama de Ábalos y Koldo, Víctor Aldama. Eximido por el Supremo de entrar en prisión por su colaboración en la investigación, Aldama se ha consagrado como algo parecido a un héroe antisanchista que amenaza, de plató en plató, al Gobierno en bloque y a su presidente en particular. Y el líder del Ejecutivo intentará poner al presidente del PP en la tesitura de condenar la acción corrupta del empresario, que también acredita la sentencia, como los socialistas hacen hoy con José Luis Ábalos.

También recurrirá al cuerpo a cuerpo con el PP en el caso de Leire Díez, la investigación que llevó a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a las oficinas de la sede socialista de la calle Ferraz. “Si quieren hablar de cloacas, hablaremos de cloacas”, reflexionaban en el Ejecutivo sobre el contenido de la comparecencia del presidente en referencia al 'caso Kitchen', el gran escándalo de corrupción policial que anidó en el ministerio del Interior del gobierno popular de Mariano Rajoy.

Otro de los casos más delicados que deberá abordar Pedro Sánchez es el de la investigación a los negocios privados de José Luis Rodríguez Zapatero. La estrategia de defensa del expresidente, todo un símbolo y referente del socialismo, pasa por el momento por conseguir la nulidad de la causa en base a criterios procedimentales. Pero hasta ahora no ha sido capaz de despejar las sospechas sobre sus trabajos de consultoría, los contratos de sus hijas o el origen de las joyas incautadas. Todas ellas bombas de relojería para su partido, para el Gobierno y para el propio presidente, que este miércoles insistirá en mantener su confianza en la inocencia de Zapatero y en defender su legado de políticas progresistas.

No se espera, en principio, que Sánchez recurra a insinuaciones o acusaciones directas de prevaricación al juez Peinado, que instruye la causa contra su pareja. Pero sí aludirá a este caso para dibujar que, en mitad de otros episodios con un verdadero recorrido jurídico, existen otros alimentados artificialmente que solo buscan dañarle en lo personal y en lo político y que no tienen base alguna para seguir adelante. Por la tarde, Begoña Gómez deberá acudir al juzgado para entregar su pasaporte y asumir las medidas cautelares impuestas por Peinado.

Aunque nadie en el Ejecutivo ni en el PSOE oculta ya que se atraviesan las horas más delicadas desde que Pedro Sánchez puso un pie en la Moncloa, el mensaje político general del presidente girará en torno a que sí merece la pena sostener la legislatura. Al menos, hasta el primer trimestre del año que viene, con la culminación de los fondos europeos que terminará de recibir nuestro país el próximo 31 de diciembre como gran hito señalado en rojo por Pedro Sánchez.

Que la derecha y la ultraderecha, crecidas ante el infierno judicial del Ejecutivo, recurrirán al tono habitual e incluso al insulto para descalificar personalmente al presidente y políticamente al conjunto del Gobierno es algo que se da por descontado en el equipo de Moncloa. Donde también esperan tirones de orejas de muchos de sus socios, cada vez más distantes del Ejecutivo a cuenta de los casos de corrupción, con la tranquilidad real de que no hay viso alguno de una moción de censura que haga a Feijóo presidente.

Los socios miran con desconfianza

A este respecto, quien mantuvo una actitud más dura en la víspera de esa comparecencia es Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, dio directamente por muerta este martes la legislatura tras la sentencia contra Ábalos, Koldo y Aldama. Belarra calificó de “definitivo” este fallo, y aunque evitó pedir expresamente la convocatoria de elecciones anticipadas o la dimisión de Sánchez, sí deslizó que “no hace falta solo capacidad de resistencia, también es necesario tener dignidad y ética”. De cara a la comparecencia de este miércoles, la líder de Podemos afirmó que su partido ya no le “pide” nada a un mandatario que considera amortizado y que, dijo, “en cuanto ha tenido un Gobierno en el que solo manda el PSOE ha destinado todo el dinero al rearme, a la especulación con la vivienda” y ha albergado casos de “corrupción”.

Otros socios del Gobierno, por el contrario, se mantienen expectantes ante lo que pueda decir un Sánchez al que cada vez ven con más recelos, aunque aún le conceden algo de crédito. PNV y Junts, los más críticos con él, evitaron lanzar nuevas andanadas contra el Ejecutivo a lo largo del martes. Los nacionalistas vascos, por boca de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, se limitaron a insistir en que darían la legislatura por “agotada” si caen los Presupuestos, e insistió en que es en ese proyecto donde Sánchez debe dejar claras sus “prioridades” de cara a lo que queda de un mandato que, pese a todo, el PNV considera agonizante.

Mientras tanto, Sumar, que desde el estallido de los últimos casos de corrupción que afectan al PSOE ha mantenido un complejo equilibrio, volvió a mostrarse este martes crítico con los socialistas, pero, a la vez, despejó cualquier duda sobre la posibilidad de salir del Ejecutivo. Lejos de abonar esta opción, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, aseguró que la comparecencia de Sánchez este miércoles debe aportar “contundencia”, “transparencia” y “verdad”, y exigió al ala socialista que el Gobierno aproveche los meses que quedan de legislatura para reactivar la agenda legislativa.

“Lo que toca ahora es avanzar en esta legislatura para conseguir más derechos para la gente”, sostuvo Martínez, que afirmó que Sumar espera que Sánchez, en su comparecencia de este miércoles, exponga tanto un paquete de “medidas de democratización y contra la corrupción” para “recuperar la confianza” de la ciudadanía como también iniciativas “para solucionar crisis de vivienda”, para aprobar el control horario en las empresas o para poner en marcha la prestación universal por crianza. Este miércoles “no basta con hablar de corrupción”, argumentó Martínez, mientras la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, abundó en la misma línea que la coalición espera “acción y medidas” además de “transparencia y verdad” por parte de Sánchez.

También se muestra expectante ante la comparecencia de este miércoles ERC, que, sin embargo, asegura que el presidente debe coger el toro por los cuernos porque “no está para decepcionar más”. El lunes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguraba públicamente que “gobernar es legislar, no resistir”, y que “aguantar” solo tiene sentido si existe un “para qué” y la legislatura se llena de “contenido”. Y fuentes de la formación republicana sostienen que, si Sánchez “solo se queda en el y tú más” en la comparecencia, “va a ser una decepción”. “Tiene que proponer algo, no quedarse en aguantar por aguantar”, insisten estas fuentes, que celebran, por ejemplo, el aumento de la inversión en dependencia aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

En la misma línea se expresaba el lunes el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una entrevista en Radio Popular en la que afirmó que la duda que debe despejar el Gobierno de cara a los meses que quedan de legislatura es “qué propósito tiene”. “No vale con decir los otros son peores o más corruptos: no tiene que haber corrupción y tiene que haber un programa plurinacional de izquierdas que le dé a la gente satisfacción en problemas como el de la vivienda”, argumentó Otegi. No obstante, los independentistas vascos tienen decidido mantener su apoyo al Ejecutivo ante la “barbarie que representan Trump y las extremas derechas a lo largo y ancho del mundo”. “Nosotros no somos equidistantes, frente a eso estamos en el otro lado de la línea”, aunque “evidentemente queremos un Gobierno que combata la corrupción”, zanjó.

La sentencia del Tribunal Supremo que impone más de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos no da por buenas todas las confesiones y acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Los jueces rechazan que Carlos Moreno, alto cargo en Hacienda con María Jesús Montero, cobrara 25.000 euros de la trama a cambio de conseguir el aplazamiento de la deuda de una de sus empresas. El entonces jefe de gabinete de Montero derivó las reclamaciones del comisionista, pero la deuda siguió vigente y él no tenía ningún poder para influir sobre la situación de esa empresa. Además, recuerdan los jueces, no toda reunión en un despacho de un alto cargo implica un posible delito.

El foco judicial se puso sobre Carlos Moreno Medina en septiembre del año pasado cuando el juez Leopoldo Puente, de Tribunal Supremo, decidió partir el caso en dos e investigar aparte los amaños de obra y el papel de Santos Cerdán. Un auto en el que apuntó a Moreno y una reunión que habría mantenido con Víctor de Aldama que “tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas” del comisionista a cambio de 25.000 euros. La sospecha dio el salto a la política y el Partido Popular preguntó directamente por el tema a la entonces ministra de hacienda, María Jesús Montero, que fue contundente: “Jamás hizo nada parecido, nunca jamás. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno”.

Las acusaciones, como tantas otras del caso durante esa fase final de la investigación en el Tribunal Supremo antes del juicio, venían de la confesión de Víctor de Aldama. La comparecencia de varias horas del empresario en la Audiencia Nacional con la que había conseguido su libertad después de mes y medio en prisión por el fraude masivo de IVA en el caso Hidrocarburos. Ese día, entre otras muchas afirmaciones, el empresario aseguró que pagó 25.000 euros a Moreno a través de Koldo García para que, previa consulta a la ministra, aplazara la deuda de una de sus empresas.

La sociedad que tenía la deuda problemática es Pilot Real Estate, que figura en la última versión actualizada de la lista de morosos de Hacienda con un déficit de 1,3 millones de euros. Según relató en fase de instrucción, Moreno accedió a hacer el favor con una salvedad que apuntaba todavía más arriba según Aldama: “Antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero y que si ella autoriza hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento”. Según esa primera versión, pocos meses después Koldo García le pidió “un detalle” con ese alto cargo, que se concretó en 25.000 euros para Moreno. “Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno”, zanjó entonces Aldama.

La afirmación de Aldama pasó el filtro de la fase de instrucción y llegó al juicio, donde Carlos Moreno compareció para dar su versión de los hechos: se limitó a derivar la petición de Aldama a otra persona y nunca recibió ninguna comisión. Conoció a Aldama a través de Koldo García por asuntos relativos al aeropuerto de Ciudad Real, a la compra de un edificio del Ministerio en Madrid y a la presentación de una aplicación israelí, pero nada relacionado con la deuda.

Víctor de Aldama, que compareció como imputado durante unas ocho horas ante la Sala de lo Penal, mantuvo su versión de los hechos e incluso amplió los detalles. “Yo me siento en tres ocasiones con la jefa de la Agencia Tributaria, con una orden clara de María Jesús Montero, trasladada por Carlos Moreno, en que se me tiene que ayudar con la deuda”. Y después de muchas gestiones, según Aldama, la deuda se aplazó y Koldo le pidió 25.000 euros para el alto cargo de Montero. “Citamos al señor Carlos Moreno en un bar que hay bajando del Ministerio de Hacienda a mano derecha, subiendo la callecita un poquito a mano derecha, un bar pequeño que hay ahí y le hago entrega de un sobre con dinero”, zanjó Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción decidió no acusar por estos hechos, pero las acusaciones populares capitaneadas por el PP sí lo hicieron y el resultado ha sido un pasaje de la sentencia que rechaza las afirmaciones de Víctor de Aldama contra el departamento de María Jesús Montero. Carlos Moreno no tenía capacidad para aplazar esa deuda y no lo hizo: sigue vigente y tampoco hay pruebas de que se llevara un sobre con 25.000 euros a cambio. “No todo acto de aproximación para ser recibido en un despacho puede reputarse delictivo”, añade el Supremo.

Gestiones sin “fruto práctico”

Los jueces no dudan de que la reunión se celebró en junio de 2020 y tampoco de que Aldama pidió el aplazamiento de la deuda para Pilot Real State, una de las múltiples sociedades que administraba. El comisionista no tenía el aval necesario para conseguir la prórroga y estaba fallando en su objetivo de “intentar salvar la compañía”. Moreno, dice la sentencia, se limitó a trasladar la cuestión a otro alto cargo del Ministerio y el aplazamiento “no llegó a producirse”. Él, además, no tenía “competencias directas” sobre la cuestión.

“No ha quedado probado”, dice entonces el Supremo, nada de lo que dijo Aldama. “No tenemos ninguna constatación acreditativa, ni mediante prueba de carácter personal ni documental”, aseguran los jueces, de que Koldo pidiera 25.000 euros para Moreno y que ambos se lo dieran en un sobre en una cafetería. Además, y en contra de lo que dice Aldama, la deuda siguió viva y esa empresa sigue estando en la última versión actualizada de la lista de morosos. “Tales gestiones no tuvieron ningún fruto práctico, pues la citada mercantil figuró como morosa en la lista de diciembre de 2021”.

No todas las afirmaciones de Víctor de Aldama, por tanto, han sido validadas por el Tribunal Supremo, aunque los jueces lo mantengan en el territorio de los hechos sin probar y no acusen al empresario abiertamente de mentir. Las diligencias del Supremo y de la Audiencia Nacional han demostrado la habilidad de Víctor de Aldama para abrirse camino hasta todo tipo de despachos, y los jueces explican que eso no siempre es un delito para los que le recibían. “No es lo mismo conseguir una entrevista personal que una resolución”, dicen.

El Tribunal Supremo tira de archivo para ilustrar su argumento: el de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. En 2008 la Sala de lo Penal, encabezada entonces por un recién llegado Manuel Marchena, recibió un aviso de un juzgado de Valdemoro: habían cazado a Casas hablando por teléfono con una abogada acusada de conspirar para matar a su propio marido. Una conversación en la que no hablaban del posible asesinato, sino del divorcio de la mujer, que años después fue efectivamente condenada. El Supremo rechazó imputar a María Emilia Casas porque esas conversaciones no constituían ningún delito: “No todo consejo emanado de una autoridad puede reputarse delictivo”, dijo el tribunal hace casi dos décadas.

El Supremo, con Marchena entre sus integrantes, recuerda estos argumentos para no considerar delictiva la reunión entre Carlos Moreno y Víctor de Aldama. “No todo acto de aproximación para ser recibido en su despacho por un funcionario público o autoridad puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal”, recuerda el Tribunal Supremo para enterrar esta acusación con la que Víctor de Aldama quiso implicar en el caso a María Jesús Montero como conocedora de las gestiones.

Cuando se acumulan unos cuantos trienios en este oficio, una acaba tocando muchos palos. Uno de los más interesantes fue colaborar en un trabajo titulado Llums i taquígrafs, una exhaustiva investigación y, al mismo tiempo, una recopilación que aspiraba a convertirse en un atlas de la corrupción a través de los casos más destacados de Catalunya, la Comunitat Valenciana y Balears.

El objetivo era cartografiar, en cuatro volúmenes, todas las causas en una especie de caja negra de la corrupción, pero también del fraude y la impunidad. Para ello partimos de un principio acuñado por el periodista Xavier Vinader y que sigue plenamente vigente: “El combate contra la corrupción es fundamentalmente un combate ético, político y sociocultural”.

Han pasado diez años desde la publicación de aquel trabajo y semanas como esta demuestran que aún queda mucho por hacer.

Mostraré rápidamente mis cartas para que quede clara mi opinión: me escandaliza que un secretario de Organización del PSOE, ministro y portavoz del partido en la moción de censura que desalojó al PP del Gobierno por diversos motivos, entre ellos la corrupción, haya actuado como lo hizo.

Sorprende que su partido siga escudándose en que se trató de un “comportamiento individual”, puesto que, sin los resortes del Gobierno y el poder que ostentaba en el PSOE, le habría sido imposible actuar como presuntamente lo hizo. Y resulta directamente indignante (o debería serlo) que se sostenga que nadie, absolutamente nadie, sospechó nada ni tuvo conocimiento de los hechos.

También escandaliza que un corruptor, por mucho que haya colaborado con la justicia, no tenga que devolver, como mínimo, los 3,7 millones de euros obtenidos en concepto de comisión por la venta de mascarillas al Ministerio de Transportes. Y que parte del ecosistema político y mediático de la derecha haya convertido a ese corruptor en un héroe que se pasea por los platós con una vanidad ofensiva.

Así que ambas cosas son indignantes: lo de Ábalos y lo de Aldama. Pero mientras el segundo es un empresario corrupto, pretendidamente espabilado aunque de comportamiento deleznable, de los que siempre ha habido y probablemente siempre habrá, el primero debía ser un garante del servicio público, la integridad y la honradez. Más aún después de la moción de censura contra la corrupción que facilitó su llegada al Gobierno.

En estos días, en los que se ha vuelto a homenajear a la añorada Montserrat Roig con motivo del 80 aniversario de su nacimiento, conviene recordar también que la escritora defendía que la democracia se aprende en casa. “Ser demócrata no es una actitud política; es una actitud ante la vida”, decía.

Ser demócrata implica, entre otras cosas, denunciar y condenar toda corrupción, sin excepciones. De hecho, lo más fácil es criticar la de aquellos que ideológicamente nos resultan más lejanos. La de los cercanos nos incomoda y nos duele. Pero no por ello deja de ser corrupción.

En el caso que nos ocupa, el de Ábalos, Koldo y Aldama, la sentencia del Supremo es tan dura con el exdirigente del PSOE y su escudero, Koldo García, como benevolente (y difícil de comprender) con un delator que sigue lanzando acusaciones falsas contra ministros y exministros.

La cifra de 24 años de cárcel que ha recibido Ábalos, por sí sola, es llamativa. Se explica por la pluralidad de delitos (hasta seis: organización criminal, tráfico de influencias, malversación y tres de cohecho) a los que ha sido sentenciado.

El cumplimiento efectivo serán 16 años y medio. A los que creen que todavía es poco, recuerden que pasar una sola noche en la cárcel ya tiene efectos en cualquier persona, sea cual sea su apellido y su patrimonio. En el caso del exministro, incluso podría haber sido peor: el propio Supremo fija la horquilla de penas de cada delito en su mitad inferior (para incrementarlas, tendría que haberlo justificado).

El encaje de bolillos que el Supremo ha realizado en relación con Aldama, por más inédito y sorprendente que resulte (y que el propio corruptor ya ha utilizado para animar a otros implicados en causas que afectan al PSOE a colaborar con la justicia), no surge de la nada.

Lejos de cargar las tintas contra el Gobierno, como el Supremo ha hecho en alguna ocasión olvidando que su función no es ejercer de oposición al Ejecutivo, el Alto Tribunal justifica su decisión respecto a Aldama. El razonamiento tiene un punto de voluntarismo —lo primero que hizo el corruptor fue acudir a un plató de televisión en lugar de guardar silencio y prepararse para cumplir el año de trabajos en beneficio de la comunidad impuesto por la sentencia—, pero no puede calificarse de arbitrario puesto que la sentencia lo justifica.

Por un lado, el Supremo alude al “fracaso de los controles internos” que, en plena pandemia, permitió los amaños y sobornos en los contratos de mascarillas. Por otro, señala un camino para “incentivar y fomentar” la colaboración con la justicia en los casos de corrupción.

Ojalá esta doctrina se aplique con el mismo criterio a todos y no beneficie únicamente a una misma parte. Los primeros interesados en que sea así deberían ser los jueces. En sus salas, como en nuestras cocinas, también nos jugamos la democracia.

Felipe González y Emiliano García-Page se han mostrado muy críticos con los diversos casos de corrupción que rodean al PSOE y han cuestionado el liderazgo de Pedro Sánchez, asegurando que el actual es el momento político de “mayor degradación” en la historia de convivencia democrática de España.

Así lo han manifestado este martes en el encuentro 'España, su presente y su futuro', organizado con motivo del 50 aniversario de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) y celebrado en la capital castellanomanchega, donde han compartido protagonismo el expresidente del Gobierno y el líder del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, dos de las voces más críticas en el PSOE con Pedro Sánchez.

Felipe González ha comenzado valorando la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a penas de prisión al ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a su antiguo asesor Koldo García; librando a Víctor de Aldama de la cárcel. Para él, el dictamen “está bien hecho” y ha pedido evitar tener “una versión distorsionada de los tribunales” que juzgan casos de corrupción.

El expresidente ha pedido “coherencia” al ofrecer su valoración sobre la decisión del Tribunal Supremo sobre la pena impuesta a Aldama, que no tendrá que ir a la cárcel. “La sentencia está muy medida” y cree que “alguien se equivocó al pedir un aforamiento” en alusión, sin citarle, al exministro José Luis Ábalos.

Por su parte, García-Page se ha referido al caso abierto contra Begoña Gómez, afirmando que el auto del juez Peinado que pedía la retirada del pasaporte de la esposa del presidente Sánchez, dejando entrever que habría riesgo de fuga, “es desproporcionado”. Sin embargo, señalaba el barón socialista castellanomanchego, “hay mecanismos correctores en el ámbito judicial si las cosas se hacen mal”.

Además, Page ha añadido que Pedro Sánchez debería dar explicaciones en el Comité Federal que celebrará el PSOE este sábado porque los diversos casos de corrupción que asolan al partido afectan a personas que son el “núcleo fundacional” de esta etapa de Gobierno socialista y “manos derechas” de Sánchez, poniendo como ejemplo las causas judiciales que afectan a José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Page, como militante socialista, ha defendido su derecho “a saber y a tener respuestas” sobre estos casos.

“Liderazgo mercenario” de Pedro Sánchez

Sobre el liderazgo de Sánchez también se ha pronunciado Felipe González, calificándolo de “mercenario” y ha reiterado la necesidad de convocar elecciones.

“Ábalos se subió a la tribuna del Congreso y le planteó una moción de censura a Rajoy para que se fuera por responsabilidad política por lo que había pasado. Hay un momento en el que hay que asumir una responsabilidad política. En eso consiste el liderazgo, el liderazgo no mercenario o el liderazgo que se hace cargo del estado de ánimo de los otros”, ha dicho González.

“Voy a repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya. La Constitución dice que hay que cuatro años de mandato; bueno, pues sería la única cosa en lo que vamos a cumplir la Constitución”, ha añadido.

Continuando con los casos de corrupción que rodean al partido socialista, Felipe González, sin pronunciar la palabra “joyas”, se ha referido a los supuestos regalos que habría recibido el también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: “Que los devuelva cuanto antes y que explique lo que tenga que explicar”.

Previamente, González había relatado cómo se gestionaban esos regalos “de cortesía” durante su mandato: “Durante mi etapa de Gobierno no teníamos legislación sobre los regalos ni hacía falta. Yo a Helmut Kohl le llevaba un jamón (…) En la sala donde se celebra el Consejo de Ministros pusimos unas vitrinas”.

El momento de “mayor degradación política” en democracia

Todos estos motivos han llevado a concluir a González que el actual es el momento político “más degradado” en la historia de convivencia democrática.

Según ha declarado, gran parte de la “crispación” se diseña desde la política, ya que “se busca que la gente esté en tensión”. Afirmando que “hay mucho gestor de odio y frentismo barato”, se produce una polarización “inducida”, en la que se “crean” muros que terminan calando en la sociedad.

Por su parte, García-Page ha añadido que “el 80% de la crispación” se ha producido en las dos últimas legislaturas socialistas debido, según ha opinado, “a los pactos antinatura” que se produjeron para que gobernase Pedro Sánchez.

Felipe González y Emiliano García-Page también han hablado de si el PP terminará o no por presentar una moción de censura contra el Gobierno de España. “Mañana es tarde porque no solo hay una crisis de gobernanza sino un bloqueo en la toma de decisiones para los asuntos que importan en España”, ha afirmado González.

Sin embargo, más allá de que la oposición quiera “quitar al gobierno y ponerse ellos”, ha reconocido que le “cuesta trabajo identificar” si el PP tiene o no un proyecto de país. A renglón seguido, hablaba del PSOE. “Mi partido no tiene un proyecto de España”, decía, y ha reclamado “abrir un espacio de diálogo” en el marco de la Constitución.

En opinión de Page, es “muy difícil” que el PP presente una moción de censura. “El elemento de discordia para encontrar un poco de cordura en la negociación es Vox. Es la coartada perfecta”, decía, no solo para los ‘populares’ sino “para los nacionalistas y para todos los que se consideran progresistas, los que toleran hasta cuatro casos o cinco de corrupción y, sin embargo, piden privilegios”.

Otro aspecto que han tocado los políticos ha sido la política de migración del Gobierno de España, en referencia al proceso de regularización extraordinaria que ha activado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Nos estamos jugando el espacio Schengen por hacer una política de migración contraria a la que domina la centralidad europea”, ha criticado Felipe González.

Un aspecto en el que coincidía el presidente de Castilla-La Mancha. “Es entendible que haya resquemor en Europa por la política de inmigración en España”, apostillaba Page, quien ha pedido “evitar bloques” y hasta un “pacto de Estado” para que el proceso de regulación de personas migrantes “sea lo más razonable y humanitario posible”.

Sobre la amnistía en Catalunya, González ha afirmado “Es más falsa que la que hizo Delcy Rodríguez en Venezuela”. “Me preocupa la cantidad de veces que no se ha respetado la Constitución”, ha dicho hoy Felipe González en un acto ante los empresarios toledanos. El expresidente cree incluso que hay “una autoamnistía” sobre lo “mal” que se está haciendo y, en un juego de palabras, se ha referido a la amnistía otorgada a quienes participaron en el procés catalán: “Es más falsa que la que hizo Delcy Rodríguez en Venezuela. Es todavía peor y eso es difícil”. Por su parte, Page ironizaba con la cuestión: “Puigdemont es el único español que tiene claro que no va a ir a la cárcel”.

Por último, el líder del Ejecutivo castellanomanchego ha vuelto a asegurar que aún no ha decidido si se presentará a la reelección en las elecciones autonómicas previstas para el mes de mayo de 2027. “En su momento será inaplazable, pero no tengo tomada la decisión”.

El encuentro 'España, su presente y su futuro' ha comenzado con una ovación de los asistentes para Ángel Nicolás, presidente de los empresarios castellanomanchegos, por sus polémicas palabras en las que llamaba “memos” a los jóvenes que se cogen la baja laboral por salud mental. Javier Arribas, presidente de Fedeto, ha asegurado en la presentación del acto que Nicolás llevaba “razón en el fondo” y que las reacciones a estas declaraciones “se han salido de madre”.

Un momento judicial y mediático difícil para el PSOE

Este encuentro había sido cerrado hace más de dos meses, según fuentes de la Presidencia de Castilla-La Mancha, pero la casualidad ha querido que coincida con la tormenta judicial y mediática para el PSOE y el propio Pedro Sánchez en su máximo apogeo.

Y es que se celebra el día después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a 24 años de cárcel al ex secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos y tras declarar en la Audiencia Nacional el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por hasta siete delitos que le sitúan frente a una “estructura estable y organizada” de tráfico de influencias.

La conversación González-Page ante el foro empresarial toledano se ha producido, además, un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca de forma extraordinaria en el Congreso para dar explicaciones sobre las numerosas causas judiciales relacionadas con presuntos casos de corrupción.

El encuentro también ha tenido lugar pocos días antes del Comité Federal del PSOE previsto para este sábado, y con el que se abrirá el periodo para iniciar los procesos de primarias que determinen los candidatos y candidatas de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales.

No es la primera vez que ambos políticos coinciden en sus 'impresiones', como en el hecho de reclamar elecciones anticipadas.