El empresario Víctor de Aldama, condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de cárcel en el caso Mascarillas –si bien el tribunal le libró de la entrada en prisión por colaborar con la Justicia– destacó este martes haber tenido que pagar impuestos por las comisiones millonarias que le reportó su negocio como comisionista durante lo peor de la pandemia.

En una entrevista en Telemadrid, Aldama confesó que con las operaciones recogidas en la causa ganó “los 3,7 millones de las mascarillas obviamente y luego a lo mejor dos millones más”. “Quiero decir, los seis millones que cuantifica el informa de la UCO”, explicó durante un programa en la televisión autonómica madrileña.

Preguntado por si se había quedado con “todo el dinero”, Aldama respondió: “No. Ha habido que pagar impuestos sobre esos 3,7 millones de euros, casi 1,8 millones, el resto obviamente me lo he quedado yo”. A renglón seguido, Aldama hacía mención al exministro José Luis Ábalos y al que fue la 'mano derecha' de este, Koldo García, ya que dijo que “de lo que se ha ganado del resto de dinero la mayoría ha ido a parar parar ellos, mucho más, aparte de lo que se iba para el partido”.

Con esas palabras Aldama insinuaba pagos al PSOE que no se han registrado en ninguna de las pesquisas en las que se construyó la causa de las mascarillas. Preguntado sobre su actividad actual, el empresario aseguró que las empresas que tiene “ahora mismo” están “paralizadas todas, porque están todas en cautelares”.

“Sobre todo mi negocio principal era el tema inmobiliario. Sigo con el tema inmobiliario, sigo haciendo otra serie de operaciones y sigo viendo oportunidades para hacer negocio”, concluyó, al ser preguntado por su trabajo.

Pese a la condena del Supremo por esas operaciones que le sitúan como el corruptor del caso, el empresario no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

El empresario no solo no tendrá que entrar en prisión después de ser condenado por el Tribunal Supremo a más de cuatro años de cárcel sino que, además, no deberá afrontar la multa de 3,7 millones de euros que pedía en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas.

Condena a la corrupción de Ábalos, distancias con el 'caso Zapatero, defensa de su pareja y su hermano y ofensiva contra el PP y Vox. Pedro Sánchez ha dedicado su comparecencia de este miércoles en el Congreso para repasar los temas judiciales que afectan a su partido y a su Gobierno, que ha diferenciado en tres categorías, y para pasar al ataque con la oposición, a quien ha acusado de estar intrínsecamente ligada a la corrupción. “Todos los diputados de esta Cámara sabemos que un gobierno suyo con Vox no serviría para limpiar España de corruptos, serviría para que España se llene de ellos y que nuestras instituciones volviesen 50 años atrás en el tiempo”, le ha dicho a Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno ha defendido que “no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas. Sean quienes sean”. Y ha insistido en que el PSOE no se ha financiado ilegalmente y que él no conocía ni uno solo de los comportamientos investigados o ya sentenciados. “Es razonable suponer que, en los próximos meses, el goteo de noticias y avances judiciales continúe. Habrá nuevos hallazgos. Nuevas acciones judiciales. Las derechas mediática y política venderán como una nueva muestra más de eso que llaman ahora degradación política. Pero no nos equivoquemos. Desgraciadamente, la degradación ya ocurrió. Lo que vamos a presenciar en los próximos meses es su persecución y su purga”, ha sostenido.

El líder del Ejecutivo ha diferenciado la cascada de causas judiciales que sepultan al Gobierno y que ha definido un “nubarrón que eclipsa nuestro debate público”. “Hay un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Una investigación en torno al Expresidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni lamentar. Y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar al Gobierno mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras”, ha enumerado.

Sobre la condena de 24 años de cárcel por corrupción del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno no ha ocultado el impacto. “Son particularmente dolorosas, porque he compartido camino político con él. Y me cabrean y me apenan”. Sánchez ha vuelto a defender la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha reconocido, nuevamente, su legado político. Aunque ha marcado distancias con el porvenir judicial al que pueda enfrentarse el expresidente.

“Seamos francos. En este asunto, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara: no lo hubo. Por tanto, Señorías, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre. Con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho”.

También se ha referido Sánchez a las situaciones judiciales que afrontar su pareja o su hermano, que ambos casos en el PSOE consideran ejemplos claros de ofensiva política desde los tibunales. “Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, ha dicho sobre David Sánchez y Begoña Gómez. “Solo voy a pedir a la Justicia que sea justa”, ha apostillado.

“Ante ese panorama”, ha proseguido, “para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a hacerlo. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con VOX el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado; los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites”, ha apuntado para descartar cualquier sombra de duda sobre un adelanto electoral precipitado.

Y en ese punto, ha pasado a la ofensiva para entrar al choque con el PP y con Vox. “No sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen al ex Fiscal General cuando presumen públicamente, cada semana, de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”.

Es ese mismo argumento en el que ha empleado la práctica totalidad del tiempo de su segundo turno de palabra, cuando ha dado la réplica a los grupos parlamentarios. “Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero, sobre todo, lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia, y que les ayuden a dar pelotazos con privatizaciones”, le ha reprochado al líder de la oposición.

“Ustedes hostigan a mi mujer por llevarse cero euros en su trabajo y protegen a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos”, ha proseguido el presidente en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, Sánchez le ha afeado a Feijóo que cuando era presidente de la Xunta de Galicia “no hizo nada” ante los casos de corrupción que le afectaron. Y le ha recordado “los contratos que firmó el señor Feijóo cuando era el responsable del Servicio de Salud de Galicia con las empresas de Marcial Dorado, que era un narcotraficante amigo con el que pasaba veraneos y se iba de vacaciones”. “Cuando estalló el caso Bárcenas, el señor Feijóo dijo del tesorero del Partido Popular que era un pillo y que había que distinguir entre el partido y la persona que trabajaba para el partido”, ha añadido.

Mitigar un incendio que hasta hoy está fuera de control. Esa es la principal misión con la que Pedro Sánchez llega este miércoles al Congreso, en mitad de un aluvión de causas judiciales que asedian al Gobierno y mantienen la legislatura al borde del bloqueo. La sentencia de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, el hombre que lo fue todo en política para el presidente, ha sido la puntilla. Cada vez más socios del PSOE marcan distancias y exigen explicaciones y responsabilidades de escándalos como el del exministro, el de Santos Cerdán y Leire Díez o el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque Sánchez pondrá también sobre la mesa causas como la de su pareja, Begoña Gómez, como paradigma de un intento de “causa común” para derribar a su Ejecutivo a cualquier precio.

“No vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales. Hay algunos que están empeñados en mezclarlo todo para hacer una causa común”, dijo este martes el ministro Óscar López. Un argumento al que recurrirá el presidente en su comparecencia del Congreso. Pedro Sánchez asumirá ante la Cámara Baja sus errores con personas de su máxima confianza, como el propio Ábalos o Santos Cerdán. Pero volverá a reivindicar que su partido fue capaz de romper amarras con dos pesos pesados de primer nivel en momentos muy incipientes de los procedimientos, incluso antes de ser imputados, y por muy traumáticas y dolorosas que resultaran sus salidas. Y enfrentará esa forma de actuar con el propio proceder del Partido Popular.

“Asumimos lo que tengamos que asumir, pero no vamos a aceptar lecciones del PP en materia de corrupción en ningún caso”, apuntan desde las filas socialistas. Ese recurso, el de la falta de credibilidad de la derecha para erigirse en ejemplos anticorrupción, será una de las principales bazas del líder del Ejecutivo, que piensa arrojarle a Alberto Núñez Feijóo sus dificultades para actuar, criticar o siquiera afear el escándalo que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez apretará a Feijóo, además, con el encumbramiento por parte de la derecha y la ultraderecha del empresario corruptor de la trama de Ábalos y Koldo, Víctor Aldama. Eximido por el Supremo de entrar en prisión por su colaboración en la investigación, Aldama se ha consagrado como algo parecido a un héroe antisanchista que amenaza, de plató en plató, al Gobierno en bloque y a su presidente en particular. Y el líder del Ejecutivo intentará poner al presidente del PP en la tesitura de condenar la acción corrupta del empresario, que también acredita la sentencia, como los socialistas hacen hoy con José Luis Ábalos.

También recurrirá al cuerpo a cuerpo con el PP en el caso de Leire Díez, la investigación que llevó a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a las oficinas de la sede socialista de la calle Ferraz. “Si quieren hablar de cloacas, hablaremos de cloacas”, reflexionaban en el Ejecutivo sobre el contenido de la comparecencia del presidente en referencia al 'caso Kitchen', el gran escándalo de corrupción policial que anidó en el ministerio del Interior del gobierno popular de Mariano Rajoy.

Otro de los casos más delicados que deberá abordar Pedro Sánchez es el de la investigación a los negocios privados de José Luis Rodríguez Zapatero. La estrategia de defensa del expresidente, todo un símbolo y referente del socialismo, pasa por el momento por conseguir la nulidad de la causa en base a criterios procedimentales. Pero hasta ahora no ha sido capaz de despejar las sospechas sobre sus trabajos de consultoría, los contratos de sus hijas o el origen de las joyas incautadas. Todas ellas bombas de relojería para su partido, para el Gobierno y para el propio presidente, que este miércoles insistirá en mantener su confianza en la inocencia de Zapatero y en defender su legado de políticas progresistas.

No se espera, en principio, que Sánchez recurra a insinuaciones o acusaciones directas de prevaricación al juez Peinado, que instruye la causa contra su pareja. Pero sí aludirá a este caso para dibujar que, en mitad de otros episodios con un verdadero recorrido jurídico, existen otros alimentados artificialmente que solo buscan dañarle en lo personal y en lo político y que no tienen base alguna para seguir adelante. Por la tarde, Begoña Gómez deberá acudir al juzgado para entregar su pasaporte y asumir las medidas cautelares impuestas por Peinado.

Aunque nadie en el Ejecutivo ni en el PSOE oculta ya que se atraviesan las horas más delicadas desde que Pedro Sánchez puso un pie en la Moncloa, el mensaje político general del presidente girará en torno a que sí merece la pena sostener la legislatura. Al menos, hasta el primer trimestre del año que viene, con la culminación de los fondos europeos que terminará de recibir nuestro país el próximo 31 de diciembre como gran hito señalado en rojo por Pedro Sánchez.

Que la derecha y la ultraderecha, crecidas ante el infierno judicial del Ejecutivo, recurrirán al tono habitual e incluso al insulto para descalificar personalmente al presidente y políticamente al conjunto del Gobierno es algo que se da por descontado en el equipo de Moncloa. Donde también esperan tirones de orejas de muchos de sus socios, cada vez más distantes del Ejecutivo a cuenta de los casos de corrupción, con la tranquilidad real de que no hay viso alguno de una moción de censura que haga a Feijóo presidente.

Los socios miran con desconfianza

A este respecto, quien mantuvo una actitud más dura en la víspera de esa comparecencia es Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, dio directamente por muerta este martes la legislatura tras la sentencia contra Ábalos, Koldo y Aldama. Belarra calificó de “definitivo” este fallo, y aunque evitó pedir expresamente la convocatoria de elecciones anticipadas o la dimisión de Sánchez, sí deslizó que “no hace falta solo capacidad de resistencia, también es necesario tener dignidad y ética”. De cara a la comparecencia de este miércoles, la líder de Podemos afirmó que su partido ya no le “pide” nada a un mandatario que considera amortizado y que, dijo, “en cuanto ha tenido un Gobierno en el que solo manda el PSOE ha destinado todo el dinero al rearme, a la especulación con la vivienda” y ha albergado casos de “corrupción”.

Otros socios del Gobierno, por el contrario, se mantienen expectantes ante lo que pueda decir un Sánchez al que cada vez ven con más recelos, aunque aún le conceden algo de crédito. PNV y Junts, los más críticos con él, evitaron lanzar nuevas andanadas contra el Ejecutivo a lo largo del martes. Los nacionalistas vascos, por boca de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, se limitaron a insistir en que darían la legislatura por “agotada” si caen los Presupuestos, e insistió en que es en ese proyecto donde Sánchez debe dejar claras sus “prioridades” de cara a lo que queda de un mandato que, pese a todo, el PNV considera agonizante.

Mientras tanto, Sumar, que desde el estallido de los últimos casos de corrupción que afectan al PSOE ha mantenido un complejo equilibrio, volvió a mostrarse este martes crítico con los socialistas, pero, a la vez, despejó cualquier duda sobre la posibilidad de salir del Ejecutivo. Lejos de abonar esta opción, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, aseguró que la comparecencia de Sánchez este miércoles debe aportar “contundencia”, “transparencia” y “verdad”, y exigió al ala socialista que el Gobierno aproveche los meses que quedan de legislatura para reactivar la agenda legislativa.

“Lo que toca ahora es avanzar en esta legislatura para conseguir más derechos para la gente”, sostuvo Martínez, que afirmó que Sumar espera que Sánchez, en su comparecencia de este miércoles, exponga tanto un paquete de “medidas de democratización y contra la corrupción” para “recuperar la confianza” de la ciudadanía como también iniciativas “para solucionar crisis de vivienda”, para aprobar el control horario en las empresas o para poner en marcha la prestación universal por crianza. Este miércoles “no basta con hablar de corrupción”, argumentó Martínez, mientras la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, abundó en la misma línea que la coalición espera “acción y medidas” además de “transparencia y verdad” por parte de Sánchez.

También se muestra expectante ante la comparecencia de este miércoles ERC, que, sin embargo, asegura que el presidente debe coger el toro por los cuernos porque “no está para decepcionar más”. El lunes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguraba públicamente que “gobernar es legislar, no resistir”, y que “aguantar” solo tiene sentido si existe un “para qué” y la legislatura se llena de “contenido”. Y fuentes de la formación republicana sostienen que, si Sánchez “solo se queda en el y tú más” en la comparecencia, “va a ser una decepción”. “Tiene que proponer algo, no quedarse en aguantar por aguantar”, insisten estas fuentes, que celebran, por ejemplo, el aumento de la inversión en dependencia aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

En la misma línea se expresaba el lunes el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una entrevista en Radio Popular en la que afirmó que la duda que debe despejar el Gobierno de cara a los meses que quedan de legislatura es “qué propósito tiene”. “No vale con decir los otros son peores o más corruptos: no tiene que haber corrupción y tiene que haber un programa plurinacional de izquierdas que le dé a la gente satisfacción en problemas como el de la vivienda”, argumentó Otegi. No obstante, los independentistas vascos tienen decidido mantener su apoyo al Ejecutivo ante la “barbarie que representan Trump y las extremas derechas a lo largo y ancho del mundo”. “Nosotros no somos equidistantes, frente a eso estamos en el otro lado de la línea”, aunque “evidentemente queremos un Gobierno que combata la corrupción”, zanjó.

La sentencia del Tribunal Supremo que impone más de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos no da por buenas todas las confesiones y acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Los jueces rechazan que Carlos Moreno, alto cargo en Hacienda con María Jesús Montero, cobrara 25.000 euros de la trama a cambio de conseguir el aplazamiento de la deuda de una de sus empresas. El entonces jefe de gabinete de Montero derivó las reclamaciones del comisionista, pero la deuda siguió vigente y él no tenía ningún poder para influir sobre la situación de esa empresa. Además, recuerdan los jueces, no toda reunión en un despacho de un alto cargo implica un posible delito.

El foco judicial se puso sobre Carlos Moreno Medina en septiembre del año pasado cuando el juez Leopoldo Puente, de Tribunal Supremo, decidió partir el caso en dos e investigar aparte los amaños de obra y el papel de Santos Cerdán. Un auto en el que apuntó a Moreno y una reunión que habría mantenido con Víctor de Aldama que “tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas” del comisionista a cambio de 25.000 euros. La sospecha dio el salto a la política y el Partido Popular preguntó directamente por el tema a la entonces ministra de hacienda, María Jesús Montero, que fue contundente: “Jamás hizo nada parecido, nunca jamás. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno”.

Las acusaciones, como tantas otras del caso durante esa fase final de la investigación en el Tribunal Supremo antes del juicio, venían de la confesión de Víctor de Aldama. La comparecencia de varias horas del empresario en la Audiencia Nacional con la que había conseguido su libertad después de mes y medio en prisión por el fraude masivo de IVA en el caso Hidrocarburos. Ese día, entre otras muchas afirmaciones, el empresario aseguró que pagó 25.000 euros a Moreno a través de Koldo García para que, previa consulta a la ministra, aplazara la deuda de una de sus empresas.

La sociedad que tenía la deuda problemática es Pilot Real Estate, que figura en la última versión actualizada de la lista de morosos de Hacienda con un déficit de 1,3 millones de euros. Según relató en fase de instrucción, Moreno accedió a hacer el favor con una salvedad que apuntaba todavía más arriba según Aldama: “Antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero y que si ella autoriza hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento”. Según esa primera versión, pocos meses después Koldo García le pidió “un detalle” con ese alto cargo, que se concretó en 25.000 euros para Moreno. “Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno”, zanjó entonces Aldama.

La afirmación de Aldama pasó el filtro de la fase de instrucción y llegó al juicio, donde Carlos Moreno compareció para dar su versión de los hechos: se limitó a derivar la petición de Aldama a otra persona y nunca recibió ninguna comisión. Conoció a Aldama a través de Koldo García por asuntos relativos al aeropuerto de Ciudad Real, a la compra de un edificio del Ministerio en Madrid y a la presentación de una aplicación israelí, pero nada relacionado con la deuda.

Víctor de Aldama, que compareció como imputado durante unas ocho horas ante la Sala de lo Penal, mantuvo su versión de los hechos e incluso amplió los detalles. “Yo me siento en tres ocasiones con la jefa de la Agencia Tributaria, con una orden clara de María Jesús Montero, trasladada por Carlos Moreno, en que se me tiene que ayudar con la deuda”. Y después de muchas gestiones, según Aldama, la deuda se aplazó y Koldo le pidió 25.000 euros para el alto cargo de Montero. “Citamos al señor Carlos Moreno en un bar que hay bajando del Ministerio de Hacienda a mano derecha, subiendo la callecita un poquito a mano derecha, un bar pequeño que hay ahí y le hago entrega de un sobre con dinero”, zanjó Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción decidió no acusar por estos hechos, pero las acusaciones populares capitaneadas por el PP sí lo hicieron y el resultado ha sido un pasaje de la sentencia que rechaza las afirmaciones de Víctor de Aldama contra el departamento de María Jesús Montero. Carlos Moreno no tenía capacidad para aplazar esa deuda y no lo hizo: sigue vigente y tampoco hay pruebas de que se llevara un sobre con 25.000 euros a cambio. “No todo acto de aproximación para ser recibido en un despacho puede reputarse delictivo”, añade el Supremo.

Gestiones sin “fruto práctico”

Los jueces no dudan de que la reunión se celebró en junio de 2020 y tampoco de que Aldama pidió el aplazamiento de la deuda para Pilot Real State, una de las múltiples sociedades que administraba. El comisionista no tenía el aval necesario para conseguir la prórroga y estaba fallando en su objetivo de “intentar salvar la compañía”. Moreno, dice la sentencia, se limitó a trasladar la cuestión a otro alto cargo del Ministerio y el aplazamiento “no llegó a producirse”. Él, además, no tenía “competencias directas” sobre la cuestión.

“No ha quedado probado”, dice entonces el Supremo, nada de lo que dijo Aldama. “No tenemos ninguna constatación acreditativa, ni mediante prueba de carácter personal ni documental”, aseguran los jueces, de que Koldo pidiera 25.000 euros para Moreno y que ambos se lo dieran en un sobre en una cafetería. Además, y en contra de lo que dice Aldama, la deuda siguió viva y esa empresa sigue estando en la última versión actualizada de la lista de morosos. “Tales gestiones no tuvieron ningún fruto práctico, pues la citada mercantil figuró como morosa en la lista de diciembre de 2021”.

No todas las afirmaciones de Víctor de Aldama, por tanto, han sido validadas por el Tribunal Supremo, aunque los jueces lo mantengan en el territorio de los hechos sin probar y no acusen al empresario abiertamente de mentir. Las diligencias del Supremo y de la Audiencia Nacional han demostrado la habilidad de Víctor de Aldama para abrirse camino hasta todo tipo de despachos, y los jueces explican que eso no siempre es un delito para los que le recibían. “No es lo mismo conseguir una entrevista personal que una resolución”, dicen.

El Tribunal Supremo tira de archivo para ilustrar su argumento: el de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. En 2008 la Sala de lo Penal, encabezada entonces por un recién llegado Manuel Marchena, recibió un aviso de un juzgado de Valdemoro: habían cazado a Casas hablando por teléfono con una abogada acusada de conspirar para matar a su propio marido. Una conversación en la que no hablaban del posible asesinato, sino del divorcio de la mujer, que años después fue efectivamente condenada. El Supremo rechazó imputar a María Emilia Casas porque esas conversaciones no constituían ningún delito: “No todo consejo emanado de una autoridad puede reputarse delictivo”, dijo el tribunal hace casi dos décadas.

El Supremo, con Marchena entre sus integrantes, recuerda estos argumentos para no considerar delictiva la reunión entre Carlos Moreno y Víctor de Aldama. “No todo acto de aproximación para ser recibido en su despacho por un funcionario público o autoridad puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal”, recuerda el Tribunal Supremo para enterrar esta acusación con la que Víctor de Aldama quiso implicar en el caso a María Jesús Montero como conocedora de las gestiones.

Cuando se acumulan unos cuantos trienios en este oficio, una acaba tocando muchos palos. Uno de los más interesantes fue colaborar en un trabajo titulado Llums i taquígrafs, una exhaustiva investigación y, al mismo tiempo, una recopilación que aspiraba a convertirse en un atlas de la corrupción a través de los casos más destacados de Catalunya, la Comunitat Valenciana y Balears.

El objetivo era cartografiar, en cuatro volúmenes, todas las causas en una especie de caja negra de la corrupción, pero también del fraude y la impunidad. Para ello partimos de un principio acuñado por el periodista Xavier Vinader y que sigue plenamente vigente: “El combate contra la corrupción es fundamentalmente un combate ético, político y sociocultural”.

Han pasado diez años desde la publicación de aquel trabajo y semanas como esta demuestran que aún queda mucho por hacer.

Mostraré rápidamente mis cartas para que quede clara mi opinión: me escandaliza que un secretario de Organización del PSOE, ministro y portavoz del partido en la moción de censura que desalojó al PP del Gobierno por diversos motivos, entre ellos la corrupción, haya actuado como lo hizo.

Sorprende que su partido siga escudándose en que se trató de un “comportamiento individual”, puesto que, sin los resortes del Gobierno y el poder que ostentaba en el PSOE, le habría sido imposible actuar como presuntamente lo hizo. Y resulta directamente indignante (o debería serlo) que se sostenga que nadie, absolutamente nadie, sospechó nada ni tuvo conocimiento de los hechos.

También escandaliza que un corruptor, por mucho que haya colaborado con la justicia, no tenga que devolver, como mínimo, los 3,7 millones de euros obtenidos en concepto de comisión por la venta de mascarillas al Ministerio de Transportes. Y que parte del ecosistema político y mediático de la derecha haya convertido a ese corruptor en un héroe que se pasea por los platós con una vanidad ofensiva.

Así que ambas cosas son indignantes: lo de Ábalos y lo de Aldama. Pero mientras el segundo es un empresario corrupto, pretendidamente espabilado aunque de comportamiento deleznable, de los que siempre ha habido y probablemente siempre habrá, el primero debía ser un garante del servicio público, la integridad y la honradez. Más aún después de la moción de censura contra la corrupción que facilitó su llegada al Gobierno.

En estos días, en los que se ha vuelto a homenajear a la añorada Montserrat Roig con motivo del 80 aniversario de su nacimiento, conviene recordar también que la escritora defendía que la democracia se aprende en casa. “Ser demócrata no es una actitud política; es una actitud ante la vida”, decía.

Ser demócrata implica, entre otras cosas, denunciar y condenar toda corrupción, sin excepciones. De hecho, lo más fácil es criticar la de aquellos que ideológicamente nos resultan más lejanos. La de los cercanos nos incomoda y nos duele. Pero no por ello deja de ser corrupción.

En el caso que nos ocupa, el de Ábalos, Koldo y Aldama, la sentencia del Supremo es tan dura con el exdirigente del PSOE y su escudero, Koldo García, como benevolente (y difícil de comprender) con un delator que sigue lanzando acusaciones falsas contra ministros y exministros.

La cifra de 24 años de cárcel que ha recibido Ábalos, por sí sola, es llamativa. Se explica por la pluralidad de delitos (hasta seis: organización criminal, tráfico de influencias, malversación y tres de cohecho) a los que ha sido sentenciado.

El cumplimiento efectivo serán 16 años y medio. A los que creen que todavía es poco, recuerden que pasar una sola noche en la cárcel ya tiene efectos en cualquier persona, sea cual sea su apellido y su patrimonio. En el caso del exministro, incluso podría haber sido peor: el propio Supremo fija la horquilla de penas de cada delito en su mitad inferior (para incrementarlas, tendría que haberlo justificado).

El encaje de bolillos que el Supremo ha realizado en relación con Aldama, por más inédito y sorprendente que resulte (y que el propio corruptor ya ha utilizado para animar a otros implicados en causas que afectan al PSOE a colaborar con la justicia), no surge de la nada.

Lejos de cargar las tintas contra el Gobierno, como el Supremo ha hecho en alguna ocasión olvidando que su función no es ejercer de oposición al Ejecutivo, el Alto Tribunal justifica su decisión respecto a Aldama. El razonamiento tiene un punto de voluntarismo —lo primero que hizo el corruptor fue acudir a un plató de televisión en lugar de guardar silencio y prepararse para cumplir el año de trabajos en beneficio de la comunidad impuesto por la sentencia—, pero no puede calificarse de arbitrario puesto que la sentencia lo justifica.

Por un lado, el Supremo alude al “fracaso de los controles internos” que, en plena pandemia, permitió los amaños y sobornos en los contratos de mascarillas. Por otro, señala un camino para “incentivar y fomentar” la colaboración con la justicia en los casos de corrupción.

Ojalá esta doctrina se aplique con el mismo criterio a todos y no beneficie únicamente a una misma parte. Los primeros interesados en que sea así deberían ser los jueces. En sus salas, como en nuestras cocinas, también nos jugamos la democracia.

Felipe González y Emiliano García-Page se han mostrado muy críticos con los diversos casos de corrupción que rodean al PSOE y han cuestionado el liderazgo de Pedro Sánchez, asegurando que el actual es el momento político de “mayor degradación” en la historia de convivencia democrática de España.

Así lo han manifestado este martes en el encuentro 'España, su presente y su futuro', organizado con motivo del 50 aniversario de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) y celebrado en la capital castellanomanchega, donde han compartido protagonismo el expresidente del Gobierno y el líder del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, dos de las voces más críticas en el PSOE con Pedro Sánchez.

Felipe González ha comenzado valorando la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a penas de prisión al ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a su antiguo asesor Koldo García; librando a Víctor de Aldama de la cárcel. Para él, el dictamen “está bien hecho” y ha pedido evitar tener “una versión distorsionada de los tribunales” que juzgan casos de corrupción.

El expresidente ha pedido “coherencia” al ofrecer su valoración sobre la decisión del Tribunal Supremo sobre la pena impuesta a Aldama, que no tendrá que ir a la cárcel. “La sentencia está muy medida” y cree que “alguien se equivocó al pedir un aforamiento” en alusión, sin citarle, al exministro José Luis Ábalos.

Por su parte, García-Page se ha referido al caso abierto contra Begoña Gómez, afirmando que el auto del juez Peinado que pedía la retirada del pasaporte de la esposa del presidente Sánchez, dejando entrever que habría riesgo de fuga, “es desproporcionado”. Sin embargo, señalaba el barón socialista castellanomanchego, “hay mecanismos correctores en el ámbito judicial si las cosas se hacen mal”.

Además, Page ha añadido que Pedro Sánchez debería dar explicaciones en el Comité Federal que celebrará el PSOE este sábado porque los diversos casos de corrupción que asolan al partido afectan a personas que son el “núcleo fundacional” de esta etapa de Gobierno socialista y “manos derechas” de Sánchez, poniendo como ejemplo las causas judiciales que afectan a José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Page, como militante socialista, ha defendido su derecho “a saber y a tener respuestas” sobre estos casos.

“Liderazgo mercenario” de Pedro Sánchez

Sobre el liderazgo de Sánchez también se ha pronunciado Felipe González, calificándolo de “mercenario” y ha reiterado la necesidad de convocar elecciones.

“Ábalos se subió a la tribuna del Congreso y le planteó una moción de censura a Rajoy para que se fuera por responsabilidad política por lo que había pasado. Hay un momento en el que hay que asumir una responsabilidad política. En eso consiste el liderazgo, el liderazgo no mercenario o el liderazgo que se hace cargo del estado de ánimo de los otros”, ha dicho González.

“Voy a repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya. La Constitución dice que hay que cuatro años de mandato; bueno, pues sería la única cosa en lo que vamos a cumplir la Constitución”, ha añadido.

Continuando con los casos de corrupción que rodean al partido socialista, Felipe González, sin pronunciar la palabra “joyas”, se ha referido a los supuestos regalos que habría recibido el también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: “Que los devuelva cuanto antes y que explique lo que tenga que explicar”.

Previamente, González había relatado cómo se gestionaban esos regalos “de cortesía” durante su mandato: “Durante mi etapa de Gobierno no teníamos legislación sobre los regalos ni hacía falta. Yo a Helmut Kohl le llevaba un jamón (…) En la sala donde se celebra el Consejo de Ministros pusimos unas vitrinas”.

El momento de “mayor degradación política” en democracia

Todos estos motivos han llevado a concluir a González que el actual es el momento político “más degradado” en la historia de convivencia democrática.

Según ha declarado, gran parte de la “crispación” se diseña desde la política, ya que “se busca que la gente esté en tensión”. Afirmando que “hay mucho gestor de odio y frentismo barato”, se produce una polarización “inducida”, en la que se “crean” muros que terminan calando en la sociedad.

Por su parte, García-Page ha añadido que “el 80% de la crispación” se ha producido en las dos últimas legislaturas socialistas debido, según ha opinado, “a los pactos antinatura” que se produjeron para que gobernase Pedro Sánchez.

Felipe González y Emiliano García-Page también han hablado de si el PP terminará o no por presentar una moción de censura contra el Gobierno de España. “Mañana es tarde porque no solo hay una crisis de gobernanza sino un bloqueo en la toma de decisiones para los asuntos que importan en España”, ha afirmado González.

Sin embargo, más allá de que la oposición quiera “quitar al gobierno y ponerse ellos”, ha reconocido que le “cuesta trabajo identificar” si el PP tiene o no un proyecto de país. A renglón seguido, hablaba del PSOE. “Mi partido no tiene un proyecto de España”, decía, y ha reclamado “abrir un espacio de diálogo” en el marco de la Constitución.

En opinión de Page, es “muy difícil” que el PP presente una moción de censura. “El elemento de discordia para encontrar un poco de cordura en la negociación es Vox. Es la coartada perfecta”, decía, no solo para los ‘populares’ sino “para los nacionalistas y para todos los que se consideran progresistas, los que toleran hasta cuatro casos o cinco de corrupción y, sin embargo, piden privilegios”.

Otro aspecto que han tocado los políticos ha sido la política de migración del Gobierno de España, en referencia al proceso de regularización extraordinaria que ha activado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Nos estamos jugando el espacio Schengen por hacer una política de migración contraria a la que domina la centralidad europea”, ha criticado Felipe González.

Un aspecto en el que coincidía el presidente de Castilla-La Mancha. “Es entendible que haya resquemor en Europa por la política de inmigración en España”, apostillaba Page, quien ha pedido “evitar bloques” y hasta un “pacto de Estado” para que el proceso de regulación de personas migrantes “sea lo más razonable y humanitario posible”.

Sobre la amnistía en Catalunya, González ha afirmado “Es más falsa que la que hizo Delcy Rodríguez en Venezuela”. “Me preocupa la cantidad de veces que no se ha respetado la Constitución”, ha dicho hoy Felipe González en un acto ante los empresarios toledanos. El expresidente cree incluso que hay “una autoamnistía” sobre lo “mal” que se está haciendo y, en un juego de palabras, se ha referido a la amnistía otorgada a quienes participaron en el procés catalán: “Es más falsa que la que hizo Delcy Rodríguez en Venezuela. Es todavía peor y eso es difícil”. Por su parte, Page ironizaba con la cuestión: “Puigdemont es el único español que tiene claro que no va a ir a la cárcel”.

Por último, el líder del Ejecutivo castellanomanchego ha vuelto a asegurar que aún no ha decidido si se presentará a la reelección en las elecciones autonómicas previstas para el mes de mayo de 2027. “En su momento será inaplazable, pero no tengo tomada la decisión”.

El encuentro 'España, su presente y su futuro' ha comenzado con una ovación de los asistentes para Ángel Nicolás, presidente de los empresarios castellanomanchegos, por sus polémicas palabras en las que llamaba “memos” a los jóvenes que se cogen la baja laboral por salud mental. Javier Arribas, presidente de Fedeto, ha asegurado en la presentación del acto que Nicolás llevaba “razón en el fondo” y que las reacciones a estas declaraciones “se han salido de madre”.

Un momento judicial y mediático difícil para el PSOE

Este encuentro había sido cerrado hace más de dos meses, según fuentes de la Presidencia de Castilla-La Mancha, pero la casualidad ha querido que coincida con la tormenta judicial y mediática para el PSOE y el propio Pedro Sánchez en su máximo apogeo.

Y es que se celebra el día después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a 24 años de cárcel al ex secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos y tras declarar en la Audiencia Nacional el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por hasta siete delitos que le sitúan frente a una “estructura estable y organizada” de tráfico de influencias.

La conversación González-Page ante el foro empresarial toledano se ha producido, además, un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca de forma extraordinaria en el Congreso para dar explicaciones sobre las numerosas causas judiciales relacionadas con presuntos casos de corrupción.

El encuentro también ha tenido lugar pocos días antes del Comité Federal del PSOE previsto para este sábado, y con el que se abrirá el periodo para iniciar los procesos de primarias que determinen los candidatos y candidatas de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales.

No es la primera vez que ambos políticos coinciden en sus 'impresiones', como en el hecho de reclamar elecciones anticipadas.

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha mostrado este martes “sumamente desolado y avergonzado” tras la condena del Tribunal Supremo al exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos, al tiempo que ha respondido al PP que no está legitimado para “dar lecciones a nadie” y que es “el primero que tiene que limpiar su casa”.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, quien ha apuntado sobre la sentencia del Supremo que la justicia “tiene que funcionar” y que “el que mete la mano en la caja lo paga”.

“El PP no se pronunció igual cuando Bárcenas fue condenado a 33 años”

Hoy el PP regional ha pedido al presidente regional, el socialista Emiliano García-Page que “fuerce” a Sánchez a convocar elecciones generales. A preguntas de los medios sobre esta cuestión, Maestre ha lamentado que la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, no se haya pronunciado de la manera que lo hacen los socialistas cuando el extesorero del PP Luis Bárcenas fue condenado a 33 años de prisión. “Mañana se reanuda la 'Kitchen' y Gómez Gordo va a ser juzgado, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, ha añadido.

“Garbanzos negros hay en todos los sitios. Que se aplique la justicia y la ley”, ha manifestado Maestre, quien ha añadido que “cada uno tendrá las sentencias en relación directa con el delito que ha cometido, tanto los 33 años de Bárcenas como los 24 de Ábalos”.

El PP y el juicio por la 'Kitchen'

Precisamente, preguntada por lo que espera el PSOE de la declaración de este miércoles de Andrés Gómez Gordo, que trabajó para el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, en el juicio por la 'Kitchen', ha señalado que espera “lo de siempre: Que el PP tenga una doble cara y no diga ni mú”.

Con todo, Maestre ha querido reivindicar el “enorme trabajo, compromiso y labor” que hacen cada día los “miles” de dirigentes socialistas que hay en España. “Estamos representados por hombres y mujeres con un firme compromiso de labor social”, ha agregado.

La comparecencia de Pedro Sánchez mañana “será muy dura”

Preguntada por la comparecencia este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, la dirigente socialistas ha dicho que no “tiene que ser muy agradable” ponerse en su lugar al haber tenido que “afrontar muchísimos desengaños”. “Será una comparecencia muy dura y estaremos todos escuchándole con la misma sensación de desolación”, ha afirmado.

Del mismo modo, se ha pronunciado sobre el Comité Federal que los socialistas celebrarán este sábado para afirmar que el presidente regional y secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va “siempre” con “coherencia, honestidad, sinceridad y valentía”. “Ojalá que sea de ejemplo para otros compañeros que coinciden con el presidente pero no se atreven a hablar”, ha concluido.

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exigido a Page que “retire de inmediato su apoyo” a Pedro Sánchez tras la condena judicial del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y “fuerce” la convocatoria de elecciones generales.

“Si no lo hace, tendrá que explicar por qué sigue manteniendo al uno o qué más tiene que pasar para que esto acabe”, ha dicho en una rueda de prensa tras afirmar que la condena del Tribunal Supremo de más de 24 años constituye “uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente de nuestro país”.

Subraya que se trata de una “condena firme del Tribunal Supremo” y no de “sospechas, investigaciones o supuestos indicios”, calificándola de “demoledora” contra quien fuera durante años una de las personas de máxima confianza del presidente del Gobierno y su mano derecha dentro del PSOE y del Ejecutivo.

“No debemos pasar por alto que Pedro Sánchez depositó en Ábalos su máxima confianza política y si hoy continúa siendo presidente del Gobierno, es gracias al respaldo de los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso. Sin ese apoyo hoy Sánchez estaría fuera de La Moncloa. Si hay un responsable político de la corrupción de sus ministros es Pedro Sánchez, pero el responsable de que hoy Pedro Sánchez siga en La Moncloa, después de la condena de ayer, es Emiliano García-Page”, ha sentenciado.

En ese sentido, la dirigente popular ha asegurado que Page “no puede fingir que esto no va con él y ya no le sirve esa crítica de salón y mantener ese apoyo intacto a Sánchez después de lo que ha sucedido”. Por ello, ha planteado: “¿Qué más tiene que pasar para que Emiliano García-Page rompa con Sánchez?, ¿Por qué sigue sosteniendo a Pedro Sánchez en La Moncloa?”.

Asimismo, ha lamentado que García-Page continúe respaldando “el proyecto cuyo líder está rodeado y acorralado por la corrupción en su partido, en su familia y en su Gobierno”, en su opinión.

Carolina Agudo ha respaldado las declaraciones realizadas por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que “esto es el fin de la escapada” y ha reiterado que Pedro Sánchez “tiene que dimitir y convocar elecciones de manera inmediata”.

Agudo ha defendido que los españoles “merecen acudir a las urnas y decidir” quién gobierna el país y ha reclamado recuperar “la dignidad de las instituciones”.

Mientras, el PSOE ha dicho sentirse “avergonzado” por la condena, pero también que el PP “no está legitimado para dar lecciones” y le recuerda el caso Kitchen, todavía en trámite judicial y con una condena asociada de que fuera su tesorero, Luis Bárcenas.

José Luis Ábalos, el político, el ministro, el secretario de organización del PSOE: condenado a 24 años de prisión. Koldo García, su asesor: condenado a 19 años y 8 meses de prisión. Víctor de Aldama, el empresario corruptor: el gran triunfo de la sentencia del caso mascarillas. Sí, ha sido condenado a cuatro años de cárcel, pero el Tribunal Supremo le suspende la condena y no tendrá que devolver la gran parte de la mordida que ahora, se ha demostrado judicialmente, se llevó. 

Todo esto forma parte de un plan que él lleva preparando desde que saliera de prisión en noviembre de 2024. ¿Por qué ha sido tan beneficioso para él tirar de la manta? ¿Qué ha aportado a la investigación? De todo esto y de la lectura política que para el Gobierno supone la condena a Ábalos hablamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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Casi tres años de sobornos. Puntual como un reloj. 10.000 euros, otros 10.000 y otros 10.000 más… Así, mes a mes, entre octubre de 2019 y junio de 2022. Era también el ojeador de empresas interesadas en obtener favores de la Administración a cambio de una comisión que repartía con Ábalos y Koldo. Era el arquitecto de la trama. El que ponía en contacto a los corruptores con los corruptos del Ministerio de Transportes. El que distribuía el dinero. El que firmó un contrato de alquiler ficticio sobre un piso en el Paseo de la Castellana para camuflar los sobornos. El que, tras ser imputado en el llamado caso mascarillas, decidió colaborar con la Justicia. El que poco o nada aportó con su confesión porque cuando decidió cantar la Traviata los investigadores ya tenían todas las pruebas incriminatorias. 

Y aun así Víctor Aldama no irá a prisión. Ni un solo día. Este lunes salió del Tribunal Supremo sin esposas y con una condena -cuatro años y medio de cárcel- que le libra de ir al trullo a cambio de trabajos en beneficio de la comunidad, un informe semestral de actividades y la promesa de no volver a delinquir. Eso es todo, amigos.

El empresario corrupto confeso y ahora condenado no tendrá que devolver siquiera los 3,7 millones de euros de comisión que se endosó con la venta de unas mascarillas que colocó al Ministerio de Transportes y de los cuales, según ha acreditado el tribunal, entregó a sus colegas de la trama, Ábalos y Koldo, apenas 450.000 euros. 

Por muy razonada que esté la sentencia dictada y justificada la suspensión de la pena -ninguno de los delitos por los que ha sido condenado supera individualmente los dos años de prisión-, no hay quien pueda digerir sin vómito de por medio, una decisión que hace muy difícil creer en la justicia. Un diagnóstico que, por otra parte, se repite con regularidad en la demoscopia y que no responde a un problema de imagen, ni a una crisis de comunicación, sino que es imputable al proceder de algunos jueces. No todos, claro. Pero sí los que deciden en los tribunales superiores, los que integran las salas que resuelven los casos políticos, los que llegan donde están por un reparto de cuotas, los que deben su posición a los partidos que les propusieron para el cargo, los que aspiran a un ascenso cuando cambie el signo del gobierno y los que pueden hacer, hacen y seguirán haciendo.

Con un Alberto Núñez Feijóo que no despega en las encuestas, que no cuenta con aliados en el Parlamento para una moción de censura, que no convence ni a los suyos y que pierde puntos en valoración ciudadana en cada encuesta, la oposición la ejercen hoy media docena de jueces muy significados. La sentencia condenatoria al ex fiscal general del Estado sin pruebas fue el primer aviso a Pedro Sánchez. La de este lunes del Tribunal Supremo es el segundo recado: los que quieran delatar, que delaten, con pruebas o sin ellas, pero cuanto antes. Y la retirada del pasaporte a Begoña Gómez ha sido el tercer recado al presidente del Gobierno: o te marchas, o tu familia acabará en la cárcel. 

Las indicaciones no pueden ser más elocuentes, pero que no lo llamen justicia porque más bien parece un cambalache, ya que los beneficios para quien siendo delincuente decide pactar con la justicia no deberían acabar nunca en una exoneración encubierta para quien fue el cerebro de una trama corrupta. Y esto, claro, mientras quienes fueron víctimas de sus mangancias, que son los contribuyentes, cargan con la factura de la fiesta que se corrieron los delincuentes, al margen de cuáles fueran sus apellidos o la protección que se les preste desde una derecha política, mediática y judicial dispuesta a convertir a Aldama en un faro moral… y en algo más. Nos está quedando un país precioso, pero da mucho miedo.

Ni en el peor de los escenarios posibles. Las defensas del exministro José Luis Ábalos y de su asistente Koldo García no imaginaban una sentencia tan contundente como la que ha dictado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra sus clientes. Los magistrados dan por probado que hubo ilegalidades en la adjudicación de hasta 13 millones de euros en contratos de suministros de mascarillas y cree que Ábalos y Koldo, junto a Aldama, formaban una “organización criminal” con “vocación de permanencia”. Tras una lectura acelerada del texto, de más de 220 páginas, una primera reflexión les lleva a hablar de una resolución “política” que adolece de falta de motivación. Y tienen intención de recurrir. ¿Pero dónde?

Ábalos se aferró a su acta de diputado hasta el tiempo de descuento —poco antes de la celebración del juicio oral— y eso arrastró a su 'escudero' a sentarse en un banquillo que es, por así decirlo, finalista. No hay capacidad de recurrir ante una instancia judicial superior. En un universo paralelo, el exministro habría escuchado al primero de sus abogados, José Aníbal Álvarez, y el asunto habría caído en manos de la Audiencia Nacional, lo que con toda seguridad habría dilatado la instrucción por años y él gozaría de una libertad provisional aderezada con firmas quincenales en los juzgados y retirada del pasaporte.

Además, habría podido recurrir una eventual sentencia condenatoria en la Audiencia Nacional ante la Sala de Apelación del propio tribunal especial y, con posterioridad, ante el Supremo. Pero, ahora, se enfrentan a un horizonte que, cuando menos, les obligará a cumplir condenas que se acerquen a esa regla no escrita de llegar hasta el triple de la pena más grave. Como les ha caído cinco años a cada uno por organización criminal (a Ábalos 5 años y seis meses), lo esperable es que como máximo cumplan en torno a tres lustros entre rejas. En el escenario más favorable, podrían ser 13 años y cuatro meses en el caso del exministro.

Y ante esa situación, según ha podido conocer elDiario.es, las defensas ya trabajan en armar una estrategia legal que permita una revisión de la resolución que fue adoptada por unanimidad por hasta siete magistrados del Alto Tribunal. El primer paso que deben dar es presentar un incidente de nulidad ante el propio tribunal que les ha condenado. Para esto tienen 20 días desde que se les comunicó la sentencia y en ese incidente deben plasmar cualquier vulneración de derechos fundamentales. Este hito procesal, en general, no sirve para nada, pero cierra por completo la vía de la jurisdicción ordinaria y, por tanto, abre la puerta a poder acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

Según las fuentes jurídicas consultadas, será ante ese tribunal presidido por el magistrado Cándido Conde-Pumpido donde Ábalos y Koldo García se jugarán su futuro. Y eso a pesar de que en declaraciones a TVE el hijo del exministro, Víctor Ábalos —que hace las veces de portavoz de su padre—, indicó este lunes que para él la baza es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Con todo, el incidente de nulidad será un 'sparring' óptimo para desengrasar los argumentos que ambas defensas han ido utilizando para pedir nulidades a lo largo de la instrucción: imposibilidad de acceso a los dispositivos incautados, vulneración del derecho a ser juzgado por el juez predeterminado por la ley —entienden que el asunto debió ser ventilado en la Audiencia Nacional— o la incontinencia de la causa —porque sostienen que se juzgan los mismos hechos en dos juzgados distintos—, entre otros motivos. Se hará hincapié, además, en que varios testigos clave decidieron no declarar porque podía afectarles en la causa de la Audiencia Nacional, en la que sí están imputados.

Con ese mismo 'menú', irremediablemente, las defensas acudirán al tribunal de garantías constitucionales. Y asomarán de nuevo otro detalle: entienden que el Supremo debió elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se aclarara qué juzgado concreto era el que debía haber abierto juicio oral contra ambos y contra el comisionista Víctor de Aldama.

En general, señalan que las vulneraciones de derechos fundamentales son “muy claras” y las harán valer ante los magistrados del Constitucional. Consideran que la sentencia, ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha sido redactada “con pluma muy rápida” y de forma “muy poco meditada”, algo que entienden que no es propio de este alto tribunal.

“Excesivamente dura”

Las fuentes consultadas opinan que se está ante una sentencia que califican de “excesivamente dura”, de “absolutamente política” y de una “mala calidad técnica increíble”. Ponen como ejemplo que la resolución —dicen— no entra a valorar la prueba de descargo planteada por las defensas en asuntos como el del chalé de La Alcaidesa (Cádiz). Sostienen que el exministro realizó pagos por el alquiler del chalé pero, sin embargo, no fueron tenidos en cuenta y se mantuvo la tesis de que fue una dádiva por empujar a favor de que una empresa denominada Villafuel consiguiera una licencia de hidrocarburos.

Indican que, sorpresivamente, el tribunal introduce “nueva doctrina” en el caso del tráfico de influencias porque da por probado el delito cuando no existe, a su juicio, una constatación de presión directa, tal y como requiere el tipo penal. Y lamentan que tampoco se han tenido en cuenta testimonios relacionados con Ineco y Tragsatec que sostenían que Jésica Rodríguez sí cumplió con su trabajo en esas empresas públicas donde fue 'enchufada' y para las que, según ella misma, nunca llegó a trabajar de forma efectiva a pesar de cobrar un salario mensual.

Con estos argumentos llegarán ante el Constitucional, donde esperan lograr el amparo porque, en general, desconfían de la vía posterior, que es la del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. “Sólo se acepta un asunto de cada 100.000”, lamentan, para apostillar que, en cambio, y a pesar de que las admisiones en el Constitucional también se venden caras, hay más probabilidades de que prospere el recurso y sea estudiado.

Más allá del recorrido que le quede a la condena impuesta por el Supremo, tanto Ábalos como Koldo García deben pasar aún por otros procedimientos abiertos que permanecen latentes en la Audiencia Nacional: el asunto de las mascarillas pero enfocado en otros contratos y en otros protagonistas como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; y el caso de los amaños de obra pública, en el que consta como investigado también otro ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

Otro golpe durísimo para el Gobierno. La histórica condena a José Luis Ábalos de 24 años de cárcel supera de largo las previsiones hechas en el Partido Socialista, que considera “desproporcionada” la sentencia y que tendrá que afrontar ahora la digestión política de ver a su exnúmero tres como el ministro de la democracia con mayor pena sobre sus hombros. Aunque en Ferraz y Moncloa se afanaron desde el estallido del caso en romper puentes con Ábalos para perimetrar el impacto de un caso de corrupción en el corazón del Ejecutivo, la resolución este lunes del Tribunal Supremo sobre el conocido como 'caso mascarillas' supuso otro torpedo en la línea de flotación de los socialistas, asediados en los juzgados por una cascada de casos.

Expulsado del partido y desterrado en su día al Grupo Mixto del Congreso tras negarse a renunciar a su acta, la figura de Ábalos resulta trascendental para entender la trayectoria política de Pedro Sánchez. Fue el hombre hoy condenado quien, cuando casi todo el mundo le había dado la espalda, le organizó al líder socialista las primarias en las que consiguió doblarle el brazo a todo el aparato de su partido para volver a proclamarse secretario general. Y un personaje central en la negociación de la moción de censura de 2018 que lo convirtió en presidente y que él mismo defendió en la tribuna contra la corrupción del PP de Mariano Rajoy.

De esos dos hitos políticos obtuvo como recompensa convertirse en uno de los hombres más poderosos del país: fue encumbrado por Sánchez como secretario de Organización del Partido Socialista y también como ministro de Transportes, el departamento con mayor presupuesto público de todo el organigrama del Ejecutivo. Una situación de privilegio que, según el Supremo, fue aprovechada para poner en pie una “organización” criminal para “obtener un común beneficio económico”.

Por esos hechos, el alto tribunal decidió este lunes condenarle por unanimidad a 24 años y tres meses de cárcel, un castigo exponencialmente superior al de otras sentencias históricas como la del ministro José Barrionuevo, condenado a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, malversación y falsedad documental en el Caso GAL, o Jaume Matas y Rodrigo Rato, condenados a nueve y cuatro años respectivamente también por escándalos de corrupción.

Aunque de manera oficial el PSOE y el Gobierno emitieron sendos comunicados de respuesta en los que acataba la resolución, entre las filas socialistas es generalizado el sentimiento de que el Tribunal Supremo ha vuelto a resultar un terreno “hostil” para el Ejecutivo con decisiones que consideran cuanto menos “discutibles” y que resaltan que se han sucedido desde la aprobación esta legislatura de la Ley de Amnistía. Para esa lectura el Partido Socialista no solo pone el foco en la elevadísima condenada a José Luis Ábalos, sino que también le otorga relevancia política y judicial al dictamen sobre Víctor Aldama.

El Supremo rebaja extraordinariamente la pena al empresario corrupto que se benefició con 3,7 millones de euros e incluso le exonera de entrar en prisión a cambio de trabajos para la comunidad. Una decisión contra la que varios dirigentes del Partido y ministros del Gobierno se lanzaron públicamente. “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora”, publicó en sus redes Óscar Puente. La portavoz de Ferraz, Montse Mínguez, planteó también en sus redes sociales: “24 años para Ábalos. 19 años para Koldo. 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo”.

Erigido ahora en referente del 'antisanchismo' y apadrinado por Vox o por Desokupa en las manifestaciones contra el Gobierno, Aldama quiso mandar un mensaje público este lunes a su salida del Supremo tras conocer su condena y quedar en libertad. “Estoy satisfecho, espero que los demás que vienen detrás, colaboren”. Un mensaje explícito, deslizado también desde la propia oposición, y que en el PSOE y en el Gobierno creen que es la principal moraleja que subyace del fallo judicial de este lunes.

Lo que temen en las filas socialistas es que el paso dado por el Supremo con el empresario corrupto, al que ni siquiera le reclama devolver los más de 3 millones de euros que se embolsó con el 'caso mascarillas', sea un aviso a navegantes para las causas que aún se encuentran en plena investigación. Y que figuras como Leire Díez, Santos Cerdán o Julio Martínez vean un claro incentivo en aportar en sus procedimientos munición contra el Gobierno para aliviar sus situaciones procesales.

Por el momento, la reacción de los socialistas es mantener el rumbo con el calendario electoral de 2027 y salir al paso de las voces, incluso de sus propios socios, que proclaman que la legislatura no da más de sí. “Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público. A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado, e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello. Por eso lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”, emitió Moncloa en una nota pública.

Este miércoles el presidente comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los casos que se amontonan en torno al PSOE y al Gobierno. Según fuentes del Ejecutivo, Sánchez asumirá su responsabilidad en casos como el de Ábalos o Cerdán, pero hará una diferenciación clara respecto a otros que los socialistas consideran directamente lawfare, como los casos de la pareja o el hermano del jefe del Ejecutivo. E intentará retratar la permisividad del PP de Feijóo con sus propios escándalos para defender que “la corrupción no solo define a quienes la cometen, sino que también retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado”.

Todo fue mal para José Luis Ábalos y Koldo García en el juicio en el Tribunal Supremo y todo ha ido mal en la sentencia. El rastro de los pagos mensuales recibidos, los empleos conseguidos para la novia del exministro y el disfrute de viviendas en vacaciones describían una red corrupta favorecida por el poder de Ábalos y activada por las necesidades de Víctor Aldama. Frente a tal panorama, eligió presentarse en el juicio como alguien que en realidad no contaba con mucho poder: “Como ministro, yo estaba en el impulso [de la acción política]. Yo no estaba en la gestión de nada”. Ningún tribunal iba a creer palabras como estas del que había sido el titular del ministerio con más presupuesto del Gobierno.

El Tribunal Supremo le condenó a 24 años de prisión, y a 19 a su hombre de confianza, Koldo García. Los magistrados superaron todas las expectativas que podían tener Aldama, su abogado y el Partido Popular. No le envió a prisión al dejar en suspenso la pena de cuatro años y medio, le colmó de elogios e incluso no le ordenó devolver la comisión de 3,7 millones de euros obtenida por la venta de mascarillas al Ministerio de Ábalos. Aldama se aprovechó de su relación privilegiada con Ábalos y Koldo y pagó comisiones por ella, pero no recibe un castigo que le suponga devolver todo el dinero ganado en esa transacción, ya que los magistrados piensan que “dada la situación de la pandemia y la necesidad notoria de mascarillas, era obvia su urgencia y que la licitación sería inminente”.

Es decir, el tribunal acredita que Aldama recibió el encargo de comprar las mascarillas gracias al dinero que pasaba de forma regular a Ábalos y Koldo, y de ahí viene una de las penas por cohecho, pero no considera que el beneficio millonario que obtuvo el comisionista sea ilícito.

Cuando fue detenido en octubre de 2024 junto a otras trece personas por un presunto fraude en el pago del IVA por hidrocarburos valorado inicialmente en 182 millones, Aldama sabía que tenía que empezar a largar. No sobre ese caso, del que no le interesaba contar nada, sino por lo que entonces se llamaba el caso Koldo, donde había una pieza de caza mayor, que no era otra que Ábalos. Pasó unas semanas en prisión hasta que fue puesto en libertad provisional porque la Fiscalía Anticorrupción estaba muy interesada en su testimonio.

A partir de ese momento, se convirtió en un ariete mediático contra el Gobierno de Pedro Sánchez, alardeando de que contaba con pruebas que demostrarían la financiación ilegal del PSOE, aunque con frecuencia soltaba una cantidad similar de invenciones o denuncias sin pruebas documentales detrás. Se convirtió en estrella del programa de Iker Jiménez en Cuatro y acudió a otros programas con el mismo mensaje. Él iba a acabar con el Gobierno. “Este no es un Gobierno democrático. Es una mafia corrupta desde arriba, desde la cúpula, hasta abajo”, dijo en una de esas apariciones. “El Topuria de los chivatos”, según definición de El Mundo durante el juicio.

Aldama cumplió con lo que esperaban de él las acusaciones populares dirigidas por el Partido Popular en el juicio: “Si yo era el jefe de la trama, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón uno; el señor Ábalos, en el dos; Koldo, en el tres; y yo, en el cuatro”. No presentó, al igual que en la instrucción, ninguna prueba que señalara directamente a Sánchez. Pretendía responder al testimonio del teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, que le había definido como “el jefe de la trama”. Balas destacó “el dominio que tiene Aldama sobre estas personas” (por Ábalos y Koldo). La clase de dominio que te concede ser el que reparte los sobornos.

Aldama pasó a dominar el mercado audiovisual de la derecha. Era el activo perfecto para acabar con Sánchez. Las menciones a su posible participación en el fraude multimillonario de hidrocarburos desaparecieron. No cabe duda de que daba espectáculo. Durante el juicio, presentó un informe en el Supremo para intentar demostrar que su vida estaba en peligro. Se arriesgaba a sufrir “secuestro, extorsión, agresión física, atentado, espionaje”, entre otras amenazas.

La sentencia dedica cuatro páginas a explicar los beneficios concedidos a Aldama. Recuerda que las instituciones europeas y los tribunales han pedido que se proteja a los denunciantes de casos de corrupción. Habitualmente, suelen ser personas que tienen conocimiento de hechos delictivos gracias a su trabajo en una empresa privada o en la Administración. No ocurre con tanta frecuencia que se trate de la persona que decide qué delitos deben cometerse y que ha establecido un sistema de pagos y regalos para sobornar a un ministro y a su principal colaborador.

El Supremo destaca que Aldama “no se ha limitado a confesar los hechos objeto de acusación, amoldando su testimonio al resultado de las pruebas conocidas”, sino que ha aportado documentos que han servido para fundamentar la condena a Ábalos y Koldo. “Las actitudes procesales de colaboración deben ser premiadas para conseguir la depuración de estas conductas de corrupción”, dice la sentencia citando al fiscal.

“¿Sale a cuenta ser corruptor en España?”, se preguntó la diputada socialista Montse Mínguez tras conocer la sentencia. Óscar Puente tuvo una actividad intensa en Twitter con sus mensajes y los retuiteos de otros. En varias ocasiones, con la idea de que el Supremo ha concedido un trato de favor al comisionista para animar a otros a que hagan lo mismo contra el Gobierno. “Es una sentencia tremendamente aleccionadora”, escribió con ironía.

El PSOE tuvo el lunes más interés en hablar de Aldama que de Ábalos. Fuentes de Moncloa se limitaron a decir que condenan unos comportamientos que han atentado contra los principios de “transparencia, mérito e integridad”. Fue un mensaje sucinto y genérico. Nadie pareció pensar que debían pedir perdón por el hecho de que Sánchez puso a Ábalos al frente del partido y luego le nombró ministro de Transportes. Con los argumentos de la sentencia sobre la mesa, se trata todavía de una tarea pendiente y quizá Sánchez diga algo al respecto en su comparecencia del miércoles en el Congreso. O quizá se limite a cargar contra el PP.

Quien no tiene motivos para lamentar nada es Aldama, que ha conseguido su objetivo después de pasar por el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. Sus objetivos finales apuntan muy alto. En marzo de este año, grabó un vídeo para acompañar a la decisión de entregar un sobre que supuestamente probaría la corrupción del PSOE. Aprovechó la oportunidad para hacer una petición al PP y a Vox: “La derecha se tiene que juntar. España se va a la mierda y yo solo no puedo”. Por lo que se vio en el juicio y en la forma en que el PP recibió su testimonio y se alegró el lunes de que no acabe en prisión, es evidente que no está solo.

El empresario Víctor de Aldama ha recibido un premio mucho mayor del que esperaba por su confesión. El Tribunal Supremo ha decidido imponerle cuatro años y medio de prisión por su papel en la trama corrupta construida en torno al exministro José Luis Ábalos, con el anuncio de que no tendrá que entrar en prisión a cambio de no volver a delinquir en un lustro y de hacer un año de trabajos para la comunidad. Mucho menos de lo que pidió para él Anticorrupción y menos, incluso, de la condena impuesta a José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda cuya confesión y grabaciones destaparon la trama Gürtel de corrupción.

La Sala de lo Penal ha hecho pública la sentencia con la que condena a los tres integrantes de la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes durante la pandemia de coronavirus. El exministro José Luis Ábalos se lleva 24 años y 3 meses de cárcel como máximo líder del grupo y receptor de dádivas y dinero mientras que su “omnipresente” asesor Koldo García es condenado a 19 años y 8 meses de presidio por urdir y supervisar los amaños y cohechos. Los dos acumulan un rosario de hechos probados que van desde el amaño en la adjudicación de 13 millones de euros para la compra de mascarillas hasta el pago de un alquiler para una mujer vinculada al ministro.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dejó claro al final del juicio lo que quería para el tercer acusado, Víctor de Aldama: bastante menos de los siete años de prisión que había pedido. Y la Sala de lo Penal ha recogido el guante y le ha impuesto cuatro años y medio de cárcel por el delito de organización criminal y los cuatro de cohecho que le imponen. Una condena que ni siquiera tendrá que cumplir con unas condiciones más que asumibles. Y queda eximido, además, de pagar la multa de 3,7 millones que pedía la Fiscalía.

Los jueces aplican una atenuante muy cualificada de confesión para llegar hasta esa cifra, rebajando la condena de algún delito hasta en dos grados, y después suspender su ejecución. “Víctor de Aldama no se ha limitado a confesar los hechos”, destaca el Supremo. “Ha prestado una cooperación plena y continua (...) facilitando información veraz y relevante”. Incluso, añade la sentencia, el empresario “ha propiciado y favorecido otras investigaciones y procedimientos”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cita numerosa jurisprudencia para explicar cómo se calcula el beneficio de una colaboración de este tipo y una sentencia destaca por encima del resto: la número 507/2020 dictada el 14 de octubre de ese primer año de pandemia, mientras Ábalos, Koldo y Aldama tomaban el Ministerio de Transportes al asalto. La sentencia de la trama Gürtel que condenó al PP por lucrarse de la corrupción, que propició un cambio de Gobierno y que también se cimentó sobre una confesión. La de José Luis Peñas.

El Supremo no compara directamente el caso de Peñas con el de Aldama, más allá de citas jurisprudenciales genéricas sobre el valor de una confesión. Sí reproduce párrafos con los que la sentencia de la Gürtel rechazó que la declaración de Francisco Correa pudiera ser considerada una auténtica confesión. Una comparación de ambas tampoco permite equiparar su valor, aunque finalmente Aldama haya sido condenado a cuatro años y medio, tres meses menos de cárcel que Peñas en su momento.

Las grabaciones de la Gürtel

Víctor de Aldama llevaba mes y medio en prisión provisional cuando pidió turno en la Audiencia Nacional para declarar. Para entonces ya estaba acusado de encabezar un fraude millonario en empresas del sector de los hidrocarburos, pero también de liderar un entramado de corrupción política, entonces conocido solo como “caso Delorme”. El empresario admitió su participación en el entramado ligado a Transportes y se libró de la prisión provisional que pesaba sobre él en la causa de hidrocarburos.

Tanto el Supremo como Anticorrupción otorgan máxima relevancia a su colaboración, sobre todo para poder condenar a José Luis Ábalos, aunque para cuando confesó ya existía multitud de diligencias, entre otras cosas informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desgranaban el funcionamiento del entramado. En el caso Gürtel, cuya sentencia más relevante es citada varias veces por el Supremo, la colaboración de un imputado fue la que permitió abrir la investigación.

José Luis Peñas había sido concejal del PP en su feudo madrileño de Majadahonda y en agosto de 2008 presentó unas grabaciones y una confesión. El material que demostraba que un empresario llamado Francisco Correa se había hecho con el control de la contratación pública en Majadahonda a través de un grupo de concejales corruptos entre los que estaba el propio Peñas, que reconoció haber cobrado dinero de la trama y haber incluso viajado a su costa.

Lo dijo la Audiencia Nacional y lo repitió después el Tribunal Supremo de varias formas distintas. De no ser por esas grabaciones, la Justicia no habría descubierto la profundidad con que la Gürtel hundía sus raíces allí donde gobernaba el PP. De esos audios y esa primera confesión salieron 12 piezas separadas y casi un centenar de condenados entre políticos y empresarios que no pudieron, por más que lo intentaron, anular las cintas que habían grabado a los corruptos en acción. Las escuchas ilegales a algunos imputados en prisión reforzaron el papel de estas pruebas aportadas por Peñas como gran puntal del caso cuando todavía no había caso.

Peñas se sentó en el banquillo con sus antiguos colaboradores en 2017, en el juicio bautizado como 'Época I' acusado de más delitos que Aldama, pero también con números menos abultados en cuanto al botín y la magnitud de los amaños. Fue finalmente condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por un delito de organización criminal, otro de cohecho, dos de malversación, dos de falsedad documental y otro más de prevaricación. Llevó al Supremo su reclamación para tener una condena más baja y recibió la negativa de la Sala de lo Penal, que dos años después sí reconoció su papel “valiente” y apoyó el indulto parcial que le fue finalmente concedido en octubre de 2024. Un mes antes de que Aldama saliera de la cárcel.

Las dos condenas casi idénticas de Víctor de Aldama y José Luis Peñas vienen, por tanto, de lugares muy distintos y tienen futuros igual de diferentes. Peñas nunca entró en prisión provisional y la Audiencia Nacional suspendió la ejecución de su condena hasta que su condena de inhabilitación fue indultada, además de pagar una multa. Aldama tiene por delante una causa por fraude masivo en un entramado de hidrocarburos, además de otra en las diligencias originales del 'caso Koldo', ambas en la Audiencia Nacional.

La sentencia condenatoria del Supremo en el caso Ábalos destaca el “convencimiento [del Tribunal] de que la aportación realizada” por el empresario corrupto Víctor Aldama, jefe de la trama y penado con cuatro años y medio de cárcel, “al descubrimiento de los delitos merece la aplicación del artículo 82 del Código Penal”, por el que se suspende la ejecución de su castigo de prisión a cambio de que cumpla un año de servicios a la comunidad. Sin embargo, la supuesta aportación realizada por Aldama –su confesión voluntaria ante la Audiencia Nacional para salir de la cárcel por un grave caso de fraude fiscal y la posterior entrega de documentación al Supremo– apenas supuso novedades respecto a los delitos que la Guardia Civil había descubierto ya y tenía acreditados a través de numerosas pruebas tras más de dos años de investigación del caso.

Aldama hizo su confesión en noviembre de 2024, nueve meses después de que le detuvieran y el juez le imputara por las irregularidades descubiertas en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes en abril de 2020, durante lo peor de la pandemia. La supuesta aportación de Aldama al esclarecimiento de los delitos se produjo además un mes después de que ingresara en prisión por otra causa penal, un fraude fiscal multimillonario relacionado con el negocio de la venta de hidrocarburos. Para quedar en libertad en el caso Hidrocarburos, Aldama se dispuso a colaborar con la Justicia en el caso Mascarillas y confesó al juez que había entregado 250.000 euros a José Luis Ábalos y 100.000 euros más a su asesor Koldo García a cambio de que le adjudicasen un contrato multimillonario de mascarillas con el que ganó 3,7 millones de euros.

En la misma declaración sostuvo que había pagado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, 25.000 euros por el amaño de obras públicas en el norte de España. Y que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, pidió conocerlo. Unos días más tarde, entregó en el Tribunal Supremo documentación que supuestamente acreditaba el amaño de obras en el Ministerio de Transportes a cambio del pago de comisiones ilegales, para lo que entregó un listado del presupuesto del departamento que no demostraba nada, y un papel manuscrito, supuestamente del asesor Koldo García, con datos sobre seis obras amañadas que Transportes cuestionó porque la mayoría no pertenecía al tiempo de Ábalos en el Ministerio.

Junto a ello, Aldama intentó desacreditar al ministro Ángel Víctor Torres, al asegurar y aportar documentación del alquiler de un piso para el uso de Ábalos y el propio Torres en compañía de prostitutas. Torres acreditó por su parte que en las horas del alquiler del piso él se encontraba en Canarias o volando a Madrid. Aldama también denunció el pago a Carlos Moreno, ex jefe de gabinete de la exministra de Hacienda María Jesús Montero, de 25.000 euros a cambio de conseguir el aplazamiento tributario de una deuda. El exjefe de gabinete declaró que nunca cobró nada del empresario corrupto. La sentencia sostiene que jamás se produjo ese aplazamiento.

El Supremo señala en la sentencia que Víctor de Aldama “decidió colaborar en la investigación, proporcionando datos fácticos relevantes a la misma, que han permitido su estudio y confirmación por la instrucción judicial”. El Tribunal defiende que Aldama “ha aportado a la causa documentación sobre viajes, ingresos económicos a los otros acusados y contratos de arrendamientos de inmuebles referenciados en los anteriores hechos, que han sido objeto de análisis y pericia para corroborar sus manifestaciones, reconociendo su participación en los hechos y afirmando las de los otros acusados”.

Nada salvo su autoinculpación

Víctor Aldama llegó a declarar en el juicio que “el número uno” de la trama era Pedro Sánchez, una denuncia sin pruebas que el fiscal jefe Anticorrupción consideró un “simple desahogo de Aldama”. Durante la investigación judicial, Aldama denunció en medios afines al PP –radios, televisiones y periódicos– todo tipo de corruptelas de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez o de la esposa del presidente, que los tribunales archivaron por tratarse de bulos fácilmente contrastables. Además, Aldama aportó documentación del amaño de obras en el Ministerio de Transportes que ahora investiga la Audiencia Nacional en una causa donde figuran como imputados Ábalos, Koldo García, y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La sentencia del Supremo considera probada la existencia de delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas al Ministerio de Transportes a través de Puertos del Estado y Adif; en la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos y su asesor Koldo García; en la contratación de dos mujeres, conocidas del exministro, en empresas públicas; en el pago del apartamiento durante dos años a una de ellas; en el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra para el disfrute del ministro a cambio de gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Pero de todos estos delitos que el Supremo considera probados en su sentencia del caso Ábalos, Aldama no aportó nada relevante que la Guardia Civil no hubiera descubierto ya mucho antes, salvo su autoinculpación. Un mes y medio antes de la confesión del empresario corrupto, la UCO remitió al juez un informe de más de 200 páginas donde daba cuenta de las pruebas encontradas durante la investigación sobre todas estas cuestiones y algunas otras. El trabajo era fruto de “las intervenciones telefónicas, y el estudio documental y análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos durante las actuaciones llevadas a cabo los días 20 de febrero de 2024, 3 y 4 de marzo de 2024”.

Lo que sigue resume solo algunas de las numerosas pruebas que la Guardia Civil había reunido sobre los delitos investigados:

Aldama, jefe de la organización criminal. “Como jefe de la organización criminal, Aldama sostiene una estructura financiera y societaria, tanto nacional como internacional que ha ido mutando con el paso del tiempo. Mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él a quienes emplea para múltiples tareas, siendo las más relevantes a los efectos de este, la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo a Koldo García de manera directa, o a través de su hermano Joseba García, así como la materialización de las oportunidades de negocio conseguidas por la organización criminal”.

Otras contraprestaciones a Ábalos y los pagos a Koldo García: 10.000 euros al mes. Koldo García habría percibido contraprestaciones económicas, que esta Unidad ya adelantaba en el atestado de fecha 22 de febrero de 2024, donde se reflejaban indicios de pagos en metálico, dimanantes de Aldama, de manera mensual, y por valor de 10.000 euros, a una persona apodada 'K' y que se lograba identificar con Koldo. Estos pagos tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a José Luis Ábalos en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio Aldama. De este modo, los pagos de efectivo, fueron acompañados de otras contraprestaciones también a Ábalos“. ”En el lapso temporal en el que Ábalos y Koldo permanecen en el Ministerio, se localiza la primera retribución que Aldama habría pagado a Koldo ya en octubre de 2019. Posteriormente, se han obtenido evidencias de que en febrero de 2022 Aldama consideraba estas retribuciones como periódicas y por valor de 10.000 euros. A la luz de estas evidencias, se apreciaría la posible existencia de una relación causa-efecto entre las labores realizadas por Aldama en el seno del Ministerio, buscando favorecer a personas de su interés, y la recurrencia de pagos en efectivo a Koldo. Se aprecia, por tanto, que la dinámica habitual sería realizar pagos fijos y mensuales, en unión de otros extraordinarios“.

El contrato de las mascarillas que enriqueció a Víctor Aldama. “La selección de la empresa Soluciones de Gestión como adjudicataria de los contratos habría partido de Aldama y algún alto cargo del Ministerio de Transportes, con la permanente mediación de Koldo García. En este sentido, se ha localizado una conversación entre Aldama y un tercero donde, inmediatamente después de que Soluciones de Gestión resultara adjudicataria de los contratos de material sanitario objeto de investigación, y en un contexto marcado por la relación estrecha entre Aldama y Koldo-Ábalos, el primero solicitaba dinero en metálico para ”seguir alimentando la máquina (...) Aldama tenía la información proveniente de la Administración, como él mismo reconoce, sobre la necesidad de realizar una contratación con carácter de urgencia, y de ella se valió para proveer de material sanitario a través de Soluciones de Gestión a varios entes dependientes del Ministerio de Transportes, al igual que a otras administraciones. Este conocimiento privilegiado de la información, y el consecuente aseguramiento de la contratación, le reportó un beneficio económico de unos 6,6 millones de euros“.

Regalo/soborno con el chalé de La Alcaidesa. “Koldo habría sido encargado de realizar la selección del inmueble con los criterios recibidos de parte de Ábalos, y conviene detenerse en el siguiente anuncio de los cuatro que le envía, ya que es el que finalmente resulta adquirido por Aldama y empleado por Ábalos”. “Aldama, durante el mes de marzo, vuelve a encomendar a Corvillo que contacte con una nueva persona de nombre Claudio, vinculado a Villafuel. Es conocido por esta instrucción que Claudio Rivas se encontraría vinculado presuntamente, al igual que Aldama, a una organización criminal dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos”. “Hay que retrotraerse nuevamente a diciembre de 2020. Entre los días 24 y 28 de ese mes, mientras se resolvía la selección del chalet, se gestó una entrevista ante el Director de Gabinete del Ministerio de Industria a la que acudirían Claudio Rivas, Carmen Pano y tres personas más. Esta entrevista, que finalmente tendría lugar el 14 de enero de 2021, fue promovida y orquestada por Aldama, quien les puso en manos de Koldo para que fueran recibidos por el referido Director de Gabinete (...) La importancia de este mensaje radica en que el día 1 de junio de Have Got Time abona la parte restante del dinero necesario para adquirir la casa de La Alcaidesa. De acuerdo con la escritura de compraventa de este inmueble, esta sociedad ubicada en la esfera de control de Aldama, abonó 526.500 euros. Esta empresa compradora, Have Got Time, es titulada por Leonor María González Pano, hija de Carmen Pano, quien conviene recordar que fue una de las personas que fue introducida por Aldama, a través de Koldo, al Director del Gabinete del Ministro de Industria para poder obtener la condición de operadora para Villafuel”.

El enchufe de la pareja sentimental de Ábalos y el alquiler de un apartamento. “Se han analizado las conversaciones adyacentes de Koldo y Aldama en esos días, y se ha podido identificar y contextualizar tanto a Jésica como a Alberto. El referido Alberto resulta ser Luis Alberto Escolano Martín, a la sazón también detenido en las presentes diligencias previas como presunto testaferro de Aldama. Jésica se correspondería con Jésica Rodríguez, quien mantendría una relación particular con Ábalos. Koldo recibe el día 23 de febrero de 2021 recibe un pantallazo de Ábalos de una conversación mantenida con Jésica, en la que ella le recuerda que su contrato laboral expira en unos días. Koldo, conocedor de la circunstancia le responde que ”hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses“ y Ábalos le contesta: ”Díselo“, todo ello en referencia al contrato que tenía en vigor Jésica como auxiliar administrativa para Ineco, empresa de ingeniería dependiente del Ministerio de Transportes (...) Jésica se encontraba residiendo en una vivienda sita en la Plaza de España nº18, Edificio Torre de Madrid apartamento 11-03, por lo que se toma nuevamente en consideración la reclamación que reenvía Koldo a Aldama para que un tal Alberto abone un alquiler. La persona que envía originalmente ese mensaje a Koldo fue Jésica, buscando que Escolano abonara el alquiler del inmueble de Plaza de España, 18. Pero lo que resulta verdaderamente esclarecedor, es que Koldo le remita a Aldama la reclamación efectuada por Jésica del pago del alquiler, evidenciando que sería este último el responsable de afrontar el pago del mismo”.

La sentencia de 24 años de cárcel para José Luis Ábalos dibuja un horizonte de reinserción extremadamente complicado debido a su edad, 66 años. La Ley Orgánica General Penitenciaria establece que para los primeros permisos de salida, con un máximo de siete días fuera de prisión, el condenado debe haber cumplido una cuarta parte de la condena, en este caso 5 años de los 20 máximos. De este modo, Ábalos no pondría un pie en la calle hasta noviembre de 2030, con 71 años.

Para salir en libertad condicional el reo debe estar clasificado en tercer grado y haber cumplido tres cuartas partes de la condena, o dos terceras partes si concurren requisitos adicionales, como una evolución favorable o trabajos en la cárcel. Eso sitúa a Ábalos saliendo de prisión con 79 años cumplidos, en el cálculo más favorable de ambos. Para ello debe haber cumplido con la responsabilidad civil que se le haya impuesto y tener una progresión satisfactoria en prisión.

Ábalos todavía está siendo investigado en la Audiencia Nacional por otra causa de corrupción. Sin embargo, sería complicado que, en el caso de ser condenado por segunda vez, no se aplique la acumulación de condenas y los 20 años de máximo cumplimiento sigan vigentes para cualquier cálculo que afecte a los permisos o la libertad condicional, indican fuentes penitenciarias. 

Solo hay un mecanismo dentro del Reglamento Penitenciario, y que por tanto corresponde aplicar a la Administración, que le permitiría salir a la calle antes, el artículo 100.2. Como el resto de decisiones en esta materia es supervisado por un juez. Para su aplicación, la Administración Penitenciaria debe concluir que el recluso necesita de “un grado específico de tratamiento que de otra forma no puede ser ejecutado”. 

Ábalos será clasificado, con toda seguridad, en segundo grado, como ocurre con la mayoría de los condenados que no han sido conflictivos en su periodo de prisión provisional. El 100.2 permite combinar aspectos de los diferentes grados, también el más ventajoso, el tercero, y le supondría, por ejemplo, poder salir a trabajar a diario. La única condición para examinarlo sería que ya esté clasificado. En cualquier caso, las aplicaciones del 100.2 son muy excepcionales y han correspondido a presos con largas condenas que ya han cumplido bastantes años en prisión.

El artículo ha sido objeto de varias polémicas. La última, su aplicación por el Gobierno vasco a antiguos miembros de ETA con crímenes de sangre. Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, antigua jefa de la banda, había cumplido 22 años en la cárcel, entre Francia y España, cuando se le aplicó. Gregorio Vicario Setién, ‘Santi’, está condenado a 236 años de cárcel por, entre otros delitos, dos asesinatos. Recibió recientemente el 100.2, una jueza lo revirtió y la Sala de lo Penal terminó dando la razón al preso. Llevaba 25 años en la cárcel. 

El exministro de Transportes cumplirá su condena en una prisión próxima a donde tenía establecido su domicilio o resida su familia. La prisión donde está ingresado de forma preventiva, Soto del Real, se suele destinar a quienes, como él hasta el día de hoy, no habían sido aún condenados. Al no haber sido juzgado por la Audiencia Nacional será el magistrado de Vigilancia Penitenciaria que tenga asignada la prisión a la que sea enviado quien revise las decisiones de Instituciones Penitenciarias sobre Ábalos. 

Algunos de los de delitos que ha cometido José Luis Ábalos, como cohecho o tráfico de influencias, le permitirá acogerse al Programa de Intervención de Delitos Económicos (PIDECO) que puso en marcha la actual administración penitenciaria y que ya han cumplimentado otros presos conocidos como Iñaki Urdangarin, Francisco Correa o Luis Bárcenas. No conlleva ningún beneficio automático, pero es valorado por Instituciones Penitenciarias dentro de los programas específicos de reinserción. 

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas ha convertido al exdirigente socialista José Luis Ábalos en el ministro que mayor condena ha recibido en la historia de la democracia española. La Sala de lo Penal ha condenado a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a 19 años y ocho meses a su exasesor Koldo García y a 4 años y medio al comisionista Víctor de Aldama por mordidas en contratos de mascarillas en plena pandemia. Aldama logrará evitar la cárcel, al considerar el Supremo que su aportación como delator ha sido “muy decisiva”.

Estos son algunos hechos probados según la sentencia:

Los contratos de mascarillas

La sentencia concluye que hubo ilegalidades en la adjudicación de hasta 13 millones de euros en contratos de suministros de mascarillas salidos de Puertos del Estado y ADIF a Soluciones de Gestión, una empresa vinculada a Aldama, quien se lucró con comisiones que a su vez entregó a los otros dos acusados. Los jueces apuntan al conocimiento previo que tenían desde la empresa adjudicataria de los detalles “antes incluso de que los responsables del propio órgano de contratación tuviesen conocimiento de la operación”.

La sentencia afirma que Aldama canalizó las comisiones percibidas a través de dos sociedades por un importe de 6,6 millones de euros; y que Ábalos y su exasesor le pidieron 2 millones y 500.000 euros, respectivamente, que el comisionista incluyó en sus previsiones de gastos. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

Pisos y 10.000 euros para los “gastos fijos” de Ábalos

Por las gestiones y contratos a su favor, Aldama abonó 10.000 euros al mes a Ábalos y Koldo García desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 en concepto de “gastos fijos” del exministro. En total, fueron 340.000 euros mensuales (10.000 por 34 meses) del 'sueldo' para Ábalos.

A esa “dádiva” se sumó el abono del alquiler del apartamento de lujo de Jésica Rodríguez en Plaza de España y el contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana. Aldama había explicado que ese piso era una suerte de seguro que ofrecía al ministro como prueba de que cobraría futuras comisiones.

La sentencia apunta a que con el piso de la Plaza de España que la trama alquiló a Rodríguez tenía la “finalidad de cohesión de la organización”. Así, por el piso situado en la Torre de Madrid se pagó una renta , por importe de 2.700 euros mensuales, que “se abonó desde el mes de marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, junto a las subidas anuales, alcanzando un total de 82.295 euros”.

Con respecto al piso del Paseo de la Castellana, los magistrados del Supremo consideran que “con el propósito de garantizar a José Luis Ábalos la percepción de las comisiones ilícitas, que habrían de satisfacer diferentes empresas, por la adjudicación de obra pública licitada en el Ministerio de Transportes, en favor de los intereses personales de Víctor de Aldama y de las empresas que este promovía”, en abril de 2019 el exministro firmó un contrato de alquiler con Aldama para poder vivir en uno de los pisos del empresario situado en el Paseo de la Castellana de Madrid.

La sentencia señala que Ábalos “no ocupó el inmueble ni, en consecuencia, satisfizo renta alguna, pues nunca fue esa la pretensión de los contratantes”. “El contrato encubría, como negocio jurídico real, una fiducia de garantía de un crédito que José Luis Ábalos tenía al cobro de unas comisiones ilegales; de tal manera que, mientras subsistiera la obligación, el acreedor mantenía la propiedad fiduciaria de la cosa (en este caso, la ventajosa opción de compra) y, una vez extinguida la deuda (el pago de las comisiones), se hacía exigible su obligación de restituir la propiedad”, sentencian los magistrados del Supremo.

La contratación de Claudia Montes

Entre los enchufes que el tribunal considera probados están los de Claudia Montes y Jésiica Rodríguez que, según la sentencia, fueron dos mujeres que tuvieron algún tipo de relación personal con Ábalos. Respecto a Montes, el Supremo señala que “fruto” de su relación con el ministro, en 2019 este “escribió un mensaje a Koldo García sugiriéndole la contratación de Claudia Montes ‘en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas’”. Siempre según la sentencia, su asesor contestó: “Sí. Lo arreglo”. Los magistrados dan por probado que después de que la mujer enviara a Koldo García su currículum este lo remitió al presidente de Renfe “con el fin de respaldar su contratación”.

“El día 16 de diciembre de ese mismo año, Claudia Montes fue contratada por Logirail, sociedad mercantil estatal proveedora de servicios logísticos de Renfe Mercancías, perteneciente al Grupo RENFE, entidad pública empresarial, dependiente del entonces denominado Ministerio de Fomento, extendiéndose su relación laboral con Logirail entre ese día y el 17 de febrero de 2022, actividad por la que percibía un salario líquido total de 1.384,99 euros mensuales”, sentencian.

Sueldo para Jésica Rodríguez sin hacer “ninguna actividad laboral”

Respecto a Jésica Rodríguez, la sentencia da por probado que Ábalos, “aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro concibió y desarrolló un plan de actuación, consistente en desplegar toda su influencia para que ella fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio o que prestara sus servicios a alguna de estas con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral”.

En esta ocasión, Ábalos se ayudó de Koldo García “como solía”, según recoge el fallo. En primer lugar, García le habría encontrado el trabajo y después se habría encargado de “eludiera o sorteara” los controles y no tuviera que acudir a su puesto. La sentencia deja claro que Koldo García implicó en los hechos a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif entonces, pero que ella es “no juzgada en esta causa”. “Se decidió que la empresa contratante sería la sociedad estatal de Ingeniería y Consultoría (INECO)”, dependiente de Adif. Cuando acabó el contrato con Ineco, Koldo García volvió a recurrir a Pardo de Vera para que fuera contratada en otra empresa pública, Tragsa.

Una nota de prensa para tranquilizar a los acreedores

La sentencia también se refiere a las gestiones que hizo la trama en torno al rescate de 475 millones de euros del Gobierno a Air Europa en la pandemia. El empresario Víctor de Aldama, que en esas fechas asesoraba a la aerolínea, consiguió que Ábalos presionara al secretario de Estado de Infraestructuras para que sacara una nota de prensa anunciando el rescate y así “tranquilizar a los acreedores”.

A cambio de esta nota de prensa, el Supremo considera que se gestionó el alquiler de una vivienda en Marbella para que Ábalos y su familia pasaran unas vacaciones gratis en agosto de 2020.

Una “organización criminal” con “vocación de permanencia”

Los tres condenados articularon una organización criminal, con vocación de permanencia, que se aprovechaba de la influencia de Ábalos como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE para actuar en varias esferas, y que empezó a debilitarse al salir éste y su asesor del Ministerio.

Cada uno tenía un rol diferenciado. Ábalos era considerado el jefe y usaba su influencia para favorecer contratos públicos a empresas captadas por Aldama, a cambio de un beneficio económico del que todos participaban.

Koldo García era su “hombre de confianza”, hacía gestiones personales para influir en adjudicaciones, arregló enchufes en empresas públicas y gestionaba y reclamaba mordidas. Víctor de Aldama captaba empresas y pagaba comisiones.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su “respeto” a la Justicia tras conocerse la sentencia que impone 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como caso Mascarillas de corrupción.

“Lo que siempre hemos dicho cuando hay un fallo judicial, en este caso del Tribunal Supremo, respeto a la Justicia, que se hagan las investigaciones pertinentes y no tenemos nada que decir”, ha dicho Torres en Teror (Gran Canaria).

“Lógicamente están los derechos de las personas y aquí hay un fallo del Tribunal Supremo”, ha manifestado el ministro en relación a la sentencia del Tribunal Supremo de 24 años y 3 meses de prisión al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos por cobrar mordidas en la compra de mascarillas en pandemia y la contratación irregular de mujeres en empresas públicas.

El Tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama.

En el caso del empresario, según el Ministerio Público, obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, pero no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

Víctor de Aldama no solo se libra de entrar en prisión. También se queda con la mayor parte del botín.

Los hechos probados de la sentencia del Supremo dan por cierto que Aldama cobró 3,7 millones de euros de comisión en la venta de unas mascarillas que colocó al Ministerio de Transportes. En total, entre ese y otros contratos de mascarillas durante la pandemia, se llevó 6,6 millones de euros. 

De todo ese dinero, Aldama apenas entregó una propina a sus compinches, José Luis Ábalos y Koldo García: 430.298 euros en total, entre el alquiler del piso para la novia de Ábalos, unos meses de chalet en Marbella para el ministro y los sobres de 10.000 euros al mes que recogió Koldo durante casi tres años. 

Ábalos se pudrirá en prisión. Le han caído 24 años de cárcel. Por ponerlo en contexto: es más que la sentencia a los violadores de la Manada (15 años) y algo menos que la del corrupto Luis Bárcenas (29 años) o el golpista Tejero (30 años).

Con Koldo tampoco ha habido piedad: le caen 19,5 años de cárcel.

¿Y Aldama? Formalmente son 4 años y medio. Pero el Supremo suspende su entrada en prisión por su “colaboración con la Justicia”. En cuanto al dinero, según establece la sentencia, solo tendrá que pagar un tercio de los 430.298 que repartió con Ábalos y Koldo (los otros dos tercios los pagarán el exministro y su asesor). Poco más de 143.000 euros. 

La cuenta es fácil: Aldama cobró 3,7 millones de euros por las mascarillas. Entre el cohecho a sus socios y la multita del Supremo, se quedará con 3,1 millones de euros. Es increíble, pero es así.

Es inédito que un corrupto de esta dimensión acabe pillado, sentenciado, pero que se quede con el botín. Es enorme el contraste entre la durísima condena contra Ábalos y Koldo y la impunidad para su corruptor. 

Es inédito, porque esta colaboración de la Justicia fue a posteriori. Ya les habían pillado. La confesión de Aldama solo llegó cuando la investigación judicial ya estaba en marcha y la mayor parte de las pruebas contra Koldo y Ábalos ya estaban en manos de la UCO, como confirmó el propio teniente coronel Antonio Balas durante el juicio. Aldama confesó para salir de prisión –en otra causa, además, la de hidrocarburos– y cuando ya no tenía escapatoria.

Es inédito, porque está acreditado que Aldama miente: que buena parte de las cosas que ha dicho en su “colaboración con la Justicia” –como esas cuentas en República Dominicana que se supone tiene Begoña Gómez– son una pura ficción. Incluso esta sentencia del Supremo no da plena credibilidad a sus palabras. Aldama dice que pagó dos millones de euros a Ábalos y otro medio millón a Koldo por el pelotazo de las mascarillas, pero la sentencia no lo asume como cierto.

Y es inédito porque no hay precedentes en el Supremo de un premio así por colaborar con la Justicia en un caso de corrupción. Especialmente en estas circunstancias: cuando el delito ya estaba bajo investigación. 

En el caso Gürtel sí hubo una persona que colaboró con la justicia de forma contraria a sus intereses y desde el primer momento: José Luis Peñas. Conocimos ese gravísimo caso de corrupción gracias a sus grabaciones de Francisco Correa, unas pruebas que entregó a la Justicia cuando aún no había ninguna investigación en marcha.

A pesar de esa colaboración, Peñas fue condenado a una pena incluso mayor que la de Aldama: 4 años y 9 meses de cárcel. No entró en prisión y fue después indultado por el Gobierno. 

En ese mismo caso de corrupción, la persona más parecida a Aldama era otra: el propio Francisco Correa. Él también intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de su confesión cuando la causa estaba ya en marcha. Con menos éxito.

Para lograr ese acuerdo, Correa entregó un documento por escrito a la Fiscalía, una confesión que desvelamos en elDiario.es. Allí aseguraba que el origen de su fortuna eran las comisiones del 3% por la obra pública del Gobierno de Aznar y se ofrecía a tirar de la manta. La Fiscalía despreció esa oferta y no quiso pactar ninguna rebaja de condena para él.

Eran otros tiempos, al parecer.

El empresario Víctor de Aldama no solo no tendrá que entrar en prisión después de ser condenado por el Tribunal Supremo a más de cuatro años de cárcel sino que, además, no deberá afrontar la multa de 3,7 millones de euros que pedía en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas.

De hecho, el comisionista, que logró una rebaja sustancial de la pena gracias a su colaboración en el esclarecimiento de los hechos, no debe abonar responsabilidad civil alguna, y el Alto Tribunal sólo le condena solidariamente al decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho por un importe total de 430.298 euros. También hará frente a dos multas que juntas llegan a los 72.000 euros por los delitos de organización criminal y cohecho.

Aldama ha sido condenado finalmente por esos dos delitos pero no por el de aprovechamiento de información privilegiada, que es en el que el Ministerio Público y las acusaciones solicitaban esa multa equivalente a la cuantía de la comisión. Los magistrados indican que en realidad “dada la situación de la pandemia y la necesidad notoria de mascarillas, era obvia su urgencia y que la licitación sería inminente”.

No obstante, la resolución indica que en ese contexto de pandemia “los tres acusados, de mutuo acuerdo, ante la necesidad de compra de material sanitario, en coordinada actuación, utilizaron su ascendencia para que la empresa Soluciones de Gestión, mercantil vinculada a Víctor de Aldama, resultara adjudicataria de dos contratos de suministro de mascarillas licitados por dos entes dependientes del propio Ministerio: Puertos del Estado y ADIF”. “De Aldama se lucraba, a través de las comisiones concertadas con Soluciones de Gestión, y con cargo a las mismas, de ese importe, pactaron que una parte la entregaría Víctor de Aldama a los otros dos acusados”, recuerda la sentencia.

Según el relato de hechos, la primera compra se concretó el 20 de marzo por medio de una orden ministerial firmada por Ábalos y publicada al día siguiente en la que se disponía la adquisición de 8.000.000 de mascarillas si bien con la finalidad de ser adjudicada a Soluciones de Gestión. Cuatro días antes de la publicación de la orden ministerial, Soluciones de Gestión firmó con la sociedad Comercial Cueto 92 SL un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para la contratación y suministro de mascarillas. El 21 de marzo de 2020, la presidencia de Puertos del Estado adjudicó el contrato a la empresa de la trama por un importe de 20.000.000 de euros (2,5 euros por mascarilla).

Días después, relata la sentencia, se concretó una segunda compra centralizada de 5 millones de mascarillas a través del ente empresarial público, dependiente del Ministerio, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Esa empresa pública acordó la compra por valor de 12,5 millones de euros.

Los magistrados cifran la comisión de Aldama por la compra de Puertos del Estado y Adif en 3,7 millones de euros. Utilizó para el cobro dos sociedades, MTM 180 y Deluxe Fortune. Advierte de que esa cifra no es la global que pudo obtener el comisionista por todas sus operaciones de mascarillas porque si se incluye lo que se llevó por el suministro al Ministerio del Interior (que no es objeto de acusación), así como el negocio con el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Balears (que se investigan en la Audiencia Nacional) los beneficios llegan a los 6,6 millones de euros.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad condenar a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.