En el año 2017 el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) puso en marcha una iniciativa dirigida a los hombres que ocupan cargos políticos con el fin de fomentar que promuevan la igualdad en su ámbito de influencia y, en particular, fomenten el compromiso personal y colectivo de otros hombres con dicha causa. Para ello, se crearon dos grupos de hombres en política, uno dentro del Gobierno vasco y otro a nivel municipal, en colaboración con EUDEL. Se trataba de espacios de formación, reflexión e intercambio, cuyo objetivo era reforzar la participación e implicación en la igualdad de los hombres que trabajan en la política, en la medida en que son referentes y participan en espacios de toma de decisión.

Ahora, casi una década después, y tras la participación de cerca de 500 hombres en las actividades diseñadas en el programa bautizado como 'Hombres políticos por la iguladad', llevado a cabo por Gizonduz, se ha querido dar un paso más allá con la creación de la 'Red de políticos por la igualdad', una iniciativa para promover la sensibilización, formación y acción a favor de la igualdad.

“Los roles y actitudes que adoptamos los hombres en nuestro día a día, dentro y fuera de casa tienen mucho que ver con la desigualdad. Tenemos los hombres una gran responsabilidad porque tenemos unos privilegios como colectividades y tenemos responsabilidades además añadidas quienes tenemos un cargo político, una responsabilidad pública. Los hombres que tenemos responsabilidades políticas debemos ser especialmente conscientes de todo esto porque tenemos la capacidad de incidir en los espacios de decisión, de crear referentes positivos, referentes de liderazgos igualitarios, compartidos y justos”, ha señalado el lehendakari Imanol Pradales este lunes en la jornada 'Hombres políticos por la igualdad. Experiencias y propuestas en un contexto global de involución antiigualitaria’ organizada por Emakunde en Vitoria y en la que se ha anunciado la creación de la red.

Para la ocasión, Pradales ha rescatado unas palabras del lehendakari Juan José Ibarretxe. “Quiero compartir plenamente unas palabras de hace muchos años de quien fuera lehendakari de Euskadi, el lehendakari Ibarretxe, cuando dijo que 'la igualdad real y efectiva debe ser el proyecto político por excelencia'. El contexto global lo exige. Los valores cívicos y la democracia hoy están en riesgo. Cobran cada vez más fuerza modelos de liderazgos autoritarios basados en una masculinidad tóxica. Creo que se entiende perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Y para avanzar en una sociedad igualitaria es muy importante contar con representantes políticos concienciados, formados, comprometidos. Solo así plasmaremos este objetivo de país en cada decisión, en cada plan, en cada norma, en cada ley y en cada acción. A partir de hoy damos un paso más. Hoy creamos la red de hombres políticos a favor de la igualdad. Hoy, con esta jornada y con esta iniciativa, ponemos un grano de arena más en la construcción desde la política de una sociedad más justa y más igualitaria”, ha insistido Pradales.

Según han detallado desde Emakunde, la red se plantea como un “espacio discreto y seguro” para el intercambio y la acción a favor de igualdad de mujeres y hombres y en contra de la violencia machista, adaptado a las necesidades de los hombres en política y considerando su diversidad. “Es una de las líneas previstas en la Estrategia Gizonduz 2030, una iniciativa en la que ha habido que trabajar mucho para implicar a los hombres en acciones relacionadas con la igualdad, pero que ha conseguido grandes avances y hoy hay más demanda por parte de los hombres, que hace 19 años, para recibir formación en igualdad”, ha asegurado la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

Respecto a la formación de la red, cualquier hombre que ocupe un cargo político en una institución pública de la Comunidad Autónoma Vasca podrá adherirse a ella, siempre que muestre su compromiso de impulsar o desarrollar actuaciones a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. Se prevé, al menos, una reunión plenaria al año coordinada por Emakunde, además de actividades de sensibilización, intercambio de experiencias y formación. “Trabajar con hombres en política es fundamental porque son referentes en sus ámbitos y participan en espacios de toma de decisiones. Y más aún en un contexto global de reacción antifeminista y antidemocrática protagonizada por liderazgos masculinos autocráticos”, ha concluido Elgarresta.

El concurso oposición para profesorado de Formación Profesional, en concreto para la especialidad de soldadura, organizado por la Xunta de Galicia entre junio y julio de 2024 en el CIFP Someso de A Coruña estuvo plagado de irregularidades: comentarios machistas, interpretaciones sesgadas del reglamento, favoritismo hacia algunos aspirantes. Al menos eso es lo que denunció la única mujer miembro de su tribunal -formado por un presidente y cuatro vocales-, una profesora de la materia, en un escrito remitido a la Consellería de Educación. Nunca recibió respuesta. El Gobierno gallego asegura ahora a elDiario.es que en su día hizo “las averiguaciones necesarias” y concluyó “que no hubo trato de favor”. También argumenta que nadie recurrió el procedimiento, pero dos aspirantes suspendidos afirman que sí lo han hecho. El ejecutivo autonómico deja sin responder varias cuestiones específicas remitidas por este periódico. El BNG llevará el caso al Parlamento de Galicia.

La denuncia de la profesora, remitida a la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de la consellería y al presidente del tribunal y a la que ha tenido acceso este diario, incluía un relato de “hechos graves” que la denunciante esperaba “no se volvieran a repetir”. Los expone por orden cronológica y comienza con la discriminación que, a su juicio, sufrieron dos de las candidatas a los puestos de profesora. Sucedió durante la prueba denominada 135-GMAW de soldadura MAG. A dos de las aspirantes les falló la máquina -la denunciante fue testigo directo de una, de la otra no- y la profesora, tras intentar arreglar el aparato y comprobar que no podía, solicitó cambiarlo “pues había otros libres”. El compañero de tribunal que supervisaba la prueba junto a ella se negó. Más tarde, la denunciante se enteró de que otros dos aspirantes también habían tenido problemas con el dispositivo y los miembros del tribunal que los examinaban -uno era el mismo que antes se había negado- habían accedido a sustituir la maquinaria.

“¡Cuántas tías en la lista!”

“Durante el procedimiento se produjeron algunos comentarios que, por mi condición de única mujer en el tribunal, me resultaron incómodos e incluso ofensivos”, asegura el escrito. “¡Cuántas tías en la lista!”, fue el comentario de uno de sus colegas. Durante las reuniones finales de evaluación, continuaron las presuntas gracietas machistas: “Nosotros en Vigo tenemos a las tías quemadas”. “Hay mucho patriarcado en este mundo”, declara a elDiario.es la autora del escrito, “no acaban de entender que lleguen las mujeres a estos lugares tan masculinizados”.

La Xunta de Galicia niega, en un escrito remitido a este periódico, “indicios de que hubiese trato de favor hacia los hombres en el proceso”. Aporta, como prueba, que hubo 41 hombres y seis mujeres admitidos en el concurso oposición y aprobaron seis personas, tres hombres y tres mujeres. “Además, las tres mejores calificaciones de las personas fueron las tres mujeres”, añade. No se pronuncia sobre los reiterados comentarios machistas.

La Consellería de Educación también asegura que “no hubo ninguna reclamación al respecto por parte de ninguna persona opositora ni tampoco de ninguna organización sindical”. Una de las mujeres a las que falló la máquina afirma que sí lo ha hecho, además de presentar un recurso de alzada. Otro de los candidatos que quedó fuera indica a elDiario.es que también ha registrado un recurso de alzada y está a punto de hacer lo propio con una demanda judicial. Su motivo, las irregularidades que, considera, observó en la oposición. Este hombre, que ya trabaja como profesor, se centra en la fase de defensa de la programación, también cuestionada en el escrito remitido a la Xunta por la denunciante. El documento expone como la misma mujer a la que no accedieron a cambiarle la máquina que fallaba en la prueba de soldadura fue acusada de “copiar su exposición” de la programación y de “dudar” al defenderla“. ”No hizo uso de ningún folio“, aduce la denuncia, como tampoco leyó literalmente la persona que presentó el recurso de alzada.

Lo contrario, leer toda la programación y la unidad didáctica en presencia del tribunal, fue lo que hizo uno de los hombres aprobados “por otros miembros del tribunal”. Esto contradice, avisa la denuncia, la orden oficial de la convocatoria: “Para la exposición, el personal aspirante podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno y que deberá aportar él mismo, siempre que sea aprobado por el tribunal, así como un guion que no excederá una página y que se entregará al final al tribunal”.

Notas sin presencia de todo el tribunal

La profesora miembro del tribunal avisa también de que los otros miembros del tribunal acabaron por poner las notas de defensa de la programación sin estar ella presente, lo que, dice, vulnera de nuevo la orden de la convocatoria: “Debemos estar presentes todos los miembros del tribunal para la calificación de cada fase de la oposición”. Según ella, el presidente del tribunal se negó además a que constase en acta que un aspirante había leído toda la programación y la unidad didáctica“. La Xunta asegura que ”cada miembro del tribunal pone las notas que individualmente le parecen oportunas y se hace una media de esas notas individuales para alcanzar la puntuación final de cada opositor en cada ejercicio“. En las bases de la convocatoria figura sin embargo una excepción: ”Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima y mínima y la puntuación media se calculara entre las cualificaciones restantes“.

El BNG, a través de su diputada Cristina Fernández Davila, ya ha registrado iniciativas parlamentarias para esclarecer lo sucedido y exigir explicaciones al Gobierno gallego.

Tras el polémico caso de veto a las mujeres en la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo en Sagunto, Valencia, el Ministerio de Igualdad ha identificado otras tres cofradías en las que, según el departamento dirigido por Ana Redondo, se han impuesto condiciones discriminatorias hacia las mujeres esta Semana Santa. Según informan fuentes del ministerio, el Instituto de las Mujeres ha enviado un oficio a cada una de las cofradías y a los ayuntamientos de las localidades a las que pertenecen para reclamar que “adopten las medidas pertinentes” para evitar esta situación.

Las cofradías, dos en Córdoba y una en Albacete, tienen normas en vigor que suponen que las mujeres o bien no pueden participar en las procesiones en las mismas condiciones que los hombres o bien “se dificulta su acceso” a las mismas funciones y actividades. Las actuaciones del Instituto de las Mujeres tienen su origen en tres quejas presentadas por afectadas.

Una de las cofradías es la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Córdoba, a la que se acusa de una “posible conducta discriminatoria” por impedir la participación de mujeres como costaleras y no permitir que haya grupos mixtos en los pasos de Semana Santa. Según los hechos que relató la denunciante, la hermandad, en concreto su “capataz”, habría tomado la decisión el pasado 30 de noviembre “basándose exclusivamente en el sexo y no en causa objetiva, técnica, doctrinal ni pastoral”, figura en el oficio al que ha tenido acceso elDiario.es. La denunciante solicitó la revocación de la decisión, pero fue denegada.

También del municipio cordobés de Aguilar de la Frontera es otra de las cofradías a las que se ha dirigido Igualdad, en concreto la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Santo Sepulcro. Los hechos señalados tienen que ver en este caso con “limitar el acceso a 12 mujeres y reducir su participación a un carácter meramente simbólico”, apuntan fuentes del ministerio, que detallan que se ha informado al Instituto de las Mujeres de que ellas “no pueden formar parte del núcleo principal de la hermandad ni acceder a los mismos derechos de participación que los hombres”.

Altura mínima de 1,70

La tercera es la Cofradía del Silencio y Santo Via Crucis de Albacete, sobre la que el pasado 25 de marzo se recibió una queja que advertía de que el grupo “establece unos requisitos de altura” para ser costaleros que, en la práctica, “impiden el acceso a las mujeres en condiciones de igualdad”. Según detalla el oficio, se impone una altura mínima de 1,70 metros para poder participar, lo que a juicio de la persona que emitió la queja, es una decisión “abritraria” y señala que la altura media de las mujeres en España “es inferior”.

Los oficios enviados por el Ministerio de Igualdad repasan la legislación estatal y autonómica sobre igualdad de género, en concreto la ley de igualdad de 2007 y la de igualdad de trato y no discriminación de 2022, así como las distintas normas de las comunidades autónomas que garantizan este principio. Además, señalan que, según la ley, las asociaciones religiosas deberán regirse por lo dipuesto en “los tratados internacionales y en las leyes específicas” mientras que sus estatutos y funcionamiento “deben respetar el ordenamiento jurídico” y particularmente, la igualdad y la no discriminación reconocidas en el artículo 14 de la Constitución.

En el caso concreto de Albacete, el Instituto de las Mujeres remarca que los criterios de acceso impuestos deben ser “objetivos y estar motivados” y, en caso de que estos “no respondan a una justificación objetiva” y legítima mediante medios “necesarios y adecuados”, la cofradía podría incurrir en un caso de discriminación indirecta a la luz del artículo 6.2 de la ley de igualdad. Por eso, el organismo reclama al grupo que haga “un análisis y revisión de dichos criterios y su motivación” y se adopten las medidas “pertinentes” para garantizar la participación en igualdad. Solicita, además, que comparta con el Instituto de las Mujeres el resultado de este proceso.

Las actuaciones se suman a las que ya ha emprendido el ministerio respecto a la cofradía de Sagunto cuyos cofrades votaron el pasado 23 de marzo para rechazar la presencia de las mujeres en la Semana Santa de la localidad. El Gobierno inició poco después los trámites para retirar a la celebración la declaración de 'Interés Turístico Nacional' mientras que Igualdad envió un requerimiento a la cofradía y ha trasladado a la Fiscalía la decisión. “Hay una discriminación y una vulneración de derechos y libertades esenciales constitucionales reconocidos en las leyes y en la jurisprudencia”, argumentó la ministra Ana Redondo.

Días antes del cántico “musulmán el que no bote” con el que nos deleitó buena parte de la grada del RCDE Stadium durante el partido de la selección española frente a Egipto, el racismo y la xenofobia ya habían brotado en todo su esplendor en las publicaciones en redes sociales con las que Adidas presentó la nueva camiseta de la selección. Como los modelos que posaban con las camisetas, salvo uno, tenían rasgos no caucásicos, la publicación se llenó de los siguientes comentarios (todos reales): 

Ni un español en la foto de la selección española 

La agenda del reemplazo hace tiempo que es un cantazo. 

¿Esta camiseta es para jugar la Copa África? 

Supongo que la equipación de Senegal la promociona españoles. 

Racismo hacia el español. 

¿Es la selección de Naciones Unidas? 

¿Nos queréis meter a todos los moros con cuchara y calzador? 

A los españoles nos quieren borrar del mapa. 

No compréis esta camiseta, que la compren los magrebíes. 

Y, encima, al blanco lo han puesto en el suelo. 

Un pastor alemán sigue siendo alemán aunque nazca en China. Un negro es africano aunque nazca en España. 

Que la compren los menas. 

Fijémonos en ese fenómeno descrito como “racismo hacia el español”. Los españoles, un colectivo históricamente discriminado y reprimido, al menos en las publicaciones de Adidas. Resulta que las personas racializadas están prácticamente ausentes de cualquier espacio de poder en España, son sobrerrepresentadas en los relatos de delincuencia, sufren insultos y violencia a diario, tienen dificultades para acceder a viviendas o trabajos, a menudo se quedan en los escalones más bajos de precariedad, son objeto de identificaciones policiales basadas únicamente en su perfil racial, pero el racismo lo sufren los españoles porque en una publicación de Instagram de Adidas solo aparece una persona blanca. ¡Y en el suelo!

Hasta hace relativamente poco tiempo el racismo en España no se solía presentar de forma explícita, más bien se disfrazaba de preocupación por la seguridad. A partir de ahí la “ciudadanía” dejaba de ser un marco jurídico estable para convertirse en una categoría moldeada en base a criterios selectivos de integración y seguridad. Pero algo ha cambiado los últimos años: el racismo se ha vuelto explícito de cabo a rabo, ha dejado de escandalizar salvo en situaciones concretas como partidos de fútbol; es casi como un ruidito de fondo, el zumbido de la campana extractora al que terminas acostumbrándote. No son incidentes aislados, como repitió el presidente de la Federación, Rafael Louzán, después del partido de la selección. Es un discurso con legitimación política y complicidad social.  

Si todo tuviera que ver simplemente con una preocupación honesta por la migración, la queja sería coherente y transversal. Por poner un ejemplo, a principios de 2024, residían en España más de 300,000 británicos. Sin embargo, esos que tienen la palabra “invasión” en la punta de la lengua constantemente, no utilizan este término para referirse a la compra de viviendas por parte de la población británica en zonas turísticas tensionadas, no se plantean expulsiones masivas ni se cuestiona su integración cultural (más bien limitada, por cierto). No se hace nada de esto porque la condición racial es la clave; porque en España por supuesto que existe racismo (aunque tú no lo seas), pero no precisamente hacia el español.  

Un partido de fútbol amistoso e intrascendente ha dado la vuelta al mundo. Pero no por ninguna acción en el terreno de juego, sino por los cánticos islamófobos que una buena parte del público del RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona) coreó este martes durante el España-Egipto. Tras la conmoción inicial, las críticas se han dirigido hacia la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por su falta de contundencia a la hora de atajar los gritos.

Fuentes de la RFEF se defienden de las críticas y aseguran que se activaron los protocolos antiviolencia, y que tanto integrantes del equipo de seguridad de la Federación como de mediación acudieron a la parte de la grada desde donde partían los cánticos islamófobos.

El incidente islamófobo en Cornellà supone un salto en la gravedad de los gritos racistas que, habitualmente, ocurren en los campos de fútbol en España, y que ya han motivado las primeras condenas por la vía penal. A diferencia de los casos que se han sucedido en los últimos años, donde se pudo identificar a los autores concretos de las vejaciones racistas a jugadores, este martes los gritos provinieron de centenares de aficionados de varias zonas del estadio.

El episodio se produce en un contexto de auge de la extrema derecha. En Europa, en España, y en los campos de fútbol. Además del “musulmán el que no bote” cantado durante la primera parte, la grada coreó insultos contra Pedro Sánchez habituales de los grupos ultraderechistas, y pitó el himno de Egipto antes de empezar el encuentro, un hecho inusual en partidos amistosos.

“Corremos el riesgo de volver a los años ochenta, cuando la ultraderecha irrumpió en las gradas para llegar a los más jóvenes y tener presencia mediática”, advierte Baptista Silanes, veterano aficionado del Espanyol y miembro de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), desde donde ha impulsado con varios clubes la iniciativa 'Deporte Sí, Fascismo No'.

La iniciativa antifascista de UCFR ha logrado adhesiones de entidades pequeñas, pero Silanes echa en falta más contundencia de los equipos de mayor categoría. “Los grandes clubes e instituciones del fútbol tienen un antifascismo de fachada, dicen lo que toca para quedar bien, pero después la realidad es que no se quieren mojar mucho porque alegan que sus aficiones son plurales y no quieren perder clientes. Es triste pero es así”, reflexiona el activista.

Silanes detecta, en los últimos años, una “mayor organización” de los grupos de ultraderecha para ganar visibilidad en los estadios y en los medios. “Hay que trabajar con los jóvenes para que no terminen en estos grupos ultras pensando que son lo que está de moda ahora”, asevera.

Uno de los ídolos de la juventud, la estrella del F.C. Barcelona Lamine Yamal, de religión musulmana, ha cargado en Instagram contra los cánticos: “Es una falta de respeto intolerable. Usar una religión como burla os deja como personas ignorantes y racistas”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en X su apoyo “a los deportistas que lo sufrieron” y su “aplauso a quienes, con su respeto, nos ayudan a ser un país mejor”. “El episodio de ayer en Cornellà es inaceptable y no debe repetirse. No podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España, un país plural y tolerante. La selección de fútbol y su afición, también”.

El conseller de Deportes de la Generalitat, Bernat Álvarez, ha cargado contra la Federación por no haber parado el partido. Según ha relatado Álvarez, destacado exjugador de baloncesto profesional, durante el descanso incluso tuvo que advertir a los responsables de las federaciones española y catalana de fútbol que se iría del estadio si no se activaban los protocolos antirracistas. “Se fue tarde con todas las decisiones”, ha criticado.

Fuentes de la RFEF matizan que la decisión de esperar al descanso para lanzar la advertencia se tomó de acuerdo con el equipo arbitral. Los gritos islamófobos se produjeron tanto en la primera parte como en la segunda, esto es, antes y después de los avisos que se lanzaron por megafonía y las pantallas del RCDE Stadium en el descanso.

La retransmisión del partido en TVE permite constatar que, en especial en la segunda mitad, parte de la grada respondió con silbidos a los cánticos islamófobos. Después de que algunos aficionados reiteraran el “musulmán el que no bote” en el minuto 48 de juego, se envió otro aviso por megafonía, que fue recibido por amplios silbidos y otra tanda del mismo grito islamófobo. Sin más consecuencias.

“Se tendría que haber parado el partido”, ha zanjado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Tanto el Camp Nou de la capital catalana como el RCDE Stadium de Cornellà son dos de las sedes del mundial de 2030 que España organizará junto a Marruecos y Portugal.

A diferencia de los responsables de la Generalitat y el Ayuntamiento, el Gobierno ha evitado valorar si el partido se tendría que haber suspendido, aunque igualmente ha expresado su condena unánime: “Los insultos y cánticos racistas nos avergüenzan como sociedad”. También dirigentes del PP se han sumado al rechazo a los gritos islamófobos. El único que no los ha condenado ha sido Vox.

Los responsables de la Federación Española rechazaron los cánticos tras el partido, si bien mientras se producían la organización se limitó a avisar por las pantallas del estadio y por megafonía, durante el descanso, de la normativa que prohíbe este tipo de discriminaciones. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, lamentó los gritos islamófobos, pero los tachó de “incidente aislado”. “Salvando eso, ha habido un gran ambiente”, agregó.

Silanes también pone el foco en la Federación. “Los avisos por las pantallas no son suficientes. El árbitro, que era búlgaro [Georgi Kabakov], es lógico que no entendiera los cánticos. Faltó más contundencia en el momento por parte del delegado de campo de la Federación o de sus responsables”, asevera el activista de Unitat contra el Feixisme.

“Lo que pasó es dar un paso atrás de muchos años”, ha ahondado Álvarez, que no ha dudado en apuntar hacia los ultras como responsables de los cánticos. “Estaba organizado por parte de la extrema derecha”, ha manifestado Álvarez en declaraciones a SER Catalunya. “Vinieron al partido para desplegar ese discurso de odio y había gente con la que la sensación que tenías es que todo estaba muy dirigido”, ha agregado.

El reglamento de la FIFA (aplicable al encuentro amistoso al tratarse de dos selecciones de federaciones de distintos continentes) permite que futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y miembros de cada delegación puedan señalar incidentes directamente a los árbitros.

En el protocolo juega un papel central el colegiado del encuentro, que es quien tiene la autoridad para interrumpir el partido y transmitir un mensaje de advertencia al público (en Cornellà se esperó al descanso), y suspenderlo de manera temporal o definitiva si los incidentes no cesan.

Una vez terminado el encuentro, y en función de lo que informe el colegiado, la FIFA puede imponer a la Federación Española un abanico de sanciones: multas, partidos a puerta cerrada, cierres parciales del estadio, pérdida de puntos o incluso exclusión de competiciones, en el caso del castigo más extremo.

Los precedentes de la FIFA de sanciones más graves se han producido cuando el público, a diferencia de lo ocurrido en Cornellà, ha lanzado objetos al campo o ha empleado bengalas en sus cánticos racistas. Así ocurrió en 2021, cuando Hungría fue sancionada con dos partidos a puerta cerrada en la fase de clasificación para el mundial de Catar por incidentes racistas en la visita de Inglaterra.

En paralelo a la actuación de la FIFA, en España los Mossos d'Esquadra han empezado a indagar en los incidentes. Fuentes jurídicas consultadas son escépticas sobre el resultado de cualquier investigación, ya sea en vía penal o administrativa contra los autores de los cánticos. El motivo: la gran cantidad de personas que corearon el grito islamófobo dificulta su concreta identificación, requisito necesario para que puedan asumir una multa o una sanción.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a penas de dos años de prisión y multas de hasta 2.700 euros a diez de los once acusados de la agresión homófoba en Basauri en 2021 a Ekain Perrino. En el caso de uno de ellos, la pena de cárcel es de 14 meses y 1.710 euros de multa al apreciarse en él la atenuante de anomalía psíquica por una discapacidad intelectual leve. Además, a todos ellos se les impone prohibiciones de comunicación y aproximación a la víctima y deberán indemnizarle de forma conjunta y solidaria con 6.000 euros por daño moral y otros 350 euros en concepto de responsabilidad civil. No obstante, en España, una condena de dos años o menos permite generalmente evitar la cárcel sin antecedentes penales, aunque la suspensión no es automática y queda sujeta a la decisión del juez.

Tras el juicio, celebrado a principios de marzo, el tribunal estima probado que el joven fue objeto de un ataque físico y verbal, “en manada”, con una “indudable significación homófoba y discriminatoria”, que no provino de un “mero acaloramiento” sino que tuvo un “claro ánimo de exclusión” por razón “únicamente de su orientación sexual”.

“Estaba en un parque con mi pareja y amigos sobre las dos de la madrugada y uno de los agresores se dirigió a mí diciéndome que me fuera del lugar, que le iba a contagiar y que le doy asco. Le contesté que si le molestaba mi presencia se fuera él. Al poco rato me agredieron por la espalda, me tiraron al suelo y se me echaron todos encima. Me quedé inconsciente y seguían pegándome al grito de 'puto maricón' y 'esto te pasa por maricón de mierda', me protegí como pude”, sostuvo la víctima, Ekain Perrino durante su declaración.

Según detalló el joven, que en el momento de los hechos tenía 23 años, tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión. “He estado varias veces en centros psiquiátricos, voy a la psicóloga todas las semanas y sigo en tratamiento. Sigo sintiendo temor al encontrarme con estas personas por el pueblo. Aunque hayan pasado cinco años todavía me afecta anímicamente lo ocurrido”, aseguró, mientras que las defensas de los acusados se limitaron a argumentar que “decir maricón no es delito de odio”.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 6 de junio de 2021 en un parque de Basauri. Según se recoge en la resolución, la víctima fue conminado a marcharse del lugar por los acusados porque “les iba a contagiar y les daba asco” y ante su negativa, el grupo le rodeó y, “actuando de forma conjunta y guiados con el ánimo de atentar contra la integridad física ajena”, le propinaron patadas y golpes por todo el cuerpo, al tiempo que, con “evidente ánimo de menospreciar, humillar y menoscabar su integridad moral y su dignidad por razón de su orientación sexual”, proferían expresiones de “maricón”, “esto te pasa por ser un maricón de mierda” y “sarasa”, entre otras.

El joven sufrió varias lesiones que necesitaron para su sanación una sola asistencia médica; así como un trastorno adaptativo ansioso reactivo con síntomas postraumáticos asociados por el que precisó de un tratamiento médico especializado. El tribunal concluye que ha existido prueba de cargo suficiente para condenar a los once acusados con base en la declaración de la víctima, a la que otorga “credibilidad y verosimilitud”, y a las corroboraciones periféricas que han existido de su relato, entre ellas las declaraciones de testigos de los hechos que coinciden en lo esencial entre sí y con el testimonio de este.

Además, los magistrados recuerdan que la víctima reconoció a todos los encausados en el plenario “sin ninguna duda como el grupo de personas que llevó a cabo” la agresión en su contra y precisan que las “alegaciones, excusas o coartadas” de los acusados son “bastante” inverosímiles y huérfanas de “todo atisbo de credibilidad”.

El tribunal afirma que los insultos empleados antes y durante la agresión física son de una “indudable significación homófoba y discriminatoria” y “responden al discurso del odio según el cual determinadas personas o colectivos no merecen consideración o respeto”. Añade que su intensidad y reiteración no permite concluir que esos insultos derivasen de un “mero acaloramiento” sino que tuvo un “claro ánimo de exclusión (…) por razón únicamente de su orientación sexual”. La víctima “vio gravemente menoscababa su integridad moral, su dignidad, viéndose obligado a vivir una experiencia de suma humillación, vejación, descrédito y menosprecio por la sola razón de su orientación sexual absolutamente intolerable y enmarcable en el resultado exigido por el delito de odio”.

En este sentido, la Audiencia vizcaína recuerda que en los delitos de odio el sujeto activo ha de actuar con conocimiento y voluntad de cometer el hecho típico (dolo) pero solo es responsable penalmente si la conducta se realiza por un motivo de exclusión o discriminación contra determinado grupo o alguno de sus integrantes (motivación), como estima que sucede en este caso.

El tribunal reconoce que la “levedad” de la agresión se debió al “rápido fin del ataque colectivo, que no duró más que unos minutos ante la inmediata intervención de multitud de personas que se encontraban en el lugar y que impidieron sin lugar a duda un resultado lesivo de mayor gravedad”. Al mismo tiempo estima acreditado que el trastorno adaptativo ansioso sufrido por la víctima fue una consecuencia directa de ese “furibundo atentado” homófobo sufrido “en manada”, en “un espacio público, en presencia de una gran cantidad de personas y de forma absolutamente inesperada”, un hecho que justifica además su reparación moral.

En relación con la coautoría, el tribunal concluye que todos son responsables de los delitos imputados en concepto de autor porque “todos golpearon, todos profirieron expresiones homófobas convirtiéndose, dado su número, en una suerte de ‘jauría’ que golpeaba con brutalidad a la víctima al grito de ‘maricón’, ‘esto te pasa por maricón’” y mantiene que concurre la agravante de abuso de superioridad en la ejecución del delito leve de lesiones y no en el delito de odio al ser inherente a su comisión.

La Audiencia vizcaína rechaza, sin embargo, que se pueda apreciar alevosía en la agresión y también las circunstancias eximentes o atenuantes solicitadas por las defensas de legítima defensa, reparación del daño causado y dilaciones indebidas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El pleno del Ayuntamiento de Hondarribia ha aprobado este jueves su II Plan de Igualdad, que abarca el periodo 2026-2029, con los votos a favor del equipo de Gobierno, compuesto por Abotsanitz y EH Bildu, y en contra de la oposición, PNV y PSE-EE. Se trata de un documento que cuenta con el aval del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y enumera 124 medidas, entre ellas dos dirigidas al Alarde, el desfile militar que se celebra cada 8 de septiembre en Hondarribia y que no permite la igual participación de hombres y mujeres, siendo ellas relegadas al papel de un número reducido de cantineras, mientras que ellos son alrededor de 5.000 soldados. En concreto, las dos medidas aprobadas en relación con la fiesta son, por un lado, “avanzar en la resolución del conflicto en torno al Alarde, entendiéndolo como una cuestión vinculada a la igualdad”; y, por otro, “analizar fórmulas para reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres a favor de un Alarde igualitario”.

Este último punto es especialmente relevante debido a las agresiones denunciadas en años anteriores, como en el caso de 2018 cuando agentes de la Ertzaintza tuvieron que escoltar a las integrantes de Jaizkibel, partidarias de un desfile igualitario que fueron insultadas, abucheadas y cubiertas con plásticos negros a su paso por la localidad, pero también recientemente, con la denuncia de agresiones a dos miembros de Jaizkibel en último Alarde, el de 2025. En esta última denuncia desde Jaizkibel sostienen que su capitana “fue agredida en el portal de su casa” y un integrante de la compañía y sus amistades “sufrieron agresiones verbales y físicas”. En la vecina Irún, el alarde también genera las mismas controversias.

Sin embargo, tanto PNV como PSE-EE han justificado su 'no' al plan por la “falta de participación” de la asociación Mujeres de Hondarribia, a favor del Alarde tradicional. Se trata de una asociación creada en 2023 y compuesta por 529 que consideran que se les ha negado la participación por su postura sobre el modelo de celebración del Alarde, lo que califican como un “veto ideológico” inaceptable en una administración pública. A raíz de esto, desde el PNV han manifestado que pese a que “comparten en gran medida el contenido del plan”, el “problema está en el proceso que se ha seguido”. “No se ha sabido o no se ha querido integrar todas las sensibilidades existentes en Hondarribia. En ese proceso se ha excluido a una asociación de mujeres de Hondarribia que cuenta con más de 500 personas. Se les ha silenciado por no tener una opinión concreta. Ha habido participación formal, pero no sé si ha habido una verdadera voluntad de integrar”, ha señalado la concejala jeltzale María Serrano, ya oficialmente candidata a alcaldesa en un feudo nacionalista que perdieron en 2023.

Por su parte, desde el PSE-EE, han considerado que el plan supone “un retroceso” en lugar de un avance en términos de igualdad. “No es un buen día para la política. En el plan no han participado una parte muy importante de mujeres de esta ciudad. Este Ayuntamiento, como bien dice Emakunde, tiene un compromiso con el Alarde y es un mal día porque desgraciadamente va a tener un mal recorrido. Este equipo de Gobierno no ha estado a la altura. Cuando tenemos que hablar de temas el diálogo es importante y hoy se ha roto el diálogo y es un grave error”, ha manifestado visiblemente molesto el concejal del PSE-EE, Josu Álvarez.

La concejala de EH Bildu, Garoa Lekuona, se ha dirigido a la oposición y a los asistentes al pleno para decirles, en referencia al Alarde: “Nunca es tarde para cambiar de opinión si lo hacemos por una buena causa”. “En EH Bildu siempre hemos tenido claro que reivindicar la igualdad de las mujeres no tiene límites, no tiene excepciones. Entendemos que la mujer es igual a los hombres en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, hoy, en el proceso de aprobación de este plan, hemos escuchado que hay partidos de la oposición que entienden que la igualdad tiene excepciones o que entienden que la cuestión del Alarde no tiene que ver con la igualdad o que defienden nuevas corrientes de una supuesta igualdad. ¿Tiene excepciones la igualdad? Si empezamos a hacer excepciones en relación con la igualdad, estaríamos cayendo en actitudes totalmente antifeministas. Desde EH Bildu, como hemos hecho hasta ahora, seguiremos trabajando para que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres, sin excepciones en nuestro día a día, tanto por nosotras como por vosotras, como por vuestras hijas, como por vuestras sobrinas como por vuestras nueras, como por vuestros hijos y también por todas esas mujeres que han sido oprimidas y menospreciadas a lo largo de tantos siglos”, ha señalado tras hablar sobre el trabajo desarrollado para la elaboración del plan, más allá de en lo relacionado con el Alarde.

El alcalde, Igor Enparan, ha tratado de calmar las aguas y ha indicado que espera que con la aprobación del plan “el diálogo no esté roto” como se ha dicho desde la oposición durante el pleno y ha negado que se haya discriminado a ninguna asociación en la elaboración del plan. “No estoy nada de acuerdo en que se haya discriminado ni se haya apartado a la asociación Hondarribiko Emakumeak por parte de esta alcaldía. Nos hemos reunido e intercambiado opiniones con respeto, no os he derivado a ningún sitio, os he escuchado de forma respetuosa y puse la posibilidad sobre la mesa de reuniros con el técnico de Igualdad si lo deseabais para poder hablar acerca del proceso para ver cómo iba evolucionando. Dijisteis que sí y esa reunión se permitió. Yo nos he apartado en ningún momento, hemos conversado, hemos dialogado y ha habido escritos que han tenido entrada y salida del registro”, ha asegurado el alcalde dirigiéndose a las mujeres que forman parte de la asociación Hondarribiko Emakumeak presentes en la sala.

“Me preguntasteis de manera personal si yo os consideraba feministas o no feministas y os respondí que yo no soy quién para poner o quitar la etiqueta de feminista a nadie. De forma clara. Cuando nos hemos reunido no he puesto ninguna excusa, hoy tampoco. Este proceso se ha basado en fundamentos jurídicos y habéis participado. He informado de la información publicada en la página web del Ayuntamiento, donde se podían ver cuáles eran las consultas que se habían hecho a lo largo del procedimiento. Todo eso lo trasladé y no solamente en cuanto al Plan de Igualdad. Con este Ayuntamiento no se ha apartado ni discriminado a esta asociación”, ha confesado Enparan.

Tras su explicación, ha querido trasladar las discrepancias que tiene con la asociación con respecto a la “neutralidad” en términos de igualdad que ellas defienden. “No concuerdo en que hay que actuar con neutralidad en temas de igualdad. No estoy de acuerdo porque creo que actuar con neutralidad influye y hace que la situación siga igual. Creo que no cambia esa base estructural si se actúa con neutralidad y por eso creo que está muy extendido el tener que tratar los temas de igualdad desde una perspectiva más positivista en ese sentido, y que la administración pública además tiene esa obligación de seguir cumpliendo el compromiso de profundizar en la igualdad. Espero que en este municipio, en algún momento tengamos la capacidad de superar estos desacuerdos que hemos tenido y podamos llegar a un punto de consenso”, ha concluido el alcalde, tras destacar el compromiso de seguir practicando el “diálogo constructivo”.

CSIF La Rioja denuncia el pésimo estado de los vestuarios femeninos de la sede de Policía Local de Logroño. La formación sindical habla de “discriminación a la que están sometidas las policías locales de Logroño que porque sus vestuarios no cumplen las condiciones de higiene, seguridad y capacidad teniendo en cuenta además que el número de agentes aumente tras la nueva oposición”.

Al parecer, los responsables municipales con conocedores del estado de estas instalaciones en la comisaría de la calle Rúa Vieja. “No funcionan los vestuarios y los que están operativos están a medias. De las dos duchas que hay, solo funciona una y el único inodoro que hay tampoco funciona bien”. Asimismo desde la formación sindical aseguran que la “falta de espacio es absoluta, la plantilla femenina ha aumentado considerablemente y lo seguirá haciendo tras la nueva oposición y solo queda una taquilla libre”. Y todo esto ocurre, añaden, “mientras que los vestuarios masculinos se han reformado, dejando en un estado lamentable los femeninos”.

La formación sindical asegura que los responsables municipales del Ayuntamiento de Logroño son conocedores de estas quejas. “A finales de 2025 planteamos estas cuestiones a la concejala de Personal, Celia Sanz, a finales de 2025, pero todavía no hemos obtenido respuesta ni soluciones”.

Por todo ello, CSIF exige al Consistorio logroñés, una reforma integral de los vestuarios femeninos de la sede de la Policía Local en la Calle Rúa Vieja porque todos los trabajadores tienen derecho a tener unas instalaciones adecuadas según la normativa de Prevención de Riesgos Laborales“. Y concluyen, ”al igual que se reformaron los dos vestuarios masculinos, ya es hora de que se solucionen los problemas de espacio y salubridad de los femeninos“.

Lleva abrigo largo, gorro y bufanda. Anudado al cuello, un pañuelo violeta de la Comisión 8M en el que puede leerse el lema de hace unos años: 'Hacia la huelga feminista'. La mujer es muy mayor y se mantiene en pie como puede, agarrada a un bastón y sujetada por el brazo de alguien que podría ser su hija. Con el otro brazo, con esfuerzo, sostiene en alto un cartel que dice 'El feminismo es resistencia'. Observándola, ella encarna a la perfección esa palabra: resistencia. Justo al lado de la pancarta con la que la Comisión 8M abría en Madrid la manifestación de este año, la mujer se yergue con mucha dificultad pero también con mucha determinación. Resiste con convicción.

El 8M de 2026 tiene mucho de resistencia y de convicción: frente al autoritarismo que recorre el mundo, frente al fascismo global que teje alianzas, frente a las guerras, frente al negacionismo y los intentos de dar marcha atrás. Las calles recuperaban pulso, ganas, lemas y fuerza para demostrar que el feminismo vertebra esperanza y pelea. Lo hizo en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Toledo, Valladolid, Pamplona, Logroño, Cáceres, Bilbao y otras tantas ciudades a lo largo del país.

Frente a quienes en los últimos días utilizaban a las mujeres iraníes para justificar la guerra y desacreditar al feminismo patrio, el 8M reivindicó un activismo internacional. El genocidio israelí de Gaza, al apartheid de género de Afganistán o la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán estuvieron muy presentes. “Ni una menos, ni aquí, ni en Irán ni en Gaza”, se escuchaba en la marcha de Barcelona. En Bilbao, Irati Sierra, portavoz del colectivo Bilbo Feminista Saretzen, señalaba el pinkwashing de la derecha: “En algunos casos están utilizando el feminismo para legitimar sus guerras y sus genocidios”. “No olvidéis a las afganas”, se leía en una de las pancartas al inicio de una de las marchas de Madrid.

En Madrid, Marta, de 40 años, llevaba un pañuelo palestino y una pancarta feminista que decía 'A tope con este -ismo'. Con su lema, Marta hacía referencia a Rosalía y sus recientes y polémicas declaraciones sobre el feminismo: “No me considero lo suficiente moralmente perfecta para considerarme dentro de un -ismo, pero sí me inspiran y me rodean ideas feministas”. Frente a la confusión de Rosalía, Marta lo tiene claro: “Hay que tomar postura seas quien seas. Jugar con la terminación -ismo como si estuviéramos a principios del siglo XX... Estamos hablando de posicionamientos políticos básicos”.

Hacer frente al miedo y al fascismo

“Mi feminismo será antirracista o no será. Mujeres trans existen. No a la guerra”, se leía en la pancarta que solo una hora antes había preparado en casa Mercy, una mujer trans, negra y migrante. Ella encarnaba otro de los lemas de este 8M, el de un feminismo que quiere ser antifascista, pero también antirracista. “Somos diversas y eso está bien. El machismo es un pulpo con muchos tentáculos y nos llega a todas, eso nos tiene que asustar, no nuestras diferencias”, subrayaba Mercy. Ella acude al 8M desde que llegó de Brasil hace cuatro años para intentar, explica, poner su granito de arena.

El 8M nos despertábamos con la noticia de la concejala de Collado Villalba que suspendía en directo un monólogo feminista por “faltas de respeto” y que, finalmente, dimitía. Pero también con que la Universidad Complutense denunciaba que un grupo de encapuchados habían irrumpido en una facultad para vandalizar material reivindicativo sobre el 8M. “Hay que pararle los pies al fascismo y a estos señores que se creen los dueños del mundo. Este 8M llega en un contexto belicista y de auge de la ultraderecha. Frente al fascismo, feminismo organizado”, decía en Madrid Daniela Lagos, portavoz de la Comisión 8M.

Dieciséis mujeres y dos menores asesinados por violencia machista en los dos meses y ocho días que llevamos de 2026. Si algo atraviesa la vida de las mujeres es el miedo y la violencia. Lo siente ya Claudia, que con 15 años ha pasado los últimos días preparando su pancarta. “Nos sembraron miedo y nos crecieron alas”, es la consigna que escogió para escribir en letras moradas... junto a unas alas. Sus amigas y ella tienen una preocupación clara: “Salir a la calle y que nos pase algo. Por eso he elegido venir así”. Un poco más adelante camina su madre, Cristina, de 46: “Es muy importante educar en igualdad, que sepa que existe este movimiento, que los derechos que tiene no existieron siempre. Además, ahora mismo las cosas están muy complicadas”.

A menos de un metro de la mujer con la que empezaba esta crónica, una niña de 9 o 10 años caminaba junto a su madre tras la pancarta. Porque, como ha sucedido en los últimos años, el 8M ha sido un espacio de encuentro entre generaciones. La resistencia de unas y la vitalidad de otras, todas llenando las calles, ofrece esperanza en un momento oscuro.

En las marchas había rabia e indignación, pero también baile y abrazos. Nadie dijo que protestar y reivindicar estuviera reñido con la batucada o la purpurina. Quizá porque el 8M quiere ser el recuerdo de la violencia y la falta de derechos, pero también de que merecemos vidas llenas de alegría.

El empeño por desacreditar al feminismo es tan antiguo como el propio feminismo. Desde que allá por el siglo XVIII se articulara colectivamente una corriente de pensamiento y activismo que denunciaba la subordinación de las mujeres y su consideración como ciudadanas de segunda -con toda la discriminación y la violencia que eso suponía-, la teoría feminista fue duramente señalada y el movimiento, reprimido. Esa represión ha incluido violencia explícita contra las feministas, pero también violencia médica contra todas las mujeres, el uso de la ciencia para justificar las desigualdades o la naturalización del machismo.

Había que hacer del feminismo un asunto indeseable y terrible, y perfilar a las feministas de turno como el ser que ninguna mujer querría ser. La estrategia no podía acabar ahí: había que evitar la conciencia de género para impedir, así, que las mujeres se identificaran con ideas y demandas revolucionarias. Qué mejor manera de hacerlo que hacernos sentir locas, exageradas, inapropiadas. Qué mejor estrategia que hacernos creer que nuestras vivencias no son relevantes y que lo importante siempre les sucede a otros o a otras.

No hay que irse lejos. Escuchamos estos días, pero lo hemos hecho otras veces, que las feministas deberíamos irnos a Irán o Afganistán. En un intento por utilizar los derechos de las mujeres como coartada para justificar guerras y atrocidades, hay quien hace esa suerte de comparación para decirnos que no estamos tan mal. Si queremos ver lo que es el sufrimiento de verdad, nos dicen, vayamos a esos lugares a intentar vivir nuestras vidas y a hacer nuestro activismo.

Al feminismo le importan las mujeres en Afganistán, en Irán, en Venezuela, en Estados Unidos y en cualquiera de nuestros barrios. No es una competición ni una exclusión: nuestras vidas importan. Que no vivamos en el apartheid de género afgano o en la terrible prohibición del aborto estadounidense no quiere decir que aquí mismo, en el país de quienes pronuncian esas frases, no existan la discriminación, la violencia, las jerarquías, las vulneraciones de derechos, un orden injusto de las cosas.

Por si acaso nos ha dado por tomarnos todo eso en serio, en la derecha hay quien sigue alimentando el descrédito: nos dicen que lo importante está en Irán o en Afganistán para hacernos sentir exageradas e inapropiadas, para que minimicemos lo que sucede en nuestras vidas, para caricaturizar el discurso feminista y hacerlo parecer una tontería innecesaria, casi un capricho. Es una buena manera de no hacerse cargo de lo que sucede en tu casa, en tus barrios, en tus escuelas, en tus calles, en las vidas de las mujeres y hombres con los que te cruzas.

El 8M nació como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora para reconocer esa discriminación histórica y reivindicar otra manera de hacer las cosas. Su origen está en las manifestaciones y huelgas de mujeres que a comienzos del siglo XX pedían igualdad salarial y más derechos. Hoy nos apela como recuerdo de que, allá donde la hay, la igualdad formal no se ha transformado en igualdad real, básicamente porque no se trataba solo de tener los mismos derechos que los hombres, sino de cambiarlo todo: los significados, la manera en la que repartimos riqueza y cuidados, lo que consideramos importante, cómo nos organizamos, la forma en la que nos vemos y nos tratamos, las ideas sobre las cosas.

“No seré una mujer libre mientras siga habiendo otras sometidas”, dijo Audre Lorde en una frase que resume un espíritu feminista colectivo e internacional, pero también un sistema de poder que se entrelaza con otros. Todas las vidas importan, todas las experiencias, en todos los contextos suceden violencias y discriminaciones que merecen ser atendidas y solucionadas. El 8M es para las mujeres en Irán y para las de tu barrio.

Es, en realidad, una llamada colectiva que apela a mujeres, hombres y disidencias. El autoritarismo, la vivienda, los estereotipos de género que nos asfixian, la masculinidad como artefacto violento, el reparto de la riqueza, la crisis climática, la violencia de género o el auge de los discursos de odio parecen asuntos que nos afectan sin relación entre sí, pero profundamente unidos en ese orden injusto que impone una manera concreta de ver el mundo y de actuar sobre él y que, entre otras cosas, es patriarcal.

El 8M sale a la calle con una larga lista detrás de motivos y propuestas. Algunas apuntan mucho más allá de nuestras fronteras, otras hablan de realidades muy cercanas. Que a quienes dan lecciones de patriotismo le importen mucho las primeras y muy poco las segundas habla más de ellos que de un feminismo que busca llegar a todas partes.

El Partido Popular (PP) intenta pivotar el discurso de la prohibición del burka y el niqab donde antes se mostraba de perfil. A la vuelta de la esquina están unas elecciones autonómicas donde Vox parece ser la principal amenaza, así que los conservadores explotan el argumentario en materia de seguridad y migración con la politización del cuerpo y la vestimenta de las mujeres a las puertas del 8M, Día Internacional de la Mujer. Así, en este giro de los acontecimientos, el pleno del Ayuntamiento de El Ejido, en Almería, ha aprobado este viernes una moción para instar al Gobierno central a que modifique la Ley de Bases de Régimen Local para tener competencias en la materia.

Una moción que, a la práctica, no deja de ser más que una declaración de intenciones que tiene su trasvase a la hora de movilizar a la ciudadanía. Con base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), las administraciones locales no tienen a día de hoy competencias para regular en la materia. Sin embargo, en el municipio almeriense de Níjar se tomó la delantera y ajustó la prohibición a las dependencias municipales.

Con mayoría absoluta, el PP de El Ejido replica las maneras de Génova, desde donde se presentó una proposición de ley para impedir el uso del burka y del niqab en los espacios públicos tan solo días después de que el Congreso tumbara la iniciativa presentada por Vox. A tenor del debate, el alcalde Francisco Góngora ha mantenido que “el uso del burka y del niqab no viene precisamente a respetar la libertad de la mujer, sino más bien todo lo contrario”. Además, ha abogado por buscar un “encaje legal” para “regular la prohibición” de estas prendas, aludiendo a la “seguridad”.

“No favorece la convivencia”

La iniciativa ha salido adelante con los votos de los populares, con 14 representantes en el Pleno, y de Vox, que cuenta con seis ediles, mientras que los tres concejales del PSOE se han opuesto al considerar que este “no es un problema” para el municipio y solo “avivan el debate racista y xenófobo”. Las otras dos ediles no adscritas ha mostrado su abstención al considerar que las normativas deberían darse a nivel europeo.

El primer edil ejidense ha reconocido aunque “se pueden contar con los dedos de una mano las mujeres que utilizan esta prenda”, en cualquier caso “se debería prohibir” porque, según ha dicho, “no viene a respetar la libertad de la mujer”, “no favorece la convivencia” y “no garantiza la identificación de las personas”. “Hoy su uso es residual, pero mañana no sabemos si no --lo será--”, ha añadido después al hilo de este asunto en otro debate.

En su intervención, el alcalde ha querido matizar que el texto se aparta del que aprobó el Ayuntamiento de Níjar el pasado 19 de febrero, con los votos de PP y Vox, que prohibía directamente el acceso a dependencias municipales con el mismo tipo de prendas, conforme el texto que, en esa ocasión, impulsó el partido de Santiago Abascal.

“Es una iniciativa nuestra”, le ha dicho a la portavoz municipal de Vox, Beatriz Sánchez, quien se ha congratulado que el PP “se sume” a la iniciativa que la formación ya ha impulsado, con otros matices, en otros ayuntamientos. “Nos alegramos de que estén en la posición correcta”, ha dicho Sánchez en cualquier caso antes de recordar como el PP “se escandalizaba” el pasado verano ante las vallas publicitarias que mostraban a mujeres con burka.

Contra la regularización extraordinaria de migrantes

El Pleno también ha aprobado una moción conjunta de PP y Vox para rechazar el proceso de regulación extraordinario de inmigrantes impulsado por el Gobierno, sentido en el que los de Abascal han celebrado que los 'populares' se “suban al carro de Vox moviéndose a golpe de encuesta electoral para rechazar la regularización masiva”.

Para el alcalde, la medida para regularizar a inmigrantes residentes en España bajo determinados requisitos supone un “efecto llamada”. “La inmigración tiene que estar vinculada al empleo, a la necesidad de mano de obra” y por ello se tiene que tener en cuenta “la capacidad de acogida de los territorios y de las sociedades”, ha opinado. “El modelo es que quien venga de manera ilegal, retorne a su país”, ha dicho Góngora, quien ha señalado que el padrón municipal cuenta con 8.000 personas que se encuentran en situación irregular, lo que “no se sostiene bajo ningún concepto”.

Frente a esta postura, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Miguel Alarcón, ha pedido al alcalde que “no entre usted en el juego de Vox” porque “se lo van a llevar por delante”, especialmente en un municipio con un potente sector agrícola y de industria auxiliar asociada en el que “los inmigrantes aportan mucho”. “Usted sabe más que nadie que falta mano de obra en El Ejido, en otros sitios y en todos los sectores, prácticamente”, ha añadido Alarcón, para quien el alcalde “no están mirando por los intereses” del municipio.

Con ello, ha defendido el proceso de regularización para dar cobertura a los inmigrantes del municipio. “Gracias a la inmigración funciona nuestra agricultura y demás servicios que conllevan”, ha insistido Alarcón quien, frente al discurso de la inmigración ordenada, ha insistido en que los extranjeros que actualmente cuenta “con sus papeles en regla no llegaron en un vuelo chárter de Iberia a El Ejido”.

Así, ha destacado posturas como la de la organización agraria COAG favorables a este tipo de medida. “Van al arrastre de un partido que sube cuanto más lío”, ha afeado Alarcón, quien ha criticado que Vox hable “pestes” de la situación de El Ejido por su población inmigrante.

Jorge de Oteiza, Eduardo Chillida, Néstor Basterretxea o Agustín Ibarrola son los nombres que seguramente vienen a la cabeza al hablar de la escultura vasca. Sin embargo, hay muchos otros que a pesar de no estar en el imaginario colectivo, llevan décadas creando arte a través de la escultura, como Esther Ferrer, Ana Laura Alaéz, Cristina Iglesias, Anabel Barberena, Virginia Bosh o Elena Solatxi. Estas tres últimas, junto a casi una veintena de artistas se han unido en la muestra colectiva 'Escultoras AQUÍ AHORA' de la Asociación E3 Euskal Emakume Eskultoreak Elkartea, con el objetivo de “visibilizar el trabajo de las creadoras en un entorno históricamente masculinizado y proponer una lectura crítica del arte actual como espacio de resistencia y reflexión”.

Desde la Asociación E3 hacen suyas las palabras de la antropóloga Lourdes Méndez en su libro 'Antropología del campo artístico. Del arte primitivo al contemporáneo' para explicar por qué -también- en la escultura la mujer ha quedado en un segundo plano. “Para comprender por qué las artistas y otros sujetos históricos colectivos han sido (y son) minorizados en el campo artístico, hay que analizar cómo intervienen en él las ideologías sexuales, de clase y raciales dominantes. Las minorizadas, y los minorizados, son aquellos colectivos cuyos miembros son definidos como diferentes, como particulares frente a los miembros del grupo dominante que, ellos, encarnan la norma. Se trate de mujeres, de negros, de orientales, de lesbianas, de homosexuales, de obreros y obreras, de indios de las Primeras Naciones o de aborígenes australianos, esa definición limita sus posibilidades para desarrollar nuevas formas de conciencia, nuevas estrategias y prácticas tanto en el arte como en otros ámbitos de actividad. Y también actúa cuando dichos sujetos pretenden obtener reconocimiento artístico”, detallan.

“Como el campo artístico es uno de los más mistificados, suelen olvidarse dos hechos empíricamente verificables. El de que las artes son jerárquicas y funcionan mediante la autoridad de ciertos predecesores que dan la regla, mientras que los imitadores siguen simplemente esa autoridad, y el de que las diversas sociedades siguen confiando el rol de dar la regla al sexo masculino en todas las actividades. Ambos hechos permitieron que destacados historiadores del arte como Gombrich elaborara síntesis del arte que abarcara desde la Prehistoria hasta mediados del siglo XX sin mencionar a ninguna artista, minorizando el papel creador que desempeñaron en los movimientos artísticos más innovadores del siglo pasado”, recogen.

De esta manera, las mujeres que se dedican a la escultura dentro y fuera de las fronteras de Euskadi han visto sus carreras relegadas a las de sus compañeros varones. Esto ha hecho que se unan y desde el año 2022 trabajen juntas dentro de la Asociación E3. “Desde que sintiéramos la necesidad de juntarnos las escultoras vascas allá por el año 2022 para dar visibilidad a nuestro trabajo y para compartir y enriquecernos mutuamente, hemos desarrollado varios proyectos que van más allá de lo puramente expositivo y acercan el arte a la sociedad mediante actividades, visitas guiadas y proyectos de escultura comunitaria para posterior exposición en museos”, reconocen.

La última de las exposiciones, con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, es la muestra colectiva 'Escultoras AQUÍ AHORA' que se encuentra disponible en la Sala de Exposiciones de las Juntas Generales de Bizkaia, en Bilbao. En ella, un total de 19 artistas vascas tanto de una larga trayectoria como pertenecientes a las nuevas generaciones de escultoras mostrarán sus obras. Se trata de Eider Baile Zabala, Anabel Barberena, Maite Barrainkua Buruaga, Susan Bart, Virginia Bosch, Bárbara Camhi Jacard, Maite Canto Equisoain, Amaia Conde Chiralt, Helena Elbusto, Idoia Elosegi, Idoia Grijalbo, María José Lacadena, Amparo Lozano Sancha, Arantza Munita Irisarri, Olatz Pereda Bados, Nery Adriana Pradenas, Amaia Sáenz de Magarola Herrero, Elena Scaratti y Elena Solatxi. Sus obras abordan temáticas como la identidad de género, la ecología, la memoria material y el vínculo imprescindible con el feminismo para comprender el mundo contemporáneo.

“Esta exposición evidencia la presencia sólida y activa de numerosas escultoras que hoy están construyendo un arte vasco contemporáneo de gran calidad, todavía insuficientemente visible en el imaginario colectivo. Es importante situar definitivamente estas prácticas en el lugar que les corresponde dentro del panorama artístico. Se trata de un proyecto expositivo y divulgativo que reúne a escultoras ”de larga trayectoria y obra consolidada“, defiende Amaia Conde Chiralt, presidenta de E3 Euskal Emakume Eskultoreak.

La exposición realiza un viaje por las obras de las 19 artistas, seleccionando cuidadosamente los trabajos de cada una de ellas. Eider Baile Zabala (Donostia 1990), artista multidisciplinar centrada en la ilustración, la pintura y especialmente, en la cerámica, mediante una estética de la ternura y el cuidado, aborda temas duros o socialmente complejos, articulando modelado manual y acabados delicados. Anabel Barberena (Pamplona, 1967), es una escultora y artista, con raíces en la cerámica y una práctica que integra de manera creciente la madera. En el caso de Maite Barrainkua Buruaga (Atxondo,1983), trabaja principalmente con porcelana, para hablar de lo frágil, lo resistente, lo que permanece y lo que se borra. Pero además, emplea técnicas como la colada, la retroiluminación o la impresión 3D de matrices a partir de fotografías antiguas, radiografías u otros documentos de archivo. En su obra, la diapositiva se ha convertido en un objeto central; no solo como formato visual, sino como símbolo de archivo y de memoria. Temas como la genealogía, la ausencia o la memoria propia de las mujeres recorren sus proyectos, desde piezas únicas hasta instalaciones como 'China Girls', 'Ahaztuak', 'Mujer desconocida' o 'Huellas genealógicas'. En ellas, busca una tensión en estado de duda permanente entre lo que se guarda y lo que se desecha.

Por su parte, Idoia Elosegi (Tolosa, 1968) aborda desde la escultura cuestiones como la violencia de género. Desde hace años centra su trabajo en torno al cuerpo y, específicamente, a la experiencia de las mujeres, abordando la violencia de género y la libertad de expresión desde una perspectiva crítica. Para ello ha llegado a utilizar materiales como hierro combinado con papel o látex, pero en la actualidad se concentra en el alambre entrelazado, con el que construye volúmenes permeables que exploran el vacío, la piel y el gesto. Las piezas se articulan como mallas tensas donde la forma emerge del trenzado paciente, subrayando la ambigüedad entre fragilidad y fuerza.

Por último, otra de las artistas cuya obra transita por problemáticas de la sociedad es la chilena afincada en Navarra Nery Adriana Pradenas (Santiago de Chile, 1978), cuya obra aborda tabúes y zonas incómodas de la experiencia: muerte, sexo, vejez, soledad o aquello “que no debe nombrarse”, para cuestionar las creencias que sostienen una falsa normalidad. Trabaja con técnicas y materiales diversos, priorizando soportes reciclados por su carga simbólica y su cercanía a lo cotidiano y propone piezas que invitan a mirar de frente lo que solemos ocultar.

“Las artistas de Asociación E3 Euskal Emakume Eskultoreak Elkartea a través de sus diferentes narrativas y temáticas utilizan la crítica y la reflexión como herramientas imprescindibles para comprender este complejo mundo en el que nos ha tocado vivir y utilizar el arte como un medio de conocimiento con el vínculo imprescindible del feminismo. Afrontan también los retos que ya acechan en el uso de la Inteligencia artificial (IA) y lo abordan desde la perspectiva de la oportunidad, como herramienta válida y no como sustituto en el proceso escultórico para generar ideas, prototipos, bocetos, siendo siempre imprescindible la sensibilidad, la intención, el objetivo y la importancia de la autoría como base fundamental de los códigos de las buenas prácticas y de la ética”, reconocen desde la asociación, quienes insisten en que las artistas tienen mucho que aportar: “Imaginarios y discursos renovados, nuevas formas y narrativas que redefinan la historia del arte como creadoras, pensadoras y protagonistas”, concluyen.

La exposición contará con visitas guiadas, (dos visitas abiertas a la ciudadanía y otras tres a colectivos como estudiantes de Bachillerato artístico, Lantegi Batuak y asociación de mujeres gitanas AMUGE); y, por otro, conferencias (en la sala anexa), que aspiran a generar diálogo, abrir preguntas y a empoderar a las mujeres escultoras desde la creación compartida. Las visitas guiadas abiertas al público serán el próximo viernes, 6 de marzo las 17:00 horas en euskera y el próximo martes, 10 de marzo a las 18.00 horas en castellano. Las inscripciones estarán disponibles a través de la web del Museo Encartaciones.

Las conferencias tendrán lugar durante los tres últimos viernes de marzo. El 13 de marzo, a las 18.00 horas será el turno de María José Aranzasti, comisaria e historiadora de arte; el 20 de marzo se llevará a cabo una mesa redonda de escultoras vascas con Dora Salazar, Elena Mendizabal y Mabi Revuelta; y, por último, el 27 de marzo la atropóloga feminista del arte Lourdes Méndez protagonizará un coloquio-debate.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha manifestado este jueves que en materia de igualdad “no me explico cómo, escudándonos en la libertad religiosa, se puede decir sí al burka”. “La violencia de género y el burka son sometimiento de la mujer y en España hay que trabajar todos los días por la libertad de las mujeres y por la igualdad”, ha subrayado.

Así lo ha defendido la consejera en una entrevista en Canal Sur Televisión, en un momento en el que el PP ha lanzado una ofensiva para conseguir una Ley Orgánica nacional con el objetivo de “prohibir” el burka y prendas similares, dos días después de que el Congreso tumbara la iniciativa de Vox. Las multas previstas van de los 100 a los 600 euros e intentan emular a las normas existentes en países europeos como Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Suiza.

Así se posiciona el partido de Juanma Moreno días después de que el pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) aprobara con los votos del equipo de gobierno formado por PP y Vox una moción impulsada por este último para impedir el acceso a dependencias municipales a personas que porten burka, niqab u otras prendas equivalentes que oculten “parcial o totalmente el rostro” salvo por razones médicas o de seguridad laboral.

“Contrario al objetivo de integración”

No obstante, Málaga, otro gran feudo de los populares, decidió en el último minuto abstenerse de la moción presentada por la ultraderecha que impedía el uso del burka o prendas que tapen el rostro en las oficinas municipales. La razón para no emitir los votos a favor se dio en que, como justificaron, no se habían aceptado una serie de enmiendas con un enfoque normativo y legal, por lo que se tumbó la iniciativa con los votos del PSOE y Con Málaga.

En contraposición con la resolución del Tribunal Supremo (TS), los conservadores continúan con esta línea de batalla política dentro de su agenda. Cabe recordar que el órgano judicial resolvió más de una década, en 2013, que esta medida podría suponer un riesgo para el aislamiento de las mujeres. En una sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo razonó que este veto puede provocar el “enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato” si decide priorizar sus convicciones religiosas sobre “otras consideraciones”. Por tanto, cerrar el acceso a los espacios públicos con estos atuendos que ocultan el cuerpo de la mujer resultaría “contrario al objetivo de integración”.

8M

En relación con el 8M, Día Internacional de la Mujer, el Consejo de Gobierno de este pasado miércoles tomaba conocimiento de la batería de medidas impulsadas durante 2025 en materia de igualdad por todas las consejerías de la Junta de Andalucía en el marco del Día Internacional de la Mujer. El informe, presentado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha puesto de relieve el refuerzo de las políticas públicas dirigidas a las mujeres y al fomento de “la igualdad real y efectiva” en los ámbitos laboral, social, educativo y económico, entre otros.

El documento contiene cerca de 300 páginas, recopila las principales actuaciones desarrolladas el pasado año de forma transversal por el conjunto del Gobierno andaluz a través de programas, subvenciones, formaciones y distintas iniciativas de sensibilización y visualización de las mujeres. En cuanto a la campaña de este 2026, la Junta de Andalucía ha lanzado la campaña institucional, que rinde homenaje a millones de andaluzas que “con su talento, esfuerzo y espíritu de superación han hecho realidad libertades, oportunidades y derechos en materia de igualdad”.

La igualdad está en riesgo, no es un exceso de dramatismo. Por ello, el 8 de marzo no debe interpretarse como un mero acto simbólico o una fecha del calendario; es un espejo que obligatoriamente debe devolvernos una imagen incómoda. España ha conquistado derechos que nos enorgullecen, pero esos avances están lejos de garantizar la igualdad real y cotidiana. La igualdad no se consolida con palabras; se construye con hechos. Y las cifras, tanto nacionales como regionales, cuentan una historia que incomoda porque revela que aún hay mucho por hacer, desde las brechas económicas hasta la violencia que sigue cobrando vidas.

En España, la brecha salarial se mantiene. A nivel nacional, las mujeres ganan de media entre un 15% y un 20% menos que los hombres por trabajos equivalentes, una desigualdad persistente que condena a muchas a depender económicamente, a renunciar a proyectos propios y a cargar la mayor parte de las responsabilidades familiares no remuneradas. Esta brecha no es anecdótica: define oportunidades y condiciona vidas.

Esa desigualdad estructural va de la mano de una violencia que sigue siendo una asignatura pendiente del sistema democrático. El feminicidio no es un concepto abstracto: en lo que va de 2026 se han registrado ya siete asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y cada uno de esos crímenes es una falla de la protección social, educativa y judicial que no podemos tolerar. En el conjunto de España, miles de mujeres denuncian violencia de género cada año, y un porcentaje significativo se ve obligado a acogerse a la dispensa de declarar por temor a represalias o estigmas.

En Castilla-La Mancha, la situación no es una excepción, aunque algunos indicadores sugieren matices complejos que también exigen una mirada crítica. Los recursos especializados de atención han atendido a decenas de miles de mujeres: en 2023, los centros de la mujer de la región atendieron a 25.444 mujeres por violencia machista y recibieron 28.545 consultas relacionadas con violencia de género, una cifra que refleja tanto la demanda de ayuda como la persistencia del problema en todos los rincones de la comunidad. Además, los servicios especializados proporcionaron apoyo a 402 menores relacionados con estos casos, evidenciando que el impacto de la violencia machista no se limita a la víctima directa, sino que sacude familias enteras y deja huellas profundas.

Que exista una red de protección es indiscutible, pero la presencia de esos miles de casos activos demuestra que el problema no es marginal ni aislado, sino estructural

Los sistemas de protección también revelan la magnitud del desafío: en Castilla-La Mancha hay más de 5.600 casos activos de mujeres bajo seguimiento por violencia de género en el sistema VioGén, una cantidad que representa a mujeres que han dado un paso valiente para pedir protección y que requieren acompañamiento policial y social constante.

Que exista una red de protección es indiscutible, pero la presencia de esos miles de casos activos demuestra que el problema no es marginal ni aislado, sino estructural. Es más: las agresiones sexuales en la región han aumentado, con una incidencia que apunta a que casi todos los días se registra una agresión sexual con penetración, lo que subraya que la violencia no se limita al ámbito doméstico y que la sociedad, en su conjunto, debe asumir responsabilidades.

La violencia machista se cobra vidas. En 2023, 55 mujeres fueron asesinadas en España por hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación afectiva. En Castilla-La Mancha, ese mismo año dos mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas, y 56 menores quedaron huérfanos por estos crímenes. Estos datos no pueden tratarse como estadísticas neutrales; detrás de cada número hay una historia truncada, una familia rota y una comunidad que carga con un dolor que no desaparece cuando termina la noticia del día.

Más recursos no siempre significan menos desigualdad

Las inversiones en políticas de igualdad y en recursos especializados en Castilla-La Mancha han aumentado: la región destinó más de 14 millones de euros en 2023 y 2024 a centros de atención, programas de apoyo psicológico y jurídico, asesoramiento laboral y otros servicios integrales, y se prevé destinar aún más en el bienio 2025-2026. Pero los datos no mienten: más recursos no siempre significan menos desigualdad, y sin políticas públicas con visión transformadora se corre el riesgo de que esos recursos solo mitiguen síntomas sin atacar las causas profundas.

Si la juventud cuestiona hoy, con creciente distancia, el concepto de feminismo es síntoma de un malestar que no conviene ignorar. No rechazan la igualdad; rechazan la polarización, el reduccionismo, las etiquetas que convierten la lucha por los derechos en un campo de batalla ideológico. El feminismo es una herramienta para garantizar que los derechos humanos no dependan del género, y si esa herramienta se desdibuja o se deslegitima en el imaginario colectivo, se estará dejando un espacio vacío que otros discursos menos comprometidos con la justicia llenarán con resentimiento y confusión.

El 8 de marzo debe ser una llamada de atención. No para celebrar lo que ya se logró -porque aún falta mucho-, sino para exigir lo que aún no se ha cumplido. Exigir políticas que reduzcan la brecha salarial hasta eliminarla, exigir educación desde la infancia para desmontar los estereotipos que reproducen desigualdades, exigir medidas efectivas contra todas las formas de violencia, exigir que la igualdad sea un valor transversal en cada ámbito de la vida pública y privada.

La igualdad no es un lujo ni una consigna. La igualdad es justicia. Y siempre que una mujer, en Castilla-La Mancha o en cualquier punto de España, se enfrenta a discriminación, agresión o desigualdad estructural, la igualdad no está completa para ninguna de nosotras.

El 8M no es una fecha para el confort. Es una exigencia moral y es una urgencia democrática, y no puede esperar.

“Existe una reacción de magnitud mundial ante los avances de la igualdad y los logros del feminismo. Y cuando esos discursos avanzan, la igualdad retrocede”, ha alertado este lunes la directora del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), Miren Elgarresta, durante la presentación de la campaña de las instituciones vascas para el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo. Por ello, el lema escogido es 'Dale espacio a la igualdad', que, ante el resurgir de discursos que se creían ya superados y que cuestionan derechos fundamentales en contra de la igualdad y la justicia social, busca “animar a recuperar y conservar espacios para la igualdad en todos los ámbitos de la vida”.

“Necesitamos proteger el espacio de la igualdad para no permitir retrocesos”, ha insistido Elgarresta, que ha desgranado varios ejemplos de cómo se pueden recuperar estos entornos igualitarios, desde el ámbito laboral con la aplicación real de planes de igualdad, al educativo con la eliminación de estereotipos, apostando por la formación del profesorado en igualdad, dando espacios a referentes femeninos en la ciencia, la cultura, el deporte y la historia o en el entorno más doméstico con un reparto equitativo de las tareas y los cuidados, educando sin roles de género, corrigiendo actitudes que reproducen desigualdades, convirtiéndonos en referentes en igualdad para las nuevas generaciones. “Y también en los medios y en las redes sociales denunciando los discursos de odio y desinformación, desactivando con datos y razones los mensajes contrarios a la igualdad, promoviendo contenidos igualitarios, dando espacio a las mujeres y a su contribución a la sociedad; en las administraciones, incorporando la perspectiva de género en cada plan, actuación o decisión política; y en la vida cotidiana, interviniendo cuando escuchamos comentarios machistas o discriminatorios y revisando nuestras actitudes desde el punto de vista de la igualdad y permitiendo a las mujeres vivir libremente y sin amenazas de sufrir violencia machista”, ha señalado.

En la presentación de la campaña, que ha tenido lugar en Vitoria, han estado presentes, además de Elgarresta, el Diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza de Araba, Iñaki Gurtubai; la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Nerea Isasi; la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, Trinidad L. Vicente y la presidenta de EUDEL, Esther Apraiz, que han lanzado la invitación a “defender y ampliar los entornos igualitarios en todos los ámbitos de la vida, una vez que la igualdad no es un logro garantizado, sino un espacio que se debe cuidar y proteger”.

“La igualdad no está garantizada. Se viralizan mensajes cargados de machismo y misoginia, en las conversaciones cotidianas se empiezan a tolerar comentarios que antes no hubieran sido aceptados, también en los debates políticos aparecen mensajes que cuestionan la existencia de la violencia machista y un largo etc. Parece que hay un intento de estrechar el camino de la igualdad. Por eso lanzamos esta campaña, porque la igualdad necesita espacio para que no haya retrocesos y debemos seguir ampliando estos espacios”, ha concluido Elgarresta.

Por el momento, desde el Movimiento Feminista de Euskal Herria, no han informado de los horarios de las movilizaciones, que, como cada año, tendrán lugar en las capitales y pueblos vascos. Sí que han informado sobre el lema escogido: “Beste mundu bat feminismotik. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización”. El próximo jueves, 26 de febrero, ofrecerán más información en una rueda de prensa convocada en Bilbao a las 11.00 horas.

El Instituto de la Mujer ha convocado nuevas ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral correspondientes a este año 2026, que podrán solicitarse durante los próximos diez días hábiles a contar desde este martes, 24 de febrero.

Según ha publicado este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), tendrán la condición de entidades beneficiarias, las entidades sin ánimo de lucro o las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional con sede o delegación permanente en Castilla-La Mancha.

Estas ayudas podrán emplearse en proyectos que promuevan la igualdad de retribuciones, la reducción de la segregación profesional tanto horizontal como vertical, y la conciliación y corresponsabilidad del trabajo y la familia.

También sirven para iniciativas que eliminen la discriminación y el acoso por razón de género en el trabajo y/o el fomento del emprendimiento femenino; así como en proyectos que con su realización contribuyan a reducir los obstáculos socioculturales persistentes que hace que aún existan desequilibrios de género en el ámbito laboral.

La cantidad máxima estimada destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 50.000 euros. Se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de 12.000,00 euros.

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha aprobado con los votos del equipo de gobierno formado por PP y Vox una moción impulsada por este último grupo para impedir el acceso a dependencias municipales a personas que porten burka, niqab u otras prendas equivalentes que oculten “parcial o totalmente el rostro” salvo por razones médicas o de seguridad laboral.

La moción, que ha carecido de debate entre los miembros del Pleno y ha sido rechazada por la bancada del PSOE, sostiene que la medida “protege a todos a través de la identificación y neutralidad en las dependencias públicas”, según ha defendido la primera teniente alcalde y concejal de Turismo, Pilar Fenoy (Vox). “La utilización de prendas de este tipo en España, que cubren totalmente o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico, impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas”, ha apuntado la edil.

Esta medida sucede horas después de que el PP a nivel nacional haya registrado una proposición de ley para impedir el uso del burka y del niqab en espacios públicos. Dos días después de que el Congreso tumbara la iniciativa de Vox, el PP ha salido al paso y, con la excusa de vetar el “velo integral”, plantea una prohibición genérica de “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro” en “espacios públicos o de acceso público”. Las multas previstas van de los 100 a los 600 euros.

“No va contra nadie”

No obstante, ha asegurado que el texto “no va contra nadie, sino a favor de que la Administración funcione con garantías”, sentido en el que ha lamentado que los socialistas no hayan apoyado una iniciativa “centrada exclusivamente en la necesidad objetiva de identificación en oficinas públicas y no en debates ideológicos ajenos a la competencia municipal”, según ha defendido.

La moción acuerda como condición “fundamental” para acceder a dependencias municipales que se permita la “identificación visual del rostros por razones de seguridad”, por lo que no se admitirá la entrada o permanencia de nadie que tape su cara con prendas de cualquier tipo “con independencia del origen, motivación o significado de la prenda”.

La regulación, que no resulta aplicable a la vía pública, tampoco se extiende a símbolos o prendas que “no oculten el rostro”, conforme a la encomienda que se ha hecho a los servicios jurídicos para que incorporen a los reglamentos municipales esta cuestión. “Hoy el Pleno ha dicho sí a una medida que protege a todos: seguridad, identificación y neutralidad en dependencias públicas. No va contra nadie; va a favor de que la Administración funcione con garantías, sin suplantaciones y con reglas claras”, ha trasladado posteriormente Fenoy en una nota.

Sentencia del Supremo

El veto al burka o el niqab, recuperado ahora por Vox como parte de su agenda antiinmigración, ya fue objeto de análisis por el Tribunal Supremo hace más de una década, en 2013, cuando alertó del riesgo de aislamiento para las mujeres que pueden tener este tipo de iniciativas. 

En una sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo razonó que este veto puede provocar un “efecto perverso”: el “enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato” si decide priorizar sus convicciones religiosas sobre “otras consideraciones”. Según la resolución, cerrar el acceso a los espacios públicos con estos atuendos que ocultan el cuerpo de la mujer resultaría “contrario al objetivo de integración”.

Lejos de proteger la igualdad o eliminar la discriminación, podría contribuir a “incrementarlas” al forzar su aislamiento social. Así se pronunció el Alto Tribunal en 2013 cuando declaró nula la prohibición de que las mujeres lleven velo integral en los espacios públicos que había acordado tres años antes el pleno del Ayuntamiento de Lleida. 

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha aseverado que su Ayuntamiento, en contra del criterio de la Ertzaintza y de la Policía de Donostia, ambas bajo control del PNV, no ofrecerá datos sobre el origen de los detenidos, pese a que el presidente del PNV, Aitor Esteban, haya asegurado no estar “en absoluto” de acuerdo con esta decisión. “Soy del PNV, siempre he sido leal y sigo siendo leal. He hablado con el presidente de mi partido, he hablado con el presidente del partido en Bizkaia [por Iñigo Ansola] y está todo aclarado”, ha expresado Aburto, tras la presentación este miércoles del 'Diagnóstico de la Seguridad en Bilbao' elaborado por el grupo de investigación en Criminología Aplicada y Psicología Ambiental de la Universidad del País Vasco (EHU).

“No puedo olvidar que soy el alcalde de todos los bilbaínos y bilbaínas, ni que hay un pacto de gobierno con el PSE-EE -que se opone a que se hagan públicos estos datos-, que se debe preservar porque es un valor importante. Los socios de Gobierno compartimos en este caso el criterio. Lo compartimos también en el seno del pacto de seguridad que compartimos también con Elkarrekin Bilbao y con EH Bildu”, ha aclarado el alcalde, en la misma línea que la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, también del PNV que aseguró en el pleno de finales de enero que “el origen de las personas no justifica la actividad delictual, no aporta nada” y vincular “inmigración a delincuente, es un gravísimo error, que lo único que viene es a generar sensación de inseguridad”.

Según ha explicado Aburto, la representación política de su partido han hecho matizaciones y han asegurado que “hay que tener en cuenta las circunstancias políticas y sociales de cada municipio”. “En este caso, la de Bilbao es que hay un pacto por la seguridad. Por eso, cuál sea o deje de ser la opinión que pueda tener Juan María Aburto sobre un tema concreto, no es relevante. Tenemos que trabajar en política de seguridad desde una perspectiva colaborativa, y creo que es cada vez más necesario y así lo entendemos, que la política de seguridad de Bilbao sea compartida con la Justicia, con otras instituciones, con otras Policías y con la ciudadanía. Y en eso nos vamos a seguir empeñando, vamos a seguir siendo persistentes porque es mucho lo que nos jugamos”, ha concluido.

El informe presentado este miércoles por el criminólogo y profesor de la Universidad del País Vasco (EHU), César San Juan, destaca que “el caso de Bilbao ilustra de manera clara la diferencia entre seguridad real y seguridad percibida: mientras que los niveles de victimización se han mantenido prácticamente estables en los últimos años, la percepción de seguridad ha descendido cerca de un punto”. Es decir, que no coinciden los datos reales con la percepción de la ciudadanía.

En gran parte esto ocurre, según detalla el informe, por culpa de los medios de comunicación. “Los datos confirman que la realidad de la delincuencia y la percepción ciudadana no evolucionan de forma paralela, sino que se influencian mutuamente a través del filtro de la comunicación. Por un lado, un aumento (o evento puntual) de delitos puede atraer la atención de los medios, generando mayor cobertura informativa y, con ello, elevando la preocupación social. Por otro lado, una ciudadanía más preocupada tiende a demandar y consumir más noticias sobre seguridad, incentivando a los medios a intensificar ese tipo de contenidos. Esta retroalimentación circular crea un bucle en el que la sensación de inseguridad puede alimentarse independientemente de cambios objetivos mínimos”, sostiene el documento.

Al plantear la pregunta “¿Es Bilbao una ciudad segura?”, el informe determina que en términos generales sí. En el estudio se compara a Bilbao con las principales metrópolis del país, como Madrid o Barcelona y sostiene que estas ciudades presentan tasas de criminalidad significativamente más elevadas, tanto en términos absolutos como relativos, debido a “factores estructurales que incluyen flujos masivos de población, actividad turística intensa, una mayor presencia de delincuencia organizada y una oferta comercial y de ocio mucho más amplia”. “En este contexto, Bilbao aparece como una ciudad considerablemente más segura: la incidencia de delitos violentos es sustancialmente inferior, la presión delictiva está menos asociada a fenómenos de macro-movilidad y la sensación de seguridad ciudadana es notablemente más elevada. Esta comparación permite situar a Bilbao en una posición destacada dentro del conjunto de las grandes áreas urbanas españolas”, recoge el documento.

Cuando se compara con otras ciudades de menor tamaño, como Zaragoza, A Coruña, Gijón o Valladolid Bilbao presenta una tasa de criminalidad total algo más elevada que la mayoría de estas ciudades, y ello se explica principalmente por su mayor dinamismo urbano y económico dentro del área metropolitana. Sin embargo, en lo que respecta a delitos graves, las diferencias prácticamente desaparecen: Bilbao mantiene niveles muy reducidos de violencia, comparables o incluso inferiores a los de estas ciudades. “Así, la mayor tasa global no refleja un entorno más peligroso en términos de integridad física, sino una mayor exposición a delitos leves propios de los centros urbanos con actividad económica sostenida”, detalla el informe.

En cuanto a las cifras aportadas, la investigación aclara que al finalizar 2024 Euskadi mostraba niveles de delitos algo superiores a los de 2019, pero con menos criminalidad violenta en espacios públicos y mucho más peso de la ciberdelincuencia que en el pasado reciente. En conjunto, el total de Bilbao bajó de 31.392 delitos (2023) a 29.388 en 2024, consolidando la tendencia descendente tras el pico de 2022. “Los delitos sexuales son aún minoría en términos cuantitativos, pero el ritmo de crecimiento y su fuerte impacto social exigen prioridad política y operativa, especialmente en prevención, atención a víctimas y persecución efectiva”, aclara el informe, que concluye que “Bilbao se mantiene en niveles moderados de criminalidad comparada, pero, no obstante, el Ayuntamiento no minimiza el problema y lo aborda como una prioridad en la ciudad”.

Además del diagnóstico, en el informe se incluyen recomendaciones orientadas a reforzar las políticas públicas municipales desde una perspectiva preventiva, comunitaria y transversal, que entiende la seguridad como un elemento clave de la cohesión social y de la calidad de vida, entre las que destacan reforzar la seguridad mediante el entorno físico y la disuasión visible; atacar las raíces sociales de la delincuencia y el incivismo; reducir el miedo y la sensación de inseguridad actuando sobre incivismos y cercanía ciudadana; adoptar una estrategia proactiva, transparente y pedagógica en materia de seguridad y consolidar un modelo de seguridad colaborativo, transversal y evaluable.

En los últimos años, los algoritmos han pasado de ser herramientas invisibles a convertirse en árbitros cotidianos de decisiones que afectan al día a día: desde hacer un examen a pasar un control adicional en el aeropuerto. Pero cuando algo sale mal, cuando un sistema automatizado discrimina, niega un servicio o trata datos sin garantías, empieza un recorrido que los expertos describen como un laberinto.

Un avance del informe de Political Watch, presentado bajo el paraguas de IA ciudadana —una plataforma integrada por 19 organizaciones que trabajan por los derechos humanos en el entorno digital—, concluye que quienes sufren daños por sistemas de inteligencia artificial se enfrentan a normas fragmentadas, autoridades con competencias difusas y procedimientos que no garantizan su reparación.

El informe, que analiza qué ocurre cuando un sistema automatizado vulnera derechos, mapea por primera vez las vías de reclamación existentes y señala los puntos en los que el proceso se atasca. Tal y como apunta la portavoz de Political Watch y representante de IA ciudadana, Celia Zafra, “el problema no es ciencia ficción”. Se trata de la primera fase de un trabajo que busca diagnosticar los obstáculos actuales antes de proponer soluciones, explica.

Un sistema pensado para supervisar, no para reparar

Cuando una persona se ve perjudicada por un algoritmo, esta tiene derecho a reclamar. Pero en la práctica, según el documento adelantado, hacerlo implica recorrer un entramado institucional y legal complejo en el que no existe una “ventanilla clara” a la que acudir.

El análisis revisa el marco internacional, europeo y español aplicable y concluye que, pese a la abundancia de normas, la regulación resulta fragmentada. “Una misma vulneración algorítmica puede quedar cubierta por varias normas a la vez o, por el contrario, no encajar plenamente en ninguna” explica Zafra.

Según el informe, el diseño institucional actual prioriza el cumplimiento regulatorio por parte de empresas y administraciones, pero no siempre ofrece mecanismos efectivos para reparar a quienes sufren el daño. “Está pensado más para regular el mercado que para reparar a quien sufre el daño”, añade.

Detectar que el daño y falta de indemnizaciones

Desde la parte técnica, la investigadora Mireia Orra subraya que el primer obstáculo aparece incluso antes de iniciar cualquier reclamación: identificar que el perjuicio proviene de un sistema de inteligencia artificial. “Es muy difícil para una persona que no se dedica a temas de tecnología detectar de dónde proviene el daño”, apunta.

El informe recoge que la aplicación de tecnología afecta a derechos fundamentales que ya cuentan con garantías —como el derecho a no ser discriminado—, pero no siempre está claro si la persona afectada debe acudir a una autoridad de protección de datos, a una inspección sectorial o a ambas vías, lo que genera incertidumbre.

Otro de los puntos críticos, según la investigadora, es la fase de resolución. Las autoridades pueden determinar que se ha vulnerado un derecho y sancionar a la entidad responsable, pero no tienen potestad para fijar indemnizaciones, lo que obliga a iniciar nuevos procedimientos para reclamar compensaciones.

El informe advierte además de la dificultad para cuantificar daños como los derivados de vulneraciones de protección de datos, un terreno en el que no existen criterios claros y en los que “habrá un dilema para establecer una indemnización”, señala Orra.

También se documentan casos en los que entidades sancionadas continúan utilizando sistemas cuestionados, lo que —según el diagnóstico— evidencia que no siempre se corrigen los efectos de estas tecnologías. Como es el caso de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que pese a ser multada por utilizar reconocimiento facial en los exámenes, sigue utilizando ese sistema.

Plazos de prescripción y falta de coordinación

El informe subraya que es necesario revisar cómo funcionan los procedimientos, porque el plazo para reclamar puede agotarse mientras la autoridad aún está resolviendo el caso. Esto puede dejar a las personas afectadas sin opción de pedir una compensación incluso cuando se reconoce una vulneración. Como ejemplo, cita la sanción a Aena por el uso de reconocimiento facial en sus aeropuertos sin garantías adecuadas, donde el trámite del expediente no interrumpió el plazo de prescripción, por lo que ningún usuario ha sido indemnizado por ello.

El documento también identifica problemas de coordinación entre organismos, ya que al menos tres autoridades pueden recibir reclamaciones —como la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la autoridad competente en inteligencia artificial—. Cada una de las distintas autoridades con criterios propios, lo que puede provocar conflictos sobre quién debe tramitar una reclamación.

Orra concluye que “tenemos derechos digitales sobre el papel, pero no tenemos una ventanilla clara donde una persona pueda decir que un sistema de IA le ha perjudicado”.

En el año 1991 el jurado del Premio Pritzker, el galardón más importante de la arquitectura, decidió hacerle entrega del premio al arquitecto Robert Venturi (Filadelfia, 1925-2018), ignorando que este desarrolló y firmó sus proyectos conjuntamente durante décadas con la también arquitecta Denise Scott Brown (Nkana, Zambia, 1931) que además era su mujer. A pesar de que durante el discurso en la entrega del Pritzker Venturi reconociera que el trabajo de Scott Brown suponía el 50% de sus proyectos, no reclamó compartir el galardón con ella. La arquitecta, a modo de protesta, se negó a acompañarle a la ceremonia. No fue hasta 22 años más tarde, en 2015 cuando un grupo de alumnos de Harvard de la arquitecta iniciaron una petición a través de Internet para solicitar la concesión del Pritzker de manera retroactiva para Scott Brown. El propio Venturi y otros arquitectos firmaron dicha petición, considerando que el pensamiento sobre “la importancia de lo ordinario” que marcan los trabajos y libros premiados solamente a Venturi son inspiración de la arquitecta. Sin embargo, el jurado, compuesto por arquitectos diferentes a 1991, pero prácticamente en su totalidad compuesto por hombres, denegó dicha petición alegando que un jurado posterior no puede interferir en las decisiones tomadas por uno anterior.

Solo seis mujeres han sido galardonadas con el prestigioso Premio Pritzker de Arquitectura desde su creación en 1979: Zaha Hadid (2004), Kazuyo Sejima (2010), Carme Pigem (2017), Yvonne Farrell y Shelley McNamara (2020), y Anne Lacaton (2021). Tras la negativa del jurado a reevaluar la decisión de excluir a Scott Brown del premio de 1991, la arquitecta confesó que, en su opinión, el Pritzker “va a ser conocido como el premio de los tristes y viejos hombres blancos”. No se trata de la única vez que ocurría un caso similar en el Pritzker, ya que en 1986 se premió a Gottfried Böhm y no a su socia y esposa Elisabeth Haggenmüller, y en 2012 a Wang Shu y no a Lu Wenyu socia de Amateur Architecture Studio.

Poco después de aquella polémica, en el año 2016, Venturi y, en esta ocasión también Scott Brown, fueron premiados con la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos, un reconocimiento de un significativo trabajo de influencia duradera en la teoría y en la práctica de la arquitectura creado mucho antes que el Pritzker, en 1907. Así, Scott Brown se convirtió la segunda mujer en recibir el premio y la primera que ha conocido en vida reconocimiento del galardón , ya que la primera mujer que recibió esta medalla fue Julia Morgan en 2014 a título póstumo. Tras ellas otras tres mujeres han sido galardonadas, Angela Brooks, que recibió el premio conjuntamente con Lawrence Scarpa en 2022 y Carol Ross Barney, que fue galardonada en 2023 y, por último, Deborah Berke, que ganó la medalla el año pasado, en 2025.

El Pritzker va a ser conocido como el premio de los tristes y viejos hombres blancos

Denise Scott Brown — Arquitecta

Tras toda una vida de arquitectura y arte, a sus 94 años, el Museo Bellas Artes de Bilbao acoge la primera gran retrospectiva de Denise Scott Brown en España. Comisariada por los arquitectos Maria Pia Fontana y Miguel Mayorga y estructurada en tres apartados –ciudad, calle, casa–reúne por vez primera más de 120 obras originales, entre los que hay dibujos, fotografías, carteles y maquetas, con el objetivo de poner de manifiesto la gran contribución de sus proyectos a la cultura visual contemporánea. Además de sus obras, la exposición incluye una veintena de obras de arte y mobiliario de la colección privada de la arquitecta entre las que se encuentran obras de Ed Ruscha, Roy Lichenstein o Andy Warhol.

La ciudad, la calle y la casa como inspiración

El primer apartado de la muestra, 'Ciudad', recoge las obras y propuestas creadas por Scott Brown en el lugar en el que ella creó un hogar: Filadelfia. Se trasladó allí en el año 1958 para estudiar con Louis Kahn, tras formarse y trabajar en Londres y viajar por Europa. A pesar de que le acompañó su primer marido, Robert Scott Brown, este falleció justo un año más tarde en un accidente de coche. Ese mismo año conoció a Robert Venturi, con quien al inicio solo colabora académicamente, pero años después, en 1967, contrae matrimonio. Scott Brown decide mantener el apellido de su primer marido para así no perder la autoría del trabajo realizada hasta la fecha. Antes de casarse con su primer marido, su nombre era Denise Lakofski. Entre 1962 y 1964 Scott Brown y Venturi desarrollaron en la Universidad de Pensilvania dos propuestas determinantes: Venturi publicó 'Complexity and Contradiction in Architecture' y Denise impartió el curso Studio FFF (Form Function Forces), que define el sistema de análisis para las investigaciones sobre Las Vegas y Levittown. 

La relación con Filadelfia se da en más de cuatrocientos proyectos o estudios de Scott Brown. Por su reinterpretación del centro histórico se han seleccionado para la exposición, el complejo Franklin Court (1972-1976) y el centro de visitantes del Independence Mall (1996) por el tratamiento del campus como espacio articulado con la ciudad, el Perelman Quadrangle (2000) de la Universidad de Pensilvania y, por su análisis sobre la viabilidad de estos entornos urbanos singulares, los estudios Fairmount in the City (1983) y Penn’s Landing Planning Study (2003). “Estos proyectos y materiales seleccionados muestran una de las contribuciones capitales de Scott Brown al proyecto arquitectónico, la asunción del urbanismo en el diseño para ordenar el espacio público mediante elementos propios”, detallan desde el Museo Bellas Artes de Bilbao.

En el segundo apartado de la exposición, 'Calle', se muestra cómo una de las grandes aportaciones de Scott Brown es su interpretación de la calle -Strip (franja)- como lugar simbólico. Ejemplo de ello son los materiales de la investigación 'Learning from Las Vegas, or Form Analysis as Design Research' (1968), realizada con Robert Venturi, Steven Izenour y estudiantes de la Universidad de Yale. Sus resultados se publicaron en 1972 en uno de los libros más revolucionarios de la historia de la arquitectura. 

Por último, la tercera parte de la retrospectiva es la 'Casa'. El diseño y el estudio de lo doméstico configuran otra de las contribuciones más relevantes de Denise Scott Brown. En 1970 desarrolló la investigación 'Remedial Housing for Architects o Learning from Levittown' junto con Venturi y estudiantes de Yale. En ella analizó los suburbios denostados por los arquitectos, con Levittown como caso específico, un modelo basado en la cultura del automóvil que ya había conocido en 1958 gracias al sociólogo Herbert Gans. Así, Venturi y Scott Brown observaron las decoraciones exteriores e interiores de las casas, además de las expresiones individuales que aparecían en fachadas y jardines. Las conclusiones se mostraron en la exposición 'Signs of Life: Symbols in the American City' (Washington, 1976). Sus proyectos de viviendas unifamiliares –'Vanna Venturi House' (Filadelfia, 1960) y 'Trubek and Wislocki Houses' (Nantucket, 1970)–, auténticos manifiestos formales, son el resultado del estudio simbólico de la casa, del contexto, de los elementos naturales que la rodean y de las formas de vida de sus habitantes. Según narraba el propio Venturi, que falleció en 2018, son “casas complejas y contradictorias que anhelan el equilibrio entre lo ordinario y lo monumental, entre lo simbólico y lo cotidiano”.

La muestra finaliza con un documental grabado en el año 2024 en la casa de la propia arquitecta, en la que ha vivido durante más de 50 años junto a su marido. Se trata de una vivienda de estilo modernista que fue decorada por los arquitectos con numerosos objetos, obras de arte y mobiliario que trasladan los intereses, la historia y la memoria privada de una de las parejas más influyentes de la arquitectura contemporánea. El documental, realizado por Pablo García Canga y Manuel Asín, con música del pianista de jazz sudafricano Ibrahim Abdullah, interpretada y adaptada por Mikel Azpiroz, muestra la voz en off de la propia Scott Brown, que cuenta anécdotas cotidianas y significativas de su vida. Así, la película funciona como un doble retrato de la arquitecta y de su hogar, entendido como personaje protagonista de la obra. 

“Es la segunda ocasión en la que exponemos la obra de Denis Scott Brown en nuestro museo. Pero es la primera que un museo expone retrospectivamente su trabajo, su pensamiento y su mirada sobre la arquitectura y el urbanismo, sobre el individuo y la comunidad, detalla el conservador jefe de la muestra, Gilermo Zuaznabar, haciendo referencia a 1983 la exposición que acogió la pinacoteca bilbaína en el año 1983 'Correspondencias. 5 arquitectos, 5 escultores' que incluía la obra de Scott Brown. ”El núcleo de la exposición lo ocupan los materiales provenientes del estudio ‘Learning from Las Vegas’ (1972)“, explica Zuaznabar sobre una de las obras más influyentes de la arquitecta y artista, un ensayo crítico revolucionario elaborado junto con Venturi y Steven Izenour que incorpora la cultura popular americana y el automóvil al proyecto arquitectónico.

“Esta exposición nos hace reconocer que el diseño rara vez es el resultado del trabajo de una sola persona. Es un esfuerzo de equipo. Hay múltiples hilos que contribuyen a él, y hay que desentrañar cuidadosamente cada uno de ellos para llegar a comprender realmente lo que ocurre en el proceso. Lo más singular que Denise enseñó a la gente fue aprender y enseñar el estilo del diseño, que es un trabajo en equipo”, concluye la arquitecta y asistente de Denise Scott Brown desde 2014, Shilpa Mehta, en su visita al Museo Bellas Artes de Bilbao para la inauguración de la muestra, que estará disponible hasta el 31 de mayo.