LaLiga ha dado un paso más en su estrategia antipiratería. A partir de ahora, recompensará con 50 euros a cada persona que denuncie de forma “válida y efectiva” a los bares, restaurantes o casas de apuestas que emitan partidos sin licencia. La patronal dirigida por Javier Tebas, que fue multada por incluir un software espía en su aplicación oficial para intentar frenar estas retransmisiones en el ámbito de la hostelería, afirma que esta nueva iniciativa busca “reconocer” la “colaboración ciudadana”, “clave en esta lucha”.

La organización ha establecido una pauta visual sencilla para los informantes: si durante la retransmisión no aparece una letra “B” en los bares o una “A” en los locales de apuestas, el establecimiento no cuenta con la licencia necesaria y la señal se considera fraudulenta. Los ciudadanos que lo denuncien, recibirán los 50 euros una vez que se reciba la “confirmación técnica” de que la retransmisión era ilegal.

“El objetivo es doble: proteger a los establecimientos que emiten fútbol de forma legal y facilitar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales, poniendo a disposición de los usuarios un canal accesible desde el móvil y operativo en cualquier momento”, asegura LaLiga.

“Todas las comunicaciones se tratan de forma confidencial y las denuncias son revisadas bajo criterios técnicos y objetivos antes de considerarse válidas o gratificables”, continúa el comunicado. La medida se suma a una infraestructura de vigilancia que ya incluye inspecciones presenciales y sistemas avanzados de monitorización.

También llega en medio de un clima de tensión por la maniobra que la patronal lleva a cabo para frenar la piratería doméstica. Cada fin de semana, cientos de servicios digitales y páginas web sin relación con las retransmisiones ilegales dejan de ser accesibles debido a los bloqueos que LaLiga ordena a los operadores de Telefonía. Estos, realizados con amparo judicial, le permiten tumbar grandes paquetes de datos que circulan por Internet si detecta una web pirata entre ellos.

La sentencia que consintió esta práctica recogía también que su puesta en práctica no debía “perjudicar a terceros”, motivo por el cual los afectados han llevado el caso al Tribunal Constitucional. Las principales organizaciones de usuarios de Internet también han elevado una denuncia al Defensor del Pueblo, en la que protestan por la “intolerable pasividad” del Gobierno ante la situación.

El Ejecutivo, por su parte, recomienda a los afectados que recurran por la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó el pasado octubre.

Una foto que ha escocido que ha escocido a los afectados. Las principales asociaciones de usuarios de Internet de España han reiterado este jueves ante el Defensor del Pueblo su queja por los bloqueos indiscriminados del tráfico de red instados por LaLiga, motivadas por un reciente acuerdo entre el Ministerio de Trasformación Digital y la patronal dirigida por Javier Tebas. El pacto, ratificado la pasada semana, pone en marcha diversas medidas para desarrollar un “ciberespacio confiable”.

“La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se ha reunido con La Liga y, aparentemente preocupados por el uso responsable de Internet, han firmado una campaña de 'colaboración', mientras una calla y la otra ejecuta impunemente medidas de censura y control de las redes en España”, denuncian la Asociación de Internautas, la Fundación España Digital y la Asociación de Usuarios de Internet en un comunicado conjunto.

Las asociaciones denuncian la “intolerable pasividad” del Ejecutivo y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la situación, que se repite desde hace un año. Cada fin de semana, la patronal del fútbol ordena a los operadores censurar grandes paquetes de datos que circulan por sus redes si detecta que, entre ellos, circula una retransmisión pirata.

Debido al método de bloqueo, este provoca que cientos de webs y servicios digitales queden inaccesibles debido a esas emisiones ilegales, con las que no tienen ninguna relación. “Ni la Secretaría de Estado ni la CNMC han atendido las peticiones de los internautas ante los bloqueos de Internet que cada fin de semana ordena La Liga indiscriminadamente”, continúan las asociaciones: “Las han ignorado deliberadamente y tampoco actúan de oficio. El Gobierno prefiere mantener la impunidad de los ataques de denegación de servicio, los daños a terceros y la censura arbitraria de contenidos”.

El Gobierno recomienda la vía legal

El Ejecutivo, en una respuesta por escrito de ERC, instó a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó el pasado octubre.

LaLiga, por su parte, echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en paquetes de datos que se mueven juntos por la red. Con todo, asegura que sus bloques están amparados por la justicia y son “proporcionados” y “quirúrgicos”.

La resolución a la que se refiere la patronal es una sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren esos paquetes de datos cuando exista una retransmisión pirata entre ellos. No obstante, el juez afirma en el texto que esa maniobra no debe “perjudicar a terceros”. Los afectados han llevado el caso al Tribunal Constitucional.

LaLiga insiste también en delegar la responsabilidad de la situación en Cloudflare, y recuerda que recientemente la compañía ha sido multada en Italia con un 1% de su facturación global por no tomar “medidas efectivas para impedir el uso de sus servicios en la difusión de contenidos ilícitos, pese a haber recibido órdenes para desactivar el acceso a determinadas páginas web y direcciones señaladas por los titulares de derechos”.

Cloudflare niega esta responsabilidad y ha protestado por la situación ante la Casa Blanca, entendiendo que España está dificultando el comercio internacional. “Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, recalca.

El Defensor del Pueblo, que ya tenía una primera queja de las asociaciones de usuarios registrada en junio de 2025, afirma que este se encuentra “en fase de estudio”. “Dada la confidencialidad de las quejas que se reciben en la institución, cualquier novedad que se produzca en las actuaciones se comunicará directamente a las asociaciones que se han dirigido al Defensor del Pueblo”, añaden fuentes oficiales.

Mientas tanto, los usuarios y empresas afectadas siguen atrapados en una maraña de bloqueos de Internet pese a que no tienen relación con la piratería. “Lo más grave, es que esto sienta un peligroso precedente para futuras intervenciones privadas sobre la red y los derechos digitales de todos los ciudadanos, inadmisible en cualquier Estado de Derecho”, ha denunciado la abogada Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con LaLiga, la patronal del fútbol profesional. El pacto, cuyo objetivo es “impulsar una cultura de la ciberseguridad y prevenir ciber riesgos tecnológicos que pudieran afectar a los Clubes, aficionados al fútbol y a la sociedad en general”, se produce mientras el Tribunal Constitucional dirime sobre una de las principales estrategias de LaLiga en este ámbito: los bloqueos masivos de Internet para frenar la piratería que dejan inaccesibles miles de webs y servicios digitales sin relación con las retransmisiones ilegales.

La organización dirigida por Javier Tebas ejecuta esta estrategia desde comienzos de 2025 apoyada en una sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a LaLiga a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren grandes paquetes de datos que circulan por Internet si se detectan emisiones pirata entre ellos. No obstante, afirma que esta maniobra no debe “perjudicar a terceros”. Los afectados han llevado el caso al Constitucional, mientras que asociaciones de internautas han pedido amparo al Defensor del Pueblo.

En este contexto, Tebas y José Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones, han ratificado un “memorándum de entendimiento” entre el Gobierno y la patronal del fútbol para “crear un ciberespacio confiable y seguro”. Mediante el acuerdo, LaLiga se compromete también a promocionar el 017, el teléfono gratuito contra las estafas digitales gestionado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

“El fútbol profesional tiene una responsabilidad social que va más allá del terreno de juego, como hemos demostrado con múltiples iniciativas. Este acuerdo con INCIBE refuerza nuestro compromiso con un entorno digital seguro, basado en el respeto y la confianza, y nos permite trabajar de forma coordinada para concienciar, prevenir riesgos y proteger a nuestra comunidad”, afirma Tebas, según el comunicado distribuido por el Ejecutivo.

Apagones cada fin de semana

Pese a que LaLiga insiste en que sus bloqueos “son proporcionales, quirúrgicos y acotados temporalmente durante los partidos de la competición”, cada fin de semana los afectados por su maniobra vuelcan su indignación en redes sociales. Sus negocios quedan desconectados de la red, lo que en ocasiones se traduce en una web inaccesible, pero en otras, supone fallos en la operatividad digital.

“Este fin de semana nos impactó de lleno porque cortó la comunicación de nuestro servidor con Miravia y Aliexpress. Ha sido un desastre porque ha provocado que vendamos más unidades de las que tenemos en stock. Con cada venta no había un retorno para reducir la cifra de unidades disponibles, ya que no había comunicación con el servidor”, explicaba uno de los afectados en un reportaje de elDiario.es sobre esta situación. “Cada fin de semana intentamos buscar soluciones, pero técnicamente no las hay. Si te cortan, te cortan”.

Estos bloqueos aleatorios son una consecuencia del método que LaLiga utiliza para frenar las retransmisiones pirata. Cuando detecta una emisión ilegal, pide a las operadoras que bloqueen la dirección IP entera por la que esta discurre. El problema es que la IP es como el código postal de un servicio digital y, al igual que este, puede agrupar miles de webs o servicios digitales. Cuando cae una de ellas, cae la emisión pirata, pero también todos aquellos servicios que estuvieran compartiendo dirección IP con ella en ese momento.

LaLiga echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en las distintas IPs. Se trata de una práctica habitual en negocios como el suyo, que se centran en acelerar la carga de los dominios web que lo contratan, protegerlos de tráfico malicioso (como bots) y ofrecer otras funciones de ciberseguridad. Cloudflare también ha llevado el caso a los tribunales y lo ha incluido en un informe enviado a la Casa Blanca como un ejemplo de proteccionismo estatal. “Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, recalca.

El Gobierno, consultado por una pregunta por escrito de ERC, instó a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó en su respuesta, emitida el pasado octubre.

Según uno de los últimos análisis de los afectados, los bloqueos de LaLiga afectaron en diciembre a 3,8 millones de dominios, que quedaron inaccesibles mientras se disputaban los partidos de fútbol de primera y segunda división. Debido a la distribución horaria de estos, la afectación puede extenderse desde las 16.00 horas hasta las 00.00 horas del día siguiente tanto los sábados como los domingos.

Hace ya casi 10 meses que una parte de Internet se cae cada fin de semana en España. Y es imposible saber a qué servicios afectará cada apagón. Ha habido desconexiones en Redsys, la principal pasarela de pago en España para las operaciones con tarjeta; bancos, la red social X, la plataforma de videojuegos Steam o múltiples portales oficiales, como el Ayuntamiento de Madrid o el de la Real Academia Española. Pero, por debajo de esos grandes nombres, hay una larga cola de pymes que no cuentan con los mismos recursos. Cada sábado y domingo, se preguntan si su negocio volverá a irse al traste por culpa del fútbol.

“Este fin de semana hemos tenido que reiniciar el sistema 14 o 15 veces. Es una impotencia absoluta”, dice José Manuel Louro, uno de los afectados. “Que el juez haya permitido los bloqueos de manera indiscriminada es algo que yo no me puedo creer. ¿Cómo se les puede dar tanto poder? Y lo que más me asusta: ¿por qué yo no puedo hacer nada contra ello? Cada fin de semana intentamos buscar soluciones, pero técnicamente no las hay. Si te cortan, te cortan”.

Todo proviene de una maniobra antipiratería de LaLiga. La patronal del fútbol, dirigida por Javier Tebas, obtuvo un mandato judicial que le permite solicitar bloqueos de Internet a las teleoperadoras sin pasar de nuevo por el juez cuando detecte una retransmisión ilegal. La sentencia también dice que sus acciones no deben “perjudicar a terceros”, algo que cientos de empresas denuncian que no se está cumpliendo. El caso ha escalado hasta el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Cada fin de semana intentamos buscar soluciones, pero técnicamente no las hay. Si te cortan, te cortan

Mientras los magistrados dirimen, los bloqueos de Tebas continúan. “Son problemas que duran más o menos una hora y media, pero que llegan aleatoriamente durante el fin de semana”, explica Louro, responsable de Ralight Solutions, una pyme dedicada a la venta de videojuegos y consolas a través de plataformas como eBay, Miravia o Aliexpress. Es el período que duran los partidos de fútbol. “Este fin de semana estuvimos toda la tarde y la noche del sábado y la tarde del domingo con fallos”.

“Nosotros estamos abiertos 24/7. No siempre que hay fútbol lo notamos, por lo que nunca sabes cuándo te va a afectar. Pero este fin de semana nos impactó de lleno porque cortó la comunicación de nuestro servidor con Miravia y Aliexpress. Ha sido un desastre porque ha provocado que vendamos más unidades de las que tenemos en stock. Con cada venta no había un retorno para reducir la cifra de unidades disponibles, ya que no había comunicación con el servidor. Tampoco pudimos hacer el reporte de ventas para la empresa auditora”, continúa Louro.

“El efecto de los bloqueos es como el de un tsunami. Empiezan con olas pequeñas que van causando fallos. Al principio no sabes a qué se deben. Piensas que el sistema está inestable, hasta que los fallos se empiezan a sumar en sitios diferentes y se te cae todo. Llamas al programador y es cuando te dice que son otra vez los bloqueos de LaLiga. Esto está afectando a un montón de empresas, pero a las que seguimos activas el fin de semana, nos destroza”, denuncia el pequeño empresario.

“Me parece bien que persigan a las webs pirata, pero que te hundan el negocio sin tener tú nada que ver... Me parece increíble que se les haya dado el poder de decidir quién puede trabajar el fin de semana”, insiste en conversación con elDiario.es.

“Moscas a cañonazos”

Los bloqueos aleatorios que cita Louro son una consecuencia del método que LaLiga utiliza para frenar las retransmisiones pirata. Cuando detecta una emisión ilegal, pide a las operadoras que bloqueen la dirección IP entera por la que esta discurre. El problema es que la IP es como el código postal de un servicio digital y, al igual que este, puede agrupar miles de webs o servicios digitales. Cuando cae una de ellas, cae la emisión pirata y todos aquellos que estuvieran compartiendo dirección IP con ella en ese momento.

LaLiga echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en las distintas IPs. Se trata de una práctica habitual en negocios como el suyo, que se centran en acelerar la carga de los dominios web que lo contratan, protegerlos de tráfico malicioso (como bots) y ofrecer otras funciones de ciberseguridad.

Son las IPs de Cloudflare las que LaLiga ordena tumbar a los operadores de Internet, que obedecen alegando que la patronal del fútbol cuenta con un mandato judicial. Para Tebas, la multinacional es cómplice de la piratería por no vigilar qué ocurre en cada una de las webs que empaqueta. Hace lo mismo con Google, a la que acusa de acoger en su tienda de apps algunas que pueden usarse para ver retransmisiones ilegales, o las plataformas VPN, que se usan para camuflar la ubicación real del usuario.

“Google, Cloudflare, VPNs y otros agentes involucrados en el consumo de piratería adquieren responsabilidad de las actuaciones ilegales que están permitiendo y de las cuales se lucran. LaLiga, amparada por la Justicia, no se detendrá en la defensa del fútbol y los intereses de sus clubes ante actuaciones criminales vinculadas al fraude audiovisual y su blanqueo”, han manifestado los de Tebas.

Diversos expertos llevan meses denunciando que los bloqueos por IP son como “matar moscas a cañonazos”. Algunas páginas de afectados cifran en unos 750.000 euros las pérdidas que está produciendo. “Es como destruir todo un edificio porque hay alguien dentro que trafica con drogas”, dice Daniel Infante, responsable de Pixeladas, una consultora de marketing digital y programación web. “Las IPs están compartidas por centenares o miles de páginas web. Por favor, no estamos en los años 80, lo que están haciendo es un error de concepto”.

El peso de Cloudflare para las pymes

Pixeladas es otro de los negocios afectados por los bloqueos. O, mejor dicho, lo son sus clientes. Cada vez que hay un partido de fútbol, el tráfico hacia sus webs puede caer de repente. Esto resulta en una doble pérdida económica: el cliente no solo deja de vender ese día, sino que también pierde el dinero invertido en publicidad, a través de anuncios en Google o Meta (Facebook e Instagram). “Esos días se van automáticamente a negativo, porque hacen un gasto en promocionarse sin saber que esto les va a afectar y no van a poder vender”, dice Infante.

Pero si los problemas giran alrededor del servicio de Cloudflare, ¿por qué no utilizar otro? “Cloudflare es un gigante por méritos propios, porque al final son los mejores en algunos aspectos, como la lucha contra los bots. Además, sus servicios son gratuitos para las empresas más pequeñas”, contesta Infante, que profundiza en uno de esos ejemplos.

“Nosotros tenemos un problema muy, muy recurrente, pero que por desgracia forma parte de la sociedad en la que vivimos, que son los bots. Entran a tu web, te rellenan un formulario, te hacen spam. Hemos tenido casos de clientes que han recibido 2.000 formularios en un día diciendo que están interesados en un producto para luego ver que eran enlaces para comprar viagra, webs rusas, etc. Es algo muy complicado de soportar, sobre todo para nuestros clientes más pequeños, que tienen una facturación de 50.000 o 60.000 euros al año”, detalla Infante.

Nosotros se lo explicamos así a los clientes: mira, LaLiga tiene secuestrada tu web. Que esto esté pasando en España... es muy, muy salvaje

“Cloudflare es el mejor parando esto, y a los clientes con menos facturación se lo ofrece gratis. Yo, personalmente, no he encontrado alternativa. Puedo quitar Cloudflare, pero entonces tengo los bots y mis clientes quedan desprotegidos ante ellos”, resume.

LaLiga asegura en todas sus comunicaciones que sus bloqueos “son proporcionales, quirúrgicos y acotados temporalmente durante los partidos de la competición”. El responsable de Pixeladas cuenta otra realidad. “A veces pasan horas después de los partidos y el bloqueo se mantiene. Pero si al gestor de turno se le olvida una IP, pueden llegar a durar días”.

Como Louro, Infante coincide en que la “sensación es de impotencia total, de que nosotros no pintamos nada. No hay una alternativa, y si la hubiera, las webs pirata también se irían a ella. Ahora mismo, Internet está secuestrado. Nosotros se lo explicamos así a los clientes: mira, LaLiga tiene secuestrada tu web. Que esto esté pasando en España... es muy, muy salvaje”.

El Congreso da la espalda

A finales de octubre, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso rechazó una Proposición No de Ley presentada por el BNG para evitar los bloqueos indiscriminados de LaLiga. La acción quería instar al Gobierno a tomar medidas para garantizar que las acciones antipiratería de la patronal del fútbol no afecten a webs legítimas; revisar y corregir los procedimientos técnicos que están empleando LaLiga y las operadoras; y establecer mecanismos de supervisión y transparencia que permitan corregir rápidamente los bloqueos erróneos.

El PP y Vox votaron en contra y el PSOE se abstuvo. Tebas lo consideró un espaldarazo político a su estrategia. “LaLiga recibe positivamente el respaldo que significa dicha votación”, expresó, criticando a su vez la PNL por contener “información limitada” y omitir, a su juicio, “el impacto crítico que tiene el fraude audiovisual”. Es la misma crítica que expresó en una carta enviada al BNG, en la que afirmaba que la iniciativa estaba plagada de “inexactitudes y errores”.

“La defensa de la propiedad intelectual no puede servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales o aplicar medidas que, bajo apariencia de legalidad, suponen censura y bloqueo generalizado”, contestó Néstor Rego, diputado del BNG, que consideró “insultante” la misiva de la patronal del fútbol.

El Ejecutivo, cuando ha sido consultado al respecto, ha instado a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó en octubre ante una pregunta por escrito de ERC.

¿Que actúe Trump?

La última evolución del caso tiene un tinte rocambolesco. Cloudflare, que desde el principio ha denunciado los bloqueos de LaLiga, ha escalado el caso hasta la Casa Blanca. La multinacional ha enviado un informe a la Oficina del Representante Comercial de EEUU para quejarse de que los bloqueos de LaLiga en España constituyen una barrera comercial.

“Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, afirma la empresa en su comunicación con el organismo citando las “órdenes judiciales excesivamente amplias” de las que dispone LaLiga. “Estas órdenes les permiten bloquear los servicios de proveedores estadounidenses de red como Cloudflare mediante el bloqueo de direcciones IP, cada una de las cuales canaliza el tráfico de miles de dominios”.

Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales

Cloudflare — en un informe a la Casa Blanca

La Oficina a la que se dirige Cloudflare tiene la misión de elaborar un informe sobre el comercio internacional que influye en las negociaciones entre EEUU y el resto de países. “Estas acciones, diseñadas para proteger a un conjunto reducido de intereses comerciales, han causado daños colaterales significativos a empresas y usuarios que no eran los objetivos de las medidas, sin vías de reparación ni posibilidad de impugnar la orden original”, continúa la multinacional, pidiendo a la Casa Blanca que intervenga para reparar la situación.

LaLiga, por su parte, no ha tardado en responder. Afirma que las aseveraciones de Cloudflare “no son precisas y carecen de contexto”, ya que obvia que “la actividad desarrollada por esta compañía confronta con los sistemas legales y judiciales de multitud de países en todo el mundo, como Francia, Italia, Japón o Corea del Sur”.

Mientras LaLiga y Cloudflare cruzan acusaciones a ambos lados del Atlántico, los bloqueos siguen cayendo cada fin de semana en España. Los partidos se suceden, los jueces deliberan y las pequeñas empresas continúan en vilo, atrapadas entre gigantes. Sin vías técnicas para protegerse, cuando ruede el balón, su web puede volver a apagarse.

Durante siglos, la isla de Gotska Sandön (Suecia), en pleno mar Báltico, fue considerada un territorio solitario, apenas frecuentado por cazadores de focas. Sin embargo, nuevas investigaciones arqueológicas han cambiado de forma radical esa visión simplificada. Un equipo encabezado por la osteóloga Sabine Sten, de la Universidad de Uppsala, y el profesor Johan Rönnby, de la Universidad de Södertörn, ha descubierto que este enclave tuvo un papel mucho más relevante en la historia de la región, vinculando comercio, naufragios e incluso posibles episodios de piratería.

Mucho más que un punto de paso en el que se habrían producido sucesos destacados

Las excavaciones realizadas en Säludden, al sur de la isla, han sacado a la luz un cementerio medieval que apunta a sucesos de gran dramatismo alrededor del año 1400. Uno de los individuos exhumados carecía de cráneo, una circunstancia que los investigadores relacionan con la visita, ya en el siglo XX, de estudiantes de geología que recogieron restos óseos. Aunque no es posible confirmar si los huesos conservados en el Museo Gustavianum de Uppsala pertenecen a ese mismo individuo, el hallazgo revela la compleja trayectoria de este yacimiento.

Los indicios apuntan a que Säludden fue mucho más que un punto de paso ocasional. Los arqueólogos sugieren que se trataba de un lugar de amarre y encuentro, con valor estratégico en la pugna medieval por el control de Gotland y del propio mar Báltico. La hipótesis cobra fuerza al considerar la localización de la isla y el contexto político de la época, marcado por luchas entre potencias comerciales y militares de la región.

Con actividad a lo largo de la historia

El trabajo en Gotska Sandön no se limita a la Edad Media. En Gardsbanken, sobre la bahía de Varvsbukten, se han documentado hogares que estuvieron activos desde la Edad del Bronce Final hasta la época romana. Entre los materiales encontrados destacan huesos de foca quemados, claros restos de la producción de aceite de trainera, un producto valioso en el comercio del norte de Europa. Junto a ello han aparecido fragmentos de cerámica y monedas romanas, que refuerzan la idea de una intensa actividad prehistórica y de la integración de la isla en redes de intercambio mucho más amplias.

El emplazamiento de Gotska Sandön también ayuda a explicar la abundancia de restos humanos hallados. La isla se sitúa junto al peligroso arrecife de Salvo, escenario de numerosos naufragios a lo largo de los siglos. Los investigadores plantean que muchas de las personas enterradas pudieron haber muerto en el mar y acabado llegando a la orilla antes de recibir sepultura. La existencia de una manopla de acero, similar a las usadas por soldados, sugiere además que hubo presencia militar en el lugar.

Los análisis modernos, que combinan dataciones por radiocarbono, estudios de ADN e isótopos, permiten ahora reconstruir con mayor precisión el origen de los individuos y aspectos de su vida cotidiana. Estas técnicas han abierto nuevas posibilidades para comprender el mosaico humano que habitó o transitó la isla durante diferentes periodos históricos. Además, los investigadores colaboran con hospitales suecos para realizar análisis dentales y medir la densidad ósea de los esqueletos medievales.

El objetivo es ampliar la excavación

Aunque Sabine Sten se jubiló en mayo, ya ha solicitado financiación para continuar junto a Rönnby en 2026 y 2027. El objetivo es ampliar la excavación del túmulo funerario de Säludden y esclarecer quiénes fueron los individuos hallados: residentes temporales, marineros náufragos o víctimas de conflictos vinculados al dominio marítimo. La continuidad de estas investigaciones podría ofrecer un retrato más nítido del papel de la isla en la historia báltica.

Lo que ya parece indiscutible es que la imagen tradicional de Gotska Sandön como un páramo remoto ha quedado superada. Los hallazgos muestran que, durante milenios, fue un cruce de caminos entre culturas del Báltico, utilizado para refugio, abastecimiento y comercio. Al mismo tiempo, la sospecha de que también sirviera de base para el saqueo y la piratería recuerda hasta qué punto este enclave, hoy parque nacional sueco, estuvo ligado a los vaivenes de poder y violencia en la región.

El pasado viernes los aficionados al fútbol estaban de enhorabuena. Arrancaba una nueva temporada con la disputa del partido del Girona contra el Rayo Vallecano, que terminó con victoria rayista. Para miles de usuarios de Internet y gestores de dominios web la historia era diferente. Conforme el balón comenzaba a rodar, miles de webs sin ninguna relación con el fútbol quedaban inaccesibles desde España. Unos bloqueos que se extienden durante todo el fin de semana y que en esta jornada llegarán hasta la noche de este martes, cuando se disputa el último partido de la jornada entre el Real Madrid y el Osasuna.

Todo se debe una maniobra legal de la patronal del fútbol profesional, LaLiga, que le permite exigir a los operadores de telefonía e Internet que impidan el acceso a grandes grupos de páginas web si sospecha que entre ellas se esconde alguna vinculada a las retransmisiones ilegales de partidos. “El acceso a la presente dirección IP ha sido bloqueado en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia de 18 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona en el marco del procedimiento ordinario”, leen los usuarios al intentar acceder a dichas webs.

En la lista de afectados pueden caer servicios digitales de todo tipo, desde blogs de cocina a los portales oficiales de multinacionales o instituciones públicas, pasando por redes sociales como X o la Wikipedia. Los bloqueos han llegado a afectar a Redsys, la principal pasarela de pagos en España, que gestiona las transacciones con tarjeta entre bancos, comercios y clientes.

Una estrategia antipiratería que la organización dirigida por Javier Tebas considera “ajustada a derecho”, pero que afectados y especialistas en ciberseguridad tachan de “atropello” o “matar moscas a cañonazos”. Estos últimos han llevado el caso hasta el Tribunal Constitucional, que aún no ha tomado una decisión sobre la causa. Según los datos publicados por los afectados, los bloqueos llegaron a afectar a unos 2,7 millones de dominios cada jornada.

Cómo funcionan los bloqueos masivos

En el centro de esta disputa española aparece una multinacional estadounidense. Se trata de Cloudflare, cuyos servicios se centran en ejercer de intermediario entre millones de páginas web y sus usuarios de todo el mundo, mejorando la velocidad de conexión, protegiéndolas de caídas y reforzando su protección frente a ataques. En la industria digital se conoce a estos fontaneros de Internet como CDN (Content Delivery Network), siendo Cloudflare uno de los más grandes y reconocidos.

Una de las prácticas habituales en los CDN es agrupar sus servicios de fontanería digital en una sola IP, lo que significa que bajo una misma dirección conviven miles de páginas diferentes. Es una forma eficiente de gestionar recursos y abaratar costes, pero convierte cada IP en una especie de ‘edificio compartido’: si se bloquea la entrada, se quedan fuera todos los inquilinos. Y eso es justo lo que está haciendo LaLiga.

Cada fin de semana, la patronal del fútbol señala a las operadoras las direcciones IP de Cloudflare tras las que sospecha que se esconden las páginas que piratean el fútbol. En virtud de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, las operadoras clausuran el edificio, impidiendo que usuarios accedan al resto de los negocios o servicios que estos cobijan.

LaLiga justifica esta práctica acusando a Cloudflare de ser cómplice de la piratería. “Más del 50% de las IPs piratas que distribuyen el contenido de LALIGA ilegalmente están blanqueadas por Cloudflare y, pese a que LALIGA ha realizado múltiples requerimientos a la compañía para que cese su colaboración con sitios piratas, Cloudflare ha optado por no colaborar y lucrarse de la actividad criminal que ayuda a encubrir”, ha expresado repetidamente.

“Con esta conducta, Cloudflare está colaborando con actividades ilegales como el proxenetismo, prostitución, pornografía, comercialización de falsificaciones, fraude y estafa, entre otras”. Es un saco en el que los de Tebas también meten a otros gigantes de la red, como Google, así como a los servicios de VPN (que permiten a los usuarios camuflar su localización real): “Google, Cloudflare, VPNs y otros agentes involucrados en el consumo de piratería adquieren responsabilidad de las actuaciones ilegales que están permitiendo y de las cuales se lucran”.

Por el momento, Cloudflare prefiere no bajar al barro. “Como prácticamente todos los grandes proveedores de servicios en la nube, Cloudflare utiliza direcciones IP compartidas para gestionar su red, lo que significa que se puede acceder a miles de dominios con una única dirección”, justifica: “Aunque LaLiga comprendía claramente que el bloqueo de direcciones IP compartidas afectaría a los derechos de millones de consumidores a acceder a cientos de miles de sitios web que no infringen la ley, siguió adelante con dicho bloqueo”.

“Esto parece reflejar una creencia errónea de que sus intereses comerciales deben prevalecer sobre los derechos de millones de consumidores a acceder a Internet”, censuró. Google, por su parte, prefirió no contestar a las acusaciones de la patronal del fútbol.

El fichaje de Chema Alonso

A la espera de la decisión del Constitucional, las semanas que han trascurrido entre el final de la pasada liga y el comienzo de la presente han sido de calma tensa. Aunque ha habido movimientos de calado, incluido un fichaje que combina lo mediático y lo estratégico, el de Chema Alonso, quizá el hacker más conocido de España, que ha sido nombrado vicepresidente de Cloudflare, al mando del departamento de Desarrollo Internacional.

Alonso, que mantiene su icónica imagen de melena desaliñada bajo gorro de lana a rayas, salió este marzo del organigrama directivo de Telefónica, donde fue responsable de digitalización y ciberseguridad durante ocho años. Pese a que sus proyectos firma nunca despegaron comercialmente (como Aura, un asistente virtual para competir con Alexa y Siri) y no son pocos los especialistas que creen que su fama es exagerada, no por ello su fichaje deja de ser un golpe de efecto que podría resultar útil a Cloudflare no solo en la esfera mediática.

Debido a sus cargos directivos en Telefónica, Alonso ha estado directamente involucrado en el combate de la piratería y en el desarrollo de herramientas técnicas para hacerlo posible. No en vano, aunque es un actor que ha preferido quedarse en segundo plano en el debate de los bloqueos de webs, Telefónica es una de las partes más interesadas. La compañía es la principal adjudicataria de los derechos de retransmisión del fútbol en España a través de Movistar+ y está personada en las causas judiciales abiertas en esta cuestión.

El hacker trabajará ahora para una empresa que se está viendo directamente afectada por esa batalla. “Hoy es el primer día en el nuevo puesto, con nuevas responsabilidades como vicepresidente y director de Desarrollo Internacional. Estoy emocionado, asustado y con muchas ganas de trabajar duro en 'Cloudflarear' el mundo. Tras muchos años dedicado a la tecnología, unirme a una empresa innovadora y de rápido crecimiento que está creando la tecnología del futuro para Internet es un sueño hecho realidad”, escribió el experto en ciberseguridad en su Linkedin hace unos días.

Ni Cloudflare ni LaLiga han querido entrar a comentar la contratación, pero el salto no parece casualidad. Solo unos días antes de hacerse oficial su paso a la multinacional estadounidense, Alonso había fichado como asesor del Comité Técnico de Árbitros (CTA), un órgano dependiente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con el que LaLiga también ha mantenido numerosos litigios.

Aunque terminó renunciando para evitar incompatibilidades, la línea de puntos vincula a Alonso con esta nueva guerra del fútbol. El paso de las jornadas dirá si el hacker puede llegar a ser factor para que su nueva empresa y sus clientes sorteen los bloqueos digitales que han padecido durante este 2025. De momento, lo único seguro es que cada fin de semana miles de webs seguirán apagándose en España al ritmo que marque el calendario de LaLiga.

A mitad de camino entre la piratería y el comercio, entre la brutalidad salvaje y la disciplina militar, entre las leyendas y los hechos históricos, los corsarios españoles jugaron un papel fundamental en los mares del extenso Imperio español entre los siglos XVI y XIX. Figuras poco conocidas frente a la demonización de los corsarios de otros países (ingleses, holandeses, berberiscos…), algunos de ellos llegaron a contar con flotas de docenas de barcos y a convertirse en apoyo decisivo para los intereses de la monarquía.

La historiadora hispano-mexicana Vera Moya (México, 1976) acaba de publicar Reyes del corso. Una historia de los corsarios españoles (Desperta Ferro) donde explica que “el principal beneficio para la Corona fue fortalecer y desplegar poder militar a nivel imperial mientras para los corsarios se trataba de un negocio, ya que tenían derecho a una parte de los botines”.

Frontera difusa entre la piratería y las leyes, esta investigadora aclara la condición de los corsarios. “El pirata es un individuo que por vía marítima ataca, captura e incauta embarcaciones y su carga de forma ilegal”, señala Moya. “Un corsario, en cambio, realizaba la misma acción coercitiva, pero con licencia o permiso otorgada por un rey o república, en teoría siguiendo las leyes de la guerra”, añade, recalcando la diferencia.

Así pues, en opinión de Moya, podríamos afirmar que los corsarios eran piratas con patente legal que se pusieron al servicio de los distintos imperios y la monarquía hispánica no resultó una excepción a la hora de utilizar a estos mercenarios del mar. No obstante, el imaginario popular suele identificar al corsario con el famoso inglés Francis Drake o con los berberiscos del norte de África. Es decir, con los malos de la película que asaltaban las posesiones de España en América, sitiaban La Habana o Cartagena de Indias o atacaban nuestros puertos del litoral mediterráneo peninsular o de las islas Baleares.

En esa línea, buena parte de la historiografía tradicional española ha reservado los papeles honorables para la Armada y se ha detenido poco a comprobar que los imperios, incluido el español, contaron con corsarios en alianzas que interesaban a todos. Por ello, se trata de un tema poco estudiado por los historiadores españoles.

Mercenarios del XVI

“Los corsarios eran una fuerza armada subcontratada que ahorraba costos en barcos, gente y vituallas. Podía cubrir aspectos de importancia estratégica incluyendo la escolta, vigilancia costera y combate al contrabando, transporte de tropas y armamento o en apoyo a bloqueos comerciales o puertos sitiados. Los beneficios de los corsarios, a través de la venta de las capturas y botines derivaban en un ascenso de su estatus social para sus jefes”, explica la historiadora.

El libro de esta experta, fruto de varios años de investigación, repasa también la evolución de los corsarios que pasaron de proceder en su mayoría de las filas de la nobleza, como Pedro Téllez Girón, duque de Osuna y virrey de Nápoles y Sicilia a finales del siglo XVI, que formó sus propias armadas en el Mediterráneo en lucha contra berberiscos y venecianos, al predominio de plebeyos e incluso de gente muy humilde.

Por ello, en el siglo XVIII surgieron personajes novelescos, envueltos en leyendas que llegaron a amasar inmensas fortunas y a ser los hombres más ricos del Caribe como el canario Amaro Pargo o el puertorriqueño Miguel Enríquez. Unas figuras portentosas que hasta ahora han recibido poca atención de los historiadores españoles pese a su trascendencia y atractivo.

Sin embargo, sus andanzas, expediciones y aventuras quedaron reflejadas en la literatura popular como este poema de 1878 titulado El pirata, obra del escritor canario Alfonso Dugour, que muestra la épica que rodeaba a estos mercenarios del mar: “Yo soy el rey. ¡El mar!, ese es mi imperio, / mi palacio, mi hermoso bergantín, / mi capital, el índico hemisferio / y mi frontera, el boreal confín. / Bajo el ardiente suelo americano / libre como él mi corazón creció, / el mar nunca sufrió ningún tirano / libre es el mar y como el mar soy yo”.

Una ficción con algo de verdad

En línea con estas alabanzas poéticas que recuerdan también a la famosa Canción del pirata, de José de Espronceda, escrita medio siglo antes y que todos hemos estudiado en el colegio, se situaron las novelas de aventuras. Más tarde llegaron al cine sus entretenidas peripecias con sus simpáticos héroes piratas o corsarios justicieros que triunfaron con Errol Flynn (El capitán Blood, El halcón del mar…) y alcanzan hasta hoy con sagas como la de Piratas del Caribe, con Johnny Depp. A pesar de su escasa o nula credibilidad histórica este imaginario cinematográfico de abordajes, traiciones y lucha por el control de las rutas marítimas partió de algún modo de personajes reales.

En cualquier caso, los corsarios procedían de familias o comunidades relacionadas con el mar que, con frecuencia, se habían dedicado durante generaciones a oficios como el corso, el comercio, el transporte y el correo por vía marítima. Como un botón de muestra, la historiadora evoca en su libro algunas biografías envueltas en la leyenda como la del citado Amaro Pargo (Tenerife, 1678-1747) que llegó a amasar una fortuna en el contexto de la guerra de Sucesión y de sus servicios a la Corona española de Felipe V.

Así lo describe Vera Moya en Reyes del corso. “Más allá del rigor histórico —escribe—, la vida de Amaro sigue envuelta en la leyenda popular por lo que, a siglos de su muerte, todavía se habla de un tesoro de plata, joyas, porcelanas, perlas y otras piedras preciosas que se cree enterró en los alrededores de su morada en San Cristóbal y, entre otras cosas, aún se romantiza su relación o enamoramiento prohibido con cierta monja mística de un convento, así como el nunca existente encuentro con el pirata Barbanegra”. Así pues, habrá que concluir que las infinitas tramas de novelas o filmes que giran en torno a la búsqueda de un tesoro tuvieron su base en corsarios de carne y hueso.

Preparados para el capitalismo

Al margen de las leyendas, lo cierto fue que los principales corsarios derivaron en comerciantes que alumbraron el capitalismo y se convirtieron en magníficos perros guardianes de la economía colonial que generaban las posesiones en América. El imperio español, por tanto, actuó al rebufo de las experiencias de otras potencias europeas. “En aquellos tiempos de finales del XVII y principios del XVIII, los Estados modernos se regían por una economía global mercantilista en la que el comercio, el saqueo y la depredación eran parte integral de los procesos bélicos”, relata esta experta en historia marítima con una trayectoria académica repartida entre México y España.

Ese mercado abrió el camino “para que los privados buscaran asociarse y formalizar compañías para realizar comercio y corso. Un ejemplo claro fue el surgimiento de las compañías comerciales-militares de las Indias Orientales y Occidentales: primero la británica, seguida de la neerlandesa, francesa y danesa y, más tarde, la española, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y otras menores”. “A través de estos monopolios capitalistas, las monarquías buscaban compensar los elevados costes de las expediciones de ultramar y avanzar en la apropiación de rutas comerciales y territorios. Por ello, con este fin contaban con facultades para realizar corso de guardacostas”, explica.

Adiós al carisma

En realidad, lejos de las mitificaciones del cine y del maniqueísmo de las visiones más conservadoras de la Historia, los corsarios españoles fueron perdiendo su aureola aventurera y ganando su perfil de armadores, empresarios y comerciantes. Los corsarios y piratas con la pata de palo, el parche en el ojo y la crueldad como táctica pasaron a mejor vida. Hasta tal punto aumentaron su poder económico y militar que España se convirtió en la última potencia en arriar la bandera corsaria ya en el año 1904 y tras la guerra con Estados Unidos de 1898.

“Se trata sin duda, de una ironía si consideramos la resistencia predominante en España a admitir que el corso fue una parte fundamental de las políticas marítimas de la Corona española. Resulta aún más paradójico que ante la tendencia a señalar como corsarias a naciones como Inglaterra o Francia, fueran precisamente estas las primeras en comprometerse a no otorgar más patentes de corso a través de la declaración de París de 1856, la misma que dio fin a la guerra de Crimea”, afirma Moya.

Fiel a su idea divulgativa de no caer en maniqueísmo con su ambicioso y muy documentado libro, Vera Moya ha rescatado la importancia del corso español al servicio de la monarquía hispánica en toda su complejidad. “La historia de los corsarios nos enseña mucho del exceso de ambición, de la codicia, de la brutalidad, incluso de la traición y la envidia, pero también nos habla del esfuerzo, el valor, la inteligencia, perseverancia, cooperación, adaptación y supervivencia”, concluye.

El 10 de julio de 2003 llegaba a los cines de gran parte del mundo Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra, la primera película de la que saga exitosa de Disney que comenzaba su andadura en los cines españoles un mes después, el 12 de agosto de ese mismo año, con una aventura protagonizada por Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley o Geoffrey Rush, entre otros.

La primera entrega de la saga de Piratas del Caribe se convirtió en todo un éxito con más de 650 millones de dólares recaudados a nivel mundial y lo que se planteó en un principio como una trilogía acabó convertido en una saga de, por el momento, cinco largometrajes.

De una atracción de Disneyland a la saga de películas de Piratas del Caribe

Pero antes de que Jack Sparrow y el resto de elenco de personajes llegarán al cine fueron tan solo una parte de Disneyland, siendo uno de los últimos proyectos que supervisó el propio Walt Disney en 1964 cuando tuvo la idea de convertir lo que se suponía que iba a ser un museo en una atracción divertida.

Fue en la década de los 90 cuando los guionistas Ted Elliott y Terry Rossio tuvieron la idea de convertir la serie de atracciones de Piratas del Caribe de los parques temáticos Disney en una película, a la que querían añadir tintes sobrenaturales y en la que llegó a estar interesada en dirigir Steven Spielberg, quien plantearía a Robin Williams como Jack Sparrow.

En aquel entonces, la idea no prosperó y quedó apartada hasta que fue recuperada a comienzo de los 2000 por el productor Jerry Bruckheimer, quien encargó primero un guion a Jay Wolpert, pero al no estar contento con el resultado volvió a confiar en Elliott y Rossio para trabajar junto a Stuart Beattie para elaborar la historia definitiva que se convertiría en Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra.

El director escogido fue Gore Verbinski, quien mezcló con éxito la tecnología actual para contar una historia tradicional de piratas, con sus elementos más característicos, que tomó también el carácter cómico que tenía la atracción en los parques temáticos, en los que algunos personajes tienen ese tinte en su representación.

Uno de los detalles que enlaza las películas con las atracciones es la canción Yo-Ho (A Pirate Life for Me), que suena tanto en ellas como en los largometrajes, de hecho, es la primera que se escucha en el comienzo de La maldición de la Perla Negra y aparece en varias de ellas, estableciendo un nexo reconocible.

La historia de la atracción de Piratas del Caribe en Disneyland

La atracción de Piratas del Caribe comenzó en 1967 en el Walt Disney World Resort de California, en la zona de New Orleans Square, y que entonces acabó siendo un recorrido en bote por el interior de un edificio decorado con temática pirata, paisajes y personajes, que representan escenas de la historia de la piratería.

El ingeniero Marc Davis fue el encargado de hacer realidad el planteamiento de Walt Disney en entretenimiento que tenía pensado después de que este acudiera en 1964 a la Feria Mundial de Nueva York y ver las posibilidades que podía alcanzar este nuevo proyecto.

Walt Disney no llegaría a ver finalizada la atracción por su fallecimiento en 1966, pero fue uno de los últimos proyectos en los que estuvo vinculado, al cambiar el primer planteamiento de un museo de la historia pirata a lo que es en la actualidad y que sirvió de germen para una de las sagas exitosas de no animación del estudio.

Actualmente la atracción de Piratas del Caribe se encuentra en los cinco parques temáticos que Disney tiene repartidos a lo largo del mundo, en Anaheim, Orlando, Tokio, París y Shanghái, siendo está última la única que ha sido abierta después de que tuvieran lugar las películas en 2016 y por lo tanto tiene referencias directas a ellas desde el principio.

Durante el llamado Siglo de Oro de la piratería, el Caribe se convirtió en un tablero estratégico en el que se enfrentaban imperios, comerciantes y corsarios. Entre nombres como Barbanegra o Calico Jack, dos figuras femeninas rompieron las normas de género y desafiaron el orden establecido: Mary Read y Anne Bonny. Su historia ha sobrevivido gracias a fuentes como A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pyrates, publicado en 1724 y atribuido al escritor Charles Johnson, obra que recopila testimonios judiciales y relatos contemporáneos de quienes las conocieron.

Criada como un hijo varón

Según dicho libro, Mary Read nació en Inglaterra alrededor de 1685. Su madre, para evitar perder una pensión familiar tras la muerte de su hijo legítimo, decidió criarla como si fuera un niño. Esta identidad masculina, adoptada inicialmente por necesidad, le permitió acceder a espacios vetados para las mujeres. Así, Mary pudo trabajar como paje y posteriormente alistarse en el ejército, donde combatió durante la Guerra de Sucesión Española (1701–1714). Según el mismo relato, allí se enamoró de un compañero de armas, reveló su verdadera identidad y se casaron, retirándose juntos para abrir una posada en Flandes.

Al fallecer su marido, Mary retomó su antigua identidad masculina y embarcó hacia el Caribe, según recoge también el historiador David Cordingly en su obra Seafaring Women (2001), uno de los estudios más completos sobre mujeres en la historia naval.

Del ejército al abordaje

Durante el viaje, el barco en el que viajaba fue capturado por piratas. En lugar de resistirse, Mary optó por unirse a ellos voluntariamente. Así comenzó su vida como pirata, bajo el mando de John “Calico Jack” Rackham, un conocido capitán que operaba en las aguas del Caribe. Fue en esa etapa cuando conoció a Anne Bonny, también mujer y también disfrazada de hombre para combatir.

Ambas se ganaron rápidamente una reputación de ferocidad. En el General History, Johnson describe que “luchaban con más valentía que muchos hombres a bordo” y que solo revelaban su sexo cuando era necesario. Laura Sook Duncombe, autora de Pirate Women (2017), destaca que Read y Bonny rompieron no solo las leyes del mar, sino también las normas sociales de su época, ejerciendo un rol activo y visible en una esfera reservada casi exclusivamente a los hombres.

Captura y juicio

El final llegó en octubre de 1720, cuando la embarcación de Rackham fue capturada por las autoridades coloniales británicas cerca de Jamaica. El juicio se celebró en Spanish Town, y la mayoría de la tripulación fue condenada a muerte. Mary Read y Anne Bonny invocaron la llamada “plead the belly”, una cláusula legal que protegía a mujeres embarazadas de la ejecución inmediata. Se les concedió una prórroga de la pena.

Según los registros del juicio, recopilados en los Jamaica Records y citados en obras académicas como Pirates and Privateers (Marley, 2010), Mary Read murió en prisión pocos meses después, probablemente de fiebre, en abril de 1721. No se conserva información oficial sobre el hijo que esperaba ni sobre una ejecución formal. Anne Bonny, por su parte, sobrevivió, aunque su destino posterior sigue siendo desconocido.

Más que piratas

La historia de Mary Read y Anne Bonny ha trascendido el relato folclórico para convertirse en objeto de estudio histórico y feminista. Ambas figuran en los archivos del juicio y en crónicas de la época como ejemplos singulares de mujeres que rompieron las barreras de clase, género y legalidad. Historiadores como Marcus Rediker (Villains of All Nations, 2004) destacan cómo su presencia en la piratería visibiliza las fisuras del orden colonial, y cómo incluso estructuras criminales como estas ofrecían márgenes insólitos de agencia para mujeres en el siglo XVIII.

Más allá de la leyenda, Mary Read fue una figura real que tomó las armas, desafió el sistema y vivió, aunque brevemente, en los márgenes del poder establecido. Su historia, como la de tantas mujeres olvidadas por los grandes relatos, sigue interrogando a quienes escriben la historia del mar y de la resistencia.

En España, cada fin de semana, miles de webs legítimas y servicios digitales sufren problemas de acceso mientras los partidos de fútbol de primera y segunda división están en juego. Se trata de un efecto secundario de la estrategia antipiratería de LaLiga, que se las lleva por delante en un intento de cortar las retransmisiones ilegales de los encuentros por Internet. Una situación que se extiende desde principios de 2025 y que ahora valorará el Tribunal Constitucional.

RootedCon, la asociación que organiza uno de los mayores congresos de ciberseguridad de España y que ha estado personada en las acciones judiciales contra los bloqueos, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal. Su objetivo es paralizar el auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a LaLiga a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren grandes paquetes de datos que circulan por Internet si se detectan retransmisiones ilegales entre ellos.

“Dicha resolución judicial ignora de manera sorpresiva los argumentos planteados en nuestros recursos, en los que hacíamos referencia directa a los derechos fundamentales, a la tutela judicial efectiva y las libertades de expresión e información, amparados por la Constitución”, explica la asociación. “La negativa del juez a valorar estos derechos elementales deja en evidencia una preocupante deriva autoritaria en el uso de medidas judiciales para censurar y criminalizar el acceso a internet bajo pretextos difusos y generalistas”, protestan.

El recurso también solicita el establecimiento de medidas cautelares para que los bloqueos se detengan cuanto antes. No obstante, dada la inminente conclusión del campeonato (24 de mayo, en el caso de la primera división; y 22 de junio, para la segunda división), estas medidas corren el riesgo de no entrar en vigor antes de la próxima temporada.

Según los cálculos de los usuarios afectados, el número de dominios .com, .net y .org que fueron desactivados en algún momento por la maniobra antipiratería de LaLiga este fin de semana, en el que los bloqueos se intensificaron por el Barça-Madrid, ascendió a 2,7 millones. Una página web que permite a los afectados informar de las pérdidas que estos bloqueos han supuesto para sus negocios cifra estos perjuicios en unos 266.000 euros.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este atropello. Las medidas adoptadas, sin transparencia, sin proporcionalidad y sin garantías adecuadas, representan un precedente extremadamente peligroso para los derechos digitales de la ciudadanía y el ecosistema tecnológico español”, insisten desde RootedCON.

elDiario.es ha contactado con LaLiga para incluir su posicionamiento en esta información, pero la patronal del fútbol no ha contestado al requerimiento. En anteriores declaraciones, tanto LaLiga como su presidente, Javier Tebas, han defendido que los bloqueos no son “indiscriminados” ni afectan a tantas páginas como algunos usuarios quieren hacer creer.

Desde LaLiga respetan la decisión de la asociación pero recuerdan que el Juzgado de Barcelona que ha llevado el caso “ya desestimó íntegramente las solicitudes de nulidad” presentadas hace unos meses, “no apreciando la existencia de vulneración de derechos fundamentales algunos”. “Dicha resolución reafirmaba que la acción ejercitada se ajusta a derecho, y está amparada por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y servicios de la sociedad de la información”, recalcan fuentes oficiales de la patronal del fútbol. 

“La resolución judicial está perfectamente fundada conforme a derecho, dejando claro además que los solicitantes carecían de legitimación para invocar los derechos que decían ostentar”, continúa LaLiga, que dice que se mantendrá “firme en su compromiso contra el fraude audiovisual para proteger los derechos audiovisuales de la competición, su sostenibilidad y la de los clubes de fútbol, así como la industria del deporte y del entretenimiento”.

Los bloqueos llegan también al Congreso

La situación ha llegado esta semana al Congreso. El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado una iniciativa para pedir al Gobierno que intervenga para “poner freno” a las prácticas de LaLiga, calificándolas de “abusivas y sin control” tras provocar la caída de “miles de webs totalmente legítimas”.

“El Gobierno debe de tomar cartas en el asunto ante los reiterados bloqueos a miles de páginas web porque, si no lo hace, implica un abandono de sus funciones dejándolas en manos privadas que obran en su propio beneficio y sin control”, ha reclamado Rego.

“Es incomprensible que empresas privadas puedan bloquear sitios web. La autorización judicial es absurda en este momento, pero ni siquiera se respeta”, afirma el diputado del BNG, recordando que dicha orden estipula que los vetos a la piratería deben realizarse “sin perjuicio de terceros”.

¿Cómo funcionan los bloqueos de LaLiga?

La estrategia de bloqueo de LaLiga se basa en cortar el acceso a direcciones IP completas cuando detecta retransmisiones ilegales de fútbol. En lugar de bloquear páginas específicas, solicita a los operadores de telecomunicaciones que censuren directamente esas IPs, con autorización judicial. El problema es que muchas de esas direcciones están asociadas a servicios CDN (Content Delivery Network), empresas legítimas que agrupan miles de webs bajo una misma IP para optimizar el tráfico y mejorar su protección ante ciberataques.

Al bloquear una IP compartida, se desconectan también webs totalmente legales, afectando a negocios y servicios que nada tienen que ver con la piratería.

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Esta información se ha actualizado con la respuesta oficial de LaLiga al recurso de amaparo de RootedCON, enviada tras su publicación inicial.

Día de partido, día de interrupciones en el servicio y bloqueos de miles de páginas web y plataformas digitales. Es la nueva normalidad de las redes españolas desde comienzos de 2025, cuando la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) empezó a hacer valer una resolución judicial que le permite pedir a las operadoras que censuren grandes paquetes de contenido digital para intentar frenar las retransmisiones ilegales. Una normalidad que se agravó aún más este fin de semana, coincidiendo con el partido que enfrentó al Fútbol Club Barcelona contra el Real Madrid en el estadio de Montjuïc.

Este nuevo barrido produjo fallos en la red social X, en la plataforma de pagos online Redsys o en portales oficiales de instituciones públicas como el del Ayuntamiento de Madrid, han denunciado sus usuarios, que se suman a los miles de páginas que sufren estos bloqueos de manera recurrente cada fin de semana. Según los últimos análisis de los afectados, ya son más de 15.000 las IP que las operadoras españolas han bloqueado a petición de la organización que dirige Javier Tebas.

Otra de las que sufrieron la acción y provocaron a su vez una cascada de caídas en cadena fue Vercel, una empresa que ofrece servicios para publicar páginas web, muy usada por desarrolladores y empresas de toda índole. “Una organización de fútbol no debería tener la capacidad de bloquear ampliamente el acceso a la infraestructura de Internet a millones de clientes españoles a través de los principales proveedores de servicios de Internet”, ha denunciado Guillermo Rauch, director ejecutivo de Vercel, a través de X.

Rauch ha revelado que su empresa llevaba semanas trabajando con LaLiga para intentar impedir que los bloqueos indiscriminados se llevaran por delante las webs de sus clientes. Para ello “ha habilitado un buzón de correo específico para que LaLiga envíe denuncias” y llevar a cabo desconexiones que afecten solo a las presuntas retransmisiones ilegales. Sin embargo, la patronal del fútbol obvió ese método acordado con Vercel y volvió a tumbar un paquete de contenidos de la compañía durante el Barça-Madrid.

elDiario.es se ha puesto en contacto con LaLiga, que ha evitado posicionarse al respecto de los bloqueos de este fin de semana. En anteriores declaraciones, tanto la organización como su presidente han negado que estos sean indiscriminados o que afecten a servicios legales. “A mí no me han presentado ninguna página web que haya sido bloqueada y que haya impedido a miles de usuarios acceder a servicios legítimos. Las únicas quejas que recibimos son de personas muy especializadas en tecnología, a las que podríamos llamar frikis”, afirmó Tebas en febrero en declaraciones a The Objective.

“No he visto el fútbol en mi vida. Ni a este señor. ¿Qué distopía es esta? ¿Qué tiene en la cabeza el juez que ha escrito esa sentencia? ¿Así de desamparados estamos los españoles?”, reaccionaba este sábado Jaime Gómez-Obregón ante un vídeo con las citadas declaraciones de Tebas. Gómez-Obregón, ingeniero y activista por la transparencia y la rendición de cuentas del sector público a través de herramientas digitales, resultó ser uno de los afectados de los bloqueos indiscriminados de LaLiga por el Barça-Madrid.

“Mis sitios web —y muchos miles más— están bloqueados en España cuando hay fútbol”, señalaba el activista: “¡Un fuerte aplauso al Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, a Telefónica y a todos los inútiles guionistas de este astracán, que tratando de mitigar un problema han creado otro mucho mayor!”.

Una polémica decisión judicial

La clave de la maniobra antipiratería de LaLiga es apuntar contra un cuello de botella de Internet. Cortándolo se pueden cortar las retransmisiones ilegales de fútbol, pero también tumbar miles de webs legales en el proceso. Todo se basa en una parte fundamental de la infraestructura de Internet: las redes de distribución de contenido, conocidas como CDN, por sus siglas en inglés (Content Delivery Network).

Un CDN es un sistema de servidores distribuidos por todo el mundo que tiene como objetivo acelerar la entrega de contenido en Internet. Cuando se accede a una página web, se reproduce un vídeo o se descarga un archivo, es probable que el contenido no venga directamente del servidor donde fue publicado originalmente, sino desde un nodo de un CDN cercano al usuario. Esto reduce la latencia, mejora la velocidad de carga y evita congestiones, además de mejorar la protección ante ciberataques.

Muchos servicios CDN, para simplificar la entrega y escalar globalmente, agregan muchísimos sitios web bajo una misma dirección IP. Es un modelo legal, eficiente y muy común. El problema es que una resolución judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona ha permitido a LaLiga solicitar bloqueos directamente contra direcciones IP, no contra páginas web ni contenidos específicos. Es decir, si detectan que una retransmisión ilegal se está haciendo desde una IP concreta, pueden pedir a las operadoras que bloqueen esa dirección.

Si esa dirección corresponde a un servicio CDN como el que proporcionan empresas como Vercel, la medida implicará la censura de cientos o miles de webs que compartan IP con esa retransmisión ilegal.

LaLiga, de hecho, lanzó una cruzada contra Cloudflare, una de las mayores empresas de CDN del mundo, acusándola de ser cómplice y amparar la piratería. “No puede ser que el negocio de Cloudflare se base en proteger a empresas legítimas mientras, al mismo tiempo, sirve de escudo para quienes roban propiedad intelectual, distribuyen pornografía infantil o cometen estafas. Ese no puede ser el modelo de negocio. La libertad de Internet no puede ser una excusa para permitir que se ataque a todo el mundo con una pistola”, ha denunciado Tebas.

Cloudflare, una multinacional radicada en EEUU, acudió al Juzgado que emitió el auto que permite los bloqueos de LaLiga para pedir la anulación de la orden. Sin embargo, el juez desestimó esa aspiración en marzo. Asegura el magistrado que “no se acredita” que “se haya producido perjuicio alguno” contra terceros que justifique la rectificación de su decisión.

“La orden del tribunal se basa en el hecho de que Cloudflare no estaba directamente sujeta a la orden de bloqueo, sin abordar la interferencia significativa en los servicios de Cloudflare y los daños a consumidores inocentes, sitios web y empresas causados por los esfuerzos de bloqueo de LaLiga”, explicó la multinacional, que se mostró “decepcionada” por la decisión del juez y anticipó que aún no ha dicho su última palabra a nivel judicial.

Peces cada vez mayores

La reclamación de Cloudflare no fue la única que llegó a instancias del juez titular del tribunal de Barcelona. RootedCON, la empresa que organiza uno de los principales congresos de ciberseguridad de España, también presentó una solicitud de nulidad. Desde que se produjo la desestimación la situación respecto a la censura de webs legales no ha hecho más que empeorar, denuncia Omar Benbouazza, director de comunicación de RootedCON.

“Parece que el partido FC Barcelona - Real Madrid ha tenido un impacto mayor que semanas anteriores, pero es cierto que cada semana va en aumento. Sigue la tendencia que hemos estado viendo”, explica a elDiario.es: “Cada vez hay más empresas que ven sus servicios afectados, y ya no son pequeñas empresas que tienen sus servicios tras Cloudflare. Importantes start-ups están quejándose de la situación”.

En teoría, el fallo inicial del juez prohibía a LaLiga llevar a cabo ninguna medida que provocara daños a terceros. Sin embargo, la realidad muestra que los bloqueos están afectando a empresas cada vez mayores, como refleja Benbouazza, así como a webs oficiales como la de la RAE, que también quedó desconectada en las últimas semanas. Los problemas sufridos por Redsys, que la compañía de pagos ha confirmado a elDiario.es, representan justo el ejemplo de interrupción que Tebas aseguró que no se produciría.

La plataforma de comercio electrónico Palbin.com ha abierto una página para calcular las pérdidas totales en los negocios de los afectados por los bloqueos, que contabiliza —desde abril— más de 250.000 euros.

El Juzgado de lo Mercantil nº6 de Barcelona ha desestimado el intento de la multinacional estadounidense Cloudflare de ilegalizar la última maniobra antipiratería de LaLiga. Esta consiste en bloquear el acceso a parte de los servicios de la empresa cuando detecta que estos se prestan también a webs que retransmiten fútbol pirata, una estrategia que impedía el acceso a muchas otras páginas legítimas que no tienen relación esta práctica.

El juez señala que “no se acredita” que “se haya producido perjuicio alguno” que pueda sustentar la retirada del permiso judicial en el que LaLiga se basa para llevar a cabo esos bloqueos, según un comunicado que ha distribuido la patronal del fútbol español. La organización dirigida por Javier Tebas, no obstante, ha rechazado proporcionar el auto completo a petición de elDiario.es.

A la causa de Cloudflare se había unido RootedCON, la empresa encargada de la organización de una de las principales convenciones de ciberseguridad de España. “El juez ha desestimado nuestra solicitud (y la de Cloudflare) de forma sorprendente, permitiendo que LaLiga continúe bloqueando, a su antojo, sitios web y direcciones IP que no guardan relación alguna con la piratería”, ha expresado RootedCON.

“No comprendemos la decisión del magistrado, ya que asumíamos que no se le había proporcionado toda la información necesaria para dictar sentencia. Lamentablemente, ahora ha quedado claro su papel”, ha añadido la organización.

Cloudflare, por su parte, también ha expresado su “decepción” con la decisión del Juzgado. “La orden del tribunal se basa en el hecho de que Cloudflare no estaba directamente sujeta a la orden, sin abordar la interferencia significativa en los servicios de Cloudflare y los daños a consumidores inocentes, sitios web y empresas causados por los esfuerzos de bloqueo de LaLiga. Cloudflare está evaluando los próximos pasos en este litigio”, adelanta la multinacional estadounidense.

LaLiga ha entroncado su estrategia de bloqueos en base a una orden judicial que le permite solicitar a los operadores de telecomunicaciones el bloqueo de direcciones IP asociadas con retransmisiones no autorizadas. Esta aprovecha el cuello de botella digital que representa Cloudflare, que proporciona esas direcciones IP y funciona como un intermediario que ayuda a las páginas web a mejorar su rendimiento y seguridad. Impidiendo el acceso a las direcciones IP de Cloudflare, LaLiga logra interrumpir los partidos piratas, pero también tumba servicios legales, como cientos de usuarios se han quejado en las redes sociales desde que comenzó la ofensiva, a principios de febrero.

“Esta sentencia supone un nuevo paso firme en la consolidación de un entorno digital más justo y legal para los creadores y titulares de derechos en España”, ha celebrado LaLiga, que destaca que su acción “se ajusta a derecho y está amparada por la legislación vigente”.

Nueva polémica por una maniobra antipiratería de LaLiga. Desde comienzos de febrero, durante la emisión de los partidos de fútbol en España, los usuarios denuncian que miles de páginas web quedan inaccesibles. El motivo es que la organización que dirige Javier Tebas ha conseguido la autorización para bloquear grandes paquetes de contenido digital, entre los que se encuentran retransmisiones ilegales de los encuentros, pero también servicios legales que se convierten en daños colaterales de los intereses de LaLiga cada vez que el balón echa a rodar.

Fuentes de la patronal del fútbol aseguran que estos bloqueos tienen amparo en una orden judicial, aunque se han negado a suministrarla ante las peticiones de este medio. Así mismo, evitan aclarar si este tipo de interrupciones masivas pasarán a ser habituales. Los problemas de acceso comenzaron en la jornada del 2 y 3 de febrero, pasaron a ser masivos una semana después, coincidiendo con el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, se han repetido este martes y el miércoles, durante los partidos de competiciones europeas, se quejan los afectados.

Matar al mensajero

La nueva táctica de LaLiga para acabar con las retransmisiones pirata tiene como objetivo a Cloudflare y se basa en matar al mensajero de los contenidos. Aprovechar un cuello de botella de Internet para cortarlo, caiga quien caiga.

Cloudflare es una CDN (Red de Distribución de Contenidos, por sus siglas en inglés), uno de esos servicios de los que depende el correcto funcionamiento del Internet global, pero que son desconocidos para el gran público. Las CDN actúan como intermediarios entre el usuario y las páginas web y aplicaciones, ayudando a estas últimas a llegar más rápido a los usuarios independientemente de dónde se encuentren sus servidores, reduciendo la posibilidad de caídas del servicio y protegiéndolas de ciberataques, redes de bots y otros tipos de tráfico malicioso.

En Cloudflare, en concreto, es una de las tres CDN más grandes del mundo. Más de 160.000 webs y servicios digitales españoles la utilizan. En todo el mundo son más 28 millones. LaLiga alega que entre ellas hay algunas que se usan para hacer retransmisiones ilegales, por lo que ha exigido a los proveedores de Internet que bloqueen a los usuarios el acceso a direcciones IP públicas de Cloudflare durante los partidos, lo que en la práctica hace inaccesibles miles de webs legales que utilizan su CDN, entre los que se encuentran desde pequeñas páginas de pymes hasta servicios críticos.

Aunque Cloudflare es la más afectada, la medida también se ha dirigido contra Google, que también ofrece servicios CDN. “Google, Cloudflare, VPNs y otros agentes involucrados en el consumo de piratería adquieren responsabilidad de las actuaciones ilegales que están permitiendo y de las cuales se lucran. LaLiga, amparada por la justicia, no se detendrá en la defensa del fútbol y los intereses de sus clubes ante actuaciones criminales vinculadas al fraude audiovisual y su blanqueo”, ha afirmado la patronal del fútbol en un comunicado.

Cómplices de piratería

En contacto con elDiario.es, fuentes oficiales de Google no han querido posicionarse sobre las manifestaciones de LaLiga, remitiéndose a sus medidas contra la piratería. Cloudflare, en cambio, ha afeado abiertamente que la organización dirigida por Javier Tebas sabía que sus acciones equivalían a apagar buena parte del Internet español durante los bloqueos, pero que decidieron apretar el botón rojo igualmente.

“Aunque LaLiga comprendía claramente que el bloqueo de direcciones IP compartidas afectaría a los derechos de millones de consumidores a acceder a cientos de miles de sitios web que no infringen la ley, LaLiga siguió adelante con dicho bloqueo”, expone la compañía en un comunicado remitido a este medio: “Esto parece reflejar una creencia errónea de que sus intereses comerciales deben prevalecer sobre los derechos de millones de consumidores a acceder a Internet”.

No obstante, la clave está en otra parte de su comunicado, en la que explica cómo organiza su servicio. “Como prácticamente todos los grandes proveedores de servicios en la nube, Cloudflare utiliza direcciones IP compartidas para gestionar su red, lo que significa que se puede acceder a miles de dominios con una única dirección IP”, detalla. Esta práctica es la que a juicio de Tebas coloca a la compañía como cómplice de la piratería.

LaLiga dice que la compañía digital “se lucra con conocimiento de causa de las actividades ilegales relacionadas con la piratería de deportes en directo y otros delitos, como la estafa o fraude, ya que usa a sus clientes legales como escudo digital para proteger a organizaciones criminales y mafias”. Para la patronal, Cloudflare utiliza el agrupamiento de direcciones IP para proteger las webs ilegales y seguir cobrándoles por sus servicios.

Cloudflare es una compañía cuyos ingresos superan los 1.500 millones de euros al año. A pesar de la polémica suscitada por la acción de LaLiga, sus acciones han subido un 12% esta semana. “LaLiga no se posiciona en contra del acceso libre a internet, sino que solicita medidas y lleva a cabo acciones controladas contra compañías u organizaciones que se lucran de actos ilegales y delictivos utilizando a empresas legales como escudo digital”, insisten desde la patronal del fútbol español.

Indignación general

Las explicaciones de LaLiga no han convencido a casi nadie. Afectados y organizaciones de defensa de usuarios y consumidores claman contra la acción que se ha llevado por delante miles de servicios legales, así como contra los operadores de Internet que han llevado a cabo el bloqueo indiscriminado. En este momento, los clientes más afectados son los de Movistar, Digi y O2.

“Es una bravuconada de matón de colegio”, denuncia Rafael López, experto en ciberseguridad y jefe de Tecnología de la firma española Miolnir. “Bloquear los rangos de IPs de Cloudflare, de Google y de determinados sitios de VPN, eso realmente es matar moscas a cañonazos y una barbaridad a nivel técnico. Es como cortar una autovía entera solo porque a veces pasan coches que llevan droga”, continúa.

El especialista, uno de los afectados por los bloqueos, coincide en que Cloudflare “podría hacer más de lo que hace” para impedir que los ciberdelincuentes utilicen sus servicios. “Existe la duda, a nivel técnico, de si los piratas y los cibercriminales son muy buenos haciendo lo suyo, o si Cloudflare es muy lenta en eliminarlos porque mientras van teniendo un beneficio económico. Es cierto que podrían hacer mucho más y que los malos prefieren a Cloudflare antes que otras CDN”, destaca.

“Sin embargo, lo que también es cierto es que de esto hay evidencias desde hace mucho, pero no se ha hecho nada hasta que han tocado al fútbol”, afea: “Cuando eso causaba perjuicios económicos a empresas y ciudadanos de todo el mundo nadie hacía nada, pero ahora que toca el negocio de LaLiga, se permite el bloqueo de miles de webs para impedirlo”.

Rubén Sánchez, de Facua, apunta directamente a Movistar y los operadores que han llevado a cabo el bloqueo. “Creemos que lo que ha hecho Movistar es una gran chapuza en la que para perseguir la piratería se carga a gente que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad al respecto, cercenando la libertad de información y la libertad de expresión”, denuncia ante elDiario.es.

En este sentido, desde Movistar señalan a este medio que “como operador”, cumplen “cualquier tipo de orden judicial recibida frente a contenidos ilícitos”. En el mismo sentido se expresan fuentes oficiales de Digi. No obstante, rechazan suministrar esa orden judicial ante la petición de elDiario.es.

Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, avanza que su organización está valorando presentar una queja conjunta ante el Ministerio de Economía por lo ocurrido. “Los juzgados deberían detallar en las órdenes de bloqueo que les permite la ley, cómo se debe realizar, cómo se debe ejecutar esa orden y quiénes pueden o no pueden verse afectados”, destaca. Algo que, señala, no está ocurriendo en esta ocasión, con cientos de miles de perjudicados y una orden judicial para justificarlo que no ha salido a la luz.

Piratas informáticos de China han logrado penetrar en los sistemas informáticos de decenas de empresas de telecomunicaciones de todo el mundo, una brecha de seguridad que los especialistas en ciberataques de Microsoft han bautizado como Salt Typhoon. Los ciberdelincuentes han conseguido un acceso sin precedentes. Además de ver quién enviaba mensajes de texto a quién, o quién hacía llamadas de teléfono a quién, y cuándo, lograron algo mucho más difícil de lograr en cualquier ciberataque: acceder al contenido de algunos mensajes.

El ciberataque afectó a tres de las principales empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos. Interceptaron comunicaciones de autoridades del Gobierno, en Washington DC, y pudieron acceder a registros de navegación por Internet en poder de esas mismas empresas de telecomunicaciones. Los piratas informáticos intentaron, y es posible que lo hayan conseguido, piratear el teléfono de Donald Trump y de JD Vance, así como los del personal de campaña de Kamala Harris.

Incluso el programa de escuchas telefónicas de Estados Unidos ha sido violado, donde accedieron a registros de llamadas almacenadas. “El peor pirateo de las telecomunicaciones en la historia de nuestro país”, dijo un senador de Estados Unidos. En la misma semana, la gigante británica de telecomunicaciones BT comunicó que había esquivado “un intento de comprometer” su servicio de conferencias.

En ocasiones bajo el nombre de FamousSparrow, el grupo de piratas lleva activo desde el año 2020. Según la empresa de ciberseguridad Eset, ha atacado a organizaciones gubernamentales de Israel, Arabia Saudí, Brasil, Canadá, Guatemala y Burkina Faso. Los hoteles son su otro objetivo favorito y contra ellos ha lanzado ataques incluso más agresivos que contra los gobiernos. El grupo ha acosado los sistemas informáticos de hoteles en todos los países mencionados, robando sus datos. También en hoteles del Reino Unido, Francia, Lituania y Taiwán.

Según los servicios de espionaje de Estados Unidos, la brecha Salt Typhoon lleva abierta entre uno y dos años. Investigadores independientes de ciberseguridad y analistas estadounidenses atribuyen el ciberataque al gobierno de China en Pekín, que niega estar involucrado.

Los asesores de seguridad nacional de Estados Unidos están pidiendo a sus empleados que no usen aplicaciones de SMS tradicionales, y que hagan todas sus comunicaciones por aplicaciones de mensajería cifrada como Signal, WhatsApp y FaceTime. Es un buen consejo. Las agencias de seguridad de Australia, Nueva Zelanda y Canadá han emitido advertencias similares.

¿Es este pirateo parte de una respuesta más elaborada y coordinada en la escalada entre China y Estados Unidos por la guerra comercial de los chips? Este lunes, Pekín abrió una investigación contra Nvidia por monopolio. La semana pasada, las autoridades chinas prohibieron la exportación a Estados Unidos de minerales esenciales en la fabricación de semiconductores, como el galio y el germanio. Y a principios de año, Estados Unidos prohibió la venta a China de los chips más avanzados.

Con su poder regulador sobre Nvidia, TSMC y otras fabricantes de semiconductores, Washington busca mantener una ventaja geopolítica con la inteligencia artificial (no es posible crear buenos modelos de inteligencia artificial sin chips potentes). China está en desventaja porque no es capaz de copiar a Nvidia ni de destronarla, ¿significa eso que el pirateo fue una respuesta de China? Es posible, pero piratear redes de telecomunicaciones no parece tan relacionado con la industria de los semiconductores como para hacer llegar el mensaje: 'Dadnos vuestros chips o si no...'.

Si Pekín hubiera pirateado el teléfono de Jensen Huang [el CEO de Nvidia], eso sí habría sido un paso y un salto a más represalias en la guerra comercial. Para mí, lo de Salt Typhoon solo es espionaje a la antigua usanza.

El veto a TikTok privaría de derechos a los estadounidenses, pero se mantiene

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó el viernes que se mantiene el proyecto de ley para vetar a TikTok en EEUU o forzar a su venta. La empresa de redes sociales ha dicho que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo.

Este es el informe de mi colega Dara Kerr, que esta semana empezó a trabajar para The Guardian:

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el viernes que se mantiene la ley que obliga a la inmensamente popular empresa de redes sociales a vender sus activos a una compañía no china para evitar su prohibición total en el país. La decisión es el último giro en una batalla que lleva años librándose entre el gobierno de EEUU y ByteDance, la dueña de TikTok con sede en China. El plazo para vender la aplicación TikTok vence el 19 de enero. Si no cumple, ByteDance tendrá que enfrentar su prohibición en el país.

“Los millones de usuarios de TikTok tendrán que encontrar medios alternativos de comunicación”, dijo el juez Douglas Ginsburg. “Esa molestia es atribuible a la amenaza comercial híbrida [de China] a la seguridad nacional de Estados Unidos, no al gobierno de Estados Unidos, que durante varios años buscó junto a TikTok una forma de encontrar una solución alternativa”.

TikTok presentó el lunes un recurso de urgencia contra la prohibición y un comunicado expresando su confianza en un fallo del Tribunal Supremo de EEUU que “proteja la libertad de expresión”. También dijo que la ley se basaba en “información hipotética”, algo que es cierto: EEUU no ha demostrado que en TikTok haya contenidos manipulados por China. La brecha de Salt Typhoon demuestra que China es capaz de ir más allá de lo hipotético para aventurarse en actos mayúsculos de injerencia global.

La falta de pruebas con que se argumenta la prohibición/venta forzosa no es ningún secreto. Tampoco para el tribunal. “El gobierno reconoce que carece de información específica que demuestre que China ha coaccionado en el pasado, o está coaccionando ahora, a TikTok para que manipule sus contenidos en Estados Unidos. De hecho, la argumentación del gobierno se refiere al riesgo de que China manipule contenidos en la plataforma de manera encubierta”, dice el texto de la sentencia.

“La base de la ley no es que haya habido manipulación, sino el riesgo de que se produzca, la posibilidad de que se produzca”, explica la sentencia, que también se refiere a que la empresa “nunca ha negado de manera rotunda que haya manipulado contenidos en la plataforma TikTok por orden de China”.

El juez Sri Srinivasan, miembro del panel de tres jueces que dictó la sentencia, reconoció la posible merma en los derechos de expresión de los usuarios estadounidenses si la empresa no vendía TikTok y la red social tenía que cerrar en EEUU. “Muchos estadounidenses pueden perder el acceso a un medio de expresión, un lugar donde formar comunidades, y hasta una forma de generar ingresos”, escribió.

TikTok es utilizada por unos 170 millones de estadounidenses que podrían verse privados de un medio de expresión y de acceso a la información. Pero el juez Srinivasan escribió también que, en última instancia, el proyecto de ley no atentaba contra la Primera Enmienda [referida a la libertad de expresión], especificamente por la cláusula que incorpora la posibilidad de vender la red social.

“Impedir que una nación rival manipule los contenidos de manera encubierta también es atender a un interés apremiante del gobierno. Los demandantes [TikTok] objetan por dos razones, ninguna de ellas convence”, escribió Srinivasan.

¿Cuánto dinero invirtieron las tecnológicas en las presidenciales de EEUU?

Dicho de otro modo: ¿cuánto poder de influencia trataron de comprar las empresas tecnológicas? A continuación, el informe de mis colegas Lauren Aratani y Raphael Hernandes:

Silicon Valley aportó más de 230 millones de dólares [unos 219 millones de euros] a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, según un análisis del periódico The Guardian. La mayor parte viene de la donación gigantesca que Elon Musk hizo a la campaña de Donald Trump: 118 millones de dólares [unos 113 millones de euros].

En estas elecciones, los defensores de las criptomonedas se han mostrado especialmente activos en su pelea anti regulación, metiendo dinero en la elección presidencial y también en las principales elecciones al Congreso.

Las empresas tecnológicas más importantes donaron 133 millones a Trump:

- 118 millones de dólares [unos 113 millones de euros] donados por Elon Musk, dueño Tesla, de SpaceX y de X (antes Twitter). Su patrimonio neto se estima en 350.000 millones de dólares [unos 334.000 millones de euros].

- 5 millones de dólares [unos 4,8 millones de euros] de Marc Andreessen, el fundador multimillonario del fondo de capital riesgo Andreessen Horowitz (también conocido como a16z). Ben Horowitz, cofundador de a16z, apoyó primero a Trump pero luego se pasó a Harris.

- 5 millones de dólares [unos 4,8 millones de euros] de Jan Koum, el fundador de WhatsApp que hizo casi toda su fortuna en 2014, cuando vendió la aplicación a Facebook por 19.000 millones de dólares [unos 18.100 millones de euros].

Harris recibió 71 millones de dólares:

- 39 millones de dólares [unos 37,2 millones de euros] del cofundador de Facebook Dustin Moskovitz, que en 2008 abandonó la red social y creó la empresa de software para trabajo en equipo Asana.

- 17 millones de dólares [unos 16,2 millones de euros] de Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn.

- 11 millones de dólares [unos 10,5 millones de euros] de Chris Larsen, el presidente multimillonario de la empresa de criptomonedas Ripple.

Trump ya está siendo una bendición para las criptomonedas, con el bitcoin alcanzando los 100.000 dólares [unos 95.400 euros]. Para el nuevo cargo de máximo responsable en inteligencia artificial y criptomonedas de la Casa Blanca, el presidente electo ha elegido a David Sacks, ex ejecutivo de PayPal, confidente de Musk y el principal defensor de Trump en Silicon Valley.

Paul Atkins, ávido defensor de las criptomonedas y ex miembro de la SEC, será su hombre en la presidencia del organismo regulador de los mercados financieros de EEUU. No hay que esforzarse mucho para imaginar un menor escrutinio gubernamental que durante el mandato de su predecesor, Gary Gensler, crítico de las criptomonedas.

Las donaciones de campaña de la industria de las criptomonedas parecen estar generando ya importantes ganancias en el sector, tanto para los que enviaron su dinero al presidente electo como para los que no.

El Constitucional ha hecho definitiva la absolución de los fundadores del portal de descargas SeriesYonkis, poniendo fin a una batalla penal impulsada por las grandes productoras desde hace casi dos décadas. La sala segunda del tribunal de garantías ha rechazado por unanimidad el recurso que grandes compañías como Warner o la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores contra la decisión de los tribunales murcianos de absolver a los antiguos responsables de la plataforma para ver series, un caso en el que llegaron a enfrentarse a peticiones de cárcel y multas millonarias por parte de la Fiscalía por delitos contra la propiedad intelectual.

La web SeriesYonkis y su página hermana VideosYonkis abrieron hace más de 15 años y se convirtieron en la principal referencia de las páginas de descargas para ver series y películas sin acudir a las plataformas tradicionales o pagar por verlas. Los productores del sector, como sucedió con otras páginas, iniciaron entonces pleitos por la vía penal que terminaron en absoluciones: hasta 2015 la ley no sancionaba el hecho de enlazar, desde una web como SeriesYonkis, a otras webs o plataformas que permitían la descarga.

El juicio celebrado en la Región de Murcia marcó el camino a otros procesos, como el juicio en Barcelona contra los responsables de SeriesLy, y absolvió a los antiguos responsables de la página. “No existe constancia de que tuvieren conocimiento del origen ilícito de la información a la que remitían ni que la misma lesione derecho alguno”, dijeron esas primeras sentencias, y tampoco que “ninguno conociera la ilicitud de las actividad desarrollada por la página”.

El proceso judicial recogió peticiones de hasta tres años de cárcel por parte de la Fiscalía para los responsables de SeriesYonkis y solicitudes de cientos de millones de euros de indemnización por parte de las productoras que se declararon afectadas por su actividad. El Ministerio Público reclamó 167 millones de resarcimiento y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) subió hasta los 546 millones.

La sala segunda del Constitucional, según ha podido saber elDiario.es de fuentes del tribunal, ha decidido por unanimidad este lunes rechazar los recursos que las acusaciones habían presentado contra la sentencia absolutoria. Conservadores y progresistas han entendido, como dijeron anteriormente los tribunales de la Región de Murcia, que no existió una vulneración del derecho a la propiedad intelectual.

Nueva maniobra legal de LaLiga. La patronal de los clubes de fútbol profesional ha pedido a la jueza instructora de una de sus demandas por piratería que cite como investigados a los directores de Google, Apple y Huawei en España. Les imputa “un delito de desobediencia grave” por no impedir que los usuarios de sus teléfonos sigan utilizando en sus teléfonos la app a la que acusa de ser un vehículo para las retransmisiones ilegales de fútbol.

En el mismo proceso de diligencias previas, al que ha tenido acceso elDiario.es, solicita a su vez que se impute por los mismos motivos a las empresas que dirigen. A estas las acusa de “cooperación necesaria” en el delito de piratería cometido supuestamente por el desarrollador de la aplicación, llamada Newplay, y les declare “partícipes a título lucrativo” de este.

Newplay es un reproductor que permite acceder a las retransmisiones IPTV, las siglas en inglés de Televisión por Protocolo de Internet. En lugar de depender de la transmisión tradicional por cable o satélite, el IPTV utiliza la infraestructura de Internet para entregar contenido a los usuarios. Ese contenido pueden ser series, películas, vídeos propios o cualquier otro multimedia.

A pesar de usar la infraestructura de Internet, las apps IPTV no emiten en abierto. Al contrario, funcionan como decodificador de las “listas M3U” (llamadas así por el formato de archivo), que son documentos de texto que contienen direcciones URL de esos contenidos multimedia. Una especie de mapa sobre dónde encontrar y cómo decodificar cada retransmisión.

Aunque las listas M3U se utilizan tanto para contenidos legales como ilegales, las apps IPTV se están usando para la piratería debido a que permiten esconder retransmisiones ilícitas donde otros usuarios redifunden la señal de los canales de pago. Es el motivo por el que LaLiga demandó en 2020 al desarrollador de Newplay, al que acusa de lucrarse con esa actividad puesto que la app incluía publicidad o la posibilidad de eliminarla contratando una suscripción.

“El investigado utilizaba su 'simple' reproductor de video como instrumento necesario para que sus clientes puedan acceder a los servicios de Televisión que ofrece a cambio de una suscripción o publicidad vulnerando los derechos de los titulares de los contenidos”, acusa la organización dirigida por Javier Tebas en uno de los documentos del proceso al que ha tenido acceso este medio.

En un auto de abril de 2022, la jueza dio la razón a LaLiga y pidió a Google, Apple y Huawei que retiraran Newplay de sus respectivas tiendas de aplicaciones. Además, también les solicitó “impedir a los usuarios” que la hubieran descargado “el acceso a la aplicación”, “cesar de forma inmediata en el abono de las comisiones” derivadas de su versión de pago y poner a disposición del juzgado “los importes que pudieran tener pendiente de entrega” al desarrollador de Newplay.

Contra las tecnológicas

La app de Newplay ya no está disponible para la descarga. Sin embargo, dos años después de ese auto, la patronal del fútbol entiende que las tecnológicas no han cumplido con el resto de requerimientos: el de bloquear su uso a las personas que ya la tengan descargada en sus teléfonos y el de consignar en el juzgado de Instrucción número 1 de Cieza el dinero que la app haya ganado por esas suscripciones.

Por ello, LaLiga acusa a los responsables de estas multinacionales en España de “desobedecer gravemente” lo ordenado por la jueza, un delito castigado penas de tres meses a un año de prisión o una multa de seis a dieciocho meses.

Sobre las propias empresas, la organización de Tebas afirma que el hecho de que no hayan impedido que los usuarios que la descargaron la sigan utilizando implica que “habrían incurrido no solo en responsabilidad penal por los hechos que se están investigando en la presente causa, sino también en responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados”.

Es decir, la patronal del fútbol pide que se impute a las tres tecnológicas el delito de “cooperación necesaria” en el proceso de piratería y que las declare “partícipes a título lucrativo” por no entregar el dinero que supuestamente habría ganado Newplay durante este tiempo. “Eran conocedoras de la conducta realizada a través de la aplicación que es objeto de este procedimiento y continúan en la actualidad facilitando sus infraestructuras a los usuarios de la app de tal forma que el ilícito continúa produciéndose”, achaca.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Google, Apple y Huawei para incluir su posicionamiento en esta información, pero las tres han rehusado responder debido a que sus equipos legales están aún analizando las peticiones de la LaLiga.

La defensa de Newplay destaca que los partidos de fútbol no pueden ser considerados un bien protegible con derechos de autor, lo que deslegitima la demanda de LaLiga. Añaden que la app y su responsable no tienen nada que ver con las listas M3U que se distribuyen entre los usuarios para ver contenidos ilegales. “Newplay es un reproductor multimedia como lo puede ser VLC o cualquier otro”, afirma su abogado, Carlos Sánchez Almeida.

“Son los usuarios los que a través de métodos completamente ajenos al programador de Newplay se proveen de listas de reproducción. Esas listas de reproducción son compartidas por los usuarios como se compartía el P2P antiguamente. De la misma forma que no se ha podido perseguir a los usuarios de eMule y a los usuarios de Torrent, ahora ocurre lo mismo. Lo que ocurre aquí es que han buscado un cabeza de turco que es el programador de Newplay”, denuncia el letrado.

El nuevo 'caiga quien caiga' del copyright

Tanto LaLiga como las entidades de gestión de derechos de autor han iniciado una ofensiva 'caiga quien caiga' para proteger su modelo de negocio en los últimos meses. Su punto culmen podría haber sido el bloqueo cautelar de Telegram en España que llegó a decretar el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El motivo era una denuncia de Mediaset, Antena 3, Movistar y Egeda, quienes acusan al sistema de mensajería de alojar contenido protegido por derechos de autor sin permiso. Tras un fin de semana de reflexión, el juez anuló el bloqueó que iba a iniciarse el último lunes de marzo, entendiendo que la suspensión supondría “un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan (la gran mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas)”.

LaLiga también ha intentado llevar más allá sus esfuerzos contra las retransmisiones pirata amenazando a aquellos que la consumen con demandarlos. Lo hace basándose en una interpretación de un auto de un juzgado de lo Mercantil de Barcelona no exenta de polémica y que el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha desmentido.

“Detrás de la piratería no hay ningún héroe ofreciendo contenido pirateado de forma altruista, sino organizaciones delictivas que se lucran con el trabajo de los legitimas creadores, eliminando así́ puestos de trabajo de la industria del fútbol y el entretenimiento”, aseguran fuentes de la patronal del fútbol a elDiario.es. “Es por ello que LaLiga va a seguir invirtiendo una gran cantidad de recursos económicos, tecnológicos y humanos para seguir protegiendo su producto”, añaden.

“Telegram es una aplicación de mensajería enfocada en la velocidad y seguridad”. Así se autodefine la plataforma que, con 900 millones de usuarios en el mundo, es la segunda más usada tras WhatsApp. Para ocupar ese lugar Telegram ha basado su crecimiento en dos pilares: la privacidad y la eficiencia de su sistema para cargar archivos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Son los dos aspectos que la han puesto en el ojo del huracán en España, después de que la Audiencia Nacional haya ordenado su cierre cautelar por albergar contenidos protegidos con derechos de autor.

La decisión ha sido adoptada por el juez Santiago Pedraz a raíz de una denuncia de Mediaset, Antena 3, Movistar y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Egeda, quienes acusan al sistema de mensajería de estar sirviendo para redistribuir sus contenidos sin su permiso. La falta de colaboración de Telegram con el juez ha desatado la orden de cierre, una medida inédita en Europa.

Telegram tiene unos 8,5 millones de usuarios en España. Un 18% de los usuarios de Internet la utiliza, recoge una reciente encuesta de la CNMC. Según datos de Statista, un 26% de sus usuarios la abren varias veces al día y un 28%, al menos una. Sin embargo, su uso como plataforma de descarga ilegal de archivos no es ni mucho menos mayoritaria ni lo que la ha convertido en una app popular.

Pese a ello, la eficiencia a la hora de subir contenidos y permitir el acceso a ellos es una de sus señas de identidad. La propia app presume de sus “poderosas opciones para compartir archivos”: “A diferencia de WhatsApp, Telegram es mensajería basada en la nube con sincronización constante. Como resultado, puedes acceder a tus mensajes desde diferentes dispositivos a la vez, incluyendo tablets y computadoras, y compartir un número ilimitado de fotos, videos y archivos (doc, zip, mp3, etc.) de hasta 2 gigas cada uno”, explica la propia app.

Esto se une a su robusto cifrado, tanto de las conversaciones como de los propios archivos, y a su “política de privacidad revolucionaria”. Esta se basa en evitar las prácticas de las plataformas estadounidenses, que dejan agujeros de seguridad por los que se cuelan los servicios de seguridad del país —tal y cómo reveló Edward Snowden— y tampoco basar su negocio en extraer datos personales para la publicidad.

“Pensamos que los dos componentes más importantes de la privacidad en internet deberían ser: 1) Proteger tus conversaciones privadas de terceras partes curiosas, como funcionarios, empleados, etc. 2) Proteger tus datos personales de terceras partes, como vendedores, anunciantes, etc.”, explican.

La app cierra el círculo avisando que no considera los derechos de autor como una justificación legítima para entrometerse en las conversaciones privadas. “Todos los chats y grupos en Telegram son privados entre sus participantes. No procesamos ninguna solicitud relacionada a ellos”, explica la app en su apartado sobre reclamaciones de copyright.

Evitar la censura

Pese a que esta serie de herramientas pueden tener una utilidad muy clara para la piratería, no es eso lo que ha entronado a Telegram como la app de mensajería más usada del mundo por detrás de WhatsApp.

Telegram fue fundada en el verano de 2013 por Pável Dúrov, un joven de 29 años que por aquel entonces ya era multimillonario tras haber fundado y vendido VK, el Facebook ruso. Pero la historia de Dúrov no es como la de los emprendedores de Silicon Valley que se hacen multimillonarios con la tecnología.

Dúrov se había visto obligado desprenderse a VK por amenazas del Kremlin, que poco después también lo forzaría a exiliarse. El Gobierno de Vladímir Putin había intentado acceder a datos personales de activistas ucranianos, pero Dúrov y su equipo se negaron. La respuesta fue ceder el control de la red social o enfrentarse a las consecuencias.

Lo ocurrido con VK fue decisivo para el desarrollo de Telegram. Tanto Dúrov, que hoy tiene 40 años y se considera apátrida, como para su equipo de desarrolladores procedentes de la Universidad de San Petersburgo que también se vieron obligados a dejar Rusia, se propusieron que a Telegram no pudiera ocurrirle lo mismo que a VK. Forjaron la app de mensajería como una opción segura para las telecomunicaciones y con una moderación mucho más laxa que la del resto de redes sociales mayoritarias. Su sede está en Dubái.

Eso es lo que ha catapultado Telegram por todo el mundo como una opción predilecta para los activistas, pero también para grupos extremistas que la utilizan como lugar seguro donde organizarse o compartir información. La aplicación es habitualmente criticada por sus canales de contenido nazi o por albergar pornografía infantil. Fue, por ejemplo, el medio que utilizaron los convocantes de las protestas neonazis que se dieron durante la pandemia.

Recientemente, Dúrov se ha negado a bloquear los canales de Hamás, vetados en el resto de plataformas. “Hamás utilizó Telegram para advertir a los civiles de Ashkelon de que abandonaran la zona antes de sus ataques con misiles. ¿Cerrar su canal ayudaría a salvar vidas o pondría en peligro más vidas?”, expresó su fundador en un reciente mensaje a sus seguidores. “Siempre es tentador actuar por impulsos emocionales. Pero este tipo de situaciones complejas requieren una reflexión profunda que también debe tener en cuenta las diferencias entre las plataformas sociales”, continuaba.

Ahora, el juez Pedraz acusa a la plataforma de estar cobijando también contenidos protegidos con derechos de autor sin permiso de sus propietarios y ha ordenado su cierre cautelar en España. elDiario.es se ha puesto en contacto con Telegram para incluir su posicionamiento en esta información, pero aún no ha recibido respuesta.

Cómo gana dinero Telegram

Telegram no es rentable. Se mantiene gracias a la fortuna de su equipo fundador y donaciones. Sin embargo, desde hace dos años la principal prioridad de la plataforma es convertirse en un servicio sostenible.

Según explica Dúrov, están cerca de conseguirlo. Sus dos principales vías de ingreso son los mensajes patrocinados, que son anuncios que aparece en algunos canales públicos; y las suscripciones premium, que permite a los usuarios desbloquear funciones adicionales exclusivas.

Quizá no reporten demasiado dinero, pero la clave de Telegram es no necesitar demasiado. “Millones de personas se han registrado y compartido contenidos en Telegram en la última hora, mientras Instagram y Facebook estaban caídos”, presumía Dúrov hace dos semanas, durante el último gran fallo en el servicio de estas redes. “Curiosamente, Telegram es más fiable que estos servicios, a pesar de gastar varias veces menos en infraestructura por usuario. También tenemos unas 1000 veces (¡!) menos empleados a tiempo completo que Meta”.

Según el Financial Times, Telegram solo tiene a unos 50 trabajadores a tiempo completo para dar servicio a sus 900 millones de usuarios. Quizá uno de los motivos de su falta de colaboración con la justicia, que se ha repetido en otros lugares del mundo: en 2023, un juez brasileño ordenó su cierre en el país por no colaborar con la investigación de los grupos de ultraderecha que asaltaron Brasilia.

Otras aplicaciones seguras

Telegram es la aplicación de mensajería segura más reconocida, pero no la única y tampoco la más segura. Signal, la app que recomienda el propio Edward Snowden, conocida por su sólido compromiso con la seguridad y la privacidad del usuario. Su desarrollo está respaldado por una organización sin fines de lucro llamada Signal Foundation.

Uno de los principales promotores de Signal comparte cierto bagaje con Dúrov. Se trata de Brian Acton, cofundador de WhatsApp, que abandonó esta empresa después de desavenencias con Mark Zuckerberg respecto a la privacidad de sus usuarios. Actualmente es el presidente ejecutivo de Signal.

Otras opciones son Threema, una app europea basada en la privacidad y el anonimato total (aunque de pago) o Wire, que ofrece una variedad de funciones, que incluyen mensajería de texto y voz, videollamadas, uso compartido de archivos y conferencias. Como Signal y Threema, Wire también es de código abierto.

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En mayo de 2008 se estrenó en España La antena, una película argentina. Rodada en blanco y negro y sin apenas diálogos, narra la historia de una ciudad que ha perdido su voz. Unos días después sus productores se encontraron que una copia de la cinta estaba disponible en Internet a través de una web de enlaces de descargas. Era PeliculasYonkis, hermana de SeriesYonkis, la principal referencia de los portales de descarga de contenidos que florecieron en España hasta 2015 gracias a un agujero legal. Los responsables de La antena lo denunciaron, dando origen a una batalla judicial que sigue viva 16 años después.

Según ha podido saber elDiario.es, el Tribunal Constitucional ha admitido finalmente a trámite la demanda de amparo presentada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) contra la absolución de los gestores de SeriesYonkis en 2021.

La asociación recurrió entonces el fallo de la Audiencia Provincial de Murcia, que ratificó a su vez la decisión de absolver a los acusados dictada en primera instancia por un juzgado de lo penal en 2019. Un proceso en el que Egeda pidió 550 millones de euros de indemnización por los daños causados a la industria audiovisual y la Fiscalía hasta dos años de cárcel para los cuatro acusados.

Uno de los casos antipiratería más famosos y trascendentes de España llegará así a la última instancia del tribunal de garantías. El recurso de Egeda, al que ha tenido acceso este medio, apunta al factor clave de la absolución de los gestores de SeriesYonkis: “La consistente en considerar que los acusados no tenían conocimiento efectivo de la antijuridicidad de su conducta y por tanto no existía dolo”, se lee en su petición de amparo al TC.

El argumento que emplearon los magistrados de la sala murciana para exculpar a los gestores de SeriesYonkis es el mismo que se ha repetido en tribunales de toda España en este tipo de casos. La clave es que hasta 2015, cuando cambió la ley de derechos de autor, operar una página web que contuviera enlaces a portales de descarga directa de contenidos protegidos no se consideró una actividad contraria al copyright.

Para 2015, cuando entró en vigor la reforma legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para incluir específicamente este supuesto, las webs de enlaces como SeriesYonkis, PelículasYonkis, Series.ly y otras tantas que habían sido tan populares en España ya habían cesado su actividad. Antes de eso enlazar no fue delito, según han fallado los juzgados hasta ahora.

“No existe constancia de que tuvieran conocimiento del origen ilícito de la información a la que remitían”, expresa el fallo de 2021 de la Audiencia Provincial de Murcia que absolvió a los gestores de SeriesYonkis. “No existe constancia de que tuvieran conocimiento del origen ilícito de la información a la que remitían ni que la misma lesione derecho alguno”, ratificaron los magistrados. Egeda asegura en su recurso al TC que este extremo no estaba entre los hechos probados de la primera sentencia absolutoria dictada por un juzgado de lo penal de Murcia.

Los acusados, Alberto García Sola (creador original de la web), junto a Alexis Hoepfner, Jordi Tamargo y David Martínez (que compraron el dominio posteriormente) alegaron que no tenía ningún control sobre el contenido de los enlaces que aparecían en estas páginas web y que, además, estos variaban cada minuto debido a las actualizaciones que hacían los usuarios.

Esta situación, añadían los magistrados, era conocida también por los visitantes de la web. “El usuario del enlace que desde estas páginas webs deseaba acceder a la obra por él seleccionada era conocedor del redireccionamiento y de que la descarga o visionado en streaming se realizaba en una página web diferente de aquélla que contenía el enlace”.

Pena de banquillo

En los juicios sobre hechos anteriores a 2015 que se han ido sucediendo desde entonces, las entidades de gestión como Egeda o Adivan (Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ámbito Nacional, que agrupa a las productoras de Hollywood) han intentado culpar a los responsables de las páginas de enlaces de tener una voluntad de violar los derechos de autor con sus actividades, aunque no estuvieran tipificadas. Los jueces consideran que no han podido demostrarlo.

El recurso de Egeda ante el TC expresa que esa declaración de hechos probados que se repite en las sentencias de este tipo, como las de SeriesYonkis, vulnera su derecho a gozar de una tutela judicial efectiva.

“Quien necesita tutela judicial efectiva y todos los derechos del artículo 24 de la Constitución es nuestro representado”, contesta uno de los abogados de los acusados, Carlos Sánchez Almeida, haciendo referencia a los más de tres lustros que lleva encausado su cliente por crear SeriesYonkis, “que diseñó cuando era estudiante, y por la cual ha sufrido, está sufriendo y sufrirá una pena de banquillo de 16 años”, destaca en su apelación al TC.

“Básicamente, la práctica totalidad de su etapa laboral y familiar ha estado con un juicio amenazando constantemente planes presentes y futuros, con unos gastos mediáticos, mentales, familiares y económicos que desgastarían a cualquier persona. Y frente a tal sufrimiento, una acusación pone en la balanza de la justicia 550 millones de euros imaginarios, invocando el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas jurídicas productoras de obras cinematográficas”, afea.

Un proceso de 16 años que seguirá sumando días a su calendario, puesto que el TC podría tardar varios años en emitir su veredicto final para uno de los casos de piratería más importantes y longevos de la historia.

Krista Perry, una diseñadora de Massachussetts, navegaba por la aplicación de Shein, el gigante chino del fast fashion, cuando se encontró con uno de sus diseños, con la expresión “Make it Fun”, que estaba siendo comercializado en forma de póster sin su permiso. Tiempo después, se dio cuenta de que la compañía había estado sacando provecho de otro de sus trabajos, una alfombra con diseño floral. Indignada, contactó a la compañía para pedir explicaciones, y esta se ofreció a pagarle 500 dólares para calmar su enfado por los robos. Pero Perry, una joven artista que cuenta con 15.000 seguidores en Instagram (@kristerpelly), decidió no aceptar la tramposa oferta de la app de moda más descargada, más googleada y con más menciones en TikTok en todo el mundo, y se unió a otros dos diseñadores para plantarle cara.

Junto a Larissa Martinez (@larissablintz), propietaria de la empresa de moda Miracle Eye, y Jay Baron (@jrileybaron), fundador de la marca de bordados Retrograde Supply Co., dos víctimas del supuesto robo hasta ahora impune de la compañía, demandaron a Shein por vender “copias exactas” de su trabajo, lo que violaría la ley sobre Organizaciones Corruptas y Estafadoras (RICO, por sus siglas en inglés). Esta ley, dictada en 1970, se estableció originalmente para luchar contra la violencia organizada y la extorsión de la mafia estadounidense, pero también se puede aplicar a “infracciones graves de derechos de autor”.

La demanda alega que Shein opera con un esquema basado en la inteligencia artificial, la infracción deliberada de derechos de autor y la esperanza de que ninguno de los artistas se dé cuenta. Concretamente, Perry, Martinez y Baron “acusan a la empresa de utilizar un algoritmo patentado para encontrar obras de arte populares, incluidas las suyas, y luego utilizarlas en productos propios de Shein sin dar crédito ni pagar a los artistas”, explica la abogada Maria Brusco, del bufete Grossman LLP, especializado en disputas comerciales.

Según la demanda presentada por los artistas, en esta estructura no intervienen seres humanos: son procesos automatizados, que se limitan a encontrar obras de arte, crear productos y ponerlos a la venta de la manera más rápida posible. Además, “el proceso de Shein está diseñado para eludir la responsabilidad por derechos de autor”, asegura Brusco, “Shein produce sólo unos pocos artículos infractores al principio y luego espera a ver si un artista presenta una reclamación por infracción. Si es así, Shein llega rápidamente a un acuerdo con ellos o detiene la producción a pequeña escala”. Pero, si nadie se da cuenta de la infracción y el producto se vende bien, Shein procede a aumentar la producción.

La mayoría de estos casos pasan desapercibidos, por lo que a Shein le termina saliendo rentable pagar a la pequeña proporción de autores que les reclama. En el caso de estos tres diseñadores, Perry, Martinez y Baron, no solo no aceptan la reparación de la empresa, sino que han decidido ir más allá y demandarla. “Las demandas civiles por la ley RICO permiten a los artistas recuperar el triple de sus daños, así como los honorarios de los abogados. Existen otras fórmulas para reclamar daños y perjuicios, pero los montos son relativamente pequeños, así que vale la pena recurrir a la justicia”, explica Brusco, pues es probable que Shein termine pagando más.

La recomendación de la abogada a los artistas independientes es clara: “Deben registrar sus derechos de autor inmediatamente después de publicar la obra. Es un procedimiento sencillo, y lo mejor es hacerlo antes de que sea demasiado tarde y se haya cometido la infracción”. Pero no es suficiente con eso: dados los tiempos que corren, “los artistas deben mantener sus ojos abiertos y, cuando encuentren una copia no autorizada de su obra, consultar inmediatamente a un abogado”.

Oleada de demandas en Estados Unidos

No es la primera denuncia por derechos de autor que recibe Shein, ni será la última: el supuesto robo de diseños se ha convertido en una parte más de su modelo de negocio, que combina una logística inmensa y global que le permite mantener sus bajos precios, campañas agresivas en redes sociales, especialmente TikTok, y cuestionables prácticas laborales. Ello le ha permitido liderar los ingresos de su sector, con más de 23.000 millones de dólares facturados en 2022.

“Shein se ha enriquecido cometiendo infracciones individuales una y otra vez, como parte de un patrón largo y continuo de chantaje, que no muestra signos de disminuir”, alega la demanda presentada por Perry, Martinez y Baron a principios de julio. “No es exagerado sugerir que la pauta de mala conducta de Shein implica la comisión de infracciones diarias de derechos de autor”.

En lo que llevamos de 2023, el gigante de la moda rápida ha recibido una docena de demandas de propiedad intelectual en Estados Unidos, según Bloomberg News. Los propietarios de pequeñas empresas, indefensos, llevan años denunciando este tipo de abusos, pero la compleja legislación sobre derechos de autor en la industria de la moda ha dificultado que se tomen acciones legales contra la imitación descarada de diseños.

En el caso de Martinez, Shein presuntamente robó el diseño de un mono naranja estampado con margaritas. Ella lo vende en su web por 200 dólares; la copia de Shein –que ya no está disponible– valía 9 dólares. Por su parte, Baron asegura que le copiaron un parche bordado con la frase “Hello, I'm Trying My Best”, cuyo precio pasó de 6 dólares a 2,20 en la página de la empresa china. Su denuncia se suma a las decenas alrededor del mundo; la última, la demanda interpuesta en Hong Kong por la firma sueca H&M, que acusa a Shein de haber robado varios de sus diseños, entre los que se encuentran trajes de baño y jerséis.

Crecimiento meteórico

La compañía, fundada en 2008, se ha consolidado en 15 años como el principal retailer entre la generación Z y millenial. Así lo demuestran sus buenas cifras registradas en 2022, año en que ingresó 23.000 millones de dólares en ventas, y ahora tiene un valor de 66.000 millones. De este modo quintuplica a uno de sus principales competidores, H&M (que vale 12.700 millones), y ya está ligeramente por encima de Inditex (con un valor de 56.000 millones). Su competidor por antonomasia Temu estaba valorado en 64.000 millones de dólares en marzo.

Su amplia selección de vestidos, tops y vaqueros low cost, que se renueva constantemente, así como la venta de productos de proveedores externos, le ha permitido ganarse un sitio preferente entre el mercado joven y disparar sus ingresos.

Shein se convirtió el año pasado en la principal tienda online de moda rápida en EEUU, superando el 50% de las ventas y anteponiéndose a competidores tan asentados como H&M, Fashion Nova, Forever 21, ASOS y Zara. Un ascenso meteórico que inició durante la pandemia: entre marzo y abril de 2020, dobló sus ventas en el país norteamericano, un incremento impulsado por su agresiva promoción a través de redes sociales, especialmente TikTok.

Pero su éxito va más allá de haberse subido a la ola del auge del comercio online: se explica por una fuerte inversión en logística, sistemas informáticos y algoritmos que le han permitido llegar al consumidor “en tiempo real”, conocer su respuesta y adaptarse rápidamente a sus necesidades. La empresa china se beneficia de las economías de escala para sacar nuevas líneas de producto a un ritmo con el que sus rivales no pueden competir. De hecho, es capaz de poner a la venta entre 700 y 1.000 productos nuevos cada día.

Acusaciones de explotación laboral

Estas cifras astronómicas solo son posibles gracias a una enorme red logística ubicada en la región de Guangzhou, en China, donde tiene cerca de 6.000 fábricas. En ellas, ha recibido acusaciones de aplicar trabajos forzados, abusos laborales y horas extra sin remunerar. Estas condiciones son las que posibilitan los precios extremadamente bajos a los que es capaz de vender la compañía china.

Una investigación de Public Eye, una ONG orientada a la sostenibilidad, desveló el año pasado las precarias condiciones a las que se enfrentan los trabajadores de la compañía. Para sortear el secretismo que rodea a la empresa, dos investigadoras de Public Eye se desplazaron hacia Guangzhou para ver de primera mano cómo se fabrica la ropa y se infiltraron en fábricas propiedad de otras empresas, que luego suministran a Shein.

La investigación encontró a trabajadores realizando jornadas de 75 horas a la semana, con largos turnos y poco tiempo de descanso, además de graves carencias de seguridad: muchas de las fábricas ni siquiera contaban con ventanas o salidas de emergencia. En estas condiciones se manejan máquinas de coser, se trabaja en los departamentos de control de calidad y embalaje o se planchan y cortan telas.

La ONG concluyó que las largas jornadas ­–de hasta 12 horas diarias, en algunos casos– no solo violan el código de conducta para proveedores de Shein, también la ley laboral china, que establece el máximo de la semana laboral en 40 horas.

Estas acusaciones vienen a colación en Estados Unidos, donde la empresa está tratando de salir a bolsa mediante una IPO (Initial Public Offering), una medida que ha sido pausada después de que una veintena de legisladores hayan pedido una auditoría a la Comisión de Valores y Bolsa para certificar la inexistencia de trabajo forzado.

“Como empresa global, Shein se toma muy en serio la visibilidad en toda nuestra cadena de suministro. Nos comprometemos a respetar los derechos humanos y a cumplir las leyes y normativas locales de cada mercado en el que operamos”, se defendió la compañía en declaraciones a Reuters.

El Congreso alerta de que Shein viola la ley de importaciones

Además de todas las demandas y acusaciones que pesan sobre Shein, el pasado junio se añadió una nueva: una comisión parlamentaria del Congreso de EEUU publicó un informe en el que alertaba de que Shein se ha estado aprovechando de un vacío legal en la ley de importaciones, que permite a los minoristas importar productos libres de impuestos y con menos escrutinio siempre que los paquetes tengan un valor inferior a los 800 dólares. De este modo, la compañía se las habría ingeniado para evitar pagar el impuesto estándar de la ley de importaciones, del 16,5%, y el arancel del 7,5% que el país aplica a China.

Un espantoso vídeo aparece en un teléfono móvil, abandonado en la parte trasera de un taxi. En él, cuatro hombres se aferran desesperadamente a los restos del naufragio en algún lugar de alta mar. Suenan disparos. Los hombres son abatidos, metódicamente, uno a uno. Hay innumerables testigos de su matanza. Sin embargo, como el 99% de los asesinatos que se producen en aguas internacionales, el crimen no se denuncia. Cuando las imágenes por fin salen a la luz y se hacen virales, ningún gobierno está dispuesto a investigar.

A lo largo de una década, Ian Urbina recorrerá los océanos en busca de respuestas. En este episodio, lleva a los espectadores en una investigación incansable, adentrándose en el turbio mundo de las armerías flotantes, los mercenarios y los piratas para explorar por qué la delincuencia en alta mar es tan frecuente, no se denuncia y queda impune.

El proyecto: reimaginar el desierto líquido

Dos tercios del planeta están cubiertos de agua y gran parte de ese espacio no esta gobernado. A menudo se cometen con impunidad delitos contra los derechos humanos y el medioambiente en este ámbito porque los océanos son extensos y las leyes, difíciles de aplicar.

La opinión pública mundial ignora lo que ocurre en el mar. Se hace poco periodismo sobre los océanos y desde los océanos. Como consecuencia, la mayoría de las personas ajenas al mar no tienen ni idea de lo mucho que dependen de quienes trabajan en el mar. La mitad de la población mundial vive a menos de 150 kilómetros del mar, pero la mayoría concibe este espacio como un desierto líquido que sobrevuela de vez en cuando; un lienzo de tonos azules claros y oscuros.

Parte del problema reside en nuestro imaginario. Los océanos se ven habitualmente, y con acierto, como un hábitat marino. Sin embargo, son mucho más que eso. Son un lugar de trabajo, una metáfora, una vía de escape, una prisión, una tienda de comestibles, un cubo de basura, un cementerio, un filón, un polvorín, un órgano, una autopista, un depósito, una ventana, una emergencia y, sobre todo, una oportunidad. A menos que reconozcamos esta verdad, a menos que reimaginemos este dominio de forma más amplia, seguiremos quedándonos cortos a la hora de gestionar, proteger y comprender los océanos.

Los océanos son un lugar de trabajo. Más de 50 millones de personas trabajan en el mar. Desde el punto de vista antropológico, estos trabajadores constituyen un grupo demográfico fascinante. Son una tribu transitoria y en diáspora, con su propia jerga, protocolos, supersticiones, jerarquías sociales, códigos de disciplina y su propio catálogo de delitos. El suyo es un mundo en el que la tradición tiene tanto peso como la ley. Muchos de ellos trabajan en la pesca, la profesión más peligrosa del mundo, que se cobra más de 100.000 vidas al año. Más de 300 al día. Las condiciones en muchos barcos de pesca de altura son muy duras. La violencia, el tráfico y el abandono son habituales. La intensidad, las lesiones, las horas y la suciedad del trabajo son dickensianas.

Cuando hace mala mar, el oleaje sube por los costados del barco y golpea a la tripulación por debajo de las rodillas. El oleaje y las vísceras de los peces convierten el suelo en una resbaladiza pista de patinaje. La cubierta, que se balancea erráticamente con el mar embravecido y los vientos huracanados, es a menudo una carrera de obstáculos formada por aparejos dentados, cabrestantes giratorios y altas pilas de redes de más de 200 kilos. Las infecciones son constantes. En estos barcos, escasean los antibióticos para las heridas infectadas. En cambio, los capitanes suelen estar bien abastecidos de anfetaminas para que la tripulación pueda trabajar más horas.

Los océanos son una metáfora. El mar adentro ha connotado durante mucho tiempo el infinito, la abundancia en estado puro; la abundancia inagotable. Henry Schultes captó esta percepción en 1813, cuando escribió: “Además de un suelo altamente productivo, los mares que nos rodean ofrecen una mina inagotable de riqueza –una cosecha madura para recoger en cualquier época del año– sin el trabajo de la labranza, sin el gasto de semillas o abono, sin el pago de rentas o impuestos”.

El libro The Inexhaustible Sea (El mar inagotable), escrito en 1954 por Hawthorne Daniel y Francis Minot, retomaba esta idea: “Ya estamos empezando a comprender que lo que tiene que ofrecer va más allá de los límites de nuestra imaginación: que algún día los hombres aprenderán que en su generosidad el mar es inagotable”. Esta percepción ha prevalecido durante siglos. Si los océanos son tan vastos e indestructibles, si pueden reabastecerse tan ilimitadamente, ¿por qué molestarse en limitar lo que tomamos o vertemos en ellos?

Los océanos son una vía de escape. Durante siglos, la vida en el mar ha sido idealizada como la máxima expresión de la libertad: un refugio de la vida en tierra, claramente alejada de la intromisión gubernamental, una oportunidad para explorar, para reinventar. Esta narrativa ha estado encerrada en lo más profundo de nuestro ADN durante miles de años, empezando por las historias de osados aventureros que partían a descubrir nuevas tierras. Lleno de tormentas devoradoras, expediciones condenadas al fracaso, marineros náufragos y cazadores locos, el canon de la literatura marítima ofrece una imagen vibrante de un desierto acuático y de sus indómitos pícaros.

Y al menos desde que se publicó por primera vez ‘Veinte mil leguas de viaje submarino’, de Julio Verne, en 1870, la gente ha soñado con utilizar esta libertad para crear colonias permanentes sobre o bajo el océano. Esta tradición continúa. Hoy en día, un pequeño grupo de libertarios que se autodenominan “seasteaders”, colonos del mar, en honor a las granjas del Oeste americano, siguen persiguiendo el sueño de fundar naciones independientes en aguas internacionales en forma de comunidades marítimas autosuficientes y autónomas.

Los océanos son una prisión. Lejos de ofrecer una escapatoria o un recurso, los barcos en alta mar son para muchos trabajadores una cárcel sin rejas. Cada año, decenas de miles de hombres y niños son comprados y vendidos como mercancía y luego quedan atrapados en condiciones de esclavitud –incluso con grilletes- en barcos pesqueros de aguas lejanas a veces durante años.

Existe la sensación de que los teléfonos móviles se han convertido en una especie de fuerza policial para contrarrestar estos abusos en casi todos los aspectos de la vida. Si ocurre algo malo, lo más probable es que se grabe y se publique en YouTube para que todo el mundo lo vea, o al menos esa es la lógica. Pero eso rara vez ocurre en el mar, donde las tripulaciones suelen trabajar en régimen de servidumbre y no tienen acceso a sus teléfonos.

Con el aumento del precio del combustible y la disminución de la pesca cerca de la costa, los investigadores del trabajo marítimo predicen que cada vez más buques se aventurarán mar adentro, permaneciendo más tiempo en alta mar, lo que facilitará este tipo de abusos. El cautiverio en el mar también adopta otras formas. Cientos de marinos quedan atrapados anualmente en un purgatorio acuático. La historia sigue un patrón estándar. Una vez agotados sus recursos, los armadores se declaran en quiebra. Al recortar sus pérdidas, abandonan sus barcos, dejando tirados a los miembros de la tripulación, que suelen seguir a bordo, lejos en el mar o anclados en un puerto extranjero. Como la tripulación de la leyenda del barco fantasma El holandés errante, estos hombres son abandonados a su suerte o se sientan a esperar. Por lo general, carecen de papeles que les permitan desembarcar, de recursos para volver a casa o de medios para avisar a sus familias. Cada año, miles de estos hombres languidecen en el mar desmoronándose física y mentalmente.

Los océanos son un supermercado. Los océanos ofrecen a la humanidad global una forma fundamental de sustento. Más del 50% de la proteína animal que consumen las personas en algunas partes del mundo en desarrollo procede de pescados y mariscos, que son el mayor producto alimentario comercializado a nivel global. En 2020 su comercio ascendió a unos 151.000 millones de dólares (140.000 millones de euros). Como ha señalado el historiador de la pesca Paul Greenberg, el tratamiento y la concepción de los océanos están influidos en parte por cómo pensamos sobre el pescado. Las criaturas acuáticas se han considerado normalmente un orden inferior de la vida. En alemán, francés, español y la mayoría de las lenguas de Europa occidental, marisco es “fruta del mar”. Todo un ecosistema que abarca millones de especies de criaturas se agrupa en la conciencia popular, no como animales distintos, sino como cosas que consumimos.

Mientras tanto, estamos cogiendo demasiadas cosas de este supermercado. En los últimos 50 años, el consumo mundial de marisco se ha multiplicado por más de cinco y la industria, liderada por China, ha satisfecho ese apetito gracias a los avances tecnológicos en refrigeración, eficiencia de los motores, resistencia de los cascos y radares. La navegación por satélite también ha revolucionado el tiempo que los pesqueros pueden permanecer en el mar y las distancias que recorren. La pesca industrial ha avanzado tanto tecnológicamente que se ha convertido menos en un arte que en una ciencia, más en una recolección que en una caza. La consecuencia es que más de un tercio de las reservas mundiales están sobreexplotadas.

Los océanos son un basurero. Durante siglos, la humanidad ha considerado que los mares son tan vastos que tienen una capacidad ilimitada para absorberlo y metabolizarlo todo, una percepción que nos ha dado licencia para verter prácticamente cualquier cosa mar adentro. Petróleo, aguas residuales, cadáveres, efluvios químicos, basura, artillería militar e incluso superestructuras marinas como plataformas petrolíferas desaparecen en el océano, como tragados por un agujero negro, para no volver a ser vistos jamás.

Sin embargo, el verdadero crimen de los vertidos en el océano es que durante la mayor parte de la historia ni siquiera se consideraron un delito. La ley ha cambiado, pero las costumbres persisten. Los derrames de petróleo provocan indignación, pero suponen mucho menos que la cantidad de petróleo que se vierte deliberadamente al agua cada año. Cada tres años, los buques vierten intencionadamente al mar más petróleo y lodo que los vertidos del Exxon Valdez y BP juntos. Otras fuentes de vertidos vienen de arriba: los niveles de oxígeno disuelto en el océano se han disparado, por no hablar de la cantidad de carbono que se disuelve. Y cuando el agua de lluvia pasa por la tierra, recoge aguas residuales, fertilizantes, detergentes y microplásticos y los transporta directamente a los océanos del mundo. Esta contaminación alimenta el crecimiento excesivo de algas y microbios, creando “zonas muertas”, algunas del tamaño de Escocia.

Los océanos son un cementerio. En tierra, la policía puede exhumar un cadáver para investigar asesinatos. En alta mar, como dijo un investigador marítimo, “los muertos desaparecen para siempre”. Los océanos no sólo son un cementerio, sino que además suelen ofrecer la ventaja añadida de la impunidad. Los asesinos de un barco pueden filmarse a sí mismos en el acto, posar para selfies de celebración al final del derramamiento de sangre y, muy posiblemente, salir impunes del crimen, porque pocos gobiernos tienen la motivación o la jurisdicción para hacer algo al respecto. Sin pruebas, sin autopsia, sin escena del crimen, sin procesamiento. Miles de inmigrantes desaparecen en alta mar cada año, muchos de ellos en el Mediterráneo, por ejemplo, cuando intentan desesperadamente cruzar a Europa desde puntos de partida en Libia, Marruecos y Túnez. Cuando el mar está embravecido o cuando los traficantes de personas o los guardacostas libios vuelcan estas balsas abarrotadas, sus pasajeros no sólo se ahogan, sino que sus cuerpos desaparecen en una negrura que impide que el mundo lo sepa. Y así continúa este ciclo siniestro.

Los océanos son un filón económico. A pesar de la “vigilancia” de diversos organismos de control anémicos y a menudo corruptos, el mar ofrece a la humanidad un filón: un “sálvese quien pueda”. La pesca no regulada es la norma en aguas internacionales. Y en el mar se ofrece mucho más que comida. Los perforadores de petróleo y gas, los mineros de los fondos marinos, los buscadores de tesoros, los ladrones de pecios y los buscadores de biomedicina lo saben muy bien. Los océanos están repletos de riquezas que gran parte del mundo cree que están ahí para ser aprovechadas.

Los océanos son un polvorín. Dado que los océanos son un espacio liminal, donde la jurisdicción está menos clara que en tierra y las fronteras se trazan sobre el agua, este reino es también una frontera donde los enfrentamientos son más probables. En el mar se producen con frecuencia enfrentamientos por delegación, que suelen consistir en la detención por un país de un buque pesquero de otro, alegando una incursión en su territorio. Las pruebas geopolíticas de soberanía, poder y audacia tienen lugar en estos bordes exteriores. Por esta razón, los océanos son un polvorín, el lugar donde algunos politólogos predicen que podría producirse la chispa del próximo gran conflicto militar.

Los océanos son un órgano. Pulmones del planeta, los océanos producen la mitad del oxígeno que respiramos. Pero a medida que quemamos más combustibles fósiles y liberamos más carbono al aire, gran parte de éste se disuelve y asfixia el agua, matando así al planeta. Además, el océano ya ha absorbido el 90% del exceso de calor del calentamiento global y hoy es un 30% más ácido que antes de la Revolución Industrial.

Los océanos son una autopista. La alta mar es la autopista del comercio mundial. En el centro de la cultura marítima moderna está la creencia del siglo XVII en el no intervencionismo y un principio jurídico conocido como mare liberum, que en latín significa libertad del mar, según el cual en las aguas situadas más allá del alcance de un disparo de cañón hasta la costa, los marinos deben ser libres de comerciar como quieran, sin trabas de Estados, piratas ni nadie más. La doctrina, que es un requisito previo para el libre comercio, se invoca regularmente para bloquear normas más estrictas y una mayor aplicación de la ley en alta mar. En la economía globalizada actual, parte de la razón por la que más del 70% de los productos que consumimos viajan en barco es que la alta mar está claramente menos gravada con fronteras y burocracias.

Los océanos son un depósito de armas. Con más barcos en navegación que nunca, los océanos también están más armados y son más peligrosos. A partir de 2008, cuando los piratas empezaron a operar en franjas más amplias del océano, muchos buques mercantes contrataron seguridad privada, y sus fuerzas pronto superaron las capacidades policiales de los gobiernos. Hoy opera en el mar una fuerza de seguridad privada valorada en 20.000 millones de dólares (18.400 millones de euros), y cuando sus miembros matan, los gobiernos rara vez responden, porque ningún país tiene jurisdicción en aguas internacionales.

La carrera armamentística en el mar se ha intensificado hasta el punto de que las armas y los guardias son tan omnipresentes que ha surgido una industria especializada de armerías flotantes. En parte depósitos de almacenamiento y en parte barracones, estas embarcaciones, situadas en zonas de alto riesgo de aguas internacionales, albergan cientos de fusiles de asalto, armas pequeñas y munición, junto con guardias que a veces esperan durante meses en condiciones decrépitas su próximo despliegue.

Los océanos son una ventana. La alta mar ofrece una visión de la naturaleza humana. Nos permiten ver la línea que separa la existencia de la civilización y la ausencia de ella. Nos muestran lo delgada que es esa línea y lo que hay al otro lado. En gran medida fuera del alcance de los gobiernos y las fuerzas del orden, los océanos demuestran cómo se comporta la gente cuando puede hacer lo que le plazca y salirse con la suya. No siempre es malo. A veces es heroico. Pero casi siempre es alegal. El alta mar es un océano sin ley.

Los océanos son una emergencia. A pesar de su importancia y su impresionante belleza, el mar es también un lugar distópico, hogar de oscuras inhumanidades. Demasiado grandes para ser vigiladas y sin una autoridad internacional clara, las inmensas regiones de aguas traicioneras albergan una criminalidad y una explotación desenfrenadas. La acidificación está diezmando la mayoría de los arrecifes de coral del mundo. La mayoría de los caladeros del mundo están agotados. La sobrepesca, a menudo impulsada por las subvenciones de los gobiernos, se traduce en capturas más pequeñas cerca de la costa y en una industria cada vez más desesperada. Uno de cada cinco peces procede de pesqueros piratas. Cientos de polizones y emigrantes mueren cada año en el mar. Cada tres días se hunde al menos un barco en algún lugar del mundo.

Los océanos son una oportunidad. Los océanos no son sólo un inframundo arenoso, sino un lugar de belleza y maravilla imposibles. Representan una oportunidad de salvación. ¿Pueden los gobiernos encontrar el bien común por encima del interés propio y cooperar para gestionar la alta mar? El reciente tratado de la ONU sobre biodiversidad ha representado un paso en esta dirección. ¿Podrían los océanos ofrecer oportunidades para mitigar la crisis climática? La protección y restauración de hábitats oceánicos como las praderas marinas, las marismas saladas y los manglares, junto con sus redes tróficas asociadas, por ejemplo, pueden secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera a un ritmo hasta cuatro veces superior al de los bosques terrestres. La energía eólica marina tiene el potencial de aportar más de 7.000 teravatios hora al año de energía limpia solo en Estados Unidos, casi el doble de la cantidad de electricidad utilizada en Estados Unidos en 2014. Los buques de carga y los transbordadores de pasajeros emiten casi el 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, incluido el carbono negro; un tipo de humo especialmente sucio. Descarbonizar la flota marítima mundial equivaldría aproximadamente a reducir todas las emisiones de carbono de Alemania.

Un primer paso esencial para contrarrestar estos numerosos problemas es ampliar nuestra visión de los océanos. Dispatches from the Outlaw Ocean (Crónicas desde el océano sin ley) es una serie de documentales que ofrece un sobrio recorrido por esta indómita frontera. Por estas crónicas navega un colorido elenco de personajes, desde traficantes y contrabandistas, piratas y mercenarios, hasta conservacionistas vigilantes y escurridizos cazadores furtivos, vertederos clandestinos de petróleo y esclavos encadenados. El objetivo del periodismo es avivar la urgencia y ayudar al público mundial a reimaginar los océanos no como algo que se da por sentado, un cubo de basura sin fondo, un recurso que se autoabastece eternamente y que utilizamos para llenar nuestros estómagos o llenar nuestras carteras, sino como un vasto hábitat que deberíamos respetar, un lugar de trabajo que necesita regulación, no tanto una tienda de alimentación, sino más bien una biblioteca o una catedral: un bien común protegido.