El alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, distintos miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Logroño y representantes de otras instituciones y colectivos, han participado en la concentración contra la violencia de género, que ha tenido lugar hoy en la plaza del Ayuntamiento de Logroño.

Tras los meses de verano, el Ayuntamiento ha retomado hoy la concentración contra la violencia de género que tiene una periodicidad mensual y que busca mantener el foco en una problemática que nos sigue afectando y que continúa presente en la sociedad.

En esta ocasión, y con motivo del inicio del curso escolar, ha sido Celia Sanz, como concejala de Igualdad en representación de su área, quien ha leído este manifiesto para “poner el foco, ante todo, en las mujeres que sufren violencia y en sus hijas e hijos. Queremos decirles que no están solas.”

Desde la concejalía se ha querido mostrar el apoyo a todas las mujeres, “para que ninguna mujer tenga que enfrentarse sola a la violencia ni recorrer sola el camino para salir de ella. Estar a su lado significa escucharlas y respetar sus decisiones. Significa facilitarles información, recursos, atención, protección y acompañamiento.” Sanz ha destacado que “esa responsabilidad no corresponde únicamente a quien sufre la violencia ni exclusivamente a los servicios especializados. Nos corresponde al conjunto de la sociedad”.

La concejala ha reconocido “el trabajo constante de las entidades y personas que integran el Grupo Logroño por la Igualdad” y ha puesto en valor que “en estos últimos años hemos comprobado algo importante: el principal resultado del Grupo no es únicamente aquello que hemos hecho, sino la red que hemos construido. Una red diversa y plural que crece cada día, formada por entidades de distintos ámbitos y por perspectivas complementarias; una red basada en el conocimiento mutuo, la colaboración, la coordinación técnica, el aprendizaje colectivo y unos objetivos compartidos”.

Sanz ha subrayado también que todo el trabajo llevado a cabo el por Grupo “se ha materializado en campañas de sensibilización, formación a profesionales y herramientas de información y apoyo, como la guía de recursos para víctimas de violencia machista. Pero debemos seguir avanzando.”

La concejala ha destacado que desde Igualdad “se ha querido también impulsar y fortalecer estas concentraciones mensuales contra la violencia de género. No queremos que sean únicamente un acto simbólico.

Queremos que sean un altavoz permanente de denuncia, un espacio desde el que recordar a las víctimas, mostrar nuestra solidaridad con las mujeres que están sufriendo violencia y expresar públicamente la tolerancia cero de nuestra ciudad ante cualquier forma de violencia machista. Estas concentraciones representan también algo que consideramos especialmente importante: la posibilidad de mantener un espacio de compromiso social y político compartido frente a la violencia contra las mujeres.“

Además de dar espacio, voz y protección a las mujeres y familias que sufren esta lacra, Sanz ha querido remarcar que “hay otra tarea imprescindible: la prevención. Si queremos cambiar el futuro, tenemos que comenzar desde las edades más tempranas. Por eso desde la concejalía de Igualdad seguiremos apostando por la educación en igualdad, el respeto, los buenos tratos y la prevención de las violencias machistas desde la infancia y la adolescencia. Y queremos agradecer especialmente la colaboración y el compromiso de los centros educativos de Logroño, porque educar para la igualdad es educar para construir relaciones libres de violencia y porque cada aula es también un espacio desde el que podemos transformar nuestra sociedad.”

La portavoz del Ayuntamiento ha concluido su lectura haciendo hincapié en que “reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, junto al tejido social y la ciudadanía, para prevenir la violencia machista, mejorar la respuesta ante ella y, especialmente, estar al lado de las mujeres que la sufren y de sus hijas e hijos”.

“Frente a la violencia contra las mujeres no cabe la indiferencia. Nos necesitan a todas y a todos. Y solo desde el compromiso colectivo podremos construir una ciudad verdaderamente libre de violencia machista”.

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 6.545 casos activos de víctimas de violencia de género en Canarias, 106.549 en todo el país, de los cuáles 21 están en riesgo extremo, 1.157 en alto, 16.355 en medio y 89.016 en bajo.

Según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 31 de agosto de este año 1.341 de las víctimas son menores de 18 años; 26.211 de 18 a 30; 49.187 de 31 a 45; 27.214 de 46 a 64; y 2.596 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 54.772 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.715 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 155 en alto y 1.557 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo”.

Igualmente, la estadística refleja 14.046 casos con menores a cargo de “especial relevancia”, con 21 de ellos en riesgo extremo, 1.110 en alto y 12.915 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 28.193; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.439; la Comunidad de Madrid, con 12.881; Canarias, con 6.545; Galicia, con 6.297; Castilla-La Mancha, con 5.906; Murcia, con 5.881; Castilla y León, con 5.695; Baleares, con 4.423; Extremadura, con 3.033; Aragón, con 2.518; Asturias, con 2.330; Navarra, con 2.236; Cantabria, con 1.656; La Rioja, con 943; Ceuta, con 334; y Melilla, con 239.

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid estudia acudir al Juzgado la supresión de los barómetros a las mujeres víctimas de violencia de género del protocolo de vivienda pública, motivo por el que se plantean “muy seriamente” convocar movilizaciones. La plataforma también ha pedido que la ciudad no se convierta en un “laboratorio de involución” de los derechos de las mujeres, según han informado en rueda de prensa este miércoles.

“Si quieren proteger a ambos colectivos, que añadan 'violencia doméstica', pero que no borren a las víctimas de violencia de género. No es un cambio de lenguaje, es un cambio de prioridades”, ha zanjado la portavoz de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Yolanda Martín, quien ha criticado la “falta de transparencia” del Ayuntamiento con este protocolo.

“No tienen ni idea de lo que supone este cambio del protocolo. Pedimos que recapaciten, porque quieren invisibilizar esta violencia estructural que sufrimos las mujeres”, ha reivindicado Martín.

La portavoz de la Coordinadora ha rechazado que los derechos de las mujeres sean “moneda de cambio” para los partidos políticos. “Las palabras importan cuando determinan derechos. Valladolid no puede convertirse en un laboratorio de involución de los derechos de las mujeres”, ha reclamado Yolanda Martín.

La otra representante, Paula Granado, ha exigido que se rectifique “inmediatamente”. “El PP está más preocupado por absorber el discurso de la extrema derecha que en poner límites a la extrema derecha”, ha protestado Granado.

A mitad de reunión y sin votar como quería el equipo de gobierno municipal de Valladolid. Así ha concluido este lunes el Consejo Municipal de la Mujer, convocado de manera extraordinaria después de que trascendiera que se había eliminado la violencia de género del protocolo de acceso a vivienda social de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA). En este acto se ha restringido a la prensa, según han denunciado el Grupo Socialista y el Foro Feminista. Después de dos horas de debate sobre los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, más de diez agrupaciones se han levantado a mitad de la reunión, en la que hay representados una treintena de colectivos. ¿El detonante? Una votación que algunos colectivos han considerado que pretendía utilizar políticamente al Consejo.

Después de que Vox impidiera una votación formal de cinco puntos -con un texto propuesto por el PSOE- y de que pretendiera que el Consejo Municipal -órgano de participación, consultivo, informativo y asesor en el ámbito municipal- votara pedir al Gobierno de España más fondos para el Pacto de Estado de violencia de género, una de las participantes ha ironizado precisamente con esta cuestión: que, si querían eliminar el concepto de 'violencia de género' por qué no proponían modificar el nombre del Pacto de Estado. Un tono que no ha gustado a los concejales presentes, el responsable de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP) y la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal (Vox), que ha venido por primera vez, según fuentes del Consejo.

La discrepancia ha concluido con la marcha de varios colectivos como la Asociación Vecinal Rondilla, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid Antonio Machado, Adavasymt, el Foro Feminista, la Universidad de Valladolid (ha acudido una representante de la Unidad de Igualdad), la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, la asociación Asies, UGT, CCOO, PSOE y Toma La Palabra. El Foro Feminista se reúne esta tarde para ver si todo el trabajo “merece la pena seguir aportando” en el Consejo Municipal de la Mujer.

Una votación forzada

El ambiente ya era tirante cuando ha empezado esta reunión de carácter urgente y extraordinario, que pretendía informar sobre el protocolo nuevo. El anterior protocolo (aprobado en 2024 por PP y Vox) planteaba que las víctimas de violencia de género obtenían 1,5 puntos, mientras que ahora eso ha sido remplazado por “víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar, terrorismo en los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud” (1 punto).

En este punto ha comenzado un debate terminológico y conceptual, en el que la concejala de Vox ha insistido en que la violencia doméstica incluye a las mujeres víctimas de violencia de género, a pesar de que ambos son dos tipos de violencias que están tipificadas de maneras distintas. “Lo que nos han explicado no es válido. Zarandona [el concejal de Urbanismo] dice que es para dar más agilidad a los plazos y que el texto no sea tan farragoso, y que en la violencia doméstica se incluye a las víctimas de violencia machista y le hemos dicho que no”, protesta la representante de CCOO en el Consejo, Yolanda Martín.

“Nos han mareado y ninguneado, tratándonos como tontas y haciéndonos confundir la terminología cuando los términos jurídicos son muy claros”, protesta la representante de UGT. “Han cambiado el protocolo porque quieren y pueden, pero no porque este cambio lo mejore”, coinciden varias de las participantes en el Consejo de este lunes.

Entonces, la socialista Rafi Romero ha propuesto que se votaran cinco puntos sobre los que, aparentemente, había cierto consenso: rechazar la eliminación de la referencia específica a las víctimas de violencia de género, que este fuera un criterio específico de prioridad, solicitar un informe jurídico y un informe de impacto de género y establecer un mecanismo de seguimiento semestral de impacto de este nuevo protocolo sobre las víctimas de esta violencia machista.

“Nos han dicho que iban a incluir el sentimiento del Consejo, pero nosotras queríamos votarlo aunque sabemos que las resoluciones no son vinculantes”, defiende la directora de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, Dunia Etura.

A pesar de que las técnicas de Igualdad no han puesto objeciones a que se produjera una votación, la concejala de Vox se ha negado, por lo que se ha realizado una votación informal a mano alzada apoyando estos cinco puntos, con 21 votos a favor: 19 entidades sociales y los dos partidos de la oposición (no todos los miembros del Consejo tienen derecho a voto). “Tres veces hemos votado y no había manera”, protesta una de los miembros del Consejo.

Víctimas de violencia doméstica y/o de género

También se ha pedido que la inclusión de las víctimas de violencia doméstica no fuera excluyente y que se añadiera también a las mujeres víctimas de violencia de género, un extremo que ni PP ni Vox han querido votar. Sin embargo, los concejales sí veían oportuno votar la reclamación de más fondos del Gobierno procedentes del Pacto de Estado. “Ahora lo que vamos a hacer es levantarnos”, ha protestado una de las integrantes, a lo que se han sumado otras portavoces de las asociaciones.

“Nos hemos levantado porque no se nos estaba escuchando y se obviaba nuestra opinión. ¿Nos utilizan para hacer política? Nos levantamos y nos vamos”, ha reprochado la portavoz de UGT. “Nos hemos levantado porque no se podía aguantar. No vamos a dar ni un paso atrás”, suscribe Conchi Minayo, portavoz de Adavasymt. En un audio enviado a los medios, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), ha lamentado que “cuando se trata de solicitar al gobierno”, algunas asociaciones “se han marchado y no han querido dar la cara”. Desde el Consejo de la Mujer explican que los fondos del Pacto de Estado se reparten entre todos los Ayuntamientos y en base al número de víctimas de violencia de género

El futuro plan de Igualdad

La portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita, ha afirmado que esta es “la primera piedra” de este gobierno en contra de las políticas de Igualdad. “Veremos hasta dónde quiere llegar el equipo de gobierno, apretado claramente por la extrema derecha”, ha augurado en un audio remitido a los medios.

“Nos tememos el nuevo reglamento del Consejo de las Mujeres, que lo querían modificar, y el del plan de Igualdad. La situación es muy grave”, ha protestado la portavoz del Foro Feminista, Nina Infante.

UGT lo considera “un intento de manipulación”. “Irene Carvajal jamás ha venido, hoy sí le interesaba venir. Otra veces viene otro concejal de Vox y a los dos minutos se levanta... pero hoy sí”, insiste la sindicalista. Yolanda Martín, que también es la portavoz de la Coordinadora de Mujeres, ha rechazado que “se invisibilice” este tipo de violencia y ha considerado que es “una cuestión puramente ideológica” y no técnica.

Valoración de las propuestas

Rodrigo Nieto ha insistido en que el nuevo protocolo protege a las víctimas de violencia de género y se aumenten los parámetros, aunque ha asegurado que se hará “una valoración” de las propuestas que se han hecho, a pesar de que no se han votado.

En ampliación

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife arrestó el pasado sábado en el barrio de La Salud a un hombre de 76 años por reiteradas amenazas de muerte a su mujer en los últimos meses.

Una patrulla se personó en el domicilio familiar alertada de un episodio de “alta agresividad” por parte del arrestado, quien profería amenazas de muerte a su mujer, que presentaba un cuadro de ansiedad, detallan este jueves fuentes del Ayuntamiento de Santa Cruz.

La mujer, de 75 años, refirió que lleva dos meses encerrándose en su habitación para dormir ante las continuas amenazas de muerte, y que el detenido le obliga a realizar todas las tareas domésticas e incluso que le limita el acceso a su dinero.

Durante la actuación policial se personó uno de los hijos de la pareja, quien detalló que la agresividad y proliferación de amenazas de muerte hacia su madre se han incrementado de manera notable en las últimas semanas.

Además, señaló que tanto él como sus hermanos temen que su padre cumpla dichas amenazas y acabe con la vida de su madre.

A la vista de los hechos se procedió a la detención de J.Y.H., su traslado a un centro de salud y, posteriormente, a las dependencias policiales antes de pasar a disposición de la autoridad judicial.

El PP en Castilla y León mantiene las ayudas para proyectos de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género pese al habitual rechazo de Vox a este tipo de políticas. Se ha reservado un millón de euros para este 2026, una cantidad similar a la del año pasado.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, cuyo fin es “avanzar en la eliminación de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres”, según recoge el texto del extracto de la resolución de la Consejería de la Presidencia.

También conseguir la integración social y la mejora de la autonomía personal de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, particularmente de víctimas de violencia de género. Las subvenciones estarán destinadas a entidades del Tercer Sector de Acción Social y cubrirán el 100 % del presupuesto aceptado del proyecto que presenten, atendiendo a la puntuación obtenida por los criterios de valoración recogidos en la convocatoria.

La Junta ha reservado 1.065.249 euros para diez líneas programáticas diferenciadas, y el plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León, es decir, este miércoles. Esta convocatoria se ha retrasado respecto a ejercicios anteriores: en 2025, por ejemplo, estas ayudas se convocaron en marzo.

El PSOE carga contra el “cinismo” de Mañueco

El PSOE de Castilla y León ha acusado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP) de tener “cinismo político” por publicar estas ayudas mientras se “rinde al negacionismo machista de Vox”. La vicesecretaria general autonómico del PSOE, Nuria Rubio, considera que con la publicación de estas ayudas pretenden “tapar su rendición a Vox” y utilizar la igualdad para hacer un “lavado de cara”, después de gobernar con quienes niegan la violencia de género, ha indicado en una nota de prensa.

“Hay que tener mucho cinismo político para presumir hoy de luchar contra la violencia machista mientras se gobierna con quienes la niegan y se asumen sus postulados para mantenerse en el poder”, ha remarcado, y ha afirmado que las mujeres no necesitan “ni propaganda, ni migajas”, sino un gobierno que defienda la igualdad.

Ha insistido en que “la violencia machista no se maquilla: se combate. Y los derechos de las mujeres no se negocian con Vox”, ha reiterado, para recordar que el PSOE ha registrado en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley para reforzar la prevención, atención y protección frente a las violencias machistas y el PP “tendrá que retratarse, con votos y no con propaganda”-

Nuria Rubio ha lamentado que “Mañueco siempre ha elegido a Vox”, y se ha referido a la pasada legislatura cuando el PP retiró su proyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género porque “cuando tuvieron que elegir entre proteger a las mujeres o proteger su acuerdo político con Vox, retiraron la ley”, ha concluido la socialista.

A finales de julio, el Ministerio de Igualdad convocaba al Comité de Crisis para analizar los asesinatos machistas, que no han dejado de suceder en diversos puntos del país durante este verano, de forma muy preocupante.

Se pide primar la protección de las víctimas de violencia machista que pidan retirar la denuncia o la orden de protección. Una de las conclusiones de aquel encuentro tiene que ver con la necesidad de “recalibrar” el peso que el sistema judicial y policial le da a la víctima ante ese tipo de casos, porque “no actúa en libertad en un contexto de violencia de género”.

También se consideró priorizar la persecución de quien delinque y la protección de la víctima y tener en cuenta que, si hay menores, suele tener “dependencia emocional o económica con el agresor”.

Susana trabaja en el sistema sanitario y a menudo se encuentra con víctimas de violencia machista en su día a día laboral. Son historias terribles que, paradójicamente, ella tiene en casa, en un pueblo de Castilla-La Mancha.

En agosto de 2024 su hermana fue víctima de la primera agresión “documentada” en la que la Guardia Civil intervino de oficio. No hubo intervención ni se activó un dispositivo de protección porque ella no reaccionó. “No pidió ayuda pese a la buena disposición de los Servicios Sociales”, reconoce la familia.

No es el primero caso ni el único. Raúl es agente de la Guardia Civil desde hace nueve años. Trabaja en Illescas (Toledo), dentro de la unidad de seguridad ciudadana. “Somos los patrulleros, los que van a los avisos”, cuenta. “Como primeros intervinientes, nuestro objetivo principal al llegar al lugar es proteger a la víctima. El paso siguiente será averiguar los detalles del caso, tanto a través de lo que vemos, como de los testimonios de víctima, agresor y de posibles testigos. Algo importante también será la presencia o no de menores”.

Pero no es fácil, dice, a la hora de determinar si hay delito y en qué grado. Las cosas no están siempre claras en este tipo de avisos que, dice, “son continuos”. La violencia de género no cesa. “La sensación que tenemos los patrulleros es que no solo no se está reduciendo, sino que aumenta”.

Y no ocurre solo en el medio rural. El subinspector Hernández lleva dos años al frente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Toledo. Cuenta que la violencia de género evoluciona, tal y como lo hace la sociedad, pero no desaparece. “Hace una década las denuncias se producían en el seno del matrimonio y ahora la mayoría se dan en relaciones sentimentales de noviazgo o parejas de hecho”.

La violencia se sigue produciendo “en cualquier ámbito social”. El policía nacional explica que las mujeres “son más vulnerables por el hecho de ser extranjeras, por tener adicciones o discapacidad, pero también hay víctimas con una posición acomodada”.

El policía explica que “el perfil de agresor es el de un controlador” y que su comportamiento tiene varias etapas. “Es una persona que acumula ira y agresividad, después llega la agresión en sí y luego hay un periodo de arrepentimiento. Es lo que permite que la víctima se confíe y se produzca la etapa que llamamos ‘Luna de Miel’. Es idílico hasta que todo comienza otra vez”.

En su trabajo, reconoce el agente, el hándicap es que “en las poblaciones grandes la gente pasa más inadvertida” que en el medio rural. “Es más difícil que alguien cercano detecte que una víctima sufre malos tratos”.

La Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan de forma coordinada para ‘coser’ los casos entre el ámbito rural y el urbano. Y hay un elemento común: en muchos casos no se denuncia. “Es un derecho”, recuerda el policía.

En todo caso, si no hay denuncia existe un ‘protocolo 0’, con pautas claras para conseguir información a través de la observación o el relato de testigos “para que la valoración de riesgos sea lo más real posible. Si hay parte de lesiones lo tiene que aportar la víctima voluntariamente”, explica el agente.

Es algo que conoce bien el agente Torres, responsable de la sección de Violencia de Género de la Guardia Civil en la comarca toledana de la Sagra, al límite de la comunidad de Madrid, dentro de la cuarta compañía. Es una de las zonas de Castilla-La Mancha con mayor índice de delincuencia junto al Corredor del Henares, en Guadalajara. Allí también hay más casos de violencia de género. Hasta cuatro equipos se ocupan de este tipo de delitos en esta parte de la provincia de Toledo.

También pone el acento en las denuncias. “Hablamos de un delito público y cualquiera puede denunciar. Hemos llegado a recoger denuncias de vecinos que escuchan gritos o peleas, aunque no vean la agresión. Así ya podemos actuar”.

¿Y por qué no denuncian?, preguntamos. “Muchas veces las mujeres no denuncian para no romper la unidad familiar, por dependencia económica o emocional y piensan que él va a cambiar. No es porque tengan miedo. A veces no perciben ni siquiera el riesgo para su integridad física. Eso también hay que entenderlo”.

Muchas veces las mujeres no denuncian para no romper la unidad familiar, por dependencia económica o emocional y piensan que él va a cambiar. No es porque tengan miedo

Agente Torres — Guardia Civil

Sin embargo, afirma que “todos los casos terminan siendo judicializados denuncie o no la víctima cuando hay indicios. Es incluso posible detener al presunto agresor. El llamado protocolo cero se activa, aunque no haya denuncia. Lo que prima es proteger la integridad de la víctima y de los menores a cargo”, afirma el agente.

A pesar de eso no niega lo complejo de este tipo de delitos. “Si la mujer no se abre con nosotros ni con la jueza es complicado que se dicte una orden de protección, la que sea, salvo que hay atisbo de una alta probabilidad de peligro”, dice el guardia civil, quien reconoce que a veces el trabajo puede resultar frustrante. “Las víctimas no solo no asumen, tienen un velo en los ojos”.

El código postal determina el resultado del procedimiento judicial para la víctima y también el de sus hijos e hijas. Si en un juzgado a una mujer se le pone la etiqueta de loca o mentirosa, será muy difícil quitarla si es siempre el mismo juez o jueza

Cira García Domínguez — Magistrada especializada en violencia de género

“Más de 70% de las mujeres asesinadas no habían denunciado”

Cira García Domínguez, magistrada de la plaza 14, en la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Madrid. Fue pionera al convertirse en la primera magistrada al frente del único juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer de toda Castilla-La Mancha, en Albacete.

Forma parte de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y cree que se ha producido un “avance muy importante tanto legislativo como judicial” cuando hablamos de violencia de género, pero también dice que no es suficiente.

Con más de 430 partidos judiciales en el país, los juzgados exclusivos de violencia de género no llegan a los 130. “Muchas mujeres han de acudir a juzgados mixtos en los que no se exige formación a los jueces y juezas”.

Es uno de los aspectos que preocupa a Susana y a su familia, con el caso de su hermana que vive en el medio rural. “A veces van solas al juzgado, otras con un abogado de oficio, y comparecen ante tribunales no siempre formados o sin recursos para afrontar este tipo de casos”.

Su experiencia no ha sido buena. “Hasta en dos ocasiones el caso de mi hermana fue sobreseído. No se llamó a la Guardia Civil a declarar, ni a la familia. Ella dijo que nunca le había pasado antes, pero no era cierto. Ni siquiera se tuvieron en cuenta las pruebas médicas ni los precedentes. No se pidió ni una sola pericial forense”.

Cuando meses después llegó “la agresión gorda”, relata Susana, el caso volvió al juzgado. Esta vez el agresor fue detenido y volvió a la calle 24 horas después con una orden de alejamiento de apenas 500 metros de la víctima y sin pulsera. Por primera vez la víctima entró en el Sistema VioGen. A la tercera.

“Tememos por su vida, pero el abogado nos ha llegado a decir que, a pesar de presentar pruebas de riesgo extremo, no ha sido posible otra cosa más allá de una orden de alejamiento. No consta que sea reincidente, así que no está obligado a llevar pulsera. La primera vez ella no denunció, la segunda se consideró que solo le había pegado una vez y eso no contaba. A la tercera llegó la luxación en la mandíbula y moratones por todo el cuerpo”.

Tememos por su vida, pero el abogado nos ha llegado a decir que, a pesar de presentar pruebas de riesgo extremo, no ha sido posible otra cosa más allá de una orden de alejamiento

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Cuando preguntamos a la magistrada por casos así, reconoce que falta perspectiva de género en el sistema. “El Consejo general del Poder Judicial ofrece formación, pero es voluntaria y debería ser obligatoria, evaluable y continuada. Quizá la discrepancia esté en que por un lado va la ley y por otra quienes la aplican”.

También considera “preocupante” que el propio sistema judicial esté propiciando “diferencias” entre víctimas de violencia de género, dependiendo del lugar donde vivan. “El código postal determina el resultado del procedimiento judicial para la víctima y también el de sus hijos e hijas. Si en un juzgado a una mujer se le pone la etiqueta de loca o mentirosa, será muy difícil quitarla si es siempre el mismo juez o jueza”.

Pero en todo caso pide no poner el foco únicamente en el ámbito judicial. “Si solo denuncian un 22% , tenemos un agujero negro. Y en violencia sexual nos movemos todavía en porcentajes más bajos. La estructura social es patriarcal y discriminatoria”, afirma. Hay datos que lo ponen de manifiesto: “Más de 70% de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia y sin embargo se sigue hablando de denuncias falsas en España”.

La magistrada lamenta que la cuestión de la violencia de género esté tan “polarizada” o que sea “utilizada” a menudo por la clase política y subraya la necesidad de “responsabilidad” por parte de toda la sociedad porque el tema es “muy serio”.

La estadística de la violencia machista sigue creciendo

En Castilla-La Mancha, la línea gratuita 900 100 114 de ayuda a víctimas de violencia de género ha recibido en 2026 un 15,4% más de llamadas por violencia machista, según los datos de la Consejería de Igualdad. La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, destaca la importancia de pedir ayuda “en otro verano verdaderamente dramático”.

El último caso conocido ha sido la detención de un hombre en Puertollano mientras amenazaba a su pareja con un cuchillo de grandes dimensiones, en unos hechos ocurridos el 5 de agosto.

Aura Portilla trabaja en la Fundación Ana Bella que lleva el nombre de una superviviente de violencia machista. Tiene sede en Sevilla, pero se ocupa de casos de toda España, incluidos los de Castilla-La Mancha. Ella también fue víctima de violencia de género.

Esta emigrante colombiana llegó a España con su pareja, tras un año de noviazgo, y aquí comenzó el maltrato. “No vi las banderas rojas y cuando llegamos aquí empezó, como tal, la violencia. Yo estaba sola”.

Pudo escapar y denunciar. “La Policía me dio un papel sobre la Fundación Ana Bella. No la conocía. Llamé, pero me daba mucha vergüenza contar lo que había sufrido porque soy psicóloga”. Al final lo hizo. “Me creyeron. Todas eran supervivientes de violencia de género y sabían por lo que estaba pasando”.

Aura logró salir del infierno. Su mensaje es claro: “Se puede salir, podemos recuperarnos como mujeres felices”. Hoy ayuda a otras mujeres, entre otras cosas para evitar que víctima “vuelva” con su agresor“.

Este es uno de los problemas más habituales en la lucha contra la violencia de género. Susana pide evitar culpar a la víctima por contestar a las llamadas o los mensajes de su agresor. O por abrirle la puerta. “Me indigna porque no se tiene en cuenta que a veces son incapaces de decir que no. Es como el alcohol: sabes que te puede matar, pero lo justificas. Lo haces cuando alguien te dice que te quiere con locura y aunque te hinche a palos, piensas que después vendrá lo bueno. Que es solo una mala borrachera. Incluso negarás que te hacen daño”.

Me indigna que no se tenga en cuenta que a veces son incapaces de decir que no. Es como el alcohol: sabes que te puede matar, pero lo justificas

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Raúl, guardia civil en Toledo, coincide en señalar que no es raro que la víctima vea a su agresor. “Lo hacen incluso con órdenes de alejamiento”. Opina que hay demasiado “miedo” a decirle a una víctima lo que está haciendo mal. “No tiene la culpa por abrir la puerta a su agresor, pero sí es responsable en cuanto a su autoprotección. No podemos mentirle. Hay que decírselo”.

Cuando la familia siente que “el sistema falla”

En ocasiones, familias como la de Susana sienten que “el sistema falla cuando no se protege a las víctimas que, no solo no ven el maltrato, sino que lo niegan”.

En su caso dice haber llegado a escuchar a las especialistas en los centros de la mujer que los recursos existen siempre y cuando la víctima pida ayuda. “Ha de hacerlo ella para que el sistema se active, pero es un callejón sin salida si niega los hechos y eso es habitual porque la dependencia del agresor suele ser brutal”, insiste.

En su opinión, “en muchos casos las víctimas deberían ser incapacitadas porque no son competentes, ni con ellas, ni con su vida ni la de sus hijos. La ley de violencia está bastante bien, pero sentimos que hay una falta de amparo legal y judicial”, lamenta Susana.

Aura Portillo cree que es “muy importante” el acompañamiento jurídico antes de interponer la denuncia, y apuesta también por “un peritaje psicológico previo” porque, subraya, “ahora mismo no existe si no lo determina un juez”.

La psicóloga de la Fundación Ana Bella cree que “hay mucha desprotección porque a las mujeres no se les cree. El proceso es muy difícil y luego sus casos terminan desestimados”. Habla incluso de “poca sensibilidad” en el ámbito judicial y de un “cuello de botella” en los juzgados. “A veces prevalece la presunción de inocencia del maltratador y se le permite ganar ‘poder’. Hemos visto casos en los que estas mujeres han de entregarles a sus hijos a estos hombres, claramente violentos”, afea.

“Hay que seguir avanzando, pero decir que el sistema, en general, desprotege a las mujeres, no lo comparto”, sostiene la magistrada Cira García quien también discrepa también sobre las afirmaciones que apuntan a la incapacidad de la mujer víctima para decidir por sí misma. “Suplir su voluntad y sus decisiones me parece muy arriesgado”.

“Hay que ayudar y acompañar a las mujeres que sufren violencia y hay que darles mecanismos no solo a la hora de denunciar sino después. La soledad de una mujer no lo es solo ante el juzgado, después también están muy solas”, opina, para recordar que los jueces no pueden emitir órdenes de protección que no solicitan las víctimas. “En algunos casos habrá que hacerlo porque la víctima esté en una situación muy vulnerable, pero eso no significa que tengamos que hacerlo sistemáticamente”.

Cuando preguntamos a la Guardia Civil si se está o no fallando, el agente de Illescas responde con otra pregunta. “¿Cómo saber si el sistema funciona o no? Es algo subjetivo. Creo que hay que aplicar más penas. Tengo la sensación, aunque no sea objetivo, que se aplican pocas penas en nuestro sistema. Puedo entender equivocaciones, pero cuando la persona es reincidente…”

El agente se muestra indignado con ciertas actitudes que se repiten en el sistema. “Yo escuché a gente vinculada un determinado caso decirle al chaval que era la chica la que había provocado que entrase en la cárcel. El hecho, sin valorar más, es que él quebrantó la orden de alejamiento. ¿Tenemos que esperar a que la mate?”, se pregunta.

Cree que “no hay que esperar a un cuarto quebrantamiento de una orden de alejamiento para decretar prisión”, aunque lo matiza. “Yo entiendo que los jueces se basen en pruebas. Yo también lo hago cuando voy a un aviso y decido no detener”.

No hay que esperar a un cuarto quebrantamiento de una orden de alejamiento para decretar prisión, pero entiendo que los jueces se basen en pruebas. Yo también lo hago cuando voy a un aviso y decido no detener

Raúl — Agente de la Guardia Civil

Su compañero, el agente Torres dice que “hay recursos y la ley es clara, pero también existe la arbitrariedad. En un juicio dos y dos no son cuatro. La casuística es diversa, son muchas cosas a sopesar. Hay medios, pero no se utilizan todos. Hay víctimas que pueden acogerse a esos recursos, pero no lo hacen. Eso no provoca que el sistema se desmorone, pero sí se tambalea”.

“Salvamos a muchas mujeres”, defiende la magistrada Cira García Domínguez. Sin embargo, reconoce que “el sistema falla a veces porque no se percibe el riesgo real de la víctima, porque vuelven con el agresor o porque están tan disociadas de la realidad que no se denuncia. Pese a todo, protegemos a muchas mujeres a diario”, insiste.

“Los juzgados no son la panacea”

El Ministerio de Igualdad se ha propuesto “replantear” la conveniencia de las conformidades en los procedimientos de violencia de género, así como los mutuos acuerdos en procedimientos de familia cuando hay violencia e incluso no se descarta estudiar un acompañamiento a menores huérfanos para evitar reproducción de perfiles de agresor o víctima.

También recomendará “no archivar de manera inmediata” los casos en los que el agresor se suicida, para facilitar la tramitación de ayudas y recursos.

“Que el sistema esté judicializado es importante, pero eso no va a reparar a la víctima. Lo hará el apoyo social, familiar y económico. Si hablamos de lo institucional, tenemos recursos del sistema de asesoramiento jurídico y social que están saturados. Las casas de acogida están saturadas… No podemos echar toda la culpa al sistema judicial”, asegura la magistrada. Solo en Castilla-La Mancha casi 25.000 mujeres fueron atendidas en centros especializados en violencia de género en 2025, según datos del Gobierno regional.

También cree que los juzgados “no son la panacea” con delitos de este tipo que se cometen en la intimidad. “A veces por mucha formación que tengas como magistrado las pruebas son las que son. Nuestro sistema procesal se rige por unas normas y por el derecho a la presunción de inocencia que nos guste o no, está. Las pruebas han de ser contundentes y también los indicios para dictar orden de alejamiento, aunque entiendo desde fuera se vea diferente”.

En eso coincide el subinspector Hernández. “Si no hay indicios o pruebas no se puede condenar a una persona. Es una garantía que tenemos todos los ciudadanos que estamos en España”, a pesar de reconocer lo duro que resulta “atender a una mujer que llega totalmente anulada y a veces con niños de por medio”.

“Es difícil desconectar de este tipo de casos, pero hay que saberlo llevar y si no, cambiar de unidad”, apunta Torres, de la Guardia Civil, quien reconoce que “puede llegar a afectar personalmente, con ansiedad, estrés, dudas del trabajo bien hecho…”

Si no hay indicios o pruebas no se puede condenar a una persona. Es una garantía que tenemos todos los ciudadanos que estamos en España

Subinspector Hernández — Responsable de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Toledo

Cira García reivindica “más plazas judiciales, más plazas psicosociales, más funcionarios, más jueces y juezas, más recursos asistenciales y de acogido y dinero para invertir en políticas públicas porque a veces solo no se invierte, sino que se quitan recursos”, critica y lanza una propuesta: “A lo mejor no hay que poner custodia policial a las víctimas sino a los agresores para saber a dónde van. Si se quitan la pulsera, la que se queda recluida en casa es ella”.

También reconoce sentir frustración. “Es un trabajo muy duro porque tenemos una violencia estructural enraizada en la desigualdad histórica. Hemos avanzado mucho, sí. Queda mucho camino, también” y reconoce que no siempre es optimista.

A lo mejor no hay que poner custodia policial a las víctimas sino a los agresores para saber a dónde van. Si se quitan la pulsera, la que se queda recluida en casa es ella

Cira García Domínguez — Magistrada especializada en violencia de género

“Que el problema se acabe no depende de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, comenta el agente Torres. “Ni siquiera hay un perfil definido. Ni en las víctimas, ni en los agresores porque los hay desde empresarios, funcionarios… y las mujeres a veces tienen un buen estatus. A veces pensamos en que solo afecta a mujeres y hombres con determinados problemas de drogas, económicos o vulnerables por otras razones, pero no es así”

El sistema VioGen, el algoritmo y la “excesiva burocracia”

El papel policial es fundamental para determinar el riesgo. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lo hacen en el marco del sistema VioGen. “El atestado es lo más minucioso posible para que los juzgados tengan una idea de lo ocurrido lo más claro posible”, explica el subinspector Hernández.

“En el propio sistema VioGen-2 puede decidirse, sin tener que pasar por un juez, que haya una patrulla permanente de protección de la víctima, en caso de riesgo extremo”, apunta el agente Torres. “Trabajamos con los datos que arroja un formulario elaborado por especialistas médicos o psicólogos que arroja 35 ítems, divididos en cuatro grandes grupos: reflejan el historial de violencia en la víctima y se estudia caso a caso, las características del agresor y de la víctima, el entorno familiar de la víctima e incluso la percepción que ella tiene de la situación”.

Uno de los resultados más habituales, dice, es que “hay personas que normalizan la violencia, lo arrastran en su día a día”. Admite que “son muchas preguntas”, pero necesarias. “Si no, no podemos sopesar el nivel de peligro. ¿Qué tiene que volver a declarar otra vez ante el juzgado? Claro. Nosotros no somos jueces y ante sede judicial ha de decir la verdad”.

El subinspector Hernández también cita el “protocolo” para la valoración de riesgos, a través de la aplicación VioGen. “Entrar en el sistema solo requiere que haya un caso de violencia de género, incluso por vejaciones o injurias”, relata el policía nacional.

Pero desde entidades como la Fundación Ana Bella no lo ven tan simple. Aura Portillo asegura que la violencia psicológica es “muy difícil de demostrar” y afecta a muchas mujeres. “Es una de las barreras más importantes. Para que un hombre reciba una orden de alejamiento hay que demostrar mucho”.

De hecho, cree que “el sistema no está preparado para ayudar a víctimas de violencia psicológica y es algo muy habitual. El día a día”. Y eso, advierte, supone “una barrera” ante el juzgado. “Muchas de estas denuncias son desestimadas. Cuando la mujer decide dejar la relación y denunciar, hay consecuencias y la violencia se deriva hacia sus hijos e hijas”.

Este verano se ha aprobado el proyecto de Ley de Violencia Vicaria: dañar a los familiares de las parejas o exparejas será un agravante. El agente Torres confirma que cada vez es más habitual. “La violencia machista va mucho más allá de lo físico”.

El sistema no está preparado para ayudar a víctimas de violencia psicológica y es algo muy habitual. El día a día

Aura Portillo — Psicóloga en la Fundación Ana Bella y víctima de violencia de género

La aplicación VioGen tampoco convence a todos. La magistrada Cira García cree que hay que modificar el sistema. “No puede ser que la valoración policial del riesgo de una mujer, que no es determinante pero que condiciona a los jueces, se base en preguntas para responder Sí o No que después son analizadas por un algoritmo. La evaluación de riesgo no puede pasar por eso”.

A la condición de víctimas se suma también el peso de la burocracia. Cuando denuncian “han de firmar una enorme cantidad de documentación, leer papeles y papeles, hasta recopilar datos para exponerlos y para demostrar”, recuerda Susana. “No es solo denunciar y asumirlo como agresión, es que deben dar cuenta de cómo afecta a los bienes en común”.

La magistrada también piensa que “el sistema en sí, revictimiza” cuando las mujeres se ven obligadas a contar su calvario una y otra vez. “A veces han estado declarando ante la policía, no han dormido, y al día siguiente tienen que declarar en el juzgado en un estado emocional de shock. Evidentemente a esto hay que darle una vuelta”.

Sugiere que puedan declarar en los centros asistenciales o en los centros de la mujer, para evitar ir al juzgado… “Hay que intentar que el contexto sea más amable. A veces la situación es de terror cuando en un juzgado pequeño se cruzan la víctima y el agresor. Hay cosas que a nivel práctico no están funcionando por falta de recursos”.

Cuando preguntamos a la Guardia Civil si la burocracia es excesiva la respuesta no es precisa. “No me atrevo a decirlo. ¿Es un momento en el que no están cómodas? Sí. Han de contarlo una y otra vez, rellenar y firmar papeles. Pero insisto, no sé si es excesiva, pero si necesaria”, señala el agente Raúl.

Para Susana falla también el sistema sanitario. “Los informes médicos ha de buscarlos la víctima. Sabemos que la historia clínica es propiedad del paciente, pero en Castilla-La Mancha esto está muy poco desarrollado. Si no lo conseguimos del médico de cabecera hay que pedirlo con un formulario al SESCAM. Y tarda. A veces nos ha impedido presentar en plazo el documento en el juzgado”. El tiempo corre para la víctima, en su contra y a favor del agresor. Toda una ironía.

Los informes médicos ha de buscarlos la víctima. Si no lo conseguimos del médico de cabecera hay que pedirlo con un formulario al SESCAM. Y tarda. A veces nos ha impedido presentar en plazo el documento en el juzgado

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Pese a todo, el agente Torres insiste. “Siempre que viene a poner denuncia, la víctima debe ir al centro médico, para un parte de lesiones, aunque la agresión no sea física. El profesional médico también reflejará el estado de ansiedad”.

Susana pide “más responsabilidad personal o profesional” en el ámbito sanitario en el que ella misma trabaja porque, recuerda, “ya hay suficiente resistencia en las víctimas y con eso juegan los agresores. A veces son resistencias inconscientes”. En el caso de su familiar la impotencia es total. “Ella está locamente enamorada de su agresor. Le ha arruinado la vida, incluso económicamente, pero cuando intentamos ayudar, ella cree que somos los malos. Estamos desesperados”.

Por eso advierte que la salud mental de los hijos, de las familias o los amigos de las víctimas también está en juego. “Estamos en un estado de alerta continuo”, dicen los familiares de una de las víctimas que reside en un pueblo pequeño. Ayuda el entorno, se implica el pueblo, pero a veces no es suficiente. “Hemos estado horas y hasta días sin saber nada de ella. Hubo un momento es que, sin dejarla de lado, decidimos mantener cierta distancia. Necesitamos ayuda y nuestro caso no es el único”.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha cuestionado el cambio introducido por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) de Valladolid, por el que sustituye la referencia específica a las víctimas de violencia de género por la de violencia doméstica entre los criterios de acceso al alquiler social.

Martínez, entrevistado en el programa ‘Mañaneros 360’ de La 1, ha acusado al PP de acercarse a los postulados de Vox y ha situado la modificación dentro de una estrategia más amplia de la formación popular para disputar a la extrema derecha su espacio electoral.

“Eso es una estrategia planificada por parte del señor Feijóo”, ha afirmado el dirigente socialista, que ha acusado al presidente del PP de haber asumido postulados de la extrema derecha. Martínez ha señalado el cambio de terminología aplicado en Valladolid y ha cuestionado que se deje de utilizar la referencia a la violencia machista.

Martínez alerta de que se quedarán fuera mujeres que sufran violencia y no convivan

El secretario general del PSOE autonómico ha criticado que la sustitución de un concepto por otro no supone ampliar automáticamente la protección y puede dejar fuera situaciones en las que existe violencia contra una mujer por parte de su pareja sin que exista convivencia.

“Si lo que hubieran querido ampliar hubieran puesto una conjunción copulativa: violencia doméstica y violencia de género”, ha señalado durante la entrevista.

Martínez ha puesto como ejemplo el caso de una pareja de adolescentes que sufra violencia machista sin convivir en el mismo domicilio. Según su explicación, este supuesto podría quedar fuera si el criterio se limita a la violencia doméstica.

El dirigente socialista ha contrapuesto la puntuación de los anteriores criterios de baremación con los nuevos. Según ha indicado, en las convocatorias anteriores la violencia de género podía alcanzar una puntuación superior, mientras que el nuevo protocolo contempla la violencia doméstica con una valoración menor.

“Hoy lo que se hace es cargarse de un plumazo el concepto violencia machista”, ha afirmado Martínez, que ha defendido que la violencia de género “existe y es real” y ha reclamado que no se diluya su reconocimiento.

El Ayuntamiento sostiene que la protección se amplía

El Consistorio vallisoletano aseguró este jueves que ninguna mujer víctima de violencia de género quedará excluida de la protección por el hecho de que el término no aparezca literalmente en el protocolo de VIVA. El equipo de Gobierno recordó que la violencia de género continúa regulada por la Ley Orgánica 1/2004 y defendió que su aplicación sigue siendo obligatoria.

El Ayuntamiento también justificó el empleo del concepto de violencia doméstica precisamente como una forma de ampliar los supuestos de atención, al incluir situaciones de violencia que pueden producirse entre familiares o convivientes con independencia del género de la víctima o del agresor.

El Consistorio apuntó que el protocolo recoge expresamente la protección de las víctimas de violencias sexuales y que el Consejo de Administración de VIVA podrá adoptar las medidas necesarias para facilitar su acceso prioritario al parque público de vivienda, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/2022.

La portavoz del equipo de Gobierno, Blanca Jiménez, acusó al PSOE de utilizar a las mujeres y a las víctimas como elemento de confrontación política y defiende que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

La antigüedad en el empadronamiento

Martínez también ha criticado que se haya incluido un criterio de antigüedad en el empadronamiento para acceder a determinados programas de vivienda. Según ha explicado, el nuevo sistema establece el requisito de tres años de empadronamiento y permite incrementar la puntuación en función de la antigüedad, hasta un máximo de diez años.

Para Martínez, este criterio puede tener un impacto especialmente relevante en una comunidad como Castilla y León, donde muchos jóvenes abandonan sus municipios o provincias para estudiar o trabajar y posteriormente pueden intentar regresar.

“Uno de cada tres castellanos y leoneses tiene que salir de nuestra comunidad para poder desarrollar un proyecto vital”, ha argumentado. A su juicio, establecer el empadronamiento como un elemento de peso puede dificultar el retorno de quienes tuvieron que marcharse.

El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido que la antigüedad en el padrón se prima a partir de tres años precisamente en coherencia con el nuevo requisito de acceso al programa y dentro de una reforma cuyo objetivo, según el Consistorio, es reducir la burocracia y acelerar la adjudicación de viviendas.

El Gobierno municipal sostiene que uno de los principales objetivos de la reforma es reducir los tiempos de tramitación. Según su explicación, el sistema anterior exigía una cantidad elevada de documentación y podía llevar hasta un año aprobar las listas definitivas.

Martínez califica a Castilla y León como “laboratorio” de los pactos PP-Vox

El soriano ha calificado a Castilla y León como un territorio “pionero” en la incorporación de Vox a un Gobierno autonómico y ha acusado a la derecha de utilizar la Comunidad como un “laboratorio” para poner en práctica medidas que posteriormente pueden trasladarse a otros territorios. “Volvemos a ser una vez más el laboratorio de puesta en práctica de políticas de extrema derecha”, ha asegurado.

El dirigente socialista ha acusado al PP de abandonar posiciones moderadas en su intento de competir electoralmente con Vox también en otros temas como la política migratoria, el cambio climático o las políticas contra la violencia machista.

La Junta ya evitó posicionarse sobre el cambio

Desde la Junta de Castilla y León, el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, evitó pronunciarse sobre si el Ejecutivo autonómico aplicará un cambio similar en futuras convocatorias de vivienda.

Carriedo defendió el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox como el marco que debe guiar las decisiones de la Junta y aseguró que se trata de un documento “muy detallado, concreto y preciso”. Sin embargo, el pacto autonómico no recoge expresamente una sustitución del concepto de violencia de género por el de violencia doméstica en las políticas de vivienda.

El acuerdo sí menciona a las “víctimas de violencia contra la mujer” entre los colectivos que podrán beneficiarse de determinadas medidas relacionadas con la vivienda, mientras que en su apartado específico sobre vivienda recoge otros perfiles prioritarios, pero no establece de forma expresa ese cambio terminológico.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves el acuerdo de Gobierno de PP y Vox como forma de evitar posicionarse sobre la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de sustituir la referencia a las víctimas de violencia de género por la de violencia doméstica en los criterios de acceso a la vivienda pública en Valladolid.

Carriedo ha marcado distancias con la decisión del Ayuntamiento, a pesar de estar también gobernado por PP y Vox, al recordar que se trata de una competencia municipal y que la Junta no entra a valorar las actuaciones de otras administraciones dentro de su ámbito de competencias. El portavoz del Ejecutivo autonómico respondía así a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha acusado a los 'populares' de actuar con “deslealtad” y de desmantelar políticas de igualdad en las instituciones donde gobierna junto a la extrema derecha.

El portavoz autonómico ha reivindicado el pacto que sustenta el Gobierno de Castilla y León como guion a seguir en la toma de decisiones. “Nos sentimos muy de acuerdo con el acuerdo”, ha señalado en referencia al documento firmado por PP y Vox, que ha definido como un texto “muy detallado, concreto y preciso”, con medidas y calendario de cumplimiento.

“Es el que vamos a cumplir”, ha insistido Carriedo al ser preguntado por si van a introducir este tipo de cambios en las próximas convocatorias de ayudas. El portavoz ha defendido su pacto con Vox y ha señalado que el acuerdo cuenta con el respaldo de los ciudadanos y de las Cortes de Castilla y León.

Sin embargo, el pacto autonómico no recoge una modificación como la del Ayuntamiento de Valladolid. El acuerdo sí se menciona expresamente a las “víctimas de violencia contra la mujer” entre los colectivos a los que se aplicarán determinadas medidas fiscales relacionadas con la vivienda, como la rebaja de tipos del impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual.

En el apartado 15, dedicado específicamente a vivienda, el pacto contempla un incremento de la inversión, nuevas políticas dirigidas a jóvenes, ampliación de las ayudas al alquiler y otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda. También recoge distintos perfiles considerados especialmente expuestos a la crisis habitacional, pero no establece ningún cambio para sustituir el concepto de violencia de género por el de violencia doméstica.

“Se valorará positivamente, a su vez, a efectos de criterios de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional, unidades de convivencia en situación de hacinamiento, etc”. Por tanto, salvo que ese “etcétera” recoja el cambio, no hay una indicación clara en el texto para cambiar el criterio.

El cambio en Valladolid: la violencia de género se diluye en violencia doméstica

El cambio de criterio en Valladolid fue aprobado por el consejo de administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) el pasado 28 de mayo con los votos de PP y Vox y se recoge en el nuevo protocolo de acceso a las viviendas municipales. El documento sustituye la referencia a las víctimas de violencia de género por la de víctimas de violencia doméstica. En el protocolo anterior, las víctimas de violencia de género recibían 1,5 puntos dentro de los criterios de baremación; con el nuevo sistema, ese criterio deja de aparecer de la misma manera, según adelantó la Cadena Ser.

El PSOE ha defendido que el cambio puede dejar fuera a mujeres víctimas de violencia de género que no conviven con sus agresores, al considerar que ambos conceptos no son equivalentes. Los socialistas han reclamado al alcalde, Jesús Julio Carnero, que dé marcha atrás.

El portavoz municipal socialista, Pedro Herrero, ha calificado el cambio de “extremadamente grave” y ha acusado al equipo de Gobierno de romper el consenso que existía alrededor de estas políticas. El protocolo anterior, según ha recordado, había sido aprobado por unanimidad, mientras que el nuevo solo contó con los votos favorables de PP y Vox.

Herrero también ha pedido al alcalde que aclare si “ha tomado él la decisión” o si el cambio es una obligación de Vox. “le obliga Vox”. El concejal socialitas también ha calificado de “barbaridad” la explicación que dio este miércoles el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, a la Cadena Ser, “diciendo que la violencia doméstica incluye a la violencia de género”.

El PSOE ha recordado que la violencia de género es aquella que es ejercida “por un hombre contra una mujer con independencia de su estado civil, parentesco o convivencia, y cuando esa violencia constituye una manifestación de discriminación, desigualdad o relaciones de poder”.

Por contra, como ha indicado Herrero, la violencia doméstica, “pone el acento, fundamentalmente, en la relación familiar o de convivencia”. “En definitiva, una mujer víctima de violencia de género no tiene por qué ser víctima de violencia doméstica”, por lo que desde el PSOE creen que la modificación del protocolo “desprotege a las mujeres víctimas de esta lacra social”. “Carnero las está desamparando”, ha aseverado Herrero.

El Grupo Municipal Socialita ha adelantado que va analizar con “con mucho detenimiento” por si la modificación hubiera incurrido en “una ilegalidad” o “irregularidad”. Desde el PSOE entienden que la ley, en su artículo 28, recoge que “en materia de vivienda no es que las mujeres sean un colectivo vulnerable, dice que es un colectivo prioritario porque para una mujer víctima de violencia de género su casa es algo más que una casa”.

Redondo acusa al PP de “deslealtad”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su “honda preocupación” por el retroceso, a su juicio, de las políticas de igualdad en administraciones gobernadas por PP y Vox. Redondo ha considerado que la desaparición de las víctimas de violencia de género del listado de beneficiarios prioritarios para acceder a un alquiler social supone “un insulto a las víctimas y una falta de lealtad al pacto de Estado”.

Frente a estas acusaciones, Carriedo ha recomendado a Redondo que centre su actuación en aquellas cuestiones que, según ha afirmado, ponen “en riesgo la igualdad” y la protección y seguridad de las mujeres en España.

UGT también reclama recuperar el término

A las críticas socialistas se ha sumado UGT, que ha calificado de “lamentable” la modificación del protocolo municipal y ha reclamado al Ayuntamiento que vuelva a incluir expresamente a las víctimas de violencia de género entre los colectivos prioritarios.

El sindicato ha defendido que la violencia doméstica y la violencia de género no son conceptos equivalentes y considera que el cambio puede afectar a la protección de mujeres que no conviven con sus agresores.

Cuatro heridas de arma blanca y posible caso de violencia de género. La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un hombre en la treintena como presunto autor de la agresión a una mujer de 35 años, que ha sido trasladada en estado grave al Hospital Universitario 12 de Octubre.

Fuentes policiales han confirmado a este periódico que ambos son de origen hondureño y que el suceso presenta indicios de un crimen machista, aunque esto aún se investiga. “De momento, todo apunta a que ambos tenían algún tipo de relación”, sostienen desde la Jefatura de la Policía Nacional, que mantiene abiertas las pesquisas.

La agresión se produjo en torno a las diez de la noche en la calle de Ramón Luján, pero no fue tiempo después que recibieron una llamada después de avistar a la víctima, que en ese momento yacía en mitad de una vía próxima: la de Dolores Barranco, a unos 300 metros de distancia.

El presunto agresor fue detenido en torno a las tres de la mañana en otro punto de Usera, cuya ubicación exacta no ha trascendido. La víctima fue atendida por sanitarios de Samur-Protección Civil en la calle Dolores Barranco. Cuando la encontraron, presentaba cuatro heridas de consideración en brazo, abdomen, zona renal y bajo el pecho.

Una vez fue estabilizada, la trasladaron al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde la mujer permanece con pronóstico reservado y grave. La Policía Municipal de Madrid colaboró en la intervención y escoltó el convoy sanitario durante el traslado de la víctima al centro hospitalario.

Más de 150 asociaciones se han adherido a la petición impulsada por la Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera (ATA) para que Franyel, la mujer trans venezolana de 35 años asesinada por su pareja en San Pedro de Alcántara (Marbella), sea reconocida institucionalmente como mujer y víctima mortal de violencia de género. La iniciativa ha logrado sumar a organizaciones LGTBIQA+, sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos de distintos territorios. Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera, considera que este apoyo “lanza un mensaje muy claro a las instituciones: esta no es una reivindicación únicamente del movimiento trans”.

Con los registros realizados, ATA solicita al Ministerio de Igualdad y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que tengan en consideración la identidad de Franyel como mujer a efectos de su reconocimiento como víctima mortal de violencia de género y que se adopten criterios que impidan que otras mujeres trans migrantes puedan quedar excluidas de esta protección por una discordancia documental. Esta es también una de las principales reclamaciones respaldadas por las organizaciones firmantes, apuntan en un comunicado.

ATA señala que la Ley 4/2023 reconoció a las personas trans extranjeras que no pudieran rectificar el sexo registral en sus países de origen el derecho a adecuar la documentación expedida en España a su identidad. Sin embargo, “el procedimiento para hacerlo efectivo no se estableció hasta julio de 2026, más de tres años después de aprobarse la ley, como bien sabe el propio Ministerio de Igualdad”, remarcan. Por ello, han enviado una carta tanto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en el que adjuntan el listado de las más de 150 entidades.

15 años después

La Policía Nacional comenzó a investigar este crimen como un episodio de violencia de género, pero, dado que la víctima no figuraba inscrita como mujer porque no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo, finalmente tramitaron las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia machista.

La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 58 años detenido por matar a Franyel, con quien mantenía una relación de pareja desde hacía tres meses y a la que siempre ha considerado como mujer, según admitió el presunto autor del crimen.

Así, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque la fallecida era una mujer trans, el asunto será investigado por una plaza de la sección de instrucción y no de violencia sobre la mujer, dado que no se había inscrito aún con la nueva identidad femenina en el Registro Civil, un requisito legal en este ámbito.

“Corregir esta injusticia”

Ante tales circunstancias, Cambrollé apunta que “estamos pidiendo que las leyes cumplan su finalidad: proteger a las mujeres frente a la violencia machista. Franyel era una mujer y fue asesinada por su pareja. Un documento no puede borrar esa realidad”. Además, ha subrayado que la Fiscalía General del Estado ya abordó este asunto: “Quince años después de que la Circular 6/2011 de la Fiscalía estableciera que una mujer trans puede ser considerada víctima de violencia de género aun sin haber rectificado registralmente su sexo, y después de todo lo que nuestra sociedad y nuestras leyes han avanzado, tengamos que volver a pelear por algo que debería estar superado”.

“Lo que se decida con Franyel va mucho más allá de Franyel, estamos hablando de qué respuesta va a dar el Estado a cualquier mujer trans migrante que sufra violencia machista y cuya documentación no refleje quién es. Las instituciones tienen ahora la oportunidad de corregir esta injusticia. Franyel no puede seguir siendo víctima después de asesinada”, concluye la activista trans.

Entre las entidades firmantes, figura la Federación Plataforma Trans, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Federación Ágora, Movimiento contra la intolerancia, La Vall Diversa, así como Podemos, Ruge Madrid, la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, Unides por la Diversidad Córdoba, Familias Transformando Castilla La Mancha, el Observatorio andaluz contra la homofobia, bifobia y transfobia o la Asociación latinoamericana Huelva para todos y todas.

El Tribunal Supremo avala que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos para anular una condena previa de violencia sobre la mujer. Así lo determina la Sala de lo Penal en una resolución en la que ha analizado el caso de una persona, D. R., que fue condenada por agredir a su expareja cuando era un hombre a todos los efectos jurídicos y legales.

La sentencia recurrida, dictada por un Juzgado de lo Penal de Castellón y ratificada por la Audiencia Provincial, consideró probado que el 20 de abril de 2022 la persona acusada acudió a las inmediaciones del domicilio de su expareja para ejercer su derecho de visitas con la hija de ocho años que tenían en común.

En un ambiente tenso, la persona acusada cogió fuertemente del brazo a su hija con la intención de menoscabar su integridad física. Su madre fue en su auxilio y D. R. le propinó un puñetazo en la cintura, golpes y arañazos en el cuello. La sentencia le impuso una condena por delito de violencia de género sobre su expareja a nueve meses de prisión y a la misma pena por delito de violencia doméstica sobre su hija.

En su recurso ante el Supremo contra la sentencia, entre otras cuestiones, alegó que era una mujer y no un hombre por auto de cambio de sexo dictado por el Registro Civil de Castellón el 1 de junio de 2023, por lo que no podía recibir una condena por el delito de violencia de género sobre su expareja del artículo 153.1 del Código Penal.

Los magistrados contestan que no puede aplicarse el cambio de sexo para neutralizar una condena por delito correspondiente a la violencia de género, cuando los hechos, como fue el caso, hayan ocurrido cuando el autor del delito era varón, a tenor de sus datos registrales, en el momento de los hechos, pues el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos.

El tribunal resalta que los hechos enjuiciados ocurren el 20 de abril de 2022, y el Auto de cambio de sexo del Registro Civil de Castellón es del 1 de junio de 2023, y en él se recoge que el expediente comienza con una comparecencia del interesado llevada a cabo el 24 de abril de 2023.

La sentencia indica que, tal como invoca el Ministerio Fiscal, la condena por el artículo 153.1 del Código Penal, lo ha sido como varón autor de violencia sobre la mujer, su expareja sentimental, por lo que el cambio registral de sexo no podría desplegar efectos retroactivos a hechos anteriores que fueron realizados, juzgados y sentenciados siendo el recurrente un hombre a todos los efectos jurídicos y legales.

Por otro lado, la sentencia indica que el cambio registral de sexo realizado con carácter previo al delito puede no servir tampoco para neutralizar una condena por violencia de género si se prueba que se llevó a efecto con la intencionalidad de defraudar la ley. El tribunal indica al respecto que el mero cambio registral no implica automáticamente fraude, y que la prueba de que se ha hecho con intención de fraude de ley debe ser plena y sin lugar a duda alguna, determinación que corresponde a los tribunales y debe basarse en las circunstancias concretas del caso.

El Supremo rechaza también que la sentencia condenatoria vulnerara su presunción de inocencia. Asimismo, desestima el recurso planteado por una mujer que le acompañaba en el momento de los hechos, que quedó probado que tiró del pelo de la su expareja y que intentó coger a la hija.

Desde 2003 hasta el día de hoy, 1.372 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Para quienes quieran llamar a esto -y ahí entra la ideología, porque todo esto es ideología- violencia intrafamiliar, recordarles que estos asesinatos se producen en un contexto de violencia que tiene raíces estructurales y que convierte a las mujeres en víctimas precisamente por su condición de mujeres.

Pero esta cifra de 1.372 mujeres es solo la punta del iceberg: la que vemos en las noticias, en las concentraciones, en los minutos de silencio. La cruda realidad es que, a día de hoy, hay 109.410 mujeres víctimas de violencia de género cuyos casos han sido reconocidos y registrados en el sistema VioGén, de las cuales 53.818 tienen menores a su cuidado.

Por más que las medidas de protección salven vidas cada vez que se produce un asesinato machista nos invade una insoportable sensación de frustración y fracaso. Sensación que solo desaparecerá cuando desaparezcan los asesinatos machistas y, para conseguirlo, hay que mejorar y ampliar los recursos de los que disponemos.

Existe una amplia variedad de recursos a los que pueden acudir las mujeres que sufren violencia: servicios sociales del Gobierno de Canarias, del Cabildo, y de los ayuntamientos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Administración de Justicia, servicios especializados de igualdad y, por supuesto, asociaciones que luchan contra la violencia de género. Aun así, la existencia de todos estos recursos no siempre se traduce en una atención verdaderamente integral.

Y aquí llega otro golpe de cruda realidad. Si para una mujer ya es duro reconocerse primero a sí misma que está siendo maltratada por su marido o pareja, después llega la dureza, la tristeza y la vergüenza de ir contando su historia de puerta en puerta y de despacho en despacho al primero que aparezca. Y es que ninguna mujer debería tener que contar cinco veces la historia de la violencia que ha sufrido para recibir protección.

La respuesta no puede ser otra que colocar a la víctima en el centro del proceso de atender, proteger y acompañar, mediante la creación de una ventanilla única de asistencia a las víctimas de violencia de género.

La puesta en marcha de la historia única, un mecanismo capaz de centralizar la información, es imprescindible, pero no suficiente. Colocar a la víctima en el centro del proceso supone no confundirla con su historial. No basta con que no tengan que moverse sus datos, es ella la que no debe verse obligada a deambular por diferentes administraciones, perdida entre solicitudes de cita previa mientras acumula horas en salas de espera.

Si existen ventanillas únicas para trámites empresariales y económicos, si existen ventanillas únicas para energías renovables, ¿cómo es posible que no exista una ventanilla única dirigida a proteger y salvar la vida de las mujeres?

Ninguna mujer debería tener que peregrinar de administración en administración, de formulario en formulario y de trámite en trámite repitiendo una y otra vez la violencia que ha sufrido, para conseguir la protección que merece.

1.932 alertas por violencia machista. Fueron las llamadas recibidas al servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112 en el mes de julio, el mes con más alertas desde que se creó este servicio en el año 1999. El 61% de las llamadas fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y hubo que activar la intervención policial, sanitaria, o de los Dispositivos de Emergencia insulares.

Pese a que este año se han roto los registros es una tendencia que ocurre cada verano, cuando aumentan las llamadas para alertar de casos e violencia machista en verano. En 2025, los meses con más llamadas según aseguró el Instituto Canario de Igualdad fueron julio y agosto, este último con 1.836 llamadas.

Elisa Pérez Rosales, del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, explica que “en los períodos de vacaciones, las pasan mucho más tiempo con sus maltratadores, están más controladas, tienen más limitado su propio movimiento. Entonces debe haber campañas específicas en determinados momentos del año”. Este sentido, remarca que “debe reforzarse ese tipo de campañas porque los datos nos avisan de que es posible que aumente, por la experiencia ya de años anteriores”.

Nereida Vizuete, de la Red Feminista de Gran Canaria, apunta que en los períodos estivales “hay más tiempo de convivencia familiar y eso agrava las crisis” y añade que además venimos de la celebración de un Mundial de fútbol masculino, períodos en los que suelen aumentar también las llamadas de alerta de casos de violencia machista.

En el ámbito nacional, durante el verano además se han producido varios crímenes machistas, uno de ellos se produjo en un cuartel de la Guardia Civil. Este año 36 mujeres han sido asesinadas, según los datos del Ministerio de Igualdad, 1377 desde que se empezaron a contabilizar los datos.

Para Elisa Pérez Rosales, “hay que identificar dónde está fallando el sistema para poder cambiarlo, es decir, el problema en muchas ocasiones de lo que ocurre con las herramientas en el marco de las políticas de igualdad y de violencia contra las mujeres es que no se revisan”, asegura. Incide en que el sistema Viogen te da también los instrumentos para poder evaluar y hacer una crítica sobre qué está ocurriendo.

Porque “el sistema está fallando” y eso, asegura, genera mucha inseguridad entre las mujeres que están en situación de violencia de género, para ellas, para sus hijos y para sus hijas. “Y el fallo no es nuevo, esto no es algo nuevo, esto es algo que se está dando desde hace muchísimos años”, agrega la portavoz del foro.

A su juicio, también tiene que haber voluntad política y de que “la violencia contra las mujeres sea una de las primeras cuestiones que esté en la agenda política”.

Aumentan los casos activos y no hay dirigentes formados

Nereida Vizuete incide en que desde la Red “nuestra preocupación y es constante precisamente por ese sentir de que no se está trabajando nada con estrategia y en profundidad. Sabemos que todos los periodos vacacionales, igual que todos los momentos de crisis, son perjudiciales y aumentan los momentos de peligro para las mujeres. Pero es que los datos que sacó el propio Gobierno de Canarias hace nada son tremendos. Es decir, hablaban de mil y pico activaciones del DEMA en seis meses. Esto, según nuestros cálculos, es una activación cada cuatro horas”, subraya.

“Es tremendo que no estemos en una situación de trabajar de forma estructural, integral, con todos los recursos sobre la mesa”, apunta. La portavoz de la Red añade: “Insistimos en que esto pasa porque quienes están al frente de las principales instituciones no tienen ni idea. Porque el viceconsejero de Igualdad no tiene ni idea porque ni se dedica a esto, ni nunca se ha dedicado. Y la directora (del Instituto Canario de Igualdad) tampoco”.

En este punto ahonda Elisa Pérez Rosales, que cree que “el Instituto Canario de Igualdad tiene que ser un instrumento también que valide y que ponga en marcha y revise y evalúe las políticas de igualdad, pero para eso tiene que estar al frente una persona que tenga experiencia en la materia. Eso es fundamental. Y en eso también se pone de manifiesto el interés que realmente tiene el Gobierno de Canarias por las políticas de igualdad y por los recursos que se están poniendo para dar respuesta a las situaciones de violencia contra las mujeres”, subraya.

Los colectivos feministas han reprochado el nombramiento de la nueva directora, hija de la fallecida Ana Brito (anterior directora) y sin experiencia en puestos de igualdad o formación en el ámbito. También han reprochado que no tenga esta formación el viceconsejero del área, Juan Martínez Doreste, un ingeniero experto en Marketing.

“No puede ocurrir que, como está ocurriendo ahora, estemos en agosto sin hacer ningún trabajo profundo, sin que las áreas principales de Educación, Sanidad, Justicia, hayan hecho trabajo profundo durante todo el año, y luego nos llevamos las manos a la cabeza, hay miles de llamadas de emergencias”, incide Vizuete.

La portavoz de la Red insiste en la necesidad de que se aborde un trabajo integral del sistema, “que si todas las áreas estuvieran trabajando de forma coordinada con la estrategia conjunta, pues igual tendríamos un poco más de resultados, pero ahora mismo se están haciendo todo el tiempo proyectos”, lamenta.

El asesinato de Franyel, una mujer trans venezolana de 35 años, presuntamente a manos del hombre que era su pareja en San Pedro de Alcántara (Marbella), nos ha situado ante una realidad que creíamos que las instituciones españolas habían comenzado a superar hace mucho tiempo. La investigación, inicialmente abordada en el ámbito de la violencia sobre la mujer, terminó siendo derivada a la jurisdicción ordinaria porque en la documentación de Franyel continuaba figurando sexo masculino.

Desde la Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera (ATA) entendimos que no podíamos aceptar que la respuesta ante el asesinato de una mujer quedara condicionada por una mención administrativa. Por ello hemos presentado escritos ante el órgano judicial que conoce de las actuaciones y ante la Fiscalía, solicitando que se valore la competencia del órgano especializado en Violencia sobre la Mujer.

También hemos trasladado el caso a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, porque lo que suceda con Franyel no es únicamente una cuestión procesal, afecta al alcance mismo de nuestro sistema público de protección frente a la violencia machista. A estas actuaciones hemos sumado ahora un escrito dirigido a Flor de Torres Porras, Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer de Andalucía, y lo hemos hecho porque existe un antecedente jurídico de enorme importancia que procede, además, de la propia Fiscalía General del Estado.

Excluirla de esa protección por su situación documental supondría, en palabras de aquella resolución recogidas posteriormente por la Fiscalía General del Estado, “desconocer una realidad social”

La Circular 6/2011, de 2 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación con la violencia sobre la mujer, dedica expresamente un apartado a las mujeres trans. La Circular contempla incluso el supuesto de mujeres trans extranjeras que no hayan podido acceder a la rectificación registral y establece un criterio esencial: la ausencia de esa rectificación no puede determinar automáticamente que una mujer trans quede fuera de la consideración de víctima de violencia de género. Hay un dato especialmente significativo: para fundamentar ese criterio, la propia Fiscalía se apoya en un auto de la Audiencia Provincial de Málaga de 3 de mayo de 2010.

El caso afectaba a una mujer trans extranjera que había denunciado al hombre con el que mantenía una relación sentimental y cuya documentación oficial no reflejaba su identidad como mujer. Se discutió qué órgano judicial debía conocer del asunto y la Audiencia Provincial determinó que correspondía al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Excluirla de esa protección por su situación documental supondría, en palabras de aquella resolución recogidas posteriormente por la Fiscalía General del Estado, “desconocer una realidad social”. Quince años después, en la misma provincia, volvemos a encontrarnos ante una cuestión que guarda una similitud difícil de ignorar.

Pero existe ahora un elemento añadido. La Ley 4/2023 reconoció en su artículo 50 el derecho de las personas trans extranjeras que no pudieran modificar el sexo registral en sus países de origen a adecuar esa mención en los documentos expedidos en España, la propia ley dio al Gobierno un año para habilitar el procedimiento necesario. Ese plazo no se cumplió y el procedimiento que permitió hacer efectivo ese derecho en la documentación policial de las personas extranjeras no llegó hasta julio de 2026, más de tres años después de aprobada la ley. Por tanto, durante esos años las personas trans extranjeras se encontraron con un derecho reconocido legalmente que no podían ejercer de manera efectiva porque el Estado no había habilitado el procedimiento necesario para hacerlo.

Esa es la realidad que también debe formar parte del análisis del caso de Franyel. No puede utilizarse ahora la falta de adecuación documental como argumento para excluirla del ámbito de la violencia de género cuando, hasta fechas prácticamente inmediatas a su asesinato, el propio Estado no había hecho efectivo el mecanismo que debía permitir esa adecuación.

Lo que suceda con Franyel no es únicamente una cuestión procesal, afecta al alcance mismo de nuestro sistema público de protección frente a la violencia machista

Sería difícil encontrar una contradicción mayor, primero impedir en la práctica el ejercicio de un derecho por falta de desarrollo administrativo y después hacer recaer sobre la persona las consecuencias de no haber podido ejercerlo.

Todo esto es lo que hemos trasladado a Flor de Torres. Hemos pedido que se valore la aplicación al caso de Franyel de la Circular 6/2011 de la propia Fiscalía General del Estado, el precedente de la Audiencia Provincial de Málaga, la legislación actualmente vigente y la particular situación que durante años han soportado las mujeres trans extranjeras y hemos solicitado que, dentro de las competencias del Ministerio Fiscal, se valoren las actuaciones necesarias para que la causa sea conocida por el órgano especializado en Violencia sobre la Mujer.

Pero el caso de Franyel también nos obliga a mirar más allá de un procedimiento judicial concreto, porque aquí aparece una cuestión que quienes llevamos décadas en el activismo trans conocemos muy bien: las sociedades pueden cambiar más rápido que las estructuras que las administran. España ha cambiado enormemente en su relación con las personas trans, quienes venimos de una época en la que ser trans significaba prácticamente vivir en los márgenes sabemos medir ese cambio mejor que nadie.

Hoy nuestras vidas forman parte de la cotidianeidad de millones de personas, somos compañeras de trabajo, vecinas, madres, padres, hermanas, amigas, estamos en los centros educativos, en las empresas, en las universidades, en las asociaciones y en las instituciones, y existe una sociedad mucho más empática y respetuosa con las personas trans de lo que determinados discursos interesados quieren hacernos creer.

Claro que sigue existiendo transfobia y estamos viviendo una reacción organizada que pretende convertir nuestros derechos en un campo permanente de batalla política, pero sería un error permitir que ese ruido ocultara el enorme cambio cultural que se ha producido. La sociedad española sabe perfectamente que una mujer trans es una mujer trans sin necesidad de pedirle antes el DNI, esa normalidad social existe y es una conquista colectiva. El problema es que determinados engranajes institucionales todavía funcionan con categorías, procedimientos y automatismos construidos para otra sociedad y ahí está, a mi juicio, uno de los retos fundamentales de esta nueva etapa de la lucha trans.

Reconocer un derecho no basta, hay que garantizar las condiciones para poder ejercerlo

Durante décadas tuvimos que pelear para cambiar las leyes, ahora tenemos que conseguir que el cambio llegue hasta el último engranaje que las aplica, a los procedimientos administrativos, a la formación de quienes toman decisiones, a las bases de datos, a los protocolos policiales, a la práctica judicial y a todos esos lugares aparentemente pequeños donde un derecho puede convertirse en realidad o quedarse simplemente escrito en un boletín oficial.

No se trata de forzar las leyes para acomodarlas a una reivindicación política, es justamente lo contrario. El propio artículo 3 del Código Civil establece que las normas deben interpretarse atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas y, fundamentalmente, a su espíritu y finalidad. Y la finalidad de una legislación contra la violencia de género es proteger a las mujeres frente a una violencia que se ejerce sobre ellas, no convertir una casilla administrativa en una frontera infranqueable para esa protección.

El caso de Franyel nos recuerda además algo que el movimiento trans lleva mucho tiempo diciendo: reconocer un derecho no basta, hay que garantizar las condiciones para poder ejercerlo. El artículo 50 estuvo escrito durante más de tres años mientras las personas a quienes iba dirigido seguían esperando el procedimiento que debía convertirlo en realidad. Esa distancia entre la ley y la vida es precisamente la que tenemos que cerrar.

Quizá esa sea la transformación que ahora necesitamos: ya no solamente conquistar derechos nuevos, sino revisar estructuras antiguas, conseguir que las políticas públicas incorporen de verdad una sociedad que es más diversa, más abierta y también más empática de lo que algunas instituciones todavía parecen preparadas para gestionar.

Franyel no puede convertirse únicamente en el nombre de una injusticia, su caso debe servir para corregir aquello que ha fallado y para que ninguna otra mujer trans migrante vuelva a encontrarse atrapada entre una realidad que todo el mundo puede ver y una burocracia que llega demasiado tarde.

La Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera (ATA) ha dado un nuevo paso ante el tratamiento institucional que está recibiendo el crimen de la mujer trans venezolana de 35 años asesinada el pasado domingo a manos de su pareja en San Pedro de Alcántara (perteneciente a Marbella). Para ello, ha presentado tres escritos ante instancias judiciales y gubernamentales, exigiendo el reconocimiento de Franyel como víctima de violencia machista

En concreto, según señala ATA en un comunicado, los escritos están dirigidos a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella - plaza número 2, que investiga los hechos; a la Fiscalía Provincial de Málaga, Sección de Violencia sobre la Mujer; y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad.

Cabe recordar que la Policía Nacional comenzó a investigar el asesinato como un “episodio de violencia de género”, pero, dado que la víctima –de origen venezolano– no figuraba inscrita como mujer porque no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo, finalmente tramitaron las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia machista.

Ante el órgano judicial y la Fiscalía, ATA ha trasladado “los argumentos jurídicos para que se valore la competencia del órgano especializado en violencia sobre la mujer y, en consecuencia, la remisión de la causa, evitando que la falta de adecuación de la documentación registral prevalezca sobre su identidad como mujer y sobre la realidad de la relación sentimental que mantenía con el investigado”.

La Asociación ha recordado que “la legislación andaluza reconoce expresamente, en el ámbito de la violencia de género, a las personas cuya identidad de género sea la de mujer”. Asimismo, invoca el artículo 3.1 del Código Civil, que “establece que las normas deben interpretarse atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas y, fundamentalmente, a su espíritu y finalidad”, apunta el comunicado.

Excluida del sistema de protección “por una circunstancia administrativa”

La presidenta de ATA-Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, ha incidido en que “la finalidad de las leyes contra la violencia de género es proteger a las mujeres frente a la violencia machista, y esa finalidad no puede quedar anulada por una circunstancia meramente documental”.

“Era una mujer y fue asesinada por quien era su pareja. Interpretar una norma destinada a proteger a las mujeres de una forma que la deje fuera por lo que figura en un documento sería contrario a su propio espíritu y finalidad”, ha declarado.

Asimismo, Cambrollé ha advertido de “la especial situación de las mujeres trans migrantes, cuya documentación de origen puede no corresponderse con su identidad de género, y considera que esta circunstancia administrativa no puede convertirse en una puerta de exclusión del sistema de protección frente a la violencia machista”.

La organización ha trasladado también el caso a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a la que solicita que, “dentro de sus competencias, impulse las actuaciones necesarias para garantizar un tratamiento institucional del asesinato con perspectiva de género y pleno respeto a la identidad”.

“Lo que se decida marcará también qué respuesta encuentran otras mujeres trans, especialmente migrantes, ante la violencia machista. Ninguna mujer debería quedar fuera de su protección porque un documento no reconozca quién es, y mucho menos cuando ha sido el propio Estado el que durante años no ha habilitado de forma efectiva el procedimiento necesario para que muchas personas trans extranjeras pudieran adecuar su documentación a su identidad. No se puede convertir ahora esa falta de reconocimiento documental en un obstáculo para reconocerla como la mujer que era y como víctima de violencia machista”, ha concluido Cambrollé.

Por último, la Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera espera ahora “que las distintas instancias valoren los argumentos planteados y actúen dentro de sus respectivas competencias”.

La Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera (ATA) exige que la muerte de Franyel, mujer trans de 35 años asesinada este domingo a puñaladas por su pareja en San Pedro de Alcántara (Marbella), sea reconocido y tratado institucionalmente como “un crimen de violencia machista”.

La Policía Nacional comenzó a investigar el crimen como un “episodio de violencia de género”, pero, dado que la víctima –de origen venezolano– no figuraba inscrita como mujer porque no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo, finalmente tramitaron las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia machista.

La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia, ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 58 años detenido por matar a Franyel, con quien mantenía una relación de pareja desde hacía tres meses y a la que siempre ha considerado como mujer, según admitió el presunto autor del crimen.

Así, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque la fallecida era una mujer trans, el asunto será investigado por una plaza de la sección de instrucción y no de violencia sobre la mujer, dado que no se había inscrito aún con la nueva identidad femenina en el Registro Civil, un requisito legal indispensable en este ámbito.

Sin embargo, desde ATA lamentan que Franyel haya sido “víctima de una cadena de violencias que no puede continuar después de su muerte”. Al respecto, la presidenta de esta asociación, Mar Cambrollé, señala que “Franyel ha sido víctima de la violencia ejercida por su pareja, de la negligencia de un Gobierno que tardó más de tres años desde la aprobación de la Ley Trans en habilitar el procedimiento que permitiera a las personas trans migrantes ejercer efectivamente su derecho a adecuar el sexo de su documentación y ahora no puede volver a ser víctima de unas instituciones que, precisamente por haberle impedido realizar ese cambio, se nieguen a reconocerla como mujer y a tratar su asesinato como violencia machista”.

“Consecuencia de años de inacción administrativa”

Desde ATA recuerdan que “la Ley 4/2023 reconoció en su artículo 50 el derecho de las personas trans extranjeras que no pudieran modificar sus documentos en sus países de origen a adecuar la mención relativa al sexo y el nombre en la documentación expedida en España, sin embargo, hubo que esperar hasta el pasado 13 de julio de 2026 para que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía establecieran el protocolo que permitiera hacer efectivo este derecho”.

Para ATA resulta “especialmente grave” que “esa discordancia documental, consecuencia de años de inacción administrativa”, pueda utilizarse ahora para negar, “una vez asesinada, su condición de mujer y el reconocimiento de la violencia machista sufrida”.

Cambrollé insiste en que “Franyel era una mujer, vivía como una mujer y ha sido asesinada como una mujer, una igualdad real jamás se construirá sobre la exclusión o el olvido de ninguna mujer”. La presidenta de ATA denuncia asimismo que estamos ante una situación de “violencia institucional”. A su juicio, “el Estado no puede impedir durante tres años que una mujer trans migrante ejerza su derecho a tener una documentación acorde con su identidad y, cuando es asesinada por su pareja, utilizar precisamente la ausencia de ese reconocimiento documental para no tratarla como mujer”.

Por ello, ATA-Sylvia Rivera se dirige al Ministerio de Igualdad, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al Ministerio de Justicia y a las autoridades judiciales competentes para exigir que Franyel “sea reconocida como la mujer que era y que su asesinato sea abordado como violencia machista”, así como para reclamar “criterios que garanticen que ninguna mujer trans migrante quede fuera de la protección frente a la violencia de género por una cuestión meramente registral”.

Solo durante el mes de julio pasado el servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), atendió cerca de 2.000 llamadas (1.932), de las que el 61% (1.170 alertas) fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y hubo que activar la intervención policial, sanitaria, o de los Dispositivos de Emergencia insulares.

La directora del ICI, Ana Padrón, apela en un comunicado al compromiso de toda la ciudadanía contra las violencias machistas e insiste en la importancia de llamar al 112 ante cualquier indicio para proteger a las mujeres.

“Las 1.932 alertas de julio, la cifra más elevada de llamadas recibidas en un solo mes desde la creación del servicio en 1999, es un dato evidente que corrobora lo que siempre han comunicado las personas que están en primera línea atendiendo a las mujeres, y es el hecho de que durante los periodos vacacionales aumenta el riesgo de las mujeres y menores que conviven con un maltratador”, destaca Padrón.

También añade que “nada justifica la violencia machista, ni el verano ni mayor convivencia, la responsabilidad es siempre de quien ejerce la violencia”.

“Toda la población debe estar alerta y ante cualquier sospecha de que una mujer pueda ser víctima de violencia de género o esté en riesgo, debe llamar al 112”, recuerda la directora.

El registro de llamadas de julio supone un aumento del 10% respecto al mismo mes de 2025. En cuanto al acumulado del año las 11.625 de estos siete primeros meses del año representan un 13% más que en el mismo periodo de 2025.

Los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA) se activaron en julio en 224 ocasiones y 42 mujeres con sus 28 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador ante la imposibilidad de alojarse en otro lugar. De forma paralela, en este mes se movilizaron 1.127 recursos policiales y 84 sanitarios.

La mayoría de agresores fueron la pareja (921), o la expareja (471), también hubo agresiones por parte de hijos (62), desconocidos (60), amigos (8), padres (35) o hermanos (18).

En cuanto al tipo de agresiones, casi el 5% fueron agresiones sexuales lo que supuso activar desde el 112 los centros de crisis 24 horas en 47 ocasiones. El 41% fueron violencias físicas sin agresión sexual y otro 43% no físicas.

Por grupos de edad aumentaron de manera destacada el número de menores de 18 años afectadas y en julio se recibieron 32 alertas, un 28% más que en el mes anterior.

En cuanto al resto de grupos se recibieron 372 alertas de mujeres de 18 a 35 años (329 en junio); 410 de mujeres entre 36 y 55 años, (389 en el mes anterior); 109 de 56 a 75 años (102 en junio); y 15 de mujeres de 76 a 97 años (13 en junio).

La mayoría de las llamadas, el 41%, fueron realizadas por la propia víctima, un 25% por alertantes accidentales, un 17% por instituciones, y un 5% por familiares

La línea telefónica 900 100 114 abierta por el Gobierno de Castilla-La Mancha para la atención a víctimas de la violencia de género ha recibido 5.441 llamadas a lo largo de todo el año 2026, lo que representa un incremento del 15,4% respecto al mismo periodo del año pasado.

Ese incremento comenzó en enero y se ha mantenido a lo largo de todos los meses de este periodo, con una especial incidencia a partir del mes de mayo desde el que se acumula un crecimiento medio del 22,6%.

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, ha destacado la importancia de pedir ayuda “en otro verano verdaderamente dramático” por violencia de género, recordando también que la lectura de este incremento de llamadas “no puede tener solo una lectura negativa”.

“Hoy sabemos que hay más casos de violencia de género, pero hay muchas cifras que crecen porque hay más mujeres alzando la voy y pidiendo ayuda a través de servicios, como la línea 900 100 114 del Gobierno regional, en lugar de sufrirla en silencio”, ha señalado.

Además, López ha querido insistir en que “ahora es más importante que nunca que toda la sociedad nos impliquemos en la erradicación de toda expresión de violencia hacia las mujeres y por ello cualquier persona que tenga conocimiento de un caso de violencia de género o que lo sufra directamente, debe pedir ayuda”.

En este sentido, la directora del Instituto de la Mujer ha asegurado que “solo se pide ayuda cuando se siente confianza y cuando la sensación de protección y de empatía es superior a la del miedo”, que “es lo que los discursos de la negación generan y por ello son tan peligrosos y dañinos”.

El 21% de las llamadas, para pedir información

En relación al tipo de llamadas recibidas, en el 21% de las ocasiones se trata de petición de información sobre los procedimientos de denuncia, el 13% responde a casos e intervenciones de urgencia y el 15% de las comunicaciones responden a demanda de intervención desde el punto de vista social. Un 28% de las atenciones realizadas han tenido que ver con situaciones de escucha y apoyo emocional.

Las llamadas recibidas por familiares y personas del entorno de la víctima representan el 10% de los casos frente al 83% de las situaciones en las que es la propia mujer víctima de violencia de género quien pide ayuda, que en el 69% de las ocasiones cuenta con nacional española.

Por tramos de edad, el mayor número de llamadas recibidas, el 30%, tiene que ver con víctimas jóvenes de entre 31 y 40 años, seguido del tramo de 20 a 30 años con el 20%. Las mujeres de 41 a 50 representan el 18% de los casos y las de 19 a 20 años, el 8%.

El 54% de las atenciones telefónicas realizadas han tenido que ver con violencia psicológica y el 31% con violencia física. Son cifras que se extraen de las 5.441 llamadas atendidas, sin que ello signifique que todos los casos y todas las tipologías de violencia machista existentes en la región estén representadas en ellas.

Nueva muerte violenta en la provincia de Málaga. Una mujer trans de 36 años ha sido hallada sin vida este lunes por la tarde en una vivienda de San Pedro Alcántara, en Marbella, con heridas compatibles con un ataque con arma blanca. Fuentes policiales confirman que un hombre de 59 años ya ha sido detenido tras confesar el crimen a la llegada de los agentes a la vivienda.

El crimen se ha producido este lunes en la calle Castilla, en el núcleo de población de San Pedro Alcántara, y el aviso ha sido recibido a las 16.15 horas. Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente los servicios de emergencias, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Desde la Policía Nacional precisan que, si bien la investigación continúa abierta, la mujer ha fallecido por heridas de arma blanca en un supuesto “episodio de violencia de género”. No obstante, fuentes policiales han señalado a EFE que, dado que la víctima no figuraba inscrita como mujer porque no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo, la Policía tramita las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia de género como apuntaron inicialmente.

Víctima y autor convivían juntos y, según las primeras averiguaciones, las discusiones de pareja eran habituales, ha informado este martes la Policía. De las pesquisas policiales se desprende que la víctima ha fallecido a consecuencia del apuñalamiento, aunque será la autopsia la que de determine el número de heridas y el tipo de arma blanca utilizada.

Peor cifra de asesinatos machistas desde 2019

El asesinato de esta mujer se ha producido unos días después de que se haya confirmado el crimen machista de otra mujer en Benahavís (Málaga) el 21 de julio, lo que elevaba a diez el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va de año en Andalucía, 36 en todo el país, la peor cifra desde 2019.

Según la estadística del Ministerio de Igualdad, Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos de naturaleza machista en 2026.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.