La V Conferencia de Política Exterior Feminista se ha celebrado esta semana en Madrid con más de 700 personas procedentes de ministerios de asuntos exteriores, organismos internacionales y sociedad civil, y con críticas a su falta de interseccionalidad. Belén Sanz, responsable de ONU Mujeres para Europa y Asia Central, ha sido una de las participantes de un encuentro que ha tenido como ejes la participación política de las mujeres, la sociedad del cuidado, o la financiación de las políticas de igualdad. La declaración final, a la que se han sumado 28 Estados, alertaba sobre el impacto de la desinformación y los discursos antiderechos, e instaba a lograr la paridad y a aumentar los recursos para la igualdad.

¿Qué nivel de coherencia se puede pedir a la política exterior feminista? En la Conferencia han participado países en los que, por ejemplo, el aborto está prohibido o fuertemente limitado o que no reconocen políticas específicas para la violencia de género. ¿Es una manera de presionar a esos países o puede ser considerado pinkwashing?

Es importante recordar que uno de los objetivos de las políticas exteriores feministas o con enfoque de género es que avancen los compromisos internacionales en materia de igualdad. Todos los países que han suscrito acuerdos internacionales en ese sentido, particularmente la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tienen que rendir cuentas sobre sus avances y en este sentido las conferencias internacionales son una oportunidad. Desde luego que nuestra aspiración es que haya una coherencia interna y externa, que los países que están desarrollando un apoyo al multilateralismo con enfoque de género, a su vez avancen en la implementación de esas políticas a nivel nacional. Este tipo de plataformas ayudan a generar un mayor nivel de cambio en los países y a que haya un intercambio de buenas prácticas.

Enfrentamos una corriente de retrocesos en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres que está generando que uno de cada cuatro países manifieste que hay algún tipo de retroceso en esa materia. A pesar de ello, la mayoría de los estados miembros de las Naciones Unidas sigue impulsando el avance en materia de derechos de las mujeres

Esta Conferencia tiene lugar en un mundo en el que están sucediendo alianzas muy opuestas. Hay una alianza internacional que tiene en el centro de su eje político una crítica al concepto de violencia de género o el cuestionamiento de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué diagnóstico hace del momento en el que estamos?

Desde ONU Mujeres hemos documentado ampliamente el hecho de que enfrentamos una corriente de retrocesos en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres que está generando que uno de cada cuatro países manifieste que hay algún tipo de retroceso en esa materia. Además, existe una disminución en la financiación de organizaciones de la sociedad civil que se encargan de tareas centrales de apoyo y acceso a servicios e incluso de salvar vidas en contextos de conflicto. Y vemos también que hay una corriente de oposición y de cuestionamiento a la esencia misma de los derechos de las mujeres. Nuestro diagnóstico es preocupante y tenemos que ser capaces de hacer frente a estos retrocesos.

A pesar de ello, la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas sigue impulsando el avance en materia de derechos de las mujeres. En la Comisión del Estatus de la Mujer de este año, que es el encuentro internacional más importante en esta materia, se generaron importantes debates. Algunos países trataron de cuestionar el enfoque mismo de la igualdad de género y otros conceptos que están avalados por los acuerdos internacionales. A pesar de ello, la mayoría abrumadora de países adoptó por consenso unas conclusiones que no solo reafirman los derechos de las mujeres, sino que avanzan en temas centrales como los cuidados, o la violencia contra las mujeres. Es decir, el contexto no es favorable en la medida en que hay corrientes muy fuertes opositoras a la agenda de igualdad, pero es importante que sigamos sumando voluntades y que recordemos que la mayoría abrumadora de países están comprometidos con este avance.

¿Está la interrupción voluntaria del embarazo en riesgo? ¿Con qué argumentos se puede o se debe ahora, digamos, contrarrestar esa corriente?

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales de las mujeres y que debemos proteger en todos los contextos. Son derechos asociados a la salud y a la violencia contra las mujeres y por lo tanto desde Naciones Unidas impulsamos que los países garanticen que las mujeres tengan derecho a elegir sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo en condiciones de seguridad tanto jurídica como de acceso a la salud.

Ante cualquier riesgo de retroceso es importante recordar que los países cumplan con los estándares internacionales, y esos estándares indican que las mujeres tienen que tener sus derechos sexuales y reproductivos protegidos. Es importantísimo apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes han impulsado y abogado por que los derechos sexuales y reproductivos se mantengan en la agenda. Los derechos de las mujeres no se pueden dividir en trocitos, son derechos interconectados, integrales.

La tendencia que estamos observando es que las organizaciones de la sociedad civil están sufriendo importantes recortes. Hemos hecho un análisis de más de 400 organizaciones a lo largo del mundo: al menos un 30% de las organizaciones de mujeres han tenido que interrumpir sus operaciones o cerrar del todo

Sobre la financiación, ¿ha habido un cambio de tendencia?, ¿se están desfinanciando organizaciones y proyectos con enfoque feminista en todo el mundo?

En financiacion vemos la brecha enorme que existe en el mundo, por ejemplo, entre defensa y gasto militar y desarrollo e igualdad de género. Esa brecha es inasumible. Si invirtiéramos esos recursos en igualdad de género, la aceleración en materia de desarrollo sostenible sería infinita. Es importante que revisemos cuáles son las prioridades de financiación de los países. La tendencia que estamos observando, además, es que las organizaciones de la sociedad civil están sufriendo importantes recortes.

Hemos hecho un análisis de más de 400 organizaciones a lo largo del mundo en distintas regiones y estos informes nos indicaron que al menos un 30% de las organizaciones de mujeres han tenido que interrumpir sus operaciones o cerrar del todo. Los países deben entender que mientras sigamos priorizando la financiación en gasto militar y desdeñando la inversión en desarrollo sostenible y derechos humanos, la verdadera paz que estamos buscando va a estar en riesgo.

En España se ha popularizado un término para descalificar a las organizaciones feministas que reciben dinero: chiringuitos feministas. ¿Puede explicar a qué se dedican muchas de estas organizaciones que ahora están dejando de recibir financiación, cuáles son sus objetivos, su función, sus actividades?

Estamos hablando de organizaciones que, por ejemplo, dan apoyo directo a víctimas de violencia, o a mujeres que han sido afectadas por una guerra, así que tiene que ver con salvar vidas. Pero hay que hablar sobre su tarea de abogacía: en todos los países del mundo donde ha habido avances en derechos, por ejemplo, al voto, a un salario igualitario, a una educación digna, al derecho a la salud... todos estos avances legislativos han tenido detrás un impulso de las asociaciones de mujeres, que se organizan en torno a una agenda estratégica y política para el avance de la igualdad.

Las organizaciones tienen una labor fundamental en acompañar a los gobiernos a nivel nacional y local para garantizar el acceso a servicios básicos por parte de las mujeres, para diseñar políticas públicas e incluso en la provisión de servicios directamente a mujeres. Por eso, desde ONU Mujeres insistimos en que no podemos desfinanciar a las organizaciones porque eso sería desfinanciar la agenda de igualdad y tendría un efecto directo no solo en los derechos de las mujeres, sino en los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la Conferencia varias ponentes hablaron de la necesidad de ampliar o de cambiar el concepto de seguridad. ¿Es necesario que la seguridad se entienda no solo como un asunto de protección de territorios sino también de protección de las personas y de garantizar vidas dignas y libres de violencia?

Exactamente. Los derechos humanos tienen que centrarse en la seguridad humana. Naciones Unidas ha generado suficiente evidencia sobre el hecho de que la seguridad tiene que tener un enfoque integral, que no se centre solo en la defensa, sino también en la generación de oportunidades para la ciudadanía, para la sociedad en materia de desarrollo y de derechos humanos. Un enfoque de género en la seguridad permite entender que la seguridad implica acceso de las mujeres a la salud, acceso al trabajo, a la educación... y eso redunda en un mayor desarrollo para toda la sociedad. Y en un momento en el que tantas guerras y conflictos están activos en el mundo es más necesario que nunca que repensemos la seguridad con enfoque de género.

Nos preocupa profundamente el hecho de que en el ámbito digital esa violencia está aumentando en coordinación y sofisticación. El último estudio de ONU Mujeres mostró que el 70% de las defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas ha sufrido violencia en línea y el 41% afirma que esa violencia se trasladó al mundo físico mediante acoso, amenazas o agresiones.

¿Es la violencia digital una variante en auge de la violencia de género? ¿Está teniendo la relevancia que merece, estamos tomando en serio el asunto?

La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema. A pesar de ello, es importante señalar que cuando existen legislaciones específicas, la violencia disminuye. Nos preocupa profundamente el hecho de que en el ámbito digital esa violencia está aumentando en coordinación y sofisticación. El último estudio de ONU Mujeres mostró que el 70% de las defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas ha sufrido violencia en línea y el 41% afirma que esa violencia se trasladó al mundo físico mediante acoso, amenazas o agresiones. Es un porcentaje altísimo y eso teniendo en cuenta que hay muchas mujeres que aún no reportan esta violencia.

Hay que hablar de cómo esta violencia está ejerciéndose sobre periodistas y mujeres con visibilidad pública, incluyendo mujeres en política, y señalar que tiene enormes consecuencias, como la autocensura, la posibilidad de ejercer su profesión, pero también consecuencias en salud mental. Es urgente atender este asunto, que haya protocolos específicos de apoyo. ONU Mujeres está trabajando en una estrategia global para apoyar a las profesionales en este sentido e impulsar que los países generen protocolos específicos de protección y de apoyo.

¿Es la Inteligencia Artificial un nuevo riesgo en este sentido?

La IA puede suponer avances, pero también riesgos. Sabemos que la manera en la que se diseñan las herramientas de IA reproduce sesgos de género y, además, se están utilizando para acosar directamente a las mujeres. El abuso por medio de inteligencia artificial no es casual, busca silenciar a las mujeres, desacreditarlas y expulsarlas de los espacios públicos y democráticos. La propiedad de mucha de estas empresas debe democratizarse, deben entrar muchas más mujeres en este sector y debemos tratar de que la mirada de género se introduzca.

Es hora de que una mujer asuma el liderazgo de la ONu. Estamos seguras de que en en el momento actual, con la cantidad de crisis y conflictos que se entrecruzan, que una mujer esté al frente del organismo internacional más importante que tiene la humanidad va a dar una señal al mundo de que es posible un liderazgo incluyente y comprometido con la igualdad de los derechos de las mujeres

Hay un movimiento internacional, del que España es parte, para que la próxima persona que lidere las Naciones Unidas sea una mujer. ¿Cuál es la posición de ONU Mujeres?

Nos parece que tras 80 años en los que no ha habido una sola mujer liderando esta organización ya es hora de que una mujer pueda asumir esta responsabilidad. Estamos seguras de que en el momento actual, con la cantidad de crisis y conflictos que se entrecruzan –guerras, cambio climático, derechos humanos...–, que una mujer esté al frente del organismo internacional más importante que tiene la humanidad va a dar una señal al mundo de que es posible un liderazgo incluyente y comprometido con la igualdad de los derechos de las mujeres. Así que esperamos que los Estados miembros en sus deliberaciones se den cuenta de que ya es hora de que una mujer lidere este organismo.

También hay liderazgos femeninos reaccionarios. ¿No es un riesgo pedir que sea una mujer sin poner otros requisitos? ¿No es esencializante reivindicar que sea una mujer sin hablar de qué principios e ideas debería tener esa persona?

Lo que hay que pedirle a todos los líderes del mundo, sean hombres o mujeres, es que tengan un compromiso con la igualdad de género y desde luego con los principios de derechos humanos que la ONU enarbola. Esperamos que quien sea que lidere el organismo defienda los derechos de las mujeres y que aproveche la oportunidad de esta nueva etapa de las Naciones Unidas para avanzar en la igualdad. Así que, desde luego, queremos un liderazgo transformador y comprometido con la igualdad de género, que quien llegue entienda que esa igualdad es una de las salidas a muchas de las crisis que atravesamos.

La Policía Nacional ha confirmado como un nuevo caso de violencia de género el asesinato de una mujer de 51 años por arma de fuego en Málaga capital. Los agentes han hallado el cuerpo sin vida de la víctima junto al del presunto asesino, un hombre de 56 años, en torno a las 07:30 horas de este viernes en la zona norte de la ciudad, según han confirmado fuentes policiales.

Andalucía contabiliza así un total de cinco asesinatos por violencia machista en lo que llevamos de 2026. Con este asesinato, la provincia malagueña registra su segunda víctima mortal por violencia de género en lo que va de año junto con el crimen ocurrido en Alhaurín el Grande el pasado mes de enero.

La Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno está recabando todos los datos del caso para remitirlos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Según han confirmado a Europa Press, ninguno de los dos tenía antecedentes en Viogen, ni entre ellos ni por separado.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido varios avisos alertando del suceso ocurrido en calle Guadalimar. De inmediato dieron aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios.

La investigación para el total esclarecimiento de los hechos está abierta y de ella se ha hecho cargo el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha incidido en que “debemos mostrar una vez más el rechazo de la sociedad ante la que sigue siendo una gran lacra, la violencia de género. Mis condolencias a la familia y amigos de la víctima”, ha escrito en un mensaje en redes sociales.

La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a tres personas como supuestas autoras de un delito de usurpación de funciones públicas, por hacerse pasar por guardias civiles con el objetivo de recabar información sobre una mujer vinculada a un caso de violencia de género. Uno de los investigados mantenía una relación sentimental con la mujer y convivía con ella en Barakaldo.

Según ha informado el instituto armado, la investigación se inició a mediados de septiembre de 2025, cuando la coordinadora del centro asesor de la mujer con sede en Bizkaia -que ofrece apoyo gratuito y confidencial a víctimas- presentó una denuncia al tener conocimiento de que una usuaria había recibido un mensaje SMS en su teléfono móvil. En el mensaje, el remitente se identificaba como guardia civil destinado en una unidad de la Comandancia de Bizkaia, se interesaba por su situación personal y le preguntaba si había vuelto a tener problemas con su expareja, según recoge Europa Press.

La denunciante trató de verificar la identidad del supuesto agente mediante una llamada telefónica. Aunque inicialmente no obtuvo respuesta, minutos después le respondieron desde ese mismo número. En esta ocasión, el interlocutor volvió a identificarse como miembro de la Guardia Civil, e incluso aportó un nombre y un supuesto número profesional.

Durante la conversación afirmó que su interés radicaba en conocer la situación de la víctima dentro del Sistema de Seguimiento de Casos de Violencia de Género (VioGén), así como averiguar si existía algún procedimiento en curso relacionado con el presunto autor de los hechos. La coordinadora se negó a facilitar dato alguno, por el carácter reservado de la información, y dio finalizada la conversación. A partir de ese momento, los guardias civiles iniciaron las indagaciones y centraron las sospechas en el entorno personal de la víctima.

“Información sensible”

Como consecuencia, se identificó a tres personas que habrían participado en los hechos utilizando una línea telefónica adquirida de forma presencial por uno de ellos, quien posteriormente la habría facilitado al resto para llevar a cabo la suplantación. La investigación revela que los implicados no solo enviaron el mensaje inicial, sino que reforzaron la simulación mediante una conversación telefónica en la que se hicieron pasar por agentes pertenecientes a una unidad de investigación de la Guardia Civil en Bilbao.

El objetivo era obtener “información sensible” sobre la situación personal de la víctima, “vulnerando los protocolos establecidos y aprovechándose de la confianza que genera la identidad institucional”. Uno de los investigados mantenía en la actualidad una relación sentimental con la mujer por la que se interesaba y convivía con ella en Barakaldo (Bizkaia). Esta circunstancia, según la Guardia Civil, refuerza la intencionalidad de los hechos investigados.

La jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Logroño ha acordado inhibirse a favor de los Juzgados de Navarra en la causa abierta por los hechos ocurridos en Fuenmayor el pasado 28 de mayo, en los que fue asesinado un hombre de 26 años y agredida una mujer que mantenía una relación sentimental con el presunto agresor.

El investigado fue detenido poco después de los hechos y el Juzgado de Guardia de Logroño acordó el pasado 30 de mayo su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de homicidio y de un delito de homicidio en grado de tentativa.

La decisión de inhibición ha sido comunicada hoy a las partes mediante un auto. En la resolución, la Magistrada considera que carece de competencia territorial para continuar con la instrucción del procedimiento al constar en las actuaciones que el domicilio habitual de la víctima no se encuentra en ningún partido judicial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Según recoge el auto, la víctima tiene su residencia habitual en la Comunidad Foral de Navarra, circunstancia que determina la competencia de los órganos judiciales de dicha comunidad para conocer de la causa.

La resolución fundamenta esta decisión en lo dispuesto en el artículo 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que, en los delitos cuya instrucción corresponde a los juzgados de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial viene determinada por el lugar del domicilio de la víctima.

La existencia de una investigación por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa cometido contra la pareja del investigado es el elemento que atribuye el conocimiento del procedimiento a los órganos especializados en Violencia sobre la Mujer y, en consecuencia, determina la aplicación de la citada regla competencial. Por ello, la Magistrada acuerda remitir las actuaciones a los juzgados competentes de Navarra para que continúen la tramitación del procedimiento.

“Yo no vi a mi madre el día que la mató”. Leticia, que ahora narra estos hechos ante un juez, apenas había cumplido la mayoría de edad cuando se quedó sola y con dos hermanos pequeños. Iba de camino a un partido de baloncesto, pero su abuela la llamó al teléfono. Trajo la peor de las noticias: “Me dijo que Black la había matado”. Black es el mote de Richard Fermín P.S., el asesino confeso de Miguela N.N. y su pareja sentimental en el momento en el que le asestó 45 puñaladas, acabando allí con su vida. Ella tenía 35 años y él, dos menos. Ocurrió el 24 de septiembre de 2023 en un domicilio de Villaverde (Madrid), donde vivía el acusado y al que acudió con la víctima. Pero el relato de violencia, coacciones y machismo que ha reconstruido su familia había empezado mucho antes.

Esta semana ha arrancado el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Leticia ya ha cumplido 22 y ha acudido a declarar con su abuela, Victoria N.P. La Fiscalía pide 25 años de cárcel para el acusado, oculto detrás de un biombo mientras ambas testificaban. Además de a su primogénita, Miguela –de nacionalidad española y origen dominicano– dejó huérfanos de madre a otros dos hijos menores de edad, un niño de 9 años y otra chica de 11. “Yo sabía que él era una persona violenta, porque allá [en Republica Dominicana] hizo daño a muchas mujeres”, ha asegurado en sala la madre de Miguela, que a mediados de enero perdió la casa en la que, después del asesinato, había continuado viviendo con sus nietas.

Según su relato de este martes, cuando Miguela vivía era ella quien les enviaba dinero y recursos gracias a un trabajo en Italia, que le hacía pasar temporadas fuera de casa. Al fallecer, solo les quedó un pequeño sustento económico: los 600 euros mensuales que Victoria ganaba “echando unas horas” por las mañanas. Pero una deuda hipotecaria con Caixabank hizo que, en diciembre, recibieran un aviso de lanzamiento después de que una empresa inmobiliaria (Circleville SL) adquiriera ese descubierto y pasara a reclamar la propiedad del piso.

“Él creía que mi madre era suya”

Finalmente, y tras un largo periplo judicial, las desahuciaron el 14 de enero. Desde entonces, la hermana mayor ha estado viviendo en la casa de su novio, mientras que las pequeñas y su abuela han seguido buscando alternativas. Tanto Victoria como Leticia han solicitado la custodia conjunta de los dos menores de edad, y en distintas ocasiones han manifestado que no reciben ninguna ayuda o prestación por su condición de víctimas de violencia de género.

La hija mayor de Miguela ha narrado el matrato físico y psicológico que sufrió su madre durante la relación con Richard Fermín, que comenzó en el año 2020: desde golpes en la cara que justificaba como caídas accidentales –“lo hacía para protegernos”, consideró Leticia ante preguntas de los abogados– hasta mensajes constantes del acusado, que llamaba a su propio teléfono si la madre de las niñas no aparecía o había bloqueado su contacto en un intento de romper la relación.

En uno de sus viajes a Italia por trabajo, siempre según el testimonio de la familia de la víctima, él llegó a coaccionarla con imágenes de sus hijos pequeños mientras estos jugaban en el parque. “La amenazaba con fotos nuestras para hacerla volver como fuera. Él creía que mi madre era suya”, recuerda la hermana mayor. La testigo también ha explicado que, antes del asesinato, había ido dos veces por su cuenta a la comisaría para denunciar el maltrato que veía en su madre, pero una vez allí le explicaron que era la afectada quien debía ir a denunciar.

“Ella no lo hacía por miedo, porque él la amenazaba: con su vida, con la nuestra y con todo lo demás”, reflexiona la joven, la primera en declarar esta mañana desde la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. Un día antes, el lunes, lo hizo el asesino confeso de su madre.

“Tu madre va a aprender a respetar a los hombres”

La hija mayor de Miguela también ha narrado los mensajes amenazantes que el acusado enviaba a su pareja, y que pudo comprobar mientras le revisaba el teléfono: dijo no fiarse de las explicaciones de su madre, que a veces “aparecía con heridas o moratones” pero quitaba hierro al asunto. Leticia ha añadido algún detalle de los textos que ella misma recibía en su móvil, cuando el acusado trataba de contactarla a través de su hija. “[Tu madre] va a aprender a respetar a los hombres”, llegó a espetarle una vez, tal y como se ha afirmado en sede judicial.

El juicio contra su agresor y asesino se prolongará a lo largo de la semana. Además de la condena a prisión, la Fiscalía también pide indemnizar a las tres hijas de la víctima con 593.500 euros, y otros 86.000 para su madre y abuela de las niñas. La noche antes de que su madre fuera asesinada, Leticia se despidió de ella antes de irse a dormir. Jugaba con sus hermanos en una habitación de casa y, aunque “estaba perfumada”, le aseguró que no iba a salir. “Recuerdo que esos días estaba muy contenta, porque había empezado a ir a la autoescuela”, recordó su hija durante la declaración. Sin embargo, Miguela nunca pudo llegar a conducir.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación con el asesinato por estrangulamiento este martes de una mujer en Callosa de Segura (Alicante), según han informado a EFE fuentes conocedoras del caso, que han precisado que se trata de la pareja sentimental de la víctima.

El crimen ha ocurrido esta mañana en el domicilio en el que se supone que convivían el asesino y la víctima, ambos españoles de 48 años y sin antecedentes por violencia de género entre ellos. La víctima y el detenido no tienen hijos en común ni convivían con menores de edad en su vivienda.

La investigación corre a cargo del equipo de la Mujer y Menor de la Guardia Civil (EMUME), que en estos momentos se encuentra en el domicilio, situado en el centro urbano de Callosa de Segura.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de la red social X (antigua Twitter), de que está recabando datos “del asesinato por presunta violencia de género” de esta víctima de Alicante.

Tres días de luto oficial

El ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) ha decretado tres días de luto oficial por el crimen cometido este martes y ha convocado a los vecinos a un minuto de silencio en memoria de la víctima para esta misma tarde a las 19:30 horas.

A través de la red social Facebook, el consistorio ha informado de que los tres días de duelo se extienden entre hoy y el próximo jueves “como muestra del dolor y rechazo unánime de toda la ciudadanía ante este trágico suceso”. Además, ha añadido que durante este periodo las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

Al mismo tiempo, ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en memoria de la víctima este mismo martes a las 19:30 horas a las puertas del ayuntamiento para que los vecinos expresen el “respeto, duelo y repulsa”.

“Callosa de Segura dice NO a la violencia de género”, ha continuado el mensaje del ayuntamiento, que ha trasladado el “más sentido pésame a la familia y allegados” y la “profunda consternación y la más firme condena ante el asesinato de nuestra vecina”.

“La violencia de género constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad y la violencia contra las mujeres”, según el ayuntamiento, que ha incidido en el ánimo de “trasladar el apoyo, cercanía y solidaridad a la familia, amistades y personas allegadas de la víctima en estos difíciles momentos”.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

En 2014, Margaret Wallström era nombrada ministra de Asuntos Exteriores de Suecia y tomó una decisión: poner en marcha una política exterior feminista, es decir, una diplomacia en la que la igualdad de género fuera un asunto central y transversal. Algunas de las medidas de Wallström tuvieron respuesta de países como Arabia Saudí o Israel, que llegaron a retirar a sus embajadores de Estocolmo.

Doce años después, Madrid acoge este martes y miércoles la V Conferencia de Política Exterior Feminista, un encuentro de alto nivel en el que participan 60 ministerios de Asuntos Exteriores de todo el mundo y representantes de organismos y organizaciones internacionales. La cumbre se celebra entre la reacción antiderechos que recorre el mundo y la crítica de la sociedad civil, que pide más coherencia y recursos para que la palabra 'feminista' no sea solo una etiqueta bonita. La mejor prueba de que el mundo de 2026 es muy distinto al de 2014 es que ese país pionero en política exterior feminista, Suecia, ha renunciado a ella desde que en 2022 una coalición conservadora llegara al Gobierno.

Pero, ¿qué significa tener una política exterior feminista? “Implica orientar las prioridades a través de la lente del feminismo y de las mujeres como jugador central en todas las sociedades. Que todas las acciones que se desarrollan dentro de la política exterior, de los vínculos multilaterales, y de la contribución al desarrollo se hagan a través de esta lente para que mejore la consistencia de los derechos humanos y ampliar el concepto de seguridad, que no debería estar centrado solamente en la defensa sino girar mucho más sobre las condiciones dignas de vidas libres de violencia”, explica Susana Malcorra, que fue ministra de Relaciones Exteriores de Argentina y es presidenta y cofundadora de GWL Voices, una organización que aglutina a lideresas de todo el mundo y de la que también forma parte Wallström.

Lejos de ser un movimiento estructurado, prosigue Malcorra, ha sido más bien una iniciativa de diferentes países que han ido sumándose a la idea. “No hay un estándar, hay ciertos principios de funcionamiento y el deseo de ampliar la base”, explica. Ese es uno de los objetivos de la Conferencia de Madrid: avanzar en estándares comunes, hablar de financiación y de cómo hacer frente al retroceso que ya está sucediendo en distintos lugares del mundo.

“Es una apuesta transformadora de algunos países en cómo se entiende su política exterior, en cómo la igualdad puede ser un tema central en el multilateralismo, pensando no solo en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres sino en una apuesta transformadora para abordar el mundo desde los principios feministas: transformar los espacios de diálogo, no ver a las mujeres solo como sujetas de protección sino de derechos y como quienes pueden liderar la política, poner en el centro la eliminación de la violencia, acabar con las estructuras que relegan a las mujeres a segundos planes, cómo cambiar realidades requiere de mayor inversión, trabajar en la autonomía económica desde una perspectiva feminista, hablar de derechos sexuales y reproductivos...”, enumera Paola Yáñez, coordinadora general de la Red de Mujeres Afro Latinoamericanas, Afro Caribeñas y de la Diáspora.

Yáñez participaba este lunes, junto a decenas de líderes feministas de todo el mundo, en el Foro de la Sociedad Civil previo a la Conferencia. Distintas voces advertían de la necesidad de cerrar la brecha entre la etiqueta 'política exterior feminista' y la práctica. “No puede haber un feminismo hegemónico que se centre en unas mujeres y olvide a todas las demás, la solidaridad es para todas las mujeres, no solo para unas pocas. No puede haber política exterior feminista si se apoyan las políticas de un país que está llevando a cabo un genocidio y una limpieza étnica”, asegura Paola Salwan, directora de la organización Women Deliver. Salwan urgía a recuperar la financiación para el activismo feminista: “Estamos encantadas de ayudar a contener el fascismo pero necesitamos recursos”.

Varias activistas insistían en el problema actual con la financiación. Aapta Garga, de Women Deliver, aportaba algunos datos: solo el 0,1% de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) va a parar a las mujeres, países como Kenia deben destinar más dinero a pagar los intereses de su deuda que lo que reciben para AOD y la financiación privada también se está retirando de la inversión en proyectos con mirada feminista. “La financiación para investigaciones en feminismo es mínima, menos aún que para el activismo feminista, mucha va para los thinks thanks que piensan bastante similar a como lo hacen las élites o a 'clubes de chicos' antifeministas”, apuntaba Lina Abu Habib, experta de la Universidad de Beirut.

Faye Macheke, codirectora de la organización Awid, avisaba del aumento de gasto en defensa y de la reducción en cooperación. “Las organizaciones antiderechos [sexuales y reproductivos] duplican la financiación que reciben cientos de organizaciones feministas juntas”, señalaba. Macheke cuestiona la mirada desde la que se juzga quién produce conocimiento y quién merece inversión: “Hablamos de algo más profundo, de quién se considera suficientemente creíble para ser apoyado y financiado, y las organizaciones de base no suelen tener la misma consideración que las que tienen grandes estructuras. El conocimiento también se produce en campos de refugiados, en zonas militarizadas o en grupos humanitarios que atienden las crisis de manera directa”.

Una declaración política final

La Conferencia concluirá con una declaración política a la que podrán adherirse los estados. El Ministerio de Exteriores es quien ampara el encuentro. Según el ministro José Manuel Albares, la conferencia busca “avanzar en la consolidación de una diplomacia feminista global, transformadora, inclusiva y guiada por la igualdad” en un contexto internacional marcado por conflictos, retrocesos democráticos y un aumento de las desigualdades. El encuentro abordará las barreras que existen para el liderazgo de las mujeres en instituciones políticas, la presencia femenina en la mediación y mantenimiento de la paz y la seguridad, la feminización de los cuidados o la reforma de la financiación para el desarrollo con perspectiva de género.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el propio Albares inaugurarán la Conferencia, mientras que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que en un inicio no estaba invitada (sí otros cargos de sus departamentos) clausurará el evento el miércoles.

“España es un referente en igualdad y la política exterior feminista es una seña de identidad del Gobierno y vamos a continuar trabajando con todos los países que comparten nuestros valores para hacer frente a la ola reaccionaria que amenaza los derechos de las mujeres. Es una amenaza real que pretende devolvernos a tiempos pretéritos y responderemos dando zancadas hacia delante también a nivel internacional”, asegura Redondo a elDiario.es

La Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia de género el tiroteo contra la vivienda de una mujer en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por parte de su expareja este pasado domingo.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, el autor de los hechos está en busca y captura, después de que huyera del lugar, en un caso que los agentes investigan como un presunto delito de violencia machista.

El suceso se produjo en la mañana de este pasado domingo, cuando el investigado realizó al menos un disparo contra la vivienda, sin que haya que lamentar heridos. Se mantiene abierto el dispositivo de búsqueda del presunto autor del tiroteo.

La ciudad de Sevilla abre las puertas de la Casa de la Mujer Directora Olga Carrión, en honor a la dirigente del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), fallecida el pasado 10 de abril a los 51 años. En el distrito de Sevilla Este, este espacio ha abierto sus puertas cinco años después de su ideación, concebido como punto de encuentro, socialización y crecimiento personal y profesional entre las ciudadanas, en el que trabajará un equipo especializado y se abrirán diferentes recursos para que se acceda de forma libre y gratuita.

El lugar, ubicado en la calle Cueva de Menga aunque estaba proyectado en un primer momento en la antigua Casa Mallén del distrito de Nervión, está abierto a cualquier mujer que resida o trabaje en Sevilla y donde se puede acceder directamente, sin necesidad de cita previa, salvo para los servicios de atención individualizada.

La Casa de la Mujer será atendida por un equipo multidisciplinar formado por una psicóloga coordinadora, una especialista en relaciones laborales y una auxiliar administrativa. El centro, dependiente del Ayuntamiento de Sevilla y creado bajo el gobierno socialista de Juan Espadas, contará con cuatro espacios: un coworking para el trabajo autónomo y colaborativo, una Biblioteca de la Mujer con fondos especializados en igualdad y prevención de la violencia de género, una sala de reuniones y una sala a disposición de las entidades y asociaciones que trabajan con y para las mujeres de la ciudad.

El compromiso de Olga Carrión

Para la apertura de este viernes se contó con la presencia de Loles López, consejera en funciones de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y José Luis Sanz, alcalde de la capital hispalense. En declaraciones a los medios, la responsable andaluza valoró el compromiso de Olga Carrión con las mujeres, quien luchó “contra viento y marea por conseguir sacar adelante hitos tan importantes como el derecho a la prestación económica a huérfanos de la violencia de género o los centros de crisis 24 horas”.

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha subrayado que “esta casa lleva el nombre de Olga Carrión porque ella representa exactamente lo que este espacio quiere ser: compromiso con las mujeres, cercanía y vocación de servicio público”. “Es, ante todo, un espacio para todas. No para algunas mujeres. Para todas. Sea cual sea su situación, su edad, su origen, su circunstancia vital. No hace falta estar en una situación de crisis para venir aquí. Basta con querer crecer, aprender, relacionarse, encontrar un lugar donde sentirse acompañada”, explicó.

Olga Carrión Mancebo nació en Sevilla en 1974 y era licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Dirigía el Instituto Andaluz de la Mujer desde el año 2022 desde donde impulsó numerosas actuaciones dirigidas a la atención de las víctimas de violencia machista, la ampliación de los recursos públicos destinados a las mujeres andaluzas y el fomento de la igualdad, especialmente, entre la juventud. Desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el Ayuntamiento de Sevilla, donde trabajó como técnica en áreas como Mujer, Turismo, Cultura, Protocolo, Economía y Empleo, y fue directora del Distrito Casco Antiguo entre 2011 y 2015.

Plan estratégico

Sevilla mantiene en funcionamiento una red de ocho Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), distribuidos por los distritos de la ciudad, que ofrecen asesoramiento jurídico, psicológico y social, así como atención integral a víctimas de violencia de género, complementados por las oficinas municipales de la mujer. Todo ello se desarrolla en el marco del I Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres para la Ciudad de Sevilla 2022-2026.

Este mes de mayo se ha abierto el plazo de solicitud de las subvenciones municipales para proyectos de igualdad y contra la violencia de género, dotadas con 455.000 euros -20.000 más que en la convocatoria anterior-, y dirigidas a entidades de mujeres y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos en la ciudad durante 2026.

De este modo, el Gobierno municipal ha puesto en marcha asimismo el Proyecto de Espacios Seguros para la Mujer y la comunidad LGTBIQ+, una iniciativa “pionera” en Sevilla que, según han explicado desde la administración local, permite detectar y atender casos de violencia de género y agresiones sexuales en establecimientos comerciales adheridos voluntariamente al programa.

Sin embargo, las concesiones que le ha hecho el PP a Vox también afectan a esta área, como los recortes en las partidas en igualdad, cooperación o en atención a la población migrante, la prohibición del burka o el niqab en las instalaciones municipales sin que haya amparo legal, o la cláusula antipalestina, mientras que los oficios religiosos de San Fernando y la Inmaculada aumentaban. Además, la oposición sigue reclamando la reactivación del Consejo de la Mujer, la distribución de los cuadernos sobre educación afectivo-sexual o el cierre de la oficina antiaborto, además de una estrategia divulgativa para la prevención de violencia de género en el ámbito digital.

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves 28 de mayo el cesar los homenajes a Juan Carlos Aragón, reconocido autor de Carnaval fallecido en 2018, después de conocerse una sentencia firme sobre malos tratos a su expareja, en un pleno en el que el alcalde ha acusado al grupo Adelante Izquierda Gaditana de “tapar” estos hechos cuando gobernaban en la ciudad en la anterior legislatura.

En la moción, se ha aprobado también por unanimidad una enmienda de adición del PSOE en la que se apoya que el colegio Profesor Juan Carlos Aragón pase a llamarse Adela del Moral, corista gaditana que fue profesora de este centro educativo durante más de 30 años además de 12 de directora del mismo, una trayectoria que avalaría este cambio.

El alcalde de Cádiz, Bruno García (PP), que ha sido el encargado de cerrar el debate, ha defendido que su gobierno “reaccionó poniendo la defensa de la víctima por encima de cualquier otro asunto” en cuanto tuvieron conocimiento del asunto y cuestionando que “haya personas que, ante la misma situación, despreciaran a la víctima, la anularan y quisieran taparla”, en referencia a que el anterior gobierno de Adelante Cádiz, dirigido por José María González, “lo sabía y lo tapara”.

“Estar al lado de la víctima”

Esto lo ha argumentado en base a una carta remitida por Laura Jiménez, exconcejala de Adelante, en la que ha asegurado que su gobierno “lo sabía” y que se les advirtió que no dijeran “nada” de este asunto porque “se nos echaría todo Cádiz encima”.

“Solo hay dos opciones. Una, estar al lado de la víctima y respetarla. Otra opción es tapar lo que uno sabía”, ha expuesto el alcalde dirigiéndose al portavoz de Adelante, David de la Cruz, quien en un punto anterior había advertido al gobierno sobre dos formas de votar la propuesta llevada a pleno“.

Bruno García ha manifestado que, ante una situación de este tipo, “este ayuntamiento y todos los grupos que quieran reaccionen de la manera en la que hemos reaccionado, de la manera adecuada, de la manera correcta, de la manera que te permite dormir tranquilo cuando uno va a casa”.

Durante el debate de la moción, traída de urgencia por el grupo municipal del PP, la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha hecho un repaso de los acontecimientos tras tener conocimiento de la sentencia condenatoria contra Aragón y que desencadenó en la suspensión del homenaje previsto, afeando al grupo de Adelante Izquierda Gaditana que cuando gobernaban en Cádiz tuvieran conocimiento de los hechos y no actuasen en consecuencia, basándose también en la carta de la exconcejala del actual grupo de la oposición.

“Dé la cara”

La edil también ha puesto sobre la mesa que la propia víctima, la expareja del autor, les aseguró que había transmitido esta misma información al anterior gobierno y que no se sintió apoyada, criticando que Adelante los haya acusado de “querer confrontar” sobre este asunto. “Reflexionen, porque ustedes han abanderado el feminismo, y a mí me parece muy bien, pero no es justo. Ustedes están mintiendo a la ciudad, a las mujeres y a todo Cádiz”, ha aseverado. Este equipo de gobierno, ha continuado, “no quiere mirar a otro lado”, esperando que la oposición “tampoco” y que “Cádiz no calle ante el sufrimiento de una víctima” y “dé la cara y se ponga del lado de las víctimas siempre”.

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha negado que tuviera acceso a la sentencia “antes del sábado” y que su reacción al saberlo fue “clara”, al apoyar que el Ayuntamiento suspendiera el homenaje previsto a Juan Carlos Aragón. “La ciudad tiene una herida abierta, los errores se han reconocido, por lo menos nosotros”, ha aseverado, indicando que ahora “tenemos la obligación de reparar” a la víctima el daño causado con los homenajes al autor de Carvanal.

Su compañera de partido, Lorena Garrón, ha evitado entrar en la polémica sobre el hecho de que el anterior gobierno de Adelante Cádiz conociera presuntamente estos hechos y los hubieran pasado por alto. Así, en su intervención ha asegurado que “la preocupación” de su grupo es que la expareja de Aragón y su hijo “estén bien” y que le “importa poco” lo que piense el PP y a que “armen una guerra” sobre el asunto, todo ello bajo los reproches verbalizados por los grupos feministas presentes en el salón de plenos.

“Aquí el único culpable es el agresor. Responsabilidad tenemos todos y todas, toda la sociedad, las administraciones y todas las personas por no haber sido capaces de escuchar los rumores que había en la ciudad y por no poder frenar el sufrimiento de tantas y tantas mujeres”, ha manifestado Garrón.

Unanimidad

Por su parte, el concejal del PSOE, Óscar Torres, ha trasladado su apoyo a los cinco puntos de la moción del PP, incluido un quinto en el que se piden “responsabilidades” al anterior gobierno de Adelante por su presunto conocimiento de los hechos, un punto en el que AIG se ha abstenido. Torres ha asegurado que en este hecho “no valen ambigüedades, ni equidistancias, ni dobles discursos” y que “lo único que hay que hacer es mostrar un posicionamiento radical en contra de la violencia machista”.

Desde el PSOE se ha mostrado su acuerdo a cesar los homenajes a Juan Carlos Aragón, de ahí además que haya traído una enmienda para apoyar el cambio del colegio a su nombre por el de Adela del Moral, asegurando además que tras conocerse los hechos, su grupo fue “muy prudente” al respecto para no colaborar en “la crispación” que se ha generado entre PP y Adelante. “Lo principal aquí es el apoyo a la víctima”, ha aseverado. La moción ha salido adelante por unanimidad de los tres grupos a excepción del punto quinto sobre pedir responsabilidades al anterior gobierno, donde Adelante se ha abstenido.

La Fundación Juan Carlos Aragón ha defendido que el autor gaditano de Carnaval “cumplió su condena, redimió su pena, se trató de su adicción y rehízo su vida” tras la polémica generada por la difusión de una sentencia de 2010 por maltrato a su expareja Francisca Pino, que ha llevado al Ayuntamiento de Cádiz a suspender homenajes y retirar los honores que tenía vinculados.

En un comunicado firmado este miércoles por la presidenta de la Fundación, su viuda Luisa Tejonero, la entidad sostiene que es “absolutamente incierto” que Francisca Pino sufriera malos tratos durante toda la relación con Aragón y subraya que la propia denunciante pidió en distintas ocasiones que no se ejecutara la orden de alejamiento y que se archivara la causa judicial.

La controversia se desencadenó después de que la exmujer del autor entregara el pasado sábado la sentencia condenatoria dictada contra Aragón, fallecido en 2019, y relatara episodios de violencia sufridos durante la relación. Tras ello, el Ayuntamiento de Cádiz anunció la suspensión de cualquier homenaje institucional y la retirada de honores concedidos al autor, una de las figuras más influyentes del Carnaval gaditano contemporáneo.

Que no se ejecutara la sentencia

En su comunicado, la Fundación recuerda que el Juzgado de Instrucción número 4 de Chiclana dejó sin efecto en 2008 la orden de alejamiento después de que Francisca Pino manifestara que deseaba “cerrar todo este asunto” y que la medida era “desproporcionada” porque nunca dejaron de convivir. Asimismo, señala que en el acto de notificación de la sentencia condenatoria la denunciante expresó que estaba viviendo con Aragón y que no quería que se ejecutara la pena de alejamiento, una postura que reiteró posteriormente al ser consultada sobre la petición de indulto.

La Fundación añade que, tras la condena, la relación entre ambos continuó durante años y asegura que Francisca Pino acudió a homenajes y actuaciones vinculadas al autor sin mostrar reparos públicos. También afirma que intercambiaron mensajes hasta pocas semanas antes de la muerte de Aragón.

El texto considera “sorprendente” que la sentencia se haya hecho pública más de 15 años después de la condena y más de 20 desde los hechos denunciados. La entidad defiende además el principio de reinserción social y sostiene que Aragón “no volvió a cometer delito en su vida” y que “la condena no debe ser perpetua para quien ya ha cumplido su pena con la ley y la sociedad”.

Retirada de honores en el pleno

En la parte final del comunicado, la Fundación advierte contra lo que considera una “damnatio memoriae” (práctica del imperio romano para borrar la memoria de alguien considerado indigno) del autor y diferencia entre el recuerdo legítimo de unos hechos y el “escarnio” o el “señalamiento constante” de una persona fallecida.

La versión de la Fundación se hace pública horas antes de que, este jueves, el Ayuntamiento de Cádiz apruebe en pleno una moción para retirarle todos los honores a Aragón, incluida la estrella que se ha colocado ante el Teatro Falla y que se iba a inaugurar el pasado domingo, y para instar al colegio Profesor Juan Carlos Aragón que cambie de denominación.

A ello hay que unir que el grupo de Andalucía Por Sí (AxSí) en el Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha anunciado que llevará al próximo pleno una moción de urgencia para retirar y destruir la imagen de homenaje dedicada a Juan Carlos Aragón colocada en el centro cívico de la barriada del Río San Pedro. En la red social Facebook, la plataforma vecinal Río San Pedro ha reconocido que la imagen en homenaje al autor “está de más”, solicitando públicamente al Ayuntamiento que se retire de la fachada del centro cívico.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castro Urdiales acogerá este miércoles, 27 de mayo, la III jornada sobre violencia de género con dos sesiones bajo el título 'La Violencia Digital sobre las mujeres', organizadas por la Concejalía de Igualdad y la Asociación Feminista Las SinSombrero.

En la sesión matinal, se ofrecerá una charla coloquio con la experta en Derecho Penal de la Universidad de Cantabria Paz de la Cuesta y una agente del equipo experto en Violencia de Género de la Guardia Civil. La moderadora será la concejala de Igualdad, Leticia Mejías.

Mientras tanto, la sesión de la tarde consistirá en una conferencia impartida por el colectivo feminista y activista Towanda Rebels, formado por Teresa Lozano y Zua Méndez, ha informado el Consistorio.

Mejías ha agradecido a la Asociación Las SinSombrero su colaboración para realizar esta jornada que considera “absolutamente necesaria”, ya que “la violencia contra las mujeres evoluciona con el desarrollo de las nuevas tecnologías, y nos obliga a formarnos para poder prevenirlo y detectarlo a tiempo”, ha indicado.

El próximo sábado, día 30 de mayo, a las 18.00 horas, el Centro Social Octubre de Guadalajara acogerá una jornada de análisis y denuncia de la violencia vicaria e institucional con la participación de la actriz y directora María Bestar, que proyectará su cortometraje ‘No estás loca’.

En este evento también se dará a conocer el testimonio de tres mujeres víctimas que tuvieron que huir de España tras ser “obligadas por la justicia” a entregar sus hijos a presuntos maltratadores.

El objetivo del acto es denunciar la violencia vicaria, definida como aquella en la que el agresor daña a los hijos e hijas para causar sufrimiento a la madre; y la violencia institucional, que se manifiesta cuando las administraciones públicas “incumplen sistemáticamente su deber de protección y obstaculizan el acceso a la justicia”.

La jornada contará con la participación de la actriz, directora, cantante y compositora española María Bestar, quien proyectará su cortometraje ‘No estás loca’, una obra que aborda la problemática de la violencia vicaria.

Bestar, superviviente de violencia de género y activista por los derechos de las mujeres, ha entrevistado a más de 40 víctimas y ha documentado los graves fallos del sistema que perpetúan estas situaciones.

Tras la proyección, tomarán la palabra tres mujeres que han sufrido en primera persona las consecuencias de la violencia institucional. Según los organizadores, todas ellas se vieron obligadas a abandonar España después de que la justicia “les arrebatara la custodia de sus hijos e hijas para entregársela a padres investigados por malos tratos o abusos sexuales”.

El evento analizará cómo la administración de justicia se convierte “en un agente más de la violencia machista” al anteponer supuestos criterios legales a la protección real de los menores y las madres y que funcionan como “un instrumento de impunidad”.

En España y desde que comenzaron a contabilizarse, al menos 67 menores han sido asesinados por sus padres o por las parejas de sus madres. Se estima que el 98,7% de los hijos e hijas de mujeres que sufren o han sufrido violencia de género padecen también violencia vicaria.

Violencia institucional: cuando el juez “se convierte en el agresor”

El evento se celebra también en un contexto de creciente debate sobre el papel de la administración de justicia en la perpetuación de la violencia de género.

El Informe anual de Violencias Institucionales Machistas de 2024, elaborado por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) revela que seis de cada diez denuncias (60%) por violencia machista institucional están relacionadas con comportamientos o decisiones de jueces.

Este informe señala que la priorización de los derechos parentales sobre el interés superior del menor es una de las vulneraciones más habituales, lo que en muchos casos obliga a los hijos a convivir con el maltratador.

Además, en el 94,4% de los casos denunciados, la violencia institucional fue “revictimizante”. Según alertó el Defensor del Pueblo, el 60% de los jueces de Violencia contra la Mujer y el 85% de los destinados en juzgados con competencias compartidas no habían recibido formación continua en esta materia en los últimos cinco años

La jornada servirá para analizar las causas estructurales de la violencia vicaria y señalar a la administración de justicia como responsable.

La Red Feminista de Gran Canaria lleva días hablando de “violencia institucional” por parte del Gobierno de Canarias y advierte de una falta de ejecución política, planificación y respuesta efectiva por parte del Ejecutivo regional. Nereida Vizuete, portavoz de la red lleva advirtiendo desde el año pasado del caos en el reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que impide que los proyectos de prevención lleguen a tiempo a las aulas, por ejemplo. Este año esos fondos siguen bloqueados.

El pasado año, la red y varias personas expertas que trabajan en servicios de prevención alertaron de que al menos una veintena de proyectos tuvieron que ser suspendidos por la mala gestión del Gobierno de Canarias que los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género. En pleno mes de septiembre aún no se sabía nada de esas partidas que deben ser publicada. Este año en pleno mes de mayo, aún se está trabajando con los remanentes del año anterior y no se ha podido planificar el año siguiente, denuncia Vizuete a este periódico.

“Es mayo y no están los proyectos funcionando, los proyectos que la gente ha visto relacionados con la prevención en los primeros meses del año corresponden a esas remanentes que no se usaron el año pasado, entre enero y noviembre, entonces la consejera de Bienestar Social e Igualdad, Candelaria Delgado, sigue insistiendo en que no se ha perdido dinero, ni se ha perdido trabajo, ni nada, pero si es una cosa como de perogrullo, si no se trabajó de enero a noviembre, se perdió muchísimo trabajo de prevención y si ahora estamos en mayo y todavía no estamos con el dinero 2026, seguimos perdiendo trabajo de prevención”, afirma la portavoz.

“El ejemplo más práctico es, por ejemplo, los centros educativos, si ahora, aunque saque el dinero hoy y lo reparta hoy, ya no puede llegar a los centros educativos para este curso, porque se ha acabado el curso, y es lo que no termino de entender, que sus tiempos no compaginan con la realidad”, resume Nereida Vizuete.

Vizuete incide en que mientras las violencias sigan aumentando y los discursos de odio y los negacionistas, las feministas se preguntan ¿qué se está haciendo con el dinero que llega del Estado? La portavoz incide en que en 2025 “estamos en el mismo punto que el año pasado, sin programación, sin políticas transversales y no se ha usado ni un euro de 2026”.

La Red Feminista, insiste en que “mientras aumentan las cifras de violencia de género y feminicidios, el Ejecutivo autonómico continúa trasladando una imagen de normalidad institucional que no se corresponde con la realidad que viven mujeres, profesionales y recursos especializados en las islas”.

Entre las principales preocupaciones expresadas por la Red se encuentran los retrasos reconocidos por el propio Gobierno en la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la falta de transparencia sobre el grado de ejecución de esos recursos y la ausencia de información clara sobre los proyectos actualmente en marcha.

La denuncia, además, no es nueva, ya que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de Las Mujeres, la misma Red otorgó al Gobierno de Canarias el antipremio estropajo de brillo, y “más concretamente a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado y dentro de esta Consejería al Instituto Canario de Igualdad y a la Dirección General de Infancia y Familias” a Poli Suárez, consejero de Educación por “mirar hacia otro lado mientras la violencia machista avanza”.

“Este antipremio es para el Gobierno de Canarias y en concreto para quienes tienen responsabilidades directas en Igualdad, educación y protección a la infancia y no están a la altura del momento que vive esta comunidad, una de las que presenta mayores tasas de violencia de género. Se lo damos a Candelaria Delgado y dentro de esta Consejería al ICI por debilitar las políticas públicas de igualdad y por la falta de impulso real, por la ausencia de autocrítica y por negarse a reconocer que no están haciendo un buen trabajo. La igualdad no puede ser un trámite ni un discurso vacío”, dijeron entonces.

En un comunicado de la Red este lunes, que coincide con otro artículo de opinión que publicó la red en este periódico, incide en que “la situación no puede seguir tratándose como una simple cuestión administrativa o como una acumulación de retrasos técnicos. Cuando las políticas públicas contra las violencias machistas se paralizan o se retrasan, las consecuencias las pagan las mujeres”.

Sin fondos propios ni actividad en igualdad

La portavoz de la Red subraya a este periódico que se está pidiendo “lo mínimo de lo mínimo” que es que se movilicen los diez millones del Estado, pero “ni siquiera estamos abriendo la herida para decir que no tiene presupuesto propio, que no tiene programación propia, que no solo el Instituto Canario de Igualdad no está haciendo ninguna actividad, ninguna es ninguna, cero, sino que tampoco la Consejería, la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad están ni se les espera más allá de ir a sacarse fotos. Entonces, como no hay ningún trabajo de ninguna clase, ¿para qué están entonces? O sea, ¿por qué tienen una Viceconsejería de Igualdad y un instituto que no usan?”, aclara

Vizuete cree que lo primero que habría que hacer es que las personas que están en los cargos de responsabilidad tuvieran “alguna noción y alguna iniciativa para poder salir de este bache. Y lo segundo es declarar algún tipo de situación de emergencia y poner más personal para que saquen todos los proyectos adelante y para que podamos usar todos los recursos sin que se pierda ningún dinero ni ningún tiempo”.

“Desde luego lo que ha llegado es el momento de la responsabilidad política y lo más importante es quitar a esa gente y poner alguna que sepa, porque si no hay nadie al volante es muy difícil dirigirse para igual parte”, incide.

La Red Feminista denuncia además el debilitamiento progresivo de programas de prevención y sensibilización, la falta de campañas sostenidas durante todo el año, la insuficiente formación especializada en igualdad y el abandono de estrategias de coeducación en centros educativos, en un contexto marcado por el crecimiento de discursos antifeministas y reaccionarios entre jóvenes y adolescentes.

Vizuete explica que está trabajando de la mano con el Foro contra la violencia de género de Tenerife y recuerda que la Red Feminista de Fuerteventura también denunció en el Parlamento de Canarias recientemente esta parál

115 feminicidios

Desde la Red Feminista recuerdan que Canarias acumula ya 115 mujeres asesinadas por violencia machista desde que existen registros oficiales y consideran especialmente grave que las políticas feministas “hayan dejado de ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda política del Gobierno”.

El último caso registrado fue el de María Gema, que tenía 57 años y  fue asesinada en Santa Úrsula, en Tenerife. Su expareja también hirió de gravedad a la madre de ella. “Ya advertíamos a comienzos de este 2026 que estábamos ante un año especialmente duro debido al preocupante aumento de las violencias machistas y, tristemente, la realidad lo está confirmando. La cifra es insoportable”, dijo la red.

“No basta con minutos de silencio, campañas puntuales o declaraciones institucionales. Las políticas de igualdad salvan vidas. La prevención salva vidas. La educación feminista salva vidas. Y cuando esas políticas desaparecen, se vacían o se retrasan, también debería haber consecuencias políticas”, afirman.

La Red Feminista de Gran Canaria reclama al Ejecutivo autonómico transparencia sobre la ejecución de los fondos del Pacto de Estado, planificación pública real, refuerzo de los recursos especializados y una estrategia feminista sostenida “capaz de responder a la gravedad del momento actual porque cada retraso institucional tiene consecuencias concretas sobre la vida de las mujeres”, concluyen.

Denunciar violencia machista y que no te crean o incluso te deporten, que no te alquilen una vivienda “por perfil”, cargar con el estereotipo de tener que ser una mujer “resiliente” o que te hipersexualicen constantemente. Estas son solo algunas de las violencias que sufren las mujeres negras en España. El racismo y la misoginia se entrelazan en las violencias machistas que se ejercen contra ellas tanto en el ámbito privado como en el público, pasando por el institucional y también el mediático. Así lo refleja un estudio pionero elaborado por la organización andaluza Biznegra: Voces, cuerpos y fronteras: Misogynoir como factor determinante de la violencia machista a mujeres negras en España.

Que en España prevalezca la “invisibilización del racismo” tiene “consecuencias directas” para las mujeres negras, que sufren en la sombra un “entramado de violencia cotidiano” que atraviesa todos los ámbitos de sus vidas y las empuja en muchos casos a la precariedad laboral y de vivienda. “Todo va ligado. Además de ser una mujer negra, hay que tener en cuenta el estatus migratorio de cada una. Las que no tienen un estatus administrativo regular o no tienen un DNI tienen más dificultades para alquilar o adquirir una vivienda”, ejemplifica Rosalía Umabano Upunque, una de las investigadoras.

La politóloga insiste en que en España no se recogen datos sobre la población negra ni sobre las violencias que sufren. “Si no se recogen, no se reconocen, y si no se reconocen, no existen”, advierte. En la práctica, esto se traduce en falta de recursos y de soluciones para erradicar estas violencias o, “al menos, reducirlas”. 

La trabajadora social Iliassou Olalla Benjumea destaca que hay cuestiones que no se tienen en cuenta y que afectan específicamente a las mujeres negras. “Que tu pareja te fuerce a alisarte el pelo es una experiencia que tienen las mujeres negras concretamente, pero eso no se va a leer como un indicador de violencia machista porque no está dentro del radar”. Por ello, incide en la importancia de tener en cuenta la perspectiva racial, la perspectiva migrante y en realizar trabajo con las comunidades negras. “Sabemos que el trabajo comunitario es importante y fortalece los tejidos comunitarios”, recalca. 

Asimismo, añade que hay una cuestión también importante y es que “la credibilidad que nosotras tenemos depende de dónde sea nuestro agresor”, de la nacionalidad, “es que si es blanco pues o van a pensar que soy prostituta o van a empezar a pensar que si hay un tema de trata”, agrega. 

El miedo a no ser creídas 

“No denunciamos porque no consideramos que nos vayan a creer, que nos vayan a tomar en serio”, afirmó una de las mujeres entrevistadas para este estudio. Los estereotipos y prejuicios sobre ellas son unas de las principales barreras que encuentran las mujeres negras que quieren denunciar violencia. “Existe desconfianza respecto a los cuerpos de seguridad. Si le pasa a las mujeres que son blancas y españolas, qué va a ser de nosotras”, apunta Umabano.

En el caso de las mujeres en situación administrativa irregular, se suma el temor a la deportación. “Legalmente, si vas a denunciar, no te pueden deportar, pero la teoría es una cosa y la práctica es otra”, añade la investigadora, que pone como ejemplo a las trabajadoras del campo español que sufren abusos por parte de sus patrones cuando “trabajan en b”.

No denunciamos porque no consideramos que nos vayan a creer, que nos vayan a tomar en serio

Iiassou Olalla Benjumea agrega que en muchas experiencias de la violencia machista de las mujeres negras se genera una sensación de que no te van a creer no solamente las instituciones, “sino en tu propia comunidad, porque se te ve como una traidora”. El estudio, de hecho, incide en que la violencia de género en España es reconocida como un problema de Estado, pero las estadísticas de feminicidios muestran una realidad cruda: las mujeres migrantes están drásticamente sobrerrepresentadas. Entre 2003 y 2021, representaron el 31,3% de las víctimas de feminicidio. 

A la hora de denunciar violencia sexual, las mujeres negras narran que se les fetichiza sexualmente, se les exotiza e hipersexualiza. “Por ejemplo, hombres que asumen que estarán siempre disponibles sexualmente o que practican ciertos comportamientos debido a su origen. Este estereotipo sexual no solo las hace más vulnerables a agresiones (abusos, acoso, trata sexual), sino que además contamina la respuesta institucional: por ejemplo, las perciben bajo el prejuicio de la prostitución”, detalla el estudio.

El análisis de Biznegra relata que en Canarias muchas mujeres negras sienten que automáticamente se cuestiona su presencia en ciertos lugares, “insinuando que están allí para trabajar sexualmente”. “Hay un perjuicio social de que las mujeres negras somos casi todas prostitutas, que somos un objeto sexual. Nos hacen sentir que la situación nos la hemos buscado o la hemos tergiversado”, apunta Rosalía Umabano. 

Las niñas negras crecemos siendo adultificadas

Iiassou Olalla Benjumea añade sobre este punto que no es que simplemente se las fetichice, sino que se las fetichice de manera muy temprana; “esto es muy importante, es decir, las niñas negras crecemos siendo adultificadas. Por ello pone el foco en el acoso sexual a menores que es ”especialmente es flagrante“. 

Otra cuestión sobre las violencias machistas que sufren las mujeres negras son aquellas que ocurren en los espacios públicos como han denunciado las entrevistadas en Canarias. Ellas describen un racismo cotidiano muy marcado en la vida diaria: “microagresiones constantes en guaguas, centros de salud, comercios, espacios públicos, así como chistes y comentarios racistas y sexistas que normalizan la falta de respeto . ”Las consecuencias son graves: refuerzan la idea de que no existe un “espacio seguro” al que acudir“, apunta la investigación. 

Para combatir estas violencias, es clave la formación no solo a la población en general, sino también a todos los profesionales que intervienen en estos procesos: agentes policiales, juristas, psicólogas, etc. Otro reto es la participación de las mujeres negras en la elaboración de las políticas. “Gracias a dios tenemos a una diputada afrodescendiente en el Congreso y hemos tenido importantes cargos en el Ministerio de Igualdad, pero no nos vale con estar ahí, sino que se nos tenga en cuenta a nosotras y a nuestras propuestas”, asevera Umabano.

El trauma racial

Las violencias machistas contra las mujeres negras, así como la discriminación institucional y cotidiana, generan un “estrés psicosocial constante” entre ellas y pueden provocar lo que se conoce como “trauma racial”. A esto se suman que la fortaleza en las mujeres negras “se interpreta casi como un requisito”. “Se les exige aguantar y, cuando lo consiguen, se les felicita por ser fuertes”, volviendo esa supuesta virtud en un arma de doble filo, matiza el estudio. De hecho, Iiassou Olalla Benjumea apunta que “se romantiza la violencia de las mujeres negras” como una mujer que lo soporta todo 

“Llegamos al punto de aprender a vivir con ello. Imagínate que estás cargando con esta situación desde que sales de tu casa hasta que vuelves a ella. Como persona negra, distingues entre lo que puedes hacer y lo que no para evitar malos entendidos, confusiones o problemas de cualquier tipo”, lamenta Umabano. 

“Yo, por ejemplo, por muy grande o pequeño que sea un supermercado, procuro dejar el bolso en la caja o en la taquilla, para así evitar que te pidan registrarlo después por los estereotipos que hay sobre las personas negras”, afirma la investigadora. “Al final es un trauma que vas generando dentro de la comunidad negra, porque aprendes a vivir con ello directamente porque forma parte de tu día a día”, añade. 

Esto ocurre desde la infancia. “Las niñas negras no sienten que sean unas niñas sin más. Llega un punto en el que te das cuenta de que sufres vivencias y prefieres evitar determinadas situaciones”, señala la politóloga. “A los niños negros se les suele adultificar mucho más. Puedes tener 11 o 12 años, que no tienes la obligación de llevar el DNI encima, pero tus padres te obligan a llevarlo por si los agentes te paran en la calle”, critica. 

Los puntos ciegos de las leyes 

El estudio habla de un conjunto de comunidades entre ellas Canarias, Galicia, Aragón, Madrid, Murcia y, en gran medida, Castilla-La Mancha en su ley de violencia– donde la diversidad étnico-racial y la situación migratoria prácticamente no aparecen en la normativa específica sobre violencia de género. Las leyes suelen hablar de “mujeres en situación de especial vulnerabilidad” sin desagregar a qué colectivos se refieren, o directamente omiten cualquier alusión a raza, etnia o migración. 

Las investigadoras inciden en que el enfoque sigue siendo monocultural: el sujeto “mujer” se construye como una categoría aparentemente neutra, pero en la práctica alineada con la figura de la mujer blanca, autóctona y castellanohablante. No obstante, sí existe ya un conjunto de leyes autonómicas que incorporan, en distinto grado, interseccionalidad, discriminación múltiple y menciones específicas a mujeres migrantes y de minorías, pero la “cobertura es desigual y genera una geografía de derechos fragmentada para las mujeres negras y racializadas según el lugar donde viven”. Entre ellas no aparece Canarias, por ejemplo. 

Pese a los avances legislativos de algunas comunidades, la trabajadora social apunta que una de las legislaciones más avanzadas sobre el papel de la interseccionalidad es Catalunya, sin embargo, “es una de las comunidades que tiene más disparidad con la realidad de las mujeres”. En este punto, destaca que de las mujeres entrevistadas ninguna sabía qué recursos eran los que tenían disponibles, a dónde tenían que acudir, no se sentían defendidas por las instituciones. 

Muchas entrevistadas sienten que están “totalmente vulnerables, desprotegidas” frente a la violencia machista- Un indicador claro de esta desprotección es el desconocimiento de recursos especializados. “La gran mayoría de mujeres entrevistadas solo identifica como recurso de emergencia el teléfono 112 o, en su caso, la policía, pero hay un gran vacío de información sobre servicios específicos de violencia machista disponibles”. Asimismo, las participantes afirman que, en general, los recursos institucionales no están adaptados cultural ni lingüísticamente a la realidad de las mujeres negras.

Hola,

Dice mi amiga y referente del periodismo feminista Luciana Peker que el mundo no cambió, lo cambiamos. Porque el mundo no cambia solo, el mundo cambia porque lo empujamos, porque trabajamos para ese cambio, porque nos movemos. Es necesario recordarlo en estos tiempos en los que nos acecha el pesimismo, en los que todo va muy rápido y parece que pasa todavía más veloz, en los que ya no sabemos a veces muy bien qué importa y qué no, o qué conseguimos. Las cosas cambiaron porque las cambiamos y seguirán cambiando si las cambiamos.

El otro día, varias periodistas nos rebelamos contra las declaraciones de una escritora sobre la violencia machista. He pensado mucho si decir de quién se trata, de qué libro es autora y cuál es la editorial que movió esas declaraciones, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque respeto mucho a esa autora, a su libro, a esa editorial (leo muchísimos libros suyos, es genial), y se trata más bien de poner el foco en declaraciones desafortunadas que quizá están llenas de buenas intenciones.

Digamos que se quejaba de que los medios de comunicación tenían poco menos que contadores de mujeres asesinadas y que nunca hablábamos de la violencia machista más allá de los asesinatos. Que no importaba y que no había esfuerzo por mostrar otras historias y otros tipos de víctimas y de agresores. Y, claro, nos enfadamos porque somos muchas las que desde hace mucho tiempo trabajamos exactamente para eso. Otras vinieron antes y abrieron un camino bien complicado. 

Entiendo la desesperanza y la indignación a veces sobre el papel de algunos medios. Pero convendría reconocer que hay muchas periodistas trabajando para visibilizar historias diversas de violencia de género y de violencia sexual, para superar estereotipos y hacer pedagogía. Es más, el periodismo de muchas profesionales ha sido clave para que en nuestro país hablemos de violencia machista. Lo que sucede cuando escuchamos esas frases es que sentimos que nuestro trabajo (y nuestras peleas, que son muchas, y nuestro esfuerzo) y nuestra genealogía queda oculta.

A raíz de esto te traigo esta Guía de periodismo inclusivo: perspectiva de género interseccional en la construcción de mensajes mediáticos que ha escrito una compañera y colaboradora de elDiario: Lucía Quiroga. Porque hay también desde hace tiempo un esfuerzo por recopilar conocimiento, crear manuales y hacer formación con profesionales. En esta guía encontrarás, con lenguaje asequible, estrategias para hacer un periodismo crítico, inclusivo, consejos, reflexiones. Creo que puede servir para cualquiera que quiera repensar su comunicación. Y ya que estamos os dejo otra guía, esta vez para hablar sobre violencia sexual, hecha por las compañeras de Efeminista Macarena Baena y Laura de Grado junto a la Fundación Aspacia. Muy útil para cualquiera que quiera comunicar mejor sobre violencia sexual.

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Un clítoris para terminar

Es posible que en las últimas semanas hayas leído o escuchado hablar de un mapa 3D del clítoris hecho por unas investigadoras en Amsterdam. Me puse a indagar y lo que parecía un gran descubrimiento no era tal: el mapa hecho con esta tecnología es, por supuesto, importante, pero no arroja tantísima información nueva como parecía. El problema es más bien que el conocimiento que se ha ido acumulando durante siglos ha quedado oculto o amputado de muchos manuales. 

En esta pieza trato de contarte algunas cosas que sabemos sobre el clítoris y cuál es la aportación de este mapa.

Y qué mejor que despedirme con un clítoris, digo yo :)

Ana

El sistema judicial de Extremadura camina hacia la estabilidad organizativa mientras asume una profunda transformación estructural. Los órganos judiciales de la comunidad autónoma registraron durante el pasado año 2025 una reducción de la litigiosidad del 4,7%, alcanzando un total de 131.718 asuntos ingresados. Un descenso “ligero” que, según ha destacado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena Aragón, ha permitido equilibrar la balanza de trabajo: en el mismo periodo se resolvieron 131.417 procedimientos, lo que demuestra una sólida capacidad de respuesta del servicio público.

Durante la presentación de la Memoria Judicial anual, Tena ha subrayado que el principal hito organizativo del ejercicio ha sido el despliegue progresivo de los Tribunales de Instancia en los 21 partidos judiciales de la región. Este ambicioso proceso de reconfiguración se completó en dos fases a lo largo del año pasado: el 1 de julio arrancó la primera etapa en 16 partidos judiciales, mientras que los cinco núcleos de mayor carga —Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito— culminaron su integración el 31 de diciembre. “Su desarrollo se ha llevado a cabo con normalidad y sin incidencias reseñables”, ha remarcado la presidenta, vinculando este éxito al impulso paralelo de la digitalización y a las herramientas telemáticas que han agilizado trámites y evitado desplazamientos innecesarios a la ciudadanía.

Vanguardia en la protección frente a la violencia machista

Uno de los puntos más destacados del balance anual se sitúa en el ámbito de la violencia de género. Tras la creación de nuevas secciones especializadas y el refuerzo de magistrados en distintas sedes, Extremadura se ha blindado de manera integral. “Somos la única comunidad autónoma que tiene todo su territorio especializado en esta importante y preocupante materia”, ha aseverado Tena en referencia a la cobertura total de los órganos judiciales de violencia sobre la mujer.

Los datos estadísticos de la memoria reflejan el peso de esta actividad judicial en la región: a lo largo del año se dictaron 1.064 sentencias firmes por delitos de violencia machista, que se tradujeron en 6.316 penas y medidas de distinta índole, además de 2.100 medidas cautelares (entre ellas, 510 órdenes de protección).

El informe del TSJEx también arroja radiografía sobre el perfil de estos delitos en Extremadura: la franja de edad mayoritaria tanto de los agresores condenados como de las víctimas se sitúa entre los 31 y los 50 años. Asimismo, en el 75% de los casos analizados existía una relación de pareja y se daba una situación de convivencia entre ambos en el momento de los hechos.

Petición de refuerzos a Madrid y apertura social

A pesar de los buenos índices de resolución y la estabilidad del sistema, el alto tribunal extremeño no pasa por alto las necesidades acuciantes de la planta judicial de la región. La memoria vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de crear nuevas plazas de magistrados para reforzar las secciones civiles de las Audiencias Provinciales de Cáceres y de Badajoz, así como la ampliación de efectivos en las áreas Civil, Mercantil y Social de los recién creados Tribunales de Instancia. Unas demandas que permanecen a la espera de recibir luz verde mediante un Real Decreto de nuevas unidades judiciales por parte del Gobierno central.

Más allá de las cifras y las reformas estructurales, el TSJEx ha querido destacar el éxito de su programa de apertura institucional 'Educar en Justicia'. Durante el último curso escolar, un total de 1.600 alumnos procedentes de 45 centros educativos de toda Extremadura han podido conocer de primera mano el engranaje de los tribunales. Un broche de divulgación ciudadana que coincidió, además, con las actividades conmemorativas del 235 aniversario de la Real Audiencia de Extremadura, que incluyeron sus primeras jornadas de puertas abiertas y la visita institucional del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la región.

El colectivo 8M Zaragoza se movilizará para exigir la retirada del convenio, firmado entre el Ayuntamiento de la ciudad con el Arzobispado, que denominan 'Parroquias seguras', para que algunas iglesias, atiendan con personal formado y voluntario, a víctimas de la violencia de género y las deriven al servicio correspondiente, al tiempo que han reclamado que se restituyan los puntos violeta “con perspectiva feminista” en lugar de los espacios seguros, que se habilitan ante eventos de gran concentración de personas.

Para trasladar su malestar por este acuerdo, el colectivo 8M Zaragoza ha convocado una concentración este jueves, 21 de mayo, a las 19.00 horas, frente al Ayuntamiento de Zaragoza con el lema 'Más recursos, menos rosarios' y en el cartel figura el interior de una iglesia en la que se señala al Crucifijo con un círculo y el texto 'Esto no es un Caivis' en referencia a los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual.

Han pedido la retirada de ese “convenio de la vergüenza” con el Arzobispado por “aberrante y fuera de la ley” al tiempo que exigen la restitución inmediata de los Puntos Violeta, presupuestos suficientes y formación especializada para combatir la violencia machista.

Otras exigencias son la protección efectiva y espacios seguros, inclusivos y transformadores; un sistema de protección antirracista, transfeminista y anticapacitista, que ponga en el centro a las más marginadas que son las mujeres racializadas, con discapacidad, personas trans, migrantes y trabajadoras del hogar, han enumerado. Asimismo, apelan al reconocimiento de que los derechos “no son concesiones, son conquistas arrancadas con años de lucha”.

“Ataque político”

“Aquí estamos otra vez, frente a quienes intentan silenciarnos, invisibilizarnos y borrar nuestras luchas. Respondemos ocupando las calles, levantando la voz y sosteniéndonos unas a otras. Porque somos manada y porque el feminismo siempre estará frente a quienes quieran borrarlo”, han expresado desde este colectivo.

Para el 8M, este convenio con el Arzobispado “no es un gesto administrativo, sino es un ataque político” y añaden que la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de “eliminar Puntos Violeta y ahora poner parroquias como puntos seguros es tan inverosímil que, cuando se publicó, mucha gente creyó que era una broma”.

El violeta, han explicado, representa décadas de organización feminista, de redes de apoyo, de mujeres que pusieron el cuerpo para combatir la violencia machista cuando nadie más lo hacía, han elogiado. “Eliminarlo no es neutral: es una estrategia para vaciar de contenido las políticas feministas y ceder terreno a quienes niegan esa violencia”. El problema no es el color violeta, sino lo que representa que es el “feminismo, la autonomía y la lucha colectiva”, han diferenciado.

Para este colectivo la Iglesia “no es la solución” y delegar la atención a víctimas de violencia machista en instituciones que “históricamente han sostenido modelos patriarcales –que durante años han encubierto agresiones sexuales a menores sin apartar a los agresores– no es avanzar, es retroceder”.

Las mujeres que sufren maltrato “necesitan alejarse de su agresor cuanto antes” y está demostrado que la mediación no es posible, que aguantar es peligroso, que rezar no protege“. La violencia machista, han agregado, ”no se combate borrando el feminismo, sino con recursos públicos, educación afectivo-sexual, prevención y redes feministas especializadas“.

“Las cifras hablan”

En estos primeros meses de año han sido asesinadas en España 20 mujeres y 4 menores por violencia vicaria. Estas decisiones, “teñidas de ideología rancia, no solo son irresponsables, son una bomba de la ultraderecha contra el feminismo, con las víctimas como daño colateral”. “No vamos a quedarnos con los brazos cruzados, ni a callar esta ignominia. Estaremos aquí tantas veces como haga falta, hasta que echen para atrás este despropósito”, han alertado .

El colectivo 8M Zaragoza ha lanzado el mensaje: “Mientras intentan borrar el violeta, nosotras lo multiplicamos. Mientras intentan despolitizarnos, nosotras seguimos organizadas. Cada vez que intenten borrarnos, volveremos más fuertes. Porque el feminismo no se neutraliza. Porque el violeta no se elimina”.

El Ministerio de Igualdad confirmaba este miércoles a mediodía que el asesinato de una mujer en Dolores (Alicante) el pasado 16 de mayo es un caso de violencia machista. La confirmación se suma a otros dos crímenes machistas sucedidos en los últimos días: el de un hombre que asesinó a su pareja en Arguedas (Navarra) el lunes y el de otro que mató su expareja en Figueres (Girona) este martes. Se trata de tres asesinatos por violencia de género en cuatro días, veinte en lo que llevamos de 2026 y 1.361 desde 2003, año en el que empezaron a contabilizarse oficialmente las víctimas mortales.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció hace unos días que su departamento convocaría un comité de crisis próximamente para analizar la última concentración de casos. Estos comités son un mecanismo de coordinación institucional en el que participan distintos actores (ministerios, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, comunidades autónomas implicadas...) para analizar los asesinatos cuando se producen cinco o más en el plazo de un mes, o bien se concentran casos con especiales circunstancias. Esta será la tercera vez que se convoca este comité en 2026.

En el caso de Figueres, el hombre, de 48 años, tenía una orden de alejamiento de su víctima que había quebrantado dos veces y había sido condenado en un juicio rápido ese mismo lunes por maltrato. La mujer había sido citada para una valoración forense y para declarar ante un juez el martes, según publica El País, pero no se presentó y el juzgado acordó la libertad del agresor. Se desconoce si había sobre él medidas de vigilancia.

El hombre asesinó a su expareja en plena calle. Varias personas que se encontaban en el lugar de los hechos grabaron lo sucedido inmeditamente después: el hombre se lavó las manchas de sangre en una fuente de la plaza y fue increpado y reducido por un grupo de vecinos. Otros pidieron ayuda para la mujer, que yacía en el suelo sin que nadie se aproximara a ella.

Un día antes, en Arguedes (Navarra), la Guardia Civial detenía a un hombre por el asesinato de su pareja, una mujer de 44 años. Un familiar dio el aviso después de encontrarse el cuerpo sin vida de la mujer. El hombre se entregó en dependencias de la Guardia Civil y confesó los hechos. La mujer no constaba en el sistema Viogén, en el que figuran todos los casos en los que ha habido denuncias, atestados o partes médicos previos. El hombre pasará a disposición judicial en las próximas horas. El Gobierno de Navarra se personará como acusación popular en el juicio.

El 16 de mayo, en una vivienda del cuartel de la Guardia Civil en Dolores (Alicante), encontraban los cuerpos sin vida de un agente, de 55 años, su pareja, de 51, y el hijo de ambos, de 24. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se desplazó hasta el municipio y aseguraba que todas las líneas de investigación estaban abiertas, también la posibilidad de que se tratara de un asesinato por violencia de género. Bernabé confirmaba que no existían denuncias previas por violencia de género ni el hombre tenía antecedentes por estos delitos.

Finalmente, este miércoles el ministerio de Igualdad constataba que se trata de un caso de violencia machista.

Jaime Roca, el asesino de Maialen Mazón, una joven de 32 años y embarazada de mellizos que fue hallada sin vida en un apartahotel de Vitoria en 2023, ha sido condenado a 27 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, dos delitos de aborto y un delito de abandono de menor, ya que dejó a la hija común de dos años sola durante 18 horas junto al cadáver de la madre. La magistrada Elena Cabero, tras el veredicto de culpabilidad del jurado que juzgó estos hechos en la Audiencia de Álava, ha dictado sentencia de acuerdo ese fallo. El jurado declaró probada la existencia de alevosía en la actuación del hombre y reconoció la agravante de parentesco, pero rechazó la existencia del ensañamiento, así como la agravante de género, las eximentes completa e incompleta que pedía la defensa por alteración psíquica o trastorno mental transitorio y la atenuante por consumo de alcohol.

Tras ese veredicto, la magistrada ha condenado al varón como autor de un delito de asesinato con alevosía en concurso con dos delitos de aborto con la agravante de parentesco y le ha impuesto un apena de 25 años de prisión. Además, también le ha impuesto dos años de cárcel como autor de un delito de abandono de menor y se le ha privado de la patria potestad de su hija. La magistrada ha fijado otras penas de libertad vigilada y de aproximación y comunicación con su hija y el padre de la víctima y ha establecido que indemnice a la primera con 400.000 euros y al segundo con 200.000 euros por los daños morales causados.

Según los hechos declarados probados, la pareja comenzó una discusión en una habitación de un apartahotel en Vitoria y en un momento dado Roca cogió un cuchillo y le asestó varias puñaladas a Mazón. También se concluye que dado el arma empleada como la zona corporal donde se produjo el ataque el acusado tuvo intención de matar a su pareja. “Claramente, el ataque se produjo a una zona vital y con una fuerza suficiente para fracturar una costilla y para producir la muerte”, se recoge en la sentencia en la que se recuerda que el acusado le propinó otras doce cuchilladas más superficiales.

La sentencia recoge que la agresión fue sorpresiva, sin posibilidad de defensa. “Existió alevosía sorpresiva y desvalimiento en el ataque porque, tal y como ha quedado probado, la víctima estaba sentada en una butaca en un estado de somnolencia y confusión por la ingesta de alcohol y medicación, no esperaba la agresión y no se pudo defender en ningún momento”, asevera. Sin embargo, el jurado desestimó el ensañamiento psíquico, que la víctima sufrió de forma innecesaria porque el acusado la mató delante de su hija, al no considerar probado que el hombre atacara a su mujer en presencia directa de la menor. Ha existido, según la prueba practicada, “una duda razonable” de que la niña presenciara los hechos, se recuerda en la sentencia.

El jurado tampoco estimó acreditada la concurrencia de la agravante de género como defendían las acusaciones y al respecto en la sentencia se recoge que de la prueba practicada en la vista oral no se puede desprender que el motivo que llevó al hombre a matar a su pareja “esté relacionado con una necesidad de control y dominio sobre ella” por haber iniciado esta una relación con otro varón. Ha existido “una duda razonable” en el jurado para dar por acreditadas las premisas fundamentales planteadas por las acusaciones para aplicar esta agravante de género, recuerda la magistrada en la sentencia que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Sobre este respecto, la familia de la víctima ha considerado que es “una sorpresa muy desagradable” que el jurado no haya determinado que se cometió violencia de género en el asesinato. “Yo estaba convencida de que habíamos explicado suficientemente por qué había una relación de violencia en el tiempo entre ellos y por qué la culminación de ese machismo, de ese control, fue el asesinato”, explicó la abogada de la familia tras conocer el veredicto. A su juicio, esto refleja una falta de concienciación todavía en la sociedad. “Es una razón por la que nos tenemos que seguir esforzando día a día para explicar lo que es la violencia de género, la violencia machista”, manifestó.

El caso que cambió el protocolo de la Ertzaintza

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2023, cuando Jaime Roca asestó 13 cuchilladas a la que era su pareja en un apartahotel de la capital alavesa. Según informó el Departamento de Seguridad tras el suceso, la pareja se alojó en enero con un nombre falso en el apartahotel, algo que llamó la atención del propietario y, al llamar a la Ertzaintza para comunicárselo, se percataron de que había un expediente de violencia de género abierto por la Policía Nacional y una orden de alejamiento interpuesta por un juzgado de Torremolinos que estaba siendo quebrantada.

Debido a estas informaciones, el por aquel entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, realizó una comparecencia de urgencia en la que explicó que “la Ertzaintza en ese momento entrevistó a la mujer y esta confirmó que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”.

Después de aquello, según confirmó Erkoreka, “no se tiene más contacto” con la pareja, que “desaparece del escenario vitoriano” hasta el 18 de mayo, donde se le vuelve a entrevistar a la mujer, no obstante, Erkoreka confesó “no tener constancia” de si se realizaron entrevistas al presunto asesino, ya que “la fuente primordial de información en este caso fue la víctima” y, al ser preguntado que por qué no fue detenido por haber quebrantado al menos en dos ocasiones la orden de alejamiento, respondió que no tenía ese dato. “En mayo la víctima vuelve a asentir que el quebrantamiento de la orden de alejamiento es consensuado y que su pareja no generaba miedo en ella”, detalló Erkoreka, sobre la segunda entrevista que le realiza la Ertzaintza a la mujer cuando esta regresa a Vitoria.

La mujer, que se encontraba registrada en el hotel otra vez con un nombre falso, quedó para comer con su familia el día del suceso, pero al no aparecer, sus familiares acudieron al apartahotel y hallaron el cuerpo sin vida y, junto a él, la menor hija de ambos. Según las investigaciones realizadas por la Ertzaintza a partir del visionado de imágenes del apartahotel, Erkoreka confirmó que el culpable del asesinato “podría ser él [haciendo referencia a la pareja] por una serie de movimientos que se detectan, aunque no con claridad”. A partir de ahí las indagaciones realizadas en las horas siguientes del suceso llevaron a concluir que el presunto asesino habría abandonado Euskadi esa misma tarde, pudiendo ser interceptado y detenido por la Guardia Civil cuando viajaba en un taxi por la AP-68 a la altura de la provincia de Zaragoza. Desde entonces permanece en prisión.

La actuación de la Ertzaintza suscitó grandes críticas y un cambio en el protocolo a raíz de este caso. Erkoreka llegó a manifestar que “no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro” otras Fuerzas de Seguridad del Estado dejaron claro que quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, por mucho que la víctima a la que se busca proteger consienta o facilite el acercamiento del agresor. Además, la mujer figuraba como víctima de “riesgo extremo” en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a “riesgo bajo”. Al parecer, los archivos de la Policía Nacional del sistema VioGen y los de la Ertzaintza del sistema EVA no estaban conectados. También falló la propia valoración que efectuó la Ertzaintza sobre el caso. 

Por ello, desde aquel caso la valoración que hace la Ertzaintza nunca baja de la consideración que trae de otras comunidades, al menos en un primer momento y ahora la Ertzaintza asume la orden de detener siempre a quien incumple la orden de alejamiento por mucho que la víctima consienta el acercamiento.