Los juzgados especializados en violencia sobre la mujer de la comunidad autonómica registraron un fuerte repunte de la actividad penal durante el segundo trimestre del año. Según los datos oficiales del informe trimestral elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, las denuncias por violencia machista en Extremadura se dispararon un 27,9% entre abril y junio en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando un total de 1.019 procedimientos iniciados.

El balance judicial revela que los órganos judiciales extremeños atendieron en este periodo a un total de 834 mujeres víctimas de violencia de género, lo que representa un incremento del 11,3% respecto a las 750 contabilizadas entre abril y junio de 2025. Del conjunto de víctimas registradas en la región, 748 tenían nacionalidad española y 67 eran ciudadanas extranjeras, sin que se haya contabilizado ninguna víctima menor de edad en este tramo del año. La tasa autonómica se sitúa en 15,6 víctimas por cada 10.000 mujeres, un indicador que, pese a subir ocho décimas respecto al año pasado, se mantiene por debajo de la media nacional, fijada en 20 víctimas.

A pesar del notable incremento en las denuncias tramitadas, el informe refleja una preocupante caída en las medidas cautelares de protección. Las secciones judiciales con competencia en violencia sobre la mujer y los juzgados de guardia de la región registraron un total de 164 solicitudes de órdenes de protección, cifra que supone un desplome del 26% en comparación con el segundo trimestre de 2025. De esas solicitudes presentadas por las víctimas o por la Fiscalía, los jueces acordaron finalmente 58 órdenes, lo que equivale al 64,6% de las peticiones analizadas.

El análisis de la actividad procesal muestra asimismo un marcado aumento en el número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar contra su agresor. Un total de 67 víctimas decidieron no prestar declaración ante el juez, más del triple de las 21 que recurrieron a este derecho en el mismo trimestre del año pasado. En el ámbito penal, los juzgados dictaron 231 sentencias en la región, de las cuales 220 resultaron condenatorias (un 95,2% de efectividad punitiva) y 11 fueron absolutorias, mientras que la sección de menores de los Tribunales de Instancia enjuició a un único menor por delitos machistas, frente a los ocho juzgados un año antes.

A nivel estatal, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Esther Rojo, ha expresado su profunda preocupación ante el incremento generalizado de los casos en toda España, donde las denuncias han crecido cerca de un 10%. Rojo ha hecho un llamamiento directo a todas las administraciones públicas y formaciones políticas para evitar retrocesos, reforzar los recursos humanos y materiales en la administración de justicia y mantener la alerta social en el entorno familiar, laboral y educativo para denunciar a tiempo y salvar vidas.

La Rioja ha vuelto a situarse en el segundo trimestre de 2026 entre las comunidades autónomas con menor tasa de víctimas de violencia de género del Estado. Según los últimos datos hechos públicos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la región registró una ratio de 11,2 víctimas por cada 10.000 mujeres entre abril y junio, un indicador notablemente inferior a la media nacional, fijada en 20 víctimas.

A pesar de que el indicador riojano se mantiene en la franja más baja del mapa estatal —únicamente superado por territorios como Castilla y León (12,2) y lejos de las elevadas tasas registradas en Baleares (29,4) o la Comunidad Valenciana (23,9)—, las cifras globales del informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género encienden las alarmas a nivel general: en el conjunto del Estado las denuncias se incrementaron un 9,81% hasta alcanzar las 55.712, y el número de mujeres víctimas subió un 7,64%, sumando 50.106 atendidas.

El informe revela que, en el plano estatal, la inmensa mayoría de los procedimientos continúan iniciándose por la vía directa de la víctima: un 75% de las denuncias fueron presentadas por las propias agredidas en comisarías o sedes judiciales. En contraste, el peso del entorno familiar y social sigue siendo testimonial, representando apenas el 1,52% del total de las denuncias formuladas entre abril y junio, un porcentaje que además experimenta un leve retroceso respecto al mismo periodo del año anterior.

En lo relativo a los mecanismos judiciales de protección y respuesta, las secciones especializadas de los Tribunales de Instancia acordaron el 69 % de las órdenes de protección solicitadas a nivel nacional (8.389 concedidas de 12.143 requeridas). Asimismo, se consolida la contundencia de las resoluciones en el ámbito penal, donde el 82,62% de las 16.553 sentencias dictadas en toda España terminaron en condena para el agresor, alcanzando su pico más alto de efectividad en las Secciones de Violencia sobre la Mujer (93,78%).

Este balance trimestral incorpora, por primera vez de forma consolidada, las competencias atribuidas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia para agresiones sexuales fuera de la pareja. En este apartado, la judicatura tramitó 3.962 denuncias e instruyó 4.448 delitos contra la libertad e indemnidad sexual en todo el país, reflejando el progresivo afloramiento de aglomeraciones de violencias machistas en el ámbito judicial.

Frente a la consolidación de estas estadísticas, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Esther Rojo, ha apelado a la responsabilidad colectiva y al refuerzo de los recursos públicos autonómicos y locales. Rojo ha recordado que tras las cifras “hay una realidad innegable” que no se reduce y ha incidido en la necesidad de visibilizar la violencia “que permanece oculta”, instando al entorno familiar, laboral, sanitario y educativo a reaccionar ante los indicios para romper los silencios que impiden salvar vidas.

Las denuncias por violencia machista registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el segundo trimestre de 2026 aumentaron un 5,4% en comparación con el mismo periodo de 2025. Si en la primavera pasada los juzgados de las Islas habían registrado 2.841 denuncias por violencia machista, en la de este año el número fue  2.995 (154 más), según datos difundidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Siempre según el informe del órgano de gobierno de los jueces, y en consecuencia con el dato anterior, el número de mujeres víctimas de la violencia de género en Canarias aumentó entre abril y junio de este año en comparación con el mismo periodo de 2025. Pasó de 2.657 a 2.714, 57 más, un aumento porcentual del 2,1%

De acuerdo con los datos oficiales, Canarias registró durante el segundo trimestre de este año una tasa de 23,7 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la cuarta más alta del Estado. La primera fue Baleares (29,4), la segunda, la Comunidad Valenciana (23,9) y la tercera, Madrid (23,8). La media nacional en el periodo analizado fue 20,0.

El 88,1% de los casos terminó en sobreseimiento provisional

El informe del Observatorio ofrece más datos: de las 2.714 mujeres víctimas de violencia en Canarias en el periodo de estudio, 2.035 fueron españolas y 679 extranjeras. 311 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 24,5% más que en el segundo trimestre del año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 412 féminas.

Durante la primavera pasada, los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia de género dictaron 649 sentencias condenatorias (un 9,2% menos que en el segundo trimestre de 2025), 11 sentencias absolutorias (un 71,1% menos que en el año anterior), 130 autos de sobreseimiento libre (+31,3%) y 963 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (-14,1%). El porcentaje de sentencias condenatorias fue del 98,3% (+3,6%) y el de terminación por sobreseimiento provisional, del 88,1% (un 4,1% menos que en el año anterior).

En lo que alude a personas enjuiciadas, la primavera pasada fueron 660 las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (un 12,5% menos que en el segundo trimestre de 2025), siendo condenadas el 98,3% (un 3,6% más que en 2025). 469 fueron ciudadanos españoles y 180 extranjeros.

En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron este invierno 440 peticiones. De ellas, los juzgados inadmitieron 5, adoptaron 297 y denegaron 138.

El estudio del Observatorio ofrece por séptimo año consecutivo datos desglosados por islas. Entre abril y junio de 2026, en Fuerteventura se registraron 147 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; en Gran Canaria, 1.601; en Lanzarote, 265; en El Hierro, 9; en La Gomera, 9; en La Palma, 72, y en Tenerife, 1.392. En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos. Sólo se registró un homicidio de violencia machista durante este periodo, en la isla de Tenerife.  

Datos nacionales

En el ámbito nacional, los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer registraron durante el segundo trimestre de este año 55.712 denuncias y atendieron a un total de 50.106 mujeres, cifras que reflejan un aumento del 9,81% y del 7,64% respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2025. Once de cada cien mujeres que aparecen en las denuncias como víctimas de este tipo de delitos (el 11,44%) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.

El Informe trimestral sobre violencia de género, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, muestra también que el número de órdenes de protección solicitadas y acordadas entre marzo y junio de este año se mantuvo en cifras cercanas a las de hace un año. Así, Las secciones de violencia sobre la mujer y las secciones en funciones de guardia de los Tribunales de Instancia registraron 12.143 solicitudes (un 4 % menos) y acordaron 8.389 órdenes de protección (un 2% menos). El porcentaje de las acordadas con respecto a las solicitadas ha sido del 69 por ciento, dos puntos porcentuales más alto que en el segundo trimestre de 2025.

En cuanto al número de sentencias dictadas por las secciones de violencia sobre la mujer y las secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia, así como por las audiencias provinciales, ascendió a 16.553, de las que el 82,62% fueron condenatorias.

Más denuncias y más víctimas

Durante el segundo trimestre de 2026, las secciones de violencia sobre la mujer de los Tribunales de Instancia de toda España recibieron un total de 55.712 denuncias, un 9,81% más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 50.737 denuncias. El número de mujeres que aparecen como víctimas en las denuncias fue de 50.106, un 7,64% más alto que hace un año, cuando se contabilizaron un total de 46.550. 

Un trimestre más, dos de cada tres víctimas (el 62,09%) tienen nacionalidad española, mientras que el 37,91 % restante proceden de otros países. El número de víctimas menores, hijos e hijas bajo la tutela, guarda o custodia de la mujer víctima fue de 113 (*), un 7,6 % más que el registrado en el mismo trimestre de 2025, durante el que se contabilizaron 105 menores.

Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante volvieron a mostrar que la mayor parte de las denuncias (41.798, el 75 % del total) fueron presentadas por la propia víctima bien ante el órgano judicial bien en comisaría.

Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (849), que disminuyeron con respecto al segundo trimestre de 2025 al pasar del 1,91 % del total al 1,52 por ciento. Entre marzo y junio de 2026 las derivadas directamente de atestados policiales (8.037) representaron el 14,43 % del total; las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 3.563 (6,40 por ciento) y las presentadas por servicios de asistencia y terceros en general sumaron 1.465 y representaron el 2,63% del total.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres aumentó 0,8 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2025 al situarse la media nacional en 20 frente a la media de 19,2 de hace un año.

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 29,4 víctimas cada 10.000 mujeres; Comunidad Valenciana, con 23,9; Madrid, con 23,8; Canarias, con 23,7; Navarra, con 23,6; Andalucía, con 22,6; Murcia, con 20,5 y Asturias, con 20,1, Y por debajo de esa tasa se situaron Castilla-La Mancha, con 18,2; Aragón, con 16,7; País Vasco, con 16,5; Cataluña, con 16; Extremadura, con 15,6; Cantabria, con 14,7; Galicia, con 13,8; Castilla y León, con 12,2 y La Rioja, con 11,2.   

Once de cada 100 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor

El número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar fue de 5.732, lo que supone que tomaron esta decisión 11,44 de cada cien víctimas de violencia de género, un 3,3% más que en el mismo trimestre de 2025. De ellas, 3.173 eran españolas y 2.559 tenían otras nacionalidades.

Se adoptaron el 69% de las órdenes de protección solicitadas

Los datos relativos a las órdenes de protección mostraron una leve diferencia con los del segundo trimestre de 2025. Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.143 órdenes de protección, un 4% menos que hace un año. De ellas, 10.380 fueron incoadas por las secciones de violencia sobre la mujer y 1.763, por las secciones en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.389, un 2% menos que hace un año, lo que significa que se concedieron siete de cada diez (el 69%). Las secciones de violencia sobre la mujer adoptaron 7.041, el 67,8% de las solicitudes que recibieron, mientras que las secciones de guardia acordaron 1.348, el 76% de las solicitudes que registraron.

En el 43,9% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Seis de cada diez mujeres (6.283, el 60,5%) que pidieron protección eran españolas y 4.097 procedían de otros países. De ellas, 49 (el 0,5%), contando españolas y extranjeras, eran menores de edad. El dato de menores víctimas que solicitaron una orden de protección al órgano judicial fue sensiblemente inferior al registrado en el segundo trimestre del pasado año, periodo en el que fueron 80 mujeres menores víctimas.

Medidas judiciales penales y civiles de protección

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 14.902 medidas judiciales penales de protección de las víctimas. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (6.072) y las de prohibición de comunicación (5.743), que representaron el 66,78% y el 63,02% sobre el total de órdenes de protección y de medidas cautelares penales adoptadas, respectivamente. 

Asimismo, dictaron 4.419 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.283) y la suspensión del régimen de visitas (911). Entre marzo y junio también se acordaron 807 medidas civiles de atribución de la vivienda; 739 suspensiones de la guarda y custodia; 213 medidas de suspensión de la patria potestad y 19 específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.

El 82,62% de las sentencias fueron condenatorias

El número de sentencias dictadas fue de 16.553, de las que 13.676 (el 82,62%) fueron condenatorias y 2.877 (el 17,38%), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas se produjo en las secciones de violencia sobre la mujer de los Tribunales de Instancia, con el 93,78 por ciento. Las audiencias provinciales impusieron condenas en el 77,04% de los casos y las secciones de lo Penal, en el 71,81%. 

Un hombre ha disparado contra su exmujer y contra su excuñada, de 36 y 39 años, y se ha dado a la fuga en la noche de este pasado jueves en el distrito Norte de la ciudad de Granada. El presunto autor de los hechos, que está identificado, tenía una orden de alejamiento respecto a su expareja.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, cuerpo que está investigado lo sucedido después de que recibieran los primeros avisos de urgencia en torno a las 23.30 horas que señalaban que un hombre había disparado a dos mujeres y había huido. Las dos mujeres fueron trasladadas al hospital en un coche y se encuentran fuera de peligro.

La investigación apunta a la posibilidad de que, atendiendo a las primeras manifestaciones de las personas que presenciaron los hechos, pudiera tratarse de un caso de violencia de género, si bien no lo confirma, ya que todavía se investiga actualmente todo lo sucedido.

Continúa la búsqueda

Los agentes que llegaron rápidamente al lugar recabaron información entre quienes presenciaron los hechos, que dijeron que un hombre había disparado contra las dos mujeres, tras lo cual se había dado fuga en un coche. La Policía encontró el vehículo en el que supuestamente habría huido el presunto agresor en una calle cercana con el capó aún caliente, si bien no han localizado al hombre.

En cuanto a las mujeres heridas, la Policía Nacional refiere que ambas presentaban heridas por armas de fuego y que fueron atenidas en el hospital Virgen de las Nieves, donde, en principio, se comprobó que presentaban impactos de bala pero que su estado no es grave.

El titular de la Plaza de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha abierto juicio oral a un policía local de la ciudad por acceder repetidamente al sistema VioGén para conocer el nivel de riesgo de una víctima de violencia de género a la que no protegía y sin estar autorizado. Se enfrenta a cuatro años y medio de prisión que pide para él la Fiscalía, mientras que la mujer, que ejerce la acusación particular, solicita tres. Además, el juez ha declarado responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de la capital de Cantabria.

Según las diligencias practicadas, recabada esa información, el investigado presuntamente se dirigió al agente de la Policía Nacional que sí tenía asignada la protección de la mujer para que rebajara el nivel que VioGén había determinado de medio a bajo, al considerar que era “exagerado”.

El efectivo procesado, por un presunto delito contra la intimidad, estaba destinado a la Oficina de Protección de Víctima (Oprovic) y en su día fue detenido por un supuesto ilícito de revelación de secretos por informar al cabecilla de la trama de un grupo dedicado al tráfico de cocaína en Cantabria.

Precisamente, este traficante es el presunto agresor de la mujer sobre la que el policía local consultó los datos del Sistema Viogén y, a su vez, arrendador del agente procesado. Ese hombre había, a su vez, denunciado a la mujer y gozaba del estatuto de “víctima protegida” y la protección del efectivo nacional había sido encomendada al local.

Delitos y penas

Para el ministerio público, el acusado es autor de un delito contra la intimidad, merecedor de una pena de cuatro años y medio de prisión, diez años de inhabilitación absoluta y el pago de una indemnización de 3.000 euros por el daño moral causado.Por su parte, la acusación particular pide tres años de prisión, 8.100 euros de multa, inhabilitación absoluta durante seis años y 6.000 euros de indemnización.

El auto declara competente a la Audiencia Provincial de Cantabria para el enjuiciamiento de este caso y emplaza a la representación legal del acusado para que presente su escrito de defensa.

Asimismo, acuerda que éste preste una fianza de 4.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, y declara al Ayuntamiento de Santander responsable civil subsidiario. El Consistorio deberá comparecer en un plazo de diez días con abogado y procurador y tendrá asimismo que formular escrito de defensa en su nueva condición.

Indicios

Según recogió el instructor en otra resolución --el auto que puso fin a la instrucción y transformó las diligencias en procedimiento abreviado-- existen indicios de que el agente de la Policía Local, destinado en la OPROVIC presuntamente abusó de su condición de funcionario con acceso a VioGén para acceder repetidamente a los datos almacenados en el sistema en relación a la mujer en cuestión.

En concreto, habría accedido a los datos relacionados con el nivel de riesgo -medio en aquel momento- y a pesar de que no tenía encomendada la protección de esa víctima y “sí únicamente la de su agresor”, dada su condición de víctima protegida a raíz de la denuncia presentada contra ella.

Tras acceder al sistema, el acusado habría hablado con policía nacional encargado de la protección de la mujer y habría conseguido “que se reevaluara el riesgo apreciado por el sistema” pasando a ser bajo.

Maniobras para reducir la protección

En su auto, el magistrado rechazó la petición de sobreseimiento pedida por la defensa y consideró que “el acceso al fichero no es delito, pero a los datos contenidos en el mismo sí”, en concreto, a la valoración del riesgo del sistema VioGén.

“Maniobrar para intentar rebajar el nivel de riesgo a una víctima a la que el funcionario policial no está protegiendo, porque la lleva otro cuerpo policial, tras acceder repetidamente al sistema VioGén en pos de ese dato, debe considerarse que colma las exigencias del tipo penal, al menos a priori, pues se accede a un dato protegido con la finalidad de perjudicar a su titular sin estar autorizado a ello”.

La instrucción fue confirmada por la Audiencia, después de que el recurso de apelación contra el auto que transformó las diligencias en procedimiento abreviado y que fue promovido por el policía local acusado no prosperara.

Tras la firmeza de la decisión del magistrado, las acusaciones presentaron sus escritos y ahora el instructor abre juicio oral, paso previo al enjuiciamiento del agente.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto-ley que el Gobierno aprobó ayer con varias mejoras en prestaciones de la Seguridad Social en materia de viudedad, bajas especiales derivadas de la menopausia y catástrofes, así como para padres que cuidan a hijos con enfermedad grave y víctimas de violencia de género.

El real decreto-ley entra en vigor de manera general este mismo 21 de octubre, su fecha de publicación en el BOE, salvo algunas excepciones que están vigentes a partir del próximo mes o los próximos dos meses.

A continuación, se recogen algunos de los elementos más destacados del texto legal con las medidas anunciadas por la ministra Elma Saiz.

Pensiones de viudedad a parejas no formalizadas con hijos

El texto legal facilita el acceso a la pensión de viudedad a parejas no casadas ni formalizadas como parejas de hecho en el caso de tener hijos.

Así, queda establecido que “en el caso de que existan hijos en común únicamente será exigible el requisito de una convivencia estable y notoria durante un periodo de al menos dos años ininterrumpidos, con carácter inmediato al fallecimiento del causante”. Además, precisa que “dicha convivencia deberá ser acreditada mediante el correspondiente certificado de empadronamiento”.

Ventana de un año para pedirlo por fallecimientos anteriores

El decreto recoge que se reconocerá el derecho a la pensión de viudedad cuando, habiéndose producido el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja de hecho con anterioridad a la entrada en vigor del este real decreto-ley, concurran las siguientes circunstancias:

a) Que, a la muerte del causante, reuniendo este los requisitos exigidos, no se hubiera podido causar derecho a pensión de viudedad.

b) Que el beneficiario pueda acreditar en el momento de fallecimiento del causante la existencia de pareja de hecho, en los términos establecidos.

Para acceder a la pensión, “la correspondiente solicitud deberá ser presentada en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor” del real decreto-ley. Es decir, en el próximo año a partir de este 21 de octubre.

“La pensión reconocida tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a la solicitud siempre que se cumplan todos los requisitos previstos en esta disposición”, recoge la ley.

Bajas especiales derivadas de la menopausia

Se regulan dos nuevos supuestos especiales de incapacidad temporal, que son situaciones con más protección, como la cobertura de la prestación desde el día siguiente a la baja, sin necesidad de cotización previa, y con una mayor cuantía: la prestación alcanza el 60% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja y el 75% a partir del día 20, recordó la ministra Saiz.

La ley recoge este nuevo supuesto especial de baja laboral para: “Aquellas en las que pueda encontrarse la mujer en caso de patología limitante por trastorno menopáusico secundario codificado a tal efecto, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dicha patología”.

Se trata así de una cobertura para patologías derivadas de la menopausia o “sintomatología incapacitante” derivada de esta, explican en el Ministerio de la Seguridad Social, como en el caso de las bajas por reglas especialmente dolorosas, que aprobó el Gobierno hace años.

Bajas especiales por lesiones derivadas de violencia machista

También se regula un nuevo supuesto especial de baja para las lesiones derivadas de violencia machista. En concreto, la regulación incluye a aquellas situaciones “en las que pueda encontrarse la mujer como consecuencia de lesiones causadas por el hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por relación similar de afectividad, aun sin convivencia, mientras reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dichas lesiones”.

Para conseguir esta cobertura ampliada de baja, “será necesario que con anterioridad al alta médica por curación o mejoría hayan sido expedidos los documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial, orden de protección, resolución que acuerde una medida cautelar o informe del Ministerio Fiscal que recoja la existencia de indicios de violencia de género; o bien que se hubiera dictado sentencia condenatoria. El facultativo médico del Servicio Público de Salud identificará estas situaciones especiales mediante la correspondiente codificación”, recoge el texto legal.

Además, “en dichos documentos deberá figurar de forma expresa la relación de causalidad entre la lesión que dio lugar a la situación especial de incapacidad temporal y el acto de violencia que determina la condena, protección o inicio de la investigación”, precisa la ley.

Prestaciones por catástrofes como “accidentes de trabajo”

La ministra Saiz explicó se reforzaba también la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a acontecimientos de carácter extraordinario. “La experiencia derivada de las distintas catástrofes naturales y emergencias producidas en los últimos años ha puesto de manifiesto la conveniencia de establecer con carácter permanente la asimilación a contingencias profesionales de determinadas prestaciones cuando el hecho causante derive de una catástrofe extraordinaria, garantizando una respuesta homogénea, inmediata y previsible del sistema”, recoge la introducción del decreto.

Sin embargo, la forma legal para aprobarlo es la siguiente (que requiere de futuras aprobaciones de esta protección reforzada):

“En aquellas normas con rango de ley que se aprueben para dar una cobertura extraordinaria tras un suceso o acontecimiento catastrófico, podrá acordarse que las prestaciones de Seguridad Social, tales como incapacidad temporal, incapacidad permanente o muerte y supervivencia, sean asimiladas a contingencia profesional, mejorando así su cobertura”.

Aumenta el mínimo para huérfanos por violencia de género

Se incrementa el mínimo de la pensión de orfandad en caso de violencia de género. “Cuando el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer, en los términos descritos en este artículo, el importe mínimo mensual de la pensión de orfandad será el equivalente al doble del salario mínimo interprofesional mensual vigente en cada momento. En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta pensión, el importe conjunto de las mismas no podrá superar el importe de dicha cuantía”, recoge la ley.

Mejora del fondo para pensiones de alimentos impagadas

El Gobierno también ha facilitado el acceso y mejorado las ayudas del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que cubre a los hijos e hijas cuando uno de sus progenitores no paga la pensión de alimentos en caso de divorcio o separación.

Así, ha decidido triplicar el anticipo máximo del fondo de garantía del pago de alimentos, del que se encarga el Estado y que pasará de 100 a 300 euros mensuales. “Si la Unidad familiar estuviera integrada por varios beneficiarios este límite operará para cada uno de ellos”, recoge el texto. Y se alarga el tiempo durante el que puede percibirse, los 18 meses actuales, hasta “mientras exista la obligación de alimentos”.

Se eleva el límite de ingresos para poder acceder a este fondo, ahora marcado por la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y que pasa a definirse a partir del salario mínimo interprofesional (mucho más elevado), multiplicado por un coeficiente según el número de hijos.

Aumenta el mínimo de pensiones por terrorismo

El decreto modifica el parámetro de referencia para la determinación del importe mínimo de las pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo, sustituyendo el triple del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) por el doble del salario mínimo interprofesional, “que constituye un parámetro más acorde para garantizar un nivel suficiente de protección”, justifica el texto legal.

Se podrá cobrar la CUME más allá de los 26 años del hijo/a

La ministra Saiz explicó que la prestación CUME, para padres que reducen sus jornadas de trabajo para cuidar a hijos con cáncer u otras patologías graves, se extendía en varios supuestos. Entre ellos, destacó la posibilidad de percibirla más allá de 26 años y de forma simultánea, que el texto legal recoge así:

“Excepcionalmente se mantendrá el derecho a la reducción de jornada más allá de los 26 años en aquellos casos en los que la persona causante acredite una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o bien tenga reconocido el grado III de dependencia, siempre que persista la convivencia con la persona beneficiaria y continúen acreditándose las necesidades de cuidado directo, continuo y permanente en los términos y con la acreditación que se exigen en los párrafos anteriores”, apunta la ley.

Además, “este derecho podrá ser reconocido a favor de ambos progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores permanentes, por la misma persona causante, de forma alternativa o simultánea”.

Para consultar todo el real decreto-ley, puede acceder aquí.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor del asesinato por arma blanca de una mujer de 52 años en un portal de una urbanización de la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Tras realizar diversas gestiones de investigación, la Policía, que investiga la muerte como un posible asesinato por violencia de género, determinó la identidad del presunto responsable e inmediatamente estableció un dispositivo de búsqueda.

El presunto autor fue localizado en el interior de su vehículo por un indicativo del Grupo Operativo de Respuesta perteneciente a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde, en la calle Montejo con la calle Ciudad de Frías. Por estos hechos se ha procedido a la detención del hombre como presunto autor de un delito de homicidio.

En torno a las 14:45 horas de este martes, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) recibió una llamada alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.

A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112, que han actuado de forma conjunta, localizaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente, en tórax y abdomen.

Los servicios sanitarios consiguieron revertir la parada y trasladar a la mujer en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido, según han podido confirmar Emergencias y Policía Nacional a Europa Press.

Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación. También ha colaborado Policía Municipal.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado la condena a 9 años de cárcel a un hombre por maltratar y violar a su mujer. Cumplirá 7 años por un delito de malos tratos habituales y 2 años por agresión sexual a su mujer. Al condenado, “natural de un país norteafricano”, también se le ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima durante 13 años, además de indemnizarla con 30.000 euros “por el daño moral”.

Tal y como recoge la sentencia, la pareja se casó en 2010 y, durante toda la relación matrimonial, el condenado “ejerció violencia física y psicológica de forma habitual” hacia su mujer, especialmente a partir del año 2014. El hombre la insultaba, vejaba, humillaba y amenazaba. A finales de enero de 2023, el condenado violó a su mujer.

Muchos de los insultos que recibía la víctima, según describe la sentencia, que ha sido ratificada, “se realizaban en presencia de sus hijas menores de edad”. En el escrito se plasma que las niñas se encuentran “afectadas psicológicamente”.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN, que ha desestimado en su integridad el recurso presentado por la defensa, ha avalado “la declaración de la mujer, que mostró coherencia, sinceridad y ausencia de indicios de falsedad”.

Para el Tribunal, la declaración de la víctima “fue persistente”, exponiendo detalles coherentes y “sin contradicciones relevantes” que evidenciasen que mentía. Además, las secuelas psicológicas de la mujer, que presenta un cuadro ansioso-depresivo (considerada “una situación compatible con los hechos denunciados”), fueron corroboradas tanto por “los testimonios de familiares” como por los “informes forenses” que se le realizaron.

El Tribunal Supremo ha dictado una pionera sentencia que condena a una empresa por despido discriminatorio a una trabajadora víctima de violencia de género. El fallo, que revoca uno previo que no halló discriminación, considera que sí había indicios suficientes para ligar el cese de la trabajadora a su condición de víctima, que era conocida por la empresa, ha informado la cooperativa Colectivo Ronda, que ha defendido a la mujer.

La sentencia condena así a la empresa, NAGAMI DESIGN SL, por despido nulo de la trabajadora, “debiendo procederse a la inmediata readmisión” de la trabajadora con abono de los salarios de tramitación, “así como al abono de la cantidad de 10.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales”, recoge la sentencia, que ha podido consultar elDiario.es.

La trabajadora, que llevaba casi un año trabajando en la empresa, desde marzo de 2023, denunció a su ex pareja por violencia de género ante la Policía en de febrero de 2024, lo que dio lugar a un procedimiento judicial. Ese mes estuvo varios días de baja médica, por “síntomas y signos que afectan al estado emocional” que le incapacitaban para realizan su trabajo habitual.

La empresa era conocedora del proceso abierto como víctima de violencia de género ya que el administrador mancomunado de la compañía “había sido citado como testigo de la causa penal el día 2 de abril de 2024”. Siete días después, el 9 de abril, NAGAMI DESIGN SL despidió a la afectada por la vía disciplinaria –sin derecho a indemnización– “por disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado”, recoge la sentencia.

Había indicios suficientes de posible discriminación

Con estos hechos, los magistrados del Supremo revocan la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que consideró el despido como improcedente y no nulo. La empresa no demostró que fueran real esa supuesta disminución voluntaria del rendimiento, pero el TSJ consideró que las circunstancias del cese no suponían indicios de discriminación a la trabajadora por la condición de víctima de violencia de género.

El Supremo corrige este criterio. Los magistrados sostienen que la situación de la mujer trabajadora como víctima de violencia de género “no puede calificarse el despido como nulo de manera automática”, salvo que conste la existencia de reclamaciones internas o judiciales de la trabajadora frente a la empleadora relacionadas con su condición de víctima de violencia de género.

En el resto de casos, la sentencia recoge que la parte demandante “debe aportar indicios previos y suficientes, de una mínima entidad y significado” sobre esa posible discriminación vinculada a la condición de víctima de violencia de género.

En este segundo supuesto es donde se encuadra este caso analizado y los magistrados consideran que sí había indicios suficientes para concluir que existió este despido discriminatorio. Estos indicios son la baja médica de la afectada, el conocimiento de la empresa del procedimiento judicial como víctima de violencia de género y la inmediatez del cese con todo este proceso, además de la nula intención de la compañía de justificar las causas del despido disciplinario que había firmado.

Así, “se alza como un indicio razonable, con la solidez mínima requerida en el caso, que la sitúa en el ámbito ya no de la mera posibilidad sino en el de la probabilidad, de que el despido se ha producido al entender la empresa que podía asociarse a aquella condición de ser la trabajadora mujer víctima de violencia de género, una serie de circunstancias derivadas tanto de la presión, malestar, miedo e incertidumbre a los que se ve sometida la trabajadora, como de las posibles consecuencias judiciales de su denuncia penal, que podrían percibirse por la empresa como inconvenientes o complicaciones que no está dispuesta a asumir como empleadora”, argumentan los jueces.

Readmisión, pago de salarios e indemnización

Así, el despido se considera como nulo por discriminatorio, lo que supone la obligación de readmitir a la trabajadora, pagarle los salarios que ha dejado de percibir desde su cese en 2024 y una indemnización por daños de 10.000 euros.

Colectivo Ronda, la cooperativa de abogados que ha defendido a la trabajadora, ha celebrado el fallo del Supremo y ha destacado que “no es necesario” que la mujer despedida “aporte una prueba directa de la motivación discriminatoria de la decisión empresarial”.

Es decir que, cuando existen indicios razonables de esta discriminación, “corresponde a la empresa demostrar que el despido responde a motivos reales, objetivos y completamente ajenos a la condición de víctima de la trabajadora”.

Esther Comas, abogada de Colectivo Ronda que ha dirigido la defensa jurídica de la trabajadora, enfatiza la trascendencia de una resolución “que puede contribuir decisivamente a reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista frente a actuaciones discriminatorias y despidos sin causa por parte de las empresas que les afectan, precisamente, cuando mayor es su vulnerabilidad”.

Para la letrada, “es vital que se imponga a las empresas un esfuerzo probatorio reforzado a la hora de justificar una extinción que afecta a una mujer en esta situación para disipar cualquier duda razonable que permita suponer, aunque sea indiciariamente, que la razón para despedirla es su condición de víctima”.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete de mejoras de varias prestaciones de la Seguridad Social que perciben algunos colectivos específicos. Entre ellas, una ampliación del acceso a la pensión de viudedad a parejas no casadas ni registradas como parejas de hecho, para aquellas con hijos que acrediten dos años de convivencia, así como una ampliación de las prestaciones para padres con hijos con enfermedades graves (CUME), para huérfanos y víctimas por violencia de género, algunas bajas derivadas de la menopausia y debidas a catástrofes, entre otras.

A falta de la letra pequeña del real decreto-ley aprobado, la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha informado de esta “ampliación de la acción protectora” de la Seguridad Social para estos colectivos, que ha justificado por la necesidad de una mejor “cobertura” de estas situaciones.

Acceso a la viudedad sin estar casado ni ser “pareja de hecho”

Entre los principales cambios destaca, por su potencial número de beneficiarios, la ampliación del acceso a la pensión de viudedad a las parejas con hijos que acrediten dos años de convivencia, aunque no estén casadas ni registradas como parejas de hecho formalmente, una realidad en alza.

Saiz, que había avanzado ya esta medida esta mañana en una entrevista en TVE, ha añadido que se abrirá “una ventana de un año” para que las parejas que cumplan con estos nuevos requisitos puedan pedir su derecho a la pensión de viudedad. “La prestación tendrá efectos a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud”, indica el Ministerio de la Seguridad Social.

Bajas especiales por menopausia y víctimas de violencia de género

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, pasarán a tener la consideración de bajas especialmente protegidas dos nuevas situaciones: las mujeres que sufran “patologías incapacitantes relacionadas con la menopausia” y las trabajadoras que sean víctimas de violencia de género y cuyas lesiones “les impidan trabajar”.

Saiz ha señalado que estas tendrán una “protección mayor” que las incapacidades temporales comunes, ya que se cobrará “desde día siguiente a la baja” y no exige periodo de carencia (cotización mínima) y porque la prestación que cobrarán estas trabajadoras se ampliará al 60% de la base reguladora y al 75% a partir del día 20. Entre estas bajas especiales figuran también actualmente las incapacidades temporales por reglas dolorosas o por interrupción voluntaria del embarazo aprobadas en la pasada legislatura.

“Protegemos a una parte importante de la fuerza laboral de nuestro país y damos respuesta a situaciones que estaban invisibilizadas y a brechas que llevaban padeciendo las mujeres y que van a contar con una protección más adecuada”, ha afirmado la ministra.

Pensión de orfandad por asesinatos machistas

Además, el real decreto aprobado este martes contempla otra medida en materia de violencia machista: la ampliación de las pensiones de los hijos e hijas que se quedan huérfanos al ser asesinadas sus madres por esta causa. Según ha detallado la ministra, el importe mínimo pasará a ser el “doble del salario mínimo interprofesional”, que se sitúa a día de hoy en 1.221 euros al mes en 14 pagas. Actualmente, estas pensiones se calculan en función de la base reguladora y pueden alcanzar del 20 al 75% de la misma. Si hay más de un beneficiario, no puede superar el 118%.

La portavoz ha querido agradecer a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, su “intenso trabajo” desde hace “mucho tiempo” y ha recordado que estas medidas “están contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género” que renovaron todos los partidos excepto Vox. “Estas son políticas responsables frente a los negacionistas de la violencia de género, políticas útiles que mejoran la vida de las personas”, ha añadido.

El Gobierno también ha incorporado una medida para reforzar la protección de los hijos e hijas cuando uno de sus progenitores no paga la pensión de alimentos en caso de divorcio o separación. Así, ha decidido triplicar el anticipo máximo del fondo de garantía del pago de alimentos, del que se encarga el Estado y que pasará de 100 a 300 euros mensuales, además de alargar el tiempo durante el que puede percibirse de los 18 meses actuales hasta el momento en que “se extinga” la obligación.

CUME: prestación para cuidar a hijos con enfermedad grave

El Consejo de Ministros también ha aumentado la prestación CUME, destinada a padres y madres que reducen sus jornadas de trabajo para cuidar hijos con cáncer y otras enfermedades graves. Saiz ha afirmado que se permitirá la percepción “alternativa o simultánea”, con lo que tratan de favorecer la “corresponabilidad” que la ministra ha destacado que ahora no se contemplaba.

Además, la prestación podrá recibirse “más allá de los 26 años en el caso de que los hijos e hijas afectadas por esta enfermedad tengan una discapacidad superior al 65% o un grado de dependencia 3”. Y Saiz ha afirmado que el Gobierno trabaja también en el reglamento que regula la prestación CUME, que “está a punto de ver la luz”.

Prestaciones como “accidente de trabajo” por catástrofes

El real decreto-ley también recoge una mejora de las prestaciones para personas trabajadoras “afectadas por acontecimientos catastróficos”, ha sostenido Elma Saiz, como puede ser el caso de la dana Adam, que ha provocado heridos, cuatro fallecidos y un millar de rescates.

Así, la ministra ha explicado que se contempla su asimilación a “la situación derivada de accidente de trabajo”, con las mejoras correspondientes en las prestaciones “con motivos de estas catástrofes”, como la incapacidad temporal (baja médica) así como prestaciones por incapacidad permanente o por defunción.

Esta medida “ya se ha probado excepcionalmente” por el Gobierno en catástrofes como la dana de Valencia, ha recordado Saiz, pero se pretende incluir esta ampliación para otros acontecimientos en el futuro. Se aplicará a trabajadores por cuenta ajena y también a trabajadores autónomos, ha explicitado la ministra.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 20 años de prisión al hombre que asesinó a su pareja, una mujer de 29 años, en una vivienda del distrito de Usera durante la madrugada del 30 de diciembre de 2024. El condenado, que entonces tenía 55 años, mató a la víctima a puñaladas después de una discusión por celos, pese a que tenía en vigor una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a ella. Ambos habían retomado la convivencia semanas antes del crimen.

La sentencia, adelantada por Europa Press, considera al acusado culpable de un delito de asesinato y otro de quebrantamiento de medida cautelar, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, que apreció las agravantes de parentesco y género. La resolución también recoge que el hombre había establecido una relación de control y dominación sobre la víctima desde que comenzaron su relación sentimental, en agosto de 2024.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2.00 del 30 de diciembre de 2024 en un piso de la travesía de Santoña, donde la pareja compartía habitación y residía junto a otras personas. Según los hechos declarados probados, la mujer acababa de regresar a casa después de salir de fiesta cuando se inició una discusión motivada por los celos del acusado.

Durante el enfrentamiento, el hombre cogió un cuchillo de cocina de 33 centímetros de longitud y apuñaló a su pareja en distintas partes del cuerpo. La víctima había consumido una cantidad importante de alcohol, lo que afectaba a sus capacidades y percepción, una circunstancia que el condenado conocía. El jurado consideró probado que el ataque se produjo de manera sorpresiva y repentina, sin que la mujer tuviera posibilidad de defenderse.

La agresión acabó con la vida de la joven, que presentaba heridas de arma blanca en el cuello y en la axila derecha. Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al domicilio, encontraron a la víctima sin signos de vida y los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. El presunto autor fue localizado y detenido poco después en las inmediaciones de la vivienda por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano.

Una orden de alejamiento que seguía vigente

El crimen se produjo poco más de un mes después de que un juzgado de Madrid dictara una orden de protección contra el acusado. La medida, acordada el 22 de noviembre de 2024, le prohibía aproximarse a la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro espacio en el que pudiera encontrarse, así como comunicarse con ella por cualquier medio.

Sin embargo, ambos habían reanudado la convivencia en la misma vivienda de Usera en la que ya habían residido anteriormente. La sentencia considera acreditado que el hombre incumplió de esta manera la prohibición judicial, que permanecía vigente cuando se produjo el asesinato.

El Tribunal del Jurado también dio por probado que el condenado había impuesto durante la relación una dinámica de control, dominio y superioridad sobre la mujer por razón de género, sometiéndola y humillándola. Los miembros del jurado concluyeron que el hombre actuó con intención de acabar con su vida o, al menos, aceptando la posibilidad de causarle la muerte.

La resolución judicial establece, además de la pena de prisión, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del hijo menor de la víctima durante 20 años. Esta restricción afecta tanto al menor como a su domicilio, centro de estudios, lugar de trabajo y otros espacios que frecuente. El condenado tampoco podrá comunicarse con él por ningún medio durante ese periodo y quedará sometido a una medida de libertad vigilada de hasta cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, el hombre deberá indemnizar con 340.000 euros al hijo de la fallecida y con otros 85.000 euros a cada uno de sus padres, lo que eleva las compensaciones a un total de 510.000 euros. También tendrá que asumir las costas procesales, incluidas las correspondientes a la acusación particular.

El asesinato de Diana fue el caso número 47 de violencia de género registrado en España en 2024. La víctima, madre de una niña, fue asesinada el 30 de diciembre, apenas un día antes de que terminara el año. Con su muerte, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ascendió entonces a 1.292 desde 2003, cuando comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales.

“Y el día del hombre, ¿para cuándo?” es una frase sarcástica que algunos pronuncian cuando se acerca el 8 de marzo o, sencillamente, ante cualquier reivindicación feminista. Lo que quizá no saben es que ese día existe, pero seguramente no como imaginan: este 21 de octubre es el Día de los Hombres contra las Violencias Machistas, una efeméride que nació en España hace ya veinte años para reivindicar el papel de los varones en la eliminación del machismo y sus violencias.

“El 21 de octubre no nace de la necesidad de que exista un día del hombre, sino de la necesidad de pronunciarse y posicionarnos públicamente en contra de las violencias que mayoritariamente son ejercidas por nosotros. Es asumir una responsabilidad, como un not all men, pero bien: no todos queremos callarnos frente a las violencias que cometemos el común de los hombres. Queremos construir una idea de qué es una relación igualitaria”, explica Jesús Moreno, un joven de 30 años que participa estos días en la organización de esa efeméride en Sevilla, la ciudad que vio nacer la iniciativa y que estos días acogerá reuniones de distintos grupos y activistas.

Unas declaraciones del premio Nobel de Literatura José Saramago movieron a un grupo de hombres de Sevilla a convocar la primera manifestación masculina contra la violencia de género y a organizarse para instaurar la efeméride. “La violencia de género es un problema de los hombres que sufren las mujeres”, dijo Saramago.

“Ya antes habíamos hecho actos, había una red de grupos de hombres con grupos en muchas ciudades grandes, pero las palabras de Saramago nos inspiraron para convocar una manifestación”, cuenta Hilario Sáez, uno de los impulsores de la iniciativa, fundador del grupo de Sevilla, que se había formado en 1997 tras el asesinato machista de Ana Orantes y que ya entones impulsó un manifiesto que llamaba a los hombres a condenar públicamente la violencia de género al que se sumaron entidades de otros puntos del país. Unos años después de esa primera manifestación, en 2011, el Congreso Iberoamericano de Masculinidades y Equidad que se celebró en Barcelona proclamó el 21 de octubre como el Día de los Hombres contras las Violencias Machistas.

Una reivindicación, no una reacción

Poco que ver con la intención que parecen tener quienes pronuncian ese “¿y el día del hombre?”. Jesús Moreno, psicólogo en la Fundación Iniciativa Social (FIS), una organización que, desde el comienzo, participa activamente en la convocatoria del 21O, pone un ejemplo revelador. “Cuando estamos en los puntos violeta y viene un hombre y nos dice algo como '¿y los hombres para cuándo?' y le damos un folleto de nuestro servicio de atención a hombres nos dicen 'ah esto no'. Eso nos hace ver que no hay una propuesta real detrás de querer reivindicar un espacio propio, que es lo que las mujeres han hecho con el feminismo, sino una reacción al sentirse desplazados del centro”, cuenta.

El psicólogo recuerda que, de hecho, existe otra efeméride relacionada: el Día Internacional del Hombre, que se celebra el 19 de noviembre, y cuya filosofía oscila entre la idea del 'desplazamiento' de los hombres y los discursos sobre la promoción de los cuidados y la prevención de malestares y violencias cercanos a los de organizaciones como FIS, el Foro de Hombres por la Igualdad o la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE), que se suman al 21 de octubre.

“Por socialización lo que esperamos es ser el centro de nuestras relaciones e invisibilizar las violencias que cometemos”, prosigue Moreno, que cuenta que uno de los objetivos del encuentro que han organizado para conmemorar este 21 de octubre es precisamente seguir reflexionando sobre cómo deben abordarse esas violencias, con qué enfoque y qué medios hacen falta, pero también cómo abordar esa gran cantidad de comportamientos que, sin ser calificados como violentos o rozando con el concepto de violencia, sirven a los hombres para mantener el control en las relaciones, para imponer sus condiciones y no situarse en verdadera igualdad con las mujeres con las que se relacionan.

Hilario Sáez subraya que la fecha está pensada para ser una condena pública de los hombres hacia las violencias machistas, pero que es también “un compromiso colectivo y personal con la igualdad, con revisar los modelos de masculinidad en los que hemos sido educados”. “Si somos parte del problema debemos ser parte de la solución. La violencia reproduce la desigualdad y la desigualdad es el contexto que sostiene y legitima las violencias. Tenemos que pensar en cómo se construye la masculinidad, cómo nos educan para gestionar los conflictos, cómo legitimamos la violencia... todo eso es lo que luego permite que exista la violencia extrema, pero también toda una violencia psicológica, cultural... ”, reflexiona Sáez.

Transformar la masculinidad

“Este día pone en un primer plano a los hombres, pero en sentido contrario a cómo lo hace la manosfera o los grupos por los derechos de los hombres, que buscan reivindicar la hombría en un sentido normativo, machista, de vuelta al status quo patriarcal. Quienes suelen pedir un día de los hombres lo hacen para reivindicar una masculinidad que ahora está herida, sin ningún otro propósito, porque se sienten desplazados por la exigencia de avances y derechos. El 21 de octubre día aparece, sin embargo, desde la reivindicación de transformar la masculinidad en un sentido igualitario, corresponsable y, de alguna manera, feminista”, comenta la socióloga Beatriz Ranea, autora de Desarmar la masculinidad.

Ranea cree que la efeméride debe impulsar algunas conversaciones urgentes alrededor de la masculinidad y señala una prioritaria: “Salir del discurso que demoniza a los hombres jóvenes, como si la reacción conservadora y antifeminista solo tuviera que ver con la juventud. Claro hay hombres jóvenes radicalizados, pero también hay una juventud que se moviliza desde otros puntos de vista, como está sucediendo ahora con la vivienda”.

La experta ve también imprescindible abordar los pactos de silencio, las complicidades y los miedos masculinos a desafiar a otros hombres y a “poner el cuerpo por la igualdad: ”Lo vemos en casos mediáticos, como en el de la universidad de Cornell o el de Gisèle Pelicot, pero también en la vida cotidiana. No se trata de hacer un discurso de culpabilización, pero sí de hacerse responsables del papel que tienen en la reproducción de la violencia y la desigualdad. Hay que hablar también de cuidados, cada vez hay más hombres involucrados, pero la carga sigue siendo muy desigual“.

Hilario Sáez concluye: “Convocamos a los hombres por la no violencia, queremos decirles, ¿cómo te posicionas?, ¿qué hay que hacer para que no exista? Si no cambia la socialización masculina la violencia machista va a estar ahí, y no solo violencia contra las mujeres, sino también contra menores, contra la población LGTBI y contra nosotros mismos”.

El hombre de 41 años ha ingresado en la cárcel de Segovia tras ser detenido como supuesto autor del atropello mortal de una joven de 25 años a primera hora de la mañana del pasado sábado a las afueras de Ávila, en un caso en el que una de las hipótesis que se baraja es que pueda ser un caso de violencia de género.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila en un escueto comunicado, la investigación de lo sucedido continúa abierta para esclarecer las circunstancias de este suceso.

El pasado lunes, la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Ávila, en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para este vecino de Ávila, de 41 años, investigado por un delito homicidio, “sin perjuicio de que el avance de la investigación pudiera modificar dicha calificación”.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) aclaró que “por el momento”, no se había podido “precisar si se trata de un caso que pueda ser calificado como violencia de género”.

No obstante, en la mañana de ese mismo lunes, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, comentó a los periodistas que “una de las hipótesis más importantes que ahora baraja la Policía Nacional es que pueda tratarse de un caso de violencia de género”.

Por otra parte, el tribunal encargado de instruir las diligencias de este caso tenía previsto ordenar “diversas diligencias de investigación” para tratar de “aclarar la relación entre el investigado y la víctima”.

Por otra parte, Galeano también confirmó que al cuerpo de la joven se le ha realizado la autopsia, para que la Policía Nacional “pueda continuar con la investigación”, una vez activado desde el primero momento el protocolo judicial.

Inicialmente, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León informó en la mañana de este sábado de la muerte de una joven de 25 años, tras ser atropellada en la conocida como 'carretera de Sonsoles', a las afueras de la capital abulense, un camino muy transitado hacia el santuario del mismo nombre, a unos 5 kilómetros de la ciudad.

Conforme fue avanzando la jornada, se fueron conociendo más detalles de este suceso que acabó con la detención de un vecino de Ávila, de 41 años, relacionado con el atropello de esta joven a las afueras de la ciudad.

Las investigaciones arrancaron a partir de la llamada de una persona a la Policía, después de observar un coche realizando maniobras extrañas en un paraje cercano a la vía, lo que, junto con las cámaras de seguridad, ayudaron a identificar a la persona que resultó detenido poco tiempo después.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno ha destacado la “rápida actuación” de la Policía Nacional y la colaboración de la Policía Local, ya que la supervisión de las cámaras ayudó a identificar al propietario del coche que había visto el denunciante, de ahí que Galeano haya agradecido la colaboración ciudadana.

Antes de la detención, varios agentes se personaron en la zona descrita por el testigo, hallándose allí restos de sangre.

Posteriormente, y tras identificar el coche que había sido reconocido primero por el testigo y después por las cámaras, los agentes se dirigieron al domicilio de su propietario en la capital abulense, donde fue detenido el mismo sábado.

Dos días después, el juez acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para este hombre de 41 años que, finalmente, ha sido conducido al Centro Penitenciario de Segovia.

La localidad de Valverde de Júcar (Cuenca) ha amanecido este viernes “entre la rabia, la incredulidad y el enfado” tras las dos muertes violentas acaecidas en el municipio este jueves, que la Delegación del Gobierno investiga como posible crimen machista.

Así lo ha expresado el alcalde, Eduardo Mena, que ha indicado que el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer de 37 años y un hombre de edad aún no determinada, con indicios de muerte violenta, es algo que “no se puede explicar nadie”. Aún sin datos oficiales, aunque “todo indica” en la dirección del asesinato, el primer edil ha explicado que las dos víctimas eran pareja con familia en Madrigueras (Albacete), y que eran “una familia querida” en el municipio.

“No se conocía nada de esto, nadie”, ha añadido el alcalde de Valverde sobre lo que haya podido motivar este desenlace. La mujer, según fuentes del Gobierno regional, no se encontraba en el sistema VioGén. La pareja tenía además dos hijas menores de 6 y 14 años de edad.

Precisamente, la Consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha confirmado que la familia de la mujer presuntamente asesinada se hará cargo de estas dos menores. Ha indicado que el equipo de menores se iba a volver a trasladar este viernes al municipio para hacer una valoración de la familia. En concreto, se ha referido a los abuelos, “que son los que se encontraban ayer con estos dos menores y se va a trabajar con ellos para poderles dar todo el apoyo y todo el acompañamiento necesario”, ha indicado.

También, ha añadido, para evaluar en qué situación se van a quedar ahora estos menores. “Entendemos que, si todo va bien, puedan quedarse con su familia, que es en lo que siempre se trabaja y se prioriza y, si no, en cualquier caso, está la Administración”, ha concluido.

Tres días de luto oficial

Por su parte, el Consistorio del municipio conquense, en el que no recuerdan un suceso similar en décadas, tiene previsto decretar este mismo viernes tres días de luto oficial, así como un un bando para la celebración de una concentración de repulsa que se ha producido a las 12.00 horas.

El aviso del suceso se produjo a las 19.43 horas de este jueves, cuando una persona llamó a emergencias al no poder acceder a la vivienda donde ocurrieron los hechos, situada en la calle Mayorazgo. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Motilla del Palancar y la Guardia Civil, que encontraron los cuerpos con indicios de muerte violenta, y también los efectivos sanitarios y un equipo de atención psicosocial de Cruz Roja.

15 días después de su desahucio, Maricarmen Abascal, de 87 años, ha muerto. En estas dos semanas, la mujer ha permanecido ingresada en un hospital mientras la actualidad de todo un país giraba su atención a la vivienda: manifestaciones masivas, debate urgente de dos decretos, votaciones, convocatoria de huelga general y hasta elecciones anticipadas. Lo que empezó en un piso del barrio de Retiro en Madrid ha resultado ser el catalizador final de una profunda crisis que el país arrastra desde hace años: el problema estaba ahí, el activismo también, pero la historia de Maricarmen ha despertado como nunca una conciencia colectiva que está empujando cambios.

En 1997, trece días después de aparecer en televisión para contar el maltrato que había vivido durante años en su matrimonio, Ana Orantes fue asesinada por su marido. Aunque el feminismo llevaba unas décadas hablando de violencia contra las mujeres e impulsando recursos para atenderla, fue ese crimen el que, súbitamente, permitió que la sociedad diera un salto: la conversación cambió, el concepto de violencia de género empezó a calar, la política avanzó y unos años después nació la primera ley integral específica.

¿Por qué ellas y no otras? Podríamos hacernos esa pregunta para hablar de Orantes o de Maricarmen, pero también de la superviviente de 'la manada', el punto de inflexión de la violencia sexual en nuestro país, o incluso de Ramón Sampedro, que abrió el debate sobre la eutanasia; del adolescente Jokin Ceberio, el primer suicidio tras sufrir acoso escolar que tuvo repercusión mediática, o de Samuel Luiz, víctima mortal de un crimen homófobo que impulsó la indignación sobre las agresiones lgtbifóbicas. Muchas otras personas han sido desahuciadas, muchas otras mujeres son asesinadas y violadas, muchas sufren acoso escolar y llegan al suicidio, muchos pelean hasta el final por tener una muerte digna, y la violencia lgtbifóbica golpea a muchas con frecuencia. Sus vidas no importan menos, pero las circunstancias convierten a algunas en nombres propios que propician debates o transformaciones sociales.

En el caso de Ana Orantes, Maricarmen o Ramón Sampedro, lejos de la imagen de mártires pasivos, fueron dueñas de su propia historia. Orantes dio el paso de contar en un medio de comunicación su testimonio, decidió romper públicamente el silencio, a pesar de que el contexto, entonces, era muy poco favorable para hacerlo y la incomprensión o la culpabilización estaba a la orden del día (sí, todavía más que hoy). El precio por hacerlo fue su propia vida: su agresor la mató y el crimen evidenció la falta de recursos y políticas públicas, y la vulnerabilidad de tantas mujeres que, como le sucedía a ella, tenían que seguir compartiendo espacio con su maltratador. Ana Orantes quería hablar, pero no morir, por eso su relato público, tras su asesinato, conmovió a la opinión pública.

También en los noventa, Ramón Sampedro, tetrapléjico desde los 25 años, decidió convertir su deseo de suicidio asistido en una causa social: peleó en los tribunales y dio también la batalla mediática, hasta llegar incluso a grabar un breve vídeo antes de ingerir el veneno que le mató. Él sí quería morir, pero un relato como el suyo no había irrumpido nunca en el imaginario público.

Maricarmen no ha sido, como quieren hacer creer algunos, una mártir marioneta de nada: ante la situación que estaba viviendo fue la propia mujer la que se acercó al Sindicato de Inquilinas en busca de ayuda e inició con la organización un camino de lucha para intentar frenar su desahucio de la casa en la que había vivido desde adolescente. Nadie la obligó a hacer público su caso, tomó hasta el final sus propias decisiones, a pesar del deterior físico que había sufrido en los últimos tiempos. “No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche”, decía una Maricarmen combativa. La imagen de una mujer vulnerable, mayor, pero guerrera, que arrastraba un fuerte desgaste y la movilización que la acompañó logró una repercusión que otros casos no tuvieron.

La superviviente de 'la manada', que se encontró de repente con la violencia, decidió también hacer algo con lo que había vivido: denunciar, pero, aún más, persistir en un proceso judicial durante el que llegó a pensar en tirar la toalla debido al cuestionamiento y los intentos de conocer y publicar su identidad. Resistió. Su determinación alimentó las protestas que recorrieron en el país para decir 'Yo te creo' y las protestas alimentaron su determinación. La violencia sexual había marcado la vida de muchísimas mujeres antes, y los casos que llegaban a los medios solían disparar, más bien, la incredulidad y las dudas. Pero lo sucedido con 'la manada' conectó con generaciones de mujeres a las que se les prometió vivir en igualdad y que llevaban tiempo comprobando cómo esa promesa era un espejismo por muchos motivos, pero también porque la violencia sexual era un continuo que, sin embargo, apenas se nombraba.

Otras víctimas no pueden hacer nada con su historia salvo sufrirla, pero sus muertes azuzan un malestar compartido. En 2004, Jokin Ceberio, de 14 años, se suicidó después de haber sufrido meses de acoso escolar que, pese a los intentos de sus padres, ni el instituto ni las familias frenaron. No fue el primer adolescente que se suicidó en esas circunstancias, pero su caso saltó a los medios y situó al bullying en primer plano. A Samuel Luiz lo asesinó un grupo de hombres en 2021 en lo que resultó ser un crimen lgtbifóbico de mucha resonancia: la coincidencia en el tiempo de otras agresiones homófobas, el hecho de que sucediera durante la semana del Orgullo y el ensañamiento con la víctima, que simplemente se encontraba a las afueras de una discoteca, prendió la mecha de las manifestaciones y destapó la violencia que sufren las personas LGTBI en el espacio público.

Hay casos que conectan con la sensibilidad de un momento social o que consiguen dispararla. En ocasiones, el malestar larvado está ahí y el activismo ha hecho su trabajo propiciando debates y conversaciones. En otras, la historia llega para despertar una conversación que no existía. Sea como sea, de repente, una historia genera el shock colectivo. El precio para las y los protagonistas puede ser tan alto como su propia vida, pero el coste llega también en forma de señalamientos o culpabilización. A veces, los cambios legales llegan rápido, otros se alargan en el tiempo o no llegan a concretarse. Pero la transformación se mide también en la manera en la que el sentido común empieza a transformarse.

La Rioja contabiliza a fecha de 30 de septiembre un total de 949 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema Viogén, según datos estadísticos del Ministerio del Interior consultados por Europa Press.

En el conjunto del país, el Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 106.972 casos activos de víctimas de violencia de género, 54.968 con menores a cargo.

Según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 30 de septiembre de este año, 21 están en riesgo extremo, 1.132 en alto, 16.470 en medio y 89.349 en bajo.

Respecto a las edades de las víctimas, un total de 1.366 de ellas son menores de 18 años; 26.178 de 18 a 30; 49.338 de 31 a 45; 27.490 de 46 a 64; y 2.600 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 54.968 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.695 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay dos casos de este tipo en riesgo extremo, 148 en alto y 1.545 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores”.

Igualmente, la estadística refleja 14.097 casos con menores a cargo de “especial relevancia”, con 19 de ellos en riesgo extremo, 1.087 en alto y 12.991 en medio. En estos últimos se detecta “una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 28.355; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.566; la Comunidad de Madrid, con 12.851; Canarias, con 6.569; Galicia, con 6.286; Castilla-La Mancha, con 5.955; Región de Murcia, con 5.903; Castilla y León, con 5.723; Baleares, con 4.412; Extremadura, con 3.029; Aragón, con 2.536; Asturias, con 2.340; Navarra, con 2.249; Cantabria, con 1.646; La Rioja, con 949; Ceuta, con 353; y Melilla, con 250.

El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx) ha puesto en marcha un nuevo Servicio de Atención Social Especializada dirigido a mujeres víctimas de violencia de género. La iniciativa, desarrollada en colaboración con los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, tiene como objetivo dar cobertura a 14 municipios de la región que actualmente no disponen de este recurso debido a su desvinculación de las mancomunidades que gestionan las Oficinas de Igualdad.

Durante la presentación del servicio este lunes, la directora general del IMEx, Estefanía Rodríguez Silva, ha explicado que el programa nace tras detectar una carencia en estas localidades. Aunque los municipios afectados cuentan con Servicios Sociales de Atención Social Básica y Puntos de Atención Psicológica, hasta el momento no disponían de un recurso de referencia para el acompañamiento social específico ante situaciones de violencia machista.

El nuevo servicio atenderá a cinco municipios en la provincia de Cáceres: Navalmoral de la Mata, Malpartida de Plasencia, Coria, Moraleja y Cilleros.

Por su parte, en la provincia de Badajoz dará cobertura a nueve localidades. Siete de ellas se ubican en el entorno de la comarca de Tierra de Barros (Santa Marta, Aceuchal, La Albuera, Corte de Peleas, Entrín Bajo, Solana de los Barros y Villalba de los Barros), a las que se suman Fregenal de la Sierra y Torremejía.

Seguimiento de órdenes de protección y gestión de ayudas

El programa contempla la incorporación de cuatro profesionales del Trabajo Social que ofrecerán un acompañamiento “continuado, especializado y coordinado” con el resto de la red autonómica.

Entre las principales actuaciones que asumirán estos trabajadores se encuentra el seguimiento social de las órdenes de protección, el apoyo a la autonomía de las mujeres y el impulso de medidas de acompañamiento. Asimismo, el equipo se encargará de tramitar las Ayudas para la Recuperación Integral y de actualizar los datos en el sistema ATCViogen.

Con este dispositivo, la Junta de Extremadura pretende garantizar la respuesta pública con independencia del lugar de residencia de las víctimas. Este servicio se integra en la Red de Atención Especializada a mujeres víctimas de violencia de género, un entramado público y gratuito que cuenta con un presupuesto de casi 7,5 millones de euros y que actualmente dispone de 36 Oficinas de Igualdad distribuidas por los principales ayuntamientos y mancomunidades de la región.

La Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia machista el atropello en el que murió una joven de 25 años este sábado en Ávila, y por el que ha sido detenido un hombre de 41 años, que este lunes podría pasar a disposición judicial, ha informado el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano.

La Sección de Instrucción de Ávila, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, según ha informado el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. De momento, el hombre está siendo investigado por un delito homicidio, puesto que aún no se ha podido precisar si se trata de un caso de violencia de género.

El Tribunal tiene previsto diversas diligencias de investigación en las próximas horas con el objetivo de aclarar la relación entre el investigado y la víctima.

Galeano, que ha presentado en La Colilla (Ávila) la campaña especial de vigilancia y control centrada en las distracciones al volante que desarrollará la Dirección General de Tráfico (DGT), ha confirmado además que al cuerpo de la joven se le ha realizado la autopsia, tras haberse activado el protocolo judicial.

Ha indicado que la Policía Nacional continúa con la investigación si bien ha admitido que “una de las hipótesis más importantes que ahora baraja es que pueda tratarse de un caso de violencia de género”, ha dicho el subdelegado en declaraciones recogidas por EFE. Fernando Galeano ha destacado la “rápida actuación policial” en la detención del sospechoso.

Las primeras informaciones, ofrecidas por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, informaron de que una joven de 25 años había fallecido el sábado por la mañana atropellada en la conocida como 'carretera de Sonsoles', a las afueras de Ávila, un camino muy transitado hacia el santuario de Sonsoles.

Horas más tarde, la Policía Nacional detuvo a hombre de 41 años, vecino de Ávila, tras recibir una llamada en la que se informaba de que se había visto a un coche realizando maniobras extrañas en un paraje cercano a la vía, donde se encontraron restos de sangre. El aviso y las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad ayudaron a identificar al detenido, propietario del vehículo, que fue detenido en su domicilio el mismo sábado.

La plaza del Ayuntamiento ha acogido esta mañana la concentración mensual contra la violencia de género, en la que han participado miembros de la Corporación Municipal y representantes de otras instituciones y colectivos. La concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Celia Sanz, ha presidido el acto organizado para visibilizar la unidad de la sociedad riojana frente a la violencia machista y, tras su intervención, la Asociación Pro-Infancia Riojana (APIR) ha leído un manifiesto expresando su “rechazo firme y rotundo a la violencia de género que consideran una realidad que atraviesa nuestra sociedad y, como tal, necesita una respuesta colectiva”.  

Según han destacado las jóvenes representantes de APIR, “la violencia de género no es un problema privado. No pertenece únicamente a las paredes de un hogar ni puede quedar reducida a lo que ocurre dentro de una relación de pareja. Es una realidad que nos interpela como comunidad y frente a la violencia debe existir una red pública y social capaz de proteger, acompañar y ofrecer respuestas y soluciones”. 

Han detallado que, “hablar de violencia de género también es hablar de la responsabilidad de las familias, de los centros educativos, de las instituciones, de los servicios públicos, de las entidades sociales y de la sociedad en su conjunto” y han enumerado “a quienes viven la violencia dentro de sus hogares, quienes escuchan una discusión desde otra habitación, quienes perciben el miedo de su madre, quienes crecen en un entorno que debería ser seguro y, sin embargo, se convierte en un lugar marcado por el miedo, el control y la violencia”.

En su opinión, “estos niños y niñas no son meros testigos. Son víctimas. La violencia de género afecta a su seguridad física y mental, a su bienestar, y a su desarrollo y relación con otros”. “Ello nos obliga, como sociedad”, han dicho, “a asumir una responsabilidad que no admite indiferencia: protegerles, garantizar sus derechos y ofrecerles alternativas reales para crecer en entornos seguros”.

“Una de las expresiones más crueles de la violencia de género es la violencia vicaria: aquella en la que los hijos e hijas son utilizados para causar el mayor daño posible a sus madres”, han asegurado.

En la lectura del manifiesto se ha explicado que “la combinación de mujeres víctimas de violencia de género y menores de edad es un cruce de muy alta vulnerabilidad. Para una mujer y sus hijos e hijas que viven en un entorno de violencia, el miedo no siempre se limita a lo que ocurre dentro de su hogar”. Así, han apuntado que “puede existir también el miedo a no tener dónde ir, a no poder garantizar un lugar seguro para sus hijos e hijas, a perder su vivienda o a no contar con los recursos económicos necesarios para empezar de nuevo, perder la red social de su entorno cercano, el colegio de sus hijos, o su estabilidad cotidiana son solo algunos ejemplos. La crisis habitacional aumenta la vulnerabilidad de estas familias y es un elemento diferencial para romper o perpetuar situaciones de violencia”.

A su juicio, “poder salir de la violencia no basta con decirle a una mujer que se marche. Necesita saber que tendrá un lugar seguro donde vivir y una red que los acompañe”.

La importancia de la prevención y educación

“Hablar de infancia y juventud también significa hablar de prevención”, han expresado, para concluir afirmando que “tenemos que educar a nuestras niñas para que sepan que nunca deben renunciar a su libertad para ser queridas, a nuestros niños y adolescentes para que comprendan que querer a alguien nunca significa poseerlo, controlarlo ni imponerse sobre él”.

Desde APIR creen que “debemos prestar especial atención a las nuevas formas en las que el control y la violencia pueden aparecer entre adolescentes y jóvenes. Los teléfonos móviles y las redes sociales forman parte de su manera de relacionarse, pero también son espacios donde aparecen conductas de control, vigilancia, acoso o presión”.

Por eso, “es fundamental ofrecer a nuestros adolescentes herramientas para identificar estas situaciones, pedir ayuda y construir relaciones basadas en el respeto, la confianza y la libertad”, han expresado. En definitiva, han reafirmado su compromiso de seguir trabajando para que “nuestra infancia y adolescencia puedan crecer sintiéndose seguros, respetados y libres” y reivindicado “una sociedad que acompañe, proteja y actúe”.

“El primer año no eres consciente más que del dolor. Ya después empiezas a hacerte a la idea de que no la vas a volver a ver, a oler, a oír. Yo necesitaba hablar con otras madres que hubieran pasado por lo mismo”. Blanca Gutiérrez tiene 58 años, aunque el tiempo pasa distinto para ella desde que el 26 de julio de 2023, Toni M.T, de entonces 30 años, mató a su hija Carla Fernández, de quien había sido pareja. El juicio por el crimen machista empieza este viernes en Girona: tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para el hombre prisión permanente revisable por la agresión sexual y el asesinato de Carla, y también por el robo de varias tarjetas que Toni M.T aprovechó para cometer mientras seguía en el domicilio de la mujer. Blanca Gutiérrez quiere convertir el dolor en acción: ha lanzado la primera asociación para familiares de víctimas de feminicidios de España y hace un llamamiento para que el viernes se concentren con ella a las puertas de los juzgados.

No existe en nuestro país una gran asociación que aúne a familiares de víctimas mortales de la violencia machista. Para la madre de Carla, es fundamental “hacer red” para acompañar a quienes están alrededor de los crímenes machistas y para seguir visibilizando una violencia estructural a la que, muchas veces, parecemos acostumbrados. “No son números, son personas. No quiero que las olvidemos, me jode mucho que cada año sumemos las cifras y digamos la número 23 o 24 y veamos hasta dónde llegamos, casi como si fuera un récord”, expresa Blanca, que ha volcado el dolor por la pérdida de su hija en crear la Asociación de Madres de Mujeres Asesinadas por Feminicidios (AMMA). Así llamaba Carla a su madre: ama.

Aunque el nombre de la asociación hable de las madres, Blanca Gutiérrez subraya que su aspiración es aunar a cualquier familiar de las mujeres. “Un feminicidio tiene una onda expansiva tremenda para el entorno. Desde el primer día que la asesinaron quería hablar con otras madres a las que les hubiera pasado lo mismo para ver cómo se podía seguir viviendo, me costaba incluso fisiológicamente respirar, me desorientaba en la misma calle donde vivo, pensé si me estaba volviendo loca de dolor”, recuerda. Blanca dio con Asun Casasola, la madre de Nagore Laffage, asesinada por Diego Yllanes durante los Sanfermines de 2008. Casasola se convirtió para Blanca en “una guía”.

"Yo quiero que este juicio no sea solo el de Carla, sino el de todas, mostrar que estamos hartas de que nos maten. Y estar ahí para acompañar a quien lo necesite o lo vaya a necesitar

Encontrar a más familiares de víctimas de feminicidios no está siendo fácil. “Mira que ha habido casos, pero es como si estuviéramos escondidas, no sé si es vergüenza, a veces la propia administración te quiere proteger tanto... ”, dice Blanca. La vida tras el asesinato de Carla no fue fácil, desde los quehaceres cotidianos hasta la burocracia correspondiente. “Me sentí muy sola. Mi refugio fueron mis dos hermanos, uno se vino desde Lanzarote a vivir conmigo un año. Hay mucha deshumanización en el proceso. Vas a algunos sitios y te tratan igual que a otra persona, pero han matado a tu hija y tú te echas a llorar y no sabes ni lo que estás haciendo. Igual has ido sin acompañante y de repente te hacen firmar un papel en el que pone 'la finada', pero es que la finada era mi hija y hasta hacía nada estábamos tomando café y riéndonos”, recuerda. Por eso, Blanca quiere hacer una red que sirva para acompañar, asesorar y hacer de los procesos un camino algo más sencillo.

Carla

Carla tenía 26 años, era recepcionista de un hotel de Girona, disfrutaba con su trabajo. Se había comprado un piso tres años antes, le gustaban las tortugas, pedir sushi y encerrarse a ver series, ir a parques de atracciones. “Siempre ha sido una cría muy trabajadora, estudiante, desde pequeña quería centrarse en el mundo del turismo, aprendía idiomas. Lo compaginó todo, los estudios con prácticas en tiendas, también porque necesitábamos ayuda económica, y era muy organizada, se hacía sus agendas con sus horarios, con todo... Vivía todo con mucha intensidad”, recuerda Blanca. Ella y Carla vivían solas desde que su hija tuvo 10 años: “Éramos prácticamente una familia monoparental”.

El 26 de julio de 2023, Toni M.T, con quien había mantenido una relación hacía años, se coló en el edificio donde ella vivía oculto con una capucha, mascarilla y guantes, la esperó en la puerta de casa, la asaltó, la desnudó y maniató, la agredió sexualmente y la mató. Después, le robó las tarjetas bancarias, se marchó del piso y envió mensajes al móvil de la chica para intentar crear una coartada. No solo eso, sino que al día siguiente llamó a Blanca, la madre, y acudió a su trabajo para mostrar preocupación porque no sabía nada de su hija. Finalmente, el hombre convenció a una vecina y se descolgó por un balcón para entrar en la casa de Carla y alertar de lo sucedido. Cuando los Mossos le tomaron declaración, confesó el crimen.

Tanto acusación particular como Fiscalía piden para Toni M.T prisión permanente revisable por la agresión sexual, el robo con violencia y el asesinato de Carla con agravantes de parentesco, género y disfraz, y con la atenuante de confesión. Blanca lleva tres años esperando el momento de volver a encontrarse con el asesino de su hija. Ha rechazado declarar con biombo: “Yo sobre todo quería aguantar viva para ver al asesino de mi hija. Pedí ir a hablar con él a la cárcel, pero su abogado lo desaconsejó”. Ni el agresor ni su familia se ha puesto en contacto con Blanca durante este tiempo. Ella cuenta que le hubiera gustado recibir un perdón honesto por parte de alguien.

A horas de que empiece el juicio, Blanca ha reforzado la atención psicológica que recibe para poder afrontarlo en las mejores condiciones posibles. “Hay meses en los que tienes más rabia y otros te viene más bajón, un bajón que no quieres ni vestirte, que quieres tirarte al suelo y no tienes fuerzas ni de ir al baño”, relata. Su deseo es que mucha gente acuda a acompañarla y poder ella seguir acompañando a familias: “Yo quiero que este juicio no sea solo el de Carla, sino el de todas, mostrar que estamos hartas de que nos maten. Y estar ahí para acompañar a quien lo necesite o lo vaya a necesitar”.