Los Mossos y la Policía Nacional han detenido en Villanueva de la Serena (Badajoz) a un peligroso fugitivo huido de una prisión de Tarragona que acumulaba más de 150 detenciones y sobre el que pesaban 12 requisitorias judiciales por delitos como agresión sexual, violencia de género o robo con violencia.

El preso huido se ocultaba en una vivienda situada en una finca agrícola de Villanueva de la Serena protegido por su entorno familiar, y ha sido detenido en una gasolinera próxima, han informado este viernes los Mossos d'Esquadra en un comunicado. Durante su arresto el pasado 1 de julio, el hombre opuso una fuerte resistencia y causó lesiones leves a uno de los agentes.

El hombre, que el pasado mes de febrero se fugó de la cárcel donde estaba recluido desde 2018, tenía 12 requisitorias judiciales vigentes por numerosos delitos graves como agresión sexual, robo con fuerza, robo con violencia, robo y hurto de uso de vehículo, conducción temeraria, amenazas y por violencia de género.

Después de que el preso no reingresara en la prisión, agentes del Grupo de Búsqueda activa de fugitivos (GRAF) de los Mossos d'Esquadra iniciaron la investigación.

Las primeras indagaciones policiales trataron de determinar la posibilidad de que el fugitivo estuviese escondido en la zona de Badajoz, donde viven familiares, por lo que se creó un equipo conjunto de investigación con la Policía Nacional.

Gracias a esta investigación conjunta, la policía pudo acreditar que la madre y el hermano del preso huido residían en un inmueble recientemente comprado en Villanueva de la Serena, donde se ocultaba este peligroso delincuente.

Tras localizar a un hombre que coincidía con las características físicas del fugitivo, la policía estableció un dispositivo para su plena identificación.

El pasado 1 de julio, cuando abandonó la finca en un vehículo, fue interceptado y detenido por la policía.

Tres mujeres en 24 horas. Es el último pico de casos investigados como violencia machista concentrados en un escaso periodo de tiempo, entre el lunes y el martes de esta semana. El primero ocurrió en Antequera (Málaga), donde la Policía Nacional encontró el cadáver de un hombre que se había suicidado y, horas después, el de su pareja, de 29 años, a la que había matado en casa a cuchilladas. Poco después era detenido en Alameda de la Sagra (Toledo) un hombre de 48 años por el asesinato de su pareja y, a las pocas horas, la Guardia Civil hallaba en Benahavís (Málaga) el cuerpo sin vida de otra mujer con signos de violencia.

Los dos primeros han sido ya confirmados como violencia de género y el último se encuentra aún bajo investigación. De ratificarse los tres, serían 32 el número de casos mortales registrados en lo que va de año. Seis de ellos desde que dio comienzo el verano, la época en la que más asesinatos suelen acumularse. El número de menores huérfanos por esta causa alcanza ya los 20.

Las tres mujeres pasarán también a formar parte del registro de homicidios ocurridos en España este 2026. La extensión de la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas o exparejas es tal que, en más de la mitad de los asesinatos en los que la víctima era una mujer, el agresor fue un hombre con el que mantenía en el momento de los hechos o en el pasado una relación sentimental. Los datos del Instituto Nacional de Estadística cruzados con el registro de víctimas de violencia machista arrojan luz sobre este fenómeno: entre 2003 —primer año con datos oficiales— y 2025, fueron asesinadas en nuestro país 7.767 personas, de las que 2.577 fueron mujeres. De ellas, el 52% lo fueron por violencia de género.

Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, explica que el dato debería hacer entender este tipo de violencia “en toda su amplitud, dimensión y significado”. “Sabemos que el grupo de población que, con diferencia, más representado está en esta violencia es el de las mujeres que, sin tener ningún tipo de vínculo con la criminalidad, son asesinadas en sus casas por sus novios o maridos actuales o pasados, mientras que el de grupo de agresores más activo es el de hombres que matan a sus parejas o exparejas”, sostiene el experto.

A las cifras habría que añadirles, además, los otros feminicidios cometidos por hombres que, desde 2022, también contabiliza el Ministerio de Igualdad. Son casos en los que las mujeres son asesinadas por el hecho de serlo en contextos derivados de la violencia sexual, familiar o laboral. Un fenómeno que eleva los datos todavía más: si a las 48 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas el año pasado les sumamos los 26 feminicidios registrados, el 82% de todos los asesinatos en los que la víctima fue una mujer ese año, fueron feminicidios.

“La construcción de género es la causa fundamental y esencial de la mayoría de homicidios sufridos por las mujeres en el planeta”, afirma Lorente. Es algo que ha corroborado Naciones Unidas a nivel global: los hombres son en mayor medida víctimas de asesinatos en todo el mundo —fundamentalmente a manos de otros hombres—, pero ellas, cuando mueren por esta causa, lo hacen por parte de sus familiares y parejas. Esta realidad ha llevado a la ONU a concluir que “el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres”.

“El problema de la violencia en pareja es estructural y ocurre incluso en aquellos países como España en los que la violencia con resultado de muerte no está tan generalizada”, apunta la Catedrática de la Universidad de Alicante en Medicina Preventiva y Salud Pública Carmen Vives Cases, que recalca la urgencia de “intervenir antes de que ocurra” el asesinato, la expresión más brutal del maltrato. “Se trata de aprovechar los contextos de oportunidad y eso pasa por mejorar y reforzar el sistema y sus recursos, que están sobrepasados, les falta presupuesto y personal formado”.

El verano como disparador de casos

La acumulación de asesinatos como la de los últimos días suele darse de vez en cuando, pero es más común en verano, en el que se concentran más casos. Julio es, de hecho, el mes con más registros de toda la serie histórica, seguido de junio y agosto. Diciembre y enero son otros de los periodos en los que más asesinatos se producen.

Las expertas llevan años intentando analizar qué hay detrás de la estadística y apuntan a algunos factores que pueden funcionar como “disparadores” de la violencia, especialmente en época vacacional. “Actualmente no es posible relacionarlo tanto con el tema del calor aunque sí genera estrés y agresividad, pero hacen falta explicaciones más completas y no unicausales: lo que sabemos es que en estos periodos se da más contacto y se convive más, se planifican vacaciones o surgen motivos de conflicto relacionadas con las cuestiones familiares o de los hijos e hijas”, explica Vives Cases, que califica la violencia de género de “pandemia”.

Lorente explica que, partiendo de que el objetivo último de los agresores es controlar a las mujeres, el verano y las Navidades se erigen como escenarios en los que la sensación de pérdida de control puede aumentar. Esto puede hacer que con mayor probabilidad utilicen la violencia con este fin. “Son momentos de salir más, de forma más improvisada y quizá con gente diferente y a lugares distintos. Hay más descontrol y eso es percibido por el agresor como una intromisión. Si están separados, esto puede hacer que sientan que no van a recuperar a la mujer, lo que constituye un factor acelerador de la violencia”, esgrime el experto.

Otro de los elementos que suelen ponerse sobre la mesa son el llamado “efecto imitación” o una posible relación entre el aumento de la violencia y grandes eventos deportivos como el Mundial de fútbol que acaba de ganar el equipo español. Se trata de una variable que han analizado países como Reino Unido, donde incluso se ponen en marcha campañas públicas cuando hay partidos importantes. Según una investigación de la Universidad de Lancaster, en los mundiales de 2002, 2006 y 2010 la violencia aumentó un 26% cuando el equipo del agresor ganó o empató y un 38% cuando perdió. En España faltan estudios de este tipo.

Con todo, las especialistas recuerdan que este tipo de factores no son “causa-efecto” porque la realidad de la violencia machista es compleja y multicausal. Y apuntan al machismo como base: “La violencia de género se produce porque hay una construcción cultural, el patriarcado, que da razones a los hombres para que entiendan que se puede corregir, castigar o controlar a las mujeres de esta forma y que da a la sociedad razones para justificarla”, opina Lorente.

Ante la concentración de casos de lo que llevamos de julio, el Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis el martes que viene, en el que ministerios, comunidades autónomas y otros organismos implicados, como la Fiscalía, analizarán cada caso. En dos de los últimos tres, había rastro de las víctimas y sus agresores en VioGén, el sistema de protección de las víctimas de violencia machista, pero no había medidas de protección vigentes. Tanto la mujer asesinada en Antequera como la de Benahavís, ambas en Málaga, habían denunciado en algún momento, pero el sistema no las protegió.

Gráficos elaborados por Ainhoa Díez.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha descartado este miércoles la violencia de género en el caso de la mujer de 45 años hallada muerta este pasado martes con signos de violencia en su domicilio de Benahavís (Málaga).

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Cabe recordar que este miércoles el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ya apuntó que “no hay en este momento motivaciones ni indicios que apunten hacia violencia de género”.

“No hay constatada relación de pareja ni expareja ni sentimental entre la persona sospechosa, que hasta el momento no ha resultado detenida, porque es solamente sospechosa, y la mujer que, lamentablemente, ha muerto como consecuencia de esas heridas”, añadió. Por otro lado, incidió en que “la investigación está abierta, hay sospechas, se está justamente en la búsqueda de la persona sospechosa y no había una relación ni previa ni presente”.

Sospechas sobre “personas concretas”

Por último, señaló que “la investigación está abierta y en este momento no hay ninguna persona detenida”. “Lo que está claro es que hay sospechas sobre personas concretas y que, sobre esa persona concreta, evidentemente, existe la búsqueda”. “En principio, parece que sí hay una relación previa de conocimiento, por lo tanto, no estamos hablando de que sean personas desconocidas”.

Los hechos tuvieron lugar este pasado martes sobre las 9.50 horas cuando el sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una posible agresión en una urbanización de la localidad. De inmediato, dieron aviso a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para el esclarecimiento total de los hechos.

El hombre detenido como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 45 años, el pasado martes en la localidad toledana de Alameda de la Sagra irá a prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le imputa de forma provisional un delito de asesinato en un crimen que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó como un caso de violencia machista.

El detenido, de 48 años, ha sido puesto a disposición judicial y ha comparecido ante la magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Toledo, que ha decretado para S.M.A.R. prisión provisional comunicada y sin fianza, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado.

Al hombre se le imputa de forma provisional como presunto autor de un delito de asesinato. La imputación es provisional y se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial.

Se ha establecido como medida cautelar para el investigado la prohibición de comunicación con los tres hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad. No existían denuncias previas por malos tratos. El procedimiento judicial abierto continúa instruyéndose en sede judicial.

Minuto de silencio

Alameda de la Sagra ha acogido este miércoles un minuto de silencio para condenar este crimen.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha expresado su “dolor y condena” ante estos hechos y ha vuelto a trasladar un mensaje de “apoyo y cariño” hacia la familia de Rossana Katherine.

También ha confirmado que la Junta de Comunidades volverá a ejercer la acusación popular en el proceso judicial que se derive del caso.

Julio. 2026. Treinta y una mujeres asesinadas por violencia machista. Treinta y un fracasos de una sociedad que mira hacia otro lado, que expone a las víctimas mientras protege la identidad del asesino.

Él no tenía antecedentes, solo faltaría que los tuviera y siguiera en la calle. Ella no estaba en el sistema VioGén, otras sí estaban, de esas treinta y una… ¡Y para qué!. Y la respuesta de “estamos en ello”, de nuestro presidente, por algo recibió el premio 'Bocazas de oro'. En serio, “en ello”…

¿En investigar el asesino? ¡Ya no es necesario!

¿En proteger a las mujeres? ¡Mentira!

¿En controlar a los agresores? ¡Falso!

La violencia machista. La normalización, el cuestionamiento, vivir con miedo... ¡Es insoportable!

Son sucesos evitables si se pusiera el foco en los verdaderos culpables: los asesinos, los consentidores, la pasividad del entorno, el silencio. ¡Insoportable!

Hay que romper el silencio ante una violencia constante, instaurada en nuestra sociedad, que cercena vidas y destroza familias.

Frente a la normalización del horror, no podemos acostumbrarnos a enterrar a nuestras compañeras, amigas, madres y hermanas. Frente a la barbarie machista, unidad absoluta.

Levantamos la voz con un compromiso inquebrantable de todas y de todos: ¡ni un asesino más, ni una mujer menos!

“Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita” bajo la “presión sexual” de él y el “miedo absoluto que le tenía”. Dos testigos han ratificado este martes ante el juez la “obsesión” que el exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, sentía hacia la reportera que lo ha denunciado por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral.

Se trata de una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del entonces CEO de la productora, y de una amiga a la que reveló las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron. Según fuentes presentes en el interrogatorio, las dos han confirmado ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla tener conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Ambas han coincidido también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la reportera con el estado de “miedo” y “ansiedad” que atravesó durante su etapa en ADM.

Tras las dos testigos propuestas por la víctima, ha declarado el propio Fuentes, quien llegó a los juzgados de violencia contra la mujer cuatro horas antes de la hora a la que estaba citado a declarar (12.15) en calidad de imputado por agresión sexual y acoso sexual. El abogado de la denunciante había solicitado al juez que citase a las testigos y al acusado en días distintos, para evitar que se cruzasen en el juzgado, pero el magistrado rechazó la petición. Como Gustavo Fuentes se adelantó tanto a la hora de su citación, ya se encontraba en la sala de espera, contigua al juzgado número 5, cuando las testigos llegaron por separado para declarar antes que él.

Después de responder a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su abogado, Fuentes abandonó el edificio poco antes de las 14:00. Lo hizo en coche directamente desde el garaje, evitando así enfrentarse a los medios que aguardaban en la puerta principal y a los miembros de la Asociación de la Prensa de Sevilla, del sindicato SPA y del comité intercentros de Canal Sur, que se concentraron frente al juzgado para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima y animar a denunciar situaciones de acoso sexual y laboral como la que hoy pesa sobre el exdirector general de ADM.

Interrogatorio acotado a los hechos investigados

La expectación mediática que ha generado esta citación judicial se debe a que el productor acusado de delitos sexuales no era un ejecutivo al uso, y tampoco la compañía que dirigía. ADM es una empresa semipública, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía (al 48%), asociada a la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y principal proveedora de contenidos de Canal Sur, cuyo buque insignia es uno de sus programas en antena desde hace 26 años (Andalucía Directo).

Según fuentes presentes en la sala, durante las declaraciones de las testigos se ha escuchado reiteradamente la palabra “improcedente” por parte del juez Francisco José de Córdoba, que, siendo garantista, trató de acotar el interrogatorio para ceñirse a los hechos concretos que se investigan. El magistrado interrumpió así en varias ocasiones, tanto las preguntas de la acusación como las repuestas de las testigos, cuando entendía que se alejaban del objeto de la causa para adentrarse en el contexto laboral o en la “posición de poder” del acusado.

Cabe recordar que el magistrado dejó fuera del procedimiento el delito de acoso laboral que también denunciaba la reportera, al considerar que excedía de las competencias de un tribunal de Violencia de Género.

Tres agresiones denunciadas

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

El juez ha sido muy específico en sus interrogantes y ha preguntado a las testigos por fechas exactas. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, la defensa también ha llevado un documento extenso con páginas de WhatsApp impresas.

“Basta de acoso en los medios”

Mientras Gustavo Fuentes declaraba ante el juez, decenas de profesionales del sector audiovisual se concentraron a las puertas de los juzgados, al grito de “No al acoso, sexual o laboral” y “Basta de acoso en los medios”. Con estos lemas trasladaron su respaldo y “solidaridad” a la reportera que denunció al exCEO de ADM, poniendo fin a años de silencio y “sometimiento”.

En el manifiesto leído durante la concentración, el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión ha advertido de que “no podemos permanecer impasibles ante situaciones de abuso y agresión como las descritas por la compañera denunciante, menos aún cuando quien las sufre trabaja en una empresa con participación pública cuyo principal cliente es Canal Sur”, como apunta el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza.

Los convocantes han vinculado ese silencio al temor a las represalias en un sector tan atomizado como el audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”. Ese “miedo a no volver a trabajar en una empresa audiovisual en Andalucía” hace que muchas personas permanezcan “calladas” ante situaciones de acoso sexual o laboral, han señalado durante la lectura del manifiesto.

Precisamente por ello, la concentración —respaldada también por las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión y por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS)— ha querido lanzar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares para que no se sientan solas y se animen a denunciar. “No podemos permitir que el miedo, el silencio, el ninguneo o el abuso de poder se conviertan en la norma en nuestros centros de trabajo”, sostiene el Sindicato de Periodistas de Andalucía, que ha reclamado “erradicar de nuestro sector la precariedad y el machismo estructural”, como “caldo de cultivo que alimenta los abusos”.

La protesta ha contado con el respaldo de formaciones políticas con representación parlamentaria como Adelante Andalucía y Por Andalucía. Desde Adelante avanzan que van a pedir la comparecencia en el Parlamento andaluz del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de estrecha confianza de Fuentes, así como que se aborde la cuestión de la denuncia directamente en la comisión de RTVA. La portavoz de Igualdad de Adelante, Leticia Blanco, considera “horrible” que no exista plan de igualdad en cualquier subcontrata, “pero que no lo haya en una empresa con participación pública es inaceptable”, añade en declaraciones a elDiario.es

La autopsia practicada al cadáver de la mujer de 56 años hallada muerta este lunes por la noche en Almoradí (Alicante) ha determinado que el fallecimiento se produjo por causas naturales y no fue asesinada, por lo que su marido ha sido puesto en libertad.

Según la Guardia Civil, las diligencias practicadas hasta el momento, la inspección ocular del lugar de los hechos y las manifestaciones tomadas coinciden plenamente con el resultado arrojado por la autopsia, deduciendo que no existe criminalidad en la muerte de la víctima.

El resultado del examen forense en el Instituto de Medicina Legal de Alicante ha concluido que la muerte se habría producido por causas naturales, a consecuencia de las cuales la víctima se cayó y sufrió las lesiones que presenta el cuerpo, que no revestían gravedad.

La Guardia Civil continúa con la instrucción de las diligencias, que serán trasladadas a los Juzgados de Orihuela.

El hallazgo del cadáver de la mujer, María del Carmen, fue descubierto sobre las 23 horas de este lunes después de recibir aviso de un aparente accidente doméstico en un domicilio del casco urbano de Almoradí, al sur de la provincia de Alicante.

En el transcurso de la investigación, los agentes encontraron algunos indicios que condujeron al arresto este martes por la mañana del marido, de 61 años, pero horas después la Guardia Civil lo ha puesto en libertad a la luz de los nuevos datos de que se dispone.

“A veces, cuando te haces activista de tu propia historia y te salvas a ti misma, tienes que contar una y otra y otra y otra vez lo que te pasó. Pero quiero hacerlo para intentar que las hijas y los hijos de quienes nos van a leer no tengan que vivir lo mismo”. Habla Olimpia Coral Melo, una mujer mexicana de 36 años que, con solo 18, vio como su exnovio difundió sin su consentimiento un vídeo sexual suyo. “Se hizo público en diferentes redes sociales, en lo que mal llamamos páginas porno y que nosotras como apuesta política de defensoras digitales renombramos como mercados de explotación sexual digital. Y trascendió fronteras”, recuerda.

El daño fue enorme. Cuando quiso denunciarlo, esos hechos ni siquiera estaban tipificados como delito. Olimpia llegó, incluso, a intentar suicidarse. Con el apoyo de su madre, que lejos de juzgarla la animó a seguir adelante, esbozó el esquema de una norma que, años después, fue una realidad en México y que ha servido de inspiración para muchos otros países. Coral Melo forma parte también de la red internacional Defensoras Digitales y, en 2021, fue elegida por la revista Time una de las cien personas más influyentes del mundo.

Cuando Olimpia indagó, descubrió que no había delito que perseguir. La policía, con desprecio, la envió a su casa. Desde su encierro, buscó a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Descubrió el término 'pornovenganza', un concepto ampliamente cuestionado por el feminismo: si son vídeos personales grabados para la intimidad y, además, se difunden sin consentimiento, en ningún caso puede llamarse porno.

“Recuerdo mucho que en México había una fiscalía especializada en robo de neumáticos y que no había un delito que reconociera la violencia digital. Fui híper pública, violaron mi cuerpo en Internet”, apunta Olimpia Coral, que era estudiante de Derecho. Aquellos apuntes del principio se convirtieron en la Ley Olimpia, un conjunto de reformas legales que se aprobaron primero en Puebla, su estado, y en 2021 a nivel federal. Ecuador, Argentina o Panamá han aprobado normas similares.

La Ley Olimpia es una norma integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia digital. Incluye el reconocimiento de ese concepto —el de violencia digital— e introduce dos delitos: el de ciberacoso y el delito de violación a la intimidad sexual, “que son la difusión, la producción y el almacenamiento de contenidos íntimos, sexuales reales o alterados, sin consentimiento de las personas”. En España, varias normas reconocen ya la existencia de este tipo de violencia y hay varios delitos tipificados. A comienzos de julio, el Gobierno aprobaba la ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes.

Una violencia que es real

“La violencia digital es una violencia que no puedes tocar. Por ser virtual, se cree que no es real, pero también te quita la vida. Y la violencia sexual digital es como si violaran tu cuerpo sin ni siquiera tocarlo. Lo violan con cada like, con cada compartir... Los daños no solamente son psicológicos o emocionales, hay daños físicos reales. Y tiene consecuencias económicas: inviertes en esos procesos de denuncia, puedes llegar a quedarte sin empleo por la masificación de la violencia o sus consecuencias. Tiene efectos sociales porque te sientes señalada, discriminada, puedes dejar tu quehacer público o político, tiene consecuencias de censura. Viola tu derecho a la movilidad. No quieres salir, no quieres existir, no quieres caminar. Viola tu derecho a la libertad”, resume Olimpia Coral, que estos días ha estado en Madrid para participar en el curso de verano 'Resistir la reacción: política, feminismo y cooperación iberoamericana', organizado por la Fundación Carolina y la Universidad Complutense.

Y ahora mismo se sustenta, subraya, “en una economía global digital que gana dinero a través de esto”. “Es más fácil que esta entrevista no tenga tantas visualizaciones porque va a tener censura algorítmica de un monopolio de Internet al que no le gusta que hablemos de estos tema”, apunta. Frente a los términos 'ciberdelincuencia' o 'violencia online', las defensoras de las que forma parte Melo apuestan claramente por violencia digital para entender lo digital, no solo como un medio comisivo, sino como un espacio en el que las plataformas tecnológicas están ejerciendo un poder muy concreto con intereses concretos.

“Las plataformas no solo ponen el terreno para facilitar la violencia que hacen los seres humanos, programan un algoritmo patriarcal, discriminatorio... Hoy es un monopolio en donde se encuentran nuestros datos y es un problema no solamente social y político, sino económico. Esta violencia tiene un elemento muy importante de territorialización, porque trasciende fronteras, y tiene otro elemento de daño que es la perpetuación y la masificación. ¿Quién tiene en sus manos esos elementos? Las plataformas privadas. Ante esta violencia que tiene efectos extraterritoriales, debe haber acciones globales de parte de todos nuestros países”, reflexiona. Las defensoras proponen un tratado de vinculación internacional “que responsabilice a las plataformas digitales”.

Antes de la Ley Olimpia, explica Coral Melo, la violencia digital era vista “como ciberdelincuencia centrada en cuestiones económicas, financieras, en robos, problemas de identidad, fraudes bancarios o phishing”. “La propuesta que hacemos nosotras es entender la violencia digital desde la perspectiva de derechos humanos para todas las personas, pero también desde la perspectiva de género, porque aunque todos la podamos vivir no impacta de la misma manera a los hombres y a las mujeres”, explica Coral Melo, que pide entender la especificidad de ciertas violencias contra las mujeres y, sobre todo, su repercusión en un mundo patriarcal en el que las mujeres vivimos discriminaciones y violencias de manera constante a lo largo de nuestras vidas.

“Se trata de entender que no iniciamos la carrera en la misma meta. Hay que pensar en todos los derechos que nosotras hemos tenido que arrebatar, en todas las independencias a las que hemos llegado. Es entender que, por ejemplo, un legislador tiene cuestionamientos sobre su quehacer público y que una diputada, además, tiene cuestionamientos sobre su vida privada, su sexualidad o cómo se viste. O que una mujer, al iniciar su día, pensará en cómo se viste para evitar esto o lo otro. Además, dentro de esas violencias digitales existe una violencia que repercute muchísimo más a las mujeres y a las niñas, que es esa violencia sexual digital, que tiene que ver con la difusión, la producción, la tenencia, el almacenamiento de contenidos íntimos, sexuales reales o alterados con IA”, argumenta la experta, que alerta de la tendencia general a la “deshumanización” que existe en las redes sociales y en otros espacios digitales, algo perjudicial, defiende, para toda la sociedad.

Y concluye: “Violaron mi cuerpo en Internet, conozco la masificación de esos contenidos. Yo vivo todos los días con ciertas ansiedades sobre mi teléfono celular. Camino todos los días por las calles donde fui violada: Internet. Es importante entender los contextos. Como dice Rita Segato, que estamos cultivando sociedades bajo la pedagogía de la crueldad y eso está haciendo que normalicemos esa crueldad”.

Quince años después de que José Bretón asesinara a sus hijos de 8 y 6 años tras el anuncio de la que era su pareja, Ruth Ortiz, de que quería separarse, el Congreso debatirá una Ley de Violencia Vicaria, un tipo de violencia machista que consiste en instrumenalizar a los hijos e hijas de las víctimas para hacerles daño, también a ellas. El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley para “visiblizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar” la violencia vicaria, que implica la modificación de diez normas. No existirá un delito específico sino que la violencia vicaria será “una circunstancia agravante por razón de género” que se añadirá al Código Penal. Esta circunstancia aplicará cuando un hombre dañe a los hijos de su pareja o expareja, pero también a menores, hermanos o ascendientes estrechamente ligados a ella, así como a su actual pareja.

La Ley Integral de Violencia de Género incluirá la definición de violencia vicaria, “aquella que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, se ejerza por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, incluso sin convivencia, sobre sus hijos e hijas o descendientes, así como sobre personas menores de edad o mayores con discapacidad sujetas a su tutela, curatela, acogimiento o guarda y custodia o a otras medidas de apoyo; sobre otros familiares o allegados menores de edad; sobre los ascendientes o hermanos y hermanas de ésta; o sobre su cónyuge o persona a la que esté ligada por análoga relación de afectividad aun sin convivencia”.

La existencia de un agravante y no de un delito específico es un cambio respecto al primer texto que llegó al Consejo de Ministros. Entonces, el anteproyecto de ley incorporaba un delito propio de violencia vicaria, aunque no solo circunscrito a la violencia machista. Se concebía como un delito contra la integridad moral que castigaba a quien “para causar daño o sufrimiento” a su pareja o expareja “cometa sobre sus hijos o personas bajo su tutela” cualquier delito violento o contra la intimidad, el honor, los derechos y deberes familiares o la intimidad. Numerosas asociaciones y expertas alertaron entonces de que esa redacción desplazaba el foco de la raíz de la violencia vicaria y podría aplicarse para otros casos que nada tuvieran que ver.

Tampoco el ministerio de Infancia y Juventud, uno de los coproponentes de la norma junto con Igualdad y Justicia, estaba de acuerdo con los planteamientos del anteproyecto. El texto, que iba a aprobarse hace meses, ha sido objeto de negociaciones entre departamentos y finalmente incorpora la violencia vicaria como agravante de género. Al ser agravamente de otros delitos, solo podrá ser aplicado en los casos en los que al condenado se le apliquen las penas de la parte alta de la horquilla.

Retirada de la patria potestad

Además de ese agravante, el proyecto contempla una nueva pena accesoria sobre quienes publiquen o difundan “mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa” con el delito cometido. Se trata de una pena creada a raíz de la polémica generada el año pasado cuando la editorial Anagrama anunció la publicación del libro 'El odio' en el que José Bretón confesaba los hechos por primera vez. Entonces, la Fiscalía llegó a pedir la suspensión del lanzamiento del libro y, finalmente, la editorial renunció a publicarlo.

El proyecto incluye la retirada automática de la patria potestad cuando haya sentencia firme por un delito grave de violencia de género o algún delito grave contra los hijos. La única posibilidad de recuperarla llegará, no solo tras el cumplimiento de la condena, sino después de que se cancelen los antecedentes penales, es decir, cuando no haya reincidencia. “Un maltratador nunca puede ser un buen padre y eso tiene que tener consecuencias en el orden civil”, ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La guardia y custodia y los regímenes de visitas también podrán suspenderse, aunque no de manera automática. La Ley de Infancia ya contemplaba este tipo de medidas, que esta norma pretende reforzar. Podrán suspenderse cuando el progenitor esté incurso en un procedimiento judicial, cuando existan indicios razonables de violencia o cuando pueda “resultar perjudicial” para la salud física, psíquica o emocional de las hijas e hijos. Los jueces tendrán margen de maniobra para razonar excepciones, algo que en la práctica está haciendo que padres incursos en este tipo de procesos obtengan custodias. Eso sí, la escucha a los menores se convierte en una obligación legal de los jueces en todos los procesos, y solo cuando sea imposible esa escucha, serán otras personas allegadas o especializadas quienes hablen en nombre de los menores.

El anteproyecto contempla la puesta en marcha de juicios rápidos para los procesos civiles (que dirimen precisamente asuntos como la guarda y custodia) cuando haya abiertos procedimientos de violencia de género. La madre superviviente podrá solicitar la restitución de los apellidos del hijo o hija fallecido y del resto de hijos, si los hubiera, para eliminar todo vínculo con el otro progenitor.

La estadística de víctimas mortales por violencia por razón de género se ampliará para incluir de manera diferenciada a hijos e hijas, a familiares o allegados, ascendientes, hermanos y hermanas de la mujer, así como a su pareja.

El nombramiento de la nueva directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón Brito, hija de la fallecida Ana Brito, ha generado revuelo entre los colectivos feministas de Canarias que han cargado en los últimos días contra el “nepotismo” y la “falta de experiencia” de este perfil.

Elisa Pérez Rosales, portavoz del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife ha señalado a este periódico que “este nombramiento transmite un mensaje algo peligroso para la ciudadanía en el sentido de que lo entendemos como puro nepotismo y que la ciudadanía está recibiendo un mensaje de que los cargos son heredables”. Por otro lado, en el foro entienden que “este nombramiento no es ético ni estético” y agrega que “la falta de experiencia en materia de igualdad por parte de esta persona elegida pues pone de manifiesto la importancia que le da el Gobierno de Canarias a la violencia que se ejerce contra las mujeres”.

La portavoz del foro recuerda que Canarias suele ser muchos meses del año una de las comunidades con mayor tasa de víctimas de violencia machista. Por ello, le sorprende que pese a que el Ejecutivo canario es conocedor de ello lo que destaque de la nueva directora sea su trayectoria en la gestión pública, pero no tenga experiencia en cuanto a políticas para combatir la violencia machista o formación en igualdad.

De hecho, tras el nombramiento de la nueva directora el pasado lunes, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello excusó su falta de experiencia en igualdad y el motivo por el que se había decantado el Gobierno de CC-PP por ella en que “se ha valorado una trayectoria profesional que combina experiencia la gestión de programas públicos, que entendemos que eso es muy importante, así como experiencia en el ámbito educativo y en el trabajo en entornos internacionales. Hay una formación especializada y específica, aparte de un compromiso público claro con las políticas de igualdad y cohesión social”.

“La violencia machista nosotras siempre hemos entendido que es un tema que debe estar en la agenda política, pero que esa agenda política tiene que definir muy muy bien los perfiles que pone al frente de sus administraciones”, apunta la portavoz del Foro contra la Violencia de Género.

“Pone de manifiesto que qué importancia le da el Gobierno de Gran Canaria en estos momentos a los temas de igualdad. No es suficiente el compromiso político”, apunta Pérez Rosales, que aclara que no es un ataque personal hacia Ana Padrón Brito sino “una crítica a una decisión política que nos parece totalmente incorrecta”.

Estas decisiones señala Elisa Pérez Rosales supone que “llevemos como tres años insistiendo en la parálisis que tiene el Instituto Canario de Igualdad porque no pone en marcha políticas adecuadas para hacer frente a la violencia que se ejerce contra las mujeres”.

Del mismo modo se ha pronunciado Nereida Vizuete, de la Red Feminista de Gran Canaria, que apuntaba hace unos días a este periódico que la crítica hacia la nueva directora no es personal y que trasladan sus condolencias por el fallecimiento de su madre. “Es obvio que lamentamos el fallecimiento de la directora”, añade. “Por supuesto que le acompañamos en el sentimiento a su hija, que esto no tiene nada que ver con ella personalmente, pero que es una cuestión de importancia, de darle prioridad a esto”

“Y qué pasa con las mujeres que están siendo asesinadas en Canarias, y a las víctimas de violencia que no se les está dando ninguna salida, y que vemos un instituto que está abandonado, que tramita sus pensiones tarde, que no gestiona los fondos del Pacto de Estado, que todavía no se sabe dónde están los de este año, que no tiene políticas específicas, ni buenas ideas, ni ideas valientes, y la acción más interesante que se les ha ocurrido es poner a la hija porque sabe de políticas públicas”, lamenta.

Para la Red Feminista, este nombramiento “evidencia que al Gobierno de Canarias no le preocupa la violencia machista ni fortalecer las políticas de igualdad, sino mantener la cuota política de una institución que debería estar liderada por los mejores perfiles profesionales”.

La activista feminista y promotora de igualdad Meritxell Salazar subraya que este nombramiento lo valora “casi que un atentado a las políticas de igualdad en Canarias. Estamos hablando de una comunidad autónoma donde en el último trimestre de 2025, solo en el último trimestre, se abrieron o se denunciaron más de 2.500 casos de violencia de género, estamos hablando de que actualmente hay más de 6.500 casos activos por Viogen, estamos hablando de que llevamos tiempo denunciando desde los colectivos feministas la inacción que hay en el Gobierno de Canarias en cuanto a los fondos del Pacto de Estado, y ahora poner al frente a una persona que no tiene experiencia previa en el ámbito de la igualdad, lo que implica que el organismo canario que tiene que aplicar, evaluar, coordinar las políticas relacionadas con las violencias machistas, va a estar al frente una persona que carece de experiencia previa en ello”.

“Y a eso se le suma que el hecho de que sea la hija de la anterior directora implica que además esa administración pública o la administración pública en la comunidad canaria se está entendiendo como un patrimonio familiar o como una empresa privada que se puede heredar los cargos en función de quien sea”, lamenta la activista feminista.

Salazar cree que hay una especie de estrategia en el Gobierno de Canarias de “dejar morir” las políticas de igualdad“ y sobre todo ” a las mujeres víctimas de violencia machista“. En este sentido, al igual que Nereida Vizuete reprocha que es la tónica habitual en el Gobierno de Canarias ya que el viceconsejero de Igualdad tampoco tiene experiencia en el área.

Cree que lo que hay que hacer ahora es “depurar responsabilidades” dar explicaciones y escuchar a los colectivos. Sostiene que debe haber perspectiva de género algo de lo que cree que carecen las políticas del Gobierno de Canarias.

Elisa Pérez Rosales incide por su parte en que “es impensable que haya al frente una persona que no tiene una formación adecuada y que no tiene una experiencia en esta materia para estar al frente de un organismo tan importante como es el Instituto Canario de Igualdad.Porque hay que dinamizarlo, y para eso hay que tener un perfil adecuado”, apunta.

Campaña en redes sociales

Desde la Red Feminista de Gran Canaria, además, se promueve una campaña en redes sociales para “buscar directora del ICI”. “Si pudiéramos hacer nosotras una oferta de empleo para la dirección del ICI seguramente se parecería mucho a esto”, explica el post en redes en el que piden experiencia en igualdad, conocimiento profundo de la violencia machista, capacidad para escuchar antes de decidir, conocimiento de las convocatorias del sector, que sepa qué son los Fondos del Pacto de Estado“.

También reclaman que “tenga empatía con las víctimas, habilidades de diálogo y consenso, independencia de criterio para defender los derechos de las mujeres, liderazgo, entender que el feminismo solo avanza cuando no deja a ninguna mujer atrás”.

En la campaña se pide que la nueva directora haya trabajado con mujeres víctimas de violencia machista, conozca el tercer sector, plantear políticas públicas que pongan la vida en el centro.

La desconfianza de las mujeres en el sistema de protección ante cualquier agresión machista responde a una experiencia ancestral de falta de empatía, cuestionamiento, descrédito, ninguneo, minimización de los hechos y ausencia de respuestas.

Ninguna sorpresa: estamos condicionadas a desconfiar.

Cualquier mínima experiencia de posible —y digo “posible”— agresión sexual genera miedo, retraimiento y, en la mayoría de los casos, cambios en la vida diaria para que un agresor no te atrape. Salir y volver siempre acompañada, controlar dónde estás, tu bebida o tu cuerpo… se llama miedo y responde a fallos estructurales y continuados fen la respuesta frente a las violencias machistas, sean del tipo que sean. Nos lo han transmitido madres, compañeras de trabajo, amigas y otras mujeres. Es una herencia de saberes legada por nuestras antepasadas.

Todavía recuerdo mi primera experiencia con una mujer maltratada diariamente. No quería denunciar a su marido para que no le quitaran a sus hijas. La atención y los cuidados recaían en las mujeres de la plantilla, porque muchas veces acudía a trabajar apalizada y con el cuerpo con marcas de golpes o agujeros de destornillador. Hacíamos su trabajo entre todas mientras descansaba. Su desconfianza en unas instituciones machistas y patriarcales era absoluta y el tiempo le dio la razón.

A día de hoy, los datos de la tercera gran encuesta realizada a nivel europeo por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), para la que se entrevistó a casi 115.000 mujeres de toda la UE, muestran que la violencia machista apenas ha descendido durante la última década en Europa y que seguimos igual que siempre a la hora de denunciar: vergüenza, culpabilidad, miedo y falta de confianza en las instituciones, especialmente en los distintos cuerpos policiales.

Se ha avanzado en prevención, en pedagogía y en el conocimiento de las distintas formas de violencias contra las mujeres, pero muy poco en conseguir que disminuyan.

Cuando te roban el bolso, la bicicleta o dinero de tu cuenta, acudes a la policía a denunciar; cuando agreden tu cuerpo y tu dignidad ¿en quién confías?

Hasta ahora, denunciar ante las fuerzas de seguridad suponía un periplo de repetir y explicar lo ocurrido, intentar probarlo, no ser creída y, cuando lo habías conseguido, encontrarte que muchas veces se justificaba al agresor. Es decir, violencia institucional a distintos niveles y siempre contra la agredida, todo ello pese a haber depositado su confianza en el sistema. El sistema fallaba a las mujeres una y otra vez, actualmente también.

¿Cómo eliminar el miedo ancestral a la revictimización, al escrutinio de nuestros comportamientos, a la duda permanente sobre el testimonio de las víctimas —con el desgaste emocional que ello genera antes y durante el proceso judicial— a la reproducción de estereotipos de género en los tribunales, a la falta de amparo efectivo y al temor a las represalias del agresor? Eso no se corrige únicamente con servicios asistenciales y leyes, por muy avanzadas e innovadoras que sean. Requiere mucha pedagogía, compromiso y determinación por parte de todas las instituciones y de la propia sociedad.

Tenemos mujeres asesinadas casi a diario como consecuencia de fallos institucionales que se esconden tras marañas burocráticas incomprensibles: procedimientos legales complejos, largos y emocionalmente agotadores, fuerzas de seguridad desinformadas y despistadas, órdenes de alejamiento que no se hacen cumplir y un sinfín de errores.

La pregunta es inevitable: ¿para qué voy a denunciar? ¿Qué gana una víctima al adentrarse en esta red de desamparo? Poco o nada. Los procesos judiciales y psicológicos siguen siendo muy lentos, angostos y de dudosa satisfacción.

Yo creo que la reflexión debe ser la contraria: si las mujeres estamos haciendo todo lo que se recomienda, impulsamos leyes que nos protegen, algunas hasta denuncian, se ponen en marcha medidas institucionales de carácter asistencial, pero los agresores siguen actuando con impunidad, reinciden, matan y asesinan casi a diario, entonces las mujeres tienen todos los motivos para no confiar en quienes deberían garantizar su seguridad, ergo se cuidan y se protegen entre ellas al margen de los mecanismos institucionales.

La credibilidad de las instituciones se construye demostrando capacidad para reducir los problemas, obteniendo resultados medibles y gestionando de manera eficiente los recursos públicos.

En el caso de las víctimas de las violencias machistas, esa credibilidad nunca ha existido. No se trata de recuperar algo que estuvo ahí, sino de actuar tan bien por parte de todos los operadores —fuerzas de seguridad, sistema sanitario, judicatura y servicios sociales y demás agentes— que las mujeres podamos confiar desde el mismo momento en que sufrimos una agresión o un intento de agresión.

Eso no está ocurriendo. Por eso nos cuesta confiar.

La Guardia Civil ha detenido a la pareja sentimental de la mujer asesinada este miércoles junto a su hija como presunto autor del crimen. Los cuerpos fueron hallados en el interior del inmueble y presentaban ambos heridas de arma blanca, después de que la vivienda fuera incendiada en la localidad malagueña de Mijas.

Así lo han informado fuentes de la benemérita, quienes han asegurado que el hombre ha sido detenido como supuesto autor de los hechos y han apuntado que la investigación continúa su curso.

Precisamente, este jueves, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha incidido en que todas las hipótesis estaban abiertas y no se descartaba, por tanto, la violencia de género en relación con este doble crimen. Ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén.

Conmoción

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02.15 horas del pasado miércoles. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

De inmediato, desde la sala coordinadora se activó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos confirmaron al 112 que dos personas resultaron fallecidas en el incendio. Las dos mujeres, madre e hija, de unos 60 y 30 años, presentan heridas por arma blanca.

El suceso ha causado una enorme conmoción en Mijas. El teniente de alcalde, Juan José Torres Trella, ha afirmado que “estamos muy consternados” y ha explicado que “son vecinas del barrio; aquí los vecinos están bastante tristes y es complicada la situación”.

Por otro lado, ha añadido que el Ayuntamiento “está ofreciendo todos los medios psicológicos y necesarios para que cualquier vecino que se quiera poner en contacto con nosotros acuda al Consistorio y se le proporciona esa psicóloga para poder atenderle”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por la Seguridad Social contra una sentencia del Juzgado de lo Social de Valladolid que reconoció el derecho de una mujer una pensión de viudedad por violencia de género sin necesidad de condena penal por la acumulación de indicios.

El letrado de la Seguridad Social había interpretado que la mujer solo había presentado el requerimiento la pensión de viudedad por violencia de género “como un intento de incrementar su pensión actual”, que ya cobraba desde 2018, cuando se había jubilado.

El matrimonio se divorció en noviembre de 2003. Durante el proceso de divorcio, ella presentó una denuncia ante la Policía Nacional en la que expresó que su entonces marido destrozó “parte del mobiliario de la vivienda” y mostró una “actitud agresiva y violenta” hacia ella, su madre y su hija. La causa se archivó y no se tuvo en cuenta en la sentencia de separación.

Ella pidió la pensión cuando murió su ex

Una vez había fallecido su exmarido, la mujer pidió que se reconociera su pensión de viudedad, que fue aceptada, aunque sin efectividad económica porque era menor de la que ya percibía. Ella presentó una reclamación y también solicitó la pensión de viudedad derivada de violencia de género, aunque la Seguridad Social no resolvió expresamente ninguna de las dos peticiones. La mujer volvió a recurrirlo y terminó presentando un recurso de suplicación.

El Juzgado de lo Social estableció que no era necesario contar con una condena penal por violencia de género para acceder a la pensión, porque había otros “indicios” que podían considerarse: la solicitud de medidas de protección, la denuncia o las declaraciones de testigos. La jueza concluyó que, aunque no se acreditaron episodios concretos de maltrato, existían suficientes indicios que permitían inferir la existencia de una situación de violencia de género en el momento de la separación.

La Red Feminista de Gran Canaria ha criticado este martes el nombramiento de la nueva directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Padrón Brito, hija de la recién fallecida Ana Brito, anterior directora. “Los cargos públicos no se heredan”, insisten las feministas.

Nereida Vizuete, portavoz de la Red afea la falta de experiencia de Ana Padrón Brito, hija de la anterior directora y explica a este periódico que nombrar cargos si experiencia en igualdad es la tónica habitual de este Gobierno. Pone como ejemplo el viceconsejero de Igualdad, Juan Martínez Doreste, un ingeniero experto en Marketing sin experiencia en materia de Igualdad y que ocupa el cargo desde el pasado año.

El Consejo de Gobierno de Canarias nombró este lunes nueva directora a Ana Padrón Brito y el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello excusó su falta de experiencia en igualdad y el motivo por el que se había decantado el Gobierno de CC-PP por ella en que “se ha valorado una trayectoria profesional que combina experiencia la gestión de programas públicos, que entendemos que eso es muy importante, así como experiencia en el ámbito educativo y en el trabajo en entornos internacionales. Hay una formación especializada y específica, aparte de un compromiso público claro con las políticas de igualdad y cohesión social”.

Vizuete aclara a este periódico que la crítica hacia la nueva directora no es personal y que trasladan sus condolencias por el fallecimiento de su madre. “Es obvio que lamentamos el fallecimiento de la directora”, añade. “Por supuesto que le acompañamos en el sentimiento a su hija, que esto no tiene nada que ver con ella personalmente, pero que es una cuestión de importancia, de darle prioridad a esto”, agrega.

“Y qué pasa con las mujeres que están siendo asesinadas en Canarias, y a las víctimas de violencia que no se les está dando ninguna salida, y que vemos un instituto que está abandonado, que tramita sus pensiones tarde, que no gestiona los fondos del Pacto de Estado, que todavía no se sabe dónde están los de este año, que no tiene políticas específicas, ni buenas ideas, ni ideas valientes, y la acción más interesante que se les ha ocurrido es poner a la hija porque sabe de políticas públicas”, lamenta.

La Red Feminista, de hecho, ha escrito un comunicado en el que incide en la idea de que la crítica “no es personal, sino política. Lo que cuestionamos no es a una hija, sino la decisión del Gobierno de Canarias de colocar al frente del principal organismo de igualdad de esta comunidad a una persona sin experiencia ni trayectoria acreditada en políticas de igualdad y violencia contra las mujeres”.

Para la Red Feminista, este nombramiento “evidencia que al Gobierno de Canarias no le preocupa la violencia machista ni fortalecer las políticas de igualdad, sino mantener la cuota política de una institución que debería estar liderada por los mejores perfiles profesionales”.

“El Instituto Canario de Igualdad no gestiona un departamento cualquiera. Gestiona recursos vitales para miles de mujeres, coordina la respuesta institucional frente a la violencia machista, impulsa las políticas públicas de igualdad y trabaja con administraciones y entidades especializadas. No es un lugar para aprender, es un lugar que exige conocimiento, experiencia y liderazgo y que lleva años abandonado”, agrega.

La organización recuerda que lleva tres años de legislatura denunciando que el ICI no funciona, mientras Canarias continúa registrando cifras alarmantes de violencia contra las mujeres. “No hay tiempo para periodos de aprendizaje ni para improvisaciones. Si de verdad este Gobierno considerara la violencia machista una prioridad, habría buscado el perfil con mayor experiencia y especialización disponible.”

Asimismo, consideran que el nombramiento transmite un mensaje muy preocupante a la ciudadanía. “Creíamos que en democracia los cargos públicos se cubrían por mérito, capacidad y experiencia. Sin embargo, este nombramiento da la sensación de que determinados puestos pueden heredarse de madre a hija. Ese no puede ser el modelo de una institución que debe liderar la defensa de los derechos de las mujeres.”

La Red Feminista recuerda que Canarias cuenta con numerosas profesionales con décadas de experiencia y reconocido prestigio en igualdad, violencia de género, intervención social y gestión pública, perfiles que conocen el funcionamiento del sistema y las necesidades reales de las mujeres.

Después de tres años denunciando la falta de impulso de las políticas de igualdad, las subvenciones atrasadas y los fondos del Pacto de Estado paralizados y la ausencia de medidas ambiciosas frente a la violencia machista, este nombramiento confirma que el Gobierno de Canarias sigue sin entender la gravedad del momento. “Con los derechos de las mujeres no se improvisa. Los experimentos mejor con la gaseosa”

Vizuete apunta que desde hace tres años se veía reclamando que “era insostenible tener a una persona al frente que no podía hacerse cargo de la institución” por lo que no se esperaba que se consultara a los colectivos quien la sucedería en el cargo, pero no esperaban que el puesto “se heredara” “como la Corona de Castilla”.

Por otra parte, insiste en que aún se continúa a la espera de que la Consejería de Bienestar Social reparta los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para poder empezar a ejecutar proyectos que son claves para la prevención en unas islas donde no cesa la violencia machista.

La secretaria de Igualdad del PRC, Vanesa Montes, ha defendido la necesidad de un modelo de atención itinerante y descentralizada para “combatir el urbanocentrismo” y garantizar que las víctimas de violencia de género residentes en el medio rural puedan acceder a los recursos especializados, en todas sus formas incluidas las digitales, en igualdad de condiciones.

Montes ha realizado esta propuesta tras analizar el Informe Anual en Materia de Violencia de Género en Cantabria, que refleja a su juicio “un excesivo centralismo” en el diseño de los recursos asistenciales que aconseja “avanzar hacia una cobertura más homogénea en todo el territorio de la Comunidad Autónoma”.

En este sentido, ha puesto en valor las enmiendas incorporadas por el PRC a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma con el objetivo de acercar los servicios especializados a las mujeres que residen en municipios alejados de los principales núcleos urbanos.

“El informe refleja una realidad que desde el PRC advertimos hace tiempo y que supone una excesiva concentración de la atención en los entornos más urbanos, cuando la protección de las víctimas no puede depender del lugar de residencia”, ha explicado.

Montes considera por ello “imprescindible” acercar los servicios especializados a las mujeres del medio rural, razón por la que el PRC consignó una partida en el presupuesto para impulsar servicios de atención itinerante y descentralizada y facilitar el desplazamiento de equipos especializados al territorio, con el fin de facilitar el acceso de las víctimas a los recursos asistenciales.

Brecha de género en el medio rural

Asimismo, ha destacado la consignación de 20.000 euros para evaluar la brecha de género en el medio rural y analizar la dependencia económica de las mujeres en los sectores agrario y ganadero, en aras a diseñar políticas públicas adaptadas a las necesidades específicas de estos territorios.

La secretaria de Igualdad del PRC también ha advertido de la necesidad de adaptar los recursos a las nuevas formas de violencia contra las mujeres, especialmente aquellas que se producen a través del entorno digital.

Por ello, ha reclamado que los nuevos recursos itinerantes incorporen protocolos especializados frente a la ciberviolencia y el acoso en redes sociales y ha reivindicado programas de formación específica para los profesionales encargados de atender a las víctimas.

“Las administraciones deben ser capaces de responder a las nuevas manifestaciones de la violencia contra las mujeres y ofrecer una protección eficaz también en el ámbito digital”, ha recalcado.

Por último, Vanesa Montes ha defendido la necesidad de complementar los datos de actividad recogidos en el informe con indicadores que permitan evaluar el impacto real de las políticas públicas y medir la eficacia de los recursos destinados a la recuperación integral de las víctimas.

A su juicio, para mejorar las políticas públicas “no solo es fundamental conocer el volumen de actuaciones realizadas, sino también el grado de autonomía y recuperación alcanzado por las mujeres atendidas”.

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer y una de sus hijas a manos, presuntamente, del padre, que ha sido hospitalizado con heridas de arma blanca junto a otra de sus hijas, en la partida de El Fenollar, en el término de Alicante, han informado a EFE fuentes del instituto armado.

Los agentes han recibido el aviso a través del teléfono de Emergencias 112 alrededor de las 19.40 horas de este jueves y las patrullas desplazadas al lugar han encontrado a las dos mujeres fallecidas y a los dos heridos, que han sido trasladados a un centro hospitalario.

Según las mismas fuentes, no constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida, si bien la investigación sigue abierta.

El cadáver de una mujer ha sido hallado este miércoles en un pozo cerca de la autovía en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. Hay tres detenidos por su presunta relación con estos hechos.

Este hallazgo se enmarca en una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuerpos que continúan realizando pesquisas al respecto, han indicado a Europa Press las fuentes.

Así, los investigadores están a la espera de los resultados de la autopsia y de otras diligencias practicadas para el total esclarecimiento de lo ocurrido. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.

Probable caso de violencia machista

Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno están recabando datos “en relación con el asesinato por presunta violencia de género de una mujer cuyo cuerpo ha sido hallado en la mañana de este miércoles en Rincón de la Victoria”, ha publicado la Subdelegación en su cuenta de la red social X.

En esta misma red social, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha indicado que hay que “lamentar el hallazgo del cadáver de una mujer de 35 años en Rincón de la Victoria asesinada por presunta violencia de género”. “No podemos permitir que la violencia machista siga destrozando vidas e infligiendo tanto dolor”, ha expresado.

La Policía Local de Calahorra ha realizado durante el último mes de junio numerosas detenciones, muchas de ellas relacionadas con casos de violencia de género. Así, un varón fue detenido por quebrantamiento de orden de alejamiento de su esposa en presencia de sus hijos. Otro hombre fue detenido por los agentes tras agredir a su pareja y fracturarle dos dientes. La mujer presentaba también arañazos y un moratón. Esta también fue detenida porque el varón también presentaba signos de agresión.

En el informe policial también se incluye la detención de un hombre tras haber amenazado a su madre con un cuchillo en presencia de sus hermanos menores de edad. Tal y como relatan los agentes, en el momento de la detención se resistió y se mostró agresivo con los policías. Hasta tal punto que rompió el cristal mampara del vehículo policial mientras estaba siendo trasladado.

Asimismo, durante el último mes, la Policía Local de Calahorra ha detenido a un hombre que tras llegar a su casa ebrio, golpeó y zarandeó del pelo a su mujer y agredió a uno de sus hijos (menor de edad) que se interpuso entre sus progenitores para evitar una nueva agresión de su padre a su madre. Otro detenido, en este caso, tras la llamada de una mujer que informó haber sido agredida por su marido en un hotel de Calahorra. La mujer se encontraba con el hijo menor de ambos.

El informe de la Policía Local de Calahorra del pasado mes de junio incluye también algunas intervenciones relevantes. Entre ellas, el caso de una familia que se puso en contacto con la Policía Local por estar recibiendo coacciones por parte de una empresa de desocupación. La Policía Local medió entre ambas partes e informó a los moradores de sus derechos.

Otra de las intervenciones finalizó con una denuncia por conducción temeraria. Agentes de patrulla observaron un vehículo salir en dirección contraria del estacionamiento de Cuatro Esquinas hacia la calle Santiago y le indicaron que lo detuviera. El conductor no hizo caso a los agentes. Llegó a la calle Eras, giró bruscamente hacia la calle Carreteros y se dio a la fuga a gran velocidad por Cuatro Esquinas hasta que se detuvo en la calle Sol. Los agentes le realizaron la prueba de alcohol y drogas y dio positivo en cannabis, metanfetamina y anfetamina. El conductor fue denunciado y el vehículo inmovilizado. Además, también fue denunciado por conducción temeraria.

En otra intervención, agentes de la Policía Local de Calahorra dieron el alto a un vehículo a cuyo titular y conductor le constan anotaciones por tenencia de drogas y varios robos. Se le realiza prueba de tóxicos con un resultado positivo en anfetamina/metanfetamina. Se le denuncia e inmoviliza el vehículo. Y además, también se le denuncia por conducir sin autorización administrativa. En el maletero del coche, los agentes encuentran una bolsa de viaje con unos diez kilos de cobre del que no puede confirmar la procedencia y una mucha con varias herramientas por lo que se informa también a la Guardia Civil.

Como cada 30 de junio, Irún se echa a la calle por San Marcial. A las 10:15 horas de la mañana, un hombre, Pablo Basurko, se ha preparado para la arrancada en la plaza Urdanibia con una motivación personal que resume tres décadas de conflicto: “Siempre he querido desfilar con mi hermana y eso no se me permite en el alarde tradicional”. Se cumplen treinta años desde que Bidasoaldeko Emakumeak solicitó por primera vez un alarde municipal e igualitario para una celebración con origen en 1522, pero treinta años después, en otro siglo y en otro milenio, Irún sigue con dos desfiles, el 'tradicional', que relega a las mujeres al papel de cantineras, y el igualitario, donde forman en pie de igualdad.

Mientras el desfile mixto caminaba hacia el Ayuntamiento, Basurko ha rebatido a quienes ven en ellos una ruptura histórica. “Abogar por la pureza histórica no tiene sentido cuando ya es algo actualizado. Ni las prendas ni las armas coinciden con el siglo XVI”, razona. La anomalía de este doble festejo se sustenta en una pretendida “neutralidad” institucional. Sandra Monsalve, txilibito del alarde mixto, la cree inexistente. “La alcaldesa [Cristina Laborda] participa en numerosos eventos del alarde tradicional, mientras que al alarde público simplemente lo recibe con mala cara el día 30”, ha denunciado. Cree que el Ayuntamiento simplemente “dejó de organizar la fiesta municipal para evitar aplicar la sentencia” de igualdad.

En el otro extremo de la jornada, el alarde tradicional —que solo permite a las mujeres el rol de cantinera— ha iniciado su marcha a las 7:30 bajo las órdenes de un nuevo general, Javier García Nieto, quien ha pedido “olvidar las diferencias” para cumplir el “mandato” de hacer disfrutar a la ciudad. El contexto de sus palabras hay que encontrarlo en la denuncia de una cantinera por presuntos tocamientos por parte de un mando en 2025, acontecimiento que ha ocasionado una disputa interna. Por ejemplo, el hermano de una cantinera tradicional de este año, aunque admite que es “un tema muy serio”, le ha confesado a este medio que critica a la Junta de Mandos por asumir funciones judiciales ante el caso: “El resto del año son fontaneros, electricistas o abogados... la justicia tenía que haber tomado las riendas”.

Este malestar interno provocó la dimisión del anterior general, Asier Etxepare, quien defendió la sanción alegando que no podía “mirar hacia otro lado” ante la agresión a un “símbolo del alarde”. Es un término con el que la ordenanza equipara a la mujer con una bandera. Junto a Etxepare, otros se despidieron de sus cargos, marcando un nuevo inicio al alarde tradicional que sigue siendo apoyado por al menos 8.000 irundarras, por 2.400 del mixto. Una de sus cantineras actuales describe la experiencia como el cumplimiento de “un sueño” de su infancia, sintiéndose “respetada y respaldada” por su compañía. Ese deseo desde tan joven se ve respaldado por el testimonio de su hermano, quien reconoce que el modelo es mayoritario por inercia generacional. “Todos hemos nacido viendo al tradicional. Las generaciones antiguas siguen inculcando ese sentido”, expone.

Desde el balcón del Ayuntamiento, Sonia Calvo, integrante de la Gaita Mixta de Cervera del Río Alhama, ha observado el arranque igualitario con lágrimas en los ojos. Gracias a la invitación que recibió por parte de la Casa de la Mujer de Irún, Calvo ha podido vivir e identificar en Irún el mismo patrón de exclusión que sufre en La Rioja, utilizando “exactamente las mismas excusas y los mismos argumentos arcaicos”. En su pueblo, la cofradía incluso reformó estatutos para prohibirles el baile alegando falta de capacidad física o vestimenta inadecuada, argumentos que Calvo ve derrumbarse ante la realidad del desfile mixto irundarra.

Junto a ella, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, pone voz al respaldo institucional autonómico, aunque admite que los avances tras treinta años son “insuficientes”. Elgarresta rinde homenaje a las pioneras que enfrentaron situaciones “muy violentas” en los noventa. La adjunta del Ararteko, Estefanía Ocáriz, ha recordado también que las mujeres tienen “derecho inalienable a la igualdad”.

Mientras Gorka Álvarez, del PNV, durante la conmemoración de los treinta años desde la solicitud en el pleno del Ayuntamiento; ha defendido que el actual sistema de dos alardes asegura la “paz social” y el “equilibrio”. Para un joven participante del mixto, esta postura es puramente electoral: “La alcaldesa prioriza sus votos políticos a la igualdad... no puedes ser neutral sabiendo lo que pasa con las mujeres”.

La jornada de la tarde ha vuelto a mostrar la cara más agria del conflicto cuando, según fuentes del pueblo, algunas personas han reaccionado dando la espalda. “Una fiesta que no respeta la igualdad, deja de ser fiesta”, sentencia otro joven soldado del bando igualitario. “Parece mentira, pero 30 años después seguimos sin celebrar las fiestas en igualdad”, ha señalado Thania Pazos, quien ha portado la bandera.

El desdoblamiento festivo concluye con la devolución de la bandera en los arcos del Ayuntamiento, un acto que el alarde tradicional realiza mientras el mixto ya ha finalizado su ruta. La paradoja de una ciudad que recorre el mismo camino dos veces para no encontrarse nunca se resume en la contradicción de sus protagonistas: mientras unos se aferran a una tradición que requiere “justicia interna” para sus mandos, otros apuestan por una evolución que consideran inevitable. “La historia hay que utilizarla para aprender y avanzar, nunca por encima de los derechos de las mujeres”, reflexiona un participante del desfile público.

Al caer la noche, Irún recupera el silencio, dejando atrás el eco de las descargas de fusilería de dos bandos que visten igual pero sienten la ciudad de forma opuesta. La bandera de la ciudad descansa en el consistorio, custodiada por una institución que sigue observando desde el balcón una realidad dual en la que deciden mantenerse al margen. Tras tres décadas de banderas divididas, la fiesta se despide con la sombra de un proceso penal abierto y la certeza de que, el próximo año, Irún volverá a citarse consigo misma en dos horarios distintos.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como violencia de género del caso de la mujer de 44 años asesinada en Mairena del Aljarafe (Sevilla) a manos de su pareja el pasado sábado 27 de junio. Con este crimen, Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de seis asesinatos por violencia machista.

No existían denuncias previas contra el presunto agresor y la víctima tenía un hijo menor de edad, según ha informado el Ministerio de Igualdad en una nota en la que condena este nuevo feminicidio por violencia de género. La confirmación de este caso eleva el número de mujeres asesinadas por violencia de género a 24 en todo el territorio nacional y a 1.365 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Los agentes que se personaron en el lugar de los hechos el pasado sábado verificaron la existencia de una mujer que presentaba heridas compatibles con el uso de armas blancas. En el interior del domicilio también se encontraba un varón de unos 46 años que también presentaba heridas por arma blanca, “presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo”, y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha decretado un día de luto oficial.

Llamamiento a la unidad de las administraciones

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su “más rotunda condena y su absoluto rechazo” ante este nuevo feminicidio machista. Tanto la ministra como la delegada han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, también ha trasladado su pésame a los familiares de la víctima y ha subrayado la importancia de la implicación del entorno más cercano para detectar y comunicar posibles casos de violencia. En este sentido, ha destacado que “familiares, amistades o vecinos desempeñan un papel fundamental a la hora de alertar cuando la mujer, debido al miedo o a su situación de especial vulnerabilidad, no puede acudir por sí misma a los recursos disponibles para denunciar”.

Asimismo, ha señalado que es necesario comprender que “muchas víctimas no pueden manifestar libremente lo que están sufriendo, por lo que cualquier indicio de violencia o comportamiento agresivo debe considerarse suficiente para poner los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz el presunto asesinato y ha mostrado “su frustración, impotencia y profundo dolor” ante este nuevo caso de violencia machista. La consejera también ha hecho un llamamiento “a la unidad” de todas las administraciones y al conjunto de la ciudadanía andaluza, incidiendo en que “no se subestimen las señales e indicios de que una mujer pueda estar sufriendo violencia”.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email '016-online@igualdad.gob.es', el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.