El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto-ley que el Gobierno aprobó ayer con varias mejoras en prestaciones de la Seguridad Social en materia de viudedad, bajas especiales derivadas de la menopausia y catástrofes, así como para padres que cuidan a hijos con enfermedad grave y víctimas de violencia de género.

El real decreto-ley entra en vigor de manera general este mismo 21 de octubre, su fecha de publicación en el BOE, salvo algunas excepciones que están vigentes a partir del próximo mes o los próximos dos meses.

A continuación, se recogen algunos de los elementos más destacados del texto legal con las medidas anunciadas por la ministra Elma Saiz.

Pensiones de viudedad a parejas no formalizadas con hijos

El texto legal facilita el acceso a la pensión de viudedad a parejas no casadas ni formalizadas como parejas de hecho en el caso de tener hijos.

Así, queda establecido que “en el caso de que existan hijos en común únicamente será exigible el requisito de una convivencia estable y notoria durante un periodo de al menos dos años ininterrumpidos, con carácter inmediato al fallecimiento del causante”. Además, precisa que “dicha convivencia deberá ser acreditada mediante el correspondiente certificado de empadronamiento”.

Ventana de un año para pedirlo por fallecimientos anteriores

El decreto recoge que se reconocerá el derecho a la pensión de viudedad cuando, habiéndose producido el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja de hecho con anterioridad a la entrada en vigor del este real decreto-ley, concurran las siguientes circunstancias:

a) Que, a la muerte del causante, reuniendo este los requisitos exigidos, no se hubiera podido causar derecho a pensión de viudedad.

b) Que el beneficiario pueda acreditar en el momento de fallecimiento del causante la existencia de pareja de hecho, en los términos establecidos.

Para acceder a la pensión, “la correspondiente solicitud deberá ser presentada en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor” del real decreto-ley. Es decir, en el próximo año a partir de este 21 de octubre.

“La pensión reconocida tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a la solicitud siempre que se cumplan todos los requisitos previstos en esta disposición”, recoge la ley.

Bajas especiales derivadas de la menopausia

Se regulan dos nuevos supuestos especiales de incapacidad temporal, que son situaciones con más protección, como la cobertura de la prestación desde el día siguiente a la baja, sin necesidad de cotización previa, y con una mayor cuantía: la prestación alcanza el 60% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja y el 75% a partir del día 20, recordó la ministra Saiz.

La ley recoge este nuevo supuesto especial de baja laboral para: “Aquellas en las que pueda encontrarse la mujer en caso de patología limitante por trastorno menopáusico secundario codificado a tal efecto, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dicha patología”.

Se trata así de una cobertura para patologías derivadas de la menopausia o “sintomatología incapacitante” derivada de esta, explican en el Ministerio de la Seguridad Social, como en el caso de las bajas por reglas especialmente dolorosas, que aprobó el Gobierno hace años.

Bajas especiales por lesiones derivadas de violencia machista

También se regula un nuevo supuesto especial de baja para las lesiones derivadas de violencia machista. En concreto, la regulación incluye a aquellas situaciones “en las que pueda encontrarse la mujer como consecuencia de lesiones causadas por el hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por relación similar de afectividad, aun sin convivencia, mientras reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dichas lesiones”.

Para conseguir esta cobertura ampliada de baja, “será necesario que con anterioridad al alta médica por curación o mejoría hayan sido expedidos los documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial, orden de protección, resolución que acuerde una medida cautelar o informe del Ministerio Fiscal que recoja la existencia de indicios de violencia de género; o bien que se hubiera dictado sentencia condenatoria. El facultativo médico del Servicio Público de Salud identificará estas situaciones especiales mediante la correspondiente codificación”, recoge el texto legal.

Además, “en dichos documentos deberá figurar de forma expresa la relación de causalidad entre la lesión que dio lugar a la situación especial de incapacidad temporal y el acto de violencia que determina la condena, protección o inicio de la investigación”, precisa la ley.

Prestaciones por catástrofes como “accidentes de trabajo”

La ministra Saiz explicó se reforzaba también la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a acontecimientos de carácter extraordinario. “La experiencia derivada de las distintas catástrofes naturales y emergencias producidas en los últimos años ha puesto de manifiesto la conveniencia de establecer con carácter permanente la asimilación a contingencias profesionales de determinadas prestaciones cuando el hecho causante derive de una catástrofe extraordinaria, garantizando una respuesta homogénea, inmediata y previsible del sistema”, recoge la introducción del decreto.

Sin embargo, la forma legal para aprobarlo es la siguiente (que requiere de futuras aprobaciones de esta protección reforzada):

“En aquellas normas con rango de ley que se aprueben para dar una cobertura extraordinaria tras un suceso o acontecimiento catastrófico, podrá acordarse que las prestaciones de Seguridad Social, tales como incapacidad temporal, incapacidad permanente o muerte y supervivencia, sean asimiladas a contingencia profesional, mejorando así su cobertura”.

Aumenta el mínimo para huérfanos por violencia de género

Se incrementa el mínimo de la pensión de orfandad en caso de violencia de género. “Cuando el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer, en los términos descritos en este artículo, el importe mínimo mensual de la pensión de orfandad será el equivalente al doble del salario mínimo interprofesional mensual vigente en cada momento. En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta pensión, el importe conjunto de las mismas no podrá superar el importe de dicha cuantía”, recoge la ley.

Mejora del fondo para pensiones de alimentos impagadas

El Gobierno también ha facilitado el acceso y mejorado las ayudas del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que cubre a los hijos e hijas cuando uno de sus progenitores no paga la pensión de alimentos en caso de divorcio o separación.

Así, ha decidido triplicar el anticipo máximo del fondo de garantía del pago de alimentos, del que se encarga el Estado y que pasará de 100 a 300 euros mensuales. “Si la Unidad familiar estuviera integrada por varios beneficiarios este límite operará para cada uno de ellos”, recoge el texto. Y se alarga el tiempo durante el que puede percibirse, los 18 meses actuales, hasta “mientras exista la obligación de alimentos”.

Se eleva el límite de ingresos para poder acceder a este fondo, ahora marcado por la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y que pasa a definirse a partir del salario mínimo interprofesional (mucho más elevado), multiplicado por un coeficiente según el número de hijos.

Aumenta el mínimo de pensiones por terrorismo

El decreto modifica el parámetro de referencia para la determinación del importe mínimo de las pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo, sustituyendo el triple del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) por el doble del salario mínimo interprofesional, “que constituye un parámetro más acorde para garantizar un nivel suficiente de protección”, justifica el texto legal.

Se podrá cobrar la CUME más allá de los 26 años del hijo/a

La ministra Saiz explicó que la prestación CUME, para padres que reducen sus jornadas de trabajo para cuidar a hijos con cáncer u otras patologías graves, se extendía en varios supuestos. Entre ellos, destacó la posibilidad de percibirla más allá de 26 años y de forma simultánea, que el texto legal recoge así:

“Excepcionalmente se mantendrá el derecho a la reducción de jornada más allá de los 26 años en aquellos casos en los que la persona causante acredite una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o bien tenga reconocido el grado III de dependencia, siempre que persista la convivencia con la persona beneficiaria y continúen acreditándose las necesidades de cuidado directo, continuo y permanente en los términos y con la acreditación que se exigen en los párrafos anteriores”, apunta la ley.

Además, “este derecho podrá ser reconocido a favor de ambos progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores permanentes, por la misma persona causante, de forma alternativa o simultánea”.

Para consultar todo el real decreto-ley, puede acceder aquí.

La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido al juez que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y ha autorizado que la Unidad Central Operativa (UCO) acceda no solo a sus datos bancarios sino a toda su información financiera para investigar si ejecutó un “soborno”, como dice la Fiscalía, a un directivo del Grupo Quirón. Los jueces toman esta decisión tras estimar un recurso de la Fiscalía al que ni siquiera la defensa del propio Alberto González Amador se había opuesto tras la petición de la propia unidad de élite de la Guardia Civil.

El juez Antonio Viejo asumió la doble investigación contra el comisionista sanitario después de la jubilación de la anterior titular del juzgado. La causa por fraude fiscal, en el que tanto la Fiscalía como la Abogacía piden condenas de cárcel por defraudar 350.000 euros usando un sistema de facturas falsas, se encuentra solo a la espera de fecha para el juicio. La segunda causa, en fase de instrucción, analiza si el empresario compró por medio millón de euros una empresa sin actividad ni medios de la esposa de Fernando Camino, un directivo de Quirón imputado desde hace dos semanas, a modo de “soborno” como sospecha la Fiscalía.

Esta segunda ramificación del caso ha avanzado con lentitud en el juzgado de Viejo, hasta el punto de que la propia UCO solicitó al instructor tener acceso a toda la información bancaria y financiera de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La respuesta del instructor, medio año después, fue autorizar solo el acceso a la información bancaria pero no a la relacionada con sus impuestos o sus pagos a la Seguridad Social. La Fiscalía recurrió al entender que acceder a esa información denegada era algo necesario y “mucho menos invasivo” que lo que ya había aceptado el juez. No tener acceso a la información tributaria de Alberto González Amador, dijo el Ministerio Público, “dificulta enormemente” la investigación.

La defensa de González Amador y sus empresas no se opuso a esta medida y la Audiencia Provincial de Madrid acaba de aceptar las alegaciones. “Resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social referente a dichas personas físicas y jurídicas”, razona el tribunal madrileño que supervisa la instrucción. El propio González Amador, recuerda este auto, “ha mostrado ya no sólo su conformidad sino incluso su interés en que se recabe dicha información tributaria y de la Seguridad Social con la finalidad de que se finalice con la mayor celeridad posible la investigación”.

Acusaciones de fraude fiscal y soborno

La investigación judicial contra Alberto González Amador es doble. En un primer momento, tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, la Fiscalía acusó al comisionista sanitario de eludir el pago de 350.000 euros en los impuestos de sus empresas usando un sistema de facturas falsas por servicios no realizados. Una causa que avanzó lenta y en la que la magistrada intentó varias veces sin éxito tomar declaración a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El empresario ya fue procesado y se abrió juicio oral contra él con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, solicitando hasta tres años y nueve meses de cárcel para él. La causa se encuentra pendiente de que los tribunales pongan fecha al juicio.

Una segunda ramificación del caso, ahora impulsada por la Audiencia de Madrid, se centra en la relación de González Amador con Quirón, el gigante sanitario para el que trabaja a través de una de sus filiales. La Fiscalía considera que ejecutó un “soborno” al pagar medio millón de euros por una empresa fantasma de la esposa del directivo Fernando Camino, citado a declarar a principios del próximo mes de diciembre.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete de mejoras de varias prestaciones de la Seguridad Social que perciben algunos colectivos específicos. Entre ellas, una ampliación del acceso a la pensión de viudedad a parejas no casadas ni registradas como parejas de hecho, para aquellas con hijos que acrediten dos años de convivencia, así como una ampliación de las prestaciones para padres con hijos con enfermedades graves (CUME), para huérfanos y víctimas por violencia de género, algunas bajas derivadas de la menopausia y debidas a catástrofes, entre otras.

A falta de la letra pequeña del real decreto-ley aprobado, la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha informado de esta “ampliación de la acción protectora” de la Seguridad Social para estos colectivos, que ha justificado por la necesidad de una mejor “cobertura” de estas situaciones.

Acceso a la viudedad sin estar casado ni ser “pareja de hecho”

Entre los principales cambios destaca, por su potencial número de beneficiarios, la ampliación del acceso a la pensión de viudedad a las parejas con hijos que acrediten dos años de convivencia, aunque no estén casadas ni registradas como parejas de hecho formalmente, una realidad en alza.

Saiz, que había avanzado ya esta medida esta mañana en una entrevista en TVE, ha añadido que se abrirá “una ventana de un año” para que las parejas que cumplan con estos nuevos requisitos puedan pedir su derecho a la pensión de viudedad. “La prestación tendrá efectos a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud”, indica el Ministerio de la Seguridad Social.

Bajas especiales por menopausia y víctimas de violencia de género

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, pasarán a tener la consideración de bajas especialmente protegidas dos nuevas situaciones: las mujeres que sufran “patologías incapacitantes relacionadas con la menopausia” y las trabajadoras que sean víctimas de violencia de género y cuyas lesiones “les impidan trabajar”.

Saiz ha señalado que estas tendrán una “protección mayor” que las incapacidades temporales comunes, ya que se cobrará “desde día siguiente a la baja” y no exige periodo de carencia (cotización mínima) y porque la prestación que cobrarán estas trabajadoras se ampliará al 60% de la base reguladora y al 75% a partir del día 20. Entre estas bajas especiales figuran también actualmente las incapacidades temporales por reglas dolorosas o por interrupción voluntaria del embarazo aprobadas en la pasada legislatura.

“Protegemos a una parte importante de la fuerza laboral de nuestro país y damos respuesta a situaciones que estaban invisibilizadas y a brechas que llevaban padeciendo las mujeres y que van a contar con una protección más adecuada”, ha afirmado la ministra.

Pensión de orfandad por asesinatos machistas

Además, el real decreto aprobado este martes contempla otra medida en materia de violencia machista: la ampliación de las pensiones de los hijos e hijas que se quedan huérfanos al ser asesinadas sus madres por esta causa. Según ha detallado la ministra, el importe mínimo pasará a ser el “doble del salario mínimo interprofesional”, que se sitúa a día de hoy en 1.221 euros al mes en 14 pagas. Actualmente, estas pensiones se calculan en función de la base reguladora y pueden alcanzar del 20 al 75% de la misma. Si hay más de un beneficiario, no puede superar el 118%.

La portavoz ha querido agradecer a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, su “intenso trabajo” desde hace “mucho tiempo” y ha recordado que estas medidas “están contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género” que renovaron todos los partidos excepto Vox. “Estas son políticas responsables frente a los negacionistas de la violencia de género, políticas útiles que mejoran la vida de las personas”, ha añadido.

El Gobierno también ha incorporado una medida para reforzar la protección de los hijos e hijas cuando uno de sus progenitores no paga la pensión de alimentos en caso de divorcio o separación. Así, ha decidido triplicar el anticipo máximo del fondo de garantía del pago de alimentos, del que se encarga el Estado y que pasará de 100 a 300 euros mensuales, además de alargar el tiempo durante el que puede percibirse de los 18 meses actuales hasta el momento en que “se extinga” la obligación.

CUME: prestación para cuidar a hijos con enfermedad grave

El Consejo de Ministros también ha aumentado la prestación CUME, destinada a padres y madres que reducen sus jornadas de trabajo para cuidar hijos con cáncer y otras enfermedades graves. Saiz ha afirmado que se permitirá la percepción “alternativa o simultánea”, con lo que tratan de favorecer la “corresponabilidad” que la ministra ha destacado que ahora no se contemplaba.

Además, la prestación podrá recibirse “más allá de los 26 años en el caso de que los hijos e hijas afectadas por esta enfermedad tengan una discapacidad superior al 65% o un grado de dependencia 3”. Y Saiz ha afirmado que el Gobierno trabaja también en el reglamento que regula la prestación CUME, que “está a punto de ver la luz”.

Prestaciones como “accidente de trabajo” por catástrofes

El real decreto-ley también recoge una mejora de las prestaciones para personas trabajadoras “afectadas por acontecimientos catastróficos”, ha sostenido Elma Saiz, como puede ser el caso de la dana Adam, que ha provocado heridos, cuatro fallecidos y un millar de rescates.

Así, la ministra ha explicado que se contempla su asimilación a “la situación derivada de accidente de trabajo”, con las mejoras correspondientes en las prestaciones “con motivos de estas catástrofes”, como la incapacidad temporal (baja médica) así como prestaciones por incapacidad permanente o por defunción.

Esta medida “ya se ha probado excepcionalmente” por el Gobierno en catástrofes como la dana de Valencia, ha recordado Saiz, pero se pretende incluir esta ampliación para otros acontecimientos en el futuro. Se aplicará a trabajadores por cuenta ajena y también a trabajadores autónomos, ha explicitado la ministra.

El Gobierno aprobará este martes que las parejas con hijos y que acrediten dos años de convivencia tengan derecho a la pensión de viudedad, ha adelantado El País y ha afirmado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en una entrevista en La Hora de la 1. Saiz también ha avanzado que el Ejecutivo ampliará la prestación CUME para padres de hijos con enfermedades graves más allá de “los 26 años” en algunos casos.

Asimismo, la responsable de la Seguridad Social ha añadido que se ampliará “la acción protectora” de la Seguridad Social para los trabajadores afectados por daños en casos de catástrofes, como puede ser el caso de la dana Adam, que ha provocado heridos, cuatro fallecidos y un millar de rescates. Saiz ha afirmado que se aprobará una “IT especial”, en referencia a una “incapacidad temporal”, como se denomina a las bajas laborales por enfermedad o accidente.

Se trata de algunas de las medidas que aprobará el Ejecutivo en un real decreto-ley este martes, “que extiende la labor protectora de la Seguridad Social”, ha sostenido Saiz.

No son las únicas, con más cambios legales entre los que se prevé la inclusión de una mejora de la prestación por incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia, así como más protección para víctimas de violencia de género, entre otros.

Viudedad sin estar casados ni ser “pareja de hecho”

La ampliación del derecho a la pensión de viudedad para estas parejas con hijos y dos años de convivencia, aunque no estén casadas ni sean formalizadas como parejas de hecho, era muy demandada desde hace años de este colectivo de familias, cada vez más numeroso.

Saiz ha apuntado que es un asunto que genera “mucha litigiosidad” y que la medida amplía derechos y “se adecúa al día a día de la ciudadanía”, como argumentos sobre la necesidad de su aprobación.

A las preguntas de la periodista Silvia Intxaurrondo sobre por qué el Gobierno aprueba estas medidas en los últimos días de su mandato, con las Cortes ya disueltas y las elecciones ya convocadas, la ministra Saiz ha justificado que son medidas “maduras” y “muy demandadas”.

CUME más allá de los 26 años

Sobre la CUME, Elma Saiz ha recordado que “se puso en marcha por un Gobierno socialista en 2011” para paliar la pérdida de ingresos de padres de hijos con enfermedades graves que reduzcan su jornada laboral para cuidarles. La prestación “mejorada en la anterior legislatura”, ahora tendrá “una importante ampliación”, ha sostenido la ministra.

Según Saiz, la prestación podrá recibirse “más allá de los 26 años en el caso de que los hijos e hijas afectadas por esta enfermedad tengan una discapacidad superior al 65% o un grado de dependencia 3”.

Además, Saiz ha afirmado que se legislará la “posibilidad de simultanear” la CUME entre ambos progenitores. “Es una medida importantísima”, ha afirmado. El Gobierno trabaja también en el reglamento que regula la prestación CUME, que “está a punto de ver la luz”, ha sostenido Saiz. .

El Gobierno aprobará este martes un paquete extraordinario de medidas sociales que recogerá, entre otras, una mejora de prestaciones por viudedad, para víctimas de violencia de género o para el cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves.

El Ministerio de Seguridad Social ultima un Real Decreto-Ley, según ha adelantado El País y que ha podido confirmar elDiario.es de fuentes gubernamentales, con un amplio catálogo de reformas en prestaciones, justo en plena precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y después de que PP y Vox hayan caldeado el debate sobre una potencial reforma del sistema de pensiones si llegan a gobernar.

En el Ejecutivo aseguran que la letra pequeña del decreto no está cerrada, pero que las líneas generales pasan por mejorar la prestación por incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género, la reforma de la llamada CUME, y la ampliación del acceso a las pensiones de viudedad y para las derivadas de actos terroristas.

Según recoge El País, el planteamiento de Seguridad Social pasa por ampliar la prestación para las mujeres con patologías asociadas a la menopausa y víctimas de violencia de género al 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero desde entonces será la Seguridad Social quien se haga cargo del abono de la prestación.

Por otro, la reforma de la prestación para padres y madres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves (la CUME, como se conoce) permitirá que ambos progenitores puedan percibirla de manera alternativa o simultánea, además de extenderla más allá de los 26 años cuando la persona afectada presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.

La Seguridad Social lleva meses preparando una modificación del marco legal de esta prestación. En junio sacaron a audiencia pública un texto con su reforma que incorporaba nuevas patologías al listado de enfermedades que permiten acceder a la misma, entre otros cambios, aunque no fue muy bien recibido por las familias.

Mejora de las pensiones por viudedad para parejas de hecho

Por otro lado, y en materia de pensiones, el texto ampliará el acceso a las pensiones de viudedad en el caso de parejas de hecho y, si hay hijos en común, será suficiente para acreditar esta relación de hecho para solicitar esta paga, algo que en la actualidad generaba problemas. Además, el decreto permitirá revisar en los próximos 12 meses las solicitudes que fueron denegadas.

También se mejoran las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas: ninguna de estas pensiones podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros), una cantidad un 36% mayor al que había ahora, que quedó desfasada.

El texto recoge una mejora en la protección de huérfanos por violencia de género, que percibirán prestaciones contributivas que serán de un mínimo de dos veces el SMI, mientras que las no contributivas podrán situarse, como máximo, en esos dos sueldos mínimos.

Y por último, se mejora el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, triplicando la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, para proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.

A pesar del adelanto electoral, el Gobierno se encuentra en plenas funciones hasta el día después de la cita con las urnas. Este Real Decreto-Ley podrá ser aprobado en la Diputación Permanente del Congreso, que ya convalidó el pasado viernes dos normas previas a la disolución de las Cortes. El Ejecutivo se plantea, entre otras medidas, subir el SMI antes de los comicios y se plantean revalorizar, incluso en funciones, las pensiones con el IPC.

Un hostelero de Oviedo/Uviéu tuvo que admitir que tenía trabajando a seis camareros, cinco djs y la persona encargada del guardarropa sin estar dados de alta en la Seguridad Social cuando efectivos de la Policía y de la Inspección de Trabajo se personaron en el discobar del casco antiguo. Los empleados no tenían contrato y estaban trabajando cuando los funcionarios y policías aparecieron en el local el 5 de marzo de 2023 a las 06:30 horas.

Tres años y siete meses después, el administrador general y encargado del discobar ha vuelto a reconocer los hechos, pero en esta ocasión delante de los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, que le han impuesto una condena de seis meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Sin contratos

El acusado reconoció ante el tribunal los hechos imputados por la Fiscalía. Dijo que era el administrador y encargado de un discobar en la calle Ildefonso Martínez de Oviedo/Uviéu, propiedad de una sociedad limitada. En el cargo de administrador único figuraba desde el 18 de mayo de 1999.

La situación era clara. No podía probar con documentación que las 12 personas que estaban en sus puestos de trabajo en el discobar estuvieran dados de alta en la Seguridad Social en el curso de una inspección en materia laboral y extranjería efectuada conjuntamente por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Oviedo y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias.

La condena

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de una multa de 6 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, se comprometió a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social en las cantidades que se han dejado de satisfacer en concepto de cuotas de cotización a la Seguridad Social que se acrediten en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes.

Además, tendrá que abonar a cada uno de los trabajadores que se encontraban en el local en el momento de la inspección con 200 euros por los perjuicios morales ocasionados.

La Seguridad Social ha habilitado un nuevo servicio que permite a los ciudadanos consultar y acreditar su edad legal ordinaria de jubilación y la fecha exacta en la que la alcanzarán. El documento puede obtenerse de forma inmediata a través del portal Tu Seguridad Social, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. La herramienta, dada a conocer el pasado 30 de septiembre, resulta especialmente útil para quienes necesitan justificar estos datos ante su empresa u otra entidad para realizar trámites relacionados con el final de su vida laboral.

El informe recoge únicamente dos datos: la edad ordinaria de jubilación que corresponde a cada persona y el día en que la cumplirá. Hasta ahora, esta información podía obtenerse mediante el simulador de jubilación, aunque el documento generado también podía incluir otros detalles personales y económicos, como la vida laboral, la pensión estimada o las posibilidades de retrasar la retirada. El nuevo certificado evita compartir información adicional cuando solo es necesario demostrar cuándo se alcanza la edad legal para jubilarse.

Para calcular la fecha, el Instituto Nacional de la Seguridad Social utiliza los antecedentes que constan en sus bases de datos y aplica los mismos criterios que el simulador de pensiones. El cálculo presupone que todas las cotizaciones están ingresadas y que la situación laboral actual del interesado se mantiene hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Cuando concurren circunstancias personales relacionadas con los hijos o una discapacidad que pueden modificar esa edad, es necesario incorporarlas mediante el simulador para obtener el informe correspondiente.

Cómo descargar el informe de edad legal de jubilación

Las personas cuya edad de jubilación pueda determinarse exclusivamente a partir de su trayectoria de cotización pueden obtener el documento desde la página principal de Tu Seguridad Social, dentro del apartado “Otras gestiones”. Allí deben seleccionar la opción “Informe de edad legal de jubilación”, que permite generar el certificado sin realizar una simulación completa de la futura pensión. Esta vía está prevista para quienes no necesitan incorporar circunstancias relacionadas con hijos o discapacidad.

Cuando existen factores personales que pueden modificar la edad ordinaria de jubilación, el procedimiento es diferente. En estos casos, es necesario acceder al simulador de pensión de jubilación e introducir la información correspondiente. Una vez completada la simulación, el usuario debe seleccionar “Informe edad legal de jubilación”, una opción situada junto al botón “Informe PDF”. De esta manera, el documento puede reflejar las circunstancias adicionales que influyen en la fecha calculada.

Qué identificación se necesita para obtenerlo

Para descargar el informe mediante cualquiera de las dos vías, es suficiente identificarse utilizando un código de verificación enviado por SMS. Para emplear este sistema, el número de teléfono móvil del interesado debe figurar previamente registrado en las bases de datos de la Seguridad Social, ya que la clave se remite a ese contacto. Quienes no tengan actualizado su número pueden consultar la guía oficial para mantener al día sus datos personales antes de utilizar este procedimiento.

La Seguridad Social también prevé ampliar las funcionalidades del servicio. Entre las mejoras anunciadas figura la posibilidad de acreditar la edad de jubilación cuando existen bonificaciones vinculadas a determinadas actividades profesionales. Además, está previsto desarrollar un documento específico para la jubilación parcial, con el que los trabajadores puedan demostrar ante sus empresas que reúnen la edad y las demás condiciones necesarias para acogerse a un plan de jubilación parcial. Estas prestaciones adicionales todavía se encuentran entre las ampliaciones previstas, por lo que no forman parte de las funcionalidades descritas para el nuevo informe.

La Seguridad Social ha detallado las distintas opciones disponibles en 2026 para compatibilizar el cobro de una pensión de jubilación con una actividad laboral o prolongar voluntariamente la vida profesional. Las modalidades de jubilación activa, parcial y flexible permiten mantener determinados ingresos del trabajo mientras se percibe una prestación, aunque sus requisitos y cuantías son diferentes. A estas alternativas se suma la jubilación demorada, dirigida a quienes prefieren retrasar el acceso a la pensión para mejorar sus condiciones económicas.

Una de las principales posibilidades es la jubilación activa, dirigida a quienes acceden a la pensión al menos un año después de alcanzar su edad ordinaria de jubilación. Para acogerse a ella es necesario haber acreditado el periodo mínimo de cotización exigido en la fecha en que se cumplió dicha edad, mientras que quienes se hayan jubilado anticipadamente quedan excluidos. Esta modalidad permite trabajar por cuenta propia o ajena, tanto a jornada completa como parcial, sin necesidad de abandonar previamente la actividad profesional.

La proporción de pensión compatible con el trabajo depende del tiempo que se haya retrasado la jubilación. Quienes demoren su retirada un año pueden cobrar el 45% de la prestación, porcentaje que aumenta al 55% después de dos años, al 65% tras tres y al 80% después de cuatro. A partir de cinco años de demora se permite percibir el 100%. Además, el porcentaje compatible aumenta cinco puntos por cada doce meses consecutivos de jubilación activa, hasta alcanzar el máximo establecido. Para determinados autónomos existen condiciones específicas que permiten cobrar el 75% de la pensión cuando el retraso ha sido de entre uno y tres años.

Jubilación parcial y flexible: dos formas de reducir la jornada

La jubilación parcial está destinada a trabajadores por cuenta ajena que desean reducir su jornada antes de retirarse definitivamente. Con carácter general, permite disminuir el tiempo de trabajo entre un 25% y un 75% y cobrar la parte de pensión correspondiente a esa reducción. En determinados supuestos puede solicitarse hasta tres años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y la empresa formalice simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, que deberá mantenerse al menos hasta dos años después de la finalización de la jubilación parcial. Cuando el anticipo supera los dos años, la reducción de jornada durante el primer año debe situarse entre el 20% y el 33%.

En cambio, la jubilación flexible está pensada para quienes ya cobran una pensión y deciden reincorporarse al mercado laboral. El Real Decreto 416/2026, en vigor desde el 28 de agosto, ha ampliado esta posibilidad a determinadas actividades por cuenta propia, siempre que el pensionista no hubiera estado dado de alta como autónomo durante los tres años anteriores a su jubilación. También permite trabajar por cuenta ajena con una jornada comprendida entre el 33% y el 80% de la correspondiente a un empleo a tiempo completo comparable.

En esta última modalidad, la pensión se reduce en función de la jornada realizada. Por ejemplo, trabajar el 60% de una jornada completa permite percibir, con carácter general, el 40% de la prestación. No obstante, quienes comiencen por primera vez una actividad a tiempo parcial después de seis meses de jubilación pueden beneficiarse de incrementos adicionales sobre el importe de la pensión compatible: del 25% si trabajan entre el 55% y el 80% de la jornada, o del 15% cuando la dedicación se sitúa entre el 33% y menos del 55%. Si la actividad es por cuenta propia, la pensión compatible equivale al 25%.

Retrasar la jubilación también permite aumentar los ingresos

Otra alternativa es la jubilación demorada, que consiste en continuar trabajando después de alcanzar la edad ordinaria sin comenzar todavía a cobrar la pensión. A diferencia de las modalidades anteriores, no permite percibir simultáneamente la prestación y el salario. La Seguridad Social contempla tres fórmulas de compensación: incrementar el importe de la futura pensión, recibir una cantidad mediante un pago único o combinar ambas opciones. La regulación vigente desde finales de agosto de 2026 ha introducido mejoras en el cálculo de la modalidad mixta y permite computar periodos semestrales a partir del segundo año de demora.

Las consecuencias al finalizar la actividad también varían según la modalidad elegida. Tanto en la jubilación activa como en la flexible se restablece el cobro íntegro de la pensión, pero las cotizaciones efectuadas durante estos periodos no mejoran, con carácter general, la prestación reconocida. En la flexible existe una excepción para determinados casos de jubilación anticipada involuntaria, en los que se recalcula la cuantía teniendo en cuenta los nuevos periodos cotizados. Por su parte, quienes opten por la jubilación parcial accederán a la pensión que les corresponda cuando se retiren definitivamente, de acuerdo con sus cotizaciones y las condiciones de cálculo aplicables.

El lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, ha asegurado que si Pedro Sánchez puede exprimir la legislatura para aprobar decretos con medidas sobre Vivienda también lo puede hacer para cumplir los acuerdos pendientes y completar el Estatuto de 1979. Los nacionalistas apoyaron la investidura en 2023 a cambio de cerrar las transferencias en 2025, el plazo no se cumplió y aún en 2026 quedan materias en el aire, principalmente la gestión de las pensiones de la Seguridad Social pero también los paradores de turismo o la organización de elecciones municipales.

En el Parlamento Vasco, que celebra este viernes una sesión de control al Gobierno, el PNV ha preparado una autopregunta para que Pradales pueda recordar a Sánchez que “no se ha cumplido todo lo acordado”. Voces internas del entorno del lehendakari reaccionaron al adelanto electoral, con cita con las urnas fijada para el 29 de noviembre, como la constatación de que las negociaciones abiertas quedarían en papel mojado. Sin embargo, ahora ha cambiado la estrategia para insistir en que “todavía hay tiempo”.

“De repente, elecciones. Parece que todo se pone patas arriba. Pero con el decreto de la Vivienda ha pisado el acelerador. Si quieren, pueden. Pedimos que muestren la misma voluntad con la agenda del autogobierno. Todavía hay tiempo [...]. Me gustaría ver esa misma velocidad y valentía en el cumplimiento íntegro del Estatuto”, ha señalado Pradales, que vio cómo a finales de julio se cancelaba una 'cumbre' con Sánchez precisamente por la falta de entendimiento con las materias pendientes. Al margen del Estatuto, el lehendakari ha pedido también que se atiendan otras cuestiones como los acuerdos para incrementar la potencia eléctrica industrial.

Pradales no ha negado que se han dado catorce acuerdos en la legislatura. “Hemos avanzado”, ha señalado. En concreto, se ha cedido la gestión de las Cercanías de Renfe, ahora llamadas Lottu, la gestión de Costas o Salvamento Marítimo, entre otros puntos. Igualmente, la transferencia de la Seguridad Social técnicamente ya está iniciada con acuerdos sobre prestaciones no contributivas, seguros escolares o las políticas de paro, aunque en este caso se ha retrasado la entrada en vigor hasta mediados de 2027.

Pradales ha aprovechado también su turno para hacer oposición a la oposición y ha reclamado a EH Bildu que “muestre determinación” en las Cortes Generales y ayude al PNV en la exigencia de las transferencias pendientes. Ha deslizado que la coalición abertzale apoya “a ciegas” y con “entusiasmo” todas las medidas que lanza el PSOE y que sería deseable que fuera “de la mano” del PNV en defensa del autogobierno.

El sistema público de pensiones que abona cada mes su pensión a alrededor de diez millones de personas “es un zombi” y “está quebrado”, según Vox, en palabras de José María Figaredo, su responsable económico y secretario general del partido de extrema derecha en el Congreso de los Diputados. Por ello, la formación liderada por Santiago Abascal defiende acabar con el actual sistema público de reparto para avanzar hacia un sistema mixto de capitalización, con pensiones individuales.

Así lo ha defendido el responsable económico de Vox en una entrevista este fin de semana en El Debate. “El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado. En 1998, la comisión del Pacto de Toledo diagnosticó con precisión las debilidades del sistema, y en casi 30 años no se ha aplicado ninguna medida correctora”, sostiene el diputado.

Preguntado al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado este martes un mensaje de “absoluta tranquilidad” a la población española y ha defendido que el sistema de pensiones goza de “una extraordinaria salud”. Sánchez ha criticado que el PP y Vox siembren “preocupación” sobre la viabilidad del sistema, que ha advertido que son la antesala de un “modelo de recortes” en este pilar de protección social.

Vox invisibiliza las múltiples reformas ya aprobadas

El partido de ultraderecha dice que “no se ha aplicado ninguna medida correctora” en pensiones, pese a las múltiples reformas aprobadas en las últimas décadas, que han modificado el sistema. Desde la edad a la que se puede jubilar la población trabajadora en España, con cuántos años cotizados para cobrar el 100% de la pensión y qué periodo de la vida laboral se tiene en cuenta para su jubilación.

Por mencionar solo algunas, la reforma de 2011 amplió la edad de jubilación poco a poco a los 67 años y amplió el periodo de cálculo de la pensión de los últimos 15 a 25 años, entre otras muchas medidas y varios recortes para preparar al sistema público al aumento de gasto por la numerosa generación del baby boom, que está empezando a retirarse ahora.

En 2013, el PP aprobó una reforma de pensiones con múltiples recortes, sin diálogo social ni respaldo del Pacto de Toledo, gracias a su mayoría absoluta. Una reforma que semicongelaba las pensiones de por vida y que contaba con un “factor de sostenibilidad” para vincular la cuantía de la pensión a la esperanza de vida en el futuro, que el propio PP no llegó a aplicar.

Con una enorme contestación social en la calle, el Gobierno del PP interrumpió su propia legislación, que más tarde derogó el Gobierno de coalición progresista.

Por último, Figaredo también ignora por completo la reforma de pensiones aprobada (en varias patas) por el Gobierno progresista desde 2021, que volvió a vincular la subida de las pensiones al IPC y reforzó el sistema a través de un aumento de los ingresos, con más cotizaciones sociales, sobre todo de los salarios más altos. También, incluyó incentivos para premiar económicamente el retraso en la edad efectiva de jubilación, como los pluses a la jubilación demorada.

Una “reforma estructural” hacia un sistema mixto

“La solución que plantea Vox requiere una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos”, ha defendido José María Figaredo. “El gasto en pensiones, la deuda, los costes salariales y la dependencia energética constituirán graves condicionantes en el futuro”, añadió.

Así, Vox apuesta por acabar con el actual sistema público por el que la Seguridad Social garantiza unas pensiones públicas al conjunto de pensionistas, pagadas con las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, así como con impuestos, y apuesta por otro modelo de capitalización, en el que lo público garantíza unos mínimos, pero los trabajadores tienen principalmente pensiones individuales según sus aportaciones personales, gestionadas a través de fondos.

En este momento, Alemania ha anunciado medidas en este sentido, ya que pretende aumentar la edad de jubilación a los 70 años y establecer una pensión privada obligatoria. También prohibirá la prejubilación a los 63 años con el 100% de la pensión.

El adelanto al 29 de noviembre de las elecciones generales, decidido ya por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entierra definitivamente las conversaciones abiertas entre los Gobiernos central y vasco para completar el Estatuto de 1979. En particular, ya no será posible una transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, es decir, del pago de las pensiones. También quedarán en un cajón otras materias de menor relevancia como los paradores de turismo o la regulación de las elecciones municipales.

A finales de 2023, un PNV entonces capitaneado por Andoni Ortuzar condicionó el apoyo a la investidura de Sánchez al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, que este mes de octubre cumplirá 47 años. Desde entonces, Euskadi ha recibido un buen número de transferencias, dando continuidad al proceso iniciado en la legislatura anterior con Prisiones, por ejemplo, de cuyo traspaso se han cumplido ahora cinco años. En este tiempo se ha cedido el servicio de Cercanías de Renfe, ahora conocido como Lottu, la gestión de los permisos de trabajo para extranjeros, algunas nuevas funciones para la Ertzaintza, Salvamento Marítimo o la gestión del litoral. Se ha creado también un órgano bilateral en el que las instituciones vascas pueden coparticipar de la gestión de los aeropuertos de Aena, que son infraestructuras estatales.

Pero el compromiso de tener todo cerrado en 2025 no se cumplió. El año ya se cerró con tensiones entre los Gobiernos central y vasco que, finalmente, alcanzaron algunos acuerdos en enero de 2026 y pospusieron otros a Semana Santa. Nuevamente, llegada esa fecha, Sánchez se vio en La Moncloa con el lehendakari, Imanol Pradales, y desbloquearon algunos temas, aunque una vez más dejaron otros pendientes. Se iba a celebrar otra 'cumbre' bilateral en verano, antes de las vacaciones de agosto, pero la falta de avances hizo que se cancelara 'sine die'. Después del parón estival ha habido algunos contactos, pero no han cristalizado.

De todos los temas pendientes es la gestión de la Seguridad Social el más relevante. En puridad, el traspaso ya se ha iniciado con la cesión de algunas submaterias de menor relevancia, como las prestaciones no contributivas o el seguro escolar. La más relevante era la relativa a las prestaciones y subsidios de paro, las denominadas políticas pasivas de empleo gestionadas por el SEPE, el antiguo Inem. Estaba firmada e iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2027, pero recientemente se ha decidido que no hay margen y se ha pospuesto hasta el 1 de julio de 2027. El Gobierno vasco ha asegurado que hay un acuerdo firmado y que un posible cambio político en Madrid no debería afectar.

Sin embargo, el bloque principal relacionado con la Seguridad Social eran las pensiones. Son 12.000 millones de presupuesto y una gran estructura de funcionarios y edificios, posiblemente la mayor que mantiene el Estado en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa junto con las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército. Es una materia nunca antes cedida a una comunidad autónoma y ha suscitado dudas por el carácter unitario del sistema. El Estatuto marca expresamente que el Gobierno vasco sólo sería un cajero, que no podría modificar la legislación o las cuantías, y que se mantendría la solidaridad interterritorial o 'caja única'.

El PNV también deseaba más capacidades en materia portuaria, aunque este debate es muy diferente. Euskadi ya recibió la transferencia de puertos hace cuatro décadas y gestiona todos los que no son de interés general, que son competencia exclusiva del Estado. De hecho, la oposición ha criticado duramente la gestión de la sociedad pública autonómica EKP, en particular de sus adjudicaciones de contratos.

Los de Bilbao y Pasaia, en cambio, siguen siendo parte de Puertos del Estado, pese a lo cual desde hace años las instituciones vascas participan en su gestión, sobre todo con el nombramiento de sus responsables, que han sido habitualmente cargos nacionalistas. El debate arrancó con la intención de que Pasaia fue desclasificado y transferido. El PNV sostenía que era para dotarle de más competitividad. Ahora, ante el 'no' de los socialistas a esa demanda, ha seguido con la petición de más atribuciones en materia portuaria. Sin embargo, tampoco aquí ha habido 'fumata blanca' y es improbable que la haya en los minutos de descuento de la legislatura.

Desde hace meses, en el PNV convivían dos discursos sobre Sánchez. Por un lado, Aitor Esteban pedía claramente un adelanto electoral. Por otro lado, el lehendakari y sus consejeros repetían hasta la saciedad que mientras quedara un Gobierno había que exprimirlo. Este mismo fin de semana lo ha manifestado, por última vez, la consejera Nerea Melgosa en 'Deia'. Ahora, fuentes del Ejecutivo vasco admiten que “no estaba el horno para muchos bollos” en materia estatutaria en los últimos meses y que ahora, habiendo una fecha de elecciones, “todo el mundo está ya a otra cosa”. “Esto nos coloca en una situación de final”, asumen.

Pradales había dicho por dos veces en septiembre que Sánchez podía haber pasado a la historia como el presidente que cumplió íntegramente el Estatuto de 1979. Pero no será así, al menos en esta legislatura. Igualmente, queda en agua de borrajas la “ventana de oportunidad” que veían tanto el PNV como EH Bildu para llevar a las Cortes Generales una reforma estatutaria. Sin embargo, ese proceso estaba en una fase mucho más incipiente porque ni siquiera hay una propuesta clara en Euskadi de qué se quiere hacer. La idea la lanzó el PNV con Iñigo Urkullu en 2012 y se ha ido estirando y estirando con el paso de las legislaturas. En los últimos años, fuera de las instituciones, PNV, EH Bildu y los socialistas han mantenido negociaciones, pero los plazos para presentar el resultado también se han ido incumpliendo. Además, antes de enviar cualquier idea a Madrid era precisa, en Vitoria, la tramitación completa y la aprobación en el Parlamento Vasco, un proceso de meses o años.

L'atur registrat a les oficines dels serveis públics d'ocupació va pujar en 841 persones al setembre a Balears en relació al mes anterior (+3,27%) i ho va fer igualment en 493 persones en relació al novè mes de l'any passat (+1,89%) i se situa en els 26.547 aturats, segons dades publicades aquest divendres pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Al setembre, els sectors amb més aturats són Serveis (18.521 amb 474 més que a l'agost), Construcció (3.463 amb 54 més), mentre que els sectors amb menys desocupats són Agricultura (299 i 16 menys) i Indústria (1.194 i 7 aturats més).

Quant a sexes, dels 26.547 desocupats registrats al setembre, 14.755 són dones i 11.792, homes. L'atur entre els joves menors de 25 anys es va situar en 3.562 persones dels quals 1.938 són homes i 1.624 són dones.

En el novè mes de l'any, l'atur entre els estrangers a Balears es va situar en 6.568 persones després de pujar un 14,48% respecte a l'agost i un 29,52% en comparació amb l'any anterior.

Al setembre es van registrar 36.120 contractes a Balears, un 10,79% més que l'any anterior. De tots ells, 23.340 van ser contractes indefinits i 12.780, contractes temporals.

D'altra banda, Balears ha registrat al setembre 682.486 afiliats a la Seguretat Social, 29.079 més respecte al mateix mes del 2025 i un 4,45% més.

Respecte al mes anterior, l'arxipèlag perd 11.326 afiliats, un -1,63%, segons les dades fetes públiques aquest divendres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

A Balears el règim general de la Seguretat Social compta amb 568.541 cotitzants, dels quals 9.685 estan registrats com a treballadors de la llar i 2.911 com a treballadors agraris.

A més, hi ha 110.291 persones inscrites en el règim d'autònoms i 3.654 en el de treballadors del mar.

En el novè mes de l'any, hi havia a Balears 104 treballadors afectats per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), dels quals 58 són dones i 46 són homes.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 841 personas en septiembre en Balears en relación al mes anterior (+3,27%) y lo hizo igualmente en 493 personas en relación al noveno mes del año pasado (+1,89%) y se sitúa en los 26.547 parados, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En septiembre, los sectores con más parados son Servicios (18.521 con 474 más que en agosto), Construcción (3.463 con 54 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (299 y 16 menos) e Industria (1.194 y 7 parados más).

En cuanto a sexos, de los 26.547 desempleados registrados en septiembre, 14.755 son mujeres y 11.792, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.562 personas de los cuales 1.938 son hombres y 1.624 son mujeres.

En el noveno mes del año, el paro entre los extranjeros en Balears se situó en 6.568 personas tras subir un 14,48% respecto a agosto y un 29,52% en comparación con el año anterior.

En septiembre se registraron 36.120 contratos en Baleares, un 10,79% más que el año anterior. De todos ellos, 23.340 fueron contratos indefinidos y 12.780, contratos temporales.

Por otro lado, Balears ha registrado en septiembre 682.486 afiliados a la Seguridad Social, 29.079 más respecto al mismo mes de 2025 y un 4,45% más.

Respecto al mes anterior, el archipiélago pierde 11.326 afiliados, un -1,63%, según los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Balears el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 568.541 cotizantes, de los cuales 9.685 están registrados como trabajadores del hogar y 2.911 como trabajadores agrarios.

Además, hay 110.291 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.654 en el de trabajadores del mar.

En el noveno mes del año, había en Baleares 104 trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de los cuales 58 son mujeres y 46 son hombres.

Euskadi ha ganado este mes de septiembre 10.336 afiliados, aunque se han sumado 2.389 personas más al desempleo, respecto al mes de agosto. Esta cifra de afiliación supone que el mercado laboral vasco se recupera del parón del verano y la cifra de inscritos a la Seguridad Social se sitúa en 1.041.618, un 1% más, y 23.348 afiliados más respecto a septiembre de 2025, un 2,29%, según los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El desempleo no ha tenido tan buena evolución, ya que se han sumado a las listas de Lanbide 2.389 más respecto al mes de agosto, un 2,24%, lo que supone que en estos momentos la cifra de desempleados asciende a 109.237 parados registrados en el servicio público de empleo, 2.389 más que en agosto, en cierto modo unas cifras impulsadas por la regularización de inmigrantes. También aumenta respecto al mismo mes del año pasado, con 2.268 más que en septiembre de 2025 , un +2,12%.

Los tres territorios han tenido evolución negativa respecto al desempleo, ya que el paro ha subido en los tres territorios, con subidas del 2,84% en Álava, del 2,01% en Bizkaia y del 2,33% en Gipuzkoa. También han experimentado subida en la variación interanual, con ascensos del 0,48% en Álava, del 2,28% en Bizkia y del 2,85% en Gipuzkoa.

El peor comportamiento por sectores lo ha registrado la agricultura y pesca, con un incremento de un 12,91%, los servicios, con un 1,29% de aumento de los parados, y en el colectivo sin empleo anterior, que sigue en aumento con un 7,43% respecto al mes anterior. La industria, el principal motor económico vasco, tiene también saldo negativo, pero muy leve con apenas un 0,02%.

En lo que se refiere a las afiliaciones, Bizkaia suma 5.460 afiliados más que en agosto y 13.124 más que hace un año. La afiliación también crece en Gipuzkoa, con 588 trabajadores más que el mes anterior y 5.013 más que un año antes. Álava incrementa su afiliación en términos mensuales en 4.288 personas y la aumenta respecto a septiembre de 2025 en 5.209.

De esta forma, el territorio vizcaíno alcanza los 524.781 afiliados a la Seguridad Social, Gipuzkoa tiene en septiembre 343.471 cotizantes y Álava contabiliza 173.365.

El Gobierno vasco ha destacado que el aumento en la afiliación este mes es el “mayor aumento interanual en septiembre en 19 años”. En ese sentido, la nueva viceconsejera de Empleo e Inclusión, Sara Buesa, ha indicado que estos datos, unidos al aumento de la contratación, “muestran un mercado laboral vasco con capacidad para generar empleo y oportunidades”. Según han concretado, en septiembre se registraron en Euskadi 87.112 contratos, 32.823 más que en agosto, un 60,5 % más. En comparación con septiembre del año pasado, se firmaron 8.159 contratos más, un incremento del 10,3%. Del total de contratos de septiembre, 23.842 fueron indefinidos, lo que supone un 27,4%.

La regularización extraordinaria de personas migrantes sigue impulsando las cifras de empleo en España, que este septiembre registra un aumento récord de trabajadores afiliados en este mes en la serie histórica. Fueron algo más de 92.300 trabajadores de media respecto a agosto, de los que más de 84.000 son personas extranjeras. Con este empuje, el número de trabajadores extranjeros bate también otro máximo histórico, de más de 3,6 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, un 16% del total. Por su parte el paro aumentó en casi 23.600 personas, un dato más elevado que en los últimos años y que también se explica por la regularización.

El mercado laboral se situó así en una media de 22,4 millones de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, aunque en la serie diaria se ha batido en múltiples jornadas el techo de los 22,5 millones de trabajadores alcanzado en julio, ha destacado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

En términos desestacionalizados, indicador que aísla el mercado laboral de vaivenes estacionales que alteran la evolución del empleo, la afiliación aceleró el pasado mes hasta sumar casi 109.000 trabajadores, frente a los 84.000 del mes anterior.

740.000 empleos de alta más en el último año

El “enorme” aumento de trabajadores afiliados de septiembre, destaca la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha dejado también un importante auge en el ritmo de creación de empleo interanual, que se eleva hasta el 3,4%, un punto más que antes de la regularización.

En número de personas, supone que en el último año se han creado 740.000 empleos de alta en la Seguridad Social, un registro que no se alcanzaba “desde 2005”, subraya la ministra de Trabajo. Antes de este proceso extraordinario, el dato era de unos 524.000 afiliados más. “Generar derechos mejora la economía y es bueno también para las empresas”, ha celebrado Díaz.

En cuanto al paro registrado, las personas desempleadas apuntadas a las oficinas públicas de empleo aumentaron en casi 23.600 en septiembre respecto al mes anterior. Se trata de un dato más elevado que en los últimos años, aunque moderado, no muy superior a los registros de 2022 y 2023, por ejemplo, y que se explica también por la regularización. De hecho, el paro extranjero aumentó en 26.000 personas el pasado mes.

En los últimos meses, el Ministerio de Trabajo ha normalizado el aumento del paro fruto de la regularización como una “transición” normal al mercado laboral formal y con derechos. Además, apuntarse al SEPE es una acción recomendada a los migrantes por parte de los sindicatos y las empresas para favorecer la búsqueda de empleo y para que los empleadores puedan beneficiarse de ayudas a la contratación tras pasar por el SEPE.

En total, el paro registrado se sitúa en 2.379.505 personas, en mínimos desde hace 18 años, en 2008, a los inicios de la crisis financiera. De ellas, el 60% son mujeres: 1,4 millones frente a 951.100 hombres en paro.

En el último año, el paro ha descendido en 42.160 personas (-1,7%), con un mayor descenso entre las mujeres (-2,8%) que entre los hombres (-0,2%), cifra Trabajo.

421.000 afiliados extranjeros más y 56.500, en paro

El Gobierno ha actualizado las cifras globales del impacto de la regularización en el mercado laboral hasta el momento, con un auge de trabajadores de alta a la Seguridad Social muy superior al ascenso del paro. A fecha de 30 de septiembre, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 421.306 personas, informa el Ministerio de la Seguridad Social. Se trata de unas 83.400 más que en agosto.

De ellas, el 60% son hombres y el 40%, mujeres, y la gran mayoría han sido empleadas por terceros como asalariadas en el Régimen General (el 77%), mientras que unos 22.600 trabajadores se han dado de alta como autónomos –sin tener en cuenta el sistema especial de trabajadores agrarios– (un 5,4%). En los últimos meses, también hay un incremento de las trabajadoras dadas de alta en el sistema especial de empleo del hogar, que sumó 7.000 personas afiliadas en septiembre.

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia (118.485), seguido de Venezuela (71.999). “Estos dos países concentran casi la mitad del total a 31 de septiembre”, destaca el departamento de Saiz.

Por otro lado, a finales de septiembre constaban alrededor de 56.500 personas en paro inscritas tras acogerse a la regularización extraordinaria, ha informado el Ministerio de Trabajo, de las que “el 52% llevaban menos de un mes inscritas en el SEPE”.

Tirón de la educación en septiembre y de la construcción en el año

Como ocurre cada septiembre, se recupera mucho empleo en el sector educativo, que recuperan personal tras las vacaciones de verano, mientras se pierden afiliados en actividades como la hostelería y el comercio con el fin de la temporada turística.

Este año, la educación sumó 63.500 afiliados en septiembre, mientras que los sectores de comercio (-40.000) y sobre todo hostelería (-22.000) encabezan las pérdidas de afiliados, aunque se resintieron algo menos que otros años. Ambas actividades, sobre todo la hostelería, son sectores que están empleando a gran parte de los trabajadores extranjeros que marca récords en estos momentos.

Si se amplía la mirada al último año, la regularización ha impulsado mucho el sector de la construcción y lo ha convertido en el que más empleo de alta ha creado en el último año: ha sumado 97.100 afiliados en los últimos doce meses, un aumento del 7%. Muchos de estos trabajadores extranjeros ya estaban empleados en esta actividad, como reconoció la propia patronal, pero en la economía sumergida y mucho más expuestos a la explotación y la falta de derechos.

Por comunidades autónomas, la Seguridad Social destaca el crecimiento generalizado del empleo en todas ellas, por encima del 2% (excepto en Extremadura, que el incremento es algo menor).

El Ingreso Mínimo Vital afronta una nueva mensualidad en octubre con diferencias en las fechas previstas de cobro según la entidad bancaria. Para muchas personas y hogares, conocer con antelación cuándo puede llegar el dinero resulta útil para organizar los gastos habituales y prever el momento en el que la prestación estará disponible.

Además del calendario de pagos, conviene tener en cuenta que no todos los perceptores se encuentran en la misma situación. El acceso al IMV depende de una serie de requisitos económicos y familiares, mientras que quienes acaban de obtener una resolución favorable pueden seguir unos plazos distintos durante su primer ingreso.

La combinación entre las condiciones de acceso, el momento de concesión y la operativa de cada banco hace que el cobro no funcione de manera idéntica para todos los beneficiarios. Por eso, resulta útil distinguir entre quienes ya reciben la ayuda con normalidad y quienes están a la espera de incorporarse por primera vez al calendario mensual.

A quién está dirigido el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social pensada para reforzar los ingresos de personas y hogares que se encuentran por debajo de determinados niveles económicos. No establece una cantidad idéntica para todos los beneficiarios, ya que el importe final depende de la situación de cada unidad de convivencia y de los recursos de los que dispone.

Para reconocer el derecho a esta ayuda se tienen en cuenta distintos factores, entre ellos la renta, el patrimonio, el número de integrantes del hogar y la situación de residencia. Puede solicitarla tanto una persona que viva sola como una familia o unidad de convivencia con varios miembros. Además, con carácter general, se exige haber residido legalmente y de forma continuada en España durante al menos el año anterior, salvo las excepciones previstas.

La cuantía se obtiene comparando los ingresos disponibles con la renta garantizada que corresponda en cada caso. Determinadas circunstancias, como tener hijos menores, las familias monoparentales o la presencia de personas con discapacidad, pueden influir mediante complementos adicionales. El cobro se mantiene mientras sigan reuniéndose las condiciones exigidas, por lo que los cambios económicos, familiares o de residencia que puedan afectar a la prestación deben comunicarse.

Cuándo se cobra el IMV de octubre

El momento en el que la mensualidad del Ingreso Mínimo Vital aparece en la cuenta depende en buena medida de la entidad financiera. Algunos bancos permiten disponer del dinero antes que otros, de modo que el calendario puede repartirse entre varias jornadas aunque todos los pagos correspondan al mismo periodo.

Banco Santander se situaría entre las primeras entidades en efectuar el abono, con ingresos previstos entre el jueves 22 y la noche del viernes 23 de octubre. CaixaBank tendría como referencia el sábado 24, mientras que BBVA mantendría su fecha habitual del día 25, que este mes coincide con domingo. Unicaja seguiría una operativa diferente, ya que por norma general suele realizar el pago durante el último día hábil del mes. En octubre de 2026 esa fecha corresponde al viernes 30, puesto que el día 31 cae en sábado.

En cualquier caso, estas fechas deben entenderse como referencias y pueden sufrir algún ajuste por la gestión interna de cada banco. Además, el movimiento no tiene por qué reflejarse a la misma hora en todas las cuentas, por lo que una demora durante la jornada prevista no implica necesariamente que exista una incidencia con la prestación.

Cómo funciona el primer ingreso del Ingreso Mínimo Vital

El comienzo del cobro del IMV no siempre sigue el mismo calendario que las mensualidades posteriores. En las solicitudes recién aprobadas, el momento en el que se recibe la primera transferencia depende de la fecha de resolución y de si el expediente entra a tiempo en el ciclo de pagos correspondiente.

Cuando la concesión se produce con el mes ya avanzado, el abono inicial puede trasladarse al siguiente periodo. Esto responde al proceso administrativo necesario para incorporar la prestación al sistema de pagos y no implica que el beneficiario pierda las cantidades que le correspondan desde que la ayuda empieza a generar efectos económicos.

Por eso, la fecha en la que se reconoce el derecho y el día en el que el dinero aparece en la cuenta pueden no coincidir. El primer ingreso puede reunir importes acumulados del periodo aprobado, según lo establecido en la resolución recibida.

Una vez efectuado ese abono inicial, la prestación pasa a seguir el calendario mensual habitual siempre que se mantengan los requisitos exigidos. A partir de entonces, el pago podrá ajustarse también a los posibles adelantos que aplique la entidad bancaria donde esté domiciliado.

El Congreso de los Diputados aprobó este martes tomar en consideración una proposición de ley de Podemos para eliminar las penalizaciones en las pensiones de quienes se jubilan anticipadamente con 40 años o más cotizados. No obstante, varios grupos han advertido del riesgo de que la iniciativa se quede finalmente “en un cajón” al tratarse del final de la legislatura.

Con 178 votos a favor, incluido el apoyo del PSOE, 136 abstenciones, donde ha estado el PP, y 33 votos en contra, donde se ha posicionado Vox, la iniciativa ha salido adelante este martes y deberá continuar ahora la tramitación parlamentaria.

La propuesta plantea que los coeficientes reductores que se aplican a las pensiones de quienes se jubilan de forma anticipada no se apliquen a estas personas con largas carreras de cotización.

Estas penalizaciones a día de hoy son inferiores a las del resto de trabajadores (con varios niveles a partir de las carreras de 38 años y 6 meses cotizados), pero la iniciativa de Podemos pretende eliminarlos por completo.

La proposición de ley recoge además que el cambio pueda afectar a quienes ya están jubilados, permitiéndoles solicitar el recálculo de su pensión conforme a las nuevas reglas.

Un primer paso de la ley y el temor de acabar “en un cajón”

“Como es posible que hayas cotizado durante 40 años y veas penalizada tu pensión”, defendió la diputada de Podemos, Ione Belarra, que pidió expresamente a los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Sumar, que este apoyo no termine quedándose en “un cajón”.

Una duda, la de que finalmente no se concrete en un cambio legislativo, que expresaron otros grupos como Junts, que votó a favor de la iniciativa.

“Ha llegado el momento de que los compromisos se conviertan en norma”, pidió en el debate el diputado de Junts Josep María Cervera, que recordó que el PSOE lleva ocho años en el Gobierno sin resolver esta situación (la primera legislatura, con Podemos dentro del Ejecutivo de coalición).

“Hoy votarán que sí y luego echarán balones fuera”, reprochó Cervera, una crítica que han compartido en el PP, que se abstuvo en la votación. “Es bastante factible que salga, pero también es factible que se quede en un cajón”, cuestionó el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua.

El diputado de ERC Jordi Salvador exigió que se avance para acabar con ese “castigo”. “Se aprobará, pero tiene que pasar la tramitación y ser ley”, pidió.

Aunque el PSOE ha rechazado en otra ocasiones esta jubilación anticipada sin ninguna penalización, este martes votó a favor de tramitar la norma. El diputado socialista Alberto Mayoral defendió en la tribuna el apoyo de su grupo a la propuesta y señaló la necesidad de dar “un debate serio sobre esas largas carreras de cotización” y señaló para ello la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, donde se debaten los cambios en materia de pensiones.

Otros grupos como PNV o Sumar sostuvieron la necesidad de introducir cambios en la propuesta de Podemos, como que no haya una frontera “rígida” en los 40 años cotizados, sino que se haga de forma más flexible teniendo en cuenta otros elementos, como que se trate de una jubilación voluntaria o forzosa. Este último factor condiciona a día de hoy las salidas anticipadas, con menores penalizaciones para las jubilaciones involuntarias.

EH Bildu, que expresó su firme apoyo a este cambio, sostuvo que alrededor de 870.000 personas sufren esta injusticia. “Es un castigo para toda la vida”, afirmó el diputado Oskar Matute.

“Lola empezó a trabajar con 14 años en una imprenta 10 horas al día de lunes a sábado se jubilo con 47 años cotizados perdiendo 200 euros al mes porque ya no podía más”, puso como ejemplo Belarra.

El diputado de Vox Juan José Aizcorbe cargó contra la forma de plantear la propuesta que calificó de “ocurrencia” y de “patada hacia delante”.

El pasado mes de junio, el Congreso rechazó, con los votos de PSOE y PP, eliminar estos coeficientes reductores en otra iniciativa de Podemos. En esa ocasión, se planteó a través de una enmienda en una ley que se iba a aprobar, con lo que la medida habría entrado directamente en vigor.

A casi tres meses de final de año, los autónomos siguen sin saber cuánto van a pagar en cuotas a la Seguridad Social en 2027. Tampoco, cuándo llegarán algunas mejoras anunciadas para el colectivo, en prestaciones como el cese de actividad (el paro de los autónomos) o la corrección de la penalización actual en ciertos casos de paternidad, maternidad y bajas médicas. Su reforma se interrumpió el año pasado y sigue paralizada, sin que el Ministerio de la Seguridad Social haya retomado la negociación en la mesa de diálogo con patronales, sindicatos y organizaciones de autónomos.

“La negociación no puede seguir aplazándose”, sostienen en UATAE, organización de autónomos próxima al sindicato CCOO. Como UPTA –el colectivo de trabajadores por cuenta propia vinculado a UGT–, ambas entidades y los sindicatos están reclamando desde hace meses al departamento de Elma Saiz que convoque la mesa de negociación para tratar de retomar el consenso de la reforma de autónomos de 2022.

No solo están en juego las cuotas a la Seguridad Social, advierten los colectivos progresistas, sino también “más protección social de los trabajadores”, apunta Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social en CCOO, en un paquete de medidas con dos bloques y que está parado por el momento.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, respondió a principio de mes que el Ministerio aborda este tema dentro de los trabajos de los Presupuestos Generales del Estado de 2027 y pidió “un poco de paciencia” para retomar la negociación a la vuelta de las vacaciones.

Cuotas según las ganancias y más protección social

La reforma, firmada por el entonces ministro José Luis Escrivá, acordó que los autónomos cotizaran a la Seguridad Social según sus ganancias y no lo que quisieran, una libertad que implicaba que casi un 90% cotizara lo mínimo posible y, en consecuencia, recibiera prestaciones (como permisos por maternidad/paternidad, bajas médicas y pensiones de jubilación) también muy escasas.

La brecha en la pensión de jubilación de asalariados y autónomos se acerca al 40% (1.734 euros al mes frente a 1.062 euros), una diferencia de “672 euros al mes y unos 9.400 euros al año en 14 pagas”, subrayan en UPTA, consecuencia “de décadas de cotizaciones insuficientes”. “No se trata únicamente de cuánto cuesta cotizar hoy, sino también de qué pensión y qué protección tendrá ese autónomo mañana”, advierte la organización presidida por Eduardo Abad.

El pacto social de las entidades de autónomos, patronales y sindicatos con el Gobierno fijó las cotizaciones para tres años, hasta 2025, y emplazó al diálogo social para seguir definiendo la senda de cuotas en los siguientes años, hasta culminarla como tarde el 1 de enero de 2032. El Parlamento las respaldó por amplia mayoría, con el apoyo del PP.

Sin embargo, el año pasado, tras una primera propuesta de la Seguridad Social y un volantazo posterior que no contentó a nadie, la asociación conservadora ATA, dentro de la patronal CEOE, rechazó continuar la reforma. La entidad liderada por Lorenzo Amor la ha dado por terminada a pesar de que a día de hoy sigue habiendo una brecha importante entre lo que los autónomos cotizan y sus ingresos reales. Sobre todo, de quienes más ganan: los autónomos que ganan más de 6.000 euros pueden cotizar como un asalariado con un sueldo de 1.500 euros.

“ATA no va a aceptar ninguna subida de cuotas. Lo que exigimos es que se solucione lo que queda pendiente en protección social, que no se está haciendo nada, ya que desde hace un año no hay mesa de diálogo social de autónomos”, responden en ATA.

UPTA reclama subir las cuotas tres puntos por encima del IPC, con algunas excepciones (como autónomos societarios y familiares colaboradores), mientras que UATAE defienden “aliviar el esfuerzo de quienes menos ingresan y hacer que quienes tienen mayores rendimientos contribuyan de manera acorde con su capacidad económica”.

Y ello, insisten ambas entidades, acompañado de una mejora de la protección social de los autónomos en varios ámbitos, desde facilitar el acceso al cese de actividad, a una mejora de las prestaciones por incapacidad, enfermedad común, accidente de trabajo y enfermedad profesional, entre otras. “Si pedimos un esfuerzo contributivo al colectivo, ese esfuerzo tiene que traducirse en una protección social cada vez más próxima a la que tiene cualquier otra persona trabajadora”, dicen en UATAE, liderada por Mª José Landaburu.

El Ministerio de la Seguridad Social además incorporó en esta misma negociación las mejoras en la regularización anual de las cuotas fruto de problemas que se han ido detectando en el proceso, como la penalización a algunos autónomos de baja y permiso de maternidad y paternidad, que se ha producido en las dos regularizaciones existentes hasta la fecha.

Temor a “las prisas” de final de año y al bloqueo patronal

Tras el parón veraniego de agosto, las organizaciones progresistas de autónomos han intensificado sus llamamientos al Gobierno para que convoque la mesa del diálogo social, a la vista de que cada vez queda menos tiempo antes de que finalice el año y con el temor de que, como el año pasado, “las prisas” vuelvan a jugar una mala pasada y se posponga un año más esta negociación clave. La reforma es además un hito del Plan de Recuperación dentro de la reforma de pensiones pactada con Bruselas.

Aunque el bloqueo patronal parece casi seguro, dado que la CEOE que no está cerrando acuerdos con el Gobierno en prácticamente ninguna materia, si la negociación se presenta sin apenas tiempo, estará condenada al fracaso de partida, lamentan desde los sindicatos.

Más allá del diálogo social, la reforma requiere de una ley, por lo que el Gobierno también tiene que lograr los apoyos parlamentarios para sacarla adelante. Otro punto de enorme complejidad en el panorama actual en el Congreso de los Diputados y en un tema en el que formaciones como Junts y el PP se han mostrado muy beligerantes.

En los sindicatos piden ser didácticos con el bloqueo de la reforma: no solo se estará paralizando una subida de las cuotas que pagan los autónomos, sino también de las prestaciones que se reciben y de la mejora de su paro por cese de actividad y otros avances que la Seguridad Social ha condicionado a sacar adelante todo el paquete de medidas. Hay que recordar el déficit que genera en estos momentos el régimen de autónomos, con cotizaciones que solo cubren la mitad de su gasto en pensiones.

Siendo 2027 año electoral, la reforma además puede quedar a expensas del próximo gobierno, que puede cambiar de signo. “No tiene sentido haber iniciado este camino para dejarlo paralizado a mitad del recorrido. Necesitamos sentarnos cuanto antes, evaluar qué ha funcionado, corregir lo que no y acordar la siguiente fase de las cuotas y de implementación de la protección social”, sostienen en UATAE.

“Volver a congelar las cotizaciones no soluciona el problema, sino que lo traslada directamente a la jubilación y a las futuras prestaciones de los trabajadores autónomos”, advierte por su parte UPTA.

Para muchos trabajadores, la llegada de la edad de jubilación no significa necesariamente el fin de su vida laboral. Sin embargo, la incompatibilidad del cobro de la pensión con seguir al frente de un negocio o realizar trabajos por cuenta propia suscita muchas dudas. “En España, el punto de partida es bastante claro: la pensión de jubilación, en su modalidad ordinaria, es incompatible con el trabajo”, asegura Jaime Carrasco del Olmo, fundador de VIPA Asesores.

A pesar de esta norma general, existen excepciones legales que permiten la convivencia de ambas situaciones. El asesor explica a elDiario.es los casos más comunes y los requisitos necesarios para evitar problemas con la Seguridad Social.

La jubilación activa

“La principal vía para compatibilizar pensión y trabajo es la llamada jubilación activa, que permite continuar con una actividad profesional una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación”, señala Carrasco del Olmo. “No obstante, no es automática ni aplicable a cualquier situación: exige, entre otras cosas, haber generado el derecho al 100% de la pensión”, advierte. Otro de los requisitos para poder acogerse es haber accedido a la jubilación a la edad legal y no de manera anticipada. 

En este régimen, generalmente se cobra el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando.

Autónomos con empleados

Existe una ventaja significativa para los trabajadores por cuenta propia en el régimen de jubilación activa que cuenten con, al menos, un trabajador contratado, destaca el asesor: “Es posible cobrar el 100% de la pensión mientras se mantiene la actividad”. 

“Eso sí, incluso en estos supuestos, se mantiene la obligación de cotizar, aunque de forma limitada”, avisa Carrasco del Olmo. “Este es un detalle que a menudo se pasa por alto y que también puede generar incidencias si no se tiene en cuenta”.

Actividades puntuales

Existe la creencia popular de que, si los ingresos anuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no es necesario darse de alta como autónomo ni declarar la actividad a efectos de la pensión. Pero el asesor aclara que esta idea “no funciona como una regla automática” y que este es “probablemente uno de los escenarios que más confusión genera”.

En el caso de actividades de escasa entidad económica o carácter puntual, el experto afirma que “la compatibilidad no está definida de forma tan clara [como en la jubilación activa] y depende mucho de cómo se interprete la actividad en concreto”.

El riesgo no está solo en cuánto se gana, señala Carrasco del Olmo: “La Seguridad Social no analiza únicamente el nivel de ingresos, sino también la habitualidad de la actividad”. Así, si el organismo detecta una actividad continuada y organizada, puede exigir la devolución de la pensión percibida y el pago de las cuotas de autónomo no ingresadas. 

Cómo evitar las sanciones

“Si hay un patrón común en los casos que acaban en regularización, es la falta de planificación previa”, afirma el asesor. “Muchas veces no hay una intención de incumplir, sino simplemente decisiones tomadas sin conocer bien el encaje legal” añade. La clave para no recibir una notificación de la Seguridad Social exigiendo la devolución de dinero es la previsión.

“Antes de iniciar cualquier actividad tras la jubilación, lo más prudente es analizar el caso concreto: tipo de ingresos, frecuencia de la actividad, estructura… y, a partir de ahí, determinar qué figura es la adecuada”, recomienda Carrasco del Olmo. Lo más sencillo para no equivocarse es consultar con un experto, no fiarse de criterios informales y comunicar correctamente la situación a la administración.

“La compatibilidad entre pensión y trabajo existe, pero no es flexible ni automática: funciona bien cuando se ajusta a las reglas, fuera de ahí es donde empiezan los problemas”, resume el experto.

Guardar las nóminas durante años puede convertirse en una precaución importante de cara a la jubilación. Estos documentos permiten comprobar el salario percibido y las bases por las que se ha cotizado y pueden servir como respaldo si, al revisar el historial laboral, aparecen diferencias respecto a la información registrada por la Seguridad Social. Como medida práctica, se recomienda conservarlas durante al menos 10 años, aunque mantenerlas durante más tiempo puede resultar conveniente teniendo en cuenta los periodos utilizados para calcular la futura pensión.

La razón está en la información que contiene cada recibo salarial. Además del importe que finalmente recibe el trabajador, la nómina desglosa conceptos como el salario bruto y las bases de cotización. Comparar periódicamente esos datos con el informe de bases de cotización permite detectar posibles discrepancias antes de que hayan pasado años y estas puedan terminar repercutiendo en una prestación.

La legislación, sin embargo, no establece que el trabajador tenga que guardar sus nóminas durante un número determinado de años. El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores obliga a que el salario se liquide y pague documentalmente y establece que la empresa debe entregar un recibo individual que justifique ese pago, con las percepciones y deducciones correspondientes. No impone al empleado un periodo concreto durante el que deba conservarlo.

Los plazos legales que sí hay que tener en cuenta

Existen, no obstante, distintos plazos que explican por qué conviene no desprenderse rápidamente de esta documentación. Para reclamar cantidades económicas derivadas de la relación laboral, el artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores establece un plazo de un año, que comienza a contar desde el momento en que la acción puede ejercitarse. Una nómina puede ser relevante, por ejemplo, para acreditar cantidades que el trabajador considere pendientes.

En materia de Seguridad Social, el horizonte es distinto. El artículo 24 de la Ley General de la Seguridad Social determina que prescriben a los cuatro años tanto el derecho de la Administración para determinar deudas por cuotas como la acción para exigir su pago y para imponer sanciones por incumplimientos de las normas de Seguridad Social. El mismo precepto contempla además circunstancias que interrumpen esa prescripción, entre ellas determinadas actuaciones administrativas dirigidas a liquidar o recaudar la deuda.

También existe una obligación específica para las empresas. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera infracción leve no conservar durante cuatro años la documentación que acredita determinadas obligaciones en materia de Seguridad Social, incluidos los documentos de cotización y los recibos justificativos del pago de salarios. Ese plazo empresarial, sin embargo, no debe confundirse con una obligación equivalente para el empleado.

Por qué la jubilación amplía el horizonte

La jubilación explica por qué puede resultar conveniente mantener un archivo personal durante mucho más tiempo. La Ley General de la Seguridad Social contempla una implantación gradual de la nueva fórmula para calcular la base reguladora. Desde el 1 de enero de 2026, se toman las 302 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. Este periodo irá aumentando progresivamente hasta que, desde 2037, se aplique íntegramente la fórmula que selecciona 348 meses consecutivos (29 años) y escoge las 324 bases de mayor importe.

Además, para las jubilaciones causadas después del 31 de diciembre de 2025 y antes del 31 de diciembre de 2040, la entidad gestora aplicará la regulación vigente el 1 de enero de 2023 cuando ese cálculo resulte más favorable que el correspondiente en la fecha de jubilación. Por eso, los 10 años deben entenderse como una recomendación práctica y no como un plazo impuesto al trabajador por la legislación: conservar documentación de periodos anteriores puede proporcionar respaldo si posteriormente se detectan diferencias entre los datos salariales y las bases de cotización registradas.