Los Gobiernos central y vasco han decidido “de común acuerdo” no celebrar finalmente la 'cumbre' bilateral que el presidente, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, tenían prevista para este mes de julio. La falta de avances para seguir logrando acuerdos en materia estatutaria, y eso que se había dejado de lado la espinosa negociación del traspaso de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, ha terminado por hacer innecesaria esta reunión de la comisión bilateral de cooperación. Ahora, el Ejecutivo autonómico habla, sin mayores concreciones, de “después del verano”.

En las últimas semanas, la buena relación que mantenían Sánchez y Pradales se ha enrarecido y, de hecho, ahora han “compartido” que darse un tiempo era la mejor opción. Ya en junio, el lehendakari pidió al presidente del Gobierno concreciones en los compromisos pendientes. A la vez, su partido, el PNV, ha demandado elecciones generales anticipadas en un contexto de investigaciones de corrupción.

El PNV recibió de Sánchez como contraprestación al apoyo de la investidura de 2023 el compromiso de ver completado el Estatuto en 2025. Aunque en este tiempo se han cerrado relevantes acuerdos —desde la gestión de Cercanías o del Sepe hasta los permisos de trabajo o Costas—, a finales del pasado año no se logró cumplir con el calendario. Algunos temas se rubricaron en enero, pero se dejaron otras materias para Semana Santa. En aquella última reunión en La Moncloa fue cuando se habló de “antes de agosto” como nueva referencia, pero ya hace semanas este periódico expuso que, por ejemplo, el acuerdo con las pensiones iba a ser imposible. Tampoco lo ha sido con otras materias relacionadas con la Seguridad Social o en las discusiones sobre el deseo del PNV de disponer de más capacidades en los puertos de “interés general”, los de Pasaia y Bilbao.

“El Gobierno vasco y el Gobierno español han decidido de común acuerdo celebrar tras el período estival la comisión bilateral de cooperación presidida por el lehendakari Pradales y el presidente Sánchez. Ambos Gobiernos se emplazan a seguir trabajando para que la próxima convocatoria del órgano bilateral redunde en una agenda con contenido político que se materialice en nuevos acuerdos”, han expuesto fuentes del equipo de Pradales. Y añaden: “El Gobierno vasco reafirma su voluntad y compromiso de mantener una actitud propositiva y de diálogo con el objetivo de lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y en el desarrollo de una agenda bilateral que redunde en el interés y el bienestar de Euskadi”.

La decisión ha llegado tras una nueva reunión en Madrid de la consejera responsable de las negociaciones, María Ubarretxena. “Se celebrará tras el verano, siempre que se den las condiciones para ello”, ha explicado a los medios de comunicación tras ese encuentro. Ubarretxena ha insistido en que la parte vasca se mantendrá “firme” en los “principios”, aunque también serán “pragmáticos”. “Reafirmamos nuestra voluntad y compromiso de manener una actitud propositiva y de diálogo con el objetivo de lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y el desarrollo de una agenda bilateral que redunde en el interés y en el bienestar de Euskadi”, ha indicado.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha “constatado” en las últimas fechas un “alejamiento” de Pedro Sánchez, con quien ha mantenido una muy cercana relación desde su llegada a Ajuria Enea en 2024. Ahora mismo, las probabilidades de que se celebre antes del parón vacacional la 'cumbre' bilateral que estaba anunciada para seguir cerrando acuerdos de transferencias pendientes del Estatuto de 1979 está completamente en el aire, dice la parte vasca.

“Las posiciones están bastante alejadas”, ha confirmado la consejera-portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, que es también la principal negociadora con el Estado. Políticamente, el PNV también ha empezado a distanciarse del Gobierno de España y formulado críticas a las investigaciones de corrupción e incluso planteado elecciones anticipadas, aunque Pradales estaba en la clave de que, mientras hubiera Gobierno, habría que seguir trabajando con él intensamente.

El PNV arañó a Sánchez el compromiso de completar el Estatuto en 2025 a cambio de su investidura en 2023. Sin embargo, ese plazo se superó sin haber cerrado todas las carpetas. Se dio uno nuevo, Semana Santa, pero Pradales y Sánchez dejaron todavía temas para verano cuando se vieron en marzo. Ahora llega ese 'deadline' e incluso habiendo renunciado la parte vasca a la más importante de las materias pendientes, el traspaso de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social (13.000 millones de euros), en el resto de asuntos no hay tampoco acuerdos.

El pasado viernes, el Gobierno central envió una batería de respuestas a las últimas reclamaciones del Ejecutivo vasco. Y este lunes, en Madrid, la consejera mantuvo una reunión en el Ministerio de Política Territorial. En ambos casos, los avances no han satisfecho a la parte vasca, ha insistido Ubarretxena.

Ha ironizado Ubarretxena, preguntada por otros plazos ya incumplidos, que ella siempre es “la optimista del grupo”, pero ha concedido que esta vez ven “difícil” que en pocos días pueda cambiar de raíz el tono de las conversaciones. “Lo veo complicado. Esta vez es cuando más complicado lo veo”, ha admitido, aunque también ha indicado que la puerta no está cerrada y que seguirán trabajando en los días que faltan.

En junio Pradales ya avisó a Sánchez de que no le regalaría una fotografía de una reunión en La Moncloa si no había contenidos concretos para acordar. Y ahora mismo no los hay. Ahora se mantienen en esa tesis. Por el momento, no hay nada en agenda y los días hasta el parón estival son cada vez menos, incluyendo un festivo en Bizkaia y Gipuzkoa, San Ignacio.

¿Qué se está negociando? Por un lado, más materias de la Seguridad Social, un traspaso ya iniciado hace un año en otra cumbre de Pradales y Sánchez. Ya está cedida la gestión del Sepe, por ejemplo, pero se trabajaba ahora en más prestaciones y en la gestión de las mutuas, por ejemplo. Al parecer, siempre según la parte vasca, el Estado solamente plantea crear “grupos de trabajo” para seguir estudiando el tema y no ir cerrando ya compromisos. Y luego están los puertos de “interés general”, Pasaia y Bilbao, que son gestionados por el Estado pero ya con amplias capacidades por parte de las instituciones vascas. El PNV demandaba más competencias e incluso el traspaso del guipuzcoano, aunque aquí los socialistas siempre habían cerrado la puerta.

El PNV lleva varias semanas, concretamente desde finales de junio, en un tono muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez. Le afea que sea “remolón” -según el calificativo que se ha empleado en ocasiones- en las negociaciones abiertas para cerrar transferencias pendientes del Estatuto de 1979 “antes de agosto”, como acordaron el presidente y el lehendakari, Imanol Pradales, en su última cumbre justo antes de Semana Santa. Este martes, la portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera responsable de las conversaciones, María Ubarretxena, ha insistido en que si no hay “contenido” Pradales no regalará a Sánchez la fotografía de otro encuentro en La Moncloa. Y ha añadido, a preguntas de los periodistas, de que el PSE-EE, socio del PNV en Euskadi, está en la misma línea.

Ubarretxena, en su anterior comparecencia, lamentó que el Estado se hubiese convertido en un “frontón” ante las propuestas lanzadas por la parte vasca para profundizar en los acuerdos sobre Seguridad Social y puertos. Dos matices, en el primer caso Euskadi ya ha renunciado a lograr, por ahora, la gestión de las pensiones (del orden de 13.000 millones anuales) para allanar el resto de acuerdos; y, en el segundo caso, los puertos ya están traspasados desde hace más de cuatro décadas con la excepción de los que son de “interés general”, Bilbao y Pasaia, que son parte de la red del Estado aunque con gran poder de decisión para las instituciones vascas desde hace años. El propio Pradales fue consejero del puerto de Bilbao.

Ahora, la previsión es que “este viernes” el Gobierno central envíe a Vitoria sus propuestas sobre los asuntos que están en negociación. Según Ubarretxena, servirá de termómetro para medir si hay o no agua en la piscina para cerrar posibles acuerdos. Ahora mismo, en todo caso, no hay fecha para la reunión de “antes de agosto” y quedan apenas 17 días.

Eso sí, Ubarretxena insiste en que trabajarán “todos los días” para intentar lograr los acuerdos pertinentes. “A trabajo no nos gana nadie. No tiramos la toalla”, ha manifestado. Preguntada por los periodistas por si los socialistas comparten esta posición crítica con Sánchez, la portavoz, que es del PNV, ha dicho que sí. Ha señalado que la estrategia es “de sobra conocida” por todos los miembros del Consejo de Gobierno, y que está “acordada” por “ambos partidos”. Este mismo martes, el líder socialista, Eneko Andueza, tiene una intervención ante el comité nacional de su partido en la que, previsiblemente, realizará su lectura.

Se da la circunstancia de que estos acuerdos, salidos del acuerdo de Sánchez con el PNV para la investidura de 2023, tenían que haber estado cerrados en 2025. Pero algunos de ellos se han ido retrasando. En caso de que ahora, antes de las vacaciones, se cierren nuevos traspasos, no queda claro qué pasará con los temas aún en el aire, particularmente las pensiones. Es algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma y que levanta suspicacias aunque el Estatuto acota que nunca se pone en riesgo ni la 'caja única' ni la solidaridad interterritorial.

Pradales accedió al cargo en 2024 y, desde entonces, ha mantenido una buena relación con Sánchez, más intensa que la que tenía Iñigo Urkullu. Eso se ha traducido en múltiples encuentros y actos compartidos. Sin embargo, hace unas semanas Pradales ya avisó de que las investigaciones de presunta corrupción en el PSOE empezaban a tener una “pinta horrorosa”. El PNV como partido, por boca de Aitor Esteban, ha pedido también elecciones anticipadas. En privado, la línea de los nacionalistas es clara: la legislatura española solamente tiene sentido si se traduce en avances y medidas concretas.

El próximo 18 de julio, Cifuentes quiere convertirse en uno de los principales focos de ocio y turismo de la provincia de Guadalajara con la celebración de una intensa jornada que unirá deporte, creatividad, música y diversión gracias a dos grandes acontecimientos.

Por un lado la VII edición de Autos Locos Villa de Cifuentes y por otro el concierto del mítico grupo Seguridad Social, con la colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara con motivo de las celebraciones 'Día de la Provincia' y enmarcado en el ciclo 'Conciertos con Encanto'.

La jornada comenzará con una de las citas más esperadas del verano cifontino. Autos Locos Villa de Cifuentes, que alcanza ya su séptima edición, se ha consolidado como un evento de referencia en la comarca por su capacidad para atraer a cientos de participantes y visitantes. Su original formato, basado en el descenso de vehículos artesanales sin motor por la histórica Cuesta del Castillo hasta una espectacular meta flotante en la balsa, convierte la prueba en un espectáculo único donde la imaginación, el ingenio y el humor son tan importantes como la velocidad.

Este año, la temática elegida será 'La Música', por lo que los equipos sorprenderán al público con vehículos y disfraces inspirados en artistas, grupos, estilos musicales e instrumentos, aportando un atractivo visual que cada edición supera al anterior.

El concierto, a partir de las 23 horas

Tras una intensa tarde de emoción y ambiente festivo, la música tomará el relevo con otro de los grandes reclamos del día: el concierto de Seguridad Social, una de las bandas más representativas del rock español y autora de himnos que han acompañado a varias generaciones.

La actuación, prevista a las 23:00 horas en la explanada del Polideportivo, supondrá uno de los platos fuertes de la programación estival del municipio y permitirá disfrutar en directo de un repertorio lleno de canciones ampliamente conocidas por el público.

La celebración continuará de madrugada con una sesión de DJ Bot en la Plaza Mayor, prolongando un ambiente festivo pensado para todos los públicos.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Cifuentes apuesta por “combinar tradición, participación ciudadana y grandes propuestas musicales, reforzando el atractivo turístico de la localidad” con el objetivo de atraer visitantes de toda la provincia y de comunidades limítrofes.

El programa

• 12:00 h. Apertura de inscripciones y exposición de vehículos en la Plaza Mayor.

• 13:00 h. Vermut con la charanga Xplosion.

• 18:00 h. Tardeo con la charanga Xplosion.

• 19:00 h. VII Carrera de Autos Locos Villa de Cifuentes.

• 23:00 h. Concierto de Seguridad Social.

• 02:00 h. DJ Bot en la Plaza Mayor.

El Senado ha enviado este jueves la llamada “pasarela al RETA”, para que miles de mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social y tengan acceso a pensiones públicas, a su votación definitiva en el Congreso de los Diputados. Las enmiendas que la Cámara Alta ha incluido en la ley, que aún las puede tumbar el Parlamento, son fruto de una autoenmienda del PP al texto que salió del Pleno del Congreso. La pasarela ha vuelto a excluir a los ya jubilados (salvo los casos de viudedad), mientras que ha abierto el paso a quienes tienen más de 15 años cotizados y, por tanto, derecho a una pensión.

Con 164 votos a favor, uno en contra y 96 abstenciones, el texto legal ha sido respaldado por la mayoría de la Cámara Alta y sido enviado de nuevo al Congreso de los Diputados, para que este vote acerca de las modificaciones incorporadas. “El momento de la verdad” será la votación en el Parlamento, ha destacado el senador del PP Gerardo Camps, donde se puede volver a modificar la proposición de ley.

El debate en el Senado ha sido bronco, sobre todo entre el PP y el PSOE, tras una negociación de todos los partidos políticos que se ha alargado durante meses y que trata un asunto complicado, con miles de afectados. Según algunos cálculos de asociaciones de mutualistas, unas 100.000 personas.

Los distintos portavoces en el Senado han reconocido que la legislación que va al Parlamento para su examen final no es “perfecta”, ni da una respuesta “integral” a todos los perjudicados, pero han subrayado que es “una solución” para miles de profesionales ante el riesgo de “no hacer nada”, ha destacado la senadora del PNV, Nerea Ahedo.

La recta final de la “pasarela al RETA”

La “pasarela al RETA” es una reclamación constante de los últimos años por parte de colectivos de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros.

La pasarela que se pretende aprobar supone un rescate desde lo público de estos profesionales, con largas carreras profesionales, pero que en muchos casos han cotizado a las mutualidades privadas menos de lo que aportaban los autónomos a la Seguridad Social.

La negociación ha tratado de dar una salida a estos colectivos, que en muchos casos se sienten engañados y abocados a pensiones de indigencia, pero a la vez tratando de dar una salida justa respecto a quienes sí han aportado a lo público y que cuide la sostenibilidad del propio sistema público.

Los senadores y senadoras que han tomado la palabra han celebrado la “solución” que esta pasarela ofrece a miles de profesionales, aunque desde varias formaciones de izquierdas se ha criticado el modelo de las mutualidades privadas que han llevado a esta necesidad de intervención de lo público.

“Permitir la alternatividad fue un error. Hay que reconocer el error. Se ha hablado de hacer justicia, pero poco del origen, de por qué estamos aquí”, ha denunciado la senadora Idurre Bideguren, de EH Bildu. Por su parte, la senadora socialista Rocío Briones ha criticado que el PP haya eliminado “el fin de la alternatividad” que planteaba la proposición inicial del PSOE, por lo que ha acusado a los 'populares' de estar “a favor de las mutualidades, y no de los mutualistas”.

Las claves de la ley que sale del Senado

La proposición de ley que ha respaldado la Cámara Alta crea una pasarela para que estos profesionales puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social, con el objetivo de acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema.

Finalmente, el PP ha modificado en el Senado el acceso a la pasarela respecto a lo pactado en el Congreso por la mayoría de grupos políticos, que dejaba fuera a los pensionistas y a las personas que ya tienen derecho a una pensión (con 15 años cotizados).

Los 'populares' eliminaron estos criterios con una enmienda en el Pleno del Parlamento, pero después han recuperado la exclusión de los llamados “pasivos” –los pensionistas, salvo los casos de viudedad– en la tramitación en la Cámara Alta. No obstante, ha abierto la puerta de la pasarela a los profesionales con 15 años cotizados.

Por otro lado, aunque la enmienda del PP en el Congreso eliminó varios avances acordados por los grupos políticos, en el Senado se han recuperado algunos de ellos. Así, se establece que el Gobierno debe regular la letra pequeña de las condiciones de la pasarela en un reglamento en el plazo de tres meses. En el PP han insistido en que el Gobierno tiene ahora la responsabilidad de “dar una solución” a los mutualistas en este reglamento y ha pedido que “no defraude” al colectivo.

El Senado también ha recuperado la mejora pactada en el Congreso por las fuerzas progresistas para los mutualistas mayores de 52 años llamada popularmente “1x1”, para que puedan computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el reconocimiento de la jubilación, a los efectos del porcentaje de cobro de pensión.

Además, el PP ha ampliado esta regla del 1x1 para los años cotizados en las mutualidades antes de 1995, cuando la adscripción a estas eran obligatorias.

En cuanto al cálculo de los periodos cotizados, queda bastante abierto de cara al reglamento del Gobierno, aunque no tanto como en la enmienda del PP que prosperó en el Congreso, que no daba apenas detalle al respecto y vinculaba la cuestión a la evolución del IPC.

En la Cámara Alta se ha incorporado que se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habrían pagado al régimen de autónomos estos mutualistas, eliminando la referencia a la actualización al IPC, y se ha añadido que se aplicará “un coeficiente de mejora comprendido entre el 0,67 y el 0,87 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por la Seguridad Social contra una sentencia del Juzgado de lo Social de Valladolid que reconoció el derecho de una mujer una pensión de viudedad por violencia de género sin necesidad de condena penal por la acumulación de indicios.

El letrado de la Seguridad Social había interpretado que la mujer solo había presentado el requerimiento la pensión de viudedad por violencia de género “como un intento de incrementar su pensión actual”, que ya cobraba desde 2018, cuando se había jubilado.

El matrimonio se divorció en noviembre de 2003. Durante el proceso de divorcio, ella presentó una denuncia ante la Policía Nacional en la que expresó que su entonces marido destrozó “parte del mobiliario de la vivienda” y mostró una “actitud agresiva y violenta” hacia ella, su madre y su hija. La causa se archivó y no se tuvo en cuenta en la sentencia de separación.

Ella pidió la pensión cuando murió su ex

Una vez había fallecido su exmarido, la mujer pidió que se reconociera su pensión de viudedad, que fue aceptada, aunque sin efectividad económica porque era menor de la que ya percibía. Ella presentó una reclamación y también solicitó la pensión de viudedad derivada de violencia de género, aunque la Seguridad Social no resolvió expresamente ninguna de las dos peticiones. La mujer volvió a recurrirlo y terminó presentando un recurso de suplicación.

El Juzgado de lo Social estableció que no era necesario contar con una condena penal por violencia de género para acceder a la pensión, porque había otros “indicios” que podían considerarse: la solicitud de medidas de protección, la denuncia o las declaraciones de testigos. La jueza concluyó que, aunque no se acreditaron episodios concretos de maltrato, existían suficientes indicios que permitían inferir la existencia de una situación de violencia de género en el momento de la separación.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dibujado la sombra del “fraude” masivo en las bajas laborales en un discurso en el que apuesta por recortar lo que cobran los trabajadores enfermos. “Esto es un cáncer que no podemos pagar”, ha afirmado. Las bajas por enfermedad han aumentado mucho en los últimos años, en España y en la mayoría de países europeos, pero estos discursos invisibilizan las causas de este incremento. Desde el efecto de la pandemia a la saturación de la sanidad pública, más gente mayor trabajando, el estallido de los problemas de salud mental y cierto cambio generacional, entre otros.

Una de los primeros marcos que hay que aclarar es qué son las bajas laborales. Porque Feijóo, al igual que gran parte de las patronales de empresarios y organismos conservadores, las denominan de “absentismo”. El líder del PP llegó a decir esta semana que “la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación” y seguir cobrando “lo mismo”.

Esto es algo que directamente no existe en España. Las bajas laborales las autoriza siempre un médico, que acredita que un trabajador tiene alguna enfermedad o ha sufrido un accidente que le impide trabajar. Por tanto, este lenguaje trata de rodear las bajas de un aura de voluntariedad y de dejadez de funciones y responsabilidad que culpabilizan a los trabajadores enfermos.

Alberto Núñez Feijóo y algunas patronales señalan como foco del problema a la existencia de un “fraude” masivo en España, sin aportar pruebas ni datos que lo sustenten, para lo que defienden más controles o recortes en el dinero que perciben los trabajadores.

Mientras, ignoran los otros muchos factores que sí se está demostrando que están causando el alza de bajas, y que no tienen que ver con la voluntariedad, ni el abuso de los trabajadores.

Las bajas se han duplicado desde 2016

Teniendo en cuenta qué son las bajas, los datos oficiales son contundentes. Las incapacidades por enfermedad común de trabajadores están creciendo de manera continuada y mucho en los últimos años, hasta duplicarse desde 2016, con un salto cualitativo después de la pandemia de coronavirus, como refleja el siguiente gráfico.

En 2016, hubo 4,9 millones de procesos de baja por incapacidad temporal iniciados. Año tras año, el dato fue aumentando hasta los 6,6 millones de bajas en 2019. Y llegó la COVID, que disparó los procesos al pico registrado en 2022, cuando tuvo lugar la explosión de casos por la variante Ómicron.

Tras la pandemia, las bajas descendieron, pero se quedaron por encima del nivel previo al coronavirus. En 2024 y 2025, volvieron a aumentar, hasta los 9,76 millones de bajas médicas el año pasado. El doble que en 2016.

Aumentan las bajas y también los días totales de trabajadores en incapacidad por enfermedad. Pero no así la duración media de los procesos, que se ha ido manteniendo e incluso reduciendo, por el mayor auge de las bajas de escasa duración.

Es cierto que ahora tenemos un mercado laboral mucho más grande, con máximo de empleo de más de 22 millones de trabajadores. Pero, aunque influye en el total de procesos, no es el elemento decisivo que explica este incremento. No obstante, la buena marcha del empleo sí es un factor a tener en cuenta en el aumento de las bajas. Así, en contextos de crecimiento del empleo y, sobre todo, de reducción del paro está constatado que aumentan el nivel de bajas, como explica el Banco de España.

La menor precariedad en los contratos en España, con una caída drástica de los contratos temporales tras la reforma laboral, también influye, ya que la AIReF ha constatado cómo quienes trabajan con este tipo de contrato eventual tienen menos bajas que aquellas personas con una mayor estabilidad en sus puestos (contratos indefinidos y trabajadores públicos).

“Habría que interpretar si cuando hay bonanza económica se cogen más bajas de las debidas o si cuando no la hay se cogen menos de las necesarias. Esto es muy subjetivo, muchas veces nosotros ofrecemos la baja y el paciente la rechaza porque dice que tiene que ir trabajar”, valoraba a este medio el médico Paulino Cubero. En los sindicatos lo tienen claro: la precariedad es un obstáculo para ejercer derechos, por miedo a quedarse sin trabajo.

Al observar al detalle los datos de bajas de la Seguridad Social de los últimos nueve años (hasta 2024), a los que ha tenido acceso elDiario.es vía Ley de Transparencia, se observa un crecimiento muy generalizado, como recogen los gráficos de este artículo. Aunque en algunos grupos especialmente, las bajas aumentan notablemente en todas las edades, sexos, actividades económicas, patologías y regiones del país.

Pero, cuando se amplía la mirada, se observa que no solo es un proceso que atraviese España, sino que también sucede en muchos otros países.

En Europa está afectando prácticamente a todos los estados. España ha escalado al primer puesto de ausencias por enfermedad, un 4,5% de los trabajadores en 2024, según los microdatos de las encuestas de población de activa de cada país en Eurostat que ha analizado un estudio de Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Así, los aumentos no son una particularidad española, como muestra el anterior gráfico, sino una situación compartida por muchos países, con legislaciones, contextos y culturas diferentes, que se ha agudizado especialmente a raíz de la pandemia mundial de COVID.

La pandemia tiene un papel clave en el aumento

La pandemia es precisamente un factor clave en el análisis que la Seguridad Social está haciendo del aumento con sindicatos y patronales, con una magnitud todavía por definir. La COVID supuso un salto en las ausencias por enfermedad que ha dejado el nivel mucho más elevado que antes de la crisis sanitaria.

Si miramos la evolución mes a mes, hemos pasado de entre 400.000 y 500.000 bajas mensuales antes de la pandemia a las 700.000-800.000 actuales.

Por un lado, se analiza si la pandemia ha dejado un deterioro de la salud en ciertas patologías, como la salud mental. La Encuesta Nacional de Salud que publica el INE nos está dando múltiples cifras del deterioro de estas dolencias, como que se ha triplicado la población con depresión en los últimos tres años. Además, España es el país del mundo líder en consumo de ansiolíticos.

Los datos de bajas la Seguridad Social reflejan este deterioro. Las ausencias por salud mental son más del doble que en 2016. Es la tercera patología que más ha aumentado sus incapacidades, según los datos de las bajas en grandes capítulos de CIE10, una clasificación internacional de enfermedades.

Las bajas por salud mental en términos absolutos no suponen tantos procesos (+377.000) sobre los cuatro millones de aumento desde 2016. Pero suelen tener duraciones más prolongadas que otras patologías y suponen un motivo de preocupación por la suma de días de ausencia de los pacientes.

Además, el rastro de la pandemia se aprecia también de manera clara en el salto al alza de las “enfermedades respiratorias” y las “enfermedades infecciosas y parasitarias”, con casi 1,2 millones de bajas más en este periodo.

Aquí se engloban por ejemplo las gripes y otros procesos infecciosos, como los intestinales, sobre los que todas las fuentes consultadas perciben un cambio social tras la COVID. Es decir, antes se iba a trabajar enfermo y con síntomas, pero tras la pandemia muchas personas han dejado de hacerlo.

La sombra de las listas de espera en la sanidad

El rastro de la pandemia también es clave en el auge de las patologías que más aumentan, que han triplicado sus bajas, con casi 800.000 procesos más en 2024 que en 2016: “Los síntomas, signos y resultados anormales de pruebas sin clasificar”.

Los sanitarios contactados por elDiario.es explican que esta categoría es “un cajón de sastre”. En él los médicos de Atención Primaria incluyen a muchos pacientes a la espera de que sus dolencias o patologías tengan nombre, una vez pasen por el especialista en cuestión.

Pedimos una resonancia, pero se la hacen dentro de seis meses. Y el hombre sigue mal porque a lo mejor tiene una hernia de disco no diagnosticada

Amparo Naranjo Álvarez — Médica de Atención Primaria

El problema es que la saturación del sistema sanitario demora las listas de espera y la realización de esas pruebas y sus tratamientos, lo que “está alargando mucho las bajas”, coincidían en entrevistas a este medio los médicos Amparo Naranjo y Paulino Cubero.

“Hay gente que está mucho tiempo de baja porque no le hacen la resonancia o la ecografía que le tienen que hacer, y no están para trabajar. Pedimos una resonancia, pero se la hacen dentro de seis meses. Y el hombre sigue mal porque a lo mejor tiene una hernia de disco no diagnosticada”, ponía como ejemplo Naranjo.

Las bajas de más de 365 días se han duplicado en estos años, destaca en la Seguridad Social. Estos procesos, aunque suponen solo el 2,4% del total, representan el 34% del total de días de baja, recoge el Estudio socioeconómico de la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España de Umivale y el IVIE. Por ello, son muy relevantes en términos de coste económico.

Más aumento de bajas en jóvenes, aunque hay más ancianos

Aunque se señala a menudo a los trabajadores más jóvenes por el mayor aumento de las bajas en este grupo de edad, uno de los factores clave, transversal y de fondo, señala al envejecimiento de la población. No solo hay más gente trabajando, sino que cada vez es más mayor. Debido a una pirámide poblacional con menos jóvenes y al progresivo retraso de la edad de jubilación, los afiliados de más de 50 años han pasado de representar el 29% de los trabajadores en 2016 al 35% en 2024.

¿Se nota esto en las bajas? Sí. Es relevante porque la salud tiende a deteriorarse con la edad, recuerda el Banco de España, y porque los procesos de baja suelen ser de mayor duración y gravedad. En términos absolutos, el grupo de personas de 56 a 65 años es uno de los que más ha incrementado sus bajas por enfermedad y son los que tienen incapacidades más largas, de media 60 días.

Las ausencias por enfermedad de los trabajadores más mayores explica gran parte del incremento de las “jornadas perdidas por absentismo” que denuncian habitualmente mutuas y patronales. Según el informe de Umivale Activa y el Ivie, y que ha analizado todos los procesos de incapacidad temporal 2016 a 2023, “el grupo de trabajadores de 50 años o más explica el 70% del incremento del indicador”.

Por su parte, los jóvenes son el grupo de población en el que más han crecido las bajas por enfermedad común, tanto en términos absolutos como relativos. Eso sí, sus ausencias son las más cortas.

“La gente más joven ahora creo que no aguanta lo que aguantábamos antes. Por una parte, está bien porque en nuestra generación hemos ido todos muy enfermos a trabajar”, explicaba a este medio la doctora Naranjo Álvarez, que por otra parte cree que hay casos donde “se acude a la primera de cambio a por una incapacidad al médico”.

Fuentes de la Seguridad Social destacan un “hecho diferencial” de los jóvenes en los últimos años: la novedad de la estabilidad de sus contratos. Tras la reforma laboral, los trabajadores temporales se han desplomado y, especialmente entre los jóvenes, pasando de más del 55% al 23,5% entre los menores de 30 años.

“Esto también es relevante”, analizan en el ministerio de Elma Saiz, ya que la precariedad impide en muchas ocasiones ejercer ciertos derechos, como faltar al trabajo en caso de enfermedad. “No es lo mismo tener un contrato temporal, que no sabes si te van a renovar, y afrontar una precariedad absoluta a tener un contrato indefinido. La posición es distinta”, subrayan.

Tras las palabras del líder del PP, los sindicatos mayoritarios y el Gobierno han insistido en no estigmatizar ni culpabilizar a las personas enfermas y centrar el debate en las causas concretas del alza de bajas. Por su parte, la patronal insiste en que el Ejecutivo “no hace nada” con este problema y desde su cúpula han celebrado que haya “políticos responsables” como Feijóo para abordarlo.

La ley que crea una pasarela para que miles de mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social y tengan acceso a pensiones públicas en el futuro sigue sumando cambios. Tras la sorpresa en el Pleno del Congreso, que dio luz verde a la pasarela con modificaciones notables debido a una enmienda del PP, la proposición de ley ha recuperado parte de las medidas tumbadas gracias a los propios 'populares' durante su tramitación en el Senado. Una de las más relevantes: la exclusión de los ya pensionistas. La ley se vota este jueves en el Pleno de la Cámara Alta.

La también conocida como “pasarela al RETA” (régimen de autónomos de la Seguridad Social) es una reclamación constante de los últimos años por parte de colectivos de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros.

Se trata de una pasarela para que estos profesionales puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social, con el objetivo de acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía.

Aunque es difícil concretar una cifra de beneficiarios, algunas estimaciones de los colectivos de afectados apuntaban a unos 100.000 mutualistas activos que podrían beneficiarse de la pasarela.

Los pensionistas no, pero sí quienes cotizaran más de 15 años

La luz verde a la ley del Pleno del Congreso, donde prosperó la enmienda 47 del PP, alteró sustancialmente el texto pactado en Comisión por el PSOE (que presentó la proposición de ley) y la mayoría de grupos parlamentarios. En cuanto al acceso a la medida, se eliminó la exclusión de la pasarela de los mutualistas ya pensionistas (excepto viudedad), así como de aquellos profesionales que sumaran al menos 15 años cotizados en la Seguridad Social y que, por tanto, tuvieran ya acceso a una pensión contributiva. Ambos vetos han sido defendidos por el Ministerio de la Seguridad Social en las negociaciones parlamentarias.

Ahora, tras su debate en Comisión en el Senado, el PP ha vuelto a introducir en la ley la exclusión de la pasarela de los mutualistas ya pensionistas, excepto las personas que reciban una pensión de viudedad. No obstante, ha mantenido su criterio de permitir el acceso a los mutualistas en activo que tengan al menos 15 años cotizados, que se estiman en unas 50.000 personas. elDiario.es ha consultado al grupo popular en el Senado por este cambio, pero no ha recibido respuesta.

El ICAM (Colegio de la Abogacía de Madrid) valora como un “retroceso” este veto de nuevo de los pensionistas, y sitúa la votación del Pleno del Senado de este jueves como “decisiva” para que la pasarela sea “realmente operativa y dé respuesta efectiva a los afectados”, indican a este medio desde el organismo.

El texto en Comisión en el Senado “no es definitivo”, recuerdan en el ICAM, ya que hay enmiendas vivas que llegarán al Pleno de la Cámara Alta y que podrían modificar aún la pasarela en muchos puntos (entre ellos el acceso de pensionistas y de personas con 15 años cotizados).

Qué otros cambios ha introducido el Senado

La Comisión del Senado ha recuperado en el dictamen de la ley la mejora pactada en el Congreso para los mutualistas mayores de 52 años llamada popularmente “1x1”, para que pudiera computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el reconocimiento de la jubilación, a los efectos del porcentaje de cobro de pensión.

Además, el PP amplió esta regla del 1x1 para los años cotizados en las mutualidades antes de 1995, cuando la adscripción a estas eran obligatorias.

También se ha vuelto a recuperar el plazo de tres meses para que el Gobierno concrete el reglamento que defina toda la letra pequeña de las condiciones de la pasarela, otro de los avances que decayó en el Pleno del Congreso.

En cuanto al cálculo de los periodos cotizados, se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habrían pagado al régimen de autónomos estos mutualistas, eliminando la referencia a la actualización al IPC, y se ha añadido que se aplicará “un coeficiente de mejora comprendido entre el 0,67 y el 0,87 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas”.

Tras la votación del Senado del jueves, la ley volverá al Congreso de los Diputados, ya para afrontar su examen definitivo. El Parlamento podrá rechazar o respaldar la ley que salga de la Cámara Alta, así como quedarse con todas o solo parte de sus enmiendas, recuerdas desde el ICAM.

El Ejecutivo vasco ha dado ya por descartada la transferencia de la gestión de las pensiones, más de 13.000 millones de euros, de cara a la reunión bilateral que previsiblemente mantendrán antes del parón vacacional el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como adelantó este periódico. En todo caso, en los puntos relacionados con la Seguridad Social que sí están en negociaciones, como las prestaciones familiares contributivas, las incapacidades temporales o la gestión de las mutuas, el Gobierno autonómico siente que tiene en frente un “frontón”.

La consejera María Ubarretxena, que es a la vez portavoz del Gobierno y la responsable de Autogobierno, ha confiado en que en las “semanas” que quedan hasta esa cumbre -que aún no tiene fecha- se puedan cerrar acuerdos, pero ha añadido que las reuniones de la pasada semana en Madrid no fueron como esperaba la parte vasca. “No, no y no”, fue la respuesta que, según ha descrito, le ofrecieron sus interlocutores del Gobierno central.

“Las últimas reuniones no han ido bien. Como dice el lehendakari, nos hemos encontrado con un frontón. Pedimos al Estado que pase a fase de negociación, que no diga a todo que no. Todavía quedan semanas. Estamos acostumbrados a trabajar contra el reloj. No vamos a tirar la toalla. A trabajo no nos va a ganar nadie”, ha señalado a los periodistas Ubarretxena.

El Estatuto de 1979 prevé que Euskadi gestione el régimen económico de la Seguridad Social, lo que incluye el pago de las pensiones, aunque no la regulación de sus cuantías o que se rompa el sistema único de solidaridad interterritorial e intergeneracional. El PNV apoyó en 2023 la última investidura de Pedro Sánchez a cambio de que a finales de 2025 se completaran todas las materias estatutarias pendientes.

Ese plazo se sobrepasó sin tener todos los acuerdos listos y la pelota se fue lanzando hacia adelante, primero a Semana Santa y luego de cara al verano. Nada se sabe de cuál podría ser el plazo razonable para cerrar lo relativo a las pensiones. No obstante, Euskadi empezará a asumir ya a partir del 1 de enero de 2027 algunas de las partes de la Seguridad Social ya acordadas, como las prestaciones de paro o la gestión del seguro escolar, de poca relevancia económica pero mucha desde el punto de vista simbólico porque será la primera vez que las funciones de la Tesorería General son cedidas a una comunidad autónoma.

En paralelo, el Gobierno vasco aspira a lograr otros acuerdos tanto competenciales como políticos o económicos. La parte del PNV del Ejecutivo vasco insiste con la competencia de puertos, aunque ya fue cedida en 1982 con la excepción de las grandes infraestructuras, Bilbao y Pasaia. Lo de que han planteado los nacionalistas es retirar la etiqueta de “interés general” al de Gipuzkoa para que pueda ser de titularidad autonómica. En otros ámbitos, Pradales ha pedido una junta de seguridad (sobre todo para el control de las armas blancas) y acuerdos de tipo económico.

Euskadi ha sumado 2.006 personas más a la Seguridad Social en el mes de junio, con lo que hay 1.044.686 afiliados, que son 15.541 más respecto a junio de 2025, según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es una cifra que el Gobierno vasco ha resaltado, porque supone un nuevo récord. “Se fija un nuevo techo, superando el dato máximo histórico que se produjo el pasado mes de mayo”, ha señalado el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui.

El buen dato de la afiliación no se corresponde con el del paro, ya que en el pasado mes se registraron 479 más, el segundo mayor incremento del conjunto de comunidades autónomas en España por detrás de Murcia. En comparación con junio de 2025, el desempleo también tiene una mala evolución, con 821 personas más inscritas en las oficinas de Lanbide que en el mes de junio de 2025.

Por sectores, el paro ha descendido en junio en la Industria, con 146 personas menos en Euskadi que en mayo, y en la Construcción, con 21 personas menos. Sin embargo, ha subido en Servicios, con 357 más, en Agricultura y Pesca, con 13 parados más y en el colectivo sin empleo anterior, que ha sumado 276 nuevos parados para situar este colectivo en 15.003 desempleados. Por territorios, la evolución fue desigual. Álava registró un descenso del paro, con 157 personas desempleadas menos , mientras que Bizkaia y Gipuzkoa anotaron incrementos de 245 y 391 personas, respectivamente.

Por otra parte, en el conjunto de sectores, el paro en Euskadi ha descendido en junio entre los hombres, con 112 desempleados menos que en mayo, pero ha aumentado en el último año en 136. Entre las mujeres, el paro se ha incrementado en 591 en la comparativa mensual y en 685 en la interanual. El colectivo de personas mayores de 45 años es el que registra un menor crecimiento del paro respecto al mes anterior, al aumentar en 13 personas, si bien ha anotado el mayor incremento interanual, de 884 desempleados. Así, su cifra de desempleados se sitúa en 58.601. Por su lado, los menores de 30 años, con 16.949 parados, han sumado 159 desempleados en relación con el mes mayo y 315 respecto a junio de 2025 y la franja de 30 a 44 años, con 28.662 personas en desempleo, ha aumentado en 307 su número de parados en términos mensuales aunque lo ha reducido en 378 respecto al pasado año.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión ha considerado que los datos de junio muestran un “mercado laboral con señales mixtas: un ligero repunte del desempleo, acompañado de un fuerte dinamismo en la contratación y un gran aumento de la afiliación a la Seguridad Social, junto con indicadores de estabilidad que continúan sosteniendo la evolución del empleo en Euskadi”.

Estos datos de empleo y afiliación se producen en un contexto en el que el Gobierno vasco ha decidido mantener las previsiones de crecimiento para el presente año en el 1,9%, pero eleva una décima el previsto para 2027, hasta el 1,7%. Además, estima un crecimiento del empleo del 1,1% en 2026 y del 0,9% en 2027, lo que permitirá la creación de aproximadamente 20.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, con un descenso de la tasa de paro hasta el 6,2% en 2027, segun adelantó el pasado miércoles el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que destacó que hay “una senda de crecimiento estable”, pese a la “incertidumbre que sigue marcando el contexto internacional, especialmente en el ámbito geopolítico y energético”.

El Gobierno vasco aspira a alcanzar un acuerdo para seguir ganando en capacidades de gestión de la Seguridad Social ya este mismo mes de julio, cuando está previsto que se reúnan el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente, Pedro Sánchez. Sin embargo, todo apunta a que se volverá a posponer el punto más relevante de los pendientes, el traspaso de la capacidad de pago de las pensiones, que en 2025 supusieron un gasto superior a los 13.000 millones de euros, casi tanto como todo el presupuesto autonómico actual.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, la comisionada por Pradales para negociar con el Estado las materias pendientes del Estatuto de 1979, se ha desplazado este miércoles a Madrid para mantener varios encuentros de alto nivel. Oficialmente, no ha querido hacer comentarios sobre los avances de las negociaciones. La intención es que “antes de agosto” Pradales y Sánchez celebren una nueva comisión bilateral para sellar los nuevos acuerdos, pero el lehendakari ya ha avisado de que si no hay agua en la piscina ambas partes pueden ahorrarse las molestias.

El traspaso de la Seguridad Social está contemplado en el Estatuto desde 1979. Se trata de una capacidad de gestión acotada, ya que el Estado retendría la potestad legislativa y no se rompería el principio de 'caja única' y solidaridad interterritorial. Así, Euskadi no podría abonar pensiones más elevadas, por ejemplo, más allá de que ofrezca complementos con cargo a sus propios presupuestos. Es un sistema idéntico al de la tramitación del IMV, una prestación estatal cuyo cajero es el Gobierno vasco.

Ya en 2025 se iniciaron los primeros acuerdos, tales como el traspaso de las políticas pasivas de empleo (las prestaciones y subsidios del SEPE, que cederá sus funciones a Lanbide en enero de 2027) o el pequeño pero simbólico acuerdo sobre los seguros escolares, la primera ocasión en que una comunidad autónoma asume funciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, un adelanto de lo que luego puede ocurrir con las pensiones. Ahora, están más avanzadas las conversaciones sobre el denominado Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) y otros asuntos relativos a las “mutuas colaboradoras, prestaciones por incapacidad temporal o prestaciones familiares contributivas ligadas al nacimiento, los riesgos relaciones y los cuidados familiares”, según ha venido indicando estos días el Ejecutivo.

El PNV apoyó en 2023 la investidura de Sánchez a cambio del compromiso de cerrar todos los temas del Estatuto en 2025. No se cumplió. Sin embargo, el Gobierno de Pradales ha ido aceptando gestos intermedios en enero, en Semana Santa y seguramente ahora también en julio. Las fuentes consultadas dan por hecho de que la pelota se volverá a echar a rodar y que tocará seguir negociando la parte de las pensiones más allá del verano, dada su “complejidad”. La filosofía del Ejecutivo vasco, expresada en términos balompédicos, es que mientras haya un Gobierno en Madrid, sea cual sea su situación y estabilidad, es posible seguir jugando el partido.

De hecho, el PNV siempre ha cuidado de matizar que sus peticiones de elecciones anticipadas por las investigaciones de corrupción que rodean al PSOE y por la inestabilidad política general en España se refieren a 2027 o, al menos, a cuando se constate que no se podrán aprobar los presupuestos de ese año. Eso da más margen a Pradales a seguir arañando los temas pendientes.

El lehendakari, de hecho, quiere también que se concreten compromisos sobre seguridad (sobre el control de armas blancas, por ejemplo) o determinados acuerdos económicos “para que las diputaciones forales cuenten con recursos adicionales para ayudar a personas dependientes, personas mayores, menores o con discapacidad”. Asimismo, el PNV insiste con la competencia portuaria, que ya fue cedida al Gobierno vasco en 1982. Los nacionalistas desean el traspaso del puerto de Pasaia, una infraestructura de “interés general” y, por lo tanto, del Estado. También quieren ganar en capacidad de gestión en Bilbao. No obstante, desde hace años las instituciones vascas ya participan en la designación de los responsables de los puertos del Estado.

La bilateral de Sánchez y Pradales, de poderse hacer, será muy a finales de mes, según el Gobierno vasco. El equipo de Ubarretxena piensa aprovechar esas semanas para seguir yendo a Madrid a verse con secretarios de Estado, directores generales y, si fuere preciso, también con ministros.

Los casi diez millones de pensionistas en España tienen muy presente la primera semana de julio. No es para menos, está previsto que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) abone la paga extraordinaria de verano de 2026 entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio. Otros beneficiarios también tienen subrayado en su calendario la última semana de junio, en previsión de recibir antes el dinero gracias al adelanto habitual de las entidades bancarias. Se trata de un año especial, en el que la paga extraordinaria vendrá con subida incluida. Muchos jubilados recibirán una cuantía superior en la paga extraordinaria. El motivo reside en que las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7%, tal y como establece el Real Decreto 39/2026.

De acuerdo con el artículo 46 de Ley General de la Seguridad Social, el sistema de pensiones contempla 14 pagas anuales, doce correspondientes a cada mes del año y dos extraordinarias. De acuerdo con la norma, “estas últimas se devengarán en los meses de junio y noviembre”. No se trata de un complemento adicional al importe mensual, sino parte de una fracción del cálculo total de la pensión. Del mismo modo, el importe a recibir por los pensionistas es equivalente al recibido mes a mes. La peculiaridad de la paga extraordinaria reside en que se abona a mes vencido, por lo que los bancos deberán haber recibido la transferencia por parte de la Seguridad Social a principios de julio. En definitiva, queda poco más de un mes para que los pensionistas reciban su paga extra.

Los pensionistas que hayan comenzado a percibir la pensión después del periodo de devengo —que abarca desde el 1 de diciembre al 31 de mayo— no recibirán la totalidad de la paga extra de verano. En su lugar, recibirán el importe proporcional a lo cotizado. Si, por ejemplo, un usuario es pensionista desde el 31 de mayo, cobrará la mitad de la paga extra, puesto que solo habrá generado tres de los seis meses del periodo. En ese mismo escenario, un pensionista que percibe 1.600 euros recibirá solo 800 euros de paga extraordinaria de verano.

Por su parte, aquellos que empezaron a recibir la pensión después del 31 de mayo de 2026 tendrán que esperar al próximo año para cobrar la paga extraordinaria. Lo mismo ocurrirá con los que la hayan tenido suspendida durante el periodo de devengo en su totalidad.

Por otro lado, existen pensiones en las que, en lugar de contar con paga extraordinaria, el importe está prorrateado. Es el caso de aquellas prestaciones por incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional.

Cuándo se cobra la paga extra en cada entidad bancaria

No todos los bancos efectúan el ingreso de la paga extra el mismo día. Muchas entidades financieras adelantan el ingreso, por lo que el día de cobro depende de dónde tengan los pensionistas domiciliada su pensión. En general, los bancos que anticipan el ingreso lo suelen hacer entre los días 22 y 25 de junio:

Si antes del 3 de julio el pensionista no ha recibido la paga extraordinaria de verano, lo recomendable es que contacte con su banco y consulte si existe una orden de pago pendiente. En caso contrario y si no consta a la entidad financiera el abono, deberá presentar una reclamación ante la Seguridad Social mediante uno de estos dos cauces:

La asociación ASFACUME, de familias con hijos con enfermedades graves que perciben la CUME, denuncian que la reforma propuesta por el Ministerio de la Seguridad Social de la ayuda, que amplía las enfermedades y el periodo de percepción inicial y de las prórrogas, es un “recorte encubierto”. “Quitaría la prestación a miles de familias que hoy la tenemos”, denuncia su vicepresidenta, Ainhoa Urones.

La conocida popularmente como CUME es una prestación económica de la Seguridad Social destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo (mínimo un 50%) para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

El departamento de la ministra Elma Saiz subió este lunes a Audiencia Pública el texto del real decreto para reformar la ayuda, que cita expresamente a las familias como uno de los impulsos para clarificar los requisitos para acceder y renovar la prestación.

Así, por ejemplo, se incorpora de forma expresa el derecho a la ayuda en determinadas situaciones asistenciales equivalentes o “asimilables” a un ingreso hospitalario de larga duración, sin exigir este obligatoriamente.

Denuncian que se ciñe la ayuda a cuidados “clínicos”

Sin embargo, en ASFACUME advierten de que en la redacción de estos supuestos se ciñe el derecho a la prestación a los “cuidados clínicos”, sostiene Urones, algo que ahora no se exige, aunque sí la necesidad de un cuidado “directo, continuo y permanente”.

“Hay muchas familias con la prestación cuyos hijos necesitan cuidados continuos, pero que no son clínicos. Esto les dejaría fuera”, denuncia la afectada, que considera que con este texto percibirían la ayuda solo las familias en situaciones muy críticas y en cuidados paliativos.

Urones sitúa como un “engaño” la ampliación del listado de enfermadades, que incluye el autismo (TEA), pero que considera que en muchos casos no podrían acceder a la ayuda al no requerir de los cuidados clínicos que se exigen.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social insisten en que “el objetivo del nuevo reglamento es dar seguridad ante situaciones que antes no se recogían”. “Se trata de proteger más casuísticas. En todo caso, el texto ha iniciado su tramitación y ahora se encuentra en audiencia pública, por lo que se pueden realizar aportaciones para su consideración”, añaden en el departamento de Elma Saiz.

“Nos vamos a movilizar, esto hay que pararlo”

La portavoz de ASFACUME lamenta que la reforma obligaría a que las prórrogas de la CUME las autorice un médico especialista, en lugar del médico de Atención Primaria como sucede en la actualidad, lo que consideran que obstaculiza los trámites. “Los pediatras y médicos de familia son los que tratan y conocen a nuestros hijos”, dice Ainhoa Urones, que recuerda la saturación y la dificultad de conseguir citas en las especialidades.

Además, se incluye un nuevo requisito a las familias, pasar por la Inspección Médica del servicio público de salud cada dos años. “No es que tengamos miedo a ningún control. Las familias estamos hartas de que valoren a nuestros hijos, para la prestación, para la discapacidad... La cuestión es qué detrás de todo esto, para qué quieres que pasemos una inspección médica”, sostiene Urones.

Esta asociación de familias denuncia también las declaraciones médicas para dar derecho a la ayuda “son un calco de las de la Mutua Umivale”, la más señalada por ASFACUME por sus criterios restrictivos.

“Estamos muy enfadadas, nos sentimos engañadas”, afirma la portavoz de ASFACUME, que asegura que su asociación va a iniciar movilizaciones y contactos con otras asociaciones de familias para que se modifique el texto legal. “Esto hay que pararlo”, reclama Urones.

El Ministerio de la Seguridad Social ha iniciado los trámites para reformar la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), con varias medidas para concretar su percepción y clarificar los requisitos para su reconocimiento. La reforma llega tras las persistentes denuncias de colectivos de familias de menores enfermos, como ASFACUME, que critican las negativas injustificadas y diferencias de trato en varias mutuas.

La conocida popularmente como CUME es una prestación económica de la Seguridad Social destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo (mínimo un 50%) para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

El departamento dirigido por Elma Saiz ha subido este martes a Audiencia Pública un texto del Real Decreto para reformar la regulación de la prestación CUME, que derogará el anterior, de 2011. La fecha límite para la presentación de aportaciones es el próximo 25 de junio. Al tratarse de un real decreto, el Gobierno tiene la facultad de aprobar estas medidas en solitario, sin pasar por el Parlamento.

El Gobierno justifica la nueva norma por las propias peticiones de las familias y el Defensor del Pueblo, así como por “la experiencia acumulada en la gestión de la prestación”, que “ha evidenciado determinadas cuestiones interpretativas y operativas que requieren una nueva reforma reglamentaria”.

Sin embargo, la asociación ASFACUME es muy crítica con el actual texto, que considera que puede limitar más aún la percepción de la ayuda, y reclama cambios para que no salga así adelante, indican en desde esta organización de familias a elDiario.es.

Nuevas enfermedades como el autismo

Entre las novedades que modifican el acceso a esta ayuda el real decreto actualiza el listado de enfermedades graves que permiten el acceso a la prestación, incorporando nuevas patologías. En concreto, se incluyen el trastorno del espectro autista –ya reconocido en tribunales– y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu.

Además, se prevé la posibilidad de actualizar dicho listado mediante norma reglamentaria “cuando así lo aconsejen los avances científicos o médicos”.

Más meses de reconocimiento inicial y prórrogas

También se reconoce la prestación CUME durante más meses en el reconocimiento inicial y en las prórrogas posibles, “con el fin de responder a las demandas formuladas por las familias y asociaciones representativas”, apunta el decreto, “configurando un sistema más flexible y ajustado a la realidad clínica de las enfermedades graves”.

En la actualidad el subsidio se reconoce “por un periodo de un mes, prorrogable inicialmente por un periodo de dos meses y sucesivos de cuatro meses”. El decreto que pretende aprobar la Seguridad Social recoge que el subsidio se reconocerá “por un periodo de cuatro meses, prorrogable inicialmente por un periodo de seis meses y sucesivos de ocho meses”.

Situaciones asimilables al ingreso hospitalario

Se incorpora también de forma expresa el derecho a la ayuda en determinadas situaciones asistenciales equivalentes o “asimilables” a un ingreso hospitalario de larga duración, sin exigir este obligatoriamente. “Incluyendo supuestos de hospitalización domiciliaria y tratamientos ambulatorios complejos que, aun sin requerir hospitalización convencional, implican la necesidad de un cuidado directo, continuo y permanente por parte de las personas progenitoras, guardadoras o acogedoras”, recoge el texto.

“Esta actualización permite reforzar la seguridad jurídica y garantizar una aplicación homogénea de la prestación en todo el territorio”, indica el Gobierno.

Posibilidad de cobro simultáneo por los dos progenitores

Además, la Seguridad Social incorpora la posibilidad de percibir de forma simultánea la prestación CUME por parte de los dos progenitores en determinados casos, ahora no disponibles.

Se establece el acceso a la ayuda a los dos progenitores cuando “exista más de una persona afectada por una enfermedad grave que requiera un cuidado directo, continuo y permanente”, siempre que cada una de ellos cumpla los requisitos exigidos y la reducción de jornada se refiera al cuidado de personas distintas.

La nueva “cuota de la solidaridad” de los salarios más altos a las pensiones públicas, implementada en 2025, supondrá un ingreso a la Seguridad Social de “567 millones” de euros este año, “un 42% más” que el año pasado, ha cifrado este lunes la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en su comparencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.

Saiz ha comparecido en el Parlamento esta tarde a petición propia, para dar cuenta del cumplimiento de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas en 2020, así como del informe del Ministerio de la Seguridad Social sobre su nuevo simulador del gasto en pensiones, INTegraSS, que prevé menos peso del gasto que Bruselas y la AIReF.

Las últimas reformas de pensiones recuperaron la subida anual de las pensiones según el IPC, lo que incrementó el gasto previsto para los próximos años, pero también recogió una panoplia de medidas para aumentar los ingresos del sistema público. Especialmente, de los salarios más altos (a través de un incremento de la base máxima de cotización y de una nueva “cuota de solidaridad” para las remuneraciones más elevadas, por encima de esta).

Un gran aumento por más empleo de alto valor añadido

Elma Saiz ha detallado en el Pacto de Toledo lo que supone a las arcas públicas de las pensiones esta última medida, la “cuota de solidaridad” aplicada en los salarios por encima de los 5.100 euros al mes en 2026.

La previsión de la Seguridad Social es que alcance los 567 millones de euros este año, lo que supone un importante aumento (del 42%) respecto al año pasado, el primero en el que se aplicó esta medida.

Fuentes de la Seguridad Social explican que este gran incremento se debe a varios factores. Por un lado, al progresivo aumento en el porcentaje de cuota de solidaridad que se aplica año tras año. Por otro, también al aumento del empleo de alto valor añadido, y de mayores salarios, en los últimos años. Por último, también influye el crecimiento de estos salarios más elevados, indican en el departamento de Saiz.

En 2026, las cuotas de solidaridad en las pensiones son: del 1,15% a la parte del sueldo entre los 5.101 euros y 5.611 euros euros mensuales; del 1,25% a la parte del sueldo entre 5.611 euros y 7.653 euros al mes, y del 1,46% a la parte del sueldo que supere los 7.652 euros al mes.

Estos tres tramos avanzarán poco a poco hasta una cuota de solidaridad del 5,5%, 6% y 7% en 2045.

Los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y CIG iniciarán este miércoles, 17 de junio, un calendario de movilizaciones en la Seguridad Social con concentraciones de protesta, que tendrán lugar de 11.00 a 11.30 horas en las sedes de las direcciones provinciales y servicios centrales del organismo público de 15 ciudades, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ubicado en la calle Calvo Sotelo de la capital cántabra.

Según han precisado los cuatro sindicatos en un comunicado, este calendario de movilizaciones responde al “insistente incumplimiento” de los acuerdos suscritos en 2018 y 2023 para modernizar y mejorar el servicio público de la Seguridad Social, a lo que se une la falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado (AGE).

UGT, CSIF, CCOO y CIG han denunciado “la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social”, entre las que citan “la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas y la movilidad del personal”.

Además, los sindicatos han criticado que está pendiente todavía “el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación y medidas relativas a la prevención de riesgos laborales, la promoción profesional y la negociación de las condiciones de trabajo”.

“A ello se suma la reciente falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado”, han agregado las organizaciones, que han reprochado a la Administración que “en lugar de aplicar los acuerdos y normas vigentes, está impulsando medidas que generan incertidumbre y ponen en cuestión derechos laborales ya consolidados”.

Los sindicatos de la AGE han indicado en su comunicado que “la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos”.

“El incumplimiento de estos compromisos no solo afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social, sino también a la calidad del servicio que reciben millones de ciudadanos”, han recalcado UGT, CSIF, CCOO y CIG, que han advertdio que este calendario de movilizaciones continuará “hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado del Bienestar”.

Los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y CIG ha convocado una serie de movilizaciones en la Seguridad Social, que arrancarán el próximo 17 de junio con concentraciones en toda España, ante el “incumplimiento” de los acuerdos firmados con el Gobierno que está llevando a un “progresivo deterioro” de las condiciones laborales.

Según han informado, las organizaciones sindicales denuncian la ausencia de “avances reales” en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social, entre ellas la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, el desarrollo del trabajo a distancia, la promoción profesional o la negociación de las condiciones de trabajo.

“La falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos”, denuncian en la nota.

Las concentraciones de este próximo miércoles serán en las direcciones provinciales y servicios centrales del INSS en las provincias de Madrid, A Coruña, Valencia, La Rioja, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Bilbao, Girona, Albacete, Oviedo, Santander, Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Las organizaciones sindicales mantendrán las movilizaciones hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el estado del bienestar”.

“Los acuerdos firmados deben cumplirse”, subrayan.

Sorpresa en la luz verde de este jueves del Congreso de los Diputados a una ley que crea una pasarela para que miles de mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social y tengan acceso a pensiones públicas en el futuro. El Pleno del Parlamento ha aprobado el proyecto de ley, que ahora pasa al Senado, pero con una enmienda del PP que cambia notablemente la pasarela que recogía la iniciativa del PSOE. La novedad más destacada es que ya no excluye a los ya pensionistas, ni a las personas con el mínimo cotizado de 15 años, como exigía el Gobierno, y que elimina varios detalles pactados en comisión parlamentaria y deja su definición a expensas de un reglamento.

Con estos cambios, se abre mucho más el acceso a la pasarela de mutualistas al RETA (el régimen de autónomos de la Seguridad Social) respecto a lo que se preveía, aunque es difícil concretar una cifra de beneficiarios. Algunas estimaciones de los colectivos apuntaban a unos 100.000 mutualistas activos que podrían beneficiarse de la pasarela, a los que habría que sumar ahora unos 50.000 profesionales con el mínimo cotizado –según cifró el Gobierno– y a quienes ya se hayan jubilado.

Por otro lado, ahora hay más indefinición sobre las condiciones de la propia pasarela, ya que han decaído varias condiciones pactadas por los grupos parlamentarios, y habrá que esperar a que el Gobierno las regule en un reglamento.

No obstante, la legislación aún no se ha aprobado de manera definitiva. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde podrá seguir incorporando cambios y, en ese caso, volver a una segunda vuelta al Congreso de los Diputados.

Qué es la pasarela de mutualistas a la Seguridad Social

La ley en cuestión –proposición del PSOE en el Parlamento, en lugar de ser tramitada por el Gobierno– contiene una reclamación constante de los últimos años por parte de colectivos de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros.

Se trata de una pasarela para que puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate de la norma ha sido muy complejo, porque surge de una situación casi de rescate público de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados, que se sienten engañados–, los trabajadores han reclamado una vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas.

Qué pasarela ha salido adelante en el Congreso

Tras el 'sí' a la enmienda 47 del PP, que ha salido adelante este jueves con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de Junts y BNG, la pasarela que recoge la ley cambia sustancialmente.

Estaba planteada para los mutualistas en activo, excluidos los “pasivos” (las personas ya jubiladas), así como aquellas que tuvieran el mínimo cotizado a la Seguridad Social. Estas dos exclusiones, que no contentaban a la gran mayoría de grupos parlamentarios, se eliminan en el texto planteado por el PP que ha salido adelante.

Por otro lado, el texto del PSOE recogía más detalle sobre la concreción de esta pasarela, pactados por la mayoría durante la comisión parlamentaria, que ahora se elimina. Por ejemplo, el coeficiente del 0,77 para el cálculo de los años cotizados en la Seguridad Social según el dinero acumulado en las mutualidades de cada profesional.

En la enmienda del PP, el detalle queda a expensas de desarrollo reglamentario: “Para el cálculo de los citados períodos se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia Autónomos, actualizada al lPC y aplicando a dicha base un coeficiente que se modulará en función de los años en alta en la mutualidad alternativa, tomando como referencia los parámetros que reglamentariamente se determinen”.

También cae la mejora expresa pactada en Comisión para los mayores de 52 años llamada popularmente “1x1”, para que pudiera computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el reconocimiento de la jubilación, a los efectos del porcentaje de cobro de pensión. Esta mejora, de las más destacadas por las fuerzas progresistas del debate parlamentario, no figura en la enmienda del PP.

Los 'populares' incluyen otra novedad importante: reconocen el derecho a que “todo el tiempo en el que estuvieron obligatoriamente integrados en una mutualidad de previsión social sustitutiva hasta que pasó a ser alternativa, se considere como tiempo de afiliación y alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a efectos del cómputo del periodo de carencia” que se exige para acceder a la jubilación de la Seguridad Social.

En el grupo socialista sostienen que este escenario “obliga a seguir trabajando en el Senado para recuperar” las condiciones mínimas pactadas “y garantizar que la ley llegue a su aprobación definitiva con la máxima claridad y protección posible”.

La Seguridad Social trabajará por una pasarela “equilibrada”

Fuentes de la Seguridad Social destacan que, durante la tramitación parlamentaria, en las fases de ponencia y comisión en el Congreso, “se habían introducido diferentes enmiendas que concretaban y mejoraban los derechos de los mutualistas que transfierieran sus fondos de la mutualidad al RETA”. “De manera inesperada, hoy se ha dado algún paso en la dirección contraria a lo trabajado”, lamentan.

La concreción de la pasarela queda a expensas de un desarrollo reglamentario y ya sin el plazo de tres meses que también habían pactado las fuerzas progresistas en la Comisión. De manera que, si prospera así la ley en el Senado y en el Congreso en segunda vuelta, todo indica que la pasarela tardaría más en concretarse y en llevarse a la práctica.

“Desde el Gobierno se seguirá trabajando en que el texto finalmente aprobado sea equilibrado, con la necesaria seguridad jurídica y que respete los principios del Sistema de solidaridad, equidad y contributividad”, añaden en el Ministerio de Elma Saiz.

Navarra alcanzó en mayo un nuevo récord de empleo, con un total de 322.358 trabajadores, según las cifras de afiliación media a la Seguridad Social publicadas este martes. Son 3.576 personas más afiliadas que en abril y 6.222 más que en el mes de mayo del año pasado. “Se refuerza la senda de la creación de empleo y lo hace de manera significativa”, destacan desde el Ejecutivo foral.

Por otro lado, la comunidad foral ha registrado el paro más bajo en un mes de mayo desde el año 2008 con una caída de 618 desempleados en el último mes. El número total de parados registrado en las agencias del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) se ha situado al finalizar mayo en 28.285 personas, 674 menos que en el mismo mes del año pasado. 

En cuanto a las características del desempleo, el Gobierno de Navarra ha destacado varios aspectos. Por una parte, ha apuntado que la distribución según sexo “sigue siendo desequilibrada”. “En mayo seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 61,6%, 17.434) frente al 38,4% de hombres (10.851). La buena noticia, sin embargo, es que, en un mes se ha producido un descenso de un 2% de mujeres desempleadas 348 menos, frente a los 270 parados menos”, ha afirmado.

En términos anuales, ha añadido, la variación del desempleo ha resultado “más positiva” para las mujeres. Así, mientras que el número de paradas se reduce en un año un 2,8% (497 desempleadas menos) el de desempleados lo hace un 1,6% (177 parados menos).

También ha destacado que tres de cada diez personas desempleadas en Navarra (el 31,5%) son mayores de 54 años, se trata de 8.900 personas. En cuanto a los jóvenes en paro de menos de 35 años, representan el 26,1% del total (7.389). “Estos datos han mejorado levemente respecto del mes pasado”, ha expuesto.

Por su parte, la población parada extranjera representa el 22,9% (6.476 personas). En este caso, el número de personas desempleadas extranjeras ha descendido en términos anuales un 3,5% (234 menos), mientras que el número de personas desempleadas con nacionalidad española ha descendido en un año un 2%, (440 personas menos).

Respecto al desempleo de larga duración, actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 42,5%, es decir, 12.033 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación continuada de desempleo más de un año). Se ha dado un descenso anual del 2,5% (304 personas paradas menos de larga duración), ha añadido.

Por otra parte, ha expuesto el Gobierno, la evolución anual del paro registrado por agencias de empleo ha sido la siguiente. El mayor descenso se ha producido en la oficina de empleo de Alsasua, con 90 personas menos que en mayo de 2025, lo que supone un descenso del 11,5%. Le sigue la agencia de Lodosa, con un descenso de 116 parados menos, un 9,5%. Entre las que aumentan su cifra de desempleo, podemos destacar a Santesteban, con un aumento del 6,3% y a Estella-Lizarra, con un 0,2% de aumento.

En la variación intermensual, ha resaltado la caída del 3,7% de desempleo en la oficina de Lodosa, lo que supone que hay 42 parados menos que hace un mes. Es de destacar, también, los 391 parados menos de la oficina de Pamplona, lo que supone una caída del 2,2%.

Euskadi ha registrado el pasado mes de mayo 103.733 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 72 menos que en abril (-0,07%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno vasco. En comparación con el mes de mayo de 2025, la cifra de desempleados en Euskadi se ha reducido en 926 personas, lo que supone un 0,88% menos. Euskadi ha registrado el pasado mes de mayo 1.042.680 afiliados a la Seguridad Social, 6.813 más que el mes anterior (+0,66%).

En relación al mes anterior, en Álava, se contabilizan en mayo 170 parados menos (-0,96%), mientras que en Bizkaia hay 50 desempleados más (+0,09%) y Gipuzkoa registra 48 desempleados más (-3,52%). La evolución interanual, por su parte, deja descensos en los tres territorios. En Álava se registran 607 parados menos (-3,34%), en Bizkaia hay 34 desempleados menos (-0,06%) y en Gipuzkoa se contabilizan 285 parados menos (-1,03%). De este modo, el territorio alavés ha cerrado mayo con 17.561 personas en desempleo, el vizcaíno con 58.709 parados y el guipuzcoano con 27.463 desempleados, según recoge Europa Press.

De las 103.733 personas en paro en Euskadi en mayo, 60.190 son mujeres, 256 menos que en abril y 232 menos que un año antes, y 45.543 son hombres, 184 más que el mes anterior y 694 menos que en mayo de 2025. Por franjas de edad, el colectivo de mayores de 45 años concentra a 58.588 de los parados, 146 menos que en abril y 427 más que el año pasado. Un total de 28.355 desempleados tiene entre 30 y 44 años, 84 menos en términos mensuales y 852 menos en la variación interanual. Entre los menores de 30 años, hay 16.790 desempleados, 158 más que en abril y 501 menos que un año antes.

Del total de cotizantes en Euskadi, 525.051 corresponden a Bizkaia, territorio en el que la afiliación se ha incrementado en 3.215 personas respecto al mes anterior (+0,62%) y ha aumentado en 6.974 en comparación con mayo de 2025 (+1,35%). Gipuzkoa, con 344.396 cotizantes, ha registrado una subida mensual de 1.507 personas afiliadas a la Seguridad Social (+0,44%) y un crecimiento interanual de 2.756 afiliados (+0,81%). Finalmente, Álava, con 173.233 trabajadores afiliados, ha experimentado en mayo un incremento mensual de 2.091 afiliados (+1,22%) y respecto a hace un año ha aumentado en 3.800 cotizantes (+2,24%).

En el conjunto de Euskadi, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 871.932 cotizantes, de los cuales 27.747 están registrados como trabajadores del hogar y 2.769 como trabajadores agrarios. Además, hay 166.830 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.918 en el de trabajadores del mar. Por otro lado, al cierre del mes de mayo había en Euskadi 565 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 66 menos que al concluir abril. De ellos, 384 son hombres y 181 mujeres.