El único pacto de Estado que sobrevive a las legislaturas y a la creciente hostilidad y polarización política sigue de celebración. Los 30 años de los Pactos de Toledo sobre pensiones, de 1995 y cumplidos el año pasado, han dado lugar a un libro de la Fundación Alternativas presentado este jueves en Madrid. Ese primer pacto y los sucesivos blindaron la esencia del sistema de pensiones en España, “público, contributivo y de reparto”, ha destacado uno de sus miembros destacados, el exdiputado Carles Campuzano.

“No hay discusión ya sobre la naturaleza del sistema, sino sobre las reformas que el sistema necesita”, ha sostenido Campuzano, que ha recordado que el Pacto de 1995 tiene lugar en un contexto de gran “crispación política” y en el que “las proyecciones demográficas y los agoreros del sistema público de pensiones anunciaban la quiebra del sistema”. Entonces, “la discusión académica y política era cuestionar los elementos fundamentales del sistema: el carácter público, contributivo y de reparto. Era el contexto donde estábamos”, ha recordado el ahora diputado en el Parlament de Catalunya.

El libro, titulado '30 años de los Pactos de Toledo. El sistema español de Seguridad Social, pensiones y garantía de rentas', ha sido dirigido por Octavio Granado, exsecretario de la Seguridad Social en varios gobiernos socialistas y uno de los mayores conocedores de la historia de este organismo público, y por Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras y uno de los negociadores por la parte sindical de las reformas de pensiones de las últimas décadas.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, que ha prologado el libro, ha destacado la la necesidad de mantener “el método” de consenso y diálogo político y social que inauguró el Pacto de Toledo hace 30 años, que ha considerado clave para dar “estabilidad” a las reformas y a la protección social, y para combatir “el falso conflicto” intergeneracional, que enfrenta a jóvenes y pensionistas.

Como uno de los artífices de los primeros cimientos de la Seguridad Social que conocemos hoy en día, Adolfo Jiménez, que fue secretario General de la Seguridad Social entre 1986 y 1996, se ha referido a este enfrentamiento generacional en el debate público sobre pensiones para advertir de que, en realidad, los principales afectados de las reformas de las pensiones no son los jubilados, ni las personas mayores, “sino los jóvenes”.

Elma Saiz ha insistido en la necesidad de no usar las pensiones “como un arma partidista”. “Las pensiones no pueden utilizarse como un arma partidista cuando lo que está en juego es la seguridad de millones de personas y, para ello, lo deseable sería que la derecha fuera mínimamente coherente y responsable y no votara en contra de la legislación que desarrollan las recomendaciones vigentes que ellos mismos votaron a favor”, ha sostenido la responsable de la Seguridad Social.

Mirada a los retos y las reformas pendientes

El libro de Fundación Alternativas, impulsado por el catedrático Jesús Ruis-Huerta, director del Laboratorio de Políticas Públicas de la entidad, explora en 14 capítulos distintos retos del sistema de la Seguridad Social de cara al futuro, como la protección social de los trabajadores autónomos, las persistentes brechas de género que perjudican a las mujeres y la protección de las personas vulnerables, entre otras materias, que elaboran María José Landaburu (UATAE), la catedrática Paz Menéndez Sebastián, y Milagros Paniagua, exsecretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, respectivamente, entre otros muchos autores.

Entre las tareas pendientes, el exdiputado del PNV Emilio Olabarría, también miembros destacado del Pacto de Toledo, ha destacado “la atención a la discapacidad”, con las que el sistema tiene una deuda todavía, ha sostenido.

La actual Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados ha iniciado los trabajos para elaborar las recomendaciones que releven a las últimas, de 2020, en las que se acordó volver a vincular la revalorización de las pensiones a los precios para garantizar el poder adquisitivo de los precios tras la reforma unilateral de pensiones de 2013 del PP, que el mismo partido dejó de aplicar cuando gobernaba.

Mientras sigue el debate sobre la sostenibilidad del sistema, especialmente desde ciertos ámbitos económicos neoliberales, pocos cuestionan la herramienta de diálogo del Pacto de Toledo, celebrada también a nivel internacional. Granado y Bravo, directores del informe, han esperado que el informe publicado contribuya al debate público para fortalecer y modernizar el sistema de la Seguridad Social a futuro, del que depende una gran parte de la población.

Principio de acuerdo entre el Ministerio de la Seguridad Social y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos laborales, que quedó imposibilitada tras la última reforma de pensiones. El Ministerio que dirige Elma Saiz está ultimando un decreto ley con la medida, pero quiere incorporar más elementos en la norma, como el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas, pero que aún no están del todo cerrados y algunos sobre los que aún no hay consenso, explican fuentes sindicales.

Junto a acabar con el recorte “de golpe” en la jubilación anticipada de las pensiones máximas, resuelto hace unas semanas, los sindicatos mayoritarios exigieron al departamento de Saiz desbloquear por fin la jubilación parcial de los empleados públicos laborales para seguir negociando cualquier otra cuestión con la Seguridad Social.

Hace dos años, la jubilación parcial de los laborales de la Administración Pública se vio bloqueado por los requisitos que la nueva normativa ponía para mejorar las condiciones laborales en la incorporación de los relevistas. Esta obliga a que los relevistas se incorporen con contratos indefinidos y a tiempo completo. Algo posible en el sector privado, pero imposible en la Administración sin una convocatoria de empleo público que ofrezca las garantías de igualdad, mérito y capacidad.

Se permitirá que los relevistas sean interinos

Este lunes, y tras muchos meses de conversaciones para tratar de alcanzar una solución, CCOO y UGT han anunciado que la medida está a punto de cerrarse, posibilitando que el puesto de relevista se cubra con trabajadores temporales interinos vinculados a una próxima convocatoria de empleo público, una opción que reclamaban los sindicatos desde el inicio.

“Se ha alcanzado un principio de acuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los Ministerios de Seguridad Social y Función Pública para garantizar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral garantizando que el personal que se incorpora como relevista tenga una relación laboral fija a jornada completa, bien procedente de un proceso selectivo ya superado, bien a través de su vinculación como interino hasta la cobertura definitiva de la plaza que ocupa mediante la correspondiente oferta pública de empleo”, explica Comisiones Obreras en un comunicado.

CCOO ha reclamado que la medida sea aprobada “sin demora” en un real decreto ley, en el que considera que también debería quedar solventada la misma situación para los trabajadores funcionarios y estatutarios de la Administración Pública. El sindicato plantea una reforma “ya” del artículo “67 del Estatuto Básico del Empleado Público”, de manera que no se espere a la reforma integral del TREBEP que está tramitándose enel Parlamento.

Viudedad de parejas de hecho sin registrar y otras medidas

Los sindicatos explican que el Ministerio de la Seguridad Social está preparando un real decreto ley con la jubilación parcial de los laborales públicos, pero en el que quiere incluir más medidas pendientes en materia de pensiones y algunas otras referentes a la incapacidad temporal (las bajas laborales por enfermedad).

Entre las primeras destaca el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas formalmente que tengan hijos en común o que acrediten una larga convivencia. Aunque los detalles de la medida están por cerrar, en los sindicatos consideran que se podría culminar en breve y que se incluyera la medida en el real decreto ley.

Sin embargo, hay otras cuestiones menos avanzadas e, incluso, aún controvertidas que también se está debatiendo si formarán parte de la norma, lo que podría retrasarla un poco todavía. Principalmente, propuestas sobre incapacidad temporal, que el Ministerio de la Seguridad Social querría incluir para tratar abordar el gran aumento de las bajas laborales por enfermedad.

Desde los sindicatos explican que hay algunas medidas que sí podrían salir adelante, relativas a la agilización de procedimientos, como “la reordenación de los recursos humanos y técnicos de la Inspección Médica del INSS para conformar un Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) centralizado”, pero hay otras que creen que requieren más debate y que deberían abordarse con más calma para otra futura ley.

En UGT han insistido por su parte en que se modifique también de manera urgente el reglamento que da acceso a la jubilación anticipada por penosidad en el sector aéreo y que excluye ahora a las azafatas (tripulantes de cabina). Una “situación absurda” y “discriminatoria” que afecta al colectivo, muy feminizado, frente a otros más masculinizados, como el de los pilotos, ha denunciado el sindicato.

La regularización llevaba solo media hora en marcha cuando las primeras cien solicitudes fueron registradas. Un día después, se superaban las 13.000 peticiones telemáticas presentadas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega a la redacción de elDiario.es con un punto de euforia contenida ante la “normalidad” que, defiende, ha caracterizado a la entrada en vigor de una medida que la derecha mira con lupa y ya intenta frenar en los tribunales.

“Cuando el Gobierno escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado”, dice la también portavoz del Ejecutivo para referirse a un proceso de negociación particular: tras el pacto con Podemos, el movimiento impulsor de la iniciativa, Regularización YA, ha sido otro de los actores clave en el resultado final de un real decreto que ha mantenido la esencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 personas, aunque ha acabado excluyendo algunas de sus demandas.

Elma Saiz hace balance en caliente de ese arranque y habla de los obstáculos a los que podrá enfrentarse la medida. La regularización, presentada como un hito por el Gobierno, nace también rodeada de resistencias: ayuntamientos que amenazan con no colaborar, críticas de la oposición y dudas sobre cómo aterrizará en la práctica un procedimiento que depende, en parte, de informes sociales y del acompañamiento de organizaciones sobre el terreno.

Acaba de entrar en vigor la regularización. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su balance?

Está yendo con total normalidad. Como estaba previsto, dando respuesta a la vía telemática y también a la solicitud de cita con total normalidad. A modo de anécdota, en la primera media hora de este proceso, que ha empezado a la medianoche, ya había 100 solicitudes telemáticas presentadas. Llevamos muchas semanas preparando este procedimiento con muchísimo cariño, sabiendo que tenía que estar a la altura de este hito para nuestro país.

Uno de los requisitos de última hora que está generando angustia a parte de los solicitantes es el informe de vulnerabilidad, exigido a los migrantes sin papeles [que no puedan probar vinculación laboral ni hijos menores], que deben ser por servicios sociales y ONG. Algunos ayuntamientos critican que no han recibido instrucciones por parte del Ministerio y mucha gente no logra conseguirlo. ¿Se ha coordinado este punto con todos los actores?

En este plan operativo se ha caminado de la mano del papel que tienen las entidades colaboradoras con el Ministerio, no solamente las entidades que ya vienen desde atrás colaborando, sino más allá, a través del nuevo registro de entidades colaboradoras de Extranjería, donde ya están más de 200 entidades que han dado un paso hacia adelante. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. El informe de vulnerabilidad va a ser un informe tipo, al que se puede acceder a través de la web del Ministerio, sencillo de rellenar y fácil, comprensible, accesible. A partir de ahí las diferentes entidades que tienen presencia en todo el país van a poder revisarlo y validarlo. 

Hemos sido muy conscientes de que no podíamos permitir que ningún trámite burocrático obstaculizara este importantísimo proceso que va a dar respuesta a muchísima gente. Vamos a mantener reuniones constantes con las entidades sociales para monitorizar cómo ir solventando cualquier dificultad que pueda aparecer en el camino.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que no va a colaborar en ningún trámite y otros ayuntamientos se han posicionado en ese sentido. ¿Temen que muchos ayuntamientos del PP puedan obstaculizar la emisión de esos informes sociales y que no sea suficiente con las ONG? ¿Hay un ‘plan B’ en este caso?

El boicot que pretenden hacer desde el Partido Popular es un boicot que no se lo hacen al Gobierno, se lo están haciendo a miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas, su dignidad, sus proyectos de vida detrás de este procedimiento. Esta medida es tan potente que va a salir bien a pesar del Partido Popular. 

Estamos hablando de un hito. No voy a permitir el boicot del PP ni de quien quiera poner piedras en el camino de esta regularización. Cuando, además, es absolutamente incoherente. Quiero recordar que el Partido Popular hace dos años dio luz verde a esta ILP de la que cogemos el testigo. Ese giro en política migratoria, por ser preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales, no va a conseguir torpedear un procedimiento que nos hace mejor país y que da respuesta a miles de ciudadanos.

El Gobierno no solo ha mantenido en el cajón durante gran parte de la legislatura esta iniciativa legislativa popular, sino que llegó a calificar como inviable una regularización masiva. Han defendido ustedes en el pasado que las regularizaciones se estudiaran caso a caso. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí es viable?

La política migratoria del Gobierno de España es absolutamente coherente. Esta iniciativa se votó en el Congreso hace dos años con 310 votos a favor, solo votó en contra Vox. Pero el Partido Popular, con un giro de 180 grados en su política migratoria precisamente por ser preso de Vox la tenía paralizada. Por eso no teníamos el consenso suficiente para sacarla adelante. Este es un paso más de una política migratoria que es mucho más completa. Llevamos a cabo un procedimiento de regularización en Valencia tras la dana. Y todos los días damos respuesta y se regularizan a personas en nuestro país por las vías de arraigo, que ampliamos hace año y medio. El PP ha votado en el Congreso para eliminar la figura del arraigo. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar

El PP parece haber cambiado de opinión, pero es verdad que también hay una evolución sobre este tema en el discurso del Gobierno. Sus adversarios políticos dicen que esa evolución es oportunismo político.

Insisto, todos los días llevamos a cabo procesos de regularización caso a caso. Es muy importante que el texto haya visto la luz porque estamos viendo ese discurso racista y xenófobo que intenta abrirse camino. Y sabemos lo que quieren hacer porque cada vez que han tenido oportunidad han intentado implementar un discurso racista vinculando inmigración con delincuencia o poniendo piedras en el camino, negando servicios o documentos a personas que están queriendo regularizarse. Por eso hemos trabajado con rigor y por eso es tan importante ese aval recibido por parte del Consejo de Estado con un texto garantista, serio, riguroso.

Esta regularización fue negociada con Podemos en el marco también de un diálogo a tres bandas con Junts para la cesión de competencias migratorias. ¿Este proceso vuelve a abrir la puerta a esa negociación pendiente con Junts?

Yo querría separar las cuestiones. El Gobierno cumple sus acuerdos, que se trabajan muchísimo porque no son sencillos, son materias delicadas. Pero este texto coge el testigo de esa ILP que tiene una triple legitimidad: la de 900 entidades sociales y 700.000 firmas, la legitimidad política de 310 votos a favor y una legitimidad económica, porque la apoyan los empresarios. Lo hablamos con un grupo político como Podemos, que tiene un contacto especialmente intenso con determinados colectivos, y se alcanzó este acuerdo que hoy es una realidad y que nos hace ser un país mejor.

La derecha ha dicho que lo hacen para ganar votantes en el futuro, Feijóo ha calificado el texto de “inhumano” y ha llegado a decir también que ustedes van a darle papeles a hombres que han abusado de mujeres. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar, que llevó a cabo bajo su presidencia un proceso de regularización. Debería conocer un poquito mejor la normativa que rige en nuestro país y dejar de alimentar un marco que no voy a alimentar ni por un segundo. Este proceso de regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes. Carecer de antecedentes penales es un requisito imprescindible. Ya está bien por parte del señor Feijóo de intentar comprar un discurso claramente xenófobo y racista. Así que no voy a entrar ni por un segundo en ese marco. Pediría al señor Feijóo que fuera un poco más responsable en sus declaraciones. 

No solo hay una ofensiva política, también judicial contra esta medida. El Supremo ha inadmitido las medidas cautelarísimas que pedía una asociación ultra. ¿Le inquieta desde un punto de vista meramente técnico, legal o jurídico lo que pueda suceder con la regularización en los juzgados?

Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento.

Han quedado fuera de la regularización los solicitantes de apatridia, que en España la mayoría son saharauis. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

Este procedimiento es para personas en situación irregular y también para solicitantes de protección internacional, y es diferente. España es uno de los pocos países que, fruto de ese compromiso con el pueblo saharaui y de los acuerdos internacionales, tiene un estatuto específico desde el año 2001 para proteger la situación de los apátridas. Y de hecho, todos los años miles de personas que lo solicitan, muchas de ellas saharauis, tienen esa protección por ese estatuto. Es importante diferenciar ambas situaciones, como por ejemplo también en lo que se refiere a los ucranianos, que tienen una protección temporal internacional y que tampoco entran en este procedimiento porque no están en situación irregular. 

En el caso de los solicitantes, aún no son apátridas y no tienen esa protección que usted menciona. Su resolución suele tardar unos dos años. Por tanto, esa justificación no encaja con la protección real que tienen en el día a día los solicitantes de apatridia, que son quienes necesitan pedir la regularización. Si no se corrige la norma, ¿se plantea solucionar esa situación?

Lo que puedo asegurar es que con este procedimiento se van a liberar recursos, con el compromiso de que haya una mayor celeridad, acortando plazos y siendo mucho más exigentes a la hora de poder tramitar y resolver expedientes. Es importante precisamente que esto se lleve a cabo para acortar esos plazos de los que me habla.

Durante este Gobierno ha habido varias decisiones que han afectado al pueblo saharaui, como el cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental. Algunos saharauis y activistas dicen que puede deberse a una presión de Marruecos. ¿Tiene algo que ver?

De ninguna manera. Era una de las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado y era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente.

Hay otro colectivo sobre el que han mostrado preocupación las ONG: los migrantes con arraigo que están en estos momentos encerrados en los CIE. En elDiario.es hemos publicado varios casos de personas que tenían un arraigo documentado y que iban a ser igualmente expulsados. ¿Abrirán algún tipo de vía para que estas personas puedan pedirla con garantías para no ser discriminados?

Son personas que, si cumplen los requisitos, claro que van a poder pedir esta regularización. Estar en un CIE no es una decisión unilateral del Gobierno, sino que es una cuestión que viene de un procedimiento judicial. Pero efectivamente podrán pedir y acogerse a este proceso de regularización quienes cumplan los requisitos. 

¿Cómo? Porque estando en el CIE es muy difícil acceder a toda esa documentación que se pide…

Hay muchísimas entidades acreditadas que van a poder dar respuesta. Y al margen de eso tenemos una vía telemática, una vía presencial y se establecerá la posibilidad de que, quien cumpla los requisitos, pueda acceder. De hecho, ha puesto usted un ejemplo [el de Oussama, que finalmente fue liberado a horas de su repatriación] que demuestra la colaboración interministerial. Somos un Gobierno. Esto es una regularización extraordinaria, un proceso de un Gobierno. Así que estaremos a la altura para dar respuesta a todos los que cumplan los requisitos.

La oposición critica también la regularización apelando a la economía. ¿Qué les dicen sus datos sobre cómo va a afectar el proceso de regularización al mercado laboral y también a nivel social?

En primer lugar, tras la última regularización con el presidente Zapatero se multiplicaron por cuatro las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Anualmente. En los últimos días, antes de la regularización, ya hemos batido récords en afiliación extranjera con 3,2 millones de afiliados extranjeros. Con su aporte, estamos consiguiendo las cifras de paro más bajas de los últimos 18 años y reducir la temporalidad. Todos los datos son positivos. El 42% del empleo creado desde la reforma laboral procede de trabajadores extranjeros con cada vez más presencia en sectores altamente cualificados. Esta es la España por la que estamos trabajando muchísima gente.

¿Qué España quiere el Partido Popular? Estas personas ya están aquí, ya llevan a sus hijos al colegio, ya caminan por nuestras calles, ya viven en nuestros barrios. El Partido Popular, que los quiere silenciados, escondidos, con miedo, sin derechos. Pues no.

¿Cómo lleva lo de ser portavoz y tener que meterse no solo en sus propios charcos, sino en los charcos de todo el Gobierno?

Me parece un honor contar la acción de un Gobierno, rendir cuentas, contestar a sus preguntas aunque muchas veces no sean fáciles. Le dedico mucho trabajo para estar a la altura. 

Con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto del juez Peinado que son inauditos y que van más allá de lo jurídico

Vamos a aprovechar ese honor para preguntarle por esos otros charcos. Óscar Puente ha hablado de la posibilidad de que haya instrucciones judiciales enfocadas a violentar a representantes elegidos democráticamente y no a hacer justicia. Lo decía en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre la pareja del presidente. ¿Usted cree que hay lawfare contra el Gobierno?

Yo creo en la inocencia de Begoña Gómez, en su trayectoria impecable, profesional y personal. Tengo formación jurídica, soy licenciada en Derecho y he ejercido la abogacía. Y con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto que son inauditos y que van más allá de lo jurídico. 

¿Pero que un auto vaya más que lo jurídico, que es a lo que a lo que se debería ceñir un auto, no es otra cosa que prevaricar, no?

Mire, yo le digo que no solamente le hablo como ministra portavoz, sino desde mi formación jurídica: no son pocos los profesionales de mi mundo jurídico, también de su mundo periodístico, que coinciden en afirmar esto que le digo y que hay pasajes que son inauditos y que van mucho más allá de lo jurídico. Yo creo en la Justicia, en que la Justicia tiene que hacer su trabajo y en que lo hará.

No quiere decir entonces que el juez Peinado prevarique. 

Creo que he sido bastante clara con mis afirmaciones.

Apuesto a que, desde que usted es ministra portavoz, la pregunta que más le han hecho los medios es si va a haber Presupuestos.

Pues creo que gana usted la apuesta.

¿Y cuánto tiempo más lo vamos a tener que seguir preguntando?

Estamos dando respuesta a lo que necesita la gente con unos presupuestos prorrogados. No es lo mismo tener un presupuesto prorrogado de un Gobierno que recorta que un presupuesto prorrogado que está permitiendo, por ejemplo, desplegar un paquete de cinco mil millones de euros para proteger a la ciudadanía frente a la guerra de Irán. Dicho esto, vamos a presentarlos. 

¿No le parece una anomalía política que vayamos hacia el cuarto ejercicio sin ni siquiera presentar unas cuentas?

Lo que me parece una anomalía es que haya comunidades autónomas que, por esperar un acuerdo entre el PP y Vox, estén paralizadas y no estén poniendo en marcha medidas que acompañen este importante paquete que ha desplegado el Gobierno de España. Eso sí que es una anomalía, porque eso es hacer daño a la gente. Tener un presupuesto prorrogado no está siendo un problema para seguir teniendo una política social coherente, de acompañamiento y respuesta a la situación mundial que estamos viviendo tan complicada.

16 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas en lo que va de año. El caso de esta semana en Córdoba es bastante paradigmático de hasta qué punto hemos normalizado un fallo sistémico. La víctima hizo todo lo que se le 'pide': denunció y se dispuso a acudir a un juicio por malos tratos, pero fue asesinada en la víspera. ¿Qué está haciendo mal el Gobierno para que esto ocurra y además parezca que no pasa absolutamente nada?

No, no, sí que pasa. En este contexto todavía es más inexplicable que podamos estar viendo cómo el Partido Popular y Vox ahí donde gobiernan alcanzan acuerdos negacionistas de la violencia de género. Vox es un partido que no acude a los homenajes, a los minutos de silencio.

Intento extrapolar esta situación a cualquier otra consideración de asesinados o asesinadas y seguramente se paralizaría el país. Cuando una víctima hace todo lo que le estamos diciendo que tiene que hacer para proteger su vida y en el proceso la matan es que aquí están fallando la policía, los jueces, las administraciones públicas, el Gobierno central. Por eso le decía que la sensación es de fallo sistémico y no se paraliza nada. ¿No tiene la sensación de que minusvaloramos este asunto?

Lo que le puedo decir es que no podemos bajar los brazos, no podemos ser tibios, no podemos seguir como si nada pasara. Tenemos que ser mucho más contundentes, con pedagogía desde la educación de los más pequeños. No vamos a dejar de trabajar ni un minuto para acabar con esta lacra.

¿Cómo asiste al juicio contra su excompañero José Luis Ábalos, al que le piden 25 años de cárcel?

Lo veo con repulsa, con asco. Porque cuando hay mucha gente que se está dejando la piel por construir un país mejor y por demostrar que las políticas públicas sirven, funcionan y mejoran la vida de la gente, ver determinados comportamientos hace daño, porque hacen que la gente se aleje de la política, que nos metan a todos en el mismo saco y que haya un descrédito. Pero también siento orgullo de la contundencia con la que se responde en el PSOE ante cualquier atisbo de corrupción. Eso no es un eslogan, sino que es una realidad. El Partido Popular de hoy sigue celebrando y homenajeando a M. Rajoy.

Sobre las pensiones se está empezando a consolidar un debate de guerra generacional que sostiene que la culpa de que los jóvenes tengan bajos salarios es de los pensionistas que tienen una pensión digna. ¿Dónde se sitúa en ese debate? ¿Es necesaria una reforma de las pensiones o la sostenibilidad está garantizada?

Está garantizada. Y en ese debate me sitúo donde está el Gobierno, en el rigor de los datos. Puedo lanzar el mensaje de tranquilidad de la sostenibilidad de las pensiones públicas. La reforma la hicimos con la mirada a largo plazo, no con la mirada cortoplacista de quien intenta embarrar también esto. ¿Sabe quién intenta enfrentar a nietos con abuelos? Los que defienden la privatización. Feijóo prometió a los autónomos bajarles la cuota si se abrían un plan de pensiones privado. Frente a quien quiere el descrédito de lo público y hace solamente política para unos pocos, datos, rigor y una reforma de pensiones que transmite certidumbre a los miles de pensionistas de hoy y también a los que los seremos un día.

A usted le ha tocado ser ministra-portavoz en un mundo en guerra. ¿Cómo vive la tensión diplomática con aliados tradicionales de España, como pueden ser Estados Unidos o Israel, ante la política exterior lanzada por su Gobierno del ‘no a la guerra’?

Me siento absolutamente orgullosa de pertenecer a un gobierno coherente que siempre ha defendido la paz, el multilateralismo, el respeto al orden internacional. Hemos alzado la voz y hemos llegado los primeros, pero cada vez nos siguen más países. España es un faro y cada vez que acudimos a un foro internacional son muchísimos los países de cualquier latitud que nos preguntan, que se interesan y que ponen como ejemplo al Gobierno de España y a sus políticas.

Volviendo a la regularización para acabar. Ha sido particular porque, además de Podemos, también ha tenido un gran papel el movimiento Regularización YA. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Este jueves hemos tenido un encuentro con el presidente del Gobierno donde estaban desde la Iglesia Católica, sindicatos, patronal, organizaciones de entidades del Tercer Sector y entidades colaboradoras en materia de extranjería. Y, viendo el unánime aplauso a esta iniciativa, me quedo con algo: lo importante que es para miles de personas. Esto demuestra que el Gobierno, cuando escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado. Y esa es la manera de gobernar. 

Carmen Calderón mantiene el pulso con la Seguridad Social desde que sufrió un accidente quirúrgico que provocó que perdiera prácticamente la visión de ambos ojos hace cinco años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le denegó el grado de incapacidad permanente, por lo que obligaba a la sevillana a incorporarse a su puesto de trabajo a pesar de la ceguera legal que está reconocida por diversos informes médicos. En apenas seis meses, la Junta de Andalucía ha acreditado que posee un 70% de grado de discapacidad y ha sido admitida por la Fundación la ONCE, reconociendo las dificultades que impiden el desarrollo con normalidad de su día y, por supuesto, su trabajo.

Calderón rehace su vida en Chiclana de la Frontera. Toma conciencia de su nuevo estado de dependencia a causa del leucoma corneal cicatricial central y paracentral que afecta a sus ojos, lo que supone un daño irreversible en el tejido que cubre el iris y la pupila. Entre las consecuencias, sufre una fotofobia aguda, por lo que no puede conducir ni realizar esfuerzos visuales, como usar el ordenador o hacer trabajo de oficina. Así lo constatan los informes médicos periciales comprendidos entre 2020 y 2025, en donde se detallan las hasta diez enfermedades que provocó el desinfectante que cayó sobre sus globos oculares durante una operación. A pesar de ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha sostenido una batalla legal durante estos seis años.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla sentenció el 10 de febrero de 2025 que la demandante tenía una incapacidad permanente y un grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio. Sin embargo, el TSJA revocó el fallo el 16 de octubre, sin atender a los informes que había presentado la paciente, absolviendo así al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social de pagar su prestación económica por baja permanente. Este paso atrás motivó que la afectada presentara un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la ansiedad y la angustia la mantienen en vilo por si le revocan su última baja.

Informe de la mutua

Apenas habían pasado seis meses desde que el TSJA revocó la decisión del tribunal sevillano cuando la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía remitió el pasado 7 de abril la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad: tenía un 70%, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El grado, revisable por agravamiento o mejoría, se producirá dentro de tres años. Con esta evaluación se respaldan los diversos informes médicos periciales que ha ido acumulando la afectada en el último lustro, donde se ha constatado la pérdida paulatina e irremediable de visión. En este periodo, no solo ha tenido que luchar contra la administración del Estado, sino con la mala praxis del seguro privado en el que había depositado su confianza.

El 3 de noviembre, tras el fallo del TSJA, pidió una baja por trastorno ansioso-depresivo. Entonces, la mutua decidió intervenir y le ofreció a la paciente cuatro sesiones terapéuticas. Creyendo que sería un refuerzo extra que la ayudaría a procesar este trance, decidió aceptarlas, teniendo en cuenta que lleva años en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Es más, Calderón recuerda la última vista con la psicóloga de la mutua como la más pesarosa, ya que la ONCE le había comunicado el 2 de marzo que había sido admitida como afiliada permanente en la organización. En el escrito, se recoge que su agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo. Además, el campo visual es de 10 grados tanto en el ojo derecho como izquierdo, por lo que, una vez más, se confirmaba su ceguera legal debido a que tiene la visión gravemente disminuida. Este ingreso le permitirá recibir apoyo de la entidad, tanto en materia de formación como de acompañamiento, aunque también significa enfrentar y aceptar su delicado estado de salud.

A pesar de lo narrado, la psicóloga de la mutua recogió que estaba lista para incorporarse a la vida laboral. Una valoración que no fue comunicada en ningún momento a la paciente. “Emitió el informe y, el mismo 13 de marzo, me llamó el médico de cabecera para que le mandara todos los informes actualizados, en donde se ve que se me ha aumentado la dosis de la medicación y también la falta de visión”, detalla. En la jornada del viernes se remitió toda la información a Inspección Médica, el órgano responsable para valorar su estado. Documentos varios en los que se aprecia, de un lado y otro, el déficit visual que padece la mujer y el deterioro de la salud mental, pero rápidamente la decisión llegó el lunes 16: un SMS a las 10.20 horas notificaba que, a propuesta de la mutua, se emitía el alta laboral.

“Esto es una agonía”

“La Inspección no ha tenido tiempo, fin de semana por medio, de revisar todo mi expediente para que se me conceda el alta después de que la mutua lo proponga. Es su responsabilidad decir sí o no”, recalca Calderón, que duda del criterio que ha movido en esta ocasión a Inspección Médica. Puesta una reclamación a la profesional de la mutua y al Colegio de Psicólogos de Valencia, fue incapaz de volver a su puesto de trabajo y pidió una nueva baja médica por el estado de sus ojos, la cual fue concedida el día 25 de marzo.

“Tenía hasta tres ataques de ansiedad al día y no podía dormir”, presa de la inquietud en aquella semana, “esto es una agonía, y volveremos a mandarle un escrito al Defensor del Pueblo para informar sobre la actuación de la mutua”. En un primer momento, Calderón envió una carta en la que informaba sobre su procedimiento al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiendo su intermediación para conseguir la incapacidad permanente que le denegaba el TSJA. Sin embargo, el 9 de febrero se le notificó que la institución no puede interferir en los procedimientos judiciales ni revisar las resoluciones en virtud de la independencia que debe caracterizar las actuaciones de los jueces y tribunales, recogido en la Constitución. Por lo que se le sugería que continuara el procedimiento legal de la mano de su letrado.

Calderón, que ha estado asesorada en todo momento, hace referencia a las palabras de su propio abogado, que ha llevado su caso con estupefacción. “Me dice que es la primera vez que se ha encontrado algo tan difícil a nivel administrativo cuando está todo tan claro, que no entiende por qué lo están enredando de esta manera”. El 12 de febrero de este año un informe clínico de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir ratifica que la agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo.

La afiliación media de extranjeros subió en marzo en 74.722 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,4% más, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.151.563 ocupados.

Este colectivo representaba en marzo el 14,4% del total de cotizantes, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 230.358 ocupados, con un impulso interanual del 7,9%.

Desde marzo de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, marzo se cerró con 3.210.759 afiliados extranjeros, lo que supone 234.685 cotizantes más que un año antes.

“La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante 14,4% de los cotizantes. Su aportación a nuestro mercado laboral es clave. Sostiene sectores como la hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Por países, cerca del 30% de las personas afiliadas extranjeras procede de estados de la UE. Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 387.584 cotizantes, seguido de Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256).

De estas nacionalidades, subraya la Seguridad Social, destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que suman más de un 20% en el último año; seguidos de peruanos, un 18,7%; y colombianos, un 17,7%.

En el conjunto de la afiliación, los extranjeros representan un 14,4% de los trabajadores, aunque hay sectores, como la hostelería o la agricultura, donde suponen el 29,1% y el 26,9%, respectivamente.

La Seguridad Social también destaca el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 88,6% del total, que se sitúa incluso por encima del de los trabajadores nacionales (88,4%).

En conjunto, recuerda la Seguridad Social, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados desde marzo de 2022.

“De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros”, inciden.

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social aumentó un 5,3% en marzo, con respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 140.956, ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que precisa que sobre el mes anterior el incremento fue del 0,4%.

En el conjunto del país, la afiliación media de extranjeros subió en marzo en 74.722 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,4% más, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.151.563 ocupados.

Este colectivo representaba en marzo el 14,4% del total de cotizantes.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 230.358 ocupados, con un impulso interanual del 7,9%.

Desde marzo de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, marzo se cerró con 3.210.759 afiliados extranjeros, lo que supone 234.685 cotizantes más que un año antes.

“La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante 14,4% de los cotizantes. Su aportación a nuestro mercado laboral es clave. Sostiene sectores como la hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La Subdirectora General de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha denegado la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en barrios del centro de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico.

Así se lo ha comunicado este organismo dependiente del departamento que dirige Elma Saiz a los vecinos afectados por la venta de estas viviendas públicas en una comunicación oficial fechada el pasado día 30, consultada por Europa Press. En ella, se deniega la posibilidad de acogerse a la prórroga de alquiler de dos años aprobada en el Real Decreto-Ley 8/2026 sobre prórrogas extraordinarias de protección al inquilino de vivienda habitual.

Una decisión que afecta a numerosas viviendas vacías situadas en el centro de Madrid en barrios como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico que proceden de la Sociedad Pública de Alquiler, creada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y liquidada en 2012.

El Ministerio de Inclusión ha explicado a EFE que se trata de contratos extinguidos desde 2017 y que la TGSS se ha puesto en contacto con los arrendatarios en numerosas ocasiones desde hace más de un año para hacerles llegar toda la información y las explicaciones convenientes.

La Subdirección General de Gestión de Patrimonio de la TGSS respondió a los inquilinos en un escrito fechado el 30 de marzo, en el que les aclara que el decreto ley con la prórroga de dos años solo aplica a los alquileres sujetos a la Ley de arrendamientos urbanos y les recuerda que los suyos ya no lo están, puesto que los contratos se extinguieron el 4 de enero de 2017.

No obstante, finalizado el plazo la TGSS no requirió a los inquilinos que abandonasen la vivienda, por lo que continuaron con sus alquileres de forma tácita.

“Sorpresa e incredulidad” de los vecinos

La denegación de la prórroga por parte del Ministerio ha sido acogida con “sorpresa e incredulidad” por los afectados al tratarse de una medida aprobada por el propio Gobierno pero que no se aplica en las viviendas cuyo casero es público y estatal, como sucede en este caso, según ha apuntado el Sindicato de Inquilinas de Madrid en un comunicado.

Al hilo, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han subrayado que “no existe ningún impedimento legal” para aplicar la prórroga y ampliar los contratos durante dos años mientras se inicia “una negociación colectiva que ofrezca una solución para todas las vecinas, incluidas aquellas que ya han recibido demandas de desahucio”.

Los inquilinos han denunciado en múltiples ocasiones que ningún responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni del Ministerio de Vivienda se ha reunido con ellos para dar explicaciones sobre la venta de las viviendas. Asimismo, han llegado incluso a ocupar la sede de la Tesorería en la calle Doctor Esquerdo para exigir una reunión, así como a interrumpir los actos de las subastas de las viviendas, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

En este sentido, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha recalcado que este movimiento “no hace sino aumentar la opacidad de esta operación de privatización y reforzar las sospechas sobre posibles intereses particulares en la subasta” de estas viviendas.

El sindicato ha apuntado que la propia ministra de Vivienda “insiste públicamente en la necesidad de aumentar el parque público de vivienda”, pero no ha dado “ninguna explicación sobre la venta de estas viviendas, que suponen una clara disminución de recursos habitacionales en plena crisis de vivienda”.

En la misma línea, desde este sindicato han tildado de “incoherente” que el Ministerio de Vivienda anuncie esta semana la compra de 600 viviendas a través de Casa 47, mientras la Tesorería de la Seguridad Social mantiene más de 800 viviendas vacías y pretende desahuciar a inquilinos que llevan más de 20 años habitando sus hogares.

“Cabe recalcar que esta actuación contraviene distintos artículos de la Ley de Vivienda aprobada por este Gobierno, en concreto, el artículo 28 y la disposición adicional segunda, que obligan a las administraciones públicas no solo a mantener el parque público de vivienda, sino también a incrementarlo”, ha advertido el sindicato.

Los vecinos, agrupados en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, han subrayado que “darán la batalla” en todos los frentes, incluida la vía contencioso-administrativa, “hasta conseguir que las viviendas se incorporen al parque público de vivienda en alquiler permanente sin suponer expulsión para ningún vecino”.

Así, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han denunciado la opacidad del proceso y han asegurado que los vecinos no van a abandonar sus viviendas, sumándose a la estrategia #NosQuedamos para forzar una negociación que garantice sus viviendas.

El nuevo simulador de gasto en pensiones a largo plazo de la Seguridad Social, la herramienta INTegraSS que anunció en verano la ministra Elma Saiz, prevé un menor peso de este gasto social en las próximas décadas frente a las estimaciones de otros organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Comisión Europea. Son los primeros datos del modelo de proyección, cuya robustez y nivel de detalle destaca el Gobierno, ya que se basa en la enorme base de datos de los pensionistas de Seguridad Social, con información de generaciones desde las nacidas en 1938.

El modelo de proyección del gasto en pensiones ha sido explicado en detalle este jueves, en un acto inaugurado por la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, y con cierre del vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

“Vamos a presentar esta importante herramienta pública. Con ese mensaje de compromiso con la transparencia y con acompañar y dar certidumbres al sistema público de pensiones”, ha dicho Saiz a la entrada de la presentación. “Las pensiones son el mayor contrato entre generaciones que tiene nuestra sociedad. Mantenerlas sostenibles, justas y predecibles no es solo una responsabilidad económica: es una obligación moral”, ha afirmado por su parte Cuerpo.

Los equipos técnicos de ambos ministerios han trabajado codo con codo en los últimos dos años para elaborar INTegraSS, que ofrecerá más información y “transparencia” al debate sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas, para que esté centrado en datos y “no en prejuicios”, sostuvo Saiz este verano. O en sesgos a menudo interesados, advierten fuentes de la Seguridad Social. El Gobierno publicará próximamente una extensa metodología sobre qué elementos tiene en cuenta la herramienta.

Bastante menos gasto, sobre todo en el pico de 2050

Sus resultados arrojan una imagen más halagüeña de la presión de gasto para las próximas décadas en España, en las que el sistema afronta la jubilación de la numerosa generación del baby boom. Si el gasto medio estimado por la AIReF entre 2022 y 2050 se sitúa en el 14,4% del PIB y el de la Comisión Europea, en el 15,5% (el 14,6%, según el dato revisado), el simulador de la Seguridad Social prevé una media del 14%.

Cuando se mira a 2050, el año previsto de mayor tensión para las cuentas públicas, las diferencias son sustanciales. La Comisión Europea calculó en su informe del Ageing Report de 2024 que el gasto en pensiones alcanzaría el 17,3% del PIB y la AIReF lo situó en el 16,1%, mientras que INTegraSS lo reduce casi un punto adicional: el 15,3%.

La ministra Elma Saiz ha destacado que los datos obtenidos por el simulador “permiten ser optimistas”. “El sistema de pensiones es sostenible, su gasto a futuro es asumible y las medidas que hemos adoptado están funcionando”, ha sostenido sobre las reformas aplicadas, como las que incentivan la jubilación demorada o varias modalidades para compatibilizar la pensión y el trabajo, así como desincentivan el retiro anticipado.

Los cálculos del simulador de la Seguridad Social se plantean como informativos y complementarios para el debate sobre las pensiones, pero no afectarán a la cláusula de revisión del sistema cada tres años aprobada en la reforma de 2023. En función de esta, la ley establece si hay que tomar o no medidas adicionales para asegurar la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Este control –pactado por el exministro Escrivá con Bruselas– lo realiza la Autoridad Fiscal, que analiza tanto el gasto como los ingresos de la Seguridad Social a largo plazo. Para la previsión de gasto tiene en cuenta los datos de la Comisión Europea, que tiene su propio modelo de proyección.

En su primer análisis, la AIReF concluyó que se cumplía la regla de gasto de la cláusula, lo que descartó los ajustes adicionales por el momento. Antes de junio, el organismo independiente debe realizar un informe de seguimiento de este cálculo por orden del Gobierno, contra el que se posicionó la anterior presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. Hace unas semanas fue elegida la nueva responsable de la entidad, Inés Olóndriz, hasta hace poco miembro del Ministerio de Hacienda.

En cualquier caso, la Seguridad Social reconoce que el objetivo de INTegraSS es mejorar la consistencia de las proyecciones que se realizan sobre pensiones, aportando datos de manera transparente y actualizada. La previsión del Ministerio es publicar los resultados de su simulador periódicamente. En principio, cada año.

CCOO ha celebrado la nueva herramienta que considera “de utilidad tanto para la información que se suministra a los grupos parlamentarios en el marco del Pacto de Toledo, como para el desarrollo de los mecanismos de concertación y diálogo social en relación con el sistema público de pensiones, mejorando la capacidad de evaluación y seguimiento de su evolución”. El sindicato ha añadido, no obstante, que esta “debe completarse con el desarrollo de herramientas equivalentes para la proyección de los ingresos del sistema”.

Más población y más crecimiento económico

Los resultados de la Seguridad Social reflejan un menor gasto en pensiones que otras herramientas de proyección por varios motivos. Principalmente, porque tiene en cuenta datos distintos, pero también supuestos diferentes.

Por un lado, el Gobierno destaca el principal valor de INTegraSS: la enorme base de datos de jubilaciones que tiene en cuenta el modelo de la Seguridad Social, con información real de millones de pensionistas, con datos de hasta 35 generaciones distintas (jubilados por año de nacimiento), destaca el equipo de Saiz. Otros modelos analizan una muestra de pensionistas y, además, con un menor nivel de granularidad en sus estimaciones frente a las distinciones de la Seguridad Social por sexo, tipo de pensión, edad y régimen.

Por otro lado, la herramienta del Gobierno tiene en cuenta supuestos distintos más optimistas que los de la AIReF. Por ejemplo, un mayor crecimiento económico (que ha calculado el departamento de Carlos Cuerpo), del 2,8% entre 2022 y 2030 y del 1,4% hasta 2050, frente a un empuje medio de la economía del 1,3% que prevé la Autoridad Fiscal en todo este periodo.

INTegraSS también proyecta una mayor cantidad de población en España para las próximas décadas, con 53,7 millones de personas en 2050, frente a las 52,1 de la Autoridad Fiscal, gracias principalmente a la migración. Fuentes de la Seguridad Social apuntan que todos los supuestos se han incorporado desde un principio de prudencia, con escenarios incluso conservadores que confían en que puedan ser mejorados en la práctica.

La patronal de autónomos ATA ha denunciado este miércoles un supuesto nuevo “sablazo” del Gobierno a los trabajadores por cuenta propia, por la subida de la base mínima de cotización –y, en consecuencia, de la cuota– de los autónomos societarios y los familiares colaboradores. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a esta queja, como un nuevo “atraco” por parte del Ejecutivo. Sin embargo, la medida se pactó expresamente en la reforma de autónomos de 2022, con el apoyo tanto de ATA como del PP.

La polémica se centra en la base mínima por la que cotizan a la Seguridad Social los autónomos societarios (empresarios que desarrollan su actividad a través de una sociedad mercantil), los familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos. En la reforma de 2022, para que los autónomos pasaran a cotizar en función de sus ganancias, se previó que este grupo de trabajadores aumentara su base mínima a la del sistema para los asalariados (del Régimen General).

No obstante, se pactó un periodo transitorio para ello. La base de cotización –cuantía de referencia para después calcular la pensión o la baja por enfermedad, por ejemplo– se fijó en 1.000 euros al mes para 2023. Para los años 2024 y 2025, se dejó la decisión a los Presupuestos Generales del Estado, que finalmente se prorrogaron. Y, finalmente, la ley especificaba que a partir del año 2026 se aplicaría la cotización mínima del Régimen General.

Un 42% de aumento, a pagar hasta 2028

En la práctica, la base de cotización sube un 42% de 1.000 euros a 1.424 euros al mes desde enero de 2026 “a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1000 euros al mes”, ha cifrado ATA.

Esta cantidad elevará la cuantía por la que se calculan sus prestaciones, sus pensiones, bajas por enfermedad y permiso por nacimiento de hijo (por ejemplo), pero también la cuota mensual a pagar cada mes. Esta aumentará en 135 euros, hasta una cuota mensual de 435 euros, ha destacado ATA.

En el Ministerio de la Seguridad Social precisan que este aumento de la cuota puede aplicarse este año, pero también pagarse a posteriori, dentro de dos años, en 2028 cuando se realice la regularización de las cuotas del ejercicio de 2026.

ATA pide que se revierta la subida

La patronal de autónomos ATA, dirigida por Lorenzo Amor, ha calificado este miércoles de “sablazo” el aumento de la cuota y ha acusado al Gobierno de “mentir”, por no congelar las cuotas de este colectivo como las del resto de los trabajadores autónomos, con las cuantías de 2025.

Hay una diferencia sustancial entre ambas situaciones. En este caso, el pacto de 2022 ya contemplaba expresamente esta cuota para los autónomos societarios y familiares colaboradores este año, cuyo texto respaldaron tanto en ATA como en el PP.

Sin embargo, para el resto de autónomos no había una cuantía ya cerrada, sino que las partes se comprometieron a seguir negociando la senda de aumentos para 2026 y los años sucesivos, con la intención de continuar el camino a una cotización por ingresos reales en 2032.

En ATA han pedido al Gobierno que revierta el aumento por ley, para lo que han afirmado que se están reuniendo con otras formaciones políticas. En UPTA, la asociación de autónomos vinculada a UGT, su presidente Eduardo Abad también ha apostado por una “fácil solución”: “Hacer un real decreto ley para volver a recuperar esa base mínimas de cotización de 1.000 euros”.

En UATAE, colectivo de autónomos afín a CCOO, responden que este aumento es “algo que se pactó por las tres asociaciones, agentes sociales y Gobierno, para los societarios y se debería quedar así”. “Pero sí que consideramos que es necesario retomar las negociaciones que quedaron suspendidas, para abordar el problema de las personas colaboradoras y otros, como bajar la cuota a los autónomos con menos ingresos y mejorar la protección social”, indican en el colectivo liderado por María José Landaburu.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social sostienen que “el Gobierno sigue tendiendo la mano a las asociaciones de autónomos, patronal y sindicatos para concretar los términos del despliegue del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, las mejoras del proceso anual de regularización de lo cotizado y la extensión de la acción protectora de los autónomos”.

En Castilla-La Mancha, los centros logísticos automatizados ya no son una promesa de futuro, sino una realidad palpable. En ellos, la tecnología no solo aumenta la productividad: también reduce de forma significativa el número de trabajadores necesarios. Donde antes hacían falta cientos de empleados, hoy bastan decenas apoyados por robots, algoritmos y sistemas inteligentes. Este nuevo paisaje económico, que convive con nuestros campos y molinos, nos plantea una pregunta inevitable: ¿Quién pagará las pensiones dentro de veinte o treinta años?

El debate suele presentarse como un enfrentamiento entre generaciones. Por un lado, los jubilados, que reclaman pensiones dignas tras toda una vida de trabajo y cotización —porque su pensión no es un regalo, sino el fruto de haber contribuido durante toda su vida laboral—. Por otro, los jóvenes, que perciben cómo su salario soporta una creciente presión fiscal mientras su futuro resulta incierto. Sin embargo, este conflicto es, en gran medida, un espejismo. Enfrentar a un joven mileurista con un jubilado es discutir por las migajas, mientras el verdadero problema sigue sin resolverse.

Una trampa fiscal compartida

La situación actual refleja una contradicción evidente. Las pensiones suben para mantener el poder adquisitivo, pero un sistema fiscal que no se ajusta a la inflación provoca que parte de esa mejora se diluya. Al mismo tiempo, muchos trabajadores jóvenes sienten que su esfuerzo fiscal es cada vez mayor, sin que ello se traduzca en una mejora real de su capacidad de ahorro o acceso a la vivienda.

El problema no es que unos reciban demasiado o que otros aporten demasiado. El problema es que el sistema sigue dependiendo casi exclusivamente del trabajo humano en una economía que ya no funciona así.

Cuando la riqueza ya no depende solo del trabajo

La automatización ya está transformando sectores enteros en Castilla-La Mancha. Lo vemos en la logística, pero también en otros ámbitos donde la tecnología permite producir más con menos empleo directo.

Esto genera una paradoja: aumenta la productividad y la riqueza, pero la base tradicional que financia el sistema —las cotizaciones sobre el trabajo— pierde peso relativo. Aquí surge una idea cada vez más presente en el debate económico: si las máquinas generan valor, ¿por qué no contribuir también al sostenimiento del sistema público?

Silicio y pensiones: ampliar la base del sistema

No se trata de frenar la innovación, sino de adaptarse a ella. Igual que en su día se construyó el Estado del bienestar sobre las cotizaciones del trabajo, hoy podría incorporarse una nueva vía: captar parte de la riqueza generada por la automatización y la inteligencia artificial. Podríamos llamarlo, de forma sencilla, una “cuota de solidaridad tecnológica”. Una forma de que el silicio —la base de los microchips que hacen posible esta revolución— también contribuya al contrato social.

Las consecuencias de un enfoque así serían relevantes:

Cambiar el enfoque para evitar el conflicto

Cuando se amplía la base de financiación, el debate deja de centrarse en cuánto debe aportar cada generación. Ya no se trata de enfrentar a jóvenes y jubilados, sino de adaptar el sistema a una economía que ha cambiado profundamente.

En ese contexto, medidas como ajustar el IRPF a la inflación dejarían de ser una amenaza para las cuentas públicas y pasarían a ser una cuestión de sentido común y equidad.

El verdadero reto

El desafío no es menor. Se trata de actualizar un modelo diseñado en el siglo XX para una economía que ya pertenece al siglo XXI. La tecnología no es solo una herramienta de producción: es también una fuente de riqueza que debe formar parte del sostenimiento colectivo.

Enfrentar generaciones es un error. Es discutir por el último vaso de agua en medio del desierto. La solución no es repartir mejor la escasez, sino encontrar una nueva fuente.

Esa fuente puede estar en la fiscalidad tecnológica. Solo incorporando al sistema la riqueza generada por la automatización podremos garantizar algo esencial: que los jóvenes de hoy lleguen a ser los jubilados dignos de mañana.

Quizá el futuro del contrato social no se escriba únicamente con el esfuerzo humano, sino también con el silicio de las máquinas que ya están transformando nuestra economía.

A partir de la publicación de los datos de las afiliaciones a la Seguridad Social, el presidente andaluz Juanma Moreno ha sacado pecho de los cifras que estipulan que Andalucía lidera la bajada en el ranquin nacional y registra la cifra más baja de desempleo en 18 años. Con un “¡Sigamos!”, el líder del PP andaluz ha celebrado la tendencia a través de una publicación en la red social X, mientras que desde Génova el análisis dista mucho del entusiasmo.

“Maquillaje”, así lo ha resumido Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, en una rueda de prensa a la luz de lo publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este lunes en Madrid. “Utilizan, según les interese, el dato desestacionalizado, cuando la Semana Santa ha estado ahí. Analicen el día a día de las afiliciaciones y verán que en ningún día se ha producido 22 millones de afiliados”, resaltó.

En esta línea, Bravo insistió en que dos de cada diez contratos son indefinidos a jornada completa, por lo que “el resto son o temporales o a tiempo parcial, o fijos discontinuos”, criticó. Desde primera hora, la dirección popular ha desprestigiado los mensajes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien ha intentado sacar rédito del número de afiliaciones. Al margen de los ataques cruzados en redes sociales o desde las sedes institucionales, Juanma Moreno se desmarca una vez más del discurso de la cúpula nacional y hace referencia a tres hitos: “63.584 parados menos que hace un año, 59 meses consecutivos reduciendo el paro interanual y casi medio millón de empleos creados desde 2019”, afirmó en plena precampaña por las próximas elecciones autonómicas.

Marzo, mes de récord

En el conjunto del país, marzo fue un mes de récord en el mercado laboral español, que sumó más de 211.500 trabajadores, el dato más elevado de la serie histórica para este mes, y un total de 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social en términos desestacionalizados. En términos medios, el dato más común para medir el empleo en España, el total de trabajadores alcanzó un nuevo techo, que rozó los 21,9 millones.

El crecimiento del empleo en el mes de marzo es el mayor en términos absolutos de la serie histórica, de más de 211.500 personas, y también de los más elevados en términos relativos (+0,98%). Además, este período es tradicionalmente bueno en la hostelería y el turismo, más si coincide en la Semana Santa (en esta ocasión, solo los últimos días) y la llegada de mayores temperaturas tras el invierno. 

Mientras, Andalucía registró 8.836 desempleados menos que en febrero, lo que supone un descenso del 1,5%, y sitúa el total en 579.638 parados. Por provincias, el paro descendió en siete de las ocho provincias andaluzas, con Cádiz liderando la bajada (-2.352), seguida de Sevilla (-1.939), Málaga (-1.863), Granada (-1.187), Huelva (-1.021), Córdoba (-499) y Almería (-33). El desempleo solo aumentó en Jaén (+58). Además, en términos interanuales, el paro acumula una bajada de 63.584 personas, un 9,89% menos, consolidando la tendencia positiva del mercado laboral andaluz y siendo la locomotora el sector servicios, la construcción y la industria.

Euskadi registró en el pasado mes de marzo 107.173 parados en las oficinas de Lanbide, lo que supone 179 más que en febrero (+0,17%). Así lo recogen los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y por el Gobierno vasco. Sin embargo, en comparación con el mes de marzo de 2025, la cifra de desempleados en la comunidad autónoma se ha reducido en 1.141 personas (-1,05%).

En España, con 2.419.712 personas en desempleo, el paro ha descendido un 0,94% respecto al mes anterior, con caídas en todas las comunidades menos Euskadi, Madrid y Canarias. En la comparativa interanual, la cifra de parados se ha reducido un 6,22% de media estatal, con descensos en todas las comunidades, el menor de ellos en términos porcentuales en Euskadi.

Euskadi, asimismo, acumuló 1.033.410 afiliados a la Seguridad Social, 5.003 más que el mes anterior (+0,49%). En términos interanuales, la afiliación se ha incrementado en 10.971 trabajadores respecto a marzo de 2025 (+1,07%). En ambos casos, el incremento de los afiliados se situó por debajo de la media española, que aumentó un 0,98% respecto a febrero y un 2,46% en comparación con el pasado año.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión del Gobierno vasco, Alfonso Gurpegui, ha destacado que los datos de paro y afiliación del pasado mes de marzo confirman “la tendencia de estabilidad y mejora progresiva del empleo”, si bien el Ejecutivo está “alerta” ante las posibles repercusiones en el empleo del “complicado contexto geopolítico mundial, de imprevisibles consecuencias”. El viceconsejero ha destacado que se ha dado un incremento de cotizantes a la Seguridad Social, con “una base sólida” en la creación de puestos de trabajo, y que se reduce el desempleo en términos interanuales y hay “una mejora progresiva en la estabilidad laboral”.

El paro registrado en las oficinas de empleo bajó en Asturias en marzo en 807 personas respecto a febrero, un 1,54%, el quinto mayor recorte en términos relativos entre las comunidades autónomas, lo que dejó la cifra de desempleados en la comunidad en 51.435, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, Asturias ganó 3.069 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa una subida del empleo del 0,79%, hasta 393.981 trabajadores, de acuerdo a los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los datos

Respecto a marzo de 2025, el paro bajó en el Principado en 3.172 personas, un 5,81%o, mientras que el empleo aumentó en 8.410 trabajadores, un 2,18%.

En el conjunto del país, la Seguridad Social alcanzó un nuevo récord con 21.882.147 afiliados, tras registrar un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa.

Afiliación

En términos desestacionalizados se han superado por primera vez los 22 millones de afiliados (22.010.532 ocupados), al aumentar en 80.274 en el último mes.

El número de desempleados registrados en los servicios de empleo se mantiene en niveles no registrados desde 2008, concretamente en los 2.419.712, tras disminuir en 22.934 personas durante marzo.

Marzo de récord en el mercado laboral español, que sumó más de 211.500 trabajadores, el dato más elevado de la serie histórica para este mes, y un total de 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social en términos desestacionalidos. En términos medios, el dato más común para medir el empleo en España, el total de trabajadores alcanzó un nuevo techo, que rozó los 21,9 millones. Cuando todas las miradas apuntan a unos 6.000 kilómetros de distancia, en la guerra de Irán que inquieta a la economía mundial y ya ha comenzado a elevar los precios también en suelo nacional, el empleo por el momento parece que sigue su rumbo al alza con fuerza sin verse lastrado –al menos aún– por el contexto internacional.

El crecimiento del empleo en el mes de marzo es el mayor en términos absolutos de la serie histórica, de más de 211.500 personas, y también de los más elevados en términos relativos (+0,98%).

Marzo es habitualmente un buen mes para el mercado laboral, con una importante creación de puestos de trabajo, muchos vinculados a la hostelería y el turismo, y que es especialmente favorable, si coincide la celebración de la Semana Santa (en esta ocasión, solo los primeros días). Además, la llegada de mayores temperaturas tras el invierno suele empujar a estos y otros sectores de actividad, como la construcción.  

En esta ocasión, dado el conflicto en Oriente Medio, que ha afectado todo el mes de marzo, había expectación por ver las cifras de empleo, que por el momento parecen aguantar con normalidad. No solo por el tirón del empleo, sino también por los datos diarios de ERTE que refleja la estadística del Ministerio de la Seguridad Social, que no recoge afectación al alza. No obstante, estos datos pueden aumentar a posteriori, ya que hay un cierto decalaje entre la presentación de los expedientes y su reflejo en la estadística oficial.

Nuevo récord de trabajadores: casi 21,9 millones

Con el empuje de marzo, el mercado laboral ha superado un nuevo techo, respecto al anterior marcado en verano, que se ha quedado muy cerca de los 21,9 millones de trabajadores. En concreto, 21.882.147 personas trabajadoras afiliadas de media a la Seguridad Social.

El Gobierno ha destacado esta mañana otro récord, el de los trabajadores según la estadística desestacionalizada, que ha alcanzado por primera vez una cifra redonda: los 22 millones de trabajadores. Esta estadística mide la evolución del mercado laboral aislando los vaivenes propios de del calendario y la estacionalidad, y aunque es un dato muy utilizado y complementario en los análisis sobre el empleo, no es el que se suele utilizar para medir el total de trabajadores en España.

“Hemos superado el hito histórico de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras sumar 2,2 millones de empleos desde la reforma laboral y 3,3 millones desde 2018. En menos de dos años hemos sumado dos millones de afiliados de media”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Antes de las 9.00 horas, que es cuando el Ministerio publica los datos, ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había adelantado en sus redes sociales que España había alcanzado los 22 millones de ocupados en marzo por primera vez en su historia, sin precisar que se trataba del dato desestacionalizado. El anuncio lo ha hecho vestido con una camiseta de la selección española de fútbol, con el número 22 a la espalda, como guiño a los 22 millones de ocupados.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró un importante empujón este mes, con una subida mensual de 80.274 afiliados, casi el doble que los registrados en febrero (45.000), que ya había acelerado el empleo respecto a enero (17.300). Así, se ve una importante aceleración de la creación de empleo.

Volviendo a los datos medios, también se observa este mayor empuje del mercado laboral. En el último año, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la Seguridad Social ha ganado más de medio millón de personas trabajadoras, con 524.501 afiliados, lo que supone un ritmo de creación de empleo de casi el 2,5%, que suma tres décimas respecto al mes anterior (2,2%).

La hostelería tira del empleo

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó más de 194.200 afiliados medios en marzo (+1%), hasta un total de 18,39 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 14.900 afiliados (+0,4%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.429.534 personas. En comparación con marzo de 2025, hay 40.286 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,2%).

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 79.701 nuevos ocupados (+5,6%), seguido de actividades administrativas, con 17.206 nuevos cotizantes (+1,2%), y de la construcción, que sumó 17.156 afiliados medios (+1,7%).

Por su parte, en el Sistema Especial Agrario se produjeron 3.895 altas (+0,6%) y en el del Hogar, 3.886 bajas (-1,1%). En el mes de marzo se han registrado casi 10,4 millones de afiliadas, la cifra más alta de la serie, además de récord en afiliados extranjeros, que superan los 3,15 millones por primera vez.

23.000 personas menos en paro

Además, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída del paro en el tercer mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con un total de 2.419.712 parados, ha subrayado el Ministerio.

“Somos conscientes de que muchas personas todavía hoy están en desempleo y seguiremos trabajando para reducir las cifras de desempleo en nuestro país. La próxima parada es el control horario, porque se hacen dos millones y medio de horas extras a la semana sin pagar y lógicamente esto es una irregularidad, por tanto, próxima parada control horario”, ha subrayado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El retroceso del paro en marzo de este año es mayor que el experimentado en igual mes de 2025 (-13.311 desempleados), pero inferior a los descensos de marzo de 2024 (-33.405) y 2023 (-48.755).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 26 ocasiones y ha subido en cinco. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 302.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2002, cuando disminuyó en 66.800 parados, destaca Europa Press.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el tercer mes de 2026 en 15.534 personas. En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.426 parados, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 95.206 mujeres (-6,1%) y una caída del desempleo masculino de 65.220 varones (-6,3%).

Así, al finalizar el tercer mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.458.572 mujeres, su nivel más bajo en un mes de marzo en 18 años, mientras que el de varones totalizó 961.140 desempleados.

Por sectores, el paro bajó especialmente en el sector servicios, con 18.852 desempleados menos que en febrero (-1%), seguido de la construcción, que restó 5.846 desempleados (-3,4%), y de la industria, con 1.482 parados menos (-0,8%). Por contra, el desempleo subió en marzo en la agricultura, con 365 parados más (+0,5%), y en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, donde aumentó en 2.881 personas (+1,3%).

Por comunidades autónomas, el paro registrado disminuyó en marzo en 14 comunidades autónomas y subió en tres: Canarias (+843 desempleados), Madrid (+342) y País Vasco (+179). En el lado de los ascensos, destacaron los de Andalucía (-8.836 desempleados), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

El trabajo temporal roza mínimos, del 11,6%

En marzo de este año se registraron algo más de 1,3 contratos, casi un 12,4% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 576.532 fueron contratos indefinidos, el 44% del total.

Yolanda Díaz ha resaltado que ese 44% de contratación indefinida, frente al 10% que suponía antes de la reforma laboral. “Estos datos explican y son la respuesta de todas las reformas laborales que hemos emprendido desde hace ya más de seis años en el Ministerio de Trabajo, desde el Gobierno de España. Desde la subida del salario mínimo, la reforma laboral, la protección y la reforma del subsidio por desempleo y tantas y tantas normas”, ha recalcado.

Con estos datos de marzo, el balance de trabajadores temporales sobre el total de personas asalariadas se sitúa en el 11,6%, rozando el mínimo histórico alcanzado tras la reforma laboral (11,5%).

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales ayudas sociales en España, destinada a garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de vulnerabilidad. Cada mes, miles de beneficiarios esperan el ingreso en su cuenta bancaria, pero lo cierto es que no existe una única fecha exacta de cobro: depende tanto del calendario oficial como de la entidad financiera.

De cara a abril de 2026, la pregunta vuelve a repetirse: ¿cuándo se cobra el IMV? La respuesta combina normativa, práctica bancaria y algunas variaciones habituales que conviene tener en cuenta para no llevarse sorpresas.

El calendario oficial de la Seguridad Social

Según establece la normativa de la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital se abona en los primeros días de cada mes. En concreto, el reglamento fija que las prestaciones deben pagarse entre el día 1 y el 4 del mes correspondiente.

Esto significa que, en condiciones normales, el ingreso correspondiente a abril de 2026 debería recibirse entre el 1 y el 4 de mayo. No obstante, esta es solo la referencia oficial: en la práctica, la fecha real puede variar.

Además, el IMV se paga en 12 mensualidades mediante transferencia bancaria, lo que implica que cada mes sigue el mismo patrón general de abono.

Por qué no todos cobran el mismo día

Aunque la Seguridad Social ordena el pago dentro de ese margen de días, el momento en que el dinero llega a la cuenta depende directamente de cada banco. Es decir, la fecha final no es única para todos los beneficiarios.

En los últimos años, muchas entidades financieras han optado por adelantar el abono de prestaciones como el IMV. Esta práctica, que se generalizó durante la pandemia, se ha mantenido y hace que algunos usuarios reciban el dinero incluso antes de que comience el mes.

Por ejemplo, en meses recientes como marzo de 2026, algunas entidades han adelantado el ingreso a los días 23, 24 o 25 de febrero, mientras que otras lo han realizado más cerca de final de mes o ya en los primeros días de marzo.

Este patrón permite anticipar qué puede ocurrir en abril: habrá beneficiarios que vean el dinero en su cuenta durante la última semana de marzo y otros que lo reciban en los primeros días de abril.

Previsión de pago del IMV en abril de 2026

Respecto a la previsión para el cobro del IMV en abril de 2026, se prevé que Bankinter realice el abono a partir del día 23 de abril; CaixaBank y Banco Santander se espera que realicen el ingreso el viernes 24 de abril; BBVA y Banco Sabadell es previsible que lo hagan los días 24 y 25 de abril; ING, Abanca y Cajasur, por su parte, a partir del día 25 de abril y Unicaja el último día hábil del mes, que en este caso sería el jueves 30 de abril.

En definitiva, lo más habitual será recibir el ingreso entre finales de abril y los primeros días de mayo, dependiendo de la entidad financiera. También hay que tener en cuenta que si los primeros días del mes coinciden con festivos o fines de semana, como en esta ocasión, siendo el viernes 1 de mayo festivo nacional, el pago puede retrasarse ligeramente hasta el siguiente día hábil.

Qué ocurre si es la primera vez que se cobra

En el caso de nuevos beneficiarios, el funcionamiento del IMV introduce una particularidad importante: el primer pago puede incluir atrasos. Cuando la Seguridad Social aprueba la solicitud, el derecho al cobro se genera desde el mes siguiente a la fecha de presentación. Esto implica que el primer ingreso puede ser superior al habitual, al incluir cantidades acumuladas de meses anteriores.

Por ejemplo, si una solicitud se resuelve en marzo pero corresponde a meses previos, el beneficiario puede recibir en abril tanto la mensualidad ordinaria como los atrasos correspondientes.

Una ayuda clave para miles de hogares

El IMV nació en 2020 con el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social, y desde entonces se ha convertido en una prestación esencial para cientos de miles de familias en España.

En 2026, la cuantía base para un beneficiario individual supera los 8.800 euros anuales, aumentando en función del número de miembros de la unidad de convivencia. Además, la ayuda puede complementarse con el denominado complemento de ayuda a la infancia, que incrementa la prestación en función de la edad de los menores a cargo.

Obligaciones para mantener el IMV

Más allá de las fechas de cobro, los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos para mantener la ayuda. Uno de los más importantes es la obligación de presentar la declaración de la renta cada año, incluso si no se alcanza el mínimo exigido en otros casos.

El incumplimiento de esta obligación puede suponer la suspensión o incluso la pérdida definitiva de la prestación, lo que convierte este trámite en un elemento clave dentro del calendario anual del IMV.

También es necesario comunicar cualquier cambio en la situación personal o económica, como variaciones en los ingresos, cambios de domicilio o modificaciones en la unidad de convivencia.

Un calendario flexible pero previsible

Aunque a primera vista puede parecer confuso, el calendario del IMV sigue una lógica bastante estable. La clave está en diferenciar entre la fecha oficial —marcada por la Seguridad Social— y la fecha real de ingreso, que depende del banco.

Para abril de 2026, esa diferencia vuelve a ser determinante: mientras algunos beneficiarios cobrarán antes de que termine abril, otros tendrán que esperar a los primeros días de mayo.

En cualquier caso, el patrón se repite mes a mes, lo que permite anticipar el cobro con bastante precisión. Y, en un contexto en el que esta ayuda resulta fundamental para muchas familias, conocer estas fechas no es solo una cuestión práctica, sino también una forma de organizar mejor la economía doméstica.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha salido de su reunión en La Moncloa con Pedro Sánchez con un ramillete de acuerdos, tanto relativos al desarrollo estatutario como en temas como la seguridad o la economía. Ya era conocido que se iba a crear un órgano bilateral para canalizar el deseo del Gobierno vasco de coparticipar en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia, como adelantó este periódico en febrero, y a ello se le asuman otras transferencias de competencias de pequeño calado. Asimismo, el Ejecutivo autonómico da mucha relevancia a los compromisos en materia de seguridad para atajar las armas blancas y la multirreincidencia y para que la Ertzaintza gane atribuciones en materia de inmigración. Y también al apartado económico, dado el contexto general. Pradales ha aludido al Vascofin, un “marco de cooperación financiera” para mejorar el acceso a circulante de las 'pymes' y que implicará la coordinación entre el ICO estatal y el IVF vasco.

No hay todavía acuerdo para el traspaso de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, contemplado en el Estatuto de 1979 y comprometido para finales de 2025. El PNV apoyó en 2023 la investidura de Pedro Sánchez a cambio de cerrar todas las transferencias en dos años. Las conversaciones siguen abiertas para una operación de gran calado presupuestario, 12.000 millones de euros. Se da la circunstancia de que el hasta ahora principal interlocutor del Gobierno vasco en estas reuniones era quien ahora se ha convertido en ministro de Hacienda, Arcadi España. El lehendakari ha indicado que en julio debería producirse otra reunión para seguir avanzando.

“Antes de nada, permítanme unas palabras de agradecimiento para Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda y hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. Ha sido una persona clave en la colaboración entre nuestros Gobiernos durante todos estos meses. Un político dialogante, honesto y de una enorme capacidad negociadora. Le deseo buena suerte y espero que podamos seguir colaborando con el mismo espíritu, ahora desde sus nuevas responsabilidades”, es lo primero que ha dicho Pradales en su rueda de prensa en Madrid.

La cita de este viernes ha sido doble. Primero, un cara a cara entre Sánchez y Pradales. Y, ya después, una comisión bilateral con ambos acompañados por sus equipos. Ambos mandatarios acumulan ya más de media docena de encuentros en Vitoria, Madrid y otros eventos desde que Pradales se convirtió en lehendakari en el verano de 2024. La relación es mucho más intensa que la que tenía Iñigo Urkullu con Sánchez. Con Sánchez han estado el ministro Ángel Víctor Torres, cinco secretarios de Estado -pero ya no España- y, entre otros, la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia. A Pradales le han acompañado tres consejeros, María Ubarretxena, Nerea Melgosa y Susana García Chueca, de la parte del PSE-EE de la coalición, además de otros tres altos cargos. El titular de Salud, Alberto Martínez, estaba también en Madrid pero en otro foro, la interterritorial en la que ha protestado por la incapacidad del Ejecutivo central para cortar la huelga de médicos, una queja que también se ha tratado en la bilateral.

Los acuerdos sobre seguridad

En un contexto en el que el PNV ha endurecido sus discursos sobre seguridad y migraciones, Pradales regresa de Madrid con una batería de compromisos. Por ejemplo, se ha comprometido una modificación del Reglamento de Armas para “reforzar la prohibición del porte o uso de armas blancas, incluso de pequeño tamaño”. Igualmente, se busca que la normativa procesal tenga en cuenta como antecedentes investigaciones en curso y no solamente sentencias firmes “a la hora de imponer medidas de prisión preventiva” en el caso de delincuentes multirreincidentes. Es una “creciente preocupación ciudadana”, entienden fuentes del Ejecutivo vasco.

Por otro lado, el Estado acepta una “participación complementaria en materia de extranjería” de la Policía autonómica, “reforzando la efectividad del papel de la Ertzaintza en los informes policiales, sobre seguridad y orden público, que deben emitirse en materia de expulsión de personas extranjeras sin arraigo y con causas abiertas con la justicia”. Este ámbito es una función de la Policía Nacional. Asimismo, se dará acceso a la Ertzaintza a más foros internacionales de coordinación “sin pasar por la Policía Nacional” como SPOC o European Search Portal. También ganará competencias en el control de drones.

Dice Pradales que son acuerdos “muy importantes”. Ha añadido que sigue insistiendo en que Euskadi sea considerada como “frontera norte” de España. Ha pedido que se cree una subcomisión para poder analizarlo.

Los acuerdos estatutarios

A falta de concreciones sobre las pensiones, el gran punto pendiente del Estatuto de 1979, los Gobiernos central y vasco siguen avanzando en otras materias. Se trata de pequeñas competencias como la gestión de los seguros agrarios, la inspección pesquera o algunas nuevas funciones sobre centros de reconocimiento de conductores y reeducación vial, así como sobre seguridad privada (formación y capacitación).

Sin novedades, se da curso igualmente al “órgano bilateral” de nuevo cuño para que las instituciones vascas coparticipen en la toma de decisiones sobre aeropuertos. No es un traspaso de competencias, porque las terminales vascas seguirán siendo gestionadas por Aena. Euskadi tendrá “participación” en la “planificación económica” sobre Loiu, Foronda y Hondarribia, más capacidad de “promoción de nuevas rutas y coordinación con agentes económicos y logísticos” y, en particular, se hará de Foronda, en Vitoria, un “sandbox” o banco de pruebas de un nuevo modelo de impulso a la conectividad aérea en una comunidad sin AVE.

“Seguimos avanzando, pero queda mucho por hacer y acordar. Y conviene recordar una y otra vez que son competencias que pertenecen al pueblo vasco por ley y referéndum. Y que el Estado sigue sin cumplir”, ha manifestado el lehendakari. Ha señalado que las materias pendientes son “complejas” pero ha dicho que no piensa “cejar” en el “empeño” para conseguirlas. “Seguiremos insistiendo, trabajando y dialogando todo lo que haga falta para cumplir la palabra dada y defender los intereses de Euskadi”, ha manifestado. Julio ha sido fijado como nuevo horizonte. El ministro Torres ha confirmado la fecha en una comparecencia posterior.

Propuestas de Pradales

Asimismo, Pradales ha aprovechado el viaje para lanzar una batería de propuestas adicionales a Sánchez, muy enfocadas en la situación global de incertidumbre económica con epicentro en Irán. Ya hace dos semanas le había hecho llegar un decálogo y ahora le ha concretado en persona otras peticiones.

Son, por ejemplo, la “eliminación del impuesto a la generación eléctrica del 7%”, “exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80% para los consumidores electrointensivos”, la “exención del pago del Fondo Nacional de Eficiencia Energía (FNEE)”, compensaciones por emisiones de dióxido de carbono, “reducir el impuesto especial de electricidad” o “no añadir gravámenes adicionales a la factura eléctrica industrial en los próximos 5 años”.

Euskadi, con competencias de recaudación plenas pero no de regulación del IVA, desea igualmente una “reducción temporal” de ese impuesto indirecto “a algunos alimentos básicos y de producción estatal relevante”. “En España el IVA de la carne y el pescado está en el 10% (tipo reducido), se plantea reducirlo al tipo superreducido a un 4%”, exponen desde el Ejecutivo vasco.

Sobre la pesca, con embarcaciones en Ondarroa ya paradas por el incremento de los costes, Pradales quiere que el Estado active “compensaciones por paralización temporal de la flota”. “Estas ayudas cubrirían un porcentaje del ingreso medio del barco durante los días que quede en puerto, evitando pérdidas netas y preservando empleos hasta que retome la actividad”, indican.

El caballo de batalla de la Sanidad

Por otro lado, los representantes vascos han atacado por dos flancos en Madrid a la ministra Mónica García. El consejero de Salud ha acudido a la interterritorial y, con el apoyo de otras comunidades, ha insistido en que toca poner fin a la huelga de facultativos, que está disparando las listas de espera.

“Entre diciembre y marzo, más de 300.000 personas han visto alterada su atención sanitaria en Euskadi. Son los verdaderos perjudicados de una situación insostenible. Tras un gran esfuerzo habíamos recuperado las cifras de listas de espera previas a la pandemia, y ahora los tiempos de espera están volviendo a aumentar”, ha dicho Martínez a los periodistas en la capital.

Y, en el encuentro de Pradales y Sánchez, el Gobierno vasco también ha insistido en medidas para desbloquear esta cuestión e, igualmente, para poder disponer de más médicos en un contexto de escasez de personal. Entre ellas, “agilizar el proceso de homologación de títulos de médicos especialistas formados en el extranjero”, “elevar la edad máxima de ejercicio de la profesión médica voluntaria a 72 años en Atención Primaria” o “autorizar un periodo transitorio de 3 años que habilite a médicos sin especialidad para ejercer en períodos estivales”. También “autorizar que los residentes de medicina de familia puedan empezar a ejercer una vez finalizado el tercer año de residencia, de manera que el R4 lo puedan realizar más adelante cuando los sistemas estén menos estresados por la falta de médicos”.

Gracias a algunas religiosas jóvenes con cierta actividad en redes sociales, algunos nos hemos enterado de que las monjas cotizan en el régimen de autónomos a diferencia, por ejemplo, de los curas, que son trabajadores por cuenta ajena: la Conferencia Episcopal les paga un sueldo según su posición en el escalafón salarial de la Iglesia.   

Si un autónomo es alguien que trabaja por cuenta propia, con sus propios horarios, sus clientes y sus declaraciones de IVA e IRPF, ¿por qué una monja, que vive aislada por y para su congregación, que sigue una rutina estricta y obediente, que no trabaja para nadie más que para Dios, cotiza en el régimen de autónomos? Intentamos responder a todas estas contradicciones con Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, medio asociado a elDiario.es en cuestiones relacionadas con la religión y la Iglesia católica.

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El Ministerio de la Seguridad Social ya ha dictado una resolución para dar marcha atrás en el recorte “de golpe” en la pensión máxima por jubilación anticipada que la Seguridad Social está aplicando desde el pasado 1 de enero, en lugar de las penalizaciones progresivas pactadas en la reforma de 2021, como ha podido comprobar elDiario.es. Entre los elementos más importantes para los afectados, la Seguridad Social apunta que esta corrección tiene efectos retroactivos desde el “1 de enero”. Además se hará de oficio, sin que los pensionistas tengan que solicitarlo, responden fuentes del organismo.

La Seguridad Social ha difundido una nota informativa interna –a la que ha accedido este medio– en la que se hace eco de la resolución del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, del martes 24 de marzo, para corregir esta situación.

El documento recoge además que, a través de un oficio de ayer, 25 de marzo, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha certificado que se deben volver a aplicar las penalizaciones por jubilación anticipada voluntaria pactadas con los sindicatos y la patronal en la reforma de pensiones de 2021, que se desarrolló en la Disposición Transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social.

El conflicto sobre las penalizaciones “de golpe”

La cuestión afecta a las penalizaciones (o coeficientes reductores) que se aplican a los trabajadores que se jubilan de manera anticipada y que tienen derecho a recibir la pensión máxima. En la reforma de pensiones de 2021 se pactó que esta penalización aumentara, dado que era en la práctica inferior respecto a los empleados con salarios más bajos, y se acordó un incremento progresivo de 2024 a 2033.

Sin embargo, a finales de año, la Seguridad Social comunicó de manera sorpresiva en la página web de su Simulador de la pensión que a partir del 1 de enero dejaban de ser de aplicación estos coeficientes progresivos. Desde esa fecha, el organismo público ha estado aplicando las penalizaciones previstas para 2033 “de golpe”, como denunciaron varios trabajadores afectados por el cambio a este medio.

En la práctica, esto puede significar un gran —y repentino— aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar un extra de 400 euros al mes. “En mi caso pueden ser 300 euros menos de pensión al mes”, denunciaba Íñigo Pastor, que tiene que jubilarse en los próximos meses, cuando cumpla los 63 años, fruto de una prejubilación acordada en su empresa.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT se plantaron ante la Seguridad Social por este nuevo criterio. Se negaron a negociar cualquier otra cuestión con el Ministerio de Elma Saiz hasta que corrigiera esta interpretación –que consideraban que incumplía lo pactado en 2021– y hasta que desbloquee también la jubilación parcial de los empleados públicos.

Finalmente, tras un análisis de los servicios jurídicos de la Seguridad Social que considera que el recorte de golpe es “un perjuicio para los potenciales beneficiarios”, este 24 de marzo, el secretario de Estado ha dictado la resolución para retomar los coeficientes progresivos, con el consiguiente oficio de la Dirección de Ordenación.

CCOO y UGT han valorado positivamente la rectificación del Ministerio en un comunicado conjunto y esperan que “en breve se resuelva también la plena aplicación y el ejercicio efectivo del derecho a la jubilación parcial, en los términos acordados en 2024, con la mejora de regulación para las personas jubiladas parciales y la mejora de la calidad del empleo de las personas que entran como relevistas, para las y los empleados públicos”. Tanto el personal laboral, como “la extensión al personal funcionario y estatutario”, añaden las organizaciones de trabajadores.

Solución para las pensiones ya concedidas desde el 1 de enero

Además, la nota informativa destaca que la resolución del secretario de Estado “tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026”, es decir, que alcanza también a las pensiones ya reconocidas en lo que va de año a las que habían aplicado un mayor recorte en su cuantía. “La Subdirección General de Gestión de Prestaciones emitirá las correspondientes instrucciones sobre cómo proceder en estos casos”, añade la nota.

Según fuentes del Ministerio de la Seguridad Social, este ajuste en la pensión –que supondrá un aumento de las cuantías para los afectados– “se hará de forma automática desde el INSS”, sin que los pensionistas tengan que “solicitarlo”. “Tardará pocos días en ser efectivo este cambio en el simulador”, añaden a este medio desde el Ministerio de Elma Saiz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, están cuadrando agendas para cerrar cuanto antes una nueva reunión en Madrid que deberá servir para avanzar en temas de interés común, incluido el desarrollo estatutario pero también la incertidumbre económica internacional. La parte vasca confía en que, como se prometió, este encuentro de alto nivel se produzca antes de los festivos de Semana Santa. Técnicamente, será una “comisión bilateral”. ['A posteriori', fuentes de ambos Gobiernos han informado de que la reunión se celebrará el próximo viernes, 27 de marzo]

En la cita se constatarán algunos avances con respecto a la anterior reunión, de finales de enero. Por ejemplo, hay acuerdo para la creación de un “órgano bilateral” en el que las instituciones vascas coparticipen en la toma de decisiones sobre los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. Lo ha habido también para que Euskadi se siente en dos organismos internacionales, Unesco y ONU Turismo. Pero no lo hay aún sobre el gran asunto pendiente del Estatuto de 1979, la transferencia de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, que se llegaron a cifrar en 2024 en 12.000 millones de euros, el equivalente al 75% del presupuesto autonómico actual.

El origen de estas 'cumbres' hay que buscarlo en la investidura de 2023. En aquel momento, Sánchez pactó con el PNV que en dos años, es decir, antes del final de 2025, se habrían resuelto los flecos pendientes del Estatuto, que es de 1979. Desde entonces se han ido produciendo acuerdos, como los traspasos de Cercanías o de los permisos de trabajo. Pero llegó la Navidad y no estaba todo cerrado, como se había prometido. El PNV llegó a alzar la voz y a condicionar su apoyo a la delicada mayoría gubernamental en el Congreso, pero finalmente a finales de enero se cerraron algunos acuerdos en materias como las políticas pasivas de empleo o, lo que es lo mismo, la cesión a Euskadi del Sepe estatal y del pago de las prestaciones y subsidios de paro.

Fue entonces, en La Moncloa, cuando Sánchez y Pradales fijaron un nuevo hito en el calendario: Semana Santa. La realidad es que, desde entonces, las reuniones han sido una constante. Han sido en Madrid o telemáticas, como la celebrada este mismo lunes por la tarde con el secretario de Estado Arcadi España como interlocutor de la consejera vasca que comanda las negociaciones, María Ubarretxena. El PSE-EE, como socio del PNV en Euskadi y responsable de muchas de las nuevas materias transferidas, también está implicado en las conversaciones.

Las fuentes consultadas asumen que va a ser imposible tener todos los temas pendientes cerrados en estos pocos días. El gran elefante en la habitación sigue siendo el de la gestión de las pensiones. Los Gobiernos central y vasco han iniciado ya la transferencia de la Seguridad Social, la primera vez que algo así ocurre con cualquier comunidad autónoma. Pero la parte política y económicamente más relevante, los 12.000 millones de las pensiones, sigue sin estar cerrada. El terreno de juego, en todo caso, está ya acotado: el Estado seguirá fijando la normativa y cuantías y no habrá afección a la denominada 'caja única' de solidaridad interterritorial. Euskadi será un nuevo cajero, como marca su Estatuto desde hace casi medio siglo y aún no se ha cumplido.

El propio Pradales, en su última visita a Madrid de enero, fijó otras prioridades por delante de la Seguridad Social, aunque en ningún caso dio a entender que podría sufrir el enésimo retraso. En la lista hay otras transferencias pendientes, pero ya de menor relevancia, como la gestión de los paradores de turismo o de asuntos relacionados con la matriculación o los permisos de vehículos. Hasta ahora, los Gobiernos central y vasco sólo han discrepado abiertamente sobre una demanda de los nacionalistas, la de ampliar la transferencia de Puertos ya realizada en 1982 para que Euskadi gestione el de Pasaia, ahora de “interés general” y, por lo tanto, de competencia exclusiva del Estado. En aeropuertos, sin embargo, sí han encontrado una fórmula “negocial” para saciar la demanda del PNV de que las instituciones locales tengan algo que decir en materia de inversiones y rutas en una comunidad sin AVE sin tocar la competencia de Aena. Foronda, de hecho, será un “sandbox” o banco de pruebas de un nuevo modelo de gestión, según se ha anunciado.

Igualmente, Pradales extendió otra lista de reclamaciones a Sánchez. Se insistió en pedir más capacidades en materia migratoria como “frontera norte” de España -también para la Ertzaintza-, en lograr fórmulas para dar estabilidad a la profesión médica en un contexto de escasez de personal -el consejero Alberto Martínez tiene una guerra abierta desde hace meses con la ministra Mónica García- y en iniciar ya la renovación del Cupo, el pago que hacen los territorios forales al Estado por los servicios que presta y que se regula por una ley quinquenal.

En su rueda de prensa en La Moncloa, Pradales hizo una lista de “cumplimientos” y otra de “incumplimientos”. Él mismo admitió que, cuantitativamente, eran más los primeros. Pero afirmó también que, en lo cualitativo, hay algunos de los segundos que son flagrantes. “Los incumplimientos del Gobierno español se producen en materias esenciales para el bienestar de los vascos”, dijo textualmente el lehendakari. Y agregó: “Los compromisos adquiridos no se han cumplido en su totalidad. He trasladado mi preocupación al presidente. Porque en estos tiempos de desafección política, ser fiel a la palabra dada y a los documentos suscritos entre ambos Gobiernos es, más que nunca, una obligación irrenunciable”.

De su lado, el ministro Ángel Víctor Torres resaltó la “lealtad” con la que opera el Gobierno central en relación a Euskadi. Él también hizo una enumeración y contó 22 traspasos de competencias desde 2018, doce de ellos desde 2023. “Somos un Gobierno que cree en el Estado de las autonomías”, recalcó.

Para muchos trabajadores, la llegada de la edad de jubilación no significa necesariamente el fin de su vida laboral. Sin embargo, la incompatibilidad del cobro de la pensión con seguir al frente de un negocio o realizar trabajos por cuenta propia suscita muchas dudas. “En España, el punto de partida es bastante claro: la pensión de jubilación, en su modalidad ordinaria, es incompatible con el trabajo”, asegura Jaime Carrasco del Olmo, fundador de VIPA Asesores.

A pesar de esta norma general, existen excepciones legales que permiten la convivencia de ambas situaciones. El asesor explica a elDiario.es los casos más comunes y los requisitos necesarios para evitar problemas con la Seguridad Social.

La jubilación activa

“La principal vía para compatibilizar pensión y trabajo es la llamada jubilación activa, que permite continuar con una actividad profesional una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación”, señala Carrasco del Olmo. “No obstante, no es automática ni aplicable a cualquier situación: exige, entre otras cosas, haber generado el derecho al 100% de la pensión”, advierte. Otro de los requisitos para poder acogerse es haber accedido a la jubilación a la edad legal y no de manera anticipada. 

En este régimen, generalmente se cobra el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando.

Autónomos con empleados

Existe una ventaja significativa para los trabajadores por cuenta propia en el régimen de jubilación activa que cuenten con, al menos, un trabajador contratado, destaca el asesor: “Es posible cobrar el 100% de la pensión mientras se mantiene la actividad”. 

“Eso sí, incluso en estos supuestos, se mantiene la obligación de cotizar, aunque de forma limitada”, avisa Carrasco del Olmo. “Este es un detalle que a menudo se pasa por alto y que también puede generar incidencias si no se tiene en cuenta”.

Actividades puntuales

Existe la creencia popular de que, si los ingresos anuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no es necesario darse de alta como autónomo ni declarar la actividad a efectos de la pensión. Pero el asesor aclara que esta idea “no funciona como una regla automática” y que este es “probablemente uno de los escenarios que más confusión genera”.

En el caso de actividades de escasa entidad económica o carácter puntual, el experto afirma que “la compatibilidad no está definida de forma tan clara [como en la jubilación activa] y depende mucho de cómo se interprete la actividad en concreto”.

El riesgo no está solo en cuánto se gana, señala Carrasco del Olmo: “La Seguridad Social no analiza únicamente el nivel de ingresos, sino también la habitualidad de la actividad”. Así, si el organismo detecta una actividad continuada y organizada, puede exigir la devolución de la pensión percibida y el pago de las cuotas de autónomo no ingresadas. 

Cómo evitar las sanciones

“Si hay un patrón común en los casos que acaban en regularización, es la falta de planificación previa”, afirma el asesor. “Muchas veces no hay una intención de incumplir, sino simplemente decisiones tomadas sin conocer bien el encaje legal” añade. La clave para no recibir una notificación de la Seguridad Social exigiendo la devolución de dinero es la previsión.

“Antes de iniciar cualquier actividad tras la jubilación, lo más prudente es analizar el caso concreto: tipo de ingresos, frecuencia de la actividad, estructura… y, a partir de ahí, determinar qué figura es la adecuada”, recomienda Carrasco del Olmo. Lo más sencillo para no equivocarse es consultar con un experto, no fiarse de criterios informales y comunicar correctamente la situación a la administración.

“La compatibilidad entre pensión y trabajo existe, pero no es flexible ni automática: funciona bien cuando se ajusta a las reglas, fuera de ahí es donde empiezan los problemas”, resume el experto.