La Tesorería General ha remitido al juez Calama los tres certificados que obran en su poder que acreditaban que Plus Ultra estaba al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social en un informe en el que también explica que son documentos que se expiden de forma automática. Los documentos remitidos por la Tesorería se han incorporado a la causa y Calama ha dado traslado a la UDEF para que emita un informe.

Una de las obligaciones que se impuso por parte del Estado a las empresas que pretendían acceder a un rescate público era precisamente estar al corriente con la Seguridad Social. Plus Ultra presentó su solicitud el 1 de septiembre de 2020, 11 días después de la fecha del certificado. En la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional se investiga si el expresidente del Gobierno pudo mediar de manera ilícita en ese rescate, lo que podría haber pasado por gestiones ante la Seguridad Social. Se recoge como indicio una reunión que mantuvo el 7 de septiembre de 2020 con el entonces titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. Ambos han reconocido que ese encuentro se produjo pero han asegurado que no se habló del rescate.

Este organismo responde a la solicitud que hizo el magistrado para que aportase todos los certificados expedidos a Plus Ultra —tanto negativos como positivos— de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social entre enero de 2019 y diciembre de 2021. La Tesorería explica que no tiene todos porque en aquel momento no se conservaban registros para todas las peticiones. Y remite los que sí le constan, que son dos certificados de los que dispone la subdirección general —uno de fecha 25 de marzo de 2021 y otro de fecha 27 de septiembre de 2021— y otro de fecha 20 de agosto de 2020 localizado en los archivos de la Dirección Provincial de Madrid.

Además, añade algunas “precisiones” que ve “convenientes” explicar al juzgado sobre el procedimiento para la expedición de este tipo de certificados. Los certificados de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social se emiten de “forma automatizada” a partir de la información existente en las bases de datos en cada momento, salvo que se refieran a una fecha anterior a la de la solicitud, en cuyo caso podría incorporarse de forma manual.

“Por ello, su contenido refleja la situación administrativa en el instante de expedición, sin que medie intervención discrecional ni valoración adicional por parte de órganos gestores”, dice la Tesorería General de la Seguridad Social. Por lo tanto, el certificado de fecha 20 de agosto de 2020 firmado por el Subdirector General Adjunto, se emitió —como ocurre con todos los expedidos a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social— de forma automática en función de la información existente, en el momento de la solicitud, en la base de datos y ficheros informáticos de esta Tesorería General, sin intervención de ningún funcionario. Su nombre y firma en el certificado es automático.

Y, además, la TGSS aclara en su informe que, a fecha de 20 de agosto de 2020, la aerolínea “no tenía pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social”. En esa fecha, las deudas que mantenía la compañía no eran exigibles por encontrarse bajo un aplazamiento concedido y vigente, lo que legalmente equivalía a estar “al corriente” de pago de sus obligaciones con el organismo.

El Ministerio de Seguridad Social ultima la reforma de la prestación por Cuidado de Menores afectados por Cáncer u otra Enfermedad Grave (CUME) después de recibir 1.200 aportaciones durante el proceso de audiencia pública y trabaja en una iniciativa para revisar el límite de edad, que ahora mismo es hasta los 23 años, aunque puede llegar a los 26 en determinados supuestos.

El departamento que dirige Elma Saiz ha ordenado vetar una enmienda al proyecto de ley de Discapacidad registrada en el Senado por el PP, que se iba a debatir la semana que viene y que buscaba elevar más allá de los 26 años el umbral por el que se puede percibir la prestación si persistían la situación y necesidades, según indican fuentes del Ministerio a elDiario.es. Esto es así, señalan desde el Ejecutivo, ya que la cartera “ya se encontraba trabajando en una iniciativa legislativa, a partir del diálogo con las asociaciones, para revisar el límite de edad y otras cuestiones para ajustar mejor la prestación a las necesidades de este colectivo”.

“La revisión del límite de edad fijado hasta ahora es una de las cuestiones que requieren de la preceptiva reforma legislativa y ha sido uno de los asuntos abordados durante las conversaciones mantenidas entre las asociaciones y el Ministerio de Seguridad Social, que expresó su compromiso de trabajar en esta linea para seguir extendiendo los derechos de estas familias”, detallan las mismas fuentes.

Inclusión sacó en junio a audiencia pública el borrador para reformar esta prestación, después de las persistentes denuncias de colectivos de familias de menores enfermos, como ASFACUME, que critican las negativas injustificadas y diferencias de trato en varias mutuas.

Entre las novedades, se actualiza el listado de enfermedades graves que permiten el acceso a la prestación, incorporando nuevas patologías, como el trastorno del espectro autista –ya reconocido en tribunales– y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu. También se reconoce la prestación CUME durante más meses en el reconocimiento inicial y en las prórrogas posibles. Y se incorpora de forma expresa el derecho a la ayuda en determinadas situaciones asistenciales equivalentes o “asimilables” a un ingreso hospitalario de larga duración.

Pero el borrador de este Real Decreto disgustó a la principal asociación de familias perceptoras, que denunciaron un recorte encubierto en su reforma.

Según las fuentes del Gobierno, ya se ultiman los “trámites preceptivos” para la aprobación del nuevo reglamento “fruto de un proceso de diálogo abierto y permanente con los colectivos de afectados”.

En el Ejecutivo indican que el ámbito de aplicación de esta prestación se ha ampliado desde el año 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. En concreto, el importe destinado a la CUME ha pasado de 84 millones de euros a 355 millones de euros, un 323% más, un porcentaje “muy superior al incremento experimentado por el resto de las prestaciones de la Seguridad Social”.

L'atur registrat a les oficines dels serveis públics d'ocupació va pujar en 824 persones a l'agost a les Balears en relació amb el mes anterior (+3,3%) i va baixar en 262 persones respecte del vuitè mes de l'any passat (-1%), fins als 25.706 aturats, segons les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social.

A l'agost, els sectors amb més aturats són Serveis, amb 18.047 persones, 543 més que al juliol, i Construcció, amb 3.409, 194 més. Per contra, els sectors amb menys aturats són Agricultura, amb 283 persones, dos menys que el mes anterior, i Indústria, amb 1.187, 35 més.

Quant als sexes, dels 25.706 aturats registrats a l'agost, 14.588 són dones i 11.118, homes. L'atur entre els joves menors de 25 anys es va situar en 2.604 persones, de les quals 1.402 són dones i 1.202, homes.

En el vuitè mes de l'any, l'atur entre els estrangers a les Balears es va situar en 5.737 persones, després de pujar un 5% respecte del juliol i un 19,4% en comparació amb l'any anterior.

A l'agost es van registrar 31.339 contractes a les Balears, un 19,6% més que l'any anterior. D'aquests, 19.166 van ser contractes indefinits i 11.742, contractes temporals.

D'altra banda, les Balears van registrar a l'agost 693.812 afiliats a la Seguretat Social, 226 menys que el mes anterior (-0,03%), segons les dades fetes públiques també aquest dimecres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

En termes interanuals, l'afiliació a la Comunitat Autònoma s'ha incrementat en 26.872 treballadors respecte de l'agost de 2025, un 4,03% més.

A l'arxipèlag, el règim general de la Seguretat Social compta amb 579.716 cotitzants, dels quals 9.332 estan registrats com a treballadors de la llar i 3.022 com a treballadors agraris.

A més, hi ha 110.124 persones inscrites en el règim d'autònoms i 3.971 en el de treballadors del mar.

Euskadi ha perdido 11.018 cotizantes a la Seguridad Social en el mes de agosto, un periodo en el que se han sumado 1.258 desempleados más respecto a julio, debido al parón del verano en muchos sectores. Pese a este aumento del paro, el balance respecto al año anterior es positivo, ya que hay 2.321 desempleados menos que en 2025 y 24.487 afiliados más.

En concreto, según los datos proporcionados por Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, Euskadi ha cerrado el mes de agosto con una cifra de 106.848 parados registrados, 1.258 más que en julio (+1,19%), aunque respecto a agosto de 2025 suponen 2.321 desempleados menos (-2,13%).

El paro se ha incrementado en los tres territorios vascos respecto a julio, con subidas del 1,13% en Álava (+210 personas), del 1,19% en Bizkaia (+677 personas), y del 1,32% en Gipuzkoa (+371 personas). Respecto a agosto del pasado año, el número de parados se ha reducido un 1,55% en el territorio vizcaíno (-954 personas), del 2,74% en Álava (-504 personas) y del 2,94% en Gipuzkoa (-863 personas).

También ha afectado la subida del desempleo a todos los sectores menos a Agricultura y Pesca, que ha cerrado el pasado mes con 31 menos que el mes anterior. Industria, con 10.254 parados, ha registrado un aumento en 333 personas; Construcción, con 5.357 desempleados, los ha incrementado en 160; Servicios, con 73.842 parados, ha sumado 666 personas; y el colectivo sin empleo anterior, que agrupa a 15.698 desempleados, ha aumentado el paro en 130 personas. Respecto al pasado año, el desempleo en Euskadi se ha reducido en 3.949 personas en los Servicios, en 309 en Industria, en 121 en Construcción y en 71 en Agricultura y Pesca. Por contra, el colectivo sin empleo anterior lo ha incrementado en 2.129 personas.

De los 106.848 parados en Euskadi, 62.164 son mujeres y 44.684 hombres. Por edades, los mayores de 45 años concentran 59.081 del total de desempleados, aunque es el colectivo que menos ha aumentado en términos porcentuales, con una subida mensual del 0,49% respecto a julio. También es el que menor descenso interanual presenta, de un 0,24%. Entre los jóvenes menores de 30 años, con una población parada de 17.882 personas, el desempleo ha subido un 2,36% mensual y ha bajado un 0,63% interanual. En la franja de 30 a 44 años, con 29.885 inscritos en Lanbide como parados, se ha anotado un incremento mensual del 1,90% y una caída respecto al pasado año del 5,46%.

En lo que se refiere al número de cotizantes a la Seguridad Social, Euskadi se mantiene por encima de la barrera del millón. Concretamente 1.031.282 afiliados. Son 11.018 cotizantes respeto al mes anterior (-1,06%), pero 24.487 más respecto a agosto de 2025 (+2,43%), según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Todos los territorios perdieron afiliados en la variación mensual y, en concreto, en Álava se cerró agosto con 3.409 cotizantes menos respecto al mes anterior (-1,98%), pero 4.319 más en relación con agosto de 2025 (+2,62%). En Gipuzkoa, los afiliados se redujeron en 3.809 personas en agosto respecto a julio (-1,10%) y aumentaron en 6.779 en variación anual (+2,02%), mientras que en Bizkaia la cifra de afiliados cayó en 3.800 en agosto respecto a julio (-0,73%), mientras que se contabilizaron 13.389 cotizantes más en comparación con agosto de 2025 (+2,65%).

Al cierre de agosto, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario establecido ascendía en Euskadi a 13.219, de los 337.917 del conjunto del Estado.

El Gobierno vasco ha considerado estacional la subida del desempleo, y ha valorado los datos interanuales que “reflejan que este ajuste ha sido notablemente más suave que el observado en años anteriores, confirmando la fortaleza y estabilidad que viene mostrando el empleo en Euskadi durante los últimos meses”. Además, el viceconsejero de Empleo, Alfonso Gurpegi, ha señalado la que subida del paro es la “más moderada registrada en este mes de julio durante los últimos quince años”. “Más allá de la evolución mensual, la perspectiva interanual confirma una situación de fortaleza del mercado laboral, con menos paro, más empleo y una capacidad de resistencia que permite afrontar la recta final del año con una base sólida para seguir avanzando en la creación de oportunidades laborales de calidad”.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 824 personas en agosto en Balears en relación al mes anterior (+3,3%) y bajó en 262 personas en relación al octavo mes del año pasado (-1%) y se sitúa en los 25.706 parados, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En agosto, los sectores con más parados son Servicios (18.047 con 543 más que en junio) y Construcción (3.409 con 194 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (283 y dos menos) e Industria (1.187 y 35 parados más).

En cuanto a sexos, de los 25.706 desempleados registrados en agosto, 14.588 son mujeres y 11.118, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 2.604 personas de los cuales 1.400 son hombres y 1.402 son mujeres.

En el octavo mes del año, el paro entre los extranjeros en Baleares se situó en 5.737 personas tras subir un 5% respecto a julio y un 19,4% en comparación con el año anterior.

En agosto se registraron 31.339 contratos en Balears, un 19,6% más que el año anterior. De todos ellos, 19.166 fueron contratos indefinidos y 11.742, contratos temporales.

Por otro lado, Balears ha registrado en agosto 693.812 afiliados a la Seguridad Social, 226 menos que el mes anterior (-0,03%), según los datos hechos públicos también este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 26.872 trabajadores respecto a agosto de 2025, un 4,03% más.

En el archipiélago, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 579.716 cotizantes, de los cuales 9.332 están registrados como trabajadores del hogar y 3.022 como trabajadores agrarios.

Además, hay 110.124 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.971 en el de trabajadores del mar.

La Seguridad Social cambiará desde este martes, 1 de septiembre, la forma de comunicar determinadas actuaciones a algunos trabajadores y beneficiarios de prestaciones. La modificación amplía el uso de los canales electrónicos en varios procedimientos. A partir de esa fecha, quienes estén incluidos en los nuevos supuestos tendrán que prestar más atención a la Sede Electrónica para consultar las notificaciones relacionadas con sus expedientes.

La medida está recogida en la Orden ISM/541/2026 y supone un nuevo avance en el uso de las comunicaciones digitales dentro de la Seguridad Social. El cambio no afectará por igual a todos los ciudadanos ni hará obligatoria la vía telemática para cualquier persona que cobre una prestación. Su aplicación se limita a determinados trámites relacionados principalmente con situaciones de incapacidad.

Esto tampoco significa que las cartas vayan a desaparecer por completo. Aunque el canal electrónico pasará a ser el principal para los colectivos afectados, la normativa mantiene varios supuestos en los que la Administración podrá seguir utilizando medios no digitales. El cambio que entra en vigor en septiembre amplía, por tanto, el número de personas que deberán consultar sus comunicaciones por internet, pero conserva otras vías cuando se den determinadas circunstancias.

A quién afecta el cambio desde el 1 de septiembre

Uno de los grupos que se incorpora a esta obligación es el de las personas que hayan solicitado o estén cobrando una prestación por incapacidad temporal. Esto incluye a trabajadores que se encuentren de baja laboral y tengan abierto un procedimiento relacionado con esa situación. Las comunicaciones vinculadas a estos expedientes pasarán a realizarse principalmente por vía electrónica.

La modificación también afecta a las notificaciones relacionadas con una incapacidad permanente y con lesiones permanentes no incapacitantes. En estos casos, la obligación dependerá del procedimiento concreto al que haga referencia la comunicación. Esto no significa que cualquier pensionista tenga que recibir a partir de ahora todas sus notificaciones de manera digital.

El sistema electrónico ya incluye además a quienes solicitan o cobran prestaciones por nacimiento y cuidado de un menor, así como a las personas que reciben ayudas relacionadas con el riesgo durante el embarazo o la lactancia natural. Estos colectivos seguirán sujetos al mismo régimen que tenían hasta ahora. El cambio no pone en marcha un sistema completamente nuevo, sino que amplía el número de personas físicas obligadas a utilizarlo en determinados procedimientos.

Cómo se recibirán las notificaciones y cuándo se mantendrá el papel

Las personas afectadas tendrán que consultar sus comunicaciones a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Cuando haya una nueva notificación disponible, el organismo enviará un aviso al correo electrónico o al teléfono móvil que el interesado haya facilitado previamente. Ese mensaje servirá para informar de que existe un documento pendiente de consulta.

Para acceder a su contenido será necesario identificarse mediante alguno de los sistemas habilitados, como el certificado digital, el DNI electrónico o Cl@ve. La notificación se considerará recibida en el momento en el que el destinatario acceda y consulte el documento. Si no lo hace, empezará a contar un plazo máximo de diez días desde que la comunicación quede disponible.

Una vez transcurridos esos diez días sin que el interesado haya entrado al contenido, la notificación se entenderá rechazada. Esto obliga a quienes estén incluidos en este régimen a revisar sus canales electrónicos cuando tengan algún trámite abierto, ya que dejar de recibir una carta en casa no significa que el procedimiento administrativo se detenga.

Aun así, la Seguridad Social podrá seguir utilizando medios no electrónicos en determinados casos. Entre ellos se encuentran las situaciones en las que sea necesaria una entrega presencial para garantizar la eficacia de una actuación administrativa o cuando exista una urgencia que haga incompatible esperar al funcionamiento habitual del canal digital.

También podrá recurrirse a otra forma de comunicación cuando el organismo no disponga del número de teléfono móvil o del correo electrónico del interesado para enviarle el aviso correspondiente. Estas excepciones mantienen la posibilidad de utilizar el papel en situaciones concretas, aunque deje de ser la vía habitual para los nuevos colectivos que pasan a estar obligados a recibir las comunicaciones electrónicamente.

Quiénes no están obligados a recibir las notificaciones por vía electrónica

La reforma no convierte a todos los beneficiarios de la Seguridad Social en usuarios obligatorios de las notificaciones electrónicas. Ser pensionista, por sí solo, no implica quedar incluido en la nueva obligación. Quienes cobren una pensión de jubilación, viudedad u orfandad no pasarán a recibir todas sus comunicaciones exclusivamente por internet únicamente por percibir alguna de estas prestaciones.

Lo mismo ocurre con las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital o determinadas prestaciones familiares. Ser beneficiario de estas ayudas tampoco supone por sí mismo que todas las notificaciones tengan que pasar al canal digital a partir del 1 de septiembre.

La clave está en el tipo de procedimiento al que se refiera cada comunicación. La obligación se aplica únicamente a los supuestos concretos recogidos en la normativa y no a cualquier relación con la Seguridad Social. Por este motivo, una misma persona puede encontrarse dentro o fuera del sistema electrónico en función de la prestación o del expediente que tenga abierto.

Desde septiembre, el principal cambio para los trabajadores afectados será la necesidad de consultar de forma activa la Sede Electrónica cuando tengan una baja por incapacidad temporal o reciban comunicaciones relacionadas con una incapacidad permanente o con lesiones permanentes no incapacitantes. El correo postal seguirá utilizándose en determinadas circunstancias, pero dejará de ser la vía principal para estos procedimientos.

El nuevo régimen jurídico de la jubilación flexible -que permite compatibilizar trabajo y pensión- entra en vigor este viernes con nuevos complementos para los que se acojan y abriendo esta opción para el trabajo autónomo, entre otros cambios.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de mayo el real decreto con el régimen jurídico de la jubilación flexible y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos días después, el 28, por lo que los cambios entran en vigor este viernes, tres meses después.

Gobierno y agentes sociales se comprometieron en la reforma de 2021 a revisar las condiciones de esta opción, minoritaria en España, que permite volver al mercado laboral tras haberse jubilado, compaginando el cobro de la pensión con un empleo a tiempo parcial.

El objetivo es hacer más atractiva esta opción que apenas se usa en España, ya que aquellos que voluntariamente quieren alargar la vida laboral prefieren otras modalidades como la jubilación demorada o la activa.

Entre las novedades, la norma establece que podrán acogerse a la jubilación flexible todas aquellas personas que quieran desarrollar una actividad por cuenta propia como autónomos.

Hasta ahora, esta modalidad de jubilación solo permitía el trabajo por cuenta ajena como asalariado a tiempo parcial, mientras que ahora también se podrá ser autónomo, siempre que no se haya estado dado de alta en este régimen en los tres años anteriores a la fecha de jubilación.

Otro de los cambios que entran en vigor es que no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible, con lo que se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión.

Nueva horquilla y complementos

Además, los pensionistas que compatibilicen la jubilación con una actividad por cuenta ajena a tiempo parcial tendrán una horquilla para trabajar de entre el 33 y el 80% de la jornada, cuando hasta ahora era de entre el 25 y el 75%.

La cuantía de la pensión se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo.

También como novedad, y para incentivar el retorno al mercado de trabajo cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos 6 meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional de pensión.

De esta forma, las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80% incrementarán el importe de la pensión en un 25% adicional, mientras que las que estén entre el 33 y el 55 % sumarán un 15% adicional.

En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir hasta el 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible.

Durante el periodo de jubilación flexible, el trabajador seguirá teniendo la condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social.

La nueva regulación se aplicará a todos los regímenes de Seguridad Social, a excepción de los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que el objetivo de estos cambios es que los trabajadores “tengan más y mejores opciones a la hora de jubilarse o compatibilizar empleo y pensión”.

La norma no tiene efectos retroactivos, es decir, que las jubilaciones flexibles iniciadas antes del 28 de agosto seguirán rigiéndose por la normativa anterior.

Se ha vuelto a detectar una masiva y peligrosa campaña de mensajes de texto fraudulentos que suplanta, de forma directa, a la Tesorería General de la Seguridad Social. Los ciberdelincuentes esta vez envían un SMS al teléfono móvil de los ciudadanos informándoles de que disponen de una supuesta actualización pendiente en el sistema. El mensaje insta de manera urgente a pulsar sobre un enlace de internet adjunto para gestionar dicho trámite administrativo de forma inmediata. Sin embargo, este enlace redirige a una página web falsa que suplanta la identidad de la propia Tesorería General.

Esta estafa ha sido identificada y calificada con un nivel de importancia alta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), así como por la Guardia Civil, que ha utilizado sus redes oficiales para alertar a la ciudadanía sobre este engaño que busca hacerse con datos confidenciales de los usuarios mediante enlaces maliciosos. Este tipo de ciberataque es conocido bajo la denominación técnica de smishing, una modalidad de fraude que se basa en el envío de mensajes de texto simulando ser una entidad legítima. El objetivo principal de estos mensajes es confundir a los receptores para robarles información privada o realizarles un cargo económico en sus cuentas de forma fraudulenta.

Por lo general, los ciberdelincuentes aprovechan la confianza que los usuarios depositan en las instituciones públicas o de servicios esenciales para hacerlos picar en el anzuelo de manera rápida. La Seguridad Social constituye uno de los cebos más utilizados por estas organizaciones cibernéticas, junto con otras entidades públicas de gran relevancia como la Agencia Tributaria, los ayuntamientos locales o los servicios postales de Correos, con el fin de maximizar el número de víctimas y obtener un mayor impacto económico ilícito. De esta forma, la víctima asume falsamente la autenticidad del remitente.

Una vez que el usuario hace clic en el enlace que acompaña al mensaje de texto, es redirigido a un sitio web fraudulento que copia con gran precisión el portal real. La página falsa imita a la perfección los logotipos de la Seguridad Social, las tipografías corporativas, los colores institucionales y la disposición visual para lograr una apariencia de absoluta verosimilitud ante el público. Con el propósito de dar mayor credibilidad al fraude y tranquilizar al usuario, el sitio web malicioso exige superar un supuesto control de seguridad. Este filtro falso consiste en una verificación para confirmar que la persona no es un robot, lo que imita las medidas habituales que se encuentran en entornos seguros y legítimos en internet, logrando así que la víctima disminuya su nivel de alerta y continúe con los pasos del trámite.

Asimismo, este tipo de mecanismos interactivos pretenden convencer al usuario de la legalidad de las operaciones antes de solicitar datos. En el interior de este portal web falso, se muestra una notificación que informa sobre la disponibilidad de una supuesta prestación económica que está pendiente de revisión. Concretamente, en los casos reportados por los afectados a organizaciones de consumidores como la OCU, se ofrece un total pendiente de cobro de 305 euros. Para supuestamente gestionar el abono y proceder al trámite, la página solicita de manera sucesiva el ingreso de datos personales como el nombre completo y el número del DNI. Una vez introducidos estos datos, el sistema fraudulento solicita de forma obligatoria los datos bancarios completos y el número de la tarjeta de crédito bajo el falso pretexto de realizar un ingreso directo de esa cantidad de dinero. El usuario no sospecha que está entregando sus claves en bandeja.

A pesar del cuidado diseño visual de la página web falsa, existen múltiples elementos técnicos que delatan el engaño si se realiza una observación atenta y analítica. Los enlaces de internet que circulan en esta campaña masiva utilizan diferentes direcciones que imitan dominios legítimos del Estado, pero que en realidad son completamente extraños. Entre los dominios fraudulentos detectados y denunciados por portales de verificación figuran ejemplos con errores ortográficos como portelsegscoial punto click, seg guion social guion gob punto us, portaliseg guion socolsegob punto click o portaeliseg guion socailbgob punto click. Estas direcciones sospechosas no guardan ninguna relación con la única dirección web oficial de la Seguridad Social.

La Seguridad Social ha recordado de manera tajante a todos los ciudadanos que bajo ninguna circunstancia solicita el pago de deudas ni la actualización de datos mediante enlaces recibidos por SMS. Para acceder de manera completamente segura a cualquier tipo de trámite de la Tesorería General y evitar cualquier engaño, es necesario utilizar únicamente las vías oficiales autorizadas. Los usuarios deben abrir de forma directa en sus navegadores la aplicación de Importass, el portal web oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien acceder a su área personal a través de la Sede Electrónica. Desde estas aplicaciones del Estado se pueden consultar de forma verídica todas las notificaciones pendientes sin correr el riesgo de sufrir una estafa financiera ni comprometer los datos de las tarjetas.

Rapidez y capturas

Para aquellas personas que hayan accedido al enlace y facilitado datos de carácter personal o bancario, se recomienda actuar de forma rápida siguiendo un protocolo de seguridad. El primer paso indispensable es ponerse en contacto inmediato con su entidad financiera para proceder al inmediato bloqueo de las tarjetas y evitar cargos económicos no autorizados. En segundo lugar, es muy importante reunir y guardar de manera ordenada todas las evidencias posibles del fraude informático, como capturas de pantalla, los mensajes recibidos y las direcciones web de los enlaces maliciosos. La rapidez en la reacción y el acopio de pruebas digitales resultan cruciales para minimizar el impacto del fraude y reclamar devoluciones bancarias.

Una vez recopiladas todas las evidencias necesarias sobre la estafa, el afectado debe presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, es aconsejable reportar el mensaje fraudulento al buzón de incidentes del INCIBE para alertar sobre la campaña activa y evitar que otras personas resulten estafadas. Como medida preventiva adicional, los expertos recomiendan practicar el egosurfing de manera periódica durante los meses posteriores al incidente para verificar que la información personal expuesta no esté siendo utilizada de forma indebida en la red.

Han pasado once años desde que los juzgados de lo Social y de Magistratura abandonaron el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el distrito del Eixample de Barcelona. Desde entonces, este inmueble público de 5.200 m² permanece cerrado y sin uso en un barrio que arrastra no solo una falta de vivienda asequible, sino también de equipamientos públicos.

“Cada vez que paso por delante pienso que es una lástima que un edificio así no sirva para nada. Lleva muchos años vacío y se está deteriorando”, lamenta Dolores Martín, vecina del barrio desde hace cuatro décadas. Igual de indignada se muestra Dora Malfaz, que vive en el Eixample desde hace treinta años y conoce de cerca la gentrificación que ha sufrido la zona. “En lugar de mantenerlo abandonado, habría que aprovechar este patrimonio público para viviendas sociales o servicios para el barrio”, opina.

La Asociación de Vecinos de la Dreta de l'Eixample lleva años reclamando que el edificio, ubicado en las calles Ali Bei y Ronda Sant Pere, deje de estar sin uso y se destine a vivienda dotacional para personas mayores y jóvenes, además de incorporar un centro de día, un comedor comunitario y otros equipamientos públicos.

Sin embargo, la propuesta permanece encallada. El Ayuntamiento también hace tiempo que negocia con la Administración General del Estado para obtener la cesión del inmueble, aunque sin resultados. Además, el Gobierno municipal también valora la opción de destinar el edificio a la ampliación del Centro de Atención Primaria (CAP) del barrio de Casc Antic, algo que no convence a los vecinos.

Subastas frustradas y presión vecinal

La reivindicación vecinal arrancó en 2018, cuando la Tesorería sacó el inmueble a subasta por segunda vez. Los vecinos iniciaron entonces una campaña para impedir su venta y reclamar que el edificio permaneciera en manos públicas. Entre 2017 y 2019 llegó a subastarse en tres ocasiones, pero ninguna prosperó. La calificación urbanística de equipamiento (clave 7a), que limita los usos posibles a actividades de interés público o comunitario, redujo el interés de posibles compradores, según aclaran fuentes municipales.

Seis años después, en octubre de 2024, la asociación presentó junto con la cooperativa Sostre Cívic un proyecto para transformar el inmueble. La propuesta recibió el apoyo de todos los grupos municipales del distrito salvo la abstención del PP.

La iniciativa planteaba destinar las plantas superiores a vivienda cooperativa en cesión de uso para personas mayores y jóvenes. Este modelo, implantado en distintos países europeos y cada vez más en Catalunya, permite a los residentes utilizar una vivienda de manera indefinida sin adquirirla en propiedad ni acceder mediante un alquiler convencional.

Por otro lado, la propuesta incluía que las plantas inferiores albergasen un centro de día para personas mayores, una sala polivalente, un comedor comunitario y otros equipamientos abiertos al vecindario.

“Los edificios públicos en desuso representan una oportunidad extraordinaria porque el suelo ya pertenece a la Administración y eso facilita desarrollar políticas públicas”, explica Yabel Pérez, arquitecto y miembro del Consejo Rector de Sostre Cívic. “Por sus dimensiones, su estructura y su ubicación, este inmueble podría adaptarse con facilidad a diferentes necesidades del barrio”, sostiene.

No obstante, la propuesta quedó paralizada pocos meses después, cuando el Ayuntamiento empezó a estudiar la posibilidad de trasladar parte del CAP del Casc Antic al edificio. La opción provocó el rechazo tanto de vecinos del Casc Antic, que se oponen a desplazar el centro sanitario fuera de su barrio, como de la asociación de la Dreta de l'Eixample, que considera prioritario mantener el proyecto original.

Entre el centro de salud y equipamientos de barrio

En marzo de 2026 se volvió a presentar la propuesta en un plenario a petición de los Comuns, donde todas las formaciones políticas votaron a favor a excepción del PSC, que votó en contra al ya estar inmersos en el proyecto de la ampliación del CAP.

Fuentes municipales explican ahora que también se estudia ampliar el CAP en el edificio del Síndic de Greuges, contiguo al inmueble de la Seguridad Social, una alternativa que permitiría llevar a cabo el proyecto vecinal en el antiguo complejo. “Lo lógico sería utilizar el edificio de al lado y no trasladar un centro de salud a otro barrio”, sostiene Jaume Artigues, portavoz de la asociación.

Para la entidad, el bloqueo resulta difícil de justificar. “En la Dreta de l'Eixample cerca del 90% de los equipamientos son privados y seguimos sin disponer de residencia pública ni centro de día para personas mayores”, denuncia Artigues. “Es absolutamente incomprensible que la Tesorería de la Seguridad Social no sea capaz de ceder un edificio como este después de tantos años vacío”, añade.

Desde el Ayuntamiento insisten en que las conversaciones con el Estado para obtener la cesión continúan activas, aunque admiten que no existe un plazo para resolverlas. “El distrito del Eixample es partidario de que todos los edificios públicos, independientemente de quién sea su titular, tengan un uso y, si es posible, se destinen a equipamientos de proximidad”, señalan fuentes municipales.

Mientras tanto, la asociación vecinal mantiene el pulso. En abril remitió una queja al Síndic de Greuges –aún pendiente de resolución– y tiene prevista una nueva reunión con el gobierno del distrito a mediados de julio para volver a defender un proyecto que ya ha sido aprobado en dos ocasiones por el pleno, pero que sigue sin fecha.

“Que un edificio de 5.200 m² permanezca cerrado y sin uso, pese a ser de titularidad pública, es inadmisible teniendo en cuenta las carencias que tenemos en materia de vivienda y de servicios públicos. No tiene ningún sentido y es injustificable”, zanja Ferran Raiva, miembro de la Asociación de Vecinos de la Dreta de l’Eixample.

La afiliación media de extranjeros en Castilla-La Mancha subió en julio 842 cotizantes respecto al mes anterior, un 0,74% más respecto al mes anterior, hasta situarse en 113.983 ocupados, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Respecto a julio del pasado año, la afiliación media de extranjeros en la comunidad autónoma subió un 14,58%, lo que supone un total de 14.501 cotizantes más.

Datos nacionales

A nivel nacional, la afiliación media de extranjeros subió en julio en 66.046 cotizantes respecto al mes anterior, un 1,9% más respecto al mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.512.223 ocupados.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 420.875 ocupados, con un impulso interanual del 13,6%, más de diez puntos por encima del incremento interanual de la afiliación global (+2,9%).

La afiliación de trabajadores extranjeros, que ya supone el 15,6% del total, ha mostrado un especial dinamismo durante los siete primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

A 30 de julio, el número de personas extranjeras que ya figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 262.475, frente a una cifra total de afiliación de 22.502.259 personas.

De ellas, 213.883, el 81,5%, estaban encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 12.675, un 4,8%, eran trabajadores autónomos. Por sexo, 158.171 eran hombres, el 60,3%, y 104.304 mujeres, el 39,7%.

Desde junio de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 1,2 millones de ocupados. De hecho, el 46,3% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, julio se cerró con un nuevo máximo de 3.407.558 afiliados extranjeros, lo que supone 408.333 cotizantes más que un año antes.

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social y supera ya los 415.000 cotizantes (415.310). Le siguen Colombia (347.467), Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).

CCOO Castilla-La Mancha valora positivamente el crecimiento

CCOO Castilla-La Mancha ha valorado los datos hechos públicos este jueves. Apuntan que todo el crecimiento del último año procede de trabajadores y trabajadoras de fuera de la UE. Así, el 67,4% de la afiliación extranjera es de procedencia extracomunitaria, 76.778 afiliados, 14.594 más que el año anterior, mientras que la comunitaria, de países de la UE, aparece prácticamente estancada, con 93 afiliados menos, que dejan la cifra en 37.205, según ha informado el sindicato.

“Desde Comisiones Obreras valoramos positivamente el crecimiento de personas extranjeras afiliadas en nuestra región. Crecemos un 14,6%, por encima de la media nacional, lo que quiere decir que nuestra región crece y necesita mano de obra para seguir avanzando y seguir creciendo económicamente” ha explicado el secretario de empleo, formación y migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto.

El 62,1% de los cotizantes son hombres frente al 37,9% de mujeres

El sindicato destaca que la afiliación extranjera en Castilla-La Mancha sigue “fuertemente” masculinizada y el crecimiento del último año profundiza esa brecha porque los varones crecen 3 puntos más que las mujeres. En este sentido, apunta que del total de afiliación, el 62,1% son hombres (70.752) frente al 37,9% de mujeres (43.229).

Por otra parte, señala que el régimen general es el que aglutina a más personas extranjeras, 76.106, el 66,8%, seguido por el sistema especial agrario, 19.871, el 17,4%, y el régimen de autónomos, 13.776, el 12,1%. Sin embargo, es el de empleadas de hogar el que más afiliación ha ganado en términos interanuales, un 19% más, con 4.069 personas afiliadas. Un sector completamente feminizado con predominio de mujeres extracomunitarias.

Ante estos datos, la lectura que hace el secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha es que “la región crece en afiliación extranjera por encima de la media española, lo que confirma el papel estructural de la mano de obra migrante en sectores clave como agroalimentario, cuidados, construcción e industria”.

Además, resalta que ese crecimiento es prácticamente en su totalidad extracomunitario “lo que exige poner el foco en la agilidad y dignidad de los procesos de regularización y renovación de autorizaciones, así como en el refuerzo de la Inspección de Trabajo frente a la economía sumergida”.

Del Puerto reclama, además, una perspectiva de género explícita en las políticas de empleo y migración porque “el empleo de hogar sigue siendo la puerta de entrada laboral para muchas mujeres migrantes, con menor cobertura de derechos que el Régimen General”.

El récord de trabajadores en España alcanzado el pasado mes de julio, de 22,5 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, se explica en gran parte por el fuerte tirón del empleo extranjero en medio del proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno. Su afiliación también sumó un máximo histórico, de 3,5 millones de trabajadores, en el que destacan algunos sectores empleadores como la hostelería, el empleo del hogar, la agricultura y la construcción, entre otros.

En concreto, había 3.512.223 afiliados extranjeros de media en julio, 66.046 más que el mes anterior y 420.875 más que hace un año. “La afiliación extranjera crece así un 13,6% interanual, frente al 2,9% del conjunto del sistema”, destaca el Ministerio de la Seguridad Social.

El mes pasado se elevó el paro registrado de manera inusual, en 19.500 personas, un alza que tiene también que ver con la regularización, en un contexto en el que aflora mucho empleo en la economía sumergida y muchas personas se incorporan a buscar empleo por los canales formales.

Si en el conjunto de la afiliación extranjera representa el “15,6%” del total de los trabajadores, “la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social”, donde se aglutinan la gran mayoría de personas asalariadas, apunta el departamento de Elma Saiz.

En la hostelería, uno de cada tres empleados es extranjero, con una representanción del 33% de los afiliados. En total, 540.000 personas afiliadas de media el pasado mes de julio. “En agricultura, el 28%; en construcción suponen el 26,6%; en actividades Administrativas, el 19,5% y en transporte, el 18,4%”, indican en la Seguridad Social.

Además, la población extranjera tiene un peso destacado en los sistemas especiales: “Representan el 46,7% de los afiliados al Sistema Especial del Hogar”, en su inmensa mayoría mujeres, y “el 39,2% del Sistema Especial Agrario”, añade el Ministerio.

Además, el empleo extranjero también se ha beneficiado de la caída masiva del trabajo temporal tras la reforma laboral. La gran mayoría de los asalariados extranjeros tienen contratos indefinidos, más del “86% del total”. “Si lo comparamos con el porcentaje promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%) el dato resulta aún más llamativo”, resalta la Seguridad Social.

Más de medio millón de autónomos

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos extranjeros también crece, aunque con menos fuerza, y se situó en 531.568 personas de alta en julio, un 9,2% más que hace un año.

El Ministerio de Elma Saiz subraya “la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados”, como telecomunicaciones y programación informática, “donde ya representan más del 33% de los ocupados dados de alta en esta sección de actividad, es decir, ya son uno de cada tres trabajadores por cuenta propia”.

“Destaca también su presencia en otras actividades, como Actividades de los hogares (27,4%), Hostelería (25,6%), Actividades Administrativas (19,3%), Construcción (18,6%) y Actividades Inmobiliarias (18,4%)”, añaden en la Seguridad Social.

Encabezan los trabajadores marroquíes y les siguen los colombianos

De los 3,5 millones de personas afiliadas extranjeras de media registradas en julio, algo más de dos millones son hombres y 1,5 millones son mujeres (43%).

Si miramos la procedencia de los trabajadores, alrededor del 27,5% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea, mientras que el resto son originarios de otros estados.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española, con algo más de 415.000 cotizantes. Le sigue Colombia (347.467), país que lidera las peticiones de la actual regularización extraordinaria de migrantes, Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).

Sobre la regularización extraordinaria, la Seguridad Social recuerda los datos que ya facilitó a comienzos de mes: a 30 de julio, 262.475 personas estaban afiliadas a la Seguridad Social como consecuencia del proceso extraordinario. La mayoría, trabajadores por cuenta ajena.

El Gobierno de la Diputación Provincial de Toledo ha formalizado la adquisición de la antigua Escuela de Enfermeras de Toledo, situada en el barrio de Palomarejos, mediante la firma de la escritura de compraventa con la Tesorería General de la Seguridad Social, culminando así el proceso iniciado por la institución provincial para incorporar este inmueble a su patrimonio.

Así lo han ratificado mediante firma ante notario la presidenta de la Diputación provincial de Toledo, Concepción Cedillo, y el Secretario provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Toledo, Enrique Molina Prados.

La operación se ha realizado por un importe de 2.048.397 euros, cantidad fijada por la Tesorería General de la Seguridad Social y aceptada por la Diputación, y supone “un nuevo paso en el proyecto para transformar el edificio en una residencia universitaria que permita ampliar la oferta pública de alojamiento para estudiantes”.

Servirá para cubrir la demanda que supera las 300 solicitudes

La institución provincial cuenta actualmente con las 92 plazas de la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza, una oferta que ha registrado una demanda muy superior a las plazas disponibles, con cerca de 300 solicitudes en el último curso. Además, más del 90 por ciento de los usuarios de esta residencia proceden de la provincia de Toledo y más del 70 por ciento son de Talavera de la Reina y su comarca, según los datos facilitados por la Diputación.

Cedillo ha señalado que “queremos que ningún joven de nuestros pueblos tenga que renunciar a estudiar en Toledo por no disponer de un alojamiento adecuado y accesible”.

Con esta nueva adquisición, la Diputación da respuesta a una necesidad que afecta al conjunto de la provincia y avanza en el objetivo de que estudiar no dependa del código postal.

La institución provincial ha defendido desde el inicio de este proyecto que ningún joven de la provincia debe tener que renunciar a cursar estudios universitarios por no disponer de un alojamiento accesible.

El edificio pertenecía a la Seguridad Social

El inmueble adquirido está situado entre las calles Lisboa, Alicante y Cáceres, en el barrio de Palomarejos, y es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, como sucesora universal del Instituto Nacional de Previsión, que lo adquirió mediante escritura de compraventa en 1971.

El edificio está compuesto por planta semisótano, planta baja y tres plantas, con una superficie construida de 4.832 metros cuadrados, según la referencia catastral que consta en el expediente de adquisición, además de una zona ajardinada de 779 metros cuadrados.

La incorporación del inmueble al patrimonio provincial permitirá recuperar para un uso público un edificio que actualmente se encuentra en desuso y avanzar en su transformación en un nuevo recurso residencial destinado a estudiantes universitarios.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, ha reiterado el compromiso de la institución provincial con los jóvenes y con la igualdad de oportunidades, poniendo de manifiesto que “facilitar el acceso a los estudios universitarios es también invertir en el futuro de Toledo”.

La adquisición se suma así a las políticas que la Diputación viene desarrollando para apoyar a los municipios y mejorar las oportunidades de sus vecinos, con especial atención a la formación de los jóvenes y a la eliminación de las barreras económicas y territoriales que pueden dificultar su acceso a la universidad.

La Diputación Provincial de Toledo depositó el pasado 30 de marzo el 5 por ciento del precio de venta, por importe de 102.420 euros, y ha completado ahora la operación mediante el abono de los 1.945.977 euros restantes en el momento de formalización de la escritura.

Para hacer frente a la adquisición, la institución provincial adjudicó el 22 de julio una operación de préstamo a largo plazo por importe de 2.048.397 euros al Banco Santander, S.A., cuyo contrato ha sido formalizado el 11 de agosto.

La operación de adquisición cuenta con los correspondientes informes de la Secretaría General y de la Intervención General de la Diputación y ha seguido el procedimiento establecido para la incorporación del inmueble al patrimonio provincial.

Con la firma de la escritura, la Diputación culmina la adquisición de la antigua Escuela de Enfermeras y abre una nueva etapa centrada en la adecuación del edificio y en el desarrollo del proyecto de residencia universitaria, una iniciativa que refuerza el compromiso de la institución provincial con la educación, la igualdad de oportunidades y el futuro de los jóvenes de Toledo.

El 94,2% de los ciudadanos vascos apuesta por mantener o ampliar el autogobierno vasco, ya que identifica este sistema con el “bienestar colectivo”. El 66,3%, de hecho, considera “prioritario” un nuevo Estatuto, según los datos de la Encuesta Ituna. El estudio ha sido elaborado por los investigadores Jon Garro y Asier Blas para el Centro Ituna de Documentación e Investigación del Concierto Económico y las Haciendas Forales (de la EHU), con la colaboración del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, informa Europa Press.

La encuesta, realizada en función de las respuestas a 1.200 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años residentes en Euskadi entre el 26 de enero y el 23 de febrero, refleja que el 94,2% de los ciudadanos es partidario de mantener o ampliar el autogobierno. En concreto, el 38,8% se conforma con el nivel vigente, el 34,9% apuesta por ampliarlo y el 20,5% optaría por la independencia, mientras que el 4,6% prefiere reducirlo. Además, un 66,3% de los encuestados considera muy o bastante prioritario aprobar un nuevo Estatuto, frente a un 30,1% que no lo considera tan apremiante.

Los entrevistados identifican el autogobierno con el “bienestar colectivo”. El 53,9% lo señala como la razón principal para defender el Concierto Económico y el 47,6% dice lo mismo del autogobierno en su conjunto. Entre las conclusiones del estudio, se indica que el Concierto “conserva una legitimidad social elevada y estructural”, ya que un 89,1% le atribuyen mucha o bastante importancia para la capacidad de decisión de Euskadi y un 82,2% respalda su continuidad.

En caso de que el Estado derogara el Concierto, un 51,1% de los encuestados apoyaría la independencia, frente al 20,5% que ya la han elegido como opción preferente. Sin embargo, entre los menores de 30 años solo un 46,3% conoce mucho o algo el funcionamiento del Concierto Económico, frente al 58,8% del conjunto de la población. La encuesta atribuye a este desconocimiento que este grupo de edad sea el más conforme con el nivel actual de autogobierno, con un 47,9% de satisfacción, la cifra más alta de toda la muestra.

En cuanto al traspaso de competencias pendientes como la de Seguridad Social, un 64,4% es favorable a que el Gobierno vasco gestione de forma descentralizada sus cotizaciones y prestaciones, mientras que solo un 13,9% se posiciona en contra. Por otro lado, el estudio refleja que el Ejecutivo autonómico encabeza los niveles de confianza entre las administraciones públicas con una nota de 6,25 sobre 10, seguido de cerca por las diputaciones forales con un 6,21 y los ayuntamientos con un 6,16. Sin embargo, instituciones como la Unión Europea suspenden con un 4,96 y el Gobierno de España con un 4,77.

El Gobierno estudia modificar las devoluciones del ingreso mínimo vital (IMV) por los llamados “cobros indebidos”, uno de los aspectos más problemáticos de la renta mínima estatal contra la pobreza y que está investigando el Consejo de Europa a raíz de la denuncia de una ONG. Así lo ha anunciado el Ministerio de la Seguridad Social al Consejo Europeo de Derechos Sociales, en un escrito en el que sostiene que está “promoviendo una norma” que permita las condonaciones de deudas desde 2024.

“Se informa que por parte del ministerio se está promoviendo una norma que permita la condonación de deudas todavía no tratadas correspondiente a los cruces realizados en el año 2024 y 2025”, recoge de manera escueta el documento.

La respuesta del Ministerio liderado por Elma Saiz es fruto de la investigación abierta sobre el IMV por este organismo del Consejo de Europa a raíz de una reclamación presentada por la entidad ATD Cuarto Mundo. El colectivo contra la pobreza pidió a Europa que analizara la renta mínima española por lo que consideran que son varias vulneraciones de la Carta Social Europea.

Casi 320.000 expedientes de devolución

En especial, la ONG puso el foco en las devoluciones de la ayuda que la Seguridad Social reclama cada año a miles de hogares fruto de las revisiones anuales del ingreso mínimo vital, que se realizan a posteriori tras el cruce de datos con Hacienda de las declaraciones de la renta de los beneficiarios.

El Ministerio cifra en su escrito al Comité Europeo de Derechos Sociales en casi 320.000 los expedientes de devolución iniciados desde 2021.

“Desde la experiencia de los afectados, puede estar por debajo del número real, dado que los expedientes tienen cinco años para ser revisados”, consideran en ATD Cuarto Mundo. El IMV llega en la actualidad a 860.500 hogares, según los datos de junio.

La respuesta del Gobierno al organismo europeo no informa de cuánto dinero se ha reclamado en estos expedientes de devolución del IMV. Con datos hasta julio de 2024, la Seguridad Social había reclamado deudas por valor de 500 millones de euros, según informó al Defensor del Pueblo.

Las devoluciones son masivas por el propio funcionamiento del IMV. La ayuda se reconoce según la renta de los hogares del año anterior, la contrastada por la Agencia Tributaria, pero a posteriori se revisa esta cuantía según los ingresos reales del hogar en la siguiente declaración de la renta.

Se trata de un proceso que implica meses de retraso y que deriva en reconocimientos tardíos de atrasos de IMV (si este era inferior de lo debido) o en la exigencia de devolución de toda o parte de la ayuda ya recibida. La Seguridad Social adelantó en 2025 este proceso algunos meses, con una primera revisión provisional en mayo-junio y una segunda definitiva en octubre, para reducir las cuantías reclamadas a las familias.

Estas devoluciones son uno de los aspectos más criticados de la renta mínima estatal por los enormes problemas que generan a hogares ya muy vulnerables y, por tanto, sin capacidad de ahorro ni de afrontar estos pagos, como ha advertido el Defensor del Pueblo, la AIReF, el Tribunal de Cuentas y las ONG especializadas en la lucha contra la pobreza.

Las ONG lo ven positivo, pero insuficiente

Colectivos sociales que denuncian las devoluciones del IMV han recibido como una “buena noticia” que el Gobierno estudie una reforma legal para permitir las condonaciones de deuda, algo recomendado por el Defensor del Pueblo en varias ocasiones, pero insisten en que lo anunciado a Europa es insuficiente, sostienen en ATD Cuarto Mundo y 'Afectados por el IMV'.

“Ha sido una sorpresa y, por una parte, nos alegramos de que el Gobierno reconozca el problema y anuncie condonaciones. Pero por otro, no hay una norma aún, es solo una promesa. Además, estas condonaciones serían solo a futuro, no afectarían a pasado a los miles de hogares ya afectados”, explica Hontanares Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo.

elDiario.es ha consultado al Ministerio de la Seguridad Social sobre en qué consistiría esta reforma legal y a quiénes afectaría, pero se ha limitado a responder que es una de las iniciativas que se están estudiando, entre otras muchas. A nivel regional, Catalunya aprobó un decreto para condonar deudas de su Renta Garantizada de Ciudadanía a finales de 2025 y Asturias anunció hace unos meses una reforma en este sentido.

“No podemos olvidar a quienes llevan años sufriendo las consecuencias de un sistema que ha generado reclamaciones de devolución, incertidumbre y graves dificultades económicas”, afirman en 'Afectados por el IMV'. En muchos casos, las devoluciones fueron incluso derivadas de reconocimientos de oficio de la ayuda por parte de la Seguridad Social.

“¿Es que hay perceptores de primera y perceptores de segunda? Miles de personas continúan soportando deudas generadas por el propio funcionamiento del sistema. Una solución justa debe alcanzar también a quienes llevan años soportando las consecuencias de estos errores administrativos”, sostienen en 'Afectados por el IMV'.

ATD Cuarto Mundo responderá al Comité Europeo de Derechos Sociales este mes, gracias a su derecho de réplica, e insiste en la necesidad de acabar con este modelo de devoluciones. “Esto es algo muy gordo, afecta a muchísimas personas. Juegan con que la gente vulnerable no tiene mucho eco, pero esto tiene tal dimensión que algo tienen que hacer. Si no, les va a pasar factura”, sostiene Arranz.

Navarra registra en julio, y por cuarto mes consecutivo, un nuevo récord de personas afiliadas a la seguridad social y alcanza la cifra de 323.313 personas este mes de julio, creciendo 0,02% respecto al mes de junio de este mismo año. En términos anuales, hay 7.587 afiliaciones más, exactamente, un 2,4% más de afiliaciones que en julio de 2025.

Con la subida de julio, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región. Un aumento del 1,89% respecto al pasado més y un 1,06% (303 personas) más que hace un año. Así, el número de personas desempleadas registradas en las agencias del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) se ha situado al finalizar julio en 28.843 personas. POr su parte, el Gobierno de Navarra valora estas cifras como muestra “de estabilidad en el empleo” y que matiza que “en julio se inscribieron al desempleo 538 personas procedentes del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, cifra que, prácticamente, coincide con el incremento del paro del mes pasado”, explican.

Respecto a la contratación, en julio se formalizaron 30.740 contratos, la mejor cifra de julio desde 2021. 5.560 (un 18,1% del total) fueron contratos indefinidos. En términos anuales se ha producido un aumento de la contratación del 6,5% respecto al mes de julio de 2025.

Principales cifras por sectores

Por sectores, el paro aumentó en todos los sectores, con los repuntes más grandes en Servicios, 279 más (+1,47%); Sin empleo anterior, 208 más (+5,7%); Industria, 26 más (+0,74%); Agricultura, 14 más (+1,31%); y Construcción, 7 más (+0,65%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (19.258), Sin empleo anterior (3.860) e Industria (3.553), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.083) y Construcción (1.089).

En cuanto a sexos, de los 28.843 desempleados registrados en julio, 17.735 fueron mujeres, 312 más ( un 1,8%) y 11.108, hombres. Una cifra desequilibrada con aspectos positivos según el Gobierno de Navarra, pues “en comparación con julio de 2025 se ha producido un descenso del paro registrado femenino”.

En julio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 17 parados más que a cierre del pasado mes (+0,6%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 517 desempleados (+2,02%).

Cataluña (+7.705), Comunitat Valenciana (+7.021) y Madrid (+3.822) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Extremadura y Cantabria en donde menos, con retrocesos de 9.661, 767 y un 250, respectivamente.

Euskadi ha registrado 1.378 parados más en el pasado julio, un mes en el que se ha frenado la creación de empleo con la pérdida de 2.386 cotizantes a la Seguridad Social. Estos datos rompen una tendencia de cinco meses de generación de empleo al alza, que el Gobierno vasco ha vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral tras el final de curso y no a un deterioro de la actividad económica o a una pérdida significativa de empleo, según ha señalado la directora de Empleo, Arantza Martínez.

Con el dato de este mes de julio hay en Euskadi 105.590 parados inscritos en las oficinas del servicio público de empleo, Lanbide. Crece respecto al mes de junio, 1.378 parados más, lo que supone un incremento del 1,32%, pero también respecto al mismo mes de julio de 2025: 599 más que hace un año, un 0,57% más. Y la evolución también es peor que en el resto del Estado, donde el paro creció en un 0,85% respecto a junio y bajó un 3,87% en relación con el pasado año.

Por sectores, el crecimiento del paro ha estado impulsado por el aumento en los Servicios, con 904 más (+1,25%), y en el colectivo sin empleo anterior, con 565 más (+3,77%). Sin embargo, ha bajado en Agricultura, con 35 desempleados menos (-1,99%), en Construcción, con 33 menos (-0,63%), y Industria, con 23 menos (-0,23%). Los tres territorios han crecido en parados respecto al mes anterior: 832 parados más (+1,41%) en Bizkaia; 280 parados más (+1,61%) en Álava; y 266 parados más (+0,95%) en Gipuzkoa.

De los 105.590 desempleados registrados en julio en Euskadi, 61.606 son mujeres, 825 más que el mes anterior y 342 más que un año antes. Los 43.984 hombres en paro suponen un aumento de 553 respecto a junio y de 257 respecto a julio de 2025. En lo que se refiere a las franjas de edad, el desempleo crece en todas, pero con el mayor crecimiento porcentual entre los menores de 30 años, colectivo que aumenta su cifra de desempleados un 3,07% hasta situar su cifra de desempleados en 17.469. En relación con el pasado año, hay un 2,44% más de parados en esta franja de edad. En el colectivo de 30 a 44 años, con 29.328 personas inscritas, incrementan sus datos de paro en un 2,32% mensual, si bien bajan en la comparativa interanual un 0,82%.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Euskadi pierde 2.386 afiliados, con lo que cuenta con 1.042.300 personas inscritas a la Seguridad Social, que supone 19.001 más respecto a las que había en julio de 2025 (+1,86%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gipuzkoa es el único que ha incrementado su afiliación en términos mensuales, con 1.365 cotizantes más que en junio, mientras que Bizkaia ha perdido 3.026 y Álava 725. En la variación interanual, se han registrado aumentos de 10.344 afiliados en el territorio vizcaíno, 4.365 en el alavés y 4.292 en el guipuzcoano.

El Gobierno vasco ha señalado que la subida del paro está vinculada principalmente a la “incorporación de nuevas personas al mercado laboral tras el final de curso y no a un deterioro de la actividad económica o a una pérdida significativa de empleo”. En este sentido, la directora de Empleo, Arantza Martínez, ha señalado que constituye una prueba de ello el hecho de que la población activa en Euskadi continúa creciendo. “Según los últimos datos de Eustat, durante el segundo trimestre de 2026 la población activa aumentó en más de 10.000 personas respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la tasa de actividad se mantuvo estable. Este comportamiento refleja una mayor disposición de la ciudadanía a incorporarse al mercado laboral, un fenómeno positivo que puede traducirse temporalmente en aumentos del paro registrado cuando las nuevas incorporaciones se producen a un ritmo superior al de la creación de empleo”.

Por otra parte, ha señalado que “la evolución sectorial refuerza esta interpretación”. Y ha destacado en este sentido que el desempleo disminuyó en julio respecto al año pasado en sectores estrechamente vinculados a la actividad productiva, como la industria (-1,95%), la construcción (-2,86%) y la agricultura y la pesca (-2,92%). También se reduce en los servicios (-0,81%), el principal sector de empleo de Euskadi, mientras que “el incremento anual del desempleo se concentra en personas sin empleo anterior, un colectivo en el que suele registrarse una mayor presencia de personas que acceden por primera vez al mercado laboral”.

Castilla-La Mancha ha registrado este mes de julio un total de 832.598 personas afiliadas a la Seguridad Social, 5.686 más que el mes anterior, con un aumento del 0,69%, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, se registra un incremento de 20.962 afiliados, un 2,58% más.

En el Régimen General, se registraron 680.689, de los cuales 35.264 pertenecen al Sector Agrario y 10.248 al Sector del Hogar. Por su parte, los autónomos alcanzaron la cifra de 151.909.

La provincia de Ciudad Real, lidera el incremento mensual, con 2.246 afiliados más (1,21%), hasta los 187.539, seguida de Toledo, que tras ganar 2.033 (0,72%), llega a las 283.441 personas afiliadas.

Le sigue Cuenca, que ha sumado 779 (0,9%) y alcanza los 87.609, y Albacete, que con un aumento de 706 (0,43%), llega a tener 163.344 cotizantes.

Por el contrario, la provincia de Guadalajara termina el mes con 110.665, tras registrar en el mes de junio 78 (-0,07%%) personas afiliadas menos.

Se rompe la barrera de los 22,5 millones de ocupados en el país

A nivel nacional, la Seguridad Social rompió en julio la barrera de los 22,5 millones de ocupados tras ganar una media de 41.727 ocupados respecto al mes anterior (+0,19).

Este incremento sitúa el número de afiliados medios en 22.508.065 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,5 millones entre el 8 y el 30 de julio (excepto el día 10).

En el último año, de julio de 2025 a julio de 2026, la Seguridad Social ha ganado 642.562 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,9%, el tiempo de creación de empleo más alto desde abril de 2023.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes registró una subida mensual de 79.567 afiliados (+0,36%), acumulando 66 meses consecutivos de crecimiento, lo que supone un nuevo máximo de 22.288.120 cotizantes.

“El mercado laboral crece a un ritmo excepcional en lo que llevamos de 2026”, ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien destaca que este crecimiento se puede observar en términos interanuales pero también en los primeros siete meses del año, cuando se han contabilizado 663.652 afiliados a la Seguridad Social más“.

Las actividades sanitarias y servicios sociales, el mayor repunte

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 40.016 afiliados medios en julio (+0,21%), hasta los 18,96 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) perdió 103 afiliados, lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.472.357 tras alcanzar un máximo de 3.472.460 el mes anterior. En comparación con julio de 2025, hay 57.984 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,7%).

Dentro del Régimen General, las actividades sanitarias y servicios sociales protagonizaron el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 57.446 nuevos ocupados (+2,84%), seguido del comercio, con 50.100 nuevos cotizantes (+1,95%), y de la hostelería, que sumó 23.999 afiliados medios (+1,4%).

Por contra, el fin del curso escolar llevó a la educación a perder 124.506 afiliados respecto al mes anterior (-9,45%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario perdió 40.605 cotizantes respecto al mes anterior (-6,09%) y el del Hogar sumó 5.156 ocupados (+1,4%).

Baja la afiliación de mujeres

La afiliación media creció un 0,71% en julio para los hombres, que sumaron 84.163 afiliados en el mes, situándose el total de hombres ocupados en 11.930.025, nuevo máximo histórico.

Por contra, la afiliación media entre las mujeres bajó un 0,4%, perdiendo 42.437 ocupadas, por lo que el total de afiliadas fue de 10.578.040, el más bajo desde el pasado mes de abril, tras dos meses de máximos históricos.

La afiliación masculina se ha incrementado en 335.751 cotizantes en el último año y en 1,62 millones desde 2018, mientras que la femenina ha crecido 306.811 ocupadas desde julio de 2025 y en 1,84 millones desde 2018.

Las mujeres suponen actualmente el 47% del total de afiliados, más de un punto por encima del dato de 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo del 2,99% con respecto a julio de 2025, según el Departamento que dirige Elma Saiz.

Al analizar la evolución del empleo en los últimos ocho años, se observa un mayor crecimiento del grupo de mayor edad, en el tramo de 55 años y más, así como en el de los más jóvenes. La ocupación de los mayores ha crecido un 51,7%, hasta un total de casi 5 millones; y la de los trabajadores de menos de 30 años, un 33,6% desde 2018 (hay 3,9 millones), lo que son 33,5 puntos porcentuales y 15,4 puntos porcentuales, respectivamente, por encima del conjunto, que se sitúa en el 18,2%.

Máximo histórico de extranjeros

Por su parte, el número de cotizantes extranjeros creció en 66.046 con respecto al mes de junio, un 1,91% más, hasta alcanzar un máximo histórico de 3,51 millones. Son 420.875 cotizantes más que hace un año y representan el 15,6% del total de cotizantes.

Saiz ha destacado que los afiliados extranjeros “continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social”.

Analizando el mercado laboral a 30 de julio, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 262.475. Ese mismo día, la cifra total de afiliados era de 22.502.259.

De estos 262.475 afiliados, el 81,5% (213.883) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 12.675 (un 4,8%) eran trabajadores autónomos. Además, por sexo: el 60,3% eran hombres (158.171) y el 39,7%, mujeres (104.304).

La temporalidad se sitúa en el 13,4%

En cuanto a la calidad del empleo, desde julio de 2021 hay 4,8 millones más con contrato indefinido y 2,03 millones de afiliados menos con contrato temporal.

“Cada vez hay más empleos estables, con más derechos y mejores salarios”, ha señalado el Ministerio, que destaca que el mayor incremento se ha producido entre los ocupados con contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 327.471 más que hace un año; mientras que los afiliados con contratos a tiempo parcial aumentan en 70.087.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 13,4%, frente al 29,4% que suponía en julio de 2021. “Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de menos de 30 años, que tienen una tasa de temporalidad del 23,7%, cuando hace un lustro tenían una tasa del 54,8%”, destaca Seguridad Social.

Los trabajadores de 30 años y menos han aumentado un 34,6% desde julio de 2021. Son 999.923 más y alcanzan un total de 3.893.353; lo que supera el ritmo de crecimiento medio, del 14,9%.

Por último, la relación entre cotizante y pensionista se sitúa en el 2,5, que es el nivel máximo desde 2011.

Al mismo tiempo, la afiliación media a la Seguridad Social aumentó en 2.125 cotizantes, un 0,50 % más que en junio, hasta alcanzar los 431.070 afiliados, según los datos publicados este martes por los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Extremadura fue, además, una de las tres comunidades autónomas en las que el paro descendió durante el mes de julio, junto con Andalucía y Cantabria, en contraste con la tendencia nacional, donde el desempleo aumentó.

La evolución también resulta favorable en la comparación interanual. Respecto a julio de 2025, el número de desempleados se redujo en 5.042 personas, lo que supone un descenso del 7,78 %, el segundo mayor en términos porcentuales entre las comunidades autónomas. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social creció en 5.253 personas, un 1,23 % más que hace un año.

En el conjunto del país, la afiliación media a la Seguridad Social alcanzó un nuevo máximo histórico al situarse en 22.508.065 ocupados, tras sumar 41.727 afiliados respecto al mes anterior. Este incremento estuvo impulsado principalmente por el empleo extranjero, favorecido por el proceso extraordinario de regularización.

Por su parte, el paro registrado en España aumentó en 19.517 personas durante julio, hasta situarse en 2.311.499 desempleados. Pese a ese repunte mensual, la cifra total de personas inscritas en los servicios públicos de empleo es la más baja para un mes de julio desde 2007.

Los datos consolidan la tendencia positiva del mercado laboral extremeño en el último año, con una reducción sostenida del desempleo y un crecimiento del número de afiliados a la Seguridad Social, situando a la comunidad entre las que presentan una mejor evolución del empleo en términos interanuales.

El número de afiliados a la Seguridad Social sube en Castilla y León un 1,78% anual (17.830 cotizantes más), por debajo de la media nacional (2,94%). En un mes este número de cotizantes ha aumentado en 6,170 hasta 1.022.190 afiliados, un incremento especialmente vinculado a la regularización de migrantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de julio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 1.209 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -1,24%, por debajo del recorte nacional del 3,87%.

Además, Castilla y León sumó en julio 2.053 parados, el cuarto mayor dato autonómico, que deja en 96.313 los desempleados en esa comunidad, un 2,18% más que en junio frente al 0,85 de aumento nacional.

El paro solo baja en Ávila

El paro solo bajo en julio en Ávila respecto al mes anterior, con un -0,72%, con subidas del 6,27% en Soria, el 4,06% en Valladolid, 3,56 en Palencia, 2,74 en Salamanca, 2,01 en Segovia, y el 0,49% en León y 0,29% en Zamora.

Y el desempleo aumentó en todos los sectores, en especial en el de Servicios, que anotó 1.187 parados más que en junio, con 221 más en Industria, 116 en Agricultura, 33 en Construcción y 496 en el colectivo de sin empleo anterior.

El “problema estructural” para generar empleo en verano

El sindicato UGT ha alertado este martes de la “señal de alarma” que dejan los datos de desempleo de julio en Castilla y León, la mayor subida en ese mes, y que reflejan el “problema estructural grave” de que la comunidad no tiene capacidad suficiente para generar empleo durante los meses de verano.

El vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGTCyL, Alberto Miguel Lorenzo, ha incidido en que el aumento del paro ha sido muy superior al de la media nacional. “Otras comunidades aprovechan el verano para crear puestos de trabajo y reducir el desempleo, pero Castilla y León encadena cuatro años consecutivos con aumentos del paro en julio”, ha explicado.

En cuanto a los afiliados a la Seguridad Social, aunque ha valorado la cifra récord, con más de un millón de cotizantes en la comunidad, en parte por el empuje de la regularización de migrantes, ha alertado que no puede ocultar “la realidad de fondo” de que la comunidad necesita “más industria, inversión productiva y políticas de empleo ambiciosas que permitan crear empleo de calidad durante todo el año”.

En un comunicado, CCOO ha pedido también reforzar la Inspección de Trabajo para combatir la precariedad, en un momento en el que Castilla y León se mantiene por debajo del umbral de los 100.000 desempleados y por encima del millón de cotizantes a la Seguridad Social. En el caso de las personas migrantes que acaban de tramitar su solicitud de regularización, una vez que es admitida pueden inscribirse como demandantes de empleo, lo que en opinión de CCOO puede haber influido en el incremento registrado en julio.

CEOE exige medidas ante los “preocupantes” datos del paro

La CEOE Castilla y León ha exigido medidas urgentes para proteger a las empresas, ante los “preocupantes” datos de paro de julio, que constatan “las serias dificultades y la falta de estabilidad que afronta el tejido productivo de la comunidad”, con el lastre añadido del efecto de los incendios forestales.

En un comunicado, tras publicarse este martes los datos de paro y afiliación de julio, con un aumento del desempleo mensual que rompe la tendencia del descenso estival, la patronal autonómica ha calificado de “mala noticia” esa evolución y ha incidido en que “la inversión y la retención del talento por parte de las empresas de Castilla y León se están viendo seriamente comprometidas debido a un entorno global e interno sumamente complejo”.

La CEOE ha advertido de que debe interpretarse esa evolución negativa como una señal de advertencia a largo plazo, y ha sostenido que para revertir la tendencia “es imperativo que las empresas cuenten con un entorno que fomente la inversión y la contratación, y que elimine de forma inmediata cualquier factor que actúe como freno”.

La Junta apela a un análisis plurianual

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), Jesús Blanco, ha defendido que el mercado laboral es “sólido, estable y avanza con seguridad”, puesto que el paro de julio es uno de los más bajos de la serie histórica. Blanco ha atribuido el incremento del paro al aumento del desempleo en el sector servicios y en Educación por el fin de contratos vinculados al curso académico. “Este aumento ha sido habitual en los años anteriores, es puramente estacional”, ha afirmado en un audio remitido a los medios. Blanco ha reconocido que otros años este incremento se ha compensado con el empleo en turismo, hostelería, comercio y actividades asociadas al verano dada la “moderación en el consumo de los hogares” por la inflación de los últimos años, algo que ha atribuido a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, la evolución de los costes soportados por autónomos y pequeñas empresas o el adelanto de campañas comerciales y rebajas.

El gerente del Ecyl ha señalado que el paro femenino ha bajado un 2,21% respecto al año pasado y ha apelado a la “prudencia” en la interpretación de la evolución mensual del paro —un efecto “coyuntural”—, puesto que considera que la evolución interanual refleja “un mercado laboral sólido, dinámico y con una capacidad sostenida de creación de empleo” en Castilla y León.

El Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en un apoyo económico relevante para las personas y familias cuyos recursos no alcanzan los niveles establecidos por la Seguridad Social. La prestación busca asegurar unos ingresos básicos, aunque tanto la cantidad reconocida como las condiciones de acceso dependen de la situación particular de cada solicitante, del número de integrantes del hogar, así como de los ingresos y el patrimonio disponibles.

De cara al mes de agosto, una de las cuestiones que más interés genera es la fecha en la que se recibirá la mensualidad. El día concreto puede variar según la entidad bancaria, ya que algunas adelantan el abono respecto al calendario ordinario. También existen diferencias en el caso de quienes acaban de obtener una resolución favorable, puesto que el primer ingreso puede seguir unos plazos distintos a los pagos habituales.

En qué consiste el IMV y cuáles son sus beneficiarios

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social destinada a garantizar unos recursos básicos a personas y hogares que atraviesan dificultades económicas. Pueden acceder tanto quienes viven de manera independiente como las unidades de convivencia formadas por varios integrantes, siempre que su nivel de renta y patrimonio se encuentre por debajo de los límites establecidos.

La cantidad reconocida varía en cada expediente. Para determinarla, se compara el conjunto de ingresos de los beneficiarios con el umbral de renta garantizada asignado según el número de miembros y las características del hogar. La normativa también prevé incrementos en determinados supuestos, entre ellos la existencia de menores, las familias monoparentales o la presencia de personas con discapacidad.

La solicitud está abierta a ciudadanos españoles y extranjeros que residan legalmente en España y reúnan las condiciones exigidas. Con carácter general, se requiere haber permanecido en el país de forma legal y continuada durante el año anterior, aunque existen algunas excepciones. El derecho a cobrar la prestación se conserva mientras continúe la situación que permitió su concesión, por lo que cualquier modificación familiar, económica o residencial debe comunicarse a la Seguridad Social.

Cuándo se cobra el IMV de agosto

El día en el que el IMV aparece reflejado en la cuenta puede cambiar según la entidad en la que esté domiciliada la prestación. Aunque existe un calendario general para estos abonos, algunos bancos anticipan el dinero varios días y otros esperan hasta el cierre del mes para efectuar la transferencia.

Banco Santander se encuentra habitualmente entre las entidades que permiten disponer antes de la mensualidad, por lo que sus clientes podrían recibir el ingreso a partir del sábado 22 de agosto. CaixaBank tendría como fecha de referencia el lunes 24, mientras que BBVA mantendría su jornada habitual de pago, fijada en esta ocasión para el martes 25.

Unicaja sigue una operativa diferente y, por norma general, abona el IMV durante el último día hábil del mes. En agosto de 2026, esta fecha corresponde al lunes 31, de modo que sus beneficiarios tendrían que esperar algunos días más que los clientes de las entidades que aplican adelantos.

Estas previsiones pueden experimentar modificaciones debido a los procedimientos internos de cada banco o al tiempo necesario para procesar la transferencia. Además, el ingreso no siempre se refleja a la misma hora en todas las cuentas, por lo que una demora dentro del propio día señalado no implica necesariamente que exista un problema con la prestación.

Cuándo llega el primer ingreso del IMV

El estreno en el cobro del IMV no siempre coincide con las fechas habituales de quienes ya reciben la prestación con regularidad. En los expedientes recién aprobados, el momento del abono depende de cuándo se comunica la resolución favorable y de si esta puede incorporarse a tiempo al proceso de pagos del mes en curso.

Si la concesión se formaliza una vez iniciado el mes, la transferencia puede quedar incluida en la siguiente nómina. Esta situación es más frecuente cuando la aprobación se produce cerca del cierre del periodo de pago, ya que la Administración necesita completar la tramitación antes de ordenar el ingreso.

El hecho de que el dinero llegue más tarde no supone necesariamente una reducción de la cantidad reconocida. El primer abono puede reunir las mensualidades o importes generados desde la fecha en la que la ayuda comienza a tener efectos económicos, de acuerdo con lo indicado en la resolución.

Por ello, conviene diferenciar el día desde el que nace el derecho a percibir el IMV de la fecha exacta en la que la entidad bancaria refleja la transferencia. Una vez efectuado este pago inicial, las siguientes mensualidades se incorporan al funcionamiento ordinario, siempre que continúen cumpliéndose las condiciones exigidas para mantener la prestación.