Navarra alcanzó en mayo un nuevo récord de empleo, con un total de 322.358 trabajadores, según las cifras de afiliación media a la Seguridad Social publicadas este martes. Son 3.576 personas más afiliadas que en abril y 6.222 más que en el mes de mayo del año pasado. “Se refuerza la senda de la creación de empleo y lo hace de manera significativa”, destacan desde el Ejecutivo foral.

Por otro lado, la comunidad foral ha registrado el paro más bajo en un mes de mayo desde el año 2008 con una caída de 618 desempleados en el último mes. El número total de parados registrado en las agencias del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) se ha situado al finalizar mayo en 28.285 personas, 674 menos que en el mismo mes del año pasado. 

En cuanto a las características del desempleo, el Gobierno de Navarra ha destacado varios aspectos. Por una parte, ha apuntado que la distribución según sexo “sigue siendo desequilibrada”. “En mayo seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 61,6%, 17.434) frente al 38,4% de hombres (10.851). La buena noticia, sin embargo, es que, en un mes se ha producido un descenso de un 2% de mujeres desempleadas 348 menos, frente a los 270 parados menos”, ha afirmado.

En términos anuales, ha añadido, la variación del desempleo ha resultado “más positiva” para las mujeres. Así, mientras que el número de paradas se reduce en un año un 2,8% (497 desempleadas menos) el de desempleados lo hace un 1,6% (177 parados menos).

También ha destacado que tres de cada diez personas desempleadas en Navarra (el 31,5%) son mayores de 54 años, se trata de 8.900 personas. En cuanto a los jóvenes en paro de menos de 35 años, representan el 26,1% del total (7.389). “Estos datos han mejorado levemente respecto del mes pasado”, ha expuesto.

Por su parte, la población parada extranjera representa el 22,9% (6.476 personas). En este caso, el número de personas desempleadas extranjeras ha descendido en términos anuales un 3,5% (234 menos), mientras que el número de personas desempleadas con nacionalidad española ha descendido en un año un 2%, (440 personas menos).

Respecto al desempleo de larga duración, actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 42,5%, es decir, 12.033 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación continuada de desempleo más de un año). Se ha dado un descenso anual del 2,5% (304 personas paradas menos de larga duración), ha añadido.

Por otra parte, ha expuesto el Gobierno, la evolución anual del paro registrado por agencias de empleo ha sido la siguiente. El mayor descenso se ha producido en la oficina de empleo de Alsasua, con 90 personas menos que en mayo de 2025, lo que supone un descenso del 11,5%. Le sigue la agencia de Lodosa, con un descenso de 116 parados menos, un 9,5%. Entre las que aumentan su cifra de desempleo, podemos destacar a Santesteban, con un aumento del 6,3% y a Estella-Lizarra, con un 0,2% de aumento.

En la variación intermensual, ha resaltado la caída del 3,7% de desempleo en la oficina de Lodosa, lo que supone que hay 42 parados menos que hace un mes. Es de destacar, también, los 391 parados menos de la oficina de Pamplona, lo que supone una caída del 2,2%.

Euskadi ha registrado el pasado mes de mayo 103.733 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 72 menos que en abril (-0,07%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno vasco. En comparación con el mes de mayo de 2025, la cifra de desempleados en Euskadi se ha reducido en 926 personas, lo que supone un 0,88% menos. Euskadi ha registrado el pasado mes de mayo 1.042.680 afiliados a la Seguridad Social, 6.813 más que el mes anterior (+0,66%).

En relación al mes anterior, en Álava, se contabilizan en mayo 170 parados menos (-0,96%), mientras que en Bizkaia hay 50 desempleados más (+0,09%) y Gipuzkoa registra 48 desempleados más (-3,52%). La evolución interanual, por su parte, deja descensos en los tres territorios. En Álava se registran 607 parados menos (-3,34%), en Bizkaia hay 34 desempleados menos (-0,06%) y en Gipuzkoa se contabilizan 285 parados menos (-1,03%). De este modo, el territorio alavés ha cerrado mayo con 17.561 personas en desempleo, el vizcaíno con 58.709 parados y el guipuzcoano con 27.463 desempleados, según recoge Europa Press.

De las 103.733 personas en paro en Euskadi en mayo, 60.190 son mujeres, 256 menos que en abril y 232 menos que un año antes, y 45.543 son hombres, 184 más que el mes anterior y 694 menos que en mayo de 2025. Por franjas de edad, el colectivo de mayores de 45 años concentra a 58.588 de los parados, 146 menos que en abril y 427 más que el año pasado. Un total de 28.355 desempleados tiene entre 30 y 44 años, 84 menos en términos mensuales y 852 menos en la variación interanual. Entre los menores de 30 años, hay 16.790 desempleados, 158 más que en abril y 501 menos que un año antes.

Del total de cotizantes en Euskadi, 525.051 corresponden a Bizkaia, territorio en el que la afiliación se ha incrementado en 3.215 personas respecto al mes anterior (+0,62%) y ha aumentado en 6.974 en comparación con mayo de 2025 (+1,35%). Gipuzkoa, con 344.396 cotizantes, ha registrado una subida mensual de 1.507 personas afiliadas a la Seguridad Social (+0,44%) y un crecimiento interanual de 2.756 afiliados (+0,81%). Finalmente, Álava, con 173.233 trabajadores afiliados, ha experimentado en mayo un incremento mensual de 2.091 afiliados (+1,22%) y respecto a hace un año ha aumentado en 3.800 cotizantes (+2,24%).

En el conjunto de Euskadi, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 871.932 cotizantes, de los cuales 27.747 están registrados como trabajadores del hogar y 2.769 como trabajadores agrarios. Además, hay 166.830 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.918 en el de trabajadores del mar. Por otro lado, al cierre del mes de mayo había en Euskadi 565 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 66 menos que al concluir abril. De ellos, 384 son hombres y 181 mujeres.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 9.125 personas en mayo en Andalucía en relación al mes anterior (-1,64%) hasta los 548.120 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad lidera así la caída del paro a nivel nacional por segundo mes consecutivo.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en abril la mayoría de veces en Andalucía (29 veces). En el último año el desempleo acumula un descenso de 57.744 parados, lo que supone un 9,53% menos.

Por sectores, el paro bajó en todos, encabezado por Servicios, 6.430 menos; seguido de Sin Empleo Anterior, 1.371 menos; Construcción, 601 menos; Industria, 437 menos y finalmente Agricultura, con 286 menos. Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (381.126), Sin empleo anterior (62.433), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (29.386), Industria (29.822) y Construcción (45.353).

En cuanto a sexos, de los 548.120 desempleados registrados en mayo, 337.690 fueron mujeres, 5.897 menos (-1,71%) y 210.430 hombres, lo que supone un descenso de 3.228 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-1,5%). En mayo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 1.379 parados menos que a cierre del pasado mes, mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 7.746 desempleados.

Por provincias y contratación

El paro bajó en todas las provincias, siendo Málaga donde hubo una mayor caída (-2.208); seguida de Cádiz (-2.096); Sevilla (-1.474); Granada (-1.024); Córdoba (-780); Almería (-636); Jaén (-500) y Huelva (-407).

En mayo se registraron 260.710 contratos en Andalucía, un 3,92% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 101.660 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,54% inferior a la de mayo del año anterior y 159.050 contratos temporales (un 5,39% menos). Del número de contratos registrados en abril, el 61,01% fue temporal y un 38,99%, indefinidos.

Asimismo, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída de mayo, el número total de desempleados se situó en 2.320.721 personas, su menor nivel en este mes desde 2007, ha subrayado el Ministerio. No obstante, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de mayo desde 2020, cuando el desempleo subió en 26.573 personas en plena crisis del Covid. Excluyendo ese año, el de mayo de este año ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2012, cuando disminuyó en 30.113 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en mayo en 29 ocasiones y ha subido en dos. El mayor descenso fue el de 2021, cuando disminuyó en 129.378 parados. En mayo del año pasado bajó en 57.835 personas. En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en mayo. Lo hizo en 9.755 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 134.162 personas, lo que supone un 5,5% menos, con un retroceso del paro femenino de 82.311 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 51.851 varones (-5,3%).

Servicios impulsa la bajada del desempleo

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 29.829 desempleados menos (-1,7%), seguido de la industria (-2.665 desempleados, -1,4%); la construcción, que restó 2.304 parados (-1,4%), y la agricultura, donde bajó en 1.628 personas (-2,2%).

Por su parte, el desempleo aumentó en 98 personas (+0,04%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en mayo en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 20.316 mujeres en comparación con abril (-1,4%), mientras que el masculino se redujo en 16.007 desempleados (-1,7%).

Así, al finalizar el quinto mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.404.110 desempleadas, su menor cifra en un mes de mayo desde 2008, mientras que el de varones totalizó 916.611 desempleados.

El paro baja en todas las comunidades

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años bajó en 31.585 desempleados en mayo (-1,4%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en 4.738 personas (-2,8%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 años bajó por primera vez de la barrera de los 165.000 desempleados, marcando un mínimo histórico de 164.955 parados.

El paro registrado disminuyó en mayo en todas las comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-9.125 desempleados), Cataluña (-6.900 parados) y Madrid (-3.834 personas).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado bajó en 48, encabezadas por Barcelona (-4.821 desempleados), Madrid (-3.834) y Málaga (-2.208), y subió en cuatro, principalmente en Castellón (+281 desempleados), Vizcaya (+50) y Guipúzcoa (+48).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 3.673 desempleados respecto al mes anterior (-1,1%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 337.858 desempleados, lo que supone 4.933 parados menos que hace un año (-1,4%).

El 43,2% de los contratos, fijos

En mayo de este año se registraron 1.323.719 contratos, un 0,4% menos que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 572.061 fueron contratos indefinidos, un 3,5% más que en mayo de 2025.

En total, el 43,2% de todos los contratos realizados en mayo fueron indefinidos, porcentaje 1,6 puntos superior al del mismo mes del año pasado y similar al registrado en abril de este año.

Dentro de los indefinidos, en mayo se realizaron 234.774 contratos a tiempo completo, un 5% más que igual mes del año anterior; 135.409 a tiempo parcial (+9,1%) y 201.878 fijos discontinuos (-1,5%).

De todos los contratos suscritos en mayo, 751.658 fueron contratos temporales, un 3,2% menos que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 56,8% del total de la contratación efectuada en el quinto mes del ejercicio 2026.

En los cinco primeros meses del año se han efectuado más de 6,17 millones de contratos, cifra un 3,8% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 2,67 millones han sido contratos fijos (+4,3%) y 3,44 millones, temporales (+1,7%).

Sube al 80,9% la tasa de cobertura frente al desempleo

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de abril (último dato disponible) la cifra de 2.040,9 millones de euros, un 5% más que igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.168,3 euros en el cuarto mes del año, un 2% más que en abril del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de abril fue de 1.028,6 euros, lo que supone un aumento de 25,8 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,6%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.779.989 personas, cifra un 2,7% superior a la del mismo mes de 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 73,76%, se situó en abril de 2026 en el 80,90%, la más elevada en un mes de abril de toda la serie.

Castilla y León anotó en mayo 2.609 parados menos que en abril, con un 2,62 por ciento de recorte que dejó en 97.155 los desempleados en esa comunidad, que en ese mes sumó 9.815 cotizantes más a la Seguridad Social, para superar de nuevo el millón de afiliados, con 1.006.379.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de mayo en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 4.522 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,45 por ciento, ligeramente por debajo del -5,47 por ciento nacional.

En comparativa anual, Castilla y León cerró mayo con 17.876 cotizantes más que hace un año, el 1,81 por ciento más.

La Comunidad anota el segundo mayor recorte autonómico en dato relativo

En el conjunto nacional, el mercado laboral sumó en mayo 231.975 afiliados de media hasta superar los 22,33 millones; y en cuanto al desempleo, el paro bajo en mayo en 36.323 personas en España, el 1,54 por ciento, que dejó en 2.320.721 los desempleados

El paro registrado en mayo de 2026 bajó en todas las comunidades respecto al mes anterior y Castilla y León anotó el quinto mayor recorte en dato absoluto y el segundo relativo a la par que Galicia y sólo por detrás de Baleares.

Soria anotó la mayor bajada mensual y el único aumento anual

El desempleo bajó en todas las provincias de la comunidad, por encima del 3 por ciento respecto a abril en Ávila, Salamanca, Segovia, Zamora y Soria.

Destacó el recorte del 3,80 por ciento del paro en mayo respecto a abril en la provincia soriana, a la cabeza nacional.

Respecto a abril el paro bajo en Ávila (-3,35%), Burgos (-2,64%), León (-1,84%), Palencia (-2,59%), Salamanca (-3,29%), Segovia (-3,74%), Soria (-3,80%), Valladolid (-1,85%) y Zamora (-3,38%).

En términos anuales, el número de parados registrados disminuyeron en Ávila (-4,42%), Burgos (-5,71%), León (-4,85%), Palencia (-2,57%), Salamanca (-7,11%), Segovia (-5,78%), Valladolid (-3,61%) y Zamora (-1,11%) y sólo aumentaron en Soria (2,65% y 68 parados más en doce meses).

Bajada en todos los sectores salvo en el de sin empleo anterior

En mayo, el paro bajo respecto al mes anterior en todos los sectores salvo en el de sin empleo anterior, que anotó 74 parados más.

Bajó especialmente en Servicios, con 2.331 desempleados menos en un mes, y 2.565 menos que hace un año; con 134 parados menos en Agricultura, 120 en Industria y 98 en la Construcción.

Descensos en el paro juvenil y en el femenino

La comunidad también anotó recortes tanto en el desempleo de menores de 25 años, con 186 desempleados menos que en abril; como en el femenino, con 1.117 paradas menos que el mes anterior en Castilla y León, el -1,83 por ciento (-1,43 nacional).

En mayo la comunidad registró 53.459 contratos, 3.289 más que en abril, con un aumento del 6,56 por ciento, por encima del 5,20 por ciento nacional.

5.035 contratos menos que hace un año

Aunque la contratación fue menor que hace un año, en concreto en mayo del 2026 de cerraron 5.035 contratos menos que en mayo del 2025, el -8,61 por ciento, frente al -0,40 nacional.

La contratación aumentó en comparativa mensual en trece comunidades con caídas en el resto; y respecto a hace un año, sólo cuatro comunidades registraron aumentos: Aragón, Cataluña, Madrid (9,10 por ciento) y País Vasco (6,54).

Del total de contratos, 19.554 fueron indefinidos en el caso de Castilla y León, 2.032 más que en abril y 884 menos que hace doce meses.

75.029 prestaciones por desempleo

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de abril, Castilla y León contó con 75.029 prestaciones, de ellas 39.057 prestaciones contributivas; con 35.939 subsidios y 33 rentas activas de inserción.

Nuevo récord de empleo en España, con un total de más de 22,3 millones de trabajadores alcanzados en mayo, según las cifras de afiliación media a la Seguridad Social publicadas este martes. Con casi 232.000 afiliados más que en abril, el segundo mejor mayo de la serie histórica, un mes favorable para el empleo y que este año lo ha sido especialmente, con un importante tirón de los trabajadores extranjeros, en pleno despliegue del proceso de regularización aprobado por el Gobierno. Del lado del paro, se registra una caída más moderada de lo habitual, en 36.300 personas. 

El nuevo techo del mercado laboral en España se sitúa en concreto en 22.337.806 personas afiliadas a la Seguridad Social de media. Es un récord que se compone de varios más: máximo de mujeres trabajando, casi 10,6 millones, pero también de hombres (11,7 millones), de trabajadores autónomos (3,46 millones) y de afiliados extranjeros (casi 3,4 millones de personas).

Mayo es favorable para el empleo y para la caída del paro habitualmente, en un mes en el que empiezan a elevarse las temperaturas camino del verano (este año de nuevo en exceso) y que alienta las contrataciones, sobre todo en el sector de la hostelería, pero también en otros como la construcción, que este año impulsa especialmente el empleo al alza.

Impulso en la afiliación de trabajadores extranjeros

Los datos de empleo de ciudadanos extranjeros son algo más favorables este mayo que en los pasados años, pero desde el Gobierno indican que aún es “muy prematuro” vincular estas cifras al proceso de regularización extraordinario de migrantes que está aún abierto.

Además, recuerdan que estas cifras ya venían siendo muy potentes en los pasados meses, sin que se hubiera iniciado este proceso.

Así, el empleo de trabajadores extranjeros supone casi la mitad de las afiliaciones de este mayo, 111.301 (48%), mientras que el año pasado el dato fue del 38%, por ejemplo.

Como particularidad, los registros de empleo diario en este mayo son especialmente favorables, con apenas reducción neta de empleo a finales de mes, algo que es bastante habitual.

Por sectores, en un panorama general de aumento del empleo, impulsa la afiliación sobre todo la hostelería, con casi 67.300 trabajadores más que en abril (+3,5%), pero no es de los mejores meses para este sector, con 78.000 afiliados el año pasado y casi 80.000 en 2024.

Y, en cambio, los datos globales de empleo son más positivos, gracias al mayor tirón de otros sectores, como la construcción (con 14.000 trabajadores más, frente a los casi 9.000 de 2025) y el comercio (con 16.500 personas afiliadas más, frente a 10.200 del año pasado), entre otros.

Acelera el empleo pese a la incertidumbre internacional

El resultado es un acelerón del ritmo de creación de empleo, que alcanza un 2,54% interanual, el dato más elevado desde hace más de un año, a comienzos de 2024. En términos absolutos significa la creación de más de medio millón de empleos en el último año. En concreto, más de 553.000 personas afiliadas más a la Seguridad Social.

Si se atiende a los datos desestacionalizados, que aíslan el mercado laboral de los vaivenes propios del calendario, el empuje del empleo también es más fuerte, con 63.700 afiliados más a la Seguridad Social en mayo respecto a los 41.700 de abril.

Estos datos se dan además en un contexto además de gran incertidumbre internacional por la guerra de Irán, y de encarecimiento de los precios de la energía, cuyo contagio al resto de la economía se ha logrado contener bastante en España, con una inflación del 3,2% en mayo, y que parece que no está perjudicando al mercado de trabajo por el momento. Las cifras de ERTE vuelven a descender un mes más.

“España sigue a la cabeza en creación de empleo entre los principales países de nuestro entorno y además crecemos de manera más importante en actividades de alto valor añadido. Y además no solamente mejora la cantidad, también la calidad del empleo, que mejora en todos los grupos de edad”, ha resaltado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

En mayo de 2026 se han registrado unos 572.000 contratos de trabajo de carácter indefinido, representan el 43% de todos los contratos, frente a las cifras del 10% anteriores a la reforma laboral. El departamento de Saiz destaca que la temporalidad –porcentaje de trabajadores temporales sobre el total de asalariados– se ha reducido considerablemente en todos los grupos de edad y actividades, pasando de superar el 31% a estar por debajo del 12%.

El paro se reduce menos, en 36.300 personas

El paro registrado en las oficinas públicas de empleo se redujo en mayo, pero en este caso menos de lo habitual. El número de personas desempleadas apuntadas en el SEPE disminuyó en 36.323 respecto a abril, frente al descenso en casi 60.000 personas de los últimos dos años.

Esta caída sitúa el total de personas desempleadas en 2.320.721 personas, en niveles de hace 18 años, en los inicios de la pasada Gran Recesión, que disparó el paro registrado a casi cinco millones de personas.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha normalizado el menor descenso del desempleo al contar con niveles de paro más reducidos y ha destacado las disminuciones en colectivos con más dificultades para reengancharse al mercado laboral, como los mayores de 52 años.

En el último año, el paro ha descendido en 134.000 personas, un descenso del 5,5%. El Ministerio de Trabajo destaca que respecto a mayo de 2025 el paro masculino baja en 51.851 (-5,4%) y el femenino cae más, en 82.311 mujeres (-5,5%).

Yolanda Díaz ha destacado en una entrevista en RNE el descenso del paro juvenil, en algo más de 4.700 personas respecto a abril, y que sitúa el total por debajo de la barrera de las 165.000 personas, cerca de mínimos históricos. La vicepresidenta segunda ha anunciado que convocará una mesa de diálogo social para abordar la situación del empleo juvenil antes del 15 de julio.

Díaz ha sostenido que los buenos datos de empleo “no han caído del cielo”, sino que son resultado de la reforma laboral, de las subidas del salario mínimo y de “cada uno de los avances conquistados en estos años”, ha apuntado.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a colarse entre las ayudas que más dudas generan a final de mes, sobre todo para quienes dependen de este ingreso para organizar pagos, recibos y los gastos del día a día. Aunque hay una fecha oficial marcada en el calendario, lo cierto es que el día exacto en el que el dinero aparece en la cuenta no es el mismo para todo el mundo. Al final, todo depende del banco. Por eso, en junio de 2026 habrá diferencias en el momento de cobro, aunque todos los beneficiarios estén recibiendo la ayuda correspondiente al mismo periodo.

La fecha oficial para el pago de junio se sitúa en el miércoles 1 de julio de 2026, ya que es el primer día hábil del mes siguiente. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, varios bancos optan por adelantar el ingreso para que sus clientes puedan tener el dinero antes de que termine el mes. En esta ocasión, esos adelantos se concentran en la última semana de junio, con fechas que van desde el lunes 22 hasta el jueves 25, dependiendo de cada entidad y de cómo gestione los pagos.

Qué es el Ingreso Mínimo Vital y a quién va dirigido

El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda económica que forma parte de la Seguridad Social y está pensada para hogares que no llegan a un nivel mínimo de ingresos. Su objetivo es bastante claro: reducir situaciones de pobreza o exclusión social, tanto en personas que viven solas como en familias que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas. No se trata de una ayuda con una cantidad fija para todo el mundo, ya que lo que se cobra depende de la situación económica y familiar de cada caso.

Además, esta prestación tiene en cuenta a colectivos que pueden ser más vulnerables, como los menores o las personas con discapacidad. No solo busca cubrir una parte de la falta de ingresos, sino también facilitar que quienes la reciben puedan ir mejorando su situación con el tiempo y tener más opciones de integrarse a nivel social y laboral. Por eso, para poder acceder a ella es necesario cumplir ciertos requisitos relacionados con los ingresos, la composición del hogar y la residencia.

Pueden solicitar esta ayuda tanto ciudadanos españoles como personas extranjeras con residencia legal en España, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Entre los requisitos generales, por ejemplo, está el haber vivido de forma legal y continuada en el país durante al menos el último año.

Cuándo se cobra el IMV según el banco

El calendario habitual de este tipo de prestaciones establece que el pago se realiza el primer día hábil del mes siguiente. En el caso del IMV correspondiente a junio de 2026, esto sitúa la fecha oficial en el miércoles 1 de julio. Esa es la referencia que se toma, sobre todo para quienes no reciben adelantos o para los bancos que no aplican este sistema.

Aun así, lo más habitual es que muchos bancos adelanten el ingreso unos días para facilitar que sus clientes puedan organizar mejor sus gastos de final de mes. Este adelanto no implica que se cobre más ni que haya un pago extra, simplemente significa que el dinero llega antes de lo previsto en el calendario. Por este motivo, aunque todos tengan reconocida la misma prestación mensual, la fecha de cobro puede variar de una persona a otra.

Según el calendario previsto para junio de 2026, entidades como Banco Santander, Openbank y Bankinter están entre las primeras en adelantar el pago, con ingresos a partir del lunes 22 de junio. A continuación, CaixaBank suele situar el abono en el miércoles 24 de junio. El jueves 25 de junio aparece como fecha de pago en BBVA y también está previsto el ingreso en bancos como Sabadell, ING o Ibercaja. Por su parte, Unicaja lo fija para el martes 30 de junio, cerrando así el calendario orientativo de abonos.

En cualquier caso, estas fechas son orientativas, ya que pueden variar en función de la operativa interna de cada entidad, del tipo de cuenta o incluso de los tiempos de procesamiento de las transferencias. Si el dinero no aparece a primera hora del día previsto, no significa necesariamente que haya un problema con el expediente.

Cómo se efectúa el primer pago del IMV

Las personas que acceden por primera vez al IMV pueden encontrarse con un calendario algo distinto al de quienes ya lo reciben todos los meses. Cuando la resolución que concede la ayuda llega a lo largo de un mes, lo más habitual es que el primer ingreso se realice en el mes siguiente.

Ese primer pago, además, suele incluir las cantidades pendientes desde el momento en el que se reconoce el derecho a la prestación. Es decir, aunque el dinero tarde un poco más en llegar, no se pierde lo correspondiente a ese tiempo.

Esto hace que no todo el mundo cobre por primera vez en las mismas fechas que el resto de beneficiarios. Si la aprobación llega cuando el mes ya está bastante avanzado, la transferencia inicial puede retrasarse al periodo siguiente por cuestiones administrativas. Aun así, ese pequeño retraso no implica perder ninguna de las cuantías reconocidas.

En ese primer abono se incluyen todos los importes acumulados que correspondan al periodo aprobado. A partir de ahí, si la ayuda sigue activa y se mantienen los requisitos, los pagos pasan a hacerse de forma mensual, siguiendo el calendario habitual y, en su caso, los adelantos que aplique cada banco.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este viernes su nuevo estudio de la regla de gasto en pensiones encargado por el Gobierno, en el que mejora su previsión de gasto neto del sistema a largo plazo, hasta 2050, que rebaja del 13,2% que estimó en 2025 al 13% en este nuevo análisis.

Como consecuencia, no será necesario activar ajustes adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema, según estableció la reforma de pensiones aprobada por el Ejecutivo de coalición.

La llamada “regla de gasto en pensiones” se incluyó como un mecanismo semiautomático de control del sistema por parte de la AIReF, para que cada tres años evaluara el equilibrio entre gastos e ingresos. Si este análisis concluía que el sistema se descompensaba por el lado del gasto, la ley previó un camino a seguir para incluir nuevas medidas correctoras. Esta herramienta fue pactada por el entonces ministro José Luis Escrivá y Bruselas, en el marco de las reformas del Plan de Recuperación tras la pandemia.

En 2025, la AIReF realizó su primera evaluación, que suponía el cumplimiento de la regla de gasto aunque con muchas críticas por parte de la institución, que entonces lideraba la economista Cristina Herrero. Poco después, el Gobierno pactó con Bruselas un nuevo análisis para este año.

“Se vuelve a confirmar el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones”, ha explicado este viernes la nueva presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, en una rueda de prensa que se está celebrando esta mañana. No obstante, la institución sigue siendo muy crítica con la propia regla de gasto, que considera que “ofrece una visión parcial centrada en un único componente de gasto” y que “no es adecuada” para medir la sostenibilidad del sistema.

Por ello, la AIReF ha propuesto al Ministerio de la Seguridad Social que se reforme este instrumento, para “que se integre en el marco fiscal europeo”, ha afirmado Olóndriz, hasta hace unos meses miembro del Gobierno, como secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social han celebrado que “el sistema público de pensiones español ha vuelto a superar una prueba externa e independiente” y han reivindicado que “los resultados del informe de la AIReF muestran que es sostenible y que las reformas estructurales adoptadas desde 2021 por el Gobierno” están “dando resultados”.

El departamento de Elma Saiz publicó ayer el primer informe de su nuevo simulador del gasto en pensiones, INTegraSS, cuyos resultados ya adelantó en abril, que estiman un gasto neto promedio algo más elevado, del 14% del PIB, aunque el pico de gasto máximo lo sitúa en un 15,3% en 2050 y en la AIReF lo elevan el 16,4%.

Más ingresos por las cuotas de los autónomos

La principal diferencia del actual cálculo de la AIReF respecto a la valoración del año pasado se centra “en el saldo de las medidas de ingresos”, ha explicado Inés Olóndriz, que en este análisis se sitúa en un 1,6% del PIB y en el anterior era del 1,4%. La previsión de gasto se mantiene en el 14,6%.

Y, dentro de los ingresos, la diferencia principal con el análisis del año pasado, se centra en la valoración de los ingresos de cotizaciones de los trabajadores autónomos, que aumenta, gracias a la reforma para que coticen según sus ganancias. Olóndriz ha explicado que el año pasado la AIReF hizo una proyección y “ahora lo que tenemos son datos observados de 2023 y 2024”, que “han sido mejores de las proyecciones”.

El resto de medidas de ingresos apenas varían, han explicado en la AIReF. Por ejemplo, se mantiene solo una décima de ingresos en cotizaciones gracias a los aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) y no estiman un impacto positivo en los ingresos fruto de la reforma laboral, que ha desplomado el empleo temporal, porque la institución considera que aún no hay evidencia que permita constatarlo.

337.000 trabajadores más con contrato en el primer año

El estudio también incorpora una evaluación –aún muy incipiente– del impacto de la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno en el empleo y los ingresos por cotizaciones sociales que supondrá para las arcas públicas, que estiman en 0,03 puntos del PIB promedio hasta 2050. La directora de la División de Análisis Económico, Esther Gordo, ha insistido en varias ocasiones en que son datos aún sobre los que pesa una gran incertidumbre.

La AIReF estima que el universo potencial de beneficiarios de la regularización sería de unas 763.000 personas en situación irregular y de 186.230 solicitantes de asilo en edad de trabajar. En total, casi 950.000 personas entre los 18 y 64 años, pero de las que estiman que no todas lograrán la residencia.

De las personas en situación irregular, el organismo estima –fruto de otros procesos de regularización– que solo un 85% presentará la solicitud para regularizarse y, de ellos, que la tasa de aceptación será de un 83%. A partir de ahí, con supuestos de actividad y empleo elevados, del 83% y 86%, como existe en la actualidad para la población migrante, la AIReF calcula que el universo potencial de nuevos trabajadores con contrato alcanza las 384.000 personas.

Con un supuesto de cierta reducción del empleo, por el aumento de costes para las empresas que supondrá el paso a la regularidad de miles de empleados ahora sin contrato, el organismo concluye que el balance de nuestros trabajadores en el primer año de regularización será de 337.000 personas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la nueva regulación de jubilación flexible aprobada esta semana por el Gobierno, que entrará en vigor dentro de tres meses. En concreto, el 28 de agosto. Entre los cambios más destacados figuran el acceso de los autónomos a esta fórmula de complementariedad del trabajo y el cobro de pensión, antes solo accesible para los asalariados, así como un aumento del porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos y la mejora de la pensión futura de los jubilados forzosos, entre otras.

La jubilación flexible es una fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Ahora, además de los asalariados con contratos a tiempo parcial, también podrán acceder a ella personas autónomas.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, destacó el martes su carácter voluntario. “Esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo, más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras, que no expulsa el talento senior que quiera seguir aportando –insisto– desde la voluntariedad”, argumentó Saiz.

El real decreto especifica que las pensiones de jubilación flexible iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva regulación se seguirán rigiendo por la normativa que les fuera aplicable anteriormente.

Entre las novedades también figura que no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión.

“Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o el trabajo por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación”, recoge el real decreto.

Quiénes tienen derecho

La jubilación flexible “será de aplicación a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social”, especifica el decreto, excepto “al Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, al Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y al Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia”.

Asalariados a tiempo parcial y autónomos

Esta fórmula está disponible para aquellas personas jubiladas que vuelvan a trabajar con un contrato a tiempo parcial. Para estas personas también hay novedad: la horquilla para la realización de esta jornada sube del 33% al 80%. Antes, el jubilado podía realizar una jornada de entre el 25% y el 75% respecto a un horario a tiempo completo.

A partir de ahora también podrán acceder a ella quienes decidan volver a trabajar con una actividad por cuenta propia, aunque con una considición: “Siempre que, en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación, la persona pensionista no hubiera estado en alta en un régimen de la Seguridad Social como persona trabajadora por cuenta propia”.

Mejora en el porcentaje de pensión a percibir

La cuantía de la pensión, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo.

Con el objetivo de incentivar el retorno al mercado de trabajo, cuando se acceda a la jubilación flexible por primera vez y pasados al menos 6 meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional de pensión.

– En las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80%, se incrementará el importe de la pensión en un 25% adicional;

– En las jornadas parciales que las que sean igual o superior al 33%, pero inferiores al 55%, subirán un 15% adicional.

En aquellos supuestos en que se compatibilice la pensión de jubilación con una actividad por cuenta propia, el importe de la pensión a percibir se corresponderá con un porcentaje del 25%.

Durante el periodo de jubilación flexible, el trabajador seguirá teniendo la condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social.

El importe de la pensión de jubilación compatible con la actividad por cuenta ajena o por cuenta propia incluirá el complemento por maternidad o para la reducción de la brecha de género, cuando se perciba. “Este se reducirá y, en su caso, se aumentará en la misma proporción que el importe de la pensión” que se perciba en esta modalidad flexible.

Además, “la persona pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo”.

Mejora de pensión futura solo a jubilados forzosos

Además, el pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, cuando regrese a la jubilación plena desde la jubilación flexible, verá mejorada su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado.

En el resto de casos, “la cotización efectuada durante la situación de jubilación flexible no surtirá efectos para la mejora de la pensión que se tenga reconocida, ni tampoco incrementará el complemento económico de demora que hubiera correspondido”.

Incompatible con el plus de jubilación demorada

La norma declara incompatible la jubilación flexible con el percibo del complemento económico por jubilación demorada. Así, se aplicarán estas reglas en caso de ya percibir este plus:

a) Cuando se hubiese optado por percibir el complemento bajo la modalidad de porcentaje adicional en la pensión, “su percibo quedará suspendido durante el tiempo en que se aplique el régimen de compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación flexible”.

b) Cuando se hubiese optado por percibir el complemento bajo la modalidad de cantidad a tanto alzado, o bajo la opción mixta (porcenatje adicional y a tanto alzado), “no será posible aplicar el régimen de compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación flexible”.

Mejoras pendientes en la jubilación demorada

Además, el real decreto incluye algunos cambios ya anunciados en la jubilación demorada, como la compatibilidad del cobro del plus con la jubilación activa.

Hay un periodo transitorio para ello, por el que “se seguirá aplicando la incompatibilidad de la percepción del complemento por demora con el acceso al envejecimiento activo”, conforme a lo establecido en la regulación contenida en dichos artículos vigentes a 31 de marzo de 2025, “a las personas que en esa fecha estuvieran compatibilizando la pensión con un trabajo por cuenta ajena o propia conforme a dicho régimen, en tanto no se produzca la baja en el régimen de la Seguridad Social correspondiente por haber finalizado la citada relación laboral o actividad por cuenta propia”

Además, se modifican los términos para acceder a este plus de jubilación demorada, para el que “se tomarán años y semestres completos”.

Todos los detalles de la regulación son accesibles en este enlace del Boletín Oficial del Estado.

La pasarela para que miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos transfieran sus cotizaciones a la Seguridad Social ha recibido este martes el visto bueno de la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, con la abstención del PP, Vox y Junts, con muchas críticas al Gobierno por el veto de varias enmiendas presentadas por la oposición. La ley va rumbo a su votación en el Pleno del Parlamento, prevista el próximo 10 de junio, un examen clave para su aprobación y para su contenido, con varios detalles aún abiertos.

La sesión celebrada en la Comisión de Trabajo ha dejado aún varias enmiendas “vivas” para que se voten en el Pleno del Parlamento, por lo que no solo está pendiente la aprobación de la propia pasarela para los mutualistas, sino también el detalle de algunos de sus artículos.

Por ejemplo, este martes los portavoces de Sumar y del PSOE han mencionado en sus intervenciones una importante novedad, incorporada en este último momento, pendiente de la votación del Pleno: rebajar a 52 años –desde los 55 años inicialmente propuestos– la edad a partir de la cual la ley da un trato más favorable a los mutualistas y considera que cada mes cotizado en la mutualidad equivale a un mes cotizado en la Seguridad Social.

Fuentes de Sumar indican a elDiario.es que se trata de una iniciativa incluida en una enmienda de su grupo parlamentario.

Veto al acceso de 47.000 mutualistas con el mínimo cotizado

El Gobierno ha vetado varias enmiendas presentadas por la oposición, lo que ha suscitado duras críticas de PP, Junts y Vox. Especialmente, el PP se ha referido a una enmienda pactada con Junts para permitir el acceso a la pasarela a los trabajadoras que hayan sumado el mínimo de años cotizado para acceder a una pensión en la Seguridad Social, con el objetivo de que pudieran transferir el dinero cotizado previamente en la mutualidad.

El Ejecutivo ha vetado esta enmienda, por motivos presupuestarios, con la exclusión de “47.000 mutualistas”, ha cifrado el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua. Tanto PP, como Junts y Vox han denunciado que el Ejecutivo no ha argumentado suficientemente el efecto presupuetario para justificar el veto y han denunciado la imposibilidad de debatir y votar sus propuestas.

Se quedan también fuera de la pasarela los mutualistas ya jubilados, otro de los colectivos más afectados por las escasas pensiones de estas entidades privadas -además sin revalorización anual- y para los que varios grupos, como PNV y ERC, han expresado su pesar por no haber logrado un consenso para incluirlos en la ley (ante la reticencia del Gobierno).

La proposición de ley presentada por el grupo socialista tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos (“300 y 400 euros”), incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman una vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.

Afronta su examen clave en el Congreso

El proyecto de ley afronta ahora un examen clave en el Parlamento el próximo 10 de junio, ya que la norma podría decaer o ser aprobada, y en este segundo caso, hay todavía cuestiones abiertas de su contenido en las enmiendas presentadas por los partidos políticos.

Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a todas las plataformas de afectados.

En la sesión celebrada este martes en la Comisión de Trabajo del Parlamento se ha visualizado esta situación, con varios grupos –como ERC, PNV, Coalición Canaria y Sumar– que han expresado su apoyo a dar alguna solución al colectivo, aunque se difiera con algunas cuestiones del texto final de la ley.

Los casi diez millones de pensionistas en España tienen muy presente la primera semana de julio. No es para menos, está previsto que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) abone la paga extraordinaria de verano de 2026 entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio. Otros beneficiarios también tienen subrayado en su calendario la última semana de junio, en previsión de recibir antes el dinero gracias al adelanto habitual de las entidades bancarias. Se trata de un año especial, en el que la paga extraordinaria vendrá con subida incluida. Muchos jubilados recibirán una cuantía superior en la paga extraordinaria. El motivo reside en que las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7%, tal y como establece el Real Decreto 39/2026.

De acuerdo con el artículo 46 de Ley General de la Seguridad Social, el sistema de pensiones contempla 14 pagas anuales, doce correspondientes a cada mes del año y dos extraordinarias. De acuerdo con la norma, “estas últimas se devengarán en los meses de junio y noviembre”. No se trata de un complemento adicional al importe mensual, sino parte de una fracción del cálculo total de la pensión. Del mismo modo, el importe a recibir por los pensionistas es equivalente al recibido mes a mes. La peculiaridad de la paga extraordinaria reside en que se abona a mes vencido, por lo que los bancos deberán haber recibido la transferencia por parte de la Seguridad Social a principios de julio. En definitiva, queda poco más de un mes para que los pensionistas reciban su paga extra.

Los pensionistas que hayan comenzado a percibir la pensión después del periodo de devengo —que abarca desde el 1 de diciembre al 31 de mayo— no recibirán la totalidad de la paga extra de verano. En su lugar, recibirán el importe proporcional a lo cotizado. Si, por ejemplo, un usuario es pensionista desde el 31 de mayo, cobrará la mitad de la paga extra, puesto que solo habrá generado tres de los seis meses del periodo. En ese mismo escenario, un pensionista que percibe 1.600 euros recibirá solo 800 euros de paga extraordinaria de verano.

Por su parte, aquellos que empezaron a recibir la pensión después del 31 de mayo de 2026 tendrán que esperar al próximo año para cobrar la paga extraordinaria. Lo mismo ocurrirá con los que la hayan tenido suspendida durante el periodo de devengo en su totalidad.

Por otro lado, existen pensiones en las que, en lugar de contar con paga extraordinaria, el importe está prorrateado. Es el caso de aquellas prestaciones por incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional.

Cuándo se cobra la paga extra en cada entidad bancaria

No todos los bancos efectúan el ingreso de la paga extra el mismo día. Muchas entidades financieras adelantan el ingreso, por lo que el día de cobro depende de dónde tengan los pensionistas domiciliada su pensión. En general, los bancos que anticipan el ingreso lo suelen hacer entre los días 22 y 25 de junio:

Si antes del 3 de julio el pensionista no ha recibido la paga extraordinaria de verano, lo recomendable es que contacte con su banco y consulte si existe una orden de pago pendiente. En caso contrario y si no consta a la entidad financiera el abono, deberá presentar una reclamación ante la Seguridad Social mediante uno de estos dos cauces:

El auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero recoge un ramillete de indicios sobre su presunta participación en una red de tráfico de influencias que derivan en contundentes acusaciones contra el expresidente del Gobierno. Sin embargo, las conclusiones del juez José Luis Calama no están siempre acompañadas de la prueba que supuestamente se habría obtenido en estos dos años de investigación. El análisis del escrito judicial plantea la incógnita de si el juez ha dejado en los informes de la Policía y la Oficina Antifraude las pruebas que sostienen sus acusaciones o si no hay más que las que presenta en el auto de 88 páginas y de las que se sirve para sostener la imputación a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. 

En el capítulo de indicios contra el expresidente destacan los abultados pagos recibidos por la empresa de marketing de las hijas de Zapatero, tanto del amigo de su padre Julio Martínez Martínez como de dos hermanos venezolanos que tenían una sociedad “carente de actividad real”, según la Oficina Antifraude. 

La imputación por organización criminal requiere de un grupo concertado para delinquir que prolonga su actividad en el tiempo. Pero más allá del presunto tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra, el auto solo menciona una supuesta gestión de Zapatero para que la compañía aérea fletara un vuelo a España que tenía prohibida su salida de Caracas. El juez le atribuye la dirección de esa organización criminal sin que conste la planificación del delito o las órdenes que pudo dar.

Este es un repaso por los aspectos más relevantes del auto que ha servido para imputar por corrupción a un expresidente del Gobierno de España.

El rescate de Plus Ultra

El auto del juez Calama sitúa el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia como el núcleo central de la trama. La resolución detalla que ante la imposibilidad de la aerolínea para conseguir créditos bancarios, sus directivos recurrieron en paralelo a José Luis Ábalos y a Zapatero, si bien fue la vía del expresidente “la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos”.  

En las comunicaciones intervenidas, los directivos de Plus Ultra se muestran confiados en que el expresidente diera un “toque técnico desde arriba” o hablara directamente con la SEPI para garantizar el préstamo. También alardeaban de tener al “pana Zapatero detrás”, se referían a él como el “Grupo Zapatero” o admitían su disposición a pagar mordidas. “Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”, recoge en un mensaje el presidente de la compañía, también imputado. Además, supieron con antelación que se les iba a conceder la ayuda. 

El auto recoge también como indicio una reunión del expresidente con el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en septiembre de 2020, cuando Plus Ultra estaba tramitando su solicitud de rescate. El juez no recoge ningún detalle del contenido de esa reunión. Apunta, sin embargo, que la aerolínea arrastraba una deuda de casi medio millón de euros que la Seguridad Social acabó aplazando un mes después de esa reunión.

Fuentes del entorno de Escrivá, consultadas por este periódico, confirman que ese encuentro se produjo y que no se habían visto nunca antes. Aseguran, asimismo, que no se habló del rescate de Plus Ultra y que quien pidió la cita no fue Zapatero sino el entonces ministro en el marco de una ronda de contactos con diferentes personalidades por la primera desescalada que siguió a la irrupción de la pandemia.

El juez afirma que “la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la concesión de la ayuda, evidencia que la red actuó con la finalidad de influir en la decisión del órgano competente”. Sin embargo, no consta ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por Zapatero derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate. 

La empresa de Dubai y la mordida del 1% 

Según la resolución de la Audiencia Nacional, el 19 de enero de 2021 la sociedad Idella, propiedad de Julio Martínez Martínez, firmó con Plus Ultra un contrato de “prestación de servicios de asesoramiento y enfoque estratégico” por el que, si se lograba el préstamo, el empresario percibiría un 1% más IVA de los 53 millones que acabó poniendo el Gobierno a disposición de la aerolínea. Esto es, alrededor de 640.000 euros.

El auto afirma que no hay “constancia del pago [de esa cantidad] en España” y apunta que esa remuneración se podría haber canalizado a través de una sociedad en Dubái creada presuntamente tras “instrucciones” de Zapatero para evitar que el dinero entrara en el sistema financiero español y fuera rastreado por las autoridades. 

Sin embargo, para apuntar a la implicación de Zapatero en la creación de esa sociedad offshore el juez se basa únicamente en la secuencia temporal de hechos y en la supuesta iniciativa del presidente de convocar una comida. Así, detalla que el 26 de enero de 2021, una semana después de la firma del contrato del 1%, Zapatero citó en el restaurante Portonovo de Madrid a Julio Martínez Martínez y a Tomás Guerrero, quien tenía negocios en el emirato. Al día siguiente, este último envió un correo electrónico a Martínez Martínez en el que le dice que, “según lo conversado ayer”, le traslada la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái. Días después, le envía más documentación. 

La tesis del magistrado de que las “instrucciones” para crear esa sociedad “parten necesariamente” de Zapatero se apoya únicamente en que fue el expresidente “quien promueve la reunión a la que debe acudir Julio [Martínez Martínez]”. El auto no aporta más datos que la corroboren. Fuentes del entorno del expresidente señalan que han tenido conocimiento por terceros implicados en la trama de que esa sociedad de Dubai nunca llegó a crearse a pesar de que Julio Martínez Martínez sí se lo propuso al citado Tomás Guerrero.

Respecto a la comisión del 1% del rescate para Julio Martínez Martínez, el auto hace referencia a un encuentro que tuvo lugar el 2 de marzo de 2021 —cuando la ayuda de la SEPI estaba a punto de ser aprobada— entre la cúpula de la aerolínea y el empresario en una terraza. Ante la broma de este último sobre quién pagaría la cuenta señalando que “la SEPI no aprueba esos gastos”, el director financiero de Plus Ultra respondió: “Tranquilo, eso sale del 1%”. Es una manifestación que, según el juez, guarda “perfecta correlación” con ese contrato. 

Zapatero y los gobiernos extranjeros 

“Las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala”.

La tesis de la expansión extranjera es utilizada por el juez para intentar apuntalar los indicios de tráfico de influencias y de organización criminal. No en vano, el magistrado habla de una “estructura estable”, necesaria para mantener la acusación por este segundo delito de organización criminal. No bastaría, por tanto, con la supuesta mediación para el rescate de Plus Ultra. 

Sin embargo, el auto solo concreta una supuesta mediación de Zapatero con las autoridades de un país extranjero, Venezuela, donde el expresidente ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos. 

Las dificultades económicas de la aerolínea Plus Ultra estaban dejando a pasajeros en tierra en el verano de 2021. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica venezolano, el general Juan Manuel Teixeira, se puso en contacto con Julio Martínez Martínez para advertirle de que sabía que los pasajeros estaban siendo informados por Plus Ultra de que la responsabilidad de que no volaran era de Caracas y que el único motivo eran los impagos de la compañía.

Martínez intercede con el general para que deje salir un vuelo con destino a Madrid que no tenía autorización. Al día siguiente, “una persona registrada como Z en la agenda del teléfono” de Martínez le escribe: “En tiempo y forma. Exitosa gestión...”. Esta supuesta actuación de Zapatero demuestra, según el juez, que el expresidente es “una figura decisoria última y supervisora de los resultados”.

La investigación no concreta qué recibió Zapatero por este supuesto tráfico de influencias y remite a los fondos que el expresidente percibió de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez. Este habría encubierto la entrega a Zapatero de un porcentaje por sus gestiones en forma de abono de trabajos de consultoría. El expresidente asegura que esos trabajos se realizaron y que los pagos responden exclusivamente a ellos. 

China aparece mencionada solo una vez en el auto de 88 páginas. Se produce en el marco de unas conversaciones en las que unos compradores de petróleo venezolano, supuestamente chinos, tienen que recurrir a Zapatero para la operación. En un intercambio de mensajes, el empresario venezolano Domingo Amaro Chacón –autor de pagos a las empresas de Zapatero y sus hijas– traslada a Julio Martínez que el presidente de la sociedad Swissoil Trading SA “y los chinos” están “listos para comprar barcos [de petróleo]”. 

La implicación de Zapatero en esta transacción se centra en que China International Cultural Technology Resources Group envió “una carta de intenciones (un documento comercial que se utiliza en estos casos)” a la oficina de Zapatero sobre la compra que los chinos quieren realizar. En el auto no se hace ninguna mención más a la transacción. Ni si se realizó la compra, ni si Zapatero medió de algún modo. 

Los pagos a Zapatero y su entorno

El auto dedica un prolijo apartado a explicar el movimiento de fondos entre empresas con Julio Martínez Martínez como centro de la operativa. A continuación llega el punto “beneficiarios finales” y es ahí donde aparece Zapatero, que no es mencionado en la explicación sobre la “canalización de fondos”. Eso no es óbice para que el juez le atribuya el papel de “núcleo decisor” de la trama, en la que ocuparía la “cúspide” del entramado.

Los principales proveedores del “entorno societario controlado por Julio Martínez” son el propio Zapatero (418.000 euros) y la empresa de sus hijas, Whathefav (242.423,50 euros) si bien estas cifras bailan en otro punto del auto donde al expresidente se le adjudican 490.780 euros y 239.755 euros a Whathefav. 

Los pagos a la empresa de las dos hijas de Zapatero corresponden al periodo entre 2020 y 2024, año en que comenzó la investigación. Whathefav facturaba a Análisis Relevante como “servicios agencia”. El contrato suscrito el 1 de junio de 2020 hablaba de la elaboración, aplicación y ejecución de “un programa de marketing” y la colaboración en eventos. En otro punto del informe se alude únicamente a un trabajo de maquetación por parte de Whathefav a Análisis Relevante de unos informes que “a priori ya estarían elaborados”.

Con todo, Julio Martínez no fue el principal pagador de Whathefav. Entre 2020 y 2025, la empresa de las hijas de Zapatero ingresó 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón. No se detalla en concepto de qué facturó Whathefav a Inteligencia Prospectiva, pero la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, es contundente en su análisis sobre Inteligencia Prospectiva: mueve más de 2,6 millones de euros en sus cuentas en cuatro años y eso es incompatible con una empresa que “carece de actividad real”. 

Más del 21% de esos flujos de dinero de Inteligencia Prospectiva en ese periodo fueron a parar a la empresa de las hijas del expresidente. No hay más detalle en el auto de qué podría estar recompensando Inteligencia Prospectiva a Zapatero a través de sus hijas. Otra empresa vinculada a Zapatero, Gate Center, de la que es presidente de su consejo asesor, recibió de los hermanos venezolanos 226.200 euros. Por su parte, Julio Martínez Martínez y Análisis Relevante ingresaron 368.258,72 euros de Inteligencia Prospectiva. El 44,4% de todo el dinero que movió la sociedad de los hermanos venezolanos fue a parar a Zapatero y su entorno. 

El auto concluye que se trata de pagos por las influencias ejercidas por Zapatero sin mayor detalle. Solo alude a “conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros”. Las conversaciones y correos que aporta el auto son de terceras personas hablando de Zapatero y el expresidente no aparece participando en “reuniones institucionales”. La secretaria de Zapatero escribe un correo electrónico de parte del expresidente y lo hace para reservar mesa en una cita en la que supuestamente se hablaría de la creación de una sociedad en Dubai. 

El escrito del juez no alude a si hay conversaciones en los informes policiales que no han sido transcritas en el auto, si bien otras en las que terceras personas aluden al presidente sí que aparecen. De otro lado, los “contratos, pagos y flujos financieros” que menciona el auto se enmarcan en contraprestaciones por las presuntas labores de intermediación de Zapatero, sin que se explique si tienen un carácter finalista, esto es, un ingreso a cambio de una gestión. 

Además, en ese mismo epígrafe de “beneficiarios finales”, el juez incluye los pagos por valor de 681.318,04 euros que el grupo empresarial Thinking Heads abonó a Zapatero por servicios de consultoría, asesoramiento, conferencias y servicios editoriales y sobre los que no arroja ninguna sospecha. La empresa emitió un comunicado en el que afirma que “todos los servicios” abonados al expresidente fueron efectuados “con un contrato y con una prestación de servicios efectiva y acreditable” y que su relación se remonta a 2014. 

El expresidente, acusado de liderar la trama

La acusación que adolece de menos sustento argumental en el auto es la de que Zapatero es el líder indiscutible de la trama de corrupción. Alusiones a que actúa como el “núcleo decisorio” o que “ejerce el liderazgo estratégico” se repiten sin que el juez aclare en qué se basan. El magistrado apunta que la oficina del expresidente que los agentes de la UDEF registraron este martes era el “centro de coordinación de la red”, donde “se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria”, si bien no aporta elementos que sustenten esa afirmación. 

Como prueba concreta, el magistrado alude a la citada reunión con el entonces ministro de Seguridad Social, a una comida con Ábalos de la que tampoco aporta detalles y a dos archivos de Excel que el expresidente remitió a Julio Martínez Martínez en el que figura un listado de personas y empresas con direcciones de correos electrónicos y cargos. “Estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística”, sostiene el auto.

El debate parlamentario para crear una pasarela que permita el traspaso de miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos a la Seguridad Social se atrasa una semana. La Comisión de Trabajo del Congreso iba a abordar este miércoles, 20 de mayo, el penúltimo examen de la proposición de ley presentada por el PSOE, antes de ir a Pleno, pero la sesión se ha suspendido y aplazado al próximo 26 de mayo, ha comunicado la presidenta de la Comisión, la diputada de Sumar Aina Vidal.

Tras varias horas de retraso, en las que los diputados se han reunido en pequeños –y grandes– corrillos a debatir fuera de micro, la presidenta de la Comisión ha comunicado oficialmente el retraso de la sesión para el próximo martes, a las 12 de la mañana, “a la espera de los informes económicos del Gobierno”. “Las enmiendas son las que son, no se presentan más enmiendas”, ha clarificado Vidal.

Fuentes de Sumar indican que se pretendía atrasar aún más el debate, dos semanas, pero que en su grupo han urgido a que el debate se aborde la semana que viene. “Vamos a seguir trabajando para mejorarlo lo máximo posible”, dicen estas fuentes.

Una pasarela para acceder al sistema público de pensiones

La proposición de ley en cuestión tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman un vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.

Aunque el Ministerio de la Seguridad Social defendió en un primer momento que este debate debía abordarse en el marco del Pacto de Toledo, finalmente la ministra Elma Saiz se abrió en marzo de 2024 a aprobar una pasarela para estos mutualistas, cuyos términos se han estado debatiendo durante estos dos años y ahora enfrentan su recta final.

El texto aún está por cerrar

El grupo socialista presentó una proposición de ley el año pasado, que este miércoles afrontaba la ratificación del dictamen de la ponencia, aun con la posibilidad de concretar algunos cambios en el articulado, pero que finalmente se abordará el próximo martes.

Así, la semana que viene se pretende cerrar el texto de la proposición de ley sobre la pasarela (si no es rechazada por los grupos parlamentarios), para que vaya a Pleno y sea votada por los partidos políticos. Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a las plataformas de afectados.

La complejidad surge a la hora de definir los términos del periodo cotizado en estas mutualidades privadas y los que serán reconocidos como tal en la Seguridad Social, así como los derechos generados de pensión futura en el sistema público. También en qué hacer con estas mutualidades a futuro.

Además, el actual texto deja fuera de la pasarela a los pensionistas, los profesionales que ya se han jubilado, algo que rechazan de plano los colectivos de afectados. “Muchos perciben 300–400 euros mensuales de pensión, sin revalorización alguna, sin pagas extra y sin posibilidad de complementos a mínimos”, recogía un comunicado de varias entidades la semana pasada. Este punto, sin embargo, parece que no tiene opciones de ser modificado, según fuentes conocedoras de la negociación.

También quedan excluidos de la pasarela quienes han cotizado 15 años en la Seguridad Social, en el RETA o Régimen General (periodo que da acceso a las pensiones contributivas), lo que los afectados denuncian que les niega “el reconocimiento de los años realmente cotizados y trabajados en la mutualidad”. “Esto supone una pérdida de derechos y una futura pensión muy inferior a la que correspondería por el total de años de la carrera real”, criticaron varios colectivos en un comunicado.

Un afectado denuncia a elDiario.es además que la fiscalidad cada vez financia más parte de las pensiones públicas, “es decir, que desde hace muchos años nuestros impuestos contribuyen a pagar las pensiones de todos los demás españoles, mientras se nos niega el acceso a este nuestro derecho constitucional” (de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas).

UGT ha anunciado la convocatoria de una huelga general indefinida a partir del 8 de junio en el transporte de mercancías y viajeros por carretera en protesta por el retraso del Gobierno en tramitar la petición de jubilación anticipada por penosidad y peligrosidad en este sector. El Ministerio de la Seguridad Social está elaborando un informe al respecto, por lo que CCOO no apoya el paro, ya que el proceso está aún en tramitación.

Las patronales de transporte, tanto de mercancías (CETM) como de viajeros (Confebus), y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) solicitaron conjuntamente al Ministerio de la Seguridad Social la consideración de la actividad como especialmente penosa, para poder aplicar así coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada sin penalizaciones.

Según han explicado en una rueda de prensa el secretario general de la Federación de Servicios de UGT, Antonio Oviedo, y el responsable del sector de carreteras del sindicato, Diego Buenestado, si no reciben contestación a sus reivindicaciones por parte del Ministerio de Seguridad Social, seguirán adelante con su convocatoria de huelga, recoge la agencia EFE.

La convocatoria todavía no se ha presentado formalmente (debería hacerse la última semana de mayo), pero UGT espera que se sumen todas las organizaciones sindicales e incluso las patronales.

Los sindicalistas de UGT han afirmado que, dado que ha pasado el plazo establecido inicialmente para que el Ministerio de Seguridad Social emita el preceptivo informe sobre la penosidad de la profesión, de seis meses, considern que “actúa el silencio administrativo” y, por tanto, entienden denegada la petición.

Sin embargo, esta solicitud no se ha denegado. El Ministerio de la Seguridad Social está gestionado aún la petición, elaborando un informe al respecto, recuerdan en el departamento de Elma Saiz, del que tienen constancia tanto los agentes sociales como la prensa, ya que ha trascendido en múltiples informaciones.

CCOO no apoya el paro

CCOO, que también ha protestado por esta demora en el expediente de jubilación anticipada y ha advertido de la amenaza de huega, no considera que se cumplan las condiciones para hacer un paro.

El responsable del sector de Transporte por Carretera de CCOO, Francisco Vegas, aseguró ayer en declaraciones a EFE que el anuncio es “precipitado” porque el Ministerio de Seguridad Social está trabajando en el informe que da respaldo a esa petición por lo que entiende que lo razonable es dar un margen al Gobierno para que remate ese documento.

Para Vegas, este llamamiento tiene “poco fundamento” porque se trata de una huelga contra las empresas, que, en este caso, no tienen capacidad para resolver el problema.

Las patronales también lo rechazan

Por otro lado, los empresarios agrupados en la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) –la más representativa en mercancías–, defienden que se trata de un conflicto con el Gobierno pero que a quien perjudica realmente es a las empresas, según ha explicado a EFE un portavoz.

Señalan además que los transportistas están ahora recuperándose del impacto de la subida de los carburantes tras la invasión de Irán por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, por lo que entienden que UGT elige un momento poco adecuado.

Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, la mayor asociación del transporte de viajeros por carretera, ha dicho a EFE que el objeto de esta hipotética huelga sería, en todo caso, la Administración y no las empresas, por lo que sugiere “que hagan una cacerolada o una manifestación” pero que “no vayan contra las empresas”.

Las empresas y los ciudadanos serán “rehenes” de una decisión que debería ir contra la Administración, añade Barbadillo, que considera que lo “sensato” es esperar al pronunciamiento de la Administración.

También Fenadismer ha considerado “incomprensible” el anuncio de UGT y reclama trasladar las protestas ante el Ministerio de Seguridad Social, que es el que debe aprobar la declaración de la actividad como especialmente penosa, para que luego se puedan aplicar los coeficientes reductores que permitirán a los transportistas jubilarse anticipadamente.

El Gobierno vasco trabajará “pico y pala”, aunque de forma discreta, en la negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para completar la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Seguridad, consciente de “la complejidad” de la materia. Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo de Imanol Pradales, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha activado “todas las negociaciones” para acordar el traspaso de nuevas competencias previstas en el Estatuto de Autonomía.

La intención es cerrar estos traspasos para cuando se celebre la nueva reunión de la comisión bilateral de cooperación, que presiden el lehendakari y el presidente del Gobierno y que está prevista para el próximo mes de julio. Se habían prometido para 2025 y luego para Semana Santa.

Ubarretxena ha estado en Madrid en las últimas horas para mantener sendos encuentros con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y con la nueva secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, sustituta del ahora ministro Arcadi España. El Gobierno vasco no ha querido revelar el contenido de estas reuniones, y ha asegurado que son conscientes de que el tema de la Seguridad Social es “muy complejo y delicado”, por lo que irán “quemando etapas y trabajando de manera interna”, sin proyección exterior. “Vamos a trabajar con perfil discreto, para ir avanzando de manera discreta. Vamos a seguir pico y pala hasta la siguiente comisión bilateral”, ha asegurado.

Este mismo mes está prevista otra cita con el Ministerio de Trabajo, de Yolanda Díaz, para hablar del traspaso a Euskadi del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), después de que se retrasara la reunión y la consejera vasca acusara a los de Sumar de hacerse los “remolones”.

El traspaso de la Seguridad Social ya está en marcha con los acuerdos de comienzos de año en materia de prestaciones familiares no contributivas, de protección por desempleo y seguro escolar, pero quedan pendientes las prestaciones contributivas (pensiones) y el Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes. Euskadi solamente ejercerá la gestión de estas materias, ya que la regulación y fijación de cuantías seguirá en manos del Estado.

Canarias cerró el pasado mes de abril con 962.896 afiliados a la Seguridad Social, un 2,55% más que los que se contabilizaban en las islas a finales del cuarto mes de 2025, según los datos difundidos este martes por el Ministerio.

De ellos, 808.610 pertenecían al régimen general, 147.314 eran trabajadores autónomos, y 6.971, trabajadores del mar.

Con respecto al mes anterior, la afiliación subió en Canarias en 296 personas, un 0,03%, mientras que en términos interanuales lo ha hecho en 23.919 personas.

Por provincias, Las Palmas acabó abril con 502.248 afiliados, 423 menos, lo que supuso un descenso mensual del 0,08%, si bien en términos interanuales la afiliación ha aumentado en 10.666 personas en las islas orientales, esto es, un 2,17%.

En Santa Cruz de Tenerife la afiliación llegó a las 460.648 personas al cierre de abril, lo que representó 719 trabajadores más y un incremento del 0,16% respecto a la de marzo, mientras que en términos interanuales este indicador ha aumentado en 13.253 personas, es decir, un 2,96%.

Al cierre de abril Canarias contabilizaba 585 trabajadores sujetos a un ERTE, 289 de ellos mujeres. De todos ellos 522 estaban afectados por una suspensión total de la actividad.

El cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las citas mensuales más relevantes para los miles de hogares que dependen de esta prestación para cubrir sus necesidades básicas. Al acercarse el final de mes, la atención se centra en el calendario de pagos, aunque la disponibilidad del dinero no es uniforme para todos los beneficiarios. La normativa de la Seguridad Social establece unos plazos de gestión, pero el momento real del ingreso varía según la entidad financiera donde se tenga domiciliada la ayuda.

Para conocer el estado de la prestación, el beneficiario puede utilizar el Simulador del Ingreso Mínimo Vital o consultar su expediente en la Sede Electrónica. El momento del cobro también puede verse afectado si existen cobros indebidos previos. La Seguridad Social puede reclamar reintegros de prestaciones percibidas erróneamente durante los últimos cuatro años. No obstante, en 2026 se mantiene la protección para familias con menores: no se exigirá el reintegro de cantidades que no superen el 65% de la cuantía de una pensión no contributiva.

Fechas de abono del ingreso mínimo vital 2026

El derecho a la prestación nace el primer día del mes siguiente a la solicitud, pero el pago efectivo de la nómina lo realiza la Seguridad Social a mes vencido. Oficialmente, la administración ordena los pagos el primer día hábil del mes. Sin embargo, dado que el 1 de mayo de 2026 cae en viernes y es festivo, el cobro oficial podría desplazarse al lunes 4.

La fecha de abono depende directamente de la política de cada banco. El sistema financiero español suele anticipar estas ayudas para que los fondos estén disponibles entre los días 24 y 26 de cada mes. Para la nómina correspondiente de mayo de 2026, las previsiones apuntan a que entidades como CaixaBank o Santander reflejen el ingreso el viernes 24 de abril. Otras como BBVA o Sabadell lo harían a lo largo del fin de semana o el lunes 27.

Durante la tramitación de las nóminas, la entidad gestora puede revisar de oficio los expedientes. Si se detectan cambios en la unidad de convivencia o discrepancias en las rentas anuales computables, la cuantía puede ser modificada o incluso suspendida. Un factor crítico en este periodo es la obligación de presentar la declaración del IRPF: incumplir esta norma durante dos ejercicios seguidos es causa directa de suspensión del derecho.

En definitiva, la fecha de cobro en mayo de 2026 será adelantada por la mayoría de la banca a la semana del 20 de abril. La rapidez en el ingreso está condicionada por la entidad bancaria, mientras que la continuidad de la ayuda depende de la residencia legal efectiva en España y la transparencia en la comunicación de ingresos y cambios patrimoniales a la Seguridad Social.

Requisitos y mantenimiento

El acceso a esta prestación no es universal; está condicionado al cumplimiento estricto de una serie de requisitos que deben mantenerse durante todo el tiempo que se perciba la ayuda. La Seguridad Social pone especial foco en tres pilares: la residencia, la edad y la vulnerabilidad económica.

Obligaciones y seguimiento

El mantenimiento del Ingreso Mínimo Vital no es automático ni permanente; está sujeto a una vigilancia continua por parte de la administración. Para garantizar la continuidad del cobro, el beneficiario debe cumplir con una serie de compromisos ineludibles:

Incidencias en el cobro

Si superado el plazo estimado por la entidad bancaria el abono no se ha hecho efectivo, el beneficiario debe iniciar un proceso de verificación para identificar si se trata de un error técnico o de una decisión administrativa.Para ello, existen tres vías principales de actuación:

El Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia que amplía su doctrina para acceder a la prestación económica de la Seguridad Social Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME. El alto tribunal reconoce la ayuda a una madre con una hija con autismo, a la que había sido denegada la prestación.

La Sala de lo Social revoca una resolución previamente dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y reconoce el derecho de la madre solicitante a percibir dicha prestación económica. Se trata de una prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

El subsidio tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que sufren los interesados al tener que reducir su jornada, con la consiguiente disminución de su salario, por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.

Qué es cuidado “directo, continuo y permanente”

Partiendo de la base de pronunciamientos anteriores de la misma Sala del Tribunal, en los que se decía que no era necesaria la hospitalización del menor para causar la prestación y que no era óbice la escolarización del mismo para cobrar la ayuda, el Supremo profundiza sobre qué debe entenderse por “cuidado directo, continuo y permanente” que debe dispensar la persona progenitora, y que se configura como uno de los requisitos exigidos por la norma.

A tal efecto, la sentencia –a la que ha tenido acceso Europa Press– concluye que el cuidado necesario “no puede hacerse equivalente a una penosa y sacrificada servidumbre de quien lo dispensa”.

Asimismo, precisa que “lo verdaderamente decisivo no es tanto la atención que pueda prestarse al menor fuera del domicilio familiar aprovechando el sistema educativo y de asistencia social, como el hecho de que el menor pueda o no realizar las actividades propias de su edad con la autonomía predicable de la misma, todo ello con independencia de que su situación pudiera mejorar en un futuro, en todo caso incierto”, recoge la sentencia.

“El hecho de que se prevea una reducción de, al menos, un 50% de la jornada, implica con toda claridad que el solicitante de la prestación no va a dedicar la totalidad de su tiempo al cuidado del menor, ya que una parte del mismo la dedica a la realización de su trabajo”, destaca también la sentencia.

El sindicato Comisiones Obreras ha elevado el tono contra el Gobierno y amenaza con convocar una huelga general en todo el sector del transporte si no “desbloquea” de forma inmediata la tramitación de la jubilación anticipada sin penalización para conductores profesionales.

La organización denuncia que el plazo de seis meses fijado por el propio Ejecutivo para resolver los expedientes vence este abril y el Ministerio aún se encuentra en fase de análisis e informes, sin que haya respondido a su petición.

El secretario general del sector de CCOO, Francisco Vegas, sostiene que la Administración está vulnerando el artículo 22 de su propio reglamento, pese a que los profesionales “están cumpliendo escrupulosamente” con los requisitos fijados en el Real Decreto 402/2025. Vegas califica la situación de “irresponsabilidad política, administrativa y social” por no dar respuesta en los plazos previstos.

Riesgo de silencio administrativo negativo

Uno de los principales temores del sindicato es que, al agotarse el plazo sin resolución expresa, las solicitudes puedan considerarse desestimadas por silencio administrativo, tal y como recoge el propio Real Decreto.

Este escenario, advierte CCOO, dejaría a los trabajadores en un “callejón sin salida”, con el riesgo de perder sus expedientes sin una valoración real de sus condiciones laborales.

Actualmente, según denuncian, la Seguridad Social no ha elaborado “ni el primero” de los cuatro informes técnicos necesarios antes de que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emita una resolución.

El sindicato también critica la falta de información sobre otros colectivos, como los conductores de grúas autopropulsadas, cuyas solicitudes siguen sin respuesta.

Si no se cumplen los tiempos establecidos ni lo marcado por ley, el sindicato denuncia que “todo el procedimiento legal para el reconocimiento de la jubilación anticipada por razón de la actividad no es otra cosa que un fraude diseñado para bloquear el acceso a determinadas profesiones, como la de los conductores y conductoras profesionales”.

Amenaza de movilizaciones y huelga general

El sindicato exige por tanto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ponga “los recursos necesarios para resolver las solicitudes y que emita cuanto antes una resolución”.

Si no se resuelve la situación, la organización sindical anuncia que buscará consensuar un calendario de movilizaciones con el resto de actores del transporte, tanto de trabajadores asalariados como de autónomos y empresas. Unas movilizaciones “que sin duda desembocará en una convocatoria de huelga general de todo el transporte en España”, añaden.

La pelea por la jubilación anticipada de las azafatas de vuelo, también denominadas tripulantes de cabina y en su mayoría mujeres, está viviendo un nuevo asalto. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, apoyados por la patronal, han reclamado al Ministerio de la Seguridad Social en la mesa de negociación sobre pensiones que incluya a este colectivo feminizado de trabajadoras en el derecho al retiro anticipado que ya tienen gran parte de sus compañeros de vuelo. “Es una discriminación histórica”, denuncia Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT.

La reivindicación no es nueva. Las tripulantes de cabina “llevan años” reclamando que se les reconozca el derecho a la jubilación anticipada para trabajos aéreos, regulada en un real decreto de 1986, recuerda Ernesto Iglesias, responsable de Tripulantes de Cabina del sindicato USO. Este retiro anticipado sin penalizaciones se reconoce al “personal de vuelo de trabajos aéreos”, debido a las “peculiares condiciones de la actividad aeronáutica y el prematuro envejecimiento” que producen.

Sin embargo, cuando se acude al listado de profesiones del sector aéreo con este derecho, las tripulantes de vuelo no figuran. Están los pilotos, copilotos, mecánicos de aeronave, distintos fotógrafos aéreos, operadores de medios tecnológicos... pero no las azafatas, un colectivo feminizado respecto al resto de ocupaciones que sí tienen el derecho, más masculinizadas.

Sentencias a favor y una “discriminación directa”

“Cualquier colectivo de vuelo lo tiene, menos ellas”, denuncia Cristina Estévez, que explica que la reivindicación para las tripulantes de vuelo se ha reavivado en los últimos meses debido al acuerdo con Junts en el Parlamento por el que se incluyó en una ley el compromiso del Gobierno de impulsar la jubilación anticipada para el personal sanitario en medios aéreos. En la norma se estableció que la Seguridad Social iniciaría de oficio el procedimiento habilitado para la jubilación anticipada por penosidad o peligrosidad habilitado hace unos meses.

“No podemos dejarlas a ellas como el único colectivo fuera. Es una discriminación directa contra las tripulantes de cabina”, sostiene Estévez. Sumar, que apoyó la enmienda reclamada por Junts para los sanitarios en medios aéreos, presentó una iniciativa en el Congreso para pedir al Gobierno que reconociera la medida también a las tripulantes.

UGT destaca que además ya hay varias sentencias que reconocen esta discriminación. El sindicato USO difundió en enero de 2025 una pionera resolución de instancia en este sentido, que reconocía la jubilación anticipada a una azafata residente en Tenerife pese a no figurar su profesión en el decreto del sector aéreo. “No entenderlo así en realidad supondría no solo una discriminación directa por ser la misma actividad de trabajos aéreos desarrollados por otras categorías, sino, además, sería una discriminación indirecta por razón de género”, estableció la sentencia, citando una resolución previa del juzgado de lo Social 34 de Madrid, de diciembre de 2023.

Esa primera sentencia conocida, de 2023, fue además respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Cuando en el TSJ se reconoce también la jubilación anticipada, la Seguridad Social se retira”, explica Ernesto Iglesias (USO), para evitar que los casos lleguen al Tribunal Supremo y que se genere así jurisprudencia.

Varias fórmulas en discusión

“Hay un agravio comparativo con otros trabajadores en situaciones similares, por lo que estamos reclamando que se reconozca el derecho a las tripulantes de cabina, tanto los sindicatos como la patronal”, explica por su parte Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y protección Social de CCOO.

La patronal aérea (ALA) en el pasado no había sido partidaria de la medida, que supone una sobrecotización de la empresa y la parte trabajadora para sufragar los retiros anticipados, pero ahora “parece que están por la labor”, tanto en esta organización como en algunas empresas de gran importancia en el sector, como Iberia, indican diversas fuentes. Oficialmente, desde ALA sostienen que no tienen posición al respecto. “Todo lo relativo a temas laborales es independiente de cada compañía, que fija su posición de forma individualizada”, indican en la patronal aérea.

En este contexto, la mesa de negociación de pensiones de la Seguridad Social está explorando “dos posibilidades” para tratar de reconocer a las azafatas el retiro anticipado, explica Carlos Bravo. La primera: acudir al procedimiento estándar habilitado para todas las profesiones, una idea que no contenta en UGT, ya que supone “alargar una discriminación” que sufren estas trabajadoras, denuncian. “Hay cosas con las que no se puede mirar para otro lado”, sostiene Cristina Estévez, que pide una solución “inmediata” para el colectivo.

La segunda: una modificación directa del real decreto de 1986 para incluir a estas trabajadoras en la jubilación anticipada ya aprobada para el sector aéreo, sin seguir el nuevo procedimiento habilitado, con el argumento de que se debe resolver con premura una situación de desigualdad.

En este escenario, se plantea una discusión adicional que pueden encontrar más reticencias en la patronal: cuál debería ser la sobrecotización de todo el sector aéreo. Porque es del 4% fruto del decreto aprobado en 1986, mientras que en otros colectivos que se han aprobado la medida a posteriori es mucho mayor, del 10% o más.

Algunas voces consideran además que puede ser problemático no acudir al procedimiento aprobado para estas jubilaciones anticipadas sectoriales, que se aprobó precisamente para acabar con la discrecionalidad en el acceso a la medida hasta ahora, que supuso que solo accedieran al retiro anticipado ciertos oficios que tenían el favor o la atención de alguna formación política, como ocurrió con varias policías regionales.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social prefieren no responder sobre este tema ni la mesa de negociación abierta, por respeto al diálogo social, indican.

El único pacto de Estado que sobrevive a las legislaturas y a la creciente hostilidad y polarización política sigue de celebración. Los 30 años de los Pactos de Toledo sobre pensiones, de 1995 y cumplidos el año pasado, han dado lugar a un libro de la Fundación Alternativas presentado este jueves en Madrid. Ese primer pacto y los sucesivos blindaron la esencia del sistema de pensiones en España, “público, contributivo y de reparto”, ha destacado uno de sus miembros destacados, el exdiputado Carles Campuzano.

“No hay discusión ya sobre la naturaleza del sistema, sino sobre las reformas que el sistema necesita”, ha sostenido Campuzano, que ha recordado que el Pacto de 1995 tiene lugar en un contexto de gran “crispación política” y en el que “las proyecciones demográficas y los agoreros del sistema público de pensiones anunciaban la quiebra del sistema”. Entonces, “la discusión académica y política era cuestionar los elementos fundamentales del sistema: el carácter público, contributivo y de reparto. Era el contexto donde estábamos”, ha recordado el ahora diputado en el Parlament de Catalunya.

El libro, titulado '30 años de los Pactos de Toledo. El sistema español de Seguridad Social, pensiones y garantía de rentas', ha sido dirigido por Octavio Granado, exsecretario de la Seguridad Social en varios gobiernos socialistas y uno de los mayores conocedores de la historia de este organismo público, y por Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras y uno de los negociadores por la parte sindical de las reformas de pensiones de las últimas décadas.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, que ha prologado el libro, ha destacado la la necesidad de mantener “el método” de consenso y diálogo político y social que inauguró el Pacto de Toledo hace 30 años, que ha considerado clave para dar “estabilidad” a las reformas y a la protección social, y para combatir “el falso conflicto” intergeneracional, que enfrenta a jóvenes y pensionistas.

Como uno de los artífices de los primeros cimientos de la Seguridad Social que conocemos hoy en día, Adolfo Jiménez, que fue secretario General de la Seguridad Social entre 1986 y 1996, se ha referido a este enfrentamiento generacional en el debate público sobre pensiones para advertir de que, en realidad, los principales afectados de las reformas de las pensiones no son los jubilados, ni las personas mayores, “sino los jóvenes”.

Elma Saiz ha insistido en la necesidad de no usar las pensiones “como un arma partidista”. “Las pensiones no pueden utilizarse como un arma partidista cuando lo que está en juego es la seguridad de millones de personas y, para ello, lo deseable sería que la derecha fuera mínimamente coherente y responsable y no votara en contra de la legislación que desarrollan las recomendaciones vigentes que ellos mismos votaron a favor”, ha sostenido la responsable de la Seguridad Social.

Mirada a los retos y las reformas pendientes

El libro de Fundación Alternativas, impulsado por el catedrático Jesús Ruis-Huerta, director del Laboratorio de Políticas Públicas de la entidad, explora en 14 capítulos distintos retos del sistema de la Seguridad Social de cara al futuro, como la protección social de los trabajadores autónomos, las persistentes brechas de género que perjudican a las mujeres y la protección de las personas vulnerables, entre otras materias, que elaboran María José Landaburu (UATAE), la catedrática Paz Menéndez Sebastián, y Milagros Paniagua, exsecretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, respectivamente, entre otros muchos autores.

Entre las tareas pendientes, el exdiputado del PNV Emilio Olabarría, también miembros destacado del Pacto de Toledo, ha destacado “la atención a la discapacidad”, con las que el sistema tiene una deuda todavía, ha sostenido.

La actual Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados ha iniciado los trabajos para elaborar las recomendaciones que releven a las últimas, de 2020, en las que se acordó volver a vincular la revalorización de las pensiones a los precios para garantizar el poder adquisitivo de los precios tras la reforma unilateral de pensiones de 2013 del PP, que el mismo partido dejó de aplicar cuando gobernaba.

Mientras sigue el debate sobre la sostenibilidad del sistema, especialmente desde ciertos ámbitos económicos neoliberales, pocos cuestionan la herramienta de diálogo del Pacto de Toledo, celebrada también a nivel internacional. Granado y Bravo, directores del informe, han esperado que el informe publicado contribuya al debate público para fortalecer y modernizar el sistema de la Seguridad Social a futuro, del que depende una gran parte de la población.