La CGT ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el Departament de Interior de la Generalitat por “vulneración de derechos fundamentales” a raíz del caso de dos agentes de los Mossos d'Esquadra que se infiltraron en una asamblea de docentes. La abogada de la federación de Educación del sindicato, Mireia Salazar, ha concretado que, “de forma específica”, se dirige a la dirección general de los Mossos.

Por su parte, la secretaria general de Educación, Laura Gené, ha justificado la medida para garantizar “la protección y defensa de los derechos de reunión, de sindicalizarse y el legítimo derecho a protesta”. Por otra parte, el sindicato ha reclamado a la policía catalana la documentación de infiltraciones realizadas en los últimos diez años.

Salazar ha detallado que la actuación policial, llevada a cabo el pasado 6 de mayo en el Institut Pau Claris de Barcelona con dos agentes de paisano, ha violado los derechos de huelga y las libertades sindical y de expresión de los asistentes a la asamblea. La jurista ha precisado que en el contencioso han reclamado saber “quién ordenó el operativo, bajo qué condiciones, y entendiendo cuál era el riesgo”. Una petición con la que, según ha apuntado, se podrá saber si “el Departament de Educación tiene algo que ver” en la decisión.

La secretaria general de Enseñanza de CGT no ha descartado hacer una causa conjunta “más adelante” con otros sindicatos del sector. Sin embargo, matizó que por ahora necesitan tiempo porque “la prioridad” es resolver el conflicto que vive la docencia con el Departament de Educación y FP.

Solicitud de información por “sospechas”

La también abogada del sindicato Mireia Bazaga ha dicho que se ha reclamado a la comisaria general de información de los Mossos d'Esquadra saber https://www.eldiario.es/catalunya/acuerdo-primera-reunion-govern-sindicatos-primera-reunion-nuevo-ciclo-huelgas_1_13220095.html“las infiltraciones de agentes en reuniones, asambleas y movilizaciones en CGT” de los últimos diez años. Una reclamación que se hace a raíz de las “sospechas”, tras las explicaciones en la comisión del Parlament del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la consellera de Interior, Núria Parlon. Bazaga considera que tienen “derecho a conocer estas circunstancias” y ha subrayado la necesidad de saber qué “prioriza” el cuerpo ante “la actividad legítima” del sindicato.

En este sentido, Gené ha expresado “mucha preocupación” por las palabras de la consellera, que achacó la infiltración a “un error por inercia”. La sindicalista ha criticado que se alerte a la población sobre la llegada de la extrema derecha, “siendo que con el PSC casi ya la tenemos aquí”. 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha aceptado el recurso presentado por CGT y ha fallado a su favor al estimar que el Ayuntamiento de Zaragoza vulneró el derecho fundamental de huelga al no publicar los decretos de servicios mínimos durante el conflicto laboral de las instalaciones deportivas municipales. La sentencia obliga al Consistorio a hacer públicos esos decretos y fija una indemnización de 3.000 euros a favor de la organización sindical.

La controversia surgió durante una huelga indefinida convocada en junio de 2024 por trabajadores de instalaciones deportivas municipales. El sindicato denunció que los decretos que fijaban los servicios mínimos nunca fueron publicados ni comunicados formalmente al comité de huelga, sino únicamente trasladados al jefe de instalaciones para su comunicación verbal a los empleados.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Zaragoza desestimó la demanda al entender que había existido negociación suficiente y que los trabajadores conocían de facto los servicios mínimos mediante llamadas telefónicas. También aceptó la justificación del Ayuntamiento, que alegó problemas de protección de datos para no publicar los decretos.

Sin embargo, el TSJA revoca esa resolución. La Sala sostiene que los servicios mínimos, al limitar un derecho fundamental, deben estar motivados y ser públicos para permitir su control jurídico y garantizar que trabajadores, sindicatos y ciudadanía conozcan las razones de esa limitación. El tribunal se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional que exige motivación y publicidad suficiente cuando se restringe el derecho de huelga.

La sentencia considera que la ausencia de publicación convierte los decretos en ineficaces, porque afectan a una pluralidad indeterminada de personas y deben someterse a publicidad conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo Común. También rechaza que la normativa de protección de datos pueda justificar la omisión de esa publicación porque la administración debía anonimizar los datos personales, pero no dejar sin publicidad el acto administrativo.

El tribunal no entra a valorar finalmente si los servicios mínimos eran abusivos o si era ilegal incluir a delegados sindicales en ellos, porque la estimación del recurso por falta de publicación ya basta para declarar la vulneración de derechos fundamentales.

Además, el TSJA reconoce una indemnización de 3.000 euros al sindicato convocante de la huelga al entender que la falta de publicación pudo afectar al derecho de huelga de una pluralidad de trabajadores.

Huelga de 654 días

CGT ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón como una victoria sindical y judicial frente a la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza tras una huelga de más de 650 días.

El sindicato sostiene que el Ayuntamiento intentó desgastar y aislar a CGT durante el conflicto mediante distintas actuaciones que el sindicato considera irregulares. Entre ellas cita la exclusión de CGT de reuniones con otros sindicatos, la imposición de nuevos decretos de servicios mínimos para las temporadas de verano e invierno y la creación de unos supuestos “servicios mínimos máximos” para limitar el impacto de la huelga.

La organización también denuncia presiones al personal municipal en momentos sensibles, especialmente durante procesos de oposiciones. Según CGT, circularon rumores de que no se concederían permisos para acudir a los exámenes, lo que llevó al sindicato a suspender temporalmente la huelga para evitar que los trabajadores fueran enfrentados al conflicto.

Otro de los ejes de su crítica es la acusación de “esquirolismo interno” al Ayuntamiento. CGT asegura que se utilizaron trabajadores de otras categorías para sustituir a huelguistas y que incluso se produjeron movimientos de personal de servicios mínimos entre instalaciones deportivas, hechos que derivaron en denuncias policiales.

CGT concluye con un tono combativo y reivindicativo al afirmar que la sentencia demuestra que sus denuncias eran fundadas y anuncia que continuará la huelga y la presión sindical, defendiendo que seguirá utilizando “todos los derechos” que, a su juicio, el Ayuntamiento ha tratado de limitar.

La empresa Majorel SP —integrada en el grupo Teleperformance— ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 422 trabajadores en Zaragoza, dentro de un ajuste global de 769 despidos que también incluye 347 salidas en Barcelona. Según la información trasladada en la constitución de la mesa negociadora, el recorte en la capital aragonesa impactará tanto en personal de estructura como en agentes vinculados a los servicios de Lowi y Vodafone Perfect Star. Actualmente, la plantilla en Zaragoza ronda los 750 empleados.

La empresa ha justificado el expediente por causas económicas y organizativas, aludiendo a pérdidas desde 2024 y a la reducción de clientes. Desde CGT rechazan frontalmente este argumento y consideran que el ajuste responde a “una política continuada de recortes”: “No es un ERE, es una ejecución”, han señalado, al tiempo que advierten de que “cuando una empresa encadena siete EREs, ya no estamos ante medidas excepcionales: estamos ante un modelo de negocio construido sobre destruir empleo”.

Este ERE es el cuarto en Majorel y el séptimo dentro del grupo Teleperformance en apenas dos años, en los que se han superado los 1.000 despidos.

Durante la primera jornada de negociación, la representación legal de los trabajadores criticó la visión presentada por la empresa, que calificaron como una “fotografía apocalíptica” de los centros de Zaragoza y Barcelona para justificar el expediente.

Asimismo, los sindicatos solicitaron que la negociación se trasladara a Zaragoza, al ser el centro más afectado, aunque la dirección rechazó esta propuesta. Desde el sindicato SOA consideran que esta decisión busca “centralizar la negociación en Madrid y alejar el conflicto del foco de donde se genera”. La parte social también ha reclamado más información a la empresa, como el desglose de las “supuestas pérdidas” por centros y el número de trabajadores que han salido de la compañía en lo que va de 2026, en un contexto en el que denuncian un proceso sostenido de deslocalización.

“La comunicación de este ERE supone un durísimo golpe”, advierten desde el sindicato, que subraya el impacto sobre Zaragoza y su entorno. La plataforma, que opera desde hace 16 años en la capital aragonesa —antes como Qualytel—, llegó a superar los 2.000 trabajadores y ha sido un importante motor de empleo, especialmente femenino.

La mesa negociadora volverá a reunirse a partir del 11 de mayo, en un calendario que se extenderá durante varias sesiones. Los sindicatos no descartan movilizaciones.

La precariedad en la que sobreviven los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid ha conllevado que, a lo largo del invierno, tan solo se hayan realizado la mitad de las tareas de prevención de cara a la época de máximo peligro. La llegada del incremento de las temperaturas ha vuelto a desvelar las costuras de una gestión que depende de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y Tragsa, la empresa encargada de las contrataciones. Desde el 25 de agosto de 2025, la plantilla ha mantenido la huelga indefinida. Tres son sus demandas principales: un incremento del salario que les permita vivir con dignidad, gestión directa del servicio y el cumplimiento de la normativa en materia de protección de la salud de los trabajadores.

Rafael Fernández, delegado de UGT en el comité de empresa, asegura que en todo este tiempo los avances en las negociaciones han sido pocos. “Tragsa sigue cerrada en banda a nuestras peticiones”, comenta el también integrante de comité de huelga. En la actualidad, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid cobran en torno a 1.300 euros al mes por realizar un trabajo esencial que incluye la extinción de incendios forestales, labores preventivas durante el invierno en nuestros montes y la intervención en emergencias climáticas cada vez más frecuentes, como inundaciones o episodios de dana, tal y como expresó el comité de huelga en un comunicado reciente.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha intentado estabilizar al colectivo, que verá aumentados sus efectivos a lo largo del año, pero reducidos en las épocas de alto riesgo. “Antes éramos siete personas por equipo y ahora vamos a ser cinco. Eso limita mucho nuestro desempeño”, añade el sindicalista. Los sindicatos afirman que el organigrama anterior recogía unos 550 efectivos en verano y 250 en invierno. La última remodelación dejará en 419 las personas que trabajarán de forma continuada.

Más combustible en el monte

El aumento de las temperaturas ya es palpable en la región madrileña. En estos ocho meses de paro, una de las principales consecuencias ha sido la reducción “drástica”, tal y como la cataloga Fernández, del número de hectáreas trabajadas. “Se nos presenta un verano con una época previa de abundante lluvia que ha hecho que aumente en gran medida la vegetación sobre la que no se ha trabajado, combustible en el monte. Tampoco se han realizado las mismas fajas de seguridad que en años anteriores”, añade.

Julio Chana, secretario del comité de empresa por CGT, agrega que las labores de silvicultura se han visto mermadas. “Solo hemos desbrozado y quemado la mitad de la superficie que se debería”, ilustra. La Comunidad de Madrid se ha querido adelantar a los acontecimientos. El mismo Fernández detalla que les han cambiado los horarios de mayo, aunque la campaña de alto riesgo suele comenzar en junio.

Salud de la plantilla y gestión directa

Sus demandas están claras desde el primer momento. Dado que el convenio colectivo por el que se rigen data de 2008, las tablas salariales “están totalmente obsoletas”, según el ugetista. Los datos que manejan en cuanto a salarios cifran en 1.300 euros el dinero que un bombero raso percibe al mes. “Nos jugamos la vida, trabajamos con un alto riesgo en condiciones de penosidad y toxicidad, y lo que nos pagan apenas supera el salario mínimo”, denuncia Fernández.

Chana, también integrante del comité de huelga, estima en un 40% la subida que necesitan en las nóminas para poder mantener sus vidas en la Comunidad de Madrid. “Si no, es imposible desarrollar el trabajo con profesionalidad. Somos un servicio esencial que vela por la seguridad de la ciudadanía. Cuando más se demore el conflicto, más insegura estará la población”, desarrolla.

La salud es otra de las cuestiones que más preocupa a la plantilla. Los representantes sindicales señalan que las bases se han quedado totalmente anticuadas en lo que se refiere a descontaminación de los equipos de protección individual. En este sentido, Chana subraya que es imprescindible el reconocimiento de la penosidad, toxicidad y peligrosidad con la que los bomberos forestales se ven obligados a desempeñar sus funciones.

A todo ello se suma la reclamación de que pasen a ser un cuerpo gestionado directamente por la Administración Pública. “Lo llevamos pidiendo desde 1998. Ahí éramos personal laboral, luego estuvimos 20 años con el servicio privatizado en manos de dos empresas, y ahora se lo regalamos a una empresa pública, aunque de pública tiene poco”, precisa el representante de CGT.

Tragsa no responde

Por su parte, Tragsa ha facilitado los datos de seguimiento de la huelga a lo largo de estos meses. Según la compañía, fluctúan entre el mínimo cosechado este febrero, el 0,97%, con el máximo, que tuvo lugar en septiembre del año pasado, con el 23,66%. Los sindicatos, en cambio, aseguran que la plantilla secunda en su inmensa mayoría los paros. “Como empresa pública sometida a la legislación correspondiente, respeta todos los derechos laborales de los trabajadores y, en ese sentido, respeta su derecho a la huelga”, ha añadido Tragsa.

Del mismo modo, la compañía liderada por el presidente del consejo, Jesús Casas, ha declinado responder a preguntas como si se ha producido algún avance en las negociaciones desde el inicio de la huelga, qué medidas pueden tomar para dar respuesta a las exigencias de los bomberos o cómo es su trabajo junto a la Comunidad de Madrid a la hora de evaluar conjuntamente la situación, así como si han realizado algún tipo de requerimiento al Gobierno regional.

Negociaciones sin avances

Las negociaciones continúan encalladas con el verano a la vuelta de la esquina. “La Comunidad de Madrid ha dicho que ellos han puesto algo más de dinero, todo lo que podían. Unos 130 euros más al mes. A nosotros se nos queda una cara…”, expresa Chana. Este sindicalista tampoco deja de lado su faceta ciudadana: “Yo pago mis impuestos y me parece incomprensible que no haya un servicio totalmente público y de calidad que vele por mi seguridad, como es el de los bomberos forestales”.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, con Carlos Novillo al frente, ha asegurado que “esperamos que antes de que llegue la época de alto riesgo de incendio forestal se pueda resolver este problema”. Asimismo, han destacado que han activado “todas las herramientas, todo el presupuesto necesario para que eso pueda ser así y puedan llegar a un acuerdo con la empresa pública Tragsa, que es de quien dependen”.

Como ya habían adelantado los representantes sindicales, con el nuevo encargo la Comunidad ha permitido que “gran parte de la plantilla de más de 415 efectivos puedan estar contratados durante todo el año, que es una de las reivindicaciones”. La Consejería ha defendido que han incorporado en el presupuesto del nuevo encargo “la cantidad económica suficiente para que los pluses que ellos reclaman puedan ser aprobados por el Ministerio de Hacienda, en este caso, que es el que tiene que autorizarlo a Tragsa”. Por último, el departamento de Novillo ha recalcado que la labor de los bomberos forestales “es fundamental” y no pueden “mantener esta huelga”.

Las seis sindicalistas condenadas a una pena individual de tres años y medio de prisión por el Tribunal Supremo (TS) y conocidas como 'Las seis de la Suiza' han sido indultadas nueve meses después de su ingreso en prisión.

La noticia ha sido adelantada por Infolibre y confirmada por elDiario.es a través de fuentes del Gobierno.

El Consejo de Ministros, que tendrá lugar mañana, martes, aprobará esta medida de gracia que ha sido reclamada por colectivos sociales, sindicales y políticos desde que se hizo firme la condena de cárcel; un respaldo público que fuentes cercanas a las seis sindicalistas han agradecido en su nombre.

Para sus vidas personales es una alegría, aseguran fuentes familiares que agradecen los apoyos sociales, políticas, sindicales y de miles de personas que se sumaron espontáneamente a las numerosas movilizaciones que se realizaron desde que se tuvo conocimiento de la condena y posterior ingreso en prisión de las seis sindicalistas que ha sido muy importante para ellas

Un 'chute' de energía

La noticia de su indulto ha sido un 'chute' de energía. Personalmente, están “muy contentas” por ellas y sus familias, aunque han reconocido que, como colectivo, entienden que a estas alturas ninguna persona debería cumplir una condena de cárcel por ejercer sindicalismo.

“Para sus vidas personales es una alegría”, aseguran a este diario fuentes familiares que aseguran que los apoyos sociales, políticos, sindicales y de miles de personas que se sumaron espontáneamente a las numerosas movilizaciones que se realizaron desde que se tuvo conocimiento de su condena y posterior ingreso en prisión ha sido muy importante para ellas.

En tercer grado

Las sindicalistas esperan con impaciencia que mañana, martes, el Consejo de Ministros ratifique el indulto que les permitirá salir en libertad y no tener que regresar, como ahora, a dormir al CIS de la cárcel asturiana.

O.P. R., R.B.C.C., B.G.P., J.C.C., M.C.B.T. y H.A.G.P. están actualmente cumpliendo el tercer grado en el Centro Penitenciario de Asturias tras haber tenido que ingresar el pasado mes de julio en prisión para cumplir su condena, accediendo a continuación al régimen de semilibertad.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se había reunido en Asturias con las condenadas y ya les había anunciado que llevaría este tema para su deliberación ya que “hacer sindicalismo no es delito”.

Solidaridad con una compañera

Las seis sindicalistas ahora indultadas habían participado en actos en protesta delante de una pastelería denominada ‘La Suiza’, situada en la Avenida de Shultz, en Gijón/Xixón, en solidaridad con una compañera que había sido despedida. Siete años después de iniciadas las movilizaciones, las sindicalistas, una vez que ya esté firmado el indulto, habrán saldado toda su deuda con la justicia.

Los hechos por los que han sido condenadas se remontan a los años 2016-2017. En junio de 2016, una trabajadora embarazada de la pastelería La Suiza solicitó la baja por riesgo de aborto tras un altercado entre su pareja y el empresario.

La denuncia

La empleada denunció haber sido víctima de acoso laboral y sexual, mientras el dueño del negocio presentó una denuncia contra su pareja por amenazas y daños en el local.

Posteriormente, la empleada pidió en 2017 el asesoramiento jurídico de la CNT tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.

El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora, pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las seis personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada.

“No empleamos violencia”

Eldiario.es Asturias compartió sus impresiones con tres de las personas condenadas en julio de 2024. En esa conversación, ellas advertían que se habían limitado a defender a una trabajadora que sufría un presunto caso de acoso, sin que en sus protestas emplearan la violencia, ni causaran daños.

Era especialmente relevante que esas concentraciones contaban con el respaldo de la autorización expresa que había concedido la Delegación del Gobierno en Asturias para su celebración.

Fuerza y entereza

En estas concentraciones participaban vecinas y vecinos, representantes sindicales y de partidos de izquierdas y paradójicamente en esa época ostentaba el cargo de delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo, el que fuera alcalde de Oviedo por el Partido Popular (PP) entre 1991 y 2012.

En 2021, el juez de lo Penal 1 de Gijón, Lino Mayo, condenó a las seis sindicalistas O.P. R., R.B.C.C., B.G.P., J.C.C., M.C.B.T. y H.A.G. por su participación en las movilizaciones a una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia.

El magistrado sostenía que los propietarios se vieron abocados al cierre del negocio por la campaña de hostigamiento que se llevó a cabo con estas acciones.

La causa ha seguido un largo periplo judicial. La sentencia condenatoria fue recurrida a varias instancias: del juzgado pasó a la Audiencia Provincial de Asturias y posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), al Tibunal Supremo (TS) y al Tribunal Constitucional (TC). Pero los recursos fueron decayendo uno a uno.

La Audiencia y el Tribunal Supremo

En 2023, la defensa presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando vulneración de derechos fundamentales.

En junio de 2024, el Supremo confirmó la condena. La sentencia del Supremo incidía en que las protestas fueron “coercitivas” y que provocaron el cierre del negocio. 

El tribunal considera que las acciones excedieron el ejercicio legítimo de la libertad sindical y la libertad de expresión. Las seis sindicalistas condenadas recibieron “con coherencia y dignidad” la sentencia que las ponía a un paso de la cárcel.

El recurso ante el Constitucional

La defensa presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también fue desestimado. Con esta decisión, se agotaban las vías judiciales en España. La CNT anunció entonces que llevaría el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

Un total de 22 organizaciones sindicales de todo el Estado han presentado en el Ministerio de Justicia del Gobierno de España una petición de indulto a las seis condenadas, lo que no conlleva arrepentimiento.

La petición de indulto

Además, el Gobierno del Principado de Asturias aprobó también formalmente la solicitud de indulto, alegando razones humanitarias y personales. 

El Ayuntamiento de Gijón no debatió la petición de indulto por el veto de los partidos de derecha del consistorio: Foro, PP y Vox.

Sin embargo, el mayor apoyo llegaba procedente del propio Gobierno central. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se reunía con las condenadas en Oviedo y declaraba: “El sindicalismo es un derecho, no un delito. Nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales”.

Ese mismo mes, el juez Lino Rubio Mayo rechazaba la petición de suspensión de la condena, a pesar del respaldo de la Fiscalía. Argumentaba que no existía arrepentimiento por parte de las condenadas, ya que fue el sindicato CNT quien abonó la indemnización.

Ingreso en prisión

El 9 de julio, el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón decretaba el ingreso inmediato en prisión de las seis personas condenadas. Al día siguiente, las seis se presentan voluntariamente en el Centro Penitenciario de Asturias para cumplir la condena.

Su internamiento se producía en régimen abierto en un centro de inserción social anexo a la cárcel. En un comunicado, afirmaban: “Actuamos con coherencia y dignidad. Apoyamos a una trabajadora en situación de vulnerabilidad. Estábamos haciendo algo que es un derecho”.

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, reiteró su compromiso de intentar que el indulto llegue cuanto antes. Una declaración de intenciones que llegará mañana a su aprobación en el Consejo de Ministros y con él acabará “la pesadilla” de las seis sindicalistas condenadas.

Reacciones sociales y políticas

Sin embargo, a pesar de que el indulto no llegaba entonces, la respuesta social era inmediata. En Gijón, Madrid y otras ciudades, miles de personas se manifestaban bajo el lema “Hacer sindicalismo no es delito”. Más de 22 sindicatos —entre ellos CCOO, UGT, CGT, CSI, SUATEA y la propia CNT— han respaldado la petición de indulto.

También han secundado la petición de indulto partidos como Sumar, IU, Podemos, EH Bildu y el PSOE. El colectivo de apoyo Sofitu ha sido rotundo: “El Estado español tiene desde hoy a seis sindicalistas presas por ejercer derechos que tanto costó conseguir”.

El apoyo de Rodrigo Cuevas

El caso de Las seis de La Suiza ha generado una alianza sindical inédita y ha reabierto el debate sobre la criminalización de la protesta laboral. Entre tanto, las condenadas han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El apoyo de personas con gran proyección por sus profesiones o su carisma ha sido constante y uno de los últimos que se ha sumado ha sido el polifacético artista asturiano, Rodrigo Cuevas.

El pasado jueves, durante su participación en el programa de televisión 'La Revuelta' que dirige David Broncano, Rodrigo Cuevas mostró a cámara uno de sus regalos: una camiseta donde reclamaba la puesta en libertad de 'Las seis de La Suiza'. Un testimonio gráfico que quedó recogido en esa imagen difundida por el programa de TVE a través de la red social X.

A partir de mañana, su deseo será ya una realidad con la aprobación del indulto.

Una cámara de videovigilancia ha puesto en alerta a los trabajadores del Hospital de Bellvitge de Barcelona. Aunque el centro está lleno de dispositivos de vigilancia, este tiene algo especial: está situado en la cafetería, a la que acceden tanto pacientes y familiares como trabajadores, y fue colocada sin avisar. No hay carteles que alerten de que se están grabando imágenes y no se envió comunicación alguna a los trabajadores, que suelen ir allí a comer o a pasar sus descansos. Eso ha derivado en que la Autoridad Catalana de Protección de Datos haya abierto un expediente sancionador al centro por tres presuntas infracciones.

Los empleados supieron de su existencia por casualidad. Durante una reunión del Comité de Seguridad y Salud con la empresa, se trató un tema que llevaba años en el orden del día: las largas colas que se forman en la cafetería durante los fines de semana y en los turnos de tarde y noche.

El motivo es que en esos turnos, la cantina se convierte en el único punto de venta de comida disponible y se vuelve una de las zonas de descanso más habitual para los empleados. Como consecuencia, la concentración de gente es mayor, lo que produce largos tiempos de espera.

El Comité llevaba tiempo reclamando a la empresa una solución y, en la última reunión, esta contestó que estaba analizándolo y que, a tal efecto, había instalado una cámara en la cafetería para ver por qué se producían esas colas. La noticia tomó por sorpresa a los trabajadores que, en seguida, protestaron. “Es algo totalmente ilegal, aunque la empresa lo vendiera como una idea brillante”, se lamentan desde la plantilla.

La cámara enfoca las zonas de la barra, bufé y pago, por lo que sí podría servir para evaluar el funcionamiento de la cantina. Aunque desde la CGT alertan de que el servicio de cafetería está externalizado, por lo que consideran que no es competencia del Hospital de Bellvitge analizar esas colas. Por eso, lo que preocupa a los trabajadores es que pueda ser una herramienta para vigilarles a ellos. Y es que también se graba una parte del comedor y el único acceso al espacio. “Es facilísimo controlar quién entra, quién sale y cuánto tiempo pasa allí. Nos sentimos vigilados”, añaden.

CGT considera que la instalación de esta cámara contraviene el artículo 89 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que especifica que “en ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonido ni vídeo en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos”. Desde el sindicato añaden que dicha cámara “vulnera el derecho a la intimidad”.

Por ello, en 2024 interpusieron una denuncia ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Este febrero, un año y medio después, se ha resuelto iniciar un procedimiento sancionador contra el Hospital de Bellvitge por tres presuntas infracciones recogidas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, tal y como consta en la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Según la Autoridad, la infracción se basaría en no haber informado debidamente de la instalación de la cámara, así como de otros detalles como el motivo, el uso que se va a hacer de las imágenes, quiénes tendrán acceso a ellas y durante cuánto tiempo se guardarán. Tales infracciones se castigan con multas administrativas de hasta 20.000 euros o, en caso de empresas, el 4% del valor de negocio anual.

Preguntado por este medio, el Hospital de Bellvitge, que asegura desconocer la apertura del expediente sancionador, se ha limitado a contestar que la cámara ya ha sido desinstalada, sin especificar el porqué ni la fecha. Por su parte, los trabajadores han informado que la retirada de la cámara se realizó durante la misma jornada en la que elDiario.es contactó con el hospital para recabar su versión.

A la espera de más acciones

La Autoridad Catalana de Protección de Datos no ha entrado a valorar la conveniencia o no de instalar una cámara en un lugar de descanso del personal -que es, a la vez, un restaurante abierto al público- y, por eso, desde la CGT no descartan poner una queja también ante la Inspección de Trabajo.

A preguntas de este medio, desde el sindicato aseguran que, si no lo han hecho todavía es porque los trabajadores de centros sanitarios públicos están regulados por el Estatuto Marco, no por el Estatuto de los Trabajadores, por lo que, si bien la Inspección de Trabajo tiene competencias en estos centros, están limitadas.

“Nos han mareado en más de una ocasión y, por eso, hemos preferido empezar por la Autoridad de Protección de Datos, donde vemos una infracción clarísima, y así establecer una base que facilite las cosas a Inspección de Trabajo”, aclaran los trabajadores.

Más allá de la vulneración a la intimidad, desde la CGT alertan de que la cámara “puede ser perfectamente un método de control horario de los trabajadores. Si esta cámara se queda aquí y no hacemos nada, la empresa puede sentirse en la libertad de llenar el resto de espacios de descanso de cámaras”, sostienen fuentes de la plantilla.

Polémica con la capilla

La resolución de la Autoridad Catalana de Protección de Datos –que todavía puede tardar meses en resolver si hay sanción o no–, se suma a otra queja que pusieron los trabajadores y que todavía no se ha resuelto. Esta se remonta a 2022, cuando el Hospital abrió su sala de culto y reflexión. Esta, según la ley catalana de cultos, debería ser aconfesional al encontrarse en un centro público.

Pero, por el contrario, la CGT ha llegado a contabilizar hasta 15 elementos de culto católico así como octavillas y documentos promocionando el Opus Dei. Además, afean al centro que el espacio figure como “capilla”. Desde el sindicato recuerdan que estas salas han de ser respetuosas con todas las religiones, así como con las personas agnósticas, que “deberían poder acceder allí para afrontar su duelo y su dolor”.

Por ello, interpusieron diversas quejas. Una de ellas fue a la Sindicatura de Greuges (el defensor del pueblo catalán), quien les dio la razón en 2023. Tras ello, el Govern trató el tema en el grupo de trabajo ‘Iglesia Católica-Departament de Salud’ y trasladó las quejas al Secretario de la Conferencia Episcopal de Tarragona, el sacerdote Sebastià Aupí.

El párroco pidió disculpas “por la presencia de simbología católica en el espacio en cuestión” y se comprometió a dar orden de retirarla. Pero eso, casi tres años después, todavía no ha sucedido.

La comunidad educativa de Tarazona ha presentado quejas formales ante la Alcaldía tras las declaraciones de la concejala del Partido Popular, Ana Cristina Sainz Martínez, publicadas en la revista municipal de enero de 2026. En su texto, la edil afirmaba que desde “determinados sectores de la izquierda” se intenta convertir los colegios en “auténticos espacios de adoctrinamiento ideológico” y acusaba a los docentes de buscar “jóvenes moldeados según intereses partidistas”.

Docentes de distintos centros públicos de la ciudad, entre ellos el IES Tubalcaín, el CEIP Joaquín Costa y el CEIP Moncayo, respaldados por familias y vecinos, han registrado instancias en el Ayuntamiento en las que califican de “gravemente ofensivas e indignantes” las palabras de la edil, exdiputada autonómica del Partido Popular. En los escritos los profesores sostienen que las acusaciones ponen en cuestión su “neutralidad y rigor pedagógico”, además de generar “falsas alarmas injustificadas” entre el alumnado y sus familias. También critican que se haya utilizado un canal institucional para difundir afirmaciones que, a su juicio, “menoscaban el prestigio” de la enseñanza pública local.

Entre las peticiones trasladadas al Ayuntamiento figuran tres demandas principales: una rectificación pública por el mismo canal en el que se difundieron las declaraciones, un desagravio institucional para que el Ayuntamiento manifieste explícitamente su apoyo a la profesionalidad de los docentes y se desvincule de las acusaciones de adoctrinamiento, y que el alcalde informe a la Corporación municipal en el próximo Pleno sobre la existencia de estas quejas, como reflejo del “profundo malestar” generado en la comunidad educativa y local.

La revista municipal incluía un texto de Sainz Martínez en el que reaccionaba a las movilizaciones en defensa de la escuela pública y en contra de la privatización de la enseñanza surgidas tras la huelga educativa de tres días convocada por CGT, y acusó a los organizadores de utilizar estas movilizaciones “con un claro trasfondo electoral y político”: “Esta forma de actuar demuestra que para cierta izquierda la educación no es un fin en sí mismo, sino un medio para intentar controlar a la sociedad. Del mismo modo que buscan influir en las aulas, pretenden también dirigir los medios de comunicación y condicionar la opinión publica. No creen en ciudadanos libres con ideas propias: prefieren una sociedad dócil que repite consignas”, expresaba en el texto.

José Luis Ruiz Ramas, portavoz de CGT, ha expresado su repulsa a estas palabras: “Este discurso inquisitorial y acusador pone en la diana al profesorado y al resto de la comunidad educativa que participó en las movilizaciones, y lanza un mensaje falso sobre las motivaciones de la huelga y las acciones reivindicativas”. Ruiz Ramas ha recordado que “las necesidades de la escuela pública son reales, tanto del alumnado como del profesorado y de las instalaciones, y la falta de inversión en cubrirlas es lo que motivó las movilizaciones”.

CGT ha instado al Ayuntamiento a “dedicarse a cumplir con sus tareas como propietario y responsable de las instalaciones y el mantenimiento de los centros públicos, en lugar de lanzar acusaciones falsas a la comunidad educativa”. El sindicato también ha criticado que el tono del artículo “contrasta con el respeto mostrado por la propia Consejería de Educación, que sí ha reconocido las necesidades comunicadas por CGT en un informe entregado el 21 de enero” y ha concluido exigiendo la dimisión de la concejala.

Desde el PSOE de la localidad han criticado el “uso partidista que el PP hace de los medios públicos del Ayuntamiento” y han destacado que los centros escolares de los que habla el escrito de la concejala están en edificios de titularidad municipal: “Si considera que se adoctrina no entendemos que no actúe en vez de escribir artículos”, ha hecho Leticia Soria. El grupo socialista va a solicitar también una rectificación “pública” de la concejala.

El Ayuntamiento de Tarazona no ha emitido ningún comunicado al respecto al ser contactado por este medio.

Más de medio centenar de personas han recibido notificaciones de expedientes sancionadores a raíz de su participación en la huelga por la gestión de la dana convocada el pasado 29 de mayo por sindicatos como CGT, CNT o Intersindical. “Todo eso solo porque el 29M decidieron ejercer sus derechos”, asegura Alerta Solidària en un comunicado.

La entidad también indica que más de un centenar de personas fueron identificadas y registradas por la Policía Nacional durante la jornada de huelga, cuyos piquetes informativos se sumaron a la multitudinaria manifestación contra el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón coincidiendo con el aniversario de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos.

Los expedientes de sanción, según Alerta Solidària y el Grup de Suport a les Represaliades del 29M, constituyen un “ataque al derecho a la manifestación y a la huelga”.

La entidad, que reitera la petición de la “inmediata” derogación de la Ley Mordaza, exige el archivo de los procedimientos sancionadores.

“Vulneración de los derechos fundamentales”

El comunicado denuncia la “vulneración de los derechos fundamentales” por parte de un cuerpo policial “a las órdenes de un partido supuestamente de izquierdas, el PSOE”.

También sostiene que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, “que ha intentado proyectar una imagen contrapuesta a la gestión nefasta del Gobierno valenciano el 29 de octubre, es responsable de actuar precisamente contra las personas afectadas por la riada y contras las que exigen responsabilidades políticas y judiciales”.

Miles de personas se han manifestado este jueves por el centro de Zaragoza bajo el lema 'Dinero público para la escuela pública' para cerrar la huelga educativa de tres días convocada por el sindicato CGT. Según la Delegación del Gobierno, unas 6.000 personas han participado en la movilización, en la que docentes, familias, alumnado y personal no docente expresaron su rechazo a la concertación del bachillerato y de la etapa de 0 a 3 años impulsada por el Ejecutivo autonómico. Desce CGT no dan cifras exactas, pero aseguran que la plaza del Pilar estaba “llena” y tiene una capacidad de 45.000 personas: “Es una movilización histórica y sin precedentes en la reciente historia de la escuela pública aragonesa”.

La marcha ha partido a las 18:00 desde la plaza de España, con grupos que iban llegando desde diferentes puntos de la ciudad. Ha recorrido el Paseo Independencia y la calle Alfonso hasta la plaza del Pilar, entre pitidos, cánticos y pancartas con consignas como “La educación pública no se vende, se defiende”, “Concertar es malversar” o “Azcón, escucha, la pública está en lucha”.

Desde CGT, único sindicato que ha convocado estas tres jornadas de huelga, exponen que las medidas anunciadas por el Gobierno de Aragón supondrán “desviar más de 20 millones de euros el próximo curso a centros privados pese a la existencia de plazas vacantes en la red pública”: “Estos conciertos no son necesarios y responden exclusivamente a una decisión política”, señalan desde el sindicato, que denuncia que solo este curso han quedado más de 2.300 plazas libres en Bachillerato en centros públicos mientras se amplían las aulas concertadas.

La organización sindical advierte de las “carencias estructurales” que arrastra la escuela pública aragonesa, como la falta de profesorado y de personal no docente, la infradotación de orientadores, los retrasos en sustituciones, los problemas en infraestructuras y la escasez de recursos materiales. También reclaman el pago de libramientos pendientes para el funcionamiento de los centros y una mejora de los servicios administrativos que dependen del Departamento de Educación.

Según CGT, el seguimiento de la huelga ha alzcanzado el 52% del profesorado que estaba en disposición de secundarla, una cifra que consideran muy superior a la facilitada por la Administración, que hoy sostenía que el seguimiento ha sido del 21% en el personal docente. El sindicato subraya que la escuela pública “es la única que garantiza la equidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades” y advierte que continuará con las movilizaciones si no se revierte la política de conciertos educativos.

“Con esos 20 millones, la pública llega a todos y todas”, insisten desde la organización, que ha llamado a mantener la presión social para frenar la concertación del bachillerato y las subvenciones a empresas privadas en la etapa de 0 a 3 años.

Durante esta semana, colegios e institutos públicos de Aragón han paralizado parte de su actividad debido a la huelga educativa convocada por CGT para protestar por el plan del Gobierno de Azcón de concertar el bachillerato y para exigir la paralización de las “subvenciones a empresas privadas para financiar el primer ciclo de infantil”. El sindicato ha dado cifras de seguimiento de más del 50%, que contrastan con las aportadas por el Departamento de Educación, que rondan el 21% en personal docente y el 5,5% en personal no docente.

Este jueves, unas 12.000 personas, según cifras de CGT, se han manifestado por las calles de Zaragoza en una “movilización histórica y sin precedentes” bajo el lema 'dinero público para la pública' en el tercer día de huelga educativa. Los profesionales denuncian la “situación de abandono que sufren por parte del Gobierno de Aragón”.

José Luis Ruiz, portavoz de CGT, explica que “según los datos que nos han facilitado los centros, un 52,3% del profesorado ha secundado la huelga para exigir que los más de 20 millones de euros que Azcón quiere despilfarrar en seguir privatizando la enseñanza aragonesa, se destinen a solucionar problemas que la escuela pública tiene por su infradotación económica, y buena parte de ese profesorado ha estado con el alumnado en la multitudinaria manifestación de esta mañana en la que han participado aproximadamente 12 mil personas”. La mencionada fuente sindical señala que “el Gobierno de Aragón destina a educación apenas un 3,6% de su PIB, casi un 25% menos que la media estatal, que es de un 4,6%, eso hace que cuando reclamamos mejoras en las condiciones laborales, más profesorado y personal no docente, mantenimiento de las instalaciones y edificios, cocinas o climatización, se nos diga sistemáticamente que no hay dinero, pero ahora vemos que sí hay dinero, pero que se quiere destinar a seguir privatizando la enseñanza”. 

Para finalizar Ruiz denuncia que “el profesorado no puede más ante la dejación del departamento de educación, el hartazgo es general, y si un % está dispuesto a que su nómina se vea recortada para denunciar la situación de la escuela pública es la prueba de que los problemas de esta no nos los inventamos como así señalan desde el Gobierno de Aragón”

Las reivindicaciones empezaron el martes 20 de enero, con una concentración ante el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Desde CGT señalaron que “el profesorado no puede más ante la dejación del departamento de educación, el hartazgo es general, y por esa razón hoy ha sido un día histórico, porque de una forma muy mayoritaria los y las docentes están aquí, con un seguimiento que estimamos con los datos que nos han facilitado los centros de 45,8%, que llega a un 47’6 en la provincia de Zaragoza. Todo pese a unos servicios mínimos abusivos y a las informaciones que se han vertido para desmovilizar, la gente ha estado en la calle aquí, con muchísimos centros que han secundado al 100% la huelga”. Ese día, Ruiz denunció que “concertar el bachillerato es innecesario, ya que hay 2.300 vacantes en la pública, lo que hace que los 7 millones de euros que se quieren destinar a su concertación sea un malgasto de dinero público, cuyos únicos motivos son ideológicos y de ampliar privilegios a unos pocos”. El representante sindical reivindicó que “con esos 7 millones más los más de 13 que se quieren destinar a subvencionar guarderías privadas el próximo curso, todos los centros educativos públicos de Aragón con comedor podrían disponer de una cocina in situ, y dejar de dar al alumnado la cocina pre cocinada que actualmente se les da, esto solo el primer año, al siguiente se podría poner ascensores, climatización renaturalizar patios, contratar más profesorado, más personal no docente…”. 

El miércoles, la concentración se produjo ante la Consejería de Educación en un segundo día de movilizaciones en las que también hubo un charla debate en la sede de CGT en la que han participado unas sesenta personas, y una bicifestación que partió desde la mencionada sede hasta la Consejería de Educación, y que atravesó todo el centro de la ciudad. Según el sindicato, el seguimiento durante la segunda jornada fue del “48,4% en la provincia de Zaragoza, y de un 46,1% en todo el territorio aragonés”. Según Ruiz “el hecho de que tantos docentes sacrifiquen parte de su sueldo para denunciar la situación de la escuela pública es la prueba de que el discurso de la Consejería de que no hay ningún problema y nos inventamos las cosas es totalmente falso y un insulto a la inteligencia de alumnado, profesorado y familias. Si a esto sumamos que vemos que sí hay dinero para concertar de manera innecesaria el bachillerato, pues el hartazgo es general, esto puede ser la gota que hay colmado el vaso”.

En las dos primeras jornadas, el Departamento de Educación ha cifrado el seguimiento de la huelga el martes en el 14,75% de personal docente y 2,07% de personal no docente y el miércoles en 14,11% de los docentes y el 2,17% del personal no docente.

Los próximos 20, 21 y 22 de enero, la huelga educativa convocada por CGT se desarrollará con actos y movilizaciones en toda la Comunidad Autónoma. Las jornadas de paro, que surgieron como respuesta a la política del Gobierno de Aragón de destinar fondos públicos a la concertación de la educación infantil de 0 a 3 años y del Bachillerato, contarán con actividades en Zaragoza, Huesca, Teruel y localidades como Jaca, Sabiñánigo, Calatayud y Tarazona.

En Zaragoza, las actividades comenzarán el martes 20 con una concentración en el Edificio Pignatelli de 10:00 a 12:00. El miércoles 21 habrá un café-debate en la sede de CGT a las 9:00, seguido de una bicifestación a las 10:30 con salida desde CGT, que llegará a Ranillas, a la consejería de Educación, donde se realizará una concentración a las 12:00. Durante el recorrido se pasará por el Edificio Pignatelli, donde los participantes harán una pitada. El jueves 22, por la mañana, los estudiantes protagonizarán una manifestación desde Plaza San Francisco a las 11:00. Por la tarde, a las 18:00, se celebrará una manifestación general que saldrá desde Plaza España y llegará hasta la Delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar.

En Tarazona, la manifestación será el miércoles 21 a las 18:00 desde la Plaza San Francisco. En Teruel, las movilizaciones se repartirán a lo largo de los tres días: el martes en la Plaza del Torico a las 12:00; el miércoles en Calamocha en la Plaza del Peirón; y el jueves 22 en Andorra en el IES Pablo Serrano a las 10:30 y en Alcañiz a las 13:00. En Calatayud, las actividades se desarrollarán los tres días en el Paseo Cortes de Aragón a las 12:00, incluyendo conciertos, caceroladas y cadenas humanas. En Huesca, las acciones serán el martes en Sabiñánigo, Plaza del Ayuntamiento a las 18:00, y en Huesca en Plaza Cervantes a las 12:00 y 18:00, y el miércoles a las 12:00. En Jaca, habrá concentraciones en la Plaza del Ayuntamiento a las 12:00 y 18:00.

La movilización culminará el jueves 22 con una manifestación en Zaragoza, que partirá a las 18:00 desde la plaza de España bajo el lema 'Dinero público a la pública'. El objetivo de los actos es concienciar a docentes, familias y alumnado sobre la necesidad de reforzar la escuela pública y frenar la privatización de estas etapas educativas.

Según CGT, “se están desviando” más de 20 millones de euros de la escuela pública hacia centros privados, “mientras los colegios públicos enfrentan carencias de personal docente, orientadoras, conserjes y técnicas de educación infantil, además de deficiencias en sus instalaciones”. La organización sindical defiende que la escuela pública garantiza “equidad, inclusión e igualdad de oportunidades”.

El sindicato cuenta con el apoyo de colectivos como Marea Verde, la Federación de Barrios de Zaragoza y partidos políticos de izquierda, entre ellos Sumar, Podemos y Chunta Aragonesista. Mientras tanto, otros sindicatos mayoritarios, como CSIF, CCOO, STEA-i, UGT y ANPE, se han desmarcado de la convocatoria, defendiendo que la unidad sindical y el respaldo de las familias son “condiciones imprescindibles” para garantizar la eficacia de las movilizaciones.

El primer autobús autónomo de Barcelona no ha podido efectuar su recorrido habitual este miércoles debido a que una decena de trabajadores se ha plantado frente al vehículo para impedir su salida. “Más trabajadores y menos 'robobús'”, era el lema escogido por los sindicalistas concentrados para protestar contra una apuesta que consideran “un paripé”. “¿Por qué se prioriza esta inversión cuando falta personal?”, se pregunta Isaac Bonet, delegado de la CGT.

El sindicato ha convocado este boicot en el séptimo día de pruebas piloto este autobús que recorre la zona poco concurrida de Montjuïc. Se trata de un vehículo que cuenta con una tecnología de conducción “totalmente automatizada”, según asegura la empresa pública de transportes Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). A pesar de ello, durante estos primeros ensayos sí ha habido alguien sentado frente al volante para vigilar que todo vaya bien, tal y como marca la normativa española, que todavía no permite la circulación de vehículos autónomos.

Uno de estos conductores de apoyo ha explicado a elDiario.es que, durante las siete horas que se pasa dentro del vehículo, “prácticamente” no ha tenido que intervenir nunca. “Van solos, pero no tienen la capacidad de entender el tráfico. Yo a las bicis o peatones sé verlos venir y reacciono con tiempo. La máquina pega un frenazo”, apunta.

Por ahora, detrás de esa máquina, también hay una persona. En este caso es una ingeniera enviada por la empresa Karsan que va sentada de copiloto para sistematizar los datos que recogen los autobuses. “La que conduce soy yo”, resume.

“A pesar de llamarse autónomos, estos buses requieren de dos personas. Y una de ellas es un conductor de una línea de autobuses que, por deficiencias de personal, ofrece un mal servicio”, se queja Bonet.

Estas pruebas piloto han despertado el rechazo entre los trabajadores, que han cargado contra TMB. “Si esto es el futuro, estamos en contra. No lo decimos por corporativismo y no es que estemos en contra del autobús autónomo, pero se nos tienen que garantizar los puestos de trabajo”, explica Francesco Stefanopoly, delegado de la sección sindical de autobuses de la CGT.

Desde el sindicato aseguran que entienden que TMB quiera invertir en tecnología, pero consideran que es un planteamiento que “sólo traerá beneficios a la empresa, no a los trabajadores”. Stefanopoly se muestra convencido de que “habrá mermas en los puestos de trabajo”.

Además, sostienen que la automatización no se traducirá en mejoras para el usuario. “El metro ya tiene dos líneas automatizadas y, aunque es cierto que funcionan bien, no se ha traducido en una rebaja del precio ni en un aumento de la frecuencia”, apuntan desde el sindicato.

Las pruebas del bus autónomo comenzaron hace siete días, coincidiendo con la celebración de la Smart City Expo, y se espera que finalicen este viernes. Durante estos diez días, el vehículo ha realizado un trayecto de 1,8 kilómetros y seis paradas entre la Plaza Dante y el Funicular de Montjuïc de las 9h hasta las 19h y de manera gratuita.

Las pruebas “servirán a los técnicos para obtener conocimientos prácticos y experiencia para avanzar hacia nuevos modelos de movilidad con el objetivo de reforzar la seguridad, la eficiencia y la calidad del servicio”, apunta Jacobo Kalitovics, director del área de bus de TMB.

El objetivo de la empresa es que, cuando la normativa española lo permita, estos vehículos puedan prescindir del safety driver (o conductor de seguridad) y llegar al nivel máximo de autonomía. Durante las pruebas, esta función de vigilancia ha sido llevada a cabo por conductores de TMB que han recibido una formación especial y cuyo único cometido era sido frenar o tomar el volante si se daba alguna situación de emergencia.

Este proyecto toma como referencia otras ciudades europeas como Stavanger (Noruega) o Goteborg (Suecia), donde ya hay servicios regulares de autobús con una autonomía del 99%. En todas estas urbes circula el mismo vehículo que Barcelona está probando, el Autonomous e-ATAK, de la firma turca Karsan, que es el primer autobús autónomo que transporta pasajeros de la UE. De hecho, solo existen modelos previos en algunas ciudades de Asia.

Las pruebas de estos días, que serán monitorizadas por TMB y por la DGT, servirán para valorar una “posible aplicación futura de este sistema de transporte en la ciudad”, según Kalitovics. La idea sería mantener este mismo vehículo, que es 100% eléctrico y cuenta con capacidad para 52 pasajeros.

Según explican desde TMB, el sistema de automatización permite al autobús detectar “todos los objetos a su alrededor y controlar las condiciones de la carretera dentro de una ruta definida”. También está pensado para reaccionar ante situaciones “imprevistas” que se puedan dar en la vía e insisten que es “totalmente sensible” a los puntos muertos. Lo cual, según la empresa pública de transportes, proporciona una “seguridad máxima”.

Aun así, desde la CGT se muestran desconfiados y apuntan a que la tecnología “todavía no está lista. ¿Por qué, si no, sería necesario todavía un conductor de emergencias?”, se pregunta Stefanopoly. Añaden, además, que por muy sofisticado que esté el sistema, no serviría para circular por la “jungla” vial de Barcelona.

Aprovechando la concentración, los trabajadores también han querido denunciar que la empresa realiza una “instrumentalización de los protocolos contra el acoso”. Relatan que los textos, pactados con los representantes de los trabajadores, no se usan contra directivos denunciados, pero sí contra “trabajasores que investigan presuntas ilegalidades”. Desde la CGT aseguran que tienen ya identificados tres despidos que responden a este “uso fraudulento” del protocolo.

El sindicato CGT vio vulnerado su derecho a la reunión, reconocido constitucionalmente, el pasado 15 de octubre tras haberse modificado el itinerario de una manifestación en Castelló contra el genocidio en Gaza sin cumplir con el plazo mínimo establecido por ley. Así concluye la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), que ha estimado un recurso del sindicato ácrata contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Castelló que modificó el trayecto el día antes de la marcha convocada, a pesar de que una ley orgánica establece un plazo de 72 horas.

CGT consideraba que se había vulnerado su derecho de reunión contemplado en el artículo 21 de la Constitución Española. Al no haber cumplido la Subdelegación del Gobierno con el plazo que impone la norma en caso de modificación del itinerario de una marcha.

La Fiscalía reconoció que concurría la extemporaneidad alegada por CGT mientras que la Abogacía del Estado argüía que la manifestación ya se había celebrado, por lo que el sindicato carecería, a su juicio, de interés legítimo.

El sindicato libertario comunicó la manifestación —“con motivo del genocidio sobre el pueblo palestino”, recuerda la sentencia— el 4 de octubre. Tres días después, la Subdelegación del Gobierno en Castelló solicitó un informe sobre las posibles “alteraciones del orden público” de la marcha. Y el 8 de octubre, el comisario jefe de la Policía Local de Castelló propuso en un informe una “ubicación alternativa” al final previsto inicialmente (el Carrefour de la avenida del Mar).

El informe, que daba un criterio desfavorable, también reseñaba la coincidencia de la manifestación, a su paso por la plaza de María Agustina, con otro evento, lo cual “tendría una grave afección a la movilidad de la zona centro de la ciudad”.

Por su parte, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso del TSJ-CV avala el interés legítimo del sindicato y argumenta que éste “pervive” a pesar de que ya se hubiera celebrado la marcha.

La sentencia acredita que la Subdelegación del Gobierno dictó la resolución apenas 24 horas antes de la fecha de la convocatoria (y no 72 horas).

“También debe mencionarse que esta forma de actuar de la Subdelegación del Gobierno tuvo consecuencias en la actuación judicial, puesto que no se ha tenido tiempo suficiente para pronunciarnos con anterioridad a la citada fecha”, afirma el fallo.

La sentencia del alto tribunal autonómico concluye que hubo una infracción del plazo y que se vulneró el derecho de reunión del sindicato CGT. El TSJ-CV estima el recurso, revoca la resolución e impone unas costas procesales por un importe máximo de 500 euros.

El sindicat CGT va veure vulnerat el seu dret a la reunió, reconegut constitucionalment, el 15 d’octubre passat després d’haver-se modificat l’itinerari d’una manifestació a Castelló contra el genocidi a Gaza sense complir el termini mínim establit per llei. Això conclou la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha estimat un recurs del sindicat àcrata contra la resolució de la Subdelegació del Govern a Castelló que va modificar el trajecte el dia abans de la marxa convocada, a pesar que una llei orgànica estableix un termini de 72 hores.

CGT considerava que s’havia vulnerat el seu dret de reunió previst en l’article 21 de la Constitució espanyola, per no haver complit la Subdelegació del Govern el termini que imposa la norma en cas de modificació de l’itinerari d’una marxa.

La Fiscalia va reconéixer que concorria l’extemporaneïtat al·legada per CGT mentre que l’Advocacia de l’Estat arguïa que la manifestació ja s’havia celebrat, per la qual cosa el sindicat mancaria, a parer seu, d’interés legítim.

El sindicat llibertari va comunicar la manifestació –“amb motiu del genocidi sobre el poble palestí”, recorda la sentència– el 4 d’octubre. Tres dies després, la Subdelegació del Govern a Castelló va sol·licitar un informe sobre les possibles “pertorbacions de l’ordre públic” de la marxa. I el 8 d’octubre, el comissari en cap de la Policia Local de Castelló va proposar en un informe una “ubicació alternativa” al final previst inicialment (el Carrefour de l’avinguda de la Mar).

L’informe, que donava un criteri desfavorable, també ressenyava la coincidència de la manifestació, en passar per la plaça de Maria Agustina, amb un altre esdeveniment, cosa que “tindria una greu afectació a la mobilitat de la zona centre de la ciutat”.

Per part seua, la secció quarta de la Sala Contenciosa del TSJCV avala l’interés legítim del sindicat i argumenta que aquest “perviu” a pesar que ja s’haguera celebrat la marxa.

La sentència acredita que la Subdelegació del Govern va dictar la resolució a penes 24 hores abans de la data de la convocatòria (i no 72 hores).

“També ha d’esmentar-se que aquesta manera d’actuar de la Subdelegació del Govern va tindre conseqüències en l’actuació judicial, ja que no hi ha hagut prou de temps per a pronunciar-nos amb anterioritat a la data esmentada”, afirma la sentència.

La sentència de l’alt tribunal autonòmic conclou que va haver-hi una infracció del termini i que es va vulnerar el dret de reunió del sindicat CGT. El TSJCV estima el recurs, revoca la resolució i imposa unes costes processals per un import màxim de 500 euros.

Castilla-La Mancha está viviendo este miércoles una jornada de movilizaciones por Palestina con paros en numerosos centros de trabajo de la región.CCOO y UGT han convocado paros parciales de dos horas en los centros de trabajo. Mientras, la Confederación Intersindical, la Confederación General del Trabajo, así como los Sindicatos Comisiones de Base, Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera y Alternativa Sindical de Clase, han convocado una huelga general de 24 horas en este 15 de octubre.

Trabajadores y trabajadoras de la región han salido a la calle en todas las capitales de provincia y otras localidades castellanomanchegas para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir que el proceso de paz sea justo.

Estas movilizaciones se suman a las que se han realizado por toda la geografía española en los últimos meses. Castilla-La Mancha no ha sido ajena a estas movilizaciones y ha acogido concentraciones multitudinarias en todas las provincias.

Una huelga “histórica y moral”

Gustavo Fabra, portavoz de STAS intersindical de Castilla-La Mancha, uno de los sindicatos convocantes de la huelga de 24 horas, explicaba a elDiario.es Castilla-La Mancha la motivación para realizar estas movilizaciones en el día de hoy.

“Recogemos una demanda de las plataformas en solidaridad con el pueblo palestino que llevan movilizándose contra el genocidio que se ha cometido en Gaza durante los dos últimos años. Reclamaban un día de lucha que no solo fuera de movilizaciones, sino también de paros generales”, explicaba Fabra, añadiendo que estas convocatorias sirven para dar cobertura a todas las personas que “quieran solidarizarse con el pueblo palestino”. Por tanto, el portavoz sindical explica que no se trata de una huelga clásica para reivindicar mejores las condiciones laborales, sino una huelga “histórica y moral”.

Pero además de la huelga general, en Castilla-La Mancha, los paros se producido a lo largo de todo el territorio. Ha habido concentraciones en las plazas de los ayuntamientos de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, y también a las puertas de las sedes sindicales de CCOO y UGT en Cuenca y en Toledo.

Instituciones como la Diputación de Albacete se han adherido a las movilizaciones, que se han reproducido en numerosos centros de trabajo: Tragsa en Toledo, trabajadores de limpieza viaria y hospitalaria en Villarrobledo (Albacete), las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales en Cuenca, la Escuela de Arte en Talavera de la Reina o la fábrica de Mahou en Alovera (Guadalajara), entre otros muchos.

Un alto el fuego basado en “las necesidades del pueblo palestino”

En la capital regional, decenas de trabajadores han participado por la mañana en la concentración convocada por las delegaciones autonómicas de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para mostrar la solidaridad de la clase trabajadora de Castilla-La Mancha contra el genocidio en Gaza.

Los manifestantes han exigido que el alto el fuego sea “permanente y revisable” y que la reconstrucción de Gaza se base “en las necesidades de su pueblo, y no en la especulación extranjera”.

El secretario general de CCOO en la región, Javier Ortega, ha trasladado “la más rotunda solidaridad” de las personas trabajadoras hacia el pueblo palestino, y ha mostrado su preocupación por cómo se va a gestionar el escenario futuro de paz. “Creemos que el pueblo palestino merece y necesita decidir su propio futuro”, ha afirmado Ortega.

Por su parte, Lola Alcónez, secretaria general de UGT “ha asegurado que ”ningún plan puede considerarse de paz si no cuenta con el pueblo palestino“. ”Hoy la clase trabajadora de Castilla-La Mancha sale a la calle para mostrar un apoyo claro y directo por la paz libertad y defensa del pueblo palestino“, ha añadido la líder sindical.

Que se reconstruya Gaza, pero para los palestinos, no para hacer resort ni para que el señor Trump haga allí algo suyo y se lleve el dinero

Genoveva — Manifestante en Toledo en defensa del pueblo palestino

“Que viva la lucha del pueblo palestino” o “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, coreaban los participantes, unidos tras una pancarta que rezaba 'Palestina libre'.

En esta manifestación, sosteniendo un letrero que clamaba que “la paz se construye con justicia”, ha estado presente Genoveva, que nos cuenta que está “contenta” con el alto el fuego, pero piensa que hay que ir más allá. “Tendrán que pagar los culpables de este genocidio”, reclama la manifestante, que desea que “se reconstruya Gaza, pero para los palestinos, no para hacer resort ni para que el señor Trump haga allí algo suyo y se lleve el dinero”.

La concentración ha registrado un leve incidente cuando una vecina del edificio bajo el cual se estaba desarrollando el encuentro ha salido al balcón a llamar “nazis” a los manifestantes y para reclamarles que se fueran.

Ante esta situación, los participantes han respondido coreando proclamas de apoyo a Palestina como “Que viva la lucha del pueblo palestino” o “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, y la protesta ha continuado sin más percances.

Miles de personas se han vuelto a concentrar en Barcelona en la marcha unitaria convocada por entidades propalestinas para poner el broche a la jornada de huelga que se ha llevado a cabo en toda España. La Guàrdia Urbana las cifra en 15.000, mientras que la organización eleva la cifra hasta 50.000. El inicio de la manifestación ha sido en las puertas de la Estació de Sants a las 18h, desde donde ha arrancado una manifestación dirección a la Plaça Espanya.

Los concentrados han partido coreando consignas como “Israel no es un país, es una ocupación”. Han ido avanzando por el barrio de Sants, donde se han producido algunos disturbios y enfrentamientos con la policía. Mientras la marcha seguía su curso, un grupo de manifestantes se ha separado del grueso para lanzar objetos contra los cristales de un Burguer King, una de las empresas señaladas en la lista de la ONU de compañías que colaboran o se lucran con el genocidio y la ocupación israelí en Palestina.

Los Mossos d'Esquadra han cargado para desalentar a los manifestantes que, a pocas calles, han hecho una pequeña barricada con contenedores a los que han prendido fuego, provocando una fuerte humareda. Los Bomberos de Barcelona han tenido que desplazarse hasta el lugar para apagar las llamas. La policía catalana ha comunicado la detención de 15 personas, de las cuales 11 eran menores.

Después de los incidentes, la marcha ha seguido su curso sin más problemas hasta llegar al consulado de Israel, que se hallaba blindado por un amplio dispositivo de la policía catalana. Pero una vez allí, la manifestación ha vuelto a dividirse en dos: mientras el grueso más numeroso ha seguido hasta Travessera de Les Corts, donde se han leído parlamentos, un grupo más reducido se ha quedado en la calle Carlos III, donde se encuentra el consulado y contra el que han lanzado diversos cohetes.

En este punto, los Mossos han vuelto a actuar contra los manifestantes, que han cortado la calle con más barricadas, y les han intentado dispersar con gas pimienta. Los agentes han retenido a diversas personas y confirman que hay detenidos, pero todavía no concretan cuántos son.

Además de Barcelona, otras ciudades catalanas han acogido manifestaciones propalestinas. En Girona ha habido más de un millar de personas, en Tarragona unas 750 y en Lleida diversos centenares. En esta última concentración se han quemado muñecos de Pedro Sánchez y Benjamin Netanyahu.

También ha habido acciones en Manresa, donde los manifestantes han bajado a las vías de la estación y han obligado a cortar la circulción hasta Calaf de la línea RL4. Esta acción se ha dado simultaneamente a otra concentración a las afueras de la ciudad, en los alrededores del pabellón deportivo donde la noche de este miércoles se celebra un partido de básquet entre el Baxi Manresa y el Hapoel de Jerusalen. Centenares de personas han rodeado las inmediaciones de las instalaciones deportivas para intentar evitar que se celebrara el encuentro, pero finalmente no lo han conseguido.

El boicot al partido se ha dado tambien en Barcelona. Sobre las 16h los Mossos han desalojado con gas pimienta una sentada frente al hotel en el que se alojaban los jugadores del equipo israelí. Cuando los concentrados se han dispersado, los autocares del equipo han aprovechado para salir del hotel. Una hora después, han llegado a Manresa flanqueados de un fuerte dispositivo policial.

Tras la actuación de la policía catalana, los Comuns han anunciado que pedirán la comparecencia de la consellera de Interior, Núria Parlón, y del director del cuerpo, Josep Lluís Trapero, para que den explicaciones por una intervención “indiscriminada” y “desproporcionada”.

Una jornada de huelga

Barcelona, Mataró, Girona, Lleida, Manresa, Tarragona, Granollers... en decenas de municipios los piquetes de estudiantes y trabajadores han mostrado su apoyo a la población palestina desde primera hora de este miércoles. Además de los habituales cortes de carreteras y accesos al Puerto de Barcelona, que han provocado colas kilométricas en las principales arterias viarias, las protestas han querido señalar a algunas empresas.

En Mataró (Barcelona), un grupo de jóvenes ha irrumpido en un establecimiento de McDonalds y ha acusado al restaurante de mantener “un negocio cómplice con el genocidio”. En Lleida, estudiantes han bloqueado durante unas horas la entrada a un Carrefour. Las protestas más numerosas se han registrado en Barcelona, con sendas manifestaciones por la mañana convocadas por los sindicatos CCOO y UGT y colectivos estudiantiles y CGT y la IAC.

En esta última protesta, se han registrado algunos momentos de tensión entre estudiantes y los Mossos d'Esquadra cuando el piquete ha lanzado petardos y objetos a la línea policial que impedía la entrada de los manifestantes en la estación de Sants. La marcha se ha disuelto tras algunas barricadas por las calles de Sants.

Sin incidentes, centenares de personas se han manifestado por el centro de Barcelona a favor de Palestina y contra Israel, convocadas por CCOO y UGT. Los sindicatos han entregado un manifiesto en la delegación de la Comisión Europea en Barcelona para reclamar la ruptura de relaciones con Israel.

La secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López, ha reivindicado la huelga como un “paraguas” para que los trabajadores muestren solidaridad con Palestina, mientras que su homólogo en UGT, Camil Ros, ha reclamado “una paz verdadera y duradera”.

En el transporte ferroviario, el servicio de Rodalies de Renfe ha informado de que desde primera hora de la mañana se registran “supresiones” de trenes por la huelga y que el servicio también puede verse alterado por la tarde.

Los paros sindicales de este miércoles en todos los centros de trabajo de España han sido convocados por parte de distintos sindicatos: Comisiones Obreras y UGT han registrado una convocatoria de paros parciales de dos horas en cada turno de trabajo y CGT ha convocado una huelga general de 24 horas a nivel nacional.

Esta protesta llega después de meses de continuas denuncias por parte de los sindicatos y de protestas multitudinarias en toda la geografía española. Para dar un blindaje legal a la participación, sin posibles represalias o impedimentos en algún centro de trabajo, las centrales de trabajadores han convocado estos paros.

Las movilizaciones se mantienen pese al alto el fuego iniciado la semana pasada en Gaza y al plan de paz firmado en Egipto. Comisiones Obreras y UGT, han señalado que “ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación o si ignora las resoluciones de Naciones Unidas”. Por su parte, el sindicato CGT ha reafirmado su convocatoria por la violación por parte de Israel de anteriores acuerdos, además de recordar que “en cualquier momento las tensiones pueden provocar más ataques”.

Este miércoles 15 de octubre hay convocados paros sindicales en todo el país y en todos los centros de trabajo por parte de distintos sindicatos: Comisiones Obreras y UGT han registrado una convocatoria de paros parciales de dos horas en cada turno de trabajo y CGT, a su vez, ha convocado una huelga general de 24 horas a nivel nacional.

Esta protesta llega después de meses de continuas denuncias por parte de los sindicatos y de protestas multitudinarias en toda la geografía española. Para dar un blindaje legal a la participación, sin posibles represalias o impedimentos en algún centro de trabajo, las centrales de trabajadores han convocado estos paros.

Oficialmente hay dos convocatorias de huelga registradas ante el Ministerio de Trabajo. Por un lado, el 29 de septiembre los sindicatos mayoritarios registraron la convocatoria de paros parciales y, por otro lado, el sindicato CGT registró el 3 de octubre una convocatoria de huelga de 24 horas.

Las movilizaciones se mantienen pese al alto el fuego iniciado la semana pasada en Gaza y al plan de paz firmado en Egipto por Estados Unidos, el país anfitrión, Qatar y Turquía. Los sindicatos convocantes han emitido comunicados justificando la decisión. En el caso de Comisiones Obreras y UGT, el pasado viernes señalaron que “ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación o si ignora las resoluciones de Naciones Unidas”. Por su parte, el sindicato CGT emitió este lunes un comunicado en el que reafirmaba su convocatoria por la violación por parte de Israel de anteriores acuerdos así como por desconocer si este es un acuerdo de alto el fuego o un acuerdo de paz: “Se trata de un 'acuerdo por fases' y en cualquier momento las tensiones pueden provocar más ataques”.

¿Cuál es el objetivo de esta huelga?

El objetivo, explican los sindicatos, es mostrar la apuesta de la ciudadanía por la paz, la justicia y la libertad para el pueblo palestino. Los sindicatos mantienen las movilizaciones para que no se pierda la perspectiva sobre lo que está sucediendo en Palestina. Especialmente tras un acuerdo de alto el fuego que, indican, reproduce un sistema colonial y de apartheid en Palestina y en la Franja de Gaza pero sin contar con los palestinos. Y, en definitiva, para que esta movilización sirva para empujar a las distintas potencias a asegurar una paz duradera.

¿Quién puede hacer huelga?

En esta ocasión, los trabajadores de todo el territorio nacional y de todos los sectores están convocados a la huelga. Alcanza al conjunto de las personas asalariadas, de cualquier sector o actividad, sea esta tanto pública como privada.

¿Es necesario estar afiliado a un sindicato para hacer huelga?

No es necesario. El derecho de huelga es un derecho personal y reconocido por la Constitución Española, esté el trabajador afiliado a un sindicato o no. Las convocatorias oficiales de los sindicatos permiten a todos los trabajadores ejercerlo, ya sea en los paros parciales o en la huelga general de 24 horas.

¿Cuánto dura esta huelga?

En este caso hay dos posibilidades. Por un lado, los sindicatos UGT y CCOO han convocado paros de dos horas por cada turno de trabajo. Si tu intención es participar en estos paros parciales, la huelga se producirá entre las 2.00 y las 4.00 horas de la madrugada, para el turno nocturno, entre las 10.00 y las 12.00 para el turno de mañana y de 17.00 a 19.00 en la jornada de tarde. Por otro lado, el sindicato CGT ha convocado una jornada de huelga de 24 horas, lo que supone que también puedes ejercer tu derecho a partir de las 00.00 horas y hasta las 23.59 del día 15 de octubre.

¿Tengo que avisar a mi empresa si voy a participar en la huelga?

No, no es obligatorio. Al ser el derecho de huelga un derecho personal y de ejercicio voluntario, este se da a conocer al iniciarse los paros en el momento en que se deja de trabajar. Si la empresa te pregunta, no tienes ninguna obligación de contestar.

¿Qué supone dejar de trabajar durante dos horas o durante toda la jornada laboral durante esta huelga?

Participar en una huelga deja en suspenso el contrato de trabajo. La consecuencia es que se te descontará de la nómina el sueldo correspondiente a las horas o días que faltes a tu puesto de trabajo. En ese sueldo pueden incluirse tanto el salario base como los complementos correspondientes e incluso la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

¿Puedo recibir represalias?

La empresa no puede despedirte ni imponerte sanciones por hacer huelga.

¿Puedo hacer publicidad de la huelga?

Sí, forma parte de tu derecho a hacer huelga. Puedes tanto hacer publicidad como recaudar fondos para su organización.

¿Qué supuestos no están amparados en el derecho de huelga?

El ejercicio del derecho de huelga está enmarcado en la legislación y como tal tiene una serie de límites. No está permitido llevar a cabo actos violentos o que atenten contra la integridad física o moral de las personas.

¿Se puede limitar mi derecho a huelga?

Sí. La empresa puede designarte para asumir servicios mínimos durante la jornada de huelga y tiene que notificarte personalmente. Esto se producirá siempre y cuando se hayan establecido estos servicios mínimos por parte de la autoridad laboral correspondiente en los sectores considerados esenciales.

¿Qué es un piquete?

Un piquete es un grupo de huelguistas, generalmente sindicalizados, que intentan animar a la plantilla de una empresa o a la población en general a que secunde la huelga y los paros, siempre que esto se haga sin coacciones. El piquete debe tener un objetivo informativo y además se encarga de llevar a cabo las tareas necesarias para el mantenimiento y la efectividad de la jornada de huelga.

¿Qué pasa si tu empresa no te permite participar en el paro?

En caso de que consideres que tu derecho a huelga se está vulnerando, o que la empresa amenace o tome represalias contra uno o varios trabajadores, lo ideal es dejar constancia de ello por todos los medios posibles y comunicárselo a tus representantes sindicales. Una forma habitual es pedir que la empresa o tu responsable te lo comunique por escrito, lo que permite después acudir a la Inspección de Trabajo o, en su caso, ante los tribunales.

CCOO y UGT han convocado, para el próximo 15 de octubre, paros parciales de dos horas por turno en todos los centros de trabajo, con el objetivo de visibilizar el apoyo de la clase trabajadora al pueblo palestino y condenar el genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza.

Esta jornada de movilización se completará con asambleas, concentraciones y actos de protesta en múltiples ciudades que, entre otras cosas, exigen el fin de la ocupación ilegal histórica de Palestina y de la limpieza étnica del pueblo palestino, así como la aplicación de medidas internacionales contra el gobierno israelí por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Además, la Confederación Intersindical, la Confederación General del Trabajo, así como los Sindicatos Comisiones de Base, Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera y Alternativa Sindical de Clase, han convocado una huelga general que se desarrollará durante toda la jornada laboral del día 15 de octubre.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes en el Diario Oficial de la comunidad autónoma los servicios mínimos que se aplicarán para ese día.

En una Resolución de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se fijan dichos servicios mínimos de prestación asistencial mediante gestión directa por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante los paros y la huelga general. En particular afectan a servicios de la Consejería de Bienestar Social.

¿Dónde se aplican los servicios mínimos de los centros de la Junta de Castilla-La Mancha?

Los servicios mínimos de prestación asistencial y gestión directa por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha comprenderán el siguiente personal:

1. Los Centros Base de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo contarán con el director o la directora.

2. El EVO -Equipo de Valoración y Orientación para personas con discapacidad- de Talavera de la Reina (Toledo) contará con una persona de la categoría profesional de ordenanza.

3. Los Centros de Mayores, contarán con el director o la directora, a excepción de Cristo del Amparo (Cuenca), San

José (Cuenca) y Los Álamos (Quintanar del Rey).

Además, en los centros adscritos a la Consejería de Bienestar Social que a continuación se indica se contará con la persona responsable del centro o quien le sustituya y con el personal empleado público correspondiente a un día festivo en cada uno de los turnos de trabajo:

- Centro de Mayores de Cristo del Amparo de Cuenca.

- Centro de Mayores San José de Cuenca.

- Centro de Mayores Los Álamos de Quintanar del Rey (Cuenca)

- La Residencia de Mayores del Paseo de la Cuba de Albacete.

- La Residencia de Mayores Núñez de Balboa de Albacete.

- La Residencia de Mayores El Jardín de Higueruela (Albacete).

- La Residencia de Mayores Las Viñas de Madrigueras (Albacete).

- La Residencia de Mayores El Castillo de Almansa (Albacete).

- El Centro de Acogida Arco Iris de Albacete.

- El Centro Regional de Menores Albaidel de Albacete.

- El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica de Albacete

- La Residencia para la Atención de Personas con Discapacidad de Abengibre (Albacete).

- La Residencia de Mayores Gregorio Marañón de Ciudad Real.

- La Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen de Ciudad Real.

- El Complejo Residencial Guadiana de Ciudad Real.

- La Residencia de Mayores Las Pocitas del Prior de Puertollano (Ciudad Real)

- La Residencia de Mayores Los Jardines de Manzanares (Ciudad Real).

- La Residencia Mayores Virgen de Peñarroya de Argamasilla de Alba (Ciudad Real)

- La Residencia de Mayores Las Hoces de Cuenca.

- El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas de Cuenca.

- La Residencia para la Atención de Personas con Discapacidad de San Clemente (Cuenca).

- La Residencia de Mayores Los Molinos de Mota del Cuervo (Cuenca).

- El Centro Ocupacional Las Encinas de Guadalajara.

- El Centro Ocupacional Nuestra Señora de la Salud de Guadalajara.

- La Residencia de Mayores Los Olmos de Guadalajara.

- La Residencia de Mayores Los Nogales de Fontanar (Guadalajara)

- El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica La Chopera de Yunquera de Henares (Guadalajara).

- La Residencia de Mayores Virgen del Prado de Talavera de la Reina (Toledo).

- La Residencia de Mayores Quijote y Sancho de Torrijos (Toledo).

- La Residencia de Mayores Barber de Toledo.

- El Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Toledo.

- La Residencia de Mayores Benquerencia de Toledo.

También se han establecido para el ámbito sanitario, en otra resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha esperado hasta el mismo día de la huelga, el 15 de octubre, para detallar los servicios mínimos en el ámbito del transporte y de la gestión de incendios forestales.

La Inspección de Trabajo ha requerido al Gobierno de Aragón la instalación de equipos de climatización en las salas de profesorado y en los despachos de personal administrativo y de conserjería de los centros educativos, tras la denuncia presentada por CGT Enseñanza en junio de este año. La resolución responde a las condiciones registradas durante las oposiciones docentes del 21 de junio, cuando se alcanzaron temperaturas de hasta 37 grados en algunas aulas de Zaragoza.

El requerimiento, fechado el 3 de julio tras una visita al IES Valdespartera y al IES Goya, cita expresamente a ocho centros de la capital aragonesa —entre ellos los institutos Miguel Catalán, Félix de Azara, Miguel Servet, Jerónimo Zurita y Virgen del Pilar, además de la Escuela de Arte— y obliga a la administración a instalar equipos de climatización antes del 30 de diciembre de 2025. Además, impone la evaluación inmediata de las condiciones termohigrométricas en todos los colegios, institutos y centros de formación profesional públicos de la provincia, con fecha límite del 10 de septiembre de este año.

El informe señala que, si las temperaturas superan los 27 grados fijados en el Real Decreto 486/1997 para trabajos sedentarios, la administración deberá “evaluar el riesgo de estrés térmico” por calor y aplicar medidas correctoras. También establece que, mientras se ejecutan las instalaciones, deberán adoptarse “medidas organizativas de carácter preventivo”, como descansos obligatorios en salas climatizadas. Estas actuaciones debían estar definidas antes del 8 de septiembre “para su inmediata aplicación tan pronto como se superen los límites de temperatura reglamentarios”.

CGT Enseñanza, segundo sindicato en la enseñanza pública aragonesa, celebra la resolución pero advierte de que “no pone fin a nuestras exigencias”. La secretaria general en Zaragoza, Cristina Vallés, ha denunciado que las temperaturas durante las oposiciones “generaron una situación de desigualdad que ha perjudicado gravemente a las condiciones de las personas opositoras” y ha criticado que, a día de hoy, “no nos consta que se hayan dado instrucciones a los centros para organizar estas medidas, cuando ya deberían estar estipuladas según la resolución de Inspección de Trabajo”.

El sindicato exige además que las pruebas selectivas se celebren en fechas que aseguren “un entorno laboral seguro y adecuado, tal como se practica en otras comunidades autónomas”, y reclama trasladar las sedes de los tribunales a espacios que cumplan la normativa. “Vamos a exigir que la administración educativa cumpla de inmediato las instrucciones dictadas por la Inspección de Trabajo y, llegado el caso, tomaremos las medidas legales necesarias contra quien tenga la responsabilidad de que no se cumplan”, ha advertido Vallés.

No hay avances en la negociación. Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid retoman este lunes la huelga indefinida, tras el parón que iniciaron el pasado 15 de agosto por la ola de incendios que ha azotado la península este mes de agosto. En el horizonte está la reunión a tres programada para el próximo jueves, a la que asistirán los representantes de los trabajadores (UGT, Firet y CGT), la Consejería de Medio Ambiente y la empresa pública en la que se externaliza el servicio, Tragsa. El encuentro tendrá lugar en la sede de esta empresa, en Leganés, donde los sindicatos esperan encontrarse con nuevas propuestas. Su reinvidicación principal es una subida sustancial del salario, que permanece congelado desde 2010, además de una reducción de la temporalidad y la negociación de un nuevo convenio colectivo autonómico.

Fuentes del comité de empresa explican a elDiario.es que esperan que el gobierno de Ayuso tome las riendas de la negociación y que no entrarán a valorar la propuesta que barajaron el pasado viernes el consejero, Carlos Novillo, y el presidente de Tragsa, Jesús Casas, por la que estudian que los bomberos forestales madrileños se acojan al convenio estatal que regula a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). “Lo tenemos súper claro”, indican los representantes de los trabajadores acerca del rechazo a esta medida. Aunque la empresa contratante de las BRIF y los forestales madrileños es Tragsa, los convocantes de la huelga consideran que esta propuesta carece de sentido porque las brigadas autonómicas pertenecen a un sistema de prevención y extinción de incendios completamente diferente al de las BRIF.

Por ejemplo, las BRIF se organizan en tres turnos, mientras que los forestales autonómicos únicamente hacen dos. Según el comité de empresa, los casi 500 efectivos autonómicos no podrían hacer frente de manera eficiente a una organización en tres turnos porque no son suficientes. Además, creen que las condiciones de vida en la Comunidad de Madrid, más costosa que en zonas rurales, requieren un convenio adaptado a la situación particular del cuerpo autonómico.

A pesar de que Novillo dijo el pasado viernes que consideraba que expandir la cobertura del convenio estatal de las BRIF era “perfectamente legal”, los sindicatos afrontan la huelga y la reunión del próximo jueves con la firme reivindicación de una negociación colectiva que se adapte a sus condiciones laborales como efectivos autonómicos, con una subida sustancial del salario más allá de los 1.300 euros actuales y una reducción de la precariedad de la plantilla, cuyo 40% está contratada únicamente los cuatro meses den verano. Los servicios mínimos continuarán al 80% hasta el fin de la huelga.

La Consejería confirmó el pasado viernes que renovará el encargo a Tragsa de las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que expira en diciembre. El nuevo entrará en vigor a partir de 2026 y la Comunidad de Madrid ha asegurado que contemplará las contrataciones del personal durante todos los meses del año. Sin embargo, el comité de empresa recuerda al gobierno de Ayuso que este incremento de la contratación en invierno no puede venir acompaña de una reducción de trabajadores operativos en verano. Según trasladó a Europa Press el presidente de Tragsa, Jesús Casas, la empresa pública, “brazo instrumental” del encargo que le sea dado, implantará las mejoras que se recojan en el mismo.

Apoyo a los agentes forestales

La huelga de bomberos se reanuda el mismo día en el que surgen nuevas críticas, esta vez, entre los agentes forestales de la Comunidad de Madrid. El cuerpo de funcionarios –que trabaja en todas las etapas del control de incendios, desde la prevención hasta las labores de extinción– denuncia la negativa del Gobierno regional a enviar efectivos en apoyo a los fuegos en Galicia, Castilla y León o Extremadura. En una carta remitida a la Dirección General de Emergencias, el sindicato CSIF reprocha el “silencio de la administración” ante la solicitud voluntaria de varios empleados para acudir en sus días libres o vacaciones.

El órgano sindical, en representación de los agentes forestales, acusa directamente al Ejecutivo madrileño de “bloquear” la movilización de efectivos a otras comunidades autónomas. “Contestan únicamente con silencios o negativas en contraste con la movilización de cuerpos homólogos, que sí han acudido desde otras comunidades autónomas a reforzar los operativos”, condena el sindicato, que recuerda otro episodio similar durante el colapso por la dana en Valencia.

Pese a ser un cuerpo independiente de los bomberos forestales, estos últimos han secundado su protesta. Fuentes de su comité de empresa muestran su “sorpresa” ante la postura de la Comunidad de Madrid, también con sus efectivos. “El domingo enviaron una única unidad helitransportada [un helicóptero] de todo el operativo que tenemos en la región”, destacan, aludiendo a que solo unos pocos miembros han sido trasladados a estos incendios. “No llegamos a entenderlo”, sentencian las mismas fuentes.

Bomberos y agentes forestales coinciden en algo: hay que dotar a ambos cuerpos de “efectivos suficientes” y “una organización operativa a la altura”, tal y como reivindica CSIF en su nota después del ‘no’ de la administración. “Reclamamos que dejen de mirar para otro lado. [...] La no movilización del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid deja evidencia al Gobierno madrileño, primero ante los dispuestos y voluntariosos agentes forestales y después ante el resto del país”, concluye el sindicato de funcionarios.