La huelga de limpieza y recogida de basuras de Zaragoza entra este martes en una nueva fase y lo hace con el conflicto cada vez más enconado. CGT y CCOO han convocado desde las 21.00 horas una huelga indefinida en los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y puntos limpios después de 20 meses de negociaciones sin acuerdo con FCC Medio Ambiente.

A las diferencias laborales se suma ahora un duro intercambio de acusaciones entre sindicatos y empresa, mientras la tensión que rodea al conflicto ha alcanzado también a la consejera municipal Tatiana Gaudes, que denunciará ante la Policía Nacional la aparición de una pegatina pidiendo su dimisión en el portal donde vive su madre.

Los sindicatos han convocado para esta noche piquetes informativos ante las instalaciones de FCC en la carretera de Castellón, que se repetirán a las 7.00 horas de este miércoles. A las 9.30 horas está prevista además una concentración en la sala Multiusos del Auditorio, coincidiendo con la celebración de la feria de empleo.

“Pedimos un convenio justo que garantice el poder adquisitivo, acabar con la precariedad y avanzar en medidas de conciliación e igualdad”, han señalado CGT y Hábitat CCOO al anunciar el comienzo de los paros indefinidos.

La huelga llega después de los paros parciales iniciados el pasado 30 de septiembre, que tuvieron un carácter todavía limitado y que los propios trabajadores presentaron como la antesala de la movilización indefinida si no se producía un acercamiento con FCC. Aquel día, la plantilla se manifestó por el centro de Zaragoza y trasladó posteriormente sus reivindicaciones al pleno municipal.

Detrás de la disputa por los porcentajes salariales hay un conflicto que los trabajadores llevan meses tratando de trasladar también al terreno de sus condiciones cotidianas. Durante aquella primera jornada de paro, dio voz a la advertencia lanzada por uno de los trabajadores el mismo día de la muerte de su compañero Fernando de que podían “matarse más trabajadores” si no se corregían determinadas condiciones de trabajo. El testimonio puso el foco en unas reivindicaciones que, según los sindicatos, van más allá de los salarios e incluyen la seguridad, la organización del trabajo, la conciliación y los permisos.

Ahora, con las negociaciones nuevamente bloqueadas, CGT y CCOO aseguran que la dirección de FCC en Zaragoza no ha presentado ninguna propuesta concreta que permita avanzar respecto a las ofertas ya rechazadas por la plantilla.

Los sindicatos sitúan además parte del conflicto en la relación económica entre la concesionaria y el Ayuntamiento. A su juicio, los responsables de FCC les han “empujado claramente a la convocatoria de huelga” con el objetivo de presionar al Gobierno de Natalia Chueca para que incremente el presupuesto del servicio y aumentar así el beneficio de la compañía.

“FCC está echando un pulso claro al Gobierno de Chueca para evidenciar y dejar claro que las multinacionales como esta tienen el poder de los servicios públicos y no los gobiernos”, sostienen CGT y CCOO.

FCC responde: “Basta ya de falsedades”

La empresa ha respondido elevando también el tono. “Basta ya de falsedades”, ha replicado FCC Medio Ambiente, que rebate las cifras y argumentos utilizados por los sindicatos y pone sobre la mesa los salarios y la jornada laboral de los trabajadores, informa Europa Press.

Según los datos facilitados por la concesionaria, la jornada equivale a 34 horas semanales, 1.585 horas al año, y el salario medio de la plantilla de limpieza pública se encuentra un 9,5% por encima del salario medio de Aragón para el conjunto de sectores.

FCC cifra entre 28.000 y 31.500 euros brutos anuales el sueldo de los peones y entre 34.500 y 40.000 euros el de los conductores. La compañía asegura además que las retribuciones de la plantilla se encuentran por encima de las correspondientes a puestos equivalentes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón.

La empresa rechaza igualmente que los salarios lleven años sin actualizarse. Según sus cifras, entre 2021 y 2024 aumentaron un 11,63% y la propuesta presentada para el periodo 2025-2027 supondría otro 9,4%. De aceptarse la oferta, sostiene FCC, el incremento acumulado desde 2021 superaría el 21%.

Otro de los principales puntos de fricción son los diez millones de euros adicionales consignados este año en el presupuesto municipal para el servicio. Los sindicatos han utilizado esa cifra para cuestionar la falta de avances salariales, pero FCC niega que ese dinero constituya un aumento directo de sus ingresos respecto al ejercicio anterior.

La empresa asegura que esos diez millones corresponden a conceptos pendientes de cobro, entre ellos revisiones de precios de ejercicios anteriores, amortizaciones crecientes y otras cantidades adeudadas. Mientras no se abonen, añade, es la propia concesionaria la que está soportando los costes financieros.

Una pegatina en el portal de la madre de Gaudes

Al margen de las actuaciones convocadas por los sindicatos, la tensión que rodea al conflicto ha tenido en las últimas horas otro episodio sucedido este lunes y que, según fuentes municipales, se denunciará ante la Policía Nacional. La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, denunció en su redes sociales la aparición de una pegatina con su imagen vestida con el uniforme de la limpieza y la palabra “dimisión” en el portal donde reside su madre.

“Hoy han colocado en la puerta de la casa de mi madre esto. Los vecinos lo han retirado para evitar que ella tuviera que verlo. Ningún otro portal señalado. Solo el suyo. Reivindicar es legítimo. Señalar el domicilio de un familiar, no”, denunciaba Gaudes .

A esta pegatina se suma una pintada realizada con espray verde en la pared de otro inmueble con el mensaje “Tatiana Gaudes dimisión”.

También la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, condenó inmediatamente lo sucedido. “Atacan al Estado de derecho, atacan a la libertad, atacan a concejales... así no”, ha escrito en X al compartir la denuncia de Gaudes.

No consta que los sindicatos convocantes de la huelga hayan reivindicado la autoría de estas acciones ni existe, con los datos conocidos, ningún elemento que permita atribuírselas.

La huelga indefinida comenzará así a las 21.00 horas después de unos primeros paros parciales y sin que las posiciones de FCC y los representantes de los trabajadores se hayan acercado. El conflicto entra además en una semana especialmente sensible para la ciudad, a las puertas de las Fiestas del Pilar.

Toda Catalunya sabe que dos mosses d'esquadra se infiltraron en una asamblea de profesores menos la Fiscalía Superior de Catalunya. El Ministerio Público ha pedido a los jueces rechazar la demanda interpuesta contra la policía catalana por el sindicato CGT al aducir que “no hay constancia” del espionaje, pese a que los propios Mossos y la conselleria de Interior lo admitieron.

El escrito de la fiscal Rosario Beguer, al que ha tenido acceso elDiario.es, ocupa menos de tres folios, y se resume en que, a su juicio, el espionaje no ocurrió. Y como no ocurrió, no cabe hablar de las vulneraciones de derechos fundamentales planteadas por el sindicato.

“No existe constancia alguna de los hechos relatados en la demanda, la supuesta 'infiltración encubierta' de agentes del Cos de Mossos d'Esquadra en una asamblea docente”, empieza el escrito de la fiscal, que no incluye prueba alguna sobre este extremo.

“Si ni siquiera hay constancia de la realidad de los hechos denunciados, deviene ocioso hablar de la supuesta y meramente alegada vulneración de derechos fundamentales”, apostilla el escrito. Caso cerrado, a criterio de la fiscal.

En este tipo de procedimientos, la Fiscalía, como representante del interés público, tiene encargado el papel de garante de los derechos fundamentales

El posicionamiento de la Fiscalía sorprende habida cuenta de que la infiltración de los agentes en una asamblea docente de Barcelona fue admitida por los Mossos el pasado mes de mayo; ha centrado comparecencias parlamentarias de la titular de Interior, Núria Parlon, y el entonces director general de la policía, Josep Lluís Trapero; y ha sido ampliamente cubierto y debatido por los medios de comunicación en el marco de la crisis educativa que vive Catalunya.

Nadie hasta ahora había puesto en duda que la infiltración no hubiera ocurrido. 

Incluso la Generalitat, en su contestación a la demanda de la CGT, admite los hechos, pero argumenta que no suponen una vulneración de los derechos de reunión y de libertad sindical de los docentes.

Por su lado, la CGT ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que declare que la infiltración de dos agentes de los Mossos en una asamblea vulneró los derechos fundamentales de los docentes y que prohíba a la policía catalana volver a espiar una reunión de profesores que prepare una huelga.

La CGT formalizó su demanda después de que los Mossos aseguraran que no realizaron ningún expediente ni documento por escrito sobre la actuación policial.

El sindicato argumentó que la falta de documentación admitida por los Mossos “agrava” el menoscabo en los derechos de los docentes que sufrieron la infiltración policial en una asamblea que preparaba las últimas huelgas de profesores del pasado curso en Catalunya.

Los Mossos comunicaron que no existe expediente alguno sobre la infiltración. El jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Carles Hernàndez, informó a los jueces que el “carácter confidencial y reservado” de las funciones de sus agentes hace que sus actividades policiales “no se materialicen en protocolos escritos de actuación ni en documentación que refleje formalmente todas y cada una de las actuaciones de obtención y tratamiento de la información”.

Según Hernàndez, el “único destino” de los datos obtenidos por los agentes de Información fue “ser tenidos en cuenta por los mandos policiales a los efectos de dimensionar el dispositivo necesario y adoptar las medidas operativas pertinentes en cada caso”.

El curso escolar ha arrancado en Catalunya igual como acabó: con huelga. Los docentes estaban llamados al paro laboral este 8 de septiembre, día en que los centros abrían puertas tras el parón veraniego, y cientos de ellos han comenzado la jornada con cortes de carretera y con manifestaciones en las principales ciudades.

La huelga, convocado por los sindicatos USTEC (el mayoritario en la enseñanza pública), CGT, Intersindical y COS, ha tenido un menor seguimiento que la mayoría del curso pasado. A las 11:30 horas se habían ausentado del centro el 9,3% de la plantilla. El menor apoyo que en otras convocatorias no ha sorprendido a los propios claustros: muchos docentes no compartían que se llevara a cabo el paro el primer día de clases y han optado por acudir a su puesto de trabajo para recibir a los alumnos.

Las organizaciones han exigido durante el verano, y sobre todo en septiembre, que el Govern se siente a negociar de nuevo para ampliar el acuerdo que ya alcanzaron a finales del curso pasado algunos sindicatos y que la plantilla tumbó. Pero por ahora el Departamento de Educación que dirige Esther Niubó se mantiene en las mejoras acordadas en mayo.

“Queremos demostrar que este es un curso de lucha para la educación pública”, ha declarado Marina Ruiz, de USTEC, que ha exigido ampliar las dotaciones de personal de apoyo para el modelo de escuela inclusiva, una reducción de ratios y la climatización de las aulas, entre otras demandas.

Los sindicatos son conscientes de que la huelga el primer día de curso, una jornada especial para alumnos, puede alejar a más de una familia del apoyo a las protestas. Pero aun así han decidido mantenerla con el “corazón roto” –en palabras de Ruiz– para hacer visible que el conflicto no ha cesado.

Sindicatos y asambleas docentes aseguran haber trabajado este verano en un documento con sus principales reclamaciones, que se debatirá en las asambleas que se celebren durante esta jornada de huelga. Posteriormente, lo que se decida se deberá ratificar en una asamblea prevista para el 19 de septiembre.

Mientras tanto, el curso arranca con las mejoras salariales y de personal pactadas en mayo. Educación decidió mantener esas nuevas condiciones a pesar de que la plantilla las rechazó por exigir más. El curso comienza con récord de docentes, más de 85.000, y hay incrementos en el personal de atención educativa y el. de Administración. Las nóminas también reflejarán el pacto con una subida de 700 euros este año.

Después de que el president Salvador Illa pidiera un “paréntesis” en las huelgas en el arranque del curso, este martes la consellera Niubó ha reconocido que el “malestar” docente persiste, pero ha pedido un debate educativo “más sereno y constructivo”.

Cercada también por el fiasco de PISA (los resultados de Catalunya no son evaluables por errores en su organización), Niubó ha descartado dimitir. “Sería lo más sencillo ante un escenario complejo”, ha esgrimido en una entrevista en Rac1. “Tengo muy claro cuál es el encargo que tengo, qué sistema queremos y mi obligación es trabajar en ello”, ha afirmado.

Sobre las peticiones de los docentes de más recursos para atender la diversidad y la complejidad, ha asegurado que se han producid “avances importantes”, como la incorporación de 1.800 profesionales, una reducción progresiva de las ratios y medio millar de aulas de acogida más. “¿Tenemos un Govern que no escucha, que no hace nada y que bloquea? No, tenemos un Govern que ha escuchado, ha llegado a acuerdos y cumple”, ha manifestado.

Cortes de carretera y tren

Las primeras acciones de protesta del profesorado catalán han sido cortes de carreteras, que han empezado hacia las 7:15 horas en la ronda litoral de Barcelona. Cerca de 80 personas han accedido a la vía y la han cortado a la altura de la salida 22, en la Barceloneta, en los dos sentidos de la marcha. Unos 10 minutos más tarde, un centenar de personas han cortado la ronda de dalt en Santa Coloma de Gramanet, también en ambos sentidos. Ambos piquetes han sido levantados por los Mossos d'Esquadra hacia las 8:20 horas.

Poco antes de las 8 de la mañana, unas 150 personas han cortado también la C-58, a la altura de Sant Quirze del Vallès en sentido Barcelona. La policía catalana ha dispersado a los manifestantes con siete furgones hacia las 8:25 horas.

En Esplugues de Llobregat, medio centenar de manifestantes ha frenado el paso de los vehículos que querían acceder a Barcelona a través de la plaza Elisabeth Eidebenz y la Avinguda Diagonal.

En Lleida, unas cuarenta personas se han concentrado hacia las 7:30 horas al lado de la Fira y han iniciado una marcha que ha pasado por el Pont del Príncep de Viana. Poco antes de las 8:30 horas, han accedido a la estación de alta velocidad y han ocupado las vías del tren.

En Tarragona, cerca de setenta maestros se han concentrado en el polígono Francolí, desde donde han querido cortar el acceso al puerto por la autovía A-27, pero ante la presencia del cordón policial, han desistido. Desde aquí, han comenzado una marcha hacia el centro de la ciudad.

El sindicato CGT ha solicitado a la Justicia que declare que la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente el pasado mayo vulneró los derechos fundamentales de los docentes y que prohíba a la policía catalana volver a espiar una reunión de profesores que prepare una huelga.

La CGT ha formalizado su demanda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, por vulneración de derechos fundamentales ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), después de que los Mossos aseguraran que no realizaron ningún expediente ni documento por escrito sobre la actuación policial.

La central argumenta que la falta de documentación admitida por los Mossos “agrava” el menoscabo en los derechos de los docentes que sufrieron la infiltración policial en una asamblea que preparaba las últimas huelgas de profesores del pasado curso en Catalunya.

“La inexistencia de orden formal, de valoración del riesgo o de ponderación no es una simple irregularidad administrativa”, remarca el escrito de la abogada de la federación de enseñanza de la CGT, Mireia Salazar, sino que supone “una circunstancia especialmente grave” ante una infiltración sin el consentimiento de los huelguistas.

El escrito del sindicato carga contra la policía catalana por haber reconocido que no hay rastro escrito de qué mando ordenó a las dos agentes infiltrarse en la asamblea; bajo qué riesgo se justificó la operación o por qué motivo no eran suficientes las múltiples fuentes abiertas en redes sociales que anunciaban movilizaciones de docentes.

Tampoco encuentra explicación lógica el sindicato al hecho de que la policía catalana no haya detallado a los jueces por qué era necesario que las agentes se hicieran pasar falsamente por profesores; qué información se obtuvo de la asamblea y si fue destruida o conservada; y si se valoró cómo afectaba la infiltración a la libertad sindical.

La CGT cree que, con sus evasivas, los Mossos “impiden el control jurisdiccional” del espionaje y “refuerzan la conclusión de que la infiltración se desplegó sin ninguna de las mínimas garantías exigibles cuando se ven afectados derechos fundamentales de primer orden”, como son el de huelga y el de reunión.

En suma, para el sindicato la falta de explicaciones de la policía autonómica “constituye, por sí sola, un elemento relevante de la ilicitud” del espionaje, y reclama una indemnización de 4.000 euros por daños morales.

Recuerda la central que la administración catalana, como parte del conflicto laboral con los docentes, tenía un “deber reforzado de neutralidad y cautela” y que, en cambio, se convirtió en “juez y parte” del conflicto al infiltrarse dos funcionarios policiales en una asamblea.

No se puede justificar, como de forma genérica hizo el jefe de la Comisaría de Información de los Mossos, la infiltración en conocer eventuales riesgos para la movilidad o cortes de carreteras, agrega la CGT.

El sindicato también emplea las palabras de la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, como argumentos a favor de sus tesis.

Según la CGT, el hecho de que Parlon tildara ante el Parlament la actuación policial de “infiltración torpe” y prometiera que no se repetiría “corrobora, por boca de la propia Administración, la ausencia de justificación que amparase la injerencia en los derechos fundamentales” de los docentes.

Por su lado, Trapero afirmó ante la Cámara catalana que “no se daba un principio de oportunidad en la asistencia policial desplegada”, pero matizó que, a su juicio, la actuación no supuso una injerencia en los derechos y libertades de los docentes. Más allá de que la valoración policial de Trapero, a criterio de la CGT, “no se ajusta a los estándares constitucionales”, para el sindicato muestra que la propia dirección general de la policía catalana conocía que el espionaje “no cumplió con los requisitos de oportunidad e idoneidad”.

Los sindicatos han anunciado que mantienen la convocatoria de huelga para el primer día de curso, después de que las reuniones de este miércoles con la consellera de Educación, Esther Niubó, no hayan servido para acercar posiciones.

La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha valorado que la huelga sólo se podría haber evitado si en julio el Govern les hubiera trasladado una propuesta de calendario de negociaciones que “realmente diera respuesta a las demandas del colectivo”. Como durante el verano no ha habido conversaciones, Segura ha mantenido que la huelga “es un hecho” y ha invitado al personal educativo a sumarse al paro para “hacer la presión necesaria”.

Desde el sindicato apuntan a que la huelga “expresa claramente que hay malestar y que el conflicto persiste”. Con todo, aseguran valorar positivamente los acuerdos alcanzados a finales del pasado curso que, entre otras cosas se tradujeron en una subida de sueldo y en un incremento de la masa de docentes. “Reivindicamos estas mejoras, pero no son suficientes”, insiste Segura.

Ahora, lo que más preocupa al colectivo son los recursos y las ratios. Reconoce que se han dado “pasos tímidos, pero insuficientes” y reitera que la sensación general en el sector es que “este curso no cambiará nada”.

Por su parte, desde la CGT celebran que la consellera les haya citado este miércoles, pero insisten en que volver a sentarse no es suficiente para “firmar un cheque en blanco y parar las movilizaciones”.

La secretaria general de la Federación de Educación de la CGT, Laura Gené, insiste en que el malestar “no va de sueldos, sino de recursos” y ha querido cosechar también la ayuda y la empatía de las familias. Ha reconocido que empezar el curso con una huelga “genera problemas” de conciliación y asegura que es una situación que los maestros “no están disfrutando”, pero considera que es un paso necesario para “defender la educación pública”.

En esta línea, desde la Intersindical y COS, los otros dos sindicatos convocantes, han avanzado que la huelga del 8 de septiembre no será la última. “El curso empezará como acabó el anterior”, han remachado.

El sector ha explicado que, durante el verano, se ha trabajado en un documento con sus principales reclamaciones, que se debatirá en las asambleas que se celebren el día de la huelga. Posteriormente, lo que se decida se deberá ratificar en una asamblea prevista para el 19 de septiembre.

Por su parte, el Govern ha trasladado que comparten “la mayoría” de demandas del colectivo y que “entienden el estado de ánimo de la comunidad educativa”. Precisamente pro eso, les ha pedido que “tomen en consideración el esfuerzo” negociador que hace el Ejecutivo y que abran un “paréntesis” en las movilizaciones.

La consellera Niubó entiende que los acuerdos alcanzados el curso pasado son “puntos de partida” y que hay “situaciones enquistadas” que no se resuelven en un año. Por eso, ha pedido “espíritu constructivo” a los docentes, a quienes emplaza a desconvocar la huelga del primer día de clase, una jornada “muy importante para los alumnos y para el sistema educativo”.

Como la gota que colma un vaso o el aleteo de una mariposa que desata un huracán. El conflicto laboral en Airbus España iniciado este verano ha sorprendido y superado todas las expectativas. No solo de la dirección de la multinacional, sino también de los sindicatos, que han visto cómo la “chispa” del recorte del teletrabajo reveló una ola de indignación mucho más profunda por los salarios y otras condiciones laborales. Este próximo lunes se aborda una cita clave, con varias asambleas de trabajadores que debatirán si iniciar una nueva huelga, en este caso indefinida, desde este martes 25.

En la última semana, Airbus ha lanzado varias propuestas a los sindicatos convocantes de estos nuevos paros —UGT, CGT y Útil—, que tras varios plantones a la parte empresarial se sentaron a negociar durante toda la jornada del viernes en el organismo de mediación SIMA.

La multinacional se ha abierto a considerar varias de las peticiones de la plantilla, como garantizar el IPC en las subidas salariales y acelerar la recuperación del poder adquisitivo perdido, indican fuentes de CGT y UGT.

Otras reclamaciones quedan abiertas a una futura negociación, a partir del día 25, para la que los mediadores han propuesto la suspensión de la huelga para facilitar un contexto “más propicio” de diálogo, explican desde UGT. En Airbus insisten en negociar en “un clima de calma y paz social”. Todas estas cuestiones se llevarán a las asambleas de trabajadores del próximo lunes para ser debatidas, que serán claves para la reanudación (o no) de los paros.

El estallido del conflicto hay que situarlo en un contexto de beneficios récord de Airbus, que en 2025 ganó 5.221 millones de euros, un 23% más que el año anterior. En el primer trimestre de este 2026, la multinacional de aviación ha elevado aún más sus ganancias, un 47% respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 2.243 millones de euros.

“Airbus está en la mejor situación de su historia. Mientras su competidor Boeing está bastante mal, Airbus tiene beneficios récord año tras año”, subraya Gustavo Retamosa, portavoz de CGT en Airbus Getafe. Las cifras históricas de beneficios se explican en parte debido al importante auge de los pedidos del área de Defensa.

En cambio, mientras, la plantilla ha registrado una pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, que han subido por debajo de la inflación. Además, los trabajadores han visto deteriorarse otras condiciones laborales, pactadas en convenio colectivo (como el recorte del complemento por enfermedad como medida contra el “absentismo”) o a través de decisiones unilaterales de la empresa, como la imposición de la fecha de parte de sus vacaciones y la reducción del teletrabajo anunciada en junio. Esta fue “la gota que colmó el vaso”, reconocían en SIPA, hace unas semanas, en el mes de julio.

La gente ha dicho basta. Hasta aquí. Es un movimiento social de los trabajadores, que ha obligado a los sindicatos a ir a la huelga

Gustavo Retamosa, CGT

“La gente ha dicho basta, hasta aquí”, explica también Gustavo Retamosa (CGT), que subraya que este es “un movimiento social de los trabajadores, que ha obligado a los sindicatos a ir a la huelga”. Con un gran poder de movilización de las asambleas de trabajadores, y de los grupos de trabajo formados en ellas, el conflicto se fue extendiendo como la pólvora a todos los centros de Airbus en España.

Entre sus reivindicaciones, Edmundo Otero, responsable de UGT en la compañía, destaca volver a garantizar el IPC en las subidas salariales, así como recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, restaurar el teletrabajo, la libertad de elegir vacaciones que había hasta el momento, y la reversión del recorte del complemento en las bajas por enfermedad, entre otros. Este ya fue considerado ilegal en varios de sus puntos por la Audiencia Nacional, tras la denuncia de UGT, pero Airbus recurrió la resolución ante el Tribunal Supremo.

“La actual movilización no puede entenderse como consecuencia de una decisión aislada. Es el resultado de un deterioro progresivo de la confianza entre los trabajadores y la empresa”, explica el manifiesto de la página web #EnfadadosconAirbus, que denuncia que en un momento de tanta solidez de la multinacional “no se haya aprovechado para reforzar el compromiso con las personas, sino para seguir erosionando unas condiciones laborales y una relación de confianza construidas durante décadas”.

Si en movilizaciones pasadas han sido más activos los trabajadores del taller, explican en CGT, en esta ocasión la explosión de la indignación provino de la parte más técnica. Y de ahí al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la multinacional, que protagonizaron varias marchas multitudinarias en el mes de julio.

Una crisis profunda, que ha puesto en guardia a Airbus

La crisis laboral en Airbus España es profunda, como reflejó el seguimiento masivo de la huelga de julio, que se alargó más de 20 días con un seguimiento incluso superior al 90% en varias jornadas, según los sindicatos, que señalan la movilización como “histórica” en la multinacional. La empresa no ha dado cifras al respecto, como sí hace en otras ocasiones, lo que desde la parte sindical consideran que refleja el “éxito” de la movilización.

Su trascendencia del conflicto laboral ha quedado evidenciada también por la apertura a la negociación de Airbus tras varias jornadas en las que crecía el pulso de la plantilla. La multinacional reconoció la “fuerte expresión de insatisfacción” por varias condiciones laborales, entre ellas los salarios, y afirmó públicamente en un comunicado que “tomaba nota”.

Airbus ha implicado en su gestión al propio CEO global de la compañía, el francés Guillaume Faury, que vino a España para conocer la situación de primera mano y formó un grupo de cuatro directivos para tratar de desactivar esta crisis.

La empresa se abrió en julio a subidas salariales de hasta el 12% en los próximos dos años y a suspender los recortes en el complemento a las bajas, entre otras medidas que suscribió con la mayoría sindical (CCOO, ATP y SIPA). Pero los trabajadores dijeron 'no' al acuerdo, en una ajustada votación, con casi 50% noes y 46% síes, según la empresa.

Tras fracasar este intento, Airbus ha contratado al bufete Baker Mckenzie para liderar las conversaciones con la representación de la plantilla ante esta nueva convocatoria de huelga indefinida. En varias reuniones de mediación en el SIMA, estos han “dejado a un lado” a otros negociadores habituales de la Dirección de Recursos Humanos, sostienen fuentes sindicales.

Además, Airbus ha anunciado en medio de esta crisis el relevo del hasta ahora director de Recursos Humanos en España, Antonio Lasaga, tras más de 10 años al frente de esta división, que ahora liderará Soledad Muñoz. Fuentes sindicales señalan que este relevo “ya estaba previsto” desde antes de la huelga, aunque señalan a Lasaga como “uno de los máximos responsables” de la desafección y los problemas laborales de Airbus en España.

“Ruptura” y “malestar” de la plantilla con los sindicatos

El conflicto ha evidenciado otro frente de esta crisis: una importante distancia entre la plantilla y los sindicatos que les representan. La primera muestra fue el propio germen de la movilización. Los paros celebrados en julio se convocaron en un inicio solo por SIPA, pero el sindicato dio el paso tras la creación de un grupo de Telegram por parte de trabajadores que cada vez sumaba más “enfadados” con Airbus que exigían la movilización.

Ante su asistencia arrolladora, el resto de organizaciones sindicales se fueron sumando a la huelga (CGT, UGT, ATP y Útil). La última fue CCOO, el sindicato mayoritario, tras consultarlo a su militancia a mediados de mes.

“En esta huelga los trabajadores mandan y los sindicatos obedecen, por lo que no se van a aceptar fácilmente acuerdos que no pasen por las asambleas”, indica Pablo (nombre ficticio), empleado en el centro de Getafe (Madrid).

Y la desafección con los representantes de la plantilla no hizo más que crecer con la gestión del preacuerdo de Airbus con CCOO, SIPA y ATP, que se plasmó con la firma de un “acta de acuerdo” antes de consultar su contenido a la asamblea de trabajadores. Un movimiento que varios miembros de la plantilla tachan de “traición”. “La gente no daba crédito, sobre todo por SIPA, que había negado expresamente que haría algo así”, apuntan desde CGT.

Finalmente, la plantilla rechazó el acuerdo, lo que desde CCOO reconocen como el reflejo de cierta “ruptura” o “malestar” de los trabajadores con los sindicatos, que les lleva a “un análisis muy profundo” de la situación, afirma Alfonso Mora, representante del sindicato mayoritario. CCOO, no obstante, defiende como positivo el preacuerdo alcanzado, que considera que cumple con la gran mayoría de las demandas de los trabajadores y, por ello, rechaza la nueva huelga convocada. El sindicato analizará los siguientes pasos a seguir con su afiliación, indica Mora.

Tras la última reunión de mediación en el SIMA de este 21 de agosto, en la que Airbus se ha abierto a mejorar en varios puntos el acuerdo de julio (como retirar el recurso del Supremo sobre el complemento de bajas médicas), todas las miradas se vuelven a las asambleas de trabajadores convocadas el lunes. En este espacio, los sindicatos convocantes de la huelga expondrán las medidas y la apertura a la negociación mostrada por Airbus para que la plantilla decida si se inicia finalmente la huelga indefinida o no.

Desde Airbus han insistido en las últimas semanas en su voluntad de negociar y evitar unos nuevos paros. Fuentes de la compañía sostienen que “la huelga en España no está teniendo un impacto en las entregas de los aviones comerciales de Airbus”, pero en CGT creen que –de replicarse otra huelga– los márgenes de la empresa se podrían ver comprometidos. “Esto puede hacer un roto millonario por día. Y en Francia y Alemania nos están mirando muy de cerca. Si el conflicto salta los Pirineos, tienen un problema terrible”, sostiene Gustavo Retamosa.

La huelga indefinida del personal de tierra, facturación y embarque de la empresa Groundforce en el aeropuerto de El Prat ha comenzado este martes con afectaciones en una veintena de vuelos en la infraestructura barcelonesa.

Según ha señalado el sindicato convocante, CGT, la protesta de los trabajadores ha provocado la cancelación de 16 operaciones, entre salidas y llegadas. Algunas de las operaciones suspendidas tenían origen o destino en Alemania, Italia o Austria.

Groundforce presta servicio a compañías como Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways o Etihad Airways. El sindicato, mayoritario y con más de un tercio de la representación, asegura que el seguimiento de la huelga ha sido “muy alto” entre los 1.175 trabajadores de la empresa.

La portavoz de la organización sindical, Ester Garcia, ha explicado que la protesta responde al “grave deterioro de la prevención de riesgos” y de las condiciones laborales relacionadas con la salud en una empresa que “gestiona la operativa bajo mínimos”. Denuncian “cargas de trabajo insostenibles”, una elevada rotación de personal y problemas organizativos.

La federación local de València de CGT, junto con la Federación Estatal de Sindicatos de Espectáculos, Artes Gráficas, Audiovisuales y Papel (FEGAP) del mismo sindicato, reactivan este verano la campaña para denunciar los abusos patronales en los festivales de música y defender los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la industria cultural. “Estamos en verano y con él, festivales de música, festejos populares, ciclos de conciertos y todo tipo de eventos lúdicos y culturales se multiplican por todo el estado y detrás de estos hay muchos y muchas trabajadoras invisibles” explican fuentes de CGT de València.

La organización anarcosindicalista informa de que detrás de estos eventos culturales “hay jornadas maratonianas y sueldos ínfimos, en los que prima la productividad antes que los derechos laborales”. “Músicos, técnicos de sonido, montadores de escenarios, personal en las barras o de limpieza, que trabajan con contratos precarios, irregulares y, muchas veces, obligados a ser falsos autónomos o directamente cobrar en negro”, denuncia el sindicato, que incide en que “detrás de estos macrofestivales ya no solo hay productoras de música sino grandes fondos de inversión que hacen su agosto a costa de explotar a sus trabajadores y trabajadoras”.

CGT incide en que la intención de la campaña, además de denunciar los abusos laborales a Inspección de Trabajo, es “lograr una contratación adecuada para todo el personal aplicando el convenio correspondiente, sin recurrir a la figura de los falsos autónomos, conseguir unos salarios dignos, ya que las tarifas y salarios están prácticamente 10 años congelados, que se cumplan las normativas de seguridad e higiene necesarias en los festivales y se respete el derecho a la representación sindical”.

El sindicato ha habilitado un formulario en su página web para los músicos, técnicos de sonido, montadores de escenarios y personal en las barras o de limpieza que quieran participar de la campaña, que cuenta con el apoyo de grupos como Los De Marras o Manifa. CGT interpondrá las denuncias ante la Inspección de Trabajo sin revelar la información de las denunciantes, según indica en un comunicado.

La causa abierta al fundador de Glovo, Oscar Pierre, por los falsos autónomos encara una fase decisiva. El juez instructor tiene que decidir si envía el caso a juicio, tal y como ha pedido la acusación que ejerce el sindicato CGT, o si accede a la solicitud de la defensa del empresario y lo archiva.

El escrito del abogado de Pierre, al que ha tenido acceso elDiario.es, admite que Glovo trató de “desvirtuar” la Ley Rider al intentar mantener como autónomos a los repartidores, pero niega que ello suponga un delito contra los derechos de los trabajadores y pide dar carpetazo a la causa.

La petición de la defensa se ha encontrado con el rechazo de la CGT, que ejerce la acusación popular. El abogado del sindicato, Raúl Maíllo, ha solicitado en un escrito que el juez siente el banquillo a Pierre para que pueda ser acusado por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener su modelo de falsos autónomos.

La central sindical argumenta que hay suficientes indicios de que Pierre impuso “condiciones ilegales” a sus trabajadores mediante su contratación “con fórmulas ajenas al contrato de trabajo”, y que después los mantuvo como falsos autónomos “en contra de requerimiento” de la Inspección de Trabajo.

La causa abierta a Pierre en Barcelona es la única que investiga penalmente si Glovo cometió un delito al mantener como falsos autónomos a sus repartidores tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y a la denominada Ley Rider de 2021, que obligaban a la compañía a contratarles como empleados.

El caso nació a partir de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona, que en los próximos días tendrá que pronunciarse sobre si apoya llevar a juicio a Pierre o si, por contra, considera que no hay suficientes indicios y se debe archivar.

La denuncia fiscal fue la puntilla a una serie de actuaciones de la Inspección de Trabajo para lograr que, de una vez por todas, Glovo se atendiera a la legalidad tras su batalla con el Ministerio que encabeza Yolanda Díaz por los falsos autónomos. Después de más de un lustro de pleitos, la compañía anunció en 2025 que contrataría a sus repartidores.

El ahorro en los costes laborales que esta figura suponía se ha constatado con el ERE que Glovo ha presentado este año, que se ha cerrado con el despido de 436 repartidores, 300 menos de lo previsto inicialmente. Pierre vendió la mayoría de la empresa que había fundado a la multinacional alemana Delivery Hero a finales de 2021, si bien se mantuvo como consejero delegado.

La empresa intentó solventar su crisis de imagen producida por la causa judicial a través del fichaje de expolíticos de PSC, PP, ERC y Junts para su consejo asesor y con una foto con el president de la Generalitat, Salvador Illa, y dirigentes sindicales en el acto por los 10 años que Glovo cumplió el año pasado.

La instrucción ha contado con testigos de varios repartidores, abogados y responsables de Glovo así como diversos inspectores de Trabajo que indagaron en el funcionamiento de la compañía. Los funcionarios ratificaron que Glovo no contrató como empleados a repartidores que estaban reconocidos por los tribunales como falsos autónomos.

La defensa de Pierre, que ejercen los penalistas Cristóbal Martell y Pau Ferrer, argumenta en su petición de archivo que Glovo “implementó cambios para tratar de desvirtuar la presunción de laboralidad” que le imponía la Ley Rider, pero que de toda la instrucción de la causa “no se ha evidenciado la conducta desobediente” que determina el delito contra los derechos de los trabajadores investigado.

La defensa resalta que la causa está construida a partir de resoluciones judiciales y requerimientos de Inspección de Trabajo desfasadas, porque son anteriores al nuevo modelo que rigió las relaciones laborales con los repartidores desde agosto de 2021. Mantener como autónomos a los repartidores, alega la petición de archivo, era “perfectamente válido” y legal en España.

El escrito aprovecha para poner en duda la actuación de la Inspección de Trabajo. Menciona la defensa resoluciones de la Audiencia Nacional favorables a la empresa en su conflicto con los riders que han criticado el “sesgo y afán recaudatorio” de la Inspección, lo que, a juicio del abogado de Pierre, “apunta a la existencia de posibles motivaciones secundarias ajenas a una aproximación imparcial y neutras hacia las relaciones entre Glovo y sus repartidores”.

Los sindicatos han reclamado de nuevo este lunes un “convenio justo” en el sector de los operadores logísticos y que los salarios que se perciben en Sevilla “se equiparen” con los del resto de provincias andaluzas“.

“No se pide otra cosa: la patronal hasta ahora no se pronuncia claramente y solo da pequeños pasos, y eso no se puede tolerar, por lo que vamos a pelear por lo que nos corresponde justamente”, ha expresado el responsable de CGT en la empresa logística que opera para Carrefour, en declaraciones a los medios durante el acto de protesta convocado por CCOO en apoyo a los trabajadores del sector, movilización que ha tenido lugar a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

En esa línea se ha manifestado su compañera sindical en Amazon. “Desde CGT queremos un acuerdo que no esté firmado en los despachos y sí que cuente con los trabajadores”, ha afirmado al respecto. La protesta ha contado con el respaldo de varias formaciones políticas, como Por Andalucía o Adelante Andalucía.

El portavoz de esta última, José Ignacio García, ha mostrado su apoyo a los trabajadores del sector y ha pedido la equiparación salarial de la plantilla de Sevilla con respecto a otras provincias de España. “Que la patronal se siente aquí y explique qué razón hay para que los trabajadores de Sevilla cobren menos que el resto. No hay ninguna razón más que porque son unos rateros y unos aprovechados”, ha afirmado.

Asimismo, el líder de Adelante ha lamentado que el PP no apoye las reivindicaciones de los trabajadores y le ha señalado por “estar del lado de la patronal”. “Si el Partido Popular y Vox verdaderamente tuvieran prioridad nacional, prioridad para los andaluces, cogerían y pondrían a la patronal de la logística firme y dirían ustedes tienen que aceptar lo que dicen los trabajadores”, ha añadido García.

Salarios un 25% menos que otras provincias andaluzas

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha subrayado que este conflicto afecta a “más de 8.000 trabajadores que luchan por condiciones laborales dignas y un salario que sea acorde al propio crecimiento de un sector que, desde 2019, ha crecido entre el 40 y el 70%”.

Maíllo ha denunciado que los salarios del sector “no han subido ni mucho menos en esos términos, y tampoco han subido comparativamente con otros sectores”, y ha puesto de relieve que los trabajadores de Sevilla cobran “un 25% menos” de lo que cobran sus compañeros de sector “en Granada o en Málaga”, y “un 40% menos” que en provincias como Toledo o Guadalajara.

De esta manera, ha considerado “absolutamente justa” esta “lucha” que han emprendido los trabajadores de Sevilla, que desde Por Andalucía e IU apoyan, según ha querido dejar claro antes de apostillar que “nadie va a la huelga por capricho”, y que estas personas “lo hacen por necesidad, por dignidad laboral, para mejorar un servicio que tiene que tener calidad” en forma de “buenas condiciones de trabajo” para quienes “cargan, distribuyen y permiten que los productos lleguen a todas las tiendas, a todas las casas y familias”, según ha subrayado.

Por ello, ha expresado su deseo de que la patronal del sector se reúna este lunes con los trabajadores y “acepte unas condiciones que mejoran el servicio porque mejoran la calidad de vida y las condiciones materiales de unos trabajadores sin los cuales no funciona nada”, según ha zanjado el portavoz de Por Andalucía.

También se ha unido a la manifestación de este lunes la eurodiputada y secretaría política de Podemos, Irene Montero, quien ha calificado el trabajo de la plantilla como “esencial” con unos salarios de “auténtica miseria”. “Trabajan para empresas que tienen muchísimos beneficios hablamos de Seur, de OHL, o de Amazon cuyo jefe, Jeff Bezos, es uno de los hombres más ricos del mundo”, ha destacado. Por ello, ha pedido una mejora salarial de la plantilla que venga acompañada con el reconocimiento de la peligrosidad del empleo y los complementos salariales que les correspondan.

Los sindicatos CGT y OSTA han denunciado el cierre del centro AH-AIC PARIS de Atención Humanitaria en Zaragoza, comunicado recientemente por la dirección de la Fundación APIP-ACAM, tras la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de eliminar las 195 plazas asignadas a este recurso para el periodo comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027.

APIP-ACAM es una entidad colaboradora del Ministerio de Inclusión autorizada para la atención a personas solicitantes de protección internacional. La desaparición del recurso aasistencial en la ciudad de Zaragoza deja sin atención a personas en situación de vulnerabilidad y ha provocado, por el momento, la extinción de casi todos los empleos destinados a este fin, sin descartar nuevas afectaciones laborales.

OSTA ha denunciado la “absoluta premura con la que APIP-ACAM ha procedido a la amortización de puestos de trabajo por 'causas objetivas de naturaleza organizativa y productiva', afectando directamente a 10 trabajadoras que han sido despedidas y solamente ha garantizado la recolocación de 2 personas que forman parte del comité de empresa, así como a la coordinadora del centro, lejos de garantizar el mantenimiento de todo el empleo”.

Desde CGT consideran “inaceptable” que una decisión de esta magnitud se adopte sin una planificación adecuada que garantice tanto la continuidad de la atención a las personas usuarias como la estabilidad laboral de la plantilla. Añaden desde el sindicato que “resulta especialmente preocupante que el comité de empresa tuviera conocimiento de esta situación apenas una hora después del anuncio de los primeros despidos, evidenciando una preocupante falta de información, transparencia y participación de la representación legal de las personas trabajadoras”.

Además, esta situación se produce en un contexto de creciente preocupación por determinadas prácticas organizativas y laborales que han generado malestar entre la plantilla y que han sido objeto de actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección efectiva de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

CGT exige “la máxima transparencia” por parte de la Fundación APIP-ACAM y de las administraciones implicadas y sostiene que “no podemos permitir que desaparezcan recursos esenciales sin ofrecer alternativas ni que las consecuencias recaigan exclusivamente sobre quienes más necesitan estos servicios y sobre las personas trabajadoras que los hacen posibles cada día”.

Reubicación de los migrantes

El Hotel París llegó a albergar hasta 280 migrantes el pasado año, aunque esa cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta las 195 plazas actuales. El recurso finalizará ahora su actividad tras la decisión del Ministerio de Inclusión de no renovar las plazas, con el argumento de que los usuarios actuales van superando distintas fases del programa de acogida.

Alrededor de una veintena de jóvenes malienses con protección internacional han pasado de la fase de emergencia a la fase 1 del itinerario de acogida y están siendo reubicados en distintas ciudades españolas, entre ellas Huesca, Cáceres, Murcia y Santiago de Compostela.

Otro grupo, integrado por personas que no disponen de protección internacional y se encuentran en proceso de regularización administrativa, será trasladado al centro de Épila.

Por último, aquellas personas que han encontrado empleo y superan unos ingresos mensuales de 600 euros —aunque sea de forma ocasional— deberán abandonar los pisos que ocupan actualmente antes del próximo 30 de junio. Su futuro es incierto y, según diversas fuentes, ya han sido instadas a buscar alojamiento por sus propios medios.

Una entidad cuestionada por usuarios y trabajadores

La fundación APIP-ACAM es una entidad privada dedicada a la atención residencial y de día de colectivos de funcionalidad diversa y a la asistencia, orientación, formación e inclusión sociolaboral de colectivos en situación de riesgo de exclusión. La plantilla está adscrita al sector de la Acción e Intervención Social, y su convenio de aplicación es de ámbito estatal.

No obstante, distintos sindicatos, entre ellos CGT, han trasladado en varias ocasiones denuncias a la Inspección de Trabajo relacionadas con cuestiones laborales, como presuntas irregularidades en materia de nóminas o dificultades para el ejercicio de la actividad sindical. También se han señalado problemas de carácter sociosanitario, como la aparición de una plaga de chinches que se extendió desde uno de los pisos donde estaban acogidos los migrantes y para cuya fumigación utilizaron a sus propios empleados en lugar de una empresa especializada.

Si en los últimos meses algunas personas migrantes protagonizaron protestas por las condiciones de alojamiento, también parte de la plantilla ha expresado críticas hacia la coordinación territorial de Aragón por la gestión del recurso asistencial. Varias trabajadoras han criticado la actuación de la coordinadora de Aragón, Patricia Urzola, por la “falta de transparencia y de respeto a usuarios y trabajadores”. A su juicio, la última decisión de despedir a la mayor parte de la plantilla ha sido “fría y maquiavélica” por no informar con tiempo suficiente a las afectadas. Algunas de ellas recibieron el finiquito antes de comunicarles formalmente el despido.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de València ha dictado varios requerimientos de carácter urgente contra la Conselleria de Educació, Cultura y Universidades a raíz de las denuncias presentadas por la Federación Local de València de la Confederación General del Trabajo (CGT). Las resoluciones de la autoridad laboral confirman graves deficiencias en las condiciones ambientales y de seguridad laboral en 15 centros educativos —entre los que se encuentran, entre otros, el IES Andreu Alfaro de Paiporta, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el IES Lluís Simarro de Xàtiva, el IES Tirant lo Blanc de Torrent, el IES Puçol, el IES El Puig de Santa Maria o los IES Balears y Barri del Carme de València—, e instan a la administración autonómica a adoptar medidas de carácter urgente para revertirlas.

La organización anarcosindicalista anima a los centros educativos valencianos a denunciar ante la Inspección de Trabajo las elevadas temperaturas para conseguir así mejoras en la climatización de las instalaciones y garantizar que el alumnado y los trabajadores estén seguros.

Las resoluciones de la Inspección constatan que las medidas actuales (cortinas verticales y vinilos) son totalmente ineficaces para combatir las olas de calor, registrándose temperaturas que superan los límites legales. Además, señalan que en centros afectados por la dana y reubicados en módulos prefabricados (barracones) se han registrado temperaturas de 9°C en invierno y más de 32°C en verano en zonas donde trabaja el personal docente (como en el caso de las guardias), a pesar de la existencia de aparatos de aire acondicionado en las aulas.

La Inspección de Trabajo requiere a la conselleria instalar equipos de aire acondicionado y aplicar las medidas técnicas necesarias para corregir estas temperaturas extremas. Asimismo, destaca que la carencia de climatización dificulta el normal desarrollo de la actividad educativa, que afecta tanto al personal docente como al alumnado, y exige a la Conselleria garantizar unas temperaturas adecuadas.

Además, las resoluciones coinciden en señalar incumplimientos sistemáticos por parte de la Generalitat Valenciana en materia de prevención de riesgos laborales. Entre ellos, destacan la carencia de vigilancia de la salud (no se acredita que se hayan realizado los reconocimientos médicos periódicos obligatorios al personal), la ausencia de formación sobre los riesgos derivados de las altas temperaturas y la falta de protocolos ante fenómenos meteorológicos adversos.

La secretaria general de la Secció d’Ensenyament de la CGT, Inma Sellés, celebra estas resoluciones como una victoria de la lucha sindical: “No permitiremos que la salud de las trabajadoras y del alumnado esté en riesgo por la inacción de una conselleria que ignora los efectos del cambio climático y las condiciones básicas de seguridad”.

En este sentido, Sellés ha animado al resto de centros educativos del País Valenciano donde se detecten temperaturas por encima de las legales a denunciar esta situación: “Es la única manera de hacer actuar a esta conselleria, que es incapaz de mirar por los derechos de sus trabajadores”.

El sindicato advierte que vigilará el cumplimiento estricto de los plazos marcados por la Inspección y seguirá denunciando cualquier situación que afecte al trabajo de las y los docentes.

La CGT ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el Departament de Interior de la Generalitat por “vulneración de derechos fundamentales” a raíz del caso de dos agentes de los Mossos d'Esquadra que se infiltraron en una asamblea de docentes. La abogada de la federación de Educación del sindicato, Mireia Salazar, ha concretado que, “de forma específica”, se dirige a la dirección general de los Mossos.

Por su parte, la secretaria general de Educación, Laura Gené, ha justificado la medida para garantizar “la protección y defensa de los derechos de reunión, de sindicalizarse y el legítimo derecho a protesta”. Por otra parte, el sindicato ha reclamado a la policía catalana la documentación de infiltraciones realizadas en los últimos diez años.

Salazar ha detallado que la actuación policial, llevada a cabo el pasado 6 de mayo en el Institut Pau Claris de Barcelona con dos agentes de paisano, ha violado los derechos de huelga y las libertades sindical y de expresión de los asistentes a la asamblea. La jurista ha precisado que en el contencioso han reclamado saber “quién ordenó el operativo, bajo qué condiciones, y entendiendo cuál era el riesgo”. Una petición con la que, según ha apuntado, se podrá saber si “el Departament de Educación tiene algo que ver” en la decisión.

La secretaria general de Enseñanza de CGT no ha descartado hacer una causa conjunta “más adelante” con otros sindicatos del sector. Sin embargo, matizó que por ahora necesitan tiempo porque “la prioridad” es resolver el conflicto que vive la docencia con el Departament de Educación y FP.

Solicitud de información por “sospechas”

La también abogada del sindicato Mireia Bazaga ha dicho que se ha reclamado a la comisaria general de información de los Mossos d'Esquadra saber https://www.eldiario.es/catalunya/acuerdo-primera-reunion-govern-sindicatos-primera-reunion-nuevo-ciclo-huelgas_1_13220095.html“las infiltraciones de agentes en reuniones, asambleas y movilizaciones en CGT” de los últimos diez años. Una reclamación que se hace a raíz de las “sospechas”, tras las explicaciones en la comisión del Parlament del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la consellera de Interior, Núria Parlon. Bazaga considera que tienen “derecho a conocer estas circunstancias” y ha subrayado la necesidad de saber qué “prioriza” el cuerpo ante “la actividad legítima” del sindicato.

En este sentido, Gené ha expresado “mucha preocupación” por las palabras de la consellera, que achacó la infiltración a “un error por inercia”. La sindicalista ha criticado que se alerte a la población sobre la llegada de la extrema derecha, “siendo que con el PSC casi ya la tenemos aquí”. 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha aceptado el recurso presentado por CGT y ha fallado a su favor al estimar que el Ayuntamiento de Zaragoza vulneró el derecho fundamental de huelga al no publicar los decretos de servicios mínimos durante el conflicto laboral de las instalaciones deportivas municipales. La sentencia obliga al Consistorio a hacer públicos esos decretos y fija una indemnización de 3.000 euros a favor de la organización sindical.

La controversia surgió durante una huelga indefinida convocada en junio de 2024 por trabajadores de instalaciones deportivas municipales. El sindicato denunció que los decretos que fijaban los servicios mínimos nunca fueron publicados ni comunicados formalmente al comité de huelga, sino únicamente trasladados al jefe de instalaciones para su comunicación verbal a los empleados.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Zaragoza desestimó la demanda al entender que había existido negociación suficiente y que los trabajadores conocían de facto los servicios mínimos mediante llamadas telefónicas. También aceptó la justificación del Ayuntamiento, que alegó problemas de protección de datos para no publicar los decretos.

Sin embargo, el TSJA revoca esa resolución. La Sala sostiene que los servicios mínimos, al limitar un derecho fundamental, deben estar motivados y ser públicos para permitir su control jurídico y garantizar que trabajadores, sindicatos y ciudadanía conozcan las razones de esa limitación. El tribunal se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional que exige motivación y publicidad suficiente cuando se restringe el derecho de huelga.

La sentencia considera que la ausencia de publicación convierte los decretos en ineficaces, porque afectan a una pluralidad indeterminada de personas y deben someterse a publicidad conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo Común. También rechaza que la normativa de protección de datos pueda justificar la omisión de esa publicación porque la administración debía anonimizar los datos personales, pero no dejar sin publicidad el acto administrativo.

El tribunal no entra a valorar finalmente si los servicios mínimos eran abusivos o si era ilegal incluir a delegados sindicales en ellos, porque la estimación del recurso por falta de publicación ya basta para declarar la vulneración de derechos fundamentales.

Además, el TSJA reconoce una indemnización de 3.000 euros al sindicato convocante de la huelga al entender que la falta de publicación pudo afectar al derecho de huelga de una pluralidad de trabajadores.

Huelga de 654 días

CGT ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón como una victoria sindical y judicial frente a la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza tras una huelga de más de 650 días.

El sindicato sostiene que el Ayuntamiento intentó desgastar y aislar a CGT durante el conflicto mediante distintas actuaciones que el sindicato considera irregulares. Entre ellas cita la exclusión de CGT de reuniones con otros sindicatos, la imposición de nuevos decretos de servicios mínimos para las temporadas de verano e invierno y la creación de unos supuestos “servicios mínimos máximos” para limitar el impacto de la huelga.

La organización también denuncia presiones al personal municipal en momentos sensibles, especialmente durante procesos de oposiciones. Según CGT, circularon rumores de que no se concederían permisos para acudir a los exámenes, lo que llevó al sindicato a suspender temporalmente la huelga para evitar que los trabajadores fueran enfrentados al conflicto.

Otro de los ejes de su crítica es la acusación de “esquirolismo interno” al Ayuntamiento. CGT asegura que se utilizaron trabajadores de otras categorías para sustituir a huelguistas y que incluso se produjeron movimientos de personal de servicios mínimos entre instalaciones deportivas, hechos que derivaron en denuncias policiales.

CGT concluye con un tono combativo y reivindicativo al afirmar que la sentencia demuestra que sus denuncias eran fundadas y anuncia que continuará la huelga y la presión sindical, defendiendo que seguirá utilizando “todos los derechos” que, a su juicio, el Ayuntamiento ha tratado de limitar.

La empresa Majorel SP —integrada en el grupo Teleperformance— ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 422 trabajadores en Zaragoza, dentro de un ajuste global de 769 despidos que también incluye 347 salidas en Barcelona. Según la información trasladada en la constitución de la mesa negociadora, el recorte en la capital aragonesa impactará tanto en personal de estructura como en agentes vinculados a los servicios de Lowi y Vodafone Perfect Star. Actualmente, la plantilla en Zaragoza ronda los 750 empleados.

La empresa ha justificado el expediente por causas económicas y organizativas, aludiendo a pérdidas desde 2024 y a la reducción de clientes. Desde CGT rechazan frontalmente este argumento y consideran que el ajuste responde a “una política continuada de recortes”: “No es un ERE, es una ejecución”, han señalado, al tiempo que advierten de que “cuando una empresa encadena siete EREs, ya no estamos ante medidas excepcionales: estamos ante un modelo de negocio construido sobre destruir empleo”.

Este ERE es el cuarto en Majorel y el séptimo dentro del grupo Teleperformance en apenas dos años, en los que se han superado los 1.000 despidos.

Durante la primera jornada de negociación, la representación legal de los trabajadores criticó la visión presentada por la empresa, que calificaron como una “fotografía apocalíptica” de los centros de Zaragoza y Barcelona para justificar el expediente.

Asimismo, los sindicatos solicitaron que la negociación se trasladara a Zaragoza, al ser el centro más afectado, aunque la dirección rechazó esta propuesta. Desde el sindicato SOA consideran que esta decisión busca “centralizar la negociación en Madrid y alejar el conflicto del foco de donde se genera”. La parte social también ha reclamado más información a la empresa, como el desglose de las “supuestas pérdidas” por centros y el número de trabajadores que han salido de la compañía en lo que va de 2026, en un contexto en el que denuncian un proceso sostenido de deslocalización.

“La comunicación de este ERE supone un durísimo golpe”, advierten desde el sindicato, que subraya el impacto sobre Zaragoza y su entorno. La plataforma, que opera desde hace 16 años en la capital aragonesa —antes como Qualytel—, llegó a superar los 2.000 trabajadores y ha sido un importante motor de empleo, especialmente femenino.

La mesa negociadora volverá a reunirse a partir del 11 de mayo, en un calendario que se extenderá durante varias sesiones. Los sindicatos no descartan movilizaciones.

La precariedad en la que sobreviven los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid ha conllevado que, a lo largo del invierno, tan solo se hayan realizado la mitad de las tareas de prevención de cara a la época de máximo peligro. La llegada del incremento de las temperaturas ha vuelto a desvelar las costuras de una gestión que depende de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y Tragsa, la empresa encargada de las contrataciones. Desde el 25 de agosto de 2025, la plantilla ha mantenido la huelga indefinida. Tres son sus demandas principales: un incremento del salario que les permita vivir con dignidad, gestión directa del servicio y el cumplimiento de la normativa en materia de protección de la salud de los trabajadores.

Rafael Fernández, delegado de UGT en el comité de empresa, asegura que en todo este tiempo los avances en las negociaciones han sido pocos. “Tragsa sigue cerrada en banda a nuestras peticiones”, comenta el también integrante de comité de huelga. En la actualidad, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid cobran en torno a 1.300 euros al mes por realizar un trabajo esencial que incluye la extinción de incendios forestales, labores preventivas durante el invierno en nuestros montes y la intervención en emergencias climáticas cada vez más frecuentes, como inundaciones o episodios de dana, tal y como expresó el comité de huelga en un comunicado reciente.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha intentado estabilizar al colectivo, que verá aumentados sus efectivos a lo largo del año, pero reducidos en las épocas de alto riesgo. “Antes éramos siete personas por equipo y ahora vamos a ser cinco. Eso limita mucho nuestro desempeño”, añade el sindicalista. Los sindicatos afirman que el organigrama anterior recogía unos 550 efectivos en verano y 250 en invierno. La última remodelación dejará en 419 las personas que trabajarán de forma continuada.

Más combustible en el monte

El aumento de las temperaturas ya es palpable en la región madrileña. En estos ocho meses de paro, una de las principales consecuencias ha sido la reducción “drástica”, tal y como la cataloga Fernández, del número de hectáreas trabajadas. “Se nos presenta un verano con una época previa de abundante lluvia que ha hecho que aumente en gran medida la vegetación sobre la que no se ha trabajado, combustible en el monte. Tampoco se han realizado las mismas fajas de seguridad que en años anteriores”, añade.

Julio Chana, secretario del comité de empresa por CGT, agrega que las labores de silvicultura se han visto mermadas. “Solo hemos desbrozado y quemado la mitad de la superficie que se debería”, ilustra. La Comunidad de Madrid se ha querido adelantar a los acontecimientos. El mismo Fernández detalla que les han cambiado los horarios de mayo, aunque la campaña de alto riesgo suele comenzar en junio.

Salud de la plantilla y gestión directa

Sus demandas están claras desde el primer momento. Dado que el convenio colectivo por el que se rigen data de 2008, las tablas salariales “están totalmente obsoletas”, según el ugetista. Los datos que manejan en cuanto a salarios cifran en 1.300 euros el dinero que un bombero raso percibe al mes. “Nos jugamos la vida, trabajamos con un alto riesgo en condiciones de penosidad y toxicidad, y lo que nos pagan apenas supera el salario mínimo”, denuncia Fernández.

Chana, también integrante del comité de huelga, estima en un 40% la subida que necesitan en las nóminas para poder mantener sus vidas en la Comunidad de Madrid. “Si no, es imposible desarrollar el trabajo con profesionalidad. Somos un servicio esencial que vela por la seguridad de la ciudadanía. Cuando más se demore el conflicto, más insegura estará la población”, desarrolla.

La salud es otra de las cuestiones que más preocupa a la plantilla. Los representantes sindicales señalan que las bases se han quedado totalmente anticuadas en lo que se refiere a descontaminación de los equipos de protección individual. En este sentido, Chana subraya que es imprescindible el reconocimiento de la penosidad, toxicidad y peligrosidad con la que los bomberos forestales se ven obligados a desempeñar sus funciones.

A todo ello se suma la reclamación de que pasen a ser un cuerpo gestionado directamente por la Administración Pública. “Lo llevamos pidiendo desde 1998. Ahí éramos personal laboral, luego estuvimos 20 años con el servicio privatizado en manos de dos empresas, y ahora se lo regalamos a una empresa pública, aunque de pública tiene poco”, precisa el representante de CGT.

Tragsa no responde

Por su parte, Tragsa ha facilitado los datos de seguimiento de la huelga a lo largo de estos meses. Según la compañía, fluctúan entre el mínimo cosechado este febrero, el 0,97%, con el máximo, que tuvo lugar en septiembre del año pasado, con el 23,66%. Los sindicatos, en cambio, aseguran que la plantilla secunda en su inmensa mayoría los paros. “Como empresa pública sometida a la legislación correspondiente, respeta todos los derechos laborales de los trabajadores y, en ese sentido, respeta su derecho a la huelga”, ha añadido Tragsa.

Del mismo modo, la compañía liderada por el presidente del consejo, Jesús Casas, ha declinado responder a preguntas como si se ha producido algún avance en las negociaciones desde el inicio de la huelga, qué medidas pueden tomar para dar respuesta a las exigencias de los bomberos o cómo es su trabajo junto a la Comunidad de Madrid a la hora de evaluar conjuntamente la situación, así como si han realizado algún tipo de requerimiento al Gobierno regional.

Negociaciones sin avances

Las negociaciones continúan encalladas con el verano a la vuelta de la esquina. “La Comunidad de Madrid ha dicho que ellos han puesto algo más de dinero, todo lo que podían. Unos 130 euros más al mes. A nosotros se nos queda una cara…”, expresa Chana. Este sindicalista tampoco deja de lado su faceta ciudadana: “Yo pago mis impuestos y me parece incomprensible que no haya un servicio totalmente público y de calidad que vele por mi seguridad, como es el de los bomberos forestales”.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, con Carlos Novillo al frente, ha asegurado que “esperamos que antes de que llegue la época de alto riesgo de incendio forestal se pueda resolver este problema”. Asimismo, han destacado que han activado “todas las herramientas, todo el presupuesto necesario para que eso pueda ser así y puedan llegar a un acuerdo con la empresa pública Tragsa, que es de quien dependen”.

Como ya habían adelantado los representantes sindicales, con el nuevo encargo la Comunidad ha permitido que “gran parte de la plantilla de más de 415 efectivos puedan estar contratados durante todo el año, que es una de las reivindicaciones”. La Consejería ha defendido que han incorporado en el presupuesto del nuevo encargo “la cantidad económica suficiente para que los pluses que ellos reclaman puedan ser aprobados por el Ministerio de Hacienda, en este caso, que es el que tiene que autorizarlo a Tragsa”. Por último, el departamento de Novillo ha recalcado que la labor de los bomberos forestales “es fundamental” y no pueden “mantener esta huelga”.

Las seis sindicalistas condenadas a una pena individual de tres años y medio de prisión por el Tribunal Supremo (TS) y conocidas como 'Las seis de la Suiza' han sido indultadas nueve meses después de su ingreso en prisión.

La noticia ha sido adelantada por Infolibre y confirmada por elDiario.es a través de fuentes del Gobierno.

El Consejo de Ministros, que tendrá lugar mañana, martes, aprobará esta medida de gracia que ha sido reclamada por colectivos sociales, sindicales y políticos desde que se hizo firme la condena de cárcel; un respaldo público que fuentes cercanas a las seis sindicalistas han agradecido en su nombre.

Para sus vidas personales es una alegría, aseguran fuentes familiares que agradecen los apoyos sociales, políticas, sindicales y de miles de personas que se sumaron espontáneamente a las numerosas movilizaciones que se realizaron desde que se tuvo conocimiento de la condena y posterior ingreso en prisión de las seis sindicalistas que ha sido muy importante para ellas

Un 'chute' de energía

La noticia de su indulto ha sido un 'chute' de energía. Personalmente, están “muy contentas” por ellas y sus familias, aunque han reconocido que, como colectivo, entienden que a estas alturas ninguna persona debería cumplir una condena de cárcel por ejercer sindicalismo.

“Para sus vidas personales es una alegría”, aseguran a este diario fuentes familiares que aseguran que los apoyos sociales, políticos, sindicales y de miles de personas que se sumaron espontáneamente a las numerosas movilizaciones que se realizaron desde que se tuvo conocimiento de su condena y posterior ingreso en prisión ha sido muy importante para ellas.

En tercer grado

Las sindicalistas esperan con impaciencia que mañana, martes, el Consejo de Ministros ratifique el indulto que les permitirá salir en libertad y no tener que regresar, como ahora, a dormir al CIS de la cárcel asturiana.

O.P. R., R.B.C.C., B.G.P., J.C.C., M.C.B.T. y H.A.G.P. están actualmente cumpliendo el tercer grado en el Centro Penitenciario de Asturias tras haber tenido que ingresar el pasado mes de julio en prisión para cumplir su condena, accediendo a continuación al régimen de semilibertad.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se había reunido en Asturias con las condenadas y ya les había anunciado que llevaría este tema para su deliberación ya que “hacer sindicalismo no es delito”.

Solidaridad con una compañera

Las seis sindicalistas ahora indultadas habían participado en actos en protesta delante de una pastelería denominada ‘La Suiza’, situada en la Avenida de Shultz, en Gijón/Xixón, en solidaridad con una compañera que había sido despedida. Siete años después de iniciadas las movilizaciones, las sindicalistas, una vez que ya esté firmado el indulto, habrán saldado toda su deuda con la justicia.

Los hechos por los que han sido condenadas se remontan a los años 2016-2017. En junio de 2016, una trabajadora embarazada de la pastelería La Suiza solicitó la baja por riesgo de aborto tras un altercado entre su pareja y el empresario.

La denuncia

La empleada denunció haber sido víctima de acoso laboral y sexual, mientras el dueño del negocio presentó una denuncia contra su pareja por amenazas y daños en el local.

Posteriormente, la empleada pidió en 2017 el asesoramiento jurídico de la CNT tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.

El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora, pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las seis personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada.

“No empleamos violencia”

Eldiario.es Asturias compartió sus impresiones con tres de las personas condenadas en julio de 2024. En esa conversación, ellas advertían que se habían limitado a defender a una trabajadora que sufría un presunto caso de acoso, sin que en sus protestas emplearan la violencia, ni causaran daños.

Era especialmente relevante que esas concentraciones contaban con el respaldo de la autorización expresa que había concedido la Delegación del Gobierno en Asturias para su celebración.

Fuerza y entereza

En estas concentraciones participaban vecinas y vecinos, representantes sindicales y de partidos de izquierdas y paradójicamente en esa época ostentaba el cargo de delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo, el que fuera alcalde de Oviedo por el Partido Popular (PP) entre 1991 y 2012.

En 2021, el juez de lo Penal 1 de Gijón, Lino Mayo, condenó a las seis sindicalistas O.P. R., R.B.C.C., B.G.P., J.C.C., M.C.B.T. y H.A.G. por su participación en las movilizaciones a una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia.

El magistrado sostenía que los propietarios se vieron abocados al cierre del negocio por la campaña de hostigamiento que se llevó a cabo con estas acciones.

La causa ha seguido un largo periplo judicial. La sentencia condenatoria fue recurrida a varias instancias: del juzgado pasó a la Audiencia Provincial de Asturias y posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), al Tibunal Supremo (TS) y al Tribunal Constitucional (TC). Pero los recursos fueron decayendo uno a uno.

La Audiencia y el Tribunal Supremo

En 2023, la defensa presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando vulneración de derechos fundamentales.

En junio de 2024, el Supremo confirmó la condena. La sentencia del Supremo incidía en que las protestas fueron “coercitivas” y que provocaron el cierre del negocio. 

El tribunal considera que las acciones excedieron el ejercicio legítimo de la libertad sindical y la libertad de expresión. Las seis sindicalistas condenadas recibieron “con coherencia y dignidad” la sentencia que las ponía a un paso de la cárcel.

El recurso ante el Constitucional

La defensa presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también fue desestimado. Con esta decisión, se agotaban las vías judiciales en España. La CNT anunció entonces que llevaría el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

Un total de 22 organizaciones sindicales de todo el Estado han presentado en el Ministerio de Justicia del Gobierno de España una petición de indulto a las seis condenadas, lo que no conlleva arrepentimiento.

La petición de indulto

Además, el Gobierno del Principado de Asturias aprobó también formalmente la solicitud de indulto, alegando razones humanitarias y personales. 

El Ayuntamiento de Gijón no debatió la petición de indulto por el veto de los partidos de derecha del consistorio: Foro, PP y Vox.

Sin embargo, el mayor apoyo llegaba procedente del propio Gobierno central. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se reunía con las condenadas en Oviedo y declaraba: “El sindicalismo es un derecho, no un delito. Nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales”.

Ese mismo mes, el juez Lino Rubio Mayo rechazaba la petición de suspensión de la condena, a pesar del respaldo de la Fiscalía. Argumentaba que no existía arrepentimiento por parte de las condenadas, ya que fue el sindicato CNT quien abonó la indemnización.

Ingreso en prisión

El 9 de julio, el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón decretaba el ingreso inmediato en prisión de las seis personas condenadas. Al día siguiente, las seis se presentan voluntariamente en el Centro Penitenciario de Asturias para cumplir la condena.

Su internamiento se producía en régimen abierto en un centro de inserción social anexo a la cárcel. En un comunicado, afirmaban: “Actuamos con coherencia y dignidad. Apoyamos a una trabajadora en situación de vulnerabilidad. Estábamos haciendo algo que es un derecho”.

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, reiteró su compromiso de intentar que el indulto llegue cuanto antes. Una declaración de intenciones que llegará mañana a su aprobación en el Consejo de Ministros y con él acabará “la pesadilla” de las seis sindicalistas condenadas.

Reacciones sociales y políticas

Sin embargo, a pesar de que el indulto no llegaba entonces, la respuesta social era inmediata. En Gijón, Madrid y otras ciudades, miles de personas se manifestaban bajo el lema “Hacer sindicalismo no es delito”. Más de 22 sindicatos —entre ellos CCOO, UGT, CGT, CSI, SUATEA y la propia CNT— han respaldado la petición de indulto.

También han secundado la petición de indulto partidos como Sumar, IU, Podemos, EH Bildu y el PSOE. El colectivo de apoyo Sofitu ha sido rotundo: “El Estado español tiene desde hoy a seis sindicalistas presas por ejercer derechos que tanto costó conseguir”.

El apoyo de Rodrigo Cuevas

El caso de Las seis de La Suiza ha generado una alianza sindical inédita y ha reabierto el debate sobre la criminalización de la protesta laboral. Entre tanto, las condenadas han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El apoyo de personas con gran proyección por sus profesiones o su carisma ha sido constante y uno de los últimos que se ha sumado ha sido el polifacético artista asturiano, Rodrigo Cuevas.

El pasado jueves, durante su participación en el programa de televisión 'La Revuelta' que dirige David Broncano, Rodrigo Cuevas mostró a cámara uno de sus regalos: una camiseta donde reclamaba la puesta en libertad de 'Las seis de La Suiza'. Un testimonio gráfico que quedó recogido en esa imagen difundida por el programa de TVE a través de la red social X.

A partir de mañana, su deseo será ya una realidad con la aprobación del indulto.

Una cámara de videovigilancia ha puesto en alerta a los trabajadores del Hospital de Bellvitge de Barcelona. Aunque el centro está lleno de dispositivos de vigilancia, este tiene algo especial: está situado en la cafetería, a la que acceden tanto pacientes y familiares como trabajadores, y fue colocada sin avisar. No hay carteles que alerten de que se están grabando imágenes y no se envió comunicación alguna a los trabajadores, que suelen ir allí a comer o a pasar sus descansos. Eso ha derivado en que la Autoridad Catalana de Protección de Datos haya abierto un expediente sancionador al centro por tres presuntas infracciones.

Los empleados supieron de su existencia por casualidad. Durante una reunión del Comité de Seguridad y Salud con la empresa, se trató un tema que llevaba años en el orden del día: las largas colas que se forman en la cafetería durante los fines de semana y en los turnos de tarde y noche.

El motivo es que en esos turnos, la cantina se convierte en el único punto de venta de comida disponible y se vuelve una de las zonas de descanso más habitual para los empleados. Como consecuencia, la concentración de gente es mayor, lo que produce largos tiempos de espera.

El Comité llevaba tiempo reclamando a la empresa una solución y, en la última reunión, esta contestó que estaba analizándolo y que, a tal efecto, había instalado una cámara en la cafetería para ver por qué se producían esas colas. La noticia tomó por sorpresa a los trabajadores que, en seguida, protestaron. “Es algo totalmente ilegal, aunque la empresa lo vendiera como una idea brillante”, se lamentan desde la plantilla.

La cámara enfoca las zonas de la barra, bufé y pago, por lo que sí podría servir para evaluar el funcionamiento de la cantina. Aunque desde la CGT alertan de que el servicio de cafetería está externalizado, por lo que consideran que no es competencia del Hospital de Bellvitge analizar esas colas. Por eso, lo que preocupa a los trabajadores es que pueda ser una herramienta para vigilarles a ellos. Y es que también se graba una parte del comedor y el único acceso al espacio. “Es facilísimo controlar quién entra, quién sale y cuánto tiempo pasa allí. Nos sentimos vigilados”, añaden.

CGT considera que la instalación de esta cámara contraviene el artículo 89 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que especifica que “en ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonido ni vídeo en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos”. Desde el sindicato añaden que dicha cámara “vulnera el derecho a la intimidad”.

Por ello, en 2024 interpusieron una denuncia ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Este febrero, un año y medio después, se ha resuelto iniciar un procedimiento sancionador contra el Hospital de Bellvitge por tres presuntas infracciones recogidas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, tal y como consta en la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Según la Autoridad, la infracción se basaría en no haber informado debidamente de la instalación de la cámara, así como de otros detalles como el motivo, el uso que se va a hacer de las imágenes, quiénes tendrán acceso a ellas y durante cuánto tiempo se guardarán. Tales infracciones se castigan con multas administrativas de hasta 20.000 euros o, en caso de empresas, el 4% del valor de negocio anual.

Preguntado por este medio, el Hospital de Bellvitge, que asegura desconocer la apertura del expediente sancionador, se ha limitado a contestar que la cámara ya ha sido desinstalada, sin especificar el porqué ni la fecha. Por su parte, los trabajadores han informado que la retirada de la cámara se realizó durante la misma jornada en la que elDiario.es contactó con el hospital para recabar su versión.

A la espera de más acciones

La Autoridad Catalana de Protección de Datos no ha entrado a valorar la conveniencia o no de instalar una cámara en un lugar de descanso del personal -que es, a la vez, un restaurante abierto al público- y, por eso, desde la CGT no descartan poner una queja también ante la Inspección de Trabajo.

A preguntas de este medio, desde el sindicato aseguran que, si no lo han hecho todavía es porque los trabajadores de centros sanitarios públicos están regulados por el Estatuto Marco, no por el Estatuto de los Trabajadores, por lo que, si bien la Inspección de Trabajo tiene competencias en estos centros, están limitadas.

“Nos han mareado en más de una ocasión y, por eso, hemos preferido empezar por la Autoridad de Protección de Datos, donde vemos una infracción clarísima, y así establecer una base que facilite las cosas a Inspección de Trabajo”, aclaran los trabajadores.

Más allá de la vulneración a la intimidad, desde la CGT alertan de que la cámara “puede ser perfectamente un método de control horario de los trabajadores. Si esta cámara se queda aquí y no hacemos nada, la empresa puede sentirse en la libertad de llenar el resto de espacios de descanso de cámaras”, sostienen fuentes de la plantilla.

Polémica con la capilla

La resolución de la Autoridad Catalana de Protección de Datos –que todavía puede tardar meses en resolver si hay sanción o no–, se suma a otra queja que pusieron los trabajadores y que todavía no se ha resuelto. Esta se remonta a 2022, cuando el Hospital abrió su sala de culto y reflexión. Esta, según la ley catalana de cultos, debería ser aconfesional al encontrarse en un centro público.

Pero, por el contrario, la CGT ha llegado a contabilizar hasta 15 elementos de culto católico así como octavillas y documentos promocionando el Opus Dei. Además, afean al centro que el espacio figure como “capilla”. Desde el sindicato recuerdan que estas salas han de ser respetuosas con todas las religiones, así como con las personas agnósticas, que “deberían poder acceder allí para afrontar su duelo y su dolor”.

Por ello, interpusieron diversas quejas. Una de ellas fue a la Sindicatura de Greuges (el defensor del pueblo catalán), quien les dio la razón en 2023. Tras ello, el Govern trató el tema en el grupo de trabajo ‘Iglesia Católica-Departament de Salud’ y trasladó las quejas al Secretario de la Conferencia Episcopal de Tarragona, el sacerdote Sebastià Aupí.

El párroco pidió disculpas “por la presencia de simbología católica en el espacio en cuestión” y se comprometió a dar orden de retirarla. Pero eso, casi tres años después, todavía no ha sucedido.

La comunidad educativa de Tarazona ha presentado quejas formales ante la Alcaldía tras las declaraciones de la concejala del Partido Popular, Ana Cristina Sainz Martínez, publicadas en la revista municipal de enero de 2026. En su texto, la edil afirmaba que desde “determinados sectores de la izquierda” se intenta convertir los colegios en “auténticos espacios de adoctrinamiento ideológico” y acusaba a los docentes de buscar “jóvenes moldeados según intereses partidistas”.

Docentes de distintos centros públicos de la ciudad, entre ellos el IES Tubalcaín, el CEIP Joaquín Costa y el CEIP Moncayo, respaldados por familias y vecinos, han registrado instancias en el Ayuntamiento en las que califican de “gravemente ofensivas e indignantes” las palabras de la edil, exdiputada autonómica del Partido Popular. En los escritos los profesores sostienen que las acusaciones ponen en cuestión su “neutralidad y rigor pedagógico”, además de generar “falsas alarmas injustificadas” entre el alumnado y sus familias. También critican que se haya utilizado un canal institucional para difundir afirmaciones que, a su juicio, “menoscaban el prestigio” de la enseñanza pública local.

Entre las peticiones trasladadas al Ayuntamiento figuran tres demandas principales: una rectificación pública por el mismo canal en el que se difundieron las declaraciones, un desagravio institucional para que el Ayuntamiento manifieste explícitamente su apoyo a la profesionalidad de los docentes y se desvincule de las acusaciones de adoctrinamiento, y que el alcalde informe a la Corporación municipal en el próximo Pleno sobre la existencia de estas quejas, como reflejo del “profundo malestar” generado en la comunidad educativa y local.

La revista municipal incluía un texto de Sainz Martínez en el que reaccionaba a las movilizaciones en defensa de la escuela pública y en contra de la privatización de la enseñanza surgidas tras la huelga educativa de tres días convocada por CGT, y acusó a los organizadores de utilizar estas movilizaciones “con un claro trasfondo electoral y político”: “Esta forma de actuar demuestra que para cierta izquierda la educación no es un fin en sí mismo, sino un medio para intentar controlar a la sociedad. Del mismo modo que buscan influir en las aulas, pretenden también dirigir los medios de comunicación y condicionar la opinión publica. No creen en ciudadanos libres con ideas propias: prefieren una sociedad dócil que repite consignas”, expresaba en el texto.

José Luis Ruiz Ramas, portavoz de CGT, ha expresado su repulsa a estas palabras: “Este discurso inquisitorial y acusador pone en la diana al profesorado y al resto de la comunidad educativa que participó en las movilizaciones, y lanza un mensaje falso sobre las motivaciones de la huelga y las acciones reivindicativas”. Ruiz Ramas ha recordado que “las necesidades de la escuela pública son reales, tanto del alumnado como del profesorado y de las instalaciones, y la falta de inversión en cubrirlas es lo que motivó las movilizaciones”.

CGT ha instado al Ayuntamiento a “dedicarse a cumplir con sus tareas como propietario y responsable de las instalaciones y el mantenimiento de los centros públicos, en lugar de lanzar acusaciones falsas a la comunidad educativa”. El sindicato también ha criticado que el tono del artículo “contrasta con el respeto mostrado por la propia Consejería de Educación, que sí ha reconocido las necesidades comunicadas por CGT en un informe entregado el 21 de enero” y ha concluido exigiendo la dimisión de la concejala.

Desde el PSOE de la localidad han criticado el “uso partidista que el PP hace de los medios públicos del Ayuntamiento” y han destacado que los centros escolares de los que habla el escrito de la concejala están en edificios de titularidad municipal: “Si considera que se adoctrina no entendemos que no actúe en vez de escribir artículos”, ha hecho Leticia Soria. El grupo socialista va a solicitar también una rectificación “pública” de la concejala.

El Ayuntamiento de Tarazona no ha emitido ningún comunicado al respecto al ser contactado por este medio.

Más de medio centenar de personas han recibido notificaciones de expedientes sancionadores a raíz de su participación en la huelga por la gestión de la dana convocada el pasado 29 de mayo por sindicatos como CGT, CNT o Intersindical. “Todo eso solo porque el 29M decidieron ejercer sus derechos”, asegura Alerta Solidària en un comunicado.

La entidad también indica que más de un centenar de personas fueron identificadas y registradas por la Policía Nacional durante la jornada de huelga, cuyos piquetes informativos se sumaron a la multitudinaria manifestación contra el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón coincidiendo con el aniversario de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos.

Los expedientes de sanción, según Alerta Solidària y el Grup de Suport a les Represaliades del 29M, constituyen un “ataque al derecho a la manifestación y a la huelga”.

La entidad, que reitera la petición de la “inmediata” derogación de la Ley Mordaza, exige el archivo de los procedimientos sancionadores.

“Vulneración de los derechos fundamentales”

El comunicado denuncia la “vulneración de los derechos fundamentales” por parte de un cuerpo policial “a las órdenes de un partido supuestamente de izquierdas, el PSOE”.

También sostiene que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, “que ha intentado proyectar una imagen contrapuesta a la gestión nefasta del Gobierno valenciano el 29 de octubre, es responsable de actuar precisamente contra las personas afectadas por la riada y contras las que exigen responsabilidades políticas y judiciales”.