La CGT pide a los jueces que prohíban a los Mossos volverse a infiltrar en una asamblea de profesores

El sindicato CGT ha solicitado a la Justicia que declare que la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente el pasado mayo vulneró los derechos fundamentales de los docentes y que prohíba a la policía catalana volver a espiar una reunión de profesores que prepare una huelga.

La CGT ha formalizado su demanda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, por vulneración de derechos fundamentales ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), después de que los Mossos aseguraran que no realizaron ningún expediente ni documento por escrito sobre la actuación policial.

La central argumenta que la falta de documentación admitida por los Mossos “agrava” el menoscabo en los derechos de los docentes que sufrieron la infiltración policial en una asamblea que preparaba las últimas huelgas de profesores del pasado curso en Catalunya.

“La inexistencia de orden formal, de valoración del riesgo o de ponderación no es una simple irregularidad administrativa”, remarca el escrito de la abogada de la federación de enseñanza de la CGT, Mireia Salazar, sino que supone “una circunstancia especialmente grave” ante una infiltración sin el consentimiento de los huelguistas.

El escrito del sindicato carga contra la policía catalana por haber reconocido que no hay rastro escrito de qué mando ordenó a las dos agentes infiltrarse en la asamblea; bajo qué riesgo se justificó la operación o por qué motivo no eran suficientes las múltiples fuentes abiertas en redes sociales que anunciaban movilizaciones de docentes.

Tampoco encuentra explicación lógica el sindicato al hecho de que la policía catalana no haya detallado a los jueces por qué era necesario que las agentes se hicieran pasar falsamente por profesores; qué información se obtuvo de la asamblea y si fue destruida o conservada; y si se valoró cómo afectaba la infiltración a la libertad sindical.

La CGT cree que, con sus evasivas, los Mossos “impiden el control jurisdiccional” del espionaje y “refuerzan la conclusión de que la infiltración se desplegó sin ninguna de las mínimas garantías exigibles cuando se ven afectados derechos fundamentales de primer orden”, como son el de huelga y el de reunión.

En suma, para el sindicato la falta de explicaciones de la policía autonómica “constituye, por sí sola, un elemento relevante de la ilicitud” del espionaje, y reclama una indemnización de 4.000 euros por daños morales.

Recuerda la central que la administración catalana, como parte del conflicto laboral con los docentes, tenía un “deber reforzado de neutralidad y cautela” y que, en cambio, se convirtió en “juez y parte” del conflicto al infiltrarse dos funcionarios policiales en una asamblea.

No se puede justificar, como de forma genérica hizo el jefe de la Comisaría de Información de los Mossos, la infiltración en conocer eventuales riesgos para la movilidad o cortes de carreteras, agrega la CGT.

El sindicato también emplea las palabras de la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, como argumentos a favor de sus tesis.

Según la CGT, el hecho de que Parlon tildara ante el Parlament la actuación policial de “infiltración torpe” y prometiera que no se repetiría “corrobora, por boca de la propia Administración, la ausencia de justificación que amparase la injerencia en los derechos fundamentales” de los docentes.

Por su lado, Trapero afirmó ante la Cámara catalana que “no se daba un principio de oportunidad en la asistencia policial desplegada”, pero matizó que, a su juicio, la actuación no supuso una injerencia en los derechos y libertades de los docentes. Más allá de que la valoración policial de Trapero, a criterio de la CGT, “no se ajusta a los estándares constitucionales”, para el sindicato muestra que la propia dirección general de la policía catalana conocía que el espionaje “no cumplió con los requisitos de oportunidad e idoneidad”.