La “prioridad nacional” de PP y Vox ha empezado a golpear las políticas de cooperación al desarrollo. Los acuerdos autonómicos entre ambas formaciones en Extremadura, Andalucía y Castilla y León allanan el camino hacia la reducción de las partidas destinadas a ayuda exterior y, en algunos casos, se han traducido en anuncios de drásticos recortes. El Gobierno extremeño, por ejemplo, ha limitado a un 0,03% del presupuesto, mientras que el de Castilla y León ha anunciado este lunes que limitará “al mínimo exigido por ley” su dotación.

“No sé si podemos hablar de recorte. Han eliminado totalmente el presupuesto de la Ley extremeña de cooperación y solidaridad internacional. Tenemos que hablar de la desaparición de la cooperación”, denuncian desde la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) en una conversación con elDiario.es.

Fuentes de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de Extremadura defienden su decisión. Según explican a elDiario.es, el consenso previo en torno a la cooperación “no puede presentarse como un mandato inmutable”. Según detallan, Vox concurrió a las elecciones autonómicas con un programa que incluía la eliminación del “gasto público e ideológico” en cooperación internacional. “El 17% de los extremeños respaldó esa propuesta en las urnas”, señalan desde la Consejería, que defiende una “reordenación de prioridades” para dirigir los recursos públicos a servicios sociales, familias, menores y extremeños en situación de mayor vulnerabilidad.

Este lunes, el nuevo gobierno de coalición PP-Vox de Castilla y León ha confirmado su intención de aprobar un duro golpe a la cooperación autonómica. La Conserjería de Ayudas Sociales, dirigida por el partido de extrema derecha, ha anunciado que dejará la cooperación internacional al desarrollo en “el mínimo legal exigido” y orientará la prioridad de estos fondos hacia aquellos países que “colaboren” con Castilla y León “en la repatriación y retorno de menores en situación irregular”. Sin embargo, los Gobiernos regionales no tienen competencia en materia de repatriación de inmigrantes.

En Andalucía, el acuerdo de gobierno menciona expresamente las ayudas destinadas a cooperación internacional dentro de las subvenciones que se pretenden reducir progresivamente “hasta su eliminación” si no contribuyen de forma directa a la calidad de vida de los andaluces. La presidenta de la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), Patricia Sánchez sostiene que la medida 144 del pacto PP-Vox supone “un ataque directo” porque no plantea evaluar ni mejorar la cooperación, sino avanzar en su eliminación.

La ofensiva no se limita a Andalucía y Extremadura. En Aragón, el presupuesto autonómico de cooperación ha caído casi un 77% desde 2024, hasta 1,44 millones de euros, apenas el 0,02% del presupuesto regional y su nivel más bajo en 25 años. Además, el Ejecutivo también ha ordenado la retirada de unos 30.000 euros anuales a la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, con 18 años de trayectoria. La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) considera que la decisión “pone freno a la solidaridad” y vulnera los derechos humanos.

‘Prioridad nacional’

Los acuerdos entre ambos partidos políticos están atravesados por el concepto de la ‘prioridad nacional’. Remedios Tierno, presidenta de Amnistía Internacional en Extremadura, considera que las medidas defendidas en torno a ella pueden constituir una violación de derechos humanos y de obligaciones internacionales del Estado. En concreto, Remedios señala tres riesgos: “La discriminación directa o indirecta en el acceso a derechos; la adopción de medidas regresivas en derechos económicos, sociales y culturales; y la vulneración del interés superior del menor, especialmente en el caso de la infancia migrante no acompañada”.

“Las palabras son importantes”, advierte Remedios. A su juicio, normalizar conceptos como ‘prioridad nacional’ en lugar de priorizar el incremento de recursos para derechos sociales de todas las personas ahonda en la estigmatización de la población vulnerable y contribuye a incrementar el racismo y la xenofobia.

Por su parte, la Consejería extremeña defiende que la cooperación internacional y la acción exterior deben corresponder “principalmente al Estado, no a las comunidades autónomas”. Según apuntan, los gobiernos autonómicos deben centrar sus presupuestos en las competencias que tienen atribuidas y en las necesidades directas de sus ciudadanos. Según la Consejería, bajo el “paraguas genérico de los derechos humanos” se financien, según su criterio, programas de contenido ideológico que no aportan un beneficio “real ni medible” más allá del sostenimiento de determinadas organizaciones.

Extremadura: una agencia sin política

En Extremadura el golpe ha sido especialmente abrupto. Desde la Coordinadora Extremeña aseguran que no se trata de una reducción gradual, sino de un “desmantelamiento” de la política pública de cooperación. Según alertan, el dinero que permanece en los presupuestos no alcanza para sostener convocatorias ni programas, sino apenas para mantener una mínima estructura administrativa.

La CONGDEX advertía que el recorte afectaría a programas de salud, educación, protección de la infancia y ayuda humanitaria en contextos de vulnerabilidad extrema. La Consejería, sin embargo, niega que la mayor parte de los fondos estuvieran destinados exclusivamente a esos sectores. “Muchas partidas financiaban proyectos de claro componente ideológico”, afirman. Desde esa premisa, el Gobierno autonómico sostiene que tiene el deber de revisar ese gasto y destinar los recursos a “las necesidades reales de Extremadura”.

La falta de interlocución es otra de las principales quejas del sector de las ONG. La Coordinadora extremeña explica que ha mantenido reuniones con grupos parlamentarios, incluido el PP, pero que no ha logrado reunirse con el Gobierno autonómico ni con la presidenta María Guardiola, pese a haberlo solicitado “por activa y por pasiva”. La entidad reclama conocer el plan de trabajo y qué ocurrirá con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID). La directora de esta agencia, Isabel Belloso, presentó su dimisión tras conocer la reducción del presupuesto de 11 a 2 millones de euros llevando a la integración de la AEXCID en una estructura más reducida dentro de la Junta.

Por su parte, la Junta asegura en conversaciones con elDiario.es que la Agencia Extremeña de Cooperación seguirá existiendo, aunque “dentro de una estructura administrativa más ajustada y coherente con las prioridades del Gobierno”. Lo que no continuará, según la Consejería, es “un modelo sobredimensionado, con convocatorias mantenidas por inercia y orientadas en muchos casos a financiar proyectos ideológicos”.

Andalucía: de 47 a 20 millones para cooperación

En Andalucía, la preocupación se concentra en la medida 144 del acuerdo entre PP y Vox. La CAONGD denuncia que el pacto señala específicamente a las ayudas de cooperación internacional al desarrollo para reducirlas progresivamente hasta su eliminación si no se considera que contribuyen de forma directa a la calidad de vida de los andaluces. Para la Coordinadora, esa formulación instala una falsa disyuntiva, “como si la justicia social dentro de Andalucía compitiera con la solidaridad internacional”.

La cooperación andaluza, recuerdan las organizaciones, no es una actividad accesoria. Está recogida en el Estatuto de Autonomía, en la Ley Andaluza de Cooperación, en planes directores y en una arquitectura institucional construida durante décadas, incluida la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tras la composición y el anuncio por parte de Juanma Moreno del nuevo Gobierno de Andalucía, queda pendiente por concretar el nivel de viceconsejerías y secretarías generales. Una decisión que sí podría afectar al futuro de la propia Agencia Andaluza.

Aun así, el futuro no es prometedor ya que los datos muestran un retroceso sostenido. Andalucía pasó de invertir 47,33 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo en 2018 a 20,5 millones en 2025, apenas un 0,04% del presupuesto autonómico, según la CAONGD. La directora de la Coordinadora subraya que esa caída se ha producido mientras el presupuesto general de la Junta crecía año tras año, lo que descarta, a su juicio, que el problema sea la falta de recursos: “No hablamos de una imposibilidad económica, sino de prioridades”, sostiene.

El contexto estatal tampoco ayuda. Según el informe de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo sobre cooperación autonómica, la media de los presupuestos destinados por las comunidades autónomas a la cooperación en 2025 se situó en el 0,12%, equivalente a 8,5 euros por habitante al año y muy lejos del 0,7% comprometido. Aunque 2025 fue el año con mayor presupuesto autonómico global destinado a cooperación (334,4 millones frente a los 325,7 millones en 2024), el crecimiento fue desigual. En el ámbito local, el 75% de los ayuntamientos y diputaciones analizados destinaban en 2024 menos del 0,7% a Ayuda Oficial al Desarrollo.

Proyectos a medio hacer

El impacto de estos recortes no se mide solo en partidas presupuestarias. Rafael Cantero, presidente de CIC Batá, una organización con sede en Córdoba, pero con impacto nacional e internacional, explica que la reducción de fondos de cooperación de la Junta de Andalucía ha dejado paralizados compromisos con organizaciones de Mozambique, Bolivia y otros países.

La cooperación, explica Cantero, no funciona como una intervención puntual que empieza y termina en varios meses. “Los proyectos se planifican durante años, se construyen con organizaciones locales y dependen de relaciones de confianza. Cuando la financiación se corta de golpe, se reduce el impacto de procesos ya iniciado y se quiebran compromisos con organizaciones que contaban con nuestra ayuda”, insiste el presidente de CIC Batá.

Cantero también advierte sobre la pérdida de calidad de la cooperación. “Andalucía tiene una agencia técnicamente preparada, con personal formado y capacidad institucional, pero cada vez con menos fondos. La paradoja es tener una estructura pública especializada mientras se debilita la política que esta estructura debe ejecutar”, insiste.

El rol de la cooperación autonómica

La cooperación descentralizada es una de las señas de identidad del modelo español de ayuda al desarrollo. Las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones han sostenido durante años proyectos que, en muchos casos, llegan donde la cooperación estatal no llega. En Extremadura, las organizaciones recuerdan que la comunidad también fue históricamente receptora de ayudas europeas y de solidaridad interterritorial.

El informe del Sector de las ONGD 2025 de la Coordinadora muestra la dimensión del trabajo. En 2025, las organizaciones estuvieron presentes en 100 países y desarrollaron 4.322 proyectos que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de casi 59 millones de personas. El documento también recuerda que las organizaciones no solo trabajan fuera de España, sino también en educación para la transformación y justicia global dentro del país.

El acuerdo entre PP y Vox para investir este jueves a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, a cambio de una vicepresidencia y la asunción de los postulados de la ultraderecha en materia de inmigración, violencia de género, cambio climático o diálogo social, ha provocado en las últimas horas la reacción de plataformas, sindicatos y entidades, que han mostrado su preocupación por las consecuencias que abrazar estas tesis tendrá en las políticas sociales y de cooperación. También se han pronunciado los alcaldes de las dos ciudades más pobladas de Andalucía, Sevilla y Málaga, ambas gobernadas por el Partido Popular.

La Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) ha mostrado su “más firme rechazo y extrema preocupación” por los contenidos del acuerdo de gobierno. En un comunicado, la CAONGD advierte del perjuicio que van a causar las medidas del pacto en el “retroceso de derechos de un gran número de colectivos”, y alerta especialmente del “ataque directo a la política pública de cooperación para el desarrollo”.

El pacto apunta directamente a esta política, cuando recoge el compromiso de impulsar reformas para “avanzar de manera progresiva en la reducción, hasta su eliminación”, de “subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”.

La plataforma cree que el acuerdo “pasa por encima” del Estatuto de Andalucía, que establece que “la cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos” es un objetivo básico de la Comunidad Autónoma“, observa la CAONGD, que recuerda que esta política de cooperación goza de un amplio consenso político y social y cuenta con su propia ley y sucesivos planes directores.

El propio PP recogía en su programa el compromiso de cumplir ese plan, elaborado por el gobierno de Moreno, quien defendió públicamente la importancia de la cooperación, del desarrollo sostenible y del compromiso entre territorios y pueblos en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en Sevilla hace un año. “¿En qué momento estos principios y leyes dejaron de ser importantes para el Partido Popular para usarlos como moneda de cambio y mantenerse en el poder a costa de incluir en las instituciones a quienes defienden el odio?”, se pregunta el comunicado.

La plataforma recuerda que Moreno “fue el primer presidente autonómico en abrir las puertas institucionalmente a la ultraderecha” con el acuerdo con Vox que le permitió ser presidente en 2019, y que en los años siguientes Andalucía pasó de invertir 47,33 millones de euros en 2018 en Ayuda Oficial al Desarrollo a reducirlos, con un presupuesto global mucho mayor, hasta los 20,5 millones en 2025, apenas un 0,04% del total inicial. “Cuesta diferenciar a qué partido pertenecen los postulados antiderechos y negacionistas de una estrategia estatal que toma a las autonomías como rehenes en el camino hacia el poder”.

La CAONGD alerta del peligro de asignar un filtro de “ideológico” a las intervenciones por los derechos humanos en Andalucía. “En un tiempo lleno de desinformación, noticias falsas y discursos de odio, necesitamos más que nunca educar en empatía, derechos humanos y justicia global”. Y advierte de que no es un hecho aislado, sino “parte de una deriva más amplia que erosiona políticas públicas que garantizan derechos: desde la gestión migratoria basada en la dignidad hasta la igualdad de género, los derechos LGTBIQA+, la lucha contra el racismo, la protección social o el papel de la sociedad civil”.

“Este pacto podrá definir a un gobierno, pero no a un pueblo”, culmina el texto: “No van a cambiar la identidad andaluza con una firma. Andalucía merecía otra cosa”.

Save the Children: los niños no pueden ser foco del rechazo

Por su parte, Save the Children ha reclamado al nuevo Gobierno andaluz que gobierne “para toda la infancia” y garantice los derechos de niños y niñas “sin excepción”, después de comprobar que el pacto decreta un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados (MENA)” y estipula la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”.

La organización destaca que la protección de la infancia apenas aparece de forma explícita en el documento, mientras que algunas de las medidas planteadas generan una “especial preocupación” por su posible impacto en los derechos de la infancia y adolescencia. “Todos los niños y niñas son sujetos de derecho y cualquier política pública que les afecte debe estar guiada por su interés superior, tal y como establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestro ordenamiento jurídico”, señala Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía.

La organización observa con inquietud el contenido del apartado dedicado a inmigración, especialmente por el lenguaje utilizado para referirse a los niños y niñas migrantes que llegan solos a Andalucía. El texto recoge explícitamente el acrónimo “MENA”, con el que la ultraderecha lleva años estigmatizando a estos niños y niñas. El acuerdo plantea su oposición a la acogida de niños y niñas sin referentes familiares, limita la creación de plazas de protección y vincula de forma reiterada la migración con problemas de seguridad, fraude o gasto público, observan en la entidad.

Save the Children recuerda que los niños y niñas migrantes “no pueden convertirse en el foco del rechazo a las políticas migratorias” y advierte de que presentarlos como un problema puede aumentar su vulnerabilidad a la exclusión, la discriminación y los discursos de odio, así como aumentar la conflictividad social. Respecto a las propuestas sobre retornos de menores migrantes, Save the Children recuerda que el retorno puede llegar a ser una solución adecuada en determinados casos, pero únicamente cuando exista una valoración individualizada de cada niño o niña, se garantice su seguridad en su país y entorno de origen y se respeten en todo momento su interés superior y su voluntad.

La organización también expresa su preocupación por las medidas que pretenden establecer la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas, prestaciones o vivienda pública, punto central del acuerdo. “Ninguna consideración relacionada con el origen o la situación administrativa puede situarse por delante del interés superior del niño”, recuerda la entidad.

Los sindicatos alertan del riesgo para los servicios públicos

Los sindicatos mayoritarios también han salido al paso del acuerdo. La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, advirtió nada más firmarse el acuerdo que “se vislumbran políticas altamente peligrosas que ponen en riesgo los servicios públicos, la igualdad de las personas y la igualdad de los derechos”. En este contexto, ha asegurado que los principales riesgos son “en primer lugar el ataque y desmantelamiento de los servicios públicos”.

El acuerdo, según ha señalado la dirigente sindical, plantea una “desregulación” que, en la práctica, “supone eliminar garantías de protección para los trabajadores, la ciudadanía y las propias empresas”. En este sentido, ha expresado su preocupación por que el objetivo real sea “limitar la capacidad de despliegue de los servicios públicos y eliminar de un plumazo el empleo público, que ha demostrado ser vital para el conjunto de la ciudadanía”.

CCOO-A también advierte de la posible “destrucción del diálogo social” y el “avance del autoritarismo” estarían detrás del anuncio de “recortar o eliminar” la financiación pública a sindicatos y patronal que contiene el texto, que recoge la tradicional hostilidad de la ultraderecha hacia las organizaciones sindicales. La organización asegura que se trata de “una cortina de humo más que de un daño real a la actividad sindical o a su independencia”, subrayando que cuenta con autonomía financiera plena.

El secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo, ha calificado el acuerdo como “una muy mala noticia para todos los andaluces”, al considerar que detrás del mismo “hay recortes de derechos y de servicios fundamentales”. En este sentido, ha advertido de que se “pone al borde del precipicio” a la sanidad pública, al entender que se abre “de par en par la puerta a la gestión privada” bajo el argumento de reducir las listas de espera, al tiempo que ha criticado la inclusión de medidas como la “prioridad nacional” para el acceso a determinadas ayudas. “No se puede enfrentar a los trabajadores entre sí para poder recibir ayuda”, ha señalado.

Asimismo, se ha preguntado cómo se sostendrá el Estado del bienestar tras las “bajadas masivas de impuestos”, cuestionando “de dónde van a salir los recursos necesarios para mejorar las escuelas, los hospitales y el sistema de dependencia”. “Así no se sostiene el Estado del bienestar”, ha afirmado, añadiendo que “no se puede desmantelar lo que tanto tiempo ha costado construir entre todos”. Por último, ha subrayado que no se puede permitir un “debilitamiento” de los servicios públicos “de esta forma” y ha advertido de que el sindicato estará “muy atento” y se situará “enfrente durante toda la legislatura” si se mantiene esta línea de actuación.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, también ha mostrado su rechazo a las medidas que, según señalan, “abren la puerta a una mayor privatización de los servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario”. El sindicato ha advertido de que cualquier fórmula que suponga derivar más actividad, financiación o recursos a entidades privadas para prestar servicios esenciales “va en la dirección equivocada y no responde a las necesidades reales de los andaluces y andaluzas ni de los profesionales”.

CSIF ha mostrado su inquietud por las medidas del acuerdo que plantean la colaboración público-privada como herramienta para reducir las listas de espera quirúrgicas, pruebas diagnósticas y de consultas externa. “El SAS necesita tener músculo propio, no soluciones coyunturales que terminen debilitando el sistema”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela.

CSIF también ha mostrado su oposición a cualquier medida que suponga avanzar en la concertación de la educación pública; en concreto, tal y como recoge el acuerdo, en Bachillerato. “No hay justificación alguna (...) Andalucía cuenta con un sistema educativo que garantiza una oferta suficiente en los institutos públicos; no obstante, allí donde sea necesario ampliarla o reforzarla, desde hacerse desde la propia red pública, con todas las modalidades y en condiciones de equidad territorial”Por su parte, el secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo, ha calificado el acuerdo como “una muy mala noticia para todos los andaluces”, al considerar que detrás del mismo “hay recortes de derechos y de servicios fundamentales”.

En su opinión, se “pone al borde del precipicio” a la sanidad pública, al entender que se abre “de par en par la puerta a la gestión privada” bajo el argumento de reducir las listas de espera, al tiempo que ha criticado la inclusión de medidas como la “prioridad nacional” para el acceso a determinadas ayudas. “No se puede enfrentar a los trabajadores entre sí para poder recibir ayuda”, ha señalado.

Asimismo, se ha preguntado cómo se sostendrá el Estado del bienestar tras las “bajadas masivas de impuestos”, cuestionando “de dónde van a salir los recursos necesarios para mejorar las escuelas, los hospitales y el sistema de dependencia”. “Así no se sostiene el Estado del bienestar”, ha afirmado, añadiendo que “no se puede desmantelar lo que tanto tiempo ha costado construir entre todos”.

Alcalde de Sevilla: “Estupendo”

Los dos alcaldes de las ciudades más pobladas de Andalucía sí han saludado el acuerdo que llevará al líder de su partido de nuevo al Palacio de San Telmo. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha asegurado este viernes que el acuerdo le parece “estupendo”. Sanz, que mantiene un acuerdo con la ultraderecha en la ciudad para aprobar los Presupuestos a cambio de ir introduciendo sus políticas y conceptos, ha asegurado que el acuerdo da una estabilidad “que es lo que necesita nuestra comunidad autónoma o cualquier otra comunidad autónoma”, y ha alabado que se haya alcanzado en “tiempo récord”.

Más comedido ha sido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha valorado el pacto como la “única alternativa que ha parecido ser posible” .“Yo espero que funcione lo mejor posible”, ha dicho, apuntando a la izquierda por no abstenerse para facilitar un gobierno del PP en solitario: “La izquierda tiene una posibilidad de decir 'mire usted, abstenemos unos votos y se acabó el tema (...) Es una alternativa que el grupo de la izquierda no ha querido utilizar ni hacer”.

Se calcula que unos 3,9 millones de niños y niñas viven en las zonas afectadas por los potentes terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron Venezuela el 24 de junio, lo cual les pone en peligro a ellos y a sus familias. 

“Las imágenes que nos llegan de Venezuela y los relatos que nos transmiten nuestros colegas sobre el terreno son desgarradores”, ha asegurado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. “Nuestros pensamientos están con los niños y las familias que han perdido a seres queridos y con todos aquellos cuyas vidas se han visto trastornadas. A medida que se va conociendo con mayor claridad la magnitud de los daños, la seguridad, la protección y el bienestar de los niños y niñas deben seguir siendo el eje central de la respuesta”. 

Miles de familias necesitarán ayuda urgente mientras continúan las evaluaciones de los daños. Las viviendas, las escuelas, los centros de salud, los sistemas de abastecimiento de agua y otras infraestructuras esenciales pueden haber sufrido daños, lo que dificulta el acceso a los servicios básicos y aumenta los riesgos para los niños y niñas y sus cuidadores. 

UNICEF está coordinando sus acciones con las autoridades nacionales y sus aliados para evaluar las necesidades de las poblaciones afectadas y respaldar las iniciativas de respuesta, con el fin de garantizar que los niños, niñas y las familias tengan acceso a atención médica, servicios de protección, apoyo psicosocial, agua potable y espacios seguros. 

Los niños y niñas se encuentran entre los más vulnerables cuando se producen desastres. En las próximas horas y días, pueden sufrir lesiones, separación familiar, desplazamiento, angustia y la interrupción de servicios como la asistencia sanitaria, el agua potable, la educación y la protección. 

UNICEF está presente sobre el terreno y mantiene su compromiso de apoyar los esfuerzos nacionales para atender las necesidades de los niños y niñas afectados y sus familias, especialmente los más vulnerables. Antes de los terremotos, el llamamiento Acción Humanitaria para la Infancia 2026 de UNICEF para Venezuela ascendía a 137,6 millones de dólares (120 millones de euros), de los cuales solo se había financiado el 35%. 

Campaña de UNICEF España

UNICEF España ha destinado 100.000 euros de su fondo de emergencias a la respuesta inmediata para cubrir las necesidades más urgentes de los niños y niñas afectados por los terremotos, y ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos en la que puede colaborar cualquier persona que lo desee: 

•  A través de esta web.

•  Llamando al teléfono 900 907 500 (L-V de 9 a 21 h, S de 11 a 17 h)

•  Por transferencia bancaria a la cuenta BBVA ES78 0182 2370 4202 0851 6491

Acerca de UNICEF 

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo. En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos.

Estos días ha dado comienzo el Mundial de fútbol, un acontecimiento global que siguen millones de personas aficionadas de todo el mundo. Son días interesantes, especialmente para quienes siguen cada encuentro, pero también para quienes lo viven desde más lejos. Pronto llegarán los partidos de la fase eliminatoria, cuando se disputen el trofeo las grandes selecciones, tanto del Norte Global como de países empobrecidos que forman parte de lo que denominamos Sur Global. De momento, las favoritas calientan motores y nosotras, las ONG de desarrollo de Euskadi, comparamos algunos partidos de fútbol con la realidad que acompañamos en muchos países de ese Sur Global.

Hace unos días, por ejemplo, mientras algunos disfrutaban del partido Brasil-Haití, nosotras sólo podíamos pensar en las más de 1.200.000 personas de origen haitiano que actualmente están protegidas por la ACNUR, refugiadas en diferentes lugares del mundo o desplazadas dentro del propio país caribeño. Probablemente, muchas de las personas que vieron el jueves el Uzbekistán-Colombia no sabrán que este último es el país más letal para las defensoras de la tierra y el medioambiente, con 48 asesinatos en 2024, según Global Witness.

Para quienes nos dedicamos a la cooperación y la solidaridad internacional nos es muy difícil mirar hacia otro lado. A quienes hemos recordado, como cada 20 de junio, el Día Mundial de las Personas Refugiadas, nos resulta imposible olvidar a las 117 millones de personas que para el año 2025 habían sido obligadas a huir de sus casas por persecuciones, conflictos, violaciones a los derechos humanos u otros motivos de desplazamiento forzoso.

A la guerra y la crisis medioambiental, principales responsables de este éxodo masivo según la ACNUR, se suma otra grave crisis para los derechos humanos: el cierre del espacio cívico. Según el instituto V-Dem, más del 70% de la población mundial vive en países donde el espacio cívico está reprimido o cerrado, esto es, lugares donde los derechos civiles y políticos no pueden ejercerse de forma plena, mientras que solo el 4% de la población vive en espacios cívicos abiertos.

Las ONGD vascas venimos alertando de esta oleada antiderechos. Una oleada que no sólo se vive en el Sur Global. La prohibición de manifestaciones propalestinas en el Reino Unido o Alemania, o la violencia policial contra integrantes de la Global Sumud Flotilla en el aeropuerto de Loiu, son señales de que el espacio cívico se estrecha también en Europa, donde el porcentaje de personas que viven en un espacio cívico abierto (total o parcialmente) pasó de un 63% antes de la pandemia a un 29% en 2025.

Cerca de aquí, en Extremadura y Aragón, el pacto PP-Vox reducirá a mínimos la política de cooperación internacional al desarrollo, convirtiendo los derechos humanos en moneda de cambio y poniendo en riesgo la protección de millones de personas en situación de vulnerabilidad. Ante el riesgo de que estos ataques se extiendan por todo el Estado, las ONGD y coordinadoras autonómicas hemos puesto en marcha una campaña para reivindicar, también en el contexto del Mundial, que la cooperación, la justicia social, el antirracismo, la convivencia... no pueden ser moneda de cambio en negociaciones presupuestarias. La solidaridad es lo normal, lo que nos enseñaron nuestras amamas y nuestros aitites. Lo raro es tener que recordarlo y defenderlo ante estos ataques.

De algún modo, aunque sea metafóricamente, este Mundial tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo los pueblos del mundo; solo que en vez de un trofeo, fuera de los estadios nos estamos jugando algo mucho más valioso, algo que ha costado décadas construir y por lo que queda mucho por hacer: una sociedad libre, donde cada persona y comunidad tenga reconocidos sus derechos fundamentales. Este otro partido va de salvar vidas, y de proteger y fortalecer los derechos humanos. Las ONGD que vivimos a diario cada jugada, sabemos lo que está en juego en este choque; y también sabemos que, por ahora, lo estamos perdiendo.

Con una base social de más de 100.000 personas, las 85 organizaciones que formamos la Coordinadora de ONGD de Euskadi trabajamos en 69 países del mundo para contribuir a la defensa y fortalecimiento de los derechos humanos, la justicia social y la democracia. En colaboración con entidades locales, la cooperación vasca apoya el fortalecimiento a largo plazo de estas comunidades, a través de 949 proyectos que abarcan diversas áreas, como la salud, la nutrición, la educación, la provisión de servicios de agua, saneamiento e higiene, la protección infantil, el empoderamiento de las mujeres y personas LGTBIQ+, la defensa de los derechos humanos...

El 15 de enero, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Antonio Guterres dijo: “Algunos quieren poner la cooperación internacional en una sala de cuidados intensivos. Les aseguro que no nos rendiremos”. Tampoco lo haremos las ONGD vascas que formamos esta Coordinadora.

Maxi y Paola, de 46 años, ven la muerte de cerca todos los días. Son médicos. Y por su trabajo diario saben perfectamente que “nadie tiene firmada la vida eterna”.

Esta pareja afincada en Gran Canaria dedica buena parte de su tiempo a salvar a personas. A curarlas. Por eso creen que, mientras estén aquí, ya habrán “cumplido” con la humanidad, dicen entre risas. Después de la muerte, añaden, es otra historia.

“Los humanos ya tienen bastante. No están en peligro de extinción ni nada”, bromean antes de volver a soltar una carcajada. “Así que, en aquello en lo que no influimos, que es la naturaleza, está en nuestra mano devolver un poquito de todo lo que hemos utilizado y contaminado”.

Ambos han decidido firmar un testamento solidario en favor de la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en sus siglas en inglés). Lo hicieron hace años. Ante notario, dejaron establecido que una parte de su herencia se destinara al cuidado de sus mascotas (siete en total, cinco gatos y dos perros), que quedarían a cargo de la hermana de Maxi. Y el resto irá destinado a la mencionada ONG.

Ellos sienten que están en deuda con el planeta y quieren devolverle algo, en especial ahora, cuando atraviesa una crisis climática y de pérdida de biodiversidad provocada por la actividad humana.

“Siempre he pensado que nosotros, solo por existir, contaminamos. Tenemos un impacto. Y el sistema ya está hecho, así que es muy difícil volver atrás o cambiarlo todo. No podemos hacer eso. No está en nuestra mano. Pero sí podemos aportar un poquito y mitigar ese impacto”, asegura Paola. “No me interesa exactamente lo que se haga. Pero que sea útil, que sirva para algo bueno”, remacha.

Al principio impactó. Se encontraron con un fuerte rechazo en notarías locales, donde les juzgaron por hacer un testamento siendo tan jóvenes y por su decisión de no tener hijos. En una de ellas incluso les llegaron a decir que “esto no es una película yankee”, recuerdan.

Pero siguió impulsándoles la posibilidad de que su legado tuviera efectos tangibles en favor de la naturaleza. Según WWF, una donación de 6.000 euros permite recuperar una hectárea de bosque degradado; con 12.000 euros podrían retirarse doce toneladas de plástico de las playas; con 100.000, dotar de vehículos a equipos de vigilancia de especies amenazadas como el lince ibérico, el rinoceronte o el panda; y con 300.000, impulsar la creación de una reserva marina que garantice la pesca sostenible para las generaciones futuras.

A ellos les habría encantado formar parte del proceso de reintroducción del lince, que ha pasado de registrar menos de cien ejemplares a principios de siglo a contabilizar 2.630 en la actualidad. Pero quizá en el futuro llegue el turno de otros proyectos, como la recuperación del lobo o la restauración de bosques degradados. Les gusta pensar que, de alguna manera, contribuirán a ellos. Y que ya lo han dejado atado.

“Una compañera de trabajo falleció muy joven. Tenía animales, responsabilidades, y no dejó nada previsto sobre qué hacer con ellos. Ese fue el momento en que dijimos: vale, hay que hacerlo”, relata Maxi. “Ahora tenemos tranquilidad. Creo que esa es la palabra. Está todo en orden. Y, si nos vamos, aportamos un poquito a solucionar algo”, agrega Paola.

Los datos de WWF muestran que el número de peticiones de información para incluir a la organización en el testamento ha mantenido una tendencia al alza durante la última década. Tras registrar 382 solicitudes en 2016, las cifras volvieron a situarse en niveles elevados en 2024, con 313 peticiones. En 2025 se contabilizaron 118 consultas.

En total, más de 1.500 personas han contactado con la ONG para proteger la naturaleza con su legado. 199 ya lo hacen de manera activa. Canarias suma un total de 47 personas interesadas, el cuarto dato más elevado detrás de Madrid, con 237, Barcelona (133) y Alicante (54).

El perfil mayoritario de quienes firman un testamento solidario ha sido tradicionalmente el de una mujer adulta. Según WWF, el 59,5% de las personas que lo hacen son mujeres. Leyre Ayastuy, portavoz de Haz Testamento Solidario, explica que esto se alinea con otros estudios nacionales que muestran que las mujeres suelen implicarse más que los hombres en este tipo de causas.

Pero en los últimos años se observa una nueva tendencia: cada vez más jóvenes están mostrando interés por este tipo de legados vinculados a la protección del medio ambiente, en un contexto de creciente conciencia ecológica. La edad media de los testadores en WWF se sitúa ahora en los 54 años. El 61% de las personas interesadas tiene menos de 60 años. En Canarias, el 46,9% de los interesados es menor de 50 años. Incluso se ha registrado el caso de una persona de 24.

En Greenpeace confirman este patrón. “Es una señal de que algo está cambiando. Frente al cambio climático y a la pérdida de la biodiversidad necesitamos acción. Ya no se trata solo de actuar en el presente, sino de garantizar que esa acción continúe en el futuro. El testamento solidario es quizá la expresión más profunda y duradera de ese compromiso”, reflexiona Justine Huppert, responsable de Legados y Donaciones en Greenpeace España.

Ayastuy apunta también que el perfil más habitual de testador solidario ha sido el de una persona sin hijos, que al no contar con “herederos forzosos” dispone de mayor libertad para destinar su patrimonio. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el número de personas casadas (y con hijos) que han descubierto que pueden recurrir al denominado “tercio de libre disposición”, la parte de la herencia (un 33,3%) que el testador puede dejar a quien quiera, incluso teniendo descendencia.

La suma de todas estas nuevas sensibilidades está generando un aluvión de peticiones de información. En Greenpeace detallan que el número se ha duplicado en el último lustro. El crecimiento en la base de personas interesadas en este tipo de legados, añaden, alcanza el 150%.

“La preocupación por nuestro planeta y su futuro crece. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad ya no son conceptos lejanos, sino la realidad que respiramos, con episodios de calor más intensos, temperaturas récord del mar e inundaciones que muchas personas están viviendo en primera persona”, señala Huppert. “El testamento solidario se está normalizando como una forma de colaborar, una manera de seguir luchando por los valores y las causas que nos importan, aunque ya no estemos”.

Hacerlo es muy sencillo. Las fuentes explican que solo cuesta entre 40 y 80 euros, puede realizarse en cualquier notaría y es revocable. Ayastuy, portavoz de Haz Testamento Solidario, recuerda además que las ONG están exentas del impuesto de sucesiones y donaciones. Y que, en caso de recibir inmuebles u otros bienes, como joyas, las pondrían a la venta a precio de mercado para destinar lo recaudado a sus proyectos. 

WWF recibió en 2025 un total de 259.773 euros. En 2021 alcanzó su pico, con 610.600 euros. Las aportaciones varían cada año, pero la media anual se sitúa en torno a los 220.690 euros, mientras que la donación media por testamento es de 127.600 euros. Desde Greenpeace, por su parte, apuntan que el año pasado recibieron 347.000 euros en legados y herencia, lo que supone aproximadamente el 1,6% de su presupuesto anual. Agregan que la cifra “va creciendo, aunque puede variar”.

“Proteger los océanos y denunciar la destrucción de ecosistemas únicos como los que rodean a Canarias necesita financiación independiente y sostenida en el tiempo. El testamento solidario es precisamente eso: un gesto hacia el futuro del planeta que trasciende nuestra propia vida”, concluye Huppert.

En WWF, además, plantan un árbol en honor de cada persona que decide incluir a la organización en su testamento, con su nombre y apellidos, explica Bárbara Crespí, responsable de Herencias y Legados de la organización. “Lo hacemos en Montejo de la Vega, en Segovia, que fue la cuna de los campamentos de verano para gente joven que inició Félix Rodríguez de la Fuente”, el primer vicepresidente de WWF España, un naturalista español que defendía que la naturaleza es el mejor legado que podemos dejar.

Los sindicatos CGT y OSTA han denunciado el cierre del centro AH-AIC PARIS de Atención Humanitaria en Zaragoza, comunicado recientemente por la dirección de la Fundación APIP-ACAM, tras la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de eliminar las 195 plazas asignadas a este recurso para el periodo comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027.

APIP-ACAM es una entidad colaboradora del Ministerio de Inclusión autorizada para la atención a personas solicitantes de protección internacional. La desaparición del recurso aasistencial en la ciudad de Zaragoza deja sin atención a personas en situación de vulnerabilidad y ha provocado, por el momento, la extinción de casi todos los empleos destinados a este fin, sin descartar nuevas afectaciones laborales.

OSTA ha denunciado la “absoluta premura con la que APIP-ACAM ha procedido a la amortización de puestos de trabajo por 'causas objetivas de naturaleza organizativa y productiva', afectando directamente a 10 trabajadoras que han sido despedidas y solamente ha garantizado la recolocación de 2 personas que forman parte del comité de empresa, así como a la coordinadora del centro, lejos de garantizar el mantenimiento de todo el empleo”.

Desde CGT consideran “inaceptable” que una decisión de esta magnitud se adopte sin una planificación adecuada que garantice tanto la continuidad de la atención a las personas usuarias como la estabilidad laboral de la plantilla. Añaden desde el sindicato que “resulta especialmente preocupante que el comité de empresa tuviera conocimiento de esta situación apenas una hora después del anuncio de los primeros despidos, evidenciando una preocupante falta de información, transparencia y participación de la representación legal de las personas trabajadoras”.

Además, esta situación se produce en un contexto de creciente preocupación por determinadas prácticas organizativas y laborales que han generado malestar entre la plantilla y que han sido objeto de actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección efectiva de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

CGT exige “la máxima transparencia” por parte de la Fundación APIP-ACAM y de las administraciones implicadas y sostiene que “no podemos permitir que desaparezcan recursos esenciales sin ofrecer alternativas ni que las consecuencias recaigan exclusivamente sobre quienes más necesitan estos servicios y sobre las personas trabajadoras que los hacen posibles cada día”.

Reubicación de los migrantes

El Hotel París llegó a albergar hasta 280 migrantes el pasado año, aunque esa cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta las 195 plazas actuales. El recurso finalizará ahora su actividad tras la decisión del Ministerio de Inclusión de no renovar las plazas, con el argumento de que los usuarios actuales van superando distintas fases del programa de acogida.

Alrededor de una veintena de jóvenes malienses con protección internacional han pasado de la fase de emergencia a la fase 1 del itinerario de acogida y están siendo reubicados en distintas ciudades españolas, entre ellas Huesca, Cáceres, Murcia y Santiago de Compostela.

Otro grupo, integrado por personas que no disponen de protección internacional y se encuentran en proceso de regularización administrativa, será trasladado al centro de Épila.

Por último, aquellas personas que han encontrado empleo y superan unos ingresos mensuales de 600 euros —aunque sea de forma ocasional— deberán abandonar los pisos que ocupan actualmente antes del próximo 30 de junio. Su futuro es incierto y, según diversas fuentes, ya han sido instadas a buscar alojamiento por sus propios medios.

Una entidad cuestionada por usuarios y trabajadores

La fundación APIP-ACAM es una entidad privada dedicada a la atención residencial y de día de colectivos de funcionalidad diversa y a la asistencia, orientación, formación e inclusión sociolaboral de colectivos en situación de riesgo de exclusión. La plantilla está adscrita al sector de la Acción e Intervención Social, y su convenio de aplicación es de ámbito estatal.

No obstante, distintos sindicatos, entre ellos CGT, han trasladado en varias ocasiones denuncias a la Inspección de Trabajo relacionadas con cuestiones laborales, como presuntas irregularidades en materia de nóminas o dificultades para el ejercicio de la actividad sindical. También se han señalado problemas de carácter sociosanitario, como la aparición de una plaga de chinches que se extendió desde uno de los pisos donde estaban acogidos los migrantes y para cuya fumigación utilizaron a sus propios empleados en lugar de una empresa especializada.

Si en los últimos meses algunas personas migrantes protagonizaron protestas por las condiciones de alojamiento, también parte de la plantilla ha expresado críticas hacia la coordinación territorial de Aragón por la gestión del recurso asistencial. Varias trabajadoras han criticado la actuación de la coordinadora de Aragón, Patricia Urzola, por la “falta de transparencia y de respeto a usuarios y trabajadores”. A su juicio, la última decisión de despedir a la mayor parte de la plantilla ha sido “fría y maquiavélica” por no informar con tiempo suficiente a las afectadas. Algunas de ellas recibieron el finiquito antes de comunicarles formalmente el despido.

Un brote del virus del Ébola en República del Congo y Uganda ha provocado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declare como emergencia de salud pública de importancia internacional.

La situación no es nueva en estos países africanos donde los brotes son recurrentes, pero no por eso hay que bajar la guardia, advierte Consuelo Giménez Pardo, profesora e investigadora en el Departamento de Biomedicina y Biotecnología de la Universidad de Alcalá (UAH). “Hay que prestarle atención”, reclama. Ella asegura que “ahora mismo una de las mayores batallas guerra que libra el mundo es contra las infecciones”.

Esta experta en Parasitología es además vocal de gestión e investigación en Médicos del Mundo España. La ONG, de hecho, es co-organizadora en un máster universitario en Acción Humanitaria Sanitaria que oferta la universidad alcalaína para formar profesionales capaces de poner el foco la salud global.

Cree que es importante divulgar información sobre este tipo de brotes “sin generar miedo en la población” porque “estas cosas pasan”. Eso sí, rechaza bulos o fake news que circulan cuando hablamos de salud pública.

En una entrevista con ella, conversamos sobre el virus del Ébola. Y eso nos recuerda tanto la fragilidad de la especie humana en un mundo globalizado (también cuando hablamos de sanidad e incluso de supervivencia como especie) como la necesidad de cooperación internacional.

¿Qué es el ébola?

Es un virus, de la familia de los Orthoebolavirus. Hay seis especies, pero solo tres de ellas han provocado brotes recientes.

La primera es la especie Ébola-Zaire, la más común, y la principal causante de los brotes más grandes en África. Después está el Ébola-Sudán, que se identificó por primera vez en ese país y por último el Orthoebolavirus bundibugyoense (Ébola-Bundibugyo), asociada a los brotes en Uganda.

Son los causantes de diferentes manifestaciones clínicas, entre ellas las hemorragias internas y externas.

¿Cómo se transmite?

Como muchos virus, habitan en un huésped natural que en este caso son los murciélagos frugívoros (los que se alimentan de fruta), que son reservorios de este virus y que aparecen localizados justo en esta zona de África.

Después está el contagio entre humanos, que se produce a través de los fluidos corporales, por contacto directo. No se transmite por aerosoles Pensemos que el periodo de incubación del virus del Ébola oscila entre 2 y 21 días, siendo más común la aparición de síntomas entre 8 y 10 días tras la exposición.

Tenemos que tener en cuenta que esta zona de África lleva tiempo alternando guerras, hambrunas y se producen movimientos masivos de población; pero también está la forma en la que se maneja a los difuntos

Tenemos que tener en cuenta que esta zona de África lleva tiempo alternando guerras, hambrunas y se producen movimientos masivos de población; pero también está la forma en la que se maneja a los difuntos. Se les toca, se les abraza… Es una cuestión cultural. El contagio del ébola se produce a través de fluidos, incluso el sudor, y estas prácticas facilitan la transmisión.

El brote más reciente de ébola afecta a la República Democrática del Congo, pero también a Uganda. ¿Qué sabemos?

Según datos actualizados de la OMS el brote de la cepa Bundibugyo sigue activo: se han confirmado 550 casos y 101 muertes en la República Democrática del Congo, y 19 casos en Uganda, con dos muertes. Crea muchísimos problemas por varias razones. Por un lado, porque no hay tratamiento ni vacuna para esta variante. En la actualidad solo existe vacuna para la variante Zaire.

Por otro lado, la enfermedad se replica muy lentamente en el organismo. Eso significa que toda la sintomatología y la capacidad de infección va a ser muy muy sostenida en el tiempo. Es decir, puede infectar más. Hay que tener mucho cuidado con esta variante.

¿Cómo afecta al organismo humano?

Todas las enfermedades tropicales se inician de la misma manera. Hay una primera fase de síntomas leves con dolor de cabeza o cefaleas, dolores musculares, fatiga, vómitos, diarreas...

Luego hay una segunda fase en la que el virus se replica de forma más activa y se complica en determinadas personas, provocando otra sintomatología, como las hemorragias internas o externas que provocan la muerte del paciente.

¿Por qué se producen este tipo de brotes?

Son brotes recurrentes y suelen afectar a las zonas transfronterizas. Las poblaciones de estas zonas viven en un conflicto permanente: hay guerras, hay una hambruna crónica y eso produce grandes movimientos poblacionales buscando zonas en las que poder vivir mejor.

Ese movimiento de personas, de animales y de enseres tampoco facilita el control de este brote.

No hablamos, sin embargo, de una enfermedad muy prevalente en el planeta

Efectivamente. Se produce en zonas muy concretas, donde existen esos reservorios naturales (los murciélagos frugívoros), con hambrunas y guerras y con sistemas sanitarios desestructurados. No es posible realizar vigilancia epidemiológica o controlar los contactos que provocan la transmisión.

Estamos viviendo el peor momento de infrafinanciación de las estructuras multilaterales

La Organización Mundial de la Salud, de hecho, está poniendo el foco en lo preocupante del brote, aunque nos parezca muy lejano y a pesar de que no se le esté dando importancia

Sí, sí, la OMS está preocupada. De hecho, lo ha declarado emergencia de salud pública de importancia internacional. Estamos viviendo el peor momento de infrafinanciación de las estructuras multilaterales. Y en paralelo estamos viendo la necesidad de que esas estructuras funcionen.

La República Democrática del Congo actuó desde el inicio. Tiene experiencia en el tratamiento de este tipo de epidemias o brotes que aparecen puntualmente. Junto al país, actúa la propia OMS y el África CDC, los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África.

A eso se suman las ONG, como Médicos Sin Fronteras que está trabajando ya de manera muy activa y Médicos del Mundo, entidad a la que pertenezco y que lleva trabajando en la zona desde 1994.

Hay que seguir apostando por el multilateralismo porque ni es la primera vez que pasa, ni será la última. Lo vimos con el coronavirus que afectó al mundo occidental, que ha sido un problema y que nos ha generado miedos que persisten

En este sentido, Médicos del Mundo no solo actúa para contener estos brotes sino para fortalecer los sistemas sanitarios locales, en cuanto a salud sexual y reproductiva, en tratamientos contra la desnutrición, en atención psicológica...

Hay que seguir apostando por el multilateralismo porque ni es la primera vez que pasa, ni será la última. Lo vimos con el coronavirus que afectó al mundo occidental, que ha sido un problema y que nos ha generado miedos que persisten.

Tenemos que estar preparados y trabajar en conjunto. No podemos afrontar este tipo de situaciones de manera individualizada y sin atender a lo que de verdad importa, que son las poblaciones, y un sistema sanitario que permiten que tengan una vida adecuada.

Pero da la sensación de que el 'mundo occidental' no le da mucha importancia. No sé si por ser una situación recurrente

No, no se le da importancia como pasa a tantas otras veces. Pero eso pasa también con otras enfermedades que vienen de África o están lejos de nosotros. Parece que no van a afectar al mundo occidental y eso es un error de planteamiento. Es un error de base. Vivimos en un mundo donde hay que considerar una 'salud única' (One Health): tenemos que trabajar con salud ambiental, salud animal y salud humana. Es un todo.

Lo que pasa en una parte del planeta, afecta al resto. De hecho, hemos tenido Ébola en Madrid. Las personas afectadas, uno de ellos un religioso y después una sanitaria, fueron tratadas. Hemos tenido que aprender a trabajar con ello.

Parecía que no iba a llegar y el ébola llegó. No es que se vaya a transmitir de forma masiva, pero en aquel momento [era el año 2014] nos dimos cuenta de que no somos ajenos en el mundo occidental a lo que pasa en otros lugares. Hay posibilidad de transmisión.

Hay quien vincula los movimientos migratorios a la transmisión de epidemias o pandemias

No tiene ningún fundamento y además genera miedo. Hay que pensar que, por el tiempo de incubación del ébola, cuando aparece la República Democrática del Congo y en Uganda y se mueve en la zona transfronteriza, no da para mucho más porque las personas enferman y no es algo que les vaya a permitir realizar todo el viaje hasta Europa. No es posible.

Las poblaciones subsaharianas que llegan a Europa son individuos sanos porque son supervivientes: han de atravesar desiertos, están sometidos a muchísimos problemas... Deben esperar para pasar la zona del Magreb en su camino hacia Europa. A veces es una situación incluso de muchos años.

El trabajo sobre el terreno de las ONG, por ejemplo, las integradas por personal sanitario, ha sido constante. Aquí la experiencia también es considerable

Hay muchísima experiencia de trabajo. Y sobre todo la tienen los países afectados. No tenemos que ir a decirles lo que tienen que hacer: los países africanos son muy conscientes de las enfermedades que tienen en sus poblaciones y también saben cómo tienen que trabajar.

Es fundamental cuando se trabaja con estas poblaciones, hacerlo desde un punto de vista comunitario. Solo trabajando con la comunidad conseguiremos cambiar ciertos hábitos para evitar los contagios.

Las ONG no vamos a suplir jamás los sistemas sanitarios ya establecidos. Nuestro objetivo es fortalecer, ayudar y apoyar.

¿Cómo se han implicado España o las ONG para ayudar en el llamamiento de la OMS para atajar este brote de ébola?

En el momento en el que la OMS declara la emergencia de salud pública de importancia internacional hay implicación porque se pide ayuda a todos los países. Lo que hacemos las ONG, una vez decidido en qué zonas trabajamos, es coordinarnos con los gobiernos de los países afectados y con la Organización Mundial de la Salud.

Todo se moviliza a nivel sanitario y económico. Esa declaración de la OMS es de hecho necesaria para desbloquear fondos y comenzar a movilizar gente.

Y sin embargo, tenemos a países como el Estados Unidos que gobierna Trump, que se ha retirado de la OMS...

Sí, Estados Unidos se ha retirado de la OMS, como de otros organismos, y es un enorme error con repercusiones globales. Cierto que todo está impregnado de decisiones relacionadas con batallas políticas, pero también es cierto que todos los seres humanos estamos sujetos de padecer enfermedades infecciosas y estas no entienden ni de política ni de fronteras.

Todos los seres humanos estamos sujetos de padecer enfermedades infecciosas y estas no entienden ni de política ni de fronteras

La mayor guerra que se libra y se librará en el futuro en nuestro planeta será contra las infecciones y tenemos que poder ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto apoyando y fortaleciendo los sistemas sanitarios que lo requieran para hacer frente a las siguientes epidemias y pandemias que vendrán. Nos jugamos el extinguirnos como especie.

Y los científicos tenemos que divulgar, sin generar alarma social, para transmitir de manera adecuada lo que ocurre y hacer frente a los discursos falsos, para que la gente sea muy consciente de que estas cosas pasan. No hay que estar asustados, pero sí prestar atención.

Una bueyada infantil es un festejo popular taurino, similar a un encierro tradicional, pero adaptado para niños y adolescentes. En este tipo de actividades, los más jóvenes corren, guían o interactúan con bueyes y novillos pequeños, por lo general mansos y domados.

No obstante, la convocatoria de este tipo de festejos con participación de menores es cada vez más polémica, por ser contraria a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La polémica ha vuelto a surgir con motivo de una convocatoria en el municipio toledano de Yeles, donde está prevista una bueyada infantil el próximo domingo, 14 de junio. Es el propio Ayuntamiento quien la organiza, como refleja el cartel del acto.

Es el motivo por el que la Fundación Franz Weber ha reclamado al Consistorio local la suspensión de esta actividad taurina, puesto que a ello se suma el acceso de menores como espectadores a las sueltas de reses previas. Esta ONG recuerda que en 2018 el mencionado Comité pidió al estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia.

“Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”, dice el documento.

En agosto de 2023 el organismo de expertas y expertos de Naciones Unidas incluyó una referencia en el Comentario General nº 26, sobre el ‘Derecho a no sufrir ningún tipo de violencia’: “Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales”.

Para la Fundación, estas peticiones tienen un “encaje evidente” en “la exposición a la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes”, tanto en formato de participación directa como en la “asistencia de espectadores al resto de actos taurinos programados”.

“Además del evidente riesgo de que el niño sufra angustia e incluso efectos traumáticos originados por la exposición de escenas de agresiones violentas hacia humanos y animales, la exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión”, concluyen.

Este periódico ha pedido al Ayuntamiento de Yeles su valoración sobre la convocatoria de la bueyada y la denuncia de la Fundación, sin que por el momento haya habido respuesta.

¿Qué dice el reglamento castellanomanchego?

En Castilla-La Mancha, la participación y el acceso de los menores a los festejos taurinos se rigen por el Reglamento de Espectáculos Taurinos. En este documento no se detalla una edad mínima específica para asistir a este tipo de festejos, y remite a la Ley de Espectáculos Públicos de la comunidad autónoma, que data de 2011, que tampoco lo prohíbe expresamente, pero sí establece que debe garantizarse “la integridad física, psíquica o moral” de los menores de edad.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha propuesto reformas legales para prohibir de forma expresa la entrada y participación de menores en eventos donde se ejerza violencia contra animales, lo cual ha generado un fuerte rechazo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha y asociaciones taurinas, quienes defienden la libertad de elección y el relevo generacional.

Las ONG de Castilla y León han anunciado que comienzan a prepararse para responder a los recortes en derechos a los migrantes que se deriven del acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León, y los propios recortes económicos con la retirada de ayudas a las organizaciones atienden y ayudan a los extranjeros en la Comunidad.

El presidente de la Coordinadora de ONG de Castilla y León, Nacho Baeza, ha recordado que la actividad de estas organizaciones no solo se centran en otros países, sino que tienen mucha actividad también en el propio territorio de Castilla y León, y ha avanzado que mantendrán una reunión para valorar el pacto y fijar una postura común.

Baeza ha indicado que los castellanos y leoneses son “mayoritariamente solidarios”, como muestra un estudio de Manos Unidas que concluye que más del 90 % de la población respalda las acciones de cooperación al desarrollo, cuyas ayudas también se van a limitar en el nuevo gobierno de coalición.

Y considera que no tiene sentido reducir estas ayudas a cooperación, que en este momento equivalen a una aportación de 2,5 euros por cada ciudadano de la comunidad.

En cuanto al concepto de 'prioridad nacional', de ampliación a la hora de acceder a políticas de vivienda y ayudas sociales y públicas, cree que introduce una “lógica potencialmente excluyente” contra la universalidad de los derechos.

Nacho Baeza ha adelantado que también apoyarán a organizaciones que luchan contra el cambio climático porque consideran que está relacionado con la migración, ya que muchos de los que se van de sus países lo hacen porque el incremento de temperaturas hace que no haya alimentos suficientes.

Hace dos años, el PP tuvo que rectificar en Burgos el veto a las ONG que trabajaban con migrantes como impuso por Vox. El Ayuntamiento intentó suprimir las ayudas por valor de 119.000 euros a las tres ONG que trabajan con personas migrantes en la ciudad: ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural. En ese momento, varias asociaciones de la ciudad —incluida Cáritas— se movilizaron en apoyo a las ONG afectadas.

La Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para revertir, vía enmienda, el recorte de diez millones de euros en cooperación internacional reflejado en el proyecto de presupuestos regionales para 2026, algo que también defenderá en la calle.

“No nos vamos a rendir, vamos a seguir aquí trabajando con o sin presupuesto”, ha manifestado este lunes la presidenta de CONGDEX -que agrupa a 51 organizaciones-, Lidia Rodríguez, momentos antes de reunirse en Mérida con el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina.

En declaraciones a los medios, ha advertido de que con este recorte son inasumibles las tres líneas de actuación de la Coordinadora, entre ellas la de los programas de desarrollo que se ejecutan en el exterior, como América Latina y África subsahariana, y la de acción humanitaria y emergencia, con la que se ayuda en caso de catástrofe.

Junto a ellas desaparecen también, por falta de fondos, la línea de educación para la ciudadanía global, “que es la que se ejecuta aquí en Extremadura” y que “se llevan cargando tres años consecutivos”, gracias a la que organizaciones sociales trabajan en centros educativos “para que el sistema de valores sea un sistema que haga de muro de contención a los discursos de odio”.

Rodríguez ha subrayado que la Coordinadora lleva 31 años trabajando en Extremadura y que tras el “desmantelamiento” que las políticas de cooperación sufren en el presupuesto elaborado por el Gobierno de PP y Vox saldrán a la calle “para reivindicar lo que llevamos haciendo siempre, que es defender a las personas más vulnerables”.

“Vamos a seguir sentándonos con quien quiera sentarse y con quien no quiera sentarse con nosotros a dialogar, los estaremos esperando en la calle ocupando los espacios públicos para que se nos oiga”, ha insistido.

Ha defendido que la solidaridad forma parte de del sistema de valores de Extremadura y que se ha materializado con cooperantes trabajando en zonas como Latinoamérica, Centroamérica y el África subsahariana, que se han convertido en “embajadores” de Extremadura.

Con el recorte presupuestario se está abandonando a muchísimas mujeres, menores y hombres en espacios altamente vulnerados, ha advertido, al tiempo que ha mostrado su sorpresa porque se han mantenido unos 2,7 millones de presupuesto para la infraestructura y personal de la Agencia Extremeña de Cooperación, por lo que se ha preguntado qué políticas van a desarrollar a este organismo sin más fondos.

Por su parte, Sánchez Cotrina ha recalcado que la región es una “tierra humanista”, por lo que el PSOE hará todo lo posible por enmendar unas cuentas “que acaban con la historia de Extremadura”.

Ha señalado que la cooperación no solo es solidaridad, sino también empleo, dado que genera alrededor de 200 puestos de trabajo en Extremadura, muchos de ellos ocupados por jóvenes.

“No puede ser que se carguen de un plumazo diez millones de euros prácticamente y que dejen la Agencia de Cooperación Internacional y todo aquello que tiene que ver con las ONGs y con la coordinadora absolutamente a cero”, ha aseverado.

Ha manifestado que con esta decisión María Guardiola, “maniatada a los postulados de la ultraderecha”, demuestra que “no es esa presidenta moderada que trata de trasladar a la opinión pública” y ha recordado que ni siquiera el gobierno del 'popular' José Antonio Monago redujo el presupuesto en cooperación internacional. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural contará en 2026 con un presupuesto de 1.080 millones de euros, un 5,5 % menos, y la Vicepresidencia y Consejería Desregulación, Servicios Sociales y Familia, 217 millones de euros, un 12,7% más para impulsar sus políticas, por lo que Vox gestionará 1.297 de los 8.853 millones de euros de los cuentas extremeñas, (casi el 15%).

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha dado este viernes los detalles del proyecto de presupuestos en una rueda de prensa en la Asamblea. Manzano ha justificado que la reducción en la dotación para Agricultura obedece al cambio de programa y la caída de fondos europeos por suceder la transición entre los programas, ya que en 2025 se ajustan los fondo europeos por finalizar el programa y ahora inicia uno nuevo, ha explicado.

Dentro del presupuesto de Agricultura se destinan 20 millones de euros al regadía de Tierra de Barros, “en el marco de la legalidad vigente” y “de frente”, ha expuesto la portavoz. Asimismo, para la modernización de regadíos en su conjunto contempla 19,5 millones de euros de inversión y a la mejora de caminos rurales, 14 millones. Además, dos millones de euros se dedicarán a atender situaciones sobrevenidas en el campo a través de un fondo de compensación agraria, de nueva creación.

También dentro del apoyo al sector agroganadero se destinan 30 millones de euros a impulsar las empresas agroalimentarias, 10,8 millones a seguros agrarios, 6,7 millones a sanidad animal, un millón a la lucha contra la lengua azul y cinco millones de euros a la lucha contra la seca.

Asimismo, para impulsar el comercio de calidad y la artesanía extremeña se destinan 4,25 millones de euros a mejorar la producción y comercialización de la miel, 949 mil euros a la promoción del vino en terceros países y 600 mil en la promoción de los productos agrícolas y alimentarios en los regímenes de calidad.

En materia de medio natural y caza, la Junta contempla 2,5 millones para el parque de Monfragüe, 1,7 millones de euros para agentes del medio natural, 700 mil euros para la promoción de la tauromaquia y 600 mil para caza y pesca.

Por otro lado, a juicio de Manzano, la Junta pone en el centro de sus políticas a las familias y a los servicios sociales, pues se dedican en global más de 6.000 millones en este sentido. “Seguimos cuidando de las familias, garantizando servicios sociales en Extremadura y prestando especial atención a los más jóvenes, y de manera transversal”, ha expuesto.

En este sentido, el presupuesto recoge un millón de euros más para ayudas a la natalidad, hasta los 2,12 millones, y 200.000 euros más para enfermos de ELA, hasta los 400.000 euros.

En materia de juventud, el Ejecutivo impulsará la participación de los jóvenes en la vida social y comunitaria con 520.000 euros, dedicará 230.000 y 120.000 euros a los campamentos y campus de verano del IJEX y al voluntariado juvenil, respectivamente, para que “siga creciendo el arraigo y puedan seguir viviendo en la región”.

Además, a preguntas de los medios, Manzano ha confirmado la reducción anunciada este jueves por Vox en 10 millones de euros a asociaciones y entidades que “promueven la inmigración ilegal, masiva y descontrolada”, según Vox, y en cooperación.

También recorta a la mitad de las subvenciones a los sindicatos, en torno a 286.000 euros, y se incorpora a ellas la patronal CIEM, además de CREEX y los sindicatos CCOO y UGT. 

La Generalitat enviará ayuda humanitaria a Cuba por primera vez en quince años. La profunda crisis económica y energética que atraviesa el país caribeño desde hace meses, agravada por el endurecimiento del embargo de Estados Unidos, ha empujado al Govern catalán a sumarse a las campañas de asistencia a la población de la isla. 

El Govern de Salvador Illa tiene previsto aprobar en el Consejo Ejecutivo de este martes un paquete de 440.000 euros para financiar la asistencia humanitaria de Naciones Unidas y de entidades y ONG sobre el terreno. 

“Cuba afronta una grave crisis que está afectando a las necesidades más básicas de su población”, argumenta el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch. “Queremos contribuir, en línea con la actuación de otros actores internacionales, al despliegue de acciones humanitarias en la isla”, abunda el conseller. 

De esta primera partida económica, la mayor parte, 290.000 euros, se destinarán al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, centrado en abastecer los comedores comunitarios de La Habana. El resto de dinero aprobado, 150.000 euros, irá para las entidades sociales y ONG sobre el terreno, a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que depende de la Generalitat. 

La Administración catalana se suma así a la respuesta en cooperación de otras instituciones a raíz de la crisis humanitaria cubana, como son las ayudas aprobadas por el Gobierno central o la UE. Asimismo, también destacan acciones ciudadanas de apoyo a la población cubana como el caso de la Flotilla de Open Arms, que zarpó el pasado 10 de mayo. 

Desde la Generalitat añaden que el acuerdo de financiación que se aprobará en el Consejo Ejecutivo incluye también otras medidas de apoyo —aunque por ahora no las cuantifican— a las comunidades catalanas en Cuba. En concreto, añaden, a la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Catalunya en La Habana. Actualmente residen en la isla caribeña 3.300 ciudadanos catalanes. 

La crisis en la que está sumida Cuba es una de las peores que se recuerdan en el país. La escasez de divisas, alimentos, medicinas y sobre todo combustible mantiene a la sociedad cubana y al régimen castrista al borde del colapso, con apagones constantes. Todo ello agravado por el temor a una intervención de Estados Unidos. 

Habían pasado tres días de la entrada en vigor de la regularización extraordinaria, pero no fue hasta el 20 de abril cuando el procedimiento se hizo visible en la calle. Ese día, las oficinas habilitadas abrieron sus puertas para recibir presencialmente las peticiones de migrantes sin papeles y solicitantes de asilo que ansiaban estabilizar su situación administrativa. La escena se repitió en distintas ciudades: colas desde la madrugada, carpetas de plástico repletas de documentos, miradas tensas y una mezcla de alivio e incertidumbre. En solo una semana, 120.000 peticiones fueron registradas, según los primeros datos facilitados por el Gobierno.

Un mes después, el procedimiento continúa “a buen ritmo”, según fuentes del Ministerio de Inclusión, que por ahora evitan ofrecer cifras actualizadas de solicitudes recibidas. En la calle, la ilusión se hizo visible desde el primer día, pero también el agobio de quienes temían que cualquier problema les impidiese registrar su petición antes de la finalización del plazo, marcado para el próximo 30 de junio. Sin embargo, el avance de la medida se ha encontrado con otra fecha clave: este viernes, cuando el Tribunal Supremo celebrará una vista para escuchar varias peticiones —entre quienes se encuentran la organización ultra Hazte Oír, Vox y la Comunidad de Madrid— de paralizar de forma cautelar el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes mientras se resuelve el fondo del asunto.

En contra de la paralización cautelar, el Abogado del Estado ha alegado la “afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general”, según indicó en un escrito de alegaciones al que tuvo acceso Europa Press. Aunque se desconoce una cifra oficial del número de migrantes y solicitantes de asilo que se verán afectadas en caso de paralización cautelar, las estimaciones realizadas por elDiario.es apuntan a que las peticiones presentadas durante el primer mes de procedimiento podrían superar las 300.000 peticiones.

Según el último dato oficial, aportado el 5 de mayo por la secretaria de Estado de Migraciones, durante la segunda semana de procedimiento unas 200.000 personas habían pedido la regularización desde la entrada en vigor de la medida. A falta de datos más recientes, y si se mantiene la cadencia inicial —marcada por un aluvión de solicitudes en los primeros días y una progresiva estabilización—, las peticiones formalizadas podrían superar las 300.000, según los cálculos de este medio. Las ONG especializadas esperaban un nuevo pico de las peticiones presentadas en el mes de junio, debido a que quienes llegaron a España en diciembre no pueden presentar su petición hasta no haber residido en el país cinco meses completos.

Primeros permisos provisionales

Las miles de personas que durante el primer mes del procedimiento de regularización han visto admitida a trámite su petición, transcurridas al menos dos semanas del registro, han recibido un Número de Identificación de Extranjero (NIE) ligado a un permiso provisional de residencia y trabajo, mientras su solicitud es estudiada a fondo. Una de ellas es Luisa Roldán. 

La mujer, originaria de Medellín, ya tiene autorización para trabajar en España después de vivir sin papeles durante dos años. La colombiana pidió la regularización de manera telemática a través de una abogada de una ONG el pasado 11 de abril. Un mes después —con quince días de retraso con respecto al plazo estipulado— recibió el escrito del Ministerio de Inclusión que confirma la admisión a trámite de su petición junto a su número de NIE y un permiso provisional para trabajar mientras se estudia la petición. “Me ha costado tanto, que pensaba que me iba a emocionar muchísimo; pero, hay tanto por hacer y cada trámite es tan complicado que, cuándo lo recibí ni lo celebré, pensé rápidamente en lo siguiente que debía hacer”, reconoce.

Objetivo: cotizar

Lo “siguiente” era buscar un empleo con contrato, por el que pueda empezar a cotizar en España, su principal objetivo, ya que actualmente trabaja por horas en el sector de la limpieza sin estar dada de alta en la seguridad social. Primero, ha empezado buscando ofertas de empleo en su sector de preferencia, el marketing digital y las organizaciones, área en la que ha trabajado de manera voluntaria para ONG que también le ayudaron a ella en sus primeros meses en el país. “He empezado por lo que más me gusta, pero si no encuentro también voy a buscar en otros sectores como dependienta en tiendas o en la hostelería”, añade la joven.

No quiere perder tiempo. Sabe que de su tiempo cotizado dependerá la renovación posterior del permiso que tanto le ha costado conseguir: “Siento que se me ha abierto el camino. Con este permiso de trabajo, ya empieza a contar mi año para renovar, así que he empezado a moverme”, explica desde Valencia, donde actualmente trabaja en la limpieza de cinco viviendas.

Desde el inicio del procedimiento, el Ejecutivo calcula que la medida concederá los papeles alrededor de 500.000 personas. Esa estimación, sin embargo, no habla de peticiones registradas, pues la cartera dirigida por Elma Saiz asumía que el número de solicitudes superaría esa primera estimación, pues su estimación incluye cierto porcentaje de desestimación. Según detalló el Ministerio de Migraciones el día de la aprobación del real decreto de la regularización, el departamento calculaba recibir en torno a 750.000 solicitudes a lo largo de todo el proceso, de las que cerca de un 30% podrían ser rechazadas por no cumplir los requisitos establecidos, según las proyecciones iniciales.

De las colas a la estabilización

El primer mes de plazo ha estado atravesado por el desconcierto, ligado principalmente a uno de los requisitos más controvertidos: el informe de vulnerabilidad. Este documento, exigido solo en determinados supuestos —especialmente para las personas sin papeles que no vivan con sus familiares o que no puedan acreditar vínculos laborales—, se convirtió rápidamente en el principal cuello de botella del procedimiento. Durante las primeras semanas, largas colas se formaron a las puertas de servicios sociales municipales y de las pocas organizaciones no gubernamentales que comenzaron a expedir estos certificados. Hubo quienes durmieron a la intemperie para conseguir un turno, quienes regresaron varios días seguidos sin éxito, quienes no entendían por qué ese papel se había convertido en la llave de acceso al proceso.

A partir de la segunda quincena, el panorama comenzó a cambiar. Más organizaciones se sumaron a la expedición de certificados, se habilitaron nuevos puntos de atención y las filas empezaron a reducirse. La presión en la calle disminuyó, pero aparentemente no ha significado una caída en las solicitudes. Tampoco de las necesidades que las ONG se están encontrando en su labor de apoyo en el procedimiento, según explica Edith Espínola, portavoz del Movimiento Regularización Ya.

“Estamos contentísimas porque muchas personas están logrando introducir sus expedientes para regularizarse, pero también es agridulce porque vemos que hay muchísimas necesidades. Hay gente que no está pudiendo conseguir la documentación, que sus países no están colaborando para entregarle los antecedentes penales que no están empadronados y que no sabemos cómo vamos a conseguir que se empadronen para que, después puedan poner la huella para obtener sus documentos”, sostiene.

Luisa, originaria de Medellín, era desplazada interna en Colombia debido a la violencia del país. Migró a España por un conjunto de razones, entre las que se entremezclan la seguridad y las difíciles condiciones económicas. A su llegada a Valencia, empezó a trabajar en el cuidado de una anciana con demencia varias horas por las noches. “Me pagaban poco, ocho euros la hora, aunque ya era más que a otras compañeras. Era muy duro y no pude estar más de unos meses”, recuerda. Después, y hasta la actualidad, pasó a trabajar a limpiar casas por horas.

“Por fin podré buscar un trabajo más estable, en condiciones dignas, con un contrato, que me den de alta en la Seguridad Social, que me paguen vacaciones, acceder a una baja si caigo enferma…”, dice Luisa para detallar la manera en que puede cambiar su vida el permiso de trabajo recibido hace una semana. En el tiempo en que ha permanecido en España sin poder regularizarse, tuvo varias oportunidades de trabajar regularmente en proyectos de marketing digital en el Tercer Sector, pero perdió varias oportunidades laborales, en las que pudo haber cotizado, por una única razón: carecer de documentación en regla. 

Ahora, la autorización provisional ha empezado a abrirle un camino que, dice, va a empezar a recorrer. No conocía los detalles de los recursos presentados ante el Supremo para frenar el proceso de regularización, pero sí sabía que podía haber obstáculos. ¿Qué pasaría si, ahora que ya tiene el permiso, se frena el proceso?

Luisa responde con la paciencia de quien ha esperado demasiado, con la resignación de los dos años de trabas burocráticas en su intento de construir una vida en España. “Cuando mi psicóloga me pregunta qué es lo que podría hacer que volviera a mi estado de ánimo anterior, tras pasar por una depresión, le dije precisamente que no llegara a salir la regularización”, explica la colombiana. “De la regularización depende mi estado de ánimo y mi estabilidad. Pero llegué a la conclusión que, si al final no saliese, ya aguanté dos años, podría aguantar otro poco más”, añade.

Desde el Movimiento de Regularización Ya asumían que a lo largo del proceso de la regularización podrían encontrarse trabas judiciales desde determinadas formaciones, pero dicen confiar en la Justicia: “Esperamos que el Tribunal Supremo sea realmente la Casa de la Justicia y no de la injusticia para una población que sostiene la vida de miles de españoles a diario en casi todos los puestos de servicios, en lugares invisibilizados y expuesto a muchísimo abuso y explotación”, concluye Edith Espínola.

La decisión del Ministerio de Igualdad de incorporar una cláusula abolicionista de la prostitución a las subvenciones sobre violencia machista y trata ya es definitiva. El pasado 22 de abril, el BOE publicó la orden que modifica los requisitos de estas ayudas y que obliga a las entidades que quieran presentarse a reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. La decisión sume en la incertidumbre a buena parte de las organizaciones y deja en el aire sus proyectos porque o bien no se definen como abolicionistas o ni siquiera lo han debatido internamente, al estar dedicadas a cuestiones que no tienen que ver con la prostitución.

“Es un tema que ni tocamos ni vamos a tocar, porque no es oportuno para nuestro trabajo ni las mujeres a las que nos dirigimos. Presentaremos el proyecto y, si no los rechazan por esto, será una pena”, señala la portavoz de la Fundación Secretariado Gitano, una de las entidades que fueron beneficiarias de estas ayudas en 2025 para un programa de prevención de la violencia de género en mujeres gitanas. Esta es una sensación compartida entre las ONG, que desconocen cómo va a aplicar Igualdad los requisitos. Según la orden, deberán reconocer la prostitución como forma de violencia en sus estatutos o “mediante experiencia previa”. Además, la última versión del texto añade una condición más: que firmen una “declaración responsable” en la que lo afirmen.

Uno de los efectos de la orden será que aquellas asociaciones que no cumplan estos puntos quedarán fuera de las ayudas. Es lo que también teme la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género de Catalunya, que recibió algo más de 14.000 euros el año pasado para organizar el Foro contra las Violencias de Género, en el que anualmente reúne a expertas, víctimas e instituciones. Ahora, no sabe si podrá presentarse a la nueva convocatoria. El Ministerio ha aplicado el cambio a dos líneas de ayudas: tanto a las que financian proyectos de “concienciación, prevención e investigación” en violencia machista como a las de apoyo a víctimas de trata.

“Dentro de la plataforma hay 140 entidades, cada una con aproximaciones diferentes. No vamos a posicionarnos en un concepto que no deja de ser un amplio debate incluso en el feminismo”, apunta Ainhoa Morán, su coordinadora, que advierte de que la orden “va a poner en riesgo y a excluir proyectos necesarios”. “Lógicamente, todas estamos en contra de las violencias machistas, pero esto es tratar de imponernos una agenda y una ideología concreta. La prostitución no está así catalogada en ninguna ley y ni siquiera en el Convenio de Estambul”, añade Morán.

También de Catalunya es la fundación Àmbit Prevenció, una entidad que trabaja con víctimas de violencia machista y mujeres que ejercen la prostitución. En la convocatoria pasada se le adjudicó algo más de 4.800 euros del Ministerio de Igualdad para financiar un proyecto con el que monitorizar qué pasa después de una denuncia por violencia sexual. Con ese dinero, ya ha empezado a recopilar información y a coordinarse con los servicios de atención a víctimas de Extremadura, Madrid, Baleares y Catalunya con el objetivo de recabar la participación de mujeres. La idea era ampliar aún más la iniciativa, pero la ONG es consciente de que ya no se podrá presentar a la misma subvención.

La presidenta Mercè Meroño explica que “para nada” se ha planteado la fundación hacer un cambio de estatutos para poder entrar ni tampoco firmar la declaración que exige ahora el departamento dirigido por Ana Redondo. “Tenemos una misión y valores propios, no vamos a ir cambiándolos en función de los intereses del Estado”, apunta Meroño, que recalca que su “prioridad” es “atender a las necesidades de las mujeres desde la diversidad, la proximidad y el respeto sin opinar sobre sus vidas”, algo que “en ningún caso” está por debajo de la posibilidad de obtener una subvención.

Aún así, la presidenta de Àmbit Prevenció lamenta la modificación del Ministerio en unos fondos que reparten unos siete millones de euros desde hace cuatro ejercicios. “Nuestro proyecto, que tiene que ver con la violencia sexual, ¿va a quedarse fuera porque en nuestros estatutos no nos refiramos a la prostitución? Es un cambio arbitrario y una discriminación muy grave”, cree Meroño.

La fundación cuenta con un proyecto llamado 'Siempre Vivas' para asesorar a víctimas de violencia machista y también servicios de acompañamiento a mujeres que ejercen la prostitución, a las que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico, además de poner a su disposición un espacio para que puedan descansar, hacerse pruebas o recoger material. También tiene dos recursos asistenciales para mujeres que han ejercido la prostitución y han sufrido algún tipo de violencia. “El enfoque que aplicamos es el basado en los derechos, no intentamos que vaya por delante una determinada ideología, sino que escuchamos a las mujeres y las acompañamos”, añade.

La oposición de las entidades

La polémica por las subvenciones arrancó el pasado febrero, cuando el Ministerio de Igualdad abrió la consulta pública sobre la modificación legislativa. En la memoria de impacto, justificaba los cambios en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” de la prostitución. Además, aludía a la necesidad de alinear las ayudas con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

Medio centenar de organizaciones de prostitutas y entidades no abolicionistas, con el apoyo de Amnistía Internacional, enviaron entonces alegaciones a la propuesta y advirtieron de que la llevarán a los tribunales si Igualdad no da marcha atrás, al considerarla “inconstitucional”. El Ministerio defendió entonces la orden y apeló a que “no constituye una imposición ideológica”, sino “una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público”. Sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio sobre cómo van a aplicarse los nuevos requisitos.

Porque una de las sospechas que tienen la decena de organizaciones con las que ha contactado elDiario.es es que, tras las quejas, el Ministerio rebaje las condiciones y, en la práctica, sirva con firmar la declaración responsable que fue incluida después y suavice la exigencia del cambio de estatutos. Aun así, el requisito no convence a los colectivos consultados, buena parte de los cuales prefieren no romper su anonimato a la espera de cómo se concrete la convocatoria. “Está fuera de lugar en una subvención pública. Exigir un posicionamiento en un tema tan complejo y en el que hay diversidad, no conduce al entendimiento, sino a la confrontación”, dice una portavoz .

Entre las ONG que prometen recurrir la orden está el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que en los últimos ejercicios ha recibido dinero para montar el ciclo de charlas 'Hablan las prostitutas', con el que buscan “dar voz” a las protagonistas. “Probablemente, no nos podamos presentar porque nos obligan a declarar que la prostitución es violencia per se, algo que desde muchas ONG cuestionamos”, apunta Fuensanta Gual, presidenta de la entidad, que añade: “Otra cosa es que efectivamente haya mucha violencia en la prostitución y, de hecho, de eso van nuestras charlas”.

CATS cuenta también con un programa de asistencia integral a mujeres en contextos de prostitución que recibió ayudas de Igualdad hasta 2020. “Desde entonces nos lo rechazan. Es un proyecto de asistencia y acompañamiento, les damos atención social, jurídica y psicológica. Ahora estamos en pleno asesoramiento por el tema de la regularización extraordinaria”, añade la presidenta de la entidad, que reclama el reconocimiento de derechos laborales para las prostitutas.

Otras ONG están evaluando qué pasos dar cuando tengan que concurrir a las ayudas. La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) no modificará sus estatutos, pero sí enviará la declaración responsable, aunque con matices. La condición es que las entidades reconozcan en ella que los proyectos presentados están alineados contra las distintas formas de violencia contra las mujeres “incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva que supone la gestación por subrogación”. Según explica Elisabeth Ortega, adjunta a la dirección de UNAD, la declaración que adjuntarán no se referirá específicamente a ninguna de estas violencias.

La organización confía en que así pueda volver a ser financiado su proyecto Comunidades GPS —que el año pasado recibió 24.500 euros— y que, junto a la Universidad de Salamanca, busca fortalecer la coordinación para dar respuesta a mujeres con adicciones víctimas de violencia machista. “UNAD no cuenta con un posicionamiento sobre prostitución porque somos una red compuesta por 200 entidades con trayectorias y enfoques diversos, no obstante, nuestros estatutos y experiencia reflejan de forma clara nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y la atención a las distintas violencias que pueden atravesar”, concluye Ortega.

En la foto, Emma sonríe. A su lado, Mario levanta la mano y dibuja con los dedos el símbolo de la victoria. La imagen llega por WhatsApp a primera hora de la mañana, después de pasar la noche a la intemperie. Han conseguido entrar en los servicios sociales municipales de Madrid y lo celebran. La desorganización del proceso les ha empujado a hacer horas de cola para solicitar el certificado de vulnerabilidad que necesitan para iniciar el proceso de regularización. Durante unas horas, creen que han resuelto el trámite que está entorpeciendo la medida. No era así, y lo sabrán dos días después.

Cuando el matrimonio acude a otra ventanilla del Ayuntamiento de Madrid para validar el documento se topan con una respuesta inesperada: no pueden emitir su informe de vulnerabilidad. Nos han dicho que no estamos empadronados en el municipio y, sin ese requisito, el informe no puede validarse“, dice Emma. Acaba de percatarse de que la madrugada en la calle no ha servido de nada. Toca empezar de nuevo: ”El Ayuntamiento nos ha dicho que tenemos que ir a una ONG“.

La exigencia del llamado informe de vulnerabilidad —exigido a los migrantes sin papeles que no vivan con hijos a cargo o no prueben una vinculación laboral anterior o futura— ha abierto un frente inesperado en el proceso de regularización. Este requisito es el principal responsable de las largas colas, noches a la intemperie o choques entre el Gobierno central y muchos ayuntamientos, especialmente los del Partido Popular. Su elaboración corresponde en primer lugar a los servicios sociales municipales pero, a sabiendas de que estos trámites suelen traer problemas, el Gobierno añadió la posibilidad de que estos documentos fuesen validados por las llamadas ONG colaboradoras, incorporadas a un listado oficial. Y, mientras muchas oficinas municipales aún no han empezado a emitir estos documentos o validan solo unas decenas al día, las ONG de pequeño y mediano tamaño, pese a sus escasos recursos, se desloman para entregar el mayor número de informes posible.

Tras el varapalo recibido en el Ayuntamiento de Madrid, tras horas de llamadas, derivaciones y puertas cerradas, Emma y Guillermo escuchan hablar de la organización Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Cuentan su caso, cuando la trabajadora de la organización asiente, suspiran. Emma agarra la carpeta que arrastra desde hace una semana por medio Madrid y gesticula su alegría contenida. Llegado su turno, Isabel, con cercanía, pregunta sobre su situación en España. Sin papeles, sin trabajo estable y con dificultades para pagar el alquiler de la pequeña habitación donde viven, la ONG valida su certificado de vulnerabilidad. Emma y Guillermo clavan su mirada en el sello que la trabajadora estampa en el papel. Se miran cómplices y sonríen.

No es la concesión de la regularización. No es el registro de su petición. Es un simple formulario, un requisito de las decenas de documentos que tienen que presentar para optar al proceso extraordinario. Pero cuánto les ha costado conseguir el último papel que les queda para entregar su expediente a su abogado e iniciar el trámite. Tenían todo preparado desde hace semanas, y esta exigencia de última hora desbarató sus planes y les avivó el miedo de quedar excluidos de la medida.

Con el documento sellado en sus manos, Emma se emociona: “Hemos sufrido mucho, por eso agradecemos tanto tenerlo en nuestras manos por fin”. Mientras escucha a su esposa, Guillermo se rompe: “No entendemos como, hasta para una medida esta, nos hacen pasar por todo esto. Por qué lo ponen tan difícil de repente, por qué nos tienen que hacer pasar por tantas horas de cola, por ir de un lado a otro, casi suplicando, para conseguir este último requisito”, dice el salvadoreño, antes de abandonar la ONG entre decenas de palabras de agradecimiento.

Desde la semana pasada, la sede de la ONG Rumiñahui en Madrid amanece con cientos de personas esperando en su puerta. Tras la publicación de varios post en su Instagram que anuncian la emisión de cientos de certificados de vulnerabilidad cada día, se ha corrido la voz. La organización ha elaborado un sistema ágil para emitir de manera rápida, y obviamente gratuita, el mayor número de informes posibles. “Hemos habilitado varias salas y organizamos grupos de unas 80 personas. En ellas, durante una hora, les damos una charla. En grupo, les explicamos las distintas casuísticas de vulnerabilidad y, así, hablando en común, les vamos indicando la casilla que les corresponde marcar. Una vez comprobado todo, los validamos.

La organización está sacando adelante alrededor de 600 informes al día en cada sede. La oficina de servicios sociales de Puerta de Toledo, permite cada día realizar el trámite a unos 80. La ONG, apoyándose en trabajadores y voluntarios, atiende casos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, aunque no es su horario habitual. Según varios testimonios recabados, las oficinas de servicios sociales municipales que el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado para poder hacer dicho trámite, atienden estas peticiones hasta las 12 de la mañana aproximadamente, durante unas tres horas.

La misma organización, Rumiñahui, realizó este viernes una misión en Lorca, municipio con un alto porcentaje de población migrante, la mayoría empleada en el campo. “Hay unas mil personas en la cola, ya hemos validado unos 600 informes de vulnerabilidad”, explica por teléfono desde allí Vladimir Paspuel, presidente de la entidad, a elDiario.es. En otros lugares, muchos ayuntamientos aún no han empezado a sellar los informes, por lo que la labor está recayendo en muchas organizaciones que no dan de sí: “En Andalucía, nos estamos encontrando muchos municipios que directamente se niegan a realizar este documento, o dan citas para junio. No puede ser que las ONG, que además suelen ser las pequeñas o medianas, hagan más informes que los servicios sociales. Tienen que habilitar más recursos, sean del estado o municipales, para reforzar esa atención”, sostiene Diego Boza, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

El 'Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar' de Sedoac suele abrir sus puertas solo de jueves a domingo para recibir a mujeres empleadas domésticas, a quienes apoyan a través de talleres o distintas actividades. Ahora, el espacio se ha convertido en una suerte de oficina de servicios sociales. En una sala, dan cita. En otra, sellan informes o registran expedientes urgentes. “Con todo esto, hemos ampliado el horario”, dice Edith Espínola, portavoz de Sedoac. Es martes, acaba de salir de una entrevista y mira el reloj apurada. Es su día libre en su trabajo y quiere aprovecharlo para sellar informes de vulnerabilidad y registrar algunas peticiones. “Tengo ya a gente esperando en la puerta”, dice antes de tomar un taxi para empezar cuanto antes. Ella es una de las integrantes más activas del movimiento que lleva seis años de lucha por la regularización, conoce lo que está en juego y el significado de cada papel.

Sentada en la mesa, empieza a atender a quienes esperaban. No son muchos. Aún no se ha corrido la voz de que Sedoac ha empezado a sellar el documento por el que cientos de personas hacen fila en los servicios sociales. Primero empezaron con las mujeres a las que atienden en sus proyectos, pero ya han abierto sus puertas para todo el que lo necesite. Espínola atiende cada caso sin importar el tiempo, conoce de primera mano lo farragoso del proceso y la importancia de comprender cada detalle. Además de sellar el documento, se interesa por el caso específico de quienes se sientan frente a ella.

Ante la falta de un sistema de coordinación estatal, estas organizaciones con escasos recursos van adaptándose en función de la demanda. Ese martes, Sedoac recibió a unas 30 personas. El miércoles fueron 150. El jueves, algo más. El viernes, la organización decidió rediseñar su sistema, exigiendo cita previa. Como saben que aunque el plazo finaliza el 30 de junio, no todos pueden esperar a registrar su petición, la organización permite cierta flexibilidad en determinados casos que requieran urgencia: como la previsible caducidad de otro de los documentos recopilados, como los antecedentes penales; o ante situaciones laborales específicas, como los complejos horarios de las empleadas domésticas internas.

“Tú te lo sabes mucho mejor que mi abogado, y le he pagado 300 euros. Él no responde mis dudas, y tú me lo explicas muy fácil, paso a paso”, se sorprende una mujer que llegó a este punto de casualidad y se fue con su informe validado después de varios días en una suerte de juego de la oca en busca del certificado de vulnerabilidad. Espínola, con cierto sonrojo y humildad, baja la mirada y sonríe: “Bueno, es que yo he pasado por esto, lo he vivido”, responde la paraguaya. La activista vivió durante seis años en España sin papeles y se enfrentó al enjambre de trámites exigidos para lograr un permiso de residencia. Sabe de lo que habla.

La “esperanza” es la sensación mayoritaria entre los cientos de migrantes que siguen llegando a las oficinas de Correos y a las tesorerías de la Seguridad Social habilitadas en Castilla-La Mancha para pedir su regularización dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno.

En el tercer día desde que se abrió el plazo para realizar estas peticiones y todavía son muchas las complicaciones que se están encontrando, especialmente en la elaboración del informe de vulnerabilidad requerido para la solicitud, y para ello están recibiendo la ayuda de las organizaciones sociales acreditadas como entidades colaboradoras en materia de extranjería.

Mientras en la ciudad de Toledo, muchas de estas peticiones las están realizando migrantes que acuden desde los pueblos de la provincia, en otras provincias de la comunidad autónoma, la situación es similar, pero también proceden de las capitales. En cualquier caso, hay una “gran afluencia, por centenares” constatan las organizaciones consultadas por este medio.

La Delegación del Gobierno todavía no ha aportado datos oficiales sobre las solicitudes presentadas, pero prevé que sean entre 13.000 y 15.000 los migrantes que regularizarán su situación en la comunidad autónoma.

Una de las provincias donde más se están cursando solicitudes es Ciudad Real. Cientos de personas de los pueblos y de la capital están recibiendo el asesoramiento, la información y la elaboración de la documentación por parte de las entidades acreditadas.

Así ayuda una entidad social

Una de ellas es Movimiento por la Paz. Su responsable, Manuel Lorenzo, explica que a muchos migrantes los derivan de los servicios sociales de los ayuntamientos. En algunos casos, la tramitación es sencilla porque forman parte de los itinerarios de estas entidades, es decir, conocen su situación. Pero en otros, son personas que no conocen y deben iniciar el proceso prácticamente desde cero.

“No todos requieren el informe de vulnerabilidad porque, por su situación, ya son vulnerables”, explica Lorenzo, en referencia a las personas en situación de refugio o protección internacional.

Pero esta no es la situación mayoritaria. “Hay gente que viene de forma espontánea, a preguntar, a interesarse, a conocer el proceso. En los servicios sociales los derivan hasta aquí”. ¿Cómo actúan para ayudarles? “Estamos realizando reuniones informativas con personas para que les tramitemos el expediente. Les explicamos toda la documentación y, si podemos, incluso ‘in situ' verificamos que su documentación está correcta. Y luego les damos cita previa para que tramiten su solicitud en las oficinas habilitadas”.

En paralelo, Movimiento por la Paz también está haciendo labores de apoyo a ayuntamientos de la provincia, principalmente con abogados acreditados en labores de extranjería. Se desplazan a los pueblos para realizar esas sesiones, supervisar la documentación y analizar si pueden tramitarles el expediente.

Las situaciones personales que están encontrando son muy variadas. Desde personas sin trabajo a otras que han estado empleadas sin contrato y de manera intermitente en la agricultura, en la hostelería o en el sector de la limpieza y los cuidados. “La tónica general es que todas las personas quieren presentar sus papeles cuanto antes. Tener una respuesta cuanto antes y poder mejorar su vida. Sobre todo, hay esperanza. La gente está esperanzada”.

Movimiento por la Paz detalla que las situaciones familiares y los apoyos de los que disponen también varían. “Hay muchos migrantes que están solos, otros que acuden con sus familias y también mujeres con cargas familiares, pero sin trabajo. Vienen de todas las edades, también estudiantes, y la situación en muchos casos es de vulnerabilidad, muchos están en situación de pobreza o en riesgo de estarlo”.  

“La casuística es muy amplia. No son perfiles estándar. La impresión general es que la gente al final se ha estado buscando la vida como ha podido y ahora tienen una oportunidad de regular su situación. Son muchas personas. No sabemos si podremos atender a todos, pero haremos todo lo posible. Si vemos que no llegamos, les pediremos que pidan cita y les revisaremos los expedientes para verificar que esté todo correcto”, concluye.  

Otra de las entidades que ha desplegado su ayuda en toda la región es ACCEM. No está acreditada para la elaboración de solicitudes, pero está especializada en la acogida, protección y atención integral a refugiados y migrantes. Ofrece servicios de refugio (como en su centro de Sigüenza y en plazas de alojamiento en Guadalajara, Albacete y Toledo), así como atención social, formación y ayuda a colectivos vulnerables, en colaboración con el Gobierno regional.

Braulio Carlés, responsable territorial de esta organización, explica que la afluencia de personas para cursar solicitudes está siendo “enorme”. “Está llegando mucha gente a todas las oficinas y les informamos del procedimiento para que consigan la documentación”, precisa.

Esto es una gran oportunidad

“Esto es una gran oportunidad. Hay miles de personas en situación irregular en este país, muchos de ellos trabajando y contribuyendo al sistema, a las arcas del Estado, sin que se reconozcan sus derechos y deberes. Y no solo trabajando, sino también en el consumo y el funcionamiento de la economía. Sin embargo, parece que no existen, que están ocultos y eso es injusto”, resalta.

Dicho esto, desde ACCEM consideran de gran relevancia que en esta regulación se pongan “todos los medios pertinentes y oportunos” para realizarla de forma ordenada. “Debemos tener un mecanismo de integración y de facilitación que ayude a que sea ágil y rápido. Hay mucha gente que quiere regularizarse y hay que hacerlo bien”.

También se refiere al informe de vulnerabilidad como uno de los “escollos” del proceso, aunque en el caso de las personas acogidas por ACCEM, muchas no lo necesitan por su propia situación de refugiados. “Pero otras ocasiones es más complicado y confiamos en que pueda solventarse”.

Braulio Carlés aprovecha para arremeter contra los “populismos ensalzados” contra la regularización extraordinaria. “Esto no tiene ningún 'efecto llamada'. Se han hecho varias regularizaciones y nunca ha habido esa consecuencia. El 'efecto llamada' lo generan las guerras y el hambre, y eso no lo provocan los migrantes, sino otros mucho más poderosos”.

“Esto tiene que funcionar. No pueden seguir siendo invisibles, por lo que hay que buscar las vías para que la regularización llegue a buen puerto y sea posible. Todos tenemos derecho a vivir con dignidad, y esto es una gran oportunidad”, concluye.

Por su parte, Médicos del Mundo ha organizado para este jueves, día 23 de abril, una sesión en el Centro Social del barrio de Santa Bárbara de Toledo, para informar a migrantes sobre el proceso:

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha calificado “muy positivamente” el proceso.

Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos

“Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos”, ha constatado, señalando que, “si encima viene con ese apoyo por parte del Ministerio, la regularización que se está llevando a cabo, pues es mucho más ágil y mucho más fácil”.

En cuanto a la alarma generada con respecto al procedimiento y a los trámites, ha señalado que en Castilla-La Mancha las subdelegaciones del Gobierno se han puesto a disposición de los ciudadanos para hacer reuniones informativas y que puedan llevar a cabo este tipo de procesos “con garantías y con máxima normalidad”.

“Cuando algo es muy esperado y además es tan necesario los comienzos nunca son fáciles”, ha admitido la consejera, quien ha apuntado que “con la información que además ha dado el Ministerio, que está muy bien explicada, son procesos que no tienen por qué ser complicados”.

Que ningún ayuntamiento ponga “trabas”

Finalmente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confiado en que ningún ayuntamiento ponga “trabas” a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Ha negado conocer algún caso, al tiempo que ha apostillado que “oponerse” a la regularización “sería torpe”.

En cuanto a las trabas y críticas al procedimiento, ha destacado que si hay algún error, “se estará detectando” y “lo valoraremos cuando pase un plazo prudencial”. “Yo creo que incluso algunas de las denuncias que se hacen, se hacen con ánimo de mejorar el servicio”, ha concluido.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) celebra desde este miércoles, 22 de abril, al viernes, día 24, el XIX Encuentro Estatal de Participación en el Institución Ferial de Ciudad Real (Ifedi), junto a su red territorial de Castilla-La Mancha.

La presente edición reunirá a un centenar de personas con experiencia en pobreza de todo el país, con el objetivo de trabajar en propuestas políticas en materia de acceso a la vivienda y de transición justa, en un contexto de “emergencia habitacional que está abocando a miles de personas a situaciones de pobreza y exclusión social”, según apunta la organización.

En la inauguración del evento, que tendrá lugar el 22 de abril a las 16.30 horas, está previsto que participen Inés Sandoval, directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real; Rocío Zarco, diputada de la Diputación Provincial de Ciudad Real; Mar González, presidenta de EAPN Castilla-La Mancha; y Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa.

El programa del primer día concluirá con la grabación en directo del vídeo podcast 'Sin derechos estamos apañaos', un proyecto desarrollado por el Grupo de Participación de EAPN Castilla-La Mancha. Se trata de una iniciativa donde personas con experiencia en pobreza dialogan con referentes de ámbitos culturales, políticos, científicos o sociales sobre temas de interés social. En esta ocasión, se realizará una entrevista a Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y reconocido divulgador científico.

Por su parte, en la jornada de clausura el viernes 24 de abril está prevista la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con la Comunicación 'Los rostros y el lenguaje de la pobreza'.

Previa a la intervención de Gabilondo, se llevará a cabo un encuentro con las instituciones, donde representantes de las diferentes delegaciones territoriales de EAPN España trasladarán las propuestas en materia de derecho a la vivienda trabajadas en las jornadas a representantes institucionales, entre ellos Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y Santiago Vera, director general de Acción Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La presente edición del encuentro coincide, además, con la celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril. En este contexto, el miércoles 22 de abril se realizará el acto simbólico 'Lecturas por una vivienda digna', una lectura pública de fragmentos de obras centradas en la defensa del derecho a la vivienda y la denuncia de la pobreza y la exclusión social.

EAPN España tiene una larga trayectoria en la celebración de Encuentros y Congreso de Participación tanto a nivel europeo, estatal y autonómico. Gracias a estos espacios se potencia el reconocimiento de las personas en situación de pobreza o exclusión y se facilita que representantes institucionales se acerquen a problemáticas y realidades a las que, sin estas iniciativas, no tendrían acceso.

La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura ha hecho público un comunicado contra el acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox, en el que advierte de un “retroceso” en materia de derechos humanos y políticas migratorias. Bajo el lema 'Los derechos humanos no se negocian', las organizaciones alertan de que los compromisos alcanzados “traspasan límites legales y éticos” y suponen una “criminalización” tanto de las personas migrantes como de la sociedad civil.

El pronunciamiento llega en plena conformación del nuevo Ejecutivo autonómico que previsiblemente encabezará María Guardiola, y se suma a otras voces críticas que, en los últimos días, han cuestionado el contenido del pacto en ámbitos como la migración, la igualdad o la cooperación internacional.

En su análisis, la plataforma reconoce la legitimidad de los acuerdos parlamentarios, pero advierte de que “no todo vale” y sitúa los derechos humanos como una “línea roja” que no puede ser utilizada como moneda de cambio político. En este sentido, pone el foco en el lenguaje empleado en el debate público y denuncia que términos como “ilegal” para referirse a personas migrantes contribuyen a su deshumanización. “Ninguna persona es ilegal”, subrayan, recordando que la legislación española no tipifica como delito el hecho de migrar.

El comunicado también rechaza el uso del acrónimo 'MENAS', ampliamente extendido en el discurso político y mediático, y reivindica una denominación que no invisibilice la condición de menores: “niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”. A este respecto, cuestiona los argumentos sobre una supuesta “llegada masiva” de menores, señalando que en Extremadura el número de menores tutelados ronda los 150, frente a los 364 cuya acogida ha planteado el Gobierno central. “¿De verdad quieren hacernos creer que estas cifras ponen en riesgo la seguridad o el futuro laboral de la región?”, se preguntan.

Las organizaciones firmantes acusan además a PP y Vox de “mezclar de forma interesada” realidades distintas, como la de menores migrantes y la de menores sometidos a medidas judiciales, y de vincular la migración con fenómenos como la ocupación ilegal de viviendas. A su juicio, se trata de “bulos” que buscan generar miedo y rechazo social, pese a que —afirman— los datos oficiales no respaldan esas asociaciones.

Otro de los puntos más críticos del comunicado es la referencia a las entidades sociales que trabajan en la acogida y acompañamiento de personas migrantes. La plataforma denuncia que el acuerdo de gobierno las señala de forma “infundada”, acusándolas de colaborar con mafias o participar en actividades ilícitas. Frente a ello, reivindican su labor y aseguran que seguirán trabajando “con o sin fondos públicos” en la defensa de los derechos humanos.

En relación con las medidas anunciadas, también cuestionan propuestas como el refuerzo de pruebas de determinación de edad a menores migrantes, recordando que la legislación vigente solo permite su aplicación en ausencia de documentación. Asimismo, califican de “ilegal, islamófoba y machista” la posible prohibición del uso del burka o el nicab en espacios públicos, al considerar que vulneraría derechos fundamentales como la libertad religiosa o el derecho a la propia imagen, además de exceder las competencias autonómicas.

El texto incorpora además una crítica al enfoque identitario del acuerdo, señalando que ignora la herencia histórica de la cultura árabe en Extremadura y lamentando la intención de suprimir programas educativos vinculados a esta tradición. “Olvidan ocho siglos de historia que forman parte esencial del patrimonio extremeño”, apuntan.

Finalmente, la plataforma hace un llamamiento a la sociedad extremeña a implicarse activamente en la defensa de los derechos humanos. “No va de otros”, advierten, en un mensaje que busca contrarrestar los discursos de exclusión. “Nadie es ‘de fuera’ ni ‘distinto’: todas las personas forman parte de esta tierra”, concluyen, apelando a la movilización social frente a lo que consideran un avance del racismo, la xenofobia y la deshumanización en el debate político.

Datos

Los últimos datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura reflejan un incremento de la delincuencia juvenil en la región durante 2024. Un total de 307 menores fueron condenados por sentencia firme, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al año anterior, con una tasa de 7 condenados por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años, por encima de la media nacional. La mayoría de estos menores son hombres (81,8%) y predominan las edades de 14 y 15 años. Además, el informe destaca que el 88,9% de los condenados tiene nacionalidad española, lo que desmonta ciertos discursos que asocian delincuencia juvenil con población extranjera.

El documento también evidencia un fuerte incremento en el número de infracciones penales cometidas por menores, que alcanzan las 824, un 60,6% más que en 2023. En paralelo, los jueces adoptaron 471 medidas, siendo las más habituales la libertad vigilada (33,1%) y la prestación en beneficio de la comunidad (30,1%). Especialmente relevante es el aumento de los delitos sexuales, con 29 menores condenados en Extremadura, lo que supone un crecimiento significativo respecto al año anterior y apunta a una tendencia preocupante que requiere análisis desde una perspectiva social, educativa y de género para comprender sus causas y prevenir su evolución.

La convocatoria, impulsada por la Coordinadora Extremeña de ONG de Desarrollo (Congdex), hace un llamamiento a sus entidades socias, así como a movimientos sociales, plataformas y ciudadanía en general, para visibilizar su rechazo a lo que consideran una posible “negociación ideológica” de las políticas sociales.

En un comunicado, las organizaciones convocantes subrayan una serie de principios que consideran irrenunciables en la acción política. Entre ellos, destacan la defensa de los derechos humanos como eje fundamental de las políticas públicas, la igualdad de género y el reconocimiento de las violencias específicas que afectan a las mujeres, así como la lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

Asimismo, reivindican la cooperación internacional como herramienta clave para la solidaridad, la justicia global y la construcción de paz, y reclaman el papel central de la sociedad civil organizada en el funcionamiento de una democracia “saludable”.

Las entidades firmantes insisten en un mensaje central: “Las políticas sociales no pueden ser objeto de negociación ideológica”. Con esta consigna, pretenden trasladar a las instituciones y a la opinión pública la necesidad de blindar derechos fundamentales frente a acuerdos políticos que, a su juicio, podrían ponerlos en cuestión.

La concentración tendrá lugar en la Plaza de San Juan de Dios, donde se ubica la sede de la Asamblea de Extremadura, en un momento político clave para la región, marcado por el inicio de una nueva legislatura tras el pacto entre las fuerzas conservadoras. La protesta se desarrollará en los momentos previos al pleno de investidura, en el que María Guardiola aspira a ser proclamada presidenta del Gobierno autonómico.

Los fondos destinados a cooperación al desarrollo por las principales instituciones de Castilla-La Mancha sufren un “estancamiento total” y piden un “mayor esfuerzo”. La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de Castilla-La Mancha señala la ayuda oficial para la cooperación al desarrollo alcanzó un total de 5,92 millones de euros, según las conclusiones del Informe que han presentado correspondiente a 2025.

El 65% de la financiación llegó desde el Gobierno regional, mientras que el 35% restante a las entidades locales, como diputaciones provinciales y ayuntamientos.

Desde la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha exponen que la financiación otorgada por el Gobienro autonómico y relacionada con la cooperación al desarrollo representa el 0,03% de su presupuesto total, lo que supone un “porcentaje muy alejado del objetivo de referencia del 0,7% en Ayuda Oficial al Desarrollo”. Un objetivo histórico que nunca ha llegado a cumplirse.

En términos de esfuerzo relativo equivalen 2,85 euros por habitantes, cuatro céntimos más que en 2024 “lo que confirma la ausencia de avances significativos en el refuerzo de esta política pública”, han lamentado desde la entidad en una comparecencia ante la prensa celebrada hoy en Toledo.

El presidente de la Coordinadora de ONGD, Fernando Gutiérrez, expresa que cuando preguntan a los ayuntamientos por la razón que les lleva a no dedicar más fondos a la cooperación al desarrollo responden “que hacen lo que pueden”, pero en su opinión, esta postura “es simplemente falta de voluntad política, porque no es un tema que sea de interés para todos”. Advierte también que, en algunos casos, “quieren que la cooperación desaparezca, pero sin argumentos jurídicos ni económicos”.

Hoy ha reclamado en nombre de estas organizaciones que se les escuche “más” y que haya “unos mecanismos más ágiles de diálogo, de encuentro y de debate con la administración”, pues hay casos en los que un Consejo de Cooperación municipal ha durado “diez minutos”.

Gutiérrez aboga por “la necesidad de fortalecer la cooperación descentralizada”, porque “es mucho más fácil trabajar en red frente a una sola decisión que se tome desde Madrid, desde el Ministerio de Economía o de Asuntos Exteriores”.

¿Quién aporta más en las entidades locales?

El Ayuntamiento de Albacete, con 515.826 euros y la Diputación de Ciudad Real, con 475.750 euros, lideran los puestos de la financiación de las entidades locales durante el año 2025. Le siguen el Ayuntamiento de Toledo con 274.843 euros, la Diputación de Albacete con 232.000, el Ayuntamiento de Guadalajara con 181.473 euros, la Diputación de Cuenca con 150.000, el Ayuntamiento de Ciudad Real con 132.610 y la Diputación de Guadalajara con 130.000 euros. Ni el Ayuntamiento de Cuenca ni la Diputación de Toledo destinaron ningún euro a cooperación al desarrollo en 2025.

Fernando Gutiérrez ha señalado que, pese a que las cifras globales han crecido en la región un 15,8% desde 2021 a 2025, el balance de legislatura “es negativo”, y Castilla-La Mancha se sitúa, por ejemplo, detrás de comunidades uniprovinciales como La Rioja o Navarra, por lo que ha considerado que “es el momento de dar un paso adelante”.

“Ningún ayuntamiento, ninguna diputación o la Junta de Comunidades” va “a dejar ningún servicio sin cubrir porque dediquen más dinero a cooperación”, ha subrayado, insistiendo en la necesidad de acometer una “senda clara de crecimiento de fondos”.

A su juicio, el 0,7% no se va a conseguir el año próximo, “pero sí es necesario que, desde las administraciones, haya una planificación de crecimiento progresivo”, y que la Junta de Comunidades “dé un poquito más de ejemplo” y “ejerza este liderazgo sobre el resto de administraciones”.