La “esperanza” es la sensación mayoritaria entre los cientos de migrantes que siguen llegando a las oficinas de Correos y a las tesorerías de la Seguridad Social habilitadas en Castilla-La Mancha para pedir su regularización dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno.

En el tercer día desde que se abrió el plazo para realizar estas peticiones y todavía son muchas las complicaciones que se están encontrando, especialmente en la elaboración del informe de vulnerabilidad requerido para la solicitud, y para ello están recibiendo la ayuda de las organizaciones sociales acreditadas como entidades colaboradoras en materia de extranjería.

Mientras en la ciudad de Toledo, muchas de estas peticiones las están realizando migrantes que acuden desde los pueblos de la provincia, en otras provincias de la comunidad autónoma, la situación es similar, pero también proceden de las capitales. En cualquier caso, hay una “gran afluencia, por centenares” constatan las organizaciones consultadas por este medio.

La Delegación del Gobierno todavía no ha aportado datos oficiales sobre las solicitudes presentadas, pero prevé que sean entre 13.000 y 15.000 los migrantes que regularizarán su situación en la comunidad autónoma.

Una de las provincias donde más se están cursando solicitudes es Ciudad Real. Cientos de personas de los pueblos y de la capital están recibiendo el asesoramiento, la información y la elaboración de la documentación por parte de las entidades acreditadas.

Así ayuda una entidad social

Una de ellas es Movimiento por la Paz. Su responsable, Manuel Lorenzo, explica que a muchos migrantes los derivan de los servicios sociales de los ayuntamientos. En algunos casos, la tramitación es sencilla porque forman parte de los itinerarios de estas entidades, es decir, conocen su situación. Pero en otros, son personas que no conocen y deben iniciar el proceso prácticamente desde cero.

“No todos requieren el informe de vulnerabilidad porque, por su situación, ya son vulnerables”, explica Lorenzo, en referencia a las personas en situación de refugio o protección internacional.

Pero esta no es la situación mayoritaria. “Hay gente que viene de forma espontánea, a preguntar, a interesarse, a conocer el proceso. En los servicios sociales los derivan hasta aquí”. ¿Cómo actúan para ayudarles? “Estamos realizando reuniones informativas con personas para que les tramitemos el expediente. Les explicamos toda la documentación y, si podemos, incluso ‘in situ' verificamos que su documentación está correcta. Y luego les damos cita previa para que tramiten su solicitud en las oficinas habilitadas”.

En paralelo, Movimiento por la Paz también está haciendo labores de apoyo a ayuntamientos de la provincia, principalmente con abogados acreditados en labores de extranjería. Se desplazan a los pueblos para realizar esas sesiones, supervisar la documentación y analizar si pueden tramitarles el expediente.

Las situaciones personales que están encontrando son muy variadas. Desde personas sin trabajo a otras que han estado empleadas sin contrato y de manera intermitente en la agricultura, en la hostelería o en el sector de la limpieza y los cuidados. “La tónica general es que todas las personas quieren presentar sus papeles cuanto antes. Tener una respuesta cuanto antes y poder mejorar su vida. Sobre todo, hay esperanza. La gente está esperanzada”.

Movimiento por la Paz detalla que las situaciones familiares y los apoyos de los que disponen también varían. “Hay muchos migrantes que están solos, otros que acuden con sus familias y también mujeres con cargas familiares, pero sin trabajo. Vienen de todas las edades, también estudiantes, y la situación en muchos casos es de vulnerabilidad, muchos están en situación de pobreza o en riesgo de estarlo”.  

“La casuística es muy amplia. No son perfiles estándar. La impresión general es que la gente al final se ha estado buscando la vida como ha podido y ahora tienen una oportunidad de regular su situación. Son muchas personas. No sabemos si podremos atender a todos, pero haremos todo lo posible. Si vemos que no llegamos, les pediremos que pidan cita y les revisaremos los expedientes para verificar que esté todo correcto”, concluye.  

Otra de las entidades que ha desplegado su ayuda en toda la región es ACCEM. No está acreditada para la elaboración de solicitudes, pero está especializada en la acogida, protección y atención integral a refugiados y migrantes. Ofrece servicios de refugio (como en su centro de Sigüenza y en plazas de alojamiento en Guadalajara, Albacete y Toledo), así como atención social, formación y ayuda a colectivos vulnerables, en colaboración con el Gobierno regional.

Braulio Carlés, responsable territorial de esta organización, explica que la afluencia de personas para cursar solicitudes está siendo “enorme”. “Está llegando mucha gente a todas las oficinas y les informamos del procedimiento para que consigan la documentación”, precisa.

Esto es una gran oportunidad

“Esto es una gran oportunidad. Hay miles de personas en situación irregular en este país, muchos de ellos trabajando y contribuyendo al sistema, a las arcas del Estado, sin que se reconozcan sus derechos y deberes. Y no solo trabajando, sino también en el consumo y el funcionamiento de la economía. Sin embargo, parece que no existen, que están ocultos y eso es injusto”, resalta.

Dicho esto, desde ACCEM consideran de gran relevancia que en esta regulación se pongan “todos los medios pertinentes y oportunos” para realizarla de forma ordenada. “Debemos tener un mecanismo de integración y de facilitación que ayude a que sea ágil y rápido. Hay mucha gente que quiere regularizarse y hay que hacerlo bien”.

También se refiere al informe de vulnerabilidad como uno de los “escollos” del proceso, aunque en el caso de las personas acogidas por ACCEM, muchas no lo necesitan por su propia situación de refugiados. “Pero otras ocasiones es más complicado y confiamos en que pueda solventarse”.

Braulio Carlés aprovecha para arremeter contra los “populismos ensalzados” contra la regularización extraordinaria. “Esto no tiene ningún 'efecto llamada'. Se han hecho varias regularizaciones y nunca ha habido esa consecuencia. El 'efecto llamada' lo generan las guerras y el hambre, y eso no lo provocan los migrantes, sino otros mucho más poderosos”.

“Esto tiene que funcionar. No pueden seguir siendo invisibles, por lo que hay que buscar las vías para que la regularización llegue a buen puerto y sea posible. Todos tenemos derecho a vivir con dignidad, y esto es una gran oportunidad”, concluye.

Por su parte, Médicos del Mundo ha organizado para este jueves, día 23 de abril, una sesión en el Centro Social del barrio de Santa Bárbara de Toledo, para informar a migrantes sobre el proceso:

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha calificado “muy positivamente” el proceso.

Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos

“Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos”, ha constatado, señalando que, “si encima viene con ese apoyo por parte del Ministerio, la regularización que se está llevando a cabo, pues es mucho más ágil y mucho más fácil”.

En cuanto a la alarma generada con respecto al procedimiento y a los trámites, ha señalado que en Castilla-La Mancha las subdelegaciones del Gobierno se han puesto a disposición de los ciudadanos para hacer reuniones informativas y que puedan llevar a cabo este tipo de procesos “con garantías y con máxima normalidad”.

“Cuando algo es muy esperado y además es tan necesario los comienzos nunca son fáciles”, ha admitido la consejera, quien ha apuntado que “con la información que además ha dado el Ministerio, que está muy bien explicada, son procesos que no tienen por qué ser complicados”.

Que ningún ayuntamiento ponga “trabas”

Finalmente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confiado en que ningún ayuntamiento ponga “trabas” a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Ha negado conocer algún caso, al tiempo que ha apostillado que “oponerse” a la regularización “sería torpe”.

En cuanto a las trabas y críticas al procedimiento, ha destacado que si hay algún error, “se estará detectando” y “lo valoraremos cuando pase un plazo prudencial”. “Yo creo que incluso algunas de las denuncias que se hacen, se hacen con ánimo de mejorar el servicio”, ha concluido.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) celebra desde este miércoles, 22 de abril, al viernes, día 24, el XIX Encuentro Estatal de Participación en el Institución Ferial de Ciudad Real (Ifedi), junto a su red territorial de Castilla-La Mancha.

La presente edición reunirá a un centenar de personas con experiencia en pobreza de todo el país, con el objetivo de trabajar en propuestas políticas en materia de acceso a la vivienda y de transición justa, en un contexto de “emergencia habitacional que está abocando a miles de personas a situaciones de pobreza y exclusión social”, según apunta la organización.

En la inauguración del evento, que tendrá lugar el 22 de abril a las 16.30 horas, está previsto que participen Inés Sandoval, directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real; Rocío Zarco, diputada de la Diputación Provincial de Ciudad Real; Mar González, presidenta de EAPN Castilla-La Mancha; y Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa.

El programa del primer día concluirá con la grabación en directo del vídeo podcast 'Sin derechos estamos apañaos', un proyecto desarrollado por el Grupo de Participación de EAPN Castilla-La Mancha. Se trata de una iniciativa donde personas con experiencia en pobreza dialogan con referentes de ámbitos culturales, políticos, científicos o sociales sobre temas de interés social. En esta ocasión, se realizará una entrevista a Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y reconocido divulgador científico.

Por su parte, en la jornada de clausura el viernes 24 de abril está prevista la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con la Comunicación 'Los rostros y el lenguaje de la pobreza'.

Previa a la intervención de Gabilondo, se llevará a cabo un encuentro con las instituciones, donde representantes de las diferentes delegaciones territoriales de EAPN España trasladarán las propuestas en materia de derecho a la vivienda trabajadas en las jornadas a representantes institucionales, entre ellos Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y Santiago Vera, director general de Acción Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La presente edición del encuentro coincide, además, con la celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril. En este contexto, el miércoles 22 de abril se realizará el acto simbólico 'Lecturas por una vivienda digna', una lectura pública de fragmentos de obras centradas en la defensa del derecho a la vivienda y la denuncia de la pobreza y la exclusión social.

EAPN España tiene una larga trayectoria en la celebración de Encuentros y Congreso de Participación tanto a nivel europeo, estatal y autonómico. Gracias a estos espacios se potencia el reconocimiento de las personas en situación de pobreza o exclusión y se facilita que representantes institucionales se acerquen a problemáticas y realidades a las que, sin estas iniciativas, no tendrían acceso.

La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura ha hecho público un comunicado contra el acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox, en el que advierte de un “retroceso” en materia de derechos humanos y políticas migratorias. Bajo el lema 'Los derechos humanos no se negocian', las organizaciones alertan de que los compromisos alcanzados “traspasan límites legales y éticos” y suponen una “criminalización” tanto de las personas migrantes como de la sociedad civil.

El pronunciamiento llega en plena conformación del nuevo Ejecutivo autonómico que previsiblemente encabezará María Guardiola, y se suma a otras voces críticas que, en los últimos días, han cuestionado el contenido del pacto en ámbitos como la migración, la igualdad o la cooperación internacional.

En su análisis, la plataforma reconoce la legitimidad de los acuerdos parlamentarios, pero advierte de que “no todo vale” y sitúa los derechos humanos como una “línea roja” que no puede ser utilizada como moneda de cambio político. En este sentido, pone el foco en el lenguaje empleado en el debate público y denuncia que términos como “ilegal” para referirse a personas migrantes contribuyen a su deshumanización. “Ninguna persona es ilegal”, subrayan, recordando que la legislación española no tipifica como delito el hecho de migrar.

El comunicado también rechaza el uso del acrónimo 'MENAS', ampliamente extendido en el discurso político y mediático, y reivindica una denominación que no invisibilice la condición de menores: “niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”. A este respecto, cuestiona los argumentos sobre una supuesta “llegada masiva” de menores, señalando que en Extremadura el número de menores tutelados ronda los 150, frente a los 364 cuya acogida ha planteado el Gobierno central. “¿De verdad quieren hacernos creer que estas cifras ponen en riesgo la seguridad o el futuro laboral de la región?”, se preguntan.

Las organizaciones firmantes acusan además a PP y Vox de “mezclar de forma interesada” realidades distintas, como la de menores migrantes y la de menores sometidos a medidas judiciales, y de vincular la migración con fenómenos como la ocupación ilegal de viviendas. A su juicio, se trata de “bulos” que buscan generar miedo y rechazo social, pese a que —afirman— los datos oficiales no respaldan esas asociaciones.

Otro de los puntos más críticos del comunicado es la referencia a las entidades sociales que trabajan en la acogida y acompañamiento de personas migrantes. La plataforma denuncia que el acuerdo de gobierno las señala de forma “infundada”, acusándolas de colaborar con mafias o participar en actividades ilícitas. Frente a ello, reivindican su labor y aseguran que seguirán trabajando “con o sin fondos públicos” en la defensa de los derechos humanos.

En relación con las medidas anunciadas, también cuestionan propuestas como el refuerzo de pruebas de determinación de edad a menores migrantes, recordando que la legislación vigente solo permite su aplicación en ausencia de documentación. Asimismo, califican de “ilegal, islamófoba y machista” la posible prohibición del uso del burka o el nicab en espacios públicos, al considerar que vulneraría derechos fundamentales como la libertad religiosa o el derecho a la propia imagen, además de exceder las competencias autonómicas.

El texto incorpora además una crítica al enfoque identitario del acuerdo, señalando que ignora la herencia histórica de la cultura árabe en Extremadura y lamentando la intención de suprimir programas educativos vinculados a esta tradición. “Olvidan ocho siglos de historia que forman parte esencial del patrimonio extremeño”, apuntan.

Finalmente, la plataforma hace un llamamiento a la sociedad extremeña a implicarse activamente en la defensa de los derechos humanos. “No va de otros”, advierten, en un mensaje que busca contrarrestar los discursos de exclusión. “Nadie es ‘de fuera’ ni ‘distinto’: todas las personas forman parte de esta tierra”, concluyen, apelando a la movilización social frente a lo que consideran un avance del racismo, la xenofobia y la deshumanización en el debate político.

Datos

Los últimos datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura reflejan un incremento de la delincuencia juvenil en la región durante 2024. Un total de 307 menores fueron condenados por sentencia firme, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al año anterior, con una tasa de 7 condenados por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años, por encima de la media nacional. La mayoría de estos menores son hombres (81,8%) y predominan las edades de 14 y 15 años. Además, el informe destaca que el 88,9% de los condenados tiene nacionalidad española, lo que desmonta ciertos discursos que asocian delincuencia juvenil con población extranjera.

El documento también evidencia un fuerte incremento en el número de infracciones penales cometidas por menores, que alcanzan las 824, un 60,6% más que en 2023. En paralelo, los jueces adoptaron 471 medidas, siendo las más habituales la libertad vigilada (33,1%) y la prestación en beneficio de la comunidad (30,1%). Especialmente relevante es el aumento de los delitos sexuales, con 29 menores condenados en Extremadura, lo que supone un crecimiento significativo respecto al año anterior y apunta a una tendencia preocupante que requiere análisis desde una perspectiva social, educativa y de género para comprender sus causas y prevenir su evolución.

La convocatoria, impulsada por la Coordinadora Extremeña de ONG de Desarrollo (Congdex), hace un llamamiento a sus entidades socias, así como a movimientos sociales, plataformas y ciudadanía en general, para visibilizar su rechazo a lo que consideran una posible “negociación ideológica” de las políticas sociales.

En un comunicado, las organizaciones convocantes subrayan una serie de principios que consideran irrenunciables en la acción política. Entre ellos, destacan la defensa de los derechos humanos como eje fundamental de las políticas públicas, la igualdad de género y el reconocimiento de las violencias específicas que afectan a las mujeres, así como la lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

Asimismo, reivindican la cooperación internacional como herramienta clave para la solidaridad, la justicia global y la construcción de paz, y reclaman el papel central de la sociedad civil organizada en el funcionamiento de una democracia “saludable”.

Las entidades firmantes insisten en un mensaje central: “Las políticas sociales no pueden ser objeto de negociación ideológica”. Con esta consigna, pretenden trasladar a las instituciones y a la opinión pública la necesidad de blindar derechos fundamentales frente a acuerdos políticos que, a su juicio, podrían ponerlos en cuestión.

La concentración tendrá lugar en la Plaza de San Juan de Dios, donde se ubica la sede de la Asamblea de Extremadura, en un momento político clave para la región, marcado por el inicio de una nueva legislatura tras el pacto entre las fuerzas conservadoras. La protesta se desarrollará en los momentos previos al pleno de investidura, en el que María Guardiola aspira a ser proclamada presidenta del Gobierno autonómico.

Los fondos destinados a cooperación al desarrollo por las principales instituciones de Castilla-La Mancha sufren un “estancamiento total” y piden un “mayor esfuerzo”. La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de Castilla-La Mancha señala la ayuda oficial para la cooperación al desarrollo alcanzó un total de 5,92 millones de euros, según las conclusiones del Informe que han presentado correspondiente a 2025.

El 65% de la financiación llegó desde el Gobierno regional, mientras que el 35% restante a las entidades locales, como diputaciones provinciales y ayuntamientos.

Desde la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha exponen que la financiación otorgada por el Gobienro autonómico y relacionada con la cooperación al desarrollo representa el 0,03% de su presupuesto total, lo que supone un “porcentaje muy alejado del objetivo de referencia del 0,7% en Ayuda Oficial al Desarrollo”. Un objetivo histórico que nunca ha llegado a cumplirse.

En términos de esfuerzo relativo equivalen 2,85 euros por habitantes, cuatro céntimos más que en 2024 “lo que confirma la ausencia de avances significativos en el refuerzo de esta política pública”, han lamentado desde la entidad en una comparecencia ante la prensa celebrada hoy en Toledo.

El presidente de la Coordinadora de ONGD, Fernando Gutiérrez, expresa que cuando preguntan a los ayuntamientos por la razón que les lleva a no dedicar más fondos a la cooperación al desarrollo responden “que hacen lo que pueden”, pero en su opinión, esta postura “es simplemente falta de voluntad política, porque no es un tema que sea de interés para todos”. Advierte también que, en algunos casos, “quieren que la cooperación desaparezca, pero sin argumentos jurídicos ni económicos”.

Hoy ha reclamado en nombre de estas organizaciones que se les escuche “más” y que haya “unos mecanismos más ágiles de diálogo, de encuentro y de debate con la administración”, pues hay casos en los que un Consejo de Cooperación municipal ha durado “diez minutos”.

Gutiérrez aboga por “la necesidad de fortalecer la cooperación descentralizada”, porque “es mucho más fácil trabajar en red frente a una sola decisión que se tome desde Madrid, desde el Ministerio de Economía o de Asuntos Exteriores”.

¿Quién aporta más en las entidades locales?

El Ayuntamiento de Albacete, con 515.826 euros y la Diputación de Ciudad Real, con 475.750 euros, lideran los puestos de la financiación de las entidades locales durante el año 2025. Le siguen el Ayuntamiento de Toledo con 274.843 euros, la Diputación de Albacete con 232.000, el Ayuntamiento de Guadalajara con 181.473 euros, la Diputación de Cuenca con 150.000, el Ayuntamiento de Ciudad Real con 132.610 y la Diputación de Guadalajara con 130.000 euros. Ni el Ayuntamiento de Cuenca ni la Diputación de Toledo destinaron ningún euro a cooperación al desarrollo en 2025.

Fernando Gutiérrez ha señalado que, pese a que las cifras globales han crecido en la región un 15,8% desde 2021 a 2025, el balance de legislatura “es negativo”, y Castilla-La Mancha se sitúa, por ejemplo, detrás de comunidades uniprovinciales como La Rioja o Navarra, por lo que ha considerado que “es el momento de dar un paso adelante”.

“Ningún ayuntamiento, ninguna diputación o la Junta de Comunidades” va “a dejar ningún servicio sin cubrir porque dediquen más dinero a cooperación”, ha subrayado, insistiendo en la necesidad de acometer una “senda clara de crecimiento de fondos”.

A su juicio, el 0,7% no se va a conseguir el año próximo, “pero sí es necesario que, desde las administraciones, haya una planificación de crecimiento progresivo”, y que la Junta de Comunidades “dé un poquito más de ejemplo” y “ejerza este liderazgo sobre el resto de administraciones”.

Entidades y administraciones han llamado a la ciudadanía a marcar la casilla de la X solidaria en su declaración de la renta, lo que hicieron 306.622 extremeños en la campaña de 2024, en beneficio de proyectos sociales, más si cabe a tenor del “récord” en recaudación que se prevé este año en el país.

Marcar la casilla 106 de fines sociales permite destinar un 0,7% de los impuestos a proyectos sociales, sin ningún coste para el contribuyente, y es compatible con marcar la casilla destinada a la Iglesia.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Sebastián González, ha expresado en una comparecencia que “este ejercicio se espera un récord histórico en la recaudación de la renta”. “Si se obtiene más puede haber bastante más dinero para proyectos sociales, para necesidades de la población, para colectivos como los mayores, personas en situación de exclusión o vulnerabilidad, con discapacidad, infancia, mujeres y menores víctimas de violencia de género...”, ha dicho.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado a su vez que “en la actualidad hay más de 22 millones de personas con empleo, lo que conlleva un aumento en la recaudación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de las aportaciones del Estado en este ámbito y de las partidas destinadas a proyectos gracias a la casilla solidaria”.

La consejera de Salud en funciones, Sara García Espada, ha manifestado por su parte que esta solicitud llega además en un año “muy especial” para las asociaciones de la comunidad autónoma, pues por primera vez se ha abonado el importe alcanzado durante el año (más de 10,8 millones de euros gracias a la campaña de 2025) antes de comenzar el siguiente ejercicio (el de ejecución de los programas beneficiados), al haberse aportado antes del 31 de diciembre de 2025. “Esta circunstancia ha representado una estabilidad, pues algunas entidades se veían obligadas incluso a solicitar préstamos” para impulsar sus respectivos programas beneficiados, ha dicho.

Las entidades también solicitaban conocer antes de acabar el año qué asociaciones y programas serían subvencionados en el ejercicio siguiente, lo cual también se ha logrado, pues esta información se aportó antes de acabar 2025.

Más de 75.000 extremeños se benefician del apoyo a los programas que representa marcar la X solidaria, gesto que hicieron 306.622 extremeños (datos de la campaña 2024), un 54,08% del global de contribuyentes.

Rosa Gallardo, madre de un niño con síndrome de Down, la integrante de un programa de Cruz Roja destinado a mayores María Angeles López y Alejandro Pizano, persona sorda que ayuda a chavales del colectivo en su integración, han trasladado por su parte “la gran relevancia” que representa que la ciudadanía realice este gesto de solidaridad al presentar su declaración.

El comité de responsabilidad social corporativa de La Despensa Supermercados ha acordado incluir por un año más a la ONG 'Socorro de los Pobres', conocida popularmente como la 'ONG de Cipriano', en su plan de donaciones contra el desperdicio alimentario.

La compañía castellanomanchega, a través de su proyecto 'La Despensa Solidaria', sigue incrementando su compromiso con las personas más vulnerables, siendo conscientes “de las necesidades del entorno y actuando con responsabilidad social y solidaridad”.

El acto ha contado con la presencia de Reyes Calvo, secretaria de la ONG, y en representación de La Despensa Supermercados, de David García Lázaro, director de calidad y seguridad alimentaria y Luis Aznal, director de comunicación y RSC.                                                    

Un año más los voluntarios de la ONG recogerán cada semana los alimentos de las cinco tiendas de La Despensa Supermercados en la ciudad de Toledo.

Además, la compañía castellanomanchega, con sede en Toledo, vuelve a incluir en el acuerdo la entrega mensual de un vale de compra para para que la ONG pueda adquirir los alimentos más demandados por las familias.

El compromiso y la entrega de los voluntariados

Reyes Calvo expresó su “profunda gratitud” a La Despensa Supermercados por la renovación del acuerdo y todas las donaciones recibidas que, debido al aumento de las familias vulnerables, cada vez hay más necesidad de recibir estas donaciones.

Por su parte, David García Lázaro destacó la loable labor que lleva a cabo esta ONG y el compromiso y entrega de todos sus voluntarios, algo que nos obliga a seguir estando a su lado y atender a sus demandas.

Cipriano González fue el fundador de la ONG 'Socorro de los Pobres', que lleva más de cinco décadas repartiendo alimentos a personas vulnerables en Toledo. Falleció el 11 de abril de 2024 a los 86 años de edad, recibiendo innumerables muestras de cariño y agradecimiento de toda la sociedad toledana por su encomiable labor solidaria, gran carisma y energía ilimitada.

Su casa está situada en la Bajada de San Marti­n, numero 6, y es un local lleno de bolsas de alimentos y ropa nueva que recibe de sus donantes (particulares e instituciones) y que se encarga de administrar y repartir a las familias en paro y personas con muchas necesidades.

Cuando ha pasado un mes desde el comienzo de la ofensiva israelí contra Líbano —en paralelo con la campaña de bombardeos contra Irán—, el Gobierno de Benjamín Netanyahu no esconde sus planes de invadir y ocupar el país vecino, donde ha matado a más de 1.200 personas, incluidos 124 niños y niñas. Además, ha desplazado a más de 1,3 millones de personas —esto es, alrededor del 20% de la población—.

Los bombardeos contra viviendas, el desplazamiento masivo y forzoso de la población y la destrucción de infraestructuras civiles son similares a los que Israel llevó a cabo en Gaza desde octubre de 2023 y sus dirigentes buscan aplicar el mismo manual de guerra, tal y como han declarado, lo cual ya está causando una nueva catástrofe humanitaria en Líbano. 

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha dicho esta semana que “el modelo de Gaza no debe reproducirse en el Líbano”. Pero ese es plan del Gobierno de Netanyahu. Su ministro de Defensa, Israel Katz, anunció hace una semana que ordenó a las fuerzas armadas acelerar la demolición de viviendas en los pueblos libaneses situados cerca de la frontera con Israel, siguiendo “el modelo que se aplicó en Rafah y Beit Hanún en Gaza”. Ambas localidades (la primera, en el sur de la Franja y la segunda, en el norte) fueron arrasadas por las tropas israelíes durante el genocidio y toda su población, expulsada. Rafah y Beit Hanún siguen actualmente bajo control israelí, después de la entrada en vigor del alto el fuego el pasado octubre, que Israel viola prácticamente a diario.

Katz también aseguró que el ejército israelí mantendrá el control del territorio libanés al sur del río Litani, donde Israel considera que debe situarse la frontera con Líbano para contar con una zona de “amortiguación” entre los dos países. El ministro dijo que no se permitirá el regreso de los residentes de esa amplia área “hasta que la seguridad esté garantizada”. Quizás no puedan volver nunca, también porque no tendrán un hogar al que volver si sus casas son bombardeadas o destruidas con explosivos y excavadoras, tal y como hicieron las fuerzas israelíes en Gaza y en el sur del Líbano durante la ofensiva de 2024.

La zona al sur del río Litani que Israel ha ordenado evacuar

Homs

LÍBANO

Beirut

SIRIA

Sidón

Damasco

Tiro

Altos del

Golán

ocupados

por Israel

ISRAEL

N

20 km

Haifa

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La zona al sur del río Litani que Israel

ha ordenado evacuar

N

20 km

Homs

LÍBANO

Beirut

SIRIA

Sidón

Damasco

Tiro

Altos del

Golán

ocupados

por Israel

ISRAEL

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Además, Katz afirmó que Israel ha destruido varios puentes sobre el río Litani y que controlará los restantes. La ONU ha advertido de que solo un puente sigue operativo entre la región de Tiro (al sur del río) y Sidón, lo cual afecta a la posibilidad de los residentes de huir o de acceder a ayuda humanitaria. Las agencias de Naciones Unidas han calificado la actual crisis como la mayor que sufre Líbano en más de dos décadas y han alertado de que cada vez es más difícil ofrecer asistencia a los que más la necesitan “debido a las crecientes y reiteradas órdenes de desplazamiento, las hostilidades y los ataques contra la infraestructura civil, incluidos puentes clave”.

Al principio de su ofensiva, el Ejército israelí emitió órdenes de evacuación forzosa para toda la población al sur del río Litani y, más recientemente, pidió a esos habitantes que permanezcan al norte del río Zahrani —ubicado más al norte que el Litani y a unos 40 kilómetros de la frontera israelí—. El Ejército también ordenó la evacuación de los residentes de los suburbios al sur de la capital, Beirut, considerados un feudo del grupo chií Hezbolá.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha lamentado que los civiles que han decidido quedarse en las zonas sujetas a órdenes de evacuación están en riesgo de verse aislados y no recibir comida ni asistencia de ningún tipo. Además de forzar su desplazamiento, HRW ha destacado que Katz declaró que los “residentes chiíes” no iban a regresar a sus hogares hasta que Israel lo decidiera. Una medida de este tipo con base en la afiliación religiosa constituye una violación de los derechos humanos e “indica que la seguridad de los residentes no es el objetivo del desplazamiento”, según HRW.

“El Ejército israelí no tiene potestad para decidir cuándo los civiles pierden la protección que les otorga el derecho internacional ni se le debería permitir que impida a los residentes desplazados regresar a sus hogares basándose en estándares de ‘seguridad’ indefinidos”, ha dicho en un comunicado el investigador para Líbano de HRW, Ramzi Kaiss.

Netanyahu ha anunciado este domingo que las fuerzas armadas van a expandir la llamada “zona de amortiguación” en el sur de Líbano, lo cual conllevará el vaciamiento y la destrucción de una amplia área fronteriza, tal y como hizo Israel en el perímetro de Gaza.

Mientras, Unicef ha contabilizado el desplazamiento, en solo tres semanas, de más de 370.000 niños y niñas en Líbano. El Fondo de la ONU para la Infancia ha destacado que los pequeños no han tenido tiempo para recuperarse del trauma de la última escalada, hace apenas 15 meses. “Este ciclo constante de bombardeos y desplazamientos agrava profundamente sus heridas psicológicas, afianza el miedo y amenaza con causar daños emocionales graves y duraderos”, ha agregado en un comunicado.

Además, Unicef ha señalado que unas 435 escuelas públicas han sido convertidas en refugios, por lo que más de 115.000 estudiantes se han quedado sin clases. Pero, del total de desplazados, solo 135.000 están alojados en más de 660 refugios colectivos, la mayoría de los que han tenido que abandonar sus casas se encuentran en alojamientos informales o se han ido moviendo de un lugar a otro.

Ataques a centros y trabajadores sanitarios

Desde Médicos Sin Fronteras (MSF), han denunciado que las órdenes de evacuación emitidas por el Ejército israelí abarcan un 14% del territorio libanés y que, incluso en las zonas supuestamente seguras, “la población vive bajo la amenaza constante de ataques aéreos y con drones”. Mientras, para las personas que han decidido quedarse en sus hogares —porque no pueden marcharse por sus condiciones de salud o porque no tienen medios— es muy difícil acceder a los servicios sanitarios o que los trabajadores médicos lleguen a ellas, según un comunicado de MSF.

En todo Líbano, al menos cinco hospitales han tenido que ser evacuados y más de 54 centros de atención primaria de salud han cerrado. En el sur del país —la zona que Israel ha ordenado evacuar por completo—, siguen operativos varios hospitales y MSF les está brindando suministros médicos, combustible para los generadores eléctricos y artículos de socorro esenciales. Por ejemplo, el personal del hospital de Nabatiye ha decidido quedarse y seguir trabajando, aunque sea muy peligroso porque puede ser blanco de ataques en cualquier momento. “Llevan semanas soportando esta situación, con muy poco descanso, el peso de una presión y un miedo constantes, mientras siguen recibiendo grandes cantidades de heridos”, ha explicado la coordinadora médica de MSF, Luna Hammad.

Tanto MSF como otras organizaciones han denunciado los ataques repetidos contra la infraestructura y los trabajadores sanitarios, incluidos los denominados ataques de doble disparo: cuando los equipos de rescate y médicos llegan al lugar de un bombardeo, se lanza un segundo bombardeo cuyo objetivo son estos trabajadores esenciales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han registrado decenas de ataques contra centros sanitarios, con un saldo de 51 trabajadores médicos asesinados y más de 120 heridos. En uno de esos ataques, a mediados de marzo, murieron 12 sanitarios. Este sábado, nueve paramédicos perdieron la vida en cinco ataques separados, tal y como denunció el director general de la OMS.

“Tanto los civiles como las estructuras médicas están en peligro. Lo que estamos viviendo ahora en Líbano me recuerda demasiado a lo que llevamos tres años viviendo en Gaza”, ha dicho Emmanuel Massart, coordinador de emergencias de MSF en Líbano. Según Massart, “se ve claramente una repetición de un escenario en el que las personas reciben, de un día para otro, órdenes de evacuación. Sus hogares son bombardeados, lo pierden todo de repente y se ven obligados a desplazarse a otro lugar”.

Guerra contra el agua

La ONG Oxfam ha denunciado que, además de destruir infraestructura civil como puentes, Israel ha atacado instalaciones básicas de agua en diferentes puntos de Líbano, interrumpiendo el suministro de servicios vitales a pueblos y aldeas enteras. Según un informe de la organización internacional, Israel ha dañado al menos siete fuentes de agua vitales, incluyendo embalses, redes de tuberías y estaciones de bombeo que abastecían de agua a más de 7.000 personas en la zona del valle de la Bekaa (este), también considerado un feudo de Hezbolá.

En el sur de Líbano, se han registrado ataques en las zonas donde se encuentran instalaciones destacadas de agua, que Israel había atacado durante la guerra que lanzó en otoño de 2024 contra el país vecino. Después del alto el fuego de noviembre de 2024, el Ejército israelí mantuvo su presencia en territorio libanés y siguió atacando supuestos objetivos de Hezbolá, matando a civiles libaneses e impidiendo el regreso de muchos a sus hogares en el área más próxima a su frontera.

Según los datos de Oxfam, durante la ofensiva de 2024, Israel dañó más de 45 redes de agua en el Líbano, lo que afectó a casi medio millón de personas, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades y contribuyendo a la pérdida de medios de subsistencia, como la agricultura. La ONG teme que suceda lo mismo con los nuevos ataques y que Israel esté extendiendo a Líbano su “plan militar de atacar las infraestructuras hídricas, utilizado durante el genocidio en Gaza”.

“Es evidente que las fuerzas israelíes están repitiendo el mismo patrón en el Líbano que en Gaza: atacar a civiles, infraestructuras civiles críticas, personal de servicios de emergencia y trabajadores humanitarios”, ha señalado en un comunicado Bachir Ayoub, director de Oxfam en el Líbano. “Su objetivo es propagar el descontrol y el miedo entre la población, ignorando el derecho internacional”.

“La impunidad de la que ha gozado Israel en Gaza al cometer crímenes de guerra relacionados con el agua queda de nuevo expuesta”, ha lamentado Ayoub. “El mundo ha demostrado que Israel puede hacer lo que quiera y cuando quiera, sin consecuencias, y una vez más es la población civil quien paga el precio más alto por esta inacción”.

Mi primera estancia en Gaza fue entre noviembre y diciembre de 2024. Volví en noviembre de 2025 como responsable de actividades de enfermería de Médicos Sin Fronteras (MSF) y me quedé casi cuatro meses, hasta finales de febrero, cuando todo el personal internacional de las ONG afectadas por la cancelación de su registro tuvo que abandonar el territorio.

Prolongué mi estancia cuando supimos que Israel no permitiría la entrada de reemplazos internacionales. Como responsable de enfermería para el sur de Gaza, visité y supervisé varias instalaciones en el sur y también viajé al norte para supervisar uno de los hospitales a los que prestamos apoyo allí, el Hospital Al Helou, así como la clínica de la zona de Al Zeytoun, en Ciudad de Gaza.

Incluso durante lo que se viene denominando alto el fuego (desde octubre de 2025), nunca se ha tenido la sensación de que los combates hayan cesado realmente. Los drones sobrevuelan constantemente la zona. Se pueden oír ataques aéreos todos los días. El número de víctimas mortales puede haber disminuido en comparación con antes del acuerdo, pero la violencia nunca ha desaparecido.

Lo que he visto esta vez ha sido más destrucción aún. El sistema sanitario está devastado. Hay menos edificios en pie. Más tiendas de campaña. Más familias desplazadas y hacinadas en zonas cada vez más reducidas. La situación es inhumana y cada día vemos las consecuencias médicas que sufren las personas en Gaza debido a las condiciones en las que se ven obligadas a vivir.

Vemos infecciones respiratorias: neumonía, bronquiolitis, niños expuestos al frío invernal en tiendas de campaña improvisadas sin calefacción. Tratamos de forma incesante casos de gastroenteritis aguda porque el agua potable sigue siendo escasa. La gente hace cola todos los días solo para recoger agua, como lleva haciendo desde hace más de dos años. Las enfermedades de la piel están muy extendidas debido al hacinamiento y la falta de higiene.

Desde el 1 de enero de 2026, MSF no ha podido introducir ningún suministro en Gaza. Desde finales de febrero, todo nuestro personal internacional se ha visto obligado a abandonar Gaza tras la decisión de Israel de retirar la autorización a MSF y a otras 36 ONG para operar en Palestina

La necesidad de atención de heridas es abrumadora. En un momento dado, llegamos a realizar hasta 900 curas a la semana. Muchas de estas heridas tienen meses, son lesiones que nunca se curaron adecuadamente. Traté a jóvenes de 18 y 19 años que ahora están paralizados por heridas de bala en la columna vertebral, confinados en la cama, con úlceras por presión que se infectan fácilmente en estas condiciones de vida.

También vemos a muchos pacientes con fijadores externos aún colocados en sus extremidades, esperando cirugías que no se pueden realizar dentro de Gaza. Las evacuaciones médicas son extremadamente limitadas. Según la Organización Mundial de la Salud, 18.500 pacientes necesitan atención especializada que no existe en Gaza, pero no se les permite salir.

No puedo olvidar a Mohamed, un niño de tres años con desnutrición crónica y necesidades médicas complejas. Lo tratamos con leche terapéutica y mejoró, pero una vez que regresó a casa, su estado volvió a deteriorarse. La última vez que lo vi, había perdido mucho peso porque se negaba a tomar el producto a base de cacahuetes que se utiliza para tratar la desnutrición fuera del hospital. Es celíaco y tiene otras necesidades dietéticas especiales. Mohamed sigue esperando ser evacuado. Sin acceso a atención médica fuera de Gaza, los niños como él pueden no sobrevivir, por mucho que nos esforcemos.

Nuestro personal palestino vive esta misma realidad. Sufren la misma inseguridad, las mismas carencias y la misma presión psicológica que el resto de la población. La amenaza de un ataque nunca desaparece.

Nuestros colegas palestinos son quienes llevan adelante la respuesta de MSF. Pero apoyarlos en la distancia nunca será lo mismo que estar a su lado, siendo testigos y ayudando a quienes han mantenido en funcionamiento un sistema de salud devastado tras más de dos años de un trabajo sin descanso.

Nuestro personal palestino vive esta misma realidad. Sufren la misma inseguridad, las mismas carencias y la misma presión psicológica que el resto de la población

Mientras estaba sentada en el autobús que salía de Gaza, tenía un nudo en la garganta. Cada vez que volvemos, la destrucción es peor. Esta vez, me fui preguntándome cómo estará todo si nos permiten volver y cuándo.

Desde el 1 de enero de 2026, MSF no ha podido introducir ningún suministro en Gaza. Desde finales de febrero, todo nuestro personal internacional se ha visto obligado a abandonar Gaza tras la decisión de Israel de retirar la autorización a MSF y a otras 36 ONG para operar en Palestina. Esto tendrá consecuencias catastróficas para las personas que dependen casi por completo de la ayuda humanitaria, incluyendo agua, alimentos, atención sanitaria, saneamiento y educación. Las necesidades son enormes.

Los palestinos nos piden que hablemos de lo que hemos visto, de cómo viven, de la violencia y el bloqueo continuos que condicionan todos los aspectos de sus vidas. Eso es lo que puedo hacer ahora. Hablar. Y esperar que algún día MSF, y todas las demás organizaciones, puedan trabajar libremente, porque los palestinos de Gaza lo necesitan desesperadamente.

MSF sigue presente en la Franja con más 1.200 trabajadores palestinos y mantiene su compromiso de seguir prestando asistencia en Palestina durante el mayor tiempo posible.

La Asociación Navarra de Amigos República Árabe Saharaui Democrática (ANARASD) ha enviado este lunes un camión con siete toneladas de “suministros vitales” destinados a la población refugiada saharaui en los campamentos de Tindouf (Argelia). Este camión hace el número 26 de los enviados por ANARASD y contiene materiales de los proyectos y diferentes donaciones recibidas.

De las siete toneladas enviadas, 1.750 kilos son medicamentos, y también se han enviado colchones, sabanas, aparataje sanitario, mobiliario para hospitales, y material necesario para la elaboración de libros de texto de los niños saharauis (nuevas impresoras, grapadora eléctrica, papel, portadas, tonner, etc.).

El camión, conducido por voluntarios, irá al puerto de Alicante, donde se reunirá con otros vehículos enviados desde otras comunidades y desde donde, “después de pasar las necesarias inspecciones de aduanas y farmacéutica”, saldrá en barco hasta el puerto argelino de Orán. Desde allí recorrerá 1.800 km hasta los campamentos de población refugiada saharaui, donde será recibido por el equipo de ANARASD, que distribuirá su carga en sus diferentes destinos.

“El pueblo saharaui ha cumplido 50 años de exilio, de obligado refugio, de familias separadas, de represión a la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos, y por si fuera poco, en este momento existe una grave crisis humanitaria en los campamentos que se agrava día a día y que afecta sobre todo a la alimentación de la población refugiada, pero también a sectores prioritarios como la distribución de agua, la salud, la educación, las infraestructuras, debido, fundamentalmente, a la reducción de fondos de los distintos Países donantes, y como consecuencia de las Agencias Internacionales, las crisis emergentes y, en definitiva y fundamentalmente, al olvido de la comunidad internacional”, han señalado desde ANARASD en un comunicado.

“Vamos a seguir trabajando con, por y para el pueblo saharaui, en tanto en cuanto no se resuelva el conflicto político, origen de su situación y se cumpla el compromiso, firmado por la ONU, de la celebración del referéndum de autodeterminación a través del que puedan recuperar su territorio y vivir en un Sáhara libre y en paz”, han añadido.

Desde la asociación han mostrado su agradecimiento al Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra, Intergrupo Parlamentario 'Paz y Libertad en el Sahara/Bakea eta askatasuna Saharan', Ayuntamiento de Pamplona y a “otros muchos Ayuntamientos navarros que también nos financian”.

También han agradecido la colaboración y donaciones del equipo del centro Psicogeriátrico San Francisco Javier, al equipo del Centro Félix Garrido, a Traperos de Emaús, al Nafarroa Oiñez, a quienes han pintado el camión y los proveedores que “nos apoyan de forma especial”.

Juana Ruiz ya no vive en Palestina. Pero quiere volver cuando pueda. La escalada de conflictos en la zona hicieron que las vacaciones del verano de 2024 en suelo español se convirtieran en indefinidas después de 40 años viviendo en territorio palestino, bien en Cisjordania, bien en Gaza.

Esta activista trabajó sobre el terreno durante 18 años como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees (HWC) hasta que fue arrestada por Israel bajo acusación de terrorismo, precisamente, por su trabajo como cooperante en la organización. Su encarcelamiento durante casi 300 días en dos prisiones israelíes terminó en febrero de 2022 y ahora recorre España presentando el documental 'Espacio Menguante', dirigido por Cristina Mora y Norma Nebot, que muestra cómo en los últimos años Israel ha ilegalizado a las principales ONG palestinas y ha perseguido a las personas que trabajan en ellas como terroristas.

“O todas o ninguna”

Este lunes, aprovechando su paso por Toledo para proyectarlo, ha mantenido una entrevista con elDiario.es Castilla-La Mancha en la que ha reivindicado el papel de las mujeres tanto como clave en su paso por prisión como “columna vertebral” de la resistencia palestina. “Mis compañeras han sido lo mejor de mi paso por la cárcel”, asegura.

Tras pasar un primer mes en una cárcel de hombres en el que no le dio tiempo a entablar demasiada relación con ninguna otra de las mujeres que iban y venían, la situación cambió con su traslado a otra prisión, esta vez sí, de mujeres, donde se rió por primera vez desde su arresto. “Todas eran mujeres palestinas, y esperaban que no hablara árabe. Cuando empecé a hablar y a contarles cosas, una dijo indignada: ¿Quién ha sido la que ha dicho que Juana no habla árabe?. Esa fue la primera carcajada que tuve en un mes”.

Éramos o todas o ninguna. Eso me dio muchos valores y me sacó de la soledad y la tristeza. Si no hubiera sido por ellas, creo que hubiera salido muy mal. Le debo mucho a ellas

Cuenta que en la cárcel existía una ley no escrita: “Seas de donde seas, vengas de donde vengas, eres una amiga. Y a las amigas hay protegerlas”. Y gracias a eso, asegura, nunca se sintió sola. “Era una comunidad. Éramos o todas o ninguna. Eso me dio muchos valores y me sacó de la soledad y la tristeza. Si no hubiera sido por ellas, creo que hubiera salido muy mal. Le debo mucho a ellas”.

Juana sigue teniendo relación con algunas de sus compañeras que, como ella, también han logrado salir de prisión. Cuenta que la mayoría de ellas también están abandonando Palestina con sus familias por miedo a nuevos arrestos.

“Nos quedamos en España hasta ver si las cosas mejoran, pero van empeorando”, afirma resignada, añadiendo que la situación actual les preocupa.

“Miedo constante” de las mujeres

“Ser mujer ahora mismo en Palestina es terrorífico”, lamenta. “Es un miedo constante a que se lleven a tu pareja o a tus hijos. Además, no hay trabajo y en Gaza no entra ni un 10% de la ayuda humanitaria que envían”.

También señala que faltan alimentos, medicinas y se producen muertes durante los embarazos, situaciones a las que se suma una presión creciente por parte de los colonos israelíes, que “asfixian” cada vez más las ciudades palestinas.

“Cada ciudad tiene una puerta de entrada y de salida que abren y cierran cuando ellos quieren. Hay gente que vive en Belén pero trabaja en Ramala y las pasa canutas para llegar. Muchos están perdiendo el trabajo, y las empresas también están perdiendo dinero porque no hay inversiones. No entran ni salen mercancías y ahora, como los israelíes tienen restricciones de gasolina por la guerra de Irán, están cortando los suministros de agua y electricidad”.

Juana asegura que desde el ataque de Hamás el 7 de octubre 2023, la situación ha ido “de mal en peor” y mucha gente está vendiendo sus posesiones para huir.

No obstante, ella reivindica que las mujeres son la “columna vertebral” de la resistencia palestina. “Es que es así. Ellas son las que, en silencio y calladas, sostienen la vida dentro de las familias”.

“Recogen las cosas de la tierra, las venden en los mercados, están pendientes de que los hijos vayan al colegio, están pendientes de todo... Es su manera de sobrevivir. Si falla la mujer allí, fallará todo. No tiene comparación su manera de sufrimiento, de aguante y de fortaleza. No he visto algo así en ningún sitio”.

Y eso le ha llevado a concluir que “las mujeres debemos unirnos” para hacer frente a cualquier situación. “Al final las mujeres tenemos los mismos problemas, así que lo principal es apoyarnos, no criticarnos”.

La primera vez que Fausto cogió una cámara, fotografió a Denilson, un joven que camina apoyándose en una vieja silla de ruedas convertida en andador. Retrató las paredes de chapas que levantan las casas en Camizungo, a las mujeres que sostienen con sus manos la comunidad, las sonrisas de unos niños que no conocen otro mundo más allá de esta aldea rural, situada a 60 kilómetros de Luanda, la capital de Angola, atravesada por la pobreza, el hambre y la falta de escolarización.

En Camizungo, la fotografía no es una costumbre. Tampoco una necesidad básica. Pero sí una oportunidad. De esa convicción nació el proyecto 'Primeras Miradas', impulsado por las fotógrafas andaluzas Noelia G. León y Anne Laure Kesteman, y que ha cobrado vida gracias a la labor que la ONGD Mundo Orenda desarrolla en Angola, al sur de África. La iniciativa parte de una pregunta: “¿Cómo es posible que la mayor parte del imaginario visual que tenemos sobre todo un continente haya sido construido por miradas occidentales, y no por quien lo vive, lo respira, lo trabaja o lo sufre?”.

Esa fue la reflexión que llevó a Noelia a proponerse “luchar contra la mirada colonial”, acercando la fotografía a jóvenes de comunidades rurales. Frente a esa lógica colonialista, el proyecto propone algo sencillo y radical a la vez: cambiar el foco y poner la cámara en manos de quienes viven esa realidad. No para enseñarles a mirar, sino para dejar que su mirada exista. Para que puedan contar su mundo y ayudar a transformarlo.

Un mes de estudios con cada imagen vendida

“Le das una cámara a un adolescente y le ofreces la posibilidad de mostrar cómo ve el mundo”, resume Rebeca Herrera, la directora de esta organización para el desarrollo con sede en Alcalá de Guadaira (Sevilla). Y eso fue lo que hicieron. Una de las voluntarias que viajó a Angola el verano pasado con la ONG impartió talleres de fotografía analógica a un grupo de jóvenes de Camizungo y otro del orfanato Casa do Gaiato, con el que colabora Mundo Orenda en Malanje.

A partir de ahí “el proyecto toma cuerpo gracias a la implicación y colaboración desinteresada de agentes del mundo de la fotografía, sin los cuales, no hubiese sido posible”, reconoce la fotógrafa sevillana. Con cámaras donadas y carretes enviados desde España —gracias al empuje de Disparafilm—, los participantes aprendieron no solo a encuadrar, sino a pensar qué querían contar de su realidad.

La voluntaria encargada del taller trasladó después los negativos a Sevilla, donde el laboratorio analógico NadaCarrete se encargó del revelado y escaneado. Con todo ese material se organizó la primera exposición solidaria, gracias a la recaudación impulsada por Exposure PrintSwap. El resultado vio la luz el 6 de febrero en la sede de NadaCarrete. Desde entonces, todas las fotografías están a la venta. Cada imagen tiene un precio de 20 euros, que se destina a financiar aproximadamente un mes de educación para su autor o autora dentro de los programas educativos de Mundo Orenda.

“Cuando un joven puede continuar sus estudios con la ayuda de este tipo de iniciativas, cambia todo”, asegura Rebeca Herrera. Según la cooperante, formarse significa “romper por completo el ciclo de pobreza y exclusión, no solo para él o para ella, sino también para su familia y para la comunidad”. En última instancia, no tener que interrumpir su formación profesional “amplía su horizonte de vida y le hace aspirar a cumplir los sueños que tiene”, añade la directora de la organización.

La fotografía como herramienta de futuro

Esta iniciativa plantea, además, que ellos mismos generen un beneficio económico que repercute de forma directa y tangible en la construcción de una perspectiva de futuro. “Esto es, sin duda, utilizar la fotografía como una realidad transformadora”, describe la impulsora del proyecto.

En este sentido, la directora de la ONG destaca del proyecto 'Primeras Miradas' que sitúe a los jóvenes que han participado en el taller “no como receptores de la ayuda, sino como narradores que plasman su propia realidad a través de la fotografía”.

A ojos de Rebeca, esta iniciativa demuestra que hay muchas formas de cooperar: “No solo desde la asistencia humanitaria, sino también a través del arte, que es una herramienta de empoderamiento y de dignificación de vida”.

Precisamente, Noelia confiesa que, más allá del impacto que le causó asomarse a la realidad de estos jóvenes, lo que más le sorprendió al ver las fotografías reveladas fue percibir inquietudes artísticas. “Es un jarro de humildad comprobar que el sentido artístico no es pertenencia exclusiva del mundo desarrollado”, comenta la fotógrafa sevillana.

“Piensas que alguien que nunca ha fotografiado va a tender a documentar, pero esos jóvenes, sin haberse enfrentado nunca a esta disciplina artística, cuando tienen la cámara a su servicio, la utilizan como medio de expresión para transmitir belleza, amistad o agradecimiento”, afirma.

Gracias a la acogida de la comunidad de fotografía analógica en España, el proyecto ha podido crecer más allá de lo esperado. Tras la inauguración de la exposición en febrero, se han vendido 24 fotografías. Actualmente, negocian con festivales nacionales para llevar la muestra a otros lugares, como harán en septiembre en la sede de AFOGRA, en Granada. Mientras tanto, la venta online continúa en marcha.

Noelia tiene ilusión en darle continuidad al proyecto el próximo campus de voluntariado previsto para este verano. Pero lo que más desea ahora mismo es que los protagonistas del taller “tengan conocimiento de la pequeña revolución que han provocado y que asuman que pueden generar dinero con sus fotos”.

Fausto, Nata, Comboio, Jacob, Betinho, Marta y Tina aún no son plenamente conscientes del impacto que sus imágenes han tenido al otro lado del mundo. Rebeca Herrera espera poder compartirlo con ellos cuando regrese a Angola este verano. Está convencida de que se sentirán orgullosos. “Ganarán autoestima al saber que su forma de ver el mundo tiene un valor artístico y humano, porque mueve muchos corazones a miles de kilómetros”, afirma.

En el fondo, esa es también la esencia del proyecto. Demostrar que la fotografía no es un lujo reservado a quienes tienen más recursos, sino un lenguaje universal capaz de abrir horizontes. Una herramienta para contar la propia historia, para generar oportunidades y para imaginar un futuro distinto. Todo ello reafirma una de las convicciones de Noelia: “La fotografía debe estar al alcance de todos”.

Los VII Premios Desalambre se convirtieron en un espacio de debate y reflexión bajo la pregunta ‘¿Qué pasaría si no estuviéramos? La crisis de la ayuda humanitaria global’, que analizó la situación de las organizaciones de ayuda humanitaria en un momento, el actual, con necesidades crecientes por conflictos y crisis y cada vez menos ayuda oficial a este tipo de proyectos.

Bajo la moderación de Gabriela Sánchez, la mesa reunió a Virginia Saiz, directora general de Plan International en España; Isla Ramos, directora general de Save The Children en España; y María del Mar Líndez, directora general de Aldeas Infantiles SOS, quienes coincidieron en que la pregunta sobre la ausencia de las ONG no es solo hipotética en un mundo “cada vez menos solidario y más bélico”, en palabra de Saiz.

La conversación arrancó con una crudeza necesaria para un panorama desolador: la caída de la ayuda oficial al desarrollo entre un 9 y un 17% en 2025 y el desmantelamiento de grandes sistemas de donación como USAID (United States Agency for International Development, por sus siglas en inglés) en un movimiento que, según los datos aportados, podría provocar que “14 millones de personas puedan morir de aquí al 2030”.

Uno de los puntos más críticos del debate fue la denuncia de las llamadas “crisis olvidadas”, con el foco puesto en el conflicto de Sudán. Isla Ramos describió una realidad de “crisis sobre crisis” en la que el colapso del Estado y la inseguridad extrema impiden que la información llegue a los medios. También compartió el desolador mensaje que le transmite su equipo sobre el terreno: “Las personas en Sudán nos dicen que nos hemos olvidado de ellos”.

Pese a este silencio mediático, las organizaciones reivindicaron su papel de primera respuesta en contextos donde nadie más llega. Virginia Saiz recordó que, ante la emergencia sudanesa, su organización fue la primera en responder, logrando entregar “kits de alimentos a 12.000 familias”. Esta labor de terreno, según la experta, es lo que permite que las comunidades mantengan un hilo de esperanza cuando las estructuras estatales desaparecen.

Saiz incidió en que el trabajo de las organizaciones es mucho más complejo que la imagen simplista y paternalista que se suele tener del “blanco del norte que llega a dar comida a los niños pobres”. Defendió un modelo basado en soluciones locales y en la incidencia política, subrayando que llevan a cabo “un enfoque de soluciones”, como lograr leyes contra el matrimonio infantil o políticas de desarrollo en países como República Dominicana o Uganda.

Por su parte, Isla Ramos lanzó una serie de preguntas punzantes, en la línea del propio título vertebrador del debate, para subrayar la relevancia del sector en el terreno: “Si no existieran las ONG, ¿quién sería el primero en llegar y el último en marcharse?”. Ramos hizo hincapié en el papel de estas organizaciones como conectoras de las comunidades con las instituciones internacionales y como altavoces de denuncia, cuestionando directamente: “¿Quién alzaría la voz? ¿Quién daría voz a todas esas personas?”.

Reinvención del modelo de ayuda

El debate también abordó la necesidad de una autocrítica profunda sobre el modelo de ayuda. Virginia Saiz fue tajante al señalar que la crisis financiera actual es “el golpe que el sector necesitaba para reinventarnos” y para alejarse definitivamente de la mirada colonial. Según Saiz, es imperativo reconocer que “el sur de hoy no es el sur de hace 30 o 40 años” y que el papel de las ONG del norte debe ser el de trabajar como iguales, apreciando las capacidades y la sociedad civil ya existente en cada país. En este mismo aspecto quiso incidir Mar del Mar Linde, que resaltó la importancia de ayudar “a desarrollar capacidades para buscar soluciones” en los propios países.

Linde trasladó también la reflexión al ámbito de la protección de la infancia, tanto en contextos de guerra como en la realidad cotidiana de España. Recordó que en 2024 se registraron 55.010 niños y niñas en el sistema de protección español y enfatizó que “detrás de este número hay 55.010 situaciones y vidas vulnerables”. Para Linde, la labor de las organizaciones es vital para garantizar un “entorno protector y seguro”, factores determinantes para que estos menores tengan oportunidades de futuro y no caigan en la exclusión social.

La mesa concluyó con un sentimiento de urgencia a dar respuesta a las crecientes necesidades y una reivindicación del papel de las ONG no solo como gestoras, sino como observadoras y denunciantes. La pregunta inicial se respondió con una advertencia sobre la invisibilidad: sin estas organizaciones, miles de niños y comunidades perderían su red de apoyo y su capacidad de ser escuchados. Como recalcó Gabriela Sánchez al final del encuentro, la prevención y el apoyo sostenido son lo único capaz de cambiar trayectorias de vida que, de otro modo, estarían condenadas al olvido.

En un mundo marcado por conflictos activos y discursos de odio, la VII edición de los Premios Desalambre reivindicó el periodismo y el activismo que mantienen el foco en los derechos humanos. Conducida por los periodistas Juanlu Sánchez y Gabriela Sánchez, la gala visibilizó proyectos del tercer sector y reconoció el trabajo de periodistas y ONG en causas de interés público.

Ignacio Escolar, director de elDiario.es, abrió el evento subrayando la importancia de la sección Desalambre en el periódico, como una apuesta por “combatir los discursos de odio y por hacer pedagogía en defensa de los derechos humanos”

La gala no solo premió el poder del trabajo bien hecho, sino que dejó reflexiones incómodas sobre la mesa, como qué sucedería si las ONG dejasen de proteger o si el periodismo dejara de mirar allá donde muy pocos miran. Gabriela Sánchez, recién llegada de Ucrania, relató su experiencia en un hospital subterráneo en Zaporiyia, donde, se descubrió mirando el móvil para seguir la situación que acababa de estallar en Irán. El foco mediático es volátil. “¿Cómo se sentirán en otros conflictos civiles, como en Sudán, donde el foco muchas veces ni siquiera ha llegado a estar del todo nunca?”, se preguntaba la periodista.

Esta y más preguntas tuvieron su lugar durante la mesa ‘¿Qué pasaría si no estuviéramos? La crisis de la ayuda humanitaria global’, en la Virginia Saiz, directora general de Plan International en España, Isla Ramos, directora general de Save The Children en España, y María del Mar Líndez, directora general de Aldeas Infantiles SOS, analizaron la crisis financiera del sector, que ah sufrudo un desplome de hasta el 17% en ayuda oficial. 

“Se estima que tal vez 14 millones de personas pueden morir de aquí al 2030”, advirtió Saiz sobre el imipacto del desmantelamiento de fondos, y defendió un modelo de ayuda lejos de la mirada colonial y simplista, centrado en soluciones complejas y locales.

Isla Ramos puso el foco en la desoladora realidad de Sudán, donde la inseguridad es tan extrema que apenas se puede informar y compartió el duro mensaje que le llega desde sus equipos en el terreno: “Las personas en Sudán nos dicen que nos hemos olvidado de ellos”. También quiso reivindicar que las ONG son “las primeras en llegar y las últimas en marcharse”, destacando su trabajo en la conexión de las comunidades con las instituciones internacionales.

Por su parte, Mar del Mar Linde aterrizó el debate a la realidad nacional al señalar que en España se registraron 55.010 niños y niñas en el sistema de protección en 2024. Linde subrayó que garantizar un “entorno protector y seguro” es determinante para evitar que estos menores caigan en la exclusión social, recalcando que la prevención y el apoyo sostenido cambian trayectorias de vida.

Tras el debate, comenzó la entrega de premios, este año diseñados por el artista Eugenio Merino, que reforzó el mensaje de denuncia de la gala. Una chapa de hierro grabada que simboliza una suela pisando la Declaración de los Derechos Humanos, derechos sistemáticamente pisoteados y vulnerados.

El galardón a la Mejor Campaña de Comunicación resultó en un empate ex aequo para Save the Children por su campaña ‘Cambiando una palabra’, que utiliza la inteligencia artificial para denunciar sesgos algorítmicos sobre la infancia en conflicto. Alicia Moreno afirmó, al recogerlo, que si pudiera eliminar una palabra del diccionario de la infancia, sería ‘guerra’.

El otro premio de comunicación fue para la Coordinadora Valenciana de ONGD por ‘El Tarot de la Cooperación’, una iniciativa que se acerca a los códigos de los jóvenes para hablar de justicia climática y feminismo. “Una ida de olla que ha funcionado”, describió Elena Balaguer la campaña, de la que destacó la carta de ‘La Antorcha’ como símbolo de la esperanza que ilumina el camino frente al auge de los discursos fascistas.

El premio al Activista del Año fue para el periodista y fixer palestino Kayed Hammad. Aunque no pudo recogerlo en persona, estuvo presente a través de un vídeo de agradecimiento en que recordó que “el genocidio no ha terminado y tenemos que seguir hablando de Gaza”. “No nos olviden, por favor”, insistió, mientras sus hijos recibían por él el galardón. Su labor ha sido vital para que el periodismo español pueda poner voz y rostro al sufrimiento en la Franja.

En la categoría de Mejor Trabajo Periodístico, el premio fue para Afromayores, de Lucía-Asúe Mbomío y Laurent Léger. Un trabajo que visibiliza la vejez de las personas negras en España, a menudo tratadas como eternos recién llegados. Mbomío explicó que el proyecto nació de una urgencia personal tras el diagnóstico de demencia de su padre y buscando honrar a quienes les precedieron: “¿Qué sucede con quienes nos han allanado el camino y le han puesto luz?”.

Uno de los protagonistas del proyecto, Marcos Suka, mostró con su testimonio el “otro lado”, la importancia de una geriatría abierta y libre de violencias racistas. Señaló que el proyecto permite que la sociedad descubra que “existen negros viejos”, lo que obliga a normalizar que los inmigrantes “son personas, no números”.

El premio a la Perseverancia fue para Pepe Naranjo, referente del periodismo en África, que definió su labor como un ejercicio de justicia: “Siento que tenemos que volver una y otra vez... para contar bien esta historia hay que ir al otro lado”. Reivindicó un periodismo “pausado, con cariño y con respeto a la gente” y relató cómo recorrió Senegal, Mauritania y Gambia para seguir el rastro de un naufragio y encontrar a los verdaderos protagonistas de la historia.

Naranjo también aprovechó el escenario para denunciar la precariedad de los periodistas freelance que cubren grandes acontecimientos internacionales: “Me parece que es un drama que todavía hoy se estén cubriendo grandes acontecimientos con periodistas freelance, a los que apenas les da para vivir”.

“Palestina lo ha cambiado todo”

El momento más emotivo de la noche llegó con el premio a la Trayectoria Profesional, otorgado a los 382 trabajadores humanitarios de la UNRWA asesinados en Gaza. Cristina Poveda, de UNRWA España, recogió el premio señalando que la cifra ya ha ascendido a 391 en las últimas semanas y definió el reconocimiento como “profundamente triste y de gran consuelo a la vez”, recordando que el 99% de sus trabajadores son refugiados palestinos que se dejan la vida por su propia comunidad.

Poveda citó a la periodista Olga Rodríguez para afirmar que “Palestina lo ha cambiado todo”, obligándonos a defender no ya los derechos humanos, sino el concepto mismo de humanidad. Denunció que el sistema internacional humanitario ha saltado por los aires al no respetarse la protección de civiles ni de personal de socorro, pero aseguró que la agencia continuará su labor “hasta el último día, pase lo que pase”.

La gala cerró con la foto de familia y reconociendo, una vez más, a quienes siguen mirando hacia otras realidades que, aunque no siempre atraen audiencias masivas, son fundamentales para la justicia social.

La acción humanitaria atraviesa un trance que ya no se explica como una única crisis, sino que se asemeja más a un cambio de época. Al mismo tiempo que aumentan los conflictos, los desastres climáticos y los desplazamientos forzosos, el dinero público que sostiene la respuesta humanitaria se está contrayendo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proyectó para 2025 una caída de la ayuda oficial al desarrollo de entre el 9 y el 17% y advirtió sobre el impacto especialmente en regiones como el África subsahariana.

Al mismo tiempo, se cumple un año desde que la administración Trump de EEUU anunció que eliminaba más del 90% de los contratos de la agencia de ayuda humanitaria USAID, uno de los principales donantes globales, y recortes en decenas de miles de millones de dólares en asistencia internacional. La caída de fondos se mide, además, en cierres y despidos y, por supuesto, en retos para las organizaciones que trabajan en el terreno. Según la Red de Aprendizaje Activo para la Rendición de Cuentas y el Rendimiento en Acción Humanitaria (ALNAP), en 2025 ocho agencias de la ONU, ocho grandes organizaciones internacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja recortaron en total más de 31.000 puestos.

El giro de Washington no se lee solo en clave contable. El medio Foreign Policy lo sitúa en un contexto de creciente inquietud por la influencia de China y Rusia en regiones como África y por la capacidad de Estados Unidos de aguantar el pulso en la región. La orden ejecutiva que congela la asistencia exterior marca el comienzo de un nuevo ciclo en el que la ayuda se subordina explícitamente a la agenda America First.

Una oportunidad tras el golpe

El desplome de USAID también está forzando un debate: ¿por qué el sistema está diseñado para que quien pone el dinero desde lejos decida a distancia? Y, sobre todo, si la retirada del principal donante obliga a diversificar fondos, ¿puede eso acelerar un reequilibrio de poder hacia organizaciones y autoridades locales?

Ese debate, a menudo resumido en la palabra “localización”, está en el centro del enfoque que defiende Plan International España. La organización trabaja en la defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, así como la prestación de ayuda humanitaria en guerras, emergencias y contextos de conflicto. Virginia Saiz Gomis, nueva directora general de la organización en España, explica en una entrevista con elDiario.es que el contexto es “muy polarizado” y complejo, con decisiones tomadas desde el Norte Global para recortar cooperación mientras se multiplican crisis y conflictos.

El cambio pasa por trasladar el mando de control. “Si visitas una comunidad donde trabaja Plan International, el trabajo es 100% local y está en manos de jóvenes, grupos de mujeres y autoridades del lugar”, apunta Saiz. El cambio no es “traumático” para la organización, pero sí exige transferir cada vez más decisiones porque “una parte considerable del dinero de la ayuda internacional sigue viniendo desde el norte”.

Prioridades más allá del Norte o Sur Global

El principal nudo del sistema no es que la financiación llega desde el norte, sino que, en general, llega con condiciones. Saiz describe que “los donantes son muy estrictos y muy poco flexibles”, lo cual lleva a una rendición de cuentas compleja. Su diagnóstico es que el cambio no puede quedarse en que “las organizaciones internacionales transfieran”, sino que también implica la movilización de donantes bilaterales y privados, flexibilizar las reglas del juego y aceptar que el control total desde un despacho no es compatible con que se tomen decisiones realmente locales.

Cuando quienes viven el problema deciden, los proyectos tienen más legitimidad, duran más y generan apropiación

Virgina Saiz Gómez — Directora general del Plan International España

Desde Perú, Amalia Alarcón, gerente regional de Programas para América Latina y el Caribe en Plan International, indica que el efecto de esas reglas es que muchas organizaciones acaban adaptando su agenda a lo financiable. En Colombia, recuerda, algunas iniciativas terminaban “disfrazando” proyectos de igualdad de género como contribuciones a la paz porque ese era el marco que atraía fondos. “La escucha suele darse desde la entidad que necesita dinero hacia quien lo da, y no al revés”, insiste.

Para Saiz, acercar decisiones al terreno tiene varias ventajas inmediatas: por un lado, menos intermediarios, por otro lado, más cercanía respecto a la gente afectada y una tercera ventaja, decisiva, relacionada con la legitimidad. “Cuando quienes viven el problema deciden, los proyectos tienen más legitimidad, duran más y generan apropiación”, apunta la directora de Plan International.

A su vez, el sector insiste en que la localización no solo debe implicar el traslado de la responsabilidad, con sus riesgos asociados, sino también el de recursos y autonomía. “A veces el socio local no necesita manuales ni más fortalecimiento, pues ya tienen metodologías y auditorías propias”, insiste Alarcón. “Incluso herramientas que se presentan como ‘evaluaciones mutuas’ rara vez lo son de verdad. El ‘mutuo’ termina siendo asimétrico porque la entidad internacional sigue actuando como ‘el donante social’”, añade.

El poder también reside en las entidades internacionales

El cambio no es solo norte-sur, también implica tensiones internas. Alarcón subraya que en organizaciones grandes existen relaciones de poder entre la oficina de un país y las sedes regionales y globales, además de las sedes recaudadoras. “El cambio es lento porque llevar las decisiones cerca del terreno exige tocar presupuestos, recursos humanos y estructuras”, apunta.

Plan International pone un ejemplo concreto con el caso de Bolivia. “Hemos cerrado como Plan International, es decir, como implementador directo. No para salir del país, sino para que sean los socios los que implementen. Nuestro papel ya debe pasar solo por [analizar] la incidencia y [facilitar] el acceso. Tenemos el privilegio de llegar a espacios internacionales que son más difíciles para las entidades locales. Nuestro rol es conectar y abrir puertas”, explica Alarcón.

Si la retirada de USAID implica menos cobertura y endurecer las prioridades, el golpe llevará al colapso. Si, en cambio, se acelera una redistribución del poder, podría abrirse una ventana para los países más afectados: más financiación directa y flexible para actores locales, más cooperación regional y sur-sur, menos cadenas de subcontratación y más capacidad de decisión allí donde se viven las crisis.

Saiz Gomis lo resume como un ajuste de roles, no como un conflicto: “El norte puede aportar recursos y conocimiento, pero debe dominar menos, permitir más y ser más flexible”.

El tránsito entre la infancia y la edad adulta es un trance existencial lleno de incertidumbre que se complica en el caso de los menores tutelados por el Estado cuando salen del sistema de protección al cumplir la mayoría de edad. Carentes de las redes familiares del resto de la población, el riesgo de pobreza y exclusión social se multiplica, como constata la ONG Aldeas Infantiles en un informe sobre esta situación. Toda ayuda resulta crucial para salir adelante con garantías, como constatan en conversación con elDiario.es dos de los propios beneficiarios de los programas de acompañamiento a extutelados que desarrolla la organización.

Hamid tiene un objetivo claro: convertirse en educador social. Una meta a la que mira con ilusión, mientras estudia integración social, y que no es casual. La experiencia de haber vivido en el sistema de protección y, sobre todo, el ejemplo de quienes le acompañaron allí ha labrado sus aspiraciones profesionales. “He coincidido con personas maravillosas y educadores que me han salvado la vida”, explica. “Desde mi experiencia y sabiendo cómo se sienten las personas que están en la situación en que estuve yo, creo que sería de gran ayuda en un futuro ser educador”, añade.

Cuando Hamid, de origen marroquí y afincado ahora en Granada, imagina el escenario sin el apoyo psicosocial y la asistencia recibida de Aldeas Infantiles SOS España, organización dedicada a proteger a niños, niñas y jóvenes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo, no duda. “Seguramente no estaría estudiando, ni tendría el título de la ESO. Mi situación sería muy diferente”.

No habla solo de títulos o de empleo, también habla de supervivencia y de lo que significa cumplir la mayoría de edad con la incertidumbre de los papeles, el miedo a quedarse en la calle y la necesidad básica de una orientación adulta en un momento en el que, de un día para otro, “tienes que abandonar la que ha sido tu casa un tiempo”.

[Sin apoyo] seguramente no estaría estudiando, ni tendría el título de la ESO. Mi situación sería muy diferente

Hamid — Estudiante de origen marroquí afincado en Granada

A cientos de kilómetros, Sara (nombre ficticio) pone palabras a su pasado: lo que marca la diferencia no es solo el techo o el dinero, sino tener derecho al error. “A mí, Aldeas Infantiles me ha permitido equivocarme”, resume. “Me han dado tiempo para madurar, para reparar y para sostener una vida que no se aprende a gestionar de golpe”, explica por teléfono. En su caso, que Aldeas Infantiles siguiera apostando por ella, incluso en un mal momento, le cambió la vida. “Me ayudaron a creer en mí misma y no sentirme una fracasada”, apunta.

Según el último boletín con datos estadísticos de 2023 de medidas de protección a la infancia y la adolescencia elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, en España hay alrededor de 52.000 niños, niñas y adolescentes que crecen en acogimiento, siendo Castilla y León, Galicia, Cantabria y Andalucía las comunidades autónomas con el mayor porcentaje.

Un cumpleaños que no llega igual para todos

Miguel Ángel Gallardo, director del Programa de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS en Andalucía, explica con una frase lo que se repite como un eco para los extutelados: “La mayoría de edad es un salto al vacío”. Lo es para cualquiera, pero con una diferencia abismal. La juventud tutelada, dice, se enfrenta a esa frontera “sin red social”, con “vivencias de trauma, abandono, de maltrato” y con menos margen de error que otros jóvenes de su misma edad.

Como explica Gallardo, en la España de 2026, si ni siquiera para la mayoría de los jóvenes la emancipación a los 18 años es realista, para quienes salen del sistema de protección, el listón es todavía más alto. “No solo se trata de pagar un alquiler o encontrar un trabajo, sino de hacerlo mientras se aprende lo que otros aprenden en casa. Los jóvenes que encontramos cargan con una mochila emocional muy pesada”, añade.

Según el último boletín con datos estadísticos de 2023 de medidas de protección a la infancia y la adolescencia elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, en España hay alrededor de 52.000 niños, niñas y adolescentes que crecen en acogimiento

Aldeas Infantiles SOS desarrolla su Programa de Jóvenes para acompañar a quienes han crecido bajo la tutela al cumplir la mayoría de edad, a través de proyectos de autonomía y recursos residenciales. Según los datos que proporciona la entidad, solo en 2024 atendieron a 1.406 jóvenes, dentro de un programa que incluye ocho proyectos de autonomía y pisos dirigidos a jóvenes extutelados.

Además, cuentan con pisos para “jóvenes sin referentes familiares”, donde se acompaña su acceso a permisos, formación y empleo. En la práctica, ese acompañamiento se traduce en lo que Sara enumera: un piso, manutención, apoyo emocional, ayuda con trámites y orientación según las necesidades. Y en lo que Hamid define como condición para poder imaginarse distinto y cubrir lo básico para que la meta no sea “solo sobrevivir”.

A su vez, en las conversaciones con Hamid y Sara se repite una palabra: el estigma. Hamid, por su parte, cuenta que, al decir que viene de un centro de menores, muchas veces la pregunta automática es “¿qué has hecho?”. Y añade que, siendo de origen marroquí, el prejuicio se carga aún más de sospecha. “Hay muchos estereotipos y siendo de Marruecos lo asocian directamente a la delincuencia”. Sara, por su parte, describe cómo en su ciudad se relacionan los programas de acompañamiento a jóvenes extutelados como una amenaza, mezclando protección con castigo.

¿Qué pasa si no existiera el apoyo?

La respuesta aparece cuando se les pide que describan “el después”. Hamid recuerda el miedo de aquellos días, y no el miedo a no quedarse sin comida, sino a un futuro sin protección legal. Sin papeles, ni contrato o permiso de trabajo. En su relato, el apoyo de Aldeas Infantiles no era un complemento, sino más bien lo que le permitió poner orden a sus prioridades. “Si no tuviese unas necesidades básicas cubiertas sería muy difícil conseguir mis objetivos. Comer y tener un sitio donde dormir para así estar bien emocionalmente”, apunta.

No solo se trata de pagar un alquiler o encontrar un trabajo, sino de hacerlo mientras se aprende lo que otros aprenden en casa. Los jóvenes que encontramos cargan con una mochila emocional muy pesada

Miguel Ángel Gallardo — Director del Programa de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS en Andalucía

Sara describe esa misma idea desde el impacto psicológico del cambio. “Es muy violento pasar de estar, a los 17 años, constantemente rodeada de educadores a, un día después, sola en un piso y no tener a nadie cerca”. Sin una ayuda externa, advierte, los problemas cotidianos como la compra, el alquiler o la incertidumbre generalizada se convierten en “arenas movedizas”. “No habríamos podido salir de esa soledad sin que alguien te extienda la mano”.

Gallardo, por su parte, enmarca esa estrategia de acompañamiento como una de las principales misiones de Aldeas Infantiles. “Hay que estar ahí cuando el Estado deja de estar y sostener ese tramo, frágil, en el que no basta con sobrevivir, sino que hay que aprender a vivir”, añade.

Los datos avalan las declaraciones de Gallardo y las historias de vida de Hamid y Sara. Según datos desprendidos de la Encuesta de la Federación de Entidades para la Emancipación Juvenil (FEPA) de 2024, nueve de cada diez jóvenes tutelados y extutelados estudia, trabaja o compagina ambas cosas, siendo el empleo la principal fuente de ingresos para el 38% de los jóvenes.

Estrenamos junto a Oxfam Intermón, la ONG de cooperación para el desarrollo que lleva casi 70 años combatiendo la pobreza y la desigualdad, DESIGUALDAD CERO, una sección dentro de Carne Cruda para visibilizar a quienes el sistema damos la espalda, incluso con nuestras acciones más rutinarias.

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Mame B.T. llegó desde su país en Senegal a España con un pasaporte que acreditaba su minoría de edad en busca de un futuro mejor. A costa de arriesgar su vida, se embarcó en un cayuco y tras su paso por Canarias, Mérida y Catalunya se acabó asentando en Asturias. El Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Loriana, en San Claudio (Oviedo), ha sido hasta ahora su último lugar de residencia hasta que, a principios de este mes, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado confirmó que debía abandonarlo.

El Principado no daba credibilidad al pasaporte que portaba y que acreditaba que era menor. Se le sometió a pruebas de edad que determinaron que era adulto y se le comunicó que esta circunstancia impedía su continuidad en el centro. Él siguió insistiendo en que no había cumplido aún los 18 años. Unas explicaciones que no convencieron a la administración.

Apoyo desde Extremadura y Canarias

El pasado mes de diciembre, entidades sociales y plataformas de defensa de los derechos humanos, entre ellas la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas de Extremadura y Canarias, denunciaron su situación de “extrema vulnerabilidad” y la de otros dos menores tutelados en el centro de menores de Loriana, gestionado por la Asociación Centro Trama.

Pese a que incidieron en que su expulsión implicaría que se vieran abocados a ir a la calle, las expectativas de evitar su salida del centro no se cumplieron y Mame B.T. emprendía una marcha sin retorno de las dependencias de Loriana.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se basaba en los informes y las pruebas a las que se había sometido a Mame para constatar que era mayor de edad y así lo corroboró la Fiscalía.

Un portavoz de la consejería, de la que es titular Marta del Arco, ha confirmado a elDiario.es Asturias que a raíz de comprobar su mayoría de edad se le buscó a Mame varias alternativas de convivencia para mayores de edad con otras entidades, pero todas las sugerencias fueron rechazadas por el joven.

“Ha sido él quien ha decidido descartar las propuestas que se le han hecho y ha decidido irse por su cuenta con un amigo a vivir a Luarca”, asegura el portavoz.

La propuesta

Los otros dos jóvenes que están en una situación similar todavía permanecen en el Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Loriana pero han aceptado la propuesta de la administración y en los próximos días se trasladarán a recursos de Transición a la Vida Adulta del Principado.

“La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano no expulsa ni expulsará a menores de edad de sus centros. Quien determina la mayoría o minoría de edad es la Fiscalia de Menores y en el caso de ese joven que ya no está en Loriana rechazó la propuesta de ir a uno de esos centros de adultos, fue una decisión propia”, señala.

El recurso

Una argumentación que no convence a los representantes de Asturias Acoge que sostienen que “a estos chicos se les cierra la puerta a regularizar su situación por la paradoja de que, al constar en el pasaporte que son menores de 18 años, tienen que acudir a la administración acompañados de un adulto responsable”.

Además, reiteran que se está cometiendo con ellos muchas irregularidades. Entre otras, inciden en que son sometidos a pruebas para determinar su edad que están prohibidas a las personas portadoras de documentos que certifiquen esa información, como es el caso de Mame.

Las irregularidades

“La actuación del centro de menores y de la entidad pública contraviene el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y el artículo 190 del Reglamento de Extranjería”, exponen.

Asturias Acoge denuncia que “es una forma de actuar, la de presuponer que los documentos de personas migrantes son falsos y las pruebas físicas que se realizan tienen unos estándares europeos que no son comparables a la anatomía de personas de otros países, como en este caso Senegal”.

Denuncia de vulneraciones

Las plataformas sociales que le han mostrado su apoyo afirman que esta actuación contraviene también el Reglamento de Extranjería y diversos dictámenes del Defensor del Pueblo, así como directrices de la Unión Europea (UE) y resoluciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Reiteran la importancia de que las autoridades competentes en Asturias procedan a la paralización inmediata de cualquier orden de salida del centro, el reconocimiento efectivo de la minoría de edad conforme a la documentación oficial, la tramitación urgente de las autorizaciones de residencia y trabajo y el cese de las pruebas de edad que consideran invasivas e imprecisas.

La integridad del menor

Asimismo, advierten de que dejar a estos adolescentes sin protección institucional no solo supone, a su juicio, un grave incumplimiento legal, sino que pone en riesgo “la integridad física y jurídica de niños que las administraciones están obligadas a proteger”.

“Dado que estos jóvenes cuentan con pasaportes legales y no impugnados, la realización de dichas pruebas constituye una injerencia ilegal en la integridad del menor”, señalan esta organizaciones, que aseveran que la edad que se muestra en esa documentación debe respetarse si no ha sido invalidada judicialmente.

La jurisprudencia

La doctrina del Tribunal Supremo, añaden, señala que debe prevalecer siempre el beneficio de la duda en favor del menor para evitar su desamparo y que no pueden realizarse pruebas médicas de forma indiscriminada basándose en la apariencia física de los jóvenes.

Asturias Acoge hace hincapié en la paradoja que supone que estos chicos estén en un limbo y queden en tierra de nadie porque desde la administración no se le da validez a los pasaportes que acreditan su minoría de edad.

“No son mayores de edad para nadie nada más que para el fiscal y los organismos autonómicos a los que les interesa acogerse a esa opción para librarse de estos chicos”, ratifican.

Presunción de legalidad

No obstante, anuncian su disposición a interponer un recurso para la impugnación del decreto de la Fiscalía donde solicitarán la adopción de medidas cautelares.

En la oenegé no se explican las razones que llevan a dudar de la validez de la documentación que presentan estos jóvenes: “nadie ha demostrado que sus pasaportes sean falsos, ni tienen por qué serlo y hay múltiple jurisprudencia que respalda que los documentos de un país tienen presunción de legalidad”.

Roberto Hartasánchez lleva más de cuatro décadas vinculado al Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), la oenegé que fundó junto a un grupo de amigos preocupados por la conservación de la fauna ibérica, especialmente en la Cordillera Cantábrica. Sus discrepancias con el Principado son patentes por la falta de transparencia y de información de que culpa a la administración de la comunidad autónoma a la hora de intercambiar información, entre otros temas, sobre el censo de la población osera.

Socio fundador, presidente, portavoz y actualmente director honorario de Fapas, Roberto Hartasánchez cuenta con una amplia experiencia y un ingente fondo documental sobre osos pardos, la especie a la que la asociación conservacionista realiza un amplio seguimiento y control.

Desconfianza y exclusión

“Hace 30 años, la conservación se hacía coordinada entre las comunidades autónomas y la participación de las oenegés como Fapas y la Fundación Oso pero esto ha ido cambiando y, como el oso ha adquirido mucho más protagonismo, las comunidades autónomas van solas y nos han apartado de su control”, lamenta.

Esa exclusión hace que las estadísticas sean dispares, en función de quién las elabora. Roberto Hartasánchez desconfía del resultado que ofrecen desde las autonomías.

“Las comunidades autónomas hicieron un censo de osos a la carta, donde aparece que la situación está muy mal, cuando para nosotros está bien”, expone.

Excesivo control burocrático

Las cifras que se dan a conocer públicamente desde las autonomías no son fiables, bajo el prisma de Fapas: “No es asumible que en un sitio de la zona oriental donde hay seis o siete hembras reproductoras digan que hay 120 osos. Es imposible. La información no es veraz, todo es interesado y no se ofrece una información exhaustiva sobre los parámetros utilizados”.

A esta puerta que se les cierra para la cooperación se une el excesivo control burocrático al que están sometidos y que dificulta enormemente el trabajo de seguimiento de los ejemplares.

El control de hembras

Anteriormente, cuando se producía un buen intercambio de información, el Fapas hacía el control de hembras reproductoras en terrenos forestales con las cámaras, pero en la actualidad, aunque siguen utilizando el mismo método, el Principado es mucho más estricto con los permisos, lo que resta efectividad.

“Los osos se mueven de un territorio a otro. Nosotros pedimos autorización para colocar las cámaras para hacer el seguimiento de los ejemplares, pero si cuando ya tenemos la autorización para hacer ese control los osos se han movido de un lugar a otro tenemos que pedir de nuevo otro permiso para mover las cámaras porque el que conceden es específico para ese terreno concreto, de forma que no es efectivo porque está claro que los osos se mueven de un lado a otro y cada lugar es un permiso nuevo”, corrobora.

Roberto Hartasánchez advierte que en Asturias la normativa es muy restrictiva: “No te dicen que no, pero te ponen muchas pegas para poder hacer ese seguimiento”.

Las estimaciones

Las peticiones de información que la organización ha remitido a la Dirección General de Biodiversidad ha obtenido escasos resultados, según señala, ya que desde este organismo se alega que el ministerio solamente sufragaba gastos, siendo el censo una competencia exclusiva de las comunidades autonómicas que participan en su elaboración.

El censo oficial referido al conteo de hembras reproductoras de Oso Pardo Cantábrico para el 2017 -en el que colaboró Fapas- arrojó una cifra de nueve osas con crías para ese año. Por lo tanto, una posible estimación demográfica daría una población de entre 75 y 112,5 osos en ese año para el concejo asturiano de Somiedo y si se realiza el mismo cálculo tomando como dato de referencia las OCAS individualizadas en todo el núcleo occidental asturiano para el 2017, saldrían entre 225 y 337,75 osos para esa población.

La disparidad

“¿Cómo puede ser que el número de osos estimados tres años después en el censo general del 2020, para toda la población asturiana, sea solo de 131 ejemplares? ¿Está disminuyendo drásticamente su número en las áreas mejor conservadas de la Cordillera Cantábrica?”, interpela el director honorífico.

Por el contrario, la población oriental, con una horquilla entre 50 y 75 osos estimados en el 2017, tomando como referencia las OCAS individualizadas (50 con el censo genético), habría alcanzado un crecimiento del 140 por ciento (120 Individuos), solo tres años después, según los datos que maneja Fapas.

El censo de los osos pardos que se efectuaba cada año en función de los datos aportados por las administraciones y las organizaciones no gubernamentales que trabajaban con osos y que ahora se ha dejado de realizar estaba basado en el control de las osas reproductoras.

Las técnicas

El conteo de esas osas, año tras año, permitía evaluar la evolución reproductora de la población de osos en la cordillera Cantábrica y estimar el número de ejemplares.

Los censos se hacen a pie, recorriendo cada año cientos de kilómetros de pistas, trochas y senderos e identificando rastros, midiendo huellas o instalando cámaras fotográficas en lugares donde habita el oso.

El seguimiento

No obstante, la principal estrategia para obtener un censo real y fiable es la constancia. La información debe de ser contrastada año tras año. Hay que demostrar que las crías nacidas un año viven al siguiente para evitar un aumento del número de ejemplares que no se corresponde con la realidad.

Por ello, a juicio del Fapas, es muy importante obtener una identificación clara de los individuos, en especial de las hembras reproductoras, evitando caer en el error o con censos falsos en los que la misma hembra reproductora es contada en más de una ocasión, aumentando así ficticiamente el censo de la población.

Las asociaciones y ONGs de cooperación internacional de Granada disponen cada vez de menos recursos públicos para desarrollar su actividad. Desde 2024, la Diputación de Granada ha reducido prácticamente a la mitad los fondos destinados a este ámbito, que han pasado de rondar los 450.000 euros a quedarse en 220.000 euros en los dos últimos presupuestos. Un recorte sostenido que ya está teniendo consecuencias directas sobre proyectos humanitarios y sobre el funcionamiento interno de entidades con décadas de trayectoria.

Así lo denuncian desde la Coordinadora Granadina de ONGs (CONGRA), que agrupa a la mayoría de asociaciones de cooperación internacional de la provincia. Su presidente, Carlos Aspa, advierte de que la reducción presupuestaria no es un ajuste puntual, sino un cambio de rumbo que pone en riesgo la continuidad de iniciativas esenciales. “Para muchas asociaciones, estas ayudas no son complementarias: son estructurales. Cuando desaparecen, los proyectos se caen”, explica.

No en vano, las entidades afectadas denuncian que el recorte se produce en un contexto económico que no lo justifica. La Diputación de Granada acaba de aprobar para 2026 un presupuesto de 418,5 millones de euros, 42,5 millones más que el ejercicio anterior, con un superávit previsto de 1,9 millones y deuda cero por primera vez en su historia.

Pese a este crecimiento, la cooperación internacional ha pasado de ser una partida que rondaba los 450.000 euros hasta 2024 a quedarse en 220.000 euros en los dos últimos ejercicios. Incluso antes del recorte, recuerdan desde la CONGRA, la cooperación apenas representaba alrededor del 0,1% del presupuesto total, por lo que la reducción tiene un impacto limitado en las cuentas provinciales pero muy severo en las asociaciones.

Más fondos para otras partidas

Mientras se reduce la cooperación internacional, el presupuesto provincial sí incrementa otras líneas de gasto. Por ejemplo, en este 2026, la Diputación concede una subvención directa de 186.500 euros al toro de lidia, una cifra muy cercana al total que se destina a todas las ONGs de cooperación internacional de la provincia y que prácticamente coincide con el recorte que también se les hace.

A ello se le suma el incremento de casi 100.000 euros en la subvención para el tratamiento de residuos en Alhendín, municipio en el que el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, fue alcalde y continúa siendo concejal. Se trata, además, de una ayuda directa sin concurrencia competitiva, de la que no se benefician otros municipios cercanos a plantas de residuos, como La Malahá, que no recibe ninguna cuantía por este concepto.

El pasado año, además, la institución provincial adquirió el edificio del Banco de España por 9,2 millones de euros, sin que hasta ahora se haya concretado un uso definido para el inmueble. Además, la compra del Castillo de la Calahorra por 6,5 millones de euros para abrirlo a las visitas refuerza la hipótesis de que al no haber problemas de tesorería, los recortes en cooperación internacional responden a una decisión política.

“Una cuestión de valores”

Uno de los ejemplos más claros del impacto del recorte es el de la Asociación Granadina de Amistad con la RASD, integrada en la CONGRA. La entidad ha denunciado una reducción del 33% en la subvención destinada a su programa de bienestar y salud para niños y niñas saharauis, que ha pasado de 60.000 a 40.000 euros tras 30 años de colaboración continuada con la Diputación. Según explica la asociación, el recorte se produce pese a que la diputada de Bienestar Social se comprometió personalmente el pasado verano a mantener la cuantía. “Confiamos en su palabra y solicitamos las plazas para los niños basándonos en ese compromiso. Ahora nos encontramos con una mano delante y otra detrás”, señalan.

La reducción de 20.000 euros pone en riesgo el programa Vacaciones en Paz, cuyo coste asciende a 73.000 euros, y limita la capacidad de acoger a menores saharauis para recibir atención sanitaria. Además, la asociación se ha visto obligada a cancelar las comisiones sanitarias, equipos médicos que permiten diagnosticar y tratar patologías que, en los campamentos de refugiados, pueden resultar mortales. También queda seriamente comprometida la Caravana por la Paz, el programa mediante el cual se envían alimentos y productos básicos a los campamentos. “Para la Diputación puede ser una cifra pequeña, pero para nosotras supone perder proyectos que salvan vidas”, denuncian.

Desde la asociación saharaui hablan de un claro agravio comparativo. “No cuestionamos otras actividades, pero es una cuestión de valores humanos. Cómo se explica que no haya 20.000 euros para traer a un niño o niña al médico, pero sí casi 200.000 euros para la tauromaquia”, señalan. El año pasado, recuerdan, ya tuvieron que cubrir el primer recorte con un esfuerzo extraordinario de voluntariado y actividades solidarias. “Esta vez la situación es insostenible”, advierten, reclamando que la Diputación recupere la partida original.

Desde la oposición, la diputada socialista Paqui Santaella critica que la cooperación internacional haya pasado a un segundo plano en un presupuesto que el propio gobierno provincial define como histórico. A su juicio, “no se puede presumir de refuerzo de las políticas sociales mientras se recortan fondos destinados a la salud y al bienestar de menores en contextos de emergencia”.

Santaella considera que la reducción de la cooperación internacional responde a una decisión política consciente, y no a una necesidad presupuestaria, y pide a la Diputación que rectifique y restituya las partidas recortadas.

Diputación justifica el recorte

Desde la Diputación de Granada niegan que exista un desmantelamiento de la cooperación internacional y defienden que la partida actual de 220.000 euros responde a una planificación basada en países prioritarios y en la coordinación con otras administraciones. El equipo de gobierno destaca, además, el incremento global de los fondos destinados al tejido asociativo y el refuerzo de otras líneas sociales. Estos fondos han aumentado de forma sostenida desde 2024 hasta 2026, pasando de 897.000 a 1.387.000 euros, aunque no tienen incidencia en las ONGs de cooperación internacional.

No obstante, desde el ente provincial apuntan a que el recorte de 230.000 euros responde a una planificación basada en países prioritarios y alineada con las estrategias del Gobierno central y la Junta. Según Diputación, las necesidades de las asociaciones que trabajan en esos territorios estarían “adecuadamente cubiertas”. Por otro lado, justifica esta reducción para la cooperación internacional para aumentar las ayudas al asociacionismo local, argumentando que Granada tiene muchos municipios pequeños donde las asociaciones de proximidad tienen un impacto directo en la vida cotidiana.

Y sobre la compra de inmueble, las ayudas directas al toreo o para gestionar residuos en el municipio de Francisco Rodríguez, desde Diputación rechazan comparar la partida destinada a la cooperación con otras decisiones presupuestarias, asegurando que responden a objetivos y marcos distintos dentro de una planificación global.

Sin embargo, desde la CONGRA insisten en que la realidad sobre el terreno es clara: menos fondos, menos proyectos y más dificultades para mantener una cooperación que, hasta ahora, había sido una seña de identidad de la provincia. “No pedimos caridad”, concluyen desde las asociaciones, “pedimos coherencia política y responsabilidad con los derechos humanos”.