Los partidos de izquierda en la oposición han afeado a Gobierno de Juanma Moreno que haya suspendido las ayudas públicas que, desde 2023, adjudicaba a tres ONG andaluzas –Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta– para gestionar pisos de acogida y planes de inserción sociolaboral para personas sin hogar, tal y como ha revelado este periódico.

“Dejar sin subvenciones a las ONG que atienden a personas sin hogar es solo el principio de las barbaridades del pacto con la extrema derecha”, ha afirmado la diputada de Por Andalucía Rosa Rodríguez. La parlamentaria ha tildado de “inhumano” el acuerdo entre PP y Vox por “atacar a las personas más vulnerables bajo la premisa de la prioridad nacional, mientras señala a quienes menos tienen en lugar de a los verdaderos responsables: los fondos buitre y los grandes especuladores”.

En la misma línea, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado de “miserable” retirar las ayudas “a las personas más necesitadas”, en alusión a quienes “están en la calle tiradas porque no tienen vivienda”, mientras la Junta mantiene las ayudas de 2.000 euros mensuales para vivienda destinadas a sus altos cargos.“Es de vergüenza”, ha insistido García, que ha definido al Gobierno de PP y Vox como “el gobierno de las caras duras” y “de las paguitas para los altos cargos”.

Se trata de las primeras subvenciones destinadas a programas sociales para una población vulnerable que la Junta fulmina tras la firma del pacto de Gobierno PP-Vox, que contempla la “reducción, hasta su eliminación, de subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”.

El Gobierno de Moreno niega vinculación con el pacto

Desde las filas del PSOE, también relacionan la retirada de estas ayudas con el acuerdo PP-Vox, concluyendo que “la prioridad nacional de la ultraderecha ya manda en nuestra tierra”. En cambio, el Gobierno de Moreno ha desvinculado la decisión de no prorrogar estas ayudas a las ONG del pacto PP-Vox, firmado hace cuatro meses, y que recoge la polémica cláusula de la “prioridad nacional”.

El director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, Antonio Ismael Huertas, ha explicado que los contratos para su desarrollo se firmaron en enero de 2023 y establecían una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos como máximo. En este sentido, ha señalado que la Junta de Andalucía agotará el periodo máximo de prórroga previsto en los contratos, de acuerdo con las condiciones establecidas en ellos.

La retirada de las ayudas afecta a programas en los que la población migrante representa una parte importante de las personas atendidas. Según los datos facilitados por las tres entidades, el 80% de las personas sin hogar usuarias de los pisos de acogida gestionados por Inserta eran inmigrantes. La proporción superaba el 60% en el caso de la Fundación SAMU y alcanzaba el 45% entre los usuarios de Cruz Roja.

“Y esto lo hacen los mismos que se llevan 2.000 euros al mes para casa gratis, fuera de salario y fuera de dieta”, ha denunciado el portavoz de Adelante Andalucía tras conocer la noticia. “Vox decía que quería acabar con las subvenciones y con las paguitas, pero lo que no nos contaron es que las querían para ellos”, ha reprochado para preguntarse a continuación “qué quieren” PP y Vox “que hagan” ahora las personas sin hogar. “¿Que se escondan, que se metan debajo de tierra, que desaparezcan?”, ha planteado.

Para terminar, García ha argumentado su rechazo alegando que estas entidades les proporcionan comida, agua, un lugar donde resguardarse del frío y alojamiento temporal, además de apoyo para intentar salir de su situación de exclusión.

La mayoría de las encuestas augura una victoria de las derechas en las elecciones del 29 de noviembre. Pero los estudios también vaticinan que el PP tendrá que ir de la mano de Vox para poder lograr una mayoría suficiente en el Congreso para investir a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Ambas fuerzas ya comparten ejecutivos en numerosas comunidades autónomas y la estrategia de la extrema derecha en esas administraciones, donde ocupa carteras como Desregulación, Familia o Agricultura, permite anticipar algunos de los cambios que pretende impulsar a nivel estatal, si finalmente se confirma que puede sumar con el PP.

La última ofensiva de Vox ha sido la de la “desregulación”. Las promesas del partido de acabar con la “maraña burocrática” en las administraciones han dejado de ser un recurso electoral para convertirse en política de gobierno en varias comunidades: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Con su denominada “desregulación”, el partido plantea reducir trámites administrativos, pero también revisar el ordenamiento autonómico y eliminar normas que considera —en sus palabras— “ideológicas o superfluas”, así como examinar políticas públicas, reducir determinadas subvenciones y modificar las condiciones de acceso a ayudas y servicios públicos. 

Carmen Lumbierres, politóloga y profesora de Ciencias Políticas en la UNED, advierte de que detrás de esta “desregulación” existe una “aplicación selectiva” de este principio y “no puede entenderse únicamente como una política de simplificación administrativa”. En esta misma línea, el politólogo Guillermo Fernández considera que Vox no puede definirse únicamente como un partido desregulador porque en muchos ámbitos es bastante intervencionista. “Por ejemplo, en el terreno de la educación, el discurso de Vox es muy hipócrita, dicen que la educación es para enseñar y no para transmitir ideología, pero en lo privado por supuesto que quieren ideología: la suya”, señala el experto. 

Nueve consejerías para Vox

En 2023, los populares pactaron con la extrema derecha después de las elecciones municipales y autonómicas. Solo un año después, Santiago Abascal rompió, de manera unilateral, todos esos ejecutivos autonómicos por su discrepancia sobre el reparto en el sistema de acogida de los menores migrantes llegados a Canarias. Pero el de ahora es un momento político distinto. 

“No vamos a hacer un cordón sanitario a Vox. Es la tercera fuerza del país, sus votantes merecen respeto y no estoy dispuesto a arrinconarles”, declaraba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras su reelección al frente del partido. Ahora, la coalición PP-Vox cuenta con varios gobiernos autonómicos, donde los ultras han conseguido las vicepresidencias. 

En Extremadura, el acuerdo de gobierno entre PP y Vox dio lugar a una Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox. En Aragón, Alejandro Nolasco ocupa la Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar Social y Familia, y en Castilla y León, Carlos Pollán es vicepresidente de la Consejería de Desregulación y Familia. Por su parte, en Andalucía, el último de los pactos autonómicos con el PP, Manuel Gavira ocupa la Vicepresidencia segunda y dirige la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. 

Los acuerdos incluyen mecanismos para la simplificación de los procedimientos administrativos, como la ventanilla única o un “buzón de desregulación” para que los ciudadanos puedan señalar aquellas normas que consideren “innecesarias, redundantes o desproporcionadas”. Pero, al mismo tiempo, los pactos identifican como objetivos de revisión algunas de las políticas desarrolladas en los últimos años, como la vivienda, el cambio climático, la reforma laboral o la normativa de igualdad. 

La “desregulación” de Vox ya ha abierto la puerta a una revisión de la normativa en las comunidades donde gobierna junto a los populares. “Quieren reducir lo que a ellos ideológicamente no les interesa, reducir la parte del Estado que a ellos les gusta menos a la mínima expresión”, señala Lumbierres. La politóloga advierte que la estrategia de Vox “busca seleccionar qué políticas públicas deben desaparecer y cuáles deben reforzarse” y señala la importancia de las áreas que el partido ha asumido en estos gobiernos que, a su juicio, “favorecen a unos y perjudican a otros”. “Vox ha pedido consejerías como bienestar social, en las que se gestionan muchísimas ayudas y son imprescindibles para la vida”, indica la experta. 

Por su parte, Fernández coincide en que la desregulación de Vox tiene una dimensión ideológica. Sobre la propuesta de eliminar “tres normas por cada una que se apruebe”, el experto considera que, aunque pueda presentarse como una forma de eliminar normas duplicadas o innecesarias, contiene un componente político. “Ese eslogan va a aplicarse sobre todo a las áreas que en el fondo no les interesan”, apunta.

Así, de los acuerdos autonómicos con el PP han desaparecido las referencias a la violencia estructural contra las mujeres, a las políticas destinadas a personas LGTBIQ+ o la Agenda 2030. En contrapartida, dan paso a otras prioridades ideológicas de Vox, desde el endurecimiento de las políticas migratorias, la llamada “prioridad nacional”, por la que se introducen criterios de “arraigo real, duradero, estable y verificable” para el acceso a determinadas ayudas públicas, o la promoción de la tauromaquia y la caza. 

Menos subvenciones para los sindicatos y ONG

Los pactos entre PP y Vox también incluyen una reducción de las subvenciones destinadas “a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública”. En la Región de Murcia, por ejemplo, Vox ha planteado eliminar la obligación de financiar con dinero público a sindicatos y patronales, y en la Comunitat Valenciana, la formación ya ha avanzado en nuevos recortes a las subvenciones de estos organismos. 

Guillermo Fernández considera que estas medidas pueden afectar al modelo de diálogo social. A su juicio, “Vox aspira a ahogar económicamente a los sindicatos”, lo que podría tener “posibles consecuencias para las condiciones laborales y la negociación colectiva”.

La revisión del gasto público también alcanza a las ONG. Los pactos autonómicos establecen la supresión “total” de subvenciones a las ONG que, según los acuerdos, participen en la “promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal”. “Ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, establecen los pactos.

En este sentido, además de las ONG, los pactos recogen compromisos para endurecer las condiciones de los menores extranjeros no acompañados, así como limitar la llegada de nuevos menores a las comunidades. “Se endurece su situación en los centros que están internos y se relaciona su presencia con la inseguridad”, firmaba textualmente Juan Manuel Moreno Bonilla en el acuerdo con Vox en Andalucía. En él también se ha incluido un “rechazo frontal” a la llegada de más menores extranjeros no acompañados: “Ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible”, señala el pacto. 

En Aragón, por ejemplo, el pacto entre PP y Vox incluye mecanismos de “verificación de edad” con pruebas forenses para determinar su edad o la retirada de una paga mensual de 17 euros a todos los menores migrantes no acompañados. Medidas que ya han dado lugar a al menos dos denuncias ante la fiscalía: una del Ministerio de Juventud y otra de Chunta Aragonesista, ya que es la Fiscalía quien debe tomar la decisión de realizar o no esas pruebas. El proyecto de Presupuestos de Castilla y León para el 2027 recoge una reducción de cuatro millones de euros en la aportación de esa comunidad a la cooperación al desarrollo.

La “prioridad nacional” para optar a ayudas públicas

El gran triunfo de Vox en su pacto con el PP ha sido imponer su marco ideológico con la llamada “prioridad nacional” como una realidad en los gobiernos de ambos partidos. Los acuerdos autonómicos incluyen no solo restricciones a determinadas ayudas vinculadas a la inmigración, sino también mediante requisitos relacionados con la trayectoria de cotización o el tiempo de empadronamiento.

En Castilla y León, el pacto habla de una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tengan un arraigo “real, verificable y efectivo” en la comunidad. En Andalucía, este principio se incorpora al acceso de ayudas públicas y a la vivienda protegida. 

En la Comunitat Valenciana, a pesar de no contar con una vicepresidencia, Vox ha conseguido introducir su “prioridad nacional” en los Presupuestos de la Generalitat para el 2026. Allí, PP y Vox aprobaron conjuntamente la “prioridad nacional” para el acceso a determinadas prestaciones públicas, endureciéndose los requisitos de empadronamiento para recibir la Renta Valencia de Inclusión: 3 años ininterrumpidos o 10 años alternos dentro de los últimos 30 de empadronamiento. 

Este mismo miércoles, las Corts Valencianes aprobaron, con los votos del PP y Vox, la inclusión formal del principio de “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda pública tras aceptar los populares una enmienda presentada por el partido de ultraderecha a su propuesta parlamentaria sobre esta materia. El acuerdo establece la obligación de procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a aquellas personas que acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” de diez años en la Comunitat Valenciana, vinculando la concesión de vivienda protegida a la permanencia histórica en el territorio valenciano.

También en Castilla y León, la Junta de PP y Vox asumirá la tesis de la “prioridad nacional”, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ponferrada. Es decir, que cuando se construyan los proyectados 80 pisos sociales para venta a jóvenes, cuyo solar acaba de ceder el Consistorio, se impondrá obligatoriamente un criterio de exclusión por empadronamiento. El Gobierno autonómico dejará fuera a todos los solicitantes que no certifiquen haber estado como mínimo 10 años empadronados en España, aunque la Unión Europea establece que ese mínimo no puede exceder de los cinco años.

Lumbierres advierte que este tipo de criterios de “arraigo” puede acabar “perjudicando también a los ciudadanos españoles” que residen en una comunidad. La experta explica que, en el caso valenciano, “una persona nacida allí que hubiera marchado durante años a otra comunidad para estudiar o trabajar podría encontrarse con dificultades para acceder a determinadas ayudas si no cumple los requisitos”. La politóloga considera que este arraigo para el acceso de ayudas públicas supone “una mayor inseguridad jurídica”.

Por su parte, Fernández advierte de que “esta lógica puede contribuir a una transformación más profunda de la concepción de los derechos” y dar lugar a “una sociedad de estratos”, en la que existan grupos con “paquetes de derechos distintos, unos más extensos que otros”. 

Un “copia y pega” de Milei

La estrategia de Vox se inscribe así en una tendencia internacional en la que la ultraderecha ha convertido la reducción del gasto público y la revisión de la regulación en una de sus principales banderas. 

Su referente más evidente es el Gobierno de Javier Milei, en Argentina, que ha hecho de la ‘motosierra’ uno de los símbolos de su programa, incluyendo en su Gabinete un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para impulsar el recorte del gasto público y reducir el tamaño del Estado. También Estados Unidos, donde una de las medidas del segundo mandato de Donald Trump fue la creación del denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk y enfocado a recortar el gasto público y revisar la estructura administrativa federal. 

Ese mismo impulso es el que Vox ha tomado en sus pactos autonómicos. En la presentación de su programa, el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco ya aseguró que iba a “meter la motosierra y la tijera contra la hiperregulación”, mientras los vicepresidentes de Vox en Extremadura y Castilla y León situaron la desregulación como una de las prioridades de sus gobiernos.

“Es una apuesta claramente política neoliberal externa a nivel de Milei, es un copia y pega del modelo argentino”, sostiene Lumbierres. “Creen en una sociedad con una intervención del Estado mínima en lo económico y máxima en lo que tiene que ver con lo moral, la ley y el orden. Es un modelo autoritario”, advierte la experta.

Para Fernández, una aplicación de estas políticas supone una “contrarreforma” orientada a revisar el sistema en sentido conservador. El experto advierte de que esto “reducirá derechos sociales, económicos y el pluralismo político”. “¿En qué derechos ganará un ciudadano de a pie con un gobierno PP-Vox? ¿Alguien sabe decir alguno? Porque ya no solo se trata de los que te quiten, sino de los que vayas a ganar realmente”, resume Fernández.

Con su estrategia autonómica, Vox apunta contra las políticas públicas que el partido considera “ideológicas”, incluyendo requisitos de acceso a prestaciones públicas, la acogida de menores migrantes, la financiación de sindicatos y ONG, la regulación ambiental o la normativa de igualdad. “Lo que consigues es la desestabilización social”, advierte Carmen Lumbierres.

Hace diez años, un grupo de organizaciones sociales de Castilla-La Mancha tomó una decisión sencilla y a la vez valiente: dejar de caminar cada una por su lado y empezar a hacerlo juntas. Así nació la Mesa del Tercer Sector. Nadie nos regaló nada. Nos lo ganamos a base de reuniones interminables, de paciencia, de mucha escucha y de una convicción compartida: que una sociedad se mide por cómo trata a quienes más apoyo necesitan. Hoy, al cumplir una década, toca mirar atrás con orgullo. Y toca mirar adelante con exigencia.

Hemos pasado, o estamos en proceso, de ser una suma de voces a ser un interlocutor reconocido. La Ley 1/2020 del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha es el mejor ejemplo: un marco que reconoce lo que siempre supimos, que las entidades sociales no somos un apéndice del sistema, sino una parte esencial de él. Hemos construido espacios de diálogo civil, hemos llevado a los despachos donde se toman las decisiones la experiencia real de miles de profesionales, voluntarias y voluntarios, y hemos puesto rostro y nombre a realidades que antes quedaban invisibles en las estadísticas.

Hemos aprendido también a ser un sector crítico pero leal. Críticos, porque callar ante lo injusto no es lealtad, es complicidad. Leales, porque creemos en las instituciones y en la fuerza de lo público cuando se trabaja codo con codo con quienes están cada día en el territorio. Esa combinación, a veces incómoda, es precisamente la que nos hace útiles.

Pero sería un error confundir diez años de camino con una meta alcanzada. Quedan retos en varios ámbitos que no admiten más demora.

En gobernanza necesitamos que el diálogo civil deje de depender de la voluntad de cada momento y se convierta en una práctica estable, estructurada y exigible. Participar no es ser informado a última hora ni opinar sobre textos ya cerrados. Participar es estar desde el principio, con capacidad real de influir en las decisiones que afectan a las personas a las que representamos.

Otro reto es la participación. Un tercer sector fuerte necesita que las propias personas protagonistas, con discapacidad, mayores, infancia, personas migrantes, familias en situación de pobreza, tengan voz propia, y no solo representada. Nada sobre ellas sin ellas no es un eslogan, es un método de trabajo.

Pedimos una mayor sostenibilidad. No se puede sostener la atención a las personas más vulnerables con entidades financieramente al límite. Hablamos de estabilidad en la financiación, de plazos de pago razonables, de convocatorias que no condenen a la incertidumbre anual a quienes prestan servicios esenciales, y de condiciones dignas para las profesionales que sostienen, con su vocación, buena parte del sistema de cuidados. Las entidades no pedimos favores: pedimos las condiciones necesarias para seguir cumpliendo una función que la sociedad nos encomienda.

Y, por último, diálogo civil, ya que esta es nuestra seña de identidad y nuestra mayor reivindicación. Entre administraciones y sociedad civil organizada debe existir una relación de respeto mutuo, con reglas claras, interlocución permanente y evaluación compartida de los resultados.

Pero estamos en un momento que exige altura de miras. Celebramos este aniversario en un contexto complicado. Con unas elecciones generales recién convocadas, el ruido va a crecer y la tentación de la confrontación permanente también. Conviene decirlo con claridad desde el principio: la Mesa del Tercer Sector mantiene y mantendrá una neutralidad firme. No pertenecemos a ningún partido ni pedimos el voto para ninguno.

Neutralidad que, hay que decirlo, no es equidistancia, y no vamos a confundir ambas cosas. Somos neutrales ante las siglas, no ante los derechos humanos. No lo somos ante la pobreza, la exclusión, la discriminación o la vulneración de derechos de cualquier persona. Ahí estamos, y ahí estaremos, con quien lo necesite, gobierne quien gobierne. Nuestra vara de medir no es el color político, sino la justicia social y la dignidad de las personas.

Por eso pedimos a todas las fuerzas políticas que bajen el tono y suban la responsabilidad. La gente que acude cada día a nuestras entidades no vive en la polarización: vive en la lista de espera, en la vivienda inaccesible, en el trabajo precario, en la soledad no deseada, en la barrera que le impide entrar en un edificio o acceder a un servicio. Sus problemas son reales y urgentes, y no se resuelven con gritos, sino con acuerdos. Pedimos pactos de Estado y de región para lo esencial, diálogo sincero con quien piensa distinto y la humildad de reconocer que ningún problema social se arregla en una sola legislatura ni desde un solo punto de vista.

Seguiremos aquí diez años después. La Mesa del Tercer Sector sigue teniendo la misma razón de ser: sumar voces para construir derechos. Lo haremos con la cercanía de quien conoce el territorio, con la firmeza de quien defiende lo que es justo y con la mano tendida de quien sabe que los avances duraderos nacen del encuentro y no de la trinchera.

A las organizaciones, a los equipos profesionales, al voluntariado y a las personas que dan sentido a todo esto: gracias. A quienes tienen responsabilidades públicas: aquí estamos, con propuestas, con experiencia y con ganas de trabajar. Y a la sociedad castellanomanchega: cuenten con nosotros, como nosotros contamos con ustedes. Porque si algo hemos aprendido en estos diez años es que cuando las voces se suman, los derechos avanzan.

El ataque de un grupo de manifestantes este fin de semana en Ceuta a un pequeño grupo de trabajadores humanitarios que viajaban en un coche es solo el estallido más potente de algo mucho más general que ya está ocurriendo en España. Las ONG humanitarias, grandes y pequeñas, de Navarra, de Ceuta y de Madrid, de ecologistas y de ayuda a personas sin hogar, de asistencia a inmigrantes o de pura solidaridad a la antigua usanza, están sintiendo un odio nuevo, creciente desde hace años.  

Hablamos con Montse Santolino, de la Federación catalana de ONG, sobre cómo llega a España un fenómeno que ya ocurre en otros países, cuál es el patrón que sigue este hostigamiento y los objetivos que persigue. Escuchanos también la voz de Susana Domínguez, psicóloga de una entidad de defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en Jerez, sobre el incremento del hostigamiento que padece su organización y las consecuencias que tiene en su día a día.

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El operativo policial acababa de evacuar del Puerto de Ceuta el vehículo en el que viajaban la diputada ceutí y los abogados, atacados por decenas de personas en Ceuta. Entre risas, algunos vecinos comentaban los destrozos del Mercedes gris sobre el que se habían abalanzado, pero de cuyos ocupantes desconocían su identidad. Otros empezaban a reconocer, ya algo nerviosos, que no sabían quiénes se encontraban en su interior. Un hombre, con una trompeta en su mano, admitía que una de las mujeres agredidas llevaba un bolso con la inscripción de la ONU. Cuando se les preguntaba por el motivo que desembocó en la avalancha en contra del vehículo, todos respondían de una manera similar: “Eran de esos de ONG”.

Rafael Borrego es un reconocido abogado y activista en defensa de los derechos humanos y quienes lo observaban desde la protesta a la entrada del Puerto asumieron que pertenecía a una organización que ayuda a los migrantes en la ciudad. Eso fue suficiente para arremeter contra el coche en el que se introdujo, que en realidad pertenecía a la diputada de Ceuta Ya Julia Ferreras, donde también viajaba una abogada experta en derechos humanos a nivel internacional, Sofía Cánovas. La Policía Nacional se encuentra investigando los hechos y dos agentes heridos por los manifestantes se han personado en la denuncia, según fuentes ligadas a la investigación.

Ser parte de una ONG, o parecerlo, es un riesgo en Ceuta desde hace un mes y medio. Acercarse a una persona migrante, también. Ayudar o escuchar a alguno de los jóvenes marroquíes llegados a finales de julio a la ciudad autónoma acarrea insultos, agresiones y hostigamientos, según ha podido comprobar elDiario.es en el terreno. Los ataques no proceden únicamente de algunos vecinos ceutíes, también este medio ha presenciado este tipo de acoso por parte de agentes de la Policía Nacional o patrullas de militares.

Hay agentes y militares que han llamado “guarra” o “perra” a algunas voluntarias de los colectivos más criminalizados actualmente en Ceuta, No Name Kitchen y Brigadas de Apoyo Mutuo. “Los insultos y vejaciones son constantes”, dice una de las voluntarias, que prefiere no detallar su nombre. Las matrículas de algunos de sus coches son difundidas por grupos de WhatsApp y, cuando alguien los ve, son increpadas al instante. Delante de elDiario.es, vecinos han llamado “guarras”, “perroflautas” y las han amenazado con destrozar su vehículo, las han tachado de terroristas cuando solo iban a comprar agua o les han echado la ceniza encima mientras bloqueaban su labor.

“Tenemos pinchazos en las ruedas de vehículos de nuestros voluntarios. Tenemos coches rajados. Hemos sufrido disparos con balines de pistolas de aire comprimido, lanzados desde edificios durante la distribución de comida. También alguna piedra”, explica Ric Fernández, coordinador de la ONG No Name Kitchen. La organización fue víctima de varias campañas de difamación tras acusarla sin pruebas de haber repartido gas pimienta entre los migrantes. La organización denuncia también que algunos de los DNI de sus miembros se han “filtrado en chats participados por policías”. “Una de las fotos en particular del DNI se ven las propias manos de la policía sujetándolo”, denuncia Fernández.

El pasado 12 de septiembre, una patrulla de cinco militares hostigó durante dos horas a activistas a esta ONG. Un vehículo militar ocupado por miembros del Regimiento de Infantería del Ejército de Tierra 9 bloqueó la puerta de la base de operaciones de la organización que cada día realiza repartos de comida a migrantes en aquellos barrios a los que no llegan las ONG de mayor tamaño. Durante dos horas, el vehículo permaneció a medio metro de la entrada al local, mientras uno de los militares hacía comentarios a una de las activistas de la organización, que permanecía allí para vigilar la sede. Uno de los uniformados llegó a tirar ceniza de su cigarro encima de la voluntaria. Más de una semana después, en la madrugada de este lunes, tras la celebración del Día de la Legión, un fuerte despliegue militar rodeó la base del colectivo Brigadas de Apoyo Mutuo, según varios vídeos a los que ha accedido elDiario.es. “Nos llamaban guarras. Escupían en el suelo mientras nos decían 'qué asco”, asegura una de las activistas que presenciaron los hechos denunciados.

Desde Brigadas de Apoyo Mutuo -movimiento ciudadano asambleario que realiza curas, distribuye comida entre los migrantes y realiza rondas para vigilar ante posibles vulneraciones de derechos contra estos- denuncian un “constante acoso” por parte de patrullas de militares. “Nos graban cuando quieren. Todo el rato. Recibimos vejaciones constantes. Por ejemplo, es habitual que después de hacer una ronda con sus vehículos, luego nos digan: 'Ya volveremos sin el uniforme'. A las mujeres nos suelen llamar 'guarras asquerosas'”, detalla una de las voluntarias, mientras recorre la ciudad en busca de personas migrantes con hambre a los que entregar las raciones de comida que suele preparar durante el día. Su colectivo también trata de entretener a los marroquíes, muchos menores, asentados en las naves del Tarajal, con sesiones de circo, entre otras acciones. Este medio ha preguntado al Ministerio de Defensa por este y otros asuntos relacionados con la actuación de los militares pero por ahora no ha obtenido respuesta.

A finales de agosto, decenas de personas pertrechadas con banderas de España intentaron impedir el paso de los camiones de la Cruz Roja que llevan alimentos a los migrantes asentados en la zona de la playa del Trampolín de Ceuta. Al grito de “la Cruz Roja es una mafia”, decenas de personas impidieron el 30 de agosto el acceso de un camión de la organización humanitaria a la playa del Trampolín, uno de los puntos en los que la organización distribuye alimentos entre las personas migrantes.

Insultos a periodistas “confundidos” con ONG

Ese odio generalizado ha repercutido también en algunos periodistas, que son “confundidos” con personal de ONG cuando hablan con los migrantes o cuando cubren alguna de las actuaciones de los colectivos sociales. Este miércoles, por ejemplo, elDiario.es se encontraba en las naves del Tarajal, donde además de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) -que hace las veces de comisaría- se encuentra un asentamiento de migrantes, cuando un furgón de la UIP aceleró. Desde su interior, varios agentes pidieron de malas formas a la periodista que se apartase de la zona, cuando uno de ellos gritó con agresividad: “¡Guarra!”. Una vez que la reportera se identificó como periodista y preguntó por qué la insultaba, el agente negó que lo hubiese hecho, rebajó el tono y el vehículo se retiró. Muy cerca había varios activistas de las Brigadas de Apoyo Mutuo que, habituados a ese tipo de trato, interpretaron lo ocurrido: “Pensaban que eras uno de nosotros”.

La semana pasada, la furgoneta de una fotoperiodista que colaboró con elDiario.es amaneció la con varios rayones en una de sus puertas. Las líneas, que parecían esbozadas con una llave, conformaban una palabra: “Puta”.

“Creo que por mi estética, por mi manera de vestir cómoda, piensan que soy activista. Siento todo el rato las miradas. Hasta paso miedo simplemente yendo a comprar agua”, dijo la fotógrafa a este medio, antes de decidir irse unos días a Marruecos para descansar del acoso recibido por, de nuevo, “parecer de una ONG” cuando en realidad es fotógrafa. La sospecha de formar parte de una organización de ayuda a los migrantes también ha motivado identificaciones policiales repentinas. “Pensaba que eras una de esas activistas”, dijo un guardia civil la semana pasada a esta periodista tras pedir la documentación de malas maneras mientras hablaba con dos jóvenes migrantes.

Ese tipo de “confusión” es la que resultó este domingo en la agresión a la diputada ceutí y los abogados que la acompañaban. Pese a la confusión con la ONG navarra, la diputada ha hecho un alegato contra la violencia en la ciudad autónoma. “Nadie en ningún momento podemos justificar ningún acto de violencia, sea contra quien sea, ni contra la población migrante, ni contra los activistas, ni contra los ceutíes”, añadió en declaraciones recogidas por elDiario.es tras presentar una denuncia ante la Policía por los hechos. “Nos han agredido porque nos han confundido. Si hubiésemos sido parte de la ONG, no hubiese significado que hubiese estado bien. Si venían a repartir ayuda, no hay que escudarse en que se han confundido. Si hubiésemos sido nosotros los activistas navarros, tampoco hubiese estado bien”, añadía Borrego, aún con el susto en el cuerpo.

Decenas de personas han lanzado huevos y piedras a un vehículo de una diputada ceutí y en cuyo interior viajaba la diputada de la Asamblea de Ceuta Julia Ferreras, el activista Rafael Borrego y Sofía Cánovas, abogada internacional experta en derechos humanos. Los vecinos ceutíes concentrados esperaban en la entrada del Puerto a otros activistas de un colectivo de Pamplona, pero al ver al jurista malagueño, uno de los integrantes de la Flotilla a Gaza, lo atacaron por considerar que era “de una ONG”. Aunque la política de Ceuta ya alertó a los manifestantes que era un cargo público, continuaron golpeándola, según los vídeos a los que ha tenido acceso elDiario.es.

Los tres ocupantes del coche han confirmado a elDiario.es que eran ellos quienes se encontraban en el coche gris sobre el que decenas de vecinos se han lanzado con huevos y piedras. “Nos han reventado. Esto ha sido una burrada. Nos iban a matar”, ha dicho Borrego en conversación con elDiario.es.

Los manifestantes estaban concentrados a la entrada del Puerto de Ceuta para “recibir” a varios activistas del colectivo pamplonés Negu Gorriak/Derecho a techo, una organización anticapitalista que visitaba la ciudad con ayuda humanitaria y para denunciar las supuestas agresiones de militares contra los migrantes, la que los vecinos han tachado de “proetarras”.

Entre los grupos de vecinos se había corrido la voz de que es una organización “proetarra”, tras una publicación en un medio digital derechista, por lo que se han concentrado para evitar su llegada a la ciudad bajo el grito: “Somos caballas, no etarras”.

Antes de la llegada de los activistas, los manifestantes han increpado a varias personas que, dicen, eran “de ONG”. Una de las personas, el abogado Borrego, se introdujo en un coche gris, conducido por la diputada de Ceuta Ya Julia Ferreras, y decenas de activistas se lanzaron hacia él. Gritaron, tiraron huevos y piedras e incluso golpearon el vehículo de la diputada ceutí.

Según ha relatado el propio Rafael Borrego a elDiario.es con posterioridad, el tumulto ha comenzado cuando el grupo de manifestantes ceutíes estaba concentrado a la entrada del puerto de Ceuta y ha empezado a increparle. “Un señor se ha confundido. No sé a qué se refería pero ha dicho 'este es uno de ellos, es uno de ellos, es un proetarra', toda la gente se ha echado encima de mí. Yo me he ido del tumulto como he podido, pero el coche al que me subía estaba al lado del tumulto”, ha explicado Borrego tras presentar la denuncia.

El abogado y activista ha detallado que el grupo de manifestantes han cortado el camino de salida del puerto y que “la Policía estaba desbordada”. “Se agolparon sobre nosotros. Nos han tirado huevos, nos han tirado piedras, han reventado el cristal por alante, por atrás, nos han abierto la puerta para meterse dentro”, ha descrito Rafael Borrego a preguntas de elDiario.es.

Borrego también ha querido agradecer la actuación de un agente de la Policía quien ha terminado por entrar en el vehículo y sacar al activista y a la diputada ceutí Julia Ferreras de la zona y ha logrado evitar así daños mayores. El abogado ha detallado que apenas hay que lamentar unos cortes superficiales en el brazo de su compañera provocados por la rotura violenta de la luna trasera del vehículo a causa de una pedrada.

La diputada en la Asamblea de Ceuta Julia Ferreras ha reprochado el uso de la violencia y ha declarado a elDiario.es que la violencia “no está justificada en ningún momento, ni hacia mí, que no tenía nada que ver con el asunto, pero ni siquiera hacia los activistas que venían de fuera”.

“A nosotros nos ha pillado de paso allí, hemos sido el objetivo, el enemigo a batir, pero es que nadie en ningún momento podemos justificar ningún acto de violencia, sea contra quien sea, ni contra la población migrante, ni contra los activistas, ni contra los ceutíes”, ha añadido tras registrar también una denuncia ante la Policía.

Ante los intentos de agresión, la Policía cargó contra los manifestantes y disparó varias salvas al aire, a lo que algunos de los allí concentrados reaccionaron con enfado. “Id al Trampolín”, les decían a los agentes en referencia al asentamiento de migrantes asentados en una de las playas ceutíes. Hay al menos una persona detenida, acusada de provocar daños al vehículo y de atentado a la autoridad.

El diputado en la Asamblea de Ceuta Mohamed Mustafa Ahmed ha denunciado en una publicación en la red social Facebook el destrozo del vehículo de su compañera Julia Ferreras, a la que ha acompañado a comisaría. “Al pasar por el Puerto hace un rato, los manifestantes la han emprendido a golpes contra el vehículo, lanzándoles de todo tanto a ella como a las dos personas que la acompañaban (y que, por cierto, nada tienen que ver con los activistas que llegaban hoy). Los videos muestran la violencia extrema que desprendían. Sencillamente repugnante”.

“Y ahora, que Juan Vivas siga diciendo que el comportamiento está siendo ejemplar”, ha añadido el diputado de la ciudad autónoma. El propio Rafael Borrego ha compartido los momentos de tensión en sus redes sociales.

La formación Coalición por Melilla también ha hecho público un comunicado en redes sociales en el que ha enviado todo su apoyo y solidaridad a Ceuta Ya y a su diputada Julia Ferreras ante el violento ataque sufrido por un grupo de manifestantes que este grupo político describe como “de extrema derecha”. “Ninguna protesta ni diferencia política justifica el acoso, la intimidación o la violencia contra una representante pública”, apuntan.

Esta protesta, movilizada a través de redes sociales, llega después de que este mediodía varios centenares de personas marchasen hacia el paso fronterizo de El Tarajal para reivindicar la españolidad de Ceuta y reclamar medidas de protección de la frontera ante la crisis migratoria.

Hace cuatro años, el profesor Ngunza improvisó una pequeña escuela en el patio polvoriento de su casa, ubicada en el kilómetro 44 de Catete, una comunidad rural situada al sureste de Luanda, la capital de Angola. Allí, bajo la sombra generosa de un árbol de mango, empezó a dar clases por las tardes a los pequeños del barrio que estaban sin escolarizar: unos por falta de recursos económicos y otros por carecer de los documentos de identidad necesarios para matricularse en la escuela pública.

Cuando la ONG para el desarrollo (ONGD) Mundo Orenda descubrió esta iniciativa, decidió apoyarla. Lo primero fue comprar una pizarra. Después, la organización que dirige Rebeca Herrera desde Alcalá de Guadaíra (Sevilla) sumó el apoyo de un equipo pedagógico formado por tres docentes sevillanos –Bernard Bossous, José Luis Pérez y Leonor Romero– y alquiló un modesto local en aquel barrio marcado por la pobreza, el hambre y la falta de escolarización. Y así, en ese rincón olvidado del mundo, germinó la semilla de lo que hoy es la escuela de alfabetización Soñando Alto.

Pero el proyecto que brotó en la mente de Bernard cuando vio a los pequeños en el patio de Ngunza sedientos de conocimiento no cabía en cuatro paredes. El local en el que han venido trabajando hasta ahora solo contaba con un aula y carecía de baños y de ventilación. El reto era dotar al barrio de “unas instalaciones dignas”. Tras adquirir un terreno a escasos metros y lograr los permisos necesarios para construir, Soñando Alto estrena este curso su primer centro propio. Un espacio con cuatro aulas y dos baños, donde 200 alumnos de entre 5 y 19 años asistirán a clase en unas condiciones muy distintas a aquellas en las que nació el proyecto, bajo la sombra de un árbol.

Salto de calidad en la enseñanza

El cambio de espacio se traduce ahora en un salto cualitativo en la enseñanza que va a recibir el alumnado de Soñando Alto. “La gran diferencia es que antes, en un aula, impartíamos clases a dos grupos de manera simultánea durante dos horas y ahora hay seis cursos —tres de mañana y tres de tarde— de cuatro horas cada uno, sin compartir ningún espacio ni profesor”, explica Bernard Bossous, miembro de la dirección pedagógica de la escuela. La ratio máxima, además, se reduce de más de 40 alumnos por aula a 33.

En la práctica, todo ello significa que los alumnos pasan de recibir diez horas lectivas semanales a 20. Y no solo aumenta el tiempo de enseñanza. También mejora su calidad porque se amplía el margen para impartir asignaturas como valores o conocimiento del medio sin tener que restar horas a las materias troncales de lectoescritura y matemáticas.

“Ahora sí podemos preparar a los niños para que tengan las mismas capacidades básicas que otro niño de Educación Primaria que sí tiene acceso a la educación pública por tener recursos económicos y documentos de identidad”, celebra Bossous. El objetivo es que, aunque no hayan pasado por la escuela pública, puedan acreditar unas competencias básicas que les permitan continuar su formación y acceder en el futuro a un módulo de grado medio.

El salto de calidad no se limita al alumnado. El nuevo centro abre también una oportunidad para seguir trabajando en la formación del profesorado local y en establecer ese “puente” entre el enfoque pedagógico europeo, que concibe al alumno como sujeto activo, y el modelo implantado en Angola, basado en la obediencia, el copiado y la prevención del castigo. “Intentamos que los profesores fomenten el desarrollo de competencias como el emprendimiento y la autonomía para que, desde pequeños, se enfrenten a esa hegemonía de la obediencia y pasividad del alumno, tratándolo como protagonista de su propio proceso de enseñanza aprendizaje y, por ende, de su vida”, explica el coordinador pedagógico.

La escuela como “epicentro del cambio”

Más allá de mejorar la calidad de la enseñanza, la nueva escuela de Mundo Orenda aspira a convertirse en “el epicentro del cambio de toda la comunidad”. El propósito es que “la escuela no sea solo un sitio donde son educados”, como explica Bernard, sino también un lugar donde los niños puedan cubrir algunas de sus necesidades más básicas. Entre ellas, la alimentación.

“La mayoría de ellos, con suerte, comen una vez al día, los índices de desnutrición son brutales, lo cual afecta directamente a la capacidad cognitiva”, explica este psicopedagogo sevillano. El siguiente paso del proyecto es poner en marcha un comedor escolar que garantice al menos un almuerzo equilibrado al día, una necesidad especialmente importante en un entorno marcado por la desnutrición

El otro objetivo es hacer de la escuela un motor para el desarrollo de la comunidad. Por eso, una de las cuatro aulas se destinará a actividades dirigidas no solo a los niños, sino también a los adultos: alfabetización para mayores, escuela de idiomas o un servicio de copistería, entre otras iniciativas. La idea es que pueda acoger pequeños negocios que, a su vez, generen puestos de trabajo para las familias del alumnado y, al mismo tiempo, contribuir a la sostenibilidad del propio proyecto.

Son los vértices de un proyecto que busca implicar a toda la comunidad a través de la escuela. “Tanto para los niños como para los padres y los profesores locales, la escuela no se percibe como una obligación, sino como un regalo y una oportunidad”, asegura Bossous. De ahí, añade, “su nivel de agradecimiento, felicidad e implicación”.

Todo ello tuvo su reflejo el día de la inauguración. Bernard, que este verano viajó a Angola para supervisar la puesta a punto del nuevo centro, recuerda aquella jornada como “todo un acontecimiento en el barrio”. Acudieron familias, alumnos, profesores, representantes de la Embajada española en Angola e incluso miembros de la constructora que levantó el edificio. “Fue una fiesta”, recuerda con el brillo en la mirada. Hubo música, baile y, sobre todo, “alegría, agradecimiento y esperanza por las ganas de vivir muchas cosas en el aula”.

Mucho más que una escuela

El valor de Soñando Alto trasciende las paredes del nuevo edificio. Este centro de alfabetización posibilita “ese acceso a la educación al niño que de ningún otro modo podría tenerlo”. Además, la escolarización de estos niños supone también un bálsamo de “tranquilidad” y garantía de “seguridad” para las familias. “Pueden descansar porque sus hijos ya no están horas en la calle corriendo peligro o haciendo cosas que no deben”, explica la directora de Mundo Orenda.

Al mismo tiempo, el enfoque innovador de este centro ofrece a los menores una experiencia capaz de transformar su relación con el aprendizaje. A través de canciones, lemas y un modelo pedagógico que busca implicarlos activamente, Mundo Orenda trabaja para generar en ellos un sentimiento de “pertenencia” y, sobre todo, de “amar la educación” y entender que ellos mismos “son el motor del cambio” de su comunidad, como reivindica Rebeca Herrera.

Esa capacidad de la educación para transformar la realidad es algo que José Luis Pérez conoce desde dos perspectivas muy distintas. Como director de un colegio en Sevilla y miembro de la dirección pedagógica de Soñando Alto, vive en primera persona “la diferencia abismal” entre las realidades educativas de un país y otro. “Mientras aquí hablamos de digitalización, de nuevas metodologías o de idiomas, allí el reto sigue siendo que una persona adulta aprenda a leer y escribir por primera vez”, explica. Aun así, a sus ojos esas realidades tan dispares “están profundamente conectadas”. “Ambas nos recuerdan que la educación es la herramienta más poderosa que tenemos para transformar una sociedad”, defiende.

Una escuela sostenida desde Sevilla

Llegar hasta aquí tampoco habría sido posible sin la implicación de los docentes voluntarios que acompañan el proyecto desde Sevilla. Rebeca Herrera califica de “éxito” haber logrado levantar las instalaciones inauguradas este verano porque son la mayor prueba de que el proyecto sigue latiendo con fuerza. Durante estos tres años, han librado “una lucha enorme para que el proyecto no muriese”, pero la confianza de Rebeca, el empuje de Bernard, el apoyo de los socios de Mundo Orenda y el compromiso de los docentes que se fueron sumando por el camino han ido regando el proyecto de la escuela, hasta lograr que siguiera creciendo y echando raíces.

Una de las dificultades a las que se enfrentaba una organización pequeña como Mundo Orenda es que trabajaba “sin contraparte local”, lo cual obligaba a mantener un contacto directo y continuo con el profesorado angoleño desde la distancia. Y ahí, explica Herrera, el voluntariado especializado ha sido fundamental. “El hecho de que el equipo pedagógico acompañe a los profesores locales en el día a día y atienda a las necesidades que van surgiendo en terreno es lo que ha permitido que el proyecto avance, progrese y llega hasta donde está llegando”, asegura la directora.

Bernard Bossous, José Luis Pérez y Leonor Romero forman parte de ese equipo pedagógico que se ha ido consolidando con el tiempo. A lo largo del año realizan al menos un viaje a Angola para conocer de primera mano la evolución de la escuela, trabajar junto a los profesores locales y supervisar las necesidades del proyecto. Un voluntariado especializado que, desde la distancia, se ha convertido en una pieza esencial para que aquella pequeña escuela haya crecido hasta sus cuatro aulas actuales.

Construir no es suficiente

Una vez inaugurado el nuevo centro, ahora comienza otro reto: mantenerlo y hacerlo crecer. “No es construir y ya está”, advierte Rebeca. A medida que el proyecto crece, también aumentan los costes y “las dificultades para sostenerlo”: sufragar el sueldo del profesorado, ampliar la jornada lectiva o incorporar nuevos servicios implica asumir gastos que antes no existían. Entre las nuevas necesidades está, por ejemplo, contratar un vigilante de seguridad para unas instalaciones que ya no son “un localcito”, sino “un espacio grande”.

Levantar el edificio ha obligado a Mundo Orenda a “doblegar esfuerzos” y llamar a muchas puertas en busca de nuevos colaboradores y distintas estrategias de recaudación. La construcción ha supuesto una inversión de unos 80.000 euros, sufragada gracias a las aportaciones de los socios, colaboradores y el apoyo de la Embajada española, que también colabora facilitando la logística sobre el terreno.

Ahora la organización necesita seguir sumando apoyos para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Porque, construida la escuela, el desafío ahora es conseguir que ese espacio se llene de niños, profesores y sueños durante muchos años. Un camino que el equipo pedagógico de Soñando Alto afronta con la mirada puesta en acortar la distancia entre las dos realidades educativas que José Luis Pérez conoce de primera mano: “No se trata de igualar esas realidades de un día para otro, sino de avanzar poco a poco, paso a paso, sabiendo que cada persona que aprende a leer cambia también el futuro de quienes la rodean”.

Más de 140 organizaciones sociales de toda España han firmado una carta abierta, impulsada por Federación Sur Acoge, Asociación Elín, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), para pedir que se refuerce y mejore la respuesta que se está dando en Ceuta, especialmente para las personas migrantes que continúan en situaciones de mayor vulnerabilidad, más de un mes después de su llegada a la ciudad autónoma. 

En la carta, las organizaciones señalan que se calcula que actualmente quedan en Ceuta unas 10.000 personas, la mayoría durmiendo en la calle o en espacios informales como chabolas —uno de los campamentos improvisados se incendió en la noche del jueves—. “Muchas de estas personas tienen razones de peso para no volver a Marruecos. Son nacionales de otros países que huyen de conflictos militares, mujeres víctimas de violencia de género o de redes de trata de seres humanos, niños y niñas sin familia, algunos de los cuales han sufrido abusos sexuales mientras se encontraban en situación de calle”, dicen los firmantes.

Por ello, agregan que es “urgente e imprescindible” que las distintas administraciones, desde el Gobierno español hasta el local de la Ciudad Autónoma de Ceuta y los autonómicos, “aceleren las soluciones humanitarias para estas personas”. “Solo así los vecinos y vecinas de Ceuta podrán retomar la normalidad de sus vidas y la sociedad española podrá responder a esta crisis internacional de manera coherente con los Derechos Humanos y con los principios de nuestro marco legislativo”, aseguran las organizaciones, entre las que están Amnistía Internacional de España, Novact, Entreculturas o Coordinadora de Barrios.

En la carta, hacen cuatro peticiones a las administraciones competentes: ampliar los recursos de acogida humanitaria en Ceuta para dar respuesta a las personas y familias que siguen en situación de calle o en recursos provisionales; garantizar a la mayor brevedad el traslado a la Península y la protección de las personas en situación de especial vulnerabilidad, como los menores y solicitantes de asilo; asegurar procedimientos individuales y con todas las garantías, tanto en materia de protección internacional como en cualquier decisión de retorno, y, por último, reforzar la coordinación y la responsabilidad compartida entre administraciones, con recursos suficientes para Ceuta y mecanismos ágiles de respuesta.

Asimismo, hacen un llamamiento a “proteger la convivencia y evitar que esta situación sea instrumentalizada para alimentar el racismo, la islamofobia o el rechazo hacia las personas migrantes”.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido por primera vez un pleno social con motivo del Día de las Personas Cooperantes, organizado junto a la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de la comunidad autónoma. En este acto, diferentes representantes de organizaciones sociales han alzado la voz contra el egoísmo y la exclusión. Por su parte, el presidente del Parlamento autonómico, Pablo Bellido, ha animado a combatir las tendencias “egoístas” en el reparto de ayudas, al asegurar que “quienes defienden la tesis de los españoles primero, lo que en realidad quieren es eliminar todas las ayudas”.

Bellido ha situado a las personas cooperantes como ejemplo de “trabajo anónimo, valioso y precioso” en unos tiempos en los que priman “el egoísmo y la exclusión” incluso a la hora de priorizar la prestación de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. De este modo, ha explicado que la celebración por vez primera de este acto tiene como objetivo destacar esta labor “para que sea menos anónima y tenga más penetración social”.

De ahí que el presidente de las Cortes regionales haya expresado su deseo de que este nuevo pleno social tenga continuidad en los próximos años: “Ojalá que no sea la última vez que se hace y que la Cámara que representa la voluntad popular en Castilla-La Mancha tenga un espacio para los hombres y mujeres que se dedican a construir un mundo más justo”.

A este respecto, ha reconocido que “hoy no está de moda la cooperación” y que “la tendencia mayoritaria alimenta el egoísmo, el individualismo y la exclusión”, punto en el que ha llamado a combatir la llamada ‘prioridad nacional’ en la prestación de ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad.

“Hay quien puede pensar que existe un conflicto de necesidades según el cual tenemos que atender antes a unas personas que a otras”. Ante esta tesis, también llamada de ‘prioridad nacional’, Bellido ha expuesto que su experiencia personal enseña que “quienes quieren orillar, reducir o poner a competir unas ayudas frente a otras normalmente lo que quieren es eliminarlas todas”.

Por último, con una visión más amplia, ha animado a la sociedad a “no permitir que gran parte del mundo viva en precariedad y sin recursos y comprender que si no queremos perder el Norte, tenemos que mirar más al Sur”.

Este acto institucional en el Salón de Plenos del Convento de San Gil de Toledo ha contado también con la participación desde la tribuna de oradores de la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales de la Consejería de Bienestar Social, Guadalupe Martín; y Fernando Gutiérrez García-Calvo, presidente de la Junta Directiva de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, que ha venido acompañado de otros cargos de la organización, recibidos antes de la sesión en el despacho de Presidencia.

Gutiérrez García-Calvo ha recordado la labor que hacen estas organizaciones de la región sobre el terreno, pero también de sensibilización y concienciación en Castilla-La Mancha. Ha subrayado así que “vivimos momentos muy difíciles” en la labor de cooperación y emergencias en zonas conflictivas y ha denunciado que “se está intentando desacreditar a las organizaciones que defienden los derechos humanos”.

La cooperación es una responsabilidad y una inversión de futuro para construir un mundo más justo, sostenible e interdependiente con problemas compartidos

Además, ha afirmado que la cooperación “no es un lujo”, sino “una responsabilidad y una inversión de futuro para construir un mundo más justo, sostenible e interdependiente con problemas compartidos” como la pobreza, por lo que ha pedido “compromiso” a todas las fuerzas políticas y avances en legislación.

Por la tribuna de personas oradoras han pasado también Olga Alonso de la Sierra, secretaria técnica de la Coordinadora, con muchos años de experiencia como cooperante y que ha trabajado en países como República Dominicana, Colombia o Cabo Verde; Gerarado Magariños Laguía, de YMCA, que ha desarrollado su labor en Centroamérica con la Asamblea de Cooperación por la Paz; Sol Lahera Grilles, cooperante del Movimiento por la Paz en Marruecos; y Ricardo Angora Cañego, experto en emergencias de Médicos del Mundo en varios países, recientemente en Venezuela por los terremotos de junio.

Además, se han proyectado dos vídeos en los que entidades de la región han explicado proyectos que llevan a cabo gracias a ayudas para cooperación: uno con la intervención de Merari Blandón, directora del Instituto de Promoción Humana de Somoto en Nicaragua, y otro sobre la actividad de la Fundación Kirikango en Kenia.

El acto ha contado con representación de los grupos Socialista y Popular y de los ayuntamientos de Toledo y de Ciudad Real; el presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero y, entre otras personalidades, una amplia representación de organizaciones sociales de la región.

Este sábado una periodista vivió lo que tantos otros reporteros han sufrido estas últimas semanas: los insultos y amenazas de algunos de los manifestantes. Solo por hacer su trabajo, solo por acercarse a una persona negra, Gabriela Sánchez (enviada especial de elDiario.es a Ceuta) fue increpada y violentada. La paradoja llega cuando descubrimos que el chico con el que se había acercado a hablar ni tan siquiera era migrante. Era un chico inglés. Eso sí, era negro.

¿Qué nos cuenta que en un territorio tan diverso como Ceuta, donde más del 40% de la población es musulmana, reaccione de esta manera? Probablemente, este caso nos sirve para entender el caldo de cultivo que lleva tiempo cociéndose en Ceuta y en otras partes de España. Tratamos de entender lo que está pasando con la propia Gabriela Sánchez.

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Tres días después de anunciar que retiraría las ayudas públicas a las ONG que, a su juicio, “colaboran” con la llegada de migrantes a Ceuta, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha explicado este lunes que su departamento todavía está elaborando un listado de las entidades que podrían verse afectadas por la medida y que aún analiza qué criterios utilizará para decidirlo.

“Estamos haciendo ese trabajo de recopilación, de saber quiénes son las que están ayudando. Cuando las tengamos y sepamos los datos de quienes han colaborado, pues lo haremos”, ha explicado Nolasco durante una comparecencia ante los medios. El dirigente de Vox ha asegurado que el Ejecutivo autonómico elaborará “ese listado” y que será entonces cuando comunicará “qué vamos a hacer con esas ONG”.

El pasado viernes el vicepresidente aseguró que había ordenado suspender “con carácter urgente e inmediato” las ayudas de su departamento a las organizaciones que, según dijo entonces, “colaboren con la invasión migratoria de Ceuta”. Sin embargo, tres días después, el propio Nolasco reconoce que el Gobierno de Aragón todavía no ha identificado qué entidades considera incluidas en esa categoría ni ha definido públicamente los criterios que empleará para hacerlo.

Ante las preguntas de los periodistas sobre entidades como, por ejemplo, Cruz Roja y su ayuda humanitaria sobre el terreno, Nolasco ha evitado precisar si eso se consideraría “colaborar con la invasión”: “Es lo que estamos haciendo ahora, es lo que estamos analizando. Vamos a dar un tiempo prudente para analizar y ver qué es lo que se ha hecho. Porque, además, hay mucha confusión en torno a ese tema. Y en función de eso, se tomará una decisión”, ha respondido.

Nolasco ha afirmado que existe una “auténtica invasión” y ha llegado a sostener que hay ONG que “quieren lucrarse” de esa situación. “Es la única explicación lógica que hay para entender cómo es posible que haya una ONG que se ponga de parte de los invasores”, ha dicho. El vicepresidente también ha asegurado, sin aportar pruebas, que conoce casos en los que a migrantes se les habría dicho “no os pongáis a trabajar, porque a ver si nos van a quitar la asignación”, y ha vinculado la actividad de las organizaciones con un supuesto interés económico. “Las ONG ya han cobrado”, ha insistido, aludiendo a programas de acogida desarrollados en Zaragoza.

Además, ha defendido que el Gobierno de Aragón puede decidir “a quién le da nominativas o a quién le da ayudas o con quién tiene trato y con quién no” y ha insistido en que el futuro listado responde al compromiso recogido en el pacto de gobierno entre PP y Vox de “luchar contra las mafias de tráfico de personas”.

El Gobierno de coalición de PP y Vox en Aragón ha anunciado que retirará las ayudas económicas de la Consejería de Bienestar Social y Familia a las ONG que, a juicio del vicepresidente Alejandro Nolasco, “colaboren con la invasión de Ceuta”. La decisión llega en plena crisis migratoria en la ciudad autónoma y apenas unos días después de que el dirigente de Vox ordenara eliminar la asignación semanal que recibían los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad.

En un comunicado difundido este viernes, Nolasco asegura haber ordenado “con carácter urgente e inmediato” la suspensión de todas las ayudas económicas de su departamento dirigidas a entidades que “colaboren con la invasión migratoria de Ceuta”. El vicepresidente justifica la medida por motivos de “seguridad nacional”, “defensa de la soberanía” e “integridad territorial” y sostiene que está amparada por el pacto de gobierno entre PP y Vox.

La instrucción inmediata consiste en revisar todos los acuerdos en vigor y los procedimientos en curso para impedir que “ni un euro público” de su departamento acabe “beneficiando a los protagonistas de esta invasión migratoria”. Según esa explicación del Departamento, las colaboraciones “se irán suspendiendo conforme se detecte” que alguna entidad cumple ese criterio, aunque por el momento el Ejecutivo aragonés no ha identificado qué ONG se verán afectadas ni qué ayudas concretas están siendo revisadas.

Durante el comunicado, Nolasco sostiene que “ni un euro de las comunidades autónomas, ni directa ni indirectamente, puede ir destinado a amparar lo que es una auténtica 'invasión' que compromete nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional”. También afirma que “si a alguien hay que proteger en estos momentos es a los ciudadanos españoles residentes legalmente en Ceuta” y asegura que quienes han cruzado la frontera “no pueden ser considerados ni como refugiados ni como desamparados inmigrantes”, sino que forman parte de “una acción perfectamente coordinada”.

El vicepresidente llega a afirmar que “las víctimas no son quienes nos han invadido”, a quienes califica de “invasores”, sino “el pueblo español”, al considerar que Ceuta está siendo “tomada literalmente por una invasión” debido, según sostiene, a la “inacción del Gobierno más corrupto que ha tenido España”.

Por el momento, el Gobierno de Aragón no ha concretado qué entidades considera que “colaboran con la invasión de Ceuta”, qué criterios utilizará para determinarlo ni el volumen de ayudas que podrían verse afectadas por la revisión anunciada.

Ocurrió hace exactamente un mes. En apenas unos minutos, miles de familias venezolanas vieron cómo sus vidas cambiaban para siempre. El 24 de junio, dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron la región centro-norte del país, provocando una de las mayores emergencias humanitarias recientes del país. El balance dejado por los seísmos es devastador: según las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), alrededor de 1,3 millones de personas se han visto afectadas, con más de 5.000 víctimas mortales y más de 16.700 heridos.

Durante las primeras semanas, la prioridad fue salvar vidas. Equipos de emergencia, organizaciones humanitarias y voluntarios se volcaron en las tareas de rescate y en la atención de las necesidades más urgentes: garantizar el acceso al agua potable, distribuir alimentos, proporcionar atención médica y ofrecer refugios temporales a quienes habían perdido sus hogares o no podían regresar a ellos por el riesgo de nuevos desprendimientos.

Un mes después, la emergencia entra en una nueva etapa. Cuando desaparecen los focos de atención iniciales y las cámaras dejan de mirar hacia las zonas afectadas, comienza una fase igual de compleja: la reconstrucción. Recuperar viviendas, restablecer servicios básicos, reactivar la economía local y acompañar a las personas que han sufrido pérdidas materiales y emocionales son ahora algunos de los principales retos.

En este contexto, la Fundación “la Caixa” ha anunciado que destinará hasta un millón de euros a la reconstrucción de las áreas afectadas por los terremotos en Venezuela. La entidad ha puesto en marcha una campaña de solidaridad por la que se compromete a igualar las donaciones realizadas por particulares y organizaciones al Comité de Emergencia Español o a UNICEF España, hasta alcanzar un máximo de un millón de euros.

La iniciativa, disponible durante un año desde este viernes 24 de julio a través de la web Dona Reconstrucción Venezuela, permitirá canalizar la ayuda ciudadana hacia proyectos destinados a recuperar las condiciones de vida de las comunidades afectadas. De esta forma, la Fundación “la Caixa” aportará hasta 500.000 euros para igualar las donaciones recibidas por el Comité de Emergencia y otros 500.000 euros para las aportaciones dirigidas a UNICEF España.

Recuperar el futuro

La reconstrucción tras un terremoto no consiste únicamente en levantar edificios dañados. La recuperación de una comunidad implica restablecer las redes que permiten a las personas recuperar cierta normalidad: escuelas donde los niños puedan volver a estudiar, centros sanitarios que atiendan a la población, sistemas de agua y saneamiento seguros o mecanismos que permitan a las familias volver a generar ingresos.

En los próximos meses, el Comité de Emergencia Español, formado por Acción Contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional y World Vision, destinará los fondos recaudados a diferentes líneas de actuación. Entre ellas se encuentran la rehabilitación de infraestructuras básicas y viviendas dañadas, la reactivación económica de las familias para recuperar su autonomía financiera, la instalación de aulas provisionales y la entrega de material escolar, además de programas de atención comunitaria y apoyo psicosocial para las personas afectadas.

Porque las consecuencias de un terremoto no terminan cuando deja de temblar la tierra. Muchas familias afrontan ahora el duelo por la pérdida de seres queridos, la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a sus hogares y el impacto psicológico de haber vivido una situación traumática. La atención emocional y el acompañamiento social forman parte también de la reconstrucción.

Por su parte, UNICEF España dedicará los fondos obtenidos mediante esta campaña a la recuperación de servicios esenciales afectados por los seísmos. La organización centrará sus esfuerzos en ámbitos como la reconstrucción y mejora de escuelas, los sistemas de agua y saneamiento, la atención sanitaria, la nutrición y la protección infantil, con el objetivo de que niños, niñas y familias puedan volver a acceder a servicios básicos y recuperar progresivamente su vida cotidiana.

El camino hacia la recuperación

La experiencia demuestra que la fase posterior a una catástrofe natural puede prolongarse durante meses e incluso años. La reconstrucción física es solo una parte del proceso: también es necesario recuperar los medios de vida, reforzar la preparación ante futuros desastres y garantizar que las comunidades puedan volver a ser autónomas.

Un mes después del terremoto, Venezuela afronta ese largo camino. La emergencia inicial ha dado paso a una etapa en la que la solidaridad y la cooperación serán claves para transformar la ayuda recibida en oportunidades reales de recuperación. Cada vivienda rehabilitada, cada escuela que vuelve a abrir sus puertas o cada familia que recupera sus ingresos representa un paso más para que las zonas afectadas puedan volver a mirar hacia el futuro.

La “prioridad nacional” de PP y Vox ha empezado a golpear las políticas de cooperación al desarrollo. Los acuerdos autonómicos entre ambas formaciones en Extremadura, Andalucía y Castilla y León allanan el camino hacia la reducción de las partidas destinadas a ayuda exterior y, en algunos casos, se han traducido en anuncios de drásticos recortes. El Gobierno extremeño, por ejemplo, ha limitado a un 0,03% del presupuesto, mientras que el de Castilla y León ha anunciado este lunes que limitará “al mínimo exigido por ley” su dotación.

“No sé si podemos hablar de recorte. Han eliminado totalmente el presupuesto de la Ley extremeña de cooperación y solidaridad internacional. Tenemos que hablar de la desaparición de la cooperación”, denuncian desde la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) en una conversación con elDiario.es.

Fuentes de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de Extremadura defienden su decisión. Según explican a elDiario.es, el consenso previo en torno a la cooperación “no puede presentarse como un mandato inmutable”. Según detallan, Vox concurrió a las elecciones autonómicas con un programa que incluía la eliminación del “gasto público e ideológico” en cooperación internacional. “El 17% de los extremeños respaldó esa propuesta en las urnas”, señalan desde la Consejería, que defiende una “reordenación de prioridades” para dirigir los recursos públicos a servicios sociales, familias, menores y extremeños en situación de mayor vulnerabilidad.

Este lunes, el nuevo gobierno de coalición PP-Vox de Castilla y León ha confirmado su intención de aprobar un duro golpe a la cooperación autonómica. La Conserjería de Ayudas Sociales, dirigida por el partido de extrema derecha, ha anunciado que dejará la cooperación internacional al desarrollo en “el mínimo legal exigido” y orientará la prioridad de estos fondos hacia aquellos países que “colaboren” con Castilla y León “en la repatriación y retorno de menores en situación irregular”. Sin embargo, los Gobiernos regionales no tienen competencia en materia de repatriación de inmigrantes.

En Andalucía, el acuerdo de gobierno menciona expresamente las ayudas destinadas a cooperación internacional dentro de las subvenciones que se pretenden reducir progresivamente “hasta su eliminación” si no contribuyen de forma directa a la calidad de vida de los andaluces. La presidenta de la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), Patricia Sánchez sostiene que la medida 144 del pacto PP-Vox supone “un ataque directo” porque no plantea evaluar ni mejorar la cooperación, sino avanzar en su eliminación.

La ofensiva no se limita a Andalucía y Extremadura. En Aragón, el presupuesto autonómico de cooperación ha caído casi un 77% desde 2024, hasta 1,44 millones de euros, apenas el 0,02% del presupuesto regional y su nivel más bajo en 25 años. Además, el Ejecutivo también ha ordenado la retirada de unos 30.000 euros anuales a la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, con 18 años de trayectoria. La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) considera que la decisión “pone freno a la solidaridad” y vulnera los derechos humanos.

‘Prioridad nacional’

Los acuerdos entre ambos partidos políticos están atravesados por el concepto de la ‘prioridad nacional’. Remedios Tierno, presidenta de Amnistía Internacional en Extremadura, considera que las medidas defendidas en torno a ella pueden constituir una violación de derechos humanos y de obligaciones internacionales del Estado. En concreto, Remedios señala tres riesgos: “La discriminación directa o indirecta en el acceso a derechos; la adopción de medidas regresivas en derechos económicos, sociales y culturales; y la vulneración del interés superior del menor, especialmente en el caso de la infancia migrante no acompañada”.

“Las palabras son importantes”, advierte Remedios. A su juicio, normalizar conceptos como ‘prioridad nacional’ en lugar de priorizar el incremento de recursos para derechos sociales de todas las personas ahonda en la estigmatización de la población vulnerable y contribuye a incrementar el racismo y la xenofobia.

Por su parte, la Consejería extremeña defiende que la cooperación internacional y la acción exterior deben corresponder “principalmente al Estado, no a las comunidades autónomas”. Según apuntan, los gobiernos autonómicos deben centrar sus presupuestos en las competencias que tienen atribuidas y en las necesidades directas de sus ciudadanos. Según la Consejería, bajo el “paraguas genérico de los derechos humanos” se financien, según su criterio, programas de contenido ideológico que no aportan un beneficio “real ni medible” más allá del sostenimiento de determinadas organizaciones.

Extremadura: una agencia sin política

En Extremadura el golpe ha sido especialmente abrupto. Desde la Coordinadora Extremeña aseguran que no se trata de una reducción gradual, sino de un “desmantelamiento” de la política pública de cooperación. Según alertan, el dinero que permanece en los presupuestos no alcanza para sostener convocatorias ni programas, sino apenas para mantener una mínima estructura administrativa.

La CONGDEX advertía que el recorte afectaría a programas de salud, educación, protección de la infancia y ayuda humanitaria en contextos de vulnerabilidad extrema. La Consejería, sin embargo, niega que la mayor parte de los fondos estuvieran destinados exclusivamente a esos sectores. “Muchas partidas financiaban proyectos de claro componente ideológico”, afirman. Desde esa premisa, el Gobierno autonómico sostiene que tiene el deber de revisar ese gasto y destinar los recursos a “las necesidades reales de Extremadura”.

La falta de interlocución es otra de las principales quejas del sector de las ONG. La Coordinadora extremeña explica que ha mantenido reuniones con grupos parlamentarios, incluido el PP, pero que no ha logrado reunirse con el Gobierno autonómico ni con la presidenta María Guardiola, pese a haberlo solicitado “por activa y por pasiva”. La entidad reclama conocer el plan de trabajo y qué ocurrirá con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID). La directora de esta agencia, Isabel Belloso, presentó su dimisión tras conocer la reducción del presupuesto de 11 a 2 millones de euros llevando a la integración de la AEXCID en una estructura más reducida dentro de la Junta.

Por su parte, la Junta asegura en conversaciones con elDiario.es que la Agencia Extremeña de Cooperación seguirá existiendo, aunque “dentro de una estructura administrativa más ajustada y coherente con las prioridades del Gobierno”. Lo que no continuará, según la Consejería, es “un modelo sobredimensionado, con convocatorias mantenidas por inercia y orientadas en muchos casos a financiar proyectos ideológicos”.

Andalucía: de 47 a 20 millones para cooperación

En Andalucía, la preocupación se concentra en la medida 144 del acuerdo entre PP y Vox. La CAONGD denuncia que el pacto señala específicamente a las ayudas de cooperación internacional al desarrollo para reducirlas progresivamente hasta su eliminación si no se considera que contribuyen de forma directa a la calidad de vida de los andaluces. Para la Coordinadora, esa formulación instala una falsa disyuntiva, “como si la justicia social dentro de Andalucía compitiera con la solidaridad internacional”.

La cooperación andaluza, recuerdan las organizaciones, no es una actividad accesoria. Está recogida en el Estatuto de Autonomía, en la Ley Andaluza de Cooperación, en planes directores y en una arquitectura institucional construida durante décadas, incluida la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tras la composición y el anuncio por parte de Juanma Moreno del nuevo Gobierno de Andalucía, queda pendiente por concretar el nivel de viceconsejerías y secretarías generales. Una decisión que sí podría afectar al futuro de la propia Agencia Andaluza.

Aun así, el futuro no es prometedor ya que los datos muestran un retroceso sostenido. Andalucía pasó de invertir 47,33 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo en 2018 a 20,5 millones en 2025, apenas un 0,04% del presupuesto autonómico, según la CAONGD. La directora de la Coordinadora subraya que esa caída se ha producido mientras el presupuesto general de la Junta crecía año tras año, lo que descarta, a su juicio, que el problema sea la falta de recursos: “No hablamos de una imposibilidad económica, sino de prioridades”, sostiene.

El contexto estatal tampoco ayuda. Según el informe de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo sobre cooperación autonómica, la media de los presupuestos destinados por las comunidades autónomas a la cooperación en 2025 se situó en el 0,12%, equivalente a 8,5 euros por habitante al año y muy lejos del 0,7% comprometido. Aunque 2025 fue el año con mayor presupuesto autonómico global destinado a cooperación (334,4 millones frente a los 325,7 millones en 2024), el crecimiento fue desigual. En el ámbito local, el 75% de los ayuntamientos y diputaciones analizados destinaban en 2024 menos del 0,7% a Ayuda Oficial al Desarrollo.

Proyectos a medio hacer

El impacto de estos recortes no se mide solo en partidas presupuestarias. Rafael Cantero, presidente de CIC Batá, una organización con sede en Córdoba, pero con impacto nacional e internacional, explica que la reducción de fondos de cooperación de la Junta de Andalucía ha dejado paralizados compromisos con organizaciones de Mozambique, Bolivia y otros países.

La cooperación, explica Cantero, no funciona como una intervención puntual que empieza y termina en varios meses. “Los proyectos se planifican durante años, se construyen con organizaciones locales y dependen de relaciones de confianza. Cuando la financiación se corta de golpe, se reduce el impacto de procesos ya iniciado y se quiebran compromisos con organizaciones que contaban con nuestra ayuda”, insiste el presidente de CIC Batá.

Cantero también advierte sobre la pérdida de calidad de la cooperación. “Andalucía tiene una agencia técnicamente preparada, con personal formado y capacidad institucional, pero cada vez con menos fondos. La paradoja es tener una estructura pública especializada mientras se debilita la política que esta estructura debe ejecutar”, insiste.

El rol de la cooperación autonómica

La cooperación descentralizada es una de las señas de identidad del modelo español de ayuda al desarrollo. Las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones han sostenido durante años proyectos que, en muchos casos, llegan donde la cooperación estatal no llega. En Extremadura, las organizaciones recuerdan que la comunidad también fue históricamente receptora de ayudas europeas y de solidaridad interterritorial.

El informe del Sector de las ONGD 2025 de la Coordinadora muestra la dimensión del trabajo. En 2025, las organizaciones estuvieron presentes en 100 países y desarrollaron 4.322 proyectos que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de casi 59 millones de personas. El documento también recuerda que las organizaciones no solo trabajan fuera de España, sino también en educación para la transformación y justicia global dentro del país.

El acuerdo entre PP y Vox para investir este jueves a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, a cambio de una vicepresidencia y la asunción de los postulados de la ultraderecha en materia de inmigración, violencia de género, cambio climático o diálogo social, ha provocado en las últimas horas la reacción de plataformas, sindicatos y entidades, que han mostrado su preocupación por las consecuencias que abrazar estas tesis tendrá en las políticas sociales y de cooperación. También se han pronunciado los alcaldes de las dos ciudades más pobladas de Andalucía, Sevilla y Málaga, ambas gobernadas por el Partido Popular.

La Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) ha mostrado su “más firme rechazo y extrema preocupación” por los contenidos del acuerdo de gobierno. En un comunicado, la CAONGD advierte del perjuicio que van a causar las medidas del pacto en el “retroceso de derechos de un gran número de colectivos”, y alerta especialmente del “ataque directo a la política pública de cooperación para el desarrollo”.

El pacto apunta directamente a esta política, cuando recoge el compromiso de impulsar reformas para “avanzar de manera progresiva en la reducción, hasta su eliminación”, de “subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”.

La plataforma cree que el acuerdo “pasa por encima” del Estatuto de Andalucía, que establece que “la cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos” es un objetivo básico de la Comunidad Autónoma“, observa la CAONGD, que recuerda que esta política de cooperación goza de un amplio consenso político y social y cuenta con su propia ley y sucesivos planes directores.

El propio PP recogía en su programa el compromiso de cumplir ese plan, elaborado por el gobierno de Moreno, quien defendió públicamente la importancia de la cooperación, del desarrollo sostenible y del compromiso entre territorios y pueblos en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en Sevilla hace un año. “¿En qué momento estos principios y leyes dejaron de ser importantes para el Partido Popular para usarlos como moneda de cambio y mantenerse en el poder a costa de incluir en las instituciones a quienes defienden el odio?”, se pregunta el comunicado.

La plataforma recuerda que Moreno “fue el primer presidente autonómico en abrir las puertas institucionalmente a la ultraderecha” con el acuerdo con Vox que le permitió ser presidente en 2019, y que en los años siguientes Andalucía pasó de invertir 47,33 millones de euros en 2018 en Ayuda Oficial al Desarrollo a reducirlos, con un presupuesto global mucho mayor, hasta los 20,5 millones en 2025, apenas un 0,04% del total inicial. “Cuesta diferenciar a qué partido pertenecen los postulados antiderechos y negacionistas de una estrategia estatal que toma a las autonomías como rehenes en el camino hacia el poder”.

La CAONGD alerta del peligro de asignar un filtro de “ideológico” a las intervenciones por los derechos humanos en Andalucía. “En un tiempo lleno de desinformación, noticias falsas y discursos de odio, necesitamos más que nunca educar en empatía, derechos humanos y justicia global”. Y advierte de que no es un hecho aislado, sino “parte de una deriva más amplia que erosiona políticas públicas que garantizan derechos: desde la gestión migratoria basada en la dignidad hasta la igualdad de género, los derechos LGTBIQA+, la lucha contra el racismo, la protección social o el papel de la sociedad civil”.

“Este pacto podrá definir a un gobierno, pero no a un pueblo”, culmina el texto: “No van a cambiar la identidad andaluza con una firma. Andalucía merecía otra cosa”.

Save the Children: los niños no pueden ser foco del rechazo

Por su parte, Save the Children ha reclamado al nuevo Gobierno andaluz que gobierne “para toda la infancia” y garantice los derechos de niños y niñas “sin excepción”, después de comprobar que el pacto decreta un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados (MENA)” y estipula la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”.

La organización destaca que la protección de la infancia apenas aparece de forma explícita en el documento, mientras que algunas de las medidas planteadas generan una “especial preocupación” por su posible impacto en los derechos de la infancia y adolescencia. “Todos los niños y niñas son sujetos de derecho y cualquier política pública que les afecte debe estar guiada por su interés superior, tal y como establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestro ordenamiento jurídico”, señala Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía.

La organización observa con inquietud el contenido del apartado dedicado a inmigración, especialmente por el lenguaje utilizado para referirse a los niños y niñas migrantes que llegan solos a Andalucía. El texto recoge explícitamente el acrónimo “MENA”, con el que la ultraderecha lleva años estigmatizando a estos niños y niñas. El acuerdo plantea su oposición a la acogida de niños y niñas sin referentes familiares, limita la creación de plazas de protección y vincula de forma reiterada la migración con problemas de seguridad, fraude o gasto público, observan en la entidad.

Save the Children recuerda que los niños y niñas migrantes “no pueden convertirse en el foco del rechazo a las políticas migratorias” y advierte de que presentarlos como un problema puede aumentar su vulnerabilidad a la exclusión, la discriminación y los discursos de odio, así como aumentar la conflictividad social. Respecto a las propuestas sobre retornos de menores migrantes, Save the Children recuerda que el retorno puede llegar a ser una solución adecuada en determinados casos, pero únicamente cuando exista una valoración individualizada de cada niño o niña, se garantice su seguridad en su país y entorno de origen y se respeten en todo momento su interés superior y su voluntad.

La organización también expresa su preocupación por las medidas que pretenden establecer la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas, prestaciones o vivienda pública, punto central del acuerdo. “Ninguna consideración relacionada con el origen o la situación administrativa puede situarse por delante del interés superior del niño”, recuerda la entidad.

Los sindicatos alertan del riesgo para los servicios públicos

Los sindicatos mayoritarios también han salido al paso del acuerdo. La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, advirtió nada más firmarse el acuerdo que “se vislumbran políticas altamente peligrosas que ponen en riesgo los servicios públicos, la igualdad de las personas y la igualdad de los derechos”. En este contexto, ha asegurado que los principales riesgos son “en primer lugar el ataque y desmantelamiento de los servicios públicos”.

El acuerdo, según ha señalado la dirigente sindical, plantea una “desregulación” que, en la práctica, “supone eliminar garantías de protección para los trabajadores, la ciudadanía y las propias empresas”. En este sentido, ha expresado su preocupación por que el objetivo real sea “limitar la capacidad de despliegue de los servicios públicos y eliminar de un plumazo el empleo público, que ha demostrado ser vital para el conjunto de la ciudadanía”.

CCOO-A también advierte de la posible “destrucción del diálogo social” y el “avance del autoritarismo” estarían detrás del anuncio de “recortar o eliminar” la financiación pública a sindicatos y patronal que contiene el texto, que recoge la tradicional hostilidad de la ultraderecha hacia las organizaciones sindicales. La organización asegura que se trata de “una cortina de humo más que de un daño real a la actividad sindical o a su independencia”, subrayando que cuenta con autonomía financiera plena.

El secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo, ha calificado el acuerdo como “una muy mala noticia para todos los andaluces”, al considerar que detrás del mismo “hay recortes de derechos y de servicios fundamentales”. En este sentido, ha advertido de que se “pone al borde del precipicio” a la sanidad pública, al entender que se abre “de par en par la puerta a la gestión privada” bajo el argumento de reducir las listas de espera, al tiempo que ha criticado la inclusión de medidas como la “prioridad nacional” para el acceso a determinadas ayudas. “No se puede enfrentar a los trabajadores entre sí para poder recibir ayuda”, ha señalado.

Asimismo, se ha preguntado cómo se sostendrá el Estado del bienestar tras las “bajadas masivas de impuestos”, cuestionando “de dónde van a salir los recursos necesarios para mejorar las escuelas, los hospitales y el sistema de dependencia”. “Así no se sostiene el Estado del bienestar”, ha afirmado, añadiendo que “no se puede desmantelar lo que tanto tiempo ha costado construir entre todos”. Por último, ha subrayado que no se puede permitir un “debilitamiento” de los servicios públicos “de esta forma” y ha advertido de que el sindicato estará “muy atento” y se situará “enfrente durante toda la legislatura” si se mantiene esta línea de actuación.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, también ha mostrado su rechazo a las medidas que, según señalan, “abren la puerta a una mayor privatización de los servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario”. El sindicato ha advertido de que cualquier fórmula que suponga derivar más actividad, financiación o recursos a entidades privadas para prestar servicios esenciales “va en la dirección equivocada y no responde a las necesidades reales de los andaluces y andaluzas ni de los profesionales”.

CSIF ha mostrado su inquietud por las medidas del acuerdo que plantean la colaboración público-privada como herramienta para reducir las listas de espera quirúrgicas, pruebas diagnósticas y de consultas externa. “El SAS necesita tener músculo propio, no soluciones coyunturales que terminen debilitando el sistema”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela.

CSIF también ha mostrado su oposición a cualquier medida que suponga avanzar en la concertación de la educación pública; en concreto, tal y como recoge el acuerdo, en Bachillerato. “No hay justificación alguna (...) Andalucía cuenta con un sistema educativo que garantiza una oferta suficiente en los institutos públicos; no obstante, allí donde sea necesario ampliarla o reforzarla, desde hacerse desde la propia red pública, con todas las modalidades y en condiciones de equidad territorial”Por su parte, el secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo, ha calificado el acuerdo como “una muy mala noticia para todos los andaluces”, al considerar que detrás del mismo “hay recortes de derechos y de servicios fundamentales”.

En su opinión, se “pone al borde del precipicio” a la sanidad pública, al entender que se abre “de par en par la puerta a la gestión privada” bajo el argumento de reducir las listas de espera, al tiempo que ha criticado la inclusión de medidas como la “prioridad nacional” para el acceso a determinadas ayudas. “No se puede enfrentar a los trabajadores entre sí para poder recibir ayuda”, ha señalado.

Asimismo, se ha preguntado cómo se sostendrá el Estado del bienestar tras las “bajadas masivas de impuestos”, cuestionando “de dónde van a salir los recursos necesarios para mejorar las escuelas, los hospitales y el sistema de dependencia”. “Así no se sostiene el Estado del bienestar”, ha afirmado, añadiendo que “no se puede desmantelar lo que tanto tiempo ha costado construir entre todos”.

Alcalde de Sevilla: “Estupendo”

Los dos alcaldes de las ciudades más pobladas de Andalucía sí han saludado el acuerdo que llevará al líder de su partido de nuevo al Palacio de San Telmo. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha asegurado este viernes que el acuerdo le parece “estupendo”. Sanz, que mantiene un acuerdo con la ultraderecha en la ciudad para aprobar los Presupuestos a cambio de ir introduciendo sus políticas y conceptos, ha asegurado que el acuerdo da una estabilidad “que es lo que necesita nuestra comunidad autónoma o cualquier otra comunidad autónoma”, y ha alabado que se haya alcanzado en “tiempo récord”.

Más comedido ha sido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha valorado el pacto como la “única alternativa que ha parecido ser posible” .“Yo espero que funcione lo mejor posible”, ha dicho, apuntando a la izquierda por no abstenerse para facilitar un gobierno del PP en solitario: “La izquierda tiene una posibilidad de decir 'mire usted, abstenemos unos votos y se acabó el tema (...) Es una alternativa que el grupo de la izquierda no ha querido utilizar ni hacer”.

Se calcula que unos 3,9 millones de niños y niñas viven en las zonas afectadas por los potentes terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron Venezuela el 24 de junio, lo cual les pone en peligro a ellos y a sus familias. 

“Las imágenes que nos llegan de Venezuela y los relatos que nos transmiten nuestros colegas sobre el terreno son desgarradores”, ha asegurado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. “Nuestros pensamientos están con los niños y las familias que han perdido a seres queridos y con todos aquellos cuyas vidas se han visto trastornadas. A medida que se va conociendo con mayor claridad la magnitud de los daños, la seguridad, la protección y el bienestar de los niños y niñas deben seguir siendo el eje central de la respuesta”. 

Miles de familias necesitarán ayuda urgente mientras continúan las evaluaciones de los daños. Las viviendas, las escuelas, los centros de salud, los sistemas de abastecimiento de agua y otras infraestructuras esenciales pueden haber sufrido daños, lo que dificulta el acceso a los servicios básicos y aumenta los riesgos para los niños y niñas y sus cuidadores. 

UNICEF está coordinando sus acciones con las autoridades nacionales y sus aliados para evaluar las necesidades de las poblaciones afectadas y respaldar las iniciativas de respuesta, con el fin de garantizar que los niños, niñas y las familias tengan acceso a atención médica, servicios de protección, apoyo psicosocial, agua potable y espacios seguros. 

Los niños y niñas se encuentran entre los más vulnerables cuando se producen desastres. En las próximas horas y días, pueden sufrir lesiones, separación familiar, desplazamiento, angustia y la interrupción de servicios como la asistencia sanitaria, el agua potable, la educación y la protección. 

UNICEF está presente sobre el terreno y mantiene su compromiso de apoyar los esfuerzos nacionales para atender las necesidades de los niños y niñas afectados y sus familias, especialmente los más vulnerables. Antes de los terremotos, el llamamiento Acción Humanitaria para la Infancia 2026 de UNICEF para Venezuela ascendía a 137,6 millones de dólares (120 millones de euros), de los cuales solo se había financiado el 35%. 

Campaña de UNICEF España

UNICEF España ha destinado 100.000 euros de su fondo de emergencias a la respuesta inmediata para cubrir las necesidades más urgentes de los niños y niñas afectados por los terremotos, y ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos en la que puede colaborar cualquier persona que lo desee: 

•  A través de esta web.

•  Llamando al teléfono 900 907 500 (L-V de 9 a 21 h, S de 11 a 17 h)

•  Por transferencia bancaria a la cuenta BBVA ES78 0182 2370 4202 0851 6491

Acerca de UNICEF 

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo. En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos.

Estos días ha dado comienzo el Mundial de fútbol, un acontecimiento global que siguen millones de personas aficionadas de todo el mundo. Son días interesantes, especialmente para quienes siguen cada encuentro, pero también para quienes lo viven desde más lejos. Pronto llegarán los partidos de la fase eliminatoria, cuando se disputen el trofeo las grandes selecciones, tanto del Norte Global como de países empobrecidos que forman parte de lo que denominamos Sur Global. De momento, las favoritas calientan motores y nosotras, las ONG de desarrollo de Euskadi, comparamos algunos partidos de fútbol con la realidad que acompañamos en muchos países de ese Sur Global.

Hace unos días, por ejemplo, mientras algunos disfrutaban del partido Brasil-Haití, nosotras sólo podíamos pensar en las más de 1.200.000 personas de origen haitiano que actualmente están protegidas por la ACNUR, refugiadas en diferentes lugares del mundo o desplazadas dentro del propio país caribeño. Probablemente, muchas de las personas que vieron el jueves el Uzbekistán-Colombia no sabrán que este último es el país más letal para las defensoras de la tierra y el medioambiente, con 48 asesinatos en 2024, según Global Witness.

Para quienes nos dedicamos a la cooperación y la solidaridad internacional nos es muy difícil mirar hacia otro lado. A quienes hemos recordado, como cada 20 de junio, el Día Mundial de las Personas Refugiadas, nos resulta imposible olvidar a las 117 millones de personas que para el año 2025 habían sido obligadas a huir de sus casas por persecuciones, conflictos, violaciones a los derechos humanos u otros motivos de desplazamiento forzoso.

A la guerra y la crisis medioambiental, principales responsables de este éxodo masivo según la ACNUR, se suma otra grave crisis para los derechos humanos: el cierre del espacio cívico. Según el instituto V-Dem, más del 70% de la población mundial vive en países donde el espacio cívico está reprimido o cerrado, esto es, lugares donde los derechos civiles y políticos no pueden ejercerse de forma plena, mientras que solo el 4% de la población vive en espacios cívicos abiertos.

Las ONGD vascas venimos alertando de esta oleada antiderechos. Una oleada que no sólo se vive en el Sur Global. La prohibición de manifestaciones propalestinas en el Reino Unido o Alemania, o la violencia policial contra integrantes de la Global Sumud Flotilla en el aeropuerto de Loiu, son señales de que el espacio cívico se estrecha también en Europa, donde el porcentaje de personas que viven en un espacio cívico abierto (total o parcialmente) pasó de un 63% antes de la pandemia a un 29% en 2025.

Cerca de aquí, en Extremadura y Aragón, el pacto PP-Vox reducirá a mínimos la política de cooperación internacional al desarrollo, convirtiendo los derechos humanos en moneda de cambio y poniendo en riesgo la protección de millones de personas en situación de vulnerabilidad. Ante el riesgo de que estos ataques se extiendan por todo el Estado, las ONGD y coordinadoras autonómicas hemos puesto en marcha una campaña para reivindicar, también en el contexto del Mundial, que la cooperación, la justicia social, el antirracismo, la convivencia... no pueden ser moneda de cambio en negociaciones presupuestarias. La solidaridad es lo normal, lo que nos enseñaron nuestras amamas y nuestros aitites. Lo raro es tener que recordarlo y defenderlo ante estos ataques.

De algún modo, aunque sea metafóricamente, este Mundial tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo los pueblos del mundo; solo que en vez de un trofeo, fuera de los estadios nos estamos jugando algo mucho más valioso, algo que ha costado décadas construir y por lo que queda mucho por hacer: una sociedad libre, donde cada persona y comunidad tenga reconocidos sus derechos fundamentales. Este otro partido va de salvar vidas, y de proteger y fortalecer los derechos humanos. Las ONGD que vivimos a diario cada jugada, sabemos lo que está en juego en este choque; y también sabemos que, por ahora, lo estamos perdiendo.

Con una base social de más de 100.000 personas, las 85 organizaciones que formamos la Coordinadora de ONGD de Euskadi trabajamos en 69 países del mundo para contribuir a la defensa y fortalecimiento de los derechos humanos, la justicia social y la democracia. En colaboración con entidades locales, la cooperación vasca apoya el fortalecimiento a largo plazo de estas comunidades, a través de 949 proyectos que abarcan diversas áreas, como la salud, la nutrición, la educación, la provisión de servicios de agua, saneamiento e higiene, la protección infantil, el empoderamiento de las mujeres y personas LGTBIQ+, la defensa de los derechos humanos...

El 15 de enero, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Antonio Guterres dijo: “Algunos quieren poner la cooperación internacional en una sala de cuidados intensivos. Les aseguro que no nos rendiremos”. Tampoco lo haremos las ONGD vascas que formamos esta Coordinadora.

Maxi y Paola, de 46 años, ven la muerte de cerca todos los días. Son médicos. Y por su trabajo diario saben perfectamente que “nadie tiene firmada la vida eterna”.

Esta pareja afincada en Gran Canaria dedica buena parte de su tiempo a salvar a personas. A curarlas. Por eso creen que, mientras estén aquí, ya habrán “cumplido” con la humanidad, dicen entre risas. Después de la muerte, añaden, es otra historia.

“Los humanos ya tienen bastante. No están en peligro de extinción ni nada”, bromean antes de volver a soltar una carcajada. “Así que, en aquello en lo que no influimos, que es la naturaleza, está en nuestra mano devolver un poquito de todo lo que hemos utilizado y contaminado”.

Ambos han decidido firmar un testamento solidario en favor de la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en sus siglas en inglés). Lo hicieron hace años. Ante notario, dejaron establecido que una parte de su herencia se destinara al cuidado de sus mascotas (siete en total, cinco gatos y dos perros), que quedarían a cargo de la hermana de Maxi. Y el resto irá destinado a la mencionada ONG.

Ellos sienten que están en deuda con el planeta y quieren devolverle algo, en especial ahora, cuando atraviesa una crisis climática y de pérdida de biodiversidad provocada por la actividad humana.

“Siempre he pensado que nosotros, solo por existir, contaminamos. Tenemos un impacto. Y el sistema ya está hecho, así que es muy difícil volver atrás o cambiarlo todo. No podemos hacer eso. No está en nuestra mano. Pero sí podemos aportar un poquito y mitigar ese impacto”, asegura Paola. “No me interesa exactamente lo que se haga. Pero que sea útil, que sirva para algo bueno”, remacha.

Al principio impactó. Se encontraron con un fuerte rechazo en notarías locales, donde les juzgaron por hacer un testamento siendo tan jóvenes y por su decisión de no tener hijos. En una de ellas incluso les llegaron a decir que “esto no es una película yankee”, recuerdan.

Pero siguió impulsándoles la posibilidad de que su legado tuviera efectos tangibles en favor de la naturaleza. Según WWF, una donación de 6.000 euros permite recuperar una hectárea de bosque degradado; con 12.000 euros podrían retirarse doce toneladas de plástico de las playas; con 100.000, dotar de vehículos a equipos de vigilancia de especies amenazadas como el lince ibérico, el rinoceronte o el panda; y con 300.000, impulsar la creación de una reserva marina que garantice la pesca sostenible para las generaciones futuras.

A ellos les habría encantado formar parte del proceso de reintroducción del lince, que ha pasado de registrar menos de cien ejemplares a principios de siglo a contabilizar 2.630 en la actualidad. Pero quizá en el futuro llegue el turno de otros proyectos, como la recuperación del lobo o la restauración de bosques degradados. Les gusta pensar que, de alguna manera, contribuirán a ellos. Y que ya lo han dejado atado.

“Una compañera de trabajo falleció muy joven. Tenía animales, responsabilidades, y no dejó nada previsto sobre qué hacer con ellos. Ese fue el momento en que dijimos: vale, hay que hacerlo”, relata Maxi. “Ahora tenemos tranquilidad. Creo que esa es la palabra. Está todo en orden. Y, si nos vamos, aportamos un poquito a solucionar algo”, agrega Paola.

Los datos de WWF muestran que el número de peticiones de información para incluir a la organización en el testamento ha mantenido una tendencia al alza durante la última década. Tras registrar 382 solicitudes en 2016, las cifras volvieron a situarse en niveles elevados en 2024, con 313 peticiones. En 2025 se contabilizaron 118 consultas.

En total, más de 1.500 personas han contactado con la ONG para proteger la naturaleza con su legado. 199 ya lo hacen de manera activa. Canarias suma un total de 47 personas interesadas, el cuarto dato más elevado detrás de Madrid, con 237, Barcelona (133) y Alicante (54).

El perfil mayoritario de quienes firman un testamento solidario ha sido tradicionalmente el de una mujer adulta. Según WWF, el 59,5% de las personas que lo hacen son mujeres. Leyre Ayastuy, portavoz de Haz Testamento Solidario, explica que esto se alinea con otros estudios nacionales que muestran que las mujeres suelen implicarse más que los hombres en este tipo de causas.

Pero en los últimos años se observa una nueva tendencia: cada vez más jóvenes están mostrando interés por este tipo de legados vinculados a la protección del medio ambiente, en un contexto de creciente conciencia ecológica. La edad media de los testadores en WWF se sitúa ahora en los 54 años. El 61% de las personas interesadas tiene menos de 60 años. En Canarias, el 46,9% de los interesados es menor de 50 años. Incluso se ha registrado el caso de una persona de 24.

En Greenpeace confirman este patrón. “Es una señal de que algo está cambiando. Frente al cambio climático y a la pérdida de la biodiversidad necesitamos acción. Ya no se trata solo de actuar en el presente, sino de garantizar que esa acción continúe en el futuro. El testamento solidario es quizá la expresión más profunda y duradera de ese compromiso”, reflexiona Justine Huppert, responsable de Legados y Donaciones en Greenpeace España.

Ayastuy apunta también que el perfil más habitual de testador solidario ha sido el de una persona sin hijos, que al no contar con “herederos forzosos” dispone de mayor libertad para destinar su patrimonio. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el número de personas casadas (y con hijos) que han descubierto que pueden recurrir al denominado “tercio de libre disposición”, la parte de la herencia (un 33,3%) que el testador puede dejar a quien quiera, incluso teniendo descendencia.

La suma de todas estas nuevas sensibilidades está generando un aluvión de peticiones de información. En Greenpeace detallan que el número se ha duplicado en el último lustro. El crecimiento en la base de personas interesadas en este tipo de legados, añaden, alcanza el 150%.

“La preocupación por nuestro planeta y su futuro crece. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad ya no son conceptos lejanos, sino la realidad que respiramos, con episodios de calor más intensos, temperaturas récord del mar e inundaciones que muchas personas están viviendo en primera persona”, señala Huppert. “El testamento solidario se está normalizando como una forma de colaborar, una manera de seguir luchando por los valores y las causas que nos importan, aunque ya no estemos”.

Hacerlo es muy sencillo. Las fuentes explican que solo cuesta entre 40 y 80 euros, puede realizarse en cualquier notaría y es revocable. Ayastuy, portavoz de Haz Testamento Solidario, recuerda además que las ONG están exentas del impuesto de sucesiones y donaciones. Y que, en caso de recibir inmuebles u otros bienes, como joyas, las pondrían a la venta a precio de mercado para destinar lo recaudado a sus proyectos. 

WWF recibió en 2025 un total de 259.773 euros. En 2021 alcanzó su pico, con 610.600 euros. Las aportaciones varían cada año, pero la media anual se sitúa en torno a los 220.690 euros, mientras que la donación media por testamento es de 127.600 euros. Desde Greenpeace, por su parte, apuntan que el año pasado recibieron 347.000 euros en legados y herencia, lo que supone aproximadamente el 1,6% de su presupuesto anual. Agregan que la cifra “va creciendo, aunque puede variar”.

“Proteger los océanos y denunciar la destrucción de ecosistemas únicos como los que rodean a Canarias necesita financiación independiente y sostenida en el tiempo. El testamento solidario es precisamente eso: un gesto hacia el futuro del planeta que trasciende nuestra propia vida”, concluye Huppert.

En WWF, además, plantan un árbol en honor de cada persona que decide incluir a la organización en su testamento, con su nombre y apellidos, explica Bárbara Crespí, responsable de Herencias y Legados de la organización. “Lo hacemos en Montejo de la Vega, en Segovia, que fue la cuna de los campamentos de verano para gente joven que inició Félix Rodríguez de la Fuente”, el primer vicepresidente de WWF España, un naturalista español que defendía que la naturaleza es el mejor legado que podemos dejar.

Los sindicatos CGT y OSTA han denunciado el cierre del centro AH-AIC PARIS de Atención Humanitaria en Zaragoza, comunicado recientemente por la dirección de la Fundación APIP-ACAM, tras la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de eliminar las 195 plazas asignadas a este recurso para el periodo comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027.

APIP-ACAM es una entidad colaboradora del Ministerio de Inclusión autorizada para la atención a personas solicitantes de protección internacional. La desaparición del recurso aasistencial en la ciudad de Zaragoza deja sin atención a personas en situación de vulnerabilidad y ha provocado, por el momento, la extinción de casi todos los empleos destinados a este fin, sin descartar nuevas afectaciones laborales.

OSTA ha denunciado la “absoluta premura con la que APIP-ACAM ha procedido a la amortización de puestos de trabajo por 'causas objetivas de naturaleza organizativa y productiva', afectando directamente a 10 trabajadoras que han sido despedidas y solamente ha garantizado la recolocación de 2 personas que forman parte del comité de empresa, así como a la coordinadora del centro, lejos de garantizar el mantenimiento de todo el empleo”.

Desde CGT consideran “inaceptable” que una decisión de esta magnitud se adopte sin una planificación adecuada que garantice tanto la continuidad de la atención a las personas usuarias como la estabilidad laboral de la plantilla. Añaden desde el sindicato que “resulta especialmente preocupante que el comité de empresa tuviera conocimiento de esta situación apenas una hora después del anuncio de los primeros despidos, evidenciando una preocupante falta de información, transparencia y participación de la representación legal de las personas trabajadoras”.

Además, esta situación se produce en un contexto de creciente preocupación por determinadas prácticas organizativas y laborales que han generado malestar entre la plantilla y que han sido objeto de actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección efectiva de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

CGT exige “la máxima transparencia” por parte de la Fundación APIP-ACAM y de las administraciones implicadas y sostiene que “no podemos permitir que desaparezcan recursos esenciales sin ofrecer alternativas ni que las consecuencias recaigan exclusivamente sobre quienes más necesitan estos servicios y sobre las personas trabajadoras que los hacen posibles cada día”.

Reubicación de los migrantes

El Hotel París llegó a albergar hasta 280 migrantes el pasado año, aunque esa cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta las 195 plazas actuales. El recurso finalizará ahora su actividad tras la decisión del Ministerio de Inclusión de no renovar las plazas, con el argumento de que los usuarios actuales van superando distintas fases del programa de acogida.

Alrededor de una veintena de jóvenes malienses con protección internacional han pasado de la fase de emergencia a la fase 1 del itinerario de acogida y están siendo reubicados en distintas ciudades españolas, entre ellas Huesca, Cáceres, Murcia y Santiago de Compostela.

Otro grupo, integrado por personas que no disponen de protección internacional y se encuentran en proceso de regularización administrativa, será trasladado al centro de Épila.

Por último, aquellas personas que han encontrado empleo y superan unos ingresos mensuales de 600 euros —aunque sea de forma ocasional— deberán abandonar los pisos que ocupan actualmente antes del próximo 30 de junio. Su futuro es incierto y, según diversas fuentes, ya han sido instadas a buscar alojamiento por sus propios medios.

Una entidad cuestionada por usuarios y trabajadores

La fundación APIP-ACAM es una entidad privada dedicada a la atención residencial y de día de colectivos de funcionalidad diversa y a la asistencia, orientación, formación e inclusión sociolaboral de colectivos en situación de riesgo de exclusión. La plantilla está adscrita al sector de la Acción e Intervención Social, y su convenio de aplicación es de ámbito estatal.

No obstante, distintos sindicatos, entre ellos CGT, han trasladado en varias ocasiones denuncias a la Inspección de Trabajo relacionadas con cuestiones laborales, como presuntas irregularidades en materia de nóminas o dificultades para el ejercicio de la actividad sindical. También se han señalado problemas de carácter sociosanitario, como la aparición de una plaga de chinches que se extendió desde uno de los pisos donde estaban acogidos los migrantes y para cuya fumigación utilizaron a sus propios empleados en lugar de una empresa especializada.

Si en los últimos meses algunas personas migrantes protagonizaron protestas por las condiciones de alojamiento, también parte de la plantilla ha expresado críticas hacia la coordinación territorial de Aragón por la gestión del recurso asistencial. Varias trabajadoras han criticado la actuación de la coordinadora de Aragón, Patricia Urzola, por la “falta de transparencia y de respeto a usuarios y trabajadores”. A su juicio, la última decisión de despedir a la mayor parte de la plantilla ha sido “fría y maquiavélica” por no informar con tiempo suficiente a las afectadas. Algunas de ellas recibieron el finiquito antes de comunicarles formalmente el despido.

Un brote del virus del Ébola en República del Congo y Uganda ha provocado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declare como emergencia de salud pública de importancia internacional.

La situación no es nueva en estos países africanos donde los brotes son recurrentes, pero no por eso hay que bajar la guardia, advierte Consuelo Giménez Pardo, profesora e investigadora en el Departamento de Biomedicina y Biotecnología de la Universidad de Alcalá (UAH). “Hay que prestarle atención”, reclama. Ella asegura que “ahora mismo una de las mayores batallas guerra que libra el mundo es contra las infecciones”.

Esta experta en Parasitología es además vocal de gestión e investigación en Médicos del Mundo España. La ONG, de hecho, es co-organizadora en un máster universitario en Acción Humanitaria Sanitaria que oferta la universidad alcalaína para formar profesionales capaces de poner el foco la salud global.

Cree que es importante divulgar información sobre este tipo de brotes “sin generar miedo en la población” porque “estas cosas pasan”. Eso sí, rechaza bulos o fake news que circulan cuando hablamos de salud pública.

En una entrevista con ella, conversamos sobre el virus del Ébola. Y eso nos recuerda tanto la fragilidad de la especie humana en un mundo globalizado (también cuando hablamos de sanidad e incluso de supervivencia como especie) como la necesidad de cooperación internacional.

¿Qué es el ébola?

Es un virus, de la familia de los Orthoebolavirus. Hay seis especies, pero solo tres de ellas han provocado brotes recientes.

La primera es la especie Ébola-Zaire, la más común, y la principal causante de los brotes más grandes en África. Después está el Ébola-Sudán, que se identificó por primera vez en ese país y por último el Orthoebolavirus bundibugyoense (Ébola-Bundibugyo), asociada a los brotes en Uganda.

Son los causantes de diferentes manifestaciones clínicas, entre ellas las hemorragias internas y externas.

¿Cómo se transmite?

Como muchos virus, habitan en un huésped natural que en este caso son los murciélagos frugívoros (los que se alimentan de fruta), que son reservorios de este virus y que aparecen localizados justo en esta zona de África.

Después está el contagio entre humanos, que se produce a través de los fluidos corporales, por contacto directo. No se transmite por aerosoles Pensemos que el periodo de incubación del virus del Ébola oscila entre 2 y 21 días, siendo más común la aparición de síntomas entre 8 y 10 días tras la exposición.

Tenemos que tener en cuenta que esta zona de África lleva tiempo alternando guerras, hambrunas y se producen movimientos masivos de población; pero también está la forma en la que se maneja a los difuntos

Tenemos que tener en cuenta que esta zona de África lleva tiempo alternando guerras, hambrunas y se producen movimientos masivos de población; pero también está la forma en la que se maneja a los difuntos. Se les toca, se les abraza… Es una cuestión cultural. El contagio del ébola se produce a través de fluidos, incluso el sudor, y estas prácticas facilitan la transmisión.

El brote más reciente de ébola afecta a la República Democrática del Congo, pero también a Uganda. ¿Qué sabemos?

Según datos actualizados de la OMS el brote de la cepa Bundibugyo sigue activo: se han confirmado 550 casos y 101 muertes en la República Democrática del Congo, y 19 casos en Uganda, con dos muertes. Crea muchísimos problemas por varias razones. Por un lado, porque no hay tratamiento ni vacuna para esta variante. En la actualidad solo existe vacuna para la variante Zaire.

Por otro lado, la enfermedad se replica muy lentamente en el organismo. Eso significa que toda la sintomatología y la capacidad de infección va a ser muy muy sostenida en el tiempo. Es decir, puede infectar más. Hay que tener mucho cuidado con esta variante.

¿Cómo afecta al organismo humano?

Todas las enfermedades tropicales se inician de la misma manera. Hay una primera fase de síntomas leves con dolor de cabeza o cefaleas, dolores musculares, fatiga, vómitos, diarreas...

Luego hay una segunda fase en la que el virus se replica de forma más activa y se complica en determinadas personas, provocando otra sintomatología, como las hemorragias internas o externas que provocan la muerte del paciente.

¿Por qué se producen este tipo de brotes?

Son brotes recurrentes y suelen afectar a las zonas transfronterizas. Las poblaciones de estas zonas viven en un conflicto permanente: hay guerras, hay una hambruna crónica y eso produce grandes movimientos poblacionales buscando zonas en las que poder vivir mejor.

Ese movimiento de personas, de animales y de enseres tampoco facilita el control de este brote.

No hablamos, sin embargo, de una enfermedad muy prevalente en el planeta

Efectivamente. Se produce en zonas muy concretas, donde existen esos reservorios naturales (los murciélagos frugívoros), con hambrunas y guerras y con sistemas sanitarios desestructurados. No es posible realizar vigilancia epidemiológica o controlar los contactos que provocan la transmisión.

Estamos viviendo el peor momento de infrafinanciación de las estructuras multilaterales

La Organización Mundial de la Salud, de hecho, está poniendo el foco en lo preocupante del brote, aunque nos parezca muy lejano y a pesar de que no se le esté dando importancia

Sí, sí, la OMS está preocupada. De hecho, lo ha declarado emergencia de salud pública de importancia internacional. Estamos viviendo el peor momento de infrafinanciación de las estructuras multilaterales. Y en paralelo estamos viendo la necesidad de que esas estructuras funcionen.

La República Democrática del Congo actuó desde el inicio. Tiene experiencia en el tratamiento de este tipo de epidemias o brotes que aparecen puntualmente. Junto al país, actúa la propia OMS y el África CDC, los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África.

A eso se suman las ONG, como Médicos Sin Fronteras que está trabajando ya de manera muy activa y Médicos del Mundo, entidad a la que pertenezco y que lleva trabajando en la zona desde 1994.

Hay que seguir apostando por el multilateralismo porque ni es la primera vez que pasa, ni será la última. Lo vimos con el coronavirus que afectó al mundo occidental, que ha sido un problema y que nos ha generado miedos que persisten

En este sentido, Médicos del Mundo no solo actúa para contener estos brotes sino para fortalecer los sistemas sanitarios locales, en cuanto a salud sexual y reproductiva, en tratamientos contra la desnutrición, en atención psicológica...

Hay que seguir apostando por el multilateralismo porque ni es la primera vez que pasa, ni será la última. Lo vimos con el coronavirus que afectó al mundo occidental, que ha sido un problema y que nos ha generado miedos que persisten.

Tenemos que estar preparados y trabajar en conjunto. No podemos afrontar este tipo de situaciones de manera individualizada y sin atender a lo que de verdad importa, que son las poblaciones, y un sistema sanitario que permiten que tengan una vida adecuada.

Pero da la sensación de que el 'mundo occidental' no le da mucha importancia. No sé si por ser una situación recurrente

No, no se le da importancia como pasa a tantas otras veces. Pero eso pasa también con otras enfermedades que vienen de África o están lejos de nosotros. Parece que no van a afectar al mundo occidental y eso es un error de planteamiento. Es un error de base. Vivimos en un mundo donde hay que considerar una 'salud única' (One Health): tenemos que trabajar con salud ambiental, salud animal y salud humana. Es un todo.

Lo que pasa en una parte del planeta, afecta al resto. De hecho, hemos tenido Ébola en Madrid. Las personas afectadas, uno de ellos un religioso y después una sanitaria, fueron tratadas. Hemos tenido que aprender a trabajar con ello.

Parecía que no iba a llegar y el ébola llegó. No es que se vaya a transmitir de forma masiva, pero en aquel momento [era el año 2014] nos dimos cuenta de que no somos ajenos en el mundo occidental a lo que pasa en otros lugares. Hay posibilidad de transmisión.

Hay quien vincula los movimientos migratorios a la transmisión de epidemias o pandemias

No tiene ningún fundamento y además genera miedo. Hay que pensar que, por el tiempo de incubación del ébola, cuando aparece la República Democrática del Congo y en Uganda y se mueve en la zona transfronteriza, no da para mucho más porque las personas enferman y no es algo que les vaya a permitir realizar todo el viaje hasta Europa. No es posible.

Las poblaciones subsaharianas que llegan a Europa son individuos sanos porque son supervivientes: han de atravesar desiertos, están sometidos a muchísimos problemas... Deben esperar para pasar la zona del Magreb en su camino hacia Europa. A veces es una situación incluso de muchos años.

El trabajo sobre el terreno de las ONG, por ejemplo, las integradas por personal sanitario, ha sido constante. Aquí la experiencia también es considerable

Hay muchísima experiencia de trabajo. Y sobre todo la tienen los países afectados. No tenemos que ir a decirles lo que tienen que hacer: los países africanos son muy conscientes de las enfermedades que tienen en sus poblaciones y también saben cómo tienen que trabajar.

Es fundamental cuando se trabaja con estas poblaciones, hacerlo desde un punto de vista comunitario. Solo trabajando con la comunidad conseguiremos cambiar ciertos hábitos para evitar los contagios.

Las ONG no vamos a suplir jamás los sistemas sanitarios ya establecidos. Nuestro objetivo es fortalecer, ayudar y apoyar.

¿Cómo se han implicado España o las ONG para ayudar en el llamamiento de la OMS para atajar este brote de ébola?

En el momento en el que la OMS declara la emergencia de salud pública de importancia internacional hay implicación porque se pide ayuda a todos los países. Lo que hacemos las ONG, una vez decidido en qué zonas trabajamos, es coordinarnos con los gobiernos de los países afectados y con la Organización Mundial de la Salud.

Todo se moviliza a nivel sanitario y económico. Esa declaración de la OMS es de hecho necesaria para desbloquear fondos y comenzar a movilizar gente.

Y sin embargo, tenemos a países como el Estados Unidos que gobierna Trump, que se ha retirado de la OMS...

Sí, Estados Unidos se ha retirado de la OMS, como de otros organismos, y es un enorme error con repercusiones globales. Cierto que todo está impregnado de decisiones relacionadas con batallas políticas, pero también es cierto que todos los seres humanos estamos sujetos de padecer enfermedades infecciosas y estas no entienden ni de política ni de fronteras.

Todos los seres humanos estamos sujetos de padecer enfermedades infecciosas y estas no entienden ni de política ni de fronteras

La mayor guerra que se libra y se librará en el futuro en nuestro planeta será contra las infecciones y tenemos que poder ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto apoyando y fortaleciendo los sistemas sanitarios que lo requieran para hacer frente a las siguientes epidemias y pandemias que vendrán. Nos jugamos el extinguirnos como especie.

Y los científicos tenemos que divulgar, sin generar alarma social, para transmitir de manera adecuada lo que ocurre y hacer frente a los discursos falsos, para que la gente sea muy consciente de que estas cosas pasan. No hay que estar asustados, pero sí prestar atención.