Las ONG de Castilla y León han anunciado que comienzan a prepararse para responder a los recortes en derechos a los migrantes que se deriven del acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León, y los propios recortes económicos con la retirada de ayudas a las organizaciones atienden y ayudan a los extranjeros en la Comunidad.

El presidente de la Coordinadora de ONG de Castilla y León, Nacho Baeza, ha recordado que la actividad de estas organizaciones no solo se centran en otros países, sino que tienen mucha actividad también en el propio territorio de Castilla y León, y ha avanzado que mantendrán una reunión para valorar el pacto y fijar una postura común.

Baeza ha indicado que los castellanos y leoneses son “mayoritariamente solidarios”, como muestra un estudio de Manos Unidas que concluye que más del 90 % de la población respalda las acciones de cooperación al desarrollo, cuyas ayudas también se van a limitar en el nuevo gobierno de coalición.

Y considera que no tiene sentido reducir estas ayudas a cooperación, que en este momento equivalen a una aportación de 2,5 euros por cada ciudadano de la comunidad.

En cuanto al concepto de 'prioridad nacional', de ampliación a la hora de acceder a políticas de vivienda y ayudas sociales y públicas, cree que introduce una “lógica potencialmente excluyente” contra la universalidad de los derechos.

Nacho Baeza ha adelantado que también apoyarán a organizaciones que luchan contra el cambio climático porque consideran que está relacionado con la migración, ya que muchos de los que se van de sus países lo hacen porque el incremento de temperaturas hace que no haya alimentos suficientes.

Hace dos años, el PP tuvo que rectificar en Burgos el veto a las ONG que trabajaban con migrantes como impuso por Vox. El Ayuntamiento intentó suprimir las ayudas por valor de 119.000 euros a las tres ONG que trabajan con personas migrantes en la ciudad: ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural. En ese momento, varias asociaciones de la ciudad —incluida Cáritas— se movilizaron en apoyo a las ONG afectadas.

La Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para revertir, vía enmienda, el recorte de diez millones de euros en cooperación internacional reflejado en el proyecto de presupuestos regionales para 2026, algo que también defenderá en la calle.

“No nos vamos a rendir, vamos a seguir aquí trabajando con o sin presupuesto”, ha manifestado este lunes la presidenta de CONGDEX -que agrupa a 51 organizaciones-, Lidia Rodríguez, momentos antes de reunirse en Mérida con el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina.

En declaraciones a los medios, ha advertido de que con este recorte son inasumibles las tres líneas de actuación de la Coordinadora, entre ellas la de los programas de desarrollo que se ejecutan en el exterior, como América Latina y África subsahariana, y la de acción humanitaria y emergencia, con la que se ayuda en caso de catástrofe.

Junto a ellas desaparecen también, por falta de fondos, la línea de educación para la ciudadanía global, “que es la que se ejecuta aquí en Extremadura” y que “se llevan cargando tres años consecutivos”, gracias a la que organizaciones sociales trabajan en centros educativos “para que el sistema de valores sea un sistema que haga de muro de contención a los discursos de odio”.

Rodríguez ha subrayado que la Coordinadora lleva 31 años trabajando en Extremadura y que tras el “desmantelamiento” que las políticas de cooperación sufren en el presupuesto elaborado por el Gobierno de PP y Vox saldrán a la calle “para reivindicar lo que llevamos haciendo siempre, que es defender a las personas más vulnerables”.

“Vamos a seguir sentándonos con quien quiera sentarse y con quien no quiera sentarse con nosotros a dialogar, los estaremos esperando en la calle ocupando los espacios públicos para que se nos oiga”, ha insistido.

Ha defendido que la solidaridad forma parte de del sistema de valores de Extremadura y que se ha materializado con cooperantes trabajando en zonas como Latinoamérica, Centroamérica y el África subsahariana, que se han convertido en “embajadores” de Extremadura.

Con el recorte presupuestario se está abandonando a muchísimas mujeres, menores y hombres en espacios altamente vulnerados, ha advertido, al tiempo que ha mostrado su sorpresa porque se han mantenido unos 2,7 millones de presupuesto para la infraestructura y personal de la Agencia Extremeña de Cooperación, por lo que se ha preguntado qué políticas van a desarrollar a este organismo sin más fondos.

Por su parte, Sánchez Cotrina ha recalcado que la región es una “tierra humanista”, por lo que el PSOE hará todo lo posible por enmendar unas cuentas “que acaban con la historia de Extremadura”.

Ha señalado que la cooperación no solo es solidaridad, sino también empleo, dado que genera alrededor de 200 puestos de trabajo en Extremadura, muchos de ellos ocupados por jóvenes.

“No puede ser que se carguen de un plumazo diez millones de euros prácticamente y que dejen la Agencia de Cooperación Internacional y todo aquello que tiene que ver con las ONGs y con la coordinadora absolutamente a cero”, ha aseverado.

Ha manifestado que con esta decisión María Guardiola, “maniatada a los postulados de la ultraderecha”, demuestra que “no es esa presidenta moderada que trata de trasladar a la opinión pública” y ha recordado que ni siquiera el gobierno del 'popular' José Antonio Monago redujo el presupuesto en cooperación internacional. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural contará en 2026 con un presupuesto de 1.080 millones de euros, un 5,5 % menos, y la Vicepresidencia y Consejería Desregulación, Servicios Sociales y Familia, 217 millones de euros, un 12,7% más para impulsar sus políticas, por lo que Vox gestionará 1.297 de los 8.853 millones de euros de los cuentas extremeñas, (casi el 15%).

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha dado este viernes los detalles del proyecto de presupuestos en una rueda de prensa en la Asamblea. Manzano ha justificado que la reducción en la dotación para Agricultura obedece al cambio de programa y la caída de fondos europeos por suceder la transición entre los programas, ya que en 2025 se ajustan los fondo europeos por finalizar el programa y ahora inicia uno nuevo, ha explicado.

Dentro del presupuesto de Agricultura se destinan 20 millones de euros al regadía de Tierra de Barros, “en el marco de la legalidad vigente” y “de frente”, ha expuesto la portavoz. Asimismo, para la modernización de regadíos en su conjunto contempla 19,5 millones de euros de inversión y a la mejora de caminos rurales, 14 millones. Además, dos millones de euros se dedicarán a atender situaciones sobrevenidas en el campo a través de un fondo de compensación agraria, de nueva creación.

También dentro del apoyo al sector agroganadero se destinan 30 millones de euros a impulsar las empresas agroalimentarias, 10,8 millones a seguros agrarios, 6,7 millones a sanidad animal, un millón a la lucha contra la lengua azul y cinco millones de euros a la lucha contra la seca.

Asimismo, para impulsar el comercio de calidad y la artesanía extremeña se destinan 4,25 millones de euros a mejorar la producción y comercialización de la miel, 949 mil euros a la promoción del vino en terceros países y 600 mil en la promoción de los productos agrícolas y alimentarios en los regímenes de calidad.

En materia de medio natural y caza, la Junta contempla 2,5 millones para el parque de Monfragüe, 1,7 millones de euros para agentes del medio natural, 700 mil euros para la promoción de la tauromaquia y 600 mil para caza y pesca.

Por otro lado, a juicio de Manzano, la Junta pone en el centro de sus políticas a las familias y a los servicios sociales, pues se dedican en global más de 6.000 millones en este sentido. “Seguimos cuidando de las familias, garantizando servicios sociales en Extremadura y prestando especial atención a los más jóvenes, y de manera transversal”, ha expuesto.

En este sentido, el presupuesto recoge un millón de euros más para ayudas a la natalidad, hasta los 2,12 millones, y 200.000 euros más para enfermos de ELA, hasta los 400.000 euros.

En materia de juventud, el Ejecutivo impulsará la participación de los jóvenes en la vida social y comunitaria con 520.000 euros, dedicará 230.000 y 120.000 euros a los campamentos y campus de verano del IJEX y al voluntariado juvenil, respectivamente, para que “siga creciendo el arraigo y puedan seguir viviendo en la región”.

Además, a preguntas de los medios, Manzano ha confirmado la reducción anunciada este jueves por Vox en 10 millones de euros a asociaciones y entidades que “promueven la inmigración ilegal, masiva y descontrolada”, según Vox, y en cooperación.

También recorta a la mitad de las subvenciones a los sindicatos, en torno a 286.000 euros, y se incorpora a ellas la patronal CIEM, además de CREEX y los sindicatos CCOO y UGT. 

La Generalitat enviará ayuda humanitaria a Cuba por primera vez en quince años. La profunda crisis económica y energética que atraviesa el país caribeño desde hace meses, agravada por el endurecimiento del embargo de Estados Unidos, ha empujado al Govern catalán a sumarse a las campañas de asistencia a la población de la isla. 

El Govern de Salvador Illa tiene previsto aprobar en el Consejo Ejecutivo de este martes un paquete de 440.000 euros para financiar la asistencia humanitaria de Naciones Unidas y de entidades y ONG sobre el terreno. 

“Cuba afronta una grave crisis que está afectando a las necesidades más básicas de su población”, argumenta el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch. “Queremos contribuir, en línea con la actuación de otros actores internacionales, al despliegue de acciones humanitarias en la isla”, abunda el conseller. 

De esta primera partida económica, la mayor parte, 290.000 euros, se destinarán al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, centrado en abastecer los comedores comunitarios de La Habana. El resto de dinero aprobado, 150.000 euros, irá para las entidades sociales y ONG sobre el terreno, a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que depende de la Generalitat. 

La Administración catalana se suma así a la respuesta en cooperación de otras instituciones a raíz de la crisis humanitaria cubana, como son las ayudas aprobadas por el Gobierno central o la UE. Asimismo, también destacan acciones ciudadanas de apoyo a la población cubana como el caso de la Flotilla de Open Arms, que zarpó el pasado 10 de mayo. 

Desde la Generalitat añaden que el acuerdo de financiación que se aprobará en el Consejo Ejecutivo incluye también otras medidas de apoyo —aunque por ahora no las cuantifican— a las comunidades catalanas en Cuba. En concreto, añaden, a la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Catalunya en La Habana. Actualmente residen en la isla caribeña 3.300 ciudadanos catalanes. 

La crisis en la que está sumida Cuba es una de las peores que se recuerdan en el país. La escasez de divisas, alimentos, medicinas y sobre todo combustible mantiene a la sociedad cubana y al régimen castrista al borde del colapso, con apagones constantes. Todo ello agravado por el temor a una intervención de Estados Unidos. 

Habían pasado tres días de la entrada en vigor de la regularización extraordinaria, pero no fue hasta el 20 de abril cuando el procedimiento se hizo visible en la calle. Ese día, las oficinas habilitadas abrieron sus puertas para recibir presencialmente las peticiones de migrantes sin papeles y solicitantes de asilo que ansiaban estabilizar su situación administrativa. La escena se repitió en distintas ciudades: colas desde la madrugada, carpetas de plástico repletas de documentos, miradas tensas y una mezcla de alivio e incertidumbre. En solo una semana, 120.000 peticiones fueron registradas, según los primeros datos facilitados por el Gobierno.

Un mes después, el procedimiento continúa “a buen ritmo”, según fuentes del Ministerio de Inclusión, que por ahora evitan ofrecer cifras actualizadas de solicitudes recibidas. En la calle, la ilusión se hizo visible desde el primer día, pero también el agobio de quienes temían que cualquier problema les impidiese registrar su petición antes de la finalización del plazo, marcado para el próximo 30 de junio. Sin embargo, el avance de la medida se ha encontrado con otra fecha clave: este viernes, cuando el Tribunal Supremo celebrará una vista para escuchar varias peticiones —entre quienes se encuentran la organización ultra Hazte Oír, Vox y la Comunidad de Madrid— de paralizar de forma cautelar el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes mientras se resuelve el fondo del asunto.

En contra de la paralización cautelar, el Abogado del Estado ha alegado la “afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general”, según indicó en un escrito de alegaciones al que tuvo acceso Europa Press. Aunque se desconoce una cifra oficial del número de migrantes y solicitantes de asilo que se verán afectadas en caso de paralización cautelar, las estimaciones realizadas por elDiario.es apuntan a que las peticiones presentadas durante el primer mes de procedimiento podrían superar las 300.000 peticiones.

Según el último dato oficial, aportado el 5 de mayo por la secretaria de Estado de Migraciones, durante la segunda semana de procedimiento unas 200.000 personas habían pedido la regularización desde la entrada en vigor de la medida. A falta de datos más recientes, y si se mantiene la cadencia inicial —marcada por un aluvión de solicitudes en los primeros días y una progresiva estabilización—, las peticiones formalizadas podrían superar las 300.000, según los cálculos de este medio. Las ONG especializadas esperaban un nuevo pico de las peticiones presentadas en el mes de junio, debido a que quienes llegaron a España en diciembre no pueden presentar su petición hasta no haber residido en el país cinco meses completos.

Primeros permisos provisionales

Las miles de personas que durante el primer mes del procedimiento de regularización han visto admitida a trámite su petición, transcurridas al menos dos semanas del registro, han recibido un Número de Identificación de Extranjero (NIE) ligado a un permiso provisional de residencia y trabajo, mientras su solicitud es estudiada a fondo. Una de ellas es Luisa Roldán. 

La mujer, originaria de Medellín, ya tiene autorización para trabajar en España después de vivir sin papeles durante dos años. La colombiana pidió la regularización de manera telemática a través de una abogada de una ONG el pasado 11 de abril. Un mes después —con quince días de retraso con respecto al plazo estipulado— recibió el escrito del Ministerio de Inclusión que confirma la admisión a trámite de su petición junto a su número de NIE y un permiso provisional para trabajar mientras se estudia la petición. “Me ha costado tanto, que pensaba que me iba a emocionar muchísimo; pero, hay tanto por hacer y cada trámite es tan complicado que, cuándo lo recibí ni lo celebré, pensé rápidamente en lo siguiente que debía hacer”, reconoce.

Objetivo: cotizar

Lo “siguiente” era buscar un empleo con contrato, por el que pueda empezar a cotizar en España, su principal objetivo, ya que actualmente trabaja por horas en el sector de la limpieza sin estar dada de alta en la seguridad social. Primero, ha empezado buscando ofertas de empleo en su sector de preferencia, el marketing digital y las organizaciones, área en la que ha trabajado de manera voluntaria para ONG que también le ayudaron a ella en sus primeros meses en el país. “He empezado por lo que más me gusta, pero si no encuentro también voy a buscar en otros sectores como dependienta en tiendas o en la hostelería”, añade la joven.

No quiere perder tiempo. Sabe que de su tiempo cotizado dependerá la renovación posterior del permiso que tanto le ha costado conseguir: “Siento que se me ha abierto el camino. Con este permiso de trabajo, ya empieza a contar mi año para renovar, así que he empezado a moverme”, explica desde Valencia, donde actualmente trabaja en la limpieza de cinco viviendas.

Desde el inicio del procedimiento, el Ejecutivo calcula que la medida concederá los papeles alrededor de 500.000 personas. Esa estimación, sin embargo, no habla de peticiones registradas, pues la cartera dirigida por Elma Saiz asumía que el número de solicitudes superaría esa primera estimación, pues su estimación incluye cierto porcentaje de desestimación. Según detalló el Ministerio de Migraciones el día de la aprobación del real decreto de la regularización, el departamento calculaba recibir en torno a 750.000 solicitudes a lo largo de todo el proceso, de las que cerca de un 30% podrían ser rechazadas por no cumplir los requisitos establecidos, según las proyecciones iniciales.

De las colas a la estabilización

El primer mes de plazo ha estado atravesado por el desconcierto, ligado principalmente a uno de los requisitos más controvertidos: el informe de vulnerabilidad. Este documento, exigido solo en determinados supuestos —especialmente para las personas sin papeles que no vivan con sus familiares o que no puedan acreditar vínculos laborales—, se convirtió rápidamente en el principal cuello de botella del procedimiento. Durante las primeras semanas, largas colas se formaron a las puertas de servicios sociales municipales y de las pocas organizaciones no gubernamentales que comenzaron a expedir estos certificados. Hubo quienes durmieron a la intemperie para conseguir un turno, quienes regresaron varios días seguidos sin éxito, quienes no entendían por qué ese papel se había convertido en la llave de acceso al proceso.

A partir de la segunda quincena, el panorama comenzó a cambiar. Más organizaciones se sumaron a la expedición de certificados, se habilitaron nuevos puntos de atención y las filas empezaron a reducirse. La presión en la calle disminuyó, pero aparentemente no ha significado una caída en las solicitudes. Tampoco de las necesidades que las ONG se están encontrando en su labor de apoyo en el procedimiento, según explica Edith Espínola, portavoz del Movimiento Regularización Ya.

“Estamos contentísimas porque muchas personas están logrando introducir sus expedientes para regularizarse, pero también es agridulce porque vemos que hay muchísimas necesidades. Hay gente que no está pudiendo conseguir la documentación, que sus países no están colaborando para entregarle los antecedentes penales que no están empadronados y que no sabemos cómo vamos a conseguir que se empadronen para que, después puedan poner la huella para obtener sus documentos”, sostiene.

Luisa, originaria de Medellín, era desplazada interna en Colombia debido a la violencia del país. Migró a España por un conjunto de razones, entre las que se entremezclan la seguridad y las difíciles condiciones económicas. A su llegada a Valencia, empezó a trabajar en el cuidado de una anciana con demencia varias horas por las noches. “Me pagaban poco, ocho euros la hora, aunque ya era más que a otras compañeras. Era muy duro y no pude estar más de unos meses”, recuerda. Después, y hasta la actualidad, pasó a trabajar a limpiar casas por horas.

“Por fin podré buscar un trabajo más estable, en condiciones dignas, con un contrato, que me den de alta en la Seguridad Social, que me paguen vacaciones, acceder a una baja si caigo enferma…”, dice Luisa para detallar la manera en que puede cambiar su vida el permiso de trabajo recibido hace una semana. En el tiempo en que ha permanecido en España sin poder regularizarse, tuvo varias oportunidades de trabajar regularmente en proyectos de marketing digital en el Tercer Sector, pero perdió varias oportunidades laborales, en las que pudo haber cotizado, por una única razón: carecer de documentación en regla. 

Ahora, la autorización provisional ha empezado a abrirle un camino que, dice, va a empezar a recorrer. No conocía los detalles de los recursos presentados ante el Supremo para frenar el proceso de regularización, pero sí sabía que podía haber obstáculos. ¿Qué pasaría si, ahora que ya tiene el permiso, se frena el proceso?

Luisa responde con la paciencia de quien ha esperado demasiado, con la resignación de los dos años de trabas burocráticas en su intento de construir una vida en España. “Cuando mi psicóloga me pregunta qué es lo que podría hacer que volviera a mi estado de ánimo anterior, tras pasar por una depresión, le dije precisamente que no llegara a salir la regularización”, explica la colombiana. “De la regularización depende mi estado de ánimo y mi estabilidad. Pero llegué a la conclusión que, si al final no saliese, ya aguanté dos años, podría aguantar otro poco más”, añade.

Desde el Movimiento de Regularización Ya asumían que a lo largo del proceso de la regularización podrían encontrarse trabas judiciales desde determinadas formaciones, pero dicen confiar en la Justicia: “Esperamos que el Tribunal Supremo sea realmente la Casa de la Justicia y no de la injusticia para una población que sostiene la vida de miles de españoles a diario en casi todos los puestos de servicios, en lugares invisibilizados y expuesto a muchísimo abuso y explotación”, concluye Edith Espínola.

La decisión del Ministerio de Igualdad de incorporar una cláusula abolicionista de la prostitución a las subvenciones sobre violencia machista y trata ya es definitiva. El pasado 22 de abril, el BOE publicó la orden que modifica los requisitos de estas ayudas y que obliga a las entidades que quieran presentarse a reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. La decisión sume en la incertidumbre a buena parte de las organizaciones y deja en el aire sus proyectos porque o bien no se definen como abolicionistas o ni siquiera lo han debatido internamente, al estar dedicadas a cuestiones que no tienen que ver con la prostitución.

“Es un tema que ni tocamos ni vamos a tocar, porque no es oportuno para nuestro trabajo ni las mujeres a las que nos dirigimos. Presentaremos el proyecto y, si no los rechazan por esto, será una pena”, señala la portavoz de la Fundación Secretariado Gitano, una de las entidades que fueron beneficiarias de estas ayudas en 2025 para un programa de prevención de la violencia de género en mujeres gitanas. Esta es una sensación compartida entre las ONG, que desconocen cómo va a aplicar Igualdad los requisitos. Según la orden, deberán reconocer la prostitución como forma de violencia en sus estatutos o “mediante experiencia previa”. Además, la última versión del texto añade una condición más: que firmen una “declaración responsable” en la que lo afirmen.

Uno de los efectos de la orden será que aquellas asociaciones que no cumplan estos puntos quedarán fuera de las ayudas. Es lo que también teme la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género de Catalunya, que recibió algo más de 14.000 euros el año pasado para organizar el Foro contra las Violencias de Género, en el que anualmente reúne a expertas, víctimas e instituciones. Ahora, no sabe si podrá presentarse a la nueva convocatoria. El Ministerio ha aplicado el cambio a dos líneas de ayudas: tanto a las que financian proyectos de “concienciación, prevención e investigación” en violencia machista como a las de apoyo a víctimas de trata.

“Dentro de la plataforma hay 140 entidades, cada una con aproximaciones diferentes. No vamos a posicionarnos en un concepto que no deja de ser un amplio debate incluso en el feminismo”, apunta Ainhoa Morán, su coordinadora, que advierte de que la orden “va a poner en riesgo y a excluir proyectos necesarios”. “Lógicamente, todas estamos en contra de las violencias machistas, pero esto es tratar de imponernos una agenda y una ideología concreta. La prostitución no está así catalogada en ninguna ley y ni siquiera en el Convenio de Estambul”, añade Morán.

También de Catalunya es la fundación Àmbit Prevenció, una entidad que trabaja con víctimas de violencia machista y mujeres que ejercen la prostitución. En la convocatoria pasada se le adjudicó algo más de 4.800 euros del Ministerio de Igualdad para financiar un proyecto con el que monitorizar qué pasa después de una denuncia por violencia sexual. Con ese dinero, ya ha empezado a recopilar información y a coordinarse con los servicios de atención a víctimas de Extremadura, Madrid, Baleares y Catalunya con el objetivo de recabar la participación de mujeres. La idea era ampliar aún más la iniciativa, pero la ONG es consciente de que ya no se podrá presentar a la misma subvención.

La presidenta Mercè Meroño explica que “para nada” se ha planteado la fundación hacer un cambio de estatutos para poder entrar ni tampoco firmar la declaración que exige ahora el departamento dirigido por Ana Redondo. “Tenemos una misión y valores propios, no vamos a ir cambiándolos en función de los intereses del Estado”, apunta Meroño, que recalca que su “prioridad” es “atender a las necesidades de las mujeres desde la diversidad, la proximidad y el respeto sin opinar sobre sus vidas”, algo que “en ningún caso” está por debajo de la posibilidad de obtener una subvención.

Aún así, la presidenta de Àmbit Prevenció lamenta la modificación del Ministerio en unos fondos que reparten unos siete millones de euros desde hace cuatro ejercicios. “Nuestro proyecto, que tiene que ver con la violencia sexual, ¿va a quedarse fuera porque en nuestros estatutos no nos refiramos a la prostitución? Es un cambio arbitrario y una discriminación muy grave”, cree Meroño.

La fundación cuenta con un proyecto llamado 'Siempre Vivas' para asesorar a víctimas de violencia machista y también servicios de acompañamiento a mujeres que ejercen la prostitución, a las que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico, además de poner a su disposición un espacio para que puedan descansar, hacerse pruebas o recoger material. También tiene dos recursos asistenciales para mujeres que han ejercido la prostitución y han sufrido algún tipo de violencia. “El enfoque que aplicamos es el basado en los derechos, no intentamos que vaya por delante una determinada ideología, sino que escuchamos a las mujeres y las acompañamos”, añade.

La oposición de las entidades

La polémica por las subvenciones arrancó el pasado febrero, cuando el Ministerio de Igualdad abrió la consulta pública sobre la modificación legislativa. En la memoria de impacto, justificaba los cambios en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” de la prostitución. Además, aludía a la necesidad de alinear las ayudas con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

Medio centenar de organizaciones de prostitutas y entidades no abolicionistas, con el apoyo de Amnistía Internacional, enviaron entonces alegaciones a la propuesta y advirtieron de que la llevarán a los tribunales si Igualdad no da marcha atrás, al considerarla “inconstitucional”. El Ministerio defendió entonces la orden y apeló a que “no constituye una imposición ideológica”, sino “una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público”. Sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio sobre cómo van a aplicarse los nuevos requisitos.

Porque una de las sospechas que tienen la decena de organizaciones con las que ha contactado elDiario.es es que, tras las quejas, el Ministerio rebaje las condiciones y, en la práctica, sirva con firmar la declaración responsable que fue incluida después y suavice la exigencia del cambio de estatutos. Aun así, el requisito no convence a los colectivos consultados, buena parte de los cuales prefieren no romper su anonimato a la espera de cómo se concrete la convocatoria. “Está fuera de lugar en una subvención pública. Exigir un posicionamiento en un tema tan complejo y en el que hay diversidad, no conduce al entendimiento, sino a la confrontación”, dice una portavoz .

Entre las ONG que prometen recurrir la orden está el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que en los últimos ejercicios ha recibido dinero para montar el ciclo de charlas 'Hablan las prostitutas', con el que buscan “dar voz” a las protagonistas. “Probablemente, no nos podamos presentar porque nos obligan a declarar que la prostitución es violencia per se, algo que desde muchas ONG cuestionamos”, apunta Fuensanta Gual, presidenta de la entidad, que añade: “Otra cosa es que efectivamente haya mucha violencia en la prostitución y, de hecho, de eso van nuestras charlas”.

CATS cuenta también con un programa de asistencia integral a mujeres en contextos de prostitución que recibió ayudas de Igualdad hasta 2020. “Desde entonces nos lo rechazan. Es un proyecto de asistencia y acompañamiento, les damos atención social, jurídica y psicológica. Ahora estamos en pleno asesoramiento por el tema de la regularización extraordinaria”, añade la presidenta de la entidad, que reclama el reconocimiento de derechos laborales para las prostitutas.

Otras ONG están evaluando qué pasos dar cuando tengan que concurrir a las ayudas. La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) no modificará sus estatutos, pero sí enviará la declaración responsable, aunque con matices. La condición es que las entidades reconozcan en ella que los proyectos presentados están alineados contra las distintas formas de violencia contra las mujeres “incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva que supone la gestación por subrogación”. Según explica Elisabeth Ortega, adjunta a la dirección de UNAD, la declaración que adjuntarán no se referirá específicamente a ninguna de estas violencias.

La organización confía en que así pueda volver a ser financiado su proyecto Comunidades GPS —que el año pasado recibió 24.500 euros— y que, junto a la Universidad de Salamanca, busca fortalecer la coordinación para dar respuesta a mujeres con adicciones víctimas de violencia machista. “UNAD no cuenta con un posicionamiento sobre prostitución porque somos una red compuesta por 200 entidades con trayectorias y enfoques diversos, no obstante, nuestros estatutos y experiencia reflejan de forma clara nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y la atención a las distintas violencias que pueden atravesar”, concluye Ortega.

En la foto, Emma sonríe. A su lado, Mario levanta la mano y dibuja con los dedos el símbolo de la victoria. La imagen llega por WhatsApp a primera hora de la mañana, después de pasar la noche a la intemperie. Han conseguido entrar en los servicios sociales municipales de Madrid y lo celebran. La desorganización del proceso les ha empujado a hacer horas de cola para solicitar el certificado de vulnerabilidad que necesitan para iniciar el proceso de regularización. Durante unas horas, creen que han resuelto el trámite que está entorpeciendo la medida. No era así, y lo sabrán dos días después.

Cuando el matrimonio acude a otra ventanilla del Ayuntamiento de Madrid para validar el documento se topan con una respuesta inesperada: no pueden emitir su informe de vulnerabilidad. Nos han dicho que no estamos empadronados en el municipio y, sin ese requisito, el informe no puede validarse“, dice Emma. Acaba de percatarse de que la madrugada en la calle no ha servido de nada. Toca empezar de nuevo: ”El Ayuntamiento nos ha dicho que tenemos que ir a una ONG“.

La exigencia del llamado informe de vulnerabilidad —exigido a los migrantes sin papeles que no vivan con hijos a cargo o no prueben una vinculación laboral anterior o futura— ha abierto un frente inesperado en el proceso de regularización. Este requisito es el principal responsable de las largas colas, noches a la intemperie o choques entre el Gobierno central y muchos ayuntamientos, especialmente los del Partido Popular. Su elaboración corresponde en primer lugar a los servicios sociales municipales pero, a sabiendas de que estos trámites suelen traer problemas, el Gobierno añadió la posibilidad de que estos documentos fuesen validados por las llamadas ONG colaboradoras, incorporadas a un listado oficial. Y, mientras muchas oficinas municipales aún no han empezado a emitir estos documentos o validan solo unas decenas al día, las ONG de pequeño y mediano tamaño, pese a sus escasos recursos, se desloman para entregar el mayor número de informes posible.

Tras el varapalo recibido en el Ayuntamiento de Madrid, tras horas de llamadas, derivaciones y puertas cerradas, Emma y Guillermo escuchan hablar de la organización Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Cuentan su caso, cuando la trabajadora de la organización asiente, suspiran. Emma agarra la carpeta que arrastra desde hace una semana por medio Madrid y gesticula su alegría contenida. Llegado su turno, Isabel, con cercanía, pregunta sobre su situación en España. Sin papeles, sin trabajo estable y con dificultades para pagar el alquiler de la pequeña habitación donde viven, la ONG valida su certificado de vulnerabilidad. Emma y Guillermo clavan su mirada en el sello que la trabajadora estampa en el papel. Se miran cómplices y sonríen.

No es la concesión de la regularización. No es el registro de su petición. Es un simple formulario, un requisito de las decenas de documentos que tienen que presentar para optar al proceso extraordinario. Pero cuánto les ha costado conseguir el último papel que les queda para entregar su expediente a su abogado e iniciar el trámite. Tenían todo preparado desde hace semanas, y esta exigencia de última hora desbarató sus planes y les avivó el miedo de quedar excluidos de la medida.

Con el documento sellado en sus manos, Emma se emociona: “Hemos sufrido mucho, por eso agradecemos tanto tenerlo en nuestras manos por fin”. Mientras escucha a su esposa, Guillermo se rompe: “No entendemos como, hasta para una medida esta, nos hacen pasar por todo esto. Por qué lo ponen tan difícil de repente, por qué nos tienen que hacer pasar por tantas horas de cola, por ir de un lado a otro, casi suplicando, para conseguir este último requisito”, dice el salvadoreño, antes de abandonar la ONG entre decenas de palabras de agradecimiento.

Desde la semana pasada, la sede de la ONG Rumiñahui en Madrid amanece con cientos de personas esperando en su puerta. Tras la publicación de varios post en su Instagram que anuncian la emisión de cientos de certificados de vulnerabilidad cada día, se ha corrido la voz. La organización ha elaborado un sistema ágil para emitir de manera rápida, y obviamente gratuita, el mayor número de informes posibles. “Hemos habilitado varias salas y organizamos grupos de unas 80 personas. En ellas, durante una hora, les damos una charla. En grupo, les explicamos las distintas casuísticas de vulnerabilidad y, así, hablando en común, les vamos indicando la casilla que les corresponde marcar. Una vez comprobado todo, los validamos.

La organización está sacando adelante alrededor de 600 informes al día en cada sede. La oficina de servicios sociales de Puerta de Toledo, permite cada día realizar el trámite a unos 80. La ONG, apoyándose en trabajadores y voluntarios, atiende casos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, aunque no es su horario habitual. Según varios testimonios recabados, las oficinas de servicios sociales municipales que el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado para poder hacer dicho trámite, atienden estas peticiones hasta las 12 de la mañana aproximadamente, durante unas tres horas.

La misma organización, Rumiñahui, realizó este viernes una misión en Lorca, municipio con un alto porcentaje de población migrante, la mayoría empleada en el campo. “Hay unas mil personas en la cola, ya hemos validado unos 600 informes de vulnerabilidad”, explica por teléfono desde allí Vladimir Paspuel, presidente de la entidad, a elDiario.es. En otros lugares, muchos ayuntamientos aún no han empezado a sellar los informes, por lo que la labor está recayendo en muchas organizaciones que no dan de sí: “En Andalucía, nos estamos encontrando muchos municipios que directamente se niegan a realizar este documento, o dan citas para junio. No puede ser que las ONG, que además suelen ser las pequeñas o medianas, hagan más informes que los servicios sociales. Tienen que habilitar más recursos, sean del estado o municipales, para reforzar esa atención”, sostiene Diego Boza, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

El 'Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar' de Sedoac suele abrir sus puertas solo de jueves a domingo para recibir a mujeres empleadas domésticas, a quienes apoyan a través de talleres o distintas actividades. Ahora, el espacio se ha convertido en una suerte de oficina de servicios sociales. En una sala, dan cita. En otra, sellan informes o registran expedientes urgentes. “Con todo esto, hemos ampliado el horario”, dice Edith Espínola, portavoz de Sedoac. Es martes, acaba de salir de una entrevista y mira el reloj apurada. Es su día libre en su trabajo y quiere aprovecharlo para sellar informes de vulnerabilidad y registrar algunas peticiones. “Tengo ya a gente esperando en la puerta”, dice antes de tomar un taxi para empezar cuanto antes. Ella es una de las integrantes más activas del movimiento que lleva seis años de lucha por la regularización, conoce lo que está en juego y el significado de cada papel.

Sentada en la mesa, empieza a atender a quienes esperaban. No son muchos. Aún no se ha corrido la voz de que Sedoac ha empezado a sellar el documento por el que cientos de personas hacen fila en los servicios sociales. Primero empezaron con las mujeres a las que atienden en sus proyectos, pero ya han abierto sus puertas para todo el que lo necesite. Espínola atiende cada caso sin importar el tiempo, conoce de primera mano lo farragoso del proceso y la importancia de comprender cada detalle. Además de sellar el documento, se interesa por el caso específico de quienes se sientan frente a ella.

Ante la falta de un sistema de coordinación estatal, estas organizaciones con escasos recursos van adaptándose en función de la demanda. Ese martes, Sedoac recibió a unas 30 personas. El miércoles fueron 150. El jueves, algo más. El viernes, la organización decidió rediseñar su sistema, exigiendo cita previa. Como saben que aunque el plazo finaliza el 30 de junio, no todos pueden esperar a registrar su petición, la organización permite cierta flexibilidad en determinados casos que requieran urgencia: como la previsible caducidad de otro de los documentos recopilados, como los antecedentes penales; o ante situaciones laborales específicas, como los complejos horarios de las empleadas domésticas internas.

“Tú te lo sabes mucho mejor que mi abogado, y le he pagado 300 euros. Él no responde mis dudas, y tú me lo explicas muy fácil, paso a paso”, se sorprende una mujer que llegó a este punto de casualidad y se fue con su informe validado después de varios días en una suerte de juego de la oca en busca del certificado de vulnerabilidad. Espínola, con cierto sonrojo y humildad, baja la mirada y sonríe: “Bueno, es que yo he pasado por esto, lo he vivido”, responde la paraguaya. La activista vivió durante seis años en España sin papeles y se enfrentó al enjambre de trámites exigidos para lograr un permiso de residencia. Sabe de lo que habla.

La “esperanza” es la sensación mayoritaria entre los cientos de migrantes que siguen llegando a las oficinas de Correos y a las tesorerías de la Seguridad Social habilitadas en Castilla-La Mancha para pedir su regularización dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno.

En el tercer día desde que se abrió el plazo para realizar estas peticiones y todavía son muchas las complicaciones que se están encontrando, especialmente en la elaboración del informe de vulnerabilidad requerido para la solicitud, y para ello están recibiendo la ayuda de las organizaciones sociales acreditadas como entidades colaboradoras en materia de extranjería.

Mientras en la ciudad de Toledo, muchas de estas peticiones las están realizando migrantes que acuden desde los pueblos de la provincia, en otras provincias de la comunidad autónoma, la situación es similar, pero también proceden de las capitales. En cualquier caso, hay una “gran afluencia, por centenares” constatan las organizaciones consultadas por este medio.

La Delegación del Gobierno todavía no ha aportado datos oficiales sobre las solicitudes presentadas, pero prevé que sean entre 13.000 y 15.000 los migrantes que regularizarán su situación en la comunidad autónoma.

Una de las provincias donde más se están cursando solicitudes es Ciudad Real. Cientos de personas de los pueblos y de la capital están recibiendo el asesoramiento, la información y la elaboración de la documentación por parte de las entidades acreditadas.

Así ayuda una entidad social

Una de ellas es Movimiento por la Paz. Su responsable, Manuel Lorenzo, explica que a muchos migrantes los derivan de los servicios sociales de los ayuntamientos. En algunos casos, la tramitación es sencilla porque forman parte de los itinerarios de estas entidades, es decir, conocen su situación. Pero en otros, son personas que no conocen y deben iniciar el proceso prácticamente desde cero.

“No todos requieren el informe de vulnerabilidad porque, por su situación, ya son vulnerables”, explica Lorenzo, en referencia a las personas en situación de refugio o protección internacional.

Pero esta no es la situación mayoritaria. “Hay gente que viene de forma espontánea, a preguntar, a interesarse, a conocer el proceso. En los servicios sociales los derivan hasta aquí”. ¿Cómo actúan para ayudarles? “Estamos realizando reuniones informativas con personas para que les tramitemos el expediente. Les explicamos toda la documentación y, si podemos, incluso ‘in situ' verificamos que su documentación está correcta. Y luego les damos cita previa para que tramiten su solicitud en las oficinas habilitadas”.

En paralelo, Movimiento por la Paz también está haciendo labores de apoyo a ayuntamientos de la provincia, principalmente con abogados acreditados en labores de extranjería. Se desplazan a los pueblos para realizar esas sesiones, supervisar la documentación y analizar si pueden tramitarles el expediente.

Las situaciones personales que están encontrando son muy variadas. Desde personas sin trabajo a otras que han estado empleadas sin contrato y de manera intermitente en la agricultura, en la hostelería o en el sector de la limpieza y los cuidados. “La tónica general es que todas las personas quieren presentar sus papeles cuanto antes. Tener una respuesta cuanto antes y poder mejorar su vida. Sobre todo, hay esperanza. La gente está esperanzada”.

Movimiento por la Paz detalla que las situaciones familiares y los apoyos de los que disponen también varían. “Hay muchos migrantes que están solos, otros que acuden con sus familias y también mujeres con cargas familiares, pero sin trabajo. Vienen de todas las edades, también estudiantes, y la situación en muchos casos es de vulnerabilidad, muchos están en situación de pobreza o en riesgo de estarlo”.  

“La casuística es muy amplia. No son perfiles estándar. La impresión general es que la gente al final se ha estado buscando la vida como ha podido y ahora tienen una oportunidad de regular su situación. Son muchas personas. No sabemos si podremos atender a todos, pero haremos todo lo posible. Si vemos que no llegamos, les pediremos que pidan cita y les revisaremos los expedientes para verificar que esté todo correcto”, concluye.  

Otra de las entidades que ha desplegado su ayuda en toda la región es ACCEM. No está acreditada para la elaboración de solicitudes, pero está especializada en la acogida, protección y atención integral a refugiados y migrantes. Ofrece servicios de refugio (como en su centro de Sigüenza y en plazas de alojamiento en Guadalajara, Albacete y Toledo), así como atención social, formación y ayuda a colectivos vulnerables, en colaboración con el Gobierno regional.

Braulio Carlés, responsable territorial de esta organización, explica que la afluencia de personas para cursar solicitudes está siendo “enorme”. “Está llegando mucha gente a todas las oficinas y les informamos del procedimiento para que consigan la documentación”, precisa.

Esto es una gran oportunidad

“Esto es una gran oportunidad. Hay miles de personas en situación irregular en este país, muchos de ellos trabajando y contribuyendo al sistema, a las arcas del Estado, sin que se reconozcan sus derechos y deberes. Y no solo trabajando, sino también en el consumo y el funcionamiento de la economía. Sin embargo, parece que no existen, que están ocultos y eso es injusto”, resalta.

Dicho esto, desde ACCEM consideran de gran relevancia que en esta regulación se pongan “todos los medios pertinentes y oportunos” para realizarla de forma ordenada. “Debemos tener un mecanismo de integración y de facilitación que ayude a que sea ágil y rápido. Hay mucha gente que quiere regularizarse y hay que hacerlo bien”.

También se refiere al informe de vulnerabilidad como uno de los “escollos” del proceso, aunque en el caso de las personas acogidas por ACCEM, muchas no lo necesitan por su propia situación de refugiados. “Pero otras ocasiones es más complicado y confiamos en que pueda solventarse”.

Braulio Carlés aprovecha para arremeter contra los “populismos ensalzados” contra la regularización extraordinaria. “Esto no tiene ningún 'efecto llamada'. Se han hecho varias regularizaciones y nunca ha habido esa consecuencia. El 'efecto llamada' lo generan las guerras y el hambre, y eso no lo provocan los migrantes, sino otros mucho más poderosos”.

“Esto tiene que funcionar. No pueden seguir siendo invisibles, por lo que hay que buscar las vías para que la regularización llegue a buen puerto y sea posible. Todos tenemos derecho a vivir con dignidad, y esto es una gran oportunidad”, concluye.

Por su parte, Médicos del Mundo ha organizado para este jueves, día 23 de abril, una sesión en el Centro Social del barrio de Santa Bárbara de Toledo, para informar a migrantes sobre el proceso:

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha calificado “muy positivamente” el proceso.

Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos

“Estamos viendo que es la población migrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos”, ha constatado, señalando que, “si encima viene con ese apoyo por parte del Ministerio, la regularización que se está llevando a cabo, pues es mucho más ágil y mucho más fácil”.

En cuanto a la alarma generada con respecto al procedimiento y a los trámites, ha señalado que en Castilla-La Mancha las subdelegaciones del Gobierno se han puesto a disposición de los ciudadanos para hacer reuniones informativas y que puedan llevar a cabo este tipo de procesos “con garantías y con máxima normalidad”.

“Cuando algo es muy esperado y además es tan necesario los comienzos nunca son fáciles”, ha admitido la consejera, quien ha apuntado que “con la información que además ha dado el Ministerio, que está muy bien explicada, son procesos que no tienen por qué ser complicados”.

Que ningún ayuntamiento ponga “trabas”

Finalmente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confiado en que ningún ayuntamiento ponga “trabas” a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Ha negado conocer algún caso, al tiempo que ha apostillado que “oponerse” a la regularización “sería torpe”.

En cuanto a las trabas y críticas al procedimiento, ha destacado que si hay algún error, “se estará detectando” y “lo valoraremos cuando pase un plazo prudencial”. “Yo creo que incluso algunas de las denuncias que se hacen, se hacen con ánimo de mejorar el servicio”, ha concluido.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) celebra desde este miércoles, 22 de abril, al viernes, día 24, el XIX Encuentro Estatal de Participación en el Institución Ferial de Ciudad Real (Ifedi), junto a su red territorial de Castilla-La Mancha.

La presente edición reunirá a un centenar de personas con experiencia en pobreza de todo el país, con el objetivo de trabajar en propuestas políticas en materia de acceso a la vivienda y de transición justa, en un contexto de “emergencia habitacional que está abocando a miles de personas a situaciones de pobreza y exclusión social”, según apunta la organización.

En la inauguración del evento, que tendrá lugar el 22 de abril a las 16.30 horas, está previsto que participen Inés Sandoval, directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real; Rocío Zarco, diputada de la Diputación Provincial de Ciudad Real; Mar González, presidenta de EAPN Castilla-La Mancha; y Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa.

El programa del primer día concluirá con la grabación en directo del vídeo podcast 'Sin derechos estamos apañaos', un proyecto desarrollado por el Grupo de Participación de EAPN Castilla-La Mancha. Se trata de una iniciativa donde personas con experiencia en pobreza dialogan con referentes de ámbitos culturales, políticos, científicos o sociales sobre temas de interés social. En esta ocasión, se realizará una entrevista a Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y reconocido divulgador científico.

Por su parte, en la jornada de clausura el viernes 24 de abril está prevista la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con la Comunicación 'Los rostros y el lenguaje de la pobreza'.

Previa a la intervención de Gabilondo, se llevará a cabo un encuentro con las instituciones, donde representantes de las diferentes delegaciones territoriales de EAPN España trasladarán las propuestas en materia de derecho a la vivienda trabajadas en las jornadas a representantes institucionales, entre ellos Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y Santiago Vera, director general de Acción Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La presente edición del encuentro coincide, además, con la celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril. En este contexto, el miércoles 22 de abril se realizará el acto simbólico 'Lecturas por una vivienda digna', una lectura pública de fragmentos de obras centradas en la defensa del derecho a la vivienda y la denuncia de la pobreza y la exclusión social.

EAPN España tiene una larga trayectoria en la celebración de Encuentros y Congreso de Participación tanto a nivel europeo, estatal y autonómico. Gracias a estos espacios se potencia el reconocimiento de las personas en situación de pobreza o exclusión y se facilita que representantes institucionales se acerquen a problemáticas y realidades a las que, sin estas iniciativas, no tendrían acceso.

La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura ha hecho público un comunicado contra el acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox, en el que advierte de un “retroceso” en materia de derechos humanos y políticas migratorias. Bajo el lema 'Los derechos humanos no se negocian', las organizaciones alertan de que los compromisos alcanzados “traspasan límites legales y éticos” y suponen una “criminalización” tanto de las personas migrantes como de la sociedad civil.

El pronunciamiento llega en plena conformación del nuevo Ejecutivo autonómico que previsiblemente encabezará María Guardiola, y se suma a otras voces críticas que, en los últimos días, han cuestionado el contenido del pacto en ámbitos como la migración, la igualdad o la cooperación internacional.

En su análisis, la plataforma reconoce la legitimidad de los acuerdos parlamentarios, pero advierte de que “no todo vale” y sitúa los derechos humanos como una “línea roja” que no puede ser utilizada como moneda de cambio político. En este sentido, pone el foco en el lenguaje empleado en el debate público y denuncia que términos como “ilegal” para referirse a personas migrantes contribuyen a su deshumanización. “Ninguna persona es ilegal”, subrayan, recordando que la legislación española no tipifica como delito el hecho de migrar.

El comunicado también rechaza el uso del acrónimo 'MENAS', ampliamente extendido en el discurso político y mediático, y reivindica una denominación que no invisibilice la condición de menores: “niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”. A este respecto, cuestiona los argumentos sobre una supuesta “llegada masiva” de menores, señalando que en Extremadura el número de menores tutelados ronda los 150, frente a los 364 cuya acogida ha planteado el Gobierno central. “¿De verdad quieren hacernos creer que estas cifras ponen en riesgo la seguridad o el futuro laboral de la región?”, se preguntan.

Las organizaciones firmantes acusan además a PP y Vox de “mezclar de forma interesada” realidades distintas, como la de menores migrantes y la de menores sometidos a medidas judiciales, y de vincular la migración con fenómenos como la ocupación ilegal de viviendas. A su juicio, se trata de “bulos” que buscan generar miedo y rechazo social, pese a que —afirman— los datos oficiales no respaldan esas asociaciones.

Otro de los puntos más críticos del comunicado es la referencia a las entidades sociales que trabajan en la acogida y acompañamiento de personas migrantes. La plataforma denuncia que el acuerdo de gobierno las señala de forma “infundada”, acusándolas de colaborar con mafias o participar en actividades ilícitas. Frente a ello, reivindican su labor y aseguran que seguirán trabajando “con o sin fondos públicos” en la defensa de los derechos humanos.

En relación con las medidas anunciadas, también cuestionan propuestas como el refuerzo de pruebas de determinación de edad a menores migrantes, recordando que la legislación vigente solo permite su aplicación en ausencia de documentación. Asimismo, califican de “ilegal, islamófoba y machista” la posible prohibición del uso del burka o el nicab en espacios públicos, al considerar que vulneraría derechos fundamentales como la libertad religiosa o el derecho a la propia imagen, además de exceder las competencias autonómicas.

El texto incorpora además una crítica al enfoque identitario del acuerdo, señalando que ignora la herencia histórica de la cultura árabe en Extremadura y lamentando la intención de suprimir programas educativos vinculados a esta tradición. “Olvidan ocho siglos de historia que forman parte esencial del patrimonio extremeño”, apuntan.

Finalmente, la plataforma hace un llamamiento a la sociedad extremeña a implicarse activamente en la defensa de los derechos humanos. “No va de otros”, advierten, en un mensaje que busca contrarrestar los discursos de exclusión. “Nadie es ‘de fuera’ ni ‘distinto’: todas las personas forman parte de esta tierra”, concluyen, apelando a la movilización social frente a lo que consideran un avance del racismo, la xenofobia y la deshumanización en el debate político.

Datos

Los últimos datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura reflejan un incremento de la delincuencia juvenil en la región durante 2024. Un total de 307 menores fueron condenados por sentencia firme, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al año anterior, con una tasa de 7 condenados por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años, por encima de la media nacional. La mayoría de estos menores son hombres (81,8%) y predominan las edades de 14 y 15 años. Además, el informe destaca que el 88,9% de los condenados tiene nacionalidad española, lo que desmonta ciertos discursos que asocian delincuencia juvenil con población extranjera.

El documento también evidencia un fuerte incremento en el número de infracciones penales cometidas por menores, que alcanzan las 824, un 60,6% más que en 2023. En paralelo, los jueces adoptaron 471 medidas, siendo las más habituales la libertad vigilada (33,1%) y la prestación en beneficio de la comunidad (30,1%). Especialmente relevante es el aumento de los delitos sexuales, con 29 menores condenados en Extremadura, lo que supone un crecimiento significativo respecto al año anterior y apunta a una tendencia preocupante que requiere análisis desde una perspectiva social, educativa y de género para comprender sus causas y prevenir su evolución.

La convocatoria, impulsada por la Coordinadora Extremeña de ONG de Desarrollo (Congdex), hace un llamamiento a sus entidades socias, así como a movimientos sociales, plataformas y ciudadanía en general, para visibilizar su rechazo a lo que consideran una posible “negociación ideológica” de las políticas sociales.

En un comunicado, las organizaciones convocantes subrayan una serie de principios que consideran irrenunciables en la acción política. Entre ellos, destacan la defensa de los derechos humanos como eje fundamental de las políticas públicas, la igualdad de género y el reconocimiento de las violencias específicas que afectan a las mujeres, así como la lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

Asimismo, reivindican la cooperación internacional como herramienta clave para la solidaridad, la justicia global y la construcción de paz, y reclaman el papel central de la sociedad civil organizada en el funcionamiento de una democracia “saludable”.

Las entidades firmantes insisten en un mensaje central: “Las políticas sociales no pueden ser objeto de negociación ideológica”. Con esta consigna, pretenden trasladar a las instituciones y a la opinión pública la necesidad de blindar derechos fundamentales frente a acuerdos políticos que, a su juicio, podrían ponerlos en cuestión.

La concentración tendrá lugar en la Plaza de San Juan de Dios, donde se ubica la sede de la Asamblea de Extremadura, en un momento político clave para la región, marcado por el inicio de una nueva legislatura tras el pacto entre las fuerzas conservadoras. La protesta se desarrollará en los momentos previos al pleno de investidura, en el que María Guardiola aspira a ser proclamada presidenta del Gobierno autonómico.

Los fondos destinados a cooperación al desarrollo por las principales instituciones de Castilla-La Mancha sufren un “estancamiento total” y piden un “mayor esfuerzo”. La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de Castilla-La Mancha señala la ayuda oficial para la cooperación al desarrollo alcanzó un total de 5,92 millones de euros, según las conclusiones del Informe que han presentado correspondiente a 2025.

El 65% de la financiación llegó desde el Gobierno regional, mientras que el 35% restante a las entidades locales, como diputaciones provinciales y ayuntamientos.

Desde la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha exponen que la financiación otorgada por el Gobienro autonómico y relacionada con la cooperación al desarrollo representa el 0,03% de su presupuesto total, lo que supone un “porcentaje muy alejado del objetivo de referencia del 0,7% en Ayuda Oficial al Desarrollo”. Un objetivo histórico que nunca ha llegado a cumplirse.

En términos de esfuerzo relativo equivalen 2,85 euros por habitantes, cuatro céntimos más que en 2024 “lo que confirma la ausencia de avances significativos en el refuerzo de esta política pública”, han lamentado desde la entidad en una comparecencia ante la prensa celebrada hoy en Toledo.

El presidente de la Coordinadora de ONGD, Fernando Gutiérrez, expresa que cuando preguntan a los ayuntamientos por la razón que les lleva a no dedicar más fondos a la cooperación al desarrollo responden “que hacen lo que pueden”, pero en su opinión, esta postura “es simplemente falta de voluntad política, porque no es un tema que sea de interés para todos”. Advierte también que, en algunos casos, “quieren que la cooperación desaparezca, pero sin argumentos jurídicos ni económicos”.

Hoy ha reclamado en nombre de estas organizaciones que se les escuche “más” y que haya “unos mecanismos más ágiles de diálogo, de encuentro y de debate con la administración”, pues hay casos en los que un Consejo de Cooperación municipal ha durado “diez minutos”.

Gutiérrez aboga por “la necesidad de fortalecer la cooperación descentralizada”, porque “es mucho más fácil trabajar en red frente a una sola decisión que se tome desde Madrid, desde el Ministerio de Economía o de Asuntos Exteriores”.

¿Quién aporta más en las entidades locales?

El Ayuntamiento de Albacete, con 515.826 euros y la Diputación de Ciudad Real, con 475.750 euros, lideran los puestos de la financiación de las entidades locales durante el año 2025. Le siguen el Ayuntamiento de Toledo con 274.843 euros, la Diputación de Albacete con 232.000, el Ayuntamiento de Guadalajara con 181.473 euros, la Diputación de Cuenca con 150.000, el Ayuntamiento de Ciudad Real con 132.610 y la Diputación de Guadalajara con 130.000 euros. Ni el Ayuntamiento de Cuenca ni la Diputación de Toledo destinaron ningún euro a cooperación al desarrollo en 2025.

Fernando Gutiérrez ha señalado que, pese a que las cifras globales han crecido en la región un 15,8% desde 2021 a 2025, el balance de legislatura “es negativo”, y Castilla-La Mancha se sitúa, por ejemplo, detrás de comunidades uniprovinciales como La Rioja o Navarra, por lo que ha considerado que “es el momento de dar un paso adelante”.

“Ningún ayuntamiento, ninguna diputación o la Junta de Comunidades” va “a dejar ningún servicio sin cubrir porque dediquen más dinero a cooperación”, ha subrayado, insistiendo en la necesidad de acometer una “senda clara de crecimiento de fondos”.

A su juicio, el 0,7% no se va a conseguir el año próximo, “pero sí es necesario que, desde las administraciones, haya una planificación de crecimiento progresivo”, y que la Junta de Comunidades “dé un poquito más de ejemplo” y “ejerza este liderazgo sobre el resto de administraciones”.

Entidades y administraciones han llamado a la ciudadanía a marcar la casilla de la X solidaria en su declaración de la renta, lo que hicieron 306.622 extremeños en la campaña de 2024, en beneficio de proyectos sociales, más si cabe a tenor del “récord” en recaudación que se prevé este año en el país.

Marcar la casilla 106 de fines sociales permite destinar un 0,7% de los impuestos a proyectos sociales, sin ningún coste para el contribuyente, y es compatible con marcar la casilla destinada a la Iglesia.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Sebastián González, ha expresado en una comparecencia que “este ejercicio se espera un récord histórico en la recaudación de la renta”. “Si se obtiene más puede haber bastante más dinero para proyectos sociales, para necesidades de la población, para colectivos como los mayores, personas en situación de exclusión o vulnerabilidad, con discapacidad, infancia, mujeres y menores víctimas de violencia de género...”, ha dicho.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado a su vez que “en la actualidad hay más de 22 millones de personas con empleo, lo que conlleva un aumento en la recaudación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de las aportaciones del Estado en este ámbito y de las partidas destinadas a proyectos gracias a la casilla solidaria”.

La consejera de Salud en funciones, Sara García Espada, ha manifestado por su parte que esta solicitud llega además en un año “muy especial” para las asociaciones de la comunidad autónoma, pues por primera vez se ha abonado el importe alcanzado durante el año (más de 10,8 millones de euros gracias a la campaña de 2025) antes de comenzar el siguiente ejercicio (el de ejecución de los programas beneficiados), al haberse aportado antes del 31 de diciembre de 2025. “Esta circunstancia ha representado una estabilidad, pues algunas entidades se veían obligadas incluso a solicitar préstamos” para impulsar sus respectivos programas beneficiados, ha dicho.

Las entidades también solicitaban conocer antes de acabar el año qué asociaciones y programas serían subvencionados en el ejercicio siguiente, lo cual también se ha logrado, pues esta información se aportó antes de acabar 2025.

Más de 75.000 extremeños se benefician del apoyo a los programas que representa marcar la X solidaria, gesto que hicieron 306.622 extremeños (datos de la campaña 2024), un 54,08% del global de contribuyentes.

Rosa Gallardo, madre de un niño con síndrome de Down, la integrante de un programa de Cruz Roja destinado a mayores María Angeles López y Alejandro Pizano, persona sorda que ayuda a chavales del colectivo en su integración, han trasladado por su parte “la gran relevancia” que representa que la ciudadanía realice este gesto de solidaridad al presentar su declaración.

El comité de responsabilidad social corporativa de La Despensa Supermercados ha acordado incluir por un año más a la ONG 'Socorro de los Pobres', conocida popularmente como la 'ONG de Cipriano', en su plan de donaciones contra el desperdicio alimentario.

La compañía castellanomanchega, a través de su proyecto 'La Despensa Solidaria', sigue incrementando su compromiso con las personas más vulnerables, siendo conscientes “de las necesidades del entorno y actuando con responsabilidad social y solidaridad”.

El acto ha contado con la presencia de Reyes Calvo, secretaria de la ONG, y en representación de La Despensa Supermercados, de David García Lázaro, director de calidad y seguridad alimentaria y Luis Aznal, director de comunicación y RSC.                                                    

Un año más los voluntarios de la ONG recogerán cada semana los alimentos de las cinco tiendas de La Despensa Supermercados en la ciudad de Toledo.

Además, la compañía castellanomanchega, con sede en Toledo, vuelve a incluir en el acuerdo la entrega mensual de un vale de compra para para que la ONG pueda adquirir los alimentos más demandados por las familias.

El compromiso y la entrega de los voluntariados

Reyes Calvo expresó su “profunda gratitud” a La Despensa Supermercados por la renovación del acuerdo y todas las donaciones recibidas que, debido al aumento de las familias vulnerables, cada vez hay más necesidad de recibir estas donaciones.

Por su parte, David García Lázaro destacó la loable labor que lleva a cabo esta ONG y el compromiso y entrega de todos sus voluntarios, algo que nos obliga a seguir estando a su lado y atender a sus demandas.

Cipriano González fue el fundador de la ONG 'Socorro de los Pobres', que lleva más de cinco décadas repartiendo alimentos a personas vulnerables en Toledo. Falleció el 11 de abril de 2024 a los 86 años de edad, recibiendo innumerables muestras de cariño y agradecimiento de toda la sociedad toledana por su encomiable labor solidaria, gran carisma y energía ilimitada.

Su casa está situada en la Bajada de San Marti­n, numero 6, y es un local lleno de bolsas de alimentos y ropa nueva que recibe de sus donantes (particulares e instituciones) y que se encarga de administrar y repartir a las familias en paro y personas con muchas necesidades.

Cuando ha pasado un mes desde el comienzo de la ofensiva israelí contra Líbano —en paralelo con la campaña de bombardeos contra Irán—, el Gobierno de Benjamín Netanyahu no esconde sus planes de invadir y ocupar el país vecino, donde ha matado a más de 1.200 personas, incluidos 124 niños y niñas. Además, ha desplazado a más de 1,3 millones de personas —esto es, alrededor del 20% de la población—.

Los bombardeos contra viviendas, el desplazamiento masivo y forzoso de la población y la destrucción de infraestructuras civiles son similares a los que Israel llevó a cabo en Gaza desde octubre de 2023 y sus dirigentes buscan aplicar el mismo manual de guerra, tal y como han declarado, lo cual ya está causando una nueva catástrofe humanitaria en Líbano. 

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha dicho esta semana que “el modelo de Gaza no debe reproducirse en el Líbano”. Pero ese es plan del Gobierno de Netanyahu. Su ministro de Defensa, Israel Katz, anunció hace una semana que ordenó a las fuerzas armadas acelerar la demolición de viviendas en los pueblos libaneses situados cerca de la frontera con Israel, siguiendo “el modelo que se aplicó en Rafah y Beit Hanún en Gaza”. Ambas localidades (la primera, en el sur de la Franja y la segunda, en el norte) fueron arrasadas por las tropas israelíes durante el genocidio y toda su población, expulsada. Rafah y Beit Hanún siguen actualmente bajo control israelí, después de la entrada en vigor del alto el fuego el pasado octubre, que Israel viola prácticamente a diario.

Katz también aseguró que el ejército israelí mantendrá el control del territorio libanés al sur del río Litani, donde Israel considera que debe situarse la frontera con Líbano para contar con una zona de “amortiguación” entre los dos países. El ministro dijo que no se permitirá el regreso de los residentes de esa amplia área “hasta que la seguridad esté garantizada”. Quizás no puedan volver nunca, también porque no tendrán un hogar al que volver si sus casas son bombardeadas o destruidas con explosivos y excavadoras, tal y como hicieron las fuerzas israelíes en Gaza y en el sur del Líbano durante la ofensiva de 2024.

La zona al sur del río Litani que Israel ha ordenado evacuar

Homs

LÍBANO

Beirut

SIRIA

Sidón

Damasco

Tiro

Altos del

Golán

ocupados

por Israel

ISRAEL

N

20 km

Haifa

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La zona al sur del río Litani que Israel

ha ordenado evacuar

N

20 km

Homs

LÍBANO

Beirut

SIRIA

Sidón

Damasco

Tiro

Altos del

Golán

ocupados

por Israel

ISRAEL

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Además, Katz afirmó que Israel ha destruido varios puentes sobre el río Litani y que controlará los restantes. La ONU ha advertido de que solo un puente sigue operativo entre la región de Tiro (al sur del río) y Sidón, lo cual afecta a la posibilidad de los residentes de huir o de acceder a ayuda humanitaria. Las agencias de Naciones Unidas han calificado la actual crisis como la mayor que sufre Líbano en más de dos décadas y han alertado de que cada vez es más difícil ofrecer asistencia a los que más la necesitan “debido a las crecientes y reiteradas órdenes de desplazamiento, las hostilidades y los ataques contra la infraestructura civil, incluidos puentes clave”.

Al principio de su ofensiva, el Ejército israelí emitió órdenes de evacuación forzosa para toda la población al sur del río Litani y, más recientemente, pidió a esos habitantes que permanezcan al norte del río Zahrani —ubicado más al norte que el Litani y a unos 40 kilómetros de la frontera israelí—. El Ejército también ordenó la evacuación de los residentes de los suburbios al sur de la capital, Beirut, considerados un feudo del grupo chií Hezbolá.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha lamentado que los civiles que han decidido quedarse en las zonas sujetas a órdenes de evacuación están en riesgo de verse aislados y no recibir comida ni asistencia de ningún tipo. Además de forzar su desplazamiento, HRW ha destacado que Katz declaró que los “residentes chiíes” no iban a regresar a sus hogares hasta que Israel lo decidiera. Una medida de este tipo con base en la afiliación religiosa constituye una violación de los derechos humanos e “indica que la seguridad de los residentes no es el objetivo del desplazamiento”, según HRW.

“El Ejército israelí no tiene potestad para decidir cuándo los civiles pierden la protección que les otorga el derecho internacional ni se le debería permitir que impida a los residentes desplazados regresar a sus hogares basándose en estándares de ‘seguridad’ indefinidos”, ha dicho en un comunicado el investigador para Líbano de HRW, Ramzi Kaiss.

Netanyahu ha anunciado este domingo que las fuerzas armadas van a expandir la llamada “zona de amortiguación” en el sur de Líbano, lo cual conllevará el vaciamiento y la destrucción de una amplia área fronteriza, tal y como hizo Israel en el perímetro de Gaza.

Mientras, Unicef ha contabilizado el desplazamiento, en solo tres semanas, de más de 370.000 niños y niñas en Líbano. El Fondo de la ONU para la Infancia ha destacado que los pequeños no han tenido tiempo para recuperarse del trauma de la última escalada, hace apenas 15 meses. “Este ciclo constante de bombardeos y desplazamientos agrava profundamente sus heridas psicológicas, afianza el miedo y amenaza con causar daños emocionales graves y duraderos”, ha agregado en un comunicado.

Además, Unicef ha señalado que unas 435 escuelas públicas han sido convertidas en refugios, por lo que más de 115.000 estudiantes se han quedado sin clases. Pero, del total de desplazados, solo 135.000 están alojados en más de 660 refugios colectivos, la mayoría de los que han tenido que abandonar sus casas se encuentran en alojamientos informales o se han ido moviendo de un lugar a otro.

Ataques a centros y trabajadores sanitarios

Desde Médicos Sin Fronteras (MSF), han denunciado que las órdenes de evacuación emitidas por el Ejército israelí abarcan un 14% del territorio libanés y que, incluso en las zonas supuestamente seguras, “la población vive bajo la amenaza constante de ataques aéreos y con drones”. Mientras, para las personas que han decidido quedarse en sus hogares —porque no pueden marcharse por sus condiciones de salud o porque no tienen medios— es muy difícil acceder a los servicios sanitarios o que los trabajadores médicos lleguen a ellas, según un comunicado de MSF.

En todo Líbano, al menos cinco hospitales han tenido que ser evacuados y más de 54 centros de atención primaria de salud han cerrado. En el sur del país —la zona que Israel ha ordenado evacuar por completo—, siguen operativos varios hospitales y MSF les está brindando suministros médicos, combustible para los generadores eléctricos y artículos de socorro esenciales. Por ejemplo, el personal del hospital de Nabatiye ha decidido quedarse y seguir trabajando, aunque sea muy peligroso porque puede ser blanco de ataques en cualquier momento. “Llevan semanas soportando esta situación, con muy poco descanso, el peso de una presión y un miedo constantes, mientras siguen recibiendo grandes cantidades de heridos”, ha explicado la coordinadora médica de MSF, Luna Hammad.

Tanto MSF como otras organizaciones han denunciado los ataques repetidos contra la infraestructura y los trabajadores sanitarios, incluidos los denominados ataques de doble disparo: cuando los equipos de rescate y médicos llegan al lugar de un bombardeo, se lanza un segundo bombardeo cuyo objetivo son estos trabajadores esenciales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han registrado decenas de ataques contra centros sanitarios, con un saldo de 51 trabajadores médicos asesinados y más de 120 heridos. En uno de esos ataques, a mediados de marzo, murieron 12 sanitarios. Este sábado, nueve paramédicos perdieron la vida en cinco ataques separados, tal y como denunció el director general de la OMS.

“Tanto los civiles como las estructuras médicas están en peligro. Lo que estamos viviendo ahora en Líbano me recuerda demasiado a lo que llevamos tres años viviendo en Gaza”, ha dicho Emmanuel Massart, coordinador de emergencias de MSF en Líbano. Según Massart, “se ve claramente una repetición de un escenario en el que las personas reciben, de un día para otro, órdenes de evacuación. Sus hogares son bombardeados, lo pierden todo de repente y se ven obligados a desplazarse a otro lugar”.

Guerra contra el agua

La ONG Oxfam ha denunciado que, además de destruir infraestructura civil como puentes, Israel ha atacado instalaciones básicas de agua en diferentes puntos de Líbano, interrumpiendo el suministro de servicios vitales a pueblos y aldeas enteras. Según un informe de la organización internacional, Israel ha dañado al menos siete fuentes de agua vitales, incluyendo embalses, redes de tuberías y estaciones de bombeo que abastecían de agua a más de 7.000 personas en la zona del valle de la Bekaa (este), también considerado un feudo de Hezbolá.

En el sur de Líbano, se han registrado ataques en las zonas donde se encuentran instalaciones destacadas de agua, que Israel había atacado durante la guerra que lanzó en otoño de 2024 contra el país vecino. Después del alto el fuego de noviembre de 2024, el Ejército israelí mantuvo su presencia en territorio libanés y siguió atacando supuestos objetivos de Hezbolá, matando a civiles libaneses e impidiendo el regreso de muchos a sus hogares en el área más próxima a su frontera.

Según los datos de Oxfam, durante la ofensiva de 2024, Israel dañó más de 45 redes de agua en el Líbano, lo que afectó a casi medio millón de personas, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades y contribuyendo a la pérdida de medios de subsistencia, como la agricultura. La ONG teme que suceda lo mismo con los nuevos ataques y que Israel esté extendiendo a Líbano su “plan militar de atacar las infraestructuras hídricas, utilizado durante el genocidio en Gaza”.

“Es evidente que las fuerzas israelíes están repitiendo el mismo patrón en el Líbano que en Gaza: atacar a civiles, infraestructuras civiles críticas, personal de servicios de emergencia y trabajadores humanitarios”, ha señalado en un comunicado Bachir Ayoub, director de Oxfam en el Líbano. “Su objetivo es propagar el descontrol y el miedo entre la población, ignorando el derecho internacional”.

“La impunidad de la que ha gozado Israel en Gaza al cometer crímenes de guerra relacionados con el agua queda de nuevo expuesta”, ha lamentado Ayoub. “El mundo ha demostrado que Israel puede hacer lo que quiera y cuando quiera, sin consecuencias, y una vez más es la población civil quien paga el precio más alto por esta inacción”.

Mi primera estancia en Gaza fue entre noviembre y diciembre de 2024. Volví en noviembre de 2025 como responsable de actividades de enfermería de Médicos Sin Fronteras (MSF) y me quedé casi cuatro meses, hasta finales de febrero, cuando todo el personal internacional de las ONG afectadas por la cancelación de su registro tuvo que abandonar el territorio.

Prolongué mi estancia cuando supimos que Israel no permitiría la entrada de reemplazos internacionales. Como responsable de enfermería para el sur de Gaza, visité y supervisé varias instalaciones en el sur y también viajé al norte para supervisar uno de los hospitales a los que prestamos apoyo allí, el Hospital Al Helou, así como la clínica de la zona de Al Zeytoun, en Ciudad de Gaza.

Incluso durante lo que se viene denominando alto el fuego (desde octubre de 2025), nunca se ha tenido la sensación de que los combates hayan cesado realmente. Los drones sobrevuelan constantemente la zona. Se pueden oír ataques aéreos todos los días. El número de víctimas mortales puede haber disminuido en comparación con antes del acuerdo, pero la violencia nunca ha desaparecido.

Lo que he visto esta vez ha sido más destrucción aún. El sistema sanitario está devastado. Hay menos edificios en pie. Más tiendas de campaña. Más familias desplazadas y hacinadas en zonas cada vez más reducidas. La situación es inhumana y cada día vemos las consecuencias médicas que sufren las personas en Gaza debido a las condiciones en las que se ven obligadas a vivir.

Vemos infecciones respiratorias: neumonía, bronquiolitis, niños expuestos al frío invernal en tiendas de campaña improvisadas sin calefacción. Tratamos de forma incesante casos de gastroenteritis aguda porque el agua potable sigue siendo escasa. La gente hace cola todos los días solo para recoger agua, como lleva haciendo desde hace más de dos años. Las enfermedades de la piel están muy extendidas debido al hacinamiento y la falta de higiene.

Desde el 1 de enero de 2026, MSF no ha podido introducir ningún suministro en Gaza. Desde finales de febrero, todo nuestro personal internacional se ha visto obligado a abandonar Gaza tras la decisión de Israel de retirar la autorización a MSF y a otras 36 ONG para operar en Palestina

La necesidad de atención de heridas es abrumadora. En un momento dado, llegamos a realizar hasta 900 curas a la semana. Muchas de estas heridas tienen meses, son lesiones que nunca se curaron adecuadamente. Traté a jóvenes de 18 y 19 años que ahora están paralizados por heridas de bala en la columna vertebral, confinados en la cama, con úlceras por presión que se infectan fácilmente en estas condiciones de vida.

También vemos a muchos pacientes con fijadores externos aún colocados en sus extremidades, esperando cirugías que no se pueden realizar dentro de Gaza. Las evacuaciones médicas son extremadamente limitadas. Según la Organización Mundial de la Salud, 18.500 pacientes necesitan atención especializada que no existe en Gaza, pero no se les permite salir.

No puedo olvidar a Mohamed, un niño de tres años con desnutrición crónica y necesidades médicas complejas. Lo tratamos con leche terapéutica y mejoró, pero una vez que regresó a casa, su estado volvió a deteriorarse. La última vez que lo vi, había perdido mucho peso porque se negaba a tomar el producto a base de cacahuetes que se utiliza para tratar la desnutrición fuera del hospital. Es celíaco y tiene otras necesidades dietéticas especiales. Mohamed sigue esperando ser evacuado. Sin acceso a atención médica fuera de Gaza, los niños como él pueden no sobrevivir, por mucho que nos esforcemos.

Nuestro personal palestino vive esta misma realidad. Sufren la misma inseguridad, las mismas carencias y la misma presión psicológica que el resto de la población. La amenaza de un ataque nunca desaparece.

Nuestros colegas palestinos son quienes llevan adelante la respuesta de MSF. Pero apoyarlos en la distancia nunca será lo mismo que estar a su lado, siendo testigos y ayudando a quienes han mantenido en funcionamiento un sistema de salud devastado tras más de dos años de un trabajo sin descanso.

Nuestro personal palestino vive esta misma realidad. Sufren la misma inseguridad, las mismas carencias y la misma presión psicológica que el resto de la población

Mientras estaba sentada en el autobús que salía de Gaza, tenía un nudo en la garganta. Cada vez que volvemos, la destrucción es peor. Esta vez, me fui preguntándome cómo estará todo si nos permiten volver y cuándo.

Desde el 1 de enero de 2026, MSF no ha podido introducir ningún suministro en Gaza. Desde finales de febrero, todo nuestro personal internacional se ha visto obligado a abandonar Gaza tras la decisión de Israel de retirar la autorización a MSF y a otras 36 ONG para operar en Palestina. Esto tendrá consecuencias catastróficas para las personas que dependen casi por completo de la ayuda humanitaria, incluyendo agua, alimentos, atención sanitaria, saneamiento y educación. Las necesidades son enormes.

Los palestinos nos piden que hablemos de lo que hemos visto, de cómo viven, de la violencia y el bloqueo continuos que condicionan todos los aspectos de sus vidas. Eso es lo que puedo hacer ahora. Hablar. Y esperar que algún día MSF, y todas las demás organizaciones, puedan trabajar libremente, porque los palestinos de Gaza lo necesitan desesperadamente.

MSF sigue presente en la Franja con más 1.200 trabajadores palestinos y mantiene su compromiso de seguir prestando asistencia en Palestina durante el mayor tiempo posible.

La Asociación Navarra de Amigos República Árabe Saharaui Democrática (ANARASD) ha enviado este lunes un camión con siete toneladas de “suministros vitales” destinados a la población refugiada saharaui en los campamentos de Tindouf (Argelia). Este camión hace el número 26 de los enviados por ANARASD y contiene materiales de los proyectos y diferentes donaciones recibidas.

De las siete toneladas enviadas, 1.750 kilos son medicamentos, y también se han enviado colchones, sabanas, aparataje sanitario, mobiliario para hospitales, y material necesario para la elaboración de libros de texto de los niños saharauis (nuevas impresoras, grapadora eléctrica, papel, portadas, tonner, etc.).

El camión, conducido por voluntarios, irá al puerto de Alicante, donde se reunirá con otros vehículos enviados desde otras comunidades y desde donde, “después de pasar las necesarias inspecciones de aduanas y farmacéutica”, saldrá en barco hasta el puerto argelino de Orán. Desde allí recorrerá 1.800 km hasta los campamentos de población refugiada saharaui, donde será recibido por el equipo de ANARASD, que distribuirá su carga en sus diferentes destinos.

“El pueblo saharaui ha cumplido 50 años de exilio, de obligado refugio, de familias separadas, de represión a la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos, y por si fuera poco, en este momento existe una grave crisis humanitaria en los campamentos que se agrava día a día y que afecta sobre todo a la alimentación de la población refugiada, pero también a sectores prioritarios como la distribución de agua, la salud, la educación, las infraestructuras, debido, fundamentalmente, a la reducción de fondos de los distintos Países donantes, y como consecuencia de las Agencias Internacionales, las crisis emergentes y, en definitiva y fundamentalmente, al olvido de la comunidad internacional”, han señalado desde ANARASD en un comunicado.

“Vamos a seguir trabajando con, por y para el pueblo saharaui, en tanto en cuanto no se resuelva el conflicto político, origen de su situación y se cumpla el compromiso, firmado por la ONU, de la celebración del referéndum de autodeterminación a través del que puedan recuperar su territorio y vivir en un Sáhara libre y en paz”, han añadido.

Desde la asociación han mostrado su agradecimiento al Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra, Intergrupo Parlamentario 'Paz y Libertad en el Sahara/Bakea eta askatasuna Saharan', Ayuntamiento de Pamplona y a “otros muchos Ayuntamientos navarros que también nos financian”.

También han agradecido la colaboración y donaciones del equipo del centro Psicogeriátrico San Francisco Javier, al equipo del Centro Félix Garrido, a Traperos de Emaús, al Nafarroa Oiñez, a quienes han pintado el camión y los proveedores que “nos apoyan de forma especial”.

Juana Ruiz ya no vive en Palestina. Pero quiere volver cuando pueda. La escalada de conflictos en la zona hicieron que las vacaciones del verano de 2024 en suelo español se convirtieran en indefinidas después de 40 años viviendo en territorio palestino, bien en Cisjordania, bien en Gaza.

Esta activista trabajó sobre el terreno durante 18 años como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees (HWC) hasta que fue arrestada por Israel bajo acusación de terrorismo, precisamente, por su trabajo como cooperante en la organización. Su encarcelamiento durante casi 300 días en dos prisiones israelíes terminó en febrero de 2022 y ahora recorre España presentando el documental 'Espacio Menguante', dirigido por Cristina Mora y Norma Nebot, que muestra cómo en los últimos años Israel ha ilegalizado a las principales ONG palestinas y ha perseguido a las personas que trabajan en ellas como terroristas.

“O todas o ninguna”

Este lunes, aprovechando su paso por Toledo para proyectarlo, ha mantenido una entrevista con elDiario.es Castilla-La Mancha en la que ha reivindicado el papel de las mujeres tanto como clave en su paso por prisión como “columna vertebral” de la resistencia palestina. “Mis compañeras han sido lo mejor de mi paso por la cárcel”, asegura.

Tras pasar un primer mes en una cárcel de hombres en el que no le dio tiempo a entablar demasiada relación con ninguna otra de las mujeres que iban y venían, la situación cambió con su traslado a otra prisión, esta vez sí, de mujeres, donde se rió por primera vez desde su arresto. “Todas eran mujeres palestinas, y esperaban que no hablara árabe. Cuando empecé a hablar y a contarles cosas, una dijo indignada: ¿Quién ha sido la que ha dicho que Juana no habla árabe?. Esa fue la primera carcajada que tuve en un mes”.

Éramos o todas o ninguna. Eso me dio muchos valores y me sacó de la soledad y la tristeza. Si no hubiera sido por ellas, creo que hubiera salido muy mal. Le debo mucho a ellas

Cuenta que en la cárcel existía una ley no escrita: “Seas de donde seas, vengas de donde vengas, eres una amiga. Y a las amigas hay protegerlas”. Y gracias a eso, asegura, nunca se sintió sola. “Era una comunidad. Éramos o todas o ninguna. Eso me dio muchos valores y me sacó de la soledad y la tristeza. Si no hubiera sido por ellas, creo que hubiera salido muy mal. Le debo mucho a ellas”.

Juana sigue teniendo relación con algunas de sus compañeras que, como ella, también han logrado salir de prisión. Cuenta que la mayoría de ellas también están abandonando Palestina con sus familias por miedo a nuevos arrestos.

“Nos quedamos en España hasta ver si las cosas mejoran, pero van empeorando”, afirma resignada, añadiendo que la situación actual les preocupa.

“Miedo constante” de las mujeres

“Ser mujer ahora mismo en Palestina es terrorífico”, lamenta. “Es un miedo constante a que se lleven a tu pareja o a tus hijos. Además, no hay trabajo y en Gaza no entra ni un 10% de la ayuda humanitaria que envían”.

También señala que faltan alimentos, medicinas y se producen muertes durante los embarazos, situaciones a las que se suma una presión creciente por parte de los colonos israelíes, que “asfixian” cada vez más las ciudades palestinas.

“Cada ciudad tiene una puerta de entrada y de salida que abren y cierran cuando ellos quieren. Hay gente que vive en Belén pero trabaja en Ramala y las pasa canutas para llegar. Muchos están perdiendo el trabajo, y las empresas también están perdiendo dinero porque no hay inversiones. No entran ni salen mercancías y ahora, como los israelíes tienen restricciones de gasolina por la guerra de Irán, están cortando los suministros de agua y electricidad”.

Juana asegura que desde el ataque de Hamás el 7 de octubre 2023, la situación ha ido “de mal en peor” y mucha gente está vendiendo sus posesiones para huir.

No obstante, ella reivindica que las mujeres son la “columna vertebral” de la resistencia palestina. “Es que es así. Ellas son las que, en silencio y calladas, sostienen la vida dentro de las familias”.

“Recogen las cosas de la tierra, las venden en los mercados, están pendientes de que los hijos vayan al colegio, están pendientes de todo... Es su manera de sobrevivir. Si falla la mujer allí, fallará todo. No tiene comparación su manera de sufrimiento, de aguante y de fortaleza. No he visto algo así en ningún sitio”.

Y eso le ha llevado a concluir que “las mujeres debemos unirnos” para hacer frente a cualquier situación. “Al final las mujeres tenemos los mismos problemas, así que lo principal es apoyarnos, no criticarnos”.

La primera vez que Fausto cogió una cámara, fotografió a Denilson, un joven que camina apoyándose en una vieja silla de ruedas convertida en andador. Retrató las paredes de chapas que levantan las casas en Camizungo, a las mujeres que sostienen con sus manos la comunidad, las sonrisas de unos niños que no conocen otro mundo más allá de esta aldea rural, situada a 60 kilómetros de Luanda, la capital de Angola, atravesada por la pobreza, el hambre y la falta de escolarización.

En Camizungo, la fotografía no es una costumbre. Tampoco una necesidad básica. Pero sí una oportunidad. De esa convicción nació el proyecto 'Primeras Miradas', impulsado por las fotógrafas andaluzas Noelia G. León y Anne Laure Kesteman, y que ha cobrado vida gracias a la labor que la ONGD Mundo Orenda desarrolla en Angola, al sur de África. La iniciativa parte de una pregunta: “¿Cómo es posible que la mayor parte del imaginario visual que tenemos sobre todo un continente haya sido construido por miradas occidentales, y no por quien lo vive, lo respira, lo trabaja o lo sufre?”.

Esa fue la reflexión que llevó a Noelia a proponerse “luchar contra la mirada colonial”, acercando la fotografía a jóvenes de comunidades rurales. Frente a esa lógica colonialista, el proyecto propone algo sencillo y radical a la vez: cambiar el foco y poner la cámara en manos de quienes viven esa realidad. No para enseñarles a mirar, sino para dejar que su mirada exista. Para que puedan contar su mundo y ayudar a transformarlo.

Un mes de estudios con cada imagen vendida

“Le das una cámara a un adolescente y le ofreces la posibilidad de mostrar cómo ve el mundo”, resume Rebeca Herrera, la directora de esta organización para el desarrollo con sede en Alcalá de Guadaira (Sevilla). Y eso fue lo que hicieron. Una de las voluntarias que viajó a Angola el verano pasado con la ONG impartió talleres de fotografía analógica a un grupo de jóvenes de Camizungo y otro del orfanato Casa do Gaiato, con el que colabora Mundo Orenda en Malanje.

A partir de ahí “el proyecto toma cuerpo gracias a la implicación y colaboración desinteresada de agentes del mundo de la fotografía, sin los cuales, no hubiese sido posible”, reconoce la fotógrafa sevillana. Con cámaras donadas y carretes enviados desde España —gracias al empuje de Disparafilm—, los participantes aprendieron no solo a encuadrar, sino a pensar qué querían contar de su realidad.

La voluntaria encargada del taller trasladó después los negativos a Sevilla, donde el laboratorio analógico NadaCarrete se encargó del revelado y escaneado. Con todo ese material se organizó la primera exposición solidaria, gracias a la recaudación impulsada por Exposure PrintSwap. El resultado vio la luz el 6 de febrero en la sede de NadaCarrete. Desde entonces, todas las fotografías están a la venta. Cada imagen tiene un precio de 20 euros, que se destina a financiar aproximadamente un mes de educación para su autor o autora dentro de los programas educativos de Mundo Orenda.

“Cuando un joven puede continuar sus estudios con la ayuda de este tipo de iniciativas, cambia todo”, asegura Rebeca Herrera. Según la cooperante, formarse significa “romper por completo el ciclo de pobreza y exclusión, no solo para él o para ella, sino también para su familia y para la comunidad”. En última instancia, no tener que interrumpir su formación profesional “amplía su horizonte de vida y le hace aspirar a cumplir los sueños que tiene”, añade la directora de la organización.

La fotografía como herramienta de futuro

Esta iniciativa plantea, además, que ellos mismos generen un beneficio económico que repercute de forma directa y tangible en la construcción de una perspectiva de futuro. “Esto es, sin duda, utilizar la fotografía como una realidad transformadora”, describe la impulsora del proyecto.

En este sentido, la directora de la ONG destaca del proyecto 'Primeras Miradas' que sitúe a los jóvenes que han participado en el taller “no como receptores de la ayuda, sino como narradores que plasman su propia realidad a través de la fotografía”.

A ojos de Rebeca, esta iniciativa demuestra que hay muchas formas de cooperar: “No solo desde la asistencia humanitaria, sino también a través del arte, que es una herramienta de empoderamiento y de dignificación de vida”.

Precisamente, Noelia confiesa que, más allá del impacto que le causó asomarse a la realidad de estos jóvenes, lo que más le sorprendió al ver las fotografías reveladas fue percibir inquietudes artísticas. “Es un jarro de humildad comprobar que el sentido artístico no es pertenencia exclusiva del mundo desarrollado”, comenta la fotógrafa sevillana.

“Piensas que alguien que nunca ha fotografiado va a tender a documentar, pero esos jóvenes, sin haberse enfrentado nunca a esta disciplina artística, cuando tienen la cámara a su servicio, la utilizan como medio de expresión para transmitir belleza, amistad o agradecimiento”, afirma.

Gracias a la acogida de la comunidad de fotografía analógica en España, el proyecto ha podido crecer más allá de lo esperado. Tras la inauguración de la exposición en febrero, se han vendido 24 fotografías. Actualmente, negocian con festivales nacionales para llevar la muestra a otros lugares, como harán en septiembre en la sede de AFOGRA, en Granada. Mientras tanto, la venta online continúa en marcha.

Noelia tiene ilusión en darle continuidad al proyecto el próximo campus de voluntariado previsto para este verano. Pero lo que más desea ahora mismo es que los protagonistas del taller “tengan conocimiento de la pequeña revolución que han provocado y que asuman que pueden generar dinero con sus fotos”.

Fausto, Nata, Comboio, Jacob, Betinho, Marta y Tina aún no son plenamente conscientes del impacto que sus imágenes han tenido al otro lado del mundo. Rebeca Herrera espera poder compartirlo con ellos cuando regrese a Angola este verano. Está convencida de que se sentirán orgullosos. “Ganarán autoestima al saber que su forma de ver el mundo tiene un valor artístico y humano, porque mueve muchos corazones a miles de kilómetros”, afirma.

En el fondo, esa es también la esencia del proyecto. Demostrar que la fotografía no es un lujo reservado a quienes tienen más recursos, sino un lenguaje universal capaz de abrir horizontes. Una herramienta para contar la propia historia, para generar oportunidades y para imaginar un futuro distinto. Todo ello reafirma una de las convicciones de Noelia: “La fotografía debe estar al alcance de todos”.

Los VII Premios Desalambre se convirtieron en un espacio de debate y reflexión bajo la pregunta ‘¿Qué pasaría si no estuviéramos? La crisis de la ayuda humanitaria global’, que analizó la situación de las organizaciones de ayuda humanitaria en un momento, el actual, con necesidades crecientes por conflictos y crisis y cada vez menos ayuda oficial a este tipo de proyectos.

Bajo la moderación de Gabriela Sánchez, la mesa reunió a Virginia Saiz, directora general de Plan International en España; Isla Ramos, directora general de Save The Children en España; y María del Mar Líndez, directora general de Aldeas Infantiles SOS, quienes coincidieron en que la pregunta sobre la ausencia de las ONG no es solo hipotética en un mundo “cada vez menos solidario y más bélico”, en palabra de Saiz.

La conversación arrancó con una crudeza necesaria para un panorama desolador: la caída de la ayuda oficial al desarrollo entre un 9 y un 17% en 2025 y el desmantelamiento de grandes sistemas de donación como USAID (United States Agency for International Development, por sus siglas en inglés) en un movimiento que, según los datos aportados, podría provocar que “14 millones de personas puedan morir de aquí al 2030”.

Uno de los puntos más críticos del debate fue la denuncia de las llamadas “crisis olvidadas”, con el foco puesto en el conflicto de Sudán. Isla Ramos describió una realidad de “crisis sobre crisis” en la que el colapso del Estado y la inseguridad extrema impiden que la información llegue a los medios. También compartió el desolador mensaje que le transmite su equipo sobre el terreno: “Las personas en Sudán nos dicen que nos hemos olvidado de ellos”.

Pese a este silencio mediático, las organizaciones reivindicaron su papel de primera respuesta en contextos donde nadie más llega. Virginia Saiz recordó que, ante la emergencia sudanesa, su organización fue la primera en responder, logrando entregar “kits de alimentos a 12.000 familias”. Esta labor de terreno, según la experta, es lo que permite que las comunidades mantengan un hilo de esperanza cuando las estructuras estatales desaparecen.

Saiz incidió en que el trabajo de las organizaciones es mucho más complejo que la imagen simplista y paternalista que se suele tener del “blanco del norte que llega a dar comida a los niños pobres”. Defendió un modelo basado en soluciones locales y en la incidencia política, subrayando que llevan a cabo “un enfoque de soluciones”, como lograr leyes contra el matrimonio infantil o políticas de desarrollo en países como República Dominicana o Uganda.

Por su parte, Isla Ramos lanzó una serie de preguntas punzantes, en la línea del propio título vertebrador del debate, para subrayar la relevancia del sector en el terreno: “Si no existieran las ONG, ¿quién sería el primero en llegar y el último en marcharse?”. Ramos hizo hincapié en el papel de estas organizaciones como conectoras de las comunidades con las instituciones internacionales y como altavoces de denuncia, cuestionando directamente: “¿Quién alzaría la voz? ¿Quién daría voz a todas esas personas?”.

Reinvención del modelo de ayuda

El debate también abordó la necesidad de una autocrítica profunda sobre el modelo de ayuda. Virginia Saiz fue tajante al señalar que la crisis financiera actual es “el golpe que el sector necesitaba para reinventarnos” y para alejarse definitivamente de la mirada colonial. Según Saiz, es imperativo reconocer que “el sur de hoy no es el sur de hace 30 o 40 años” y que el papel de las ONG del norte debe ser el de trabajar como iguales, apreciando las capacidades y la sociedad civil ya existente en cada país. En este mismo aspecto quiso incidir Mar del Mar Linde, que resaltó la importancia de ayudar “a desarrollar capacidades para buscar soluciones” en los propios países.

Linde trasladó también la reflexión al ámbito de la protección de la infancia, tanto en contextos de guerra como en la realidad cotidiana de España. Recordó que en 2024 se registraron 55.010 niños y niñas en el sistema de protección español y enfatizó que “detrás de este número hay 55.010 situaciones y vidas vulnerables”. Para Linde, la labor de las organizaciones es vital para garantizar un “entorno protector y seguro”, factores determinantes para que estos menores tengan oportunidades de futuro y no caigan en la exclusión social.

La mesa concluyó con un sentimiento de urgencia a dar respuesta a las crecientes necesidades y una reivindicación del papel de las ONG no solo como gestoras, sino como observadoras y denunciantes. La pregunta inicial se respondió con una advertencia sobre la invisibilidad: sin estas organizaciones, miles de niños y comunidades perderían su red de apoyo y su capacidad de ser escuchados. Como recalcó Gabriela Sánchez al final del encuentro, la prevención y el apoyo sostenido son lo único capaz de cambiar trayectorias de vida que, de otro modo, estarían condenadas al olvido.