La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el pasado 1 de septiembre la orden de ascenso a coronel del guardia civil Antonio Balas, quien ha estado al frente del departamento Anticorrupción de la UCO en los últimos años. El ascenso supone el cambio de destino de Balas, ya que su puesto está destinado a un teniente coronel, pero en la orden Robles accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno para que siga al frente del caso Koldo o Cerdán que se sigue en la Audiencia Nacional.

Balas permanecerá en la UCO a través de una comisión de servicio que acabará “al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore al adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido”, recoge la orden publicada por el Boletín Oficial de Defensa.

Tanto el auto como el informe del fiscal Luis Pastor que han motivado la decisión de la ministra de Defensa, de la que depende orgánicamente la Guardia Civil, pedían que Balas pudiera “continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación”. Pastor y el juez se dirigían al superior de Balas en la UCO, el coronel Pedro Merino Castro.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, firmó el ascenso de Balas a finales de junio, pero está establecido que la doble dependencia de la Guardia Civil, por su naturaleza militar, conlleve la firma de la titular de este último Ministerio.

El fiscal Pastor, en su informe, explicaba que Balas es uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación del caso Koldo y que “ha tenido un papel relevante en el curso de la misma”. Y por ello, en atención al artículo 16 de la norma que regula el papel de la Policía Judicial interesa que permanezca en su destino del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO “por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación”.

Los casos del PSOE y el Gobierno

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

Ya no es un simple choque del Ministerio de Defensa con el de Interior, sino con el conjunto del Gobierno de Pedro Sánchez. Margarita Robles vuelve a desmarcarse de la línea oficial del Ejecutivo e insiste en sede parlamentaria en que los servicios de Inteligencia españoles sí trasladaron avisos el día previo a la entrada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos por la frontera del Tarajal. Un extremo sobre el que incluso aporta ahora algún detalle y que desde Moncloa desmienten de manera rotunda. “O no se le ha entendido, o ella no se habrá explicado bien. Ni hay informes, ni hay avisos orales por parte del CNI a Delegación del gobierno, ni a ningún miembro del Gobierno, de que algo remotamente similar a lo que pasó pudiera suceder”, responden.

La contundente respuesta desde Presidencia del Gobierno choca con lo expuesto por Robles este martes en el Congreso durante su comparecencia por la crisis de Ceuta. “El día 29 de julio esos funcionarios [del CNI] que trabajan en Ceuta dan cuenta en la Delegación del Gobierno de esa convocatoria para el día siguiente para poder entrar a nado aprovechando esa fiesta que se daba en el país vecino”, expuso la ministra, que dio a entender que ese “aviso” se trasladó vía oral. “Esto de si hay informes o si no hay informes... Los servicios de Inteligencia operan de muchas maneras”, deslizó tras dejar a todo el mundo asombrado por revelar abiertamente que en territorio ceutí trabajan 25 miembros del CNI.

A la misma hora de esa comparecencia, el ministro del Interior atendía a los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer nada parecido a lo que sucedió, ni de nuestros servicios de Inteligencia, ni de ningún otro servicio de información de países amigos”, contestó a los periodistas Fernando Grande-Marlaska justo antes de señalar sucintamente a Margarita Robles como máxima responsable jerárquica del CNI. “¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo así no se habría elevado al nivel de las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?”.

Esa reflexión la comparten otros compañeros de Gobierno de la ministra de Defensa, que creen incluso que en su intento de defender a los servicios de Inteligencia o de señalar a su archienemigo Marlaska, Margarita Robles también deja en entredicho su papel en esta crisis. Porque nadie cree mínimamente realista un escenario en el que el CNI hubiera tenido información y no se la hubiera trasladado a su ministra. Y mucho menos uno en que la titular de Defensa tuviera esa información y no la hubiese compartido con el presidente.

Por eso, el argumentario oficial del Palacio de la Moncloa hace encaje de bolillos para no escenificar aún más la brecha evidente entre el discurso estratégico del Ejecutivo y el verso suelto de Margarita Robles. “Queremos entender que no son exposiciones contradictorias. No interpretamos que ella haya dicho que había informes ni siquiera orales, porque la evidencia es que no existe ese papel ni tampoco llamada conocida de nadie del CNI a nadie del Gobierno”, apuntan desde el Ejecutivo.

Desde Delegación del Gobierno han respondido a última hora que lo único que les fue comunicado desde finales de julio se refería a la evolución diaria de las entradas por vía marítima. “Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio”, sostiene un comunicado difundido este martes.

Primera comparecencia en el Congreso

La ministra de Defensa, Margarita Robles, asumió este martes el papel de ser la primera integrante del Gobierno en dar explicaciones en sede parlamentaria sobre lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio, y la gestión posterior de la crisis. Robles comenzó su comparecencia pidiendo “disculpas” a los ceutíes que “se hayan sentido abandonados o no suficientemente acompañados”. Y la cerró, tres horas después, asumiendo algo que, hasta ahora, nadie había hecho: que el Gobierno “ha llegado tarde” para asistir a la población, “porque la gente está sufriendo”.

Pero el motivo de la comparecencia no era pedir perdón, sino informar sobre lo ocurrido el día 30 y 31 de julio en Ceuta, así como la labor de los diferentes servicios de información en los días previos. Robles se apoyó en un informe del Estado Mayor de la Defensa para afirmar que la crisis se produjo en tres fases.

La primera, la “preparación y ejecución de un cruce por mar” a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la prohibición de las devoluciones en caliente a quienes accedan a España a nado. La propagación por redes sociales de esta información y del preparativo provocó un efecto llamada que convirtió en “miles” los iniciales “centenares” de personas que iban a dar el salto, según relató.

El día de la entrada masiva, prosiguió, se constató que “varias decenas de miles cruzaron la frontera dominados por una sensación de urgencia” y por la propagación en redes de imágenes que mostraban una frontera vacía en el lado marroquí a cuenta de la Fiesta del Trono. Según la ministra de Defensa, la mayoría se pusieron en marcha de forma inopinada: “El análisis de las imágenes evidencia que la inmensa mayoría no estaban preparados, no habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad”.

La tercera fase es el “retorno masivo” de la mayoría marroquí, desencantados, siempre según el relato de Defensa, porque los ciudadanos musulmanes de Ceuta no les dieron apoyo. Robles concluyó que, según los informes de los expertos del Gobierno, “el asalto se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por los mensajes en redes sociales de la supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras”. Y la ministra también reconoció la existencia de “actores interesados que probablemente hayan favorecido esta crisis, o la estén usando con una finalidad política de desestabilización”.

El jueves se retomarán las comparecencias del Gobierno y el turno será para Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, y de la titular de Sanidad, Mónica García. Está previsto que el viernes acudan a la Cámara Baja los ministros de Exteriores, Interior y Migraciones.

El jueves 30 de julio estaba yo tal que hoy, escribiendo mi artículo para el día siguiente. Era un día tranquilo, la gente tenía ya la cabeza puesta en las vacaciones, calma chicha en la actualidad política. Dejé escrito mi artículo temprano, uno sobre las quejas laborales de los bomberos forestales en plena ola de incendios, y me fui a echar el día a la playa con mis hijas y unos amigos. A primera hora de la tarde, estando yo en la sombrilla, me llamó Marco, el jefe de Opinión, para pedirme que escribiese de lo que estaba ya pasando en Ceuta, la entrada de cientos de personas por la frontera. Así que me fui al chiringuito, leí las últimas noticias y escribí sobre lo que a esa hora parecía una crisis migratoria no muy diferente a la de 2021. En mi artículo hablaba de “2.000 o 3.000 personas” pero esa misma noche, regresando a Sevilla en el coche, en la radio hablaban ya de 30.000, así que paré en una gasolinera y avisé a la redacción para corregir mi artículo: solo pedí que añadiesen un cero a mis cifras, “20.000 o 30.000 personas”, pues la idea de fondo se mantenía (crisis migratoria). Así de espabilado estaba yo aquel día. Como analista de política migratoria y relaciones España-Marruecos no tengo precio, no me digan.

Si enseño mi apasionante cocina periodística de aquel día, es para demostrar que lo de Ceuta no se podía saber, no se podía anticipar, fue toda una sorpresa. Si yo, un columnista de medio pelo que escribe desde el chiringuito, no lo vi venir, ¡cómo lo iban a anticipar el Gobierno, los servicios de inteligencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el ejército, los agentes destinados en Ceuta, los informadores que se supone que tenemos en Marruecos o los expertos que deben asesorar al Gobierno! ¡Nadie lo podía saber! ¿Cómo iban a enterarse todos ellos del movimiento de 80.000 personas hacia Ceuta, si no me coscaba yo desde la sombrilla?

¿Se entiende la ironía o hago un dibujo? Casi un mes después de la entrada masiva de personas en Ceuta, el flanco más débil de la posición del Gobierno sigue siendo la ceguera de aquella semana, que les cogiese desprevenidos. Que no reaccionasen a tiempo, que no hicieran nada para reforzar la frontera, que no se coordinasen con Marruecos, y que no tuviesen preparada una respuesta no solo policial sino también humanitaria, que ha tardado semanas en llegar. Se ha dicho muchas veces, para acusar a Marruecos de complicidad, que 80.000 personas con neoprenos y flotadores no se mueven de repente sin que nadie las vea. Tampoco sin que las vean desde España.

Lo cierto es que no hacía falta ser un espía con fuentes bien informadas en Marruecos: aquella misma mañana, mientras conducía hacia la playa, escuché en la radio al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. En honor a la verdad, nadie puede decir que Vivas no lo vio venir ni lo avisó. Sus palabras a esa hora, cuando solo habían entrado varios cientos en los días previos, eran de total alarma, alertaba del desborde y la “emergencia humanitaria y social”, y pedía ya al Gobierno el mando único que ha tardado un mes en llegar. No solo Vivas: la prensa ceutí de aquella semana no hablaba de otra cosa.

No sabemos si creer a Margarita Robles (que el CNI avisó) o a Marlaska (que no hubo ningún informe avisando). Y tampoco sabemos cuál de las dos posibilidades es más preocupante: que nadie se enterase, o que se enterasen y no hicieran nada. A ver si al menos se aclaran.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este martes ante el Congreso la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de espionaje de las Fuerzas Armadas en los días previos a la entrada masiva de personas a Ceuta procedentes de Marruecos. “Realizaron la labor que les era y es exigible”, ha sostenido, y ha informado de que el día previo a los hechos, el 29 de julio, avisaron a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma de la entrada “a nado” de migrantes.

Robles es la primera responsable del Gobierno que comparece ante el Congreso para abordar la crisis de Ceuta. Casi un mes después de la entrada masiva de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma, la ministra de Defensa ha querido “pedir disculpas” a quienes “se hayan sentido abandonados o no suficientemente acompañados”. “Estamos con ellos y sufrimos con ellos”, ha sostenido.

La ministra ha reiterado un mensaje que el Gobierno intenta lanzar desde hace un mes: “Cualquier agresión o intento de agresión a Ceuta o Melilla lo es a España en su conjunto. Son intocables. Ceuta y Melilla son España, que nadie lo olvide ni lo ponga en duda. Su soberanía, integridad y seguridad constituyen una responsabilidad del Estado que va a responder con firmeza, desde la legalidad pero con firmeza”.

Robles también ha recordado a las “casi 100 personas muertas” en el salto. “No sabemos exactamente el número de las personas fallecidas”, ha lamentado.

La ministra ha defendido la labor de los servicios secretos españoles, señalada por no haber advertido lo que iba a ocurrir. Pero Robles ha asegurado que sí hubo advertencias, y que tanto los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas como el CNI “realizaron la labor que les era y es exigible”.

La titular de Defensa ha revelado que el CNI tiene 25 agentes desplegados de forma permanente en Ceuta, aunque ha aludido al “deber de secreto legalmente impuesto” para no dar más detalles de los informes de inteligencia, que “opera como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan”.

La pregunta que ha querido responder Robles antes de que se la hagan los grupos es cómo pudo entonces ocurrir lo que ocurrió los días 30 y 31 de julio en Ceuta si hubo avisos. “Como la UE reconoce en sus informes”, ha sostenido, “las redes sociales son un potente instrumento para la rápida movilización de migrantes con el uso de menajes encriptados para compartir información del cruce de la frontera, usadas y manipuladas por agentes manipuladores”.

Robles ha citado un informe del Estado Mayor de la Defensa que describe tres fases en la crisis de Ceuta. Una primera, previa, de “preparación y ejecución de un cruce por mar” a lomos de una sentencia del Tribunal Supremo que “por una interpretación interesada de sentencia y el mensaje que se transmite de una disminución de efectivos policiales en el lado marroquí por la Fiesta del Trono”.

La propagación por redes de estos mensajes hizo que el número de personas dispuestas a cruzar aumentara, siempre según Robles, “el día 30, varias decenas de miles cruzaron la frontera, dominados por una sensación de urgencia”. “Análisis de las imágenes”, ha planteado, “evidencian que la inmensa mayoría no estaban preparados, no habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad”.

Ese mismo día, ha finalizado Robles, “un elevadísimo número de personas, de un 90%, constata que la situación en Ceuta es difícilmente sostenible. Las narraciones en redes son de desencanto, de acusaciones y de amenazas a musulmanes ceutíes por no haberles ayudado”, además de producirse una “incitación a realizar ciberataques y sabotajes al sistema de distribución eléctrica” de la ciudad autónoma.

En su réplica, Robles ha añadido información sobre la labor del CNI en los días previos a los hechos. “Los servicios operan y actúan de muchas maneras. No hace falta que sean informes manuscritos”, ha sostenido, poco después de que Marlaska haya dicho que no hubo “ningún informe” que advirtiera de la entrada en Ceuta.

“Les he explicado las distintas fases y la cronología” de lo que ocurrió, ha sostenido Robles, quien ha reiterado que “se estaba entrando a nado por la interpretación de la sentencia del Supremo”. “Y cómo esa interpretación, esa utilización, sin necesidad de informes de nadie o con informes que son secretos, se iba incrementando”, ha añadido.

“El 29 de julio esos funcionarios [del CNI], la identidad no la puedo decir, pero trasladan y dan cuenta en Delegación del Gobierno dan cuenta de esa convocatoria para el día siguiente, precisamente para poder entrar a nado aprovechando la fiesta del país vecino”.

La ministra de Defensa ha descartado también una participación directa de Marruecos en lo ocurrido el 30 y 31 de julio. Para ello, ha citado a “expertos” de su departamento y de los servicios de inteligencia: “El asalto se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por los mensajes en redes sociales de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras”.

Robles rechaza usar la fuerza

La ministra de Defensa ha asegurado que España ha aprobado la creación de “nuevas barreras en el espigón del Tarajal”, uno de los puntos de entrada a nado habituales desde Marruecos.

Este paso hacia Ceuta ha adquirido una nueva relevancia tras la sentencia del Supremo citada por la propia Robles, y que asegura que la ley no permite las llamadas “devoluciones en caliente” (es decir, sobre la marcha) cuando la entrada se produce a nado y sin superar barreras físicas.

Pero Robles también ha avanzado que España ha reclamado a la UE su “participación en defensa de la ciudad autónoma a través de Frontex y otros mecanismos”. El Gobierno también ha reclamado que se activen los mecanismos de ayuda económica comunitaria.

Lo que sí ha señalado Robles es la complicación de evitar una entrada masiva como la producida los días 30 y 31 de julio, incluso con el refuerzo del despliegue policial y militar en Ceuta.

La ministra de Defensa ha advertido de la “dificultad de impedir material y físicamente mediante la utilización de la fuerza esas avalanchas de cientos y miles de personas”. “No podría evitarse con un uso mínimamente proporcional de material antidisturbio, y no digamos de otros medios armados. El número de muertos sería incontable”.

PP y Vox, contra el Gobierno

La oposición ha arremetido contra el Gobierno por su actuación antes, durante y después de la entrada masiva en Ceuta. “¿Cómo es posible que haya permitido lleguemos a esta situación, señora ministra?”, ha arrancado su intervención la portavoz del PP, Ester Muñoz. “¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable ante la peor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país en democracia?”, ha añadido.

“Usted ha optado por su servilismo a Sánchez, lo cual le inhabilita para ser ministra de Defensa de todos los españoles”, le ha espetado Muñoz a Robles, a quien ha reclamado su dimisión porque en 2021, ante un asalto similar, “también dijo que no podía volver a pasar”. “Y ha vuelto a pasar”, ha señalado. “Usted dijo que no iba a volver a pasar y ha vuelto a pasar”, ha insistido.

“Usted ha venido y nos ha dicho lo que ya sabíamos todos”, ha reprochado. “Hay informes del CNI, de la inteligencia militar y de la Policía Nacional, los días previos al episodio, reconociendo que se veía algo de lo que va a pasar”. “¿Quién miente, señora Robles. El CNI, el Cifas, la Policía Nacional o [el ministro del Interior, Fernando Grande] Marlaska, que dijo que no ha recibido ninguna información?”, ha cuestionado.

Muñoz también ha reprochado la supuesta ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Compareció el día 31, dice a todos los españoles que España ha sufrido un ataque en su integridad territorial y después se largó de vacaciones”. “Uno espera que si el presidente del Gobierno de su país dice que España está siendo atacada en su integridad territorial, haya un plan, haya unas órdenes y haya una acción”, ha concluido.

Sumar defiende la gestión del Gobierno

El hoy portavoz de Sumar, Txema Guijarro, ha defendido en su turno la gestión del Gobierno. El diputado ha negado que el 30 y el 31 de julio se produjera una “invasión” de España y ha destacado que “no hubo muertes” provocadas por la intervención de policías o militares en el intento de intentar detener la entrada de miles de personas.

“Algunos han querido hablar de ataque a la soberanía, pero Ceuta no ha perdido el control administrativo, policial ni militar. La Guardia Civil y las Fuerzas Armadas mantuvieron la autoridad efectiva sobre el territorio. Los servicios de salud pública han funcionado. Pese a la enorme tensión vivida, sobre todo en los primeros momentos, el Estado de derecho se ha mantenido sin que se produjera ninguna muerte por represión militar ni policial. Los muertos, por desgracia, la mayor cifra jamás registrada, se debieron a ahogamientos durante la travesía a nado”, ha explicado.

“No ha habido una invasión ni una crisis de soberanía. Lo que sí ha habido es una crisis migratoria, una trágica crisis humanitaria que se ha llevado por delante la vida de decenas de jóvenes cuyo único crimen fue buscar un futuro lejos de una patria que se lo negó”, ha apostillado.

Guijarro también ha defendido la labor española para “canalizar el retorno” y “la protección de menores y personas vulnerables” en aplicación de la ley, de las sentencias judiciales y los Derechos Humanos.

“Procede reconocer la labor de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que han gestionado un episodio de magnitud sin precedentes, a la vez que coordinaban un retorno masivo en pocos días”, ha planteado.

El diputado de Sumar ha criticado a Marruecos, a quien ha acusado de, cuando menos, “intentar sacar tajada de la crisis”. “Cuando la desigualdad es rampante, las personas huyen”, ha sostenido. “Buscan un futuro, y les da igual lo que haya al otro lado. Ya sea una política represiva y deshumanizada, como la italiana, ya sea una aproximación más humanitaria al problema, como en España”, ha defendido.

“La presión migratoria va a ir en aumento”, ha espetado Guijarro a los representantes de las derechas. El diputado de Sumar ha reclamado a los gobiernos de PP y Vox que colaboren en el acogimiento de las personas migrantes que aguardan en Ceuta.

“Es crucial resolver el problema. Esto obliga al resto de España a arrimar el hombro y el traslado urgente a la Península de personas que por su situación no pueden ser devueltas sin poner en riesgo su vida e integridad. Pero claro, la derecha española se opone. Quiere la expulsión de todos sin más”, ha lamentado.

La polémica torre de 18 plantas que el Ministerio de Defensa quería levantar en El Viso, junto al Paseo de la Castellana, se aprobó cuando nadie parecía estar mirando: en pleno verano de 2025. Ha pasado un año desde entonces y la operación urbanística para centralizar oficinas al más puro estilo del Pentágono se ha diluido entre alegaciones vecinales, 88 en total; propiciando que el Ayuntamiento de Madrid diera marcha atrás en su aval y paralizara el proyecto aprobado unos meses antes. Pero los vecinos de este barrio acomodado, uno de los más exclusivos de la capital y donde el PP encadena varias mayorías, temen que aquel anuncio escondiera una cortina de humo para calmar las críticas y reactivar su construcción sin cambios sustanciales.

“Es importante saber si [el expediente] se ha archivado o no. El alcalde debería ser consciente, porque es abogado de Estado”, resalta Rafael Luque, abogado urbanista y presidente de la Asociación Perjudicados por la Torre de Defensa en Madrid. Esta organización de vecinos asegura haber presentado casi el 70% de las reclamaciones administrativas que paralizaron el proyecto cuando aún estaba en fase de alegaciones.

El pasado 11 de junio, su representante dirigió un nuevo requerimiento al Área de Carabante para solicitar el acceso al expediente remitido inicialmente por el Ministerio y aprobado luego por el departamento municipal, así como a los trámites intermedios y sobre todo el acta de paralización de ese plan especial, que aseguran haber conocido a través de Somos Madrid. “El Ayuntamiento no ha contestado a nuestras alegaciones [legalmente no tiene la obligación de hacerlo] y solo ha dicho a los medios que deberíamos hablar con Defensa para llegar a un acuerdo con ellos. Pero nosotros no tenemos que ir preguntando nada, ya lo hemos dicho todo en las reclamaciones: el consistorio es quien tramita el proyecto y les compete a ellos dar noticias a sus vecinos”, dice.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, aseguró un día después de que este periódico revelara el cerrojazo municipal que su equipo no aprobaría el boceto del Ministerio hasta que existiera un acuerdo con los residentes del entorno, dejando la pelota sobre el tejado de Margarita Robles. “No queremos hacer nada en contra de los vecinos”, garantizó Carabante, después de conocer las discrepancias respecto al posible impacto en la movilidad del barrio, uno de los argumentos más esgrimidos en las reclamaciones.

Esta misma semana, fuentes del Área de Urbanismo han insistido en esa misma idea. “No se va a aprobar el proyecto que presentó Defensa”, remarcaron desde Cibeles a preguntas de este periódico, a excepción de que antes se cierre un acuerdo con los vecinos y evitando aclarar si el Ministerio había presentado en este tiempo un segundo borrador que pueda haberse tenido en cuenta.

El plan del Ministerio de Defensa era levantar una torre de 60 metros de altura sobre una parcela que colinda entre las calles Joaquín Costa, Carbonero y Sol y el Paseo de la Castellana, en pleno distrito de Chamartín y cerca de otros edificios de gran altura, aunque a los pies de un barrio residencial. Este es ya uno de los puntos de gran ajetreo en la capital, pero la previsión es que una centralita de oficinas junto a la actual Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra –que mantendría sus aulas y talleres– concentre diariamente a cientos de trabajadores.

La previsión es extender el denominado “Pentágono español” sobre una parcela de 24.207 metros cuadrados de superficie, con unos 40.000 m² al alza para oficinas y 8.200 de alojamientos temporales para militares. Sin embargo, la asociación vecinal creada exclusivamente en contra de este proyecto alegó que el terreno escogido, del que el Ministerio de Defensa es el principal propietario, también se encuentra en un espacio blindado.

Según un informe emitido por el Área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, el número 6 de la calle Joaquín Costa está protegido desde el 28 de septiembre de 2023. En esa fecha, la parcela (incluida en el Grupo de Colonias de los Altos del Hipódromo) pasó a gozar de la categoría de BIC, un Bien de Interés Cultural. De hecho, entre las alegaciones presentadas al proyecto de Defensa llegó a sugerirse un posible fraude de ley en la calificación urbanística.

Como ocurrió con otras zonas dominadas electoralmente por el PP, el descontento en El Viso –un barrio tranquilo y adinerado– ha generado movimientos y rectificaciones municipales. Los vecinos, en sus inicios como asociación, llegaron a asesorarse por quienes antes habían creado una plataforma contra el ruido en el entorno del Santiago Bernabéu, donde la acumulación de denuncias llegaron a suspender conciertos masivos y obligaron al estadio a blindar acústicamente su estructura.

Otro ejemplo similar es el de Montecarmelo y su cantón de limpieza, cuyas obras llegaron a paralizarse por las críticas surgidas en este barrio acomodado de Fuencarral-El Pardo. Según datos recientes de Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el año pasado, aunque relativos a 2023, la media de las rentas brutas por hogar en el entorno de la calle de Joaquín Costa (donde se halla la parcela de Defensa) oscila entre los 90.000 y los 150.000 euros anuales, situándose en el 10% más rico de Madrid en base a los ingresos declarados por sus vecinos en el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Somos Madrid se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para conocer si este había presentado un nuevo proyecto o sopesado recurrir el bloqueo municipal, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha de esta publicación. Por su parte, otras voces de la asociación contra la torre temen que el ecuador de un nuevo verano sirva, como ya ocurrió en julio de 2025, para dar nuevos pasos y reactivar el proyecto. “Teniendo en cuenta la entidad del plan que tenían en mente, se me hace muy difícil creer que renunciarán tan fácilmente”, sentencia su presidente.

Al paseo por las calles de Ceuta que Margarita Robles decidió darse este miércoles rodeada de vecinos y de cámaras de televisión no le faltó casi de nada. Primero fueron insultos. “Sois una vergüenza, tu Gobierno y tú”. Después llegaron las lágrimas. “Tengo mucho miedo porque soy viuda y vivo sola”. Y luego algo parecido a un baño de masas en torno a una ministra de Defensa que no desaprovechó la ocasión de volver a marcar perfil propio. “Tranquila, suéltalo todo. Es bueno desahogarse”, le dijo la máxima responsable política de las Fuerzas Armadas a Pepi, una vecina ceutí que denunciaba “el abandono” de su ciudad y que acaparó junto a la ministra la atención de los programas televisivos que daban la escena en directo.

Margarita Robles, que pidió a los responsables militares que se pusieran a disposición de Pepi y que la condujeran hasta la comandancia para que estuviera presente en su comparecencia, redujo considerablemente el tiempo previsto de su reunión con el presidente de la ciudad autónoma para alargar su momento de cercanía con los ceutíes. Y también redujo el de su intervención, en la que apenas aceptó preguntas de la prensa y que centró en volver a trasladar un mensaje nítidamente diferenciado de la línea de prudencia con Marruecos marcada por Moncloa.

“Esto no puede volver a suceder. Ceuta y Melilla no es que sean españolas, es que son españolísimas. Y no se tocan. Quien agrede a Ceuta y Melilla agrede a toda España”, dijo la ministra de Defensa, que ya se salió del guion oficial los primeros días de la crisis para señalar directamente a Marruecos por la entrada de decenas de miles de personas por la frontera.

Ni el discurso ni la puesta en escena de Margarita Robles en Ceuta se parece en nada a lo que hicieron sus colegas del Gobierno que pisaron antes la ciudad autónoma tras la crisis fronteriza. Por allí han pasado el presidente Pedro Sánchez y los ministros de Política Territorial, Interior, Infancia y Exteriores. Todos con un mensaje muy medido, diseñado al detalle en el seno del Ejecutivo para no enturbiar aún más las ya delicadas relaciones de vecindad con Marruecos. Y aunque alguno de ellos sí transitó también por las calles de Ceuta y visitó algunas de las instalaciones clave, no lo hizo rodeado de medios de comunicación ni con la repercusión, por tanto, de la titular de Defensa.

“Es simplemente una cuestión de empatía”, comentan en el equipo de Robles, donde ponen en valor que la respuesta final de la gente que se había acercado a increpar haya sido el agradecimiento a la ministra por su actitud de cercanía y escucha. En la Moncloa, oficialmente, prefieren no criticar ese perfil propio de Margarita Robles, por muy evidente que resulte el choque.

Porque en esta crisis la titular de Defensa ha chocado con el ministro del Interior a cuenta del trabajo previo del CNI sobre el paso de 72.000 personas por la frontera. Ha chocado con el mensaje público del jefe de la diplomacia española, el ministro de Exteriores José Manuel Albares, que en todo momento ha ensalzado “la cooperación” del gobierno marroquí. Y ha chocado incluso con la estrategia política de Moncloa, que decidió que los ministros implicados en la gestión de Ceuta no acudan al Senado a dar explicaciones, como reclama el PP, sino al Congreso de los Diputados a finales de mes. Una instrucción que Robles no ha terminado de encajar del todo.

Los populares, de hecho, confían todavía en doblar el brazo al Gobierno y que la presión obligue a los ministros a comparecer ante el Senado la próxima semana. Y el eslabón más débil que ha encontrado la oposición ha sido Margarita Robles, quien aseguró en una carta remitida al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, que no podía asistir el 13 de agosto, día de su citación, pero que estaba dispuesta a acudir en otro momento.

Los gabinetes de ambas autoridades se pusieron en contacto para coordinar agendas. Desde el equipo de Rollán aseguran a elDiario.es que en dichas conversaciones informales se ofreció a la ministra de Defensa acudir el 18, el 19 o el 20 de agosto. Siempre antes que la cita prevista en el Congreso. Los dos últimos días no son viables por un viaje de Robles al Líbano.

Aquí difieren las versiones. Desde el entorno de Rollán se asegura que Defensa aceptó el 18, pero no existe constancia documental. El Gobierno niega que en esa conversación se cerrara la fecha de su comparecencia y descarta que ninguno de sus miembros vaya a acudir al Senado antes que al Congreso. En una breve nota a los medios, Moncloa dijo esta semana que sería la propia Margarita Robles quien descartaría acudir al Senado en su comparecencia de este miércoles en Ceuta, pero no lo hizo.

En la primera citación del PP en el Senado, la de Fernando Grande-Marlaska este miércoles ante la Comisión de Interior, el ministro decidió no ir y alegó “circunstancias obvias” para justificar su ausencia, que fue aprovechada por el PP y Vox, en coalición con Junts, para arremeter contra la gestión del Gobierno en Ceuta sin que hubiera réplica alguna.

Desde el PP y Vox han amenazado con emprender “acciones legales” contra los ministros ausentes, algo que depende de la Mesa del Senado, que ya ha abierto en esta legislatura varios conflictos contra el Gobierno y el Congreso. El pasado mes de mayo, el Tribunal Constitucional admitió a trámite una queja porque fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, y no el presidente, Pedro Sánchez, quien compareció para dar explicaciones por el accidente de tren de Adamuz.

“A ver qué pasa la semana que viene”, aseguraron este miércoles dirigentes del PP en el Senado, sin descartar que el Gobierno finalmente mande a alguno de sus ministros a responder a las preguntas de los senadores. Las mismas fuentes reconocen que los ministros “no deciden” si comparecen o no. Eso sí, admitieron, “deciden el cuándo”.

La mayor crisis fronteriza documentada de la historia reciente de nuestro país tensiona a dos de los departamentos estratégicos del Gobierno de Pedro Sánchez. Los ministerios de Interior y Defensa chocan por el reparto de responsabilidades en la falta de anticipación de España a los movimientos que se produjeron en Marruecos los días previos a que cruzaran la frontera ceutí 60.000 personas, según los cálculos del propio Ejecutivo central. Aunque evitó referencias explícitas a la polémica en torno a la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, Margarita Robles salió este lunes a defender expresamente el trabajo de los servicios de información españoles después de que Fernando Grande-Marlaska señalara que no ofrecieron información o aviso alguno que ayudara a prevenir la crisis.

“Quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS [Centro de Información de las Fuerzas Armadas], de los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil que, en todo momento y en condiciones muy difíciles que no se pueden contar, realizan su trabajo”, dijo la ministra, que decidió atender a los medios de comunicación tras visitar la Base Aérea de Zaragoza. A primera hora de la mañana, la Cadena SER había informado de que sí existieron avisos previos del CNI (dependiente jerárquicamente de Defensa) a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva de personas por el paso fronterizo de Ceuta. Algo que en el equipo de Marlaska desmienten de plano.

“Es absolutamente falso. Negamos rotundamente cualquier comunicación, informe o aviso del Centro Nacional de Inteligencia al Ministerio del Interior. Al ministro le pilló por sorpresa el episodio ocurrido en Ceuta”, apuntan fuentes del departamento de Marlaska, desde donde se insiste en que los servicios de inteligencia dependen de Defensa. Y añaden que, de existir esos informes, lo “lógico” es que hubieran sido remitidos tanto al departamento de Margarita Robles como a presidencia del Gobierno, algo que la portavoz del Ejecutivo también rechazó este lunes. “No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta”, dijo Elma Saiz en una entrevista en TVE.

En privado, los reproches entre Interior y Defensa son cruzados, algo que tampoco resulta novedoso por la complicada relación política y personal que es conocido que mantienen Robles y Marlaska. Creen en Interior que Defensa intenta eludir la responsabilidad política de un fallo en los servicios de inteligencia que ha impedido reaccionar de manera preventiva al desafío al que se enfrentó la semana pasada la frontera española en Ceuta y que ha acabado con la muerte de más de 80 personas. Una acusación que rechazan en Defensa, desde donde se desliza que sí que existía información suficiente como para que Interior hubiera dado órdenes mucho antes de lo que lo hizo. “Yo no voy a entrar en ninguna discusión que no favorece a nadie y que solamente favorece a unos pocos”, salió al paso Margarita Robles de las preguntas de la prensa para desmarcarse de las críticas al CNI tras recordar que también Interior tiene sus propios servicios de inteligencia.

En esa misma comparecencia improvisada ante los medios fue también la ministra de Defensa la que puso la nota discordante respecto al tono mantenido por el Gobierno con Marruecos, al que hasta ahora ha evitado criticar o reprochar nada siquiera de manera implícita. Pero Robles sí quiso mandar un mensaje al país vecino. “Hay que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española, no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se les toca. Yo le pido al Gobierno de Marruecos que haga lo mismo que España y llegue hasta el final de la investigación, que no puede ser que se utilice a menores como se han utilizado a esas personas, echándoles a la muerte sin más”.

En las antípodas de ese atisbo de crítica se expresó antes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que cuestionado por la actitud del país vecino ante la movilización de decenas de miles de personas que acabaron por entrar en territorio español volvió a insistir en su agradecimiento a Marruecos. “Desde el primer minuto nos mostraron su disposición total e inmediata sin solicitar nada ni pedir ningún tipo de elemento más para que regresaran todos inmediatamente. Hasta el último de los que han entrado va a retornar. Es la voluntad de Marruecos”, dijo en una entrevista en TVE en la que sí arremetió duramente contra los socios europeos que se lanzaron a criticar la política migratoria española en plena gestión de la crisis.

Mientras, en Ceuta continúa desplegado el dispositivo extraordinario que implica a Policía, Guardia Civil y Ejército para localizar y devolver a Marruecos a las personas que cruzaron la frontera, gran parte de las cuales ha regresado a pie y por voluntad propia a través del paso fronterizo. Las organizaciones humanitarias han pedido una respuesta a los líderes europeos “con solidaridad” a lo sucedido. El régimen de Mohamed VI, que achaca lo ocurrido a “la actuación de redes de tráfico” y a la interpretación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra las devoluciones en caliente por mar, asegura ahora que “seguirá siendo un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado este jueves al “sentido común y la responsabilidad” de los pasajeros españoles del crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus, para que asuman la cuarentena una vez que lleguen desde Canarias al Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla'. “Estoy convencida de que van a ser responsables y van a querer estar vigilados en cuidado de su propia salud y de la salud pública”, ha dicho García en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha advertido que, de no hacerlo, tienen “instrumentos legales suficientes para proteger la salud pública”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, había anunciado a última hora del miércoles que la cuarentena en el hospital militar sería “voluntaria”. “Tiene que haber un consentimiento informado”, señaló Robles, “puesto que es una medida privativa de libertad y que exige estar durante el tiempo de cuarentena privado de libertad en una habitación”.

Desde Sanidad salieron al paso de estas declaraciones asegurando que, “en todo caso, el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública con todos los instrumentos legales a su disposición, como no podría ser de otra manera”.

Pero este jueves, García sí ha mencionado ese consentimiento. “Cuando [los 14 españoles en el crucero] lleguen a Madrid, vamos a hacer una evaluación, que nos den el consentimiento y, posteriormente, tendremos que ir evaluando día a día cuál es la evolución. Les haremos PCR y todas las pruebas necesarias y evaluaremos con expertos internacionales cuál es la cuarentena”, señaló la ministra de Sanidad.

Desde este departamento, ha explicado, se han puesto ya en contacto con las familias. “Les hemos trasladado la necesidad de proteger su salud y la salud pública”, ha expresado García, que confía en la “responsabilidad” de los cruceristas. “Estoy convencida de que van a ser responsables”, ha insistido.

En caso de que se nieguen, García ha repetido que el Ejecutivo dispone de los “instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas suficientes para proteger a la población”. En concreto, la ministra ha mencionado las “medidas especiales en materia de salud pública” que recoge la ley.

La Ley General de Sanidad establece, en su artículo 26, que las autoridades sanitarias “adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes” cuando “exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.

Además, la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública recoge que en su artículo segundo que “las autoridads sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas”. “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”, indica en su artículo 3.

El partido político extraparlamentario Iustitia Europa ha interpuesto ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi y contra otros mandos y militares israelíes aún por identificar por la presunta comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, detención ilegal y coacciones. Los hechos que se recogen en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron el pasado 7 de abril cuando un sargento del Ejército español que formaba parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) fue presuntamente detenido ilegalmente por fuerzas israelíes durante aproximadamente una hora.

La formación presidida por el abogado Luis Pardo, que se identifica como “apartido” y ha ejercido la acusación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, califica el episodio de “ataque deliberado y flagrante violación del Derecho Internacional” y recuerda que se produjo cuando un convoy logístico del contingente español de la FINUL (cascos azules) fue “interceptado de manera hostil por fuerzas israelíes en la demarcación de Taybeh”. Cabe recordar que sobre esta detención, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, indicó el pasado jueves que ella había tenido controles de tráfico en los que había estado “bastante más tiempo retenida”.

La denuncia explica que ese personal español que fue retenido por fuerzas israelíes operaba bajo el amparo de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el respeto a la seguridad y libertad de movimiento de la FINUL. “Durante la interceptación, un sargento español fue extraído violentamente de su vehículo, retenido ilegalmente durante aproximadamente una hora y sometido a violencia física y trato degradante, antes de ser liberado tras una intensa presión diplomática”, recuerda.

Añade que el incidente ha sido calificado por fuentes oficiales como un “acto absolutamente hostil con violencia física” y recuerda que tras ser extraído e introducido con violencia en otro vehículo sufrió “un traslado forzoso a una localización distinta y no autorizada, consumando así una privación de libertad ambulatoria”. Suma a esto que lo ocurrido “no solo constituye una detención ilegal en toda regla, sino un trato degradante proscrito por el Derecho Internacional” que fue ejecutado “con la clara intención de amedrentar y desmoralizar al contingente de paz”.

Lamenta además que la liberación del militar solo se produjo “tras una intensa y urgente gestión diplomática del Gobierno de España ante las autoridades israelíes” y asevera que este no es un hecho aislado o fortuito sino que se enmarca “en un patrón de hostigamiento” dado que se han dado ataques directos e indirectos contra patrullas de la FINUL.

Tras describir lo acaecido, la formación indica que la Audiencia Nacional es la competente para conocer de la denuncia dado que los hechos descritos son compatibles con el delito de crímenes de guerra y no consta que se haya iniciado procedimiento alguno en Israel ni en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Y recuerda que afectan a un ciudadano nacional y atenta contra los intereses del Estado español en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como contra la propia arquitectura de seguridad colectiva de las Naciones Unidas.

La responsabilidad penal

Para Iustitia Europa la responsabilidad penal debe recaer primariamente en los militares que ejecutaron materialmente la detención porque fueron autores directos de la interceptación del convoy, de la coacción para detenerlo, de la extracción del militar español de su vehículo, y de su posterior retención y traslado forzoso. “La identificación precisa de estos ejecutores materiales es, por tanto, una de las finalidades primordiales de la fase de instrucción que se solicita, a fin de que respondan individualmente por sus acciones”, añade. Y suma a esto que el Derecho Penal Internacional “ha consolidado el principio de responsabilidad del superior para la prevención y sanción de atrocidades”. Por otro lado, resalta que aunque la jurisdicción penal se centra en la responsabilidad individual, considera que los actos denunciados conllevan “la responsabilidad internacional del Estado de Israel”.

La denuncia solicita una serie de diligencias a la Audiencia Nacional, como que requiera a Interpol y Europol que identifique al personal israelí que llevó a cabo la detención; que recabe los informes al respecto que hayan elaborado desde el CNI; y que cite en calidad de testigos tanto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el militar retenido, entre otras.

La empresa GDELS-Santa Bárbara ha concluido el proceso de fabricación de su primer vehículo Hunter destinado al Gobierno letón en la planta que tiene en Trubia (Asturias), con el fin de iniciar la fase de pruebas en Sevilla.

La primera unidad Hunter del contrato letón, que comprende 84 vehículos y soporte integral al ciclo de vida hasta 2037, sale este viernes de la planta de Santa Bárbara en Trubia con semanas de antelación a los plazos inicialmente previstos, según ha informado la compañía este viernes en una nota de prensa.

Eficiencia y solidez

El vehículo parte con destino a la planta de GDELS-SBS en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde completará la fase de verificación y la capacitación inicial del usuario, antes de su envío a Letonia esta primavera, apenas un año después de la firma del contrato.

La compañía, con sede en España e integrada dentro de la empresa estadounidense General Dynamics, ha afirmado que el hecho de que el producto se haya fabricado con semanas de antelación “confirma la eficiencia” de su modelo productivo así como la “solidez” en la cadena de suministro nacional formada por más de 130 empresas españolas.

El encargo

El plazo de entrega de estos vehículos es este año 2026.

El Gobierno letón ha encargado a la firma el desarrollo y fabricación de 84 unidades de este vehículo de combate de manufactura española basado en la plataforma Ascod, utilizada, entre otros, por los ejércitos de España, Austria y Reino Unido.

El Gobierno letón y Santa Bárbara firmaron, además, un acuerdo para el apoyo al ciclo de vida de estos vehículos hasta el año 2037, que se llevará a cabo desde las instalaciones de Alcalá de Guadaíra.

La noticia se ha confirmado coincidiendo con la visita que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha realizado a Asturias.

El contrato de los 8x8

En el Principado, Margarita Robles ha apelado a la responsabilidad de los socios que conforman el consorcio Tess Defensa -Indra, Santa Bárbara, Escribano y SAPA- para que se cumpla “en tiempo y forma” el contrato de los 8x8, los blindados destinados a suplir los BMR en el Ejército de Tierra.

“Tengo que decirlo claramente: me preocupa enormemente y hago un llamamiento a la responsabilidad de las empresas para que cumplan pronto y en forma el contrato del 8x8 (...) porque el Ejército de Tierra merece lo mejor, y al mismo tiempo, porque entendemos que es la mejor manera de que se pueda seguir trabajando con seguridad”, ha señalado.

Robles: “Hay incumplimientos”

Al ser preguntada por los problemas técnicos que están dando los 40 blindados 8x8 Dragón que se entregaron el pasado enero a la base de la Legión en Almería, la ministra ha insistido en que hay “incumplimientos claros” por parte de Tess y de las empresas que forman parte del consorcio que son motivo de preocupación desde hace años para el ministerio.

El contrato para la fabricación de los 8x8 Dragón, que asciende a 2.100 millones de euros, contempla la fabricación de 348 vehículos de combate cuya entrega debería llevarse a cabo de forma progresiva hasta 2027.

La preocupación

La fabricación en serie comenzó a finales de 2021 en la factoría de la Empresa Nacional Santa Bárbara en Trubia (Oviedo), pero los primeros once blindados no se entregaron al Ejército de Tierra hasta mayo de 2025.

“Al Ministerio de Defensa siempre le ha preocupado el programa 8x8” porque está habiendo un incumplimiento del compromiso asumido por las empresas de cumplir con los plazos, ha afirmado la ministra.

Robles ha hecho estas declaraciones durante una visita al Regimiento de Infantería ‘Príncipe’ número 3, en el Acuartelamiento 'Cabo Noval', en Siero (Asturias), donde ha asistido a una demostración de la unidad de drones, operativa desde hace un año y medio. 

La relevancia de Asturias

La ministra de Defensa ha asegurado que Asturias “es un lugar clave y esencial para su departamento porque ”tiene y va a tener un papel fundamental“ en cuanto al compromiso que mantiene el Gobierno de llegar a destinar el 2 por ciento del PIB a inversiones en defensa.

“Más que nunca, invertir en defensa es invertir en paz, con la que el Gobierno de España está tan comprometido” ha afirmado la ministra, que ha señalado además que invertir en defensa es hacerlo también en puestos de trabajo.

El papel “fundamental” del Principado

En esta inversión, ha añadido, Asturias tiene y va a tener un papel fundamental ya que en la comunidad está presente la Empresa Nacional Santa Bárbara e Indra, que mantiene planes de expansión sobre los que la ministra no ha querido pronunciarse.

Acompañada por el jefe mayor del Ejército, Amador Enseñat, del coronel jefe del Regimiento de Infantería Príncipe, José Miguel Garcés, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, la ministra ha comprobado la efectividad de distintos drones que pueden ser utilizados tanto para misiones de observación como para defensa o ataques.

Se trata de drones cargados con proyectiles, equipados con cámaras térmicas o con sistemas de medición, así como otros de fibra óptica o los destinados a labores de observación y vigilancia forman parte del equipamiento del “Pelotón de Observación” de este regimiento, integrado por ocho tiradores de precisión y expertos en el manejo de estos aparatos.

El trabajo con drones

Al frente de ellos, el cabo primero David Domínguez ha señalado que esta unidad especial empezó a funcionar a raíz de la Guerra de Ucrania, que algunos de los drones que utilizan han sido desarrollados por ellos y que también trabajan con equipos antidrones.

En la demostración, un dron cargado con cinco proyectiles los ha ido lanzando sobre los objetivos marcados y otro nodriza (dos acoplados en el que uno de ellos lleva una carga explosiva) ha sido utilizado para atacar un vehículo terrestre, ejercicios que se llevaron a cabo con precisión.

Los militares del Regimiento Príncipe número 3

Según la ministra es un orgullo lo que hace en Asturias el Regimiento Príncipe número 3, perteneciente a la Brigada Galicia VII y del que forman parte cerca de 1.200 militares, tanto por su partcipación en misiones internacionales, como Eslovaquia, “donde dejó el pabellón español muy alto” como por ser pionero en todo lo relacionado con los drones.

“Los enfrentamientos con drones están teniendo un gran protagonismo y por eso es importante que el Ejército español sea muy pionero y avance en todo lo relacionado con los sistemas antidrones”, ha añadido. 

El alineamiento del PP y de Vox con EEUU e Israel y su campaña de bombardeos ilegales sobre Irán dio un salto cualitativo este jueves con la difusión de noticias falsas para criticar al Gobierno por el 'no a la guerra' que Pedro Sánchez ha recuperado dos décadas después. “Es la ética del engaño en versión internacional”, dijo Feijóo sobre el presidente, a quien parafraseó: “Se resume en cuatro palabras: como siempre, Sánchez miente. Miente a la OTAN, miente a la Unión Europea y miente a los españoles”.

El primero de los bulos quedó desmentido casi a la vez que se publicaba, pero el PP no solo lo mantiene, sino que se reafirma en él. A primera hora de la mañana del jueves varios medios como Onda Cero difundieron un vídeo donde la ministra de Defensa, Margarita Robles, le dice supuestamente al embajador de EEUU en España: “Yo estoy con Trump”.

El Ministerio de Defensa desmintió la información y aseguró que Robles dijo “estoy cómoda”. Otros medios, como El País, difundieron una versión más larga del vídeo donde, tras hablar sobre la calefacción de la sala, el embajador pregunta a la ministra si está “cómoda”, a lo que ella responde que sí lo está. Otro clip de Europa Press permite escuchar que Robles también explicó que era “muy friolera”.

El embrollo, que podía no haber pasado de una información desmentida, ha alcanzado cotas políticas porque tanto el PP como Vox se hicieron eco de los bulos. Y no solo eso: tras los desmentidos, lo han mantenido y han añadido algunos más.

Feijóo menciona el encuentro de forma indirecta

Horas después de publicar el bulo en las cuentas de sus redes sociales, fuentes oficiales del PP mantuvieron a preguntas de elDiario.es que “el Gobierno a veces miente”, sin aceptar ni desmentir expresamente si el PP realmente cree que Robles dijo “estoy con Trump”. El propio Feijóo se hizo eco del bulo de forma indirecta, quizá para no dejar para la hemeroteca una declaración suya propalando una mentira. En un acto sobre el 8M convocado por el PP en el Congreso, y que se convirtió en una retahíla de ataques personales contra Pedro Sánchez, el líder de la oposición dijo del presidente del Gobierno que “polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado”.

Un par de horas después, el PP volvió a insistir en que Robles dijo “estoy con Trump” en un mensaje en sus cuentas oficiales en redes sociales.

La fragata a Chipre

La imagen publicada por el PP recoge otras dos informaciones manipuladas, en el mejor de los casos. España ha enviado un buque de guerra a Chipre, la fragata 'Cristóbal Colón', como parte de un destacamento liderado por el portaaviones francés 'Charles de Gaulle' para defender al país miembro de la Unión Europea, que ha recibido algunos ataques desde el inicio de los ataques de EEUU e Israel, aunque Irán ha negado ser el responsable. “Dice 'no a la guerra', al mismo tiempo que manda una fragata de guerra, en lógico cumplimiento con los compromisos de la OTAN”, apuntó Feijóo en el mismo acto.

Para el PP, el envío de una fragata en una misión defensiva implica que España está ya implicada en la guerra. Fuentes del partido vinculan la frase de Robles al embajador con el envío de la fragata: “Lo innegable es que el Gobierno de España ha mandado un buque de guerra fuertemente armado a una zona de guerra por un conflicto que inició EEUU. Y eso se produce después de que la ministra se reúna con el embajador, y la portavoz de EEUU diga que España ha cambiado de opinión”.

Las mismas fuentes señalan que “la ministra algo ha debido decirle al embajador para que el Gobierno de EEUU diga que España ha cambiado de opinión minutos después de reunirse, y para que nuestro país mande una fragata a una zona de guerra”. Desde la dirección del PP se preguntan: “¿Si la fragata armada por el Gobierno de España y desplazada a la zona de conflicto entra en combate, se podrá decir que estamos en guerra?”. Y zanjan: “La posición del Gobierno no es entendible”.

El Gobierno ha insistido en que la misión enviada a Chipre no es de ataque, y hacen la distinción entre participar en la guerra contra Irán y en la defensa europea. La misión de la fragata será ofrecer protección y estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto, según Moncloa.

Vox acompañó al PP en la propagación de la idea de que el envío de la fragata a Chipre desautoriza el 'no a la guerra' de Sánchez. “Es un embustero sin límites. Es un sumiso con los poderosos y un tirano con los débiles”, dijo Santiago Abascal sobre el presidente del Gobierno en un mitin de campaña en Castilla y León.

Este mismo jueves, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha negado que su país vaya a autorizar el uso de las bases compartidas con EEUU para los ataques, y su ministro de Defensa aseguró que el bombardeo ordenado por Trump y Netanyahu es “ilegal”.

El avión que iba a África

El PP también acusó al Gobierno de mentir al asegurar que no iba a permitir el uso de las bases militares compartidas con EEUU en Rota y Morón. Este es el principal motivo de discrepancias con la Administración Trump, que este jueves volvió a arremeter contra España: “Es una perdedora, no juegan en equipo y no vamos a jugar en equipo con ellos”.

En el acto sobre el Día de la Mujer que clausuró, Feijóo dijo que el Gobierno “niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026”, mientras “la permitió en junio de 2025”. Y añadió: “Dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de Rota hacia Oriente Medio”.

Feijóo se refirió así a un avión que, efectivamente, partió desde la base situada en territorio español, y cuyo recorrido fue seguido por muchos usuarios de redes sociales. Pero su objetivo no fue “Oriente Medio”, sino otra base en territorio Europeo. En concreto, en Sicilia. Y desde allí, partió hacia Yibuti, en África.

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre, según ha anunciado este jueves el Ministerio de Defensa, después de que un dron de fabricación iraní atacara una base británica en Akrotiri tras los bombardeos de EEUU e Israel contra Irán. 

La fragata se incorporó el pasado martes al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el grupo naval se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el martes 10 de marzo.

La Cristóbal Colón es la fragata de la Armada española tecnológicamente más avanzada y su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot que España tiene desplegada en Turquía, ha señalado Defensa. También estará preparada para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto de Irán.

En breve, el buque de aprovisionamiento Cantabria saldrá a la mar para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito de los barcos por el golfo de Cádiz.

Dentro de la Armada española, la Cristóbal Colón pertenece a la clase F-100 o clase Álvaro de Bazán, una serie de fragatas diseñadas para ofrecer una gran capacidad de defensa aérea, con capacidad para operar en todo tipo de escenarios, tanto en operaciones convencionales como en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz.

Con 146 metros de eslora, 18,6 metros de manga, 7,2 metros de calado y una velocidad máxima de 28,5 nudos es la fragata más moderna de la clase F-100 con la que cuenta la Armada y dispone del mayor porcentaje de participación de la industria española en su construcción, que se ejecutó en los astilleros de Navantia en Ferrol.

Puede desempeñar cualquiera de las cuatro misiones genéricas asignadas a la Fuerza Naval: disuasión y defensa; gestión de crisis; seguridad marítima y proyección exterior. El navío está preparado para enfrentarse a blancos complejos y participar en ejercicios de defensa antiaérea y antimisil. 

Su dotación actual es de 205 militares, hombres y mujeres altamente especializados que se encargan de operar y mantener todos los sistemas del buque..

Armamento destacado

La Cristóbal Colón Cuenta con capacidad de lanzamiento de misiles Standard (SM-2), Evolved Sea Sparrow (ESSM) y misil antibuque Harpoon.

Entre otro armamento destacado posee un sistema de combate Aegis -desarrollado en Estados Unidos para operaciones simultáneas de guerra antiaérea, antisuperficie y antisubmarina-; un radar SPY-1D, un cañón, dos ametralladoras, 24 torpedos y un helicóptero SH-60B Seahawk.

Principales operaciones en las que ha participado

En el ámbito nacional, la Cristóbal Colón realiza operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos, y se integra regularmente en el Sistema de Defensa Aeroespacial para la vigilancia y defensa del espacio aéreo español.

A nivel internacional, destaca su participación en las siguientes operaciones:

• Desde marzo de 2014 la fragata se integra en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), en ocasiones como buque de mando.

• Desde noviembre de 2016, en la operación Sea Guardian (operación de la OTAN) que presta apoyo al conocimiento de la situación marítima y a la lucha contra el terrorismo.

• En 2017 participa en un Despliegue de Larga Duración en Australia, junto a unidades de la marina de ese país.

• Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 completa 150 días desplegada en la SNMG-2 como buque de mando, actuando en beneficio de la seguridad de España y la OTAN.

• En mayo de 2021 lideró las maniobras de la OTAN 'At Sea Demonstration/Formidable Shield 2021', en las que efectuó con éxito un lanzamiento de misil Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) contra un blanco supersónico a casi tres veces la velocidad del sonido.

• En 2022 desplegó en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), contribuyendo a la disuasión, a la seguridad marítima y a los intereses nacionales de los países de la Alianza navegando en el Mediterráneo.

• Entre agosto y diciembre de 2024 vuelve a integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2, participando en la operación Noble Shield, bajo mando de Canadá.

Un poco de historia

Es el quinto buque de la clase F-100 y el sexto en la historia de la Armada con este nombre, en memoria de Cristóbal Colón.

 Le precedieron una fragata (1782-1808), una corbeta (1843-1866), un vapor de ruedas (1849-1882), un crucero no protegido (1887-1895) y un crucero-acorazado (1896-1898).

El 20 de mayo de 2005 se firmó la orden de ejecución y se inició su construcción en los astilleros de Navantia en Ferrol, donde fue botada el 4 de noviembre de 2010 con la infanta Margarita como madrina de la ceremonia, acompañada de su marido, Carlos Zurita.

Inició sus pruebas de mar internas el 12 de marzo de 2012, las definitivas comenzaron el 25 de junio de ese año y fue entregada a la Armada en octubre, el día 23.

El PP ha difundido un vídeo de solo cuatro segundos de Margarita Robles en el que aseguran que la ministra de Defensa le dijo al embajador de los Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., que ella está “con Trump”. Fuentes del Ministerio de Defensa lo han desmentido y han explicado que dice: “Estoy cómoda”. En una primera versión, desde el Ministerio aseguraron que decía “estoy congelada”.

Un extracto de esa conversación difundido por El Debate muestra que antes Robles pide permiso al embajador para apagar la calefacción. Luego hay un corte y es cuando se produce esa frase: “Estoy cómoda, lo que pasa es que aquí a veces...”. Otro clip de Europa Press permite escuchar que Robles también explicó que era “muy friolera”.

El PP ha utilizado ese clip para mencionar a todos los socios del Gobierno y asegurar que una parte del Gobierno “dice que está con Trump”. “¿Cómo lo veis desde ese lado del muro? ¿Os han contado que hemos mandado una fragata armada rumbo a la zona de conflicto? ¿U os habéis enterado viendo la tele, como todos?”, les dice.

La ministra de Defensa mantuvo un encuentro con el recién nombrado embajador de Estados Unidos en España el miércoles, en medio de las amenazas de Donald Trump al Gobierno por su postura sobre Irán. En esa reunión, Robles defendió la “fiabilidad” de España como socio de la Alianza Atlántica y el compromiso con la defensa de la paz, el ordenamiento jurídico internacional y los derechos humanos.

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La Cristóbal Colón se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo. También saldrá brevemente a la mar el buque de aprovisionamiento Cantabria para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el Golfo de Cádiz.

Defensa ha explicado que Cristóbal Colón es la “fragata tecnológicamente más avanzada”. Su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot desplegada en Turquía. También estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto. “Con el despliegue la Cristóbal Colón, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental”, ha concluido Defensa.

La ministra de Defensa adelantó este jueves a primera hora en una entrevista en la Cadena Ser que el Gobierno estaría dispuesto a dar apoyo militar a Chipre tras los ataques que está recibiendo por parte de Irán y de la milicia Hizbulá: “España va a estar siempre con la UE, defendiendo los principios básicos de la paz”. Además, apuntó que se valorará la participación de España si “la UE o miembros de la UE deciden algunas misiones” y “lo que haya que hacerse, se hará”: “Pero tenemos que ser muy prudentes”.

“Una cosa son las misiones de ataque y otras las de defensa”, ha explicado la ministra en referencia, en comparación, al veto de que EEUU use las bases áreas de Morón y Rota para la guerra en Irán. Además, Robles ha recordado la presencia de España en misiones OTAN, como la de Turquía, y ha confirmado que una batería Patriot española fue clave en la operación para  interceptar el miércoles un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo turco.

“Trump dice que España no colabora, pero España está en Turquía, Irak y Líbano con la OTAN. Siempre en misiones de paz. Y lo mismo con las misiones de la UE”, ha apuntado la ministra de Defensa que ha insistido en que el Gobierno mantiene la posición adoptada por España de rechazo frontal a la guerra emprendida en Irán a pesar de las últimas declaraciones de la Casa Blanca.

“La posición del Gobierno de España ha sido contundente. Ética y jurídicamente estamos haciendo lo correcto. España está firmemente comprometido con la paz”, ha afirmado Robles en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha insistido en que el Gobierno no cree “en la guerra”: “La violencia no es el camino”. “La posición de España es clara y contundente, sin matices y vamos a apoyar siempre escenarios de paz”, ha reconocido y ha insistido en que “lo que está pasando en Teherán no es aceptable, pero el camino no es una acción unilateral”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido este jueves en que se mantiene la posición adoptada por España de rechazo frontal a la guerra emprendida en Irán a pesar de las últimas declaraciones de la Casa Blanca. En línea con lo asegurado el miércoles a última hora por José Manuel Albares, que afirmó que “desmiente tajantemente” que haya “cambiado ni una coma nuestra postura y no tengo la menor idea de a qué se puede referir”, ha dicho que ella también es “absolutamente contundente e incluso más que el ministro de Exteriores”. “No se va a autorizar el uso de las bases españolas de Rota y Morón”, ha defendido.

“La posición del Gobierno de España ha sido contundente. Ética y jurídicamente estamos haciendo lo correcto. España está firmemente comprometido con la paz”, ha afirmado Robles en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha insistido en que el Gobierno no cree “en la guerra”: “La violencia no es el camino”. “La posición de España es clara y contundente, sin matices y vamos a apoyar siempre escenarios de paz”, ha reconocido.

Preguntada sobre de dónde saca la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que España está coordinándose con sus homólogos en EEUU, Robles ha dicho que “ellos saben que no es verdad”. “No voy a hacer especulaciones de donde sacan esto, puede ser un paso atrás después de unas poco apropiadas declaraciones de Trump”, ha explicado. Desde el Despacho Oval y junto al canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente dijo que “España ha sido terrible” y apuntó a un corte de “todas las relaciones con España”: “Podríamos usar su base si quisiéramos. Podríamos simplemente volar allí y usarla. Nadie nos va a decir que no la usemos. Pero no tenemos por qué hacerlo. Pero ellos han sido poco amistosos”.

Cuestionada si estas declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca pudieron ser culpa de la reunión del miércoles por la tarde entre la ministra con el embajador de EEUU en España, Benjamín León, Robles lo ha negado. “Cuando habló, todavía estaba reunida con el embajador. Es imposible. Era una visita de cortesía y agendada desde hace tiempo”, ha señalado. “Ellos son perfectamente consecuente de que Trump no fue correcto”, ha apuntado y ha recordado que España “cuando no hay un amparo internacional, creemos que no se puede actuar”. “Lo que está pasando en Teherán no es aceptable, pero el camino no es una acción unilateral”, ha afirmado.

Con respecto a las últimas informaciones sobre que España estaría estudiando dar apoyo militar a Chipre tras los ataques que está recibiendo por parte de Irán y la milicia libanesa Hizbulá, Robles ha explicado que el Gobierno “va a estar siempre con la Unión Europea, defendiendo los principios básicos de la paz” y que se valorará si “la UE o miembros de la UE deciden algunas misiones” y “lo que haya que hacerse, se hará”: “Pero tenemos que ser muy prudentes”. “Una cosa son las misiones de ataque y otras las de defensa”, ha asegurado la ministra.

Preguntada sobre si era española la defensa antiaérea de la OTAN que interceptó el miércoles un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo turco, Robles ha dicho que no, pero que había sido una batería Patriot española fue clave en la operación para derribarlo. “Trump dice que España no colabora, pero España está en Turquía, Irak y Líbano con la OTAN. Siempre en misiones de paz. Y lo mismo con las misiones de la UE”, ha apuntado la ministra de Defensa.

Por último, y sobre si ha existido una llamada entre el Gobierno y la oposición ante la actual situación en Irán, Robles ha dicho que “el PP nunca ha tenido, al menos en el tiempo que lleva Feijóo, una concepción de Estado en política de Defensa”. “Incluso han ido a hablar mal de España al extranjero”, ha concluido la ministra.

En los próximos días, se cerrará el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas para dos fuertes inversiones, de 5,1 y 4,4 millones de euros, respectivamente, destinadas a reformar la base militar de Araka, a las afueras de Vitoria. Además, ya está en marcha una tercera licitación, valorada en otros 5,2 millones, para las nuevas instalaciones de la Real Sociedad de Hípica Militar en Donostia. Se trata de la principal reorganización del Ejército de Tierra en Euskadi desde 2015, ya que las obras buscan acondicionar el acuartelamiento alavés para que unos 400 efectivos ahora destinados en los cuarteles de Loiola de Donostia, que serán derribados, sean recolocados allí. El resto, pasarán al nuevo recinto, muy cercano al anterior, a apenas 500 metros. Pero, ¿cuál es el despliegue actual de las Fuerzas Armadas en suelo vasco? Según datos oficiales de 2025, hay 1.387 militares, una cifra muy similar a la de la dotación de la Policía Nacional, por ejemplo.

La salida de Loiola es un proyecto largamente esperado en Donostia, la ciudad con el precio de las viviendas más alto, para levantar allí del orden de 1.700 pisos. Hubo intentos desde 2011, pero el plan actual empezó a gestarse en 2020. Vox, que interpretó el movimiento como un repliegue del Estado de suelo vasco aunque ya desde el principio estuvo claro que el Ejército de Tierra iba a continuar en Donostia, intentó paralizar el plan en los tribunales, al entender las instalaciones militares merecían ser protegidas desde el punto de vista patrimonial. Aunque el recorrido judicial no cristalizó, finalmente el proyecto sí respetará algunas fachadas de los edificios. Así lo recomendó también un informe del Gobierno vasco adelantado por este periódico en 2022. El pasado año se cerró la venta a la ciudad de las instalaciones por un precio de unos 73,3 millones.

Aunque una treintena de organizaciones secunda la iniciativa 'Kuartel berririk ez!' en Donostia, incluidos EH Bildu, Podemos, ELA y LAB, la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, ha dado en este arranque de 2026 el paso definitivo para el traslado a la Hípica Militar, que ya era de propiedad de las Fuerzas Armadas y donde en su momento estuvo como alumno un joven Juan Carlos de Borbón, luego jefe del Estado de 1975 a 2014. Robles ha declarado el proyecto de “interés general”. Se urbanizarán cerca de ocho hectáreas y acogerá a la unidad destinada en Donostia, denominada Tercio Viejo de Sicilia y que en su 'web' sigue obviando que se sublevó contra el Gobierno el 18 de julio de 1936.

Ahora bien, este cambio ha generado un efecto dominó en Araka. El Estado va a modernizar una base que en su momento fue cuestionada por el PNV local, que planteó, entre otros proyectos, una circuito de carreras como parte de su triángulo del motor junto a la Fórmula 1 de Épsilon y el coche eléctrico Hiriko. En enero se han sacado a concurso dos proyectos de reforma.

El coronel-jefe, José Antonio Almela, informa en el expediente de esos contratos que se hará una “reforma integral” del edificio E0046, donde irán “la plana mayor y las compañías de servicio y mando y apoyo” de las actuales unidades destinadas en Vitoria, también del Tercio Viejo de Sicilia. Después, la “reforma integral” del E0045, el “edificio de transeúntes”, acogerá el mando de Araka y los efectivos de Loiola. Se tocarán también los E0040 y E0041. Igualmente, está prevista una adecuación del almacén E0039 para las furrielerías (suministros) del Tercio Viejo de Sicilia. En el edificio E0044 irá el “material sensible”, es decir, “armamento ligero, pesado y material de transmisiones”. El ED0057 se convertirá en vestuario. También habrá mejoras para la flota, tanto la de vehículos ligeros como la de pesados.

En Vitoria, EH Bildu ha criticado la llegada de 400 militares decidida por el Gobierno de España al que apoya. Asimismo, ha remarcado que Araka se asienta en una parcela que “fue arrebatada por parte del Ejército a la población alavesa y gasteiztarra en la década de 1960 con la aplicación de la ley franquista de expropiación forzosa”.

El Ejército de Tierra completa su despliegue en Euskadi con el regimiento de infantería Garellano, acantonado en Mungia, en Bizkaia. En 2015, cuando se produjo la anterior reorganización bajo Gobierno del PP, se disolvió la unidad 'vasca' San Marcial y este grupo depende ahora del brigada Guzmán El Bueno de Cerro Muriano, en Córdoba.

Según los datos facilitados a este periódico por Defensa, el Ejército de Tierra tiene en Euskadi 75 oficiales, 214 suboficiales y 1.045 efectivos de tropa. Son la parte más cuantiosa del despliegue de las Fuerzas Armadas. El Ejército del Aire y del Espacio no tiene destacamentos como tal en la comunidad autónoma y apenas constan como asignadas seis personas. Sí interviene, por ejemplo, en incendios forestales, pero con aparatos procedentos de otras bases.

La Armada, las fuerzas navales, tiene una presencia igualmente testimonial, con 35 funcionarios. Eso sí, dispone de tres sedes operativas. Se trata de la Comandancia Naval de Bilbao, de la Comandancia Naval de Donostia y de la Ayudantía Naval del Bidasoa, en Hondarribia. Una de sus misiones es la vigilancia del condominio más pequeño del mundo, la isla de los Faisanes ubicada en ese río y que durante medio año es de soberanía española y durante el otro francesa. Finalmente, hay otros once efectivos de los “cuerpos comunes” a los tres Ejércitos. Los 1.387 militares en suelo vasco representan el 1,17% del volumen total de personal de las Fuerzas Armadas españolas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no oculta su querencia por el Principado. De ascendencia asturiana por parte de sus abuelos, dice que a sus colaboradores en el Ministerio les ha dicho que “todo lo que venga de Asturias, adelante” y hasta la capital asturiana ha llegado este viernes, emocionada, para recoger la medalla de oro que le ha concedido la Cámara de Comercio de Oviedo y cuya entrega tuvo que retrasarse a consecuencia de la DANA de Valencia.

En su visita a Oviedo, la ministra ha realizado declaraciones en clave nacional y regional. Ha asegurado que el refuerzo de la inversión en defensa “ha venido para quedarse” porque considera que es necesario para garantizar “la paz, la libertad, la seguridad y la democracia” ante los ataques que está sufriendo el orden jurídico internacional.

Trabajar por la paz

Robles considera que incrementar el esfuerzo inversor de España, reflejado en el compromiso de alcanzar este año una inversión del 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en defensa, es una necesidad en un mundo en el que es necesario trabajar por la paz como demuestran las situaciones que se viven en Ucrania o Gaza.

En clave regional, la titular de Defensa ha destacado la relevancia de los grandes programas que se están desarrollando en Asturias, como el 8x8 o el Pizarro.

Los proyectos en Asturias

La ministra ha hecho hincapié en que dentro de ese desarrollo de la industria armamentística debe tener uno de sus principales pilares en Asturias gracias a la presencia de empresas como Santa Bárbara a través de su fábrica de Trubia (Oviedo) o la más reciente implantación de la compañía Indra tras la adquisición de una planta de Duro Felguera en Gijón, el Tallerón, para fabricar y ensamblar vehículos blindados.

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha resaltado el importante papel que tuvo la ministra en las negociaciones sobre el futuro de las instalaciones de La Vega, lo que derivó en la firma de un convenio entre las tres administraciones -central, autonómica y municipal- para transformar 127.000 metros cuadrados de superficie en un polo cultural, biotecnológico y residencial.

El compromiso “real y sostenido”

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido la necesidad de que se imponga “la sensatez y el interés de Estado” para que todos los proyectos ligados con el sector de la defensa que está previsto que se desplieguen en Asturias “lleguen a buen término más pronto que tarde”.

Barbón ha tenido palabras de elogio hacia la ministra, de la que ha destacado su “compromiso real y sostenido” con Asturias, así como su dedicación a esta tierra que, según sostiene, “se percibe y se agradece a nivel institucional, empresarial y social”.

“Has sido clave para dar un paso que abre la puerta al gran Oviedo del siglo XXI”, ha dicho el presidente dirigiéndose a la ministra para alabar su gestión que se ha materializado en la firma del convenio para la ordenación urbanística de los terrenos de La Vega y ha recalcado la necesidad de avanzar con diligencia en este proyecto: “La rapidez no es un capricho, es imprescindible para ganar credibilidad”.

Barbón ha destacado asimismo el impulso que la ministra ha dado a la presencia y actividad del Ministerio de Defensa en la comunidad autónoma.

Una referencia internacional

“Si hoy Asturias puede convertirse en una referencia internacional en la industria de defensa es, en buena medida, gracias a tus decisiones”, ha afirmado el presidente, que ha recordado que la comunidad reúne condiciones idóneas para atraer proyectos estratégicos vinculados con este sector capaces de crear empleo y riqueza.

El presidente ha agradecido la implicación de la ministra en actos significativos para el Principado, como la inauguración de la sede permanente de Asturias en Madrid. En este sentido, ha destacado su “generosidad, complicidad y excelente disposición para colaborar en todo lo que proponemos desde Asturias”, y ha recordado que su vínculo con la comunidad “no es de boquilla, sino de corazón y conciencia”.

Las relaciones entre el PSOE y Sumar atraviesan momentos de fuerte zozobra. La coalición de Yolanda Díaz no ha dado todavía por cerrada la crisis que llevó a pedir a la vicepresidenta segunda una remodelación del gabinete de ministros y que Pedro Sánchez obvia por el momento. En mitad de esas tensiones, el Consejo de Ministros aprobó esta semana una transferencia de material militar que ha provocado un nuevo enfado en el socio minoritario, que cree que no hay razones de peso para sortear el embargo de armas aprobado hace apenas unos meses.

El sábado elDiario.es publicó una información en la que detallaba el acuerdo del último Consejo de Ministros del año, celebrado el martes 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena: una transferencia de material israelí “de defensa y doble uso” para la empresa Airbus España. El paquete aprobado, según la referencia, irá destinado a “los siguientes proyectos aeronáuticos, con gran potencial industrial y exportador: A400M, A330MRTT, C295 y SIRTAP”. La semana pasada, medios especializados en Defensa y Artículo 14 publicaron que el Gobierno había activado la cláusula para sortear el embargo de armas a Israel.

Fuentes no oficiales consultadas por este medio indicaron que, en el caso de los aviones C295, podría tratarse de los radares ELM-2022A de ELTA Systems, filial de Israel Aerospace Industries (IAI), la mayor empresa aeroespacial israelí, con sistemas para uso civil y militar. A su vez, para los drones SIRTAP, que se ensamblan en las instalaciones de Airbus de Getafe, el programa quería contar también con el radar de la israelí ELTA. En cuanto a los aviones cisterna A330 MRTT, Emiratos Árabes Unidos ha seleccionado recientemente sistemas de autodefensa de la empresa israelí Elbit.

Tras conocerse la información, algunos partidos del bloque de la investidura como Podemos cargaron con dureza contra el Gobierno por facilitar una autorización de este tipo apenas tres meses después de la aprobación del embargo de armas a Israel, pensado precisamente para evitar este tipo de operaciones. Por eso Sumar trasladó en las últimas horas su total oposición al acuerdo, que ven como una “vulneración del objeto que motivó” el “decreto de embargo” y “de las obligaciones internacionales de España en materia de derecho internacional”. 

Así consta en las objeciones presentadas por los ministros de Sumar a la decisión, a las que ha tenido acceso este diario, en las que no ven para nada justificada la aplicación de la cláusula de excepcionalidad que se incorporó en una disposición adicional al decreto y que en su momento varios socios ya alertaron de que podía convertirse en un coladero. En la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno señala que la autorización se concede “de manera excepcional” en virtud del propio Real Decreto-ley de septiembre, en el que se permiten “excepcionalmente” transferencias de armamento y de doble uso —desde y hacia Israel, así como tránsitos— en caso de “menoscabo” de “intereses generales nacionales”.

El problema, para la coalición de Yolanda Díaz, es que a la hora de esgrimir esos supuestos intereses generales solo se menciona “el impacto económico en la actividad empresarial de una parte de la industria aeroespacial española” así como “intangibles”, como la “credibilidad de la industria nacional”, tal y como reflejan las objeciones que registraron los ministros de Sumar.

El Ministerio que dirige Margarita Robles cree que esa credibilidad podría verse dañada “como consecuencia de los eventuales retrasos que la sustitución de los sistemas israelíes actualmente empleados por otros proveedores podría ocasionar”, expone Sumar en su razonamiento, al que ha tenido acceso este diario. Tras las críticas de Sumar, en el Gobierno recuerdan que la autorización se enmarca dentro de los parámetros que incluía el propio decreto de embargo. “En el caso de Airbus, tiene relación con exportaciones a otros países y con el ámbito industrial y de creación de puestos de trabajo en sitios como la factoría de San Pablo, en Sevilla”, explicaba este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles. 

En una entrevista en TVE, Robles hizo hincapié en que, en cualquier caso, se trata de una decisión ajena a su departamento y, por tanto, a las necesidades militares de España. “El acuerdo que se tomó no tiene relación con las políticas militares ni de defensa, sino con el ámbito comercial, de las exportaciones”, dijo, en referencia al ministerio de Carlos Cuerpo, que impulsó en su día el decreto de embargo e introdujo también las excepciones.

“Para poder exportar determinados materiales y para poder seguir el trabajo de determinados proyectos industriales de aviones, como el A400 o el C295, Airbus necesita esa tecnología israelí, pero con una finalidad industrial, comercial, de exportación, y para nada está relacionado con el ámbito de las armas”, insistió la ministra, que recordó que su ministerio sí ha impulsado desde la aprobación del decreto un plan de “desconexión”. 

En la referencia oficial del Consejo de Ministros, el Ejecutivo argumentó: “En el caso de los proyectos señalados, no existen alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles. La imposibilidad de mantener ese comercio con Israel pone en alto riesgo la continuidad de estos proyectos para España, lo que supondría un impacto industrial, económico, de empleo y tecnológico de tal calibre que afectaría a la autonomía estratégica y a los intereses generales nacionales”.

Este lunes, fuentes gubernamentales contaron al diario El País que la empresa aeronáutica advirtió al Ejecutivo de que si no activaba la cláusula de excepcionalidad y permitía la importación de ese material israelí, podía peligrar la continuidad de esos programas “multimillonarios” y el “mantenimiento de miles de puestos de trabajo”. 

Esos argumentos, sin embargo, no tienen para Sumar el peso necesario que justifique la aplicación de la excepcionalidad. En las objeciones registradas, critican que estas razones se basen “exclusivamente” en el “impacto económico en la actividad empresarial de una parte de la industria aeroespacial española” o en otros “intangibles” como la “credibilidad de la industria nacional”, que podrían acarrear, sostiene Defensa, “los eventuales retrasos que la sustitución de los sistemas israelíes actualmente empleados por otros proveedores podría ocasionar”. 

“No existen motivos suficientes”, insistía Sumar en sus observaciones, para invocar la excepcionalidad. “Los ministerios de Sumar evidencian su oposición a la aplicación de esta excepcionalidad que supone una vulneración del objeto que motivó el RDL 10/2023, de 23 de septiembre y de las obligaciones internacionales de España en materia de derecho internacional”, añadieron.

Israel, foco de conflicto recurrente

En Sumar son conscientes de que el efecto de estas objeciones es limitado. Los acuerdos del Consejo de Ministros se firman por mayoría y los socialistas tienen mucho más peso en esas reuniones que los cinco ministros del espacio plurinacional. Pero la presión pública en este asunto sí les ha servido en otras ocasiones para que Sánchez terminase rectificando su posición inicial. 

Ocurrió por ejemplo con la crisis que desató la compra de dos lotes de munición a dos empresas israelíes por más de cinco millones y medio de euros. La formalización de ese contrato se concretó el pasado abril, a pesar de que unos meses antes el ministro, Fernando Grande-Marlaska, había afirmado públicamente que rescindiría la compra. Aquel conflicto estuvo a punto de escalar por la presión de Izquierda Unida, que llegó a amenazar con salir del Gobierno si el PSOE no daba marcha atrás. La crisis obligó a Sánchez a intervenir y obligar a Interior a cancelar el contrato, tal y como pedía Sumar, que llegó a hablar de una vulneración “flagrante” del acuerdo de coalición. 

Ya hubo tensiones en las negociaciones para la firma del acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, al inicio de la legislatura. Los socialistas se mostraban reticentes a incluir como uno de los puntos el reconocimiento del Estado de Palestina. Díaz quería una redacción que dejase claro el compromiso del Gobierno mientras que en el PSOE preferían rebajarlo para que quedase enmarcado dentro del consenso en la Unión Europea. Finalmente, el reconocimiento de Palestina se convirtió hace meses en una de las decisiones más trascendentales de este Ejecutivo en política exterior.

En los últimos meses, y a medida que Israel intensificaba su ofensiva contra la Franja de Gaza, Sumar fue incrementando la presión para la firma del embargo de armas, con la idea de frenar los contratos para la compraventa de material militar israelí. Finalmente, la medida se aprobó a través de un real decreto el 23 de septiembre, que el Congreso convalidó unas semanas después, no sin dificultades, puesto que Podemos amagó hasta el final con tumbarlo si no corregía los agujeros que a su juicio contenía el texto y que podían facilitar que continuase el comercio de este tipo de armamento. 

Algo que se ha terminado dando finalmente estas semanas y que ha provocado un nuevo choque entre el PSOE y Sumar, que llega además después de unas semanas muy difíciles en la relación entre ambos socios. Yolanda Díaz llegó a pedir una remodelación del gabinete de ministros después de las nuevas revelaciones sobre el caso de Francisco Salazar y la suma de operaciones judiciales alrededor de la causa que investiga las supuestas corruptelas de Santos Cerdán, ex secretario de Organización socialista. 

La ministra de Defensa, Margarita Robles se ha cerrado en banda ante la posible cesión de territorio ucraniano a Rusia, oponiéndose claramente a que España y Europa pudiesen respaldarlo: “En absoluto”, “Europa tiene que seguir apoyando a Ucrania”, ha asegurado este lunes en una entrevista en TVE. Sin embargo, ante una hipotética supervisión internacional de esos terrenos ucranianos tras un alto al fuego, Roble no se posiciona al respecto, dejando una puerta abierta a esa posibilidad y la participación de soldados españoles en ese despliegue: “Lo primero es que se alcance el acuerdo de paz”, ha afirmado.

La ministra ha reivindicado el papel de España “a la cabeza” de la defensa del derecho internacional en Ucrania “aunque algunos quieran negarlo”, ha añadido. Apoyar a Ucrania “es apoyar una comunidad de valores y de democracia, principios básicos del derecho internacional”, ha defendido. 

Estas declaraciones se producen tras la reunión estre el presidente esatadounidense Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la residencia del magnate americano en Mar-a-Lago, de la que surgen pocas conclusiones claras. “Estamos en la fase final de las conversaciones. Ya lo veremos. Si no es así, esto va a durar mucho tiempo, mucho tiempo. Van a morir millones de personas más y nadie quiere eso”, ha asegurado Trump, que se ha mostrado optimista sobre el fin del conflicto, aunque ha advertido: “No tengo plazos, quiero acabar con la guerra”.

Mientras Vladímir Putin reclama que Ucrania ceda las zonas del norte de Donetsk que el Ejército ruso aún no ha logrado ocupar, la propuesta alternativa de Volodímir Zelenski plantea la creación de un área desmilitarizada, con la retirada de ambas partes de la actual línea del frente. Esta iniciativa podría llevarse a referéndum en Ucrania, siempre y cuando Moscú acepte previamente un alto el fuego de entre 60 y 90 días.

En relación a otra de las reuniones de Trump, la que se ha producido este lunes en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Robles ha expresado que este último “no es quizás la persona adecuada para liderar este proceso, pero lo que es importante en este momento es lograr un acuerdo de paz”. Además, tres meses después del embargo total armas Israel, la ministra ha defendido que las tranferencias entre España y el estado israelí se limitan al “ámbito comercial, industrial y de exportaciones”. “No está relacionado con el ámbito de las armas ”, ha añadido.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha denunciado que cascos azules españoles de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) sufrieron un ataque israelí el domingo mientras patrullaban en el sur del país árabe, donde Israel sigue operando y desplegado en varias colinas a pesar del alto el fuego que está en vigor desde hace casi un año.

En una entrevista en el marco de un foro celebrado por Atresmedia, la ministra de Defensa ha asegura que “los soldados están todos bien” y que España ha transmitido una queja por el ataque que se produjo el domingo en torno a las 06.00 horas de la mañana, mientras patrullaban en su zona, según ha detallado Robles.

La titular de Defensa ha empleado las mismas palabras de condena del comunicado emitido por la propia FPNUL o UNIFIL (por sus siglas en inglés), que exigió a las Fuerzas de Defensa de Israel que “cesen todo comportamiento agresivo y los ataques contra o cerca de las fuerzas de paz, que trabajan para apoyar el retorno a la estabilidad que tanto Israel como Líbano dicen buscar”.

La FPNUL dijo que las tropas israelíes abrieron fuego contra las fuerzas de paz desde un tanque, cerca de una posición israelí en territorio libanés. “Los proyectiles de ametralladora pesada impactaron a unos cinco metros de las fuerzas de paz, que se desplazaban a pie y tuvieron que refugiarse en el terreno”, señaló en el comunicado. “Las fuerzas de paz pudieron retirarse a salvo treinta minutos después, cuando el tanque se replegó”, agregó, destacando que nadie resultó herido.

Por su parte, el Ejército israelí admitió el domingo haber abierto fuego contra cascos azules tras confundirlos por “sospechosos”. “Tras una revisión se determinó que los sospechosos eran soldados de la ONU que realizaban un patrullaje en la zona y fueron clasificados como sospechosos debido a las malas condiciones climáticas”, explicó en un comunicado.

Además, el Ejército afirmó que sus tropas no dispararon “deliberadamente contra los soldados de la UNIFIL” y que “el incidente está bajo investigación”, como siempre dice cuando se producen estos sucesos.

No es la primera vez que las fuerzas israelíes abren fuego contra integrantes de la FPNUL en el sur de Líbano, donde la misión de la ONU está desplegada desde hace años para mantener la paz entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá a lo largo de la denominada “línea azul”. Sin embargo, los cascos azules han estado más expuestos a los ataques israelíes desde que este país lanzó hace un año una ofensiva terrestre en suelo libanés, donde sigue manteniendo presencia militar en cinco puntos consideras estratégicos.

A finales de noviembre del año pasado, entró en vigor un alto el fuego pactado con la mediación de Estados Unidos, pero Israel no ha dejado de bombardear supuestos objetivos de Hizbulá en Líbano y se niega a retirar sus tropas por completo.