El desfile militar del 12 de octubre se ha desarrollado en el centro de Madrid con la convocatoria de elecciones y la crisis migratoria de Ceuta como telón de fondo. Felipe VI, que ha dedicado unos segundos a saludar a Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, poco después de que Pedro Sánchez fuera recibido entre insultos lejanos del público y con un frío recibimiento de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Como el año pasado, Santiago Abascal se ha quedado solo en su plantón al acto.

Los actos castrenses del 12 de octubre cuentan con un guion cerrado que no deja espacio para las referencias a todo lo que no sea el izado de bandera, el himno y la megafonía anunciando cada unidad militar de Tierra, Aire o la Armada que ha pasado por la Plaza Cánovas del Castillo, conocida el resto del año como Plaza de Neptuno. En ausencia del Grupo de Regulares de Ceuta, el prolongado saludo de Felipe VI a Vivas y los lejanos gritos del público a favor de la Ciudad Autónoma han sido las únicas alusiones explícitas o veladas a la situación.

Varias imágenes se han repetido con respecto a la edición del desfile de 2025. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado una tensa espera hasta la llegada de la Familia Real en compañía de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, que unos segundos antes cargaban contra el Presidente ante las cámaras de Telemadrid. Lo han hecho mientras, a lo lejos, se escuchaban insultos del público como “Pedro Sánchez, hijo de puta”.

Otra foto que se ha repetido en la tribuna de invitados ha sido la ausencia de Santiago Abascal. El líder de Vox, como ya hizo el año pasado, ha apostado por plantar al rey y a Sánchez e ir, en su lugar, a Ceuta para acompañar al francés Jordan Bardella, líder del partido ultra Agrupación Nacional.

La convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre también ha protagonizado la tribuna de invitados y de autoridades. La Familia Real ha estado escoltada por autoridades militares, miembros del Gobierno y presidentes autonómicos. En el punto más cercano a la tribuna de autoridades se ha situado Alberto Núñez Feijóo, acompañado de Ester Muñoz, su portavoz de campaña. El líder del PP, que no ha parado de mirar el móvil hasta que ha empezado el izado de bandera y posteriormente también durante el desfile, se ha agachado en varias ocasiones para hablar con algunos de sus barones, como Jorge Azcón (Aragón) o Juan Francisco Pérez Llorca (Comunidad Valenciana).

Del “atraco” de Page al “martirio” de Ayuso

Las declaraciones políticas han llegado a cargo de Isabel Díaz Ayuso y Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha. “El último desfile de Pedro Sánchez... España no soporta un día más a este Gobierno”, ha dicho la presidenta madrileña. El dirigente de Castilla-La Mancha, por su parte, entre frases de apoyo a Ceuta se ha referido a la posibilidad de aprobar la financiación autonómica en la Comisión Permanente del Congreso: “Sería un atraco, un hachazo directo al principio de igualdad, lo más contraproducente a los mensajes de campaña... no es el mejor momento”.

“Es un gran día porque hoy celebramos la Fiesta Nacional, el Día del Pilar, el Día de la Hispanidad, el orgullo de ser hispanos y formar parte de esta gran comunidad y también es el último desfile de Sánchez, con lo cual estamos todos muy contentos y seguramente él también porque ya se le va a acabar este martirio”, ha afirmado Ayuso. Sostiene la presidenta del Ejecutivo regional que “nadie le compra un peine” a Sánchez y que tratará de sacar “algún truco, algún señuelo de última hora” en su camino a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Avanzada la noche en uno de los extremos de la playa del Trampolín, Omar (nombre ficticio) había salido unos minutos de las tiendas del asentamiento para hablar tranquilo por videollamada con su familia. En la acera de enfrente, justo en la ladera de la colina, se encontró con otro chico marroquí, que acababa de hacer sus necesidades en el bosque y trataba de hablar por teléfono cuando un vehículo militar frenó en seco. Omar corrió tanto que logró esquivar a los dos soldados que empezaron a correr tras ellos, pero al otro joven lo atraparon, lo tiraron al suelo y le propinaron varias patadas y golpes con la porra, como queda demostrado en un vídeo publicado por elDiario.es. 

Esta agresión, confirmada con imágenes, ocurrió el 23 de septiembre. Habían pasado ocho días desde que el Ministerio de Defensa tenía conocimiento de las decenas de denuncias de palizas y vejaciones como estas, publicadas en una investigación de elDiario.es. Este medio preguntó de manera insistente a su departamento de comunicación y confirmó la recepción de los mensajes —y su traslado a cargos superiores—, pero no hubo respuesta. Tampoco el departamento dirigido por Margarita Robles dio traslado de estas denuncias a la Fiscalía o el juzgado, como sí acabó haciendo este miércoles, cuando la presión sobre su cartera se incrementó tras la difusión de un informe de Amnistía Internacional que recogía parte de las denuncias incluidas en la investigación de este medio. 

Esta es solo una de las palizas que, según alertan varios agredidos, ocurrieron después del 15 de septiembre, cuando elDiario.es confirmó que el equipo de Margarita Robles tenía conocimiento de estas denuncias. Además de estos hechos, grabados el 23 de septiembre junto a la antigua fábrica del Guano, frente al Trampolín, son muchos los nuevos relatos que casi cada día hombres y menores marroquíes trasladaban a elDiario.es. Amoratados, vendados o ensangrentados, al menos tres personas aseguraron haber sido agredidas por soldados españoles después de la publicación de la primera investigación.

“Me arrastraron por las escaleras”

La que Ahmed (nombre ficticio aunque este medio tiene su nombre y apellidos originales) lleva días intentando denunciar ante los juzgados ocurrió el 27 de septiembre, 12 días después de la publicación de la investigación de elDiario.es. El marroquí caminaba por la carretera cerca de la playa, en la zona de la Almadraba, alrededor de las dos de la mañana. “Siete soldados me detuvieron. Me registraron y me ordenaron arrodillarme”, explica el hombre cabizbajo dos días después de los hechos. 

Ahmed cuenta que los soldados le registraron. “No dejaban de preguntarme si llevaba un cuchillo o un arma; les dije que no tenía nada, y no me encontraron nada encima. Luego me agarraron, me bajaron por unas escaleras a la playa y me llevaron abajo, a la orilla del mar”, continúa el marroquí. Allí es donde, según su relato, se produjo la paliza. “Empezaron a golpearme y a patearme. Continuaron haciéndolo durante cerca de media hora y, luego, me dejaron allí tirado”, denuncia. 

Magullado y ensangrentado, cuenta, durante cerca de media hora permaneció inmóvil, tumbado en la arena en la oscuridad de la madrugada, sin poder moverse ni pedir auxilio. “Me quedé allí así hasta que por fin logré levantarme y caminar lentamente hasta aquí”, explica Ahmed en el mismo asentamiento donde aquel día encontró el apoyo de sus compañeros. Dos días después de los hechos denunciados, las marcas amoratadas aún son visibles en varias partes de su cuerpo, especialmente en la espalda. Son alargadas, compatibles con las que suele dejar el impacto por porras reglamentarias. Desde aquel día tiene dificultades para caminar. 

Ahmed cuenta con dos partes médicos que pretende presentar en los juzgados. Uno, elaborado por la ONG Médicos del Mundo, tras detallar cada una de las contusiones y heridas con las que encontraron al marroquí la mañana posterior a los hechos, concluye que “todas las lesiones son compatibles con el relato del paciente”. “Refiere haber sufrido una agresión en la zona de la Almadraba por parte de militares (dos vehículos y siete militares con uniforme verde)”, recoge el documento de la organización que cada día atiende a los migrantes en el polígono del Tarajal. “Refiere bofetada en el lado derecho de la cara que le habría tirado al suelo. Posteriormente, fue arrastrado por el pavimento y las escaleras hasta llegar a la playa. En este momento, refiere recibir fuertes golpes con elementos contundentes”, incluye el certificado emitido por la organización el 27 de septiembre, al que ha accedido elDiario.es. 

El facultativo de la organización describe hematomas en los surcos de los ojos y lado derecho de la cara, “heridas erosivas” en pabellón auricular derecho, en un brazo, en el torso y en la región lumbar derecha. “Presenta contusiones que sugieren golpes con un elemento alargado contundente, compatible con la porra en región lumbar”, apunta el certificado de la ONG sanitaria. 

El segundo es un parte judicial emitido por el Hospital Universitario de Ceuta, que enumera las mismas lesiones incluidas en el certificado de Médicos del Mundo, pero sin apenas detalle. Solo incluye que los hechos ocurrieron en “la calle y la playa”. Sobre la causa de las agresiones sufridas indica “agresión sufrida por la policía”, algo a lo que Ahmed reacciona con enfado, porque asegura que él transmitió que fueron los militares quienes la golpearon.

Con toda esa documentación, Ahmed lleva días preguntando a compañeros, activistas e incluso periodistas qué tiene que hacer para denunciar de manera segura. Teme sufrir consecuencias por trasladar su caso a los juzgados, pero está decidido a hacerlo. “No nos pueden tratar así. Quiero denunciarlo y que paguen por ello porque hacer esto no es legal”, dice el hombre, aún dolorido. Este jueves llegó a la puerta de los juzgados acompañado de un voluntario, pero se dieron la vuelta al percatarse de que no contaba con un documento que acredite su identidad porque lo perdió en estos meses de vida en las calles de Ceuta. Ahora, espera a que su familia le envíe una fotografía de una copia de sus documentos para volver a intentar presentar su denuncia en los juzgados. 

Gas pimienta contra menores

Al menos tres menores fueron rociados con gas pimienta mientras caminaban por la calle, dormían o volvían de hacer la compra, como publicó elDiario.es. Nawfaly tiene 17 años y se chocó con elDiario.es justo después de ser rociado con gas pimienta desde un vehículo militar. El adolescente se retiró las gafas, que evitaron el contacto directo del producto químico con sus ojos y señaló sus cristales. En ellas se veían pequeñas gotas del aerosol esparcidas por los vidrios. Su boca y mejillas empezaban a enrojecerse como reacción al gas irritante que acababan de echarle mientras caminaba por la calle con un amigo en dirección al asentamiento donde duermen.

“Veníamos de comprar algo de comida en el Mercadona, solo estaba andando, miraba el móvil, me han lanzado el spray desde el coche. ¿Por qué nos hacen esto?”, decía el chico.

Un día después de que una patrulla de militares lanzase gas hacia Nawfaly mientras volvía de hacer la compra, Reda (nombre ficticio) regresaba este martes al campamento de la playa del Trampolín después de haber sido entrevistado por elDiario.es en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía, donde intentaba registrarse como menor de edad. Cuando paseaba por las inmediaciones del Puerto de Ceuta, explica, un soldado le echó gas pimienta hacia los ojos.

Minutos después, el menor, de 17 años, escribió un mensaje a este medio: “Mientras caminaba hacia las tiendas de campaña donde duermo, unos soldados con boinas rojas me abordaron y me rociaron con gas lacrimógeno. Ahora estoy en las tiendas y siento un ardor intenso en los ojos”, alertó. Las “boinas rojas” que Reda describe coinciden con el tarbut utilizado por el Grupo de Regulares de Ceuta, una prenda de fieltro rojo de forma cilíndrica acompañada de una borla negra. En ese mismo momento, el chaval envió varias imágenes que muestran sus ojos enrojecidos, especialmente el derecho. “Eran cuatro. Cuando nos encontramos de frente con uno de ellos, me roció”, añadió. “Necesito ayuda. Me estoy muriendo por las quemaduras”. 

El PP ha anunciado este sábado que ha registrado en el Senado peticiones de comparecencia en sus respectivas comisiones de los ministros de Interior, Defensa y Exteriores, que se ausentaron en agosto de las que estaban convocados para dar explicaciones por la crisis de Ceuta, porque optaron por darlas en el Congreso.

En una nota de prensa, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha pedido a Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Asuntos Exteriores) que “salgan de su desacato parlamentario y cumplan con la ley”. Los presidentes de las tres comisiones se pondrán en contacto con los tres ministerios para fijar las fechas de las comparecencias.

Marlaska -en dos ocasiones-, Robles y Albares no acudieron al Senado en agosto porque unos días después estaban citados en el Congreso, donde dieron la información de sus departamentos sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio. El PP entonces solicitó al Tribunal Supremo mediante una medida cautelarísima que obligara a los tres ministros a presentarse en el Senado antes de que acabara agosto.

La sala de vacaciones del alto tribunal, en un auto del día 22, denegó la petición, por no estar acreditada la especial urgencia legalmente exigible para proceder sin dar audiencia a la parte contraria.

Según el Supremo, las explicaciones de los ministros no perdían eficacia si se daban en el período ordinario parlamentario que comenzaba el 1 de septiembre.

El exministro de Defensa Federico Trillo (2000-2004) ha defendido declarar el estado de excepción en Ceuta porque, en su opinión, facilitaría que se pueda expulsar a todos los migrantes que aún continúan en la ciudad a los que considera “invasores ilegales, sean o no menores”. El que fuera también presidente del Congreso, ha exigido además llevar a Marruecos ante los foros internacionales, sean estos las Naciones Unidas o los tribunales europeos, porque “alguien tiene que responder por las 150 muertes” que se han producido por la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

En una entrevista concedida a Europa Press, Trillo (PP) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado que tiene “síndrome de Estocolmo”, ya que está “en manos de sus secuestradores” y “contando la versión de los que le tienen atrapado, no se sabe por qué”. El exministro cree incluso que la versión de Sánchez es “tan increíble” que no ha sido “creída” ni por sus propios aliados parlamentarios. “No le cree nadie. Marruecos tiene todo que ver con lo que ocurrió en la invasión”, ha sentenciado.

Como prueba de ello, ha citado las reiteradas declaraciones de ministros marroquíes reafirmando su “pretensión sobre Ceuta y Melilla”. A su entender, “no cabe ninguna duda” de que el asalto del 30 y 31 de julio “fue programado y sigue siendo programado”.

Al ser preguntado por cuál debe ser la relación con Marruecos en este momento, Trillo ha dicho que “hay dos cosas a tener en cuenta”. La primera, la reacción que debe tener el Gobierno de España y que, en su opinión, pasa por “declarar un estado de excepción en Ceuta y proceder al desalojo y devolución de todos los invasores ilegales, sean o no menores o de cualquier otra condición”.

A su entender, si se declarase el estado de excepción “en ese momento se pueden expulsar a todos aquellos que se han introducido ilegalmente”. Se trata de un mecanismo constitucional extraordinario que se declara en caso de una grave alteración del orden público y que lleva al Estado a limitar derechos y asumir poderes extraordinarios para afrontar circunstancias que superan la normalidad.

En segundo lugar, ha apuntado a cuál debería ser la reacción ante Marruecos y que, a su juicio, pasa por “pedir de inmediato la responsabilidad internacional del Estado marroquí ante los foros internacionales, sea la ONU primero, la Unión Europea, el Tribunal Europeo y el Tribunal Internacional de Justicia porque alguien tiene que responder por esas más de 150 muertes”.

En su opinión, eso “es algo que solo es imputable a Marruecos” y, por tanto, “hay que exigir la responsabilidad internacional” de ese país, criticando que el Gobierno no lo haya hecho durante el mes que ha transcurrido. “150 muertes no es algo que deba quedar así, tiene que ser investigado”, ha apostillado.

Un “delito” contra la seguridad exterior de España

Al ser preguntado si cree que el presidente del Gobierno puede acabar siendo investigado por el Tribunal Supremo por lo ocurrido en Ceuta, como proponen desde el Partido Popular, Trillo ha señalado que es “muy importante” la investigación que está realizando la juez de la Audiencia Nacional María Tardón y ha dicho que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “acertó al situar el tema en manos de los jueces porque lo que se ha cometido es un delito contra la seguridad exterior de España”.

“Ese delito, una vez denunciado, tiene que ser investigado por los jueces, que es a quien le corresponde. Sabiendo, primero, que ha habido una invasión y, segundo, qué grado de concertación existía en las autoridades españolas, que durante ocho horas al menos no lo evitaron”, ha indicado.

Trillo ha destacado que las autoridades españolas tampoco lo previeron pese a existir informes del CNI y de las Fuerzas de Seguridad que “hacían previsible una invasión de ese tipo”. “Por tanto, donde debe residenciarse un hecho tan ilegítimo que ha costado más de 150 muertos es en los tribunales”, ha abundado.

Al ser preguntado por la propuesta de Vox de activar el artículo 102 de la Constitución para que el Supremo investigue a Sánchez por un posible delito de traición, el exministro de José María Aznar considera que “eso es prematuro” y que “no hay que prejuzgar la actuación de los tribunales”. “En un Estado de Derecho, cuando los tribunales tienen conocimiento de un hecho ilícito, deben respetarse sus tiempos y sus procedimientos, que son los que garantizan la imparcialidad y la objetividad. Por tanto es prematuro hacer calificaciones de ese tipo”, ha apostillado.

Sánchez, “secuestrado” por Marruecos

Después de que Sánchez negara que en los días previos recibiera alertas o avisos extraordinarios que anticiparan la entrada masiva, Trillo ha afirmado que “no solo miente” sino que está “secuestrado por las autoridades marroquíes”.

En su opinión, el presidente del Gobierno está “sometido a algún tipo de chantaje de manera que niega una evidencia” porque se ha producido una “invasión ilegítima” organizada “por la inteligencia marroquí y apoyada por sus fuerzas de seguridad e incluso militares”. “Y eso es incuestionable. ¿Qué más pruebas quiere?”, se ha preguntado, para añadir que hay incluso vídeos que lo recogen.

El también expresidente del Congreso ha recordado que ese asalto “es algo que estaba previsto” porque “ya lo anunció Donald Trump hace dos meses en la cumbre de la OTAN” al aludir a “problemas en las fronteras”.

“Y el rey de Marruecos siempre ha sabido que la manera de hacerlo es con ese tipo de invasiones 'pacíficas' como fue la Marcha Verde cuando estaba Franco declinante y se quedaron con el Sáhara. Y esto es exactamente lo mismo”, ha enfatizado, para aludir a la debilidad del jefe del Ejecutivo.

En cuanto a la publicación de todos los informes previos a la entrada masiva en Ceuta que ha anunciado Sánchez, Trillo ha dicho que es “muy necesario” pero ha cuestionado que lo haga porque “no le conviene nada”. “Ojalá lo hiciera, no creo que lo vaya a hacer”, ha resaltado.

Y ha invocado “el precedente” de los atentados del 11-M y ha recordado que el Gobierno del PP los desclasificó cuando se puso en cuestión su “rectitud”: “Se hicieron públicos los informes del CNI dirigido por (Jorge) Dezcallar que aseguraban en el momento y después de las bombas que había sido ETA”.

Defiende a Robles y pide que Felipe VI vaya a Ceuta “cuanto antes”

Trillo ha reconocido, siendo “objetivo”, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho “un acto de valor reconociendo la verdad” porque “el CNI sí informó”. Según ha añadido, si no se hace así, “el CNI como servicio de inteligencia quedaría desacreditado para el futuro ante todos los servicios extranjeros”. “Y como no es verdad pues lo mejor que ha hecho la ministra es decir la verdad. Creo que eso la honra”, ha apostillado.

A renglón seguido, ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien “en su día fue un juez reconocido”, “haya caído en la situación en la que ahora se encuentra”. “Ya no me atrevo ni a calificarlo. Es absolutamente impresentable”, ha enfatizado.

Sobre si el Rey debería visitar Ceuta este mes de septiembre, el exministro ha señalado que Felipe VI irá a la ciudad autónoma cuando “se considere oportuno” y ha recordado que “no puede decidir solo”, dado que “en una monarquía parlamentaria el rey tiene que actuar con refrendo del Gobierno”. “Por tanto será el momento en el que el Rey y el Gobierno estén de acuerdo pero, a mi juicio, si estuviera en el Gobierno debería hacerlo cuanto antes”, ha agregado.

Finalmente, ha señalado que los ministros de Sánchez que asistieron a finales de julio a la Embajada de Marruecos a celebrar la fiesta del rey Mohamed VI deben explicar “por qué aguantaron sin hacer nada” en esa recepción cuando “llevaban cinco horas ya pasando los invasores la frontera de España”.

“Quiero dar las gracias a los ceutíes por lo que han soportado, por la serenidad con la que han respondido y por haber demostrado, una vez más, que Ceuta puede ser un ejemplo de convivencia incluso en los momentos tan complejos como los que estamos viviendo”. Así cerró el jueves el presidente Pedro Sánchez una de las comparecencias parlamentarias más delicadas en uno de los momentos más difíciles de sus ocho años de Gobierno. Fueron más de seis horas en el Congreso para responder a un mes de vértigo, con Ceuta golpeada por una entrada masiva de inmigrantes que dejó al Ejecutivo sin respuesta en pleno inicio de vacaciones. Seis horas de debate parlamentario que evidenciaron la soledad del capitán del barco ante la tormenta perfecta.

Solo 36 horas antes de esa cita clave en el Congreso, una información adelantada por El Español sobresaltó al presidente y a medio gobierno. Un informe policial enviado a la jueza que investigaba lo ocurrido el 30 de julio en Ceuta apuntaba supuestamente a Marruecos como promotor de la entrada masiva de inmigrantes con la perversa intención de colapsar la frontera y los servicios sociales de la ciudad autónoma.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no sabía nada del informe y se movilizó ante un hecho que dejaba en ridículo al Ejecutivo español. Fue la madrugada más tensa tras un mes de sobresaltos casi diarios. “Estaban indignados y preocupados”, cuenta a elDiario.es una fuente próxima al Ejecutivo y conocedora de aquella situación. “Les estaban haciendo dudar y su preocupación no era tanto que aquella información policial complicara las relaciones con Marruecos, sino que habría que declarar poco menos que una guerra. Si hay un informe que tiene una prueba sólida, un mensaje, una llamada telefónica, algo que implique a un ministro del Gobierno marroquí en la organización o planificación de la entrada masiva de inmigrantes, te cambia la política exterior de este país para los próximos diez años”.

Entre la inquietud y la ignorancia, Sánchez, Marlaska y el resto de dirigentes del Ejecutivo que vivieron ese momento intentaron buscar una interpretación tranquilizadora. Alguien comentó que la información de El Español era incompleta. Que todo podía quedar, como al final ocurrió, en un informe policial sin pruebas definitivas y sin conclusiones claras. El documento, que conocieron horas después, no incluía ninguna afirmación sobre la participación directa del Gobierno de Marruecos en los hechos, pero hablaba de la posible connivencia de gendarmes marroquíes.

“Pero que diez agentes estuvieran en ello, como señalaba el informe, incluso demostrándose con pruebas de fuentes abiertas, no evidencia que el Gobierno de Marruecos ordenase, planificase o indujese la entrada masiva”, insisten fuentes del Ejecutivo. “El problema es de una complejidad extraordinaria pese a lo que cuenten supuestos expertos, porque cuando se producen los hechos el rey Mohamed VI está celebrando el Día del Trono a solo unos kilómetros de la frontera mientras decenas de miles de marroquíes cruzan la frontera gritando 'viva España' y repudiando al régimen marroquí. Vaya una manera de celebrar el Día del Trono promoviendo esta huida de sus compatriotas a suelo español”, ironiza un miembro del Ejecutivo de Sánchez.

El ministro del Interior intentó en aquella madrugada tensa del 2 de septiembre conocer todos los detalles del documento policial que podía dejar en papel mojado la intervención que el presidente Sánchez preparaba para su comparecencia en el Congreso. Fernando Grande-Marlaska difundió una carta que había enviado a su director general de la Policía pidiéndole explicaciones. “Pero fue imposible saber nada a esas horas porque ni siquiera el DAO [Director Adjunto Operativo] de la Policía había visto el papel”, explican fuentes próximas al Ministerio del Interior. “No hay providencia o al menos no la hemos visto. Nos dijeron que la jueza había dado una orden verbal por teléfono para prohibir informar a los superiores sobre el informe que había pedido”.

Sánchez acudió más tranquilo al Parlamento. Defendió la gestión de su Gobierno e hizo equilibrios para no responsabilizar a Marruecos de lo que él mismo denominó como una “violación a la integridad territorial de España”. Sus explicaciones no convencieron a nadie. Recibió insultos y descalificaciones desde la derecha y la ultraderecha, críticas sin matices de sus socios parlamentarios y duros reproches desde los partidos a la izquierda del PSOE. Todos le acusaron de “pusilánime” por evitar un mínimo reproche al país de Mohamed VI. “Por responsabilidad”, explican dirigentes próximos a Sánchez consultados por elDiario.es, “un presidente del Gobierno no pueda traspasar ciertas líneas ni lanzar según qué acusaciones contra otro país aunque ello implique quedarse solo frente a todo el arco parlamentario”. Y Sánchez no traspasó esas líneas. “El Gobierno de España no se puede permitir especular y acusar a un Gobierno extranjero sin pruebas”, insisten.

En el Palacio de La Moncloa son conscientes de que manejan una posición perdedora, porque la mayoría ve la mano de Marruecos tras los graves sucesos del pasado 30 de julio cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta con el beneplácito de la gendarmería marroquí.

“No se trata de taparlo. El Gobierno nunca ha dicho tajantemente que Marruecos sea inocente por lo ocurrido”, explica otro alto cargo del Ejecutivo. “No hay pruebas sólidas y los hechos constatados son de cooperación. El retorno del 90% de los que entraron el 30 de julio y regresaron un día después fue posible gracias a la cooperación de Marruecos tras una llamada del Gobierno”, explica.

Sánchez bajó del atril cabizbajo mientras la bancada del PSOE le aplaudía puesta en pie. Cuando segundos después la presidenta del Congreso dio por concluida la sesión, el presidente se fue directo hacia Ángel Víctor Torres, el ministro elegido para ejercer el mando único encargado de lidiar con la crisis en Ceuta. Abandonaron el hemiciclo juntos, conscientes del amargo trago parlamentario pero decididos a mantener que, sin pruebas, un Gobierno no puede acusar a otro de hechos tan graves como los que propiciaron la entrada de más de 70.000 personas en un solo día a una ciudad de unos 80.000 habitantes.

La “permisividad” que se atribuye a las fuerzas marroquíes y que acreditan las imágenes de la entrada masiva que se pudo ver en las televisiones de todo el mundo no es suficiente para responsabilizar a Marruecos. “Si tuviera pruebas de esa conducta”, explica otro dirigente socialista, “el Gobierno habría tenido que llamar directamente a la OTAN ante el riesgo prácticamente inevitable de un conflicto armado”.

Sin avisos previos, pero “Robles defiende a su gente”

“Lo sabía y lo tapó. Es un traidor”. La cantinela con la que PP y Vox zarandean a Sánchez desde hace semanas resonó en el Congreso. La entrada de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma pilló por sorpresa al Gobierno. Los servicios de inteligencia no alertaron de esa posibilidad. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), se puso en contacto en los días previos a la crisis con Diego Rubio, jefe de Gabinete de Sánchez, para alertarle de una creciente presencia de menores extranjeros en la localidad, consciente de que la ley no permite su expulsión, como en el caso de los mayores, y sus servicios estaban colapsados.

“Rubio se lo comunicó a Marlaska, que adoptó las decisiones policiales pertinentes. Pero en ningún caso Vivas, por mucho que cuenten, alertó sobre lo que venía. Ni mucho menos. Su gran preocupación eran los menores, de su falta de capacidad para atenderlos”, señala otra fuente del Ejecutivo.

Para apuntalar la idea de que no existían avisos previos de lo que venía, Sánchez anunció en el Congreso que desclasificará y facilitará todos los informes de esos días. Margarita Robles, ministra de Defensa, no aplaudió el anuncio del presidente. Alguien quiere ver los síntomas de un desencuentro irremediable. “El CNI”, cuentan desde el Ejecutivo, “no alertó sobre esa entrada masiva. Y el presidente es comprensivo con esa situación porque tampoco lo hicieron los servicios de inteligencia europea. Si un servicio extranjero conoce que ese ataque se va a producir, está obligado a informar a España. Nadie nos informó”.

Sánchez siempre apoyó la versión de su ministro del Interior frente al relato de la ministra de Defensa. “Margarita Robles estuvo en todo momento difundiendo una media verdad porque eso le permitía defender a su CNI. Siempre cierra filas con su gente. Pero Sánchez le adelantó que iba a hacer en el Congreso el anuncio de los dosieres para demostrar que nadie les avisó de la entrada masiva de inmigrantes y ella estuvo de acuerdo. Su actitud de no aplaudir cuando se produjo el anuncio no es muy distinta a la que mantiene en otras ocasiones. No le gusta ir al Congreso”, señalan fuentes parlamentarias. De hecho, Robles se ha borrado la próxima semana de las sesiones de control del Congreso y del Senado con dos decenas de preguntas de la oposición sobre la crisis de Ceuta. Algunas debía responderlas la ministra de Defensa y le tocarán a sus compañeros.

El 30 de julio era jueves y Sánchez tenía una cita el viernes en la sede del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde la que se coordinan los trabajos para la extinción de incendios. El fuego en Madrid estaba casi controlado y se había retirado el nivel 3. Pero esa tarde del 30 de julio se desencadena en Ceuta una crisis de seguridad nacional porque han entrado decenas de miles de personas y Sánchez habla por teléfono con los ministros de Interior y de Defensa. Podría haber convocado un Consejo de Seguridad Nacional, pero en su lugar decide visitar Ceuta a la mañana siguiente.

“Se va a un territorio invadido, según los términos utilizados por Vox, donde no sabíamos exactamente qué pasaba. Algunos le dijeron que tuviera prudencia porque en Ceuta había decenas de miles de inmigrantes que habían cruzado la frontera. Pero el presidente habló el día anterior con Vivas, y el jefe del Ejecutivo ceutí le transmite la gravedad de la situación”.

Pese a la entrada de decenas de miles de inmigrantes, Interior informó al presidente que durante la noche no se produjeron incidentes graves en las calles de la ciudad autónoma. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a su homólogo marroquí para pedirle que abriera la frontera y facilitara el regreso de decenas de miles de personas. “Marruecos se asustó como nosotros y aceptó”, señala una fuente del Ejecutivo. “Ese es el gran éxito y por eso no podemos culpar a Marruecos. ¿Nos pudo engañar? Sí, pero lo que nos transmitieron es que vino una riada de gente y no la pudieron parar, al igual que no la podíamos parar nosotros”.

“No fuimos conscientes de cuánta gente se quedaba”

La decisión de Sánchez de viajar el sábado al mediodía a Lanzarote para pasar las vacaciones en La Mareta —un gesto polémico y cuestionado a derecha a izquierda— fue un error de cálculo, cuentan fuentes del Gobierno. “No fuimos conscientes, porque no se veían, de cuánta gente se quedaba”, explican. Al constatar que había salido la mayor parte de los migrantes, el Gobierno consideró que se enfrentaba a “una crisis migratoria” como las de otras ocasiones, con unas 1.500 personas en la ciudad autónoma. “La sensación es que iban a salir todos. De ahí el comentario que escribe Óscar Puente en X. Pero había mucha gente escondida en el bosque y durante esa noche entre 1.000 y 1.500 niños fueron recogidos en casas de ceutíes. Al día siguiente solo se veía gente en la playa del Trampolín”.

Ese error de cálculo cogió a Sánchez de vacaciones. Su equipo remarca que La Mareta es una residencia oficial que cuenta con todas las medidas de seguridad y tecnológicas necesarias para estar presente en las conferencias telemáticas que hagan falta. Sánchez se mantuvo en contacto estrecho en todo momento con su equipo y tuvo decenas de llamadas diarias con Marlaska, Robles, la ministra de Migraciones, Elma Saiz o el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuentan desde el entorno del presidente.

Los alojamientos agrietan la relación con Vivas

La comunicación fue fluida con Vivas, aunque los roces con el presidente ceutí se agudizaron cuando el Gobierno, muy tarde, comenzó a buscar alojamientos provisionales ante los miles de migrantes que se habían quedado en Ceuta. Fue un tira y afloja constante que produjo encuentros muy tensos con el Ejecutivo ceutí, que bloqueaba la ubicación de los migrantes en los lugares que le proponía el Gobierno.

Sánchez convocó el 25 de agosto el Consejo de Seguridad Nacional e invitó, algo inaudito hasta esa fecha, al presidente de Ceuta. Vivas se plantó en esa reunión y reprochó a los presentes que en el listado aprobado por el Gobierno sobre los futuros espacios para alojar a los migrantes estaban diversos polideportivos de Ceuta. Sánchez respondió: “No te preocupes. No se habilitará ninguna ubicación sin el acuerdo de la ciudad autónoma”.

El rechazo de Vivas es aceptado por todos. “Pero y si mañana graniza o diluvia en Ceuta, ¿dónde metemos a esas personas?”, se pregunta un alto cargo ministerial. “Habrá que buscar un sitio con techo”.

Ese mismo día, el presidente de Ceuta proclamó poco menos que se encadenaría a un polideportivo —“a mí y a los que vengan conmigo nos tendrán que sacar de los polideportivos”, declaró— antes que dejar que se utilicen para acoger a inmigrantes. “Y eso”, opina un dirigente del Gobierno que conoció aquellos hechos, “es la cerilla en el bidón de gasolina que provoca los altercados más serios que hemos vivido, que provoca que un grupo de vecinos impida que la Cruz Roja, en el reparto de alimentos de las siete de la tarde, entregue comida a los migrantes en uno de los tres puntos habilitados”.

Sánchez, explica, ya se había comprometido en persona con Vivas para que todos los nuevos alojamientos serían acordados previamente con el Ejecutivo autónomo, como finalmente ocurre aunque con nuevos contratiempos.

El Consejo de Administración del Puerto de Ceuta se reunió el viernes para tratar la cesión de terrenos en el muelle de Poniente donde instalar los campamentos de acogida de inmigrantes. Solo votaron a favor los cuatro representantes del Gobierno central en ese organismo. Los 11 vocales elegidos por la ciudad autónoma, entre ellos el presidente del Puerto, los sindicatos, la cámara de comercio y los empresarios, rechazaron ceder esos espacios. Un nuevo obstáculo que complicaba la gestión de la crisis. Finalmente el sábado el Gobierno decidió tomar el control del muelle de forma unilateral, pese al rechazo de Vivas, para poder levantar allí los alojamientos para los migrantes.

“La derecha, y es muy lamentable, no quiere que se normalice la situación en Ceuta y va a poner todo tipo de obstáculos para que podamos solucionar los problemas generados en esta crisis”, vaticina un miembro del Gobierno.

El rey Felipe y la inoportunidad de una visita a Ceuta

La misma tarde del 30 de julio que Sánchez decidió visitar la ciudad autónoma tras hablar con Vivas y con sus ministros sobre la entrada masiva de inmigrantes, su gabinete informó a Casa Real sobre las intenciones del presidente. Fuentes del Ejecutivo sostienen que en esa conversación y tras conocer que Sánchez se iba a desplazar a Ceuta al día siguiente Casa Real sugirió que “cuando sea oportuno” el monarca podría visitar Ceuta. “Ni anuncian que van a visitarla ni piden ir a visitarla. Pero, ¿era oportuno? Obviamente no. Ellos saben que la última vez que ocurrió, en 2007, hubo una crisis diplomática. ¿Es el momento de añadir otra crisis diplomática? La Casa Real sabía que no podían ir”, explican a elDiario.es fuentes del Ejecutivo.

El choque soterrado entre instituciones se agrava con la reunión que el rey mantiene en el Palacio de Marivent (en Palma) con el presidente Vivas. No tanto por la visita sino por la información que trasladaron algunos medios en aquel momento. Fuentes socialistas sospechan que la Casa Real comentó a algunos periodistas que si el rey iba a recibir a Vivas en Marivent y no había acudido a Ceuta pese a las dificultades que atravesaba la ciudad autónoma era porque Sánchez se lo había prohibido. OKDiario tituló así: “El Rey Felipe quiso ir a Ceuta en plena invasión pero Sánchez se lo prohibió”, atribuyendo la información a fuentes de toda solvencia. “Esa información era mentira”, señala un alto cargo de Moncloa.

A la búsqueda de autor

A la espera de que la investigación policial y judicial avance, el Gobierno enmarca lo ocurrido en la influencia de las nuevas tecnologías y los mensajes difundidos a través de las mismas. Moncloa sí cree que hay un responsable, pero aún no sabe quién es y tratará de que los servicios secretos españoles se formen más en el análisis de esas redes sociales.

Sánchez y su equipo confían en que pronto se consiga un alojamiento digno para las personas que aún deambulan por Ceuta, se aceleren las repatriaciones y la crisis amaine.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el pasado 1 de septiembre la orden de ascenso a coronel del guardia civil Antonio Balas, quien ha estado al frente del departamento Anticorrupción de la UCO en los últimos años. El ascenso supone el cambio de destino de Balas, ya que su puesto está destinado a un teniente coronel, pero en la orden Robles accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno para que siga al frente del caso Koldo o Cerdán que se sigue en la Audiencia Nacional.

Balas permanecerá en la UCO a través de una comisión de servicio que acabará “al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore al adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido”, recoge la orden publicada por el Boletín Oficial de Defensa.

Tanto el auto como el informe del fiscal Luis Pastor que han motivado la decisión de la ministra de Defensa, de la que depende orgánicamente la Guardia Civil, pedían que Balas pudiera “continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación”. Pastor y el juez se dirigían al superior de Balas en la UCO, el coronel Pedro Merino Castro.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, firmó el ascenso de Balas a finales de junio, pero está establecido que la doble dependencia de la Guardia Civil, por su naturaleza militar, conlleve la firma de la titular de este último Ministerio.

El fiscal Pastor, en su informe, explicaba que Balas es uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación del caso Koldo y que “ha tenido un papel relevante en el curso de la misma”. Y por ello, en atención al artículo 16 de la norma que regula el papel de la Policía Judicial interesa que permanezca en su destino del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO “por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación”.

Los casos del PSOE y el Gobierno

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

Ya no es un simple choque del Ministerio de Defensa con el de Interior, sino con el conjunto del Gobierno de Pedro Sánchez. Margarita Robles vuelve a desmarcarse de la línea oficial del Ejecutivo e insiste en sede parlamentaria en que los servicios de Inteligencia españoles sí trasladaron avisos el día previo a la entrada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos por la frontera del Tarajal. Un extremo sobre el que incluso aporta ahora algún detalle y que desde Moncloa desmienten de manera rotunda. “O no se le ha entendido, o ella no se habrá explicado bien. Ni hay informes, ni hay avisos orales por parte del CNI a Delegación del gobierno, ni a ningún miembro del Gobierno, de que algo remotamente similar a lo que pasó pudiera suceder”, responden.

La contundente respuesta desde Presidencia del Gobierno choca con lo expuesto por Robles este martes en el Congreso durante su comparecencia por la crisis de Ceuta. “El día 29 de julio esos funcionarios [del CNI] que trabajan en Ceuta dan cuenta en la Delegación del Gobierno de esa convocatoria para el día siguiente para poder entrar a nado aprovechando esa fiesta que se daba en el país vecino”, expuso la ministra, que dio a entender que ese “aviso” se trasladó vía oral. “Esto de si hay informes o si no hay informes... Los servicios de Inteligencia operan de muchas maneras”, deslizó tras dejar a todo el mundo asombrado por revelar abiertamente que en territorio ceutí trabajan 25 miembros del CNI.

A la misma hora de esa comparecencia, el ministro del Interior atendía a los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer nada parecido a lo que sucedió, ni de nuestros servicios de Inteligencia, ni de ningún otro servicio de información de países amigos”, contestó a los periodistas Fernando Grande-Marlaska justo antes de señalar sucintamente a Margarita Robles como máxima responsable jerárquica del CNI. “¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo así no se habría elevado al nivel de las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?”.

Esa reflexión la comparten otros compañeros de Gobierno de la ministra de Defensa, que creen incluso que en su intento de defender a los servicios de Inteligencia o de señalar a su archienemigo Marlaska, Margarita Robles también deja en entredicho su papel en esta crisis. Porque nadie cree mínimamente realista un escenario en el que el CNI hubiera tenido información y no se la hubiera trasladado a su ministra. Y mucho menos uno en que la titular de Defensa tuviera esa información y no la hubiese compartido con el presidente.

Por eso, el argumentario oficial del Palacio de la Moncloa hace encaje de bolillos para no escenificar aún más la brecha evidente entre el discurso estratégico del Ejecutivo y el verso suelto de Margarita Robles. “Queremos entender que no son exposiciones contradictorias. No interpretamos que ella haya dicho que había informes ni siquiera orales, porque la evidencia es que no existe ese papel ni tampoco llamada conocida de nadie del CNI a nadie del Gobierno”, apuntan desde el Ejecutivo.

Desde Delegación del Gobierno han respondido a última hora que lo único que les fue comunicado desde finales de julio se refería a la evolución diaria de las entradas por vía marítima. “Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio”, sostiene un comunicado difundido este martes.

Primera comparecencia en el Congreso

La ministra de Defensa, Margarita Robles, asumió este martes el papel de ser la primera integrante del Gobierno en dar explicaciones en sede parlamentaria sobre lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio, y la gestión posterior de la crisis. Robles comenzó su comparecencia pidiendo “disculpas” a los ceutíes que “se hayan sentido abandonados o no suficientemente acompañados”. Y la cerró, tres horas después, asumiendo algo que, hasta ahora, nadie había hecho: que el Gobierno “ha llegado tarde” para asistir a la población, “porque la gente está sufriendo”.

Pero el motivo de la comparecencia no era pedir perdón, sino informar sobre lo ocurrido el día 30 y 31 de julio en Ceuta, así como la labor de los diferentes servicios de información en los días previos. Robles se apoyó en un informe del Estado Mayor de la Defensa para afirmar que la crisis se produjo en tres fases.

La primera, la “preparación y ejecución de un cruce por mar” a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la prohibición de las devoluciones en caliente a quienes accedan a España a nado. La propagación por redes sociales de esta información y del preparativo provocó un efecto llamada que convirtió en “miles” los iniciales “centenares” de personas que iban a dar el salto, según relató.

El día de la entrada masiva, prosiguió, se constató que “varias decenas de miles cruzaron la frontera dominados por una sensación de urgencia” y por la propagación en redes de imágenes que mostraban una frontera vacía en el lado marroquí a cuenta de la Fiesta del Trono. Según la ministra de Defensa, la mayoría se pusieron en marcha de forma inopinada: “El análisis de las imágenes evidencia que la inmensa mayoría no estaban preparados, no habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad”.

La tercera fase es el “retorno masivo” de la mayoría marroquí, desencantados, siempre según el relato de Defensa, porque los ciudadanos musulmanes de Ceuta no les dieron apoyo. Robles concluyó que, según los informes de los expertos del Gobierno, “el asalto se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por los mensajes en redes sociales de la supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras”. Y la ministra también reconoció la existencia de “actores interesados que probablemente hayan favorecido esta crisis, o la estén usando con una finalidad política de desestabilización”.

El jueves se retomarán las comparecencias del Gobierno y el turno será para Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, y de la titular de Sanidad, Mónica García. Está previsto que el viernes acudan a la Cámara Baja los ministros de Exteriores, Interior y Migraciones.

El jueves 30 de julio estaba yo tal que hoy, escribiendo mi artículo para el día siguiente. Era un día tranquilo, la gente tenía ya la cabeza puesta en las vacaciones, calma chicha en la actualidad política. Dejé escrito mi artículo temprano, uno sobre las quejas laborales de los bomberos forestales en plena ola de incendios, y me fui a echar el día a la playa con mis hijas y unos amigos. A primera hora de la tarde, estando yo en la sombrilla, me llamó Marco, el jefe de Opinión, para pedirme que escribiese de lo que estaba ya pasando en Ceuta, la entrada de cientos de personas por la frontera. Así que me fui al chiringuito, leí las últimas noticias y escribí sobre lo que a esa hora parecía una crisis migratoria no muy diferente a la de 2021. En mi artículo hablaba de “2.000 o 3.000 personas” pero esa misma noche, regresando a Sevilla en el coche, en la radio hablaban ya de 30.000, así que paré en una gasolinera y avisé a la redacción para corregir mi artículo: solo pedí que añadiesen un cero a mis cifras, “20.000 o 30.000 personas”, pues la idea de fondo se mantenía (crisis migratoria). Así de espabilado estaba yo aquel día. Como analista de política migratoria y relaciones España-Marruecos no tengo precio, no me digan.

Si enseño mi apasionante cocina periodística de aquel día, es para demostrar que lo de Ceuta no se podía saber, no se podía anticipar, fue toda una sorpresa. Si yo, un columnista de medio pelo que escribe desde el chiringuito, no lo vi venir, ¡cómo lo iban a anticipar el Gobierno, los servicios de inteligencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el ejército, los agentes destinados en Ceuta, los informadores que se supone que tenemos en Marruecos o los expertos que deben asesorar al Gobierno! ¡Nadie lo podía saber! ¿Cómo iban a enterarse todos ellos del movimiento de 80.000 personas hacia Ceuta, si no me coscaba yo desde la sombrilla?

¿Se entiende la ironía o hago un dibujo? Casi un mes después de la entrada masiva de personas en Ceuta, el flanco más débil de la posición del Gobierno sigue siendo la ceguera de aquella semana, que les cogiese desprevenidos. Que no reaccionasen a tiempo, que no hicieran nada para reforzar la frontera, que no se coordinasen con Marruecos, y que no tuviesen preparada una respuesta no solo policial sino también humanitaria, que ha tardado semanas en llegar. Se ha dicho muchas veces, para acusar a Marruecos de complicidad, que 80.000 personas con neoprenos y flotadores no se mueven de repente sin que nadie las vea. Tampoco sin que las vean desde España.

Lo cierto es que no hacía falta ser un espía con fuentes bien informadas en Marruecos: aquella misma mañana, mientras conducía hacia la playa, escuché en la radio al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. En honor a la verdad, nadie puede decir que Vivas no lo vio venir ni lo avisó. Sus palabras a esa hora, cuando solo habían entrado varios cientos en los días previos, eran de total alarma, alertaba del desborde y la “emergencia humanitaria y social”, y pedía ya al Gobierno el mando único que ha tardado un mes en llegar. No solo Vivas: la prensa ceutí de aquella semana no hablaba de otra cosa.

No sabemos si creer a Margarita Robles (que el CNI avisó) o a Marlaska (que no hubo ningún informe avisando). Y tampoco sabemos cuál de las dos posibilidades es más preocupante: que nadie se enterase, o que se enterasen y no hicieran nada. A ver si al menos se aclaran.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este martes ante el Congreso la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de espionaje de las Fuerzas Armadas en los días previos a la entrada masiva de personas a Ceuta procedentes de Marruecos. “Realizaron la labor que les era y es exigible”, ha sostenido, y ha informado de que el día previo a los hechos, el 29 de julio, avisaron a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma de la entrada “a nado” de migrantes.

Robles es la primera responsable del Gobierno que comparece ante el Congreso para abordar la crisis de Ceuta. Casi un mes después de la entrada masiva de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma, la ministra de Defensa ha querido “pedir disculpas” a quienes “se hayan sentido abandonados o no suficientemente acompañados”. “Estamos con ellos y sufrimos con ellos”, ha sostenido.

La ministra ha reiterado un mensaje que el Gobierno intenta lanzar desde hace un mes: “Cualquier agresión o intento de agresión a Ceuta o Melilla lo es a España en su conjunto. Son intocables. Ceuta y Melilla son España, que nadie lo olvide ni lo ponga en duda. Su soberanía, integridad y seguridad constituyen una responsabilidad del Estado que va a responder con firmeza, desde la legalidad pero con firmeza”.

Robles también ha recordado a las “casi 100 personas muertas” en el salto. “No sabemos exactamente el número de las personas fallecidas”, ha lamentado.

La ministra ha defendido la labor de los servicios secretos españoles, señalada por no haber advertido lo que iba a ocurrir. Pero Robles ha asegurado que sí hubo advertencias, y que tanto los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas como el CNI “realizaron la labor que les era y es exigible”.

La titular de Defensa ha revelado que el CNI tiene 25 agentes desplegados de forma permanente en Ceuta, aunque ha aludido al “deber de secreto legalmente impuesto” para no dar más detalles de los informes de inteligencia, que “opera como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan”.

La pregunta que ha querido responder Robles antes de que se la hagan los grupos es cómo pudo entonces ocurrir lo que ocurrió los días 30 y 31 de julio en Ceuta si hubo avisos. “Como la UE reconoce en sus informes”, ha sostenido, “las redes sociales son un potente instrumento para la rápida movilización de migrantes con el uso de menajes encriptados para compartir información del cruce de la frontera, usadas y manipuladas por agentes manipuladores”.

Robles ha citado un informe del Estado Mayor de la Defensa que describe tres fases en la crisis de Ceuta. Una primera, previa, de “preparación y ejecución de un cruce por mar” a lomos de una sentencia del Tribunal Supremo que “por una interpretación interesada de sentencia y el mensaje que se transmite de una disminución de efectivos policiales en el lado marroquí por la Fiesta del Trono”.

La propagación por redes de estos mensajes hizo que el número de personas dispuestas a cruzar aumentara, siempre según Robles, “el día 30, varias decenas de miles cruzaron la frontera, dominados por una sensación de urgencia”. “Análisis de las imágenes”, ha planteado, “evidencian que la inmensa mayoría no estaban preparados, no habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad”.

Ese mismo día, ha finalizado Robles, “un elevadísimo número de personas, de un 90%, constata que la situación en Ceuta es difícilmente sostenible. Las narraciones en redes son de desencanto, de acusaciones y de amenazas a musulmanes ceutíes por no haberles ayudado”, además de producirse una “incitación a realizar ciberataques y sabotajes al sistema de distribución eléctrica” de la ciudad autónoma.

En su réplica, Robles ha añadido información sobre la labor del CNI en los días previos a los hechos. “Los servicios operan y actúan de muchas maneras. No hace falta que sean informes manuscritos”, ha sostenido, poco después de que Marlaska haya dicho que no hubo “ningún informe” que advirtiera de la entrada en Ceuta.

“Les he explicado las distintas fases y la cronología” de lo que ocurrió, ha sostenido Robles, quien ha reiterado que “se estaba entrando a nado por la interpretación de la sentencia del Supremo”. “Y cómo esa interpretación, esa utilización, sin necesidad de informes de nadie o con informes que son secretos, se iba incrementando”, ha añadido.

“El 29 de julio esos funcionarios [del CNI], la identidad no la puedo decir, pero trasladan y dan cuenta en Delegación del Gobierno dan cuenta de esa convocatoria para el día siguiente, precisamente para poder entrar a nado aprovechando la fiesta del país vecino”.

La ministra de Defensa ha descartado también una participación directa de Marruecos en lo ocurrido el 30 y 31 de julio. Para ello, ha citado a “expertos” de su departamento y de los servicios de inteligencia: “El asalto se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por los mensajes en redes sociales de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras”.

Robles rechaza usar la fuerza

La ministra de Defensa ha asegurado que España ha aprobado la creación de “nuevas barreras en el espigón del Tarajal”, uno de los puntos de entrada a nado habituales desde Marruecos.

Este paso hacia Ceuta ha adquirido una nueva relevancia tras la sentencia del Supremo citada por la propia Robles, y que asegura que la ley no permite las llamadas “devoluciones en caliente” (es decir, sobre la marcha) cuando la entrada se produce a nado y sin superar barreras físicas.

Pero Robles también ha avanzado que España ha reclamado a la UE su “participación en defensa de la ciudad autónoma a través de Frontex y otros mecanismos”. El Gobierno también ha reclamado que se activen los mecanismos de ayuda económica comunitaria.

Lo que sí ha señalado Robles es la complicación de evitar una entrada masiva como la producida los días 30 y 31 de julio, incluso con el refuerzo del despliegue policial y militar en Ceuta.

La ministra de Defensa ha advertido de la “dificultad de impedir material y físicamente mediante la utilización de la fuerza esas avalanchas de cientos y miles de personas”. “No podría evitarse con un uso mínimamente proporcional de material antidisturbio, y no digamos de otros medios armados. El número de muertos sería incontable”.

PP y Vox, contra el Gobierno

La oposición ha arremetido contra el Gobierno por su actuación antes, durante y después de la entrada masiva en Ceuta. “¿Cómo es posible que haya permitido lleguemos a esta situación, señora ministra?”, ha arrancado su intervención la portavoz del PP, Ester Muñoz. “¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable ante la peor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país en democracia?”, ha añadido.

“Usted ha optado por su servilismo a Sánchez, lo cual le inhabilita para ser ministra de Defensa de todos los españoles”, le ha espetado Muñoz a Robles, a quien ha reclamado su dimisión porque en 2021, ante un asalto similar, “también dijo que no podía volver a pasar”. “Y ha vuelto a pasar”, ha señalado. “Usted dijo que no iba a volver a pasar y ha vuelto a pasar”, ha insistido.

“Usted ha venido y nos ha dicho lo que ya sabíamos todos”, ha reprochado. “Hay informes del CNI, de la inteligencia militar y de la Policía Nacional, los días previos al episodio, reconociendo que se veía algo de lo que va a pasar”. “¿Quién miente, señora Robles. El CNI, el Cifas, la Policía Nacional o [el ministro del Interior, Fernando Grande] Marlaska, que dijo que no ha recibido ninguna información?”, ha cuestionado.

Muñoz también ha reprochado la supuesta ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Compareció el día 31, dice a todos los españoles que España ha sufrido un ataque en su integridad territorial y después se largó de vacaciones”. “Uno espera que si el presidente del Gobierno de su país dice que España está siendo atacada en su integridad territorial, haya un plan, haya unas órdenes y haya una acción”, ha concluido.

Sumar defiende la gestión del Gobierno

El hoy portavoz de Sumar, Txema Guijarro, ha defendido en su turno la gestión del Gobierno. El diputado ha negado que el 30 y el 31 de julio se produjera una “invasión” de España y ha destacado que “no hubo muertes” provocadas por la intervención de policías o militares en el intento de intentar detener la entrada de miles de personas.

“Algunos han querido hablar de ataque a la soberanía, pero Ceuta no ha perdido el control administrativo, policial ni militar. La Guardia Civil y las Fuerzas Armadas mantuvieron la autoridad efectiva sobre el territorio. Los servicios de salud pública han funcionado. Pese a la enorme tensión vivida, sobre todo en los primeros momentos, el Estado de derecho se ha mantenido sin que se produjera ninguna muerte por represión militar ni policial. Los muertos, por desgracia, la mayor cifra jamás registrada, se debieron a ahogamientos durante la travesía a nado”, ha explicado.

“No ha habido una invasión ni una crisis de soberanía. Lo que sí ha habido es una crisis migratoria, una trágica crisis humanitaria que se ha llevado por delante la vida de decenas de jóvenes cuyo único crimen fue buscar un futuro lejos de una patria que se lo negó”, ha apostillado.

Guijarro también ha defendido la labor española para “canalizar el retorno” y “la protección de menores y personas vulnerables” en aplicación de la ley, de las sentencias judiciales y los Derechos Humanos.

“Procede reconocer la labor de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que han gestionado un episodio de magnitud sin precedentes, a la vez que coordinaban un retorno masivo en pocos días”, ha planteado.

El diputado de Sumar ha criticado a Marruecos, a quien ha acusado de, cuando menos, “intentar sacar tajada de la crisis”. “Cuando la desigualdad es rampante, las personas huyen”, ha sostenido. “Buscan un futuro, y les da igual lo que haya al otro lado. Ya sea una política represiva y deshumanizada, como la italiana, ya sea una aproximación más humanitaria al problema, como en España”, ha defendido.

“La presión migratoria va a ir en aumento”, ha espetado Guijarro a los representantes de las derechas. El diputado de Sumar ha reclamado a los gobiernos de PP y Vox que colaboren en el acogimiento de las personas migrantes que aguardan en Ceuta.

“Es crucial resolver el problema. Esto obliga al resto de España a arrimar el hombro y el traslado urgente a la Península de personas que por su situación no pueden ser devueltas sin poner en riesgo su vida e integridad. Pero claro, la derecha española se opone. Quiere la expulsión de todos sin más”, ha lamentado.

La polémica torre de 18 plantas que el Ministerio de Defensa quería levantar en El Viso, junto al Paseo de la Castellana, se aprobó cuando nadie parecía estar mirando: en pleno verano de 2025. Ha pasado un año desde entonces y la operación urbanística para centralizar oficinas al más puro estilo del Pentágono se ha diluido entre alegaciones vecinales, 88 en total; propiciando que el Ayuntamiento de Madrid diera marcha atrás en su aval y paralizara el proyecto aprobado unos meses antes. Pero los vecinos de este barrio acomodado, uno de los más exclusivos de la capital y donde el PP encadena varias mayorías, temen que aquel anuncio escondiera una cortina de humo para calmar las críticas y reactivar su construcción sin cambios sustanciales.

“Es importante saber si [el expediente] se ha archivado o no. El alcalde debería ser consciente, porque es abogado de Estado”, resalta Rafael Luque, abogado urbanista y presidente de la Asociación Perjudicados por la Torre de Defensa en Madrid. Esta organización de vecinos asegura haber presentado casi el 70% de las reclamaciones administrativas que paralizaron el proyecto cuando aún estaba en fase de alegaciones.

El pasado 11 de junio, su representante dirigió un nuevo requerimiento al Área de Carabante para solicitar el acceso al expediente remitido inicialmente por el Ministerio y aprobado luego por el departamento municipal, así como a los trámites intermedios y sobre todo el acta de paralización de ese plan especial, que aseguran haber conocido a través de Somos Madrid. “El Ayuntamiento no ha contestado a nuestras alegaciones [legalmente no tiene la obligación de hacerlo] y solo ha dicho a los medios que deberíamos hablar con Defensa para llegar a un acuerdo con ellos. Pero nosotros no tenemos que ir preguntando nada, ya lo hemos dicho todo en las reclamaciones: el consistorio es quien tramita el proyecto y les compete a ellos dar noticias a sus vecinos”, dice.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, aseguró un día después de que este periódico revelara el cerrojazo municipal que su equipo no aprobaría el boceto del Ministerio hasta que existiera un acuerdo con los residentes del entorno, dejando la pelota sobre el tejado de Margarita Robles. “No queremos hacer nada en contra de los vecinos”, garantizó Carabante, después de conocer las discrepancias respecto al posible impacto en la movilidad del barrio, uno de los argumentos más esgrimidos en las reclamaciones.

Esta misma semana, fuentes del Área de Urbanismo han insistido en esa misma idea. “No se va a aprobar el proyecto que presentó Defensa”, remarcaron desde Cibeles a preguntas de este periódico, a excepción de que antes se cierre un acuerdo con los vecinos y evitando aclarar si el Ministerio había presentado en este tiempo un segundo borrador que pueda haberse tenido en cuenta.

El plan del Ministerio de Defensa era levantar una torre de 60 metros de altura sobre una parcela que colinda entre las calles Joaquín Costa, Carbonero y Sol y el Paseo de la Castellana, en pleno distrito de Chamartín y cerca de otros edificios de gran altura, aunque a los pies de un barrio residencial. Este es ya uno de los puntos de gran ajetreo en la capital, pero la previsión es que una centralita de oficinas junto a la actual Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra –que mantendría sus aulas y talleres– concentre diariamente a cientos de trabajadores.

La previsión es extender el denominado “Pentágono español” sobre una parcela de 24.207 metros cuadrados de superficie, con unos 40.000 m² al alza para oficinas y 8.200 de alojamientos temporales para militares. Sin embargo, la asociación vecinal creada exclusivamente en contra de este proyecto alegó que el terreno escogido, del que el Ministerio de Defensa es el principal propietario, también se encuentra en un espacio blindado.

Según un informe emitido por el Área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, el número 6 de la calle Joaquín Costa está protegido desde el 28 de septiembre de 2023. En esa fecha, la parcela (incluida en el Grupo de Colonias de los Altos del Hipódromo) pasó a gozar de la categoría de BIC, un Bien de Interés Cultural. De hecho, entre las alegaciones presentadas al proyecto de Defensa llegó a sugerirse un posible fraude de ley en la calificación urbanística.

Como ocurrió con otras zonas dominadas electoralmente por el PP, el descontento en El Viso –un barrio tranquilo y adinerado– ha generado movimientos y rectificaciones municipales. Los vecinos, en sus inicios como asociación, llegaron a asesorarse por quienes antes habían creado una plataforma contra el ruido en el entorno del Santiago Bernabéu, donde la acumulación de denuncias llegaron a suspender conciertos masivos y obligaron al estadio a blindar acústicamente su estructura.

Otro ejemplo similar es el de Montecarmelo y su cantón de limpieza, cuyas obras llegaron a paralizarse por las críticas surgidas en este barrio acomodado de Fuencarral-El Pardo. Según datos recientes de Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el año pasado, aunque relativos a 2023, la media de las rentas brutas por hogar en el entorno de la calle de Joaquín Costa (donde se halla la parcela de Defensa) oscila entre los 90.000 y los 150.000 euros anuales, situándose en el 10% más rico de Madrid en base a los ingresos declarados por sus vecinos en el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Somos Madrid se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para conocer si este había presentado un nuevo proyecto o sopesado recurrir el bloqueo municipal, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha de esta publicación. Por su parte, otras voces de la asociación contra la torre temen que el ecuador de un nuevo verano sirva, como ya ocurrió en julio de 2025, para dar nuevos pasos y reactivar el proyecto. “Teniendo en cuenta la entidad del plan que tenían en mente, se me hace muy difícil creer que renunciarán tan fácilmente”, sentencia su presidente.

Al paseo por las calles de Ceuta que Margarita Robles decidió darse este miércoles rodeada de vecinos y de cámaras de televisión no le faltó casi de nada. Primero fueron insultos. “Sois una vergüenza, tu Gobierno y tú”. Después llegaron las lágrimas. “Tengo mucho miedo porque soy viuda y vivo sola”. Y luego algo parecido a un baño de masas en torno a una ministra de Defensa que no desaprovechó la ocasión de volver a marcar perfil propio. “Tranquila, suéltalo todo. Es bueno desahogarse”, le dijo la máxima responsable política de las Fuerzas Armadas a Pepi, una vecina ceutí que denunciaba “el abandono” de su ciudad y que acaparó junto a la ministra la atención de los programas televisivos que daban la escena en directo.

Margarita Robles, que pidió a los responsables militares que se pusieran a disposición de Pepi y que la condujeran hasta la comandancia para que estuviera presente en su comparecencia, redujo considerablemente el tiempo previsto de su reunión con el presidente de la ciudad autónoma para alargar su momento de cercanía con los ceutíes. Y también redujo el de su intervención, en la que apenas aceptó preguntas de la prensa y que centró en volver a trasladar un mensaje nítidamente diferenciado de la línea de prudencia con Marruecos marcada por Moncloa.

“Esto no puede volver a suceder. Ceuta y Melilla no es que sean españolas, es que son españolísimas. Y no se tocan. Quien agrede a Ceuta y Melilla agrede a toda España”, dijo la ministra de Defensa, que ya se salió del guion oficial los primeros días de la crisis para señalar directamente a Marruecos por la entrada de decenas de miles de personas por la frontera.

Ni el discurso ni la puesta en escena de Margarita Robles en Ceuta se parece en nada a lo que hicieron sus colegas del Gobierno que pisaron antes la ciudad autónoma tras la crisis fronteriza. Por allí han pasado el presidente Pedro Sánchez y los ministros de Política Territorial, Interior, Infancia y Exteriores. Todos con un mensaje muy medido, diseñado al detalle en el seno del Ejecutivo para no enturbiar aún más las ya delicadas relaciones de vecindad con Marruecos. Y aunque alguno de ellos sí transitó también por las calles de Ceuta y visitó algunas de las instalaciones clave, no lo hizo rodeado de medios de comunicación ni con la repercusión, por tanto, de la titular de Defensa.

“Es simplemente una cuestión de empatía”, comentan en el equipo de Robles, donde ponen en valor que la respuesta final de la gente que se había acercado a increpar haya sido el agradecimiento a la ministra por su actitud de cercanía y escucha. En la Moncloa, oficialmente, prefieren no criticar ese perfil propio de Margarita Robles, por muy evidente que resulte el choque.

Porque en esta crisis la titular de Defensa ha chocado con el ministro del Interior a cuenta del trabajo previo del CNI sobre el paso de 72.000 personas por la frontera. Ha chocado con el mensaje público del jefe de la diplomacia española, el ministro de Exteriores José Manuel Albares, que en todo momento ha ensalzado “la cooperación” del gobierno marroquí. Y ha chocado incluso con la estrategia política de Moncloa, que decidió que los ministros implicados en la gestión de Ceuta no acudan al Senado a dar explicaciones, como reclama el PP, sino al Congreso de los Diputados a finales de mes. Una instrucción que Robles no ha terminado de encajar del todo.

Los populares, de hecho, confían todavía en doblar el brazo al Gobierno y que la presión obligue a los ministros a comparecer ante el Senado la próxima semana. Y el eslabón más débil que ha encontrado la oposición ha sido Margarita Robles, quien aseguró en una carta remitida al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, que no podía asistir el 13 de agosto, día de su citación, pero que estaba dispuesta a acudir en otro momento.

Los gabinetes de ambas autoridades se pusieron en contacto para coordinar agendas. Desde el equipo de Rollán aseguran a elDiario.es que en dichas conversaciones informales se ofreció a la ministra de Defensa acudir el 18, el 19 o el 20 de agosto. Siempre antes que la cita prevista en el Congreso. Los dos últimos días no son viables por un viaje de Robles al Líbano.

Aquí difieren las versiones. Desde el entorno de Rollán se asegura que Defensa aceptó el 18, pero no existe constancia documental. El Gobierno niega que en esa conversación se cerrara la fecha de su comparecencia y descarta que ninguno de sus miembros vaya a acudir al Senado antes que al Congreso. En una breve nota a los medios, Moncloa dijo esta semana que sería la propia Margarita Robles quien descartaría acudir al Senado en su comparecencia de este miércoles en Ceuta, pero no lo hizo.

En la primera citación del PP en el Senado, la de Fernando Grande-Marlaska este miércoles ante la Comisión de Interior, el ministro decidió no ir y alegó “circunstancias obvias” para justificar su ausencia, que fue aprovechada por el PP y Vox, en coalición con Junts, para arremeter contra la gestión del Gobierno en Ceuta sin que hubiera réplica alguna.

Desde el PP y Vox han amenazado con emprender “acciones legales” contra los ministros ausentes, algo que depende de la Mesa del Senado, que ya ha abierto en esta legislatura varios conflictos contra el Gobierno y el Congreso. El pasado mes de mayo, el Tribunal Constitucional admitió a trámite una queja porque fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, y no el presidente, Pedro Sánchez, quien compareció para dar explicaciones por el accidente de tren de Adamuz.

“A ver qué pasa la semana que viene”, aseguraron este miércoles dirigentes del PP en el Senado, sin descartar que el Gobierno finalmente mande a alguno de sus ministros a responder a las preguntas de los senadores. Las mismas fuentes reconocen que los ministros “no deciden” si comparecen o no. Eso sí, admitieron, “deciden el cuándo”.

La mayor crisis fronteriza documentada de la historia reciente de nuestro país tensiona a dos de los departamentos estratégicos del Gobierno de Pedro Sánchez. Los ministerios de Interior y Defensa chocan por el reparto de responsabilidades en la falta de anticipación de España a los movimientos que se produjeron en Marruecos los días previos a que cruzaran la frontera ceutí 60.000 personas, según los cálculos del propio Ejecutivo central. Aunque evitó referencias explícitas a la polémica en torno a la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, Margarita Robles salió este lunes a defender expresamente el trabajo de los servicios de información españoles después de que Fernando Grande-Marlaska señalara que no ofrecieron información o aviso alguno que ayudara a prevenir la crisis.

“Quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS [Centro de Información de las Fuerzas Armadas], de los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil que, en todo momento y en condiciones muy difíciles que no se pueden contar, realizan su trabajo”, dijo la ministra, que decidió atender a los medios de comunicación tras visitar la Base Aérea de Zaragoza. A primera hora de la mañana, la Cadena SER había informado de que sí existieron avisos previos del CNI (dependiente jerárquicamente de Defensa) a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva de personas por el paso fronterizo de Ceuta. Algo que en el equipo de Marlaska desmienten de plano.

“Es absolutamente falso. Negamos rotundamente cualquier comunicación, informe o aviso del Centro Nacional de Inteligencia al Ministerio del Interior. Al ministro le pilló por sorpresa el episodio ocurrido en Ceuta”, apuntan fuentes del departamento de Marlaska, desde donde se insiste en que los servicios de inteligencia dependen de Defensa. Y añaden que, de existir esos informes, lo “lógico” es que hubieran sido remitidos tanto al departamento de Margarita Robles como a presidencia del Gobierno, algo que la portavoz del Ejecutivo también rechazó este lunes. “No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta”, dijo Elma Saiz en una entrevista en TVE.

En privado, los reproches entre Interior y Defensa son cruzados, algo que tampoco resulta novedoso por la complicada relación política y personal que es conocido que mantienen Robles y Marlaska. Creen en Interior que Defensa intenta eludir la responsabilidad política de un fallo en los servicios de inteligencia que ha impedido reaccionar de manera preventiva al desafío al que se enfrentó la semana pasada la frontera española en Ceuta y que ha acabado con la muerte de más de 80 personas. Una acusación que rechazan en Defensa, desde donde se desliza que sí que existía información suficiente como para que Interior hubiera dado órdenes mucho antes de lo que lo hizo. “Yo no voy a entrar en ninguna discusión que no favorece a nadie y que solamente favorece a unos pocos”, salió al paso Margarita Robles de las preguntas de la prensa para desmarcarse de las críticas al CNI tras recordar que también Interior tiene sus propios servicios de inteligencia.

En esa misma comparecencia improvisada ante los medios fue también la ministra de Defensa la que puso la nota discordante respecto al tono mantenido por el Gobierno con Marruecos, al que hasta ahora ha evitado criticar o reprochar nada siquiera de manera implícita. Pero Robles sí quiso mandar un mensaje al país vecino. “Hay que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española, no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se les toca. Yo le pido al Gobierno de Marruecos que haga lo mismo que España y llegue hasta el final de la investigación, que no puede ser que se utilice a menores como se han utilizado a esas personas, echándoles a la muerte sin más”.

En las antípodas de ese atisbo de crítica se expresó antes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que cuestionado por la actitud del país vecino ante la movilización de decenas de miles de personas que acabaron por entrar en territorio español volvió a insistir en su agradecimiento a Marruecos. “Desde el primer minuto nos mostraron su disposición total e inmediata sin solicitar nada ni pedir ningún tipo de elemento más para que regresaran todos inmediatamente. Hasta el último de los que han entrado va a retornar. Es la voluntad de Marruecos”, dijo en una entrevista en TVE en la que sí arremetió duramente contra los socios europeos que se lanzaron a criticar la política migratoria española en plena gestión de la crisis.

Mientras, en Ceuta continúa desplegado el dispositivo extraordinario que implica a Policía, Guardia Civil y Ejército para localizar y devolver a Marruecos a las personas que cruzaron la frontera, gran parte de las cuales ha regresado a pie y por voluntad propia a través del paso fronterizo. Las organizaciones humanitarias han pedido una respuesta a los líderes europeos “con solidaridad” a lo sucedido. El régimen de Mohamed VI, que achaca lo ocurrido a “la actuación de redes de tráfico” y a la interpretación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra las devoluciones en caliente por mar, asegura ahora que “seguirá siendo un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado este jueves al “sentido común y la responsabilidad” de los pasajeros españoles del crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus, para que asuman la cuarentena una vez que lleguen desde Canarias al Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla'. “Estoy convencida de que van a ser responsables y van a querer estar vigilados en cuidado de su propia salud y de la salud pública”, ha dicho García en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha advertido que, de no hacerlo, tienen “instrumentos legales suficientes para proteger la salud pública”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, había anunciado a última hora del miércoles que la cuarentena en el hospital militar sería “voluntaria”. “Tiene que haber un consentimiento informado”, señaló Robles, “puesto que es una medida privativa de libertad y que exige estar durante el tiempo de cuarentena privado de libertad en una habitación”.

Desde Sanidad salieron al paso de estas declaraciones asegurando que, “en todo caso, el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública con todos los instrumentos legales a su disposición, como no podría ser de otra manera”.

Pero este jueves, García sí ha mencionado ese consentimiento. “Cuando [los 14 españoles en el crucero] lleguen a Madrid, vamos a hacer una evaluación, que nos den el consentimiento y, posteriormente, tendremos que ir evaluando día a día cuál es la evolución. Les haremos PCR y todas las pruebas necesarias y evaluaremos con expertos internacionales cuál es la cuarentena”, señaló la ministra de Sanidad.

Desde este departamento, ha explicado, se han puesto ya en contacto con las familias. “Les hemos trasladado la necesidad de proteger su salud y la salud pública”, ha expresado García, que confía en la “responsabilidad” de los cruceristas. “Estoy convencida de que van a ser responsables”, ha insistido.

En caso de que se nieguen, García ha repetido que el Ejecutivo dispone de los “instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas suficientes para proteger a la población”. En concreto, la ministra ha mencionado las “medidas especiales en materia de salud pública” que recoge la ley.

La Ley General de Sanidad establece, en su artículo 26, que las autoridades sanitarias “adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes” cuando “exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.

Además, la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública recoge que en su artículo segundo que “las autoridads sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas”. “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”, indica en su artículo 3.

El partido político extraparlamentario Iustitia Europa ha interpuesto ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi y contra otros mandos y militares israelíes aún por identificar por la presunta comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, detención ilegal y coacciones. Los hechos que se recogen en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron el pasado 7 de abril cuando un sargento del Ejército español que formaba parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) fue presuntamente detenido ilegalmente por fuerzas israelíes durante aproximadamente una hora.

La formación presidida por el abogado Luis Pardo, que se identifica como “apartido” y ha ejercido la acusación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, califica el episodio de “ataque deliberado y flagrante violación del Derecho Internacional” y recuerda que se produjo cuando un convoy logístico del contingente español de la FINUL (cascos azules) fue “interceptado de manera hostil por fuerzas israelíes en la demarcación de Taybeh”. Cabe recordar que sobre esta detención, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, indicó el pasado jueves que ella había tenido controles de tráfico en los que había estado “bastante más tiempo retenida”.

La denuncia explica que ese personal español que fue retenido por fuerzas israelíes operaba bajo el amparo de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el respeto a la seguridad y libertad de movimiento de la FINUL. “Durante la interceptación, un sargento español fue extraído violentamente de su vehículo, retenido ilegalmente durante aproximadamente una hora y sometido a violencia física y trato degradante, antes de ser liberado tras una intensa presión diplomática”, recuerda.

Añade que el incidente ha sido calificado por fuentes oficiales como un “acto absolutamente hostil con violencia física” y recuerda que tras ser extraído e introducido con violencia en otro vehículo sufrió “un traslado forzoso a una localización distinta y no autorizada, consumando así una privación de libertad ambulatoria”. Suma a esto que lo ocurrido “no solo constituye una detención ilegal en toda regla, sino un trato degradante proscrito por el Derecho Internacional” que fue ejecutado “con la clara intención de amedrentar y desmoralizar al contingente de paz”.

Lamenta además que la liberación del militar solo se produjo “tras una intensa y urgente gestión diplomática del Gobierno de España ante las autoridades israelíes” y asevera que este no es un hecho aislado o fortuito sino que se enmarca “en un patrón de hostigamiento” dado que se han dado ataques directos e indirectos contra patrullas de la FINUL.

Tras describir lo acaecido, la formación indica que la Audiencia Nacional es la competente para conocer de la denuncia dado que los hechos descritos son compatibles con el delito de crímenes de guerra y no consta que se haya iniciado procedimiento alguno en Israel ni en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Y recuerda que afectan a un ciudadano nacional y atenta contra los intereses del Estado español en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como contra la propia arquitectura de seguridad colectiva de las Naciones Unidas.

La responsabilidad penal

Para Iustitia Europa la responsabilidad penal debe recaer primariamente en los militares que ejecutaron materialmente la detención porque fueron autores directos de la interceptación del convoy, de la coacción para detenerlo, de la extracción del militar español de su vehículo, y de su posterior retención y traslado forzoso. “La identificación precisa de estos ejecutores materiales es, por tanto, una de las finalidades primordiales de la fase de instrucción que se solicita, a fin de que respondan individualmente por sus acciones”, añade. Y suma a esto que el Derecho Penal Internacional “ha consolidado el principio de responsabilidad del superior para la prevención y sanción de atrocidades”. Por otro lado, resalta que aunque la jurisdicción penal se centra en la responsabilidad individual, considera que los actos denunciados conllevan “la responsabilidad internacional del Estado de Israel”.

La denuncia solicita una serie de diligencias a la Audiencia Nacional, como que requiera a Interpol y Europol que identifique al personal israelí que llevó a cabo la detención; que recabe los informes al respecto que hayan elaborado desde el CNI; y que cite en calidad de testigos tanto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el militar retenido, entre otras.

La empresa GDELS-Santa Bárbara ha concluido el proceso de fabricación de su primer vehículo Hunter destinado al Gobierno letón en la planta que tiene en Trubia (Asturias), con el fin de iniciar la fase de pruebas en Sevilla.

La primera unidad Hunter del contrato letón, que comprende 84 vehículos y soporte integral al ciclo de vida hasta 2037, sale este viernes de la planta de Santa Bárbara en Trubia con semanas de antelación a los plazos inicialmente previstos, según ha informado la compañía este viernes en una nota de prensa.

Eficiencia y solidez

El vehículo parte con destino a la planta de GDELS-SBS en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde completará la fase de verificación y la capacitación inicial del usuario, antes de su envío a Letonia esta primavera, apenas un año después de la firma del contrato.

La compañía, con sede en España e integrada dentro de la empresa estadounidense General Dynamics, ha afirmado que el hecho de que el producto se haya fabricado con semanas de antelación “confirma la eficiencia” de su modelo productivo así como la “solidez” en la cadena de suministro nacional formada por más de 130 empresas españolas.

El encargo

El plazo de entrega de estos vehículos es este año 2026.

El Gobierno letón ha encargado a la firma el desarrollo y fabricación de 84 unidades de este vehículo de combate de manufactura española basado en la plataforma Ascod, utilizada, entre otros, por los ejércitos de España, Austria y Reino Unido.

El Gobierno letón y Santa Bárbara firmaron, además, un acuerdo para el apoyo al ciclo de vida de estos vehículos hasta el año 2037, que se llevará a cabo desde las instalaciones de Alcalá de Guadaíra.

La noticia se ha confirmado coincidiendo con la visita que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha realizado a Asturias.

El contrato de los 8x8

En el Principado, Margarita Robles ha apelado a la responsabilidad de los socios que conforman el consorcio Tess Defensa -Indra, Santa Bárbara, Escribano y SAPA- para que se cumpla “en tiempo y forma” el contrato de los 8x8, los blindados destinados a suplir los BMR en el Ejército de Tierra.

“Tengo que decirlo claramente: me preocupa enormemente y hago un llamamiento a la responsabilidad de las empresas para que cumplan pronto y en forma el contrato del 8x8 (...) porque el Ejército de Tierra merece lo mejor, y al mismo tiempo, porque entendemos que es la mejor manera de que se pueda seguir trabajando con seguridad”, ha señalado.

Robles: “Hay incumplimientos”

Al ser preguntada por los problemas técnicos que están dando los 40 blindados 8x8 Dragón que se entregaron el pasado enero a la base de la Legión en Almería, la ministra ha insistido en que hay “incumplimientos claros” por parte de Tess y de las empresas que forman parte del consorcio que son motivo de preocupación desde hace años para el ministerio.

El contrato para la fabricación de los 8x8 Dragón, que asciende a 2.100 millones de euros, contempla la fabricación de 348 vehículos de combate cuya entrega debería llevarse a cabo de forma progresiva hasta 2027.

La preocupación

La fabricación en serie comenzó a finales de 2021 en la factoría de la Empresa Nacional Santa Bárbara en Trubia (Oviedo), pero los primeros once blindados no se entregaron al Ejército de Tierra hasta mayo de 2025.

“Al Ministerio de Defensa siempre le ha preocupado el programa 8x8” porque está habiendo un incumplimiento del compromiso asumido por las empresas de cumplir con los plazos, ha afirmado la ministra.

Robles ha hecho estas declaraciones durante una visita al Regimiento de Infantería ‘Príncipe’ número 3, en el Acuartelamiento 'Cabo Noval', en Siero (Asturias), donde ha asistido a una demostración de la unidad de drones, operativa desde hace un año y medio. 

La relevancia de Asturias

La ministra de Defensa ha asegurado que Asturias “es un lugar clave y esencial para su departamento porque ”tiene y va a tener un papel fundamental“ en cuanto al compromiso que mantiene el Gobierno de llegar a destinar el 2 por ciento del PIB a inversiones en defensa.

“Más que nunca, invertir en defensa es invertir en paz, con la que el Gobierno de España está tan comprometido” ha afirmado la ministra, que ha señalado además que invertir en defensa es hacerlo también en puestos de trabajo.

El papel “fundamental” del Principado

En esta inversión, ha añadido, Asturias tiene y va a tener un papel fundamental ya que en la comunidad está presente la Empresa Nacional Santa Bárbara e Indra, que mantiene planes de expansión sobre los que la ministra no ha querido pronunciarse.

Acompañada por el jefe mayor del Ejército, Amador Enseñat, del coronel jefe del Regimiento de Infantería Príncipe, José Miguel Garcés, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, la ministra ha comprobado la efectividad de distintos drones que pueden ser utilizados tanto para misiones de observación como para defensa o ataques.

Se trata de drones cargados con proyectiles, equipados con cámaras térmicas o con sistemas de medición, así como otros de fibra óptica o los destinados a labores de observación y vigilancia forman parte del equipamiento del “Pelotón de Observación” de este regimiento, integrado por ocho tiradores de precisión y expertos en el manejo de estos aparatos.

El trabajo con drones

Al frente de ellos, el cabo primero David Domínguez ha señalado que esta unidad especial empezó a funcionar a raíz de la Guerra de Ucrania, que algunos de los drones que utilizan han sido desarrollados por ellos y que también trabajan con equipos antidrones.

En la demostración, un dron cargado con cinco proyectiles los ha ido lanzando sobre los objetivos marcados y otro nodriza (dos acoplados en el que uno de ellos lleva una carga explosiva) ha sido utilizado para atacar un vehículo terrestre, ejercicios que se llevaron a cabo con precisión.

Los militares del Regimiento Príncipe número 3

Según la ministra es un orgullo lo que hace en Asturias el Regimiento Príncipe número 3, perteneciente a la Brigada Galicia VII y del que forman parte cerca de 1.200 militares, tanto por su partcipación en misiones internacionales, como Eslovaquia, “donde dejó el pabellón español muy alto” como por ser pionero en todo lo relacionado con los drones.

“Los enfrentamientos con drones están teniendo un gran protagonismo y por eso es importante que el Ejército español sea muy pionero y avance en todo lo relacionado con los sistemas antidrones”, ha añadido. 

El alineamiento del PP y de Vox con EEUU e Israel y su campaña de bombardeos ilegales sobre Irán dio un salto cualitativo este jueves con la difusión de noticias falsas para criticar al Gobierno por el 'no a la guerra' que Pedro Sánchez ha recuperado dos décadas después. “Es la ética del engaño en versión internacional”, dijo Feijóo sobre el presidente, a quien parafraseó: “Se resume en cuatro palabras: como siempre, Sánchez miente. Miente a la OTAN, miente a la Unión Europea y miente a los españoles”.

El primero de los bulos quedó desmentido casi a la vez que se publicaba, pero el PP no solo lo mantiene, sino que se reafirma en él. A primera hora de la mañana del jueves varios medios como Onda Cero difundieron un vídeo donde la ministra de Defensa, Margarita Robles, le dice supuestamente al embajador de EEUU en España: “Yo estoy con Trump”.

El Ministerio de Defensa desmintió la información y aseguró que Robles dijo “estoy cómoda”. Otros medios, como El País, difundieron una versión más larga del vídeo donde, tras hablar sobre la calefacción de la sala, el embajador pregunta a la ministra si está “cómoda”, a lo que ella responde que sí lo está. Otro clip de Europa Press permite escuchar que Robles también explicó que era “muy friolera”.

El embrollo, que podía no haber pasado de una información desmentida, ha alcanzado cotas políticas porque tanto el PP como Vox se hicieron eco de los bulos. Y no solo eso: tras los desmentidos, lo han mantenido y han añadido algunos más.

Feijóo menciona el encuentro de forma indirecta

Horas después de publicar el bulo en las cuentas de sus redes sociales, fuentes oficiales del PP mantuvieron a preguntas de elDiario.es que “el Gobierno a veces miente”, sin aceptar ni desmentir expresamente si el PP realmente cree que Robles dijo “estoy con Trump”. El propio Feijóo se hizo eco del bulo de forma indirecta, quizá para no dejar para la hemeroteca una declaración suya propalando una mentira. En un acto sobre el 8M convocado por el PP en el Congreso, y que se convirtió en una retahíla de ataques personales contra Pedro Sánchez, el líder de la oposición dijo del presidente del Gobierno que “polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado”.

Un par de horas después, el PP volvió a insistir en que Robles dijo “estoy con Trump” en un mensaje en sus cuentas oficiales en redes sociales.

La fragata a Chipre

La imagen publicada por el PP recoge otras dos informaciones manipuladas, en el mejor de los casos. España ha enviado un buque de guerra a Chipre, la fragata 'Cristóbal Colón', como parte de un destacamento liderado por el portaaviones francés 'Charles de Gaulle' para defender al país miembro de la Unión Europea, que ha recibido algunos ataques desde el inicio de los ataques de EEUU e Israel, aunque Irán ha negado ser el responsable. “Dice 'no a la guerra', al mismo tiempo que manda una fragata de guerra, en lógico cumplimiento con los compromisos de la OTAN”, apuntó Feijóo en el mismo acto.

Para el PP, el envío de una fragata en una misión defensiva implica que España está ya implicada en la guerra. Fuentes del partido vinculan la frase de Robles al embajador con el envío de la fragata: “Lo innegable es que el Gobierno de España ha mandado un buque de guerra fuertemente armado a una zona de guerra por un conflicto que inició EEUU. Y eso se produce después de que la ministra se reúna con el embajador, y la portavoz de EEUU diga que España ha cambiado de opinión”.

Las mismas fuentes señalan que “la ministra algo ha debido decirle al embajador para que el Gobierno de EEUU diga que España ha cambiado de opinión minutos después de reunirse, y para que nuestro país mande una fragata a una zona de guerra”. Desde la dirección del PP se preguntan: “¿Si la fragata armada por el Gobierno de España y desplazada a la zona de conflicto entra en combate, se podrá decir que estamos en guerra?”. Y zanjan: “La posición del Gobierno no es entendible”.

El Gobierno ha insistido en que la misión enviada a Chipre no es de ataque, y hacen la distinción entre participar en la guerra contra Irán y en la defensa europea. La misión de la fragata será ofrecer protección y estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto, según Moncloa.

Vox acompañó al PP en la propagación de la idea de que el envío de la fragata a Chipre desautoriza el 'no a la guerra' de Sánchez. “Es un embustero sin límites. Es un sumiso con los poderosos y un tirano con los débiles”, dijo Santiago Abascal sobre el presidente del Gobierno en un mitin de campaña en Castilla y León.

Este mismo jueves, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha negado que su país vaya a autorizar el uso de las bases compartidas con EEUU para los ataques, y su ministro de Defensa aseguró que el bombardeo ordenado por Trump y Netanyahu es “ilegal”.

El avión que iba a África

El PP también acusó al Gobierno de mentir al asegurar que no iba a permitir el uso de las bases militares compartidas con EEUU en Rota y Morón. Este es el principal motivo de discrepancias con la Administración Trump, que este jueves volvió a arremeter contra España: “Es una perdedora, no juegan en equipo y no vamos a jugar en equipo con ellos”.

En el acto sobre el Día de la Mujer que clausuró, Feijóo dijo que el Gobierno “niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026”, mientras “la permitió en junio de 2025”. Y añadió: “Dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de Rota hacia Oriente Medio”.

Feijóo se refirió así a un avión que, efectivamente, partió desde la base situada en territorio español, y cuyo recorrido fue seguido por muchos usuarios de redes sociales. Pero su objetivo no fue “Oriente Medio”, sino otra base en territorio Europeo. En concreto, en Sicilia. Y desde allí, partió hacia Yibuti, en África.

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre, según ha anunciado este jueves el Ministerio de Defensa, después de que un dron de fabricación iraní atacara una base británica en Akrotiri tras los bombardeos de EEUU e Israel contra Irán. 

La fragata se incorporó el pasado martes al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el grupo naval se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el martes 10 de marzo.

La Cristóbal Colón es la fragata de la Armada española tecnológicamente más avanzada y su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot que España tiene desplegada en Turquía, ha señalado Defensa. También estará preparada para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto de Irán.

En breve, el buque de aprovisionamiento Cantabria saldrá a la mar para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito de los barcos por el golfo de Cádiz.

Dentro de la Armada española, la Cristóbal Colón pertenece a la clase F-100 o clase Álvaro de Bazán, una serie de fragatas diseñadas para ofrecer una gran capacidad de defensa aérea, con capacidad para operar en todo tipo de escenarios, tanto en operaciones convencionales como en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz.

Con 146 metros de eslora, 18,6 metros de manga, 7,2 metros de calado y una velocidad máxima de 28,5 nudos es la fragata más moderna de la clase F-100 con la que cuenta la Armada y dispone del mayor porcentaje de participación de la industria española en su construcción, que se ejecutó en los astilleros de Navantia en Ferrol.

Puede desempeñar cualquiera de las cuatro misiones genéricas asignadas a la Fuerza Naval: disuasión y defensa; gestión de crisis; seguridad marítima y proyección exterior. El navío está preparado para enfrentarse a blancos complejos y participar en ejercicios de defensa antiaérea y antimisil. 

Su dotación actual es de 205 militares, hombres y mujeres altamente especializados que se encargan de operar y mantener todos los sistemas del buque..

Armamento destacado

La Cristóbal Colón Cuenta con capacidad de lanzamiento de misiles Standard (SM-2), Evolved Sea Sparrow (ESSM) y misil antibuque Harpoon.

Entre otro armamento destacado posee un sistema de combate Aegis -desarrollado en Estados Unidos para operaciones simultáneas de guerra antiaérea, antisuperficie y antisubmarina-; un radar SPY-1D, un cañón, dos ametralladoras, 24 torpedos y un helicóptero SH-60B Seahawk.

Principales operaciones en las que ha participado

En el ámbito nacional, la Cristóbal Colón realiza operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos, y se integra regularmente en el Sistema de Defensa Aeroespacial para la vigilancia y defensa del espacio aéreo español.

A nivel internacional, destaca su participación en las siguientes operaciones:

• Desde marzo de 2014 la fragata se integra en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), en ocasiones como buque de mando.

• Desde noviembre de 2016, en la operación Sea Guardian (operación de la OTAN) que presta apoyo al conocimiento de la situación marítima y a la lucha contra el terrorismo.

• En 2017 participa en un Despliegue de Larga Duración en Australia, junto a unidades de la marina de ese país.

• Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 completa 150 días desplegada en la SNMG-2 como buque de mando, actuando en beneficio de la seguridad de España y la OTAN.

• En mayo de 2021 lideró las maniobras de la OTAN 'At Sea Demonstration/Formidable Shield 2021', en las que efectuó con éxito un lanzamiento de misil Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) contra un blanco supersónico a casi tres veces la velocidad del sonido.

• En 2022 desplegó en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), contribuyendo a la disuasión, a la seguridad marítima y a los intereses nacionales de los países de la Alianza navegando en el Mediterráneo.

• Entre agosto y diciembre de 2024 vuelve a integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2, participando en la operación Noble Shield, bajo mando de Canadá.

Un poco de historia

Es el quinto buque de la clase F-100 y el sexto en la historia de la Armada con este nombre, en memoria de Cristóbal Colón.

 Le precedieron una fragata (1782-1808), una corbeta (1843-1866), un vapor de ruedas (1849-1882), un crucero no protegido (1887-1895) y un crucero-acorazado (1896-1898).

El 20 de mayo de 2005 se firmó la orden de ejecución y se inició su construcción en los astilleros de Navantia en Ferrol, donde fue botada el 4 de noviembre de 2010 con la infanta Margarita como madrina de la ceremonia, acompañada de su marido, Carlos Zurita.

Inició sus pruebas de mar internas el 12 de marzo de 2012, las definitivas comenzaron el 25 de junio de ese año y fue entregada a la Armada en octubre, el día 23.

El PP ha difundido un vídeo de solo cuatro segundos de Margarita Robles en el que aseguran que la ministra de Defensa le dijo al embajador de los Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., que ella está “con Trump”. Fuentes del Ministerio de Defensa lo han desmentido y han explicado que dice: “Estoy cómoda”. En una primera versión, desde el Ministerio aseguraron que decía “estoy congelada”.

Un extracto de esa conversación difundido por El Debate muestra que antes Robles pide permiso al embajador para apagar la calefacción. Luego hay un corte y es cuando se produce esa frase: “Estoy cómoda, lo que pasa es que aquí a veces...”. Otro clip de Europa Press permite escuchar que Robles también explicó que era “muy friolera”.

El PP ha utilizado ese clip para mencionar a todos los socios del Gobierno y asegurar que una parte del Gobierno “dice que está con Trump”. “¿Cómo lo veis desde ese lado del muro? ¿Os han contado que hemos mandado una fragata armada rumbo a la zona de conflicto? ¿U os habéis enterado viendo la tele, como todos?”, les dice.

La ministra de Defensa mantuvo un encuentro con el recién nombrado embajador de Estados Unidos en España el miércoles, en medio de las amenazas de Donald Trump al Gobierno por su postura sobre Irán. En esa reunión, Robles defendió la “fiabilidad” de España como socio de la Alianza Atlántica y el compromiso con la defensa de la paz, el ordenamiento jurídico internacional y los derechos humanos.

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La Cristóbal Colón se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo. También saldrá brevemente a la mar el buque de aprovisionamiento Cantabria para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el Golfo de Cádiz.

Defensa ha explicado que Cristóbal Colón es la “fragata tecnológicamente más avanzada”. Su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot desplegada en Turquía. También estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto. “Con el despliegue la Cristóbal Colón, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental”, ha concluido Defensa.

La ministra de Defensa adelantó este jueves a primera hora en una entrevista en la Cadena Ser que el Gobierno estaría dispuesto a dar apoyo militar a Chipre tras los ataques que está recibiendo por parte de Irán y de la milicia Hizbulá: “España va a estar siempre con la UE, defendiendo los principios básicos de la paz”. Además, apuntó que se valorará la participación de España si “la UE o miembros de la UE deciden algunas misiones” y “lo que haya que hacerse, se hará”: “Pero tenemos que ser muy prudentes”.

“Una cosa son las misiones de ataque y otras las de defensa”, ha explicado la ministra en referencia, en comparación, al veto de que EEUU use las bases áreas de Morón y Rota para la guerra en Irán. Además, Robles ha recordado la presencia de España en misiones OTAN, como la de Turquía, y ha confirmado que una batería Patriot española fue clave en la operación para  interceptar el miércoles un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo turco.

“Trump dice que España no colabora, pero España está en Turquía, Irak y Líbano con la OTAN. Siempre en misiones de paz. Y lo mismo con las misiones de la UE”, ha apuntado la ministra de Defensa que ha insistido en que el Gobierno mantiene la posición adoptada por España de rechazo frontal a la guerra emprendida en Irán a pesar de las últimas declaraciones de la Casa Blanca.

“La posición del Gobierno de España ha sido contundente. Ética y jurídicamente estamos haciendo lo correcto. España está firmemente comprometido con la paz”, ha afirmado Robles en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha insistido en que el Gobierno no cree “en la guerra”: “La violencia no es el camino”. “La posición de España es clara y contundente, sin matices y vamos a apoyar siempre escenarios de paz”, ha reconocido y ha insistido en que “lo que está pasando en Teherán no es aceptable, pero el camino no es una acción unilateral”.