La patronal vasca, Confebask, vuelve a decir que no. Ni los llamamientos al diálogo de las instituciones, ni la huelga general del 17 de marzo han hecho que varíe su postura sobre negociar un salario mínimo propio para los trabajadores vascos, más elevado que el del Estado. Los empresarios han anunciado que no asistirán a la reunión a la que les habían citado ELA y LAB en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) para este martes y cierran de nuevo la puerta a la negociación.

“Declinamos nuevamente la petición cursada para la apertura del ámbito negocial pretendido y esperamos que se desista de la misma”, han señalado los empresarios a través de un comunicado adelantándose a la cita de este martes. Los sindicatos habían planteado esta última reunión centrando la negociación sólo en salario, dejando fuera las cotizaciones sociales que se referencian a él. Pero tampoco así quieren sentarse los empresarios, que es ya la cuarta vez que rechazan abrir la negociación. Las centrales ya han advertido de que “si esta fase de interlocución y negociación” que intentaban abrir tras la huelga general “concluye sin acuerdo, llegará el momento de volver a las movilizaciones”. “La reivindicación del salario mínimo ha venido para quedarse y hasta que se logre las iniciativas sindicales no se van a para”, alegan.

Confebask considera que esta convocatoria no se distingue en nada de las anteriores. En este sentido, indica que ELA y LAB “siempre han planteado una única y exclusiva pretensión: un salario o retribución mínima para quienes presten servicios en la comunidad autónoma del País Vasco. ”Así se deduce de todos los documentos presentados en el CRL, de la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de las manifestaciones vertidas en el acto del juicio celebrado, e incluso del reciente recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo. Nunca se refirieron o pretendieron otra cosa o efecto secundario derivado de ese salario o retribución mínima reclamado“, exponen. Por eso, señalan que ”sorprende la nueva convocatoria cursada por ELA y LAB ante el CRL, cuya única aportación respecto a las previas es que especifican y explican que sólo pretenden negociar el referido salario o retribución mínima 'en términos laborales'. Nunca tuvimos nadie esa duda“, afirman.

Por ello, han insistido en que se trata de una cuestión que “ya ha sido debatida bilateralmente y en el seno del CRL en múltiples ocasiones”, que ha sido analizada por el Superior, “concluyendo que existe una causa legal para no negociar esa materia (o, dicho de otra manera, que sería ilegal hacerlo)”. Además, han recordado que “se encuentra pendiente de recurso de casación presentado por ELA y LAB ante el Tribunal Supremo, situación que exige la ausencia de negociación respecto de una materia sobre la que el único pronunciamiento judicial hasta el momento ha decretado que no puede someterse a dicha negociación”. 

Llamamiento desde el Gobierno al diálogo social

El nuevo portazo de la patronal al diálogo se ha acogido con disgusto desde el Gobierno vasco. El vicelehendakari, Mikel Torres, ha vuelto ha hacer un llamamiento al “diálogo social” tras conocer el rechazo de Confebask a acudir a la cita. Torres ha pedido a sindicatos y patronal “hacer los esfuerzos necesarios para continuar en el diálogo y avanzar en la negociación colectiva”.

Tras lamentar la falta de avances, ha advertido que tanto la falta de diálogo social como la judicialización de los conflictos laborales es “un error”: “Los problemas de negociación colectiva, entre los que está la consecución de unos salarios acordes a la situación sociolaboral de Euskadi, no deben llevarse ni a los tribunales ni a reformas legislativas de consecuencias imprevisibles, sino a la mesa de diálogo social”, ha destacado.

Mientras tanto, ELA y LAB han exigido al Gobierno vasco que deje de “buscar equidistancias entre los agentes sociales y hacer frente directamente a Confebask para que abandone su modelo de negocio del siglo XIX basado en la pobreza extrema de los trabajadores y las trabajadoras”.

Tras la huelga general el pasado 17 de marzo que se acompañó de multitudinarias manifestaciones en las capitales vascas, la negociación para conseguir un salario mínimo propio en Euskadi, por encima del vigente en el Estado, vuelve a la casilla de salida. En concreto, al emplazamiento a la patronal a que siente a negociar la cantidad mínima que los trabajadores deben cobrar en Euskadi. Los sindicatos ELA y LAB han citado a Confebask a una reunión en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) el martes día 24 para abordar la negociación. En el caso de Navarra la cita con la patronal está convocada un día después, el día 25.

La reunión de este martes será la cuarta ocasión en la que se intenta llegar a un acuerdo con los empresarios sobre este tema, después del primer encuentro que se celebró en febrero de 2025 y al que los empresarios acudieron solo para decir que no tienen intención de abordar este tema, al menos tal y como lo plantean los sindicatos. A partir de ahí no ha habido más que desencuentros con los empresarios. Por un lado, los empresarios se aferran a que se trata de una competencia que es del Estado y, por lo tanto, no les corresponde a ellos fijarla. Y por otro, consideran que establecer un salario mínimo común para todas las empresas de Euskadi, más elevado que el de otras comunidades, pondría en “riesgo a la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”.

Ante la negativa de la patronal a sentarse a negociar, ELA y LAB llevaron el tema a los tribunales, pero el TSJPV desestimó la demanda por ser una cuestión de competencia estatal. Sin embargo, los sindicatos se han aferrado precisamente a la argumentación contenida en esta sentencia para volver a citar a los empresarios. Las centrales señalan que la Justicia estableció que los sindicatos “pueden negociar con Confebask un salario mínimo para las relaciones laborales, pero sin afectar a las prestaciones sociales” y, por ello, ahora proponen “una nueva negociación dentro de ese marco”. En su petición de reunión señalan expresamente que solo quieren negociar un nivel salarial básico que afecte a las relaciones laborales de Euskadi y no a las prestaciones sociales.

ELA y LAB consideran que la sentencia supone que no pueden reclamar a la patronal la negociación de un salario mínimo legal que supere el marco de las relaciones laborales, ya que las negociaciones “no pueden afectar, por ejemplo, a la regulación de la Seguridad Social, a la inembargabilidad legal de los salarios o la determinación de las indemnizaciones del Fogasa” algo que, según aseguran, nunca han exigido en su reclamación de negociación a la patronal, razón por la que recurrirán la sentencia.

CCOO y UGT, que no convocaron ni secundaron la huelga , consideran que este nuevo emplazamiento entra de la fórmula de salario mínimo de convenio que estos sindicatos sí defienden, por lo que han emplazado a la patronal a negociar. Los sindicatos convocantes del paro consideran que “el éxito de la huelga general y las movilizaciones masivas” demuestran que “la sociedad vasca no va a ceder en la reivindicación de un SMI propio de 1.500 euros” y han considerado que “el clamor social debe obligar a gobiernos y patronales a avanzar de modo inmediato en su implantación”. Creen que la huelga ha sido “una demostración de fuerza de la clase trabajadora vasca”. “Estamos más fuertes que ayer, y tanto los partidos políticos como las patronales se han dado cuenta”. “No pararemos hasta conseguir el objetivo”, advierten. Y consideran por ello que la patronal debe escuchar el mensaje que le ha lanzado la huelga y sentarse a negociar.

De forma paralela, se mantiene abierta la vía iniciada de pedir a los partidos en el Congreso de los Diputados que presenten iniciativas para modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, de manera que las comunidades autónomas tengan capacidad para legislar sobre el SMI, siempre y cuando sea para elevarlo por encima del vigente en el conjunto del Estado. Esta iniciativa ha llevado a reunirse con los partidos en el Congreso a los sindicatos nacionalistas de Euskadi, Catalunya, Galicia, Islas Baleares y Valencia. “Ningún partido con los que nos hemos reunido -todos con representación a excepción de PP y Vox- nos han dicho que no”, han asegurado.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) presidida por Garbiñe Biurrun también ha dado un portazo a la posibilidad de que se negocie un SMI vasco, y ha desestimado la demanda de ELA y LAB con la que se pretendía forzar judicialmente a la patronal a sentarse a negociar esta medida con los sindicatos. La sala considera que no puede forzarse a los empresarios a negociar este salario porque “afectaría a todas las personas trabajadoras”, es decir, estén sujetas a un convenio o no, y esa es una competencia que es del Gobierno central. Lo que significa que considera justificada la negativa de Confebask a no sentarse en las mesas de negociación.

ELA y LAB basaban su demanda en considerar que la negativa de Confebask a constituir una mesa era contraria al deber de negociar de buena fe recogido en el Estatuto de los Trabajadores. El tribunal señala, sin embargo, que la petición de las centrales no está referida a un “salario profesional del convenio”, sino a un “salario o retribución mínima” que “afectaría a todas las personas que trabajan” en Euskadi. Un SMI, que como recuerda el tribunal, el Estatuto de los Trabajadores atribuye al Gobierno central su fijación anual previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas.

El Tribunal señala que la negociación colectiva consagrada en la Constitución “es la vía más adecuada para fijar los salarios”, pero matiza que ese papel de la negociación colectiva no puede extenderse a la fijación de un SMI o “salario o retribución mínima para todas las personas trabajadoras en los exactos términos de la pretensión ejercitada en la demanda” de las centrales porque tal materia es competencia del Gobierno central y afecta “a materias vedadas a dicha negociación colectiva”.

“En consecuencia, no siendo la materia de un salario o retribución mínima para las personas trabajadoras que presten servicios en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi/País Vasco susceptible de ser objeto de la negociación colectiva -acuerdo interprofesional, en el caso- no puede considerarse que la organización empresarial demandada haya vulnerado su deber de negociación que, con carácter general, se impone en el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores”, concluye el TSJPV en la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida.

ELA y LAB ya han anunciado que recurrirán la sentencia, pero, en cualquier caso, el fallo conocido este miércoles supone un nuevo golpe en el camino que han emprendido los sindicatos nacionalistas para que Euskadi tenga un salario mínimo propio más alto que en el Estado para ser más acorde con el nivel de vida y los precios en la comunidad autónoma. Estos sindicatos, que el 17 de marzo han convocado una huelga general en Euskadi por este motivo se han unido con otros sindicatos nacionalistas para reclamar a los partidos apoyo en el Congreso de los Diputados a que se modifique el Estauto de los Trabajadores para otorgar competencias sobre el SMI a las comunidades autónomas. Ya fracasaron en conseguir que se tramitara en el Parlamento Vasco una ILP en este mismo sentido, pese a que recogieron 138.495 firmas de apoyo.

Los sindicatos han intentado reunirse con Confebask para negociar el SMI tres veces. El último intento de encuentro entre patronal y sindicatos sobre este tema fue en el mes de octubre, en el acto de conciliación previo a que se presentara la demanda ante los tribunales. El primer intento de negociación se realizó en febrero del año pasado. La patronal se sentó en la mesa del CRL con todos los sindicatos -también con CCOO y UGT-, pero sólo para confirmar 'in situ' que no pensaba negociar nada sobre este asunto. Ni las presiones de los sindicatos ni los llamamientos del Gobierno a la negociación consiguieron que acudiera a un segundo intento.

La patronal señala que admiten una negociación sobre salarios en el ámbito de la mesa de diálogo social, y de forma conjunta con otras materias. En esta mesa se sientan por la parte sindical CCOO y UGT que defienden un salario mínimo propio, pero de convenio, es decir, sólo sujeto a la negociación colectiva y, por lo tanto, no extensible a todos los trabajadores.

La demanda de ELA y LAB ante los tribunales para forzar a Confebask a negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi ha pasado este martes por el juzgado y está ya vista para sentencia. El tribunal, presidido por la presidenta de lo Social, Garbiñe Biurrun, será el que determine si Confebask tiene la obligación de sentarse con los sindicatos a negociar el SMI propio, no si tiene que haberlo. La patronal ha rechazado sentarse a negociar tres veces.

Los argumentos que se han presentado en la vista siguen los planteados por las partes a lo largo de los intentos de negociación que no han llegado a materializarse. De un lado, los representantes de los sindicatos han argumentado que les asiste la ley tras acordarse la prioridad de los convenios vascos sobre los estatales: “El artículo 84 regula actualmente la prioridad aplicativa de los convenios y acuerdos interprofesionales autonómicos sobre los estatales (siempre que establezcan condiciones más beneficiosas), una interpretación sistemática y teleológica de la norma lleva a la conclusión de que existirá obligación de negociar, aunque no se trate de revisar un convenio ya finalizado, si lo que se pretende es negociar un acuerdo de ámbito autonómico que, de firmarse, estará investido de la prioridad aplicativa que le reconoce la ley”, señalan.

Sin embargo, la representación legal de la patronal ha defendido en el juicio que un SMI propio es “innegociable” porque Euskadi no lo puede establecer, dado que es un “instrumento normativo”, por lo que sería un “fraude de ley” que se “encubra como negociación colectiva”.  Además, señalan desde la defensa de Confebask que no se niegan a negociar, sino que remiten la negociación a la mesa de diálogo social -en la que ELA y LAB no están presentes, por cierto- y vinculadas a otras materias.

Las representaciones legales de ELA y LAB han denunciado en la vista la “nula voluntad” de negociar de la patronal. Y también lo han denunciado fuera de los juzgados ante los que se han concentrado representantes de los sindicatos demandantes. Han denunciado que la patronal “rechaza sistemáticamente la posibilidad de negociar nuevos convenios en la CAPV porque los convenios y acuerdos estatales le permiten someter a las trabajadoras y trabajadores a una explotación extrema”. “Esa ha sido su actitud cuando se ha planteado negociar por primera vez convenios de Químicas, Centros Especiales de Empleo, Empleadas de Hogar o Euskaltegis; y es, también, su posición cuando los sindicatos han tratado de negociar el salario mínimo”, denuncian.

Los sindicatos considera que la negativa de Confebask a negociar, unida a la de PNV y PSE-EE a que se tramitara en el Parlamento Vasco la ILP para exigir la transferencia de la normativa sobre SMI, en este momento competencia estatal, y que llegó a la Cámara respaldada por 138.495 firmas, corrobora la necesidad de la convocatoria de huelga general que los sindicatos tienen registrada para el próximo 17 de marzo. “Será imprescindible para condicionar la acción de empresarios y partidos políticos y para ganar la competencia sobre el salario mínimo que permita afianzar la cohesión social de las trabajadoras y trabajadores de Hego Euskal Herria”, dicen.

El último intento de encuentro entre patronal y sindicatos sobre este tema, el tercero, fue en el mes de octubre, en el acto de conciliación previo a que se presentara la demanda ante los tribunales. El primer intento de negociación se realizó en febrero del año pasado. La patronal se sentó en la mesa del CRL con todos los sindicatos -también con CCOO y UGT-, pero sólo para confirmar 'in situ' que no pensaba negociar nada sobre este asunto.Ni las presiones de los sindicatos ni los llamamientos del Gobierno a la negociación consiguieron que acudiera a un segundo intento.

Las centrales nacionalistas ELA y LAB, que representan a la mayoría sindical, presentarán esta misma semana la demanda contra Confebask para forzar a la patronal vasca a sentarse a negociar el SMI vasco. La negativa de los empresarios, que por tercera vez reusaron la negociación el pasado 22 de octubre, unida al portazo del Parlamento Vasco a tramitar la ILP que estos sindicatos habían presentado sobre el tema, no deja a las centrales más alternativa que la vía judicial, según afirman.

Tal y como anunciaron estos sindicatos en su día, la demanda se basa en el argumento de que las últimas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores otorgan prioridad a los convenios y acuerdos interprofesionales firmados en Euskadi sobre los firmados en el Estado, lo que consideran que implica que las patronales “tienen la obligación legal de negociar” cuestiones como la de la subida de los salarios mínimos en el ámbito vasco. En este caso se trataría de negociar salarios mínimos de convenio, porque el Salario Mínimo Interprofesional es competencia exclusiva del Estado, y es a lo que la patronal se aferra para no abordar la negociación en una mesa con las centrales por considerar que es “jurídicamente inviable”. Por ello, para forzar a la patronal a sentarse, las centrales buscan activar la vía judicial. No obstante, más allá de cuestiones jurídicas, los empresarios consideran que se trata de una medida que, de llevarse a cabo, “pondría en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”.

El propio secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha confirmado que la demanda se presentará esta misma semana. En una entrevista en Euskadi Irratia, justo el día después de que el vicelehendakari Milkel Torres emplazara a estos sindicatos “a seguir manteniendo el diálogo y la negociación” pese a que se negaran a participar en la ronda de contactos, Lakuntza ha justificado su negativa a acudir a la reunión en el portazo del Parlamento a tramitar la ILP para la que se habían recogido 138.495 firmas. Lakuntza ha recordado que fue Torres quien realizó la defensa contra la ILP en el Parlamento Vasco en nombre del Gobierno, y “ahora quiere la foto”.

Lakuntza se ha mostrado preocupado con las “incoherencias” del PNV, ha dicho, siendo un partido nacionalista. Ha recordado lo que se pedía en la ILP era la modificación de un artículo del Estatuto de los Trabajadores para poder decidir aquí el Salario Mínimo. Una cuestión que ambas centrales plantearon incluso a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la visita que realizó a Bilbao. Ante esto, “los jeltzales han hecho suyo el argumento de la unidad de mercado en España”, ha dicho el secretario general de ELA, y emplazan a los sindicatos a negociar con la patronal, aun sabiendo que “Confebask nos ha dado tres veces la espalda”, ha recordado.

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, ha terminado este lunes con Confebask la ronda que inició la pasada semana con los agentes sociales. Ha sido una ronda incompleta, después de que los sindicatos ELA y LAB rechazaran la invitación del vicelehendakari como protesta al portazo del Parlamento Vasco a tramitar la ILP sobre el salario mínimo y sobre la que el Gobierno vasco ya había manifestado su postura en contra.

Tras el encuentro con la patronal vasca, cuya delegación ha estado encabezada por su presidenta, Tamara Yagüe, Torres ha realizado una valoración “positiva” de la ronda de las conversaciones, que se han limitado a los participantes en la Mesa de Diálogo Social, al no estar presentes ELA y LAB, sindicatos a los que ha instado a seguir manteniendo “el diálogo y la negociación para afrontar los retos que tiene el mercado de trabajo”. “Seguiremos trabajando con quienes quieran sumar”, ha señalado.

Con CCOO y UGT, la semana pasada, y con la patronal vasca, este lunes, Torres ha tratado como cuestiones fundamentales la polémica del salario mínimo de convenio, los trabajos que se están llevando a cabo desde la Mesa de Diálogo Social, la Formación Profesional para el empleo, la Ley de Participación Institucional o las autorizaciones de trabajo de personas extranjeras, cuya transferencia está recién recibida.

En cuanto el tema del salario mínimo de convenio, la patronal se niega a sentarse a negociar esta cuestión específica con los sindicatos. Pese a los reiterados llamamientos desde las centrales, el Gobierno y el Parlamento Vasco a que se avenga a una negociación, los empresarios no quieren ni sentarse a una mesa para tratarlo, y lo han dejado ya claro por tres veces. En primer lugar, porque consideran que un salario mínimo propio más alto que el resto del Estado es “jurídicamente inviable”, pero sobre todo, porque consideran que se trata de una propuesta que puede “poner en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”. En este sentido, Confebask siempre reitera que se sentará a hablar del tema solo si se vincula con otras cuestiones, como son los costes laborales, la competitividad o la reducción del absentismo laboral, un término en el que la patronal engloba también las ausencias al trabajo por bajas laborales o diversos permisos. Confebask ha señalado que ha aprovechado la reunión con el vicelehendakari para “reiterar su preocupación en torno al absentismo laboral en Euskadi”

Precisamente, como anunció Torres durante la presentación de los presupuestos de su área, el departamento está llevando a cabo un “estudio sobre la incapacidad temporal en Euskadi” con el objetivo de obtener un “diagnóstico exhaustivo y equilibrado de las bajas laborales” y en el que se pretende pormenorizar y analizar “las causas, factores y patrones de la incapacidad temporal por contingencias comunes, así como en la formulación de propuestas de mejora en la gestión y prevención”. “El objetivo es conocer a fondo y de forma imparcial la situación actual para facilitar la toma de decisiones y el debate constructivo entre agentes sociales. El éxito del estudio se medirá no solo por la calidad del análisis, sino por su utilidad para generar diálogo y servir de herramienta práctica para la toma de posibles soluciones consensuadas”, ha explicado Mikel Torres.

La idea es que una vez ultimado el estudio se traslade a los agentes sociales con el fin de que sirva como base de diálogo entre las partes: “El diálogo y la cooperación son fundamentales para afrontar los retos que compartimos, tanto desde el punto de vista de las personas trabajadoras como de la patronal. Ahora más que nunca es imprescindible que todas las partes se escuchen y colaboren para encontrar soluciones a los problemas que importan y preocupan a la ciudadanía vasca”. Torres ha reiterado su compromiso “firme” con el diálogo, y ha citado la “Mesa de Diálogo Social en la que se llegarán a acuerdos importantes en los que se está trabajando”, y a la que no asisten ni ELA ni LAB.

Los empresarios vascos mantienen su portazo a negociar un salario mínimo vasco más alto que el español. Los representantes de Confebask han acudido este miércoles al acto de conciliación convocado en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) por los sindicatos ELA y LAB, pero el encuentro no ha servido más que para ratificar las diferencias. “No ha cambiado nada desde el último emplazamiento, y, por lo tanto, sigue sin poder exigirse a Confebask negociar lo que legalmente no le está permitido: la parte sindical pretende un objeto jurídicamente imposible, al ser ésta una materia de competencia exclusiva del Estado”, han señalado desde la patronal vasca. Los representantes sindicales, por su parte, han advertido de que se movilizarán contra el bloqueo de la patronal. “Urge moverse ante esta situación de bloqueo. La mayoría social y política se ha mostrado públicamente a favor de un salario mínimo propio, y esto no puede quedarse en meras palabras. Tenemos que obligar a Confebask a moverse”, han señalado, anunciando que para ello acompañarán las movilizaciones de una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Precisamente el acto de conciliación celebrado este miércoles se pidió por parte de ELA y LAB, junto con Steilas, ESK, HIRU y Etxalde, como forma previa a iniciar la vía judicial. Los sindicatos argumentan que las últimas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores otorgan prioridad a los convenios y acuerdos interprofesionales firmados en Euskadi sobre los firmados en el Estado, lo que consideran que implica que las patronales “tienen la obligación legal de negociar” cuestiones como la de la subida de los salarios mínimos. En realidad se trata de acordar subidas a los salarios mínimos de convenio, porque el Salario Mínimo Interprofesional es competencia exclusiva del Estado. Por ello, para forzar a la patronal a sentarse, las centrales acudirán a los tribunales -en principio la demanda la presentarán ELA y LAB- y se movilizará a los trabajadores.

Las movilizaciones se anuncian, además, en un momento en el que hay mucho enfado de las centrales contra el Gobierno vasco después de que el Ejecutivo haya aprobado un informe desfavorable a la tramitación de la ILP (iniciativa legislativa popular) presentada por los sindicatos en el Parlamento Vasco. El informe desfavorable del Ejecutivo adelanta que la Cámara vasca, donde PNV y socialistas tienen mayoría absoluta, no admitirá siquiera a trámite esta propuesta, como ocurrió ya con la ILP de las pensiones.

La reunión ha comenzado a mediodía en la sede del organismo sociolaboral en Bilbao, y ha durado alrededor de una hora. Tras el encuentro, aunque han hecho declaraciones los representantes de ELA y LAB, estos sindicatos han emitido un comunicado conjunto con ESK, Steilas, Hiru y Etxalde en el que anuncian que “en los próximos meses” se va a “reforzar el camino de la movilización”. “Obligar a mover posiciones es imprescindible y para ello utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance”, han señalado, aunque sin citar de forma explícita en el comunicado por escrito la vía judicial. También se exige al Gobierno vasco que “interpele de verdad a Confebask y le obligue a negociar el salario mínimo”, y se pide a los partidos políticos que “voten en el Parlamento a favor de la iniciativa legislativa popular, ya que no es posible defender de palabra la necesidad de un salario mínimo propio y posicionarse a través de las acciones en contra de la iniciativa legislativa popular”.

“A la tercera no va la vencida”, ha señalado Peio Igeregi, de ELA. “Después de dos negativas, hoy hemos sufrido la tercera”, ha señalado el representante del principal sindicato vasco. “Nuevamente, la patronal se ha negado a negociar un salario mínimo. Ha puesto excusas legales, pero en el fondo, tenemos una patronal que quiere hacer dinero a base de la explotación que peor condiciones de trabajo tienen”, ha manifestado. En la misma línea se ha pronunciado Oihana Lopetegi. “Utiliza argumentos jurídicos para defender una postura muy política. Se niega a reconocer que la realidad sociolaboral de Euskal Herria es diferente”, ha señalado.

Desde la patronal Confebask se ha insistido en que, además de ser jurídicamente inviable se trata de una propuesta que puede “poner en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas” si se pone en marcha sin vincularlo “con otras cuestiones que preocupan muy especialmente a la empresa vasca, como la reducción del absentismo laboral, la presión sobre los costes laborales y la necesidad de reforzar la competitividad empresarial y regional”. Por ello, por tercera vez este año ante el CRL, Confebask y sus organizaciones miembro - Adegi, Cebek y SEA- recuerdan su disposición a abordar esos temas de manera conjunta en un foro tripartito ya existente, la Mesa de Diálogo Social. “Ya estamos presentes las organizaciones empresariales más representativas, las sindicales y el propio Gobierno vasco”, han dicho.

El primer intento de negociación se realizó en febrero de este año. La patronal se sentó en la mesa del CRL con todos los sindicatos -también con CCOO y UGT-, pero sólo para confirmar 'in situ' que no pensaba negociar nada sobre este asunto. Ni las presiones de los sindicatos ni los llamamientos del Gobierno a la negociación consiguieron que acudiera a un segundo intento. En esta ocasión ha acudido al acto de conciliación, pero sin ningún avance. En los dos intentos de negociación anteriores, y también en el acto de conciliación de este miércoles, han participado también CCOO y UGT, aunque no en la presentación de la ILP, ni en la intención de judicializar la negativa de Confebask a negociar.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, reconocía este miércoles en una entrevista en Radio Euskadi la “difícil solución a corto plazo” para que las partes se sienten a negociar, ya que ELA y LAB no quieren ir a la Mesa de Diálogo Social, y la patronal no quiere hacerlo en un foro específico para tratar el SMI. En este sentido, proponía una “vía intermedia” que podría ser “intentar ampliar” el diálogo a otros temas, aunque fuera en una mesa gestionada por el Consejo de Relaciones Laborales y no en la mesa de diálogo social. Posteriormente ha anunciado mediante un comunicado que en las próximas semanas se reunirá con los agentes sociales vascos más representativos (Confebask, ELA, LAB, CCOO y UGT) “para reflexionar sobre la actual situación y explorar vías de diálogo y concertación que sean satisfactorias para todos”, y ha rechazado la judicialización del conflicto.

El Gobierno de Imanol Pradales ha aprobado este martes un informe desfavorable a la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por los sindicatos ELA, LAB y otros como ESK o Steilas para mejorar el salario mínimo interprofesional (SMI) en Euskadi. Esta emisión de criterio adelanta que el Parlamento Vasco, donde PNV y socialistas tienen mayoría absoluta, no admitirá siquiera a trámite esta propuesta salvo sorpresa mayúscula, como sucedió hace solamente un mes con la de mejora de las pensiones, que llegó con 145.143 firmas.

Los proponentes informaron de que la ILP venía respaldada por 138.495 firmas (el 6% de la población y cerca de los apoyos de la tercera fuerza política en las últimas autonómicas, el PSE-EE), pero el Gobierno, por el contrario, asegura que supera por muy poco el mínimo requerido de 10.000. En concreto, apunta a 10.218 citando informes del Instituto Nacional de Estadística y de la Mesa del Parlamento Vasco. De hecho, añade que se presentaron apenas 278 más, que han sido rechazadas por defectos de forma. Las fuentes consultadas indican que, aparentemente, se deja de contar al alcanzar el umbral de 10.000 aunque los signatarios sean mucho más.

La fijación del SMI es una competencia del Estado. Ahora mismo está en 1.183,7 euros en catorce pagas y ha ido escalando de modo importante en los últimos años, con Pedro Sánchez en La Moncloa. En 2018 era de 735,9 euros mensuales. Sin embargo, los sindicatos sostienen que el nivel de vida aquí es más alto y que se precisa un marco propio y superior. Han registrado una iniciativa gemela en Navarra. La iniciativa legislativa busca que el Parlamento Vasco inste a las Cortes Generales a cambiar la normativa estatal y a introducir que “las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio”.

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha sido el encargado de presentar el dictamen del Ejecutivo. Ha dado “tres grupos de razones” para que la iniciativa sea rechazada. Las primeras son de tipo “jurídico-constitucionales” porque es una materia “de competencia exclusiva del Estado” y que, en todo caso, debería tramitarse como ley orgánica, que exige en las Cortes Generales una tramitación reforzada, o como “ley marco”. En segundo lugar, se apela a la “prudencia” sobre la “oportunidad” de abrir este debate de la territorialización del SMI. En tercer lugar, se alude a la necesidad de la “concertación social y política”, a que se busquen vías “más posibles” y “efectivas” como lo es la “negociación colectiva”. Torres ha hecho un llamamiento a los agentes sociales para que intenten dialogar y llegar a acuerdos.

Hasta 1.385 euros

La conversación sobre la necesidad de un SMI vasco propio y más alto no es nueva. En 2022, el Gobierno de Iñigo Urkullu accedió a analizar la cuestión en un acuerdo presupuestario con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que apoya decidamente a los sindicatos en esta iniciativa. En la actual legislatura, el vicelehendakari Torres ya ha presentado un estudio sobre la estructura económica propia y ha apuntado que “el rango estimado para el salario mínimo de convenio en Euskadi oscilaría entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas, lo que supone un incremento de entre el 7 y el 17% respecto al SMI estatal”. “Esta horquilla guarda coherencia con el mayor coste de vida en Euskadi, estimado entre un 7 y un 11% superior al conjunto del Estado”, se argumentó en julio, cuando se presentó el estudio. Eso sí, ese documento alertaba de que la “regionalización” del SMI en España puede acarrear “posibles efectos negativos”, como el “desplazamiento de trabajadores” entre territorios o “competencencia desleal”.

El Gobierno apuesta por la negociación colectiva como fórmula para ofrecer más cobertura a los trabajadores. Pero la patronal, representada por Confebask, se ha negado. Incluso el Ejecutivo le ha afeado que ni siquiera se quiera sentar a negociar. Los sindicatos promotores de la ILP, de hecho, han solicitado un acto de conciliación que se celebrará este miércoles en el Consejo de Relaciones Laborales como paso previo a una posible judicialización del asunto. Argumentan que las últimas reformas laborales en España hacen prevalecer los convenios autonómicos, de modo que entienden que Confebask, al menos, deberían sentarse a analizar la cuestión. Torres ha insistido en apelar al “diálogo” y en rechazar que la pugna acabe en los tribunales.

A nivel político, los socios del Gobierno, PNV y PSE-EE, encaran con matices el debate. Los socialistas dirigen el área de Economía, Trabajo y Empleo e insisten en que la competencia es estatal y en que de lo que se trata es de fijar marcos “de convenio” y no romper el SMI unificado. Los nacionalistas, de su lado, han emitido un comunicado en el que reclaman más autogobierno para las instituciones vascas. El partido que dirige Aitor Esteban desea “disponer de un SMI vasco” y, con ello, “mejorar la actual cuantía”. Avisa también de que la ILP implica una “delegación” de competencias y no crear un “marco propio de relaciones laborales”. Insiste en que no se puede dejar la materia “al albur” de las mayorías políticas en España y deslizan que ahora mismo ni siquiera el Gobierno de España apoyaría algo así, señalando a Sumar, la formación que controla las políticas de Trabajo.

Los sindicatos ELA y LAB, junto con Steilas, ESK, HIRU y Etxalde, amenazan con llevar a los tribunales a la patronal vasca, Confebask, para forzar la negociación sobre el salario mínimo vasco, algo que los empresarios se niegan a abordar. Este lunes las centrales han dado el paso de solicitar un acto de conciliación en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) como nuevo intento de que la patronal negocie. Si Confebask no acude al acto de conciliación, los sindicatos iniciarán a vía judicial.

Las centrales presentarán una demanda de conflicto colectivo basándose en que las últimas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores otorgan prioridad a los convenios y acuerdos interprofesionales firmados en Euskadi sobre los firmados en el Estado, lo que consideran que implica que las patronales “tienen la obligación legal de negociar”. En su opinión, el empeño de los empresarios en no abordar este tema en la mesa de negociación radica en que Confebask quiere “un mercado laboral basado en las condiciones laborales de España”.

El primer intento de negociación se realizó en febrero de este año. La patronal se sentó en la mesa del CRL con todos los sindicatos -también con CCOO y UGT-, pero sólo para confirmar 'in situ' que no pensaba negociar nada sobre este asunto. Ni las presiones de los sindicatos ni los llamamientos del Gobierno a la negociación consiguieron que acudiera a un segundo intento. “Esta será la tercera vez que intentamos negociar con Confebask, esperemos que la tercera sea la buena”, han señalado desde ELA.

A la vez, estos sindicatos han pedido al Gobierno vasco que “dé un paso paso más” y “actúe como mediador en la conciliación que se ha solicitado, y haga todo lo que esté en su mano para que la patronal se siente a negociar”. La respuesta del Ejecutivo ha sido rápida. El área que dirige Mikel Torres ha señalado que estarán “a lo que el CRL y el Preco soliciten y digan”, y que la postura que siempre han defendido es “abogar por el diálogo y la negociación” entre las partes. De hecho, han recordado que el estudio que presentaron sobre el salario mínimo de convenio -no de SMI porque Euskadi carece de competencias para fijar el salario mínimo interprofesional- pretendía ser una base para abordar ese diálogo. Dicho esto, ha considerado que “la solución a la falta de negociación no pueden ser los tribunales”.

Los sindicatos nacionalistas abordan la posibilidad de abordar la vía judicial, en principio, sin CCOO y UGT, lo mismo que la vía de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se ha presentado en el Parlamento Vasco para su debate avalada con 138.495 firmas para que se negocie con el Gobierno del Estado capacidad legislativa para Euskadi para fijar un SMI propio. Es un debate para el que todavía no hay fecha, pero que no tiene visos de prosperar, ya que no cuenta con el apoyo de PNV y PSE-EE, y por lo tanto no cuenta con votos suficientes en la Cámara. Los sindicatos consoderan que estas miles de firmas “expresan la voluntad de todo un pueblo, y la patronal no puede hacer oídos sordos a una demanda social tan masiva”. “La patronal debe asumir su responsabilidad y, tal como lo piden miles de trabajadores y trabajadoras, debe abordar la negociación de un salario mínimo propio”, han insistido las centrales.

CCOO ha lamentado no tener conocimiento de la iniciativa que los sindicatos han presentado en el CRL y ha criticado que ELA y LAB nuevamente hayan planteado el “apartheid sindical”. En cualquier caso, acudirán a la convocatoria de conciliación si se produce, y han apostado por la acción sindical y la movilización para que Confebask negocie el salario mínimo.

Por motivos opuestos, la patronal, Confebask, y la mayoría sindical, ELA y LAB, se oponen a la propuesta del Gobierno vaco de impulsar un salario mínimo de convenio en Euskadi de entre 1.268 y 1.385 euros en catorce pagas, casi 200 por encima del fijado por el Estado, por el mayor nivel de vida. Se puede leer aquí más sobre esta iniciativa.

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha afirmado que sólo están dispuestos a hablar de un salario mínimo de convenio en Euskadi si se hace en el marco de la mesa del diálogo social y si también se debate sobre otros tema que afectan a la competitividad empresarial, en referencia a lo que ellos llaman “absentismo”. Ese foro no cuenta con la participación de la mayoría sindical.

“Tenemos la mano tendida para hablar del tema del salario mínimo de convenio, junto con otros temas que tienen mucho que ver con la competitividad y la sostenibilidad empresarial y, para ello consideramos que el lugar apropiado es la mesa de diálogo social”, ha remarcado. Yagüe ha manifestado que el 88% de las personas asalariadas en Euskadi está bajo un convenio que ha sido negociado por parte de las organizaciones territoriales y que “tienen su salario mínimo”. Además, ha apuntado que Euskadi sigue teniendo los salarios “más altos”.

Además, ha indicado “por ser prácticos” que, de los 660.000 asalariados sujetos a convenio firmado por sus organizaciones territoriales, ese salario mínimo de convenio afectaría a 23.000 personas. “No es un tema prioritario, como podéis entender”, ha manifestado .

De su lado, para los sindicatos se queda corta. ELA y LAB ha advertido de que la propuesta “afectaría a menos de 10.000 personas”, por lo que tendría “un impacto marginal en la clase trabajadora vasca”. “Responde a las necesidades de Confebask y no a la mejora” de los convenios que se firman en la comunidad autónoma, opinan.

Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva del sindicato ELA, y Oihana Lopetegi, responsable de acción sindical y negociación colectiva de LAB, han mantenido este viernes una reunión con el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres. Ha sido un encuentro especial porque ELA y LAB no participan en la mesa de diálogo social, el foro reunido el martes en el que se dieron los datos y al que asistieron solamente CCOO y UGT.

Los sindicatos han indicado que, según el análisis del Gobierno vasco, 66.000 personas trabajadoras en Euskadi con contrato a tiempo completo reciben menos de 1.385 euros al mes y, de esas 66.000 personas, “menos de 10.000 tienen un convenio colectivo actualizado en la comunidad autónoma Vasca, por lo que la propuesta del Gobierno vasco tendría un impacto marginal en la clase trabajadora vasca”.

Por otro lado, ELA y LAB han señalado que, “metodológicamente, la propuesta de salario mínimo plantea el tramo salarial más bajo que recomiendan la Carta Social Europea o las directivas de la UE”, de forma que “si hubiesen optado por el tramo más alto, el salario mínimo recogido en la propuesta debería ser entre 250 y 350 euros más alto”. En ese sentido, han insistido en reclamar un salario mínimo vasco de 1.500 euros. Han planteado una SMI vasco propio por la vía de una iniciativa legislativa popular.

Para lograrlo, han subrayado la importancia de la recogida de firmas que impulsan y han recordado que están en los últimos días de recogida, con el objetivo de cerrar la campaña con más de 100.000 adhesiones. Por ello, ambos sindicatos han recordado que los trabajadores que no hayan podido firmar en los cuadernos distribuidos hasta ahora pueden hacerlo en los próximos días a través de la página web abierta para ello.

El consejero Alberto Martínez y, por extensión, el Gobierno de Imanol Pradales ha logrado ya este viernes una de las fotografías que más anhelaba, la firma de un pacto de salud que marque una 'hoja de ruta' para mejorar la Sanidad vasca, una de las grandes preocupaciones ciudadanas y que se había convertido en un elemento de desgaste para el anterior Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Fue el primer gran reto fijado hace un año, cuando arrancó la legislatura. “Es un día importante. De significado especial”, ha querido solemnizar el propio Martínez a los medios de comunicación antes incluso de entrar a la reunión definitiva de este foro; “Histórico”, ha aplaudido mediada la mañana. “Es evidente que estamos ante un proceso inédito. No tiene referentes internacionales”, ha agregado al final de la larga jornada.

Sin embargo, en la impresión de la fotografía se han velado algunas zonas, sobre todo en la parte izquierda de la imagen, y el resultado final ha quedado borroso para muchos. El pacto, desde luego, no ha llegado con la unanimidad que se pretendía y que se publicitaba casi desde el mismo arranque. Y, aunque en los textos hay bases con amplio consenso, eso no se ha traducido en la firma. Ni mucho menos. En la imagen final no están ni la principal fuerza de la oposición (EH Bildu), aunque con matices porque sí ha firmado quedarse para hacer seguimiento del acuerdo, ni la coalición que gestiona el Ministerio de Sanidad (Sumar), ni el sindicato mayoritario de Osakidetza (Satse) ni tampoco las otras centrales que quedaban sentadas (UGT, CCOO y SME) con la excepción de la pequeña SAE, la octava fuerza, ni el resto de centrales (ELA, LAB y ESK). Con el consejero Martínez quedan los socios del Gobierno, PNV y PSE-EE, el PP y la patronal Confebask, así como otros agentes, como colegios profesionales, universidades o asociaciones de pacientes.

El peso de la privatización o externalización de servicios ha generado controversia en las últimas semanas y ha terminado por convertirse en el punto más difícil de encajar. El Gobierno ha insistido en que no hay en Europa sistema público con menos peso de lo privado que el vasco. Sitúa por debajo del 6% ese indicador, en el entorno del 5,6%. Y, a modo de argumentario, ha usado el concepto “colaboración público-privada” frente al de “privatización” y ha indicado que las entidades privadas que operan en Euskadi son Cruz Roja o Matía, orillando que en plena negociación de este pacto, por ejemplo, el propio Gobierno ha tenido que rescindir las adjudicaciones a Grup La Pau por graves irregularidades en el servicio externalizado de ambulancias de Bizkaia y de Álava o que se ha desistido del gran proyecto de almacén de Iurreta, valorado en 129 millones de euros. Es más, el propio foro introdujo estas cuestiones -y también una alerta por el incremento de los seguros privados- en un primer documento de “diagnóstico” del estado de las cosas que se trabajó al comienzo de este largo proceso.

El foro se inició en septiembre, a los tres meses de estrenado el Gobierno. Arrancó en Bilbao, en el mismo edificio de la EHU que ha acogido la última de las once reuniones de la mesa de salud. Entonces se prometieron resultados para marzo de 2025, un plazo sobradamente sobrepasado. Finalmente, el dictamen sobre la privatización ha contado con 20 votos a favor y 6 en contra. Confebask sí lo ha apoyado aunque introduciendo un matiz “crítico” por motivos evidentente contrarios a los de sindicatos y organizaciones de izquierdas.

Este documento ha tenido un recorrido muy tortuoso y ha sido la clave del resultado final. El grupo de trabajo que comandó la redacción aprobó una primera versión que aludía a la publificación de servicios pero el Gobierno forzó su modificación al entender que una minoría (EH Bildu, Sumar, Satse, LAB, CCCO o UGT, los que luego se han ido marchando) había impuesto su criterio a una mayoría. Se planteó otra redacción en la que, como gran objetivo, se fijaba que el reto era mantener y no superar ese umbral del 6% de externalizaciones. Finalmente, tras el pulido con las enmiendas, se ha optado por una redacción en la que el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno, ha mediado para que se recoja que se “priorizará” el servicio mediante “medios públicos y propios” y que solamente se contemplará la externalización si implica “valor añadido”, según las fuentes consultados. Sin embargo, eso no ha terminado de acercar posturas. De hecho, UGT, por ejemplo, ha apoyado 22 de los 24 apartados en los que se subdivide el pacto pero ha considerado que las diferencias sobre la privatización eran nucleares e imposibilitaban la firma.

El Gobierno invitó al foro a partidos de la oposición -salvo a Vox-, a sindicatos, a la patronal Confebask, a universidades -salvo Euneiz-, a colegios profesionales y a otras entidades del ámbito sanitario. Fueron una treintena en total los participantes, que luego han ido sumando expertos hasta llegar a los 550 en estos meses. De hecho, el Ejecutivo ha invitado a muchos de ellos a explicar a los medios cómo han apoyado el pacto frente a la cascada de comparecencias de quienes lo rechazaban, que tenían especial en comentarlo con la prensa. Entre los aliados del Gobierno han tomado la palabra los colegios de enfermería, de biología o de veterinaria, las universidades EHU, Deusto y Mondragon o los farmacéuticos y los fisioterapeutas.

Pero, más allá de que más agentes han firmado que los que no lo han hecho, cualitativamente el resultado de este largo viernes en Bilbao ha sido el de la salida de EH Bildu y Sumar en el plano político y de un puñado de sindicatos. En detalle, ELA, principal sindicato vasco, optó por no participar desde el principio. En el camino se cayó ESK y a última hora, este jueves, también LAB. Este viernes, finalmente, han decidodo no firmar Satse -que ganó las elecciones en Osakidetza en otoño-, el Sindicato Médico de Euskadi, CCOO y UGT. La patronal Confebask y el PP -aunque con críticas en buena parte del documento- sí han optado por adherirse.

“Esta mesa no es el Parlamento Vasco. Tampoco es la mesa sectorial [con los sindicatos]. Pero, con su imperfección, creo que merece un reconocimiento”, ha respondido Martínez sobre el resultado final. Preguntado por los periodistas por si la mesa queda “coja”, el consejero ha respondido que no, que es robusta, “viva” y “consolidada”. El consejero Martínez ha puesto en valor expresamente al pequeño sindicato SAE y ha deslizado que ha recibido “mensajes de responsables políticos a nivel nacional” [por España] felicitándole por el pacto. Sumar dirige el Ministerio de Sanidad. “Es un hito”, ha enfatizado.

El cambio en euskera

La división no solamente se ha dado en el punto sobre el peso de la privada en la Sanidad vasca. También el documento sobre euskera ha precisado ajustes 'in extremis' y ha recibido críticas. Así, la redacción final elimina una referencia como “amenaza” de las sentencias judiciales que están anulando exigencias de euskera en convocatorias públicas -es algo que divide a PNV y PSE-EE a un nivel más alto- y se rebaja la exigencia del nivel C1 -el quinto de seis en el marco europeo- en Osakidetza. También se retira que sea “mérito adicional” no el conocimiento sino la utilización de la lengua vasca en el trabajo en Osakidetza. Este apartado, de hecho, es el que menos apoyo ha recibido de los 24 que componen el pacto, 18 votos a favor. La EHU, por ejemplo, lo ha considerado claramente insuficiente y el PP claramente exagerado.

De los 26 agentes que se han quedado hasta el final, solamente han secundado como una sola voz lo relativo a “innovación organizativa”. El documento final del pacto es un gran volumen encuadernado de unas 500 hojas en ambas lenguas oficiales. En él hay también algunos apuntes de última hora para mejorar la coordinación con la EHU, una voluntad de reforzar la atención primaria y referencias a la salud mental, a los cuidados paliativos o la cronicidad.

La “ilusión” del Gobierno

El consejero Martínez, lleno de “ilusión”, ha explicado a los medios de comunicación ya hacia las 11.30 horas, que había fumata blanca, que los 24 bloques del pacto de salud quedaban aprobados. Ha mencionado un “consenso amplio”. También que ninguno de los puntos ha estado en riesgo a pesar del ruido exterior, que ha atribuido a la facilidad de oposición y sindicatos de tener voz en los medios de comunicación. Sin embargo, en las siguientes horas se han ido conociendo los 'noes' de muchos agentes con peso.

“Hemos discutido pero también hemos acordado”, se ha congratulado el consejero, que ha agradecido las aportaciones de todos los agentes, incluso de los más críticos. “Se lo debíamos a la sociedad vasca. Es un acuerdo histórico para Euskadi; un acuerdo histórico para Osakidetza”, ha manifestado. La viceconsejera Lore Bilbao se ha expresado en términos similares en euskera. Ella y el consejero han comparecido una veintena de veces cada uno durante estos meses.

El Gobierno ha dejado claro que con la fotografía no termina el recorrido del pacto de salud. De hecho, ahora se abre la fase más relevante, la de aplicar las medidas previstas. Se creará un marco de seguimiento. De hecho, ya se anunció para abril de 2026 una reunión en la que, entre otras cuestiones, se hará un descargo sobre la situación relativa a lo público y lo privado. Martínez entregará el dictamen final al lehendakari, según ha indicado. “Este pacto es un éxito. Es un acuerdo histórico”, ha recalcado también el portavoz del PNV, Jon Aiartza, un partido que ha querido dar máximo realce al anuncio.

El PSE-EE, el socio de Gobierno, también ha destacado el “consenso” suscitado en el pacto y el trabajo “serio” y “alejado” de los focos en la “mayoría” de casos, en palabras de Ekain Rico. Los socialistas han defendido sus enmiendas para rebajar las exigencias de euskera porque la “defensa de los derechos lingüísticos” tiene que hacerse “sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores y de los estudiantes”. También entendían inapropiado “en un Estado de Derecho” que se planteara como “amenaza” el control judicial. Los socialistas, eso sí, han demandado al Gobierno que apliquen las medidas. “No es el final de nada. Es el principio de todo”, ha subrayado Rico.

Las críticas de la oposición

EH Bildu, ante los medios de comunicación, ha enfriado la “ilusión” del Gobierno. “Nos dicen que hay un acuerdo pero, ¿qué acuerdo? Aquí no hay acuerdo”, ha lanzado Rebeka Ubera, que ha acusado al Ejecutivo de haber querido cerrar “deprisa y a toda velocidad” todos los textos pero “sin hacer bien los deberes” y con una dinámica de trabajo poco “transparente”. En el caso de la principal fuerza de la oposición, finalmente ha votado a favor de menos de la mitad del pacto, 11 de 24 textos. En ocho apartados ha dicho 'no' y en cinco se ha 'abstenido'. Y Ubera ha precisado que no iban a estar en la fotografía final.

“Hay desacuerdos importantes en personal, cartera de servicios o en lo público-privado. Es una pena cómo se va a cerrar este proceso. Parece que se quiere instrumentalizar esta mesa. No hemos participado para eso y no vamos a estar para eso. Nuestro compromiso es total con el trabajo. Ahí vamos a estar. Pero no vamos a estar en esa foto que quieren vender. No vamos a estar”, ha insistido Ubera.

A lo largo de la mañana ha habido cierta confusión con la decisión final de EH Bildu. Fuentes de la formación han recalcado que “no han firmado” el pacto aunque sí deseen continuar “trabajando” en la mesa de seguimiento. Esto ha sido utilizado por otras voces para no incluir a la principal fuerza de la oposición entre los disidentes, pero esto ha sido claramente desmentido por fuentes de la coalición.

Desde el PP, Laura Garrido ha querido “poner en valor” el pacto, aunque la realidad es que no han secundado diez de los 24 subgrupos, con siete abstenciones y tres 'noes'. Ha señalado que el pacto era una idea de su partido en el programa electoral, retomando el 'Osasuna zainduz' de hace tres décadas, porque “la Sanidad vasca estaba en una situación muy delicada”. Eso sí, ha matizado que la “metodología” ideada por el Gobierno “no ha sido la más adecuada”.

El PP ha rechazado duramente, por ejemplo, el bloque sobre política lingüística incluso después del cepillado -“en un escenario de falta de profesionales, no nos podemos mantener el lujo de mantener la exigencia del euskera en los niveles que se exigen y se va a seguir incidiendo en los mismos errores”-, la propuesta sobre atención sociosanitaria y el informe “ideológico” sobre cuidados al final de la vida. Garrido, en todo caso, ha asegurado que no se quieren quedar fuera del acuerdo y ha demandado que “ahora llega lo importante”, la de aplicar de modo “exhaustivo” las medidas acordadas. Y ha reclamado “protagonismo” para los firmantes en el “seguimiento”, para que el foro no quede en una fotografía. “Estaremos vigilantes”, ha manifestado.

“No vamos a firmar este pacto de salud”, ha señalado, de su lado, el portavoz de Sumar, Jon Hernández. Para el parlamentario, no basta con fijar un porcentaje cuando lo “nuclear” es que, a su juicio, no hay una apuesta unívoca por lo público sobre lo privado. “Que nadie haga negocio”, era su deseo. Vox no fue invitado de saque al foro en aplicación de un cordón sanitario a la ultraderecha.

Entre los sindicatos, Satse avisa de problemas en “aspectos estructurales” en el documento final. Sin consenso en políticas de personal, en la cartera servicios o en torno a la privatización no hay mimbres para suscribir el pacto. En parecidos términos se ha expresado CCOO, por ejemplo, aunque en su caso ha añadido críticas a las exigencias de euskera.

El SME, entre otros aspectos, entiende que “la problemática compleja que afecta al colectivo facultativo, sobre todo en la falta de profesionales, ha quedado totalmente diluida entre otros aspectos del texto”. Desde fuera de la mesa, ELA ha interpretado que el pacto ha sido “un año perdido” y un “intento de maquillar los graves problemas de Osakidetza y aparentar que se ha estado trabajando en medidas estructurales que no son tales”.

Ocho de cada diez trabajadores vascos están satisfechos con sus condiciones laborales. En concreto, el 83% del total, lo que supone diez puntos más que hace siete años, según se recoge en un estudio elaborado por PwC para la patronal vasca, Confebask, en el que se refleja que el salario medio en Euskadi es superior al de la media de España y que se trabajan menos horas que el conjunto del Estado. Este dato estadístico “objetivo” sirve a la patronal vasca para no considerar prioritario la subida de salarios que se le reclama desde los sindicatos e incluso desde parte del Gobierno vasco, como lo ha hecho el vicelehendakari Torres, o para no sentarse en la mesa para negociar un salario mínimo de convenio, como pretenden las centrales. “El salario mínimo no es el reflejo de los salarios vascos”, ha señalado la presidenta de la patronal vasca, Tamara Yagüe, que, no obstante, se ha mostrado dispuesta a negociar, siempre y cuando en la Mesa de Diálogo Social el tema del salario mínimo vaya incluido en un bloque con otras cuestiones como la competitividad, el absentismo y la conflictividad. Y si los trabajadores están mayoritariamente contentos ¿por qué Euskadi está a la cabeza de la conflictividad laboral?, se ha preguntado a la presidenta: “Quizá habría que hacer una reflexión si toda esa conflictividad existente es fiel reflejo de lo que realmente piensan los trabajadores vascos”, ha dicho.

Yagüe ha participado en la presentación del estudio 'Contribución de las empresas vascas al progreso y bienestar social de Euskadi', con el que se quiere poner en valor la figura de la empresa y el empresario en un momento en el que se sienten directamente cuestionados en temas como el salario mínimo y la fiscalidad y que ponen a la patronal en el ojo de huracán de las críticas. “Queremos trasladar un mensaje a la sociedad: sin una empresa que gane dinero, que obtenga beneficios, no hay empleo, no hay impuestos. Sin impuestos, no hay servicios públicos, léase hospitales, ikastolas, todo tipo de infraestructuras, RGI, servicios sociales ...”, ha señalado la presidenta de la organización empresarial, que ha sido especialmente crítica con reforma fiscal vasca pactada por PNV y PSE-EE con Podemos, y que considera un ataque a las empresas.

En este sentido, el estudio presentado este lunes señala que las empresas vascas contribuyen con cerca de 12.000 millones de euros en impuestos a las arcas de las haciendas forales: “Esto representa el 94% del gasto social consolidado en Euskadi. Gracias a esa aportación se mantienen la educación, la sanidad, la protección social y las infraestructuras”, ha indicado. Es decir, “la empresa vasca es mucho más que un motor económico. Es un pilar ‘sine qua non’ del bienestar colectivo, una aliada de la sociedad y una generadora de empleo”, ha señalado Yagüe. “Un bien a proteger y no a recriminar”, ha dicho el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga.

Según se destaca en el estudio, las empresas vascas son el motor del desarrollo económico de Euskadi, con un impacto que va “mucho más allá de generar riqueza y empleo”, ya que, con su actividad, impulsan el bienestar social y la construcción de “una Euskadi más innovadora, sostenible e inclusiva”. La situación de partida de las empresas en la situación actual, es “buena”, ya que tienen una “salud razonable” porque aunque se han perdido compañías en número, se ha ganado en tamaño. Se mantiene el fuerte peso del sector industrial, lo que diferencia Euskadi del resto del Estado, pero también hay un importante sector Servicios.

El informe señala que las empresas vascas generan el 67% del PIB de Euskadi (dos tercios), más de 56.367 millones. En concreto, se apunta que el tejido empresarial vasco emplea a siete de cada diez trabajadores de Euskadi (69,4%), un total de 656.500 empleos directos, “con condiciones estables y competitivas” -el 85% con contrato indefinido, el 80% a jornada completa- y “con los salarios medios más altos del Estado y la jornada más reducida”. En concreto, el salario medio por hora es un 19% superior a la media nacional, según el informe. Además, la empresa vasca da empleo a dos de cada tres jóvenes, el 60% de ellos con contrato indefinido, con un salario medio anual de 17.362 euros “casi un 20% superior al de la media del Estado, y ”lidera la formación dual en el Estado“. Por todo ello, el autor del informe Jordi Esteve, socio de PwC, ha subrayado que la economía vasca es ”muy dependiente“ de la ”salud“ de las empresas vascas.

Precisamente, las empresas vascas se enfrentan en estos momentos a un momento de incertidumbre por los aranceles anunciados por Donald Trump. El lehendakari del Gobierno vasco, Imanol Pradales, ya ha anunciado que el Consejo de Gobierno analizará este martes todas las áreas en las que “van a activar medidas de apoyo y protección a los sectores más expuestos a la guerra arancelaria”. Yagüe ha considerado que las empresas vascas están en “mejor posición” que otras comunidades para afrontar esta coyuntura. Aun así, ha señalado que están “en situación de alerta” para ver cuáles son las medidas que se adoptan por parte de la Unión Europea. “Yo creo que la Unión Europea actuará con rapidez para preservar precisamente la competitividad de la industria vasca y, en este caso, Euskadi tendrá que estar alineada con las decisiones que se tomen en la Unión Europea”, ha manifestado.

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha reunido este martes con una representación de la patronal vasca, Confebask. El encuentro se enmarca en una ronda de contactos con los agentes sociales en los que entre otras cuestiones está sobre la mesa uno central que les mantiene completamente enfrentados: la negociación de un salario mínimo de convenio vasco que la patronal vasca se ha negado a abordar. En encuentro con la patronal precede al que Pradales mantendrá este miércoles con los máximos responsables de ELA y LAB, a los que no ha gustado mucho que la reunión que, dicen, habían pedido ellos directamente para hablar exclusivamente del SMI, se haya convertido en un “ronda” en la que acaben mezclándose diversos temas. De entrada, en el comunicado que ha remitido la patronal tras el encuentro con el lehendakari ni se menciona la cuestión del SMI vasco, aunque es un tema por el que los empresarios han recibido críticas por parte del vicelehendakari Mikel Torres, que acusó directamente a la patronal de “alimentar la confrontación”, por no negociar.

Para lo que si ha servido el encuentro de patronal y lehendakari ha sido para escenificar una imagen de sintonía entre Gobierno y Confebask que llega poco después de las fuertes críticas lanzadas por la presidenta de los empresarios vascos, Tamara Yagüe, a la reforma fiscal pactada por PNV, PSE-EE y Podemos, que consideró un ataque directo a los empresarios. Tamara Yagüe ha manifestado al lehendakari que puede contar con los empresarios “para abordar desde la colaboración y la lealtad institucional los desafíos presentes y retos de futuro”, han señalado desde Confebask.

Aunque seguro que la reforma fiscal y la forma en que creen que puede afectar a las empresas habrá estado encima de la mesa, este tema tampoco se señala entre los tratados, según el comunicado enviado por la patronal para dar cuenta de la reunión, lo mismo que el SMI vasco. Según han indicado desde la patronal, el encuentro se enmarca en la tradicional recepción anual a la dirección de la organización empresarial. En el encuentro, Confebask ha aprovechado para trasladar al lehendakari “la visión sobre el momento económico industrial, muy marcado por la elevada incertidumbre económica y geopolítica internacional y las posibles consecuencias por la guerra comercial abierta por Donald Trump”.

Precisamente en esta incertidumbre justificaron en su día la negativa a negociar el salario mínimo de convenio. Y ha señalado como uno de los temas de mayor preocupación “atajar los altos índices de absentismo, la apuesta por la colaboración pública-privada para la generación, fidelización y atracción de talento; o el compromiso por mantener y estrechar las alianzas estratégicas con el Gobierno vasco en materias como la Formación dual (Fp+Universidad) o la defensa de la industria”. También se han tratado las diversas iniciativas puestas en marcha por el Gobierno vasco para fomentar el arraigo y la inversión en la industria, como el Grupo para la Defensa Industrial, o la Alianza Financiera. Desde Lehendakaritza han declinado hacer comentarios sobre el encuentro.

Por su parte, los máximos dirigentes de ELA y LAB, Mitxel Lakuntza y Garbiñe Aranburu, respectivamente, se reunirán este miércoles con Pradales con la intención de abordar la negativa de la patronal vasca a sentarse a negociar un salario mínimo de convenio acorde con el nivel de vida y los precios en Euskadi, más elevado que en el resto del Estado. Será la primera vez que los dirigentes de estos dos sindicatos acuden de manera conjunta a una reunión institucional, “señal de la importancia que la mayoría sindical concede a la cuestión del salario mínimo”, indican desde estas centrales.

Es más, desde estos sindicatos mostraban su “sorpresa” por la “ronda” en la que se había convertido su petición de reunión y pedían al lehendakari que se ciñera a esta cuestión: “Si el lehendakari va a hacer una ronda sobre otros temas, los sindicatos que componen la mayoría sindical deberían que mantener también reuniones por separado, al igual que el resto de agentes”, señalaban. ELA y LAB creen que “todavía hay posibilidad de acuerdo con el salario mínimo”, bien sea “llevando a Confebask a la negociación” o “si se mantiene firme en su postura reaccionaria, se regule el salario mínimo en la CAPV al amparo de la Iniciativa Legislativa Popular que han puesto en marcha los sindicatos, superando así el veto de Confebask”. El jueves el lehendakari se reunirá con CCOO de Euskadi, y con UGT Euskadi, ahora en manos de una gestora, está todavía pendiente cerrar el encuentro.

Dura y contundente. La presidenta de la patronal vasca, Confebask, Tamara Yagüe, ha rechazado de plano la reforma fiscal que el PNV y PSE-EE han pactado con Podemos. No ha salvado más que un punto -los incentivos a la descarbonización- y no ha tenido dudas al afirmar que se trata de un “castigo” a los empresarios y que la nueva fiscalidad tendrá consecuencias -y malas- en la competitividad de las empresas. “Es una decisión política y no se están midiendo las consecuencias económicas”. “Habrá que reflexionar si es el camino acertado para mantener el bienestar social”, ha señalado.

Tamara Yagüe ha aprovechado una entrevista en Radio Euskadi para cargar con dureza contra la reforma en la que ha considerado que se muestran contradicciones por parte del Gobierno vasco, porque se habla de conseguir empresas cada vez más grandes y fuertes y luego se las penaliza con impuestos. Pero además, ha puesto en duda que sea una forma de garantizar los servicios públicos. “Habrá que reflexionar si realmente este es el camino acertado para mantener el bienestar social de Euskadi. La vaca no da más leche”, ha dicho, recordando que el bienestar “normalmente viene de la recaudación privada y esa recaudación viene de las empresas”.

Ha puntualizado que desde Confebask “no se discute” el hecho de que “se proteja a los vulnerables y a las rentas bajas”, pero sí que “se tenga que penalizar a las empresas para hacer esas protecciones”. En este sentido, ha criticado que pese a que la patronal vasca había planteado una quincena de medidas “alineadas para conseguir un crecimiento económico y regional, enfocadas a la competitividad”, que no suponía “recaudar menos, sino recaudar mejor”, sólo se les ha “hecho caso en una”, la de las deducciones fiscales para la descarbonización. En el resto ha considerado Yagüe que mayoritariamente se ha ido “en contra” de lo reclamado por Confebask “no sabemos con qué objetivo”.

En este sentido, ha criticado que por ejemplo, el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades, en vez de reducirlo del 17% al 15%, como “el Estado y la mayoría de las economías europeas”, se aumenta “en determinadas ocasiones” al 19% y para grandes empresas con beneficios extraordinarios “se modifica del 24 al 28%”. “Ya no es pagar proporcionalmente más, que ya vas a pagar proporcionalmente más si ganas, es que ahora va a ser un impuesto progresivo para las empresas. Esto desde luego no contribuye ni a la competitividad de nuestras empresas ni a la atracción de proyectos tractores”, ha indicado.

Si la patronal ha sido muy dura con la reforma, no menos dura ha sido la postura de sindicatos como ELA. Para la central que dirige Mitxel Lakuntza, el acuerdo no hace más que consolidar “el injusto sistema fiscal actual”. Considera que supondrá una disminución de la recaudación y no ofrece medidas efectivas para hacer frente al “trato privilegiado que tienen las empresas”. Desde el sindicato han insistido en que “ nuestro sistema fiscal recauda poco, lo hace de forma injusta y es permisivo con el fraude fiscal, y el acuerdo de reforma no revierte ninguna de estas cuestiones”, han subrayado.

Reconoce que hay “pequeños avances” en el acuerdo, pero considera ELA que “no se puede hablar de una reforma fiscal, y mucho menos de un acuerdo que haga frente a la injusticia fiscal”. En ese sentido, tacha de “incomprensible” que una organización como Podemos convalide una revisión de estas características. “Además, cabe recordar que los impuestos se utilizan para pagar los servicios públicos, y que un partido considerado de izquierdas no debería permitir un acuerdo que provoque una merma en la recaudación y, en consecuencia, un perjuicio en el gasto social”, afirma. En este sentido, considera que es “una oportunidad perdida y exige dar marcha atrás” para abrir “un debate real con la participación social y sindical que permita aumentar la recaudación, haciendo que las empresas paguen al menos un 25% de sus beneficios, eliminar el trato privilegiado de las rentas de capital frente a las del trabajo y aumentar el control público contra el fraude fiscal”.

Ante las críticas, el consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Noël d'Anjou, ha afirmado que “el eje” de la revisión fiscal que PNV y PSE-EE han acordado con Podemos Euskadi es hacer frente a los retos de futuro que tiene Euskadi y no “girar a izquierda o derecha”, el argumentado empleado tanto por morados como por socialistas.

Entrevistado en Euskadi Irratia, D'Anjou ha señalado que “la referencia no debe ser girar a izquierda o derecha, porque en general es una revisión cuyo eje debe ser afrontar los retos que tenemos por delante. Es decir, se han introducido algunas medidas para hacer frente al problema de la vivienda, y poner soluciones a la vivienda no es ni de izquierdas ni de derechas. Tomar medidas por la transición verde no es ni de derechas ni de izquierdas. Es una revisión muy equilibrada”, ha destacado.

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha considerado que “hay margen” para la reducción de la jornada laboral pero “no se puede hacer de una forma generalista” porque puede acarrear “complicaciones” y, en este sentido, ha apostado por “analizar la especificidad” y buscar “los tiempos y las medidas” que la acompañen.

En su intervención en el Foro Empresarial Bizkaia en Bilbao, la presidenta de la patronal vasca ha considerado que “hay margen” para reducir la jornada laboral si bien ha subrayado que “no se puede hacer de una forma generalista”. “La jornada laboral y los salarios están muy relacionados con la productividad de las empresas. Y la productividad de las empresas es distinta dependiendo de la empresa, dependiendo del sector, incluso dependiendo del territorio”, ha explicado. Por ello, ha advertido de que “una regla generalista que no analice la especificidad de cada empresa lo que puede generar es una distorsión”.

A juicio de Tamara Yagüe, “claro que se puede llegar a una reducción, pero hay que buscar los tiempos y buscar las medidas que pueden reducir esa falta de producción o de competitividad que puede darse como consecuencia de la reducción de la jornada”. De este modo, ha incidido en que “hay que hacerlo con medidas añadidas, incrementar la flexibilidad, alguna bonificación... ”Hay que trabajar en ello. Sí se puede, pero las medidas generalistas traen complicaciones y hay que analizar sector por sector, que, al fin y al cabo, no es otra cosa que lo que hace la negociación colectiva“, ha insistido. Asimismo, se ha referido al estudio encargado por el Gobierno Vasco para analizar la jornada de cuatro días, una medida que, en palabras de la presidenta de Confebask, ”no es una cosa que ahora mismo preocupe a las empresas ni que esté en nuestro orden de prioridad“.

No obstante, ha puntualizado que “no quiere decir que nos neguemos, sino que ahora mismo no es nuestra preocupación” y ha asegurado que, cuando esté concluido ese estudio encargado, los empresarios vascos lo analizarán. Asimismo, ha recordado que la posición de los empresarios vascos era que ese análisis formara parte de la mesa de diálogo social y, por tanto, que estuviera en negociación con los sindicatos.

Por otro lado, ha aludido al hecho de que Euskadi haya pasado, en el último informe salarial del Instituto Nacional de Estadística, a ser la cuarta comunidad en cuantía de salarios, precisando que esos datos corresponden al cierre del segundo trimestre del año pero, si se analizan los últimos cuatro trimestres, se mantiene en la segunda posición. La presidenta de Confebask ha explicado que, además, el año pasado y el año anterior “ocurrió exactamente lo mismo”, por lo que habrá que “reflexionar por qué en el segundo trimestre la media de los salarios sale diferente”.

Asimismo, ha indicado que, teniendo en cuenta el precio hora en relación con el número de horas que se trabaja, los trabajadores vascos siguen siendo “los que menos horas trabajan de media en el Estado” y son “los primeros” en subidas salariares en los convenios concertados. Tamara Yagüe ha explicado que los salarios medios del resto de las comunidades ha crecido más que la media en Euskadi pero “eso también tiene que ver por la incidencia del salario mínimo interprofesional en el resto de las comunidades”. “Nuestro ranking sigue siendo el segundo, por lo menos hoy por hoy”, ha insistido.

La presidenta de la patronal vasca Confebask, Tamara Yagüe, ha visitado este miércoles al lehendakari, Imanol Pradales, en el marco de la ronda de contactos abierta desde su llegada Ajuria Enea. Yagüe ha demandado una “nueva mirada fiscal” en Euskadi. ¿En qué se traduce? En “bajar del 17% al 15%” el Impuesto de Sociedades y en suprimir el de Patrimonio. “Es lo que está en el resto del Estado y en los países de alrededor. No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo poder trabajar en las mismas condiciones”, ha manifestado.

Yagüe ha trasladado al a Pradales que tendrá en la patronal vasca “un aliado, nunca un obstáculo”. Le ha ofrecido “colaboración y lealtad institucional” para ayudar a mantener la competitividad de las empresas y del Estado de bienestar, pero ha insistido en una “nueva mirada fiscal” aunque, en puridad, la competencia es de las diputaciones y no del Gobierno vasco. Asimismo, la presidenta de Confebask ha remarcado al lehendakari la necesidad de “poner en valor social y político la aportación de las empresas y del empresariado vasco al progreso y bienestar social de Euskadi”, informa Europa Press.

En el plano fiscal, ha indicado que “más allá de reforzar y renovar la apuesta industrial” toca “reforzar la competitividad regional y acelerar el crecimiento económico”. “Nosotros pedimos trabajar bajo las mismas condiciones. Eso es el punto número uno, bajar del 17% al 15% es lo que está en el resto del Estado y en los países de alrededor”, entiende. Asimismo, ha indicado que lo mismo ocurre con el Impuesto de Patrimonio y cree que su supresión traería “mayor arraigo profesional, mayores inversiones empresariales y mejorar la recaudación”. Cree que Pradales ha sido “receptivo” a estos planteamientos.

Por último, han trasladado al lehendakari su preocupación por dos asuntos, uno de ellos, el clima laboral en Euskadi. “Independientemente de que en el sector privado estemos en niveles récord de convenios firmados, la imagen que trasladan determinados mensajes no ayuda a atraer inversiones. Coincidimos en que hay poner en valor el acuerdo y no, precisamente, el conflicto”, ha subrayado Yagüe. “Frente al conflicto permanente de algunos, mano tendida y colaboración leal, que es lo que nosotros proponemos. La sociedad no nos pide conflicto, sino entendimiento, porque sólo así se progresa y que cada uno se haga responsable de su estrategia, la nuestra es colaborar”, ha manifestado en referencia a posiciones como la del sindicato ELA.

Asimismo, ha indicado que otra sus preocupaciones es el “absentismo laboral” en Euskadi, que “se sitúa a la cabeza del Estado por mucha diferencia” y no acaban de entender por qué. En este sentido, ha avanzado al lehendakari que están preparado el otoño un acto conjunto, junto con Adegi, Cebek y SEA, las patronales provinciales, para “tratar de progresar en su diagnóstico”, en el que invitarán a expertos y ponentes que puedan ofrecer “una visión multidisciplinar de 360 grados del problema”. “No se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones”, ha señalado.

El Gobierno vasco ha unido sus fuerzas con la patronal vasca Confebask y sus tres territoriales, para presionar al Gobierno de Pedro Sánchez en la puesta en marcha de PERTE regionales que permitan a Euskadi realizar una gestión directa de las ayudas europeas. En concreto, han elaborado una propuesta concreta de proyectos vascos para gestionar de forma directa 1.047 millones de euros de subvenciones MRR (Mecanismo de Recuperación y Resilencia) aún no ejecutadas. El consejero Pedro Azpiazu, acompañado de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha insistido en que el plazo de ejecución se agota, algo que viene recordando desde hace meses, por lo que “se corre el riesgo de inejecución”. En concreto, el plazo de ejecución del MRR concluye en 2026, por lo que “transcurrido su ecuador si la fórmula de gobernanza no varía existe un serio riesgo de inejecución, lo que obligaría a devolver a Europa los fondos no utilizados”.

“Sería un fracaso y una pérdida de oportunidad de históricas dimensiones”, ha señalado Azpiazu. “Es momento de hacer de la colaboración efectiva una virtud con enormes efectos positivos para el tejido económico vasco, que será el principal afectado por la pérdida de estos recursos europeos”, ha dicho. Por su parte, Tamara Yagüe ha asegurado que “una gestión más ‘descentralizada y cercana’ puede suponer una vía adicional para favorecer el completo aprovechamiento de unas ayudas europeas, históricas en su cuantía y en su objetivo transformador. No podemos permitirnos el lujo de perder un solo ‘euro’ por algo que podría resolverse con una participación más activa de las comunidades autónomas en su asignación, gestión y distribución”.

En concreto, la propuesta que el Gobierno vasco trasladará al central y también a la Comisión Europea, propone destinar a las comunidades autónomas el 65% de los fondos de los PERTE estatales que aún no están distribuidos, un total de 11.792,57 millones de euros, de forma que desde Euskadi se gestionara el 8,88% de esta cuantía, que es el porcentaje que se corresponde con el peso del valor añadido bruto de su industria respecto al total del Estado según los datos del INE. En total, 1.047,18 millones de euros.

“Hoy, tres años después de plantear a la e General del Estado la figura de PERTE regional, en colaboración con la patronal vasca Confebask y sus tres organizaciones territoriales Cebek, Sea y Adegi, damos un paso adelante más, de manera proactiva, colaborativa y constructiva, de cara a lograr que esta inédita apuesta de Europa por la inversión se materialice de forma transformadora”, ha señalado Azpiazu, que ha considerado que “sería estupendo que se sumen más comunidades autónomas” a la petición, porque este no es un tema exclusivamente vasco, y transciende a la política.

Esta demanda se da dos meses después de que la Comisión Europea haya aprobado la adenda española al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), mediante la cual se movilizan la totalidad de recursos asignados a España de los fondos Next Generation, se contemplan más de 10.000 millones de transferencias adicionales (7.700 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y más de 2.600 millones del programa REPowerEU) y hasta 83.000 millones en préstamos. De este modo el PRTR de España podrá movilizar en torno a 162.700 millones de euros en transferencias y préstamos en el periodo 2021-2026.

Azpiazu ha considerado que el principal escollo para que los fondos MRR asignados lleguen definitivamente al tejido social y productivo vasco se encuentra en los proyectos estratégicos de transformación. En su opinión los denominados PERTE ·no responden a las necesidades del tejido social y productivo vasco. En la actualidad están identificados 12 PERTE y las cifras reflejan la magnitud del reto que queda por delante: de los 24.496,2 millones en subvenciones que se tiene previsto destinar a estos proyectos estratégicos de transformación, quedan todavía 18.141,63 millones de euros por distribuir y ejecutar en los próximos tres años.

En concreto, los ámbitos de aplicación de los PERTE regionales vascos presentados en la propuesta del Gobierno vasco son Longevidad, bienestar y resiliencia; Redes de Distribución inteligentes; Energías renovables de origen marino; Capacitación científica y tecnológica; Big Data, Cloud, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad; Euskadi Creativa; Ciudades Sostenibles; Resiliencia al cambio climático, ecosistemas y biodiversidad; Ecoinnovación y Basque Mobily.

El Instituto Vasco de Finanzas como intermediario

Euskadi quiere participar activamente en la gestión de los préstamos del Fondo de Resiliencia Autonómica incluido en la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) como ha señalado el consejero ya en varias ocasiones. Este fondo está dotado con hasta 20.000 millones de euros e irá destinado a financiar proyectos privados, públicos y público-privados en los ámbitos vivienda social y asequible y regeneración urbana; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo innovación; turismo sostenible; economía de los cuidados y gestión de aguas y residuos y transición energética.

El fondo estará gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y se plantea que el Instituto Vasco de Finanzas, que ya tiene experiencia en canalizar a las empresas financiaciones junto con el BEI, pueda ejercer de intermediario con las pymes vascas. Para ello el consejero ha instado a que “sin dilación, se firmen los acuerdos que sean necesarios entre el IVF, el BEI y la Administración General del Estado en los que se establezcan las condiciones de esta relación”.

“Resistencia”. Ante las crisis y sobre todo, ante la extorsión y el ataque del terrorismo en los años más duros de ETA. Ese ha sido el común denominador en el acto de celebración el 40 aniversario de la patronal vasca Confebask en el que se ha mirado al futuro, pero también mucho al pasado de dolor que ha marcado al empresariado vasco durante años. Se ha pedido también el reconocimiento social de la labor del empresariado. En el acto celebrado en el museo Guggenheim de Bilbao han participado el jefe del Estado, el rey Felipe VI, el lehendakari Iñigo Urkullu, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, que ha sustituido a la vicepresidenta Nadia Calviño que finalmente no se ha desplazado a Bilbao, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi y la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, además de aproximadamente 350 invitados tanto del ámbito institucional como de la empresa, la política o la sociedad, y representantes sindicales de CCOO y UGT en Euskadi.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha recordado que fueron asesinados por ETA 49 empresarios, secuestrados 52 y más de 10.000 extorsionados. “Alguien debería perdón por esto”, ha señalado, justo en un momento en el que está de nuevo en medio de la polémica EH Bildu por negarse a usar la palabra “condena” en relación con el ataque al monolito en recuerdo de Fernando Buesa y Jorge Díez Elorza, y la la tumba del político la pasada semana. Tamara Yagüe, presidenta de Confebask, ha destacado el “sentido de la responsabilidad” de los empresarios que “vencieron esa época el vértigo individual y el miedo a ETA” y ha recordado a los “hombres y mujeres que, durante los interminables años del terrorismo, tanto ofrecieron y tanto sufrieron”. “Hoy ETA ya no existe, pero hay que recordar lo vivido para transmitir a las generaciones presentes y futuras que nunca más puede repetirse algo semejante”, ha señalado.

También el lehendakari Urkullu ha recordado que ETA “provocó destrucción y muerte hasta 2010”. “Hicisteis un esfuerzo inmenso de resistencia. Reitero hoy mi reconocimiento más sincero. También recuerdo a las personas que no pueden estar hoy aquí porque alguien así lo decidió”, ha dicho Urkullu. El rey Felipe VI, que ha clausurado el acto, se ha referido de igual forma a la “resistencia” empresarial frente a las diferentes crisis y la fortaleza frente al terrorismo que tanto sufrimiento causó. “No debemos olvidarlo y siempre ser sensibles al dolor de las víctimas. En la mente de todos están las extorsiones, los secuestros y los asesinatos durante tantos años. Una etapa de nuestra historia que es necesario que las jóvenes generaciones conozcan para que jamás vuelva a repetirse”, ha indicado el monarca.

En el acto, se ha mirado también al pasado al homenajear a todos los presidentes que ha tenido la patronal vasca desde su constitución en 1983: José María Vizcaíno -fallecido en 2005- , Baltasar Errazti, Román Knörr, Miguel Lazpiur, Miguel Ángel Lujua, Roberto Larrañaga, Eduardo Zubiaurre e Isabel Busto. Y también, a las organizaciones empresariales fundadoras de Confebask, Adegi (Gipuzkoa), Cebek (Bizkaia) y SEA-Empresas Alavesas (Álava). Pero también se ha mirado al futuro, y se ha pedido un mayor reconocimiento social para los empresarios, que sí ha estado presente en los discursos institucionales.

“Este país os necesita y os apoya. Euskadi necesita ese espíritu emprendedor que reconocemos en todas las personas que a lo largo de estas cuatro décadas habéis compartido Confebask”, ha señalado Urkullu. “Tengo muy presentes las consecuencias de la crisis económico-financiera de 2008, la pandemia, la invasión de Ucrania, la inflación, los precios de la energía, la subida de tipos de interés… En todas estas crisis hemos tratado de estar siempre cerca de vosotras y vosotros con el objetivo de contribuir a mantener la actividad, el empleo y el bienestar de este país. Ponemos en valor a las personas que emprenden, arriesgan, buscan nuevos mercados, innovan.” ha insistido el lehendakari.

“Como dice un antiguo refrán en euskera: 'Ezina ekinez egina', 'Lo imposible se logra con tesón'. La perseverancia, la tenacidad, son parte importante del éxito. Y los empresarios vascos, que habéis demostrado -y seguís haciéndolo cada día- ese tesón, sois una pieza fundamental de nuestro éxito colectivo como sociedad avanzada, de su bienestar social”, ha señalado el rey Felipe VI en su intervención. “Una ecuación en la que, como muchas veces insistimos − sobre todo vosotros (y hoy mismo)—, la colaboración público-privada es, sin duda alguna, determinante. Es más, me consta que, en Euskadi, es un enfoque de larga tradición: la colaboración entre Confebask, las empresas vascas y las instituciones forma parte de un ‘saber hacer’ de cuyos resultados se beneficia, sin duda alguna, la sociedad en su conjunto”.

Por su parte, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha destacado “la aportación de la empresa vasca al bienestar colectivo ha sido y es de enorme relevancia. Nuestro actual nivel de bienestar, equiparable según todos los análisis al de los mayores estándares europeos, no es fruto de la casualidad. Es consecuencia de la apuesta de los y las empresarias, una apuesta que se resume en tres palabras: emprendimiento, trabajo y compromiso”. En este sentido, ha considerado que “el papel del empresario y la empresaria merece un mayor reconocimiento social del que hoy tenemos”. “Que quede claro- concluye. La empresa es un valor seguro. No se puede entender una sociedad desarrollada y moderna sin empresas ni empresarios y empresarias”, ha señalado.

También el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, se ha referido a la importancia de la colaboración público-privada, y su relevancia a la hora de recibir los fondos europeos. “Donde hay una fortaleza, hay una apuesta con los fondos europeos para impulsar esa inversión. Y en este gran proyecto de transformación, sin duda, dos elementos claves y esenciales son la colaboración público-privada y la gobernanza. El éxito del plan de recuperación es un éxito de país que no se hubiera producido sin la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de las administraciones públicas. Ello se refleja de manera particular en el País Vasco”, ha señalado.

En el acto el presidente de PwC España, Gonzalo Sánchez, se ha referido a la contribución empresarial a la riqueza de Euskad, asegurando que Euskadi es hoy la comunidad autónoma con más renta per cápita, la segunda con el PIB per cápita más alto, y la que menos paro tiene, con una tasa del 7%. Asimismo, ha destacado de la empresa vasca “su apuesta por la internacionalización, la inversión en I+D+I, la existencia de un ecosistema que facilita el desempeño empresarial con universidades y una FP de prestigio y, por último, la intensa colaboración público-privada”.

En la jornada, también ha tenido lugar una mesa redonda con la participación de Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, Andrés Arizkorreta, presidente de CAF, y Jesús Arregui, vicepresidente senior de la multinacional norteamericana SNAP-ON, cuya sede para Europa está situada en Vitoria.

Euskadi se enfrenta a una de los mayores retos de su historia, el demográfico. Los índices de natalidad están en los niveles más bajos de Europa cuando se está a las puertas de lo que desde la patronal vasca demominan la “gran jubilación”. En los próximos diez años habrá que sustituir a 225.809 trabajadores que en estos momentos tienen más de 55 años. Y para el relevo de estos trabajadores las políticas para intentar fomentar la natalidad que se puedan poner en marcha ya llegan tarde. “Estamos en un invierno demográfico, y lo que necesitamos es un renacimiento”, ha señalado el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, que ha recordado que Euskadi es una de las comunidades autónomas más prósperas y la que menos ha crecido en población desde 1980. En 2051, solo el 51,3% de la población vasca tendrá edad laboral.

Según ha señalado el responsable de Confebask: “Para mantener la prosperidad actual en Euskadi, se necesita aumentar la población laboral en 400.000 personas en los próximos 30 años: 237.000 para cubrir el relevo generacional y 177.000 más para consolidar nuestro crecimiento económico. Pero es que, si aspiramos a recuperar el tamaño relativo que la economía vasca tenía en el conjunto del Estado, deberíamos incrementar nuestra población laboral en otros 140.000 más”. Para solventar el problema es por lo tanto necesario incrementar la natalidad sí, pero a corto plazo hay que allanar el camino a la “inmigración para el empleo”, porque ni aunque regresara toda la población vasca que vive fuera de Euskadi -98.000 según censo del INE-, se solucionaría la carencia de personas y de talento. “Necesitamos de una estrategia conjunta de país”, ha señalado.

Confebask y sus tres territoriales han celebrado este lunes en Bilbao la jornada “Las empresas vascas ante el reto demográfico” en el que se han analizado las consecuencias económicas de la falta de crecimiento de la población vasca. Los presidentes de Adegi, Eduardo Junkera, Cebek, Carolina Pérez de Toledo, y SEA, Pascal Gómez, han coincidido en la necesidad de atraer una inmigración que sirva al desarrollo de la empresa planificando cursos específicos para estos inmigrantes y que sean útiles para la empresa, además de allanar los trámites para que esos inmigrantes se puedan integrar en el mundo laboral vasco. “Deberíamos intentar formarles en los países de origen”, ha defendido Junkera. En la misma línea, Pascal Gómez ha apostado por seguir una estrategia similar a los de los clubes de fútbol que crean escuelas en países en los que buscan talento. “Deberíamos crear escuelas-taller de formación en Senegal o en otros países origen”, ha señalado. Pero además han abogado por retener el talento: “No podemos permitir que los jóvenes vascos se vayan o que las mujeres se queden fuera de la industria”, ha señalado Carolina Pérez de Toledo.

La estrategia que propone Confebask se basa por tanto en dos pilares: Por un lado, promover medidas que impulsen la natalidad, y por otro una política específica de “inmigración para el empleo”. “Sin olvidar la solidaridad hacia quienes huyen o buscan refugio entre nosotros”, ha puntualizado la presidenta de Confebask, Isabel Busto, “pero que tenga en cuenta que también necesitamos de su ‘talento’. Atraer, mantener, aportar al bien común”. “Tenemos que idear un sistema que facilite la llegada de personas: insisto, sin descuidar en ningún momento la asistencia al más desfavorecido. De lo que se trata es de abrir una nueva puerta, no de cerrar ninguna”, ha recalcado. “Necesitamos una estrategia de país, una suerte de ‘estrategia Basque Talent’, diseñada entre todos, instituciones, empresas, universidades, sistema educativo en general, con una visión conjunta y transversal del país, que nos permita sortear el reto al que nos enfrentamos”, ha señalado la presidenta de los empresarios vascos.

Busto ha pedido en este sentido la creación de una “ventanilla única” para “atender los trámites y la plena integración social de quienes deciden venir a trabajar a Euskadi”, además de beneficios fiscales para atraer y mantener el talento en Euskadi, en línea con las medidas puestas en marcha por la Hacienda de Bizkaia en este sentido.

 También ha reconocido Isabel Busto que es necesarios que las empresas ofrezcan “ una cultura de empresa, unos valores y unas condiciones acordes a una generación que ya no entiende la relación laboral como se entendía antes. Y no hablamos sólo de salarios competitivos. La conciliación laboral y familiar, teletrabajo, libertad de horarios, beneficios sociales, ambiente laboral ‘amable’, trabajo en equipo, liderazgo compartido, … juegan un papel determinante a la hora de ‘atraer y mantener’ a los candidatos”, ha señalado.

En la jornada han participado, además de los representantes de Confebask, Cecilia Monforte, directora de Personas, Cultura y Comunicación en BBVA IT España; Juan José Salegui, director Corporativo del área de personas en Europa, África, Asia y Latinoamérica del grupo Bellota; y Asier Urzelai Azpeleta, director del Área de Personas de CIC Energigune, que han contado su experiencia a la hora buscar talento en sus respectivos sectores. En este encuentro empresarial también ha tomado parte Jonan Fernández, secretario general de Transición y Agenda 2030 del Gobierno vasco, y coordinador en la elaboración de la Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico, que ha presentado la visión del Ejecutivo sobre la materia, que considera una prioridad esencial. 

ELA fue el sindicato que más convenios (283) rubricó el pasado año 2021 en Euskadi. Participó en la firma de algo más de seis de cada diez convenios vigentes en 2021. Sin embargo, estos afectaron solo al 52,6% de los trabajadores sujetos a negociación colectiva vigente en 2021 y registrada en Euskadi (97.678 operarios). Esto es debido a que el sindicato nacionalista es el que menos convenios sectoriales firmó (10), por los 19 suscritos por CCOO y los 17 ratificados por LAB y UGT.

Del total de convenios respaldados por ELA, el 96,4% se corresponden con convenios de empresa, y el 3,6% con convenios de sector. Los 10 convenios de sector firmados por este sindicato ampararon al 49,4% de población trabajadora con convenios sectoriales vigentes negociados en Euskadi, mientras que los 273 convenios de empresa firmados por ELA dieron cobertura al 62,7% de los trabajadores con convenios de empresa vigentes negociados en esta comunidad autónoma.

Según datos del Consejo de Relaciones Laborales, recogidos por Europa Press, el porcentaje de convenios firmados en relación con la presencia en las mesas de negociación por parte de ELA ha sido del 84% para el año 2021 (85% en 2020). En total, los convenios registrados en la comunidad autónoma vasca y vigentes para el año 2021 (sin incluir los que se encontraban en situación de prórroga ni los decaídos) fueron 439 y afectaban a 185.721 empleados.

Por su parte, CCOO Euskadi suscribió el pasado año un total de 137 convenios colectivos, el 31,2% de todos los vigentes, los cuales afectaban a ocho de cada diez trabajadores vascos que renovaron sus condiciones laborales (151.491 personas). En concreto, el sindicato liderado por Loli García firmó 19 convenios sectoriales que dieron cobertura a 130.064 trabajadores (el 92,5% de la población trabajadora cubierta por convenios sectoriales negociados en Euskadi) y 118 de empresa, que ampararon a 21.427 asalariados (47,5% del total de trabajadores cubiertos por convenios de empresa vigentes negociados en Euskadi).

El tercer sindicato por número de convenios en los que estampó su firma fue LAB (136 pactos), quien suscribió tres de cada diez convenios vigentes, que dieron cobertura al 69,3% de las personas afectadas (63,5% en 2020). El sindicato abertzale firmó 17 convenios de sector que dieron cobertura a 108.721 asalariados (el 77,3% de la población trabajadora con convenios sectoriales vigentes negociados en Euskadi) y 119 convenios de empresa que dieron cobertura a 20.066 trabajadores (el 44,5% de la población trabajadora con convenios de empresa vigentes negociados)

Finalmente, UGT suscribió el 27,8% de los convenios el pasado año en la comunidad autónoma vasca, los cuales afectaron al 65,1% de los trabajadores (121.032 operarios). Concretamente, firmó 17 convenios de sector que dieron cobertura a 101.748 personas (el 72,4% de la población con convenio sectorial vigente negociado en Euskadi) y 105 convenios de empresa que afectaron a 19.284 trabajadores (el 42,7% de la población con convenio de empresa vigente negociado en esta comunidad).

De esta forma, UGT y CCOO son los sindicatos que más convenios firman en relación con su presencia en las mesas de negociación (89,7% y 89,5%, respectivamente). También suscribieron convenios otros sindicatos como USO (19 pactos que implicaban a 5.437 personas), ESK (20 convenios con 4.441 trabajadores) y otros sindicatos que en conjunto rubricaron 21 convenios para 19.226 operarios). De los 25 convenios sectoriales vigentes en 2021, dos de ellos fueron suscritos conjuntamente por alguna de las organizaciones que conforman Confebask (SEA, Adegi o Cebek) junto con los representantes de otras organizaciones empresariales.

En Álava, la organización SEA firmó cuatro de los cinco convenios sectoriales vigentes en este territorio, afectando al 95,2% de las personas incluidas en el ámbito referido. Otra organización empresarial suscribió en Álava otro convenio sectorial, dando cobertura a 248 personas (el 4,8% de la población afectada). En relación con la negociación colectiva sectorial vigente en 2021, la participación de SEA aumenta, ya que en el pasado ejercicio los convenios firmados por la patronal alavesa dieron cobertura al 78,3% de la población trabajadora afectada, disminuyendo la participación de otras organizaciones empresariales que suscribieron convenios sectoriales en 2021 que ampararon al 4,8% de la población trabajadora afectada (del 72,2% en 2020).

En lo que se refiere a Bizkaia, Cebek intervino en la firma de cinco de los ocho convenios sectoriales vigentes en este territorio en 2021, que afectaban al 93,5% de la población trabajadora de este ámbito. Otras organizaciones (no integradas en Cebek) suscribieron cuatro convenios sectoriales (uno de ellos junto a Cebek), que regularon las relaciones laborales del 23,6% de las personas afectadas por los convenios de ese ámbito. Con relación a la negociación colectiva vigente en 2021, la participación de Cebek aumenta, pasando del 75,5% al 93,5%.

En Gipuzkoa, la organización Adegi suscribió cinco de los siete convenios sectoriales vigentes, que afectan al 96% de los trabajadores encuadrados en el ámbito de sector. Otras organizaciones en conjunto firmaron tres convenios sectoriales (uno de ellos junto con Adegi), regulando las condiciones laborales del 16,4% de la población trabajadora afectada. En relación con la negociación colectiva sectorial de 2020, se mantiene prácticamente sin variación la participación de Adegi. En 2020 rubricó convenios sectoriales que amparaban al 97,4% de la población afectada por los convenios sectoriales vigentes en ese año, mientras que en 2021 este porcentaje ha sido del 96%.

En el ámbito interterritorial se firmaron dos convenios de ámbito sectorial en los que no participó Confebask. Los convenios suscritos por las organizaciones integradas en Confebask (Cebek, Adegi y SEA) suponen el 56% de los convenios de sector vigentes en Euskadi en 2021, que inciden sobre el 79,1% de las personas de dicho ámbito. Otras organizaciones empresariales intervinieron en la firma de 13 de los 25 convenios de sector, que afectan al 33% de los trabajadores cubiertos por esos convenios. Entre ellas destacan por su relevancia las patronales de los sectores de hostelería y transporte.