El Gobierno de Pradales rechaza tramitar la iniciativa legislativa de los sindicatos para que Euskadi tenga un SMI propio

El Gobierno de Imanol Pradales ha aprobado este martes un informe desfavorable a la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por los sindicatos ELA, LAB y otros como ESK o Steilas para mejorar el salario mínimo interprofesional (SMI) en Euskadi. Esta emisión de criterio adelanta que el Parlamento Vasco, donde PNV y socialistas tienen mayoría absoluta, no admitirá siquiera a trámite esta propuesta salvo sorpresa mayúscula, como sucedió hace solamente un mes con la de mejora de las pensiones, que llegó con 145.143 firmas.

Los proponentes informaron de que la ILP venía respaldada por 138.495 firmas (el 6% de la población y cerca de los apoyos de la tercera fuerza política en las últimas autonómicas, el PSE-EE), pero el Gobierno, por el contrario, asegura que supera por muy poco el mínimo requerido de 10.000. En concreto, apunta a 10.218 citando informes del Instituto Nacional de Estadística y de la Mesa del Parlamento Vasco. De hecho, añade que se presentaron apenas 278 más, que han sido rechazadas por defectos de forma. Las fuentes consultadas indican que, aparentemente, se deja de contar al alcanzar el umbral de 10.000 aunque los signatarios sean mucho más.

La fijación del SMI es una competencia del Estado. Ahora mismo está en 1.183,7 euros en catorce pagas y ha ido escalando de modo importante en los últimos años, con Pedro Sánchez en La Moncloa. En 2018 era de 735,9 euros mensuales. Sin embargo, los sindicatos sostienen que el nivel de vida aquí es más alto y que se precisa un marco propio y superior. Han registrado una iniciativa gemela en Navarra. La iniciativa legislativa busca que el Parlamento Vasco inste a las Cortes Generales a cambiar la normativa estatal y a introducir que “las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio”.

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha sido el encargado de presentar el dictamen del Ejecutivo. Ha dado “tres grupos de razones” para que la iniciativa sea rechazada. Las primeras son de tipo “jurídico-constitucionales” porque es una materia “de competencia exclusiva del Estado” y que, en todo caso, debería tramitarse como ley orgánica, que exige en las Cortes Generales una tramitación reforzada, o como “ley marco”. En segundo lugar, se apela a la “prudencia” sobre la “oportunidad” de abrir este debate de la territorialización del SMI. En tercer lugar, se alude a la necesidad de la “concertación social y política”, a que se busquen vías “más posibles” y “efectivas” como lo es la “negociación colectiva”. Torres ha hecho un llamamiento a los agentes sociales para que intenten dialogar y llegar a acuerdos.

Hasta 1.385 euros

La conversación sobre la necesidad de un SMI vasco propio y más alto no es nueva. En 2022, el Gobierno de Iñigo Urkullu accedió a analizar la cuestión en un acuerdo presupuestario con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que apoya decidamente a los sindicatos en esta iniciativa. En la actual legislatura, el vicelehendakari Torres ya ha presentado un estudio sobre la estructura económica propia y ha apuntado que “el rango estimado para el salario mínimo de convenio en Euskadi oscilaría entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas, lo que supone un incremento de entre el 7 y el 17% respecto al SMI estatal”. “Esta horquilla guarda coherencia con el mayor coste de vida en Euskadi, estimado entre un 7 y un 11% superior al conjunto del Estado”, se argumentó en julio, cuando se presentó el estudio. Eso sí, ese documento alertaba de que la “regionalización” del SMI en España puede acarrear “posibles efectos negativos”, como el “desplazamiento de trabajadores” entre territorios o “competencencia desleal”.

El Gobierno apuesta por la negociación colectiva como fórmula para ofrecer más cobertura a los trabajadores. Pero la patronal, representada por Confebask, se ha negado. Incluso el Ejecutivo le ha afeado que ni siquiera se quiera sentar a negociar. Los sindicatos promotores de la ILP, de hecho, han solicitado un acto de conciliación que se celebrará este miércoles en el Consejo de Relaciones Laborales como paso previo a una posible judicialización del asunto. Argumentan que las últimas reformas laborales en España hacen prevalecer los convenios autonómicos, de modo que entienden que Confebask, al menos, deberían sentarse a analizar la cuestión. Torres ha insistido en apelar al “diálogo” y en rechazar que la pugna acabe en los tribunales.

A nivel político, los socios del Gobierno, PNV y PSE-EE, encaran con matices el debate. Los socialistas dirigen el área de Economía, Trabajo y Empleo e insisten en que la competencia es estatal y en que de lo que se trata es de fijar marcos “de convenio” y no romper el SMI unificado. Los nacionalistas, de su lado, han emitido un comunicado en el que reclaman más autogobierno para las instituciones vascas. El partido que dirige Aitor Esteban desea “disponer de un SMI vasco” y, con ello, “mejorar la actual cuantía”. Avisa también de que la ILP implica una “delegación” de competencias y no crear un “marco propio de relaciones laborales”. Insiste en que no se puede dejar la materia “al albur” de las mayorías políticas en España y deslizan que ahora mismo ni siquiera el Gobierno de España apoyaría algo así, señalando a Sumar, la formación que controla las políticas de Trabajo.