Alrededor de las 13 horas, la Conselleria de Educación remitía a los sindicatos docentes presentes en la mesa de negociación -STEPV, CCOO, UGT, CSIF y UGT- su última propuesta para intentar resolver el conflicto laboral en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana. El documento del Gobierno valenciano detalla una inversión plurianual que aseguran que alcanzará los 3.338,26 millones de euros entre los ejercicios de 2026 y 2031. Esta inyección presupuestaria se desplegará de forma progresiva comenzando con 661,27 millones este mismo año y articula un plan estratégico centrado en la modernización de infraestructuras, la ampliación estructural de las plantillas docentes, un “drástico” recorte de las ratios de alumnado y una mejora en las condiciones salariales del profesorado valenciano.

Esta nueva propuesta llega cuando los docentes valencianos llevan cinco semanas de huelga indefinida -veintidós jornadas de paros- y después de la maratoniana reunión del lunes, de casi doce horas de duración -recesos incluidos-, en la que se produjeron algunos avances, según reconocían ambas partes.

En el escrito de Educación, el capítulo de personal representa uno de los pilares del acuerdo a través del denominado “Pla +Mestre”, presupuestado en 469,12 millones de euros. El Consell se compromete a realizar 5.000 nuevas contrataciones fijas para reforzar las plantillas y la inclusión educativa, además de la estabilización de 10.000 plazas —con un mínimo del 50 % reservado a la atención inclusiva— y la adscripción de otros 2.742 docentes específicos para acometer el descenso de ratios. Este incremento de personal permitirá reducir el número de alumnos por aula de cara al curso 2030/2031: Infantil y Primaria bajarán un 12 % (hasta 22 alumnos); Educación Secundaria Obligatoria disminuirá un 17 % (25 alumnos); y Bachillerato se reducirá un 20 % (28 alumnos). La Formación Profesional y las Escuelas Oficiales de Idiomas también registrarán recortes de ratio de hasta el 17 % y el 10 % respectivamente, fijando además un límite máximo de 8 alumnos en las aulas de unidades específicas en centros ordinarios (UECO).

Por lo que respecta a las infraestructuras, la dotación económica se eleva hasta los 1.409,7 millones de euros. Entre las principales novedades destaca la creación del “Pla EduClima”, una partida de 140 millones de euros —que incluye una línea específica de 2 millones para la zona afectada por la dana— destinada a garantizar la climatización del 100 % de las aulas del territorio. Asimismo, la Generalitat blindará y reforzará el Plan Edificant con 829,7 millones entre 2026 y 2029, a los que se sumarán 400 millones de inversión directa autonómica y los 40 millones del “Pla Recol·le” para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en centros de propiedad municipal (CEIP y CEE). Toda la planificación constructiva tendrá como prioridad contractual la erradicación definitiva de las aulas prefabricadas.

La propuesta también aborda el conflicto retributivo mediante un desembolso acumulado de 802,3 millones de euros para financiar una subida salarial lineal de 200 euros mensuales por docente, cuyos incrementos futuros quedarán vinculados formalmente a la evolución del IPC. Paralelamente, Educación destinará 658 millones de euros a garantizar la gratuidad total del tramo de 0 a 3 años y a la mejora de sus ratios correspondientes. Dentro del apartado social y laboral, el borrador recoge una flexibilización de las condiciones de trabajo, blindando el derecho a la desconexión digital, reduciendo la jornada lectiva para los mayores de 55 años y permitiendo el trabajo no presencial fuera del centro durante el mes de julio, limitando la presencialidad exclusivamente a las reuniones y tareas de coordinación indispensables.

Finalmente, el documento técnico contiene un paquete de 20 medidas de simplificación burocrática orientadas a aliviar la carga administrativa del profesorado, las cuales se tramitarán mediante un decreto del Consell en un plazo máximo de seis meses tras la firma del acuerdo. Entre estas iniciativas destaca la implantación del Expediente Digital del Docente (EDEN) para el curso 2026/2027, la automatización de oficio de recursos extraordinarios y evaluaciones diagnósticas virtuales, y la introducción de herramientas de inteligencia artificial para la traducción automática de documentos entre el valenciano y el castellano. El texto también contempla la asunción de competencias en materia de Personal de Administración y Servicios (PAS), permitiendo la incorporación progresiva de auxiliares administrativos para agilizar el funcionamiento diario de las escuelas e institutos valencianos.

El sindicato ANPE ha denunciado que los docentes designados para participar en los tribunales de las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Cantabria, que se celebrarán el 20 y 21 de junio, “se verán obligados a encadenar al menos 12 días consecutivos de trabajo sin descanso, incluyendo jornadas dobles durante los días previos a las pruebas y trabajo durante el fin de semana de celebración de los exámenes” sin que la Consejería de Educación “haya previsto ningún tipo de compensación horaria”, por lo que ha reclamado que se abra una negociación al respecto.

En un comunicado, el sindicato ha considerado “especialmente grave” que esta carga extraordinaria se produzca en pleno final de curso, “uno de los periodos de mayor intensidad de trabajo para el profesorado”, ya que muchos de estos docentes “deberán desplazarse a localidades alejadas de sus domicilios para cumplir con las tareas derivadas de las oposiciones” una vez finalizada su actividad ordinaria en los centros educativos.

ANPE ha detallado que la sobrecarga comienza incluso antes de la celebración de las pruebas, puesto que el 18 de junio “además de cumplir con su jornada laboral ordinaria en los centros educativos, estas personas deberán asistir a reuniones de coordinación”, y al día siguiente “deberán incorporarse a los centros de examen para preparar aulas, organizar materiales y realizar todas las tareas necesarias para garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo, prolongando su jornada hasta que dichos trabajos queden completados”.

Durante el fin de semana de las pruebas, la carga se incrementa aún más, según ha explicado el sindicato, ya que el 20 y 21 de junio miembros de tribunales y colaboradores deberán incorporarse a las 7.00 horas para iniciar la jornada de examen y continuar trabajando hasta que todas las dependencias queden nuevamente preparadas o hasta que toda la documentación y los exámenes queden correctamente organizados y custodiados.

El sindicato ha señalado que solicitó “expresamente” en la Mesa Sectorial de Educación el establecimiento de una compensación horaria para el personal docente que participa en los tribunales y en las tareas de colaboración, pero ha lamentado que la Administración educativa “rechazó esta propuesta y confirmó que no contempla ninguna medida compensatoria para quienes asumirán esta carga extraordinaria de trabajo”, por lo que ha exigido que “abra de manera inmediata una negociación para regular esta cuestión y establezca un marco estable que evite que vuelvan a producirse situaciones como la actual”.

La Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals han tancat aquest dilluns les negociacions en tres blocs estratègics —reducció de la burocràcia, infraestructures i ràtios escolars—, en el marc d'una nova maratoniana jornada de la mesa sectorial (l'onzena des que va començar la vaga indefinida l'11 de maig) que coincideix amb l'inici de la cinquena setmana d'aturades en l'ensenyament públic no universitari valencià. Malgrat els significatius avanços reconeguts per les parts, la trobada ha conclòs sense cap signatura oficial. Les centrals sindicals majoritàries han supeditat qualsevol rúbrica definitiva a l'aval dels seus respectius òrgans de govern (CSIF i ANPE) i les bases del professorat (STEPV, CCOO i UGT), després d'analitzar el document definitiu que el secretari autonòmic, Daniel McEvoy, s'ha compromès a remetre formalment el matí de dimarts abans de les 12 hores.

La jornada, que s'ha estès des de poc abans de les onze del matí fins a passades les 22 hores amb un parell de recesos, ha estat marcada per un gir en la dinàmica negociadora. Els portaveus de STEPV, CCOO i UGT han coincidit en assenyalar que el tarannà de la conselleria ha estat “radicalment diferent” al de cites anteriors, una rectificació que atribueixen directament a la persistència de les mobilitzacions als carrers i a la pressió afegida que les sessions es retransmetan per streaming des del passat divendres. Mentre a l'interior se succeïen els debats, a les portes de la seu d'Educació, a l'avinguda de Campanar de València, desenes de docents han mantingut una concentració de suport, arropats en aquesta ocasió per la Plataforma per la Millora i Defensa de la Sanitat Pública Valenciana.

En el bloc d'infraestructures, el departament que dirigeix Carmen Ortí ha incorporat el compromís per escrit de prioritzar l'eliminació de les aules prefabricades en tots els seus plans d'inversió. Així mateix, Educació ha acceptat adjuntar un annex tècnic que detalle l'estat d'execució i les memòries de les obres de reconstrucció en els centres educatius afectats per la dana. Al mateix temps, Ortí ha avançat la redacció d'un pla director dissenyat per mitigar el confort tèrmic a les aules, adaptant-se a les diferents casuístiques geogràfiques i estructurals de la xarxa escolar de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a les ràtios, la proposta definitiva de la Generalitat preveu un descens progressiu en totes les etapes, que la consellera ha qualificat d'“ambiciosa” per avançar-se a les previsions del ministeri. El pla estipula una reducció del 12 % en Infantil i Primària (fixa el límit en 22 alumnes), del 17 % en l'ESO (25 alumnes), del 20 % en Batxillerat (28 alumnes) i del 17 % en Formació Professional, a més d'una retallada del 10 % a les Escoles Oficials d'Idiomes i una partida de 658 milions d'euros per al tram de 0 a 3 anys. En matèria de simplificació administrativa, el preacord abasta 20 mesures orientades a alleujar la càrrega del professorat —que es tramitaran per decret en un termini de sis mesos—, destacant la implantació de l'Expedient Digital del Docent (EDEN) de cara al pròxim curs.

Malgrat el clima d'aproximació, el conflicte retributiu continua presentant-se com el principal escull per desconvocar de forma immediata les aturades. Els sindicats majoritaris exigeixen de forma unànime “reobrir des del principi” el debat salarial, en denunciar que el text literal del document no aclareix la vinculació a l'IPC de la pujada de 200 euros que la conselleria va pactar inicialment amb les forces minoritàries (ANPE i CSIF). Per la seua banda, Carmen Ortí ha refredat la possibilitat de modificar aquest apartat, en recordar que aquest increment ja constitueix “un compromís assumit i signat” pel Consell, alhora que ha suggerit que, davant l'evidència que la Conselleria està assumint les demandes sindicals en un marc responsable, les mobilitzacions “perden sentit per si mateixes”.

Ortí ha convocat els sindicats el pròxim dijous, a les 9 hores, perquè decidisquen si rubriquen l'acord que han de rebre aquest dimarts. Una vegada rebut, STEPV, CCOO i UGT convocaran una nova consulta perquè els docents decidisquen si secunden o no l'última proposta del Govern valencià.

La Conselleria de Educación y las organizaciones sindicales han cerrado este lunes las negociaciones en tres bloques estratégicos —reducción de la burocracia, infraestructuras y ratios escolares—, en el marco de una nueva maratoniana jornada de la mesa sectorial (la undécima desde que empezó la huelga indefinida el 11 de mayo) que coincide con el inicio de la quinta semana de paros en la enseñanza pública no universitaria valenciana. Pese a los significativos avances reconocidos por las partes, el encuentro ha concluido sin ninguna firma oficial. Las centrales sindicales mayoritarias han supeditado cualquier rúbrica definitiva al aval de sus respectivos órganos de gobierno (CSIF y ANPE) y las bases del profesorado (STEPV, CCOO y UGT), tras analizar el documento definitivo que el secretario autonómico, Daniel McEvoy, se ha comprometido a remitir formalmente la mañana del martes antes de las 12 horas.

La jornada, que se ha extendido desde poco antes las once de la mañana hasta altas horas de la noche con un par de recesos, ha estado marcada por un giro en la dinámica negociadora. Los portavoces de STEPV, CCOO y UGT coincidieron en señalar que el talante de la conselleria ha sido “radicalmente distinto” al de citas anteriores, una rectificación que atribuyen directamente a la persistencia de las movilizaciones en las calles y a la presión añadida de que las sesiones se retransmitan por streaming desde el pasado viernes. Mientras en el interior se sucedían los debates, a las puertas de la sede de Educación en la avenida de Campanar de València decenas de docentes mantuvieron una concentración de apoyo, arropados en esta ocasión por la Plataforma per la Millora i Defensa de la Sanitat Pública Valenciana.

En el bloque de infraestructuras, el departamento que dirige Carmen Ortí ha incorporado el compromiso por escrito de priorizar la eliminación de las aulas prefabricadas en todos sus planes de inversión. Asimismo, Educación ha aceptado adjuntar un anexo técnico que detalle el estado de ejecución y las memorias de las obras de reconstrucción en los centros educativos afectados por la dana. Al mismo tiempo, Ortí ha avanzado la redacción de un plan director diseñado para facilitar el confort térmico en las aulas, adaptándose a las diferentes casuísticas geográficas y estructurales de la red escolar de la Comunitat Valenciana.

Por lo que respecta a las ratios, la propuesta definitiva de la Generalitat contempla un descenso progresivo en todas las etapas, que la consellera ha calificado de “ambiciosa” por adelantarse a las previsiones del ministerio. El plan estipula una reducción del 12 % en Infantil y Primaria (fija el límite en 22 alumnos), del 17 % en la ESO (25 alumnos), del 20 % en Bachillerato (28 alumnos) y del 17 % en Formación Profesional, además de un recorte del 10 % en las Escuelas Oficiales de Idiomas y una partida de 658 millones de euros para el tramo de 0 a 3 años. En materia de simplificación administrativa, el preacuerdo abarca 20 medidas orientadas a aliviar la carga del profesorado —que se tramitarán por decreto en un plazo de seis meses—, destacando la implantación del Expediente Digital del Docente (EDEN) de cara al próximo curso.

Pese al clima de aproximación, el conflicto retributivo sigue presentándose como el principal escollo para desconvocar de forma inmediata los paros. Los sindicatos mayoritarios exigen de forma unánime “reabrir desde el principio” el debate salarial, al denunciar que el texto literal del documento no aclara la vinculación al IPC de la subida de 200 euros que la conselleria pactó inicialmente con las fuerzas minoritarias (ANPE y CSIF). Por su parte, Carmen Ortí ha enfriado la posibilidad de modificar este apartado, al recordar que ese incremento ya constituye “un compromiso asumido y firmado” por el Consell, al tiempo que ha sugerido que, ante la evidencia de que la conselleria está asumiendo las demandas sindicales en un marco responsable, las movilizaciones “pierden sentido por sí mismas”.

Ortí ha convocado a los sindicatos el próximo jueves, a las 9 horas, para que decidan si rubrican el acuerdo que deben recibir este martes. Una vez recibido, STEPV, CCOO y UGT convocarán una nueva consulta para que los docentes decidan si secundan o no la última propuesta del Gobierno valenciano.

Los trabajadores del sector de la limpieza en Valladolid mantienen la convocatoria de de huelga indefinida a partir del 13 de junio, pendiente de la reunión que mantendrán este jueves con las patronales Aspel y Udelva, en el Servicio de Relaciones Laborales (SERLA).

Así lo han confirmado CCOO y UGT a través de un comunicado, en el que han valorado que las organizaciones empresariales retiraran su propuesta para eliminar el complemento por incapacidad temporal (IT), que penalizaba de facto a los trabajadores con una baja médica.

Los sindicatos han recordado que este sector -que emplea a más de 5.000 trabajadores en la provincia, la mayoría de ellos mujeres que trabajan en oficinas, fábricas y hospitales, entre otros centros- afronta una elevada precariedad, con sueldos bajos y una gran parcialidad en los contratos.

El texto incide en que, a pesar de los avances producidos en las últimas reuniones, las organizaciones sindicales consideran que las propuestas salariales de la patronal todavía son insuficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada y para hacer frente al incremento actual del coste de la vida.

Antonio Estrada, de CCOO CyL, ha valorado la retirada de la propuesta de la patronal para eliminar el complemento por incapacidad, que ha calificado como “muy lesiva”, pero ha advertido de que todavía están lejos de alcanzar una propuesta de subida de los salarios satisfactoria. José Luis Martín (UGT CyL), también ha rechazado la oferta de las patronales, ya que les promete “unos salarios bajísimos, de un 10 % en cuatro años”, y ha criticado que esta subida no tenga carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, sino que se aplicaría desde la ficha de la firma.

El pasado 31 de mayo, CCOO y UGT sacaron a la calle a un millar de personas por las calles del centro de Valladolid para protestar por las medidas planteadas por la patronal del sector de la limpieza y garantizar el derecho a unas condiciones de trabajo y sueldos dignos.

Arranca la quinta semana de huelga indefinida en la educación pública valenciana —este lunes se alcanza la vigesimoprimera jornada de paros— con una nueva Mesa Sectorial. Se trata ya de la undécima reunión desde que comenzó el conflicto laboral el pasado 11 de mayo, convocada con el objetivo de aproximar posturas hacia un acuerdo definitivo que permita la desconvocatoria de los paros. La mesa, en la que participan la Conselleria de Educación y los cinco sindicatos con representación (STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE), ha comenzado de nuevo con retraso y entre reproches cruzados debido a la propuesta de grabar y emitir en directo la sesión, y a la exigencia de STEPV de contar con tres representantes en la sala en condición de sindicato mayoritario (ostenta el 53 % de la representación del profesorado). Mientras se desarrollaba la reunión, decenas de docentes se han concentrado a las puertas de la Conselleria siguiendo la negociación en directo por sus móviles.

Al inicio del encuentro, los portavoces sindicales han coincidido en que el último borrador remitido por el Consell mejora “notablemente” las propuestas iniciales de la Administración, especialmente en materias clave como las infraestructuras, la simplificación burocrática o la bajada de las ratios de alumnos por aula, aunque matizan que todavía no cubre el total de las demandas de los docentes -insisten en que es necesaria una mayor reducción-. Estas mejoras, según han subrayado las organizaciones, son el “resultado directo” de la presión ejercida por el profesorado en las calles durante las últimas semanas de movilizaciones.

Sin embargo, persisten “líneas rojas” que alejan el consenso definitivo. STEPV, CCOO y UGT han denunciado el “inmovilismo absoluto” del departamento que dirige Carmen Ortí en materia lingüística, un bloque que consideran completamente “bloqueado”. Al mismo tiempo, las tres fuerzas sindicales han insistido en la necesidad de reabrir la negociación salarial para blindar por escrito la vinculación del incremento de 200 euros —pactado inicialmente por la Conselleria con CSIF y ANPE— a la evolución real del IPC.

Por su parte, la Conselleria de Educación insiste en su estrategia de cerrar acuerdos parciales en aquellos bloques sectoriales donde ya existe un consenso, evitando así que las discrepancias en cuestiones ideológicas o presupuestarias, como las retribuciones o la lengua, paralicen los avances logrados en otros ámbitos. Asimismo, la intención de la Administración es que el documento definitivo sobre desburocratización actúe como un texto “vivo” susceptible de incorporar nuevas medidas de simplificación en el futuro.

En el apartado de simplificación administrativa, se incorporan medidas para reducir el papeleo en enseñanzas artísticas y centros superiores, y se propone la creación de una mesa técnica anual para tratar específicamente los desdobles y necesidades organizativas de la Formación Profesional.

El nuevo acuerdo establece como prioridad que todos los planes de inversión deberán priorizar la eliminación definitiva de las aulas prefabricadas. En el caso de los centros afectados por la dana, STEPV ha denunciado que centros afectados por las inundaciones de hace 20 meses siguen con un “cero por ciento” de ejecución de sus obras, y la Conselleria ha aceptado un anexo específico para fiscalizar las actuaciones. También se ha acordado crear reuniones de seguimiento cada tres meses para evaluar el Plan Edificant y la climatización de los centros (Plan Educlima).

Educación se ha comprometido por escrito a no suprimir ninguna unidad de Bachillerato Artístico que tenga alumnos matriculados, incluso si no alcanzan la ratio mínima de 10 estudiantes. Esta medida busca proteger la oferta educativa, especialmente en zonas despobladas. De igual modo, se fija una hoja de ruta para bajar el número de alumnos por aula de forma progresiva en Infantil. Además, se analizará la reducción de ratios en la FP semipresencial y en los centros dependientes del ISEACV durante el curso 2026-2027.

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han insistido en que deben trasladar el documento a los docentes en una consulta antes de tomar ninguna decisión.

¿Cómo se monta una huelga unitaria entre dos sindicatos de clase, dos profesionales conservadores, dos anarcosindicalistas, otro intersindical progresista, una asociación de familias, un colectivo de docentes, otro transversal y dos asociaciones de estudiantes? A esa pregunta tratan de responder estos días CCOO, UGT, ANPE, CSIF, CGT, CNT, STEM, CSIT, la confederación de AMPAS Confapa, la asamblea Menos Lectivas, la Marea Verde, el Sindicato de Estudiantes y el Frente de Estudiantes para organizar una protesta que, idealmente, paralice la educación madrileña, a imagen y semejanza de la huelga docente en la Comunitat Valenciana.

La idea se concretó la semana pasada, cuando UGT y CCOO, por un lado, y CGT y la asamblea de profesores Menos Lectivas anunciaron el mismo día de manera independiente que convocarían sendos paros el próximo curso. CCOO y UGT explicaron desde el primer momento que su idea era sumar al resto de organizaciones para lograr un frente común que dote de fuerza al movimiento y también aprender de las lecciones que deja la pelea en el Levante: es más fácil empezar unidos que acabar unidos.

La tarea requerirá flexibilidad de todos. Como explican desde el sindicato STEM, “la unidad de acción sindical en nuestra Comunidad se encuentra actualmente muy deteriorada, con apenas espacios de coordinación entre los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial [CCOO, UGT, CSIF y ANPE] y aquellos que trabajamos fuera de esta [STEM, CGT, CNT, CSIT]”, entre otras cuestiones motivada porque los primeros firmaron un acuerdo con la Comunidad de Madrid que los segundos rechazaban por insuficiente y que acabó siendo una treta del Gobierno regional.

Para explorar hasta dónde puede llegar la unidad, las 13 organizaciones se reunieron el pasado lunes —con una cierta protesta de algunos sindicatos porque les convocaran a algo ya planteado en vez de incluirlos desde el principio— con el objetivo de poner elementos en común y empezar a diseñar una agenda que acabe en una convocatoria de huelga indefinida. La reunión fue positiva para casi todas las partes, según han relatado a este diario varias personas presentes en la cita. Ahora, cada organización debe respaldar o no la movilización y en qué términos la apoya. Unas ya han hecho ese proceso, otras están consultando a sus bases. El próximo jueves 11 se vuelven a reunir para definir posturas ya de manera oficial y empezar a dar pasos.

Donde hay bastante acuerdo, más allá de aterrizarlo más adelante en cifras o reivindicaciones concretas, es en las áreas de reclamación: mejores salarios, más docentes, especialistas para atender la diversidad, menos horas lectivas, más recursos en general, la falta de plazas públicas en la FP, medidas contra el calor en los centros...

Es más lo que nos une que lo que nos separa", dice UGT; "Hay una burbuja con las protestas del 0-3, con la Comunitat Valenciana, Catalunya... es ahora o nunca", sostiene CCOO. "Hay una intención clara de que haya unión y coordinarnos", opina Menos Lectivas. "Nadie se puede permitir fallar aquí", sostiene CGT

“Creo que es más lo que nos une que lo que nos separa”, expresa Chema Pinto, de UGT, un sentir optimista mayoritario entre las organizaciones. “En este momento hay una burbuja con las protestas del 0-3, con la Comunitat Valenciana, Catalunya... es ahora o nunca”, sostiene Aída San Millán, de CCOO. “Los movimientos sociales, esto está estudiado, van y vienen. Y este puede no volver en 20 años”, cierra. “Hay una intención clara de que haya unión y coordinarnos”, corroboran desde el colectivo docente Menos Lectivas. “Nadie se puede permitir fallar aquí”, ahonda Rafael Valentín, de CGT, “creo que vamos en el buen camino para solucionar este asunto, que es conseguir mejoras laborales que necesitamos como agua de mayo”.

La primera toma de contacto sirvió para ver dónde está cada uno y empezar a abordar los asuntos que marcarán la convocatoria: quién se va a unir —las dudas atañen principalmente a ANPE y CSIF—; en qué fecha empezarán los paros —hay propuestas de septiembre, octubre o incluso enero—; quién negociará con la Consejería de Educación llegado el momento —hay acuerdo en que será un comité mixto que incluya también a organizaciones que no están presentes en la mesa sectorial—; el rol de la asamblea unitaria que se reunirá el próximo día 24 para votar sobre todas estas cuestiones, si será consultiva o vinculante; y cómo se articularán esas votaciones —quién puede votar y cómo se establece un método fiable—.

ANPE es el sindicato que parece plantear más dudas. “Plantear una huelga a finales de curso para dentro de varios meses sin saber cómo van a venir las instrucciones de inicio de curso, que se publican ahora, y cuando en el seno de la mesa sectorial la administración estaba proponiendo abrir un proceso negociador sobre diversos temas... Nos sorprendió”, explica Esteban Serrano, vicepresidente de ANPE Madrid. “Nosotros somos más de la vía de comenzar con una negociación, intentar llegar a acuerdos y, si la Administración no atiende a razones, entonces plantear medidas reivindicativas”, argumenta.

CSIF Madrid emitió un comunicado en el que señala que los servicios mínimos que suele imponer la Comunidad de Madrid hacen las huelgas poco efectivas y, como ANPE, advierte de que “los descuentos en nómina podrían ser muy abultados y no serviría nada más que para dar un balón de oxígeno” al Gobierno regional, aunque concluye que “no descarta adherirse a esta convocatoria o a otras y tomará en breves fechas una postura definitiva, siempre valorando el interés general de los docentes y por supuesto en pro de la unidad sindical de acción”. A nivel estatal, el sindicato comunicó después que empieza en septiembre una “campaña de movilizaciones” que no descarta concluya en una huelga.

Cuándo se para

La fecha de la convocatoria es de los primeros elementos a resolver. CCOO y UGT habían propuesto que el curso ni empezara (hacerla en septiembre), mientras Menos Lectivas, de la mano de CGT, apostaba por enero. No parece que vaya a ser un gran escollo, en cualquier caso.

“Nosotros vamos a la huelga, a eso ya estamos comprometidos por mandato de la asamblea”, explica San Millán, de CCOO. “No nos importa flexibilizar las fechas”.

Exactamente la misma palabra utilizado por Valentín, de CGT. “Nosotros la preferimos en enero, con alguna movilización y quizá incluso paros antes, en octubre. Pero si CGT tiene que cambiar su propuesta de hoja de ruta para la huelga, se cambia. Es una propuesta flexible, lo importante es que salga bien para que sea masiva, eficaz y efectiva contra la consejería, que está muy muy muy –la triple repetición es suya– en contra de los derechos laborales”.

Una persona presente en la reunión, no adherida a ninguna de estas dos formaciones y que prefiere no identificarse, pondera ambas propuestas: “Una huelga indefinida a partir de septiembre es complicada, no veo tanto mimbres como en la Comunitat Valenciana. Y a la de CGT le veo el problema de que si a una indefinida en enero le metes unas jornadas previas puede resultar desmotivador”, y apuesta por una especie de tercera vía: huelga en enero, pero sin grandes alharacas previas, como mucho algún paro parcial para no desgastar al profesorado. El paro en enero tiene la ventaja, cierra esta fuente, de que da más tiempo para organizar cajas de resistencia, etc. y llegaría con la paga extra de navidad recién ingresada, que ejercía de colchón.

Quién negocia

Aunque no hay nada cerrado a la espera de la reunión del próximo jueves, varias fuentes coinciden en que hay un cierto consenso en que las futuras negociaciones deben recaer en un comité mixto de huelga que represente a todas las organizaciones y no dejar ese rol solo a quienes están presentes en la mesa sectorial de Educación (CCOO, UGT, CSIF y ANPE), el órgano oficial de conversación entre sindicatos y Gobierno regional. Entre otras razones, para que no se dé la paradoja de que alguien que eventualmente no apoye la huelga (si fuera el caso de ANPE O CSIF) negocie en nombre de otros que sí.

“Era una propuesta que llevábamos varios y un acto de confianza”, sostiene Millán, aunque otras organizaciones dicen que más bien “lo aceptaron”. Su compañero Pinto cree que “no es el momento de egos”, y también menciona que “hay que restablecer la confianza”, alusión a las diferencias pasadas entre organizaciones. En STEM dudan de que las asociaciones estudiantiles formen parte de ese comité porque es una huelga de profesores lo que está sobre la mesa y deben ser ellos quienes negocien, argumentan.

En cualquier caso, ahonda San Millán, “es un lugar complejo, porque la huelga la hacen los trabajadores, pero tenemos mucha responsabilidad los convocantes. Y es igual de importante saber dibujar la puerta de entrada que la de salida. Un comité mixto es la forma más realista y honesta de negociación de salida de una huelga”, sostiene.

Quién decide

Uno de los aspectos que más debates puede levantar es quién tendrá el poder de decisión sobre los movimientos del colectivo durante la huelga. Sobre si una eventual propuesta de la Consejería de Educación se acepta o no. Sobre hasta dónde forzar.

De momento las organizaciones han convocado una asamblea unitaria de profesores el próximo día 24, como siguiente paso a la reunión del jueves 11. En esa gran cita se debe votar la fecha de la convocatoria y dibujar una tabla de reivindicaciones, idealmente con unos máximos y unos mínimos “de salida” a partir de los cuales una propuesta merece ser votada por el colectivo de trabajadores.

La duda es si esta asamblea debe ser consultiva o vinculante. Si su voto es decisión o si luego cada una de las 13 organizaciones debe validarla por su cuenta y método: algunas con sus propias asambleas, otras no. Y aquí las posturas difieren algo.

“CGT quiere que la asamblea sea vinculante. Sabemos que cuando se negocia, se debaten cuestiones, se puede ganar o perder. Nosotros queremos que sea vinculante para que no pase eso de 'tú has ganado y tú has perdido', sino que la asamblea pueda decidir cosas y se respeten, independientemente de cada sindicato”, sostiene Valentín, de CGT. CCOO también cree que la asamblea del 24 debe decidir, pero STEM no lo tiene claro.

“En STEM los acuerdos pasan por la asamblea de STEM”, expone Sergio López. “Nuestra asamblea nos suele dar mandatos abiertos, un plan A y un plan B, según el contexto. Está en nuestros estatutos consultar”, explica.

¿Un censo para votar?

Lo que apela a la cuestión de la unidad, de las reivindicaciones mínimas, de qué se acepta y qué no. Qué se vota (¿tiene sentido plantearle a la asamblea una oferta de subida de, por ejemplo, 50 euros al mes, si se están reivindicando varios cientos?) y cómo y quién. Los sindicatos le dan vueltas a cómo establecer un mecanismo por el que un sindicato no se pueda desmarcar por su cuenta aceptando un acuerdo que el comité de huelga rechaza en su conjunto, una situación que se acabó dando en la Comunitat Valenciana.

“Tenemos algunas propuestas”, desliza San Millán, que prefiere reservarlas para el jueves 11. “Hubo hasta quien propuso firmar algo ante notario, pero no sé si es legal. Debería haber un compromiso de mínimos, una línea roja común. Y también establecer de alguna manera que si se consulta algo y sale que no, sea que no para todos”.

Lo que tiene que quedar es clara la función de la asamblea, pide Valentín, de CGT. “Sería importante que si se establece que es vinculante, sea vinculante, no vale bajarse del carro”.

STEM también planteó en la reunión del lunes, que para su sindicato es importante, tanto como posible motivo de autoexclusión si no se da, establecer un mecanismo para votar posibles propuestas que sea transparente. “Que todo el profesorado tenga la oportunidad de decidir sobre el tipo de movilización en cada momento. Si se mantiene, si se suspende, que pueda opinar sobre cualquier propuesta de acuerdo. Esto no es incompatible con asambleas unitarias, que nos permiten ir modulando acciones. Pero en los momentos clave, que se dé la oportunidad a todo el profesorado de opinar. Y, habida cuenta de que no somos capaces de juntar a los más de 50.000 que somos a día de hoy, plantear consultas telemáticas fiables y verificables, como han hecho en la Comunitat Valenciana y en Catalunya”, explica López.

CCOO ve con buenos ojos la propuesta. “Es importante articular mecanismos de voto, pero con censos”, sostiene San Millán. “Quizá a través del email de la consejería”, desliza.

Con estos frentes abiertos, las organizaciones se disponen a avanzar. Hay optimismo porque, dicen, el profesorado “no puede más” y está dispuesto al paro, según les cuentan en sus visitas a sus centros. Llamar hoy a un sindicalista es que te explique que acaba de salir de un colegio o instituto y muchos profesores, todos, dicen algunos, les muestran su hartazgo y su disposición a parar. Solo STEM tiene dudas de este espíritu y ANPE duda de la conveniencia del momento y del orden de los factores.

Pero todos son conscientes de la importancia del momento y del movimiento, y de los riesgos de que salga mal. Lo resumen STEM: “La huelga es uno de los instrumentos de lucha más importantes de los que nos dotamos los trabajadores y trabajadoras y su utilización a la ligera puede ser contraproducente, más aún la huelga indefinida por el elevado desgaste que supone y el riesgo de derrota que puede suponer de no organizarse correctamente”.

* El artículo ha sido editado. CNT no apoya, en este momento, ninguna movilización.

Mientras todos los ojos estarán puestos este lunes en la primera visita del papa León XIV a España y en el primer discurso de un pontífice ante el Congreso de los Diputados, parte de la plantilla de una de las instituciones más relevantes del país, la Agencia Tributaria, estará en huelga. Por segunda vez en siete meses, y en plena Campaña de la Renta 2025, inspectores, técnicos y el resto de los 28.000 trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) están llamados a parar.

La huelga de este lunes, convocada por el sindicato CSIF, se produce tras varios paros de una hora que han tenido lugar en las últimas semanas y en pleno hartazgo de la plantilla por la falta de desarrollo del plan de carrera profesional al que tienen derecho sus trabajadores, un hecho en el que coinciden todas las fuentes sindicales consultadas.

“Es un problema de voluntad política”, resume, al teléfono, el portavoz de CSIF en la Agencia Tributaria, Pablo Burgos. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“En el año 2022 ya iniciamos un conflicto con todas las organizaciones sindicales y, al final, llegamos a un acuerdo con el compromiso de que se sacaría adelante el desarrollo de la carrera profesional. Pero se incumplió. Volvimos a otro conflicto en 2024, que finalizó con un compromiso por parte de la directora general de la Agencia Tributaria en el que se comprometía a hacerlo. Estamos a junio de 2026 y no hay absolutamente nada”, se lamenta.

Segundo conflicto en menos de un año

CSIF es el cuarto sindicato en la Agencia Tributaria y cuenta con un 15% de la representatividad. Pero esta huelga llega apenas medio año después de otra, convocada por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que en esta ocasión no se ha sumado a las movilizaciones.

“Los Técnicos ya advertimos en 2025, con nuestras concentraciones y nuestra huelga, que bajo la aparente normalidad de la AEAT se estaba acumulando un profundo malestar fruto de problemas estructurales que llevan años sin abordarse, entre ellos la congelación de la carrera profesional y el progresivo deterioro de la estructura de la organización”, detalla el presidente del sindicato, Javier Gómez Vergel, a elDiario.es.

Esas tensiones estructurales suman presión a unos equipos cada vez más descontentos y en Gestha hablan de “abandono” y un “deterioro de la estructura y de las expectativas profesionales” de sus funcionarios.

El responsable de UGT Servicios Públicos en la AEAT, Antonio García Soto, coincide en el diagnóstico, pero apunta que apoyan movilizaciones por parte de la plantilla siempre y cuando sea consensuada por todas las centrales representadas en la Agencia. 

Los sindicatos creen que el problema ya se sitúa por encima de la directora general de la AEAT, Soledad Fernández. La propia responsable lo señaló durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de la Renta de 2025, cuando reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”.

“La Agencia Tributaria tiene intención, pero es un problema de voluntad política en el sentido de que no le dan las herramientas ni las disposiciones reglamentarias para articular todos los mecanismos necesarios”, señala Burgos, de CSIF, apuntando directamente a los pasillos del Ministerio de Hacienda. El número dos del departamento, Jesús Gascón, ejerce la presidencia de la Agencia y, antes de eso, fue su director general.

CSIF, además del desarrollo profesional, reclama la regulación del teletrabajo en el organismo y el reconocimiento de profesión de riesgo para los compañeros de Vigilancia Aduanera, que ejercen un papel fundamental en la lucha contra el narcotráfico.

Fuentes de la dirección de la Agencia Tributaria apuntan que, a pesar del “reducido seguimiento” de los paros parciales convocados por CSIF, la directiva es “consciente de la existencia de una problemática que afecta a la plantilla”. Pero recuerdan que el acuerdo de carrera profesional, firmado en 2007, lo hizo en “un contexto social y jurídico muy distinto al actual” y que, desde entonces, se han llevado a cabo “esfuerzos” para tratar de solventarlo en el margen de sus competencias. “Sin descartar la aprobación de normas en el ámbito correspondiente que permitan alcanzar una solución adecuada”, subrayan.

El reciente revés judicial al fisco por parte de la justicia a cuenta del ‘caso Shakira’ ya caldeó el ambiente, con los inspectores de Hacienda emitiendo una nota en reivindicación de su trabajo. El paro, de 24 horas desde la medianoche del lunes, es un episodio más. Aunque en Madrid, visita del Papa mediante, el foco estará en otro lado.

El 17 de abril de 2026, el sindicato UGT organizó en Cantabria la primera huelga del comercio textil en más de veinte años. Según sus cálculos, la respaldaron el 60% de las empleadas y cerraron algunas tiendas. Para entender esa protesta, a la que siguieron algunas más, había que prestar atención a un nuevo y poderoso actor: la Asociación Retail Textil España (ARTE), que representa a 16 empresas y más de 40 marcas. La gran patronal del textil, aupada por marcas como Inditex y Mango en 2023, estaba cambiando las de por sí cambiantes reglas del juego del comercio. Y lo evidencia el conflicto derivado del primer convenio español que ha impulsado ARTE, recién firmado con CCOO y Fetico.

En Cantabria, las trabajadoras de las grandes cadenas de ropa, en su mayoría mujeres dependientas, pasarán a formar parte del convenio estatal, una vez sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El resto se mantendrá, por ahora, en el convenio colectivo autonómico firmado en octubre de 2025, con validez hasta final de 2029. Por ahora, porque la gran patronal lo ha impugnado.

Más de 3.000 personas trabajan en tiendas de ropa cántabras, según cálculos sindicales. Desde ARTE indican que no tiene datos desglosados por comunidades autónomas del número de empleadas que trabajan en grandes cadenas, pero en CCOO indican que son 729 personas de 22 grandes marcas en Cantabria, según consta en la denuncia de impugnación de ARTE al convenio autonómico, en el que están representadas 740 pequeñas y medianas empresas.

Las posiciones ante un convenio unificado se han mantenido entre la adhesión y la resistencia a un movimiento que han liderado las grandes cadenas de ropa. La nueva gran patronal convive con las dos patronales autonómicas, pero ha defendido durante los últimos tres años la necesidad de un único convenio español frente a numerosos convenios —hay convenios autonómicos y provinciales, según el caso—. Ante esto, los sindicatos mayoritarios han tenido posiciones enfrentadas: UGT, en contra. CCOO, a favor.

La negociación del convenio estatal entre patronal y sindicatos ha sido a nivel nacional. Pero las movilizaciones en Cantabria han puesto la lupa en el convenio colectivo autonómico, cuya vigencia va de 2026 a diciembre de 2029, por una razón en la que ambos sindicatos coinciden: es uno de los convenios, por comparación, más beneficiosos de España. Solo cambian las posiciones del ránking. En UGT dicen que es el segundo mejor, detrás del de Euskadi, y en CCOO, que está entre los cuatro primeros.

Los sindicatos explican que las dependientas ganan más en Cantabria que en otras provincias que aún se rigen por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, el salario base de las denominadas 'dependientas mayores' (con experiencia superior a ocho años) es sensiblemente mayor en Cantabria. También el sistema de descansos por trabajar en sábados y festivos es comparativamente mejor que en otras provincias. Esto conlleva un día libre de descanso y un descuento entre semana por todas las horas que trabajen el sábado tarde. “Esto viene de de muy atrás: abrimos los sábados por la tarde, pero con la condición de un día libre remunerado”, defiende Noemí Secadas, secretaria de Comercio de la Federación de Servicios de UGT en Cantabria.

Por ahora, este convenio coexistirá con el nuevo convenio estatal, que afecta a las empresas de textil con más de 400 trabajadores, una superficie mínima de 3.500 metros cuadrados o que tengan tiendas en tres comunidades. El estatal implica reducción de horas (de 1790 a 1740 horas) y once fines de semana libres al año, con pluses de 55 euros por trabajar de forma voluntaria domingos y 80 euros por festivos, además de aumentos del 3% anual para los próximos 3 ejercicios, entre otros compromisos.

Según CCOO, es una oportunidad para las trabajadoras de otros territorios que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “La conciliación de ARTE es mejor: mejora básicamente el tema de conciliación y horas”, dice Pablo Toyos, responsable autonómico de Comercio, quien menciona al sector del calzado, también incluido en el marco de debate, que tiene peores condiciones en general que en el textil: “Para el calzado, la entrada en ARTE supondría un incremento de casi 1.800 euros anuales solo por empezar a trabajar bajo este marco”, asegura.

En cambio, para UGT, la voluntariedad de trabajar en domingo o festivos es supuesta porque “en el momento en que dices: necesito a cinco y vais a ser vosotras, ya no es voluntario: al final las obligan a ir”, critica Eliseo Alonso, responsable de acción sindical y negociación colectiva en Cantabria. 

Cantabria, de 2023 a 2026

Durante los primeros tres años de existencia de ARTE, las siglas de la patronal no fueron especialmente conocidas, en buena medida porque la negociación se ha dilatado mucho y también porque el sindicato Fetico exigió formar parte. La mesa negociadora se constituyó el 17 de julio de 2023, pero el conflicto tomó forma en 2026: en enero, ARTE firmó un preacuerdo con los dos sindicatos que apostaban por el convenio estatal: CCOO, con mayor representación, y Fetico. UGT denunció públicamente entonces que no había sido parte del proceso. “UGT Cantabria no había visto ni un solo papel ni había participado... se le presentaron en la mesa”, sostiene Secadas, de UGT.

A inicios de 2026, había entrado en vigor el nuevo convenio colectivo de Cantabria, con carácter retroactivo, acordado entre UGT y CCOO y las dos patronales locales de pequeños comerciantes. El acuerdo no tardó mucho en ser impugnado por la patronal de grandes cadenas: ARTE defendía que no se le comunicó la apertura de la negociación y, además, cuestionó que se incluyeran pluses, como el de actividad para empresas de más de 250 empleados, que les perjudicaban.

Entre abril y mayo, UGT mantuvo en Cantabria sus huelgas, porque consideraban que el convenio es problemático para los derechos históricos ganados. En la última semana de mayo, los sindicatos trataron, sin éxito, de firmar un acuerdo con la patronal de Cantabria (CEOE) para blindar todos los convenios colectivos de Cantabria. Este movimiento, según CCOO, protegería los derechos adquiridos y solo mejoraría lo que en el convenio de ARTE implique mejores condiciones. Mientras, UGT teme “la muerte” del convenio colectivo del comercio textil.

El futuro de las dependientas de Cantabria, y el resto de empleados del comercio textil, depende de a quien se le pregunte, tras la firma del convenio estatal el 2 de junio de este año.

Para CCOO, el convenio estatal convivirá con el autonómico: “Hasta 2030 la aplicación del convenio de Cantabria se mantendrá en su integridad”, confía Pablo Toyos: “Ciertas expectativas de derecho, aún entrando en ARTE, se conservan. Es decir, aquí se da una característica de la dependienta mayor, y eso en ARTE no existe, pero como dependiente mayor en curso tendrías tus garantías de seguir cobrando lo mismo”, dice el representante de CCOO.

Para UGT, el panorama es distinto: “Las nuevas contrataciones entran mucho más baratas. Con lo cual, la chica de 48 años que está en Zara a 24.000 euros corre peligro frente a la de 20, que va a entrar con 18.000 euros”, considera Eliseo Alonso.

El juicio por la impugnación de ARTE del convenio del comercio textil de Cantabria será, en principio, el 13 de enero. Esta fecha del calendario y sus posibles recursos determinará, por un tiempo, si la teórica vigencia del convenio cántabro se mantiene hasta 2030 o si la impugnación de ARTE volverá a cambiar las reglas del juego.

Nuevo fracaso del proceso de negociación en la huelga tras la reunión celebrada este viernes entre los sindicatos y los representantes de la Conselleria de Educación. La consellera Camen Ortí ha emplazado a los sindicatos a una nueva reunión, el próximo lunes a las 10.00, para que durante el fin de semana se estudie y valore el documento con la última propuesta del Ejecutivo de Juan francisco Pérez Llorca. Una propuesta que, según ha adelantado la portavoz de CCOO, Xelo Valls, “habrá que valorar” y que cierra “a cal y canto” tanto la cuestión retributiva como la del valenciano. Valls ha tildado la propuesta de “galimatías” y ha pedido un “mayor compromiso” presupuestario por parte del Consell.

Este viernes, la consellera Ortí ha citado de nuevo a los sindicatos docentes con representación en la mesa de negociación —STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE— a una nueva reunión, la décima desde que estalló el conflicto educativo en la Comunitat Valenciana, para abordar un nuevo documento con las propuestas del Consell para intentar poner fin a una huelga indefinida que cumple su cuarta semana y su vigésima jornada de paros. Las reivindicaciones que el profesorado pone sobre la mesa, y que no han sido atendidas desde el primer encuentro del pasado 25 de septiembre, están relacionadas con una mejora retributiva —la conselleria acordó con CSIF y ANPE una subida salarial de 200 euros en tres tramos hasta enero de 2028 vinculada al IPC—, la disminución de ratios, infraestructuras, aumento de plantillas —mediante la reversión de los recortes—, la reducción de la burocracia, Formación Profesional, inclusión y valenciano.

El acuerdo resulta muy lejano todavía en puntos clave, a pesar de que los representantes del profesorado sí que reconocen que se han producido acercamientos en cuestiones como la reducción de la carga burocrática o las infraestructuras. Sin embargo, el Gobierno valenciano no parece dispuesto a mejorar su propuesta retributiva, ni mucho menos quiere tocar la llamada ley de 'libertad educativa', dos puntos que resultan clave para los representantes de los docentes. Los sindicatos ya han advertido que, a pesar del agotamiento de casi un mes de huelga, no están dispuestos a bajar los brazos, y que si la conselleria no accede a negociar, no descartan retomar las movilizaciones y protestas en septiembre, coincidiendo con el comienzo del próximo curso.

De momento, después de nueve reuniones en las que se ha demostrado que las posturas todavía están distantes, esta semana se han producido encuentros sectoriales entre los directores generales y los representantes de los dos sindicatos que se han descabalgado de la huelga: CSIF (convocante) y ANPE (que la secundaba). Tras esas mesas, Educación debía haber enviado un nuevo 'documento definitivo' que recogiera las modificaciones acordadas entre la tarde del jueves y la mañana del viernes. Sin embargo, STEPV, CCOO y UGT denuncian que no han recibido el correo electrónico con el documento adjunto. El documento, aseguran, se ha presentado directamente en la reunión sin margen para el análisis. El secretario autonómico, Daniel McEvoy, ha ratificado que la propuesta retributiva no se iba a reabrir, mientras que la intención de la conselleria sigue siendo que el desarrollo del valenciano se produzca “en el marco de la legislación vigente”. Es decir, la ley Rovira de la que reniegan los sindicatos educativos.

La propuesta de la conselleria

La conselleria ha presentado lo que consideran un “ambicioso plan plurianual” dotado con una inversión histórica de 3.338 millones de euros para los próximos cuatro años, diseñado para transformar “de forma integral” el sistema educativo público. El paquete económico sitúa el mayor esfuerzo en la modernización de infraestructuras con 1.410 millones de euros hasta 2029, donde se incluyen 830 millones para el Plan Edificant, 400 millones de inversión directa y 140 millones para el Plan Edu Clima —con dos millones específicos para los centros afectados por la dana—. Asimismo, el documento contempla un desembolso de 802,3 millones de euros para una mejora salarial escalonada hasta 2028, que supondrá un aumento de 200 euros mensuales en el complemento autonómico vinculado al IPC, además de la implantación de seis días de libre disposición y el derecho a la desconexión digital para los docentes.

En el plano estrictamente académico, la propuesta articula una reducción “histórica” y progresiva de las ratios por aula en todas las etapas, adelantándose un año a la normativa estatal. De este modo, prevén que Infantil y Primaria bajarán a 22 alumnos, Secundaria a 25 y Bachillerato a 28, mientras que la Formación Profesional también experimentará descensos generalizados. Para sostener este nuevo dimensionamiento y reforzar el sistema, el denominado Plan Mestre financiará con 469 millones de euros la incorporación de 7.742 nuevos docentes, complementado con la estabilización de otras 10.000 plazas. Finalmente, la hoja de ruta de la Administración blinda la continuidad de la gratuidad en el ciclo de 0 a 3 años con 658 millones de euros, al tiempo que implementa una veintena de medidas para reducir la burocracia en los centros y refuerza la inclusión educativa mediante la creación de nuevas aulas UECO y la contratación de especialistas en orientación, audición y lenguaje.

Y mientras tanto, la consellera Ortí compareció el jueves en las Corts para explicar los presupuestos de su departamento, que sí que incluyen mejoras pactadas con los sindicatos minoritarios, como la subida salarial. Carmen Ortí defendió que el de 2026 es “el mayor presupuesto de la historia” de la Comunitat Valenciana en su departamento, y “sin maltrato” a la educación pública. Según detalló, se destinan más de 22 millones para iniciar la implantación de la subida salarial, e incorporan, por primera vez, una partida específica para desarrollar un Plan Director de Infraestructuras Educativas, que incluye 32 millones para el Plan de Confort Térmico, 230 millones para el Plan Edificant; 70 millones para nuevos centros y 41 millones para ampliaciones y reparaciones.

Además, aseguró que las cuentas consignan 176,6 millones en programas de calidad educativa orientados a reducir el absentismo, prevenir el abandono escolar y mejorar resultados entre el alumnado, y contemplan la creación de, al menos, 36 aulas UECO, con una dotación de personal especializado superior a 4,5 millones.

La lucha sigue. Los trabajadores y trabajadoras del sector de la limpieza de la provincia de Zaragoza están cansados y preocupados tras once días de huelga, pero siguen decididos a lograr un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. Los paros, convocados por UGT, CCOO y OSTA, afectan a más de 10.000 trabajadoras y trabajadores, la mayoría mujeres con contratos a tiempo parcial, y tienen incidencia tanto en edificios públicos como en instalaciones privadas.

Los representantes sindicales del sector de la limpieza han afrontado este viernes una nueva reunión de mediación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) dentro del proceso abierto para tratar de desbloquear la negociación del convenio colectivo, después del intento frustrado del pasado 21 de mayo, en el que participaron el comité de huelga y las patronales del sector, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y la Asociación Aragonesa de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (ASOAL). Este viernes lo han hecho con prudencia, pero también con la convicción de que la movilización está logrando situar sus reivindicaciones en el centro de la negociación colectiva. Sin embargo, ha quedado en punto muerto.

Los representantes de los tres sindicatos convocantes han explicado que, tras varios recesos, ASPEL y ASOAL han solicitado la suspensión del acto de mediación para el lunes 8 a las 15:00. Por tanto, la huelga no se suspende pero creen que el acto de mediación no ha fracasado. Además de mantener la manifestación de las 18:00, han convocado a los trabajadores una nueva concentración el lunes 8 de junio a las 14:30 a la puertas del SAMA.

La huelga —según los sindicatos— tiene un amplio seguimiento en el sector público, especialmente en los servicios dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, pero también en grandes empresas como Stellantis, donde el paro se mantiene al 100% entre la plantilla de limpieza. “Tenemos la fábrica sin limpieza hasta que no se arregle esto”, asegura José Ignacio, trabajador en huelga presente en la convocatoria ante el SAMA. Son más de cien trabajadores repartidos entre las secciones de pintura, otras áreas y oficinas, “toda la fábrica”: “Vamos a seguir y, si no se arregla, continuaremos en huelga hasta el final”, ha advertido.

También Manoli y David, trabajadores de Eulen en Saica, reivindican una subida salarial digna después de cuatro años con los salarios congelados y reclaman que no se recorten derechos, como ocurre con las bajas laborales, durante las que pierden tres días de retribución. “Estamos en una situación crítica porque llevamos muchos días de huelga y hay personas que solo cuentan con este salario. Si ya es bajo, imagínate”.

Reyes, trabajadora del servicio de limpieza de colegios de Serveo, lleva siete años como empleada fija y reclama un salario digno que se equipare al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “El Ayuntamiento ha pagado el 3,5% de subida para este año y a nosotros nos quieren subir el 2,5%. Así que el 1% restante, ¿dónde se lo meten?”, cuestiona. También esperaba que, tras 11 días de huelga, se produjera este viernes un avance significativo y recuerda a las compañeras que “lo están pasando muy mal”. No obstante, asegura que “se arregle o no se arregle, vamos hasta el final”.

Mariano Jesús Álvarez Pila, secretario de Relación Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Zaragoza, miembro de la mesa negociadora de limpieza y asesor del comité de huelga, aseguraba antes de la reunión que el colectivo llega a esta nueva fase del conflicto con tranquilidad, aunque sin grandes expectativas respecto a la actitud de las patronales. “Estamos en la buena línea, pero tenemos que tener cierta cautela porque tampoco esperamos nada bueno de las patronales”. Según ha explicado, la situación que vive Zaragoza no es un caso aislado, ya que la patronal estatal Aspel mantiene abiertos otros convenios colectivos en circunstancias similares. De hecho, ha recordado que los trabajadores de la limpieza en Valladolid podrían iniciar una huelga a partir del día 12. A su juicio, las empresas están intentando resistir para evitar asumir las reivindicaciones sindicales, centradas en incrementos salariales acordes al coste de la vida, la creación de un plus de edificio industrial para una parte específica del sector y una reducción de jornada que sea “real y efectiva”.

Desde UGT, el vicesecretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), Esteban Lauroba, reconocía que la nueva reunión de mediación genera cierta expectativa entre los trabajadores. “Suponemos que si nos han convocado es porque saben que las cosas se pueden mover”, señaló antes de la reunión. Aunque evitó mostrarse optimista, destacaba que el colectivo mantiene intacta la esperanza y la fortaleza tras once días de movilización. Según aprecia que el sector atraviesa un momento de tensión y cansancio, pero también de determinación para conseguir un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. “Tienen ganas de acabar, pero también de que su convenio pueda firmarse en condiciones de decencia”, ha afirmado.

Por su parte, Alberto Navarro, secretario de Organización de OSTA y responsable del sector de limpieza, ha indicado que la huelga está teniendo efectos visibles tanto en el ámbito público como en el privado. “La gente tiene muy claro lo que quiere”, afirma, antes de destacar que durante estos once días de paro se ha hecho notar la presión ejercida por los trabajadores. Como ejemplo, ha citado la publicación de nuevos servicios mínimos en la Base Aérea de Zaragoza, una medida que, a su juicio, demuestra el impacto que está teniendo la movilización. Navarro ha insistido en que la plantilla no se conformará con las propuestas planteadas hasta ahora por la patronal y reclama un acuerdo que responda a las demandas del sector.

En cuanto al seguimiento de la huelga, ha asegurado que está siendo especialmente elevado en los centros dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, así como en numerosas fábricas del sector privado. Aunque reconoce que en otros ámbitos la incidencia es menor, ha destacado que las concentraciones convocadas durante estos días han reunido entre 700 y 800 personas. También ha cuestionado el papel del Ayuntamiento de Zaragoza, uno de los principales contratistas del sector, donde trabajan más de mil empleadas de limpieza. Según ha denunciado, el seguimiento del paro se ha producido pese a unos servicios mínimos que califica de “abusivos” y que, ha afirmado, no se habían aplicado con anteriores corporaciones municipales.

Durante la huelga, los representantes sindicales han recorrido diferentes centros de trabajo para informar a las plantillas y comprobar el seguimiento de los paros. Según Navarro, han visitado empresas como Profand, Saica, Balay y Amazon. En aquellos casos en los que se les ha impedido el acceso o se han encontrado obstáculos para desarrollar su labor sindical, las organizaciones sindicales han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo para que determine si se ha vulnerado el derecho de huelga y el derecho de los representantes de los trabajadores a acceder a los centros para informar a las plantillas.

El dirigente de OSTA también ha criticado el anuncio realizado por Balay sobre la posible aplicación de un ERTE al 100 % de su plantilla. Considera que la medida “no es ni justa ni necesaria” y pide a la empresa que la retire. A su entender, la decisión traslada a los trabajadores de la limpieza una responsabilidad que no les corresponde. “Están defendiendo sus derechos y sus intereses y por eso nadie tiene que ser penalizado”, ha afirmado.

Respecto al futuro inmediato del conflicto, Navarro ha dejado claro que la movilización continuará si la mediación no desemboca en un acuerdo satisfactorio. “Seguiremos adelante hasta el final para conseguir lo que hemos pretendido desde el primer día: un convenio digno para este sector”, ha advertido.

El sindicato CCOO en la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) ha lamentado que el dispositivo de incendios forestales en Castilla-La Mancha se encuentre al 44 por ciento al inicio de la campaña, que comenzó este 1 de junio, cuando el riesgo es “alto”, por lo que ha reclamado que este dispositivo esté activado al cien por cien.

Así lo han explicado Manuel Amores, secretario de la sección sindical de CCOO y el presidente del Comité Intercentros de la empresa pública Geacam; Iñaki Blanco, delegado de CCOO en la provincia de Guadalajara y bombero forestal, y Javier Rubio, delegado de CCOO en Toledo y bombero forestal en Navahermosa.

A nivel regional, este dispositivo lo componen 2.500 trabajadores, los mismos que en la campaña pasada. Tal y como precisa el sindicato, el dispositivo que empezó el día 1 de junio está al 44% en Albacete, al 55% en Ciudad Real, en Toledo al 55%, en Cuenca al 42% y “un lastimable 28%” en la provincia de Guadalajara.

Desde CCOO consideran “inadmisible” que cuando el periodo de incendios es alto, la región solo cuente con menos del 50 por ciento de medios para luchar contra los incendios forestales.

“Queremos que los bomberos forestales estén en las condiciones óptimas y el dispositivo sea el óptimo y al 100%, porque es peligroso para los bomberos forestales, para la ciudadanía de Castilla-La Mancha y para el medio ambiente de nuestra región, que es lo que estamos defendiendo”, ha afirmado Amores.

El dispositivo al cien por cien solamente está activado 95 días de los 122 días que dura el periodo alto y extremo de incendios en Castilla-La Mancha (del 1 de junio al 30 de septiembre), tal y como ha lamentado Manuel Amores, que recuerda que desde 2020, año en el que empezaron “los recortes” no se mantiene el número total de efectivos.

Así, ha precisado que un año después del incendio de Riba de Saelices en Guadalajara (2005) se firmó “por ley” con el Gobierno regional que desde el 1 de junio al 30 de septiembre el dispositivo estuviera al cien por cien, pero en 2020 comenzaron a reducirse estos medios.

En este punto, han lamentado que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, haya presentado “un dispositivo fenomenal y espléndido”, a la que han reclamado un encuentro para negociar las condiciones del convenio colectivo de los empleados de Geacam, que se lleva abordando desde el mes de enero.

No tenemos vestuarios, aseos, no tenemos ni luz eléctrica y en algunos casos ni agua potable. Tenemos que meternos en nuestro coche y llevarnos nuestras sustancias cancerígenas y peligrosas a nuestra casa

A Gómez le ha afeado que no se haya reunido con estos representantes de Geacam en “tres años”, una implicación que sí la tuvo su antecesor en el cargo, José Luis Escudero. Amores ha criticado que la consejera aluda a un “aumento presupuestario”, cuando hay una “orden de la Consejería de Hacienda de que hay cero euros para negociar el convenio colectivo de la empresa pública”.

También ha lamentado las condiciones de habitabilidad de los puntos de encuentro tal y como dicta la ley de prevención de riesgos laborales. “No tenemos vestuarios, aseos, no tenemos ni luz eléctrica y en algunos casos ni agua potable. Tenemos que meternos en nuestro coche y llevarnos nuestras sustancias cancerígenas y peligrosas a nuestra casa, donde luego entrarán nuestras familias, nuestros hijos”, ha lamentado el representante del Comité Intercentros de Geacam.

En este punto, ha alertado de que el sindicato presentará las denuncias necesarias en la Inspección de Trabajo en los lugares que no reúnan las condiciones necesarias. También convocarán el Comité Intercentros para que los sindicatos que forman parte de este órgano, tomen las medidas sindicales oportunas.

Situación “chapucera” en Guadalajara

De su lado, el delegado de CCOO en Guadalajara ha lamentado el proceso “chapucero” de Geacam en la selección de personal, que ha provocado que “a día 5 de junio aún haya llamamientos a trabajadores”, cuando aún les falta un proceso de formación, lo que provocará que “el 16 o 20 de junio sea cuando se incorporen”.

A su juicio, la Consejería de Desarrollo Sostenible “no ha aprendido nada” y “vuelven a activar los medios de forma escalonada, como ya llevan haciendo siete años”.

“El año pasado, en Guadalajara, vi cómo perdíamos 3.000 hectáreas en el Pico del Lobo, 2.600 en Castilla-La Mancha y 400 en Castilla y León por la negligencia de quien decidió que a día 21 de septiembre hubiera 8 personas trabajando en toda la provincia”, ha afirmado Iñaki Blanco.

Hace unos días alertaban de que la negociación estaba agotada y el conflicto enquistado. Hasta tal punto que las trabajadoras de residencias y centros de día de La Rioja han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 22 de junio por el bloqueo a la firma del convenio.

Así lo han trasladado los sindicatos negociadores del Convenio de Residencias y Centros de Día de La Rioja, CCOO, UGT, USO y CSIF. “Tras informar y consultar a las plantillas la situación de bloqueo que atraviesa la negociación del convenio coletivos, las trabajadoras han avaldo, mayoritariamente, la convocatoria de huelga ante la negativa de la patronal a asumir y firmar los compromisos alcanzados durante el proceso negociador”.

Recuerdan que la Patronal se niega a repetar el acuerdo firmado el pasado 4 de marzo ante la Inspección de Trabajo en relación al descanso semanal y que garantizaba “un fin de semana de cada tres completo”. Esto, insisten los sindicatos, “supone que las trabajadoras puedan disfrutar de 17 fines de semana completos de descanso al año. Sin embargo, el actual convenio mantiene una situación que apenas garantiza un fin de semana de descanso de cada cuatro, lo que se traduce en solo 13 fines de semana anuales”.

No aceptan que la parte empresarial no respete el acuerdo firmado hace tres meses. “Las trabajadoras no pueden seguir esperando durante años para conseguir avances mínimos mientras soportan ritmos de trabajo cada vez más exigentes, una elevada carga laboral y una insuficiente conciliación de la vida personal y familiar”, reiteran.

Y aunque la huelga indefinida está prevista para el próximo 22, los sindicatos mantienen su voluntad negociadora. “Esperamos que la patronal responda a la última oferta” a la vez que exigen que “respete los compromisos adquiridos y actúe con la responosabilidad de un sector esencial para la atención y cuidado de las personas mayores y dependientes”.

Los docentes se han movilizado este viernes en Catalunya para pedir mayor ambición al acuerdo firmado por el Govern de Salvador Illa y los sindicatos mayoritarios. El contundente rechazo que expresaron este jueves a las mejoras laborales pactadas durante las últimas negociaciones se ha trasladado a las calles de Barcelona en la enésima huelga del sector este curso.

Los sindicatos han confirmado además que convocan una nueva huelga el 9 de junio, coincidiendo con la llegada del Papa León XIV a Barcelona pero también con el arranque de la Selectividad. Esto ha provocado que el algunas universidades hayan empezado a moverse para garantizar todos los docentes supervisores de los exámenes (muchos de ellos son profesores de Secundaria que estarán llamados al paro). 

En la manifestación en la capital catalana, un detalle evidenciaba el revés que se han llevado los sindicatos tras la consulta a la plantilla. Por primera vez, no eran ellos los que encabezaban la marcha, convocada en Arc de Triomf. La pancarta que se leía al frente de la multitud era Ha ganado la dignidad educativa.

A escasas dos semanas de que finalice el curso escolar más conflictivo en décadas, el profesorado calibraba este viernes si su capacidad de movilización es tan grande como el rechazo al preacuerdo del Departamento de Educación con USTEC, Professors de Secundària, CCOO y UGT. El seguimiento del paro, teniendo en cuenta que casi un tercio son servicios mínimos, ha sido del 27,93% (algo por debajo de las últimas huelgas). 

La manifestación también ha perdido fuelle este viernes respecto a la anterior que llegó con más docentes la zona de Arc de Triomf y el Parc de la Ciutadella. La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado los asistentes en 12.000 y los organizadores, en 90.000. 

La huelga de este viernes estaba convocada por el sindicato mayoritario de la pública USTEC, que defendió el preacuerdo y respalda el resultado de la consulta al profesorado, y CGT e Intersindical, que ya se desmarcaron en su día del pacto. Los tres sindicatos son los que han convocado la huelga del próximo día 9. 

“El colectivo ha dicho que el acuerdo no era suficiente y lo aceptamos”, ha declarado Iolanda Segura, del sindicato USTEC, el mayoritario en la pública. La dirigente sindical ha reconocido que ahora les toca “recoser confianzas” con la plantilla e ir “cento a centro” para conocer mejor las prioridades del profesorado. “La plantilla no puede sostener la situación en las aulas y el constante menosprecio”, ha resumido. 

El no de los docentes al preacuerdo ha escalado una vez más un conflicto que se remonta a inicios de 2026, y que ha contado ya con tres oleadas de huelgas y dos pactos sindicales tumbados en votaciones abiertas. El último, que pese a todo el Govern asegura que mantendrá y que no renegociará, garantiza un incremento salarial progresivo de hasta 600 euros al mes en 2029 y 6.400 nuevas dotaciones para la escuela inclusiva en ese período, además de otras medidas.

Cómo se canaliza ahora una hipotética negociación, y si se hace ahora o durante el mes de julio o en septiembre, son las grandes incóngnitas. USTEC ha advertido que ya no se sentará a la mesa sectorial, donde se trabajaron los últimos pactos, y que las conversaciones deberán ser en un comité de huelga (donde participa con los convocantes CGT e Intersindical). 

“No era por el salario”

La manifestación de este viernes evocó nuevamente la frustración acumulada del cuerpo docente. “Lo que se ha demostrado es que no nos importa tanto el sueldo como que necesitamos recursos humanos”, advertían Leo y Alba, maestras en la escuela L’Oreneta de Badia del Vallès (Barcelona). “Nos pasamos el día resolviendo conflictos y no tenemos tiempo de dar clase”, se lamentaban. 

Ambas señalaban, como tantos otros compañeros suyos, al modelo de inclusión escolar que ha sumado a las aulas ordinarias alumnos con discapacidades que requieren de un apoyo que no está garantizado. “He llegado a entrar en clases donde las tutoras estaban llorando porque no tienen la capacidad de atenderlos a todos”, lamentaba Leo, que ejerce como psicopedagoga en este centro público. 

“Independientemente de lo que saliera en la votación, había que seguir adelante porque faltan muchas cosas”, expresaba Oriol, profesor del instituto Rocagrossa de Lloret de Mar. Junto a sus compañeras Olga, Mariona y Rebeca, lamentaban que el acuerdo no incluya una rebaja destacable de las ratios (queda en 20 en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato). Con 6.400 docentes para la escuela inclusiva en cuatro años, apuntaban, corresponde a 1,8 por centro, algo que ven “insuficiente”.

El conflicto educativo en Catalunya parecía encauzado el pasado viernes, cuando la mayoría sindical y el Govern llegaron a un acuerdo in extremis para poner fin a las huelgas. Pero la crisis está lejos de cerrarse y se ha agravado este jueves, con la contundente negativa de la plantilla a avalar el acuerdo y la voluntad de finalizar el curso con más paros. 

El resultado de la consulta, organizada por tres de los sindicatos que han convocado las últimas huelgas, deja por ahora más incógnitas que certezas. La conselleria que capitanea Esther Niubó ha querido dejar claro que mantendrá las mejoras laborales y de plantillas pactadas, pero nada hace prever que vaya a reabrir las negociaciones de nuevo, menos aún con unos sindicatos que salen de más divididos de este asalto. 

Tras el no de la plantilla, las huelgas se mantendrán y se alargarán la semana que viene –todo apunta a que coincidiendo con la visita del Papa–, pero a partir de ahí se abren los interrogantes. ¿Cuáles son las reivindicaciones docentes que desbordan el pacto? ¿Quién las canalizará ahora y dónde? ¿Habrá movilizaciones el curso que viene?

Y otra pregunta que precede a las demás y que las condiciona: ¿cómo es posible que el profesorado catalán, en concreto más de 32.000 docentes (el 65% de los votantes del censo), hayan rechazado un acuerdo que sellaron la gran mayoría de los sindicatos? USTEC, Professors de Secundària, CCOO y UGT suman en la mesa sectorial de Educación 13 de los 15 asientos, por solo dos de la CGT, que se desmarcó del pacto

Más allá de los salarios y el poder de las asambleas

Tras el acuerdo de marzo de CCOO y UGT con el Govern, los demás sindicatos mayoritarios recoblaron el pulso con más huelgas, conscientes de la creciente frustración del colectivo frente a aulas en las que cada vez es más complicado dar clase. Los sindicatos huelguistas, con USTEC a la cabeza, aseguraron siempre que no se trataba solo de mejorar los salarios, sino también de aliviar la carga docente, especialmente la que tiene que ver con el modelo de escuela inclusiva. 

Y esto es lo que los docentes echan en cara al acuerdo, que no va al fondo de las carencias del sistema. La mejora progresiva de la retribución de hasta 600 euros al mes en 2029, la contratación hasta entonces de 6.400 dotaciones para atender al alumnado con dificultades, el pago de los sexenios adeudados, o el compromiso de revisar los currículums no ha sido suficiente para unos claustros que esperaban más. 

Una de las claves del revés ha sido la organización en asamblea de numerosos claustros. Lo que ha servido de motor para unas movilizaciones históricas ha supuesto también un menor control de la protesta por parte de los representantes de los trabajadores, que además han acabado tomando la decisión en una semana en la que las temperaturas han superado los 35 ºC en algunas aulas. 

En debates y protestas los últimos días, los docentes coincidían en que el refuerzo de plantillas no servirá para apuntalar definitivamente la inclusión del alumnado con discapacidad, y alertaban que las ratios se mantienen (en 20 en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato). Las expectativas, señalan algunos docentes, eran las de un salto de escala en cuanto a recursos para la tarea docente, algo ha chocado una y otra vez con la realidad de una negociación de carácter laboral y dentro del marco presupuestario de la Generalitat.

Dónde quedan los sindicatos y cómo acaba el curso

La lucha de los docentes este curso, con movilizaciones sin precedentes, se ha dejado también por el camino la unidad sindical con la que comenzó. En negociaciones con altibajos con el Govern desde hace meses, y con la perspectiva de unas eleccions sindicales en 2027, las distintas centrales de trabajadores han ido separando sus estrategias. 

Primero fueron CCOO y UGT, que sellaron en marzo un pacto que el Govern tuvo que reabrir ante la presión docente. Las últimas huelgas, nuevamente multitudinarias, tuvieron detrás a los dos mayoritarios, USTEC y Professors de Secundària, y también a CGT e Intersindical. Pero ahora este bloque se ha visto resquebrajado: Professors de Secundària ha optado por firmar el pacto tras verlo ratificado por sus afiliados. 

Los tres restantes han retomado las conversaciones para convocar las próximas movilizaciones. De cara a la semana que viene dan por sentado que habrá paros laborales más de una jornada. Todo apunta a que sería coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona el 9 y el 10 de junio, aunque en realidad lo más decisivo de esas fechas es que se lleva a cabo la Selectividad (del 9 al 11). Una huelga alteraría el transcurso de las pruebas, señalan fuentes sindicales, puesto que el profesorado que las supervisa es de Secundaria. Esto también se está valorando. Lo que se descarta por ahora es un paro indefinido.

Pero más allá del corto plazo, el curso acaba el 19 de junio y los sindicatos dan por sentado que no podrán lograr nada hasta entonces. USTEC, el más señalado tras ver cómo la plantilla tumbaba el preacuerdo que ha liderado, ha reconocido que antes de retomar el pulso con la Administración necesita saber cuáles son las prioridades de los maestros, que están hoy menos claras que ayer. 

Un proceso consultivo y de participación de claustros parece incompatible con una apertura de conversaciones antes del verano. Pero este no es el único escollo. El otro es la voluntad de Educación. Conscientes de que los sindicatos mayoritarios no han logrado amarrar el sí de la plantilla, y con unas mejoras laborales pactadas que aseguran que van a mantener, no tienen intención de abrir por tercera vez un pacto. A no ser que el conflicto se desborde a la vuelta del verano y amargue el final de la legislatura al Govern de Illa.

El conflicto educativo valenciano no da tregua. Este jueves, convocados por STEPV, CCOO, UGT y la Coordinadora d'Assemblees Docents, miles de maestros y profesores han vuelto a recorrer las calles de València en un tono festivo y reivindicativo. En esta ocasión, la marcha ha contado con la presencia y el apoyo de los bomberos del Ayuntamiento de Valencia, del Consorcio Provincial y forestales de la Generalitat —recibidos por los docentes al grito de “más bomberos y menos toreros”— y ha estado precedida por miembros de los conservatorios de música, quienes, vestidos de riguroso negro, portaban sus instrumentos en las fundas simulando ataúdes al ritmo de una marcha fúnebre.

Antes de que comenzara la manifestación, los representantes sindicales advirtieron que retomarán y recrudecerán las movilizaciones en septiembre si la Conselleria de Educación no cede y reabre una negociación “real” en los dos bloques que mantienen encallado el acuerdo: las retribuciones salariales y el peso del valenciano en la enseñanza pública.

Esta nueva movilización coincide con la decimonovena jornada de paros de una huelga indefinida que cumple ya su cuarta semana consecutiva y que supone un pulso histórico contra la Administración autonómica. En un intento de desbloquear la situación, la consellera de Educación, Carmen Ortí, que este jueves ha presentado los presupuestos de su departamento en las Corts, ha convocado a los sindicatos a una nueva mesa sectorial mañana viernes a las 14:00 horas. Se tratará de la décima reunión formal desde que arrancaran los paros el pasado 11 de mayo; una cita clave en la que la Administración deberá poner sobre la mesa un nuevo “documento definitivo” con su propuesta.

Pese a la convocatoria, el optimismo entre los representantes de los trabajadores es nulo. Las centrales sindicales insisten en que los contactos técnicos mantenidos durante esta semana han sido meros “grupos de trabajo para aclarar dudas” y no una negociación real. Marc Candela, portavoz de STEPV, se ha mostrado escéptico respecto a la cita de mañana: “Hay temas encallados como las retribuciones o el valenciano, y no creemos que la conselleria avance ni un milímetro. Si el documento final no nos satisface, continuaremos el curso próximo; la lucha docente no se acaba aquí si no se atiende el clamor de las bases”.

Por su parte, Xelo Valls, representante de CCOO, ha instado a la conselleria a entregar el documento definitivo para someterlo de inmediato a debate y votación entre el profesorado. Valls ha recordado que la presión de las calles ya ha servido para frenar recortes previstos por el anterior conseller y actual responsable de Hacienda, José Antonio Rovira. Además, ha desmontado la excusa económica de la Generalitat al señalar a Les Corts Valencianes como vía de solución: “En el debate presupuestario se pueden presentar enmiendas, y el PP se puede autoenmendar si quiere resolver este conflicto modificando alguna partida al alza”.

“Inoperancia” de los negociadores del Consell: Ortí y McEvoy

La indignación por la gestión del conflicto ha llevado a los portavoces a señalar directamente la “inoperancia” de los negociadores de la Generalitat. Javier Català, portavoz de la Coordinadora d'Assemblees Docents, ha calificado de “inaceptable” que, tras casi un mes de paros y con un goteo constante de dimisiones en los equipos directivos de los centros, sigan sin ofrecerse soluciones reales. Català ha exigido la intervención inmediata del president de la Generalitat, Pérez Llorca: “Ha quedado demostrado que la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy no son interlocutores válidos. El president debe actuar y cambiarlos”.

En esta misma línea se ha pronunciado Kilian Cuerda, portavoz de UGT, quien ha acusado a la conselleria de aplicar una estrategia cruel: “Ya está bien de dilatar deliberadamente la huelga para aumentar el dolor y el sufrimiento de las familias, el alumnado y el profesorado”. Cuerda ha censurado que, tras horas de reuniones, Educación presente borradores en los que “apenas modifican una palabra” y ha avisado de que el colectivo no tolerará más desaires. “Nuestra cultura es la del pacto, pero también la de la lucha. Si no saben negociar desde el respeto, y no desde la chulería y el insulto, que se vayan a casa”, ha zanjado.

La comunidad educativa valenciana aguarda ahora el resultado de la décima mesa de mañana viernes. De lo que ocurra a partir de las 14:00 horas en la sede de la conselleria, ubicada en la avenida de Campanar, dependerá si el curso escolar 2025-2026 finaliza con una tregua o si, por el contrario, la huelga se enquista de manera indefinida hasta congelar la vuelta a las aulas tras las vacaciones de verano.

El conflicto educativo en Catalunya no ha llegado a su fin, ni siquiera tras el último acuerdo que alcanzó la mayoría de sindicatos con el Govern. El 65% profesorado ha votado en contra del pacto, que contemplaba una mejora progresiva de los salarios y las plantillas hasta 2029, y apuesta por seguir con las huelgas hasta que acabe el curso. 

El rechazo ha sido mayoritario y supone un revés para los sindicatos que firmaron el acuerdo y que lo han defendido hasta hoy. De los 60.686 docentes que han participado en la consulta (el 61% de un censo de 99.000), el 65% han votado que no. Solo el 35% han avalado el pacto. 

Lo que han votado los docentes catalanes entre el lunes y el jueves ha sido el preacuerdo de mejoras laborales que alcanzaron los sindicatos mayoritarios con el Govern para desbloquear el conflicto en las aulas. El documento contempla una subida salarial de hasta 600 euros al mes en 2029 –sumando complementos autonómicos e incremento estatal– y un refuerzo de 6.413 profesionales en el mismo período para sostener el modelo de escuela inclusiva. 

La primera consecuencia del resultado es que este viernes se mantiene la huelga general educativa, con una manifestación unitaria en Barcelona. Pero el sindicato mayoritario, USTEC, ya ha adelantado que convocarán nuevas movilizaciones la semana que viene, cuando el Papa León XIV visita la ciudad, y que el conflicto se prolongará previsiblemente hasta el curso que viene. 

“Hay un malestar generalizado entre los trabajadores, abriremos un proceso de consulta para definir las prioridades y el plan de lucha para la próxima etapa”, ha afirmado Iolanda Segura, portavoz de USTEC, que ha expresado en rueda de prensa que les toca acatar la voz del profesorado a pesar de que ellos abogaban por el sí. 

La incógnita es ahora qué reivindicaciones concretas trasladarán a la consellera Esther Niubó, con quien han pedido ya una reunión urgente, y a través de qué canales negociarán, dado que la mesa sindical llegó hasta ese acuerdo. De momento, USTEC se ha emplazado a bajar a los claustros y a las asambleas docentes para recoger esas reclamaciones en los próximos días. 

Desde la Generalitat, Niubó ha salido ya al paso de los resultados para aclarar que el Govern mantendrá las condiciones pactadas. Pero ha aprovechado para lanzar un mensaje a los sindicatos, a los que ha pedido un “ejercicio de responsabilidad” ante un pacto que supone 2.700 millones más de inversión a cuatro años. “Ningún Gobierno había llegado tan lejos”, ha insistido, y ha citado a los sindicatos a una ronda de reuniones este mismo viernes pero sin la intención de replantear una vez más el acuerdo. 

El preacuerdo lo firmaron USTEC y Professors de Secundària, como convocantes del último ciclo de huelgas, y CCOO y UGT, los sindicatos que llegaron previamente –en marzo– a un acuerdo con el Govern que desató la indignación de gran parte de la plantilla. Se desmarcaron de él CGT e Intersindical, que son los que este jueves han celebrado con mayor efusividad el no.

Mientras que la votación de toda la plantilla la han organizado USTEC, CGT e Intersindical, Professors de Secundària, por su parte, optó por consultar solo a los afiliados. En su caso ha salido que un 63,2% refrenda el pacto, con lo que este sindicato, mayoritario en la ESO, lo firmará. 

CGT ha celebrado el resultado y ha pedido directamente la dimisión de la consellera Niubó. “Llevábamos avisando que la propuesta no es suficiente, que esto va de poder parar la emergencia educativa y hacer frente a lo que necesita la educación pública”, ha destacado su secretaria de educación, Laura Gené. “Exigimos la reapertura de las negociaciones en un comité de huelga”, ha concluido.

El pacto, más allá de los salarios

Además del incremento de las nóminas, auténtico escollo de las negociaciones durante semanas, el preacuerdo contempla otras mejoras laborales. Las que tienen que ver con la retribución son la devolución de los sexenios retirados con los recortes, la creación de 2.500 cátedras de Secundaria y el cobro de 50 euros por pernoctación en excursiones.  

Pero hay más. Las partes calendarizaron el despliegue en cuatro cursos de 6.413 nuevos profesionales especializados para atender al alumnado con más dificultades. Esto incluye psicopedagogos, integradores sociales, logopedas, aulas de acogida… También se comprometieron a modificar el currículum, fuente de críticas de numerosos docentes, y a desplegar un plan para reducir la carga administrativa que asume el profesorado. 

Algunas medidas ya estaban en el acuerdo de marzo con CCOO y UGT y no se modificaron. Es el caso de las ratios, otra histórica reclamación docente. Las partes fijaron un máximo de 20 alumnos por aula en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato. 

Los docentes catalanes acudían a valorar el preacuerdo después de un ciclo histórico de movilizaciones. En un solo curso han llevado a cabo hasta tres oleadas de huelgas, la mayoría de ellas con seguimiento multitudinario, y con algunas manifestaciones de asistencia sin precedentes para el sector. La marea amarilla ha puesto contra las cuerdas al Departamento de Educación del Govern de Salvador Illa e incluso les obligó a reabrir la negociación tras el acuerdo con CCOO y UGT.

La Conselleria de Educación ha publicado una nueva orden para hacer frente a las olas de calor en las aulas valencianas. El departamento que dirige Carmen Ortí ha dictado unas instrucciones específicas destinadas a paliar los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos, unas medidas que entrarán en vigor de forma oficial a partir del próximo curso 2026-2027, aunque la Administración permitirá que se apliquen de manera transitoria durante lo que resta del presente año escolar.

El documento normativo contempla, como principal novedad, la posibilidad de implantar la jornada reducida en los institutos durante los meses de junio y septiembre. Bajo este supuesto, los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) podrán concentrar las clases en horario continuo de 8:00 a 13:00 horas, evitando así la permanencia del alumnado en las aulas durante las horas centrales del día, cuando la insolación es más intensa. Asimismo, se autoriza a retrasar una hora el inicio de las clases en las modalidades de tarde.

Para poder llevar a cabo esta flexibilización horaria, la propuesta deberá contar con el visto bueno del Consejo Escolar de cada centro público y ser comunicada posteriormente a la Dirección Territorial correspondiente. No obstante, la Conselleria establece como línea roja que esta reducción horaria no altere en ningún caso los servicios de comedor ni de transporte escolar, y que no suponga ningún tipo de coste económico adicional para las arcas de la Generalitat.

Más allá de los horarios, las directrices obligan a los equipos directivos a implementar un paquete de medidas preventivas diarias. Entre las tareas fijadas se encuentra el control estricto de la temperatura, la identificación de las zonas más frescas del recinto, el mantenimiento de persianas bajadas bajo sol directo, la ventilación en las horas más frescas y la suspensión de actividades físicas intensas en las horas de máxima calor. Además, los centros deberán vigilar de cerca la conservación de alimentos y medicamentos, así como facilitar la hidratación constante de los estudiantes.

Para las situaciones más extremas, el protocolo establece que, si los termómetros registran valores excesivos y el centro carece de espacios alternativos adecuados, la dirección podrá ponerse en contacto con el responsable municipal de Protección Civil. Al ser esta la autoridad competente, será la encargada de evaluar el riesgo y decretar, si lo estima oportuno, la suspensión temporal de la actividad académica, notificándolo de forma paralela a la Dirección Territorial.

El STEPV tilda el plan de “insuficiente”

STEPV, sindicato mayoritario de la enseñanza pública valenciana, valora de forma positiva que, “por primera vez, la conselleria reconozca formalmente la necesidad de adoptar medidas específicas ante las altas temperaturas” y que se abra la puerta a la flexibilización horaria en las etapas de Secundaria, Bachillerato y FP.

Sin embargo, la central sindical considera que el documento se queda “corto” al no resolver el problema de fondo de las infraestructuras educativas. Según denuncia el STEPV, la resolución es insuficiente porque no define un protocolo claro ante situaciones de estrés térmico, no concreta medidas estructurales para climatizar los edificios ni desarrolla un registro de temperaturas y de sus efectos sobre la salud. Por todo ello, el sindicato ha anunciado que continuará exigiendo a la Generalitat un Plan Integral de Adaptación Climática que incluya inversiones reales en sistemas de sombreado, ventilación y climatización para garantizar el bienestar de la comunidad educativa.

Las recientes convocatorias de ofertas de empleo público abren un abanico de oportunidades para quienes quieren trabajar en la administración riojana. Sin embargo, también se acumulan las dudas y la incertidumbre ante estos procesos que a veces pueden resultar complejos y desmotivadores. Son muchos los aspirantes que no saben a qué plazas pueden acceder, qué requisitos tienen que cumplir o que temario tienen que estudiar. Por ello, STAR cuenta con un Servicio de Orientación para el Empleo Público como espacio integral, que incluye orientación personalizada, el acompañamiento durante todo el proceso y la formación especializada.

El sindicato señala que sigue siendo un buen momento para acceder al empleo público, con varias OPE con muchas plazas en marcha, pues la edad media del funcionariado sigue siendo alta y hay relevo. Sin embargo, hay muchas personas que se acercan a consultar al sindicato y no saben que podían trabajar en la administración pública o qué estudios o requisitos necesitan. “Queremos dar las herramientas a las personas que quieren acceder a la Administración, que implica enfrentarse a un sistema muy complejo, hay que saber los procesos, las modalidades, cómo es la oposición, si es una oposición libre, si es un concurso oposición, las bolsas de empleo”, señala Lourdes Montes, secretaria de Servicios a la Afiliación. 

Un itinerario en dos fases: del perfil al examen

En este escenario, STAR ha puesto en marcha el Servicio de Orientación para el Empleo Público “para poder encaminar a la gente que quiere ser funcionario o trabajar en la Administración Pública para que tengan las posibilidades de éxito en ese acceso”, según presenta Montes. El servicio comienza con una orientación personalizada, que incluye una orientación según su perfil académico, experiencia y preferencias, optimizando así sus posibilidades de éxito. De esta forma, STAR guía a cada aspirante al proceso selectivo más oportuno con un acompañamiento constante, desde la convocatoria hasta el estudio. 

“Los procesos pueden ser desmotivadores a la hora de los plazos, cuando ven las listas de admitidos y excluidos y a veces hay mil aspirantes para diez plazas”, apunta la responsable de STAR, que señala que se ofrece herramientas de gestión, estudio y estrategias de afrontamiento a través de profesionales especializados “. Pero sí que es verdad que el proceso es complejo y a veces la desmotivación de ver que no salen los plazos, que han pasado dos meses y aún no es el examen”

Apoyo continuo

El apoyo que se brinda a los opositores no es genérico, sino que se divide en un itinerario de dos fases bien diferenciadas. La formación ofrecida por STAR está acreditada y cuenta con docentes altamente especializados en cada materia y en cada ámbito para, como resalta Lourdes Montes, “que la preparación sea lo más rigurosa, actualizada y ajustada a esas a esas plazas a las que van a presentarse”. Los planes de formación de STAR cuentan con una parte general referida a la legislación común y una parte especifica según cada plazas. 

“Impulsamos que los opositores conozcan bien lo que es una oposición y así poder preparar bien el temario y el método y seguimiento a las exigencias reales de cada convocatoria”, destaca Montes. También en STAR hacen un simulacro de examen para que los opositores se enfrenten a lo que es un llamamiento a la hora de entrar a preparar la oposición y hacer como un tipo de examen controlándoles el tiempo y valorando la velocidad. “Intentamos hacerles ese acompañamiento hasta el final lo más parecido a lo que puede ser la oposición”, explica.

El Servicio de Orientación de STAR también sirve para los funcionarios de carrera, para quienes es fundamental actualizar de forma constante sus conocimientos en la administración. Para ellos, ofrenden cursos online y charlas orientativas. En definitiva, el Servicio de Orientación para el Empleo Público de STAR se consolida como una herramienta fundamental para los opositores de La Rioja. Al transformar un laberinto normativo en un itinerario accesible, riguroso y con un fuerte respaldo humano y formativo, el sindicato no solo prepara opositores para aprobar un examen; les dota de las herramientas necesarias para construir con seguridad su futuro profesional en la Administración riojana. 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la plantilla del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Toledo sufre una “situación insostenible” debido a que “es incapaz de hacer frente los cientos de procedimientos pendientes y de absorber el volumen de asuntos que recibe”.

Este juzgado entraba en funcionamiento en abril de 2024 con la competencia de los partidos judiciales de Toledo, Orgaz e Illescas. CSIF alerta que los funcionarios destinados a este juzgado “se ven obligados de manera habitual a prolongar su jornada laboral más allá del horario oficial, fijado entre las 8 y las 15 horas, para intentar sacar adelante todo el trabajo acumulado llegando a salir durante muchos días a las 17 o las 18 horas. Estas horas extraordinarias no son compensadas ni económica ni temporalmente”.

El presidente de CSIF Justicia Castilla-La Mancha, Manuel Pelayo explica que “con la plantilla actual sólo se puede hacer lo urgente, mientras que el resto de procesos se van almacenando e incluso su resolución tarda años y años. Es un problema muy grave”.

Explican que hace meses se crearon tres plazas de refuerzo destinadas exclusivamente a la incoación de demandas. Sin embargo, esta medida “resulta claramente insuficiente” para atender la totalidad de las funciones que desarrolla el juzgado.

La situación “ha empeorado” y el volumen de trabajo “es ingente”

Desde CSIF apuntan que la última semana de mayo hubo once casos de violencia y que este pasado lunes se produjeron otro seis, que conllevaría: “procesos complejos y largos, estamos hablando procedimientos penales, civiles o de menores relacionados con la violencia de género, así como órdenes de protección, medidas cautelares, actuaciones con participación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses… todo lo urgente se atiende, lo que conlleva que los trabajadores superen con creces su jornada laboral, sobre ellos recae esta desproporcionada carga de trabajo, pero el resto de procesos o es que directamente es inasumible poder atenderlos”, señala Pelayo.

Para el sindicato, la situación “ha empeorado” tras la reciente reación de la segunda plaza de juez titular para este Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ya que no ha conllevado la dotación de personal: “continúan el mismo número de trabajadores, una plantilla de ocho funcionarios más tres temporales para hacer frente a un volumen de trabajo ingente”.

Denuncian que tampoco hay personal para cubrir bajas, sustituciones o nueva necesidades: “en la actualidad, la Bolsa de Trabajo de Toledo carece de efectivos disponibles en los cuerpos de Auxilio Judicial y Gestión Procesal, mientras que en Tramitación Procesal apenas quedan cinco personas disponibles. Pese a ello, el Ministerio de Justicia no tiene prevista una actualización inmediata de estas bolsas de trabajo”.

Por todo ello, CSIF exige al Ministerio de Justicia la adopción “urgente” de medidas que permitan reforzar la plantilla, cubrir las necesidades estructurales del juzgado y garantizar una respuesta ágil y eficaz en una materia “especialmente sensible” como es la violencia sobre la mujer.

“Las consecuencias son tremendas tanto para los profesionales que prestan servicio en este Juzgado como para las víctimas, que dependen de una tutela judicial rápida y efectiva”, concluye Pelayo.