La última huelga general no fue el 14 de noviembre de 2012, aunque, en función de algunas declaraciones, pudiera parecerlo. Retroceder hasta 2012 obvia el precedente más claro del próximo paro por la vivienda: las huelgas generales feministas de 2018 y 2019 que movilizaron al país. La convocatoria era heterodoxa: lejos de la imagen de los paros tradicionales que paraban la industria, el movimiento feminista llamaba a darle una vuelta completa al concepto de huelga. ¿Para qué sirve una huelga? ¿Qué hacemos con los trabajos de cuidados que no se pagan pero que sostienen la economía y que hacen mayoritariamente las mujeres? ¿Y con el consumo? ¿Pueden ser los paros herramientas que superen las reivindicaciones laborales para plantear propuestas que transformen la sociedad? La huelga del 11 de noviembre nace de preguntas similares y bebe de una movilización que resultó un punto de inflexión.

El 8 de marzo de 2018 arrancaba la primera huelga general feminista de la historia de nuestro país. El primer paso lo había dado el movimiento feminista argentino un año antes al convocar el Primer Paro Internacional de Mujeres, que supuso fuertes movilizaciones en el país y que fue replicándose en otros lugares. La convocatoria desbordaba la idea tradicional de huelga, por el fondo y por las formas.

Por el fondo, porque no se trataba de responder a un conflicto laboral, sino de generar un movimiento que pusiera sobre la mesa las violencias machistas, la desigualdad legal y simbólica o las discriminaciones de todo tipo que sufren las mujeres. Por la forma, porque no solo apelaba al empleo asalariado, sino a los trabajos de cuidados no remunerados y al consumo. Porque si una fábrica para, alguien sigue haciendo la comida, atendiendo a los niños o cuidando de las personas dependientes.

“Las huelgas de 2018 y 2019 abrieron la posibilidad a hacerlas desde un lugar diferente. Había una necesidad de ampliar el sujeto de la huelga, el concepto de trabajo, pensarlas desde otro lugar distinto al del centro de trabajo, construirlas de manera más abierta y horizontal”, explica Ana Useros, que ya entonces participaba en la Comisión 8M, y que resume lo sucedido entonces como un proceso que “resignificó” el concepto de huelga.

Por eso, prosigue, cuando se planteó la posibilidad de un paro general por la vivienda, el vínculo con el 8M fue “instintivo”: “Pensamos 'esta es de las nuestras' porque no es una huelga laboral o de producción y ya, es una huelga por la vida que se piensa desde los movimientos sociales y se organiza desde las bases hacia fuera y a la que después se suman los sindicatos”.

La portavoz en Catalunya del Sindicato de Inquilinas, Carme Arcaranzo, subraya que el 8M ha sido “un referente” para llegar a la huelga del 11N porque mostró “que las huelgas en el siglo XXI son en muchos más sitios que en las fábricas, que pueden salir desde fuera de las estructuras sindicales clásicas”.

“También nos enseñó que nuestra fuerza de trabajo no solo está dentro de nuestro horario laboral, sino que el trabajo reproductivo importa y también explota. Y ahora decimos que fuera de nuestros trabajos, cuando llegamos a casa, también nos siguen explotando los rentistas o los bancos, los que nos roban el sueldo para acceder a un techo”, asegura,

Influir en la política

Tanto en 2018 como en 2009, CCOO y UGT no convocaron huelga general, sino paros parciales, a pesar del debate interno: muchas sindicalistas feministas presionaron para que sus organizaciones 'vieran' el paro completo. Finalmente, fueron las centrales minoritarias las que dieron amparo legal al paro de 24 horas. Ocho años después, los sindicatos mayoritarios no han dudado en sumarse a la huelga por la vivienda. “La gente lo ha entendido muy bien. Es el momento, el sindicato tiene que responder al clamor de la calle, el 8M fue clave”, dice la secretaria confederal de Mujeres de CCOO, Carolina Vidal, quien cree que en 2018 las centrales tomaron sus decisiones “con los mimbres que había entonces” y que el momento, hoy, es distinto, en parte precisamente por el “punto de inflexión” que macaron los paros feministas.

“Esta es una huelga política, como todas. Y es distinta porque los sindicatos mayoritarios convocan a la ofensiva, y no a la defensiva, porque no ha habido un ataque específico, es que queremos influir en la política porque tenemos vidas que no podemos vivir con dignidad. A pesar de que los salarios han subido con claridad, es imposible hacer frente al precio de la vivienda y a la subida de los precios. La macroeconomía va a toda pastilla y a la ciudadanía mientras le cuesta vivir, es una situación invivible”, diagnostica Vidal. La sindicalista subraya que una parte importante será la huelga laboral pero que se trata de que haya una “movilización social que arrope una reivindicación social”.

Los precentes son aún anteriores a 2018. En los dos paros generales que se convocaron en España en 2012, grupos feministas ya llamaron a una huelga de cuidados y colectivos de empleadas de hogar organizaron piquetes. Y en 1975, las mujeres de Islandia secundaron de manera masiva una huelga para pedir igualdad laboral pero también la distribución de los cuidados como premisa para que hubiera, también, una redistribución del empleo asalariado y de la riqueza.

El feminismo quería disputar qué es una huelga general y para qué la hacemos, un propósito idéntico al del paro por la vivienda. Porque la desigualdad está lejos de generarse solo en el centro de trabajo y en el salario.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria abre este domingo 25 en el Parque de la Llama de Torrelavega, a las 17.00 horas, su calendario de actividades en torno a la huelga general del 11 de noviembre con una asamblea abierta a los vecinos de la zona para conversar sobre las demandas y necesidades de la jornada de paro convocada por los sindicatos.

Con la asamblea popular se iniciarán los actos que el sindicato ha planificado en varias localidades de la región para compartir información sobre el derecho a huelga, plantear sus reivindicaciones en torno a la vivienda y recoger y canalizar las ideas de las personas que deseen acercarse a los encuentros. A este respecto, habrá también charlas informativas y cenas populares.

El sindicato ha anunciado en una nota de prensa que las siguientes citas serán en Santander (1 y 9 de noviembre), Cabezón de la Sal (miércoles 4), Navajeda (jueves 5) y Laredo (viernes 6).

La organización ha señalado que se encuentra en “pleno proceso de planificación” de la huelga general en Cantabria en coordinación con otros 17 colectivos, sindicatos y asociaciones de toda la comunidad autónoma, así como con la asamblea autónoma de la acampada en la Plaza Porticada, que “todavía resiste” en Santander.

Además, ha declarado que el paro “tiene sentido” porque el problema de la vivienda afecta de forma mayoritaria a la clase trabajadora y porque “el rentismo y la turistificación no solo expulsa a las vecinas del territorio sino que también precariza laboralmente”.

Desde la organización han recordado que en Cantabria “hay casi 7.000 viviendas turísticas, 50.000 viviendas vacías, el 44,2% de quienes viven de alquiler está en riesgo de pobreza, tenemos la menor tasa de emancipación juvenil de España, los precios de los alquileres y de las casas están disparados mientras los salarios se estancan...”. Por ello, han opinado que la huelga general “es urgente”.

Asimismo han valorado que el momento actual presenta “un contexto social clave” en el que se está “recuperando la efervescencia en la calle, la gente no puede más, no podemos más, y el momento es ahora y debemos desbordarlo todo, interrumpirlo todo...”, han subrayado.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado hoy en el Consejo del Diálogo Social las grandes cifras del Presupuesto General de Cantabria de 2027, que ascenderá a 4.136.542.116 euros, lo que supone un aumento del 8,36% respecto a las cuentas públicas de 2026. Así, el Ejecutivo autonómico gestionará 319.370.800 euros más que el ejercicio anterior.

Fomento, con un presupuesto de 314.644.245 euros, será la consejería que más crecerá, en términos relativos, en el presupuesto del próximo año, un 11,21%, “con un fuerte peso de las políticas de vivienda, una de las grandes prioridades del Ejecutivo autonómico durante toda esta legislatura y que en 2027 se verá reforzada presupuestariamente”, aseguran desde el Gobierno.

Además, junto al departamento que dirige Roberto Media, Educación, Formación Profesional y Universidades (+8,58%) y Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación (+9,14%) crecerán también por encima del aumento medio del Presupuesto autonómico.

Al término de la reunión, que se ha prolongado durante más de dos horas, el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha explicado que gran parte del esfuerzo presupuestario va dirigido también a “reforzar las políticas sociales”, sobre todo, en el capítulo de personal para la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario, educativo y de servicios sociales.

Así, la mayor parte del presupuesto de Cantabria para 2027 se concentra en el Servicio Cántabro de Salud, con un gasto de 1.418.751.780 euros, es decir, casi un 11% más que lo presupuestado en 2026, y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, que también registra un fuerte aumento (+11,42%) hasta alcanzar la cifra de 341.000.262 euros.

Además, de entre las consejerías del Gobierno, la de Educación es la que tiene un mayor peso en el presupuesto 847.653.268 euros, es decir, 8,58% más que en 2026, seguido de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio que contará con un presupuesto de 108.998.347 euros, lo que supone un 3,46% más que el año pasado.

Buruaga ha convocado este Consejo del Diálogo Social, como en los tres años anteriores, para que los sindicatos mayoritarios en Cantabria, CCOO y UGT, y la patronal CEOE-CEPYME Cantabria conozcan de primera mano y antes de la tramitación parlamentaria las prioridades económicas de su Gobierno para el próximo año.

Tanto Agüeros como el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, han destacado las aportaciones de los sindicatos y patronal a las cuentas públicas para “conseguir un presupuesto más plural, eficaz y que responda mejor a las necesidades de todos los cántabros”, según ha explicado Arasti.

“En esta legislatura, el dialogo social ha hecho honor a su nombre”, ha asegurado el consejero de Industria, que ha recordado que en años anteriores “la mayor parte de las aportaciones del Consejo del Diálogo Social han sido admitidas” y ha valorado “el grado de confianza” con el que patronal, sindicatos y Gobierno trabajan.

Agüeros ha explicado que los agentes económicos y sociales podrán trasladar sus aportaciones al presupuesto hasta el próximo martes, a las 12:00 horas, y posteriormente celebrarán una reunión conjunta para detallar las que se incorporarán al proyecto de Presupuestos, que el Gobierno prevé aprobar la próxima semana.

Mientras la Ertzaintza cargaba en un barrio a las afueras de Vitoria contra quienes protestaban contra el desahucio de una familia con seis menores, en el centro de la capital, en el Parlamento Vasco, el lehendakari, Imanol Pradales, ha criticado la huelga general convocada para el 11 de noviembre por los sindicatos de clase y por los sectoriales de vivienda con motivo de la emergencia habitacional. Pradales, del PNV, ha lamentado que la mayoría sindical abertzale vasca esté señalando las políticas de “Gasteiz e Iruña”, en referencia a los Ejecutivos autonómicos vasco y navarro, cuando “del Ebro para abajo” nadie pida cuentas al Gobierno de España.

Para Pradales, que ya tuvo una huelga general de la mayoría sindical (ELA, LAB y otros) a comienzos de este año, el 11 de marzo, la convocatoria es “desconcertante” y con elementos “curiosos”, según ha trasladado en sus intervenciones en la sesión de control al Gobierno que celebra el Parlamento Vasco. “Justamente cuando llegan las generales, curioso”, ha ironizado.

Ha seguido asegurando que ELA o LAB “por arte de magia” se han sumado a una “huelga española” por vez primera en años, cuando las convocatorias de CCOO y UGT no han solido ser respaldadas por las centrales vascas. Y ha recordado que en septiembre, antes de que la crisis estallara por el desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, se citó con las cuatro centrales y que solamente CCOO le entregó propuestas sobre el asunto. “Ni UGT, ni ELA ni LAB. Ni media palabra sobre vivienda. Cero patatero. Ahora la vivienda es una prioridad. ¿Hace mes y medio no lo era en las clases obreras y populares?”, ha arrojado el lehendakari, que en todo caso ha considerado que las organizaciones tienen “plena libertad” para hacer las movilizaciones que estimen y la ciudadanía capacidad para “seguirlas o no”.

Ha sido Sumar quien ha planteado en el debate parlamentario el asunto de la huelga. Jon Hernández, de IU y único representante de la coalición de izquierdas, ha apoyado claramente la convocatoria porque el problema es un “clamor popular” y solamente puede ser replicado con “la herramienta política más potente de la clase trabajadora”.

Otxandiano acusa a Pradales de mentir

El problema de vivienda ha atravesado la sesión plenaria. EH Bildu, de hecho, ha querido dar continuidad a un debate inacabado del anterior pleno de control, cuando Pradales pidió a los ayuntamientos de la coalición abertzale que movilizaran el suelo en sus ámbitos, lo que desbloquearía más de 40.000 casas, según las cifras que dio.

El líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha renunciado a ser el jefe de la oposición para ser el portavoz de los municipios de su partido y ha pedido que no se confunda la disponibilidad total de una localidad con los suelos públicos, ya que muchas de esas 40.000 casas potenciales salen de parcelas privadas en los que la política poco puede hacer. “Le tengo que pedir una rectificación en honor a la ejemplaridad. No es verdad. No es cierto. Dicho de ora manera, es mentira”, se ha enfadado Otxandiano.

Además, Otxandiano ha apelado a una política “adulta”. Ha indicado que el “embudo” para la construcción no está en la cesión de suelos por parte de los ayuntamientos, sino en la falta de “capacidad” del Ejecutivo vasco para tramitar esas cesiones. Igualmente, ha lamentado el retraso de once años en el plan territorial sectorial vasco de vivienda, prometido en la ley de 2015. “Nos pilla la emergencia habitacional con estos mimbres”, ha lamentado.

De modo coordinado, tanto el lehendakari del PNV como el consejero del ramo del PSE-EE, Denis Itxaso, han defendido que el Gobierno no está precisamente parado. Ambos han puesto en valor el reciente acuerdo fiscal para introducir medidas sobre la materia en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Itxaso, igualmente, ha destacado la “pionera” operación de compra al fondo Blackstone de 510 pisos en Benta Berri, en Donostia, que estaban en riesgo de salirse del circuito del alquiler social en 2028 y de obligar al desahucio de las 1.700 personas que allí residen.

Itxaso ha asegurado que se mantendrá esta línea de comprar casas y ha indicado y, de hecho, ha explicado que antes ya se habían hecho operaciones de menor tamaño con entidades bancarias o tenedores privados, 148 en Arrasate-Mondragón, 18 en Errenteria y 57 de Kutxabank en varias ubicaciones. Ha señalado que se ha superado ya en un “51%” la promesa del inicio de la legislatura, cuando quedan casi dos años. Eso sí, ha reconocido que estas operaciones consumen muchos recursos y no amplían el perímetro real del parque de viviendas existente. Además, ha sugerido que si las protestas de la calle se dirigen contra el Gobierno para que compre lo único que puede suceder es que el propietario suba la factura y se tengan que destinar recursos que irían destinados a otras políticas. “La respuesta estructural es construir más”, ha señalado Itxaso.

Los sindicatos están organizando la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre con un elemento que no existía en los pasados paros generales de más calado: el teletrabajo. En CCOO reconocen que es un factor difícil “de controlar” aunque advierten a las empresas de que no utilicen el teletrabajo como una forma de “esquirolaje moderno”, ha afirmado este jueves Lucho Palazzo Gallo, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del sindicato.

Esta federación de CCOO y la de Movilidad de UGT han presentado este jueves una propuesta de servicios mínimos de transportes para el paro general del 11N, con la petición expresa al ministro Óscar Puente de que los negocie y no los imponga.

Los sindicatos piden así evitar niveles abusivos de otros precedentes, como la huelga y paros del 8M, que fueron recurridos por las organizaciones de trabajadores y tumbados a posteriori por los tribunales.

“Hay que garantizar servicios esenciales básicos, pero no puede ser como un día normal. Es un derecho constitucional de huelga y hay que garantizarlo”, ha afirmado Ricardo Casas Tinahones, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT. 

En este contexto, los sindicatos son conscientes de la posibilidad de que el teletrabajo juegue un papel ese día –que antes de la pandemia no existía por su nimia extensión– para trabajar y evitar las incidencias en el transporte, los piquetes o posibles conflictos ese día.

Los sindicatos estarán “vigilantes”

“Estaremos pendiente y vigilantes”, ha afirmado Lucho Palazzo aunque ha reconocido que “no es fácil en estos tiempos controlar” estas maniobras. “Pero hacemos un llamamiento a la responsabilidad. Esto es una expresión democrática, constitucional, el derecho a la huelga y todos los actores que confluyen ese día deben garantizar que ese derecho se pueda ejercer en las mejores condiciones”, ha firmado el responsable de CCOO.

“Vamos a suponer la buena fe, y vamos a pensar en que no va a haber un esquirolaje tecnológico”, ha añadido el sindicalista.

Aunque la mayoría de puestos de trabajo no pueden realizarse a distancia, alrededor de 7 de cada 10, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H) del INE, hay alrededor de un 30% de los trabajadores que afirman que realizan tareas que pueden ejecutarse a distancia.

En la actualidad, teletrabajan en España algo más de 3,4 millones de personas en España, de manera ocasional o “más de la mitad de los días de la semana”, según los datos de la EPA de 2025. Se trata de máximos históricos por encima de la pandemia.

Este número podría ser mucho mayor, destaca un reciente informe el sindicato UGT. Dado el número de quienes afirman que podrían trabajar a distancia y quienes realmente lo hacen, hay más de 3,4 millones de personas que podrían teletrabajar, pero a las que no se lo permiten sus empresas.

Representants dels àmbits universitari, sindical i empresarial, així com de la creació de continguts, han reflexionat sobre els riscos que afronten la democràcia, els drets i les llibertats en la trobada “Democràcia, drets i llibertats en perill”, organitzada per elDiario.es al Café a Tres Bandas de Palma. La crisi de l’habitatge, la precarització laboral i la capacitat de la ciutadania per frenar els retrocessos democràtics han centrat la primera taula rodona de la trobada. Els participants han denunciat que s’hagi normalitzat “treballar i no poder viure”, han reclamat que l’habitatge quedi al marge de l’especulació i han explicat com les reivindicacions socials poden convertir-se en lleis i quines majories parlamentàries permeten modificar-les.

Abans de donar pas a les taules rodones, la directora d’elDiario.es a les Balears, Angy Galvín, ha reivindicat la llibertat d’expressió com un dels pilars de la democràcia i ha recordat que drets que avui formen part de la vida quotidiana, com casar-se, divorciar-se o accedir als serveis públics, són conquestes històriques que no sempre han existit. Així mateix, ha advertit que no són irreversibles i que no s’han de donar per garantits.

“Tenim drets, tenim llibertats, ens podem casar, divorciar, anar a una escola pública, utilitzar els serveis públics i sembla que, com que formen part de la nostra vida quotidiana, no els donam prou valor. Com la llei de la gravetat, sembla que sempre hagin estat aquí, però, en el moment actual, els hem de donar més rellevància que mai, perquè també els podem perdre”, ha assenyalat durant l’obertura de la trobada.

En la seva intervenció, Galvín ha subratllat que la democràcia no es limita a votar cada quatre anys, sinó que també implica defensar els drets, exercir les llibertats i assumir responsabilitats col·lectives. En aquest sentit, ha valorat el paper de les mobilitzacions socials i sindicals a l’hora d’impulsar canvis polítics i legislatius, i ha fet referència a les protestes sorgides arran de la mort i el desnonament de Maricarmen com a exemple de la capacitat de la ciutadania per influir en les institucions. “Això ens ensenya, al cap i a la fi, que el carrer també pot legislar”, ha afirmat, tot insistint que els avenços democràtics no provenen únicament de les institucions, sinó també de la pressió que exerceix la societat.

Després de la inauguració de la jornada, la periodista ha moderat la primera taula rodona, “Espanya, país de llibertats i drets conquerits”, en què han participat Amir Al Hasani Maturano, professor de Dret Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB); Elena Reinés, periodista, cocreadora de Woke Up News i creadora de contingut, i Pedro Homar, secretari general d’UGT a les Balears.

El poder de la protesta social

L’acampada pel dret a l’habitatge a la Puerta del Sol de Madrid ha centrat bona part de la taula rodona. Sobre aquesta qüestió, Reinés ha relatat la seva pròpia experiència en la mobilització, en què ha destacat la presència de joves i de persones amb sensibilitats polítiques diverses, i ha defensat que la protesta respon a un malestar social acumulat davant les dificultats per accedir a un habitatge digne. “No és normal que hàgim normalitzat treballar i no poder viure”, ha manifestat. Reinés ha criticat que s’hagi assumit com a habitual que el lloguer absorbeixi la meitat del sou o que les persones hagin de compartir pis per motius econòmics, fins i tot a edats en què esperaven poder viure de manera independent.

La comunicadora ha assenyalat que l’acampada també qüestiona la idea que la joventut estigui desmobilitzada i n’ha destacat la capacitat d’organització. A diferència del 15M, que va sorgir de manera espontània, ha explicat que la protesta actual compta amb persones vinculades a sindicats, partits i organitzacions juvenils. La periodista ha descrit una acampada autogestionada, amb comissions, activitats culturals i una xarxa de solidaritat que proporciona aliments, medicaments i material.

També ha denunciat la resposta policial a les mobilitzacions i ha defensat que els participants han intentat mantenir una actitud pacífica davant les provocacions. “Una democràcia també es mesura per com viuen les persones”, ha resumit, tot qüestionant la solidesa d’un sistema que, a parer seu, també s’ha d’avaluar per la seva resposta a la protesta social.

El paper històric dels sindicats

Per la seva banda, Homar ha reivindicat el paper històric dels sindicats en la conquesta de drets laborals i en la negociació col·lectiva. En aquest sentit, ha explicat que l’organització dels treballadors permet defensar interessos comuns davant les empreses i ha recordat que la vaga forma part de les eines legítimes de pressió quan no s’arriba a un acord. Com a exemple, ha fet referència a les negociacions del conveni d’hostaleria a les Balears i a la capacitat dels advertiments de vaga per afavorir millores laborals. Homar ha insistit que l’acció sindical no s’ha de limitar a les condicions de treball, sinó que també ha d’afrontar els problemes socials que afecten la vida quotidiana dels treballadors.

El responsable d’UGT ha situat l’accés a l’habitatge entre les principals emergències socials i ha defensat que els salaris i els convenis no basten per garantir una vida digna quan el cost de l’habitatge es dispara. En aquesta línia, ha descrit una situació en què treballadors de l’hostaleria es veuen obligats a compartir pis i, fins i tot, habitació, i ha reclamat que l’habitatge deixi de tractar-se com un bé de consum sotmès a l’especulació.

Pel que fa a la vaga general convocada per a l’11 de novembre, el sindicalista l’ha presentada com una protesta contra una situació que considera insostenible per a les economies familiars. “Cal treure l’habitatge dels fons d’inversió, de la concepció de bé de consum”, ha defensat, tot reclamant una intervenció en el mercat que permeti recuperar l’accés a l’habitatge.

El recorregut parlamentari dels drets

La taula també ha abordat com les reivindicacions socials poden transformar-se en normes jurídiques. A preguntes de Galvín, el professor Amir Al Hasani Maturano ha explicat que els drets fonamentals estan reconeguts en la Constitució i en tractats internacionals, tot i que el seu desplegament concret pot requerir lleis específiques. En el cas de les lleis orgàniques, que s’utilitzen per regular matèries vinculades als drets fonamentals –com l’avortament, l’eutanàsia i el divorci–, és necessària la majoria absoluta al Congrés. Al Hasani ha advertit que el reconeixement d’un dret no garanteix, per si mateix, que les demandes socials es materialitzin en polítiques públiques. També ha assenyalat que les reivindicacions ciutadanes i els compromisos inclosos en els programes polítics són alguns dels motors que poden impulsar canvis legislatius.

Tal com ha assenyalat durant la seva intervenció, convertir una reivindicació en llei és un procés llarg que pot durar entre set i nou mesos de mitjana, i fins i tot arribar a un any. La tramitació comença habitualment amb l’estudi del text en comissió, on es presenten i debaten esmenes, abans de passar al ple del Congrés. Després, la iniciativa arriba al Senat, que pot introduir-hi modificacions o vetar-la, fet que obliga a retornar-la al Congrés per resoldre les discrepàncies. Un cop completat el procediment, la norma se sanciona i es publica al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Pel que fa a l’habitatge, Al Hasani ha advertit que aquest ocupa una posició secundària en la Constitució espanyola, que no el reconeix com un dret fonamental, sinó com un principi rector de la política social i econòmica. El professor de Dret Constitucional ha explicat que aquesta formulació limita les possibilitats d’exigir-ne el compliment davant els tribunals i deixa en mans dels poders públics l’obligació de promoure polítiques per facilitar l’accés a un habitatge digne. A parer seu, hauria estat desitjable atorgar-li una protecció constitucional més gran.

Joventut i extrema dreta

El debat també ha abordat l’auge dels discursos d’extrema dreta entre una part de la joventut. En aquest sentit, Homar ha vinculat l’exhibició de símbols franquistes i l’auge dels missatges d’odi amb la polarització i la manca de reflexió alimentades pels algorismes de les xarxes socials. Elena Reinés, per la seva banda, ha rebutjat que es responsabilitzi únicament els joves i ha assenyalat el deute pendent amb la memòria històrica, també dins el sistema educatiu. “Jo no vaig estudiar res del franquisme a l’escola”, ha recordat, abans d’atribuir als adults la responsabilitat pels silencis sobre la dictadura.

Reinés també ha relacionat l’apropament d’alguns joves a la dreta amb la precarització laboral i les dificultats per accedir a un habitatge. En aquest sentit, ha advertit que molts s’han incorporat al mercat laboral amb salaris insuficients per fer front als lloguers i ha reivindicat la necessitat d’anar més enllà de les etiquetes ideològiques per entendre la seva situació. També ha retret a l’esquerra que durant anys hagi desatès les xarxes socials, malgrat el seu paper central com a canal d’informació per a les noves generacions, mentre els discursos d’ultradreta han guanyat presència a través de creadors de contingut i altres referents digitals.

Al Hasani ha coincidit que el fenomen no es pot atribuir exclusivament als joves. Ha assenyalat la influència de les grans plataformes tecnològiques, la circulació de desinformació i la dificultat per contrarestar missatges simplificats que apel·len a les emocions. També ha qüestionat que els partits tradicionals, tant liberals com socialdemòcrates, no hagin sabut adaptar-se als nous canals de comunicació ni hagin donat prou prioritat a les polítiques adreçades a la joventut. El repte, ha conclòs, no és tant identificar el problema com trobar respostes eficaces per defensar els valors democràtics.

Un cop acabada la taula rodona, el divulgador científic Albert Xamena, conegut a les xarxes socials com a Entre Fones i Neurones, ha fet de mestre de cerimònies d’un trivial sobre la Constitució, que ha comptat amb un premi sorpresa. A continuació, ha començat la segona taula de la jornada, “Col·lectius en perill: una lluita constant”, conduïda pel periodista i col·laborador d’elDiario.es Pablo Sierra del Sol.

Durante las últimas semanas, los encuentros del Sindicato de Inquilinas de Madrid con la prensa se han producido en ambientes de convulsión, tensión e incluso dramatismo. El desahucio de Maricarmen, las protestas que le siguieron, el inicio de la acampada en Sol, la aprobación y caída de los decretos de vivienda. Las portavoces de la organización atendían a los numerosos medios que se agolpaban a su alrededor con declaraciones potentes, pero sin tiempo para la reflexión ante la voraz actualidad.

Aunque las tiendas siguen en Sol y la crisis habitacional continúa ahogando a millones de familias, el Sindicato ha celebrado este jueves en el Ateneo La Maliciosa una jornada en la que trasladar a la opinión pública de forma más pausada sus estrategias, sus objetivos y los medios para materializarlos. Todo ello con un horizonte claro: la huelga general convocada el miércoles 11 de noviembre.

“Ahora mismo el Sindicato está poniendo todas sus fuerzas en organizar la huelga con los comités unitarios, además de retomar el sindicalismo inquilino y las asambleas abiertas en los barrios. Apoyamos la acampada y a los militantes participan, aunque no tengamos un puesto permanente ya, pero la prioridad es construir la huelga porque creemos que es la herramienta ideal”, ha comenzado explicando Alicia del Río, portavoz. Han acudido además Elisa Molina, de la Comisión de Organización; Álvaro Piélago, responsable de prensa y Lucas Vázquez, coordinador de comunicación del Comité de Huelga de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (la cual ha pasado en pocos meses de integrar solo Madrid y Catalunya a sumar una quincena de territorios).

Del “impacto” de los sindicatos mayoritarios a la “alianza natural” con otras organizaciones

Del Río ha querido atajar “la desinformación y los bulos contra la huelga”, de la cual “todos los actores se la van a intentar apropiar, más en medio de unas elecciones”. Pese a destacar el crecimiento de su organización y toda la Condeferación en el país, recalca que “vivienda y salario dos caras de la misma moneda, así que para lograr el impacto deseado necesitábamos a los sindicatos, también los mayoritarios”. No obstante, admite que sus “alianzas naturales” son organizaciones “más combativas”, como CNT, CGT o entidades ecologistas y antirracistas. El fin último es que la huelga sirva de “golpe de toda la sociedad contra un sistema rentista que nos destroza la vida en comunidad, también a los propietarios que ven cómo su edificio se llena de pisos turísticos o los amigos de sus hijos se tienen que ir del cole”. De hecho, Elisa Molina apunta que “la huelga general y la educativa, con sus particularidades, deben entenderse como una”.

Preguntada por dónde quedó la propuesta de impulsar una gran huelga de alquileres, muy pregonada en las movilizaciones pro la vivienda de 2024, la portavoz no la rechaza de plano más adelante: “No nos despedimos del objetivo, pero entendemos que la problemática no está despegada de lo laboral y de ahí que la huelga general sea la herramienta más efectiva. Dejar de pagar el alquiler es una herramienta histórica olvidada que pusimos sobre la mesa para que las inquilinas sepan que pueden dar la vuelta a la tortilla. De momento lo hemos probado parcialmente y contra rentistas concretos, como el fondo Nestar”.

“Que las casas pasen de ser un bien de mercado a un derecho no lo podríamos conseguir solos, necesitamos un proyecto que unifique luchas. Reforzar alianzas con el sindicalismo laboral u organizaciones de barrio sirve para lograr más poder. Si conseguimos victorias sin un frente realmente fuerte, desplazaríamos los costes del capitalismo a otro sector. Hay que recuperar herramientas históricas de la clase trabajadora que nos unen”, defiende Alicia del Río. El propósito es también “extender el sindicalismo de base a sectores que no estaban tan organizados, como la juventud o la población migrante, para forjar un ciclo de poder popular ante el descrédito de las instituciones”.

Reforzar alianzas con el sindicalismo laboral u organizaciones de barrio sirve para lograr más poder. Si conseguimos victorias sin un frente realmente fuerte, desplazaríamos los costes del capitalismo a otro sector

Alicia del Río — Portavoz del Sindicato de Inquilinas

Desde el Sindicato insisten en que se trata de “una huelga contra el sistema rentista y contra los gobiernos que lo sustentan, las instancias a su servicio tanto por obra como por omisión”. Al ser preguntada sobre la apropiación de sus reclamaciones por parte de los partidos de izquierda en un contexto electoral, la activista reconoce que eso está ocurriendo, al tiempo que opta por focalizar sus esfuerzos en otras luchas más que en desacreditar la apropiación de su lucha: “Intentamos no perder el tiempo y medir qué medios tenemos para que nuestro mensaje cale”. “En función de si una comunicación o un mensaje en redes se sale de un marco u otro se nos respalda o se nos acusa. Para nosotros lo importante es poner las reclamaciones de vivienda en el centro”, destaca Álvaro Piélago.

Sobre el papel de CCOO y UGT, Elisa Molina indica que hay “sectores que dependen mucho de ellos para un respaldo masivo”, por lo que esperan que sigan volcados con la movilización. Avanza que en la mesa sindical están presentes representantes de EMT, Metro o la educación, donde esperan seguimientos masivos al margen de los servicios mínimos. “Esta huelga es unitaria y de carácter popular, no le pertenece a ninguna organización. Los sindicatos somos una herramienta de servicio”, setencia.

Ambición de “generar una conversación pública” alrededor de la huelga

Una vía hacia el paro que se articula con mecanismos con una web recién creada o una apliación donde pueden consultarse, entre otros datos, los comités de huelga desplegados por todo el país. “Es una herramienta importante para animar a participar en la huelga a personas que quieren y no saben cómo, de conectar a gente separada”, subraya Molina.

El primer portal recoge además referentes históricos de otras huelgas, un seguimiento interactivo de piquetes o actos de divulgación e incluso argumentarios sectoriales para convencer a personas pertenecientes a diversos colectivos (desde pensionistas hasta estudiantes) sobre por qué deben sumarse a los paros y las manifestaciones. Piélago espera que la huega del 11N “genere una conversación pública, aunque sea desde la discrepancia, como pasó después del desahucio de Maricarmen”.

Sobre lo que vendrá más allá de la huelga, además de un gran acto que preparan en Vistalegre el día 15 de noviembre o de la variable electoral dos semanas después, Alicia del Río alerta de una amenaza externa y una interna. El primero tiene que ver con la ola reaccionaria: “Un Gobierno con fascistas implica estar más a la defensiva, pero nuestra tarea es animar a luchar, difundir el mensaje de que votar es importante pero no es suficiente”. El segundo, con el temor de repetir los errores de organizaciones que encauzaron la indignación en etapas anteriores: “El mayor riesgo es correr tanto que perdamos la distancia con la base, convertirnos en una cúpula de listos”. Así avanzan en su objetivo de parar el país: desde una rabia modesta.

UGT y CCOO en Canarias llaman a los trabajadores de las islas a secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre para reclamar una vivienda asequible, mejores salarios y más derechos laborales.

Según han explicado ambos sindicatos, se trata de una acción que llega como medida de presión social “justa y necesaria” ante una situación que dificulta cada vez más el acceso a la vivienda digna, reduce el poder adquisitivo de las familias y frena los derechos laborales y sociales.

Al respecto, el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, ha defendido que estas reivindicaciones deben ocupar un lugar central en el debate público y en la agenda de las administraciones.

También ha señalado que el acceso a una vivienda digna es una cuestión que condiciona la vida de las personas trabajadoras y requiere medidas concretas.

Entre las actuaciones urgentes, UGT y CCOO coinciden en la necesidad de controlar los precios del alquiler, proteger a las personas afectadas por desahucios y frenar la concentración de viviendas en manos de fondos de inversión.

Mientras, a medio y largo plazo, plantean impulsar políticas estructurales para construir vivienda protegida de forma permanente, especialmente destinada al alquiler asequible.

Por otro lado, en materia salarial, las organizaciones sindicales han reclamado un incremento del 7% del Salario Mínimo Interprofesional para el próximo año, con el fin de recuperar el poder adquisitivo perdido por la subida del IPC.

Además, también apuntan a la necesidad de reducir el tiempo de trabajo, en beneficio de la conciliación familiar, la mejora de la salud y la seguridad laboral.

Los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios de país, CCOO (Unai Sordo) y UGT (Pepe Álvarez), han emplazado a los partidos, y en especial a la derecha de PP y VOX, a hablar con “valentía” y transparencia de sus propuestas de cara a las elecciones generales. “Sin ocultar” sus verdaderos planes sobre pensiones a la ciudadanía, ha exigido Sordo, como un recorte en las pensiones o la propuesta de sistemas mixtos de capitalización, que supondría “pensiones públicas de pobreza”, ha advertido el sindicalista.

Los dos líderes sindicales han sido entrevistados este jueves en Los Desayunos de TVE y la agencia EFE, a propósito de la próxima huelga general por la vivienda del 11 de noviembre, que han emplazado a secundar a todos los trabajadores y trabajadoras, así como a participar masivamente en las manifestaciones que se convocarán por la tarde en todo el país para reclamar un cambio en las políticas de vivienda.

También, para exigir a la patronal salarios dignos, en una movilización que también señala a los empresarios, han destacado Sordo y Álvarez. Los líderes sindicales han exigido a CEOE que se siente a negociar el gran acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), con el que reclaman dar un empujón a los salarios de entre el 4% y el 7% anual los próximos tres años. Además, piden al Gobierno un alza del salario mínimo del 7% este año y que saque adelante sus compromisos de endurecer el registro horario y acabar con la absorción de pluses en la subida del SMI.

En el contexto previo a las elecciones del 29 de noviembre, los líderes de CCOO y UGT han desmarcado el paro general de la convocatoria de los comicios por el presidente Pedro Sánchez y lo han situado como una respuesta a la movilización masiva de la ciudadanía tras el desahucio de Maricarmen Abascal.

“Nos arrastra la sociedad”, ha respondido Pepe Álvarez, que al igual que Sordo ha explicado que los sindicatos han leído la necesidad de ser parte de esta gran movilización ciudadana por uno de los principales problemas del país, el acceso a la vivienda, que también llevan años denunciando.

El debate de las pensiones, en primera línea

Sin embargo, los líderes sindicales también han defendido la necesidad de debatir y exigir respuestas a los partidos de la derecha, PP y Vox, ante sus recientes críticas al sistema público de pensiones, que han dado por “quebrado” o en camino del colapso, con las declaraciones de “va a petar”, de Ester Muñoz (PP).

“¿Cómo no vamos a querer que influyan (las pensiones) en el debate de la campaña? Es que a mí me parece absurdo que alguien se plantee que en este país no hay que hablar de pensiones en campaña. ¿Por qué? Porque en realidad se quiere hacer lo que no quieren los ciudadanos y las ciudadanas”, ha sostenido Pepe Álvarez.

“Qué culpa tengo yo de que el Partido Popular se dedique a cuestionar el sistema público de pensiones o las condiciones de las bajas por contingencia común de las personas, diciendo que hay muchos jetas”, ha respondido también Unai Sordo sobre quienes acusan a los sindicatos de atacar a la oposición política más que al Gobierno.

Ambos dirigentes han advertido de que estas proclamas cuestionan el sistema público de pensiones y su sostenibilidad con el objetivo de recortarlo y de dar paso a sistemas mixtos, abriendo las puertas a la privatización. “Son intereses, en la mayoría de los casos, que obedecen a que hay un sector en nuestro país, que es el sector financiero, que no se resigna a que el pastel de las pensiones sea público y quiere su parte”, ha criticado el líder de UGT.

El secretario general de CCOO ha llamado por su parte a la derecha a “no ocultar” y “explicar” a la sociedad qué supondrían sistemas mixtos de pensiones, con una parte de capitalización individual, como los que está proponiendo abiertamente Vox.

“¿En qué va a consistir un sistema mixto? En una reducción de 30 puntos de la protección de las pensiones públicas y en abrir un espacio a la capitalización para que el que pueda meter dinero en sistemas privados lo meta, y el que no pueda va a tener pensiones de pobreza”, ha alertado Unai Sordo.

Alerta sobre el “peligro” de la ultraderecha

A propósito de la visita de Milei a España, próximo tanto al Vox de Santiago Abascal como al PP de Ayuso, por ejemplo, los dos líderes sindicales han advertido del peligro de la extrema derecha y el aumento de poder de esta, de cara a las próximas elecciones generales. Tanto en las pensiones públicas como en otros muchos derechos laborales en España, con propuestas como “el despido libre”, ha advertido Pepe Álvarez.

“Milei es un engendro que sitúa el alma de las nuevas extremas derechas, que están amenazando al mundo, que pueden fragmentar Europa, que nos pueden llevar a la guerra en un plazo relativamente corto de tiempo y que van a destruir, si alcanzan el poder, los marcos constituyentes alcanzados en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y en España 30 años después”, ha advertido Unai Sordo.

Tanto Álvarez como Sordo han situado el auge de la ultraderecha como “muy peligroso” y una amenaza para la democracia, así como han señalado el auge de grupos violentos, como el que intentó entrar en la acampada de Sol el pasado 12 de octubre.

“Y a mí me gustaría que la policía tuviera un poco de equidad a la hora de tratar el tema de las manifestaciones. Porque los vemos que se emplean muy a fondo con los profesores de Madrid y no los veo emplearse nada a fondo, aguantando aquellos energúmenos que no tenían permiso para manifestarse y que iban a molestar a personas que pacíficamente se estaban manifestando”, ha sostenido Pepe Álvarez.

Representantes del ámbito universitario, sindical, empresarial y de la creación de contenidos han reflexionado sobre los riesgos que afrontan la democracia, los derechos y las libertades en el encuentro 'Democracia, derechos y libertades en peligro', organizado por elDiario.es en el Café a Tres Bandas de Palma. La crisis de la vivienda, la precarización laboral y la capacidad de la ciudadanía para frenar los retrocesos democráticos ha centrado la primera mesa redonda del encuentro, en el que los intervinientes han denunciado que se haya normalizado “trabajar y no poder vivir”, han reclamado sacar la vivienda de la especulación y han explicado cómo las reivindicaciones sociales pueden convertirse en leyes y qué mayorías parlamentarias permiten modificarlas.

Antes de dar paso a las mesas redondas, la directora de elDiario.es en Balears, Angy Galvín, ha reivindicado la libertad de expresión como uno de los pilares de la democracia y ha recordado que derechos hoy cotidianos, como casarse, divorciarse o acceder a los servicios públicos, son conquistas históricas que no siempre han existido, advirtiendo con ello de que no son irreversibles y no deben darse por garantizados.

“Tenemos derechos, tenemos libertades, podemos casarnos, divorciarnos, ir a una escuela pública, utilizar los servicios públicos y parece que, como forman parte de nuestra vida cotidiana, no les damos el valor suficiente. Como la ley de la gravedad, parece que siempre han estado ahí, pero en el momento en que vivimos en la actualidad tenemos que darles más relevancia que nunca, porque también podemos perderlos”, ha señalado durante la apertura del encuentro.

En su intervención, Galvín ha subrayado que la democracia no se limita a votar cada cuatro años, sino que implica también defender los derechos, ejercer las libertades y asumir responsabilidades colectivas. En este sentido, ha puesto en valor el papel de las movilizaciones sociales y sindicales para impulsar cambios políticos y legislativos, y ha aludido a las protestas surgidas tras el fallecimiento y el desahucio de Maricarmen como ejemplo de la capacidad de la ciudadanía para influir en las instituciones. “Esto nos enseña, al fin y al cabo, que la calle también puede legislar”, ha afirmado, incidiendo en que los avances democráticos no proceden únicamente de las instituciones, sino también de la presión ejercida desde la sociedad.

Tras la inauguración de la jornada, la periodista ha moderado la primera mesa redonda, 'España, país de libertades y derechos conquistados', en la que estuvieron presentes Amir Al Hasani Maturano, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Elena Reinés, periodista, cocreadora de Woke Up News y creadora de contenido, y Pedro Homar, secretario general de UGT en Balears.

El poder de la protesta social

La acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid ha centrado buena parte de la mesa. Al respecto, Reinés ha relatado su propia experiencia en la movilización, en la que destacó la presencia de jóvenes y personas de distintas sensibilidades políticas, y ha defendido que la protesta responde a un malestar social acumulado ante la dificultad de acceder a una vivienda digna. “No es normal que hayamos normalizado trabajar y no poder vivir”, ha manifestado. Reinés ha criticado que se haya asumido como habitual que el alquiler absorba la mitad del sueldo o que las personas tengan que compartir piso por motivos económicos incluso a edades en las que esperaban poder vivir de forma independiente.

La comunicadora ha señalado que la acampada también cuestiona la idea de que la juventud esté desmovilizada y ha destacado su capacidad de organización. A diferencia del 15M, que surgió de forma espontánea, ha explicado que la protesta actual cuenta con personas vinculadas a sindicatos, partidos y organizaciones juveniles. La periodista ha descrito una acampada autogestionada, con comisiones, actividades culturales y una red de solidaridad que proporciona alimentos, medicamentos y material.

También ha denunciado la respuesta policial a las movilizaciones y ha defendido que los participantes han tratado de mantener una actitud pacífica ante las provocaciones. “Una democracia también se mide en cómo viven las personas”, ha resumido al cuestionar la fortaleza de un sistema que, a su juicio, debe evaluarse también por su respuesta a la protesta social.

El papel histórico de los sindicatos

Por su parte, Homar ha reivindicado el papel histórico de los sindicatos en la conquista de derechos laborales y en la negociación colectiva. Al respecto, ha explicado que la organización de los trabajadores permite defender intereses comunes frente a las empresas y ha recordado que la huelga forma parte de las herramientas legítimas de presión cuando no se alcanza un acuerdo. Como ejemplo, ha aludido a las negociaciones del convenio de hostelería en Balears y a la capacidad de las advertencias de huelga para favorecer mejoras laborales. Homar ha insistido en que la acción sindical no debe limitarse a las condiciones de trabajo, sino que tiene que afrontar también los problemas sociales que afectan a la vida cotidiana de los trabajadores.

El responsable de UGT ha situado el acceso a la vivienda entre las principales emergencias sociales y ha defendido que los salarios y los convenios no bastan para garantizar una vida digna cuando el coste de la vivienda se dispara. En esta línea, ha descrito una situación en la que trabajadores de la hostelería se ven obligados a compartir piso e incluso habitación y ha reclamado que la vivienda deje de tratarse como un bien de consumo sometido a la especulación.

En relación con la huelga general convocada para el 11 de noviembre, el sindicalista la ha presentado como una protesta contra una situación que considera insostenible para las economías familiares. “Hay que sacarla de los fondos de inversión, de la concepción de bien de consumo”, ha defendido al reclamar una intervención del mercado que permita recuperar el acceso a la vivienda.

El recorrido parlamentario de los derechos

La mesa también ha abordado cómo las reivindicaciones sociales pueden transformarse en normas jurídicas. A preguntas de Galvín, el profesor Amir Al Hasani Maturano ha explicado que los derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, aunque su desarrollo concreto puede requerir leyes específicas. En el caso de las leyes orgánicas, utilizadas para regular materias vinculadas a derechos fundamentales -como el aborto, la eutanasia y el divorcio-, necesitan mayoría absoluta en el Congreso. Al Hasani ha advertido de que el reconocimiento de un derecho no garantiza por sí solo que las demandas sociales se materialicen en políticas públicas y ha apuntado que las reclamaciones ciudadanas y los compromisos incluidos en los programas políticos son algunos de los motores que pueden impulsar cambios legislativos.

Como ha apuntado durante su intervención, convertir una reivindicación en ley es un proceso largo que puede prolongarse entre siete y nueve meses de media e incluso alcanzar el año. La tramitación comienza habitualmente con el estudio del texto en comisión, donde se presentan y debaten enmiendas, antes de pasar al pleno del Congreso. Después, la iniciativa llega al Senado, que puede introducir modificaciones o vetarla, lo que obliga a devolverla al Congreso para resolver las discrepancias. Una vez completado el procedimiento, la norma se sanciona y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Respecto a la vivienda, Al Hasani ha advertido de que ésta ocupa una posición secundaria en la Constitución española, que no la reconoce como un derecho fundamental, sino como un principio rector de la política social y económica. El profesor de Derecho Constitucional ha explicado que esta formulación limita las posibilidades de exigir su cumplimiento ante los tribunales y deja en manos de los poderes públicos la obligación de promover políticas para facilitar el acceso a una vivienda digna. A su juicio, habría sido deseable otorgarle una mayor protección constitucional.

Juventud y extrema derecha

El debate también ha abordado el avance de los discursos de extrema derecha entre parte de la juventud. En este sentido, Homar ha vinculado la exhibición de símbolos franquistas y el auge de mensajes de odio con la polarización y la falta de reflexión alimentadas por los algoritmos de las redes sociales. Elena Reinés, por su parte, ha rechazado que se responsabilice únicamente a los jóvenes y ha señalado la deuda pendiente con la memoria histórica, también en el sistema educativo. “Yo no di nada del franquismo en el colegio”, ha recordado antes de atribuir a los adultos la responsabilidad por los silencios sobre la dictadura.

Reinés ha relacionado además el acercamiento de algunos jóvenes a la derecha con la precarización laboral y las dificultades para acceder a una vivienda. Ha advertido, en este sentido, de que muchos se han incorporado al mercado de trabajo con salarios insuficientes para afrontar los alquileres y ha reivindicado la necesidad de mirar más allá de las etiquetas ideológicas para entender su situación. También ha recriminado que la izquierda haya desatendido durante años las redes sociales pese a su papel central como canal de información para las nuevas generaciones, mientras los discursos de ultraderecha han ganado presencia a través de creadores de contenido y otros referentes digitales.

Al Hasani ha coincidido en que el fenómeno no puede atribuirse exclusivamente a los jóvenes. Ha señalado la influencia de las grandes plataformas tecnológicas, la circulación de desinformación y la dificultad para contrarrestar mensajes simplificados que apelan a las emociones. También ha cuestionado que los partidos tradicionales, tanto liberales como socialdemócratas, no hayan sabido adaptarse a los nuevos canales de comunicación ni hayan dado suficiente prioridad a las políticas dirigidas a la juventud. El reto, ha concluido, no está tanto en identificar el problema como en encontrar respuestas eficaces para defender los valores democráticos.

Tras finalizar la mesa redonda, el divulgador científico Albert Xamena, conocido en redes sociales como Entre Fones i Neurones, ha ejercido de maestro de ceremonias de un trivial sobre la Constitución que contó con un premio sorpresa y, a continuación, ha dado inicio la segunda mesa de la jornada, 'Colectivos en peligro: una lucha constante', conducida por el periodista y colaborador de elDiario.es Pablo Sierra del Sol.

El Gobierno ha confirmado a los sindicatos que aprobará la subida salarial comprometida para los empleados públicos, del 4,5% para 2027, explican en CCOO, UGT y CSIF tras una reunión mantenida esta tarde con el Ministerio de Función Pública. Fuentes del departamento de Óscar López recuerdan que el incremento salarial “ya estaba acordado” y que el ministro había afirmado que el Gobierno cumpliría con el pacto.

Las centrales sindicales sostienen que el Ejecutivo no se ha comprometido con una fecha concreta sobre su aprobación. Es decir, sobre si será antes de las elecciones del 29 de noviembre o después de estas, estando ya en funciones, pero indican que el Ministerio de Óscar López les ha garantizado que esta medida saldrá adelante.

A comienzos de mes, López afirmó en un acto que “este Gobierno ha cumplido y va a cumplir con sus compromisos”. “Hicimos un acuerdo con las principales centrales sindicales de este país para mejorar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Estamos hablando de 3,5 millones de personas y cumpliremos con ello. Ya daremos más detalle concreto de fechas y procedimientos, pero cumpliremos con ese compromiso”, apuntó.

Los sindicatos piden su aprobación antes de las elecciones

Los tres sindicatos explican que han pedido a Función Pública que el Gobierno apruebe el aumento salarial de los trabajadores públicos antes de entrar en funciones. Es decir, antes de los comicios generales del 29N.

Los representantes del personal público argumentan que, dado que la subida salarial ya está pactada, la aprobación daría más seguridad a los trabajadores, sostienen en CCOO y UGT. Mientras, en CSIF también se decantan por esta opción “para evitar retrasos”, sostienen.

Además, CCOO, UGT y CSIF exigen al Ejecutivo que apruebe otros compromisos del Acuerdo Marco de 2025 que están pendientes. Entre ellas, “avanzar en la eliminación y/o modificación del actual modelo de tasa de reposición, la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio, la mejora de las condiciones del personal destinado en el Servicio Exterior y la modificación de la normativa reguladora del Observatorio del Empleo Público”, cita CCOO.

No hay que obviar que el compromiso de aumento salarial se ha adquirido con el actual Gobierno de coalición y que, aunque está suscrito con los tres principales sindicatos del personal público del país, hay quien teme que un eventual cambio de signo en La Moncloa pudiera dar al traste con el pacto.

En las reuniones mantenidas esta tarde, también se ha abordado la negociación que mantiene el Gobierno con las Comunidades Autónomas para reducir la excesiva temporalidad de las administraciones públicas, concentrada sobre todo en las administraciones locales y regionales. El Ejecutivo estudia varios cambios legales ante el procedimiento sancionador abierto por Bruselas a España, que puede acarrear una multa para el país.

Una subida salarial pactada el año pasado

Este aumento salarial, del 4,5% para 2027, se pactó en noviembre del año pasado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, con un acuerdo para varios años, desde 2025 a 2028, con más materias además del incremento de las remuneraciones.

Dado que en los últimos años los Presupuestos Generales del Estado están siendo prorrogados, el aumento salarial de los empleados públicos requiere una norma legal. El año pasado se aprobó vía real decreto-ley el 2 de diciembre y fue respaldada por la mayoría del Congreso de los Diputados unos días después, con el respaldo del PP.

Además, los sindicatos recuerdan que hay otro compromiso de aumento salarial para los empleados públicos que el próximo Gobierno tendrá que autorizar: un 0,5% de subida adicional para 2026 debido a la inflación de este ejercicio. En este caso, los sindicatos explican que es un incremento ya aprobado, en el real decreto-ley de la subida de 2025 y 2026 del pasado diciembre.

Este recogió que “con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025” si la variación del IPC en el año 2026 “es igual o superior al 1,5%, que se abonará en el primer trimestre de 2027”.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por UGT Andalucía por la condena que le obligaba al reintegro de 18.319.183,71 euros a la Junta de Andalucía en relación con presuntas irregularidades en subvenciones para la formación de desempleados. La condena de esta forma se convierte en firme y el sindicato deberá abonar esta cantidad.

Según consta en la sentencia, fechada el pasado 5 de octubre y consultada por Europa Press, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma lo ya estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al considerar acertada su conclusión de que “todo empresario privado es libre para mejorar el salario correspondiente según el convenio colectivo aplicable, pero habrá de hacerlo con cargo a sus fondos privados, y no los fondos públicos que representan una subvención”.

Los magistrados destacan que el TSJA tiene razón al respaldar “que el plus de retribución abonado voluntariamente por la empresa, por encima de lo previsto en el convenio, no puede tener la consideración de gasto que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada ni es un gasto que resulte estrictamente necesario para la realización de la actividad subvencionada”.

Controversia

El Supremo subraya sobre la sentencia de instancia que “únicamente son subvencionables, al amaro de la Ley General de Subvenciones (LGS), los gastos que indubitadamente respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada”. “La causa de este precepto no es otra que la de evitar que, por ejemplo, en materia de nóminas, la entidad subvencionada pueda decidir discrecionalmente el salario que abona a los empleados contratados con los fondos subvencionales, que recordemos son fondos públicos que corresponden a una determinada finalidad”, ahonda el escrito.

Además, incide en que “el abono de las nóminas a los empleados contratados para la ejecución de la actividad subvencionada debe ir de la mano del cumplimiento de la normativa laboral y convencional, respetándose en todo caso las tablas salariales”, que actúan “como mínimos”, sin que “la percepción subvencional pueda ser instrumento para mejorar las condiciones de los empleados en virtud del pacto individual con ellos”.

Según el tribunal, no es una controversia que deba centrarse tanto en lo que se considera salario a efectos del Estatuto de los Trabajadores, sino en la “incorrección de que la entidad beneficiaria de la subvención abone mejoras pactadas individualmente con los trabajadores con cargo a la propia subvención”.

Todo ello, recordando que el origen de esta controversia se encuentra en un procedimiento de devolución de la subvención en el que la Administración andaluza consideró “parcialmente no elegibles determinadas cantidades abonadas a trabajadores que participaron en actividades formativas subvencionadas”.

Respetar las tablas salariales

“Aunque se reconoció que dichos trabajadores desarrollaron efectivamente funciones vinculadas a la actividad financiada, se entendió que parte del salario que excedía de los mínimos legales no podía considerarse subvencionable por no ser estrictamente necesaria”.

La Sala, finalmente, ha aseverado al respecto que comparte el criterio del TSJA, que expresa que el debate se centra en “si esa cantidad adicional ha de costearse con fondos de la propia empresa o puede ser atenida con cargos a los fondos públicos”, frente a lo que argumenta que “el abono de las nóminas a los empleados contratados para la ejecución de la actividad subvencionada debe ir de la mano del cumplimiento de la normativa laboral y convencional, respetándose en todo caso las tablas salariales”.

La huelga general convocada en todo el país por la crisis de la vivienda sigue generando suspicacias y el rechazo por parte de las asociaciones empresariales. Si hace unas semanas eran los empresarios de Guadalajara quienes consideraban “inadmisible” que las empresas sufrieran el coste de este paro, ahora ha sido el presidente de la patronal regional, Ángel Nicolás, quien ha calificado la huelga del 11 de noviembre como “política” y ha asegurado que el trabajador no sabe “por qué se tiene que movilizar”, hablando de una convocatoria que causa “sonrojo y carcajada”.

Nicolás, que en los últimos años se ha acostumbrado a protagonizar titulares por sus polémicas declaraciones -uno de los ejemplos más recientes fue cuando llamó “memos” a los jóvenes que piden bajas laborales por problemas de salud mental-, ha insistido en una reciente rueda de prensa que el paro general promovido por el Sindicato de Inquilinas y apoyado por sindicatos como CCOO y UGT, y asociaciones como Amnistía Internacional, es una “huelga política contra la oposición”.

El problema no es subir los salarios, y culpa a Sánchez

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) también ha tenido palabras sobre el caso que inició toda la movilización social en España por la vivienda: el desahucio de Maricarmen. Es la “primera vez que en el Boletín Oficial del Estado se publica un decreto se dirige a una persona. Eso es un auténtico disparate”.

Los sindicatos también han sido señalados por Nicolás. Les acusa de estar “ocho años en sus casas” y critica que ahora “salgan a decir que la culpa es del empresario”, un argumento que rechaza. Niega que la culpa la tengan los empresarios porque no suben los salarios y por ello es que “la gente no puede comprar viviendas”.

“El problema no es que no hayan perdido poder adquisitivo --los trabajadores--, porque los convenios se han ido renovando y se han ido firmando”. Según su punto de vista, el problema no está en que los salarios sean bajos o no, sino en que el Gobierno tiene un “excesivo afán recaudatorio” y hace pagar a los trabajadores un “40 por ciento en impuestos y cotizaciones”, a quien ha tildado de ser “el verdadero causante del problema”.

Respecto a lo que espera de la huelga, lo desconoce, porque “los propios trabajadores no están entendiendo muy bien por qué se tienen que movilizar” y los convocantes se pueden encontrar “colgando de la brocha”.

“Cuando llegue el día de la huelga ya veremos si la huelga está secundada por un 80% de los trabajadores o por un 10% porque los trabajadores no entienden por qué se les llama”, ha afirmado.

CCOO: “Hay argumentos laborales de sobra”

Estas declaraciones de Nicolás han sido respondidas por el secretario regional de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, que ha defendido este martes que la huelga general del próximo 11 de noviembre es “absolutamente legal” y tiene “argumentos laborales de sobra”, al tiempo que ha insistido en que la vivienda, los salarios y el encarecimiento de los precios son motivos suficientes para convocar una movilización de estas características.

Ortega ha explicado que, a diferencia de anteriores huelgas generales, convocadas para rechazar recortes de derechos, esta tiene un carácter “ofensivo” ante el deterioro de las condiciones de vida.

“La vivienda no se puede separar del trabajo”, ha defendido, recordando que el acceso a un hogar está directamente relacionado con los salarios, la temporalidad y la precariedad laboral.

Por ello, ha pedido a la patronal que “no tengan ninguna duda” de que existen motivos laborales suficientes para secundar una movilización que considera uno de los ejercicios democráticos más importantes para los trabajadores.

Ortega también ha respondido a Nicolás después de que este rechazara que se responsabilice sistemáticamente a los empresarios de los accidentes laborales.

El dirigente sindical ha recordado que la legislación atribuye a las empresas la responsabilidad en materia preventiva, aunque corresponde a los tribunales determinar las posibles culpabilidades.

“Lo que no puede ser tan barato como es en Castilla-La Mancha es incumplir la ley de manera reiterada, poniendo en peligro la vida de las personas trabajadoras”, ha denunciado.

Ortega ha insistido en que “los muertos siempre están del mismo lado” y que siempre les “toca ser a las personas trabajadoras”.

La huelga general por la crisis de la vivienda tendrá, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, está promovido por el Sindicato de Inquilinas y en Castilla-La Mancha ha sido apoyado por la Plataforma por el Derecho a la Vivienda regional, que ha llamado a todas las organizaciones, colectivos y personas de la región a sumarse a la huelga y a las movilizaciones que se convoquen en Castilla-La Mancha en torno a esta jornada.

Detrás de la plataforma están 14 organizaciones provinciales o autonómicas de la región. Muchas de ellas están relacionadas directamente con la vivienda (el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara, la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, la Asamblea de Vivienda Talavera o las plataformas de Afectados por la Hipoteca de Tomelloso y de Toledo), pero también por ONG como Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, Proyecto Kieu o Colectivo Sin Fronteras de Albacete; entidades feministas como la Plataforma 8M Toledo o Feministas de Pueblo CLM; así como otros colectivos u organismos como CCOO Castilla-La Mancha, la Asociación Socioeducativa e Intercultural ASIEM , la Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS-CLM) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo.

Siniestralidad laboral: “Nos va la vida en ello”

CCOO también se ha pronunciado este martes en Ciudad Real el secretario general estatal de CCOO del Hábitat , Daniel Barragán, quien también ha defendido que existen motivos suficientes para convocar la huelga general ante los bajos salarios, la precariedad y la elevada siniestralidad en sectores como la construcción y la ayuda a domicilio.

Unas declaraciones que cobran importancia después de un lunes negro en el que dos trabajadores han fallecido en sus puestos de trabajo en sendos accidentes laborales.

“Nos sobran los motivos, nos va la vida en ello”, ha advertido Barragán, quien ha reclamado un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral y la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la jubilación en las profesiones más peligrosas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la “alarmante falta de compromiso, previsión y empatía que la Administración está demostrando hacia los opositores y aspirantes del sector público, al paralizar la publicación y actualización de las listas de empleo temporal”. Una paralización que está afectando “al correcto funcionamiento del servicio público, sobre todo entre los Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico y el Grupo Técnico de la Función Administrativa”. Y además, alertan de que esta inacción supone “una vulneración directa del marco y de los compromisos adquiridos por la Adminitración en las distintas convocatorias”.

En concreto, aseguran que no se está cumpliendo la Base Decimosexta de las Bases Generales publicadas el 30 de abril de 2025, la cual regula de forma explícita el procedimiento y los plazos para la constitución y publicación de dichas listas. Tampoco se está cumpliendo el Artículo 2 (Constitución de las listas de empleo temporal) de la Resolución de 20 de diciembre de 2021, precepto que dicta las pautas para garantizar una contratación temporal transparente, ágil y baremada. “Es inadmisible que el esfuerzo de los aspirantes quede congelado por la desidia burocrática e ineficiencia organizativa que realizan los responsables políticos del SERIS. Esta falta de actualización no solo perjudica el futuro laboral de los opositores, sino que mella la calidad de la atención al ciudadano al dejar descubiertas plazas temporales de carácter urgente”.

Ya hay convocatoria formal de la huelga general del próximo 11 de noviembre y también anuncio de los empresarios de que la impugnarán. El paro ha sido registrado ante las autoridades laborales por los sindicatos mayoritarios y varios minoritarios, unidos de mano del Sindicato de Inquilinas, que impulsó esta movilización. La convocatoria contempla los motivos del paro, entre los que destaca la vivienda digna y accesible, pero también varias razones exclusivamente laborales, como la insuficiencia de los salarios ante los precios disparados, la denuncia de horas extra ilegales y el acento en el contexto de márgenes empresariales en máximos, recoge el documento presentado por CCOO y UGT.

La huelga general, que alcanza a todos los trabajadores (públicos y privados), tendrá lugar durante la jornada del día 11 de noviembre de 2026, “comenzando a las 0.00 horas y terminando a las 24 horas del citado día 11”, con algunas excepciones para los trabajos a turnos, recoge el registro presentado por los sindicatos mayoritarios, al que ha accedido elDiario.es.

El paro también cuenta con el respaldo de varios sindicatos minoritarios (CGT, CNT, Intersindical, Cobas, entre otros), que han presentado sus propios registros ante las autoridades laborales, así como de sindicatos regionales con mucha implantación en sus territorios, como los vascos ELA y LAB y la gallega CIG.

Por su parte, en el plano social, el Sindicato de Inquilinas ha presentado también este lunes una página web, Huelgaporlavivienda.org, en la que recogen los motivos sociales para secundar el paro y acudir a las manifestaciones que se celebrarán el 11N. Desde el derecho a la vivienda a unos salarios y pensiones dignas, la reducción de la jornada laboral y el refuerzo de los servicios públicos.

Ante el cuestionamiento de la legalidad del paro por la patronal, que finalmente ha confirmado que lo impugnará por “electoral”, las centrales sindicales han trabajado en este documento con la previsión de que podía ser recurrido en los tribunales. Los sindicatos insisten en su seguridad y tranquilidad por la legalidad de la huelga, con motivos socioeconómicos, políticos y laborales, como muchos otros precedentes de paros respaldados por los tribunales.

A continuación, se resumen los principales motivos recogidos en la convocatoria formal de la huelga de los sindicatos mayoritarios. El documento recoge los “objetivos de la huelga general” en cinco hojas, en las que argumentan las razones que habilitan a las organizaciones de trabajadores a convocar este paro de 24 horas.

La vivienda, el objeto central para “parar el país”

Los sindicatos han comparecido este lunes ante el Ministerio de Trabajo de la mano del Sindicato de Inquilinas, que ha impulsado esta gran huelga general, con el objetivo central de “parar el país” por la crisis de vivienda que atraviesa España y que estalló socialmente en las calles con el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años y fallecida en el hospital tras la expulsión de su hogar.

Así, la vivienda ocupa el primer punto y papel central de las razones del paro registrado ante el Ministerio de Trabajo. “Hacer efectivo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada establecido en el artículo 47 de la CE” (Constitución Española), recoge el documento, así como “exigir que los poderes públicos, cada uno en el ámbito de sus competencias, cumplan con el mandato constitucional”.

Los sindicatos señalan que este derecho no es efectivo para amplios sectores de la población “debido a que las políticas desarrolladas durante las últimas décadas han sido muy débiles y regresivamente orientadas como para hacer efectivo este derecho”.

La convocatoria destaca que esta crisis de la vivienda, con precios disparados en compra y alquiler, “impacta de diferentes formas a las personas trabajadoras”, sobre todo a colectivos más vulnerables y jóvenes, con unos salarios insuficientes para poder pagarla. “La vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad de la sociedad española”, con una “transferencia de rentas del trabajo al capital inmobiliario” que anula buena parte de las mejoras salariales pactadas y agrava una desigualdad que los poderes públicos deben combatir.

El documento registrado menciona la mayor vulnerabilidad de las mujeres ante los desahucios y, con un gesto a la mujer que desencadenó esta movilización, añade que “tampoco hay que olvidar que un colectivo muy precarizado en términos de vivienda son las mujeres mayores que viven solas”.

Subir los salarios

La siguiente premisa central de la huelga general es reclamar a los empresarios una subida salarial digna en España, que permita recuperar poder adquisitivo a los trabajadores, perdido en los últimos años de elevada inflación.

“Los salarios en España están aumentando en términos nominales en estos últimos años, pero esa subida no está siendo suficiente para superar el aumento del coste de la vida y por tanto permitir que los hogares que dependen del salario como fuente principal de ingresos dispongan de una mejor situación económica”, recoge el documento.

La huelga persigue, por ello, la renovación del AENC —el gran pacto estatal de negociación colectiva entre empresarios y sindicatos—, caducado en 2025 y aún por negociar con la patronal, a la que las organizaciones de trabajadores exigen incrementos que garanticen el poder adquisitivo.

La propuesta sindical de CCOO y UGT plantea un mínimo del 4% anual en 2026-2028 y hasta el 7% en los sectores de salarios inferiores a la media, con además una cláusula de revisión según la inflación. Además, se reclama la incorporación a los convenios de “medidas de acceso a la vivienda en los territorios y sectores más afectados”.

Horas extras ilegales: “Trabajadas y no pagadas”

Las organizaciones de trabajadores incluyen en los motivos del paro del 11N las “horas extras trabajadas, pero no pagadas por los empleadores, siguen siendo un abuso habitual que afecta a cientos de miles de trabajadores”.

“Es una forma de explotación laboral que lleva presente décadas y que, si bien se ha reducido en los últimos años, no se ha eliminado, a pesar de la aprobación de normativa específica como el registro obligatorio de la jornada de trabajo”. Los líderes de CCOO y UGT reclamaron hace unos días al Gobierno que apruebe el refuerzo de este control horario, pactado con sus organizaciones y aún pendiente.

A día de hoy, recuerdan que más de 400.000 personas trabajan semanalmente horas extras no pagadas, situadas en los 2,54 millones según datos de la EPA (INE).

“Las horas extra no pagadas equivalen a 68.000 empleos a jornada completa, y suponen un coste laboral de 3.378 millones de euros al año no pagado en términos de salario bruto y cotizaciones sociales. A nivel individual, cada persona explotada con horas extras no pagadas realiza 5,8 horas no pagadas a la semana de media, con un coste laboral no pagado de 148 euros a la semana de media y 7.696 euros al año”, recoge el documento.

Márgenes empresariales en récords

En este contexto de pérdida de poder adquisitivo e insuficiencia de muchos salarios, los sindicatos señalan la otra cara de la moneda: la buena marcha de los beneficios empresariales en los últimos años. “Los márgenes empresariales se sitúan en niveles históricamente altos y han consolidado el salto de rentabilidad registrado tras la crisis inflacionaria de 2022, según datos del Observatorio de Márgenes Empresariales”, destacan.

“El fuerte aumento de la rentabilidad empresarial se hace a costa de una menor participación de los salarios en el valor añadido generado. Con la crisis de inflación en 2021 y 2022 y su desigual impacto y reparto de esfuerzos, los salarios perdieron participación en el valor añadido bruto generado en las empresas a favor de las rentas del capital (resultado bruto de explotación)”, critica la parte trabajadora, que exige a la parte empresarial que se siente a negociar subidas salariales para impedir que este nuevo pico de inflación de 2026 se cebe con el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras.

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha logrado un histórico avance laboral para los docentes de Educación Secundaria de la comunidad autónoma. Tras las gestiones impulsadas por la organización en las últimas mesas de negociación, la Consejería de Educación ha aceptado eliminar la exigencia de permanencia obligatoria en los centros educativos durante los periodos de Complemento Horario Lectivo (CHL), según ha anunciado el sindicato.

La medida ha sido confirmada formalmente este lunes, 19 de octubre, durante la celebración de la Mesa Sectorial de Educación. En dicho encuentro, la Secretaría General de Educación, la Inspección General y las direcciones generales competentes han respaldado la propuesta planteada originalmente por PIDE el pasado 5 de junio, dando luz verde a la instrucción que homogeniza el criterio en todo el sistema educativo regional.

Hasta la fecha, la aplicación de estos periodos lectivos generaba discrepancias en el mapa educativo extremeño. Aunque por tradición no se habían considerado de presencia obligatoria en el recinto escolar, en diversos institutos de la región se venía imponiendo al profesorado la obligación de permanecer en el centro durante ese tramo horario.

Con la confirmación trasladada por la Administración autonómica, los docentes de Secundaria ya no tendrán que cumplir con dicha permanencia presencial. Desde la central sindical señalan que esta decisión supone un paso decisivo en la defensa de los derechos laborales del colectivo y pone fin a una exigencia que se aplicaba de forma desigual según el centro.

Desde PIDE, formación mayoritaria en la enseñanza pública extremeña, han reafirmado su compromiso de velar por una aplicación homogénea de esta medida en todos los institutos de la región y evitar interpretaciones por parte de las direcciones que supongan cargas u obligaciones no justificadas para los docentes.

Antonio Garamendi, presidente de la gran patronal española, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha confirmado este lunes que impugnará la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre por considerar que tiene carácter “electoral”. Garamendi ha añadido que se ha revestido de reivindicaciones laborales para intentar darle una cobertura legal que no tiene, según el dirigente empresarial.

“Tenemos unas próximas elecciones generales, pero sin embargo, por primera vez en la historia de España, tenemos una huelga electoral. No, perdón, creo que es general. Yo no sé si es general o no, pero electoral, seguro”, ha señalado el líder empresarial durante la clausura de los XXV Premios ATA 2026, como recoge la agencia Europa Press.

Justo este lunes, los sindicatos mayoritarios y varios minoritarios se han unido para presentar el registro formal de la huelga general del 11N ante el Ministerio de Trabajo, de la mano del Sindicato de Inquilinas, que ha impulsado esta movilización laboral y social histórica contra la crisis de la vivienda. “Esta es una huelga de la gente, de las calles”, ha celebrado Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Antonio Garamendi ha censurado que este “no es el camino” y ha quitado responsabilidad a empresarios y autónomos de los problemas que atraviesa actualmente el país, como la vivienda o la escalada de precios. “¿Es que las empresas y los autónomos tienen la culpa de que no haya viviendas en España? Tenemos el problema de inflación: ¿Somos los empresarios los responsables de esto?”, ha preguntado.

Por ello, el representante de los empresarios ha confirmado que la organización impugnará la huelga general, ya que cree que se “ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal”. “Nosotros consideramos que no lo es”, ha recalcado Garamendi, quien ha pedido que se garantice el derecho a trabajar y que “no se incendien las calles” ese día.

Garamendi también ha cargado de nuevo contra el anuncio del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 y ha acusado al Ministerio de Trabajo de invadir competencias de las organizaciones empresariales con cambios en el Consejo Económico y Social (CES), destaca la agencia EFE.

“Me preocupa España”

“Me preocupa mi país. Me preocupa España. ¿Y por qué me preocupa? Pues me preocupa porque creo que estamos o parece que vamos hacia una deriva que no es la nuestra”, ha lamentado el presidente de la CEOE en la clausura del evento, recoge Europa Press.

Garamendi ha abogado por encontrar espacios de escucha, con ganas de aportar y con ganas de hacer crecer a las empresas, el empleo, la riqueza y, en definitiva, al país.

“Vamos a estar con esa España democrática, nosotros nos sentimos muy hijos de la democracia y no nietos de la guerra. Y nosotros vamos a seguir trabajando por esa España de la transición, por esa España constitucional que es la que nos ha traído los mejores años”, ha afirmado.

Por último, Garamendi ha trasladado su solidaridad a Ceuta porque, según ha lamentado, “no ha visto en Madrid todavía una bandera” de la ciudad autónoma. “Veo banderas de todos los colores, de Ceuta ninguna”, ha criticado.

El Sindicato Médico y el Sindicato de Empleados Médicos reconocen que sus últimos contactos con el Gobierno de Canarias han propiciado avances en una serie de conceptos que están abiertos a considerar, aunque por ahora sigue en pie la convocatoria de huelga que iniciaron el pasado viernes.

La huelga de médicos en la sanidad canaria tiene, en principio, carácter indefinido, pero sus convocantes habían fijado ya una fecha, el 26 de octubre, para plantearse si continúa en noviembre.

El secretario general del Sindicato Médico en las islas, Levy Cabrera, ha explicado a EFE que están pendientes de que la dirección del Servicio Canario de la Salud convoque formalmente una reunión con el comité de huelga, para detallar su último ofrecimiento.

Cabrera ha precisado que no puede hablarse aún de un principio de acuerdo, sino de una serie de propuestas que el colectivo médico está abierto a valorar, porque suponen una mejora respecto al planteamiento que mantenía hasta ahora la Consejería de Sanidad.

Este portavoz del colectivo médico asegura que entre esos avances no solo está un aumento de la retribución de la hora de guardia diurna, sino el compromiso de abordar en los tres próximos presupuestos una serie de mejoras retributivas que el Servicio Canario de Salud alega que no puede implementar en un solo ejercicio, el próximo, porque se lo impiden los límites de gasto.

En algunos casos, siempre según los sindicatos, eso supondría que cuestiones a las que hasta ahora Sanidad se negaba se abordarían a lo largo de los ejercicios presupuestarios de 2027, 2028 y 2029.

El comité de empresa del tranvía de Zaragoza llevará a los tribunales los servicios mínimos fijados por el Ayuntamiento para los paros parciales que arrancaron este lunes. La representación de los trabajadores considera “elevadísimos” e inasumibles los porcentajes decretados —de hasta el 90% en las horas punta— y acusa al Gobierno municipal de “vaciar de contenido” y “desactivar” su derecho a la huelga en plena negociación del convenio colectivo. Así lo expresa Julián Aramendía, secretario general del comité de empresa, que explicaque el asunto ya está en manos de la asesoría jurídica para recurrir la resolución.

El representante sindical cuestiona también el procedimiento seguido para establecer estos porcentajes, ya que, según ha señalado, el decreto recoge que la Sociedad de Economía Mixta (SEM) trasladó la propuesta de la operadora sin formular una propuesta propia. “La intensidad de estos servicios mínimos debe estar justificada y ponderarse. Nos preocupa que una decisión de esta importancia se realice así”, ha afirmado. Aramendía también critica que el documento municipal utilice la expresión “huelga indefinida”, cuando la convocatoria contempla paros parciales hasta el 30 de noviembre: “Genera confusión y malestar”, señala.

Los servicios mínimos fijados para el personal de conducción son del 90% entre las 06:45 y las 08:45 y entre las 13:00 y las 15:00, mientras que se reducen al 80% entre las 16:45 y las 18:45. El calendario de movilizaciones contempla 21 paros parciales distribuidos en 19 jornadas, tras el fracaso de las negociaciones del III convenio colectivo.

Se trata del segundo conflicto laboral de este mes en Zaragoza en el que se fijan unos servicios mínimos superiores al 90%. El precedente más reciente es el de la huelga de limpieza viaria y recogida de residuos durante las fiestas del Pilar, cuando el Ayuntamiento estableció unos mínimos del 94,46% de la plantilla para los días laborables y los sábados, y del 94,81% para los domingos, con el argumento de garantizar la salud pública durante las celebraciones.

Jornadas de hasta nueve horas y falta de personal

El conflicto laboral se centra en las condiciones de trabajo de la plantilla. El comité reclama limitar la jornada diaria a un máximo de ocho horas, frente a las nueve que pueden alcanzar algunos servicios. “Actualmente tenemos hasta nueve horas, la empresa propone ocho horas y media y que esos servicios más largos los hicieran las personas más jóvenes”, explica Aramendía, que también exige “descansos efectivos y que se puedan disfrutar”.

Otra de las reivindicaciones se refiere a los tiempos asignados a los recorridos. Según el comité, los trayectos se realizan en menos tiempo del previsto en el proyecto de explotación, lo que incrementa la presión sobre los conductores. “Hacemos el recorrido en menos tiempo del que se estipula, lo que va en detrimento de la seguridad y aumenta el estrés en el colectivo”, advierte el representante sindical. La plantilla también reclama que se dimensionen adecuadamente los recursos humanos, de acuerdo con las previsiones del proyecto de explotación. “Faltan personas, el servicio se organiza con presión y la seguridad puede verse resentida”, sostiene Aramendía, que ha resumido la situación del colectivo con una frase: “La plantilla está exhausta”.

Piden también mejoras salariales y niegan la idea de que los trabajadores del tranvía cobren más que los conductores del autobús urbano, ha asegurado que sus salarios están un 36% por debajo. “Hay una idea equivocada que no se corresponde con la realidad, no cobramos más que los del autobús”, afirma. El comité reclama corregir esta diferencia, reconocer la turnicidad, aplicar subidas salariales y crear una paga extraordinaria. Aramendía asegura que el comité ha tenido que presentar denuncias para que se impartiera formación a trabajadores después de bajas y reclama un reciclaje periódico y una preparación adecuada para el desempeño de sus funciones.

Criterios para el personal eventual y más seguridad

El comité denuncia que hay trabajadores que permanecen durante años como persona eventual sin saber con qué criterios volverán a ser llamados. Por ello, reclama reglas claras de contratación y que se dé un peso real a la antigüedad. “Pedimos reglas claras para que cualquier trabajador pueda ejercer sus derechos sin miedo a no volver a ser llamado”, explica Aramendía.

El representante sindical también ha criticado que las personas que se incorporan por primera vez cobren durante los dos primeros meses el 80% del salario. “No lo consideramos de recibo, es discriminatorio”, afirma. Además, ha asegurado que los representantes de los trabajadores han tenido que presentar denuncias para que se proporcionasen uniformes a la plantilla. Por último, el comité reclama mayor protección frente a las agresiones que sufren los trabajadores en el desempeño de sus funciones de cara al público. Aramendía pide a la empresa que condene cualquier acto de violencia y respalde a quienes prestan el servicio.

La negociación del III convenio colectivo continúa sin acuerdo después de la última reunión celebrada en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Los paros parciales se mantendrán hasta el 30 de noviembre.

La plantilla de la fábrica de Stellantis de Vigo ha apostado por la continuidad en las elecciones sindicales celebradas los días 16 y 17 de octubre, en un momento clave para el futuro industrial de la planta, pendiente de la llegada de los nuevos modelos eléctricos. El Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT-FSI) ha revalidado su amplia mayoría con el 61,12% de los votos y 21 de los 33 delegados, mientras que UGT ha sido la única organización que ha aumentado su representación, con dos representantes más que en los comicios de 2022.

El resultado consolida la mayoría absoluta del SIT-FSI, que lleva cuatro décadas al frente de la representación sindical de la planta viguesa y encadena once mayorías electorales consecutivas, según destaca la propia organización. El sindicato ha agradecido el respaldo de la plantilla y ha reivindicado su modelo de “gestión responsable”, centrado en el mantenimiento del empleo, la atracción de inversiones y la defensa de las condiciones laborales.

El nuevo comité, que tendrá cuatro años de mandato, contará con 33 miembros, dos más que el anterior. La participación alcanzó el 95% de un censo de 6.200 trabajadores, en una votación con 29 mesas electorales, 11 de ellas en los turnos de fin de semana y noche.

UGT gana peso en el comité

UGT se consolida como segunda fuerza sindical, con el 17,9% de los votos y seis delegados, dos más que en las anteriores elecciones. La organización de UGT-FICA ha destacado que es el único sindicato que ha mejorado su representación y ha interpretado el resultado como un respaldo a su trabajo negociador y a la defensa de los derechos laborales.

La Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Comisiones Obreras (CCOO) mantienen tres representantes cada una. La primera ha obtenido el 9,16% de los votos y la segunda, el 8,68%. La CIG, con el 3,14%, vuelve a quedarse sin representación en el comité, como ya ocurrió en los anteriores comicios.

De los 33 puestos, 29 corresponden al colegio de Especialistas y No Cualificados y cuatro al de Técnicos y Administrativos.

El SIT-FSI ha defendido durante la campaña su independencia respecto a intereses políticos y externos, así como la atención personalizada a los trabajadores, la transparencia en los acuerdos y la negociación como vía para mejorar las condiciones sociales y económicas de la plantilla. El sindicato también ha situado entre sus prioridades contribuir a que sigan llegando inversiones a Vigo para garantizar la continuidad de la actividad industrial.

El futuro eléctrico, sobre la mesa

La composición del nuevo comité llega con la fábrica viguesa pendiente de materializar sus próximos proyectos industriales. Stellantis ha adjudicado a Vigo y Zaragoza la plataforma STLA Small, destinada a fabricar vehículos del segmento B. Esta arquitectura, concebida principalmente para modelos eléctricos, constituye una pieza clave para el futuro de ambas instalaciones.

La adjudicación se enmarca en los compromisos industriales vinculados a la competitividad de las plantas, su capacidad productiva y el clima social, en un contexto en el que las condiciones laborales y la estabilidad del empleo siguen siendo elementos centrales de la negociación con los sindicatos. El convenio colectivo vigente, correspondiente al periodo 2024-2027, ya recogió el compromiso de facilitar la llegada de nuevos modelos eléctricos a Vigo. El acuerdo salió adelante con el apoyo de SIT-FSI, UGT y CCOO, que sumaban más del 90% de la representación sindical, mientras que la CUT lo rechazó por considerar que suponía un retroceso económico y social para la plantilla.

Entre las condiciones pactadas figuraban un sistema de actualización salarial que consolida en las tablas el 50% del IPC, con el resto sujeto a un complemento individual o a una paga no consolidable según la evolución de los precios, además de medidas relacionadas con la contratación y la promoción interna.