El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se ha elevado este jueves el enésimo escalón. La ministra Mónica García ha aprovechado su intervención en una comisión del Senado para hacer pública una pequeña parte de la transcripción de la última reunión con el Comité de Huelga, que los sindicatos había pedido grabar. Según estos entrecomillados, las organizaciones sindicales del ámbito habrían circunscrito sus reivindicaciones a obtener mayor representación en las mesas generales. “Si nos dais un ámbito de negociación propio, no vamos a negociar ninguno de los otros aspectos”, leyó García.

El Ministerio y el Comité de Huelga habían mantenido la semana pasada encuentros discretos y Sanidad había emplazado a los sindicatos médicos a una nueva reunión con las comunidades este jueves. Esa cita saltó por los aires cuando las organizaciones emitieron un comunicado en la noche del martes en el que avanzaban que continuaban con la huelga de cuatro días prevista para el próximo lunes.

“Creo que a las comunidades lo que hay que decirles es que estamos dispuestos a suspender la huelga después de esta reunión, si hay buen rollo. Eso lleva dos cosas, primero que vayan y segundo que entren, porque tiene que haber cierto acuerdo. Cada uno de nosotros va a ir a hablar con nuestros consejeros y vamos a decirles: ”Oye, que sí, que hay intención de que esto funcione“”, ha desvelado García que dijeron los negociadores del Comité de Huelga.

El Comité de Huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

García ha acusado a los sindicatos médicos de “deslealtad”, en la negociación y con los profesionales, “a quienes no les están llevan los acuerdos, las ventajas y las mejoras que estamos acordando en las mesas de negociación”.

“Eso es lo que se cuenta dentro y fuera se mantiene el conflicto. Esto es asi. Hemos llegado a acuerdos cuatro veces. (hemos mantenido) 26 reuniones en un tono muy constructivo desde las dos partes, que se pierde cuando se atraviesa la puerta. Yo voy a seguir intentándolo, porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando que los profesionales no tengan ni siquiera los mínimos, que sigan haciendo dos guardias a la semana, cuando el Estatuto Marco dice que podrán hacer como mucho una; que sigan haciendo guardias de 24 horas, cuando el Estatuto Marco dice que solo podrán hacer dos turnos seguidos o que puedan organizarse por turnos; o que sigan teniendo OPEs cada 10 años, cuento el Estatuto Marco dice que se pueden hacer cada dos”.

La propuesta de Sanidad pasaba por “utilizar el Estatuto Básico del Empleado Público y los recursos jurídicos que tienen para que los médicos tengan un ámbito de negociación propio formal”, ha explicado en el Senado Mónica García, donde ha insistido en que “esto es lo que se ha estado negociando en las últimas semanas”. “Un solo punto, al cual hemos dado respuesta”, ha asegurado. “¿A usted le ha pasado alguna vez negociar una cosa y romperla al salir por la puerta?”, ha preguntado García al senador madrileño y ex consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. “A mí me parece desleal”, espetó.

El Comité de Huelga pide la dimisión de la ministra

El Comité de Huelga ha respondido a la ministra a través de un comunicado en el que piden su dimisión “ante las mentiras reiteradas del ministerio”. “Sostiene que la reunión [prevista para este jueves con las comunidades autónomas] había sido solicitada por el Comité, al que le reprocha haber rechazado su última propuesta y mantener convocada la huelga que tendrá lugar la próxima semana”, indican. Una versión de los hechos que, dicen, “no se ajusta a la realidad”.

Según este relato, el Comité habría manifestado su disposición a estudiar la propuesta de la creación de mesas de negociación específica para el colectivo médico y facultativo, pero habría quedado “expresamente establecido que la reunión con las comunidades autónomas solo tendría lugar en caso de que dicha propuesta fuese aceptada”. Algo que finalmente no ocurrió tras el “análisis” de la misma, que la reveló “inviable desde el punto de vista jurídico”.

La clave está en que las mesas sectoriales podrán constituirse dependiendo de las mesas generales de negociación, donde estos sindicatos no tienen representación. “Yo no decido quién se sienta en la mesa de negociación sindical, ¿quién lo decide? Las elecciones. ¿Me van a decir que yo me tengo que saltar la representación sindical, que es la que representa a los trabajadores?”, ha afeado la ministra.

Por eso, para los sindicatos médicos, “cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado, que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos”. “Estos son los primeros pasos imprescindibles para abordar el resto de demandas en materia de clasificación, jornada, jubilación, etc.”.

Unidas por Extremadura ha criticado este jueves que la introducción de la asignatura 'Extremestiza' en la región supone una “una especie de educación de NO-DO” en un marco ideológico que vuelve a poner de nuevo a Extremadura como “tierra de conquistadores”.

La portavoz de Educación de esta formación, Nerea Fernández, ha hecho estas declaraciones junto a la portavoz, Irene de Miguel, tras mantener ambas una reunión con representantes educativos de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Según Fernández, las organizaciones sindicales coinciden con Unidas en sus críticas y en que esta asignatura es completamente innecesaria, pues todo lo referente a la Conquista de América ya se ofrece en Geografía e Historia.

El Gobierno en funciones de María Guardiola anunció a primeros de este mes un futuro decreto que modificará la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Extremadura para la introducción de la asignatura de 'Extremestiza“ como materia optativa.

Nerea Fernández ha mostrado su preocupación por el tipo de educación que puedan traer a Extremadura PP y Vox y ha criticado que ambas formaciones presenten nuevamente a la región “como tierra de conquistadores y no como tierra de migrantes, que es lo que hemos sido siempre”.

En ese sentido, ha criticado el cinismo de que Guardiola pretenda poner en valor el “mestizaje” como una manera de intercambio cultural, de “tejer puentes” y al mismo tiempo pacte con Vox “señalar y criminalizar a las migrantes que vienen a Extremadura simplemente a buscarse una vida mejor”. Además, ha lamentado que mientras se crea esta nueva asignatura, el acuerdo con Vox conlleve la supresión del programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en municipios con gran población inmigrante, como Talayuela (Cáceres), un pueblo que “siempre ha sido un ejemplo de convivencia”.

Nerea Fernández ha augurado que la educación que van a imponer en la región los partidos de derechas va a estar “completamente marcada por su ideología retrógrada”, por lo que no se tendrá en cuenta la educación sexual y en valores éticos y feminista en unos tiempos en los que se hace tan necesaria tras el aumento de los delitos de pornografía infantil.

“Creemos que la educación que nos va a traer este Gobierno ultra va a ser bastante preocupante”, ha insistido Fernández, quien ha adelantado que desde su formación van a estar “ojo avizor” para denunciar estas cuestiones y para presentar alegaciones, como lo harán al decreto que modificará la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para la introducción de 'Extremestiza'.

En la reunión se han abordado otras cuestiones, como la situación de las técnicas en Educación Infantil, que piden una bajada de las ratios y una subida salarial, reivindicaciones que desde Unidas por Extremadura se consideran esenciales. También se ha abordado la homologación salarial de los docentes extremeños, cuyos sueldos se encuentran a la cola del país, una antigua reivindicación de los sindicatos que ahora se incluye en el pacto PP-Vox con el adjetivo de progresiva.

La portavoz de Educación de Unidas ha indicado que de esta forma la homologación no se va a conseguir, por lo que ha pedido al nuevo Gobierno extremeño que “no engañe”.

Las cinco sedes provinciales de UGT en Castilla-La Mancha cuentan ya con un Punto Violeta para atender, informar y ayudar a víctimas de violencia machista o acoso sexual, según informa el sindicato en nota de prensa.

Estos puntos violeta son un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. Para poder recibir esta acreditación, los trabajadores y trabajadoras de UGT en Castilla-La Mancha han recibido una formación impartida por expertas del Ministerio.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT CLM, Isabel Carrascosa, ha destacado el compromiso del sindicato con la lucha contra la violencia de género y ha subrayado la importancia de herramientas como los Puntos Violeta para que todos y todas sepamos actuar ante una situación de violencia contra las mujeres.

El objetivo, tal y como ha explicado Carrascosa, es sensibilizar a la sociedad, prevenir la violencia y ofrecer apoyo inmediato, orientación y acompañamiento a las víctimas. “Desde UGT Castilla-La Mancha mantenemos una lucha activa contra la violencia de género, exigiendo tolerancia cero y promoviendo centros de trabajo como espacios seguros”.

La portavoz sindical ha llamado a toda la sociedad a implicarse en políticas de sensibilización y formación para erradicar la violencia machista y derrotar los discursos negacionistas. “Para hacer frente a esos discursos y terminar de una vez por todas con la lacra de la violencia de género la formación y la sensibilización son fundamentales, en UGT la única violencia machista que nos vale es cero”.

El decreto que amplía y consolida el teletrabajo para los alrededor de 40.000 trabajadores (entre funcionarios y personal laboral) de la administración general autonómica sigue siendo un proyecto, y no una realidad, más de un año después de que el borrador quedase sellado. El Gobierno de Moreno anunció que los dos días de teletrabajo serían una realidad a finales de 2025, luego lo demoró al primer semestre de 2026, y ahora ya no llegarán hasta la primavera de 2027, en el mejor de los casos. La demora sobre el calendario previsto por el propio Gobierno andaluz ha hecho tambalearse la paz social en las últimas semanas, con un amago de movilizaciones abortado, por ahora, gracias a un vago compromiso acordado este martes por la Junta con la mitad de los sindicatos presentes en mesa sectorial.

En el acuerdo entre la Consejería de Función Pública, de un lado, y SAF, CSIF y UGT, por otro, el Gobierno andaluz reconoce que no ha cumplido “los tiempos previstos” para implantar el teletrabajo, y hace propósito de enmienda reflejando su “firme compromiso” de que la tramitación haya terminado “a finales del mes de septiembre de 2026”. Después, habrá que esperar otros seis meses para que entre en vigor. Es decir, el nuevo régimen de teletrabajo para los empleados públicos de la Junta (excluido el personal sanitario, docente y de la administración de justicia) no estará vigente hasta finales de marzo de 2027, como pronto.

La mayoría absoluta del PP aprobó en el Parlamento Andaluz aprobó en junio de 2023 la ambiciosa Ley de Función Pública en junio de 2023. Es una de las leyes estrella de la legislatura, una norma muy ambiciosa destinada a voltear el modelo de empleo público que sostiene la administración autonómica, pero necesita de un desarrollo reglamentario para algunos aspectos esenciales como la carrera profesional, la evaluación de desempeño, la relación de puestos de trabajo o los procesos selectivos. Y en materia de teletrabajo ha encallado, ya sea por su complejidad o, como sostienen los sindicatos, por la falta de voluntad. Este es el asunto más espinoso de cuantos quedan por desarrollar.

“Impulso” o “lavado de cara”

Mientras se aprueba el Decreto ya redactado, la Junta ha propuesto a los sindicatos aprobar una Instrucción que evite la situación actual, en la que cada consejería o cada jefe de servicio aplica criterios diversos para solicitar el teletrabajo. Dentro de 16 días (el 8 de mayo), la Secretaría General para la Administración Pública les presentará una norma transitoria que establezca un marco más claro, homogéneo y estable que lo que hay ahora.

Tras dos semanas de tira y afloja, la aceptación por una parte de los sindicatos es un balón de oxígeno que permite a la Junta ganar tiempo. Sin embargo, está por ver que lo que presente a comienzos de mayo satisfaga a la parte social, que acumula desconfianza. A la administración, los sindicatos le achacan escaso interés en impulsar el teletrabajo. Las declaraciones del consejero José Antonio Nieto sugiriendo que el teletrabajo se usa para el escaqueo (“No se puede confundir teletrabajo y vacaciones”) ya enervaron a los sindicatos hace un año.

Pero tampoco hay unión entre los propios sindicatos. Los tres que no suscriben el acuerdo de este martes (CCOO, ISA y Ustea) creen que no sirve para nada, salvo para romper la unidad sindical y que la Junta se justifique ante sus trabajadores. “Es un lavado de cara”, lamenta Pablo López del Amo, de CCOO; un “pacto vacío” que encubre una “estrategia dilatoria”, según ISA.

“Lo que hacemos los firmantes es relanzar la herramienta del teletrabajo, y que se publique la instrucción”, defiende Juan José Gener, de UGT, que justifica el pacto en que sirve para dar un “impulso” a la administración. CSIF, el sindicato mayoritario, argumenta que “desbloquea” una situación enquistada estableciendo un calendario y permitirá corregir inmediatamente las desigualdades que ahora se producen.

“No lo tienen como prioridad”

En Andalucía, el teletrabajo en la administración sigue rigiéndose en 2026 con los criterios excepcionales fijados para la crisis del Covid-19. Hasta ahora, los trabajadores de la administración general pueden solicitar un día de teletrabajo a la semana. Con el Decreto podrán pedir dos tan pronto como entre en vigor, una cifra que sigue siendo inferior a la mayoría de comunidades autónomas. Pasado año y medio se evaluará si se han cumplido los objetivos, y el Gobierno andaluz lo podrá generalizar a tres días a la semana, según el borrador que, se supone, llegará al Consejo de Gobierno en septiembre, tras casi año y medio en exposición pública.

Para los sindicatos, el retraso refleja la falta de voluntad de la administración y una desconfianza latente hacia la figura del teletrabajo y hacia sus propios trabajadores. “No lo tienen como prioridad, y han tenido el Decreto durmiendo el sueño de los justos”, lamenta Pablo López del Amo. “Creemos que tiene los recursos para que eso ya se hubiera hecho, y si no que los ponga encima de la mesa. No puede decir que es muy difícil”, protesta Gener. “El decreto de teletrabajo ya está aprobado, sólo hay que aplicarlo”, observa ISA.

El pasado 8 de abril la Consejería admitió en una reunión de mesa sectorial que aún necesitaba los informes presupuestario, jurídico y del Consejo Consultivo. Los sindicatos salieron de allí con la confirmación de que el teletrabajo no es una prioridad para el Gobierno andaluz. Días después, se filtró una circular de la Consejería de Sostenibilidad que restringe el teletrabajo, haciendo referencia a una guía de buenas prácticas de la propia Secretaría General de Administraciones Públicas de la que no habían sido informados.

Fue la gota que colmó el vaso. Los sindicatos se prepararon para una rueda de prensa conjunta, deslizando posibles movilizaciones. Ante esa perspectiva en puertas de la campaña electoral, el secretario general se movió rápido para sofocar la crisis: volvió a citarlos, y les aseguró que la Junta espera publicar el Decreto a finales de septiembre, ofreciendo entre tanto una regulación que “homogeneice” la aplicación del teletrabajo y acabe con la disparidad, que raya la arbitrariedad.

Para los sindicatos firmantes, un paso que acerca al cumplimiento de los compromisos; para los críticos, un pacto vacío de contenido que no garantiza que los trabajadores de la administración andaluza vayan a contar pronto con una norma que regule su teletrabajo, a pesar de que esta aguarda turno desde julio de 2024.

Plantón de todos los sindicatos al Ministerio de Función Pública sobre la Oferta Pública de Empleo (OEP) para la Administración General del Estado en 2026. Como el año pasado, los representantes de los trabajadores rechazan el planteamiento del departamento que dirige Óscar López, que no les facilita los datos concretos de plazas ofertadas, sino solo unas líneas generales sobre el tema, lo que les impide llevar a cabo una negociación y diálogo real sobre la oferta, denuncian todas las organizaciones.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y CSIF han lanzado varios comunicados denunciando la falta de transparencia y de negociación. “La Administración sigue sin facilitar información clave sobre la distribución de las plazas por territorios, departamentos, cuerpos y escalas, lo que impide realizar una valoración rigurosa de la propuesta”, denuncia UGT.

La Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado (AGE) de 2025 contó con 26.889 plazas, que, junto a las 9.699 de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sumaron un total de 36.588 plazas. Esta también fue rechazada por los sindicatos por su falta de negociación.

CSIF explica que el Ministerio les ha trasladado el “compromiso de creación de empleo neto, pero sin concretar cuánto ni en qué ámbitos”. “Exigimos los datos y esperamos tenerlos antes de la aprobación por el Consejo de Ministros”, añade el sindicato de funcionarios.

CCOO critica por su parte que el Gobierno pida a las organizaciones sindicales “fe”, sin números. El sindicato sostiene que “se tiene que comprometer un volumen de empleo proporcional al número de bajas, que en 2025 superó los 12.000 efectivos, ya que solo una proporción mayor podría generar empleo neto en la Administración General del Estado, y garantizar unos servicios públicos que se prestan a la ciudadanía que se incrementan año tras año”.

Número de plazas, servicios más urgentes y promoción interna

Los sindicatos mayoritarios señalan varias cuestiones prioritarias que querrían negociar con el Ministerio de Función Pública. En primer lugar, el volumen de plazas para lograr que la Administración General del Estado no pierda personal, ante el gran número de jubilaciones que enfrenta, pero también su distribución en los distintos servicios públicos, para reforzar especialmente aquellos que más adolecen de manos. Por ejemplo, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y la Seguridad Social, entre otros.

En particular, los representantes de los empleados públicos destacan la necesidad de un refuerzo extraordinario del personal de cara a la regularización extraordinaria de migrantes que acaba de aprobar el Gobierno, para facilitar la atención a la ciudadanía, así como plazas para garantizar la aplicación real de la reducción de jornada a 35 horas a la semana para los empleados públicos del Estado, recién aprobada.

El Ministerio ha trasladado a los sindicatos que convocará “una oferta extraordinaria para Transición Ecológica para prevención, reconstrucción y ayuda, en las políticas relacionadas con el cambio climático”, indica CSIF. En UGT ven necesario reforzar estos ámbitos, pero advierten “de que estas iniciativas deben formar parte de una planificación global y coherente del empleo público”.

Además, los sindicatos destacan los problemas de cobertura de muchas plazas de promoción interna, “una herramienta fundamental para adaptarse a las necesidades cambiantes de la Administración, y que constituye un derecho de las empleadas y los empleados públicos”, indica CCOO.

El Ministerio ha comunicado en la reunión de este miércoles que solicitará informes a los departamentos con una cobertura inferior al 75% de las plazas tras los procesos selectivos. “Estos diagnósticos resultan claramente insuficientes si no van acompañados de medidas concretas que garanticen la cobertura efectiva de los puestos”, critican en UGT.

Por ejemplo, CCOO ha señalado la necesidad de “mejorar la competitividad de los salarios” en la AGE, con ejemplos como “la falta de cobertura de las plazas C2 principalmente y algunas del grupo C1”, con salarios que rozan el salario mínimo (SMI).

Convocatorias atrasadas de laborales en “dos meses”

En relación con la ejecución de ofertas anteriores, “el Ministerio se ha comprometido a convocar en un plazo aproximado de dos meses las OEP de personal laboral correspondientes a 2023 y 2024, actualmente acumuladas”, explica UGT. El sindicato subraya que, dado que la OEP de 2023 caduca en el mes de julio, “este anuncio no supone un avance, sino el cumplimiento ineludible para evitar la pérdida de plazas”.

Elena Tarjuelo, portavoz del personal laboral en UGT Servicios Públicos, ha recordado que son más de 9.000 plazas de personal laboral las que están pendientes de convocar: 5.765 en turno libre y 3.328 en promoción interna, referidas a las ofertas de 2023, 2024 y 2025.

“Las ofertas de empleo están para cumplirse, no para guardarse en un cajón. Lo contrario es ineficacia o una estrategia de privatización y UGT no avalará ninguna de las dos” ha concluido la portavoz sindical.

El Govern ha aprobado este martes las mejoras salariales de los docentes que pactó con CCOO y UGT después de la huelga de febrero en Catalunya. El Consell Executiu de la Generalitat ha sacado la subida del complemento salarial específico y también el pago de 50 euros por noche para aquellos maestros que lleven a sus alumnos de excursión o de viaje con pernoctación. Esta compensación económica se cobrará a partir del curso 2026-2027. 

El presupuesto que el Departamento de Educación dedicará a pagar el incremento del complemento salarial específico es de 134 millones de euros. Para los maestros de Primaria, serán 839 euros de incremento y para los de Secundaria, 858. El pacto con los sindicatos contempla seguir aumentándolo hasta los 3.000 euros al año en 2029. 

Por lo que respecta a la compensación por pernoctaciones, se invertirán entre seis y diez millones, en función de las noches y número de docentes participantes. Esta dotación responde a una protesta inédita hasta ahora en los claustros, y que afloró con las últimas movilizaciones: decenas de escuelas e institutos amenazaron con dejar de hacer excursiones de varios dís (las llamadas colonias) si no se atendían sus reivindicaciones. 

La portavoz del Govern, Silvia Paneque, ha reivindicado estas dos medidas, fruto del acuerdo con CCOO y UGT, que “dan salida” a las necesidades de los docentes. Ha subrayado que este incremento salarial hace que los profesores catalanes pasen de ser los terceros en la cola en la clasificación de docentes en el Estado a ser los terceros al frente.

Al preguntarle por las pernoctaciones, ha indicado que el Govern “no quiere forzar a nadie” a realizar estas salidas que incluyen pernoctación. “Lo que queremos es atender una demanda que es justa y dotarla económicamente. No queremos forzar, queremos andar para la mejora de las condiciones laborales y el propio sistema educativo”, ha insistido.

La portavoz ha recalcado que la decisión corresponde a los centros, y lo que puede hacer el Govern, ha continuado, es “atender a una reivindicación para que hubiera una compensación económica justa”. “Hagamos lo que creemos que debemos hacer para atender la desazón que hay. Con este acuerdo se atiende a la petición que había”, remachado.

Paneque ha dicho que confía en que el diálogo con el resto de sindicatos se reanude a través de la mesa sectorial. “Hemos tenido la mano tendida desde el primer momento y la seguimos teniendo”, ha asegurado. Con todo, los sindicatos que suman mayoría en el sector (USTEC, Professors de Secundària, CGT y Intersindical) siguen lejos de acercar posiciones con el Govern y valoran esta semana si mantener el pulso con nuevas huelgas.

Estos sindicatos han elaborado una encuesta al profesorado, cuyos resultados prevén difundir este martes, para saber cuáles son sus siguientes acciones.

Las bajas laborales de las que hacen uso las personas trabajadoras “no son absentismo”, sino un “derecho”. Así lo ha reivindicado el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en una rueda de prensa celebrada este martes en la que ha presentado un informe “que ataja los discursos alarmistas y los bulos en torno a las bajas o situaciones de incapacidad temporal”.

El estudio ‘Ni un día menos. Tu derecho a la salud y recuperación de las personas trabajadoras’ desmonta los “mitos y falsos argumentos” sobre las bajas, identifica las causas reales de su crecimiento y propone medidas para garantizar la rápida recuperación.

¿Por qué aumentan las bajas laborales?

Según los datos mostrados, dos tercios del gasto público en incapacidades temporales (IT) se explica por la evolución de la población protegida y la mejora de las bases de cotización, mientras que el envejecimiento medio de la población explica el 18,5% del incremento de gasto. El resto obedece a causas puramente objetivas relacionadas con la salud.

La duración media de las prestaciones permanece estable en torno a los 37-40 días desde hace dos décadas, siendo la de atención primaria (39 días) ligeramente inferior a la de las mutuas (45 días).

El informe ha sido presentado de forma previa a la conmemoración del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que tendrá lugar el próximo 28 de abril. Durante la rueda de prensa, CCOO ha defendido que la prestación de incapacidad temporal es un derecho de las personas trabajadoras que se encuentran enfermas e impedidas para el trabajo durante el tiempo que necesitan para recuperar su salud.

“No es absentismo”

“No es absentismo, como muchos difunden de manera injustificada” ha indicado el secretario general de CCOO, Javier Ortega, al tiempo que ha asegurado que los datos avalan que “no hay abusos generalizados” en la declaración de IT. “Las personas necesitan medios e inversión para recuperar su salud, no que se les criminalice”.

Este es uno de los asuntos a los que también se ha referido la secretaria de diálogo social y salud laboral del sindicato, Raquel Payo. Ante esta realidad “nos encontramos con organizaciones empresariales que insisten en un enfoque erróneo y falto de sensibilidad hacia las personas trabajadoras y, ante el incremento de las bajas, proponen reducir derechos. Los permisos de conciliación, las vacaciones retribuidas, los permisos de formación, las prestaciones por IT no son absentismo, son derechos reconocidos por la ley y los convenios colectivos”.

“No es verdad que cada uno o cada una se coja la baja cuando quiera y sin ningún tipo de control. Creo que eso es hacer de menos al sistema de salud. Al final es coger el rábano por las hojas, extraer consecuencias aisladas para sacar una conclusión generalizada de que el sistema no funciona” ha zanjado Ortega. El control del gasto “que tanto preocupa a los empresarios” no pasa por recortar derechos, sino por “reducir listas de espera”, entre otras causas.

Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo

CCOO también ha recordado que este año se cumplen 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por ello, el sindicato afirma que los accidentes de trabajo “siguen siendo la consecuencia más evidente de la falta de medidas preventivas”. A juicio de Raquel Payo, las enfermedades de origen laboral son uno de los mayores retos en materia preventiva porque muchas “están invisibilizadas, cuando no ocultadas”

En cuanto a las cifras que están detrás del drama de la siniestralidad laboral. “Los accidentes de trabajo se han reducido un 3.5% en Castilla La Mancha en 2025, pero 27.170 accidentes, 48 de ellos mortales, siguen siendo cifras inaceptables”.

Este año CCOO desplegará un amplio abanico de acciones reivindicativas con motivo del 28 de abril entre las que destacan concentraciones y lectura de manifiestos en las capitales de provincia y un acto central regional, en Toledo, con una manifestación entre la Puerta de Bisagra y la sede de la patronal Fedeto.

Los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET) han presentado esta mañana una denuncia contra el Servicio Aragonés de Salud por “vulnerar el derecho a la huelga, por su reiterado incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe con el Comité de Huelga”, han comunicado. Los sindicatos han pedido a la Inspección de Trabajo que levante un acta de infracción “para imponer las sanciones legales y requiera al SALUD para que cese en la conducta descrita y proceda a entablar una negociación real y efectiva”.

Los médicos y facultativos celebran hoy una nueva jornada de huelga autonómica, que continuará hasta el viernes, secundada por en torno al 80% de los profesionales de hospitales y el 50% en Atención Primaria, según datos de los sindicados. También se han celebrado concentraciones de protesta ante el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y el Hospital Obispo Polanco de Teruel; así como ante todos los centros de trabajo para el personal que cumple los servicios mínimos decretados. Con estas protestas reclaman al Gobierno de Aragón “equiparar sus condiciones laborales con las del resto de comunidades y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria”. Los datos de seguimiento proporcionados por el Ejecutivo son sustancialmente más bajos: el 9,27 % durante la jornada de mañana, es decir, de un total de 3.646 efectivos reales, han secundado la huelga 338 profesionales.

Esta es la décimo sexta jornada de huelga desde diciembre y, según los convocantes, en todo momento se han mantenido las mismas cifras de seguimiento, “pero que en lugar de atenderlas, el Servicio Aragonés de Salud, como órgano empleador, ha incurrido en conductas contrarias al deber de negociación” y solo ha habido “comparecencias meramente formales de sus representantes, sin voluntad de acuerdo”.

La denuncia a Inspección de Trabajo, que se suma a la ya interpuesta en los Tribunales por servicios mínimos “abusivos” durante la huelga, busca “abrir una auténtica negociación, con propuestas que den respuesta a nuestras demandas para mejorar la calidad asistencial en Aragón”.

La denuncia recuerda que la ley obliga a las dos partes de una huelga a “negociar de forma leal y no obstructiva para poner fin al conflicto, por lo que el Tribunal Supremo ha sentenciado que las conductas empresariales que vacían este principio pueden constituir una vulneración del derecho de huelga”. Las sanciones por incumplir este derecho de audiencia y consulta de los trabajadores y sus representantes es una multa que puede superar, en los casos más graves, los 220.000 euros.

Para los sindicatos médicos de Aragón este es el caso, ya que el Gobierno de Aragón “está afectando gravemente a la atención sanitaria de los ciudadanos”: “Desde la primera convocatoria de huelga, solo se han celebrado dos reuniones sin comunicación ni intención de negociación real”. Los profesionales han subrayado que el “fin principal” de la denuncia es instar al Gobierno de Aragón a entablar una auténtica negociación “para la que siempre hemos tenido la mano tendida”. Así, también se ha solicitado a Inspección de Trabajo que actúe como mediadora, una posibilidad que regula el Real Decreto-Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo.

En aplicación de esta norma, se ha solicitado igualmente que se convoque a las partes, el Servicio Aragonés de Salud y el Comité de Huelga, a una reunión de mediación “a la mayor brevedad posible” y que en este marco “se promueva un proceso de negociación real y efectiva, de buena fe, orientado a la solución del conflicto”.

Mañana, junto con los paros se realizarán nuevas concentraciones al mediodía en los hospitales Miguel Servet (Zaragoza) y Obispo Polanco (Teruel) y los cinco días de huelga autonómica enlazarán con una nueva convocatoria nacional del 27 al 30 de abril, que también reclama al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio de médicos y facultativos. Si sigue sin haber respuesta, el siguiente paro, nacional y autonómico, de médicos y facultativos, será del 18 al 22 de mayo.

Reunión del consejero con representantes sindicales

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero Flores, y la gerente del SALUD, Ana Castillo, han mantenido este martes reuniones con miembros de todos los sindicatos que tienen representación en la Mesa Sectorial de Sanidad. En primer lugar, ha sido convocado el sindicato CEMS y posteriormente SATSE; CSIF; CC. OO; UGT; FASAMET y FTPS. Según ha informado el Gobierno de Aragón, el consejero y la gerente del SALUD han querido “trasladar su respeto hacia la postura de los convocantes de la huelga y reafirmar su compromiso con el diálogo y la transparencia”.

Las mismas fuentes han recordado que, “desde el inicio de la legislatura (2023) se ha trabajado en un plan de mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales del sistema sanitario aragonés, diseñado para desarrollarse a lo largo de los cuatro años”. Las reuniones celebradas hoy “responden al compromiso adquirido por el consejero de Sanidad de mantener un diálogo constante con las organizaciones sindicales”.

UGT ha exigido a la Consejería de Salud “la reubicación inmediata de todo el personal” que está en la sede de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) por las obras de desmantelamiento de la Residencia Cantabria.

En un comunicado, UGT ha citado que una trabajadora de la quinta planta de la Gerencia del SCS avisó la semana pasada que había vibraciones en el edificio por los trabajos de maquinaria pesada.

“Aunque nos informaron que los técnicos tanto del SCS como de la empresa encargada de las obras no apreciaban riesgo alguno por esas vibraciones, ese mismo día (17 de abril) nos anunciaron que se procedería a la reubicación de las trabajadoras de la quinta planta en la primera y, al final, se las terminó trasladando al edificio Lagunilla alquilado para tal fin”, ha señalado el responsable de Sanidad de UGT en Cantabria, Fernando Carmona.

El sindicato reclama que “se trasladé a todo el personal sin más demoras y en esta misma semana porque todavía permanecen allí el de las plantas baja, primera y tercera, pertenecientes a distintos servicios; entre ellos el de asistencia sanitaria, cuidados, informática, farmacia y de registro”.

Los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA convocan este lunes una huelga del personal de las gasolineras para los días 30 de abril y 3 de mayo de 2026 con el objetivo de “desbloquear la negociación del convenio colectivo, la retirada de propuestas salariales y el intento de imponer recortes encubiertos”.

Los sindicatos exigen un incremento salarial mínimo del 2% anual y un mecanismo de garantía que asegure, por lo menos, la actualización conforme al IPC real más un 0,5%. Esto se añade a otras reivindicaciones como la conciliación, la reducción de jornada o la mejora de los pluses.

Reclaman un convenio “digno” que garantice salarios “justos” y derechos “reales” para los trabajadores. Los sindicatos culpan así a la patronal de “bloquear” la negociación y de dar un “paso atrás inadmisible” al retirar propuestas previamente planteadas. Eso, consideran CCOO y UGT, supone un “planteamiento económico regresivo” y un “ataque directo a las plantillas”.

Sobre los detalles de la huelga, informan de que se desarrollará el 30 de abril de 2026, de 12:00 a 16:00 horas, y el 3 de mayo de 2026 durante toda la jornada, coincidiendo por tanto con el regreso del puente de mayo.

Los sindicatos acusan a la patronal de beneficiarse de los altos precios de la energía, derivados de la guerra de Irán, para aumentar sus ingresos mientras los salarios de los trabajadores en el sector continúan “por los suelos”. Además, el hecho de no actualizar los salarios y reducir así el poder adquisitivo supone “trasladar el coste de la situación económica a las personas trabajadoras”.

“Un clamor del no a la guerra” y por “el derecho a la vivienda”. Son dos de las reivindicaciones centrales de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para el Primero de Mayo, fecha clave a nivel internacional por los derechos de los trabajadores, que este año celebrará su acto central en Málaga. Las centrales de trabajadores han situado esta reclamación a nivel nacional, por los efectos que los conflictos internacionales tienen también en el bolsillo de la población en España, y han insistido en la necesidad de subir los salarios de manera contundente para repartir la riqueza en España, en un momento en el que es líder en el empuje de las economías de la OCDE.

Así lo han explicado este lunes los dos líderes de ambas organizaciones, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), que han desvinculado la celebración del acto central del Primero de Mayo en Málaga de la campaña electoral en Andalucía, que se inicia ese mismo día. Aunque no han negado la importancia del debate de todas estas cuestiones de cara al proceso electoral de la comunidad presidida por Juanma Moreno Bonilla, Sordo y Álvarez han aclarado que la ubicación de Málaga se eligió a finales de 2025, antes de la convocatoria del adelanto electoral.

Además, han señalado que la elección de Málaga es estratégica para visualizar uno de los principales problemas del país que quieren denunciar este Primero de Mayo: la falta de acceso a la vivienda a precios asequibles, especialmente en ciudades más tensionadas por el turismo y la especulación, que expulsa a “la clase obrera y trabajadora” de sus barrios, ha subrayado Sordo.

El “no a la guerra” y el liderazgo de España a nivel internacional

“Tenemos que convertir el Primero de Mayo en un grito contra la guerra, de exigencia de paz, que nos permita acabar con esta situación que vivimos en el mundo”, ha sostenido Pepe Álvarez, que ha recordado los crímenes de lesa humanidad en Gaza, las muertes en Líbano y “los bombardeos sin razón en Irán”.

En especial los líderes sindicales han denunciado el retorno de Donald Trump a la Administración de Estados Unidos, por las vulneraciones continuas a la legalidad internacional y las muertes de ciudadanos inocentes golpeados por las armas en múltiples guerras apoyadas o propiciadas por su gobierno. Desde Palestina y Líbano a Irán.

También, por los objetivos detrás de sus políticas de guerra comercial y de conflictos armados en el mundo, ha denunciado Unai Sordo, que ha situado a la Unión Europea y sus países miembros, como España, como una víctima directa, no colateral, buscada por el presidente de EEUU. “Esto va de empobrecimiento”, ha resumido el líder de CCOO, y de “incrementar la dependencia de los combustibles fósiles de Estados Unidos”, para sacar rendimiento económico de estos conflictos internacionales.

Los líderes sindicales han reconocido el papel del Gobierno de España, y en concreto del presidente Sánchez, como “referente internacional” ante los conflictos armados en el mundo y las políticas internacionales de Estados Unidos, como les han transmitido diversas organizaciones sindicales internacionales este fin de semana en una reunión en Barcelona. “Es evidente que, le guste o no a una parte de la política española, que el Gobierno español es una posición claramente de liderazgo, que agradecen” los sindicatos internacionales, ha sostenido Álvarez.

El coladero de la vivienda para los salarios

La subida de salarios para el reparto de la riqueza que está generando España es una reivindicación constante de CCOO y UGT, que ya han hecho pública su propuesta de subida de remuneraciones para los próximos tres años, del 4% y hasta el 7% para los salarios bajos.

Pero CCOO y UGT han querido centrar la mirada este Primero de Mayo en uno de los principales problemas sociales y económicos del país, el encarecimiento y el problema de acceso a la vivienda, como un coladero por el que se va gran parte del salario de los trabajadores, incluso en los casos en los que se están beneficiando de mayores incrementos de sueldo.

Las centrales de trabajadores han emplazado a las administraciones públicas a actuar para dar soluciones a este problema, en varias direcciones: topar los precios de los alquileres en las ciudades más tensionadas, aumentar la construcción de vivienda pública asequible, penalizar la tenencia de pisos vacíos para especular, y medidas para impedir esta especulación.

Sordo ha insistido en la necesidad también de visualizar y hacer pedagogía a los ciudadanos sobre las competencias en materia de vivienda de cada administración (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos), donde ha considerado que hay “mucho desconocimiento”.

El compromiso ya está sobre el papel. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha suscrito hoy con siete sindicatos el anunciado acuerdo que recoge las “bases para la reactivación” de la carrera profesional en el ámbito sanitario de la comunidad autónoma.

Catorce años después de la eliminación de este derecho para las y los trabajadores del sector sanitario durante el Gobierno de Dolores de Cospedal, otro gobierno, el de Emiliano García-Page lo recuperará tras once años al frente de la Junta de Castilla-La Mancha.

“Este es un acto de justicia y lamento que no hayamos podido hacerlo antes”, les ha dicho Page a las y los profesionales sanitarios. “Podría haber repuesto los decretos derogados el primer día. Sí. Y haberlo hecho sin acuerdo. Lo cierto es que no había dinero y hoy no nadamos en la abundancia”, ha comentado.

El presidente regional ha agradecido a los sindicatos que, a pesar de lo dilatado del tiempo sin la carrera profesional, las pancartas de reivindicación en la calle hayan sido “recientes”. Su consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz ha destacado lo “discreto” de una negociación “con poco ruido”, pero muy larga.

“Hay personas que dicen que llevamos dos semanas trabajando. No. Llevamos once años”, incidía el consejero para anunciar que “el nuevo modelo” se garantizará a través de una ley para “refrendar y proteger el futuro de carrera profesional”.

El acto para la firma del acuerdo se celebraba en una de las salas del Palacio de Fuensalida donde los siete sindicatos firmantes -todos presentes salvo USICAM- respiraban satisfacción, optimismo e incluso se dejó notar un punto de emoción en los discursos, pero también dejaron claro que este acuerdo no es la meta, sino el comienzo para nuevas mejoras. El acuerdo beneficiará a 35.000 profesionales del sector sanitario de la región y será efectivo a partir de enero de 2027.

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Alberto Jara, destacaba este acuerdo “anclado en el diálogo, el consenso unánime, la humildad, la prudencia y la transparencia”, y con “muchos borradores de por medio”, los sindicatos han sido unánimes al destacar que se ha recuperado “la dignidad” profesional.

El responsable de Sanidad de UGT en Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, ha querido aclarar que la carrera profesional “no es una herramienta de reconocimiento económico”, o no solo, sino que también valora la experiencia o la formación continua y es una “medida de justicia y dignidad profesional”.

Tras destacar la disposición al diálogo del Gobierno autonómico ha advertido: “Todavía quedan aspectos por concretar” y sobre todo que la ley lo blinde “con un nuevo modelo de carrera profesional” porque “invertir en las personas que cuidan del sistema sanitario es invertir en la calidad del sistema”.

Todavía quedan aspectos por concretar y una ley lo blinde con un nuevo modelo de carrera profesional

Fernando Peiró — Responsable de Sanidad en UGT

“Gracias por devolvernos la autoestima. Éramos los únicos sin reconocer el trabajo del día a día”, ha dicho Jorge Curiel, presidente del sindicato médico (CESM). “La gente está contenta y es un motivo más para implicarse en el cuidado y la búsqueda de la excelencia. Espera que sea el inicio de otros pactos”.

Gracias por devolvernos la autoestima. Éramos los únicos sin reconocer el trabajo del día a día. La gente está contenta y es un motivo más para implicarse en el cuidado y la búsqueda de la excelencia. Espera que sea el inicio de otros pactos

Jorge Curiel — Presidente de CESM Castilla-La Mancha

Resuelta la reivindicación en el plano regional, Curiel ha recordado que los médicos y facultativos mantienen todavía un pulso con el Ministerio del ramo. Ha pedido “coordinación” a la Consejería de Sanidad para negociar el Estatuto Médico a nivel nacional “porque están pasando cosas por arriba que no deben pasar. Castilla-La Mancha tiene derecho a una financiación autonómica adecuada”, reclamaba.

Después, Pilar Ramos, responsable de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha destacado que este “no es un día cualquiera” para el sector. “Con la memoria intacta tras 14 años largos de bloqueo. Fruto de la movilización y de la negociación colectiva. No es solo cuestión económica sino de justicia” porque “la Sanidad es un engranaje en el que cada pieza es fundamental. Todos ven reconocido su derecho al progreso profesional. Es reconocer a los que cuidan y curan a nuestros ciudadanos”.

En su opinión, la reactivación de la carrera profesional “atraerá talento, también de los que se fueron a otros servicios de salud”, aunque ha advertido que la firma de hoy “es un punto de inflexión, pero no es la meta final. Quedan recortes por revertir”.

La carrera profesional atraerá talento, también de los que se fueron a otros servicios de salud

Pilar Ramos — Federación de Sanidad de CCOO

Ana Isabel Fernández, presidenta de Sanidad en CSIF ha hablado de “14 años de injusticia que nunca debió existir. Era una herida abierta en la dignidad de quienes sostienen nuestro sistema de salud” y ha destacado el “paso necesario y valiente por parte de la Administración pública”.

Han sido 14 años de injusticia que nunca debió existir. Era una herida abierta en la dignidad de quienes sostienen nuestro sistema de salud

Ana Isabel Fernández — Presidenta de Sanidad en CSIF

Durante su intervención ha recordado a quienes perdieron la vida en la pandemia “y no han podido llegar a este momento”. Por eso, decía, “este acuerdo es un homenaje a su memoria”, también ha recordado a quienes se jubilaron sin poder tener acceso a este derecho y a “quienes enfermaron durante la pandemia y siguen cargando con las secuelas”. El trabajo de los y las sanitarias durante la crisis de la COVID-19 ha citado en varios momentos del acto.

Desde USAE, la secretaria autonómica de este sindicato de Enfermería, María José Soria, ha destacado el “compromiso y la voluntad de diálogo por la dignidad profesional”.

Este acuerdo supone decir a miles de profesionales que su esfuerzo tiene valor. Ganan la sanidad pública, el diálogo y los profesionales

María José Soria — Secretaria autonómica de USAE

“Este acuerdo supone decir a miles de profesionales que su esfuerzo tiene valor. Ganan la sanidad pública, el diálogo y los profesionales. Hoy hablamos de justicia, dignidad y futuro”, ha dicho.

El secretario general de SATSE, Juan Francisco Ruiz ha destacado que se ponga fin a “una etapa negra de 14 años, que ha eclipsado otros avances que hemos tenido en la Sanidad pública”. A disposición del SESCAM para llevar el acuerdo a la práctica cuando antes. Y espera “que se produzca de forma ágil”, ha deseado.

Se pone fin a una etapa negra de 14 años, que ha eclipsado otros avances que hemos tenido en la Sanidad pública

Juan Francisco Ruiz — Secretario autonómico de SATSE

Page: “Es un buen día”

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha cerrado un acto que, ha reconocido, “no sabía cómo enfocar”, así que ha optado por “echar mano de un punto de sinceridad”.

“Este es un buen día”, ha asegurado, tras reconocer que le hubiera gustado recuperar “antes” la carrera profesional sanitaria. Eso sí, aclaraba, “no hubiera consentido mejorar las condiciones de los trabajadores, a costa de cuestionar los servicios. Eso es lo que nos ha frenado estos años”, ha explicado. “Cuando entramos teníamos dificultades para pagar las nóminas”.

Ha agradecido a los profesionales que pusieran “a los pacientes por delante” todo este tiempo y a los negociadores que hayan trabajado el acuerdo “con tesón, paciencia y persuasión”. Ha dejado caer que no ha sido fácil. “Desde que tomé posesión del cargo todo ha sido una carrera y lo sigue siendo”, decía, y no solo porque se había recortado en Sanidad, sino porque también se hizo lo propio en Educación, Dependencia o infraestructuras públicas. “La situación era angustiosa”, aseguraba. “Alguien dirá que no había más remedio”.

También ha recordado que este acuerdo “no lo paga Page, sino los ciudadanos con sus impuestos” y ha recordado su intención de blindarlo por ley “aunque se pueda derogar” porque, en todo caso, “siempre es más complicado que derogar decretos”.

Sobre el futuro ha advertido de la situación económica. “Las autonomías estamos muy mal financieramente. Y no habrá quien diga -la palabra recortar está muy denostada- que hay que ajustar en un futuro”. En este punto ha recordado que “en destrozar se tarda poco pero construir es más arduo porque es a costa de más ingresos o de más impuestos”.

Las autonomías estamos muy mal financieramente. Y no habrá quien diga -la palabra recortar está muy denostada- que hay que ajustar en un futuro

Emiliano García-Page — Presidente de Castilla-La Mancha

Después se ha referido a los retos en la Sanidad pública que considera “inmensos”. “Yo no será presidente cuando este escenario se plantee, pero ¿cuánto habrá cambiado el sistema con la IA?”, se ha preguntado. “Es un reto en la función pública”, ha asegurado, dirigiéndose a los sindicatos.

También ha atribuido que ahora haya una peor percepción del estado de la Sanidad al “frentismo” y después ha pedido “ayuda” a los sindicatos para un pacto de Estado: “Al menos un pacto por el gasto farmacéutico en su conjunto y el hospitalario también” porque “hay que garantizar la sostenibilidad del sistema”.

Los recursos no son infinitos ni tampoco la gratitud. No se va a arreglar cargando más el bolsillo al ciudadano. España tiene que seguir creciendo, pero tiene que llegar a acuerdos en materia de financiación autonómica

Emiliano García-Page — Presidente de Castilla-La Mancha

Cree que “los recursos no son infinitos ni tampoco la gratitud. No se va a arreglar cargando más el bolsillo al ciudadano. España tiene que seguir creciendo, pero tiene que llegar a acuerdos en materia de financiación autonómica. O la hay, o al menos para el gasto sanitario”, decía para reclamar un “girar a un modelo preventivo más que curativo”.

Se ha referido también a las listas de espera sanitaria. “Hoy hay más en la privada que en la pública y cuando las cosas se ponen difíciles los de la privada mandan a la pública”.

Hace una semana, CSIF La Rioja denunciaba las condiciones “insalubres” a las que estaban sometidos los trabajadores de las oficinas de Fondos Europeos en Logroño por una fuga en un baño. Una semana después, la formación sindical vuelve a denunciar el “abono y abuso de Función Pública a los empleados que dependen del Gobierno de La Rioja”.

De hecho hablan de “vergonzosas e insalubres” las condiciones de las infraestructuras en las que empleados públicos están desarrollando su trabajo. Reiteran la situación en las oficinas de la Consejería de Hacienda, “en la que ya han comenzado las obras pero sigue afectando al Servicio de Transmisiones Patrimoniales y el puesto de trabajo del Vigilante de Seguridad del centro de la C/ Portales, 46, donde 11 trabajadores están obligados a desarrollar su jornada laboral con mascarillas debido al ambiente con moho, olor a humedad y polvo”, por lo que exigen que la “inmediata reubicaicón de estos trabajadores. ”Es un peligro para los trabajadores como para la ciudadanía que tiene que realizar algún trámite en estas instalaciones, aunque a la Administración parece no importarle la seguridad ni de unos ni de otros“.

Y al margen de esta denuncia, desde la formación sindical también afean el “maltrato” que están sufriendo los empleados públicos riojanos “por su negativa a permitir el desarrollo profesional de sus trabajadores además de la falta de respeto y promesas incumplidas que vienen soportando desde estos últimos años”. En concreto, responsabilizan al Consejero de Administraciones Públicas, Alfonso Domínguez, “y su mano derecha”, el director General de la Función Pública, Ángel Sáinz Yangüela, de negarsea tomar medidas “para que los empleados públicos riojanos puedan acceder a mejoras de empleo”. Y es que aseguran que “desde Función Públcia se ponen todas las trabas a que trabajadores que están desarrollando funciones de superior categoría de manera habitual y que tienen la titulación requerida para ello, no puedan acceder a estos puestos cuando están vacantes y la Administración los ocupe, si no existe una lista de espera, con personas enviadas por las Oficinas de Empleo de La Rioja”.

Por esta razón exigen a la Administración que desarrolle de forma urgente la mejora que se recoge en el art.113 de la Ley de Función Pública y realice las modificaciones legislativas necesarias para que tengan acceso a esta mejora de empleo los funcionarios de carrera y los que se encuentran desempeñando “puestos singularizados” no los pierdan cuando accedan a mejoras de empleo y deje de poner trabajas a los empleados públicos riojanos.

La huelga indefinida convocada por Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO para los controladores de Saerco, compañía que gestiona el tráfico en nueve aeropuertos, comienza este viernes 17 de abril a las 00.00 horas en nueve aeropuertos. Entre ellos, el de Jerez de la Frontera y el de Sevilla a escasas jornadas de que comiencen tres macroeventos: la final de la Copa del Rey, la Feria de Sevilla y, próximamente, el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez.

Aparte de los aeródromos andaluces, Saerco gestiona el control de tráfico aéreo de los aeropuertos de A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos, Vigo, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. La huelga afectará a 104 trabajadores y, en un comunicado, los sindicatos han indicado que su decisión de convocar la huelga está destinada a denunciar la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional.

Entre las causas de la huelga, USCA y CCOO citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso “abusivo” de las disponibilidades, cambios de turno comunicados “con escaso margen”, falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y prácticas organizativas irregulares en varias dependencias. Las organizaciones convocantes advierten además de que la seguridad aeronáutica “no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente”.

Sevilla y Jerez

A través de las redes sociales, USCA señala que la torre de control en Jerez de la Frontera ha sufrido un recorte del 35% de controladores aéreos operativos que tienen que gestionar el aumento progresivo en el número de operaciones, que alcanza hasta un 35%. “Llevar a los controladores aéreos al límite es inaceptable”, denuncian.

En cuanto al de Sevilla, aseguran que en 2012, bajo la gestión pública de Aena, se contaba con 18 controladores para “garantizar la seguridad”. Una cifra que se ha reducido a los 12 compañeros a raíz de la entrada de Saerco. Este decrecimiento va en detrimento del aumento de la carga de trabajo, ya que en apenas una década se han pasado de las 48.520 operaciones anuales a las más de 73.1000 operaciones que se registraron en 2025, aseguran en un comunicado. “¿Se está poniendo en riesgo la seguridad aéreo por maximizar beneficios”, cuestionan.

Servicios mínimos

Los sindicatos y la compañía se reunieron este miércoles para tratar de encontrar un punto común que permitiera desconvocar la huelga, pero finalmente la acción sindical sigue adelante en lo que se prevé como un fin de semana de alta ocupación, ya que, solo en torno a la final de la Copa del Rey se habían programado unos 50 vuelos extra en la ciudad que deben integrarse a la media diaria de 185 vuelos comerciales.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos para esta huelga del 100% para vuelos dedicados a emergencias, de Estado, traslados policiales y vigilancia; de entre el 66% y el 83% para vuelos domésticos a territorios no peninsulares; entre el 51% y el 59% para los vuelos peninsulares con alternativa de transporte superior a cinco horas e internacionales, y de entre el 34% y el 36% para los vuelos peninsulares con alternativa de transporte inferior a cinco horas: Protección reducida de entre el 34% y el 36%.

Derechos de los pasajeros

Ante esta huelga, Facua recuerda a todos los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga que tienen derecho a la devolución del importe del billete o a la conducción hasta el destino final en un vuelo alternativo. Así, ante la previsión de que esta huelga pueda resultar en cancelaciones o retrasos de los vuelos programados para esos días, Facua recuerda que los afectados tienen derecho al reembolso integro del billete o a un transporte alternativo hasta el destino final, según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 261/2004.

Si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo, la asociación recuerda que el artículo 9 de la normativa europea obliga a la empresa a ofrecer a los pasajeros afectados comida y refrescos suficientes, alojamiento en un hotel si fuera necesario en el supuesto de que se haya optado porque se proporcione un vuelo alternativo, y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel.

Por su parte, OCU recuerda a los viajeros afectados que, además de su derecho al reembolso del precio del billete pueden reclamar una compensación adicional según la distancia y el ofrecimiento o no de un vuelo alternativo que podrá llegar hasta los 600 euros.

Centenares de trabajadores de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) se han concentrado esta mañana ante la Consejería de Hacienda, en Sevilla, para reclamar que se habilite el presupuesto que permita la negociación de un convenio colectivo, caducado en 2009, el cual “dignifique” las condiciones de trabajo de quienes cuidan a las personas con trastorno mental grave en Andalucía.

En un comunicado, la FSS-CCOO Andalucía denuncia, una vez más, que Faisem tiene las tablas salariales más bajas de todo el personal que trabaja en los entes públicos de la Junta y sufre una merma de plantilla perdiendo en los últimos ocho años hasta 200 plazas públicas de empleo. Asimismo, esta organización sindical alerta de que las condiciones en las que se atienden a los usuarios también han empeorado en cuanto a cuestiones de habitabilidad de los centros residenciales, calidad del servicio y sobrecarga de sus profesionales.

“Es una decisión política mejorar o no las condiciones de trabajo de la plantilla y las condiciones de vida de las personas que atiende esta Fundación”, asegura el delegado de CCOO en Faisem y presidente de su Comité Intercentros, Joaquín Valderrama. CCOO recuerda además que, mientras 16 entes públicos han presentado sus necesidades presupuestarias para el reparto de fondos acordados en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Andaluz, la Gerencia de Faisem no ha aportado el expediente correspondiente para optar a esos fondos, lo que deja a su plantilla sin posibilidad de mejorar sus condiciones salariales.

Condiciones de los usuarios

“El actual gobierno de la Junta desprecia la labor de las y los profesionales de Faisem y las condiciones de vida de los usuarios de esta Fundación por el poco valor que da al sector de los cuidados en general y por el estigma que pesa sobre las personas con trastorno mental grave, quienes son en definitiva el sentido de ser de esta Fundación”, asevera Valderrama.

Por su parte, la candidata del PSOE de Sevilla a las elecciones Verónica Pérez ha asegurado que su partido va a priorizar la salud mental dentro de su plan “para rescatar la sanidad pública tras ocho años de desmantelamiento” por parte del jefe del Ejecutivo andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno. “Los socialistas mostramos nuestro total apoyo a las y los trabajadores de Faisem, que exigen a Moreno Bonilla condiciones laborales indignas y una interlocución con la Junta”, ha manifestado la candidata socialista.

Asimismo, ha lamentado que “cuando la sociedad está más convencida que nunca de la necesidad de atender bien a la salud mental, el Gobierno andaluz se dedica a desmantelarla, como hace con todo lo que tenga que ver con la sanidad pública”. Finalmente, Verónica Pérez ha valorado que Faisem fue, en su día, “un ejemplo de atención integradora y de calidad a la salud mental para los andaluces que más lo necesitan”, aunque ha afeado a su vez al Partido Popular de “romper” ese concepto.

La Sareb, conocida popularmente como 'banco malo', que absorbió activos tóxicos de las cajas que quebraron para liquidar su deuda y sus inmuebles, da sus últimos pasos hasta que su suelo y sus viviendas pasen a formar parte de Casa 47, la nueva empresa estatal que debe impulsar la vivienda pública en España. Sucede que los 270 trabajadores de la empresa en liquidación no saben cuál será su futuro y exigen que Casa 47 cuente al menos con algunos de ellos para contratarlos. Fuentes de la nueva empresa pública explican a elDiario.es que contratarán a 48 personas antes del verano y a 36 más hasta final de año, un total de 84 profesionales, pero se harán por concurso-oposición, lo cual de entrada cierra la puerta a cualquier contratación directa procedente de Sareb, también pública con más del 50% de acciones en manos del Estado.

“Es una empresa nueva que, en parte, va a hacer lo mismo que ya hacemos aquí y nuestra experiencia les sirve. No puede ser que se queden nuestros activos y que, en cambio, nosotros nos vayamos a la calle”, denuncian fuentes sindicales de CSIF, que aclaran que ya están estudiando presentar una demanda por sucesión empresarial para que la nueva Casa 47 absorba también a algunos sus trabajadores en una contratación.

En el año 2012, se empezaron a incorporar estos 270 trabajadores en Sareb, que nacía tras la quiebra de cajas de ahorros españolas para dar salida a 50.000 millones de activos tóxicos entre préstamos e inmuebles, con la finalidad anunciada por el entonces ministro Luis de Guindos, que llegó a prometer una rentabilidad del 15%. Con una cartera aún pendiente de liquidar de 19.000 millones y una deuda de más de 25.000 que debe asumir, en parte, el Estado, Sareb tiene previsto entrar en liquidación entre finales de 2027 y principios de 2028, pero una parte de la plantilla deberá quedarse para seguir liquidando parte de esta cartera y adecuar las alrededor de 40.000 viviendas que traspasará a Casa 47. Para ello, ha licitado por un total de 147 millones dos contratos de licitación hasta liquidación, con opción a prórroga de dos años.

“No es coherente que nos digan que no nos pueden avanzar nada de nuestro futuro aún y, en cambio, estén licitando con los servicers con opción de alargar durante unos años”, denuncian las fuentes del CSIF, que aparte de una posible recolocación de algunos trabajadores en Casa 47, exigen un documento de compromiso para saber a qué atenerse en un futuro próximo. “Merecemos saber si va a haber un despido colectivo y cuándo, cuál es el mínimo que ofrecen de días por año trabajado de indemnización, qué planes de recolocación y formación plantean... Nos dicen que es pronto, pero el final de Sareb ya está anunciado y pueden ir trazando un plan”, denuncian. “Somos 270 familias las que estamos pendientes. Si nos garantizan que 50 seguirán en Sareb hasta después de la liquidación, que 50 más irán a Casa 47, pues ya vamos resolviendo algunas cuestiones”, demandan. “Pero no nos dicen nada”, denuncian.

Los trabajadores de Sareb, que tienen contrato de empresa privada porque era la mayoría del accionariado cuando fueron contratados (pasó a tener mayoría pública en 2022), no aspiran a ser funcionarios, sino que reclaman que se les contrate con la modalidad laboral de contrato a extinguir. Aseguran que existen precedentes en que tras la denuncia por sucesión empresarial se ha llegado a un acuerdo para ceder los trabajadores en empresas públicas como Tragsa o Icex. Reclaman lo mismo y se muestran, en cambio, pesimistas sobre la posibilidad de que las oposiciones de Casa 47 puntúen favorablemente la experiencia en Sareb. “Algunos profesionales se han presentado recientemente a otras oposiciones y pese a sacar buenas notas en los exámenes técnicos, no han pasado”, lamentan.

Después de no avanzar en la negociación amistosa, el sindicato trabaja ya en dos vías para escalar el conflicto. La primera es esta demanda por sucesión empresarial que, aun en fase inicial, están consultando con los letrados. La otra es “elevar la presión a entidades como el FROB (Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria, accionista mayoritario de Sareb), a la secretaría general del Tesoro y al Ministerio”, apunta.

Mientras tanto, Casa 47 trabaja ya con más de 170 trabajadores para empezar a absorber tanto la vivienda como el suelo público de Sareb y buscar otras vías para impulsar la vivienda pública en España. Con una inversión prevista de 13.000 millones en la próxima década, buscan también comprar vivienda vacía a fondos de inversión para convertirla en pública, como ya intentan con la primera oferta pública de 100 millones, y adecuar otro suelo público como el nuevo barrio Campamento en Madrid con terrenos que eran del ejército.

Con todo, la mayor dotación de vivienda y suelo garantizada para Casa 47 son las 40.000 viviendas y 2.400 suelos, donde se pueden construir 55.000 más, de Sareb. Para gestionar todo ello, esperan contar con 250 trabajadores a final de año y con hasta 400 a corto-medio plazo.

Los problemas de salud mental relacionados con el empleo siguen prácticamente fuera de las estadísticas oficiales según el análisis de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales presentado por Comisiones Obreras (CCOO). Tal y como apunta el informe, en 2025 se registraron en España más de 600.000 bajas laborales vinculadas a problemas psicológicos, pero solo 203 casos se reconocieron como de origen profesional.

Para el sindicato, es una “carencia del sistema” que los riesgos derivados del trabajo siguen sin reflejarse en la prevención ni en la protección de las personas trabajadoras. “Cuando se habla de absentismo, lo que se ignora sistemáticamente son las condiciones que hay detrás”, ha advertido el secretario general del sindicato, Unai Sordo.

El análisis, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, también llama a no sacar conclusiones erroneas de la bajada general de accidentes laborales. Aunque en 2025 descendieron tanto los accidentes con baja como los mortales, CCOO considera que esa mejora no se explica por una prevención más eficaz en las empresas, sino por el tipo de empleo que se está creando y por una mayor estabilidad en la contratación.

Menos accidentes, pero no por una mejor prevención

Durante el año pasado se registraron 620.386 accidentes de trabajo con baja, un 1,9% menos que en 2024. Los accidentes mortales bajaron un 9,6%, hasta 735 fallecimientos, el dato más bajo del siglo tal y como destacó la organización.

Sin embargo, los responsables sindicales insistien en que esa evolución no significa que las empresas estén mejorando en prevención. Según el informe, entre 2019 y 2025 el empleo aumentó con más fuerza en sectores con menores índices de siniestralidad. “No están bajando los accidentes porque se hagan mejor las cosas, sino porque se crea más empleo en actividades con menos riesgo y porque hay menos rotación laboral”, resumió Sordo.

Además, añaden que la reducción de la temporalidad también habría ayudado a reducir accidentes. En 2025 se firmaron siete millones menos de contratos que en 2019, pese a que hay más personas asalariadas. Para CCOO, una mayor estabilidad permite acumular experiencia y conocer mejor los riesgos del puesto de trabajo.

La salud mental gana peso en el trabajo

Junto a la mejora en los datos generales, el sindicato ha alertado de otros problemas menos visibles. La digitalización, la presión en los ritmos de trabajo, los sistemas de control, los horarios imprevisibles o las dificultades para conciliar están afectando a la salud mental de muchas plantillas. “Desde hace 30 años el trabajo ha cambiado por completo y la prevención no se ha actualizado al mismo ritmo”, señaló el secretario confederal de Salud Laboral y Medioambiente, Mariano Sanz.

Sordo inisitió en que distintos estudios sitúan las condiciones laborales entre los factores que más influyen en la salud mental. Según los datos citados por el dirigente sindical, el 43% de los problemas de salud mental guardan relación con el trabajo, una proporción que sube al 49% en el caso de las mujeres.

Enfermedades profesionales invisibles

La denuncia de CCOO se extiende al conjunto de las enfermedades profesionales. En 2025 se comunicaron 30.713 casos, una cifra que el sindicato considera muy inferior a la real. La mayoría de los reconocimientos corresponden a trastornos musculoesqueléticos, mientras otras dolencias siguen pasando desapercibidas.

El ejemplo más claro para la organización es el cáncer laboral. En todo 2025 solo se notificaron 119 partes por esta causa y únicamente 35 acabaron en una baja. Frente a ello, CCOO maneja estimaciones de unas 16.000 personas enfermas y cerca de 6.000 muertes anuales por tumores de origen profesional. “Hay trabajadores que mueren por enfermedades causadas por su empleo y figuran en las estadísticas como si hubieran aparecido porque sí”, denunció Sordo.

Quién corre más riesgo en el trabajo

El informe también destaca que los accidentes laborales no afectan igual a toda la población trabajadora. Los trabajadores manuales multiplican por casi 500 la incidencia respecto a ocupaciones técnicas, un dato que Sanz resumió así: “La siniestralidad es una cuestión de clase”.

También persiste una diferencia por sexo. El 70% de los accidentes con baja y el 93% de los mortales afectan a hombres, concentrados en sectores masculinizados. En cambio, los accidentes in itinere, los que ocurren en los desplazamientos al trabajo, son mayoritariamente femeninos, con un 54% de los casos. El sindicato relaciona este dato con la carga de cuidados y la doble jornada.

La nacionalidad también influye. Según los datos expuestos por CCOO, las personas trabajadoras extranjeras registran tasas de accidente superiores a las de la población española, especialmente por su presencia en actividades de mayor riesgo y por una situación más vulnerable a la hora de reclamar medidas de seguridad.

“Incumplir las normas laborales sale gratis”

La construcción sigue siendo uno de los sectores más preocupantes tal y como plantea el análisis de las estadísticas. Sordo la definió como “un agujero negro” de la mortalidad laboral, al mantenerse una relación directa entre más actividad y más accidentes graves. A ello se suma el envejecimiento de la plantilla, que está aumentando problemas de salud como infartos o ictus.

Durante la comparecencia, CCOO reclamó al Gobierno que desbloquee la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y apruebe cuanto antes las normas pendientes sobre riesgos psicosociales y fenómenos climáticos extremos. Sanz advirtió de que muchas empresas siguen sin contar con protocolos frente a las altas temperaturas y criticó la falta de controles públicos. “Incumplir las normas laborales sale gratis”, afirmó.

El sindicato también pidió más Inspección de Trabajo, menos externalización de la prevención, un registro estatal de empresas y trabajadores expuestos a sustancias químicas y cambios en el sistema de mutuas para evitar conflictos de intereses en el reconocimiento de enfermedades profesionales. “Trabajar sí, pero enfermar no” concluye Mariano Sanz.

Este sábado 18 abril tendrá lugar un acto de homenaje a Juan Antonio Mata, el que fuera secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, recientemente fallecido y con el que el sindicato quiere rendir “un merecido reconocimiento público a quien ha sido referente del sindicalismo de clase en esta región”.

El acto se celebrará el sábado 18 de abril, a las 11 horas, en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete y en él está previsto que participen “compañeros y compañeras que compartieron luchas y trabajo a lo largo de sus más de 50 años de trayectoria en CCOO, en los que asumió distintas responsabilidades”, según ha informado el sindicato.

Tendrá lugar “en recuerdo a quien ha sido, y seguirá siendo en la memoria colectiva de varias generaciones, un defensor de la libertad y de los derechos laborales, y pieza fundamental de la construcción de CCOO en la provincia de Albacete y del fortalecimiento del sindicato en la comunidad de Castilla-La Mancha”, ha comentado el sindicato.

Testimonios desde la clandestinidad a la creación del sindicato

Será un acto con los testimonios de personas que le han acompañado en sus distintas etapas y de imágenes que recorren su vida, tanto en la esfera pública como privada. Se le recordará desde los tiempos de la clandestinidad, en los que luchó contra la dictadura y participó junto a otros compañeros en la creación de CCOO en Albacete, pasando por sus diferentes etapas al frente del sindicato a nivel provincial y regional, y la presidencia del Consejo Económico y Social, hasta su vuelta a su puesto de funcionario en la Administración de Justicia.

El secretario general de CCOO Castilla La Mancha, Javier Ortega, explica que “este acto se ha concebido desde la necesidad de poner en valor el compromiso de Juan Antonio Mata con la defensa de los derechos de la clase trabajadoras, su contribución a hacer de este sindicato una de las organizaciones más grandes y con más peso en Castilla La Mancha y como reconocimiento de toda la familia de Comisiones Obreras”.

Ortega ha añadido que, transcurrido algo más de un año desde que Juan Antonio Mata falleció, era el momento de recuperar entre todos y todas su memoria, no sólo sólo para reivindicarsu figura y significar el papel que ha desempañado en este sindicato, sino también para recordar momentos, emociones, valores y enseñanzas que han marcado a quienes tuvieron la suerte de conocerle“.

Al acto está previsto que asistan, además de afiliados y afiliadas, compañeros y compañeras del sindicato, una representación de la ejecutiva confederal de CCOO, la actual dirección regional y uniones provinciales, así como representantes institucionales, políticos, sociales y empresariales de Albacete y Castilla-La Mancha.

La dilatada trayectoria de un activo de la democracia

Nacido en 1949 en Benajarafe (/Málaga), aunque su familia se trasladó a Albacete cuando él tenía 8 años, Juan Antonio Mata adquiriró desde muy joven una conciencia de clase que le llevó a jugar un papel muy activo en la lucha social y política contra el franquismo, y a participar en la creación de las primeras Comisiones Obreras en Albacete, antes incluso de la legalización de los sindicatos y del Partido Comunista.

Formó parte de la famosa asamblea fundacional de CCOO Albacete en La Marmota, en julio de 1976, y fue detenido en 1977 durante la manifestación prohibida del Primero de Mayo.

Fue concejal del Partido Comunista en Albacete en las primeras elecciones democráticas municipales y secretario general de CCOO Albacete entre 1985 y 1995. Posteriormente, asumió la Secretaría General de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, cargo que ocupó hasta 2004. Desde 1976 hasta entonces, fue miembro del Consejo Confederal de Comisiones Obreras.

En 2005, Juan Antonio Mata fue nombrado presidente del Consejo Social y Económico de Castilla-La Mancha, puesto que ejerció hasta que el organismo fue suprimido en 2011. Volvió entonces a su puesto de funcionario de la Administración de Justicia en Albacete. De 2018 a 2022, representó a CCOO en el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

CCOO de Castilla-La Mancha destaca su papel fundamental en las luchas y conquistas de la clase trabajadora de la región, siendo protagonista en multitud de conflictos y momentos clave, como la huelga general del 14D, y una figura esencial en la construcción del diálogo social en una joven comunidad autónoma.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, asistirán este año a la manifestación del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, de Málaga capital, pocas horas después del arranque de la campaña electoral en Andalucía que oficialmente empieza la medianoche del 30 de abril al 1 de mayo. Los comicios andaluces tendrán lugar el 17 de mayo.

Según han informado ambos sindicatos, los detalles de cómo celebrarán ambos sindicatos este día serán comunicados el próximo lunes en una rueda de prensa conjunta. No obstante, la decisión de organizar el evento en la capital costasoleña no está exenta de carga política por el contexto en el que se produce.

La manifestación central del 1º de Mayo se celebra desde hace años en Madrid, donde los dirigentes de CCOO y UGT suelen encabezar la marcha y pronunciar sus habituales discursos.

El año pasado, la manifestación de Madrid se celebró bajo el lema Proteger lo conquistado, ganar futuro y en ella, los dirigentes sindicales reivindicaron la necesidad de rebajar la jornada laboral hasta las 37,5 horas y de reformar el despido en España.

Aunque el acto central del 1º de Mayo suele estar en Madrid, CCOO y UGT convocan siempre para este día más de 70 en distintas localidades de toda España.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sabe de antemano que el representante de su gobierno que se siente en el diálogo social para abordar el plan sobre las bajas laborales se va a encontrar con una postura crítica de los sindicatos y con el respaldo entusiasta de la patronal. Pero este lunes ha dejado claro que el proyecto no depende de que haya un acercamiento en las negociaciones y que va a salir adelante con acuerdo o sin él. El jefe del Gobierno gallego ha insistido en la defensa de sus intenciones para redoblar el celo que se pone en el control de las incapacidades temporales: “Creemos que es necesario actuar y actuaremos”. No hay, insistió, otra alternativa.

El plan fue el anuncio que centró la atención en el debate sobre el estado de la Autonomía de la pasada semana. Rueda avanzó que su equipo va a “pisar el acelerador” con un programa que busca limitar las bajas laborales: una unidad específica va a revisar las bajas -aunque, en realidad, las decisiones ya dependen de médicos-, con especial atención a los motivos más frecuentes, que son lesiones musculoesqueléticas y problemas de salud mental. Además, se aceptarán las propuestas de alta de las mutuas salvo que algún elemento genere dudas, en cuyo caso se citará a la persona de baja para revisar su estado.

Las reacciones no se hicieron esperar: la CIG, que es el sindicato mayoritario en Galicia, consideró a Rueda “un vasallo de la patronal” y avanzó que no se va a presentar al diálogo social; Comisións Obreiras censuró que el foco se ponga sobre las personas trabajadoras, cuando el problema “no está ahí”, sino, en su opinión, en las listas de espera en la sanidad o en una patronal que descuida la salud laboral. UGT se mostró a favor de dialogar, pero con la advertencia de que lo que ve en este plan es una crítica a la propia gestión de la Xunta porque considera que el problema son las demoras para ser atendido por un médico o hacerse una prueba.

Hubo más posturas contrarias a las intenciones anunciadas por la Xunta: BNG y PSdeG votaron en contra de apoyar las medidas propuestas; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las consideró ilegales y anunció que las recurrirá ante el Tribunal Constitucional; y la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria se refirió a las propuestas como “disparatadas”. A pesar de todas estas críticas, Rueda asegura que “hubo muchas reacciones positivas”. Las que han trascendido públicamente son las de su partido, el PP gallego, y la de la Confederación Galega de Empresarios (CEG), que hace tiempo que adoptó el discurso del absentismo y pide medidas para combatirlo.

El presidente gallego aseguró este lunes, en respuesta a varias preguntas sobre su plan, que “lo más cómodo sería no reaccionar frente a lo que todos coinciden en que es un problema que afecta a la productividad”. Cargó contra quienes piden retirar el proyecto porque considera que, con las explicaciones que él ha dado hasta ahora, no lo conocen. Se dirigió en especial a Yolanda Díaz y consideró que es una “irresponsabilidad” anunciar un recurso contra una medida que “no sabe en qué consiste”. Pidió “un poco de tiempo” para ir presentando detalles del plan. El primer paso, dijo, es llevarlo al diálogo social para poder tener la estrategia elaborada este semestre. Si no hay consenso, avisó de que su equipo gobierna apoyado en la mayoría absoluta del PP, que recibió votos para “resolver problemas”.

Rueda defendió, en respuesta a una pregunta sobre si asume responsabilidades por el impacto de las listas de espera sanitarias en los tiempos que esperan personas de baja pendientes de pruebas y consultas, que el plan busca mejorar el funcionamiento de la administración y complementarlo con refuerzos, como el de las mutuas privadas. Aseguró también que no está poniendo en duda la labor de los sanitarios que conceden las bajas ni acusando a los trabajadores de cometer fraude. Trató de ilustrarlo comparando las incapacidades temporales, que no son posibles de partida sin la supervisión de un médico, con los incumplimientos al volante: “Es como decir que no hay que perseguir las infracciones de tráfico porque la mayoría de la gente no las comete”.