El sindicato independiente de profesionales aeronáutico (SIPA) de Airbus, ATP, CGT, UGT y ÚTIL han convocado una “gran marcha” en Sevilla este jueves que contará con la representación conjunta de los tres centros de Airbus en Andalucía -Cádiz, San Pablo Sevilla y Tablada Sevilla-, tras no alcanzar un acuerdo con la empresa en el marco de la huelga iniciada el pasado 1 de julio.

La marcha en la capital andaluza, desde la Puerta de Jerez hasta el Ayuntamiento, forma parte del calendario de movilizaciones impulsado por la plantilla durante el conflicto abierto con la dirección de la empresa.

Antes del inicio de la manifestación, el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha explicado que el sindicato ha estado “desde el primer momento junto a los trabajadores y trabajadoras defendiendo sus reivindicaciones” y ha valorado positivamente los últimos avances registrados en la negociación.

Saucedo ha señalado que la empresa presentó ayer una nueva propuesta que supone una mejora respecto al convenio que UGT decidió no firmar y que, además, fue impugnado judicialmente por la organización sindical. “La propuesta presentada mejora las condiciones del convenio que no firmamos. Ahora corresponde a la plantilla decidir si ese avance es suficiente”, ha afirmado.

Ratificar o no el nuevo acuerdo

El responsable sindical ha recordado que el conflicto ha trascendido las plantas andaluzas y se ha extendido a distintos centros de Airbus en España, como Getafe y Albacete, evidenciando el amplio rechazo que generó el anterior acuerdo.

El sindicato respetará el resultado del referéndum convocado para este viernes. “Si la plantilla ratifica el acuerdo, nuestra organización lo respaldará. Si considera que no responde a sus expectativas, continuaremos con las movilizaciones hasta lograr un convenio que garantice unas condiciones laborales justas”, ha indicado Rodríguez Saucedo.

El origen del conflicto reside en el profundo malestar existente entre la plantilla de una empresa que obtiene beneficios multimillonarios mientras sus trabajadores consideran que ese esfuerzo no se traduce ni en una recuperación suficiente del poder adquisitivo ni en un reconocimiento acorde con su aportación.

El Grupo de Acción Social y Sindical, del que forman parte diferentes colegios oficiales, asociaciones profesionales y sindicatos, ha expresado su deseo, ante la próxima resolución de las Medallas de Extremadura, de que “no se olvide y quede relegado” el galardón para trabajadora social Belén Cortés, asesinada en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores.

Recuerdan que Belén Cortés Flor presentaba una trayectoria profesional digna de mención y representaba los valores de la región, además de que su galardón supondría un homenaje a título póstumo para ella y su familia, así como la expresión de reconocimiento “a un sector social muy abandonado y poco reconocido, con la intención de un cambio real tras los fatales hechos sucedidos”.

“Esperamos desde este grupo que la compañera tenga el galardón y homenaje que merece”, señalan.

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, antigua CRTVG y que agrupa a la TVG y a la Radio Galega, intentó imponer al cuadro de personal un “protocolo general que tiene como objeto la tramitación de las medidas de conciliación” sin abrir negociación con la representación sindical. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha tumbado la iniciativa, condenado a la empresa pública por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical, anulado el documento y obligado a indemnizar a los sindicatos que habían presentado la demanda: CUT, UGT y Comisións Obreiras.

Según la sentencia, dictada por la Sala de lo Social, “cualquier documento de este tipo que afecte de forma colectiva a las condiciones de trabajo de la plantilla debe pasar obligatoriamente” por la mesa de negociación o el comité intercentros “en virtud del derecho a la negociación colectiva”. La cúpula de la compañía quiso evitar el trámite al enviar un texto a las centrales, “una propuesta de instrumento de ordenación de las solicitudes de conciliación de la vida personal, laboral y familiar”, y conceder 15 días para presentar alegaciones. Los sindicatos se negaron, amparándose en el Estatuto de los Trabajadores.

La empresa insistió en su táctica y el comité intercentros -del que forman parte CUT con cinco delegados, CIG con tres, UGT con 2, USO y Comisións uno cada uno- replicó con una propuesta de apertura de mesa de negociación. La empresa se negó y anunció que aplicaría unilateralmente el protocolo. Ahora el Tribunal Superior “considera que no es legalmente posible que la CSAG imponga unilateralmente un protocolo de conciliación sin abrir una negociación colectiva con el comité intercentros”. “Existe, por tanto, una vulneración del derecho a la negociación colectiva y del derecho a la libertad sindical”, concluye.

La sala deja sin efecto el mencionado documento y obliga a la CSAG a pagar 7.501 euros a cada uno de los tres sindicatos denunciantes en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Contra la resolución, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Este periódico ha solicitado una valoración de la sentencia a la compañía pública gallega, pero de momento no ha recibido respuesta.

La ciudad de Santander ha vuelto a ser escenario de la crudeza de la crisis de la vivienda. A primera hora de este miércoles, alrededor de las 7.15 horas, un despliegue de la Policía Nacional de dos furgones y siete agentes ha procedido a acordonar un perímetro de unos metros en torno al portal número 20 de la calle Antonio López en el centro de la ciudad.

Algo, al parecer, “habitual”, según ha justificado pasadas las 8.30 horas a elDiario.es uno de los efectivos, para que posteriormente la comisión judicial pudiera realizar su trabajo. El agente se refería al desalojo de Blanca, su hija y su perro de la vivienda que esta ciudadana santanderina sexagenaria habita desde que tenía 12 años.

A pesar de la resistencia civil pacífica convocada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, en cuya concentración se han escuchado proclamas como “todas bajo techo, la vivienda es un derecho” o “ no nos va a callar la violencia policial”, el desalojo se ha consumado pasadas las 10.30 horas, dejando a la familia en una situación que Blanca define como de “indefensión total”. De nada ha servido la conversación previa de Yolanda Ceballos, portavoz del Sindicato, con los miembros de la Comisión Judicial, para tratar de explicar la falta de solución habitacional de esta familia que se ve abocada a una situación de calle.

La jornada de este miércoles ha dejado un sabor amargo en el movimiento por la vivienda en Cantabria, entre los que había también miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). A la ejecución del desahucio se suma la denuncia del Sindicato de Vivienda sobre la agresión sufrida por una de sus activistas durante la carga policial para despejar la entrada del edificio que se ha producido a primera hora.

El sindicato ha querido dejar claro que lo ocurrido trasciende el caso individual de Blanca. “Nosotras desde el Sindicato de Vivienda lo único que podemos decir es que es una derrota para todas, tanto para Blanca y su hija, como para quienes han puesto el cuerpo hoy para intentar evitar el desalojo”, han valorado.

A pesar del golpe anímico que supone no haber podido frenar el lanzamiento y de ver cómo la familia queda hoy sin techo, la organización mantiene su compromiso de lucha: “La violencia policial no va a impedir que sigamos defendiendo el derecho de protesta y el derecho a una vivienda digna frente a la libertad para especular y hacer negocio de la miseria de otras”.

“Se han reído en mi cara”

Visiblemente afectada y tras presenciar cómo su hija sufría un ataque de ansiedad durante el proceso, Blanca ha denunciado ante los medios de comunicación y decenas de activistas presentes lo que considera una traición por parte de las instituciones que debían protegerla.

Su crítica más feroz ha ido dirigida a su representación legal de oficio: “La abogada ha sido cobarde, no está aquí. Se ha vendido al propietario de esta vivienda”, ha lamentado. Según Blanca, esta ausencia ha sido determinante, ya que la letrada no habría tramitado la renovación de su certificado de vulnerabilidad, un documento clave para frenar el lanzamiento.

La inquilina sostiene que tanto los Servicios Sociales como la Consejería de Vivienda han “ignorado” sistemáticamente sus recursos. Ambas subsisten con el Ingreso Mínimo Vital, ya que su hija está en situación de desempleo. “Se me ha ninguneado, no se me ha hecho ningún caso. Los Servicios Sociales se han reído en mi cara”, ha relatado con indignación, subrayando que mientras le dicen que no hay parque público disponible, ella tiene constancia de la existencia de “2000 viviendas cerradas para gente como yo”, ha clamado Blanca tras ser expulsada de su hogar. “La Constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna, ¿dónde están la mía y la de mi hija? Y la de mucha gente que está en esta condición como yo”.

“Para fiestas sí tenemos dinero”

La desesperación de Blanca se acrecienta ante los plazos administrativos que no coinciden con la urgencia de quien se queda en la calle. Según su testimonio, dispone de una calificación habitacional desde el pasado 28 de abril, pero la respuesta institucional sigue estancada. “La contestación ha sido: espérate porque todavía estamos calificando a los de febrero. O sea, me tendré que esperar al año que viene, si llego”, ha lamentado la afectada frente al portal de la que hasta hoy era su casa.

Blanca ha cargado duramente contra la gestión del Ayuntamiento de Santander, acusando al consistorio de “lavarse las manos” y priorizar el gasto en festejos sobre la necesidad de sus ciudadanos. “Lo gastamos en fiestas; para eso sí tenemos dinero, pero no para dar casa a quien se lo merece”, ha criticado. La sensación de ser tratada como ciudadana de segunda categoría ha sido una constante en su discurso, llegando a cuestionar si sus derechos como española están siendo vulnerados frente a otros colectivos, en un momento de máxima tensión emocional.

La alternativa: el albergue municipal

La alternativa habitacional ofrecida por el Ayuntamiento de Santander para Blanca y su hija ha sido el Centro de Acogida Princesa Letizia, una opción que la familia ha rechazado. Blanca alega que no es un entorno “seguro” para dos mujeres solas, citando supuestos incidentes recientes de violencia y delincuencia en el centro.

Tras el desalojo, Blanca y representantes del Sindicato de Vivienda han acudido a las dependencias municipales para pedir una solución de emergencia que no pasara por el centro Princesa Letizia. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido inflexible. Javier San Millán, del Sindicato de Vivienda, ha explicado que los responsables municipales “han dado largas” y finalmente han dado una respuesta negativa alegando que la solución no dependía directamente de ellos.

En los Servicios Sociales, la respuesta ha sido un ultimátum: o aceptan el ingreso en el Princesa Letizia o deberán dormir en la calle. La opción de RedEnlace, otro recurso habitacional, ha quedado descartada por criterios técnicos, ya que la prioridad de dicho programa son mujeres con hijos menores de edad, y al ser la hija de Blanca mayor de edad, el sistema las excluye.

Al cierre de esta información, Blanca, su hija y su perro se encuentran en la calle, sin una alternativa habitacional. El sindicato reconoce “haber agotado todas las vías institucionales posibles” y la administración, por ahora, solo ofrece un centro de acogida temporal, durante solo cuatro días, que la familia no considera una solución digna.

Cuatro trabajadores de la empresa Salsa Rica S.L., ubicada en el polígono El Sequero de Agoncillo, han sido despedidos tras iniciarse las visitas para promover la celebración de elecciones sindicales en la empresa. UGT ha convocado una concentración este jueves 23 de julio, de 13:30 a 14:30 horas, frente a la empresa para denunciar esta situación.

UGT ha manifestado su preocupación por estos hechos y ha considerado que el despido de personas trabajadoras coincidiendo con el inicio del proceso electoral “supone un grave ataque a la libertad sindical y al derecho de las personas trabajadoras a elegir libremente a quienes las representen”.

La libertad sindical y el derecho a la representación de las personas trabajadoras están protegidos por la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical (LOLS) y por el Estatuto de los Trabajadores, que garantizan el derecho a promover elecciones sindicales y a participar en ellas sin sufrir represalias. De este modo, desde UGT FICA La Rioja exige el respeto a estos derechos fundamentales y rechaza “cualquier actuación que pueda limitar o impedir el ejercicio de la actividad sindical dentro de las empresas”.

El sindicato ha anunciado que adoptará las iniciativas sindicales y jurídicas que sean necesarias para garantizar el pleno respeto de estos derechos fundamentales y para que ninguna persona trabajadora tenga que elegir entre ejercer sus derechos o conservar su puesto de trabajo.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, “se ha metido en un lío”, según un observador de los últimos movimientos en Osakidetza. El equipo de Martínez, anestesista que hasta estrenarse en política en 2024 trabajaba en el hospital de Cruces, ha acordado en encuentros “bilaterales” con el SME (Sindicato Médico de Euskadi) una mejora de las condiciones laborales exclusivamente de los facultativos, unos 8.500 de una plantilla de 34.000. Esto está consensuado también con un nuevo movimiento llamado MUD que carece de representación legal.

El resto de los sindicatos, una amplísima mayoría en el foro legal de negociación, la mesa sectorial, ha avisado de que el plan es “clasista” y que este intento de arreglar el objetivo problema de las demandas de los facultativos, con huelgas intermitentes desde comienzos de 2026 y las listas de espera disparándose, ha podido generar un gran incendio en el resto de la plantilla, númericamente muchos más que los facultativos. Se prepara ya un “otoño caliente” y una potencial huelga general tendría un seguimiento mucho mayor y unas consecuencias imprevisibles en la asistencia sanitaria. Es más, ni siquiera el acuerdo garantiza que el SME se descuelgue de las convocatorias de huelga, que son de ámbito español.

1 - Cuál es el contexto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acordado con la mayoría sindical en el Sistema Nacional de Salud (Satse, CCOO, UGT y CSIF) un estatuto marco para regular las condiciones laborales de todas las categorías profesionales. Sin embargo, las organizaciones corporativas se han opuesto con firmeza, demandando un estatuto propio para los médicos. En el Colegio de Médicos de Vitoria, por ejemplo, lleva meses colgado un cartel con esa reivindicación.

Así, se han ido celebrando huelgas de una semana de duración todos los meses hasta junio. Igualmente, parte del personal médico ha dejado de hacer las denominadas 'peonadas', que son turnos adicionales o 'autoconcertaciones' para reducir las listas de espera fuera del horario ordinario. A finales de mayo, la demora quirúrgica en Osakidetza se estaba acercando ya al pico de 85 días alcanzado en agosto de 2022, tras la finalización de las oleadas de la COVID-19, muy por encima de los 54,2 de hace medio año. Se han incrementado las derivaciones a la privada de modo notable.

Desde el principio, el consejero Martínez ha secundado esta demanda y criticado que la ministra García, de Sumar, no se avenga a negociar. No es el único frente abierto con ella, ya que también mantienen un conflicto con las liquidaciones de los fondos de compensación entre comunidades autónomas. Es más, Martínez se ha erigido en portavoz de las 17 comunidades autónomas en sus críticas a García, también anestesista. Le ha llegado a pedir que delegue las competencias del estatuto marco para resolver el entuerto desde Euskadi.

Como detalle, cuando Osakidetza informa del seguimiento de las huelgas médicas, las notas siempre vienen encabezadas con la frase de que son convocatorias “contra el Ministerio de Sanidad”. La última de ellas tuvo lugar el 19 de junio con la siguiente participación: 16,92% de seguimiento en el turno matinal y 7,85% en el vespertino. El SME asume que los datos están cayendo conforme pasan los meses.

2 - Quién ha firmado el acuerdo

En Euskadi, el último convenio en Osakidetza se firmó en 2008. Era consejero Gabriel Inclán y lehendakari Juan José Ibarretxe, ambos del PNV. Desde entonces, han pasado muchas cosas. En Salud, por ejemplo, estuvo el socialista Rafael Bengoa y los nacionalistas Jon Darpón, Nekane Murga y Gotzone Sagardui.

Ahora, sin haber actualizado el acuerdo regulador, se ha firmado una mejora solamente para una parte de la plantilla y se ha añadido que es un paso “histórico”. El enfado en el resto de la organización es mayúsculo, a la luz de las declaraciones de diferentes representantes sindicales de Satse, de los cuatro sindicatos de clase (ELA, LAB, CCOO y UGT) e incluso de otras organizaciones minoritarias.

Las últimas elecciones en Osakidetza fueron en 2024. Satse fue la ganadora con 89 delegados de 361 posibles. ELA quedó como segunda fuerza con 81, LAB fue la tercera con 44 y en cuarto lugaron empataron, con 34 representantes, UGT y el SME. El acuerdo, por lo tanto, tiene un respaldo de menos del 10% de la representación de la plantilla. En votos, la central médica logró un porcentaje algo mayor, del entorno del 15%. Según datos del propio SME, incluso el 80% del personal médico en Osakidetza no es del sindicato.

Quien no tiene ninguna representación es el MUD, aunque una portavoz de ese colectivo ha ofrecido declaciones en TVE destacando que hay medidas que son de “justicia” y de “dignidad”, no “privilegios”. Algunas voces asimilan esta situación a la del movimiento 'Ertzainas en lucha' de 2023. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue muy diferente. Se insistió en que había una representación legal y mayoritaria que había que respetar y unos foros tasados para el debate. Finalmente, se acordó un convenio precisamente con todos los sindicatos salvo el más próximo a aquel movimiento.

En el caso del SME, Mabel Arciniega ha llegado a decir que “en la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, que basta con que las refrende el Consejo de Gobierno, y ha argumentado que los facultativos tienen una “problemática específica”. “Sí, somos una parte pequeña, pero somos el eje del sistema”, añadió. Satse no ha dudado en tildar de “ilegal” el pacto. LAB introdujo también otro elemento para la reflexión: ¿están pidiendo algunos médicos más descansos en la Sanidad pública cuando a la vez trabajan en la privada?

3 - Qué se ha acordado

El mejor reflejo del acuerdo es la documentación facilitada por el SME. La central pone el énfasis en el final de las guardias de 24 horas. Igualmente, hay mejoras en las libranzas y en los pagos de esas horas de guardia. “Así, el precio hora guardia supera a la hora ordinaria y, además, con la actualización de las tablas retributivas anuales, conlleva un incremento progresivo hasta llegar a un 38% en el precio de la guardia en 2028 de tal forma que hacer dos guardias equivaldrá a hacer tres guardias en la actualidad”, sostiene el sindicato. Igualmente, “se va a ir disminuyendo paulatinamente la edad de exención, hasta llegar en 2030, hasta los 50 años”. “Es decir, que un profesional de 46 años en la actualidad, podrá dejar de hacer guardias y optar por los módulos compensatorios dentro de cuatro años”, se indica.

“Somos conscientes de que, a día de hoy, eliminar las guardias de un plumazo”es imposible de cara a garantizar una atención 24/7/365 a la ciudadanía. Requiere de un análisis profundo del sistema y redimensionamiento de la plantilla así como de un cronograma de implementación de medidas hasta alcanzar el objetivo. Mientras esto se lleva a cabo, se ha propuesto que, de forma voluntaria y de mutuo acuerdo con el equipo y la jefatura, la persona pueda optar, entre semana, por no trabajar la mañana del día de guardia (recuperando esa jornada ordinaria otro día por la tarde) o, partir la guardia de fin de semana en dos 'medias guardias' de 12 horas, explica el SME.

Asimismo, los médicos tendrán un “incremento salarial de 300 euros mensuales, de forma paulatina” y “a partir del 1 de julio de 2027”. Hay otros ajustes sobre los horarios o la autoconcertación. El acuerdo, según el SME, incluye que el Gobierno defienda públicamente la singularidad del colectivo médico. “Si bien la propuesta no recoge el 100% de nuestras demandas, desde el Sindicato Médico la valoramos positivamente, ya que incluye medidas de aplicación inmediata que van a suponer una mejora en las condiciones laborales del colectivo en cuanto a descansos, reconocimiento de la penosidad de las guardias, conciliación y equiparación de los distintos niveles asistenciales se refiere”, añaden.

El Gobierno aún no ha precisado el coste económico de las mejoras. Simplemente ha dado el dato de que se pondrán sobre la mesa 13 millones ya en 2026. Lo hizo la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, que fue la encargada de escenificar, con fotografía incluida, la firma del pacto con el SME.

4 - Y ahora qué

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha echado un capote a su compañero Martínez y ha defendido los últimos movimientos. Es algo “bueno” para el colectivo médico, que tiene una “singularidad muy concreta”, y “la ciudadanía lo va a notar muy pronto”. Además, esto no “excluye” que se planteen a futuro mejoras para el resto de la plantilla. Obviando el plantón dispensado ya por las centrales, el Ejecutivo asegura que está “trabajando” con ellas para alcanzar nuevos acuerdos.

Con todo, Ubarretxena ha insistido en que “el origen de todo esto está en Madrid”. “Ante el inmovilismo y la cerrazón, nos ha tocado movernos. Hemos hecho nuestras 'etxeko-lanak', los deberes”, ha explicado. En el Parlamento Vasco, la coalición de la ministra solamente tiene un escaño, pero lo ha usado para criticar al consejero Martínez. “Ignora al conjunto de la plantilla, vulnera derechos sindicales y rompe con las mayorías representativas”, ha lamentado Jon Hernández, portavoz vasco de Sumar.

A tenor de las palabras de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT, se trabaja ya en una movilización de cara al otoño. Deducen que solamente las huelgas han forzado a la dirección de Osakidetza a moverse y entienden que ellos han de aprovechar también esa herramienta. En paralelo, el SME no ha llegado a desmarcarse aún de las nuevas convocatorias médicas previstas en septiembre, que son ya indefinidas. Asegura que no depende de ellos. En todo caso, sí han recomendado a sus afiliados retomar las 'peonadas' para no seguir comprometiendo las listas de espera.

Para el SME, es “lamentable” que “organizaciones que se hacen llamar sindicatos monten un pollo” porque un colectivo logre mejoras laborales. “También somos trabajadores”, ha subrayado en Radio Euskadi. Además, ha considerado “injusto” que facultativos “tengan que hacer unas 1.000 horas más” que un trabajador “normal” de Osakidetza.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, con el apoyo “unánime” de las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, STAS-CLM y UGT, el IX Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, un texto que beneficiará a más de 7.500 trabajadores de la Administración regional.

El nuevo convenio, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, tendrá una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de julio de 2030, y establece el marco regulador de las condiciones de trabajo del personal laboral de la Junta de Comunidades, de sus organismos autónomos y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

La firma de este acuerdo es el resultado de un amplio proceso de negociación entre la Administración regional y la representación sindical, materializado en 25 reuniones de la Comisión Negociadora del convenio colectivo, además de nueve reuniones específicas del grupo de trabajo creado para diseñar un nuevo procedimiento de gestión de las bolsas de trabajo del personal laboral.

El IX Convenio Colectivo incorpora avances significativos en las condiciones laborales del personal, con medidas dirigidas a mejorar la organización del trabajo, favorecer la conciliación y reforzar las oportunidades de desarrollo profesional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Entre las principales novedades destaca la implantación de un nuevo sistema de gestión de las bolsas de trabajo, que permitirá la oferta de puestos mediante llamamientos voluntarios, una medida que facilitará una cobertura más ágil y eficaz de las plazas vacantes. Asimismo, el convenio introduce mejoras en la participación en los concursos de traslados, en los procedimientos de movilidad, en la promoción interna y en el régimen de permisos y descansos.

El texto incorpora una bolsa de horas de conciliación para el personal laboral, para compatibilizar la vida personal, familiar y laboral, y adecuando el convenio al II Plan Concilia y a la legislación vigente.

Además, el nuevo convenio reconoce un complemento específico para el personal que desempeña su jornada exclusivamente en horario de tarde, al tiempo que continúa impulsando mejoras en ámbitos como la formación, la salud laboral y el fortalecimiento de los derechos de representación colectiva.

El acuerdo también supone un avance en la estabilidad y calidad del empleo público, al incluir el compromiso de conversión de los contratos que aún permanecen bajo las modalidades de personal fijo discontinuo y personal de fin de semana en contratos a tiempo completo, mejorando así las condiciones de contratación de estos trabajadores y trabajadoras.

Por último, el IX Convenio incorpora la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de la Administración regional, una medida que será posible tras la reciente aprobación de la normativa estatal que regula esta modalidad.

Los sindicatos UGT, CGT, SIPA, ATP y UTIL –todos a excepción de CCOO– han acordado este martes iniciar los trámites para convocar una huelga indefinida en Airbus a partir del 24 de agosto, tras rechazar el preacuerdo pactado con CCOO por parte de la dirección, han confirmado a EFE fuentes sindicales.

Estas fuentes han explicado que la huelga iniciada el pasado 1 de julio seguirá hasta final de mes y que será el 24 de agosto -ya que las tres primeras semanas de agosto los centros de producción estarán cerrados por vacaciones- cuando se reinicie esta huelga de modo indefinido, informa EFE.

Airbus España había dado este lunes un plazo de 24 horas a los sindicatos para que valoraran el preacuerdo alcanzado el pasado viernes por la dirección de la compañía con CCOO, que incluía una revisión salarial global del 12% durante la vigencia del acuerdo.

Por el momento, la huelga no está convocada, aunque sí que esperan iniciar los trámites en los próximos días ante la falta de mejoras por parte de la dirección de la compañía, en la que participarían UGT, CGT, el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP), y la Unión de Trabajadores Independientes y Libres (UTIL).

Según estas fuentes, además de este preacuerdo, la propuesta incluía una mejora en el ámbito del teletrabajo. No obstante, todos estos sindicatos han declinado la opción en una Asamblea celebrada este martes.

CCOO someterá el preacuerdo con la dirección a la plantilla este jueves, aunque las fuentes consultadas de otros sindicatos ajenos a Comisiones Obreras consideran que no conseguirá un acuerdo mayoritario, ya que, aunque son el sindicato mayoritario, suponen el 35% del total de los trabajadores.

Este preacuerdo garantiza una subida salarial del 5% en enero de 2026 y otro 5% en abril de 2027, además del mantenimiento del teletrabajo.

Asimismo, incorpora una Revisión Salarial Individual (RSI) del 0,5% y un 0,5% para promociones en cada uno de esos ejercicios, además de una cláusula de revisión vinculada al IPC, según apuntó el sindicato en un comunicado al hacer público el preacuerdo.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha convocado una concentración el próximo martes 21 de julio frente a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla para respaldar a la reportera que denunció al exCEO de la principal productora de Canal Sur, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual, como desveló elDiario.es.

La movilización, convocada en “apoyo a la compañera denunciante”, coincide con la declaración judicial de Fuentes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla. La comparecencia del exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y de dos testigos había sido aplazada en dos ocasiones, la última el pasado 25 de junio.

Bajo el lema “por nuestra dignidad: fin a los abusos y a la precariedad en los medios de comunicación”, el SPA quiere mostrar su “apoyo absoluto” y “solidaridad” con la periodista “que ha denunciado valientemente haber sufrido abusos” en ADM, productora participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y principal proveedora de contenidos de Canal Sur.

A la convocatoria se han sumado las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión, el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza. “

Exigimos que los entornos laborales de los medios de comunicación andaluces sean espacios seguros, libres de cualquier tipo de acoso, violencia machista o abuso de poder“, señala la convocatoria, que también denuncia la ”grave situación de precariedad estructural que arrastra“ el sector audiovisual andaluz. Los convocantes apuntan directamente a ”la externalización sistemática de servicios de la RTVA en productoras privadas que, a menudo, imponen condiciones laborales abusivas, salarios de miseria y jornadas interminables, deteriorando la calidad del servicio público y la salud de sus profesionales“.

Un plan de igualdad presuntamente falseado

La convocatoria se produce mientras continúa la investigación judicial en torno a la denuncia presentada por la reportera contra Gustavo Fuentes. Como publicó elDiario.es, ADM carecía de un protocolo de prevención del acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que la periodista decidiera acudir a los tribunales.

Asimismo, este periódico reveló que la empresa habría falseado su Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas un mes antes de que la trabajadora denunciara al entonces CEO por agresión y acoso sexual y de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer abriera diligencias contra él.

La imputación de Fuentes, también adelantada por este periódico, provocó su cese como CEO de la compañía y su salida de la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, entidad impulsada con apoyo de la Junta dentro de la estrategia digital promovida por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

La denuncia de la reportera describe tres presuntas agresiones sexuales ocurridas en distintos momentos entre 2013 y 2023. El escrito aporta fechas, lugares y testimonios de personas a las que la periodista relató los hechos cuando ocurrieron o poco después. También aporta pruebas y testimonios que acreditan el “continuo” acoso sexual que sufrió durante años en la compañía.

La respuesta de la Junta y de la empresa

Desde que trascendió la investigación judicial, el Gobierno de Juanma Moreno —accionista mayoritario de ADM a través de la empresa pública Sandetel— ha insistido en que la trabajadora no utilizó los canales internos de la empresa antes de acudir a los tribunales.

Lo cierto es que unas semanas antes de acudir al juzgado, esos canales internos no estaban “actualizados” y, cuando finalmente se registraron ante la autoridad laboral, el protocolo quedó bajo la responsabilidad de una directiva considerada la mano derecha del ejecutivo posteriormente denunciado.

La reportera ha explicado que no recurrió a los mecanismos internos por “miedo a represalias”. Por su parte, Gustavo Fuentes ha negado las acusaciones en declaraciones a este periódico, calificándolas de “denuncia falsa” y asegurando que “nadie ha activado en cinco años” el protocolo interno que permite denunciar de forma anónima.

La periodista presentó la denuncia el 26 de enero. El juzgado abrió diligencias en febrero y tomó declaración a la víctima el 25 de marzo. Posteriormente citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, aunque la comparecencia fue suspendida después de que el acusado modificara la relación de testigos apenas tres días antes.

Tras publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aseguró que conocía la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Fuentes próximas al exCEO de la productora coinciden en que Fuentes le trasladó su situación judicial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en abril.

Pese a ello, ni el Gobierno andaluz ni la dirección de la RTVA apartaron al directivo de la principal productora de Canal Sur hasta que elDiario.es hizo pública la investigación, el pasado 9 de junio.

Exigencia de responsabilidades

El Sindicato de Periodistas de Andalucía reclama ahora “responsabilidades políticas y empresariales”, así como “el cumplimiento estricto de los convenios colectivos” y la implantación de protocolos “eficaces y externos frente al acoso en todas las empresas del sector” audiovisual.

Por su parte, el Comité Intercentros de la RTVA añade la exigencia de que la radiotelevisión pública “asuma y garantice la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas prestadoras de servicios”, además de velar por el respeto a los convenios colectivos y a la legislación en materia de igualdad.

El Ministerio de Trabajo ha ordenado la inscripción y publicación del convenio colectivo de ARTE, el primero a nivel nacional de grandes cadenas del comercio textil y que afecta a más de 120.000 trabajadores, tras subsanar los aspectos requiridos a la comisión negociadora tras la impugnación del mismo por parte de UGT, según informan fuentes sindicales.

En concreto, el convenio, firmado el pasado 2 de junio por los sindicatos CCOO Servicios y Fetico y la patronal ARTE, que está integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras enseñas de moda, ha superado el control de legalidad y las correspondientes subsanaciones técnicas, de acuerdo con el procedimiento ordinario y en tiempo y plazo, según informa Europa Press.

De esta forma, los requerimientos se han centrado en correcciones, adaptaciones y aclaraciones de determinados aspectos de la redacción que refuerzan los acuerdos alcanzados y la seguridad jurídica del texto.

La resolución de inscripción y publicación emitida por la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado de Trabajo, ordena “la inscripción del citado Convenio en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad”, y su inserción en el BOE, prevista para los próximos días.

Este acuerdo, que tiene que ser publicado ahora en el BOE, permite dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro.

Fetico ha recordado que el convenio aumenta de “forma significativa” la capacidad de negociación de las organizaciones firmantes. A través de la comisión paritaria, los diferentes observatorios y las herramientas previstas en el texto, se velará por el avance permanente no solo de las condiciones laborales, sino también de los derechos relacionados con la igualdad, la diversidad, las personas LGTBI y la discapacidad, entre otros ámbitos.

Por su parte, CCOO Servicios ha celebrado la culminación del “largo proceso” de negociación y tramitación de un convenio histórico que homologa y da garantías a nivel estatal y que incorpora “mejoras sustanciales” en jornada, conciliación y retribuciones para los trabajadores del sector.

El Banco Santander y los sindicatos han alcanzado este viernes un acuerdo de prejubilaciones que permitirá a los trabajadores en España con 55 años que quieran abandonar voluntariamente su puesto cobrar hasta el 95 % de la pensión, según han avanzado a EFE fuentes de CC.OO.

El plan de prejubilaciones no tiene ningún objetivo concreto de salidas, pero el 25 % de la plantilla del Santander en España, unos 5.000 empleados, tendrán la opción de valorar las condiciones, ya que unos 3.500 trabajadores tienen ya 55 años y otros 1.500, que ahora tienen 53 o 54 años, alcanzarán esa edad durante la vigencia del plan, explican las mismas fuentes.

En ningún caso esto se traducirá en la salida de 5.000 empleados, pues los propios sindicatos reconocen que ni el Banco Santander puede prescindir de ese número de trabajadores ni que todos ellos tengan interés en dejar sus funciones.

Aun así, teniendo en cuenta que cada año se prejubilan cerca de 800 empleados del Santander, los sindicatos calculan que la oferta actual podría hacer que esa cifra se eleve a los 1.000 y durante la vigencia del acuerdo, aún pendiente de desarrollar y firmar, haya entre 2.500 y 3.000 salidas en los próximos dos años y medio.

Las condiciones de las prejubilaciones

Aunque los mayores de 55 años pueden llegar a recibir hasta el 95 % de la pensión de la Seguridad Social, el acuerdo recoge además que quienes tienen entre 55 y 57 años pueden obtener el 74 % del salario y el 76 % para los mayores de 58.

Además, se recogen beneficios adicionales como el convenio especial hasta los 63 años y seis meses, revalorizaciones de dicho convenio limitadas al 4%, y el mantenimiento del seguro de vida colectivo, de las aportaciones al plan de pensiones, ayuda por discapacidad y un premio especial por antigüedad.

CCOO destaca también que habrá una Comisión de Control y Seguimiento de la que formará parte para velar por el cumplimiento de las condiciones pactadas, garantizando la voluntariedad del proceso y analizando de manera pormenorizada el posible impacto de las bajas en la carga de trabajo.

Aunque el sindicato llegó a proponer que el plan de prejubilaciones se ofreciera para la plantilla desde los 50 años, el Santander rechazó la propuesta y el umbral mínimo quedó fijado en los 55 años.

Lo que sí consiguieron los representantes de los trabajadores es que las condiciones sean mejores que las del ERE de 2020, con el argumento de que el coste de la vida ha subido y los resultados del Banco Santander siguen batiendo récord.

En una reunión virtual a primera hora de la mañana, el 86,34 % de la representación sindical ha dado su conformidad a la firma del acuerdo de prejubilaciones y ahora queda pendiente la rúbrica del documento definitivo.

CCOO, sindicato mayoritario en el Santander y en la banca española, recuerda en un comunicado que hasta la fecha las prejubilaciones se gestionaban de manera individualizada y las condiciones carecían de vinculación legal por lo que podían ser modificadas unilateralmente por el banco en cualquier momento.

Tras la revisión del texto y su firma, el acuerdo entrará en vigor beneficiando a la plantilla al garantizar un acceso “equitativo y voluntario bajo criterios objetivos y transparentes” y unas condiciones “blindadas” mediante acuerdo colectivo.

La cadena de supermercados Lidl y los sindicatos han firmado el nuevo convenio colectivo que garantiza, entre otros aspectos, un incremento salarial mínimo acumulado del 15% hasta 2030, con una subida consolidable del 4% en 2026 y del 3% anual entre 2027 y 2029.

Además de las mejoras salariales, el cuarto convenio colectivo de la compañía incorpora avances en materia de conciliación de la vida laboral y personal, contratación, consolidación de jornada, permisos retribuidos y beneficios sociales, según han informado las partes en diferentes comunicados.

El acuerdo actualiza distintos aspectos relacionados con la igualdad, la diversidad, la prevención de riesgos laborales y la adaptación de las relaciones laborales a los nuevos desafíos derivados de la transformación tecnológica. También se recoge una política retributiva para el trabajo en domingos y festivos.

Lidl ha asegurado que realizará una inversión “histórica” de más de 280 millones de euros en los próximos cuatro años para dar un salto “cualitativo” en las condiciones económicas, sociales y de conciliación de la plantilla, lo que supone duplicar el presupuesto del anterior convenio. Solo en 2026 la inversión será de más de 70 millones de euros.

Lidl mantiene que el pacto hace que la empresa se sitúe “a la vanguardia del sector” gracias a un “robusto paquete de derechos y beneficios sociales para su plantilla a fin de garantizar su bienestar y facilitar la conciliación”.

Su consejero delegado para España, Claus Grande, ha añadido que la firma es la “consolidación” del compromiso con las personas, que son el “motor” que mueve a la empresa.

Con este acuerdo, “aseguramos que nuestro crecimiento vaya siempre de la mano del bienestar de nuestros colaboradores, dando seguridad económica y garantizando incrementos salariales muy importantes para los próximos cuatro años”, ha remarcado.

Por su parte, UGT ha subrayado que “uno de los aspectos más relevantes” del nuevo convenio es la mejora de las condiciones retributivas.

Ha puesto también el foco en la regulación de la jubilación parcial con contrato de relevo, una reivindicación sindical “histórica” que favorecerá el relevo generacional y ofrecerá nuevas oportunidades para una transición ordenada hacia la jubilación.

Este sindicato cree, no obstante, que aún existen “importantes” retos en el ámbito del comercio y de la distribución –por ejemplo, ampliar la inclusión de cláusulas de revisión salarial en el sector–. En todo caso, ha valorado este acuerdo que supone “avances concretos” para los profesionales de Lidl.

Un centenar de representantes sindicales de los bomberos forestales de Castilla-La Mancha han salido a la calle este jueves para denunciar “recortes” en la campaña de este año, de los que han responsabilizado “directamente” a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y con la que han reclamado reunirse, acusándola de hacer caso omiso a sus demandas.

Concentrados en la toledana Plaza de Zocodover, los bomberos y bomberas forestales han pedido campañas de extinción de 122 días, estabilidad laboral para la plantilla interina y fija discontinua, bolsa de empleo durante todo el año, cumplimiento del convenio colectivo, unidades operativas con dotaciones completas, aplicación de la Ley 5/2024 del bombero forestal y la integración como personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

'Bombero forestal, precario laboral', 'Consejera dimisión', 'Si esto no se arregla, huelga huelga huelga' han sido algunos de los lemas que han coreado representantes de los sindicatos CCOO, CSIF, SIBF, UGT, USO, Solidaridad Obrera, SPPLB y STAS.

Esta concentración se produce dos días después de que Mercedes Gómez afirmase que la campaña de incendios es “como la campaña de verano de El Corte Inglés o el refuerzo que se realizan en la hostelería en los meses de verano para poder apoyar la atención al público”, lo que suscitó críticas desde los sindicatos por compararles con una “campaña de rebajas”.

Manuel Amores, presidente del Comité Intercentros de CCOO, ha señalado que con esta reivindicación “llueve sobre mojado”, porque “año tras año, los recortes del Gobierno de Castilla-La Mancha están ahí”, precisando que si la campaña dura 122 días, en este tiempo no está el dispositivo al completo, lo que supone peligro para los trabajadores y para el monte. “Este año hemos empezado la campaña solamente con el 44% de los retenes”, ha asegurado.

Respecto a la negociación del convenio, ha reconocido que sí se ha abierto con la empresa Geacam, pero esta negociación se está realizando “con cero euros”, haciendo responsable directa a la consejera del ramo de esta situación.

“Se está negociando un convenio y ella no quería saber nada. Ella es la responsable de los recortes que se están haciendo en este dispositivo. Es la primera responsable de todas esas consecuencias y venimos aquí a quejarnos de ella, de la consejera y del gobierno de esta región”, ha aseverado.

En este punto, ha avisado de “decisiones futuras” que tendrá que decidir el Comité Intercentros, y sobre si cabe una huelga en esta campaña, ha señalado que es algo que tiene que decidir todas las organizaciones sindicales.

Bolsas “desiertas” que no cubren las bajas

Por su parte, Iván Sarro, de UGT, ha denunciado la precariedad de las bolsas de trabajo señalando que a los aspirantes se les ofrece entre 60 y 90 días de trabajo al año, situación con la que una familia no puede subsistir.

“¿Qué familia puede subsistir con 60 o 90 días de trabajo al año? Ninguna. Por eso las bolsas se están quedando desiertas. No hay gente en las bolsas para cubrir las posibles bajas. Y eso es lo que conlleva que las unidades estén inoperativas a lo largo de todo este verano”, ha afirmado.

Esto genera “acumulación, carga de trabajo y más problemas laborales”, ha afirmado Sarro, al tiempo que ha acusado a Gómez de “desfachatez” por no atender una reunión que están “solicitando continuamente” para que les explique “qué es lo que quiere hacer con este dispositivo”.

Elisa Sánchez, del SIBF, ha incidido en que el encuentro con la consejera se ha solicitado desde el año pasado. “Parece que no tiene tiempo, parece que no hay tiempo en la agenda para determinadas cosas, porque para actos institucionales sí”, ha aseverado.

Asimismo, ha reclamado que “como personal esencial y de emergencia” los bomberos forestales deberían “ser personal laboral de la Junta” y que “no haya ninguna empresa mediadora”. “Esa es nuestra máxima y es lo que de verdad exigimos y por eso queremos que la consejera nos escuche”, ha demandado Sánchez, que ha denunciado que “el estatuto básico de bomberos forestales no se está aplicando como se debe de aplicar”.

“Apenas unidades” durante la campaña completa

En representación de CSIF ha hablado Iván Moncada, quien ha criticado que en la región haya una campaña de incendios 122 días en la que el dispositivo no está al completo, cuando ahora hay “mayor riesgo de incendios y peores condiciones climáticas para que haya incendios”.

Ha lamentado que haya “menos tiempo de activación”, pues “no hay apenas unidades que estén activadas los 122 días”. En extinción, hay unidades que tienen 96 y 100 días de trabajo, ha indicado.

“Con 100 días de trabajo tenemos gente que no está formada, tenemos dotaciones que están fallando, en la provincia de Guadalajara en uno de los turnos toda la sierra norte está sin vigilancia, torretas de vigilancia que no cumplen la normativa y la cierran… esto está ocurriendo el día a día”.

“La consejera está tomando actuaciones muy kamikazes y está poniendo en riesgo no solo los montes, sino la vida de los profesionales que están dando servicio de extinción”, ha afirmado Moncada, apuntando que hay trabajadores que “han salido directamente del paro y se ponen a dar un servicio de extinción sin tener la formación ni la experiencia adecuada”.

Ha citado algunos ejemplos de esta situación: en la provincia de Guadalajara, “uno de los dos turnos toda la Sierra Norte está sin vigilancia y no lo cubren, torretas de vigilancia que no cumplen con la normativa”, así como la situación de los camiones nodriza, “solo uno por provincia”.

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha presentado una reclamación al Consejo de Transparencia ante la falta de información del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) sobre los Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura (CADEX).

En un comunicado, ha recordado que “a raíz de las evidencias sobre la inercia privatizadora del CADEX” y de conversaciones con algunos de los afectados, el sindicato decidió solicitar información precisa sobre el número de usuarios del CADEX, desglosado por provincias, por categorías y por años hasta 2026.

Esta solicitud de información, al amparo de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, debe ser contestada antes de un mes, algo que no se ha producido, según ha asegurado el SIP. Ha criticado que la Junta de Extremadura tiene como “costumbre asentada” no responder a la ciudadanía, ni a sus empleados públicos ni a los sindicatos o, al menos, a ellos. A su juicio, “es un ejemplo de mala administración, contraria a la legislación europea y española, que no se puede dejar pasar”.

El sindicato ha advertido de que los sindicatos están para obligar a las administraciones a rendir cuentas de todo aquello que puede terminar afectando a las condiciones de trabajo.

“El SIP no va a dejar de emplear ninguna herramienta para buscar la excelencia de las administraciones públicas, que pasa necesariamente por el cumplimiento escrupuloso de todos los preceptos legales, por el mantenimiento y mejora en la calidad de los servicios públicos, por el sostenimiento y ampliación del Estado de bienestar, por la desprivatización de las administraciones, por la permanente orientación a la ciudadanía bajo el mandato de buena administración de la UE y, por supuesto, por la constante mejora de las condiciones y derechos de los empleados públicos”, ha subrayado este sindicato.

La empresa NIDEC ARISA ha trasladado este martes la relación de personas trabajadoras que han solicitado acogerse voluntariamente al Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Del total de 56 extinciones inicialmente planteadas por la empresa, se han presentado 35 solicitudes de adhesión voluntaria.

Tras su valoración, la empresa ha aceptado 26 solicitudes, mientras que 9 personas voluntarias no han sido admitidas, argumentando que dicha decisión responde a razones organizativas y productivas que hacen necesaria la permanencia de esos puestos de trabajo. La aceptación de estas 26 adhesiones voluntarias supone una reducción muy significativa del número de extinciones de carácter forzoso, que pasan a representar aproximadamente el 50 por ciento de las bajas inicialmente previstas.

Este hecho contribuye a minimizar el impacto social y el carácter traumático que conlleva un proceso de despido colectivo, al permitir que una parte importante de las salidas se produzca por decisión voluntaria de las personas trabajadoras. La empresa también ha informado de que contactará telefónicamente con cada una de las personas afectadas para comunicarles la fecha efectiva de finalización de su contrato.

Como criterio general, las extinciones se producirán entre el 15 de julio y el 31 de agosto, si bien, de forma excepcional, algunas podrán materializarse hasta el 15 de septiembre con el fin de garantizar la finalización de determinados proyectos o trabajos ya iniciados. En cualquier caso, el acuerdo alcanzado contempla la posibilidad de que las extinciones puedan ejecutarse hasta el 31 de diciembre, en función de las necesidades organizativas y productivas de la empresa.

Asimismo, en aquellos casos en los que no pueda respetarse el plazo legal de preaviso, la empresa abonará la compensación económica correspondiente, cantidad que será regularizada e incluida en la liquidación y el finiquito de cada persona trabajadora en el momento de la extinción de su contrato.

UGT FICA, mayoritaria en el comité, valora “positivamente que el proceso haya permitido canalizar un elevado número de solicitudes voluntarias, reduciendo así el alcance de las extinciones forzosas y mitigando el impacto que este procedimiento tendrá sobre la plantilla. No obstante, seguirá vigilante para garantizar el estricto cumplimiento del acuerdo alcanzado”.

En este sentido, UGT FICA realizará un seguimiento permanente de la aplicación del ERTE a través de la Comisión de Seguimiento prevista en el acuerdo y velará porque todas las medidas se apliquen conforme a lo pactado, supervisando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa y defendiendo en todo momento los derechos e intereses de la plantilla.

Comisións Obreiras ha anunciado que llevará ante la Justica el recorte del derecho a baja laboral en el que se ha embarcado la Xunta de Galicia. Fue la medida estrella del último discurso sobre el estado de la autonomía pronunciado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, y su superior en Madrid, Alberto Núñez Feijóo, la quiere replicar a nivel estatal. Para el sindicato, este primer paso de una ofensival que cuenta con el apoyo de la patronal y de algunos medios de comunicación, “supone un cambio de modelo que refuerza el papel de las mutuas en el control de las bajas médicas, reduce las garantías de tutela pública y sitúa los intereses económicos por delante de los criterios estrictamente clínicos”. También la CIG ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En un comunicado, el secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, Armando Iglesias, ha reclamado la retirada inmediata de la resolución que refuerza el papel de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales y lamenta que la Xunta presente la modificación como una medida para agilizar la gestión de la incapacidad temporal cuando su “efecto real” será “ampliar las funciones de las mutuas privadas en el seguimiento de los procesos de baja y debilitar el papel del sistema público de salud”.

El sindicalista opina que uno de los cambios más lesivos de la nueva instrucción es la implantación de una autorización única que “permitirá a las mutuas coordinar, solicitar y ejecutar todas las pruebas diagnósticas y tratamientos relacionados con un proceso de incapacidad temporal”. Advierte de que esta modificación elimina el sistema de autorización individualizada, reduce el control ejercido por la sanidad pública y deja la evolución de la baja en manos de entidades privadas con intereses económicos. CC.OO. alerta además de que la resolución refuerza el peso de las propuestas formuladas por las mutuas y condiciona la capacidad de decisión del personal facultativo de Atención Primaria. Esta orientación “puede favorecer altas médicas prematuras y anteponer la rápida reincorporación al trabajo a la recuperación completa de las personas enfermas”, advierte Iglesias.

Otro de los aspectos que preocupa al sindicato es el tratamiento de la información clínica. La resolución prevé que los resultados de las pruebas realizadas por las mutuas se incorporen a la historia clínica electrónica, una medida que, según CC.OO., “amplía el acceso de entidades privadas a datos especialmente sensibles”. Todo ello después de que CIG y CC.OO. -ambas centrales suman una amplísima mayoría sindical- se hayan descolgado de la presunta mesa del diálogo social que aborda el asunto de las bajas laborales, en la que solo quedan Xunta, patronal y UGT.

Representantes de los sindicatos ELA, CCOO, LAB, UGT y ESK en los comités de empresa de Tubos Reunidos exigirán en las tres reuniones previstas este martes con la administración concursal “transparencia” y conocer “de primera mano y no por la prensa” la información “oportuna” de las posibles ofertas que vayan entrando así como que no espere hasta “última hora” y al cierre del plazo, el 14 de septiembre, para desvelar “potenciales interesados”. La compañía de Amurrio está en concurso de acreedores, un proceso que coincide con la investigación judicial por presunta corrupción como consecuencia del posible pago de comisiones ilegales por el rescate millonario de 2021 a manos de la SEPI.

Las cinco centrales con presencia en los comités de empresa de las plantas del fabricante de tubos han sido citadas por la administración concursal a tres reuniones este martes. La primera, a las 10.00 horas en la planta de Trapagaran; la segunda, prevista a las 12.00 en Amurrio y la última a las 16.00 horas en Iruña de Oca, informa Europa Press.

Los sindicatos llegan a estas reuniones, tal y como han trasladado, “expectantes” y abiertos a recibir “información y explicaciones” sobre el estado de la empresa y de todos los interesados en la compra de Tubos Reunidos que hayan presentado su solicitud formal de interés para participar en el proceso concursal. Además de estar de acuerdo en que hay que esperar a si se les traslada “algo relevante o se trata de reuniones rutinarias sin novedades” otro de los puntos de coincidencia entre los cinco sindicatos es su postura favorable a la venta unitaria de toda la unidad productiva y no por separado.

En ese sentido, desde CCOO han trasladado que “igual hay alguna sorpresa pero es mejor valorar tras las reuniones para ver la situación general” y también “cuál es la situación actual de la empresa”. Desde UGT coinciden en este diágnostico acerca del proceso concursal y confían en que se les “trasladen las posibles ofertas que se están planteando para la posible compra de la unidad productiva, si es que las hay”.

Por su parte, desde ELA, también han confirmado que acuden “expectantes”, aunque van a exigir “transparencia, información en el tiempo oportuno o quién puede estar como oferente”. Por parte LAB coinciden en apuntar a la actitud de la dirección y esperan “transparencia” por parte del administrador. ESK agrega que reclamará “explicaciones” sobre “asuntos pendientes”, como los días de libre disposición, la externalización del servicio de vigilancia de la salud y otras materias relacionadas con las condiciones laborales de la plantilla, como el intento de cambio del calendario laboral o la comunicación a los trabajadores de bloqueo de parte de sus días de libre disposición, considerándolos “deuda” contra la masa pasiva.

Hay palabras y expresiones que se gastan de tanto usarlas, como una moneda que pasa de mano en mano hasta que ya no se le distingue el relieve. “Transición justa” es, a estas alturas, una de ellas. La vemos en los informes patronales y en los manifiestos sindicales, en las directivas europeas sobre el clima y, cada vez más, en cualquier documento que mencione la inteligencia artificial. La usa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus reuniones técnicas, la arrastran las consultoras en sus presentaciones y la repiten los gobiernos como un mantra litúrgico. A fuerza de querer explicarlo todo, cada vez explica menos.

Pero el problema no es solo el desgaste. Es que estamos trasladando el concepto de un terreno a otro sin preguntarnos si la tierra es la misma. Y, sobre todo, sin distinguir desde qué perspectiva lo analizamos. Si observamos ambas transformaciones desde el lugar donde negocian sindicatos y empresas, aparecen diferencias decisivas.

La “transición justa” no nació en la estratosfera de la retórica corporativa. Nació con nombre, apellidos y hollín en el sindicalismo del carbón y del petróleo del siglo pasado, y más tarde se formalizó como principio en la acción climática. Su premisa original era de una honestidad brutalmente concreta: si el interés general exige cerrar una central térmica o una mina, alguien tiene que responder por el minero de cincuenta y tantos años que se queda sin oficio y sin comarca.

Ese origen no es un detalle anecdótico, sino la clave de todo. Desde la perspectiva de la empresa y de la negociación colectiva, la transición ecológica es, en la inmensa mayoría de los casos, una transición de costes de sustitución. Exige rediseñar procesos productivos, sustituir tecnologías, transformar sistemas de transporte, cambiar materiales o desmantelar instalaciones para cumplir objetivos ambientales. Todo ello requiere inversiones y genera costes de adaptación. La transición justa nació precisamente para decidir cómo repartir esos costes sin que recaigan íntegramente sobre el eslabón más débil de la cadena productiva.

La transición digital, la robótica y ahora la inteligencia artificial responden a una lógica distinta, y ahí es donde el trasplante conceptual empieza a hacer aguas. También requieren inversiones, formación y reorganización empresarial. Pero su motor económico no es asumir un coste para cumplir un objetivo colectivo, sino obtener un incremento de productividad. Se hacen las mismas tareas con menos tiempo, menos costes operativos o menos trabajo humano. Esa mejora genera un excedente económico cuya distribución no está predeterminada.

Aplicar sin más el vocabulario de “compensar al perdedor” a un fenómeno que se implanta precisamente para generar ganancias de productividad es un error de origen. No es que la digitalización no tenga damnificados concretos —los tiene, e incluso de cuello blanco, muy reales—, sino que reducir la transición justa a la gestión asistencial de esas pérdidas deja fuera la pregunta verdaderamente decisiva: ¿qué ocurre con la riqueza adicional que genera esa nueva productividad y quién decide cómo se reparte?

Si la transición climática ha obligado principalmente a negociar cómo repartir los costes de la adaptación —prejubilaciones, recolocaciones, formación o planes de reindustrialización—, la transición digital obliga, además, a negociar el destino del nuevo valor que crea. Hoy ese excedente tiende, por defecto, a concentrarse en el margen empresarial y en la retribución del capital. Pero no existe ninguna razón económica que obligue a que toda la mejora de productividad derivada de un algoritmo termine exclusivamente en la cuenta de resultados de la empresa. Cómo se distribuye ese valor es una decisión de gobernanza y de negociación colectiva, no un destino inevitable.

Quizá ahí resida el verdadero cambio de época. La negociación colectiva del siglo XX aprendió, sobre todo, a repartir los costes de las crisis, de las reconversiones industriales y de los procesos de adaptación. La del siglo XXI tendrá que aprender también a negociar cómo se distribuyen las ganancias de productividad que genera la inteligencia artificial. No se trata de sustituir una misión por otra, sino de ampliar el objeto mismo de la negociación colectiva.

De ahí que las bases de una verdadera transición justa digital no puedan limitarse a copiar el esquema de la transición climática. No basta con negociar indemnizaciones dignas para quien pierde su empleo, aunque esa siga siendo una obligación irrenunciable. Hace falta incorporar una nueva agenda sindical: negociar también el reparto de las ganancias de productividad que la tecnología genera.

Reducir la jornada laboral sin merma salarial cuando la productividad aumenta de forma significativa, establecer mecanismos transparentes sobre los algoritmos que organizan el trabajo, garantizar el derecho a la formación permanente o vincular una parte estable del ahorro obtenido a fondos internos de recualificación son algunas de las herramientas de esa nueva negociación. Todas parten de una pregunta distinta de la que inspiró el sindicalismo del carbón. Ya no preguntan únicamente cómo protegemos a quien pierde, sino también cómo repartimos lo que se gana.

No se trata de abandonar el término “transición justa”. Sería tirar al niño con el agua sucia de la bañera. Se trata de comprender que hemos heredado un concepto forjado para gestionar procesos de reconversión y adaptación, y que hoy debemos ampliarlo para responder a una transformación cuya principal característica, en el ámbito de la empresa, es la generación de ganancias de productividad. Mientras sigamos discutiendo el impacto de la inteligencia artificial únicamente con el vocabulario de la mina que se cierra, seguiremos formulando la pregunta equivocada. La cuestión decisiva ya no es solo quién compensa las pérdidas, sino también quién decide, bajo qué reglas y con qué participación de los trabajadores, cómo se reparte la riqueza que la inteligencia artificial contribuye a crear.

“A Soledad la agotaron”, resume el responsable de UGT en la Agencia Tributaria, Antonio García Soto. Una visión sobre la ya exdirectora general del fisco, Soledad Fernández —sustituida esta semana—, que coincide con la de José María Mollinedo, el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha: “Ella estaba ya cansada porque veía que no podía lograr más avances en el Plan Estratégico”.

La Agencia Tributaria no está acostumbrada a situarse en el centro de la polémica, más allá del protagonismo obligado durante los tres meses de la Campaña de la Renta en los que los contribuyentes cumplen sus obligaciones con el fisco. Pero, de un tiempo a esta parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no ha dejado de copar titulares, bien por las huelgas de su plantilla, por los reveses de la justicia, por investigaciones prominentes o, en el último caso, por un recambio en su cúpula para tratar de calmar las tensiones internas en un organismo con casi 26.000 empleados públicos.

El Ministerio de Hacienda aprobó esta semana el nombramiento de Antonio Ansón como nuevo director general del organismo recaudatorio del Estado, después de que su predecesora, Soledad Fernández, solicitara su relevo al Gobierno. Fuentes gubernamentales confirmaron que esta petición se había cursado hacía meses, pero se llegó al acuerdo de dejar pasar el periodo de mayor tensión del año —la declaración del IRPF— antes de su cese.

Antonio Ansón, inspector de Hacienda y exjefe de gabinete del ‘número dos’ del Ministerio, Jesús Gascón, vuelve a una casa que conoce bien —fue director adjunto del Departamento de Recursos Humanos hace solo unos años— tras una amplia carrera en el ámbito tributario que lo llevó a permanecer ocho años en un puesto del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.

Pero ni el revés judicial por el caso Shakira, ni el foco por la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni las negociaciones para una financiación singular para Catalunya están detrás de la salida de Soledad Fernández. Los sindicatos apuntan a que la ya exjefa del fisco estaba “cansada” y “agotada”, tras cuatro años de mandato en los que no consiguió su objetivo principal: reforzar el organismo y recuperar el desarrollo de la carrera profesional de su plantilla.

Hizo frente a la primera huelga en campaña de la renta

En el comunicado en el que el Ministerio de Hacienda confirmaba la salida de Fernández, fuentes del Ministerio señalaban que se producía cuando “se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico 2024-2027” que ella misma puso en marcha al frente del organismo. Un programa para reforzar controles contra el fraude y también el número de efectivos, en resumen.

Pero uno de sus compromisos, el de recuperar el desarrollo profesional, no se ha llevado a cabo. Esta fue la razón de la huelga convocada en el organismo hace un mes, en plena visita del papa León XIV, por el sindicato CSIF. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“Cuando Soledad empezó, le hicimos un encierro por una serie de incumplimientos y ella dijo que lo intentaría arreglar, pero después de cuatro años no ha arreglado nada”, critica García Soto en conversación por teléfono.

“La parte del león del plan estratégico, la de los medios personales, estaba bloqueada y no ha sido capaz de tomar una decisión y seguir hacia delante”, señala Mollinedo, de Gestha.

La propia Fernández reconoció su frustración durante la última presentación de la campaña de la renta cuando, a preguntas de los periodistas, reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”. Y después enfadó a todos los sindicatos con unas declaraciones sobre la imposibilidad de ir a la huelga durante las presentaciones del IRPF. Algo que terminó sucediendo.

Desde UGT señalan que la caída de Fernández se aceleró cuando intentó un concurso de carrera vertical que beneficiaba únicamente a los salarios más elevados de la plantilla, algo que se habría frenado por parte del ministro de Hacienda, Arcadi España, que habría reclamado “paz social” en el organismo.

La mano derecha del 'número dos' de Hacienda

La respuesta del Gobierno ha sido colocar al jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que antes fue director general de la Agencia Tributaria, al frente del organismo. El currículum de Ansón no está en duda y Gestha —que pone en valor que antes de inspector, fue técnico de Hacienda— cree que su conocimiento de la organización permitirá poner orden.

Pero en UGT critican el “perfil bajo” del nuevo nombramiento, sin apenas significación política. “Es un movimiento tremendamente corporativo”, deplora el sindicalista de UGT.

La experiencia de Ansón como jefe de gabinete de Gascón también le da un conocimiento específico de todos los movimientos que el Gobierno está llevando en financiación autonómica o de las negociaciones para el trabajo en red con agencias tributarias regionales.

Un aspecto que, precisamente, preocupó a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, al que le reclamaron, en un comunicado tras conocerse su nombramiento, que evite “injerencias externas” e impida “cualquier fragmentación de la AEAT, de la caja común, del sistema de información tributaria y defienda a sus funcionarios evitando que se produzcan traslados forzosos o situaciones que impidan su movilidad”.

Además de Fernández, también se conoció la salida de los responsables de Recaudación, Virginia Muñoz, y de Inspección Financiera y Tributaria, Manuel Trillo. Desde Hacienda descartaban una crisis en la cúpula y apuntan a que ambos altos cargos se han presentado a altos cargos en embajadas en el extranjero, de los que tomarán posesión en los próximos meses.

Ansón se reunió, el martes, con su antecesora y con España en una de las salas más nobles del Ministerio de Hacienda. El reto que tiene por delante es mayúsculo y la polémica no tiene visos de amainar. De momento, Vox ha reclamado la comparecencia del ministro en el Congreso para explicar los cambios en el organismo. Y CSIF, el sindicato que convocó la huelga en junio, ya ha advertido que seguirán las movilizaciones en septiembre para mejorar sus condiciones laborales.

El comité de huelga del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, Cecoes 112, y del Servicio de Urgencias Canario (SUC), representado por CCOO y CSIF, ha alertado este viernes de la situación de “extrema vulnerabilidad” en la que se encuentran estos servicios ante la falta de personal y la ausencia de una planificación “real”.

El comité advierte que los recursos humanos actuales “no están dimensionados” para asumir con garantías una jornada de alta actividad ni para responder adecuadamente ante emergencias de magnitud, como incendios forestales, crisis volcánicas u otras situaciones críticas que puedan afectar a la población canaria.

Asimismo, la gestión de la segregación del Cecoes 112 desde Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, GSC, hacia Gesplan ha generado una incertidumbre que agrava el problema de fondo.

Recuerdan que el Gobierno de Canarias anunció en agosto de 2025 este traspaso y que, desde entonces, se han sucedido plazos incumplidos: enero de 2026, marzo, junio y, ahora, septiembre, sin concretar el proceso.

Traspaso “paralizado”

Según los representantes del personal, la operación permanecería “paralizada” por un informe desfavorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto que cuestionaría su viabilidad.

El comité considera que este escenario no resuelve las necesidades reales del CECOES ni del SUC, por lo que reclama al Ejecutivo regional que abandone “decisiones improvisadas” y refuerce las estructuras propias de GSC, que lleva más de tres décadas gestionando servicios esenciales de sanidad, seguridad y la protección civil.

Han advertido también de que la contratación de gestores a través de Gesplan no supone, en la práctica, un dimensionamiento efectivo de las salas operativas del Cecoes 112 ni del SUC.

Desde el comité sostienen que este personal no puede integrarse sin más en las funciones ordinarias de los servicios, porque podría abrir la puerta a una situación de cesión ilegal de trabajadores. Además, señalan que una parte del personal ya habría abandonado sus puestos debido a la incertidumbre generada por el proceso.

Se está “alimentando un problema”

A juicio del comité de huelga, esta situación evidencia que no se está dando una respuesta estructural al déficit de personal, sino alimentando un problema administrativo que no mejora la atención a la ciudadanía.

El colectivo reclama una ampliación “real, estructural y legal” de las plantillas de GSC. Demandan, asimismo, perfiles técnicos en informática, redes y comunicaciones, personal y técnico administrativos, personal médico y de enfermería en recursos aéreos y salas operativas, gestores de recursos, gestores operativos, personal especializado en atención a mujeres víctimas de violencia de género y coordinadores multisectoriales.

También recuerdan que durante la erupción del volcán de La Palma ya se evidenciaron “carencias” en la integración operativa del Cecoes y el SUC en la respuesta a la emergencia. “Canarias no puede permitirse llegar a una nueva crisis ”con plantillas bajo mínimos y profesionales sometidos a una presión creciente“, puntualizan.

El comité ha exigido la convocatoria urgente de mesas de negociación y reclama a la Consejería de Sanidad, a la Consejería de Política Territorial y Emergencias y al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que intervengan de forma efectiva. “El 112 no es un tablero de ajedrez político ni empresarial; es el corazón de la seguridad de todos los canarios”, han concluido.