El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, una oficina administrativa dependiente del Gobierno vasco conocida por sus siglas OARC, ha suspendido de manera cautelar la doble licitación abierta por Osakidetza para la regularización del servicio de ambulancias, tanto las urgentes como las programadas. Se trata del mayor contrato de la Sanidad vasca y probablemente de la comunidad autónoma con un coste que el Ejecutivo cifró inicialmente en 650 millones de euros pero que los sindicatos elevan a más de 1.300 incluyendo el IVA y todas las posibles prórrogas.

Los pliegos presentados por el equipo del consejero Alberto Martínez en julio fueron recurridos por hasta cinco sindicatos, LAB, ESK, ELA, UGT y LSB-USO, y fuentes sanitarias añadieron a este periódico que también había llegado otro de empresas del sector, en concreto de la asociación AE Trans Sanit. El Gobierno de Imanol Pradales quería disponer de adjudicatarias del servicio de ambulancias desde el 1 de enero de 2027 y esta resolución, que impide avanzar en el proceso hasta que se resuelva el fondo de las alegaciones de las partes, retrasará esos planes.

Sostiene el OARC, en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, que la suspensión permite que no se “consoliden” actuaciones “procedimientales” que luego podrían quedar anuladas, con el consiguiente desaguisado. Ahora bien, matiza que “la adopción de la suspensión no implica apreciar, siquiera indiciariamente, la procedencia de los motivos de impugnación”. Osakidetza pidió al OARC que no adoptara esa medida por no haber apariencia alguna de “ilegalidad” en la licitación y porque no deseaba prorrogar la provisionalidad del servicio en Álava y en Bizkaia.

Euskadi vive un período de excepcionalidad en este servicio sanitario básico desde noviembre de 2024, cuando Osakidetza rescindió antes de tiempo sus contratos con la catalana Grup La Pau, prestataria del servicio en Bizkaia y en Álava. Se realizaron adjudicaciones directas de emergencia para salvar la situación. Así, Ambulancias Gipuzkoa se mantuvo en ese territorio y pasó también a gestionar Álava, y en Bizkaia se creó 'ad hoc' la marca Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa.

Ahora, con la mirada puesta en 2027, se buscaba regularizar la situación con un doble concurso, por un lado para las ambulancias urgentes (las de color amarillo) y por otro para las programadas (las blancas y azules). El Gobierno vasco mencionó la cifra de 650 millones como presupuesto orientativo, pero es el cálculo sin IVA para los cuatro años estimados para el nuevo servicio, hasta 2030. Los sindicatos, en cambio, lo elevan a 1.359 millones si se tienen en cuenta todos los conceptos y los tres años de posible prórroga, hasta finales de 2033.

Hay un total de 386 ambulancias de Osakidetza externalizadas, 76 amarillas y 310 para servicios programados. Sí son de gestión enteramente pública las denominadas UVI móvil. El Gobierno explicó que de cara al futuro contrato se han introducido importantes mejoras, sobre todo para evitar el pago de servicios retrasados.

El Gobierno pide celeridad

Conocida la resolución, el viceconsejero Aritz Uriarte, que fue quien presentó los pliegos a comienzos de julio, ha urgido al OARC a que “se pronuncie a la mayor brevedad” sobre el fondo para no retrasar más la entrada en servicio de los nuevos contratos de ambulancias. “Lamentamos que esta licitación se vaya a demorar, ya que este pliego no trae sino ventajas, tanto para la calidad del servicio como para las condiciones laborales”, apunta. “Urge que los recursos se resuelvan a la mayor brevedad, de manera que los pacientes puedan beneficiarse de todas las mejoras previstas y acordadas con las asociaciones de pacientes, que han participado de manera activa en la elaboración de los pliegos”, insiste.

Agrega el Ejecutivo que “la resolución del OARC no entra a valorar la motivación de los recursos presentados y se circunscribe estrictamente a las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes”. “No se debe, por lo tanto, interpretar como indicio de impugnación del procedimiento, así lo manifiesta expresamente el propio OARC. De hecho, el OARC ya ha inadmitido uno de los recursos presentados. Confiamos en que los recursos se resuelvan cuanto antes para avanzar en la licitación”, estima Uriarte.

La subida del salario mínimo tiene que ser “ambiciosa” este 2027, ha afirmado este lunes el líder de Comisiones Obras, Unai Sordo, en un desayuno informativo celebrado en el Ateneo de Madrid. Eso se concreta en un aumento “por encima del 5%”, ha afirmado, una cifra en la que estima que puede situarse el alza media de los salarios. No obstante, el sindicato presentará próximamente su propuesta concreta de manera conjunta con UGT, ha afirmado Sordo.

En un contexto de pérdida de poder adquisitivo del SMI –situado en 1.221 euros brutos al mes– debido al auge de la inflación, situada en el 4,3% en agosto, el líder de CCOO ha explicado que los sindicatos plantearan una “propuesto ofensiva” y “ambiciosa” de subida del salario mínimo en 2027.

Además, esta debe ir acompañada sí o sí al cumplimiento de la promesa del Gobierno de modificar la absorción y compensación de pluses salariales. Esta medida pretende evitar que las empresas absorban la subida del SMI restando parte de los complementos salariales (sin que al final el salario suba en el bolsillo de los trabajadores).

Sin compensación de pluses, “no” hay acuerdo de SMI

Unai Sordo ha sostenido que el sindicato no cerrará un acuerdo del salario mínimo con el Gobierno “si no se resuelve el tema de los pluses”, ha sostenido el líder de CCOO.

Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) ya han defendido esta postura en los últimos dos años, pero al final accedieron a la firma de pactos tras el compromiso del Gobierno de que aprobaría la medida. La última vez, por escrito y con el sello del presidente del Gobierno, que acudió a la firma de la subida del SMI de 2026.

Este año, Sordo ha insistido en que se tiene que “resolver” este tema para contar con un nuevo acuerdo de los sindicatos.

Aunque el Ministerio de Trabajo dio el primer paso para aprobar este compromiso en febrero, elevando a Audiencia Pública un borrador del decreto, la reforma de las reglas de absorción de los pluses salariales aún no se ha aprobado en el Consejo de Ministros.

Y la previsión es que esa aprobación aún se demore unos meses, porque Trabajo todavía no ha recibido todos los informes preceptivos del conjunto del Gobierno y, tras ellos, tiene que enviarlos al Consejo de Estado para su valoración.

La duda está en si esa demora será tal que hará imposible la aprobación de la reforma de los pluses antes de la subida del SMI de 2027, o si podrá llegar a tiempo a que ambas cosas salgan adelante de manera paralela a finales de este año o el arranque del próximo.

Pide “solidaridad” del resto de Comunidades con Ceuta

Preguntado por los periodistas del Ateneo de Madrid, el líder de CCOO se ha referido a varios temas de actualidad política, entre los que ha destacado la crisis que está viviendo Ceuta por la entrada de miles de migrantes a finales de julio, muchos en situación de calle en la actualidad.

Sordo ha reclamado “solidaridad” al resto de Comunidades Autónomas con Ceuta, que ha sostenido que debe ir más allá de las proclamas “todos con Ceuta” y concretarse en la asunción de parte de las miles de personas que están en suelo ceutí.

En este sentido, ha recordado que es necesario el cumplimiento de la ley, con los procesos regulados de peticiones de asilo, tratamiento de los menores de edad y de las devoluciones de migrantes, que llevan tiempo. Por ello, ha considerado que Ceuta no puede asumir sola esa “presión demográfica” y que el Gobierno y las Comunidades Autónomas deberían articular un proceso de reparto en la Península que pueda aliviar la situación de la ciudad autónoma.

Uno de los principales sindicatos del personal de Brussels Airlines, ACV Puls, ha amenazado a la aerolínea con una huelga por obligar a pilotos y tripulación de cabina a cubrir la ruta reactivada este verano con Tel Aviv, a pesar de que la compañía pactó con los trabajadores que esta conexión se gestionara únicamente con personal voluntario.

Tras los primeros vuelos operados por voluntarios este verano en un periodo de prueba, la compañía considera ahora que se dan las circunstancias para volar de manera segura en el marco de sus procedimientos ordinarios para las rutas de salida o llegada en el aeropuerto internacional Ben Gurion.

Sin embargo, el sindicato defiende que el Ministerio de Exteriores belga desaconseja los viajes no esenciales a Israel y afirma que defenderá los derechos de los empleados que no quieran volar a “zona de guerra”, por lo que ha notificado un “preaviso de huelga” con efecto a partir de este mismo 1 de septiembre, según informa Europa Press.

En declaraciones a la prensa belga, una portavoz de ACV Puls ha indicado que “existe una gran preocupación entre el personal con respecto a la seguridad física y el impacto psicológico y ético de estos vuelos”, al tiempo que ha aclarado que las acciones sindicales que llevará a cabo si Brussels Airlines no corrige la situación “se limitarán exclusivamente a los vuelos con origen o destino en Tel Aviv”.

La compañía, por su parte, ha replicado en un comunicado a los medios belgas este mismo martes que las operaciones con voluntarios fueron un éxito en verano, por lo que ya se puede “retomar el procedimiento habitual para la elaboración de los horarios de vuelo. De este modo, Brussels Airlines sostiene que, junto al resto de aerolíneas del Grupo Lufthansa, seguirá ”vigilando de cerca la situación sobre el terreno“ para poder ”ajustar“ los procedimientos en todo momento si fuera necesario.

Las plantillas de Airbus en Illescas (Toledo) y Albacete han decidido suspender varios días la huelga convocada en la compañía para dar un margen a la negociación, mientras que el resto de centros -Getafe, Cádiz, San Pablo y Tablada- votará este lunes una propuesta con los días concretos de suspensión, según avanzó recientemente el secretario general de la sección sindical de UGT-FICA en Airbus Cádiz y miembro de la mesa de negociación en el SIMA, Edmundo Otero.

Esta decisión se produce en el contexto de la última oferta del fabricante sobre la mesa, que plantea ligar los salarios al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo del 7,6%, entre otras medidas, aunque condicionando formalmente la aplicación del texto a la desconvocatoria o suspensión inmediata de la huelga por parte de las organizaciones sindicales.

En concreto, los trabajadores de Illescas votaron a favor de la suspensión de la huelga el pasado viernes en asamblea, mientras que Albacete lo hará este lunes, al igual que el resto de centros ya mencionados.

Otero explicó, además, que esta medida, defendida por UGT en las asambleas celebradas el viernes en todos los centros, busca comprobar si la empresa “mueve ficha de manera efectiva” en la negociación, dejando abierta la posibilidad de “activarla indefinidamente” si el movimiento de la compañía resulta insuficiente.

El dirigente sindical ha subrayado que el objetivo de la suspensión es “desmontar el único argumento en el que se escuda la compañía para no acabar esta negociación con el comité de huelga” y demostrar que “los trabajadores y las trabajadoras cumplen en la negociación” y no van a ser “el impedimento para bloquear absolutamente nada”. No obstante, ha advertido de que “la responsabilidad de todas las partes debe ser llegar a una propuesta final lo antes posible”.

En el comunicado remitido por UGT FICA, el sindicato ha avisado de que volverá “a la huelga indefinida si al final esto es una maniobra más de Airbus” y ha reclamado a la dirección que, con este gesto, “ya no tiene excusas para cerrar un conflicto” tras rechazar la plantilla la anterior plataforma de negociación.

Otero ha detallado que cualquier propuesta que surja de la mesa de negociación se someterá primero a debate en las asambleas de todos los centros y, posteriormente, a “un referéndum general vinculante en el que la plantilla decida si el acuerdo es suficiente o no para cerrar este conflicto y que vuelva la normalidad en la compañía”, en línea con el compromiso adquirido por UGT, CGT y UTIL.

La siguiente reunión formal de mediación entre Airbus y la representación legal de los trabajadores se celebrará mañana martes en el SIMA, cita en la que la compañía reiterará que el pacto definitivo requiere un escenario previo libre de paros y movilizaciones.

“Estamos plenamente comprometidos a alcanzar un acuerdo. Vemos una gran buena voluntad en muchas áreas, lo que nos da la confianza de que podemos tener éxito en encontrar un camino común hacia adelante”, aseguró la compañía esta pasada semana.

Última y definitiva oferta de Airbus

En más detalle con la última oferta del fabricante, propone en el plano retributivo la vinculación directa del salario al IPC real, sumando una recuperación del poder adquisitivo del 7,6% a lo largo de un periodo de cinco años con vigencia ampliada hasta el año 2030.

Asimismo, la oferta económica de la dirección se completa con el compromiso de destinar un 0,5% adicional para las revisiones salariales individuales (RSI) y otro 0,5% específico para cubrir el capítulo de promociones profesionales internas.

En otros puntos relevantes, Airbus acepta mantener de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo y respetar los pactos individuales firmados con la plantilla, preservando el límite del 40% de jornada en modalidad no presencial.

En relación con el control del absentismo, la multinacional confirma la paralización del sistema Bradford, por lo que procesará la devolución de los descuentos efectuados en la nómina en un plazo máximo de dos meses tras la ratificación del acuerdo y creará un grupo de trabajo paritario para pactar un nuevo sistema de prevención.

“Gaur eszenatokiak hutsik. Bilboko Konpartsak teknikariekin bat” (“Hoy los escenarios vacíos. Bilboko Konpartsak con los técnicos”) es el cartel que se encontraba en las diferentes txosnas de Aste Nagusia ubicadas en el Arenal este miércoles 26 de agosto durante la cuarta jornada de huelga de los técnicos de espectáculos y eventos de Euskadi que llevan desde el pasado 15 de mayo con paros y movilizaciones ante el “bloqueo” por parte de la patronal a la hora de negociar un nuevo convenio que mejore sus condiciones laborales. La de este miércoles ha sido una huelga que ha vaciado los principales escenarios de Bilbao, con cerca de 50 espectáculos cancelados y un mayor seguimiento que las jornadas de paros anteriores, el 5 de agosto en Vitoria, el 14 de agosto en Donostia y el 15 de mayo en todo el territorio convocadas por Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA, CCOO y CNT.

El espectáculo más esperado anunciado para el miércoles era el del grupo alavés En Tol Sarmiento (ETS) que “por el respeto y solidaridad con los trabajadores” optó por adelantar un día su concierto. Algo que despertó las críticas de los trabajadores en huelga. “Desconocemos quién ha decidido adelantarlo ni las cláusulas del contrato que tiene el grupo, pero este cambio demuestra justo lo que estamos reivindicando. Nos avisan cinco días antes de que tenemos que trabajar el martes y no el miércoles. Independientemente de la huelga es algo que ocurre de forma habitual. Muchas veces no sabemos nuestros horarios hasta última hora y tenemos que tener disponibilidad absoluta”, aseguraron los trabajadores a este periódico.

El cambio de fecha ha hecho que este miércoles por la noche no haya ningún concierto en el Parque Europa. Tampoco ha actuado ningún artista de la programación de las txosnas, organizada por Bilboko Konpartsak, ni tampoco han tenido lugar los pases de las 20.00 horas y de las 23.00 horas de la verbena Laprast Erromeria que se iban a celebrar en la Plaza Circular. Por su parte, la sesión de bertsolaris de la Plaza Santiago a las 13.00 horas se ha llevado a cabo sin técnicos de sonido, con el objetivo de que se vea el trabajo que realizan y lo que supone para el propio espectáculo. En cuanto al Teatro Arriaga, no ha ofrecido su función de 'La Cubana: la cuisine de ma cuisine', una obra de teatro disponible hasta el 13 de septiembre que el próximo miércoles queda cancelada por la huelga. En total, han sido más de 47 los eventos cancelados.

En cuanto a los espectáculos que sí que han tenido lugar, los trabajadores han llevado piquetes a la Pérgola por la mañana, donde se han celebrado las Bilbainadas y se han vivido momentos de tensión entre los huelguistas y los técnicos que se encontraban trabajando en el evento. “Hoy, durante la jornada de huelga, los piquetes informativos se han desplazado a la Pérgola, donde se han vivido algunos momentos de tensión por parte del personal técnico. Queremos dejar claro que nuestra lucha no es contra el público ni contra los artistas. Nuestras reivindicaciones buscan mejorar las condiciones laborales de todo el personal del sector del espectáculo. Nuestra lucha es por el gremio y por unas condiciones laborales dignas”, han argumentado los trabajadores en huelga tras el suceso.

Por la tarde ha tenido lugar una concentración en el Arriaga, en la que un grupo de representantes de los trabajadores ha explicado que con estos paros se ha “cubierto una etapa” y, que a partir de ahora, estudiarán si el siguiente paso es interponer denuncias para “sacar a flote las irregularidades en las empresas que les contratan, que se llevan repitiendo durante décadas”. Como ejemplo, han citado que empresas grandes en Euskadi “no tengan empleados o tengan muy pocos para el volumen de trabajo que manejan, y que ganan licitaciones públicas”.

Tras la concentración los trabajadores se han trasladado al Palacio Euskalduna donde han realizado piquetes informativos a los eventos 'Operación maletero: Kastañuela Western', 'Menú Cerrado', 'Z.U.K.U.A.', 'El amor no se reproduce en cautividad', y 'Cabaret el musical en KitKat Club'. Mientras que, por la noche han irrumpido en la 'Noche de boleros: Pan con chile' de la Pérgola, en el Parque de Doña Casilda, en Abandoibarra durante el concierto de Urtz con la Bilboko Orkestra Sinfonikoa (BOS) y en el Muelle Evaristo Churruca, durante el concierto de Karmento.

En el caso del concierto de Urtz con la BOS, los trabajadores irrumpieron en el inicio de la actuación al grito de 'Borroka da bide bakarra' y pitidos y un cartel en el que se leía 'Teknikariok borrokan'. A los pocos minutos, los músicos de la BOS abandonaron el escenario. Finalmente, una hora después, los músicos regresaron tras la marcha de los piquetes y el evento se produjo.

Los trabajadores han asegurado que confían en que la patronal se “dé cuenta de la fuerza que pueden tener los trabajadores y trabajadoras cuando están unidos”, y que pueden parar el evento “más grande que había en Aste Nagusia”. “No entendemos la huelga como un fin, sino como una herramienta para llegar a acuerdos entre la patronal y la parte social”, han concluido.

A pesar de que la jornada de huelga en Bilbao ha tenido una mayor repercusión en cuanto a cancelaciones de eventos, en las fiestas de La Blanca de Vitoria, el día 5 de agosto se anularon los conciertos que estaban previstos en las txosnas de Chocolate Remix, Arranbe y Maruxak, además de las sesiones de DJ Izenordainak, DJ Radio Patio y DJ 3katu, y los espectáculos de cada agrupación, en solidaridad con los huelguistas. Además, La Txama canceló su concierto en la plaza del Machete, y la actuación de Mariachi Imperial Guanajuato, en la plaza de la Provincia, y se suspendió la función de teatro 'La pasión infinita', con Pepón Nieto, en apoyo a la huelga.

Mientras que en Aste Nagusia de Donostia, durante la jornada del 14 de agosto se suspendieron todos los conciertos que estaban programados por el colectivo Donostiako Piratak lo que dejó fuera de la programación la actuación en La Flamenka del grupo de ska y reggae Skabidean, así como al programa de actividades de la Plaza de la Trinidad. Además, se canceló por la huelga el espectáculo de danza ‘PICASSa’, que iba a representarse en dos sesiones dentro del ciclo Tabakalera Dantzan de la Quincena Musical.

La Central Sindical e Independiente y de Funcionarios (CSIF) en La Rioja ha denunciado públicamente la “grave e injustificada” falta de resolución del proceso selectivo de promoción interna para acceder a plazas fijas en la categoría de Administrativo del Servicio Riojano de Salud (SERIS), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2023 y 2024.

A pesar de que la convocatoria de las pruebas selectivas se publicó el 25 de junio de 2025, el procedimiento ha sufrido continuas dilaciones. Tras una paralización temporal por un proceso judicial, la fase de aportación de méritos —adaptada a la sentencia correspondiente— quedó completamente finalizada a principios del pasado mes de abril. Sin embargo, la Administración aún no ha resuelto el procedimiento ni ha publicado los listados definitivos, lo que, a juicio del sindicato, “vuelve a mostrar la dejadez y la desidia de los gestores del SERIS, que no tienen ningún respeto a los trabajadores ni a sus condiciones laborales”

Según advierte la central sindical, esta inacción administrativa acarrea “graves consecuencias para los profesionales”. Entre ellas, CSIF señala un “perjuicio económico directo» al no poder percibir las retribuciones de la nueva categoría a la que han accedido «por mérito y capacidad”. Asimismo, denuncian que “la demora en la toma de posesión computa negativamente en la antigüedad para futuros concursos de traslados e impide el cómputo de plazos» para acceder a los grados de desarrollo profesional en el SERIS”.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Administración riojana la resolución inmediata del proceso selectivo y la publicación urgente del calendario de toma de posesión, advirtiendo de que mantendrá la presión para defender los derechos laborales y económicos del personal afectado.

El conflicto laboral en Airbus se tensa. Ayer martes, la dirección de la multinacional comunicó a los sindicatos que paraliza todas las contrataciones de trabajadores previstas en España por el contexto de huelga y advirtió de posibles pérdidas de encargos y proyectos en el país –especialmente en el área de Defensa– debido al “daño” que estaban ocasionando los paros, explican en CCOO y CGT. Desde la multinacional prefieren no hacer comentarios, indican a elDiario.es.

No obstante, UGT destaca que en la reunión de este martes en el SIMA también se registraron algunos avances en la negociación de las medidas reclamadas por la plantilla, en materia de subida y recuperación salarial, de teletrabajo y de bajas por enfermedad, entre otras, y las partes se emplazaron a seguir hablando el jueves, para seguir concretando varios puntos.

Mientras, la huelga continúa, avalada por las asambleas de trabajadores. Las partes buscan un acuerdo que acabe con el conflicto iniciado en julio, tras un recorte del teletrabajo que fue la “gota que colmó el vaso” de una serie de pérdida de condiciones laborales, como el poder adquisitivo de los salarios.

“La valoración de los trabajadores es que la buena fe negociadora no ha durado mucho. No nos parece una reacción madura para resolver este problema, amenazar con cosas que además son imposibles de cumplir. Mover la producción de España no es un proyecto de una semana y además se entra en terreno resbaladizo, pues hay subvenciones del Estado español y acuerdos que hacen esta postura, al menos, dudosa”, sostiene Raúl (nombre ficticio), un empleado activo en las asambleas de trabajadores.

Un “órdago” con distintas reacciones sindicales

El tono más duro de Airbus en este nuevo paro indefinido, que encarnó en el SIMA la directora de Recursos Humanos de toda la multinacional, Carmen Maja, ha sido recibido de distinta manera por las organizaciones sindicales.

Alfonso Mora, portavoz de CCOO, explica que el sindicato mayoritario considera “que la situación más favorable es sin amenazas ni medidas de presión por ninguna parte, ni de la dirección de la compañía ni por los convocantes de la huelga”, que son los sindicatos CGT, UGT y ÚTIL, respaldados por la mayoría de las asambleas de trabajadores.

CCOO reclama que se se alcance un acuerdo lo antes posible y que se garanticen “las cargas de trabajo, el empleo y las contrataciones comprometidas por las inversiones del empleo español”.

En un momento de la reunión de ayer, Airbus se negó a detallar más su propuesta de mejoras y a seguir negociándola hasta que se desconvocaran, o al menos suspendieran, los paros convocados, explican en el lado sindical. Finalmente, las partes volvieron a emplazarse el próximo jueves para seguir ahondado en un posible acuerdo que ponga fin al conflicto.

Desde CGT denuncian que “el órdago de la dirección es una medida totalmente contraproducente”, algo que consideran una “irresponsabilidad” que pone “trabas a la agilidad en las comunicaciones y estudio y avance en la propuesta”.

“Ni es aceptable amenazar con no otorgar nuevas cargas de trabajo, que dependen en gran medida de acuerdos entre los estados miembros, con aportaciones de dinero público”, sostienen desde CGT. El sindicato reclama más detalles en la propuesta para poder cerrar lo antes posible un acuerdo “honesto y transparente que restablezca la confianza no solo con los clientes sino también con las personas trabajadoras de Airbus España”.

Hay avances en la negociación

UGT por su parte ha lanzado un comunicado centrado en las medidas y los avances que se están logrando en la mesa de diálogo, como la retirada ya efectiva del recurso de Airbus en el Tribunal Supremo sobre el recorte del complemento salarial durante las bajas médicas por “absentismo”. Y la empresa “procederá a devolver las cantidades descontadas en la primera nómina en la que sea posible”, explica el sindicato.

“En cuanto al salario, Airbus propone un incremento general conforme al IPC real, más un complemento de recuperación del poder adquisitivo que permita alcanzar un total del 5% entre 2026 y 2027, quedando pendiente de negociar el porcentaje correspondiente a 2028-2030. A ello se añadiría un 0,5% adicional a la revisión salarial individual y otro 0,5% destinado a promociones. También se establecería un mecanismo excepcional de control del IPC, con un mínimo y un máximo”, detallan en UGT.

“El momento actual exige responsabilidad, negociación de buena fe y que la empresa demuestre su voluntad de tratar a las personas que trabajan en Airbus con la dignidad que merecen, evitando regresar al modelo de relaciones laborales que ha conducido hasta el actual conflicto”, sostienen en el sindicato.

“UGT reclama negociación y no distracciones. La empresa y las personas que trabajan en ella necesitan claridad y respeto para avanzar en la resolución del conflicto”, añaden.

Daron Acemoglu, economista ganador del llamado premio Nobel de economía en 2024, acaba de publicar un nuevo libro llamado What Happened to Liberal Democracy? (¿Qué le sucedió a la democracia liberal?) y la famosa revista The Economist, fundada en 1843 y paradigma de la defensa del libre comercio y del liberalismo económico, ha aprovechado para pasarle algunas facturas. En un artículo que ha sorprendido a todos, la revista aprovechó para lanzar unas dispersas críticas teóricas a su trabajo y, sobre todo, para impugnar el estatus del reputado economista. Quizás la mejor prueba es que The Economist afirma en su titular que Acemoglu es extrañamente poco convincente y que sus argumentos “sobre la IA son además pesimistas hasta el punto de perder credibilidad”. No es de extrañar que el afectado haya considerado el ataque como algo personal y haya tenido que responder públicamente.

Todo apunta a que la causa última del desencuentro se encuentra en el hecho de que el trabajo académico de Acemoglu, que gira en torno al cambio técnico y el papel de la inteligencia artificial, ha desembocado en una propuesta para reforzar a la clase trabajadora. Este punto es precisamente uno de los atacados por The Economist, que etiqueta su enfoque como pesimista e inespecífico. La economista Mònica Martínez Bravo sintetizó bien esta tensión al escribir: “Qué cosas tan curiosas pasan cuando un Nobel de Economía escribe un libro defendiendo volver a poner a la clase trabajadora en el centro de la política económica”. En este análisis vamos a ver en qué sentido y hasta qué punto la visión de Martínez Bravo es cierta. Y, de paso, aprovechamos para meternos en el apasionante y preocupante mundo de las consecuencias socioeconómicas de la inteligencia artificial.

El papel de la automatización

Uno de los grandes interrogantes de la economía es averiguar cuáles son los efectos de la automatización, es decir, de la sustitución de trabajadores humanos por máquinas. ¿Se destruye empleo?, ¿se deprimen los salarios?, ¿se modifica la correlación de fuerzas entre capital y trabajo? Se trata de un debate que, después de doscientos años, no ha derivado en consenso alguno, sino en diferentes enfoques con los que pensar un proceso tan complejo. Y, para entenderlo bien, tenemos que remontarnos a comienzos del siglo XIX.

David Ricardo es considerado uno de los padres fundadores de la economía política. Con veintipocos años se hizo millonario especulando en bolsa y pudo retirarse a sus propiedades a escribir. Su libro Principios de Economía Política y Tributación se convirtió pronto en un indispensable, y sigue siendo la base de la actual teoría del comercio internacional e incluso de la teoría del valor-trabajo del marxismo. En las dos primeras ediciones Principios, Ricardo apenas tuvo nada que decir especial sobre el proceso de automatización, pues compartía el criterio convencional y optimista de los economistas de la época. Es importante que entendamos esta forma de pensar la automatización, porque es a grandes rasgos la que domina en la profesión todavía. Según esta visión, cuando las máquinas sustituyen a trabajadores en un proceso productivo se producen dos efectos. El primero, el obvio de que un cierto número de personas pierden su empleo. El segundo, que la propia introducción de las nuevas máquinas es capaz de crear nuevos puestos de trabajo que absorberán el empleo previamente expulsado.

Es decir, para los economistas no estamos ante un problema preocupante porque la economía se regula de manera que la introducción de máquinas (la incorporación de nueva tecnología) es capaz de mantener el nivel de empleo. Y Ricardo pensaba más o menos esto, pero sólo hasta 1821.

En su famosa tercera edición de los Principios, Ricardo introdujo un nuevo capítulo donde consideró errónea la visión convencional y reconoció que “estoy convencido ahora de que la sustitución del trabajo humano por la maquinaria es, a menudo, muy perjudicial a los intereses de la clase trabajadora”. El impacto de este cambio fue enorme, y su discípulo John Ramsay McCulloch se quejó ante él amargamente (p. 381) porque entendía que daba pábulo a los movimientos obreros antimaquinaria. Era un tiempo de enorme agitación social, ya que la Revolución Industrial se estaba desplegando en el Reino Unido y estaba transformando radicalmente el modo de vida de la clase trabajadora.

En un artículo académico de 2024, Daron Acemoglu y Simon Johnson trataron justamente este momento histórico. Para ellos el cambio de Ricardo respecto de la maquinaria tuvo que ver con que el hecho de que fuera elegido miembro de la Cámara de los Comunes, es decir, diputado. Gracias a eso, Ricardo fue testigo de lo que realmente estaba ocurriendo en la industria del algodón y, de ese modo, pudo corregir sus ideas previas. Porque lo que estaba pasando no tenía nada que ver con la visión optimista de los economistas, sino que la Revolución Industrial estaba deteriorando gravemente las condiciones de vida de la clase trabajadora.

El artículo, por cierto, se apoya en gran medida en los trabajos de dos gigantes de la historiografía marxista británica, Edward Palmer Thompson y Eric Hobsbawm (aunque también cita, de manera complementaria, al reputado —léase, convencional— historiador Joel Mokyr). Los números de Acemoglu indican que, con la automatización, los salarios reales de los tejedores manuales cayeron un mínimo de un 25%, sin que esos trabajadores pudieran trasladarse a nuevos sectores emergentes. Simplemente, sus condiciones de vida fueron arrasadas por la introducción de maquinaria en la industria. La paradoja es que como la productividad estaba creciendo, y los salarios no, los empresarios ganaron enormes beneficios que elevaron la desigualdad. En palabras que repite mucho Acemoglu, la prosperidad no fue compartida.

La lógica de esta lectura crítica del proceso de automatización ya había sido incorporada en el trabajo de Acemoglu mucho antes. Donde aparece de forma divulgativa con más claridad es en su libro de 2023 Power and Progress (Poder y progreso), coescrito también con Simon Johnson, donde subrayaban que no hay nada automáticamente beneficioso para la sociedad en la introducción de nueva tecnología. Según ellos, que los incrementos de productividad sean compartidos depende de aspectos como el tipo de tecnología, las instituciones (normas, costumbres, leyes) y la orientación que se quiera imprimir desde la sociedad. De manera significativa, Acemoglu y Johnson aceptan que la prosperidad sólo es compartida cuando los avances de la tecnología se apartan del interés egoísta de las élites. De ahí que los autores explicaran que la clave para entender los aumentos de calidad de vida de la clase trabajadora durante la segunda mitad del siglo XIX tuvieran que ver con la democratización del sistema político, el crecimiento de los sindicatos y la legislación para proteger los derechos de los trabajadores; elementos todos que obligaban a orientar el cambio tecnológico en otra dirección distinta a la de los meros intereses económicos de las élites. Cualquiera familiarizado con la historia del movimiento obrero puede ver en este razonamiento de Acemoglu y Johnson un elemento político claramente subversivo.

Hay que cuidarse mucho de pensar que esto es solo historia económica, o economía política del siglo XIX. El punto de referencia de Acemoglu es siempre el cambio tecnológico actual, y más concretamente la adopción de la inteligencia artificial en los procesos productivos actuales. Pero Acemoglu usa la historia económica para reflexionar sobre el proceso contemporáneo, preguntándose (en Power and Progress) qué pasa si los economistas convencionales están equivocados y la IA fundamentalmente provoca distorsiones en el mercado de trabajo que incrementan la desigualdad de salarios y empleo, su impacto redistribuye poder hacia las élites, empobrece a miles de millones de personas en el mundo no desarrollado, si refuerza prejuicios étnicos o sociales, o si destruye las instituciones democráticas. Su conclusión ha sido que lo que necesita la sociedad contemporánea es, como ocurrió en el siglo XIX, el crecimiento de contraargumentos y organizaciones que puedan contrarrestar al pensamiento convencional. Para hacerse una idea más completa, baste decir que uno de los últimos artículos de Acemoglu, firmado con David Autor y Simon Johnson, se llama Building pro-worker artificial intelligence (Construir una inteligencia artificial favorable a los trabajadores).

No es un economista heterodoxo, lo que lo hace más peligroso

Aunque a algunos les haya parecido demasiado disidente, debemos recordar que Daron Acemoglu no es un revolucionario en el sentido clásico. Ni siquiera en su disciplina. El primer libro suyo que llegó a mi biblioteca no fue un ensayo, sino su manual Introduction to Modern Economic Growth de 2009. Se trata de un texto de posgrado con álgebra sumamente avanzada y en el que se repasan los modelos de crecimiento económico desde una óptica unilateral: la neoclásica (una teoría ahistórica que abandona muchas de las preocupaciones de los economistas clásicos, como Adam Smith, David Ricardo o Karl Marx). Esta es la dominante en las facultades de economía, y frente a ella se han elevado históricamente otras escuelas de pensamiento, como la poskeynesiana o la marxista, consideradas por ello como heterodoxas. Acemoglu pertenece a esta escuela de pensamiento, y de hecho recientemente ha afirmado que encuentra la discusión sobre el capitalismo “descerebrada”. En la cosmovisión subyacente a los modelos de Acemoglu no hay relaciones de producción, el poder entra como una categoría de capacidad de negociación y captura regulatoria y la visión de las instituciones es débil y nunca estructural. Consecuentemente, su concepto de clase trabajadora no es marxista, pero conduce a lo que él denomina “liberalismo de clase trabajadora”.

Pero todo esto es, para los economistas convencionales, lo que realmente supone un peligro. Porque Acemoglu llega a sus “radicales” conclusiones desde dentro de la profesión y del mainstream. Todo su trabajo académico es una lúcida (y algebraicamente compleja) reformulación de los modelos neoclásicos de progreso técnico. Y cada paso que ha dado en los últimos veinte años, como considerar el reparto del ingreso entre capital y trabajo endógeno al cambio técnico, lo hace sin recurrir a la vastísima cantidad de trabajos heterodoxos que ya pisaron ese camino mucho antes que él. Hoy Acemoglu tiene una visión del comercio que no sería extraña para los autores marxistas, y una visión de la distribución de la renta que reconocerían autores poskeynesianos como Joan Robinson o Nicholas Kaldor. Y ya hemos visto que su lectura de algunos aspectos de la historia económica del siglo XIX presenta sorprendentes puntos de contacto con la historiografía marxista.

La clave es que Acemoglu ha llegado a conclusiones muy similares a la de las escuelas postkeynesianas e incluso marxistas, pero empleando otros conceptos y métodos. Los economistas convencionales no pueden criticarle por falta de brillantez técnica, ampliamente acreditada, pero están asustados por las conclusiones políticas que se extraen de su desviación.

Con Joseph Stiglitz ya se había ensayado la jugada. El economista estadounidense recibió el Nobel en el año 2001 por sus contribuciones a la teoría neoclásica, en particular por sus análisis con información asimétrica, y durante los años noventa destacó, entre otras cosas, por su crítica a la versión dura de la economía ecológica. Gracias a todo ello se convirtió en el economista jefe del Banco Mundial, una de las instituciones encargadas de promover el ‘Consenso de Washington’ entre los países en desarrollo, es decir, de imponer políticas neoliberales. Antes de terminar su mandato, Stiglitz abandonó su cargo y en 2002 publicó su libro Globalization and Its Discontents, donde cuestionó gran parte de la política neoliberal. Se trataba de un duro diagnóstico que a los estudiantes de posgrado de Economía Internacional y del Desarrollo siempre nos pareció ilustrativo: un neoclásico criticando las conclusiones de su viejo paradigma.

Como ahora, también The Economist fue punta de lanza contra lo que les parecía un giro inadmisible, afirmando con ironía que “Stliglitz podría haber escrito un buen libro sobre globalización. Quizás la próxima vez” y reconociendo que era un economista brillante antes de rebajar completamente su estatus. No fue el único ejemplo, ya que el entonces director de investigación del FMI (la otra pata neoliberal en el sistema internacional), Kenneth Rogoff, atacó duramente a Stiglitz y asentó la conclusión generalizada entre los economistas convencionales, a saber, que como académico Stiglitz era un genio con una mente maravillosa, pero que como político era mucho menos impresionante. Es el precedente más claro del artículo de The Economist contra Daron Acemoglu.

Lo que podemos esperar en los próximos años es un proceso, encabezado por parte de la comunidad mainstream y del que The Economist es solo la avanzadilla, para intentar devaluar la reputación de Acemoglu, no tanto en sus bases técnicas sino por sus “extravagancias” políticas. Como ya hemos visto, no es el primer caso y probablemente no será el último, pero la lógica está impresa desde hace mucho tiempo. El aura de respetabilidad en la comunidad de los economistas convencionales es dependiente tanto de las bases técnicas (con una alta sofisticación matemática, lo que hace muy inaccesible su comprensión para el público general) como de la “razonabilidad” de las conclusiones políticas. Recordemos que el premio Nobel de Economía no es tal, ya que Alfred Nobel nunca consideró entregar uno de esta materia. Que hoy exista un premio Nobel de Economía es resultado del interés del banco central sueco que, en 1968 y en un contexto de duro enfrentamiento con los socialdemócratas suecos (que estaban desplegando su vía reformista al socialismo), necesitaba mejorar la reputación de quienes defendían sus posiciones políticas (conservadoras). El gran economista sueco Gunnar Myrdal recibió el premio en 1974, pero su propia interpretación es que como era un “radical” (sus propias palabras) le hicieron compartirlo con un “reaccionario”, Friedrich Hayek. En 1977, escribió un breve artículo reconociendo que se equivocó al aceptarlo, que la economía no es una ciencia equivalente a la física o las “ciencias duras” y que, ojo, no debería existir el premio Nobel. Lo que sugería, en última instancia, es que se trataba de un reconocimiento muy cargado de valores y principios políticos.

Consecuencias para la actualidad

El trabajo de Daron Acemoglu tiene, para mí, muchos límites. Quizás el más obvio es que, a pesar de girar en torno a la tecnología y el cambio técnico, toda consideración sobre la energía está ausente. Hablar de la transformación de la economía del siglo XIX en el Reino Unido sin mencionar el papel del carbón es extraño. También resulta problemática la escasa atención a la dimensión imperial de la industrialización británica, es decir, al hecho de que el comercio colonial, la esclavitud, la extracción de recursos y la posición de Gran Bretaña en la economía mundial formaron parte de las condiciones históricas en las que se produjo la Revolución Industrial. Esto tiene que ver con otro punto ampliamente criticado a Acemoglu, esta vez desde la heterodoxia, y presente en libros anteriores como Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (Por qué fracasan los países), coescrito con James Robinson. La visión del desarrollo económico de Acemoglu es institucionalista, atribuyendo a aspectos tales como la innovación, la democracia o los tipos de gobierno la variable central que determina qué países crecen y cuáles no.

Pero su interpretación sobre la inteligencia artificial y su énfasis en el modelo de tareas —que no se automatizan empleos sino tareas— y la constatación de que los efectos de la automatización dependen del poder y de instituciones como las leyes es correcto y crucial para nuestro presente. Es cierto que otras tradiciones pueden ofrecer enfoques más agudos y estructurales sobre el papel de la tecnología, pero la originalidad y brillantez de Acemoglu es que ha llegado al mismo destino que autores heterodoxos, aunque por otro camino. Existen complementariedades entre las diferentes tradiciones que merecen la pena explotar. Por ejemplo, su insistencia en diferentes trabajos en que la tecnología puede usarse (mal) para elevar el control sobre los trabajadores (cosa que la IA ya está haciendo) puede beneficiarse mucho de toda la tradición marxista que nace con el fantástico libro del marxista Harry Braverman y que revolucionó toda la teoría sobre el mercado de trabajo. O el papel de la distribución del ingreso, que es no sólo un aspecto moral sino también de eficiencia económica (sobre todo en modelos donde la demanda juega un papel importante).

Para terminar, apuntar que hay muchos aspectos sin concluir en el trabajo de Daron Acemoglu que merecerán un desarrollo en los próximos meses y años, y que son claves para la política pública. La proposición central de Acemoglu es que la tecnología, para que promueva una prosperidad compartida, tiene que estar dirigida. Los críticos, incluido el texto de The Economist, señalan lo ambiguo que resulta eso en la práctica. Tienen razón en este punto, ya que el trazo de Acemoglu y sus coautores apunta en la dirección de intervenir en los destinos del mercado autorregulado a fin de dirigir la tecnología ‘hacia otra parte’. Por la comparación histórica se deduce que el efecto buscado es el fortalecimiento de los sindicatos, de la democracia y del poder frente a las élites (léase, los tecnooligarcas), pero está ausente todavía el ‘cómo’ lograr todo eso.

Por otro lado, Acemoglu insiste en que la sociedad tiene alternativas a la implantación de tecnología en formas que provocan graves daños a la clase trabajadora. Él acepta que los empresarios buscan elevar sus beneficios y aumentar la productividad promedio del trabajo, aunque esa implantación no produzca bienestar social (en su terminología, que no incremente la productividad marginal del trabajo). Un análisis estructural objetará que un empresario asume una determinada tecnología maximizadora de beneficios porque está obligado por la competencia, de modo que no está claro cómo podría ser de otra forma sin recurrir a instrumentos clásicos como la regulación estatal. En el fondo, la gramática habitual de un proceso de “dirección tecnológica” es la que tiene que ver con la planificación, el Estado y la protección social; y probablemente por ahí vendrán las próximas discusiones en el campo.

En definitiva, espero haber mostrado por qué creo, junto con otros economistas, que se explica la crítica de The Economist a un economista ampliamente reputado y brillante. El problema de Acemoglu para el mainstream es que ha utilizado las propias herramientas conceptuales de la economía convencional para mostrar que la tecnología y el mercado no producen automáticamente una prosperidad compartida. Aceptar ese razonamiento implica poner en tela de juicio todas las promesas de los promotores de la IA (y también los costes que lleva asociados, donde la energía de nuevo juega un papel central) y abogar por políticas públicas totalmente distintas a las que se defienden desde los centros de poder vinculados a las grandes empresas tecnológicas. Para mí, ese camino es muy fructífero y es claro que necesitamos más prosperidad compartida, es decir, más intervenciones y políticas como las de Acemoglu.

Los trabajadores del turno de mañana de los sindicatos CGT, UGT y ÚTIL en Airbus España han decidido por amplia mayoría mantener la huelga indefinida en la compañía prevista desde el martes 25 de agosto.

Aunque aún tienen que votar los empleados del turno de tarde, teniendo en cuenta que el grueso de la plantilla trabaja en turno de mañana, la mayoría alcanzada hasta el momento difícilmente variará con los votos que queden por contabilizar.

El pasado viernes 21 de agosto, sindicatos y empresa mantuvieron una reunión en las que Airbus aseguró que “garantizaría un incremento salarial conforme al IPC”.

Además, sumaría “un porcentaje adicional destinado a la recuperación del poder adquisitivo perdido” y se restituirían las condiciones de teletrabajo. Quedaban pendientes de abordar cuestiones como las vacaciones, el comedor o la flexibilidad horaria, entre otros.

Todas estas propuestas parece que han sido insuficientes ya que los trabajadores de los centros de Airbus de Getafe (Madrid), las sevillanas de San Pablo y Tablada, Illescas (Toledo) y Albacete han votado a favor del paro indefinido a partir de este 25 de agosto. En Cádiz, la asamblea se ha aplazado al 1 de septiembre, por lo que se seguirá la decisión mayoritaria adoptada en el resto de centros.

Todavía tienen que votar los empleados del turno de tarde, cuyas asambleas empezarán a las 18:00 horas en Getafe, San Pablo y Tablada; a las 18:35 horas, en Illescas, y a las 17:00 horas, en Albacete.

La negativa llega después de que el pasado viernes 21 de agosto se produjera un acercamiento entre posturas de sindicatos y dirección empresarial en una reunión a la que acudieron tanto los convocantes de la huelga (UGT, CGT y ÚTIL) como los no convocantes (CCOO, SIPA y ATP) y la dirección de la empresa.

En dicha reunión, la empresa se comprometió a retirar el recurso que había interpuesto ante el Tribunal Supremo después de que la Justicia diera la razón a los sindicatos respecto a los complementos salariales por baja médica, ya que la compañía supeditaba la entrega de éstos a los índices de absentismo. Además, Airbus prometió que entregaría las cantidades descontadas a los trabajadores en la primera nómina que fuera posible.

Airbus también adquirió compromisos respecto al teletrabajo (dos días a la semana) y la vinculación del salario al IPC, al que se sumaría un porcentaje adicional destinado a la recuperación del poder adquisitivo perdido durante los últimos años.

La empresa se abrió a negociar en las siguientes semanas sobre otros temas como las vacaciones de los empleados, el comedor, el transporte colectivo y las rutas, la flexibilidad horaria, las garantías laborales del proyecto Bromo, los acuerdos de Cádiz para regular la carga de trabajo y la claridad en los catálogos de puestos.

Como la gota que colma un vaso o el aleteo de una mariposa que desata un huracán. El conflicto laboral en Airbus España iniciado este verano ha sorprendido y superado todas las expectativas. No solo de la dirección de la multinacional, sino también de los sindicatos, que han visto cómo la “chispa” del recorte del teletrabajo reveló una ola de indignación mucho más profunda por los salarios y otras condiciones laborales. Este próximo lunes se aborda una cita clave, con varias asambleas de trabajadores que debatirán si iniciar una nueva huelga, en este caso indefinida, desde este martes 25.

En la última semana, Airbus ha lanzado varias propuestas a los sindicatos convocantes de estos nuevos paros —UGT, CGT y Útil—, que tras varios plantones a la parte empresarial se sentaron a negociar durante toda la jornada del viernes en el organismo de mediación SIMA.

La multinacional se ha abierto a considerar varias de las peticiones de la plantilla, como garantizar el IPC en las subidas salariales y acelerar la recuperación del poder adquisitivo perdido, indican fuentes de CGT y UGT.

Otras reclamaciones quedan abiertas a una futura negociación, a partir del día 25, para la que los mediadores han propuesto la suspensión de la huelga para facilitar un contexto “más propicio” de diálogo, explican desde UGT. En Airbus insisten en negociar en “un clima de calma y paz social”. Todas estas cuestiones se llevarán a las asambleas de trabajadores del próximo lunes para ser debatidas, que serán claves para la reanudación (o no) de los paros.

El estallido del conflicto hay que situarlo en un contexto de beneficios récord de Airbus, que en 2025 ganó 5.221 millones de euros, un 23% más que el año anterior. En el primer trimestre de este 2026, la multinacional de aviación ha elevado aún más sus ganancias, un 47% respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 2.243 millones de euros.

“Airbus está en la mejor situación de su historia. Mientras su competidor Boeing está bastante mal, Airbus tiene beneficios récord año tras año”, subraya Gustavo Retamosa, portavoz de CGT en Airbus Getafe. Las cifras históricas de beneficios se explican en parte debido al importante auge de los pedidos del área de Defensa.

En cambio, mientras, la plantilla ha registrado una pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, que han subido por debajo de la inflación. Además, los trabajadores han visto deteriorarse otras condiciones laborales, pactadas en convenio colectivo (como el recorte del complemento por enfermedad como medida contra el “absentismo”) o a través de decisiones unilaterales de la empresa, como la imposición de la fecha de parte de sus vacaciones y la reducción del teletrabajo anunciada en junio. Esta fue “la gota que colmó el vaso”, reconocían en SIPA, hace unas semanas, en el mes de julio.

La gente ha dicho basta. Hasta aquí. Es un movimiento social de los trabajadores, que ha obligado a los sindicatos a ir a la huelga

Gustavo Retamosa, CGT

“La gente ha dicho basta, hasta aquí”, explica también Gustavo Retamosa (CGT), que subraya que este es “un movimiento social de los trabajadores, que ha obligado a los sindicatos a ir a la huelga”. Con un gran poder de movilización de las asambleas de trabajadores, y de los grupos de trabajo formados en ellas, el conflicto se fue extendiendo como la pólvora a todos los centros de Airbus en España.

Entre sus reivindicaciones, Edmundo Otero, responsable de UGT en la compañía, destaca volver a garantizar el IPC en las subidas salariales, así como recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, restaurar el teletrabajo, la libertad de elegir vacaciones que había hasta el momento, y la reversión del recorte del complemento en las bajas por enfermedad, entre otros. Este ya fue considerado ilegal en varios de sus puntos por la Audiencia Nacional, tras la denuncia de UGT, pero Airbus recurrió la resolución ante el Tribunal Supremo.

“La actual movilización no puede entenderse como consecuencia de una decisión aislada. Es el resultado de un deterioro progresivo de la confianza entre los trabajadores y la empresa”, explica el manifiesto de la página web #EnfadadosconAirbus, que denuncia que en un momento de tanta solidez de la multinacional “no se haya aprovechado para reforzar el compromiso con las personas, sino para seguir erosionando unas condiciones laborales y una relación de confianza construidas durante décadas”.

Si en movilizaciones pasadas han sido más activos los trabajadores del taller, explican en CGT, en esta ocasión la explosión de la indignación provino de la parte más técnica. Y de ahí al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la multinacional, que protagonizaron varias marchas multitudinarias en el mes de julio.

Una crisis profunda, que ha puesto en guardia a Airbus

La crisis laboral en Airbus España es profunda, como reflejó el seguimiento masivo de la huelga de julio, que se alargó más de 20 días con un seguimiento incluso superior al 90% en varias jornadas, según los sindicatos, que señalan la movilización como “histórica” en la multinacional. La empresa no ha dado cifras al respecto, como sí hace en otras ocasiones, lo que desde la parte sindical consideran que refleja el “éxito” de la movilización.

Su trascendencia del conflicto laboral ha quedado evidenciada también por la apertura a la negociación de Airbus tras varias jornadas en las que crecía el pulso de la plantilla. La multinacional reconoció la “fuerte expresión de insatisfacción” por varias condiciones laborales, entre ellas los salarios, y afirmó públicamente en un comunicado que “tomaba nota”.

Airbus ha implicado en su gestión al propio CEO global de la compañía, el francés Guillaume Faury, que vino a España para conocer la situación de primera mano y formó un grupo de cuatro directivos para tratar de desactivar esta crisis.

La empresa se abrió en julio a subidas salariales de hasta el 12% en los próximos dos años y a suspender los recortes en el complemento a las bajas, entre otras medidas que suscribió con la mayoría sindical (CCOO, ATP y SIPA). Pero los trabajadores dijeron 'no' al acuerdo, en una ajustada votación, con casi 50% noes y 46% síes, según la empresa.

Tras fracasar este intento, Airbus ha contratado al bufete Baker Mckenzie para liderar las conversaciones con la representación de la plantilla ante esta nueva convocatoria de huelga indefinida. En varias reuniones de mediación en el SIMA, estos han “dejado a un lado” a otros negociadores habituales de la Dirección de Recursos Humanos, sostienen fuentes sindicales.

Además, Airbus ha anunciado en medio de esta crisis el relevo del hasta ahora director de Recursos Humanos en España, Antonio Lasaga, tras más de 10 años al frente de esta división, que ahora liderará Soledad Muñoz. Fuentes sindicales señalan que este relevo “ya estaba previsto” desde antes de la huelga, aunque señalan a Lasaga como “uno de los máximos responsables” de la desafección y los problemas laborales de Airbus en España.

“Ruptura” y “malestar” de la plantilla con los sindicatos

El conflicto ha evidenciado otro frente de esta crisis: una importante distancia entre la plantilla y los sindicatos que les representan. La primera muestra fue el propio germen de la movilización. Los paros celebrados en julio se convocaron en un inicio solo por SIPA, pero el sindicato dio el paso tras la creación de un grupo de Telegram por parte de trabajadores que cada vez sumaba más “enfadados” con Airbus que exigían la movilización.

Ante su asistencia arrolladora, el resto de organizaciones sindicales se fueron sumando a la huelga (CGT, UGT, ATP y Útil). La última fue CCOO, el sindicato mayoritario, tras consultarlo a su militancia a mediados de mes.

“En esta huelga los trabajadores mandan y los sindicatos obedecen, por lo que no se van a aceptar fácilmente acuerdos que no pasen por las asambleas”, indica Pablo (nombre ficticio), empleado en el centro de Getafe (Madrid).

Y la desafección con los representantes de la plantilla no hizo más que crecer con la gestión del preacuerdo de Airbus con CCOO, SIPA y ATP, que se plasmó con la firma de un “acta de acuerdo” antes de consultar su contenido a la asamblea de trabajadores. Un movimiento que varios miembros de la plantilla tachan de “traición”. “La gente no daba crédito, sobre todo por SIPA, que había negado expresamente que haría algo así”, apuntan desde CGT.

Finalmente, la plantilla rechazó el acuerdo, lo que desde CCOO reconocen como el reflejo de cierta “ruptura” o “malestar” de los trabajadores con los sindicatos, que les lleva a “un análisis muy profundo” de la situación, afirma Alfonso Mora, representante del sindicato mayoritario. CCOO, no obstante, defiende como positivo el preacuerdo alcanzado, que considera que cumple con la gran mayoría de las demandas de los trabajadores y, por ello, rechaza la nueva huelga convocada. El sindicato analizará los siguientes pasos a seguir con su afiliación, indica Mora.

Tras la última reunión de mediación en el SIMA de este 21 de agosto, en la que Airbus se ha abierto a mejorar en varios puntos el acuerdo de julio (como retirar el recurso del Supremo sobre el complemento de bajas médicas), todas las miradas se vuelven a las asambleas de trabajadores convocadas el lunes. En este espacio, los sindicatos convocantes de la huelga expondrán las medidas y la apertura a la negociación mostrada por Airbus para que la plantilla decida si se inicia finalmente la huelga indefinida o no.

Desde Airbus han insistido en las últimas semanas en su voluntad de negociar y evitar unos nuevos paros. Fuentes de la compañía sostienen que “la huelga en España no está teniendo un impacto en las entregas de los aviones comerciales de Airbus”, pero en CGT creen que –de replicarse otra huelga– los márgenes de la empresa se podrían ver comprometidos. “Esto puede hacer un roto millonario por día. Y en Francia y Alemania nos están mirando muy de cerca. Si el conflicto salta los Pirineos, tienen un problema terrible”, sostiene Gustavo Retamosa.

La Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria y diferentes AMPA han pedido al consejero de Educación, Sergio Silva, que sea transparente y que facilite la información requerida en cuanto a los cierres de aulas. En rueda de prensa, ambas instituciones han señalado que van “de la mano” en este ámbito para favorecer la calidad de la enseñanza pública de la región.

Según las familias de diferentes centros educativos, a día de hoy, hay padres que aún no saben en qué centro va a estudiar su hijo. “No descartamos algún tipo de reivindicación hasta que el consejero nos escuche. Hay familias que aún no saben si sus hijos están matriculados, hay mucha incertidumbre”, ha subrayado la presidenta del AMPA CEIP Pedro del Hoyo, María Jesús Beitia.

Por su parte, la representante de CCOO en la Junta de Personal, Conchi Sánchez, ha denunciado el “bloqueo” en la negociación que están sufriendo los sindicatos, los cuales llevan 576 días sin una reunión sobre la bajada de ratios. “La reducción de ratios evitaría el cierre de aulas y que las familias puedan llevar a sus hijos a estudiar a la escuela pública si lo desean”, ha dicho.

Así, Sánchez ha criticado “el abandono flagrante” que Sergio Silva está llevando a cabo con los sindicatos, puesto que a principios de 2024 la Consejería y la Junta pactaron un cronograma para abordar “las principales demandas del colectivo docente”, entre ellas este asunto.

Sin embargo, ha opinado que lo único que ha hecho el titular de Educación es recortar en la educación pública y ocultar “deliberadamente” los datos reales del número de conciertos concedidos y la cifra de alumnado en dichas unidades en todas las etapas educativas, además de las solicitudes de matrícula en el periodo extraordinario del alumnado no admitido.

“Frente a este deterioro, la respuesta del consejero ha sido la de esconderse, no solo de la Junta de Personal Docente, sino también de las familias que hoy nos acompañan y que le han pedido reuniones para hablar de los recortes que afectan a los centros a los que representan”, ha lamentado.

En este sentido, ha reprochado que, en lugar de sentarse a negociar con los representantes del profesorado y de los centros “más afectados” por esos recortes, “prefiere enviar audios difamando abiertamente a la Junta de Personal”.

Huelga en extraescolares el 1 de septiembre

Por otro lado, la sindicalista ha denunciado que la Junta de Personal lleva más de 17 meses para obtener una respuesta de Educación sobre la regulación, con garantías jurídicas, de las actividades complementarias y extraescolares. Y ha asegurado que Silva solo se reúne con los representantes de los docentes “cuando busca aplicar sus propios recortes o imponer iniciativas que le interesan”.

Por último, Conchi Sánchez ha hecho un llamamiento a que los centros educativos se organicen para paralizar cualquier actividad o salida escolar con alumnado que sobrepase el periodo lectivo.

En esta misma línea, ha apuntado que los sindicatos mantienen la convocatoria de los claustros para iniciar la huelga de actividades extraescolares a partir del 1 de septiembre.

“El profesorado y las familias de Cantabria ya hemos esperado bastante, ha llegado la hora de sustituir el silencio por la negociación y las excusas por los compromisos cumplidos. Hacemos un llamamiento a todos los centros para que, a partir del 1 de septiembre, se reúnan con sus AMPA y busquen espacios de colaboración para que la lucha sea colectiva en defensa de la escuela pública de Cantabria”, ha concluido.

Silva: “No hay recortes. Esto es un bulo”

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha salido rápidamente al paso de las afirmaciones de las AMPA y la Junta de Personal Docente y ha desmentido categóricamente la existencia de recortes presupuestarios, calificando dichas acusaciones como “una estrategia de desgaste político orquestada por sindicatos y asociaciones específicas”. “No hay recortes en la educación de Cantabria, esto es un bulo”, ha asegurado.

El responsable ha subrayado que la región goza de la mejor proporción de docentes por alumno en todo el país y cuenta con “una inversión récord que supera los 800 millones de euros”. Según Silva, los ajustes actuales responden exclusivamente a “una planificación responsable derivada del descenso de la natalidad y la consecuente pérdida de estudiantes en el sistema. ”En concreto, para el curso 2627 tendremos 1300 alumnos menos entre infantil y primaria. O por poner un caso concreto, en el Ayuntamiento de Colindres hemos pasado en cinco cursos de 850 alumnos a 650, es decir, 200 alumnos menos, una caída del 30%“, ha argumentado.

La administración defiende que se ha mantenido un diálogo constante con los representantes oficiales de las familias para aclarar la reorganización de los recursos públicos. Finalmente, el consejero ha criticado que ciertos grupos prioricen intereses particulares sobre una gestión racional que, en última instancia, perjudica la estabilidad del entorno educativo.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha expressat el seu ferm rebuig a les mesures introduïdes en la llei d'acompanyament als pressupostos pel Govern de la Generalitat de Pérez Llorca, que compta amb el suport parlamentari de Vox, pel que fa a convertir la Inspecció Educativa en “policia educativa” en les aules. El portaveu de l'organització, Marc Candela, ha criticat la implantació del que defineix com una “policia ideològica” en el sistema educatiu autonòmic. Segons explica, esta norma “intenta continuar desprestigiant i criminalitzant el professorat perquè es suposa que no tenim una altra faena a fer que adoctrinar”.

En relació amb el discurs que atribueix biaix ideològic als docents, Candela ha tirat d'ironia per a assenyalar la contradicció dels arguments polítics: “L'assignatura de religió no adoctrina, el professorat sí”. Això no obstant, el representant sindical ha advertit sobre les conseqüències operatives que aquest tipus de legislació pot provocar en el dia a dia dels centres. “El perill d'aquesta norma és que deixem de fer les activitats i les accions que solem fer en els centres educatius. No podem permetre eixa autocensura”, ha emfatitzat.

Davant d'aquestes restriccions, l'STEPV defén la vigència del marc legislatiu general per a mantindre la impartició de continguts transversals i ètics en les aules. “Hem de continuar fent accions per a promocionar la nostra llengua, per a promocionar la igualtat, el feminisme, parlar del col·lectiu LGTBI, dels drets humans, de les guerres, de Palestina, que és el que al final pretenen evitar”, ha asseverat Candela. El portaveu ha instat la comunitat educativa a no frenar la seua activitat “per por de ser reprimits” i ha recordat la cobertura legal existent: “No podem permetre que aquest Govern que tenim de PP i Vox -que no forma part del Consell- ens impose el que podem fer i el que no, perquè ens avala la llei educativa. No permetem l'autocensura i continuem treballant en difondre valors, drets humans i la llengua entre l'alumnat”.

Rebuig a les sancions a docents

A més, el sindicat ha fet públic el malestar del professorat per les sancions incoades per la Delegació del Govern a diversos docents i a un alumne a conseqüència de les mobilitzacions de la passada vaga educativa. El mateix Candela ha reconegut que ha rebut una multa per la seua participació en una concentració enfront de la qual ja ha presentat les al·legacions corresponents, en argumentar que l'acte “era una roda de premsa” i que “no existeix el motiu pel qual m'han denunciat”.

El portaveu de l'STEPV ha expressat que no està preocupat per la seua multa en particular, sinó per les que han rebut altres docents, “a qui estem assessorant i ajudant a presentar al·legacions”. En aquest sentit, ha qualificat l'actuació policial com un atac coordinat. “Tot açò ho emmarquem en una campanya de repressió contra el professorat, en aquest cas per part de la Policia Nacional, que no anar a tolerar”, ha afirmat.

La central sindical preveu sol·licitar formalment a la Delegació del Govern l'anul·lació de tots els expedients sancionadors oberts. “Anem a demanar-li que retire les multes, perquè no tenen cap sentit”, ha insistit Candela, qui ha remarcat a més que “l'únic incident que es va produir va ser la empenta a una companya jubilada per part d'un agent de policia”.

Calendari de protestes a l'inici del curs

Davant d'aquesta situació, l'organització sindical ja treballa en la reactivació del conflicte educatiu de cara a l'arrencada de l'any acadèmic. Candela ha anunciat que les protestes continuaran el mes que ve amb marxes simultànies a València, Castelló de la Plana i Alacant el 12 de setembre: “Cal reactivar les mobilitzacions i incorporar aquestes qüestions de les quals acabem de parlar a la plataforma reivindicativa”. L'STEPV considera fonamental mantindre la unitat de la comunitat educativa davant de les administracions per a garantir els drets laborals i els projectes pedagògics. “Cal mantindre la pressió al Govern autonòmic”, ha conclòs.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha expresado su firme rechazo a las medidas introducidas en la ley de acompañamiento a los presupuestos por el Gobierno de la Generalitat de Pérez Llorca, que cuenta con el apoyo parlamentario de Vox, al respecto de convertir a la Inspección Educativa en “policía educativa” en las aulas. El portavoz de la organización, Marc Candela, ha criticado la implantación de lo que define como una “policía ideológica” en el sistema educativo autonómico. A su juicio, esta norma “intenta continuar desprestigiando y criminalizando al profesorado porque se supone que no tenemos otra faena que hacer que adoctrinar”.

En relación con el discurso que atribuye sesgo ideológico a los docentes, Candela ha tirado de ironía para señalar la contradicción de los argumentos políticos: “La asignatura de religión no adoctrina, el profesorado sí”. No obstante, el representante sindical ha advertido sobre las consecuencias operativas que este tipo de legislación puede provocar en el día a día de los centros. “El peligro de esta norma es que dejemos de hacer las actividades y las acciones que solemos hacer en los centros educativos. No podemos permitir esa autocensura”, ha enfatizado.

Frente a estas restricciones, STEPV defiende la vigencia del marco legislativo general para mantener la impartición de contenidos transversales y éticos en las aulas. “Debemos continuar haciendo acciones para promocionar nuestra lengua, para promocionar la igualdad, el feminismo, hablar del colectivo LGTBI, de los derechos humanos, de las guerras, de Palestina, que es lo que al final pretenden evitar”, ha aseverado Candela. El portavoz ha instado a la comunidad educativa a no frenar su actividad “por miedo a ser reprimidos” y ha recordado la cobertura legal existente: “No podemos permitir que este Gobierno que tenemos de PP y Vox -que no forma parte del Consell- nos imponga lo que podemos hacer y lo que no, porque nos avala la ley educativa. No permitamos la autocensura y continuemos trabajando en difundir valores, derechos humanos y la lengua entre el alumnado”.

Rechazo a las sanciones a docentes

Además, el sindicato ha hecho público el malestar del profesorado por las sanciones administrativas impuestas por la Delegación del Gobierno a varios docentes y a un alumno a raíz de las movilizaciones de la pasada huelga educativa. El propio Candela ha reconocido que ha recibido una multa por su participación en una concentración frente a la que ya ha presentado las correspondientes alegaciones, al argumentar que el acto “era una rueda de prensa” y que “no existe el motivo por el que me han denunciado”.

El portavoz de STEPV ha expresado que mo le preocupa su multa en particular, sino las que han recibido otros docentes, “a quienes estamos asesorando y ayudando a presentar alegaciones”. En este sentido, ha calificado la actuación policial como un ataque coordinado. “Todo esto lo enmarcamos en una campaña de represión contra el profesorado, en este caso por parte de la Policía Nacional, que no vamos a tolerar”, ha afirmado.

La central sindical prevé solicitar formalmente a la Delegación del Gobierno la anulación de todos los expedientes sancionadores abiertos. “Vamos a pedirle que retire las multas, porque no tienen ningún sentido”, ha insistido Candela, quien ha remarcado además que “el único incidente que se produjo fue el empujón a una compañera jubilada por parte de un agente de policía”.

Calendario de protestas al inicio del curso

Ante esta situación, la organización sindical ya trabaja en la reactivación del conflicto educativo de cara al arranque del año académico. Candela ha anunciado que las protestas continuarán el próximo mes con marchas simultáneas en València, Castellón y Alicante el 12 de septiembre: “Hay que reactivar las movilizaciones e incorporar estas cuestiones de las que acabamos de hablar a la plataforma reivindicativa”. STEPV considera fundamental mantener la unidad de la comunidad educativa ante las administraciones para garantizar los derechos laborales y los proyectos pedagógicos. “Hay que mantener la presión al Gobierno autonómico”, ha concluido.

Los sindicatos CGT, UGT y ÚTIL, convocantes de otra huelga en Airbus en España a partir del próximo 24 de agosto, tras la masiva en julio, no acudirán mañana jueves a la reunión con la empresa en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Un plantón que repite el de la semana pasada, del día 11, en el marco de un conflicto por los salarios y el teletrabajo, entre otras condiciones, en un contexto de beneficios récord de la multinacional.

El secretario general de UGT en Airbus, Edmundo Otero, ha adelantado este miércoles que tanto su sindicato como CGT y ÚTIL no asistirán al SIMA de este jueves, al que están convocados todos los sindicatos de la compañía, al no haber recibido por escrito, tal como pedían, una nueva propuesta de la dirección. Así lo ha confirmado también Gustavo Retamosa, portavoz de CGT en Airbus, en una entrevista en la Cadena Ser.

Otero ha explicado que el sindicato había trasladado a la compañía que necesitaba una nueva propuesta por escrito para poder valorar con el conjunto de los trabajadores el próximo 24 de agosto si “el avance es suficiente o no para poner fin al conflicto y para poder avanzar en una siguiente fase de reconstrucción de las relaciones laborales en la compañía”.

No obstante, “seguimos pensando que hay tiempo aunque no sea el jueves 20 de agosto”, ha agregado Otero, para volver a solicitar a la dirección que les traslade dicho documento para valorarlo el próximo día 24 en todos los centros de trabajo.

El sindicato entiende que “la única salida al conflicto es un avance sólido y un acuerdo avalado por todos los trabajadores de la compañía”.

Paros el día 24 y huelga indefinida desde el 25 de agosto

La huelga está convocada desde el 24 de agosto, pero ese día se empezará con una asamblea de tres horas en paro para ratificarla y que, a partir del 25, sea indefinida. “Queremos pasarlo por las asambleas de los trabajadores para ratificar el modelo”, ha precisado el representante de UGT.

El pasado lunes, Airbus informó de la contratación de los servicios de asesoramiento del despacho de abogados Baker Mckenzie, con el fin de encontrar lo antes posible “vías adicionales de entendimiento” con los sindicatos ante la “complejidad” del proceso de negociación.

Además, Airbus España ha informado este miércoles de que ha nombrado a Soledad Muñoz como nueva directora de Recursos Humanos en España, recoge Europa Press. Muñoz sustituye en el puesto a Antonio Lasada, tras más de 10 años al frente de esta dirección en territorio nacional, que pasará a ocupar la misma posición en China.

Nueva fase del conflicto iniciado en julio

El pasado mes de julio, los sindicatos secundaron una huelga indefinida en Airbus por el descontento que tenían ante su situación laboral, un paro que se desconvocó en agosto, por el periodo de vacaciones, pero que ahora reanudan CGT, UGT y ÚTIL.

Las tres organizaciones convocantes de la nueva protesta no suscribieron el último preacuerdo que alcanzaron la dirección de Airbus España y los sindicatos SIPA, CCOO y ATP.

La compañía sometió dicho preacuerdo a un referéndum para que votaran los trabajadores, que lo rechazó con 49,15 % de los votos frente al 45,95 % que lo apoyó.

Airbus consideró que se trataba de un resultado “ambiguo” y pidió la mediación del SIMA para “salvaguardar y poner en valor” todo el trabajo y los avances que ya se habían celebrado en anteriores reuniones y que desembocaron en dicho preacuerdo.

Los sindicatos convocantes de los paros advierten de que ya hay una mediación en el SIMA en el marco de la huelga y consideran que esta otra negociación paralela pretende “dividir” a la representación sindical de la plantilla, han criticado desde CGT.

Hay horas de trabajo que aparecen en la nómina, horas que figuran en el registro horario y horas que, sencillamente, parece que no existen. No porque no se hayan trabajado, sino porque nadie las apunta, no se consideran horas extraordinarias o resulta difícil demostrar que lo fueron.

En España se realizan cada semana 6,43 millones de horas extraordinarias. De ellas, 2,54 millones no se pagan ni se compensan con descanso, según un análisis del Gabinete Económico de CCOO elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es el equivalente al empleo a jornada completa de unos 68.000 trabajadores.

El sindicato cifra en 436.000 las personas que realizan esas horas extraordinarias sin contraprestación, una media de 5,8 horas adicionales a la semana por trabajador afectado. Por lo que el 5% de la población asalariada hace horas extra cada semana, y de esas horas, el 40% no se pagan ni cotizan, pese a la obligación legal de registrar la jornada.

El problema tiene, además, una particularidad: no siempre se trata de empresas que carecen de registro horario. Desde 2019 todas las compañías están obligadas a registrar la jornada. La cuestión es si ese registro refleja realmente todo el tiempo trabajado y, sobre todo, si puede utilizarse después para demostrarlo.

Fichar no siempre significa demostrar cuánto se ha trabajado

La reforma de 2019 introdujo la obligación general de registrar la jornada, pero dejó sin determinar con suficiente precisión cómo debía hacerse ese registro para que resultara eficaz. Adrián Todolí Signes, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, señala que ese es uno de los problemas de fondo: “Muchas empresas no hacen un registro veraz ni tampoco lo hacen de tal manera en la que luego ese registro se pueda comprobar si es cierto”. A su juicio, la reforma “ayudó poco a reducir las horas extra” porque no fijó un sistema suficientemente eficaz para acreditar el tiempo efectivamente trabajado, y ni siquiera está resultando “una herramienta eficaz en materia probatoria”.

El problema, resume el profesor, es “¿cómo demuestras que has hecho esas horas extraordinarias?”. En trabajos con horario fijo, superar la jornada es relativamente fácil de identificar. Pero en empleos con horarios flexibles, jornadas distribuidas de forma irregular o trabajo realizado fuera del centro, delimitar qué es exactamente una hora extraordinaria se complica mucho más. Y después hay que demostrarlo.

Ana Belén Muñoz Ruiz, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, introduce un matiz: el registro horario sí ha mejorado la posición de los trabajadores. “La existencia de registro horario es clave para que el trabajador pueda reclamar las horas extras no pagadas”, señala. Pero esa protección no es automática. Cuando existe un horario fijo y no hay registro, el Tribunal Supremo exige que el trabajador aporte indicios suficientes de un exceso de jornada; solo entonces la carga de la prueba pasa a la empresa, y aun así el trabajador debe concretar qué horas reclama.

En los horarios no fijos la situación cambia: una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2026 establece que, cuando no existe registro, es el empleador quien debe acreditar cuál fue realmente la jornada realizada. Es precisamente la función que debería cumplir el registro. La consecuencia es paradójica: existe la obligación legal de registrar el tiempo de trabajo, pero el registro puede no bastar para acreditar todo lo que efectivamente se ha trabajado.

El propio Tribunal Supremo ha mostrado hasta qué punto puede pesar esa ausencia de registro. En una sentencia de abril de 2026 sobre el fallecimiento por infarto de una teletrabajadora, la empresa no pudo aportar un registro horario detallado que probara a qué hora había terminado su jornada. Ante esa falta de prueba, el tribunal concluyó que el episodio se produjo mientras la afectada seguía trabajando y calificó la muerte como accidente laboral.

El coste económico del trabajo que 'no existe'

Más allá de las horas que no aparecen en los registros, importa lo que deja de percibir el trabajador y lo que pierden las arcas públicas. CCOO calcula que el coste de esas horas no reconocidas asciende a 3.378 millones de euros anuales entre salarios, cotizaciones sociales e impuestos que dejan de ingresarse: una media de 7.696 euros anuales por persona afectada.

Por sectores, la educación concentra el mayor volumen de horas extra no pagadas, seguida de la industria manufacturera, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la hostelería, el comercio y la Administración pública. En términos relativos (el porcentaje de trabajadores afectados dentro de cada sector) destacan las actividades financieras y de seguros, la propia educación, y la edición y producción de contenidos.

Para CCOO no es solo un problema de derechos laborales: la práctica “altera la competencia entre empresas”, porque quien no paga las horas trabajadas soporta costes inferiores a quien sí cumple la normativa. El sindicato reclama reforzar el control para acabar con lo que considera “una de las principales formas de abuso laboral”.

Educación, donde la hora extra ni siquiera se llama así

Educación es, según CCOO, el sector que concentra un mayor volumen de horas extraordinarias no remuneradas, y también está entre los que registran mayor porcentaje de trabajadores afectados. Pero en el profesorado no siempre existe conciencia de que ese tiempo adicional sean “horas extra”: preparar clases en casa, corregir exámenes por la noche, responder correos de familias o elaborar informes se vive, a menudo, como parte asumida del trabajo docente, aunque se haga fuera del horario formal.

Héctor Adsuar López, representante del profesorado de la enseñanza pública en el sindicato, describe una frontera especialmente difícil de trazar. El horario del profesorado se divide en horario lectivo directo con alumnado, horario complementario de permanencia (guardias, reuniones) y 7,5 horas semanales de horario no fijo o irregular para preparación, corrección y elaboración de informes.

Ese tiempo, sostiene, “no es suficiente para realizar todas las tareas necesarias con garantías” y obliga a trabajar más: calcula que el horario real del profesorado público se sitúa “como poco por encima de las 42 horas y llega a las 48”, frente a las 37,5 semanales que constituyen el máximo teórico en la función pública.

A los elevados ratios y el seguimiento individualizado de alumnos se suman tareas administrativas y funciones de coordinación que, según Adsuar, se han ido incorporando sin más recursos ni tiempo específico: “No existe un registro horario que cuantifique temporalmente todas esas tareas del profesorado fuera de su horario lectivo y complementario”.

Manuel Maldonado, profesor de Matemáticas en el colegio Sagrado Corazón, pone cifras a esa parte invisible: “Normalmente pueden ser de 10 a 15 horas semanales, pero en épocas de evaluaciones te puedes ir a 20 sin problemas”. Ahí se incluyen tareas como buscar y adaptar materiales, reprogramar clases según el ritmo de cada grupo, corregir exámenes o preparar contenidos para alumnos con adaptaciones curriculares; si además se ejerce de tutor, se suman las llamadas y correos con las familias.

“La accesibilidad que te da el correo electrónico ha multiplicado el número de contactos de las familias con el tutor”, apunta, y aplicado a una clase de 28 o 30 alumnos, el volumen se convierte en una carga considerable que en época de exámenes puede llevar a trabajar hasta altas horas de la noche o sacrificar el fin de semana. Aun así, Maldonado admite una cierta normalización de esa dedicación adicional en su profesión: “Uno ya ha de ser consciente de que una dedicación extra se ha de llevar a cabo”.

La percepción de Xavier Nalda, profesor de Física y Matemáticas de Bachillerato en el colegio Jesús María, es distinta, y por eso resulta reveladora. Nalda tiene un contrato de 30 horas semanales y no identifica como horas extraordinarias buena parte del trabajo que hace fuera de ese horario: “Yo tengo un contrato de 30 horas y cobro por estas 30 horas y ya está”.

Reconoce que prepara clases y corrige exámenes antes de entrar al colegio y algunos fines de semana, “por costumbre”, pero no cree que deba remunerarse: “No entiendo que eso sean horas extra”. A su juicio son tareas que históricamente han formado parte de la profesión docente y que cada profesor organiza como puede; sí coincide, eso sí, en señalar la burocracia (informes, adaptaciones, documentación) como uno de los grandes problemas del trabajo docente, por el tiempo que resta a la relación directa con los alumnos.

Entre ambas percepciones hay una frontera que explica buena parte de las llamadas horas extra invisibles: para unos, trabajar por la tarde o desde casa forma parte natural de la profesión; para otros, esas mismas tareas representan una sobrecarga de 10 a 15 horas semanales que debería contabilizarse.

La cuestión jurídica, sin embargo, no puede resolverse solo preguntando si el profesor cree que está haciendo horas extra: la pregunta relevante es si ese tiempo constituye trabajo efectivo, si forma parte de la jornada exigible, si supera los límites establecidos y si existe una manera objetiva de acreditarlo.

Un registro digital reforzado para intentar eliminar la zona gris

El Gobierno tiene previsto llevar en septiembre al Consejo de Ministros la reforma del registro horario, después del acuerdo entre los ministerios de Trabajo y Economía para salvar las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. El organismo consultor había cuestionado que un real decreto pudiera imponer determinadas obligaciones, así como algunos aspectos del acceso a los datos.

La norma mantiene como líneas principales un registro completamente digital e interoperable y la posibilidad de facilitar el control del cumplimiento de la jornada a la Inspección de Trabajo, atacando así una de las debilidades del sistema actual: que el registro exista sobre el papel, pero no permita comprobar de forma fiable la jornada realmente realizada.

Ana Belén Muñoz Ruiz cree que una de las mejoras posibles pasa precisamente por que el registro digital gane protagonismo: “Ayudaría que se modificara la normativa del registro horario para que solo sea válido el registro digital”. Pero avisa de que registrar las horas puede no bastar para abordar todo el problema, porque hay sectores en los que la sobrecarga laboral no se traduce fácilmente en una sucesión de entradas y salidas.

Por eso plantea complementar el control horario con mecanismos que midan la carga de trabajo: en Educación, por ejemplo, no basta con contar cuánto tiempo permanece un docente en el centro si buena parte de sus tareas se hace en casa. “Esta perspectiva más amplia de la realidad lleva a que una sobrecarga laboral implique una mayor intensificación del trabajo”, explica.

La otra pieza: sanciones e Inspección de Trabajo

El profesor Todolí apunta a otro problema: los incentivos económicos para cumplir la norma. A su juicio, las sanciones actuales son insuficientes: “En muchos casos es más caro cumplir que incumplir y pagar la sanción”. Propone endurecerlas y, sobre todo, individualizarlas, siguiendo el modelo aplicado a los contratos temporales fraudulentos en la reforma laboral de 2021: que cada incumplimiento genere una sanción propia y no una única multa a la empresa por una práctica repetida.

Muñoz Ruiz coincide en la importancia de reforzar la actuación inspectora, aunque considera que las sanciones económicas actuales (el incumplimiento del registro se tipifica como infracción grave, según el artículo 7.5 de la LISOS) responden a una graduación razonable desde el principio de proporcionalidad.

Según la memoria anual de la Inspección de Trabajo de 2024, publicada en 2025, el tiempo de trabajo representa el 47,8% de las infracciones detectadas en materia de relaciones laborales. Las campañas específicas sobre horas extraordinarias han dado resultados importantes, señala la profesora, aunque sería útil dotar a la Inspección de más medios.

El problema de fondo no cabe entero en un reloj

Para un trabajador que quiera reclamar horas extraordinarias no abonadas, el tiempo también juega en contra: el plazo general para reclamar cantidades salariales es de un año. Ana Belén Muñoz Ruiz recomienda empezar, cuando sea posible, por las vías internas de la empresa y la representación de los trabajadores, acudir después a la Inspección de Trabajo y, si el problema persiste, plantear la reclamación judicial.

La cuestión es que muchos trabajadores no reclaman mientras la relación laboral es normal: “Con carácter general, el trabajador parece que decide reclamar las horas extras cuando la relación laboral ya está dañada y se va a producir una salida de la organización”. La existencia de representación sindical puede cambiar esa ecuación, especialmente en empresas con estructuras para vigilar el cumplimiento de la jornada.

Adsuar sostiene que, en el caso docente, la solución pasa por reducir ratios, aumentar plantillas, incorporar apoyos y especialistas y reducir la burocracia: una reducción formal de jornada, avisa, no resolverá nada si las tareas de cada docente siguen siendo las mismas. “Si no se incrementan las plantillas, cualquier reducción de jornada no será realmente efectiva y seguirán existiendo exceso horario y sobrecarga”, afirma.

Ese es el reto que la nueva regulación del registro horario tendrá que afrontar a partir de septiembre: conseguir que el tiempo de trabajo deje de depender de si alguien lo apunta, lo reconoce o considera que “forma parte de la profesión”.

Este medio ha intentado contactar en varias ocasiones con CEOE y Adecco para recabar su valoración sobre los datos de CCOO y la situación del registro horario, sin obtener respuesta. Desde ambas organizaciones se ha indicado que los contactos habituales se encuentran de vacaciones.

Durante 1.021 días, una docena de talleres y ochenta mecánicos suecos demostraron algo que ninguna chequera puede comprar: que se puede resistir casi tres años frente al hombre más rico del planeta sin doblar la rodilla. Ahora, el sindicato IF Metall ha desconvocado la huelga después de que Tesla haya indemnizado, uno a uno, a los trabajadores afiliados que mantenían el conflicto. La empresa nunca firmó el convenio colectivo; se limitó a vaciar el piquete a golpe de talonario.

Es tentador interpretar este desenlace como el certificado de defunción de una época, como la constatación de que la solidaridad obrera nada puede hacer ante el capital ilimitado. Yo mismo defendí en estas páginas que la fuerza del modelo sueco resultaría imbatible. Corresponde ahora mirar lo ocurrido de frente, sin edulcorantes: no hay convenio firmado, no hay victoria formal y el sindicato se ve obligado a replantear su estrategia. Sin embargo, catalogar esto como una derrota histórica del sindicalismo implica leer de forma superficial la crónica de lo sucedido.

Empecemos por lo que Tesla ha necesitado para desactivar el conflicto: pagar. Indemnizar a ochenta familias, una a una, tras casi tres años de desgaste logístico, con estibadores bloqueando barcos en los puertos, carteros negándose a entregar sus matrículas, electricistas rechazando conectar sus cargadores y limpiadores sumándose al boicot desde Malmö hasta Oslo. Ninguna corporación compra la salida individualizada de una plantilla si puede sentarse a esperar su rendición incondicional. Que Elon Musk haya preferido el desembolso multimillonario a la negociación no es una demostración de fortaleza: es la factura que ha tenido que abonar porque la erosión reputacional y operativa se volvió insostenible. Se puede comprar el retiro de ochenta mecánicos; no se puede ocultar que hicieron falta 1.021 días y una suma astronómica para lograrlo.

El segundo factor clave es sistémico: en Suecia, nueve de cada diez trabajadores desarrollan su labor bajo la cobertura de un convenio colectivo. Tesla no ha derribado el modelo nórdico de relaciones laborales; ha ratificado que sigue siendo la anomalía extravagante dentro de él. Ninguna otra gran multinacional asentada en el país ha osado imitar su política de tierra quemada. Si la resolución de esta huelga demostrase que desafiar a la representación colectiva sale gratis, asistiríamos a un efecto contagio inmediato. No lo hay. El resto del tejido empresarial comprende que la factura de Tesla —en dinero, pleitos judiciales, bloqueos indirectos y desgaste público— supera con creces el coste de suscribir un marco colectivo estándar.

En tercer lugar, este conflicto nunca afectó únicamente a ochenta mecánicos. Constituyó el primer ensayo general a escala real de cómo un sindicalismo nacional activa redes de solidaridad interprofesional —puertos, correos, energía, servicios— frente a una transnacional sin centros de producción propia en el territorio donde se le plantea batalla. Eso no es un incidente aislado: es un manual de táctica. IF Metall ha anunciado una revisión exhaustiva de lo actuado. Conviene afinar el oído: no es una autopsia, es un reajuste de fuerzas. Es la conducta propia de una organización que analiza el terreno para el próximo asalto, no de una fuerza que se declara vencida. El sindicalismo europeo y nórdico diseccionará qué palancas funcionaron, dónde faltó presión y cómo bloquear la capacidad del capital para vaciar conflictos mediante indemnizaciones individuales. La lección existe porque se sostuvieron 1.021 días de pulso.

El conflicto ha puesto al descubierto, eso sí, una limitación estructural: una corporación con la liquidez de Tesla puede, si asume el desgaste político, aguantar financieramente más que ochenta familias privadas de salario regular durante tres años, por sólida que sea la caja de resistencia. Ahí reside la agenda inmediata: articular mecanismos europeos de apoyo financiero intersindical, incrementar la presión regulatoria sobre multinacionales que operan al margen de la negociación colectiva regional y coordinar acciones transnacionales que no descansen únicamente en la resistencia de una pequeña plantilla.

Habrá quienes pretendan convertir este final en una fábula ejemplarizante para despachos y tertulias, vendiendo la idea de que plantar cara al gran capital es una temeridad inútil. Que la cuenten como quieran, pero que la cuenten completa. La enseñanza fundamental de estos tres años no es el triunfo de Tesla, sino la constatación de que ochenta trabajadores, sin fábrica en el país pero respaldados por la fraternidad de carteros, estibadores y electricistas, mantuvieron en jaque al hombre más rico del mundo y le obligaron a comprar su salida en lugar de regalársela.

Marie Nilsson, presidenta de IF Metall, calificó a sus afiliados de héroes. No es retórica de consuelo; es la definición precisa de su lucha. Frente a quienes apresuran el réquiem por la acción colectiva, la realidad es otra: la resistencia no ha muerto, ha acumulado experiencia, analiza sus costuras y prepara la siguiente fase. La huelga ha concluido, pero la gran cuestión de nuestro tiempo —quién fija las reglas cuando una multinacional pretende situarse por encima de la sociedad— permanece intacta, ahora respaldada por 1.021 días de valiosa enseñanza combativa.

La implantación estructural, pública y universal del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Región de Murcia es una medida de urgencia social y pedagógica que tendría que haberse iniciado de forma seria y contundente hace mucho tiempo. Mientras la evidencia científica y los expertos en desarrollo cognitivo no se cansan de repetir que los tres primeros años de vida son cruciales para el aprendizaje y la equidad social, la administración pública regional sigue arrastrando los pies. Lo que debió haber sido una red de protección para la infancia y una herramienta indispensable para garantizar la conciliación real de las familias murcianas se ha convertido, por culpa de la inacción y la falta de previsión política, en un laberinto burocrático y en un foco de precariedad laboral insostenible.

Durante décadas, el tramo de 0 a 3 años se ha tratado erróneamente desde las esferas institucionales como un servicio puramente asistencial o de “guardería”, un recurso secundario destinado simplemente a la custodia de menores. Despojar a esta etapa de su innegable carácter educativo ha sido el primer gran error histórico de la gestión autonómica. Cuando la necesidad de plazas públicas es acuciante y miles de familias de clase media y trabajadora se ven obligadas a hacer encajes de bolillos económicos para costear la escolarización temprana, la parálisis administrativa pasa de ser una ineficiencia para convertirse en una injusticia social. Llegar tarde a la regulación y financiación del ciclo 0-3 significa, lisa y llanamente, ensanchar la brecha de desigualdad desde la cuna.

En este complejo escenario, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se sitúa en el centro de todas las críticas legítimas de la comunidad educativa. Lejos de diseñar una hoja de ruta sólida, basada en presupuestos autonómicos propios y en la creación de infraestructuras públicas estables, la Consejería ha optado sistemáticamente por una política de parches y propaganda. La realidad que se vive en las escuelas infantiles dista mucho de los grandes anuncios institucionales de “gratuidad universal” que se lanzan a los medios de comunicación. CCOO llevan tiempo saliendo a la calle para denunciar la falta de planificación real, el retraso crónico en las aportaciones económicas y la asfixia generalizada que sufren los centros de la comunidad.

El reflejo más nítido y preocupante de este modelo de improvisación es, sin duda, el recurso sistemático a los llamados nombramientos por programas. En lugar de consolidar plazas fijas y estructurales dentro de la plantilla pública de la Comunidad Autónoma, la Consejería de Educación fía la escolarización del tramo de 0 a 3 años a proyectos temporales y presupuestos con fecha de caducidad. Este perverso mecanismo contractual tiene consecuencias devastadoras en dos frentes diferenciados.

Por un lado, somete al personal interino a una inestabilidad laboral crónica, con contratos precarios que se extinguen al finalizar el programa de turno, destruyendo cualquier atisbo de carrera profesional digna para un sector tradicionalmente feminizado y maltratado. Por otro lado, esta falta de estabilidad de las plantillas dinamita por completo la continuidad pedagógica en las aulas. Los niños y niñas en edades tan tempranas necesitan referentes afectivos y educativos estables para su correcto desarrollo; cambiar de profesionales continuamente debido a las costuras de un contrato temporal es una falta de respeto al alumnado.

La Consejería de Educación utiliza los nombramientos por programas como un escudo administrativo para eludir su responsabilidad presupuestaria a largo plazo. Al no crear plazas estructurales, la administración regional evita comprometer fondos propios para el futuro, dejando la educación de los más pequeños supeditada a vaivenes económicos externos. No se puede construir el futuro educativo y el estado del bienestar de la Región de Murcia sobre los cimientos de la provisionalidad. Las familias murcianas no necesitan promesas electorales, ni las educadoras merecen ser tratadas como mano de obra de usar y tirar en programas con fecha de vencimiento.

Es hora de exigir un giro de 180 grados en la gestión educativa. La Consejería de Educación debe asumir de una vez por todas sus competencias, dotar al ciclo 0-3 de un presupuesto autonómico blindado y sustituir los parches de los programas temporales por plazas fijas y estables en la función pública. La educación de calidad de nuestros niños y niñas de cero a tres años no son un proyecto piloto ni un lujo financiable a plazos: son un derecho que ya ha esperado demasiado.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han reclamado este jueves al Gobierno que reúna a los agentes sociales “de inmediato” y “con urgencia” para actualizar el salario mínimo interprofesional (SMI), situado en 1.221 euros brutos tras la subida de este año del 3,1%, debido el auge creciente de la inflación. Este julio, el IPC interanual alcanzó finalmente el 3,6%, presionado por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad, ha actualizado Estadística.

Carmen Vidal, secretaria confederal de Participación Institucional y Movimientos Sociales, ha reclamado esta mañana medidas urgentes para proteger las rentas del trabajo de la pérdida de poder adquisitivo. “Con una inflación del 3,6%, es imprescindible revisar de inmediato el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para corregir la desviación al alza de los precios respecto a lo calculado en su aprobación”, ha afirmado.

En la misma línea, Fernando Luján, vicesecretario general de UGT, ha exigido “con carácter de urgencia y de manera inmediata la convocatoria de la mesa de diálogo social para actualizar el salario mínimo interprofesional de acuerdo a los datos de inflación que hemos conocido este mes”.

La patronal CEOE por su parte ha afirmado este jueves que “mantiene de momento una previsión del IPC del 3,1% de media anual para 2026”, contando con una normalización gradual del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, que en la actualidad sigue siendo complicada.

Trabajo ha descartado esta subida “extraordinaria”

A comienzos de mes, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, con una inflación del 3,5% en ese momento, descartó esta revisión adicional del SMI al considerar que no era “suficientemente grave” el impacto inflacionista.

“No se dan las circunstancias para esa revisión extraordinaria”, indicó el 'número dos' de Yolanda Díaz, pero sí advirtió que debía tenerse en cuenta de cara a la subida del SMI de 2027. Una negociación que –recordó– suele iniciarse no mucho tiempo después de la vuelta del verano, aunque en los últimos años se ha demorado hasta comienzos del ejercicio siguiente.

En 2026, el aumento del SMI se aprobó finalmente en febrero (con efectos retroactivos desde enero), tras una negociación que concluyó con un acuerdo solo con los sindicatos mayoritarios y del que se desmarcaron los empresarios. El Gobierno ofreció a las patronales ayudas fiscales, pero no la actualización de los contratos públicos como reclamaban.

CCOO y UGT advierten de “conflicto” en los convenios colectivos

Los sindicatos mayoritarios además emplaza a la patronal a negociar ya una subida potente de los salarios acordados en los convenios colectivos. CCOO y UGT han planteado alzas anuales del 4% en los próximos tres años, que puedan llegar al 7% en el caso de los salarios más bajos.

“Si no actuamos ahora, la próxima negociación colectiva va a vivir tensiones muy importantes. Los salarios no pueden ser la variable de ajuste de los datos que hemos conocido hoy el IPC”, ha afirmado Fernando Luján.

El vicesecretario general de UGT ha recordado que la subida salarial media pactada en los convenios (del 3% hasta julio) está por debajo de la inflación, lo que significa la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores afectados.

“Vamos a seguir empujando para reforzar la negociación colectiva garantizando subidas salariales de entre el 4% y el 7%. Vinculamos este objetivo directamente a nuestro fondo para movilizaciones bajo una premisa clara: si las patronales no reparten los beneficios, habrá conflicto”, ha sostenido Carmen Vidal, de CCOO.

CCOO y UGT anunciaron a finales de junio un “fondo de solidaridad” con cuatro millones de euros –en realidad dos fondos paralelos de dos millones cada uno – que compense los salarios de sus afiliados durante los procesos de huelga.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM CLM) denuncia y condena una agresión a una médica del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Mancha Centro del municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El suceso ocurrió, según el sindicato, el pasado sábado 8 de agosto mientras la facultativa realizaba su labor asistencial.

Según la información recopilada por CESM-CLM, los hechos se produjeron durante la atención a una paciente en el Servicio de Urgencias. Mientras la médica intentaba realizar la historia clínica para poder prestarle asistencia, “la paciente adoptó una actitud agresiva e intentó golpearla en dos ocasiones, llegando finalmente a alcanzarla en la cara y provocando que sus gafas cayeran al suelo”.

Aunque la doctora no sufrió lesiones físicas, “este hecho no resta gravedad a lo sucedido ni al impacto personal y emocional que ha sufrido nuestra compañera durante el ejercicio de la profesión”, ha indicado el Sindicato Médico, que ha confirmado que la doctora ha presentado la correspondiente denuncia y ha manifestado expresamente su deseo de preservar su identidad.

Reclaman que los centros sanitarios sean “espacios seguros”

CESM-CLM ha trasladado su apoyo, solidaridad y afecto a la compañera, convencido de que “un hospital, un centro de salud o un Servicio de Urgencias deben ser espacios seguros tanto para los pacientes como para los profesionales que trabajan en ellos” y considerando “imprescindible mantener una política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión a profesionales sanitarios”.

“No podemos permitir que las amenazas, intimidaciones o agresiones terminen normalizándose como si constituyeran un riesgo inevitable asociado al ejercicio de la profesión sanitaria. Cada agresión debe tener una respuesta clara de la sociedad y de las instituciones”, ha señalado el sindicato, que ha reclamado que las conductas violentas contra quienes están ejerciendo una función asistencial reciban una respuesta judicial firme, proporcionada y suficientemente disuasoria.

También pide al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que proporcione “acompañamiento inmediato al profesional agredido”, faciliten toda la asistencia jurídica, psicológica y laboral que pueda necesitar, colaboren activamente en el esclarecimiento de los hechos, revisen las medidas preventivas y de seguridad cuando se produzca cualquier incidente y que ejerza de manera efectiva su personación como acusación particular en los procedimientos derivados de agresiones a sus profesionales, “defendiendo institucionalmente a quienes han sido atacados mientras prestaban un servicio público”.

CSIF denuncia una agresión verbal en julio en Tomelloso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) condena la agresión y reitera su “rotunda oposición” a cualquier forma de agresión e interferencia en el trabajo de todos los profesionales del ámbito sanitario. Lamenta que “este tipo de prácticas se repitan con demasiada frecuencia”.

Asimismo, señala que el pasado 22 de julio se produjo una agresión verbal con amenazas e intimidación a otra facultativa del centro de salud Tomelloso II. “En aquella ocasión, un paciente inició una actitud hostil contra su médica tras denegarle la baja solicitada al considerar que no era necesaria. La rápida actuación del vigilante de seguridad, presente en el centro gracias a las presiones de CSIF, evitó que el incidente fuese a más”.

“Nada justifica ni una agresión física ni verbal. No podemos consentir que se nos menosprecie como personas ni como profesionales”, señala Alberto Rosales, responsable de CSIF Sanidad en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

CSIF, que muestra su apoyo a ambas facultativas agredidas, pide que se refuerce la protección a todos los trabajadores tanto en hospitales como en centros de salud y Puntos de Atención Continuada, para evitar que este tipo de hechos vuelvan a suceder.

“Este tipo de actos repercuten en el normal funcionamiento de los servicios. Debemos disponer de medidas reales y eficaces para acabar con esta lacra social”, subraya Rosales.

Por último, desde el sindicato se exige la formación de todas las plantillas de los centros sanitarios a fin de desarrollar habilidades comunicativas y sociales que permitan la prevención de este tipo de situaciones, el aumento y mejora de las medidas de seguridad en los centros de trabajo, implementando así un mayor número de personal de seguridad, la incorporación de medios técnicos de seguridad eficaces, así como campañas de sensibilización a la población por parte del Sescam.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real asume la asistencia jurídica de la agredida

El Colegio de Médicos de Ciudad Real condena de forma “rotunda” la agresión sufrida esta facultativa del Hospital Mancha Centro.

Explican que la institución colegial se puso en contacto con la médica agredida “desde el primer momento para trasladarle su apoyo, cercanía y disposición absoluta”. Asimismo, el Colegio asume su asistencia jurídica y la acompañará durante todo el proceso, tanto en el plano legal como en el apoyo institucional que pueda necesitar.

El Colegio apunta que esta actuación se hace extensiva a cualquier médico que pueda sufrir una agresión, amenaza, intimidación o coacción durante el ejercicio de su profesión. “El Colegio está y estará siempre al lado del médico agredido. Ningún profesional debe sentirse solo cuando es atacado por ejercer su trabajo”, subraya la institución.

La corporación colegial insiste en que no cabe normalizar ningún tipo de violencia en el ámbito sanitario. “Las agresiones a médicos no son hechos aislados ni conflictos menores: son conductas inadmisibles que afectan a la integridad física y emocional de los profesionales, deterioran la relación médico-paciente y ponen en riesgo la calidad de la asistencia”.

Por ello, el Colegio de Médicos de Ciudad Real reitera su mensaje de tolerancia cero ante cualquier agresión a sanitarios y anima a denunciar siempre este tipo de situaciones. “La institución defenderá con firmeza a los médicos agredidos y reclamará que estas conductas tengan una respuesta clara, proporcionada y disuasoria”.

Finalizan señalando que proteger a los médicos es también proteger a los pacientes. “Un hospital, un centro de salud o un servicio de urgencias deben ser espacios seguros para todos”, concluyen.

“Espionaje” y “cacería al disidente”. Son términos empleados por el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) para describir la situación que están viviendo los agentes de la Policía Local de Calahorra. No hablan de hechos aislados sino de una “dinámica que está deteriorando el clima de confianza entre la plantilla, la Jefatura y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Calahorra”.

36 agentes forman parte de un chat laboral

Desde la formación sindical explican que unos 36 agentes de la Policía Local de Calahorra “forman parte, de forma voluntaria, de un grupo de mensajería administrado por los delegados de personal del sindicato, miembros de la Junta de Personal, en el que se intercambia información relacionada con las condiciones de trabajo y otros asuntos propios de la representación de los trabajadores”. Entienden este grupo como “un canal de comunicación estrictamente laboral en el que no se comparte información reservada ni documentación confidencial”.

Sin embargo, aseguran que han podido constatar, hasta en tres ocasiones, que comentarios e informaciones que se han compartido “exclusivamente” en ese grupo han llegado hasta los responsables de la Jefatura de la Policía Local y de la Concejalía competente. “Los responsables de la Jefatura y de la Concejalía no solo solicitaron explicaciones sobre determinados comentarios vertidos en el grupo, sino que también requirieron que algunos de ellos fueran rectificados o reformulados en ese mismo canal de comunicación”.

Unos hechos que preocupan a la plantilla de la Policía Local de Calahorra que se siente “espiada porque las comunicaciones mantenidas en un espacio de naturaleza sindical y laboral dejan de serlo y se convierten en una cacería al disidente” lo que está generando un clima de desconfianza por lo que advierten de que “un entorno basado en la sospecha no favorece ni el diálogo social ni la resolución de los conflictos laborales”.

Asimismo, relatan que el Ayuntamiento de Calahorra les amenaza asegurando que conoce hechos o situaciones que podrían ser investigadas. Y desde el sindicato les recuerdan, tanto al Consistorio como a la Jefatura, que “si existen indicios de conducta susceptibles de investigación, el cauce adecuado es el previsto por el ordenamiento jurídico que además respeta plenamente las garantías de los empleados públicos, no generando este clima de incertidumbre y desconfianza”.

Por todo ello, SRPF pide que se restablezcan “unas relaciones laborales basadas en el respeto mutuo, la buena fe y la lealtad institucional, condiciones imprescindibles para garantizar un servicio público eficaz y preservar los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras”.