Castilla-La Mancha reacciona a la posible huelga general por la vivienda: apoyo del Gobierno y rechazo de la patronal

Después de varios días de protestas en las ciudades de toda España, con miles de ciudadanos y ciudadanas pidiendo una huelga general por la crisis de la vivienda que está sufriendo el país, los principales sindicatos han comenzado a trabajar para oficializar dicha convocatoria.

Ha sido este lunes cuando CCOO y UGT acordaron llamar a los trabajadores a un paro general de 24 horas este otoño para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna.

Las organizaciones han dado así el paso que adelantaban el pasado viernes, cuando, tras el rechazo del Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes de vivienda, anunciaron que reunirían a los órganos de dirección para decidir cómo incorporar el mundo del trabajo a la movilización, en unidad de acción sindical y en confluencia con los movimientos sociales, vecinales y de inquilinas e inquilinos.

No obstante, la decisión aún no es definitiva y tendrá que ser ratificada por sus máximos órganos de dirección. Aunque esta huelga todavía no sea oficial, su anuncio ya ha producido diversas reacciones gubernamentales y de agentes sociales en Castilla-La Mancha.

Desde UGT Castilla-La Mancha, ha sido su secretaria general, Lola Alcónez, quien ha justificado esta jornada de paros para interpelar a las administraciones y a la patronal para que, “de una vez por todas”, “los salarios garanticen el acceso a un bien básico como es la vivienda”.

La responsable sindical ha planteado que la protesta también busca desbloquear los convenios colectivos y poner encima de la mesa “la necesidad” de renovar el VI Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Alcónez ha recordado que los motivos de esta huelga que tendrá lugar este otoño son reivindicaciones “que vienen de largo y que llevan tiempo paradas”. Muchas de ellas vienen recogidas en las demandas de UGT para ese VI AENC, entre otras, un incremento salarial de entre el 4 y el 7%, cláusulas de revisión salarial o cláusulas para facilitar el acceso a la vivienda, según ha planteado.

También ha subrayado la Propuesta Sindical Unitaria en la que UGT y CCOO reclaman una respuesta al problema de vivienda que tiene la ciudadanía, que pasa por el cumplimiento efectivo de la Ley de Vivienda; regular las viviendas de uso turístico; limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, y crear un parque público de vivienda.

“Hacemos un llamamiento a las personas trabajadoras para que se unan y se sumen a esta huelga en la que reclamaremos que los salarios permitan vivir dignamente a todos y todas y poder pagar una vivienda”, ha concluido Alcónez.

Gobierno: “Con la ultraderecha pueden peligrar derechos sociales”

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que respeta la convocatoria de la huelga general, al tiempo que ha dicho que entiende aquellas movilizaciones que protejan el sentir social desde el movimiento sindical.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha afirmado que “el derecho a la huelga general es inherente a la actividad sindical y, por tanto, lo respeto profundamente”, añadiendo que, ante la convocatoria “precipitada” de elecciones, entiende las movilizaciones “por un tema tan esencial y tan preocupante para la gente”.

Ha dejado claro que “siempre” ha sido respetuosa con los movimientos sindicales y con las decisiones de la patronal, “y lo voy a seguir siendo en mis competencias en la Consejería de Economía, que tiene en su seno el diálogo social”.

“Por tanto, respeto y entendimiento a aquellas personas que ven que, ante un posible gobierno muy dirigido hacia la ultraderecha, puedan peligrar algunos de sus derechos sociales más básicos, como es el tema de la vivienda”, ha concluido.

Empresarios: “Las reivindicaciones no son laborales”

Menos satisfecha con la posibilidad de huelga se ha mostrado las patronales de empresarios, CEOE y CEPYME, que en un comunicado conjunto al que se ha sumado su delegación en Guadalajara ha asegurado que el paro se convoca por motivos que están “al margen” de la gestión de las empresas y “no son” de naturaleza laboral.

“Supone una medida de prensión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda. Son estas cuestiones cuya responsabilidad y competencia son de la Administración y que, por tanto, quedan al margen de la gestión de las empresas”, aseguran las patronales.

Así, CEOE y CEPYME encuentran “inadmisible” que se traslade “a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una ”medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión“.