El exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos gana posiciones para sustituir a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE). Así lo señala una encuesta del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF), un think tank británico, entre expertos en política monetaria, que coloca al actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) como el candidato más cualificado entre los principales favoritos para presidir la institución.

Los cinco potenciales candidatos a la presidencia del BCE evaluados en función de nueve categorías, incluyendo experiencia, conocimientos y liderazgo, así como el potencial de apoyo nacional y europeo, fueron el neerlandés Klaas Knot, exgobernador del Banco de Países Bajos; Isabel Schnabel, representante alemana en el Consejo Ejecutivo del BCE; Joachim Nagel, presidente del Bundesbank; el francés François Villeroy de Galhau, gobernador saliente del Banco de Francia; y el español Pablo Hernández de Cos, según recoge Europa Press.

De este modo, el exgobernador del Banco de España es el preferido de los expertos encuestados en cuatro de las nueve categorías (formación en economía monetaria, reputación de capacidad para generar consenso, capacidad para obtener el respaldo de otros Estados miembros, credenciales europeas), además de obtener la segunda mayor puntuación en categorías como experiencia en banca central y conocimiento de los mercados de capitales, así como la tercera mejor valoración en capital político.

Experiencia en gestión de crisis

Hernández de Cos ya formó formó parte del Consejo de Gobierno del BCE entre 2018 y 2024, en calidad de gobernador del supervisor español. De acuerdo con un funcionario de una institución multilateral de desarrollo, citado por los responsables de la consulta, combina aplomo, profundidad intelectual y una valiosa experiencia adquirida durante la gestión de la crisis española y en un entorno político sumamente complejo.

Por detrás del español, los resultados de la encuesta sitúan en una ajustada segunda posición al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, muy ligeramente por delante del neerlandés Knot y del galo Villeroy de Galhau, mientras que la alemana Schnabel, cuya candidatura tendría que sortear la restricción de un solo mandato para los miembros del consejo del BCE, queda relegada a la última posición entre los potenciales favoritos.

Asimismo, los autores de la consulta apuntan que una parte importante del debate sobre la elección del próximo presidente del BCE gira en torno a la cuestión de si Alemania estaría infringiendo las normas de la Unión Europea si ostentara simultáneamente la presidencia del BCE y de la Comisión Europea, que actualmente ocupa Ursula Von der Leyen, ya que parece bastante lejana la posibilidad de que esta abandone Bruselas prematuramente para asumir la presidencia federal alemana el próximo año.

Un sondeo entre economistas elaborado por 'Bloomberg' el pasado mes de enero apuntaba al holandés Klaas Knot como el candidato favorito en la carrera por la sucesión de Christine Lagarde al frente del instituto emisor de la eurozona, por delante del español Pablo Hernández de Cos, mientras que el tercer potencial candidato favorito para relevar a Lagarde sería el actual presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

De su lado, Hernández de Cos era el candidato favorito para el 26% de los economistas encuestados a principios de año por 'Financial Times', frente al 24% que prefería a Klaas Knot y el 14% que elegiría a Joachim Nagel, mientras que Isabel Schnabel recibía el 7% del apoyo.

Después de tantas guerras perdidas por Estados Unidos (Corea, Vietnam, Afganistán, Irak), la guerra de Irán, desencadenada por Trump y Netanyahu -o mejor por Netanyahu y Trump- tiene toda la probabilidad de traernos una profunda y global crisis económica. Con dos ingredientes seguros: la inflación y la recesión. Es lo que se ha dado en llamar “estanflación”, término que reúne dos fenómenos aparentemente contradictorios: congelación del crecimiento (0.8% en la eurozona) y, a la vez, alza importante de precios (la OCDE prevé que la tasa media de precios de los países del G-20 se dispare este año al 4%).

La causa inmediata de la crisis que ya sufrimos en el área de la Unión Europea está, como es sabido, en la subida de los costes energéticos y su traslado al transporte, la industria y la alimentación. Los orígenes mediatos están en el persistente bloqueo en el estrecho de Ormuz y la resiliencia militar y económica del régimen iraní. Algo con lo que no contaban los que, sin amenazas previas, ni objetivos políticos identificables o coherentes, decidieron, de forma a todas luces irresponsable, atacar Irán. Ahora no saben -particularmente Donald Trump- cómo terminar con la guerra.

La gravedad de la situación en las vulnerables economías europeas, tan dependientes de las cadenas de suministros y de las fuentes de energía, obliga a plantearse las políticas que puedan afrontar la crisis de modo menos dañino para las y los ciudadanos. Y surge un dilema: o restricción en la política monetaria y fiscal o estímulo a la demanda y la producción.

La primera de las dos opciones fue la escogida por la Unión Europea en la crisis de naturaleza financiera que estalló a partir de la caída de Lehman Brothers en 2008. Su epicentro era Wall Street, pero se extendió -con un presidente Bush más “pato cojo” que nunca- estruendosamente por las economías de los países desarrollados, contagiando particularmente a los países europeos. Entre otras cosas porque el Banco Central (BCE) de Trichet no percibió la crisis y actuó inicialmente subiendo el tipo de interés cuando Estados Unidos y la eurozona estaban ya en recesión. Contribuyó así a la escalada del euribor y a la caída de las bolsas europeas.

La diferencia con la política adoptada por la Reserva Federal (FED) fue abismal. La FED redujo sin contemplaciones el precio del dinero, del 5,25% al 1% en pocos meses, llegando después hasta cerca del 0%. Sin embargo, el BCE en noviembre de 2008 todavía estaba en el 3,25%. Hubo que esperar a abril de 2009 para que dejara los tipos en el 1,25%. El BCE siempre por detrás de la Reserva Federal. 

Esto en cuanto a la política monetaria, muy volcada en solucionar la situación dramática del sistema financiero. La política fiscal -gastos e ingresos públicos- competencia de los gobiernos y los parlamentos, tardó en llegar. La única medida de política fiscal de estímulo que la Unión, en cuanto tal, lanzó contra la Gran Crisis fue el Plan Europeo de Recuperación Económica (diciembre de 2018). Con directrices nada concretas, a pesar del desastre económico en términos de paro o producción. 

Esas medidas duraron poco. Una austeridad simplona, de inspiración alemana, se convirtió entre 2010 y 2013 en la madre de todas las soluciones, poniendo fin a los efímeros estímulos.

La Unión se alejó así de unos Estados Unidos reticentes a abandonar las políticas económicas de estímulos hasta ver clara la recuperación del sector público. Europa neoclásica y América keynesiana. Vivir para ver. Los ministros de economía del euro no dejaron de aludir al mantra de la “sostenibilidad fiscal” y de las “reformas estructurales”. En el Reino Unido, el gobierno de David Cameron mostró su creencia en las capacidades taumatúrgicas de la austeridad. El Fondo Monetario Internacional también prefería recortar gastos a subir impuestos. El “consenso de Bruselas”, o sea, la doctrina de la austeridad y la restricción presupuestaria, se impuso a los países europeos más afectados por la crisis, discriminados por la imposibilidad legal del BCE de actuar como prestamista de última instancia.

El efecto de la austeridad fue contundente. La Unión Europea -y en especial la eurozona- entró en 2012, por segunda vez, en recesión. Fue un año perdido para el empleo, y para las cuentas públicas. La situación se prolongó en 2013. Europa fue la única región significativa del mundo en la que creció el desempleo. Como contraste, en los Estados Unidos de Obama y Bernanke sus políticas expansivas fiscales de gasto tuvieron resultados positivos de crecimiento y en políticas sociales y de infraestructuras.

En primavera de 2013 cambió la orientación de la insostenible política de austeridad por su evidente fracaso, hacia una línea de estímulos hasta entonces solo defendida por fuerzas de carácter progresista. El paso definitivo lo dio la importante reunión del Consejo Europeo de 27 y 28 de junio de 2013 y la del G-20 de 19 y 20 de julio.

En momentos críticos posteriores a lo que se denominó como Gran Crisis, la Unión no ha repetido los errores de 2010-2013. No lo hizo durante la pandemia de la Covid 19 o en la crisis inflacionista resultante de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, ante los efectos en los precios de la guerra contra Irán, se ha abierto una dialéctica política y académica bipolar. O a favor de establecer medidas expansivas de reducir los tipos o a subirlos si la confrontación bélica se convierte en crónica. Todo parece indicar que la guerra continuará con Europa sufriendo las peores consecuencias, dada la naturaleza comercial de su estructura económica. 

A mi juicio -a diferencia de lo que parece desprenderse de recientes declaraciones de Lagarde- no tendría sentido subir los tipos como forma inmediata de combatir la inflación, porque ésta se producirá con independencia de la política monetaria, ya que su origen está en un conflicto militar y no en decisiones empresariales. En cuanto a una hipotética paralización de la economía, el encarecimiento del dinero no haría más que ahondar la crisis. De ahí la conveniencia de una política expansiva que impida que se reproduzcan los negativos efectos de una ya experimentada austeridad hace una década y media.

Tengamos en cuenta las señales que nacen de la FED, que piensa en recortar los tipos de interés en junio de este año un cuarto de punto. A diferencia del BCE, la Reserva Federal tiene como mandato no solo contener la inflación sino ayudar a mantener un alto nivel de empleo. 

En todo caso, el problema esencial es el bajo crecimiento de la economía. Para fortalecerla, los gobiernos han de tomar medidas de estímulo a través del gasto público y la fiscalidad, y el BCE no obstaculizarlas y, para ello, rebajar el precio del dinero.

Para afrontar la presente crisis energética, Europa (y España) debe practicar una política económica de defensa del Estado de Bienestar y de robustecimiento del poder adquisitivo de los hogares. Una política inversora de fondos públicos, en parte con deuda mutualizada, en parte con impuestos directos sobre las grandes fortunas y corporaciones. Y abordando la gigantesca evasión fiscal que se sustenta en los paraísos fiscales.

Como gran política de fondo, después de la crisis regional en Oriente Medio, no queda sino acelerar la transición ecológica hacia energías renovables, ante lo que Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, ha llamado “la mayor amenaza para la seguridad energética mundial de toda la historia”. España está bien situada para profundizar en esa apuesta imprescindible.

El Tesoro Público español ha diseñado un intenso calendario de subastas para este mes de abril con el objetivo de cubrir sus necesidades de financiación anuales en un entorno marcado por la incertidumbre macroeconómica global y la persistente escalada de la inflación en la eurozona. Esta situación ha provocado que el mercado anticipe posibles subidas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que se traduce directamente en una mayor rentabilidad exigida por los inversores en los títulos de deuda pública española emitidos recientemente por el organismo. El compromiso del Ministerio de Economía para este ejercicio se mantiene firme en la responsabilidad presupuestaria, buscando aprovechar el buen momento de la economía nacional para atraer capital tanto de grandes instituciones como de pequeños ahorradores particulares que buscan seguridad y rendimientos atractivos en el corto y largo plazo.

La actividad financiera de este cuarto mes del año comenzó el pasado martes con una importante emisión de letras del Tesoro con plazos de amortización fijados en seis y doce meses, respectivamente. A lo largo de la jornada, el organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa logró colocar un importe total que ascendió a los 6.439 millones de euros, situándose en el rango máximo de lo previsto inicialmente para dicha operación. La demanda conjunta superó con creces los 8.600 millones de euros, demostrando que el papel español sigue siendo un activo de gran atractivo para los inversores internacionales. Las letras de doce meses lideraron la adjudicación con más de 4.300 millones de euros colocados en el mercado.

Siguiendo con la planificación establecida, el organismo público vuelve a los mercados hoy mismo para realizar una subasta de bonos y obligaciones del Estado con objetivos de adjudicación ambiciosos. El rango previsto para esta operación oscila entre los 5.250 millones y los 6.750 millones de euros, buscando captar capital a medio y largo plazo para financiar la estrategia estatal. Esta segunda cita del mes es crucial para evaluar la confianza de los grandes tenedores de deuda ante los títulos que ofrecen cupones fijos anuales y que representan la mayor parte de las emisiones netas programadas para todo el año. Los inversores estarán atentos para comprobar si se mantiene la tendencia alcista de los tipos marginales de referencia vista en las emisiones anteriores.

Los valores que se subastan este jueves incluyen bonos del Estado a tres años con un cupón del 2,35% y bonos a cinco años con un cupón del 2,60% anual. Además, la oferta se completa con obligaciones del Estado a diez años con un cupón del 3,30 y una referencia especial de obligaciones indexadas a la inflación de la zona euro a diez años con un cupón del 1,15%. Para estas últimas, el principal de la inversión varía según la evolución de un índice de precios, protegiendo así el poder adquisitivo del inversor frente a escenarios de escalada de costes energéticos. Estas emisiones tienen fechas de vencimiento que se extienden hasta el año 2036 para los títulos de mayor duración ofertados actualmente.

La programación del Tesoro Público para la segunda quincena del mes de abril continuará el próximo martes 14 con una nueva convocatoria dirigida a los tramos más cortos de la curva de tipos mediante la emisión de letras. En esta ocasión se subastarán títulos con vencimientos a tres y nueve meses, complementando la oferta de papel comercial realizada al inicio de abril y permitiendo a los ahorradores diversificar sus carteras con plazos inferiores al año. Las peticiones para esta subasta pueden tramitarse tanto de forma competitiva, indicando el tipo de interés deseado, como no competitiva, aceptando el precio medio resultante de la operación según el procedimiento oficial. Esta subasta es tradicionalmente muy seguida por el inversor minorista, que utiliza las letras como una alternativa segura de ahorro frente a otros productos bancarios tradicionales.

Para cerrar el ciclo de subastas ordinarias del mes, el organismo financiero ha fijado una última cita el jueves 16 de abril dedicada nuevamente a los bonos y obligaciones del Estado. Con esta operación se completa el despliegue de deuda previsto para el periodo, buscando consolidar la posición financiera de España y asegurar los fondos necesarios para los compromisos de gasto del Estado. Al igual que en las citas anteriores, las referencias exactas que se emitirán en esta subasta final serán anunciadas oficialmente el viernes inmediatamente anterior a la celebración de la misma para información de los mercados. Es el broche final a un mes de intensa actividad en el que el Tesoro ha navegado con éxito la volatilidad mientras mantiene sus objetivos de captación de capital a medio y largo plazo.

Un trámite sencillo

Dentro de este marco de financiación, el Tesoro continúa impulsando su programa de bonos verdes soberanos, que ya cuenta con un volumen considerable en circulación para proyectos sostenibles. Estos valores son asimilables al resto de la deuda pública, pero están vinculados nocionalmente a gastos en actividades que favorecen la transición ecológica y la protección del medio ambiente bajo criterios muy estrictos. La gran demanda de este tipo de activos sostenibles ha ayudado históricamente al organismo a reducir sus costes de emisión y a ampliar su base de inversores hacia perfiles comprometidos.

Los ciudadanos interesados en participar en estas subastas de abril disponen de diversos canales para adquirir deuda pública de forma sencilla, destacando la posibilidad de abrir cuentas directas en las sucursales del Banco de España. Asimismo, el Tesoro ofrece un servicio de compra y venta a través de su página web oficial para residentes en el territorio nacional que posean un certificado digital o DNI electrónico reconocido. Es importante recordar que el importe mínimo para cualquier petición es de 1.000 euros y que para cantidades superiores se debe operar siempre en múltiplos de esa misma cifra nominal establecida por la normativa vigente. Con estos mecanismos, el Estado garantiza la transparencia y el acceso equitativo a sus valores de renta fija, fomentando la participación del ahorro privado en la financiación pública del país.

Se acercan subidas del tipo de interés por parte del Banco Central Europeo. Las presiones inflacionistas provocadas por el cierre del estrecho de Ormuz están dando mayor protagonismo al discurso de los halcones monetarios, es decir, a aquellos más convencidos de que la subida de precios sólo puede contenerse mediante una política monetaria restrictiva. Pero ¿qué significa todo esto? Si la economía aparece habitualmente como una ciencia oscura y ajena al ciudadano común, el mundo de la política monetaria se presenta aún más confuso. Sin embargo, conviene comprender bien qué se está jugando aquí y por qué los futuros acontecimientos nos afectarán a todos, y previsiblemente para mal.

La función principal que tiene el Banco Central Europeo es controlar la inflación, lo que significa que está mandatado a maniobrar para que los precios no suban por encima del límite convencionalmente definido del 2%. Tradicionalmente se presenta esta función como meramente técnica, llevando incluso al punto de que el BCE es formalmente independiente del poder político —es una de esas dimensiones emancipadas de la legitimidad democrática, aparentemente por el bien de la comunidad—.

Pero su propia institucionalidad es una decisión política, algo que queda patente cuando se observa que al menos la Reserva Federal estadounidense tiene también como objetivo la creación de empleo, un aspecto escondido deliberadamente en la razón de ser del BCE. Además, las decisiones del BCE afectan desigualmente por grupos sociales, particularmente entre deudores y acreedores: la inflación es un corrosivo de las deudas, que beneficia a quienes tienen préstamos —que suelen ser las familias endeudadas e hipotecadas— y perjudica a quienes han prestado dinero —que, por definición, tienen dinero “sobrante”—. En este sentido, puede interpretarse que la función del BCE es evitar que el capital de los inversores financieros se esfume por la subida de precios.

La pregunta central de la política monetaria es por qué suben los precios. Por un lado, la tradición monetarista considera que tal cosa sucede cuando hay demasiado dinero persiguiendo pocos bienes disponibles en el mercado. Por otra parte, la teoría del nuevo keynesianismo supone que los precios suben cuando hay una demanda excesiva respecto a la oferta. En ambos casos, sin embargo, la receta propuesta para moderar la inflación es la subida del tipo de interés de referencia —el que determina el banco central—. Simplificando algo, el objetivo es que nadie pueda prestar por debajo de esa cantidad, lo que encarece las inversiones reales para las empresas y conduce a una ralentización de la economía.

En términos coloquiales se dice que la economía se “enfría”: las empresas dejan de invertir, los hogares tienen más dificultades para comprar a crédito y a los Estados les sale más caro emitir títulos con los que financiarse; consumo, inversión y gasto público se frenan y el crecimiento económico se resiente —lo que implica, además, un crecimiento del desempleo—. Todo ello supone una reducción de la demanda, lo que es la clave para que los precios bajen. Desde esta perspectiva, el problema está en encontrar un punto de equilibrio, pues enfriar demasiado a la economía puede llevarla a una recesión grave. Ese es el debate que ahora mismo está teniendo lugar en el Banco Central Europeo: acerca de la magnitud de la subida.

Pero, ¿qué ocurre cuando los precios suben porque hay un ‘shock de oferta’ como el provocado por el cierre del estrecho de Ormuz? En ese caso, los precios suben porque existen cuellos de botella en los flujos comerciales internacionales y no por causas monetarias y/o de exceso de demanda. Como comenté la semana pasada, en estas situaciones se produce un evento que impulsa los precios al alza porque algún input productivo se encarece al hacerse más escaso —por ejemplo, el petróleo, los fertilizantes u otras manufacturas—, y las empresas responden a través de un mecanismo de propagación y amplificación. A lo largo de la cadena que va desde la materia prima hasta el producto final, las empresas propagan la inflación porque suben sus precios para mantener los márgenes de ganancia, pero también amplifican la inflación porque aprovechan la oportunidad para ganar aún más que en condiciones normales. De este modo, el efecto final es que los precios crecen mucho más de lo que queda explicado por el ‘shock de oferta’ como tal: suben en gran medida porque las grandes empresas deciden aprovechar su situación privilegiada —debido a su poder de mercado— para incrementar sus beneficios. Paradójicamente, ese tipo de inflación no se corrige eficazmente con la subida de tipos.

En la era del neomercantilismo y la lucha por la energía en el contexto de crisis ecosocial, estas situaciones de ‘shocks de oferta’ son mucho más comunes que en la era del libre comercio; algo evidente si tenemos en cuenta lo sucedido a nivel mundial con la pandemia (2020), Ucrania (2022) y ahora Irán (2026). En estas situaciones las políticas recomendadas para contener precios son aquellas destinadas a frenar los incrementos de los márgenes de beneficio. Por su parte, la política monetaria restrictiva logra detener la subida de precios a nivel agregado porque es matar moscas a cañonazos, además haciendo recaer el coste no en los principales responsables de la subida de precios sino, como de costumbre, en las empresas y familias más vulnerables.

Hay ocasiones en las que las subidas de tipos de interés que enfrían la economía —política monetaria restrictiva— se complementan con planes de estímulo que calientan la economía —política fiscal expansiva— a fin de moderar los efectos más nocivos. Es lo que ocurrió en 2022 cuando los tipos de interés subieron para hacer frente a la inflación causada por la guerra en Ucrania, pero todavía estaban desplegándose los programas de inversión pública Next Generation. Esa coincidencia temporal evitó que el desempleo se disparara y que la situación económica fuera a peor; cuando los flujos comerciales se restauraron, la presión sobre los precios decayó y los tipos de interés bajaron.

La inminente subida de los tipos de interés —que llegará con alta probabilidad antes de verano— no parece que vaya a ser acompañada de medidas extraordinarias de la magnitud de los fondos Next Generation. En realidad, esta sería una excelente oportunidad para que la Unión Europea pusiera en marcha un programa de estímulo a nivel comunitario —incluso financiado con eurobonos— que acelerara la transición ecológica y, en particular, la energética. Ese estímulo podría compensar la subida de tipos de interés al tiempo que permite a la Unión Europea reducir su vulnerabilidad energética y geopolítica respecto a proveedores de energía fósil tan inestables como Rusia o Estados Unidos. Si, además, se aprovechara para que el Banco Central Europeo asumiera que para frenar este tipo de inflación es más importante controlar los márgenes de beneficios empresariales que subir los tipos de interés, sería una victoria mucho más amplia. Pero quizás ambas cosas son pedir peras al olmo.

El Euríbor a doce meses, el indicador que más se usa en España para calcular las hipotecas variables, se ha disparado como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, y cerrará marzo con la mayor subida mensual desde 2023, con lo que encarecerá las hipotecas por primera vez desde hace casi dos años, según recoge la agencia Efe.

A falta de una sola sesión para que finalice marzo, la tasa media provisional del indicador alcanza el 2,532%, lo que supone una subida de 31,1 puntos básicos respecto a febrero, cuando cerró en el 2,221%. Este incremento es el mayor ascenso mensual del indicador desde enero de 2023, cuando escaló 31,9 puntos básicos (respecto al mes previo).

Asimismo, con esa tasa media, el Euríbor ha vuelto a niveles de octubre de 2024 (2,691%), y encarecerá las hipotecas por primera vez desde abril de 2024, aunque será levemente. Esto se debe a que hace un año, en marzo de 2025, la tasa media del Euríbor era inferior a la actual, del 2,398%.

Como ejemplo, para una hipoteca de unos 150.000 euros a 25 años, con un interés del Euríbor más un punto, el incremento será de unos 132 euros al año. Si el préstamo es de las mismas condiciones, pero de una cuantía de 300.000 euros, el alza de las cuotas será de unos 260 euros anuales.

El Euríbor se ha disparado este mes como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio, que ha bloqueado el estrecho de Ormuz y ha impulsado el precio de la energía. El miedo a un alza exponencial de la inflación y al impacto en la economía ha provocado un cambio de previsión sobre la política monetaria de los bancos centrales.

El BCE está vigilante ante la evolución de la inflación

Los analistas de Ebury explican que el incremento del Euríbor responde directamente al aumento de las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés a lo largo de este año. “El detonante principal ha sido el conflicto en Irán, el cierre efectivo del estrecho de Ormuz y el consiguiente repunte en los precios del petróleo y del gas natural. Como importador neto de energía, Europa es especialmente vulnerable a este tipo de disrupciones en el suministro”, añaden los mismos expertos, para quienes dicha exposición no solo genera un riesgo de inflación importada, sino también de desaceleración económica.

En este sentido, precisan, el BCE ya “ha abandonado la idea de que se encontraba en una buena posición y ha puesto especial énfasis en los riesgos derivados de la situación en Oriente Medio”, en particular en los posibles efectos de segunda ronda sobre la inflación.

En consonancia, y tras revisar al alza sus proyecciones de inflación, el BCE ha dejado abierta la posibilidad de una subida de tipos. Pese a ello, los mismos analistas prevén que el Euríbor se estabilice en torno a los niveles actuales, al menos hasta que aparezcan señales más sólidas y creíbles de desescalada en el conflicto bélico.

“La información que vaya llegando en el próximo período ayudará al Consejo de Gobierno a evaluar cómo la guerra afectará a las perspectivas de inflación y a los riesgos que la rodean. El Consejo de Gobierno está siguiendo de cerca la situación, y su enfoque dependiente de los datos le permitirá fijar la política monetaria de manera adecuada”, aseguró el Banco Central Europeo en su último análisis.

El dato de inflación de España, el primero de la eurozona y publicado el pasado viernes, ya anticipó una escalada de los precios como consecuencia del conflicto. Así, el Índice de Precios al Consumo que elabora el INE escaló un punto, hasta el 3,3% en tasa interanual, un alza notable pero amortiguada por las ayudas fiscales aprobadas por el Ejecutivo.

El Banco de España prevé un acelerón de la inflación ya este año y, en el peor escenario de la guerra en Irán (con precios del petróleo disparado y un conflicto extendido durante todo un año), podría rondar el 6%, lo que activaría sí o sí las subidas de tipos del BCE e, inevitablemente, encarecería aún más los préstamos hipotecarios.

Desde Asufin, advierten de que, ante este escenario donde el Euríbor mantiene una tendencia compleja y volátil, la vulnerabilidad financiera de los hogares españoles depende directamente de la modalidad de sus contratos.

Según sus datos, aproximadamente el 59% del total de hipotecas vivas en España están referenciadas a tipos variables o mixtos, y por tanto, “cualquier repunte en el índice se traduce de forma casi inmediata en un incremento de sus cuotas, reduciendo su renta disponible para el consumo”.

Por el contrario, los hogares con “blindaje financiero” suponen el 41% restante, al disponer de cuotas fijas, dice Asufin, que no obstante, alerta de que las nuevas hipotecas fijas se están revisando al alza.

El ascenso del Euríbor ha roto con varios meses de estabilidad, ya que el mercado no espera movimientos por parte del BCE con una inflación controlada. No obstante, tras el estallido de la guerra, el Euríbor ha pasado de una tasa diaria del 2,222% en el último día de febrero, hasta alcanzar un máximo en 2,929% el pasado día 24, el nivel más alto desde septiembre de 2024. Asimismo, ha llegado a registrar sus mayores subidas diarias desde 2008.

Con el estrecho de Ormuz cerrado, entre el 20% y el 25% de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado se han interrumpido. Eso ha provocado que el precio internacional de referencia de ambos combustibles fósiles se haya disparado al alza, lo que ha afectado a todas las economías, pero especialmente a las que más dependen de las importaciones del Golfo Pérsico —como las asiáticas—. Por ejemplo, el 80% del petróleo de Corea del Sur procede de esa región, lo mismo que sucede con el 95% del petróleo usado por las refinerías japonesas. Como consecuencia de la prolongación de la guerra, todos los gobiernos están tomando medidas urgentes para reducir el consumo de energía y/o proteger en la medida de lo posible el poder adquisitivo de la población.

Los países más expuestos han puesto en marcha paquetes de medidas destinados a reducir el consumo de petróleo y gas natural. Algunos han reducido la semana laboral a cuatro días (Filipinas), aprobado el teletrabajo o cerrado oficinas y universidades (Tailandia, Bangladés), restringido la circulación de vehículos (Myanmar), restringido o prohibido las exportaciones de petróleo y/o gas natural (Tailandia), o establecido racionamiento y topes a los precios (India, Corea del Sur), junto con subvenciones sectoriales. En definitiva, el cierre de un nodo central del metabolismo de la economía-mundo obliga a que los países reaccionen con medidas extraordinarias.

Europa tiene una menor dependencia física de los combustibles fósiles del Golfo Pérsico, ya que desde 2022 los principales proveedores de petróleo a la Unión Europea son Estados Unidos y Noruega —hasta la guerra en Ucrania, el principal suministrador de petróleo había sido Rusia, que lo sigue siendo en gas natural—. Además, la mayoría de los países tienen importantes reservas, por lo que incluso en el caso de una interrupción total del flujo comercial permitiría resistir por un tiempo considerable —de acuerdo con Eurostat, España tiene para el equivalente a 100 días de importación—. Pero esta menor dependencia física no implica quedar aislado del impacto monetario, ya que el precio de referencia del petróleo se establece a nivel mundial. Y es a través de los precios como los primeros impactos económicos de la guerra están llegando a nuestras fronteras.

Qué precios suben

El canal más inmediato por el que la ciudadanía se ve afectada es el coste del combustible para vehículos privados: tanto la gasolina como el gasoil están subiendo de manera acelerada desde que comenzó la guerra. En un intento de contener esa subida, el gobierno de España acaba de aprobar en Consejo de Ministros la rebaja del Impuesto del Valor Añadido al 10%. La medida es controvertida porque el escenario más probable, como comentaré a continuación, es que dicha rebaja sea absorbida por los márgenes de beneficio de las empresas.

El segundo canal es financiero: el Euríbor, el tipo de interés al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España, ya está subiendo. Los bancos anticipan que el Banco Central Europeo acabará elevando los tipos de interés para combatir la inflación —aunque todavía no lo ha hecho—, y trasladan esa expectativa a lo que se cobran entre sí y, por extensión, a lo que cobran a sus clientes. El mecanismo es revelador: no hace falta que el BCE actúe para que las familias hipotecadas paguen más; basta con que el sector bancario —un oligopolio con poder de mercado— descuente ese escenario y lo incorpore a sus márgenes. Un patrón conocido: un shock externo se convierte en una oportunidad de beneficio para un sector con capacidad de fijar precios.

Finalmente, hay un tercer canal más lento pero que también influye en la subida de precios, y del que ya hemos hablado en otro análisis: la subida de los precios de los alimentos. Por un lado, los combustibles fósiles se utilizan en toda la cadena de distribución y consumo de los alimentos: desde los tractores y maquinaria pesada del campo, pasando por el procesamiento y empaquetado en plásticos hasta el consumo en cocinas de restaurantes u hogares. Así, el incremento del precio de la energía se traducirá en un incremento del precio del producto final. Por otro lado, el 99% de los fertilizantes nitrogenados —los más usados— empleados en las cosechas requieren gas natural durante su producción, y además muchos de estos productos terminados proceden del Golfo Pérsico —cuyas economías no son ya sólo de extracción de combustibles fósiles—. Sin embargo, aquí la traslación de precios será más lenta. O, al menos, debería; porque hay algunas cuestiones que permanecen ocultas en la explicación convencional de la inflación.

Cómo se establecen los precios

La explicación convencional de la inflación apunta siempre a las mismas causas: demasiada demanda, demasiado dinero en circulación o, como se insistió en los años setenta, salarios que suben demasiado. En todas estas versiones hay un gran ausente: los beneficios empresariales. Se asume que los mercados son competitivos y que las empresas se limitan a trasladar al consumidor, ni más ni menos, el incremento en el coste de sus insumos. Si sube el petróleo, sube la gasolina en la misma proporción, y nadie gana más que antes. Esta es la narrativa que solemos escuchar cuando hay un shock de oferta —pandemia, Ucrania, Irán—. Pero no es así como funciona el mundo real.

Ya en 1926, Piero Sraffa señaló las debilidades lógicas del modelo de competencia perfecta, abriendo el camino a lo que Joan Robinson formalizaría como “competencia imperfecta”: mercados en los que las empresas no asumen pasivamente los precios, sino que tienen poder efectivo para fijarlos. Esta es la norma en los sectores estratégicos de la economía mundial —empezando por el petróleo y el gas natural, oligopolios desde finales del siglo XIX—. En estos mercados, las empresas no solo trasladan la subida del coste: la amplifican. Aprovechan un evento extraordinario para ensanchar sus márgenes de beneficio, de modo que la onda de precios va creciendo a lo largo de toda la cadena hasta el consumidor final.

La economista Isabella Weber ha documentado con precisión este mecanismo para la pandemia y la guerra en Ucrania. Lo que Weber observa no es una conspiración, sino lo que llama “coordinación implícita”: cuando estalla una crisis, todas las empresas de un sector saben que los precios van a subir, pero nadie sabe cuánto. Esa incertidumbre, combinada con una opinión pública que acepta las subidas como consecuencia inevitable de la crisis, permite a las empresas con poder de mercado cosechar lo que en economía se llaman windfall profits —beneficios caídos del cielo—. En Estados Unidos, por ejemplo, los márgenes de beneficio empresarial alcanzaron en 2020 el 13%, una cifra superior a cualquier año de posguerra: la pandemia fue un drama para la sociedad, pero una oportunidad para los márgenes empresariales. Y cuando la crisis pasa, no hay presión alguna para que esos precios inflados vuelvan a bajar. El resultado es que la inflación no se explica solo por el shock inicial, sino también —y de forma decisiva— por el interés de las grandes empresas en ganar más cuando las circunstancias se lo permiten.

Lo que ocurre con la gasolina

Los inversores utilizan un indicador clave de rentabilidad del sector de refino conocido como crack spread 3-2-1. No es una medida física, sino una referencia financiera que estima el margen de las refinerías al comparar el coste del petróleo crudo con el precio de los combustibles derivados, como la gasolina y el gasóleo. En la práctica, refleja cuánto están ganando las compañías en cada momento: la diferencia entre lo que pagan por el crudo y lo que ingresan por vender los productos refinados. En el gráfico siguiente podemos ver la evolución de este indicador en los últimos años: una subida descomunal con motivo de la guerra de Ucrania y una normalización en torno al otoño de 2023. En las últimas semanas esta rentabilidad se ha disparado también, cerca ya de los niveles más altos acontecidos hace cuatro años. Se trata de miles de millones en “beneficios caídos del cielo” —que, en realidad, provienen siempre de los bolsillos de los consumidores—.

Recapitulamos entonces: con un shock de oferta y con presencia de empresas con gran poder de mercado, cualquier medida que no neutralice estos beneficios adicionales está destinada a ser insuficiente en el mejor de los casos. La propuesta de bajada de IVA del gobierno español, por ejemplo, supondrá por lo pronto una merma para la recaudación pública. Pero ni siquiera logrará el efecto de alivio que se dice buscar, ya que más temprano que tarde será absorbido por los márgenes de beneficios de las grandes empresas. El resultado será que el precio de la gasolina y del gasoil seguirá subiendo, pero con una menor capacidad de recaudación del Estado; sencillamente porque la clave de todo esto, los beneficios caídos del cielo de las grandes petroleras, no han sido objeto de la política pública.

Debe tenerse en cuenta que es previsible que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo acaben subiendo los tipos de interés, ya que para la teoría convencional la inflación es el resultado de una economía recalentada (demasiada demanda o dinero): subir los tipos provocará un frenazo a las inversiones, un incremento del desempleo y, en consecuencia, una posterior reducción de precios. Es la receta de quimioterapia para un dolor de cabeza. En ese contexto, los gobiernos tendrán problemas mucho más grandes y será necesaria una intervención política más activa y audaz para evitar, entre otras cosas, que la frustración siga echando en manos de la antipolítica a gran parte de la población.

La historia se repite con pocas variaciones: un shock geopolítico dispara los precios de la energía, los gobiernos responden con rebajas fiscales que erosionan la recaudación sin contener la espiral, y las grandes empresas del sector acumulan beneficios extraordinarios que nadie les reclama. Romper ese patrón exige actuar donde está el problema: en los márgenes de beneficio. Europa ya lo intentó tímidamente en 2022 con un impuesto a los beneficios extraordinarios del sector energético, y España experimentó con topes de precio en el mercado eléctrico. Ambas medidas fueron imperfectas, pero apuntaban en la dirección correcta. Lo que no podemos permitirnos es repetir la estrategia de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, y menos aún cuando la factura de esa elección la pagan quienes dedican una mayor proporción de su renta a llenar el depósito y a calentar su hogar. Si el gobierno quiere que esta crisis no alimente aún más el descrédito de la política, tiene que atreverse a ponerle nombre a quienes se benefician de ella.

Había bastante consenso en el mercado de que el Banco Central Europeo (BCE) iba a mantener los tipos de interés en el 2%, pese a la espiral de precios de la energía que ha provocado la guerra de Irán. Todas las miradas están ahora concentradas en traducir las palabras de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, para vislumbrar el camino que puede seguir la política monetaria durante 2026.

“El Consejo de Gobierno está bien posicionado para afrontar esta incertidumbre. La inflación se ha situado en torno al objetivo del 2 %, las expectativas de inflación a largo plazo están bien ancladas y la economía ha mostrado resiliencia en los últimos trimestres. La información que vaya llegando en el próximo período ayudará al Consejo de Gobierno a evaluar cómo la guerra afectará a las perspectivas de inflación y a los riesgos que la rodean. El Consejo de Gobierno está siguiendo de cerca la situación, y su enfoque dependiente de los datos le permitirá fijar la política monetaria de manera adecuada”, ha señalado el BCE en un comunicado.

Posteriormente, durante la rueda de prensa, la presidenta del BCE ha subrayado que el BCE estará “particularmente atento” a los mercados de materias primas, los cuellos de botella en el suministro, las expectativas de precios de venta y los indicadores de demanda. “El impacto severo dependerá de la duración, intensidad y propagación”.

Había cierto morbo por si Lagarde volvía a decir que la económía estaba en una “buena situación”, pero ha optado por asegurar que las bases son las adecuadas. “Partimos de una buena base, así que no estoy diciendo que estemos en una buena situación. Creo que estamos bien posicionados y bien equipados para afrontar el desarrollo del choque importante que se está desplegando”, ha comentado.

“Estamos bien posicionados, y yo lo llamaría ‘tres veces dos’: 2% de inflación, en torno al objetivo a medio plazo, 2% de expectativas de inflación a medio plazo y 2% de tipos de interés. Eso me lleva a decir que partimos de una buena posición y que estamos bien situados para demostrar nuestra capacidad de aplicar nuestra estrategia y actuar con agilidad para hacer lo que sea necesario”, ha remachado Lagarde.

La posición del BCE no ha cambiado pese a que ha realizado una revisión de las previsiones económicas. “La inflación ha sido revisada al alza en comparación con las proyecciones de diciembre, especialmente para 2026. Esto se debe a que los precios de la energía serán más altos como consecuencia de la guerra en Oriente Medio”, señala el BCE.

Las nuevas proyecciones prevén que la inflación general alcance el 2,6% en 2026 (en diciembre era el 1,9%), el 2,0% en 2027 y el 2,1% en 2028. Para la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, subirá al 2,3% en 2026, el 2,2% en 2027 y el 2,1% en 2028, “también superior a las proyecciones de diciembre”.

Mientras, hay una revisión a la baja del crecimiento económico, especialmente para 2026, reflejando “los efectos globales de la guerra sobre los mercados de materias primas, los ingresos reales y la confianza”: El crecimiento económico de la zona euro baja al 0,9% en 2026 (en diciembre la previsión era del 1.2%), el 1,3 % en 2027 y el 1,4 % en 2028.

En ese sentido, el BCE asegura que se ha evaluado “cómo la guerra en Oriente Medio podría afectar el crecimiento económico y la inflación” y ha señalado que “una interrupción prolongada en el suministro de petróleo y gas” se traduciría en un incremento de precios y una caída del crecimiento “por debajo de las proyecciones del escenario base”, sin ir más allá.

Debate en el mercado sobre subidas de tipos en 2026

Mientras, los analistas del mercado se afanan por descubrir cómo se va a desarrollar la política monetaria en los próximos meses. Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard, considera la distorsión producida por el conflicto militar de Oriente Medio expectativas de que el impacto económico final de la guerra de Irán probablemente sea relativamente efímero. De esta manera No está de acuerdo, sin embargo, con las previsiones del mercado que apuntan a dos subidas de los tipos del BCE antes de que acabe el ejercicio. “Dadas las previsiones sobre Irán, espero que el BCE considere el impacto inflacionista de los precios de la energía como una perturbación de la oferta que no puede abordarse mediante la política monetaria. Por lo tanto, descartaría cualquier expectativa de subidas de tipos”, asegura. 

Konstantin Veit, gestor de carteras en Pimco, resaltó que se espera que “el BCE haga hincapié en la mayor incertidumbre geopolítica y adopte un tono más restrictivo, en lugar de modificar la política monetaria de forma inmediata”. Con una previsión de que “la inflación general alcance un máximo de alrededor del 3% este año, con una contribución de la energía de aproximadamente un punto porcentual” debido al conflicto en Oriente Medio, el gestor de Pimco, apunta que el banco central “seguirá de cerca las expectativas de inflación. Si bien los indicadores basados en el mercado se mantienen contenidos, las expectativas de los consumidores parecen más vulnerables. En caso de que el BCE decida endurecer la política monetaria a finales de este año, no esperamos subidas por encima de lo que los mercados ya tienen descontado”.

Por su parte, Matthew Ryan y Roman Ziruk, analistas de Ebury, señalan que los mercados de swaps asignan ahora una probabilidad cercana al 70% a una subida de tipos en junio. “Los mercados de swaps descuentan ahora mayoritariamente dos subidas de tipos por parte del BCE en 2026”, sin embargo, desde Ebury ven “prematuro determinar con precisión la trayectoria de los tipos, pero aumenta la probabilidad de que el próximo movimiento sea al alza”.

Niall Scanlon, gestor de Mediolanum International Funds, ha apuntado que“el BCE ha declarado previamente que está dispuesto a ”mirar más allá“ de las variaciones temporales de su objetivo de inflación. Sin embargo, el BCE también querrá evitar repetir el error de política de 2022, reaccionando demasiado tarde si la inflación resulta más persistente”.

“Por el momento, debemos mantener la calma, pero diría que una reacción del BCE podría estar potencialmente más cerca de lo que muchos creen”. Las palabras del miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo y gobernador del Banco Central de Eslovaquia, Peter Kazimir, han retumbado en los mercados de la zona euro. El incremento de los precios del petróleo y el gas por el conflicto desatado en Oriente Medio como respuesta a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán ha colocado a los halcones, los consejeros del BCE más duros y proclives a subir los tipos de interés, como favoritos para inclinar la política monetaria del euro.

El próximo 19 de marzo hay reunión de política monetaria del BCE para analizar la situación y definir los pasos a dar. No se espera una subida de tipos de interés pero los halcones le van comiendo el terreno a las palomas dentro del consejo de Gobierno de la institución monetaria. “No quiero especular sobre abril o junio. Pero estaremos listos para actuar si es necesario”, remachó Kazimir.

Aunque el consenso de los analistas pasaba porque en 2026 hubiera dos nuevas bajadas de los tipos de interés (hasta el 1,5%) para espolear la tibia economía de las dos grandes potencias europeas, Alemania y Francia, la crisis inflacionista ha transformado las previsiones y ahora se plantea la posibilidad de subidas de los tipos interés. Los cambios de estrategia alrededor de los objetivos de EEUU con el ataque a Irán por parte del presidente Donald Trump o el continuo cambalache sobre el tiempo de duración del conflicto han tensionado aún más a unos mercados predispuestos al nerviosismo.

“Lo importante del cometario de Kazimir es que, pese a las llamadas del BCE a la calma, el banco central podría resultar más sensible a los riesgos. Además, supone la validación —por parte de un ‘halcón’— de las expectativas del mercado, que actualmente oscilan entre una y dos subidas de tasas este año”, argumentó Benoit Gerard, estratega de tasas de Natixis SA. Ahora el consenso es una probabilidad del 60% de una subida de tasas para junio y cerca de un 35% de un incremento antes de finales de año.

Lagarde: “Haremos todo lo necesario” para no repetir 2022

Las expectativas se basan en la memoria y el último impacto fuerte de precios ocurrió con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Todavía hay analistas que recuerdan que el BCE actuó demasiado tarde ante la tormenta de precios que provocó este conflicto. La presidenta de la institución monetaria, Christine Lagarde, trató de dar un mensaje claro de que no se cometerá el mismo error: “Estamos en una situación económica diferente; estamos en una mejor situación y tenemos una mayor capacidad para absorber shocks. Haremos todo lo necesario para garantizar que la inflación esté bajo control y que los europeos no sufran los mismos aumentos de precios que vimos en 2022 y 2023”.

Ese “haremos todo lo necesario” ha puesto en guardia a los mercados. Carsten Brzeski, analista global de Macroeconomía de ING, apunta: “¿Qué significan ahora las lecciones del pasado para la reacción actual del BCE? No debemos olvidar que el error de juicio de 2022 ha quedado grabado en la memoria institucional del BCE desde entonces. Tanto si es el enfoque correcto como si no, la experiencia de 2022 seguirá moldeando el pensamiento actual”.

Uno de los señalados a sustituir a la presidenta del BCE, el holandés Klaas Knot comentó que “las lecciones (de 2021-2022) son que, aunque la teoría estándar indica que se debe mirar más allá de un shock de oferta, como es un shock energético, es importante ser muy cauteloso con las no linealidades y los efectos de segunda ronda”, según recoge Reuters.

Una de las halcones más duras, Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno en nombre de Alemania, ha insistido en que en el BCE se mantiene “vigilante” ante los cambios. Schnabel advirtió que las previsiones para el año ya no sirven, “tendremos una nueva en marzo, que al menos reflejará parcialmente los acontecimientos recientes” de precios.

En el otro lado, José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, afirmó que las presiones inflacionarias temporales provocadas por los shocks energéticos no deberían desencadenar automáticamente en un endurecimiento monetario, a menos que se demuestre que son persistentes. François Villeroy, presidente del Banco de Francia, también declaró que, por el momento, no ve ninguna razón para que el BCE aumente las tasas de interés.

En la próxima reunión del BCE los mercados y analistas estarán muy pendientes de las palabras de la presidenta de la institución monetaria. Ya no se espera que Lagarde vuelva a repetir el “buen lugar” donde se encuentra la economía europea para mantener su estrategia de “esperar y ver”, ahora es necesario que la presidenta del BCE asegure con más contundencia que puede actuar ante una crisis de inflación. “No esperamos que Lagarde repita la frase 'buen lugar'. Aún no hay razón para que el BCE entre en pánico, pero instalar una 'sala de pánico' dentro de ese 'buen lugar' podría no parecer una mala idea por ahora”, concluye el analista de ING.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha desmentido este miércoles algunos aspectos alrededor de la Inteligencia Artificial y Europa en un discurso en el Parlamento Europeo. “Los análisis que tenemos por el momento nos indican que la inversión masiva en esta tecnología impulsan mejoras de productividad, pero todavía hay consecuencias en términos de mercado laboral ni las temidas olas de despidos. Vamos a vigilar el mercado laboral en el futuro”, ha indicado la presidenta de la institución monetaria.

En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, Lagarde ha incidido en que la “ola masiva de inversión” en Estados Unidos y China tiene su impacto en “inversiones significativas” en Europa.

“Estamos empezando a ver resultados y datos que se pueden identificar. Europa no se está quedando atrás; Europa también está avanzando y beneficiándose de los aumentos de productividad, incluido el sector de las pymes, eso es lo que indican los datos y las encuestas”, ha recalcado.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, ya informó hace un par de meses que el auge de la inversión en IA estaba impulsado el crecimiento mundial y generará beneficios a largo plazo.

“Esperamos que el nivel de inversión en relación con la IA continúe aumentando durante algún tiempo. A medio y largo plazo prevemos un impacto beneficioso significativo en lo que respecta al crecimiento de la productividad gracias a la creciente difusión y adopción de la IA en toda la economía”, explicó el secretario general de la OCDE.

La presidenta del BCE ha puntualizado que “aún no se ven consecuencias en el mercado laboral ni las temidas oleadas de despidos. Estaremos extremadamente atentos de aquí en adelante”. Lagarde ha subrayado esta vigilancia ya que “esta tecnología surgió hace tres años. La velocidad a la que se sustituyen entre sí y la velocidad a la que se actualizan no se había visto antes. Es una combinación de incertidumbre, shock para la economía y factor transformador —para bien o para mal— a una velocidad sencillamente increíble”.

Defensa de su política monetaria

Lagarde ha defendido delante de los europarlamentarios su política monetaria, asegurando que los “esfuerzos por reducir la inflación han sido eficaces. La inflación ha descendido de forma notable desde su máximo del 10,6% en octubre de 2022. Fluctuó en un rango estrecho en torno al 2% durante la segunda mitad del año pasado y se situó en el 1,7% en enero. La respuesta decidida de política monetaria del BCE desempeñó un papel crucial para devolver la inflación al objetivo”.

Aunque la presidenta del BCE ha admitido que “aunque la inflación ha disminuido, las encuestas muestran que muchos ciudadanos siguen percibiendo que los precios aumentan más rápido de lo que indican los datos oficiales”.

“Esta brecha entre la inflación medida y la percibida no es una mera curiosidad estadística, sino una constante histórica y global. Y tiene implicaciones para las decisiones económicas y para la confianza en las instituciones, una confianza que ayuda a anclar las expectativas de inflación. Por ello, el debate de hoy es oportuno y pertinente”, ha argumentado Lagarde, para posteriormente confirmar que no espera cambios de los tipos de interés a corto plazo.

“Seguimos esperando que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2 % a medio plazo. Por ello, decidimos mantener sin cambios los tres tipos de interés clave del BCE en nuestra reunión de política monetaria celebrada a principios de este mes”, ha indicado.

La presidenta del BCE ha puntualizado que “las decisiones sobre los tipos de interés se basarán en la valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos que la rodean, a la luz de los datos económicos y financieros entrantes, así como de la dinámica de la inflación subyacente y de la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. No nos comprometemos de antemano con una trayectoria específica de tipos de interés”.

El sueldo de Lagarde: 595.000 euros

Por otro lado, se ha hecho público que Christine Lagarde recibió un sueldo de 595.000 euros en 2025 como presidenta del BCE, además del pago de una residencia a la que tienen derecho los altos cargos de esta institución, según ha publicado Bloomberg.

Su salario base ascendió a 492.204 euros —un 5,6 % más que el año anterior— según las cuentas anuales del BCE. A esta cantidad hay que añadir un 21% adicional —103.362 euros— en concepto de asignación por representación. El BCE también le paga un seguro médico, de jubilación y de accidentes, aunque no proporciona detalles específicos de estos seguros.

Por otro lado, Lagarde recibe 142.680 euros como miembro del consejo de administración del Banco Internacional de Pagos.

Todos los datos parecen confirmar la política monetaria en la que se ha instalado el Banco Central Europeo (BCE). En la primera reunión del año, este jueves, sin sorpresas ni cambios sustanciales, el BCE ha mantenido los tipos de interés al 2%. Esta es la quinta reunión consecutiva de la institución monetaria en la que el precio del dinero se mantiene estable. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha insistido en que “estamos en un buen lugar y la inflación está en una buena situación”.

El BCE establece dos caras para la actual situación. Por un lado, “el bajo desempleo, la solidez de los balances del sector privado, la implementación gradual del gasto público en defensa e infraestructuras y los efectos positivos de los recortes de tipos de interés previos están respaldando el crecimiento”. Mientras que por otro lado, “las perspectivas siguen siendo inciertas, debido especialmente a la persistente incertidumbre en la política comercial global y a las tensiones geopolíticas”.

A pesar de esta visión, la institución monetaria asegura que “las decisiones sobre los tipos de interés del Consejo de Gobierno se basarán en su evaluación de las perspectivas de inflación y de los riesgos asociados, teniendo en cuenta los datos económicos y financieros que vayan llegando”.

Hasta el momento, los datos son positivos. La inflación de la eurozona cayó al 1,7% en enero, por debajo del objetivo del 2% del BCE, ya que los menores costos de energía y un euro más fuerte mantuvieron a raya el aumento de los precios. Mientras que la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, cayó al 2,2%, llegando el nivel más bajo desde octubre de 2021, cuando comenzó el empuje inflacionario tras la pandemia. El BCE ha pronosticado que la inflación se quedará en el 1,9% este año.

La semana pasada se conocieron noticias alentadoras para la economía europea. El dato de PIB de final de año mostró que la zona euro creció más de lo previsto. En conjunto, la eurozona creció un 0,3 % en el último trimestre de 2025, cuando las expectativas es que fuera un 0,2%. Lo más relevante es que Alemania, Italia y España superaron las estimaciones, destacando España al registrar una expansión del 0,8 %. Francia, por su parte, cumplió las previsiones con un crecimiento del 0,2 %. “La economía europea está entrando en una fase de repunte cíclico”, explica Peter Vanden Haute, economista jefe de la zona euro de ING.

Con estos datos ya ni las tensiones geopolíticas parecen haber provocado cierto nerviosismo en Fráncfort, que sigue su estrategia de esperar y ver, a pesar de que el año comenzó con profundas presiones: el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de EEUU, el conflicto abierto por Donald Trump con su obsesión por hacerse con Groenlandia, la apertura de un nuevo conflicto con Irán o las tiranteces entre la Administración Trump y la Reserva Federal de EEUU.

“Los riesgos para la inflación europea apuntan a la baja debido al fortalecimiento del euro, la relajación de las presiones salariales y los bajos precios de las materias primas energéticas. Al mismo tiempo, los indicadores de crecimiento están evolucionando favorablemente en la mayor parte de la zona euro, que se espera que crezca un 1,5 % en 2025 y un 1,2 % en 2026. Es muy probable que la mayoría ortodoxa vea esta situación como una validación de la actual estrategia monetaria”, explica Romain Aumond, analista de Natixis.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, ya avisó que las últimas previsiones económicas llevaban a que no hubiera un “debate sobre los tipos de interés a corto plazo”. Y por lo que opinan los analistas tampoco parece que la situación económica lleve a movimientos a lo largo de 2026.

“La mayoría de los economistas creen que los tipos se mantendrán en este nivel durante todo el próximo año, una predicción audaz ante un entorno económico tan incierto. Los tipos están bajos y, a partir de aquí, el BCE tiene mucho margen de maniobra para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado”, comenta Michael Field, estratega jefe de mercados europeos de Morningstar.

Pendientes de la fortaleza del euro

Solo la fortaleza del euro preocupa por su impacto en la inflación. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha explicado durante la rueda de prensa que en esta reunión se ha discutido sobre el euro y la tasa de cambio y que “un euro más fuerte podría reducir la inflación más allá de las expectativas actuales”.

Lagarde ha añadido que El BCE está siguiendo de cerca la evolución del tipo de cambio. Ahora bien, la presidenta de la institución monetaria ha puntualizado que la apreciación desde marzo de 2025 ya está incorporada en el escenario base del BCE y que “no parece ser muy alarmante”.

Los analistas de Ebury ya apuntaron que la semana pasada, el gobernador del Banco Central de Francia, François Villeroy de Galhau, declaró que el tipo de cambio será uno de los factores que orientarán la política monetaria del BCE. En una entrevista con Financial Times, el gobernador del Banco Central de Austria, Martin Kocher, afirmó que si el euro se sigue apreciando en algún momento podría ser necesario adoptar medidas de política monetaria.

La opinión generalizada en el consejo del BCE es que la cota de 1,2 dólares podría ser el límite de tolerancia, que hasta el momento solo se ha alcanzado el pasado 27 de enero durante el último año. Este jueves la moneda europea cotizaba a 1,18 dólares.

Sin embargo, Ulrike Kastens, analista de DWS, puntualiza que “el euro creció un 7,6% sobre una base ponderada por el comercio el año pasado. Este dato ya ha sido tenido en cuenta en las previsiones del BCE sobre el crecimiento y la inflación. En este sentido, no hay motivos para un ajuste rápido de la política monetaria a pesar de la reciente fortaleza del euro”. Seguimos en el 'esperar y ver'.

El impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre los mercados laborales puede representar “un tsunami” para el empleo por la rapidez de los avances y su efecto sobre la demanda de habilidades, los salarios y las oportunidades de contratación para los jóvenes, según ha advertido la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

“Esto es como un tsunami que golpea el mercado laboral”, ha comentado la economista búlgara durante una charla en el marco del Foro Económico Mundial, compartida, entre otros, con Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE); y la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, recogida por Europa Press.

En este sentido, Georgieva ha señalado la transformación masiva de la demanda de habilidades a causa de la IA, cuya implementación en los próximos años se espera que afecte al 60% de los empleos en las economías avanzadas, ya sea para mejorarlos, eliminarlos o transformarlos.

Asimismo, ha advertido de que, si bien los empleos mejorados con la llegada de la IA reportan salarios más altos a quienes los ocupan, lo que impulsa el consumo y la demanda de empleos menos cualificados, también se observa que la IA contribuye a eliminar empleos de nivel inicial, lo que dificulta la inserción laboral de los jóvenes, mientras que los trabajos que todavía no se han visto afectados pagan menos.

“Así que la clase media inevitablemente se verá afectada”, ha advertido.

Por otro lado, la directora del FMI ha expresado también una gran preocupación porque al mismo tiempo que se avanza con gran rapidez en este campo no se han implementado las salvaguardas necesarias.

“Esto avanza muy rápido, y sin embargo, no sabemos cómo hacerlo seguro”, ha lamentado.

Redistribución de la riqueza

En este sentido, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha señalado que los propios expertos y actores de la IA reconocen la importancia de tener un debate al respecto y comprender cómo se usa esta nueva tecnología para no perjudicar el tejido social y a la juventud.

Por otro lado, la francesa ha defendido la necesidad de “ser cuidadosos con la distribución de la riqueza”, ya que si el mundo no presta atención a esto al aumento de la desigualdad “nos encaminamos hacia serios problemas”.

Lagarde, ha descartado este viernes que el mundo esté atravesando un momento de “ruptura”, sino más bien una transición, en la que IA puede promover el crecimiento o fomentar la desigualdad, según la agencia EFE.

En la jornada de clausura del Foro de Davos, Lagarde ha replicado a lo afirmado hace pocos días en el mismo encuentro por el primer ministro canadiense, Mark Carney, que habló de “ruptura” del orden establecido y del mundo tal y como lo conocemos.

Finalmente ha ganado la vicepresidencia del Banco Central Europeo un candidato inesperado. El gobernador del Banco Nacional Croata, Boris Vujcic, se ha hecho con la mayoría de las votaciones de los ministros de Economía que se han reunido este lunes en Bruselas. La elección de Vujcic deja abiertas las opciones para que el español Pablo Hernández de Cos, ahora director general del Banco de Pagos Internacionales, pueda pelear por la presidencia de la institución monetaria.

Nunca antes se habían presentado tantos candidatos al puesto de vicepresidente del BCE: además del croata peleaban por el puesto Mário Centeno, de Portugal; Mãrtin Kazãks, de Letonia; Olli Rehn, de Finlandia; Madis Müller, de Estonia; y Rimantas Šadius, de Lituania.

Vujcic será el sustituto de Luis de Guindos en la vicepresidencia del BCE, que abandonará en el próximo mes de mayo. El croata es considerado un 'halcón', seguidor de las políticas monetarias más duras, y desnivela aún más el equilibrio roto entre los duros y blandos dentro del Comité del BCE.

Este croata de 61 años ha sido el gobernador del Banco Nacional Croata desde 2012. Formó parte de las negociaciones de su país para unirse a la UE y se convirtió en miembro del Consejo de Gobierno cuando la nación adriática adoptó la moneda común en 2023, según publica Bloomberg.

Más opciones para Hernández de Cos

La elección del candidato de centroeuropa abre las posibilidades para que Pablo Hernández de Cos pueda acceder al cargo de presidente del BCE. Frente al español estarían como posibles candidatos el exjefe del banco central neerlandés Klaas Knot, y los alemanes Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, y la miembro del Consejo Ejecutivo, Isabel Schnabel.

En la institución monetaria siempre se ha intentado mantener un equilibrio entre países del Norte y del Sur de Europa y entre duros y blandos, 'halcones' y 'palomas', en lo que se refiere a política monetaria. En caso de que hubiera ganado el candidato portugués, las opciones de acceder a la presidencia para Hernández de Cos se habrían debilitado atendiendo a este reparto. La actual presidenta del BCE, Christine Lagarde, tiene que dejar su puesto el 1 de noviembre de 2027.

Durante la reunión de este lunes de los ministros de finanzas, los responsables de Lituania y Estonia anunciaron el abandono de sus candidatos para centrarse en la figura de Kazãks. Posteriormente, se supo que los candidatos de Portugal y de Letonia habían quedado descartados y la pugna se centraba en los banqueros propuestos por Finlandia y Croatia.

Estonia, Letonia y Lituania, que no han tenido nunca representación en el Comité Ejecutivo del BCE, mandaron una carta al Eurogrupo, el centro de negociación de los ministros de Economía de la UE, en el que hacían frente común para que uno de sus candidatos fuera el elegido. “Ha llegado el momento de que los países bálticos tengan representación al máximo nivel del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo”, apuntaba el documento, según publicó el diario Expansión.

Aunque no tiene capacidad vinculante, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo señalaron a Mãrtin Kazãks y Mário Centeno como los candidatos preferidos para este puesto, dejando claro que realmente solo hay dos candidaturas con verdaderas posibilidades para hacerse con la vacante que dejaba De Guindos

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, cobra unos 726.000 euros anuales, según se desprende de un análisis realizado por el 'Financial Times', lo que supone un 55,8% más que el salario básico oficial comunicado por el instituto emisor (466.000 euros).

De esta forma, la exministra francesa de Economía cuenta con un sueldo que más que triplica los 203.000 euros del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y que supera en un 21% la nómina de la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recoge Europa Press.

Además del salario base (466.000 euros), Lagarde, cuyo mandato no renovable se extiende hasta el 31 de octubre de 2027, recibe unos 135.000 euros en prestaciones complementarias para vivienda y otros conceptos. El informe anual del BCE no ofrece un desglose pormenorizado sobre las prestaciones complementarias de los miembros del Consejo de Gobierno.

Lagarde también gana, aproximadamente, 125.000 euros por su cargo como uno de los 18 miembros del consejo de administración del Banco de Pagos Internacionales (BIS), cuyo actual director general es el español Pablo Fernández de Cos, anterior gobernador del Banco de España. La nómina del BCE no hace referencia a tal concepto. El propio BIS solo divulga la remuneración total del conjunto de los integrantes de su órgano rector.

La Fed ha confirmado al 'Financial Times' que Powell no recibió retribución alguna por su presencia en el consejo del BIS debido a que las leyes estadounidenses prohíben a los funcionarios públicos percibir salarios de entidades extranjeras.

Los cálculos del 'Financial Times' se basan en los informes anuales del BCE y del BIS, así como en un documento técnico en el que se detallan los “términos y condiciones” salariales de los altos cargos de la primera institución. Las estimaciones no incluyen las contribuciones del BCE a la pensión de Lagarde ni el coste de sus planes de salud o seguros ante la falta de datos disponibles.

El banco ha respondido en un comunicado que el sueldo de su presidente fue fijado por un comité de remuneraciones y el propio Consejo de Gobierno durante la creación del BCE en 1998, habiéndose solo incrementado conforme a las revalorizaciones que afectan a todos sus empleados.

El BCE, a diferencia de las empresas privadas cotizadas, no está sometido a unas reglas tan estrictas que obliguen a proporcionar una “idea completa y fiable de sus remuneraciones”.

A pocas horas de que tenga lugar el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con ilusión en el cuerpo y algún décimo en el bolsillo, la misma pregunta de todos los años se cuela en nuestros pensamientos: ¿y si toca? Aunque el Gordo es cada año menos jugoso (los loteros han pedido subir el precio y el premio, tras dos décadas congelado), el pellizco es notorio: 400.000 euros al décimo.

Cada español juega de media 76 euros. Y si toca… ¿dejarías de trabajar? Esa es la pregunta que varios investigadores del servicio de estudios del Banco Central Europeo (BCE) trasladaron a unos 10.000 ciudadanos europeos, de los que 2.000 son españoles. Aleatoriamente, se preguntó a los participantes de la Encuesta de Expectativas del Consumidor qué harían en el caso de recibir un premio de Lotería de diferentes cuantías: 5.000 euros, 10.000, 25.000, 50.000 y 100.000. Las respuestas estaban tasadas: reducir las horas trabajadas, mantenerlas o dejar de trabajar. En el caso de estar en el paro, se les cuestionaba cómo cambiaría su intensidad a la hora de buscar un nuevo empleo.

Los resultados son bastante lógicos. La Lotería únicamente tiene efectos en el mercado laboral, a través de la reducción de horas o de la salida de los trabajadores agraciados, cuando son cuantías notables. “Para cantidades de 25.000 euros o menos, los efectos son estadísticamente indistinguibles de cero. Por contra, las ganancias grandes (entre 50.000 euros y 100.000 euros) reducen la probabilidad de trabajar entre 1,5 y 3,5 puntos porcentuales”, señalan los autores en su estudio. Medido en horas trabajadas, un premio de más de 50.000 euros llevaría a reducir el tiempo de trabajo en apenas una hora a la semana.

Un 5% de españoles dejaría de trabajar con un Tercer Premio

En el caso español, el 97% de los encuestados seguiría trabajando en el caso de recibir premios de las categorías más bajas, entre 5.000 y 10.000 euros. Pero el porcentaje baja hasta el 95% cuando nos referimos a los premios más grandes, explican a través de correo electrónico Dimitris Georgarakos y Geoff Kenny, dos de los investigadores que han elaborado el estudio. “Estos resultados son, en general, consistentes con los que recibimos de la zona euro”, señalan.

En términos de horas trabajadas, la reducción es significativamente más reducida en nuestro país, ya que sería de apenas treinta minutos a la semana en el caso de los premios más cuantiosos. “En general, este impacto más pequeño es consistente con nuestro resultado general de que el efecto de las ganancias inesperadas (‘windfall gains’) sobre la oferta de trabajo se transmiten más a través del empleo que de las horas”, apuntan en su mensaje. 

Es decir, solo los tres premios grandes de la Lotería de Navidad (además del Gordo, el segundo con 125.000 euros al décimo, o el tercero, de 50.000 euros) podrían tener un leve efecto sobre el mercado laboral. Pero apenas perceptible en todos los supuestos.

Para las personas desempleadas, los efectos son similares: la intensidad en la búsqueda de un trabajo cae aproximadamente un punto porcentual por cada 10.000 euros de premio. En ambos casos, los efectos son más notables entre las mujeres y entre los trabajadores mayores, cercanos a la jubilación.

Una prueba para desmontar los argumentos contra la renta universal

El estudio se titula La respuesta de la oferta de mano de obra ante ganancias inesperadas y, aunque la pregunta utiliza un premio de Lotería como gancho, en realidad trata de replicar el efecto en el mercado laboral de algunas políticas públicas como la Renta Básica Universal o el Ingreso Mínimo Vital, en el caso de España; o ante la recepción de grandes sumas, procedentes de herencias o de indemnizaciones por despido, por ejemplo. Y sus datos, precisamente, descartan que las políticas sociales (equivalentes a los ‘premios’ más bajos) tengan efectos notables en el empleo.

“En general, nuestros hallazgos sugieren que solo shocks relativamente grandes (por ejemplo, herencias inesperadas) disparan respuestas de la mano de obra significativas en términos económicos, en tanto que los shocks dentro del rango de las transferencias típicas o bonuses resultan en efectos de desincentivación pequeños o negligibles. Dada la escala de los programas de Renta Básica Universal que se discuten actualmente, nuestras estimaciones dan a entender que programas como estos tendrían efectos desincentivadores bastante pequeños”, apuntan.

Otro tanto en el caso de las herencias o los premios de la Lotería, que si bien tienen impactos, son “modestos”: “Por tanto, nuestra evidencia se alinea con el punto de vista de que eliminar los impuestos a las herencias o al patrimonio tendría, probablemente, apenas efectos menores en las tasas de empleo y de horas trabajadas para el trabajador típico”.

El Gordo, congelado veinte años

Una de las razones que explican por qué el Gordo no permite dar un portazo en la empresa es porque se ha devaluado muchísimo en los últimos años. El Gordo de 2002, el primero con la moneda única, era un premio de 300.000 euros. En 2011 se elevó a 400.000 y lleva casi 15 años congelado en esa cantidad. Si le aplicamos la inflación, tendría que alcanzar los 500.000 euros en la actualidad.

Esta es la reclamación de los loteros, que han exigido al Gobierno que actualice el precio del décimo (a 25 euros) y el del resto de premios, y que suba también la comisión que se llevan los establecimientos por la venta de cada billete. Este sorteo supone para algunas administraciones el 80% de sus ingresos anuales.

Según un estudio del portal inmobiliario pisos.com, con el Gordo actual se podría comprar un piso en todas las comunidades autónomas, salvo en Madrid y Baleares. Los 400.000 euros brutos se quedan en 328.000 netos tras impuestos. El precio medio de una vivienda de 90 metros cuadrados, a nivel nacional, es de 239.627 euros.

El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía, a través de su plan de educación financiera, hacen una serie de recomendaciones para hacer un buen uso del premio en el caso de ser agraciado con la Lotería. En primer lugar, evitar decisiones impulsivas y pensárselo dos veces antes de gastarlo. Por ejemplo, amortizando deuda. Tampoco conviene dejarse llevar por las emociones y lanzarse a comprar una vivienda o un coche que no se puede permitir.

Las instituciones proponen explorar invertir esas cuantías o crear un “fondo de emergencia para imprevistos”. En cualquier caso, recomiendan buscar información fiable de fuentes contrastadas y recurrir a asesoramiento financiero profesional para planificar qué hacer con estos ahorros. Lo que no proponen, desde luego, es dejar de trabajar.

No había opciones a un cambio de paso para finalizar el año. “Esperar y ver” sigue siento la estrategia del Banco Central Europeo (BCE), que en su reunión de este jueves ha decidido dejar los tipos de interés en el 2%. La institución monetaria sigue viendo a la economía europea en el “buen lugar” en el que le ha posicionado su presidenta, Christine Lagarde, mientras que la inflación en la zona del euro se acerca al objetivo del 2%. Ya es la cuarta reunión consecutiva en Frankfurt sin un cambio en la evolución de los tipos que prefiere mantener la posición ante la incertidumbre reinante.

“La mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE consideran el punto medio de un rango de política monetaria neutral para la zona del euro” en el 2%, señaló Konstantin Veit, de la gestora Pimco. Así que la mayoría en la institución respalda “la decisión es mantener la inacción”. 

Además, el BCE ha pronosticado que “el crecimiento económico será más fuerte que en las proyecciones de septiembre, impulsado especialmente por la demanda interna. El crecimiento se ha revisado al alza hasta el 1,4% en 2025, el 1,2% en 2026 y el 1,4% en 2027, y se espera que se mantenga en el 1.4% en 2028” para la zona euro.

En el caso de la inflación, el BCE la ha sido “revisada al alza para 2026, principalmente porque el personal ahora espera que la inflación de los servicios disminuya más lentamente”. Las nuevas proyecciones muestran un incremento general promedio de los precios “del 2,1% en 2025, 1,9% en 2026, 1,8% en 2027 y 2% en 2028”. Para la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, se proyecta un promedio del 2,4% en 2025, 2,2% en 2026, 1,9% en 2027 y 2% en 2028.

Ante la falta de sorpresas en esta reunión, los analistas se lanzaron a predecir los movimientos del BCE los próximos dos años. Nachu Chockalingam, directora de crédito en Federated Hermes, explicó que “la situación tendría que empeorar mucho para que el BCE volviera a bajar los tipos en 2026. Algunos de estos riesgos a la baja son: cualquier impacto adverso retardado derivado de los aranceles estadounidenses, un euro más fuerte, el impacto de las importaciones chinas o un retraso en el estímulo fiscal de Alemania. La agitación política en Francia, en un contexto de empeoramiento de la situación fiscal, supone otro riesgo potencial”.  

Con las nuevas previsiones de crecimiento, Bas van Geffen, estratega macro senior en Rabobank, subrayó que se “espera que el BCE mantenga su postura en 2026” a pesar de que “la incertidumbre sigue siendo alta”. “Esto puede revivir algunas expectativas de recortes de tasas, pero no creemos que justifique una mayor flexibilización de la política monetaria”, añade Van Geffen.

El analista de Rabobank añade que en todo caso se podrán esperar “algunos aumentos graduales a principios de 2027”, cuando la economía de la eurozona gane impulso. “Tenemos programados dos aumentos de tasas, en marzo de 2027 y junio de 2027,” puntualizo Van Geffen.

Marco Wagner, economista senior de Commerzbank, comentó que “el escenario principal sigue siendo que las tasas de interés se mantendrán en su nivel actual durante los próximos dos años”. Wagner argumenta esta previsión en que “es probable que la inflación no solo estará por debajo del objetivo del 2% del BCE en 2026, sino que también será más baja en 2027 (probablemente en un 1.7%) debido al aplazamiento del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS 2) de enero de 2027 a enero de 2028”. Wagner dijo que esta situación podría dar lugar a un argumento en contra de las subidas de tasas en un futuro cercano.

Al final, la percepción general es que hay demasiadas incertidumbres en el panorama económico que pueden afectar a la política monetaria. Adrià Morrón, lead economist en el Departamento de Economías y Mercados Internacionales de CaixaBank detalla este punto muerto en el BCE: “Las perspectivas económicas están rodeadas tanto de amenazas, que podrían requerir una relajación monetaria, como de riesgos, que podrían hacer necesario un cierto endurecimiento. Mientras se mantenga una constelación de riesgos tan amplia, el BCE no va a hipercalibrar la política monetaria al son de pequeñas variaciones en los datos”.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado presentar su candidatura a presidir el Eurogrupo, el órgano informal que reúne a los responsables de Finanzas del euro, a pesar de que intentó hacerse con su liderazgo en el mes de julio. Entonces, el irlandés Pascal Donohoe consiguió un tercer mandato, pero dimitió hace unos días para asumir un puesto de responsabilidad en el Banco Mundial.

Fuentes del Ministerio de Economía han informado de la decisión de Cuerpo, señalando que el Gobierno español “mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento del Eurogrupo como motor de una auténtica integración económica, condición esencial para que Europa no solo resista la incertidumbre global, sino que prospere en esta nueva era”.

En la decisión del ministro español ha pesado que el mandato del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, está próximo a concluir, en mayo de 2026, lo que abrirá una batalla por ocupar otros puestos de responsabilidad, entre los que se encuentra la propia presidencia del banco central, en manos de la francesa Christine Lagarde hasta octubre del 2027. Otro español en puesto de responsabilidad relevante es José Manuel Campa al frente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), quien ya anunció su salida a partir de febrero.

“España continuará trabajando para asegurar una presencia significativa e influyente en las principales instituciones económicas y financieras europeas, garantizando que nuestra voz contribuya a construir una Europa más fuerte y cohesionada”, apuntan desde Economía.

De Guindos y Calviño ya lo intentaron

Cuerpo decidió postularse a liderar el foro informal de los países de la moneda única antes del verano, lo que se entendió como una crítica poco velada a la labor de Donohoe al frente del mismo. El irlandés se hizo con la presidencia de este órgano en 2020, cuando la entonces vicepresidenta Nadia Calviño era la favorita y había conseguido el apoyo de los principales socios, como Francia o Alemania. Sin embargo, el voto de los pequeños dio el cargo al ministro conservador.

Si en 2020 la presidencia del Eurogrupo estuvo al alcance de la mano (Luis de Guindos lo intentó en 2015 y también fue derrotado), el contexto de la Europa de 2025 alejó las posibilidades de Cuerpo. En primer lugar, por representar a un Ejecutivo socialdemócrata en un foro donde la mayoría de representantes son del ala conservadora. En segundo, porque España ya cuenta con una representación relevante en los altos cargos que vigilan la economía. Sin ir más lejos, Calviño está ahora al frente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Teresa Ribera al frente de la importante Vicepresidencia de la Comisión Europea al frente de Competencia.

El Eurogrupo fue el órgano clave a la hora de gestionar la crisis del euro en la pasada década, pero perdió mucha influencia en la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. De hecho, las cinco grandes economías del euro (Alemania, Francia, España, Italia y Países Bajos) firmaron recientemente un 'non-paper' en el que cuestionaban su funcionamiento. La apuesta de Cuerpo era tratar de devolverle relevancia, sobre todo en un contexto en el que hacen falta impulsar reformas importantes para recuperar competitividad a nivel europeo, pero con algunos países mostrándose reticentes.

“Este compromiso ya se está materializando a través de iniciativas como el Laboratorio Europeo de Competitividad, lanzado en marzo”, recuerdan estas fuentes del Ministerio.

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro del PP, ha sido el invitado encargado de inaugurar el primer Foro Gran Vía, nuevo punto de encuentro de debate y reflexión que patrocina la BBK en Bilbao. Ha ofrecido una ponencia eminentemente económica. No ha querido mojarse el que fuera ministro con el Gobierno de Rajoy en cuestiones políticas, mucho menos de la española. Ni siquiera ha entrado a valorar la OPA fallida del BBVA sobre el Sabadell. “Es cosa de los accionistas”, ha dicho. Para eso el presidente del BBVA, Carlos Torres, será el segundo invitado a este foro. Sí ha tenido tiempo en su intervención De Guindos para agasajar a sus anfitriones, destacando la solvencia y rentabilidad de Kutxabank, del que la BBK es principal accionista, ante un auditorio económico, pero también muy político, en el que destacaban entre el público algunos antiguos dirigentes del PNV, como el expresidente Andoni Ortuzar, y el propio lehendakari Iñigo Urkullu, entre ellos, así como el actual líder nacionalista, Aitor Esteban.

El vicepresidente del BCE ha destacado el “riesgo” que supone para la economía europea la convulsa situación internacional, y la necesidad de que Europa, ante la guerra de Ucrania, aumente su gasto en defensa. “Es una prioridad ineludible y prácticamente existencial en Europa el incremento de este gasto”. Un contexto en el que se hace necesario que los diferentes Gobiernos europeos ajusten y aprueben sus presupuestos y tengan “estabilidad presupuestaria”. “Existen Gobiernos, y estoy seguro de que ustedes conocen unos cuantos, para los que aprobar los presupuestos es una tarea complicada”, ha señalado, sin aludir de forma directa a los problemas al respecto que tiene Pedro Sánchez, pero insistiendo en la necesidad del ajuste presupuestario que garantice el gasto en defensa.

De Guindos ha considerado que la economía española va bien, creciendo por encima de la media europea, y ha considerado que es “competitiva” y con un sistema financiero saneado, en el que ha destacado la solvencia de Kutxabank. Sin embargo, ha citado como uno de los problemas de la economía española el de la vivienda, y ha considerado que la actual regulación “limita” la oferta de alquiler.

Ha señalado que está creciendo la población como consecuencia de la inmigración y cuando tienes un “incremento muy fuerte de la constitución de hogares tienes que hacer frente a ese incremento de la demanda con un incremento de la oferta”, En este punto ha considerado que “la regulación está limitando la oferta de vivienda en alquiler” y haciendo subir los precios. Pese a esa subida ha descartado una nueva burbuja inmobiliaria como la que se produjo en 2008, porque entonces había una “burbuja en el crédito”, además de en los precios, que ahora no se da, ha dicho.

Aunque no se ha detenido mucho en cuestiones locales, en su intervención ha destacado la baja tasa de paro de Euskadi, la tradición empresarial vasca y el sistema financiero “bueno”. Ha considerado que precisamente ese componente industrial hace que suponga un “reto” superar ahora la competencia china o los aranceles de Estados Unidos, pero ha recordado que la industria vasca “ha sobrevivido en momentos más complejos” y “continuará sobreviviendo”. “Va a continuar independientemente de los chinos y de los aranceles, con dificultades, pero se ajustará porque tiene tradición y capacidad industrial”, ha agregado. “El futuro de Euskadi está en sus manos y eso es lo más importante que puede ocurrir en la vida”. “Que esté en tus manos y no en la mano de otros”, ha precisado.

Por otra parte, ha señalado que el Concierto Económico de Euskadi “no es cuestionado en absoluto” en el entorno europeo y ha indicado que nadie se lo ha planteado cuando acude a las reuniones del Ecofin en representación del BCE. A su juicio, está “absolutamente descontada” su estabilidad y ha añadido que, si le preguntaran, él defendería el Concierto económico.

El primer Foro Gran Vía ha contado con unos 250 asistentes de distintos ámbitos de la sociedad vasca y una amplia representación institucional, encabezada por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui; y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Iglesias. El resto del Gobierno estaba en el Parlamento Vasco, donde se celebraba sesión de control.

Además, han acuidido del lehendakari Iñigo Urkullu, el exlíder del PNV Andoni Ortuzar, los exconsejeros Arantxa Tapia, Pedro Azpiazu, o Juan Mari Atutxa y los responsables de Kutxabank, Antón Arriola, del Guggenheim, Miren Arzalluz, o del Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, y representantes de diversos partidos políticos. El presidente de la BBK, Xabier Sagredo, ha destacado en la presentación del evento la contribución de la fundación bancaria para servir al “bien común” de Bizkaia e “impulsar proyectos sociales, culturales y económicos que refuerzan la cohesión y el progreso del territorio”.

Tras presentar a Luis de Guindos -que por cierto ha hecho doblete al medio día en un coloquio de Deusto Business Alumni- como “una de las voces más autorizadas de la economía europea”, ha situado a Kutxabank en una “posición destacada con la tercera mejor evaluación supervisora SREP de toda la zona euro”, puntuación que evalúa su perfil de riesgo y adecuación de capital. “Ese reconocimiento a Kutxabank, habla no solo de la solidez y prudencia del banco vasco, sino también de la lealtad y el compromiso de los accionistas”, sostiene. A su entender, la fundación bancaria “ha sabido conjugar prudencia financiera, impacto social y visión de largo plazo” para mantener el espíritu de las cajas vizcaínas de las que surgió y cuyo propósito mantiene vivo, el de “servir al bien común de Bizkaia, impulsar proyectos sociales, culturales y económicos que refuerzan la cohesión y el progreso de nuestro territorio”.

No se esperaban sorpresas. El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener la estrategia de 'esperar y ver' de su política monetaria y dejar los tipos de interés en el 2%. Ni el endémico crecimiento de la economía de la zona euro ni un efecto espejo por la bajada de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos han convencido al comité ejecutivo de la institución monetaria para hacer un movimiento.

Casi todos los analistas daban por sentado que en la reunión de este jueves no había espacio para nuevas bajadas. “La reunión de esta semana será una especie de ”reunión provisional“, mientras que la reunión sobre política monetaria del 18 de diciembre será más sustancial, ya que se actualizarán las proyecciones macroeconómicas y el mercado laboral, abarcando - por primera vez - hasta 2028”, comenta Luke Copley, gestor de carteras de renta fija de Columbia Threadneedle Investments.

Esta falta de medidas en la política monetaria del BCE se da a pesar de que “los últimos meses han sido decepcionantes para la economía europea, aunque está lejos de colapsar. Se espera que el estancamiento del crecimiento económico se transforme en una reaceleración a finales de año, gracias al tan esperado gasto fiscal de países históricamente frugales”, según explica Kevin Thozet, miembro del comité de inversión de Carmignac.

De hecho, los datos de crecimiento de la Unión Europea que se han conocido también este jueves demuestran que la economía en la eurozona no termina de tirar. Eurostat ha hecho público que el PIB de la zona euro creció un 0,2% en el tercer trimestre de 2025, solo una décima más que en el trimestre anterior. Alemania sigue experimentando una parálisis preocupante, sin crecimiento en el tercer trimestre, mientras que Francia ha dado la sorpresa con mejores cifras, con un aumento del PIB trimestral del 0,5%, pero sin terminar de eliminar las incertidumbres por la fuerte crisis institucional que sufre.

Pese a este contexto, hay cierto consenso entre los halcones (duros) y las palomas (moderados) en el consejo del BCE alrededor de los tipos de interés. Por un lado, los tipos de interés en el 2% es el nivel neutral que no paraliza la economía, pero que permite contener la inflación. De hecho, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, admitió en una entrevista con elDiario.es que “lo que está comunicando el BCE en sus declaraciones después de cada reunión es que una vez que la inflación está realmente en el objetivo, que es el 2%, nos parece que es un buen momento para mirar hacia adelante y pensar que el nivel actual de los tipos de interés es el apropiado”.

Aunque es cierto que en la zona euro la inflación se mantiene en un cómodo 2,2%, en España el IPC se ha elevado en octubre hasta el 3,1%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una décima más que la registrada el septiembre y el dato más elevado desde junio del año pasado. El ascenso se explica principalmente por las subidas de la electricidad y del transporte aéreo y por ferrocarril.

“Aún sería necesario un recorte de 25 puntos básicos para apoyar la recuperación de la zona euro, que está luchando por salir de las múltiples crisis observadas desde 2022. La fortaleza del euro, el desvío de los productos chinos que originalmente se enviaban a Estados Unidos, el deterioro de la confianza de los agentes económicos (medida por el comportamiento del ahorro de los hogares) y la fuerte desaceleración de la inversión empresarial están lastrando la inflación y la actividad económica”, añade Romain Aumond, analista de Natixis IM Solutions. Habrá que esperar a 2026.

“Los bancos centrales debemos ser cautelosos a la hora de opinar”, defiende el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá (Albacete, 1960). Una de las grandes diferencias con sus predecesores está ahí: en no opinar con contundencia sobre áreas que no son de su competencia. Es muy prudente al hablar de pactos de renta: “Las decisiones sobre salarios las tienen que tomar los agentes sociales”. O sobre impuestos, como el que afecta a la banca: “El Banco de España no debe opinar sobre temas impositivos, porque son elementos fuertemente redistributivos, y no tenemos legitimidad democrática”.

Escrivá sí defiende que la independencia del Banco de España le obliga a rendir cuentas: “Tienes que explicar muy bien lo que haces para que los ciudadanos puedan entender cómo funcionas y qué decisiones tomas”. También se pronuncia algo más al hablar de la vivienda, donde cree imprescindible “aumentar la oferta”, construir más. “La vivienda es un tema muy relevante”, argumenta. “La evidencia demuestra que España tiene mucho margen para que las políticas públicas redistribuyan mejor”. También recuerda que el proyecto de ley sobre la autoridad del cliente financiero, que está en el Parlamento, le daría al Banco de España competencias para proteger a los hipotecados vulnerables.

¿Qué preocupa más al Banco Central Europeo (BCE) en este momento?, ¿el escaso crecimiento de la Eurozona o la inflación?

Con el mandato que tiene el Banco Central Europeo, que es la estabilidad de precios, eso es lo que nos preocupa en primer lugar. Es verdad que también tenemos que mirar todo el conjunto de políticas que terminan afectando en distintos horizontes a los precios, pero la gran contribución que los bancos centrales hacen a la sociedad es asegurar que mantenemos el valor del dinero y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

¿Habrá pronto nuevas bajadas de tipos?

Lo que está comunicando el BCE en sus declaraciones después de cada reunión, y tendremos una próximamente, es que una vez que la inflación está realmente en el objetivo, que es el 2%, nos parece que es un buen momento para mirar hacia adelante y pensar que el nivel actual de los tipos de interés es el apropiado.

¿Cómo son los debates dentro del consejo del BCE? ¿Es fácil el consenso? ¿Son más duros de lo que usted esperaba antes de llegar allí?

Yo fui director de la división de Política Monetaria del BCE en los primeros años de la Unión Monetaria y he conocido un poco cómo ha evolucionado. De las cosas que más me ha agradado del modelo actual, en el que se discuten las decisiones de política monetaria y se lleva un proceso de formación de criterio y de consenso, es la labor que desarrolla la presidenta del Banco [Christine Lagarde], como persona que tiene que facilitar ese debate a través de una gran transparencia. Los miembros del consejo antes no tenían acceso a tanta información tan pronto para prepararse las reuniones como ahora.

Cogiendo la definición que siempre se suele usar en el Banco Central sobre los partidarios de más austeridad o más generosidad, ¿usted es halcón o paloma?

Hay muchos estereotipos. Cuando veo las clasificaciones por parte de especialistas, e incluso de agencias, que hacen de los distintos gobernadores, y veo lo que ocurre dentro del Consejo, las correspondencias no son muy exactas. Más que halcones o palomas… la economía no es una ciencia exacta, tiene mucha incertidumbre, y hay que valorar las condiciones del entorno en el que se desarrolla la política monetaria del euro. Hay escenarios alternativos. Vamos cambiando de opinión según vamos valorando de una forma distinta, o con matices, los elementos que deben llevarnos a la formación de criterio. No es un concepto estático.

¿El sistema bancario español necesita fusiones o habría más competencia y mejores condiciones para sus clientes con más bancos?

Ese es terreno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia [CNMC]. Nosotros tenemos otras competencias: en solvencia, en protección del consumidor, en sistemas de pagos. Yo tendería a pensar que a veces algunos problemas que se perciben como de falta de competencia en el sistema bancario tienen más que ver con la asimetría de información entre el cliente y el banco. A través de la educación financiera –y eso sí que es una competencia nuestra– debemos trabajar para que los ciudadanos, los autónomos, las empresas tengan mejor cultura financiera, mejor información y puedan interaccionar mejor con los bancos. Creo que esto es más eficaz para tener determinados resultados que la propia microestructura del mercado.

Usted ha criticado que una OPA en el sector financiero como la que hemos vivido con el BBVA y el Sabadell no puede tardar tanto tiempo en resolverse. Al margen de cambiar los tiempos, ¿qué más habría que cambiar en la regulación?

De nuevo, muchas de las cuestiones son competencia de otra institución independiente, que es la Comisión Nacional de Mercados de Valores [CNMV]. Pero sí creo, y es lo que yo he dicho, que períodos tan largos en los cuales entidades están dedicando sus energías a defenderse o a diseñar una estrategia para que la OPA tenga éxito me da la impresión de que no es el mejor de los mundos.

No tengo conocimiento de que haya ninguna otra OPA en marcha

Desde el punto de vista de la solvencia del sector financiero, ¿son necesarias más fusiones?

No sé si están suficientemente aquilatados los términos del debate. Por una parte, en un mundo en el que la tecnología es muy importante y en el que hay que hacer grandes inversiones en ciberseguridad y en plataformas digitales, tener tamaño y capacidad para poder explotar esas economías de escala es una ventaja. Por otro lado, creo que para determinados servicios bancarios, como en el de las micropymes, por ejemplo, tener una banca de proximidad que conozca bien la realidad local puede ser una ventaja.

¿Y cree que habrá más fusiones en el sector financiero tras esta OPA fallida del BBVA sobre el Sabadell?

No tengo conocimiento de que haya ninguna otra en marcha.

Si hablamos de macroeconomía, el crecimiento del PIB español lleva muchos años por encima de la media europea. Cuando le preguntan a usted fuera de España, ¿cómo lo explica?

Me lo preguntan con mucha frecuencia. No solo es que el crecimiento sea muy elevado, sino que la brecha positiva de crecimiento con Europa está a unos niveles sin precedentes. Y eso es, si cabe, más sorprendente o destacable, porque la economía española no ha hecho más que integrarse económicamente con el resto de Europa, por lo que la capacidad de diferenciación en principio debería ser menor. Por eso es singular la situación. Yo diría que se ha configurado un entorno europeo post COVID y post guerra de Ucrania donde hay todo un conjunto de elementos que favorecen a la economía española y que además hacen que determinadas políticas por las que ha apostado España durante cierto tiempo sean palancas de crecimiento mayor.

¿Como los cambios tras la pandemia, con el turismo, el consumo, el ocio?

Sí, hay tres o cuatro elementos que ayudan a hacer más eficaz la economía española. Ha habido un cambio de preferencias en los europeos hacia el ocio. Y una economía que produce más servicios de ocio y de turismo se beneficia a costa de economías que producen otro tipo de cosas en mayor medida. Pero hay otros elementos también que inciden.

España se beneficia de tener buenas leyes migratorias. Por ejemplo, somos uno de los pocos países en el mundo que ha regulado los nómadas digitales, o tenemos buenas normas para atraer trabajadores especializados de una forma ágil

¿La inmigración es uno de ellos?

Sí, pero yo creo que la inmigración más bien es un elemento que hace que lo que en otros países está siendo un importante cuello de botella en el mercado de trabajo por falta de trabajadores, y que se convierte en un limitador del crecimiento, en España no lo está siendo. Yo no creo que sea el elemento central, siendo muy importante. Pero en España están creciendo mucho, después del COVID, los servicios no turísticos porque se ha percibido que el teletrabajo es más factible de lo que pensábamos. España se beneficia de tener buenas leyes migratorias. Por ejemplo, somos uno de los pocos países en el mundo que ha regulado los nómadas digitales, o tenemos buenas normas para atraer trabajadores especializados de una forma ágil. Y después tenemos una cuestión que es muy importante: una buena red de digitalización y de fibra, una buena conectividad.

¿Es un crecimiento sostenible a largo plazo?

Va a depender mucho de que alguno de estos elementos pueda sostenerse en el tiempo, pero también de que nosotros seamos capaces de que estas políticas que han tenido continuidad las llevemos hacia adelante. Otro elemento, por ejemplo, que no he citado anteriormente: España ha reducido muchísimo los costes energéticos para las empresas. Eso requiere unas políticas continuadas de apuesta por las energías renovables, que son las que en este momento han abaratado el coste y nos han dado una ventaja competitiva.

Los datos macroeconómicos son francamente buenos: el PIB, el empleo, la prima de riesgo o los ratings de las agencias de calificación. Pero muchos ciudadanos creen que las cosas no marchan tan bien, especialmente con el precio de la vivienda. ¿Es lo que más le preocupa?

España tiene mucho margen para que las políticas públicas redistribuyan mejor. La vivienda es un tema muy relevante. Es una preocupación social y también desde el punto de vista del mercado de trabajo y el movimiento económico. El Banco lo ha estudiado mucho y ha aportado elementos singulares y bien trabajados al debate, sobre todo en determinados ámbitos de vivienda asequible en alquiler, donde hay una carencia particularmente grande. A medio plazo, necesitamos expandir la oferta y, al mismo tiempo, dado que esta se ajusta con lentitud, hay que gestionar situaciones transicionales, donde se pueden aplicar políticas de demanda. Pero me preocupa que centrándonos en estas políticas nos olvidemos de que hay que construir y movilizar oferta, que requiere una coordinación mucho mejor entre los tres niveles de la administración.

¿Hay una burbuja inmobiliaria? ¿La subida de precios va a continuar?

Cuando definimos una burbuja inmobiliaria, como la que hubo en la primera década de este siglo, lo que vemos es un exceso de demanda insostenible, que empuja los precios de forma desmesurada, en una dinámica que retroalimenta el proceso, y con una posición financiera insostenible de las familias. Eso explicó que la burbuja explotara, pero aquí no tenemos esa caracterización. Es cierto que, como resultado de una oferta insuficiente y de forma más heterogénea geográficamente que en el pasado, tenemos estas dinámicas de precios. De todas formas, el precio de la vivienda, en términos reales, está hoy en el nivel del año 2003-2004 y ni siquiera en los sitios con los niveles más altos estamos en los máximos. Esto no quiere decir que no haya que seguir con mucho cuidado y preocupación dinámicas de precios muy fuertes en determinados mercados.

¿Se plantean tomar medidas de supervisión en el Banco de España para exigir a la banca que proteja a los hipotecados vulnerables?

El proyecto de ley sobre la autoridad del cliente financiero, que está en el Parlamento, nos daría esas competencias.

¿Impuesto a la banca? Le vemos problemas de diseño, pero ni el BCE ni el Banco de España deben opinar sobre temas impositivos

La banca está hoy en niveles récord de beneficios y dividendos. ¿Apoya usted que el impuesto extraordinario se haga permanente o está en contra, como ha manifestado el Banco Central Europeo?

Lo que vemos son problemas de diseño, pero ni el Banco Central Europeo ni el Banco de España deben opinar sobre temas impositivos, porque son elementos fuertemente redistributivos, y no tenemos legitimidad democrática para decir a quién hay que poner un impuesto.

Con los datos que tiene el Banco de España, ¿cree que algún día los contribuyentes españoles podrán recuperar el dinero que costó el rescate de las cajas en la anterior burbuja inmobiliaria? ¿Cuánto dinero fue?

El efecto de la crisis está relativamente acotado. Fueron unos 70.000 o 80.000 millones de dinero público que hubo que asumir por parte de todos los ciudadanos y no hay mecanismos de recuperación.

Usted fue el ministro de Seguridad Social que logró el histórico acuerdo para equiparar en 2032 las cotizaciones de los autónomos con las de los asalariados. Es una reforma que ahora se ha detenido al renunciar el Gobierno a subir las cuotas. ¿Qué consecuencias puede tener ese parón y cómo lo valora?

Sería oportuno recordar que la cotización por ingresos reales de los autónomos fue, probablemente, el elemento que más consenso suscitó, tanto en el Pacto de Toledo como con las propias organizaciones sindicales, patronales y las de autónomos y, después, en el ámbito político de decisión final. También hubo cierto consenso, como se reflejó en la elaboración de la norma, en que era deseable que hubiera un periodo progresivo para que se vayan adaptando a esa cotización, como lo hacen los asalariados, por sus ingresos reales y, al mismo tiempo, que haya un mecanismo de reforzamiento de las prestaciones que les proporciona el sistema.

En esta clave, hemos visto como muchos profesionales autónomos, sobre todo abogados, han pedido cotizar más para tener más prestaciones sociales.

Para que lo entienda un ciudadano medio, ¿por qué es tan importante el euro digital?

Cuando pagamos con un billete de euro o incluso cuando hacemos una transacción bancaria, detrás está el Banco Central. Es el que da garantía a ese pago, da seguridad y valor porque está en el balance del Banco Central. En la medida en la que en el mundo digital, donde hay nuevas tecnologías que son muy interesantes, que dan posibilidades de pagos que antes no teníamos, instrumentos como por ejemplo la tokenización, debemos incorporarlos a las formas de emisión de billetes del Banco Central. Sería un error que no diéramos esa opción a los ciudadanos y fueran emisiones puramente privadas de dinero.

Como banquero central, ¿cómo valora las presiones de Donald Trump sobre la Reserva Federal estadounidense?

En casi todo el mundo los bancos centrales son independientes y los gobiernos renuncian a decidir sobre las condiciones monetarias, los tipos de interés y otra serie de instrumentos porque existe el riesgo de que consideraciones de corto plazo electorales lleven a políticas que generen inflación. La inflación es un impuesto enormemente regresivo, que erosiona el poder adquisitivo de todos los ciudadanos y que tiende a concentrarse en los de renta más baja. Por razones de equidad y de estabilidad de las economías, hay que dar una orientación a medio plazo que trascienda los ciclos políticos. Por eso es preocupante [la presión de Trump].

Hablando de inflación, durante el pico de hace unos años, su predecesor insistió en un pacto de rentas pidiendo moderación salarial. Ahora, los informes del propio Banco de España y otros organismos confirman que gran parte de esa inflación fue impulsada por un aumento de los márgenes empresariales más que de los salarios. ¿Se equivocó el Banco de España al poner el foco en los salarios y no en los beneficios de las grandes empresas?

Mucha gente opinó que había que hacer un pacto de rentas, incluso desde el Gobierno. Yo nunca opiné eso porque creo que las decisiones sobre salarios las tienen que tomar los agentes sociales. Los gobiernos no deben interferir en las decisiones que toman genuinamente, entre los representantes de los empresarios y los trabajadores. Personalmente, nunca me he sentido cómodo en ese debate y creo que es muy difícil encontrar un banco central que haya opinado sobre este tema.

Sin embargo, una de las características de los últimos gobernadores es que han sido muy intervencionistas desde el Banco de España sobre las políticas públicas. Han opinado de prácticamente todas.

Los bancos centrales tienen que ser cautelosos para opinar sobre las políticas de terceros por su déficit de legitimidad democrática. Nosotros tenemos poderes delegados muy importantes en política monetaria, en estabilidad financiera, en sistemas de pagos, en supervisión bancaria. Los poderes públicos nos han dado esas responsabilidades y eso es lo que tenemos que hacer bien, esa es nuestra legitimidad.

¿Hacen falta fusiones transfronterizas, es decir, que se genere un único mercado financiero de toda Europa, en vez de, como hay ahora, bancos que operan cada uno en sus distintos países?

Yo quitaría énfasis a este tema porque, en la parte minorista, la competencia no es entre un banco finlandés y uno español. En la parte mayorista existe realmente un mercado europeo. Quizá no para las pymes o las micropymes, pero sí para las empresas medianas y las grandes. Lo que falta en Europa es un mercado de capital riesgo que movilice el ahorro y realmente apueste por las compañías innovadoras europeas que necesitan un capital que los bancos no le van a dar, porque no están especializados en dar capital, sino en dar créditos y, además, están penalizados por regulaciones internacionales para dar crédito a largo plazo.

¿Europa podría permitirse elevar el gasto militar al 5%, como pide Donald Trump?

Decidir en qué gasta cada país lo que recauda con los impuestos es una decisión soberana. Otra cosa es que, en un contexto en el que la seguridad europea se ha convertido en un bien público, uno deba tener una sensibilidad con estos temas. Este no es un ámbito de los bancos centrales pero lo que yo diría es que hay que decidir a nivel nacional cómo se quieren asignar los recursos públicos y tener interiorizado el entorno europeo en el que nos desenvolvemos.

En distintas intervenciones ha hablado de aumentar la transparencia del Banco de España y ha hecho, por ejemplo, una política para hacer visitas al propio banco. ¿Ha sido el banco opaco en el pasado?

Cuando yo llegué, el Consejo de Gobierno acordó revisitar el reglamento del banco, que estamos analizando en este momento. En esa evaluación se ve que, efectivamente, hay pocos artículos dedicados a la rendición de cuentas, por lo que podemos reforzar la transparencia. Creo que cuanto más independiente se es, más cuentas se tienen que rendir. Además, si no tienes una legitimidad democrática, porque tus poderes son delegados, tienes que explicar muy bien lo que haces para que los ciudadanos puedan entender cómo funcionas y qué decisiones tomas.

Usted es funcionario del Banco de España desde 1985. ¿En su opinión, en estos 40 años, qué es lo que mejor ha hecho y lo que peor ha hecho la institución?

El Banco de España ha contribuido siempre, dando elementos a los Gobiernos y en los papeles que ha tenido a nivel europeo, a que España se fuera integrando cada vez más con Europa. En 1985 ni siquiera estábamos en la Unión Europea, después entramos en el sistema monetario y nos preparamos para la unión monetaria. Desde el primer momento, el Banco fue un contribuidor muy importante para todo el proceso de diseño de esa política monetaria europea y su ejecución. Además, es muy respetado técnicamente en este ámbito. Donde ha habido más claroscuros, sobre todo en un periodo particular, es en la supervisión bancaria.

“Europa no puede permitirse el lujo de depender excesivamente de soluciones de pago extranjeras”, sentenció Piero Cipollone, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE). La aprobación de la Ley Genius por parte de Estados Unidos el pasado julio por la que se regulan las conocidas como stablecoins, criptomonedas respaldadas por el dólar, ha encendido todas las alarmas en la Eurozona. El proyecto del euro digital comenzó a gestarse en 2021 para reducir la dependencia de Europa de los sistemas de pago estadounidenses como Visa, Mastercard o PayPal, pero como cualquier iniciativa en la Unión Europea, los cruces de intereses, burocracia e instituciones que quieren llevar la voz cantante han retrasado su implantación.

Abierta la espita de las criptomonedas como instrumento de geopolítica por parte de Donald Trump, la parsimonia institucional europea ha devenido en un impulso para que la moneda digital europea esté operativa en 2029, aunque todavía quedan obstáculos por solventar. No es solo un asunto de política internacional, también es un debate sobre si debe ser una iniciativa pública o privada, ya que los bancos europeos no quieren dejar escapar una buena tajada este suculento pastel financiero.

Cipollone ha avisado de que la promoción por parte del gobierno estadounidense de las stablecoins respaldadas por dólares “genera preocupaciones sobre la estabilidad financiera y la autonomía estratégica de Europa”, ya que podría dar lugar a que “los depósitos en euros se trasladen a Estados Unidos y a un mayor fortalecimiento del papel del dólar en los pagos transfronterizos”.

Las stablecoins sumaban un valor de mercado de 256.000 millones de dólares el pasado agosto. El 99% de este mercado está vinculado al dólar y a dos emisores, Tether y Circle, ambas empresas tecnológicas financieras de EEUU. Más del 60% de las stablecoins están respaldadas por bonos del Tesoro de EEUU. Las stablecoins denominadas en euros tienen una capitalización de mercado inferior a los 350 millones, según cálculos del BCE.

“Las stablecoins están transformando las finanzas globales, con el dólar estadounidense a la cabeza. Sin una respuesta estratégica, la soberanía monetaria y la estabilidad financiera europeas podrían erosionarse. Los riesgos asociados son evidentes y no debemos minimizarlos. Los desafíos de las stablecoins no nacionales abarcan desde la resiliencia operativa, la seguridad y solidez de los sistemas de pago, la protección del consumidor, la estabilidad financiera, la soberanía monetaria, la protección de datos, hasta el cumplimiento de las regulaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, escribe Jürgen Schaaf, asesor de Infraestructuras de Mercado y Pagos del BCE.

El euro digital funcionaría como una especie de monedero digital, accesible a todos los ciudadanos de la eurozona, donde el dinero depositado en euros estaría directamente garantizado por el BCE, eliminando el riesgo asociado a posibles quiebras bancarias. El pasado 19 de septiembre los ministros de Economía de la zona euro acordaron que el límite de cantidad que podría tener ese monedero digital se establezca cada dos años, un “gran avance” que llevó a Cipollone a vaticinar como posible fecha de lanzamiento del euro digital “mediados de 2029”, aunque tiene que tener el respaldo del Parlamento Europeo.

“Europa tiene que protegerse”

“La nueva situación geopolítica lo ha cambiado todo”, señala Fernando Navarrete, eurodiputado del PP y ponente de la normativa sobre el euro digital en el Parlamento Europeo. Navarrete, que fue director de gabinete del anterior gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, tenía muchas dudas de la necesidad de un euro digital antes de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, pero ahora entiende “que Europa tiene que protegerse”. Ahora bien, defiende que se tendría que dejar en manos privadas la puesta en marcha de sistemas digitales europeos de pago.

“Un euro digital público puede provocar inestabilidad financiera si todos los ciudadanos dejan sus cuentas corrientes en bancos y llevan todo su dinero al BCE, que es consciente de ese peligro, pero aún no ha diseñado un límite. Por otro lado, ¿cómo funcionaría cuando se produzcan tensiones políticas debido a una crisis financiera? Puede ser un coladero. Además, al ser una iniciativa pública se estaría desincentivando la innovación del sector privado. También hay reticencias en una parte de la población por la privacidad de la información financiera en manos de una entidad pública. Finalmente, va a ser obligatorio, se va a obligar a bancos y a empresas a su uso”, argumenta Navarrete.

Frente a esta postura, uno de los mayores defensores del euro digital es el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que avisa que aunque el euro es “la columna vertebral del sistema de pagos europeo, un instrumento de identidad y soberanía económica europeas”, Europa depende en un 72% de redes no europeas para los pagos minoristas con tarjeta. El euro digital serviría para consolidar “un área única de pagos europea y protegerla frente a riesgos futuros”.

Navarrete defiende que ya hay opciones privadas viables en Europa con el sistema de pagos Bizum, utilizado en España, Italia y Grecia, y el sistema Wero, que funciona en Bélgica, Alemania, Francia y Holanda. Aunque admite que es cierto que las entidades financieras europeas llevan años sin ponerse de acuerdo sobre la utilización de un único sistema de pago digital en toda Europa, cree que ahora se podría conseguir una solución tecnológica que los hiciera compatibles. En caso de que no sea así, asume que el BCE debería entrar en escena con el euro digital ante los riesgos geopolíticos que la nueva escena internacional plantea.

Hay otros factores, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, apuntó esta semana en una conferencia que dejando solo en manos privadas el dinero digital “muchas cosas podrían salir mal. No podemos apoyar la innovación solo por la innovación”. Además, puntualizó que “como bancos centrales no se aceptará ninguna evolución que debilite la capacidad para implementar la política monetaria eficazmente. No debe debilitarse el papel de ancla del dinero del banco central”.

La carrera en Europa no ha hecho más que empezar. Es cierto que los bancos europeos se están moviendo, pero al igual que las instituciones del continente todavía de una manera un tanto lenta porque también les toca el bolsillo. Priscille Szeradzki, presidenta de la European Association of Co-operative Banks (EACB) apunta que “el proyecto del euro digital minorista genera preocupación por su potencial para desplazar las soluciones de pago europeas existentes y socavar la capacidad de préstamo de los bancos. Debemos garantizar que el euro digital no desplace las soluciones de pago europeas ni restrinja la capacidad de préstamo de los bancos. Es fundamental que los responsables políticos apoyen las iniciativas de la UE que prioricen la soberanía europea en las finanzas digitales, garantizando así que Europa cuente con las herramientas necesarias para competir a nivel mundial”.

Aunque el discurso se emplaza también dentro de la defensa de la soberanía financiera europea, también hay otros motivos. Un informe realizado por PricewaterhouseCoopers (PwC) por encargo de las grandes patronales europeas de banca -European Association of Co-operative Banks (EACB), European Banking Federation (EBF) y European Savings and Retail Banking Group (ESBG)- señala que la implantación del euro digital del BCE supondría desafíos operativos como los costes que irían desde actualizaciones en las aplicaciones de banca móvil, la integración de la tarjeta física del euro digital y cajeros automáticos, sucursales y puntos de venta. Los bancos participantes enfrentarían costos iniciales estimados de 18.000 millones para las entidades de la zona euro.

En cuanto a las stablecoins, nueve bancos europeos han creado un consorcio para desarrollar una stablecoin en euros, cuyo lanzamiento está previsto para 2026. La alianza bancaria cuenta con las entidades UniCredit, ING, DekaBank, Banca Sella, KBC, Danske Bank, SEB AB, CaixaBank y Raiffeisen Bank. “La iniciativa puede marcar un paso importante en la construcción de un ecosistema digital de pagos europeos robusto y confiable que refuerce la autonomía estratégica europea en el ámbito de los pagos”, ya que el mercado de stablecoins está dominado por el dólar, explicó Mariona Vicens, directora de Transformación Digital y Advanced Analytics de CaixaBank, el único banco español que, de momento, participa en el proyecto.