Europa, rehén del petróleo y del gas de otros

El imperio británico dominó el mundo en el siglo XIX gracias al desarrollo tecnológico y económico derivado de la Revolución Industrial, que a su vez hubiera sido imposible sin la combinación de los combustibles fósiles y las redes coloniales que proveían trabajo y recursos baratos. El azar geológico había concedido a Inglaterra lo que el historiador Rolf Peter Sieferle llamó el “bosque subterráneo”: ingentes cantidades disponibles de carbón que otorgaron una ventaja considerable a los británicos frente al resto de países: en el año 1800, más del 80% del carbón mundial era producido en el Reino Unido.

El azar geológico no sólo “bendijo” al Reino Unido, sino que generosos depósitos de carbón se encontraban también en Francia, Bélgica y Alemania. Así, aunque los británicos fueron los primeros, al terminar el siglo otros países europeos —y también Estados Unidos— se habían unido a la tarea de explotar y consumir carbón en cantidades ingentes. Sin duda, la energía de este combustible fósil sostuvo el imperialismo europeo del siglo XIX; fue el motor de la conquista del mundo por parte de los países europeos, que pasaron de controlar el 37% del territorio mundial en 1800 a controlar el 84% en 1914, tal y como describieron los historiadores Ronald Findlay y Kevin O’Rourke.

Sin embargo, a comienzos del siglo XX los estrategas europeos comprendieron que el carbón iba a desaparecer como combustible clave de la guerra moderna, y con ello su ventaja anterior: los modernos vehículos de transporte —con motores de combustión interna— requerían un derivado del petróleo como combustible. La famosa Royal Navy, que durante siglos había garantizado a los británicos el control de los océanos y la protección de sus rutas comerciales, tuvo que pasar a consumir petróleo. El problema obvio era que Europa apenas tenía depósitos de este otro combustible fósil, un punto que no pasó desapercibido para los contemporáneos. Temerosos de quedar a merced de otros países, los británicos y los franceses se lanzaron al control del petróleo de Oriente Medio; la primera empresa en extraer el petróleo iraní fue Anglo-Persian Oil Company, adquirida de forma mayoritaria en 1914 por el gobierno británico y embrión de la actual British Petroleum (BP).

Tras la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias emergentes eran exportadoras de petróleo: Estados Unidos y la Unión Soviética. Los europeos, con sus infraestructuras todavía destruidas por la guerra, se quedaban atrás. Por esa razón los británicos maniobraron para retener el control o la influencia en Oriente Medio, llegando a asociarse con Estados Unidos para llevar a cabo el golpe de Estado contra Mohammad Mosaddegh, primer ministro democrático de Irán, en 1953; el “delito” de Mosaddegh había sido manifestar su intención de nacionalizar las empresas de petróleo. Cuando tres años más tarde el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez —hasta entonces propiedad de británicos y franceses, y que todavía constituye un nodo fundamental del comercio mundial— las viejas potencias europeas reaccionaron con una invasión pactada con Israel. Sin embargo, Estados Unidos se opuso a la operación y amenazó al Reino Unido con fuertes represalias económicas; los británicos y franceses tuvieron que cancelar la intervención y, hoy en día, la mayoría de los historiadores considera este hito como el momento clave en la “bajada de categoría” de los países europeos.

Aquel fracaso en Suez condujo a una profundización de la dependencia energética. Al mismo tiempo, las grandes compañías petroleras occidentales —las llamadas “Siete Hermanas”— negociaban concesiones a largo plazo con los regímenes autoritarios de Oriente Medio, garantizando un suministro abundante y barato a cambio de sostener sus sistemas políticos. El resultado fue un pacto implícito en el que Europa aceptaba su dependencia a cambio del combustible que lubrica el crecimiento económico. La crisis del petróleo de 1973, cuando los países árabes de la OPEP impusieron un embargo que cuadruplicó los precios, fue la primera advertencia seria de lo que significaban esas relaciones. La respuesta europea fue parcial: el Reino Unido aceleró la explotación del Mar del Norte, Francia apostó por la energía nuclear, y todos los gobiernos buscaron diversificar proveedores. Pero nadie cuestionó el modelo de fondo, ni se hicieron esfuerzos suficientes en explorar una posibilidad que ya emergía en aquellos años como eran las nuevas energías renovables, todo lo cual explica por qué medio siglo después la vulnerabilidad estructural aún persiste.

En territorio de la Unión Europea actualmente se extrae petróleo sobre todo en Italia, Dinamarca y Rumanía, pero en su conjunto la producción europea apenas sobrepasa los 15 millones de toneladas —Noruega es un gran exportador no comunitario—. Para hacerse una idea, debemos tener en cuenta que la cantidad de petróleo crudo importado desde otros países es de 470 millones de toneladas. Eso explica por qué para la Unión Europea la tasa de dependencia de las importaciones de petróleo es del 96%. Este combustible fósil atraviesa toda la economía europea: casi la mitad del petróleo consumido en la Unión Europea se destina a transporte por carretera, pero también hay un 16% que se dirige hacia fines industriales —sobre todo para la producción de productos petroquímicos— otro 5% que sirve para la generación eléctrica, un 9% para transporte aéreo, un 8% para transporte marítimo y un 5% para hogares, entre otros.

En todo este conflicto, la Unión Europea aparece más como un espectador que pierde en todos los escenarios —y que sufrirá un proceso de inflación interna que puede ser muy doloroso y costoso— que como un actor relevante con un proyecto propio

Con todo, la dependencia europea no se limita al petróleo. De forma paralela, Europa fue construyendo una nueva dependencia respecto a otro combustible fósil: el gas natural. Desde los años sesenta, el gas se fue convirtiendo en un pilar del modelo energético europeo, utilizado para calefacción, generación eléctrica e industria. Eso hizo que la dependencia de las importaciones se intensificara: gasoductos desde Argelia, desde Noruega y, sobre todo, desde Rusia fueron tejiendo una red de suministro que ataba a Europa a decisiones tomadas muy lejos de Bruselas.

Como he señalado ya, sin recursos propios, y temerosos del colapso de sus economías, durante las últimas décadas todos los gobiernos europeos han llevado a cabo alianzas para garantizarse el suministro tanto de petróleo como de gas natural: los británicos construyeron alianzas con las monarquías del Golfo, los italianos con los países del Norte de África como Libia, los franceses con África Occidental, Alemania con Rusia y los europeos del sur con países africanos como Argelia, Congo y Guinea. En la mayoría de los casos, esas alianzas se han ido estableciendo con países que carecen de democracia y respeto a los derechos humanos pero que, en virtud de la importancia del suministro, son aspectos ignorados deliberadamente.

Tal es el caso de Rusia, que ejemplifica mejor que ninguno la vulnerabilidad y debilidad europea. Tras la invasión de Ucrania por parte de Putin, la Unión Europea impuso sanciones y buscó formas de reducir su alta dependencia respecto a la importación de combustibles fósiles: por ejemplo, en 2021, Rusia era el principal proveedor de petróleo con más de 100 millones de toneladas. La reducción ha sido efectiva, pero a costa de convertir a Estados Unidos en el principal proveedor de petróleo con más de 60 millones de toneladas al año. Lo mismo ha sucedido con el gas natural. Eso significa que se ha cambiado una dependencia por otra, sin que a Rusia le haya ido en absoluto mal. De hecho, Rusia ha encontrado la forma de evadir muchas de esas sanciones, pero también ha fortalecido las relaciones con otros compradores. China es el principal país comprador de combustibles fósiles, representando más del 50% de los ingresos rusos, seguido de Turquía, India y la propia Unión Europea —que además sigue siendo el principal comprador de gas natural—.

De hecho, el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán supone buenas noticias para Rusia. Por un lado, disfrutará de precios más elevados por los combustibles fósiles, de modo que sus ingresos crecerán. Por otro lado, Estados Unidos ha anunciado que le levantarán las sanciones previas, por lo que podrá comerciar en mejores condiciones. Por si fuera poco, muchos países compradores necesitarán aún más a Rusia como proveedor —tal es el caso de China—. La conclusión es bastante clara, porque en todo esto la Unión Europea aparece más como un espectador que pierde en todos los escenarios —y que sufrirá un proceso de inflación interna que puede ser muy doloroso y costoso— que como un actor relevante con un proyecto propio.

La ironía es que los países de la Unión Europea han tenido a mano desde hace décadas una posibilidad para desconectarse de estas dependencias: la transición energética. A diferencia de lo que sucede con los minerales críticos, que de momento suponen una dependencia estructural sin sustituto conocido, existe desde hace décadas la tecnología para reemplazar a los combustibles fósiles en la generación eléctrica y en buena parte del transporte, y China ha contribuido a abaratarla hasta niveles que habrían parecido utópicos hace quince años. La lógica es sencilla: cada kilovatio-hora generado por fuentes renovables es un kilovatio-hora que no depende de lo que ocurra en el estrecho de Ormuz, en los gasoductos rusos o en las decisiones de la OPEP. Y el margen de actuación es enorme, pues la electrificación del sector del transporte y, sobre todo, la inversión masiva en redes de transporte público podría reducir la dependencia petrolera europea en proporciones que alterarían sustancialmente la ecuación geopolítica.

Como he señalado en otras ocasiones, el problema no es técnico sino político. Un plan europeo de inversión a la altura del desafío —comparable al que se aprobó con notable rapidez y ambición durante la pandemia— podría acelerar la transición tanto en electricidad como en movilidad. Sin embargo, nada semejante se ha puesto en marcha. La paradoja es que cada año que pasa sin actuar a la escala necesaria es un año en que Europa sigue pagando un precio descomunal por un modelo que sabe insostenible económica y ecológicamente.

Hay algo casi simétrico en toda esta historia. El “bosque subterráneo” del que habló Sieferle se agotó o se volvió irrelevante, y con él desapareció la base material de la hegemonía europea. Pero hoy Europa tiene a su disposición un recurso que no depende del azar geológico ni del control colonial: el sol y el viento son abundantes, están distribuidos por todo el continente y no pueden ser objeto de embargo. Las renovables podrían ser el nuevo “bosque subterráneo”, pero esta vez propio y compartido. Y, por si fuera poco, limpio y libre de emisión de gases de efecto invernadero —aunque con costes ecológicos en el proceso de minería y producción de la infraestructura necesaria—. La tragedia es que, teniendo alternativas, la Unión Europea prefiere en la práctica seguir enviando cientos de miles de millones de euros al año a autocracias y petroestados mientras debate interminablemente sobre los detalles de una transición ecológica además amenazada por una extrema derecha con cada vez más influencia. Mientras tanto, Rusia recauda, China fabrica los paneles solares que Europa necesita y Estados Unidos impone condiciones y arrastra a todos a la guerra y a la crisis económica. Europa, el espectador que pierde en todos los escenarios, ni siquiera puede consolarse con la excusa de no haber tenido otra opción.