Es verano de 2026 y dos personas acuden a la sede de una empresa pública de un gran municipio español. Es un padre acompañado de su hijo, un adolescente de 17 años. Vienen a disculparse por un error de juventud, casi “una trastada”, reconocerían más tarde fuentes policiales. Pero una extremadamente grave: el joven ha utilizado modelos comerciales de inteligencia artificial para abrir una brecha en la seguridad del portal oficial de la institución y robar los datos personales de unos 5.000 ciudadanos.

Pese a que el progenitor acudió con su hijo para pedir perdón e informar sobre la necesidad de cerrar el agujero, el alcance de los hechos hizo obligatoria la denuncia a las autoridades. Hoy el caso está en manos de la jurisdicción de menores. Es un ejemplo de las situaciones que están sucediendo alrededor de la IA y de las que ocurrirán en los próximos meses, pero que pasará bajo el radar.

La Policía no tiene previsto hacer públicos los detalles del caso porque el joven está colaborando. Y podría hacerlo aún más. “Hemos planteado a la autoridad judicial que este chico pueda colaborar con nosotros, obviamente sin tener información de ninguna investigación, pero sí ayudándonos a crear alguna herramienta que nos ayude a monitorizar lo que está sucediendo”, explica el inspector Javier Izquierdo, jefe de grupo de investigación de Ciberataques de la Policía Nacional.

Los hackers adolescentes, y más aún aquellos que colaboran con la Policía, han sido durante décadas un estereotipo exagerado. Una figura alejada de la realidad sobre el terreno de la ciberdelincuencia, cada vez más especializada y profesionalizada. Sin embargo, están reapareciendo. En muchos casos, como el citado, con actividades en las que “no vemos ningún ánimo de lucro”, continúa Izquierdo.

“Estamos deteniendo a chavales menores, algunos con altísimos conocimientos de ciber. Chavales con 15 o 16 años que no han pisado una facultad de informática en la vida, pero que disponen de una cantidad de herramientas que antes no estaban a su alcance. Son nativos digitales, han nacido con una pantalla delante, y ahora cuentan con las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Es como darle una pistola a un mono, para ellos los ciberataques se han convertido en un reto”, alerta el inspector jefe.

Estamos deteniendo a chavales que no han pisado una facultad de informática en la vida, pero que disponen de herramientas de IA que antes no estaban a su alcance. Es como darle una pistola a un mono

Javier Izquierdo — jefe del grupo de investigación de Ciberataques

Para la Policía esto resulta muy preocupante. No solo por la inconsciencia de los jóvenes, que cometen delitos extremadamente graves solo por “el reto”. También, porque es un patrón: al igual que hace décadas, cuando la llegada de Internet abrió un territorio nuevo en el que algunos adolescentes jugaban a poner a prueba los límites de la tecnología, el mundo está cambiando de nuevo.

La inteligencia artificial vuelve a abrir un espacio inexplorado. Nuevas herramientas, nuevas armas y nuevas defensas. Y con tendencias más peligrosas que el aumento de hackers adolescentes.

Una tecnología que cambia las reglas

Al jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática, el comisario Juan Carlos Sancho, le extraña un tanto la petición de elDiario.es de visitar las instalaciones del grupo de investigación de Ciberataques. Para él, es solo una oficina. Pero como la unidad encargada de investigar los ciberdelitos más complejos, es la primera línea donde se están investigando los cambios que la inteligencia artificial trae a los ciberataques.

Una parte de la lógica es sencilla. Hay un efecto llamada. Para los criminales es más fácil pedirle a ChatGPT que haga su trabajo que jugársela sobre el terreno. “Gente que hasta hace un año se dedicaba a llevar la gasolina en una barquita para dársela a los narcos que cruzan el estrecho para traer hachís, ahora la estamos deteniendo por hacer ciberataques de spoofing”, cuenta el comisario.

Gente que hasta hace un año se dedicaba a llevar la gasolina a los narcos en el estrecho, ahora la estamos deteniendo por ciberataques de spoofing

El spoofing es la técnica de suplantar el número de teléfono o el correo electrónico de una empresa o institución. Uno de los formatos más repetidos es usurpar la identificación SMS de los bancos para que el intento de estafa llegue bajo el nombre oficial de la entidad: “Se ha detectado una transferencia de 5.000 euros desde su cuenta. Si no reconoce el cargo, active el sistema de seguridad en el siguiente enlace”.

Para este tipo de perfiles, la IA ha derribado las barreras de entrada. “Toda la primera campaña, todas las primeras comunicaciones de 'voy a buscar víctimas', eso ahora lo hace la IA. Gente que no tenía ningún tipo de cultura informática, ni formación técnica ni nada de nada, está cometiendo este tipo de delitos. Compran la herramienta como si la pidieran por Amazon, compran los listados de potenciales víctimas, y con la ayuda de la IA se ponen a ciberatacar”, explica Sancho.

Esta “democratización” del cibercrimen es el principal cambio que ha traído consigo la IA, destacan el comisario y sus agentes. La IA ha limado muchas de las trabas que frenaban a los delincuentes a dar el salto al ciber. Elimina, por ejemplo, la principal pista que permitía detectar fraudes simples, como las faltas de ortografía, permitiendo redactar ganchos más convincentes.

El impacto se percibe también en estafas más complejas, en las que se están empleando chatbots para contactar a potenciales víctimas. La Policía está viendo cómo en delitos como “el despiece del cerdo” (llamado así porque los ciberdelincuentes se ganan la confianza de la víctima durante semanas o meses para luego intentar estafarla varias veces) ya hay grupos que utilizan IA para llevar a cabo el primer contacto e intentar guiar a los ciudadanos a plataformas falsas de inversión. Los estafadores reales intervienen después, cuando alguien ha mordido el anzuelo y llega el momento del fraude.

Pero el salto va más allá. Un ejemplo detectado en bandas más especializadas es el uso de IA para burlar la verificación de identidad online que utilizan los bancos e instituciones financieras, con sistemas que piden al usuario que se grabe un vídeo sosteniendo su DNI. “Hemos visto grupos que utilizan DNI robados para darse de alta en servicios muy, muy relevantes, a través de los cuales cometen fraudes. Se ponen una careta de la persona del DNI con inteligencia artificial, y mueven la cara como les pide el sistema. Pero claro, luego ves los vídeos de diferentes personas y está el mismo cuadro, la misma silla o incluso la misma camiseta. Pero la cara ha cambiado”, detalla Sancho.

Veías los vídeos de diferentes personas y estaba el mismo cuadro, la misma silla o incluso la misma camiseta. Pero la cara había cambiado

El comisario explica que el agujero que utilizó ese grupo ya se ha subsanado, pero el caso da idea de las capacidades de estas nuevas herramientas. “La empresa que hacía la acreditación se había relajado mucho”, lamenta. En este nuevo escenario, la falta de actualización de las herramientas es una puerta abierta a los delincuentes. “Prefiero no dar más detalles, por si acaso”, pide el comisario ante las preguntas de este medio.

La defensa debe evolucionar ya

La inteligencia artificial está permitiendo automatizar estafas y refinar fraudes para que perfiles sin conocimientos técnicos puedan lanzar ciberataques exitosos. Pero las amenazas que ya eran peligrosas antes, ahora lo son aún más. “Este nuevo paradigma es crítico, no solo por la aparición de actores con escasa especialización, sino también por la potencia que alcanzan aquellos que tradicionalmente han supuesto una amenaza grave”, explica el Centro Criptológico Nacional (CCN).

Si la Policía Nacional libra la batalla diaria contra los fraudes que sufren ciudadanos y empresas, el CCN se ocupa de la alta ciberseguridad de las instituciones e infraestructuras críticas del Estado. Depende directamente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y su misión es vigilar amenazas a escala global. Su conclusión es clara. “La IA no descansa. Nos enfrentamos a un escenario de automatización y paralelización de los ciberataques que puede hacer colapsar las estructuras defensivas si no se adaptan a la misma velocidad que la parte ofensiva. Los próximos 12 a 18 meses serán decisivos”, explica el organismo a elDiario.es.

La IA no descansa. Puede hacer colapsar las estructuras defensivas si no se adaptan a la misma velocidad que la parte ofensiva

Centro Criptológico Nacional

Una carrera contrarreloj en la que los grupos cibercriminales avanzados y los comandos patrocinados por estados ya están cambiando su modus operandi. El CCN expone que la tendencia dominante ha dejado de ser los ataques de ransomware, basados en el secuestro de archivos y sistemas informáticos para extorsionar a la víctima. Ahora se centran en el robo de información y bases de datos personales para su posterior venta en el mercado negro.

¿Por qué? “Por la capacidad de la IA para detectar automáticamente deficiencias o vulnerabilidades en el software, y desarrollar el código necesario para explotarlas”, contestan los especialistas en ciberseguridad del CNI. Un ataque de ransomware equivale a asaltar un comercio por la puerta principal. Explotar un agujero descubierto por la IA es como encontrar las llaves de la entrada de servicio y llevarse la caja fuerte sin ser visto. Para cuando la víctima quiera actuar, ya es tarde: “Solo es posible determinar si un incidente se ha realizado con IA tras su investigación”.

En este caso, el cambio no son más ciberataques, sino más daño. Es decir, no hay “un incremento significativo en el número de incidentes gestionados”, sino “un aumento en el impacto recibido”, señala el CCN. Los datos del Ministerio del Interior apuntan en la misma línea en cuanto al volumen: el peso de la cibercriminalidad sobre el total de delitos se mantiene en torno al 20% desde 2023, en plena explosión de la IA generativa. No miden, en cambio, la gravedad de los ataques.

Para los defensores, todo esto tiene una parte positiva: no hay que irse muy lejos para encontrar la solución. También es la inteligencia artificial: IA defensiva que frene a la IA ofensiva. O, lo que es lo mismo, “centros de operaciones de ciberseguridad soportados por agentes de IA donde las máquinas, y no las personas, puedan responder a los ciberataques ejecutados con ayuda de la IA”, pide el CCN.

Las personas no pueden seguir el ritmo de las máquinas, por lo que los defensores deben hacer “un uso extensivo de la IA” tanto para detectar y cerrar los agujeros de seguridad, como para “optimizar las capacidades técnicas de los analistas”. “El punto clave aquí es el control de estos agentes por personas, que deben tener un nivel de formación elevado tanto en ciberseguridad como en IA”, recuerda el organismo.

Más allá de la IA contra la IA

Para el resto de ciudadanos, el espíritu crítico es el mejor escudo. Pese a su sofisticación, los fraudes y estafas con IA siguen dependiendo en casi todos los casos de engañar a la víctima. “Hay que poner en duda todo lo que se vea en una pantalla. Ya no te puedes creer un audio, un texto o un vídeo solo porque lo estés viendo: tienes que ponerlo en duda”, enfatiza el comisario Juan Carlos Sancho.

Ante cualquier tipo de comunicación oficial o web que genere sospechas, la respuesta debe ser contactar con los canales oficiales de esa empresa u organismo, continúa el mando policial. Incluso aunque en la pantalla del teléfono aparezca el nombre de una entidad reconocida. Y ante todo, siempre hay que desconfiar de cualquier acción que requiera actuar de urgencia, una sensación que los ciberdelincuentes explotan por su capacidad de anular el espíritu crítico de la víctima.

Cuando esa comunicación venga de personas del círculo cercano, también hay un método sencillo para anular cualquier engaño, provenga de la IA o no. Establecer una palabra clave. “En mi familia tenemos una contraseña, una palabra que es una tontería, pero que solo sabemos nosotros. Si alguna vez les pido dinero por WhatsApp o por teléfono, saben que me tienen que pedir esa palabra”, expone Sancho.

Con todo, los especialistas técnicos piden que la responsabilidad recaiga también en las compañías. Esta semana, más de 400 científicos e investigadores de una treintena de países pidieron en una carta abierta a los laboratorios que desarrollan los modelos más potentes que corrijan su “negligencia irresponsable” en sus prácticas de ciberseguridad, tanto en la investigación de IA avanzada como en su despliegue.

Mientras, en la oficina de la unidad de ciberataques, intentan desincentivar a todos aquellos a los que se les pase por la cabeza que los ciberataques son demasiado fáciles como para no intentarlo. Es la “prevención activa”: los agentes crean páginas-señuelo donde se venden herramientas ofensivas y en cuanto detectan que alguien está intentando comprar, envían un mensaje de advertencia informando de las penas que recoge el Código Penal y advirtiendo de que la Policía monitoriza constantemente esos canales.

No es una trampa en la que vayan a caer delincuentes experimentados, pero sí puede asustar lo suficiente a los más inexpertos o a los adolescentes aspirantes a hacker, asume el inspector jefe Izquierdo. No obstante, son métodos sencillos que no esconden el problema global: la IA facilita los ciberataques y los defensores piden más recursos, tanto personales como técnicos. “Va a haber que crecer como unidad y con equipos de investigación especializados en esta materia, porque si no, de aquí a muy poco tiempo vamos a estar desbordados. Lo tengo claro”.

La Audiencia de Barcelona ha avalado el grueso de la investigación judicial a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por espiar con el programa Pegasus al expresident de la Generalitat Pere Aragonès, entre ellas la “pertinente” y “necesaria” comparecencia como imputada de la exjefa de los espías españoles.

El extenso auto (34 páginas) de la sección 9ª de la Audiencia de Barcelona, al que ha tenido acceso elDiario.es, no tiene grandes efectos prácticos. La mayoría de diligencias impugnadas por la Abogacía del Estado, que defiende a Esteban, y la Fiscalía, ya se han celebrado, empezando por la declaración como investigado de Esteban, quien optó por guardar silencio agarrándose al secreto que rige la actividad del CNI.

La resolución supone un aval a la investigación del juez Santiago García y a la denuncia de Aragonès, defendido por el abogado Andreu Van den Eynde, y que la Abogacía del Estado y la Fiscalía han intentado frenar desde que se abriera la causa. Ahora el instructor debe decidir si envía a juicio a Esteban o archiva el caso, uno de los más avanzados de todos los que se investigan en distintos juzgados de Barcelona.

Tan solo aceptan los magistrados una parte de los recursos de la defensa y la Fiscalía, y limitan el “alcance temporal” de la investigación a las infiltraciones en el móvil del expresident entre julio de 2018 y marzo de 2020. También acotan que las peticiones de información que realizó el juez a distintos organismos se limiten a Pegasus y no a cualquier programa espía.

Al contrario de lo que defendía la Abogacía del Estado, el tribunal rechaza que la imputación de Esteban la convierta “en una suerte de investigada permanente en cualquier procedimiento de espionaje sin autor conocido”, toda vez que existen indicios de que la infiltración en el móvil del expresident corrió a cargo del CNI.

La declaración de Esteban, insisten los magistrados, “no responde a un automatismo derivado del cargo institucional, sino a una decisión conectada con el procedimiento y los concretos datos iniciales apreciados por el instructor”.

El rastro técnico del espionaje en los teléfonos móviles de varios espiados ha permitido constatar un patrón común en el uso del programa espía Pegasus contra los independentistas, tanto en aquellas infiltraciones avaladas por el Supremo (como fue el caso de Aragonès) como en las que no lo estuvieron.

Esteban fue cesada en 2022 para evitar que los partidos soberanistas dejaran de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso. Es la única autoridad que asumió responsabilidades políticas por el caso, y sus comparecencias como investigada ya han sido cinco, sin reconocer en ninguna de ellas cualquier ilegalidad en la infiltración.

El espionaje a los independentistas, ocurrido tanto bajo Ejecutivos del PP como del PSOE se investiga en media docena de causas. Cuatro años después, ninguna de las denuncias de las víctimas repartidas en una decena de juzgados de Barcelona y Madrid (la Justicia rechazó agruparlas en una macrocausa) ha llegado a juicio.

El retraso se explica por tres causas. Las pocas ganas de investigar de algunos jueces, que han sido reprendidos por la Audiencia de Barcelona; el silencio de Israel (sede del grupo NSO, que comercializa Pegasus) a las peticiones de colaboración judicial; y la reticencia del Gobierno a desclasificar aspectos clave del espionaje.

La desclasificación de documentos que el Gobierno ha impulsado tras la crisis humanitaria en Ceuta ha reabierto un viejo debate: la discrecionalidad de la que dispone el Ejecutivo para retirar la reserva a los secretos oficiales debido a la falta de una ley que sustituya a la norma franquista que todavía está en vigor en España.

En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha realizado dos grandes desclasificaciones por iniciativa propia: la de Ceuta y la de los papeles del 23-F en el 55º aniversario del golpe de Estado.

A regañadientes, y forzado por Junts, el Gobierno también publicó documentos secretos sobre Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll y cerebro de los atentados de Barcelona de 2017. El movimiento alimentó la teoría de la conspiración sobre los ataques que lanza parte del partido de Carles Puigdemont.

Por el contrario, y pese a la expresa petición de varios jueces, el Ejecutivo ha mantenido el cerrojo a buena parte de los papeles del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del espionaje a los independentistas, y tan solo ha desclasificado los autos (con tachones que impiden su consulta completa) del Tribunal Supremo que lo autorizaron.

El historiador Javier Buces, responsable del área de Memoria Histórica del departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, explica que, al estar en vigor la ley franquista, las desclasificaciones de secretos oficiales son “puntuales por interés o por una demanda social”.

Buces se ha encontrado con la barrera del secreto en algunas de sus investigaciones de los crímenes de la extrema derecha (algunos amparados por los servicios secretos) durante la transición. El experto tiene claro el déficit que comporta la actual legislación: “Es un impedimento total para conocer la historia reciente y un agravio comparativo en el acceso a la verdad para las víctimas de la violencia del Estado”.

La desclasificación del 23-F, ahonda el historiador, fue “un parche” al manto de secreto que todavía cubre los años de la transición y el inicio de la democracia. El pleno acceso a los documentos del CESID (el antiguo CNI) terminaría por desmontar el mito de la transición pacífica española, agrega Buces. “Es imposible avanzar en materia de derechos humanos y memoria histórica, como nos dice la ley de memoria democrática, y mantener la ley franquista de secretos oficiales”, asevera este experto.

Los intentos para aprobar una nueva norma no han fructificado pese a disponer de una mayoría del Congreso a priori favorable a aprobar una nueva normativa. En la Cámara hay dos iniciativas que permanecen bloqueadas: un proyecto de ley del Gobierno y una iniciativa del PNV, que lleva cuatro legislaturas proponiendo la reforma.

La ley franquista en vigor dispone que todo es secreto por defecto y para siempre, a menos que el Gobierno diga lo contrario por iniciativa propia o a petición de un juez. Por el contrario, las leyes de los países europeos evitan que la desclasificación sea un acto discrecional del Ejecutivo y establecen un periodo de tiempo (20 años en Reino Unido, 30 años en Alemania o 50 en Francia, aunque con excepciones si se trata de peligros para la seguridad vigentes) para revelar los documentos.

En el caso de la desclasificación de Ceuta, el Ejecutivo aduce razones de transparencia para revelar los documentos de los servicios de información de los cuerpos policiales y mensajes de miembros del CNI sobre la llegada de migrantes.

La retirada de la reserva busca que la ciudadanía “pueda conocer y examinar directamente la información de la que dispusieron las instituciones” sobre la crisis en la ciudad autónoma, según una nota del Gobierno. “El objetivo es ofrecer una secuencia verificable de qué información existía en cada momento”, agrega el Ejecutivo.

La argumentación del Gobierno para publicar los documentos del 23-F consistió en atender la “demanda reiterada”, en palabras del acuerdo de desclasificación del Consejo de Ministros, de historiadores, periodistas y grupos parlamentarios.

El Gobierno retiró el secreto a los papeles del golpe tras concluir que su difusión no suponía un peligro para “la seguridad y defensa del Estado”. “Los años pasados desde el intento de golpe de Estado [...] permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique sin generar ningún riesgo real y presente”, señaló el Ejecutivo.

En cambio, las razones de seguridad y de protección al CNI se han impuesto cuando los jueces han pedido al Gobierno que desclasifique documentos sobre el espionaje del centro a los independentistas catalanes.

En distintas solicitudes, los jueces han querido saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa espía Pegasus, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group, su coste y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa. También han solicitado al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus.

Sin embargo, el Gobierno, en sendas respuestas a los instructores a lo largo de los últimos dos años, ha rechazado proporcionar toda esta información ya que, según argumenta el Ejecutivo, “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”.

En una de sus últimas contestaciones, en junio de este año, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, denegó aportar al juez los datos concretos del espionaje a exdiputados de la CUP porque “pondría en riesgo y podría dar lugar a graves perjuicios para la Seguridad Nacional (la de todos los españoles) y podría comprometer seriamente la Defensa Nacional”.

La desclasificación de 40 documentos relativos a la gestión de la crisis migratoria de Ceuta ha cargado de razones a los socios parlamentarios del Gobierno para elevar la contundencia de sus críticas. Formaciones como ERC, Junts o el PNV, que llevan semanas siendo muy duras con el Ejecutivo por su actuación durante la entrada masiva del 30 de julio y en las semanas posteriores, denunciaron este jueves la escasa diligencia con la que consideran que se trató el aviso del CNI sobre una convocatoria en redes de un eventual intento de acceso irregular a través de la frontera.

Estos partidos, no obstante, han evitado cuidadosamente asumir las tesis del PP, que apenas unos minutos después de la desclasificación afirmó que los documentos demuestran que el Gobierno “tenía la información” de que se iba a producir una “invasión” de enormes proporciones e hizo “una dejación de funciones manifiesta y dolosa”. Pese a sus críticas, PNV, ERC o Junts rechazaron alinearse con estas posiciones y admitieron que la información que manejaba el Ejecutivo no era concreta ni podía extraerse de ella que en la entrada masiva fueran a participar más de 70.000 personas, como finalmente terminó ocurriendo.

Estos socios se mostraron muy duros a lo largo del jueves no solo con la gestión del Gobierno durante los días 30 y 31 de julio, sino también las semanas posteriores, tanto a nivel migratorio como comunicativo. Varios de ellos, de hecho, pidieron dimisiones durante el debate en el Congreso de una proposición no de ley del PP relativa a la crisis de Ceuta. Fue el caso del diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, que espetó al Ejecutivo que “la gestión ha sido mala y la narrativa posterior ha sido peor” y calificó de “incomprensible” que ningún miembro del Consejo de Ministros haya cesado en su cargo.

“No han estado ustedes al nivel”, declaró Álvaro, que tachó de “inenarrables” las explicaciones ofrecidas por el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, que asegura que no conoció las conversaciones que mantuvo el CNI con un cargo de su departamento para informar el 29 de julio de que en redes sociales se estaba promoviendo una convocatoria para entrar a la localidad española coincidiendo con la Fiesta del Trono. “En el Reino Unido, en Francia o en Alemania este señor supongo que habría dimitido”, aventuró el diputado de ERC, que sostuvo que es un “escándalo” que Pérez continúe siendo el máximo representante del Ejecutivo central en la ciudad autónoma. “Es incomprensible que su actitud sea tan arrogante en este asunto: será fatal para ustedes”, vaticinó.

“Tenemos que censurar al Gobierno y al presidente Sánchez por la falta de tensión” y la “laxitud” a la hora de atender “las alertas emitidas por los servicios públicos de información y seguridad”, denunció por su parte el diputado del PNV Mikel Legarda, que criticó que el Ejecutivo siga “diciendo que todo se hizo razonablemente bien cuando, según nos parece a nosotros, todo se hizo razonablemente mal”. Legarda, además, reprochó a la Moncloa su “timorata consideración con Marruecos” y su decisión de “externalizar en demasía la protección de la frontera en un socio que, aun siendo inevitable, resulta cuando menos brumosamente confiable”.

Quien utilizó palabras más contundentes para expresar su descontento con la gestión del Gobierno fue el diputado de Junts Isidre Gavín, que acusó al Ejecutivo de haberse mostrado “incapaz de anticiparse a los hechos a pesar de los avisos y las alertas” que recibió. “Ha habido una competencia terrible entre Interior y Defensa” para no asumir “la responsabilidad de por qué ninguno había hecho nada”, espetó Gavín, que aseguró que los documentos desclasificados el miércoles revelan que “probablemente no existía un informe formal de inteligencia, pero sí que había avisos, alertas e información suficientes como para tomar decisiones”.

“El presidente del Gobierno se fue de vacaciones” y “hasta el final de agosto” el Ejecutivo “no se tomó en serio la dimensión de la crisis y no comenzó a actuar”, denunció igualmente el diputado de Junts, que calificó su gestión como la de un gabinete “totalmente sobrepasado”. “Han infravalorado las amenazas híbridas para la seguridad, no establecieron capacidades disuasorias para evitar que esto pudiera pasar, han fracasado totalmente en el enfoque de la relación con Marruecos y son los únicos que están defendiendo que Marruecos no tuvo ningún papel” en la crisis de Ceuta, enumeró Gavín, que además acusó al Gobierno de haber llevado a cabo “una política de comunicación errada, llena de falsedades y mentiras marca de la casa”.

EH Bildu respalda al Gobierno sobre el aviso del CNI

De entre los socios habituales del Ejecutivo, los únicos que no criticaron abiertamente durante el debate parlamentario la actuación del Ejecutivo tras la desclasificación de los documentos fueron Podemos y EH Bildu, aunque por motivos bien distintos. Los morados prefirieron intentar cambiar el foco y cargaron contra las propuestas del PP y Vox en relación a la crisis de Ceuta, una apuesta que definieron como la del “miedo, excepcionalidad, militarización y racismo”. Y la secretaria general morada, Ione Belarra, sostuvo en los pasillos del Congreso que le preocupa estar “en medio de una peleíta permanente interna dentro del Gobierno entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa” que “no sirve para aclarar nada de lo que pasó y no le permite a la gente entender lo que está sucediendo”.

“Cuando sigues los intereses políticos, es evidente que el único interesado en que ocurriera lo que ocurrió en Ceuta, en términos geopolíticos y económicos, es Marruecos”, argumentó Belarra, que insistió, como lleva haciendo semanas, en que el Ejecutivo está “plegado” al reino alauí. “Les pido que le quitemos el control de la frontera a Marruecos, es necesario abrir vías legales para migrar porque eso va a permitir quitarle la capacidad de control migratorio y respetar los derechos humanos”, planteó.

EH Bildu, por el contrario, sí se refirió expresamente a la desclasificación de documentos, pero lo hizo para defender, en contra del criterio del resto de sus aliados, que el Gobierno “hizo lo que pudo” con la información de la que disponía el 30 de julio. La portavoz independentista vasca en el Congreso, Mertxe Aizpurua, dejó claro que, a su juicio, el Ejecutivo “ha fallado en bastantes cuestiones” en la gestión de la crisis de Ceuta, pero también respaldó a Moncloa al asegurar que “una comunicación como un WhatsApp a una persona que no es un cargo de primera línea del Gobierno difícilmente se puede interpretar como un aviso oficial con todas las garantías”.

Un intercambio de mensajes de WhatsApp el día antes del cruce fronterizo entre un miembro del Centro Nacional de Inteligencia y el jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta. Eso es lo más parecido a un aviso del CNI que aparece en los 40 documentos de las fuerzas de seguridad y servicios de Inteligencia que vieron la luz este miércoles tras la desclasificación llevada a cabo esta semana por el Consejo de Ministros. Una información que para el Ejecutivo en ningún caso constituye “anuncio” alguno de lo que acabaría ocurriendo el 30 de julio y que corrobora, a su juicio, que nadie trasladó ninguna alerta al Gobierno.

“En redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20 horas. Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión”, le dijo el CNI al cargo de confianza del Delegado del Gobierno.

Lo que sostiene el Ejecutivo es que esa conversación informal por mensajería instantánea en ningún caso puede equipararse a una alerta o a un informe de los servicios de inteligencia que nunca existió. “En ningún momento el CNI envió una comunicación formal a su cadena de mando ni miembro alguno del Ejecutivo. Tampoco hubo llamadas telefónicas ni peticiones de reuniones presenciales. Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no lo comunica por mensajería instantánea: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia”, valoraron este miércoles desde Moncloa.

En una nota remitida a los medios, sostiene el Ejecutivo que, más allá de la formalidad, ni siquiera esa conversación de WhatsApp implicaba en sí misma alerta ni predicción alguna de lo que finalmente sucedió. “Los avisos del CNI del 29 de julio no anunciaban una llegada masiva: informaban de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook, con 180.000 seguidores, algo que ya era conocido por otras instituciones y que dista mucho de ser un indicador de escala o probabilidad sólido”.

“Esa información sobre actividad en redes no conllevó en momento alguno una alerta concreta”, prosiguen desde Moncloa, donde concluyen que, “prueba de ello, es que el propio CNI decidió trasladar esa información por un mero WhatsApp y una llamada telefónica a la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil”.

En cuanto vieron la luz esos mensajes del CNI el foco se puso sobre el Delegado del Gobierno de Ceuta. Miguel Ángel Pérez Triano convocó a los medios de comunicación en la sede ceutí del ejecutivo central a última hora del miércoles. Pero no para dimitir, sino para asegurar que desconocía la existencia de esas comunicaciones del CNI con su subordinado el día previo al gran cruce fronterizo y para desterrar también cualquier asunción de responsabilidad respecto a la falta de previsión.

“Cuando el CNI tiene una alerta se hace un informe y se entrega en un sobre lacrado dirigido a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe, sino un simple intercambio de información. De ser grave, el destinatario no hubiera sido ese cargo”, dijo el Delegado ante la prensa.

Pérez Triano no solo aseguró desconocer hasta ahora la existencia de ese intercambio de mensajes entre el CNI y su departamento, sino no tener información tampoco de la llamada telefónica de once minutos de duración que se produjo también el día 29 de julio entre los mismos interlocutores. “Son conversaciones sacadas de contexto. Puede pensarse que yo ya lo sabía. Yo no sabía nada. Nosotros teníamos un contexto migratorio que se agravaba cada día y el CNI dice lo mismo que decíamos nosotros, pero nadie pudo prever lo ocurrido”, remachó.

En cualquier caso, el revuelo político generado tras la desclasificación de esos mensajes (precedido del cruce de versiones mantenido entre Defensa e Interior durante el mes de agosto), se convirtió en un quebradero de cabeza más para el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante toda la tarde del miércoles. Tanto es así que fue necesaria una nota oficial que referenciaba a fuentes del propio CNI para intentar aclarar la situación.

“La desclasificación evidencia que el CNI emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta, si bien no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha”, reza dicha nota.

Ya por la noche, el propio presidente del Gobierno insistió en la idea de que los documentos desclasificados demuestran que la información facilitada por el Centro Nacional de Inteligencia en los días previos no reflejó la “escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó después”. Y que “se limitó” a informar “por mensaje y breve llamada telefónica al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil”, pero “no emitió ninguna alerta mayor a su cadena de mando de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa”.

En esa declaración compartida en sus redes sociales, Pedro Sánchez defiende que la actuación del CNI fue “comprensible” con “la información que existía entonces” porque “nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31”. “Ningún organismo competente lo hizo. Ni en España, ni en la UE”, concluye.

Para el PP, esa información desclasificada se convirtió pronto en un nuevo argumento de ataque al Ejecutivo. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, exigió la dimisión del presidente Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas por mantener una “mentira de Estado” desde el pasado 30 de julio al asegurar que no recibió ningún aviso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con respecto a una eventual entrada masiva de inmigrantes por la frontera ceutí.

La lectura del material desclasificado por el Gobierno permite concluir que todos los servicios de Información españoles coinciden en que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las entradas irregulares a nado fue uno de los motivos de la entrada de migrantes a Ceuta por esa vía los días 30 y 31 de julio pasados. El mismo día en que se conoció el sentido del fallo, el 8 de julio, la Guardia Civil elaboró una nota en la que advertía de su “efecto llamada” y ya proponía cuatro medidas para contener sus efectos.

El Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil elaboró ese día una “nota de despacho”, un informe interno para ser elevado en la cadena de mando. El objeto de la nota era advertir a la Dirección General de la Guardia Civil de las “relevantes consecuencias operativas” que la sentencia iba a tener para el instituto armado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La nota explica brevemente la relevancia del fallo, en el sentido de que a partir del mismo los migrantes buscarán la vía marítima para acceder a territorio español. El fallo del Supremo establecía que al no disponerse en el agua de elementos disuasorios el acceso a nado escapaba de los requisitos que establece la Ley para la devolución ‘en caliente’.

“Esta situación previsiblemente incrementará la presión migratoria sobre ambas ciudades, al consolidarse una diferencia de tratamiento entre quienes intentan acceder a través de las vallas fronterizas y quienes lo hacen por vía marítima. Ello puede generar un efecto llamada hacia las entradas a nado, modalidad que ya presente una elevada dificultad para su detección e interceptación temprana”, recoge la nota desclasificada por el Gobierno.

Los expertos del instituto armado proponían a la Dirección General reforzar su servicio marítimo provincial en Ceuta, al igual que el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). En su nota de dos folios incidían en la necesidad de contar con elementos que permitieran anticiparse a una llegada masiva. Para ello proponían “potenciar los sistemas tecnológicos” de vigilancia que, junto a los medios marítimos y terrestres, permitieran avisar cuanto antes a las autoridades marroquíes y “reducir los riesgos para la vida e integridad” de los migrantes.

En cualquier caso, la Guardia Civil ya valoraba el día del fallo que el Gobierno debía impulsar una “modificación legislativa” para que se pudiera aplicar la devolución ‘en caliente’ a los ingresados por vía marítima de igual forma que los que acceden a España de forma irregular por la frontera terrestre.

El 30 de julio, cuando la entrada de inmigrantes en Ceuta a nado ya es masiva, el CNI emite un informe en el que asegura que, desde la sentencia del Supremo ha “incentivado” la entrada a nado “desde comienzos de julio”.

“A lo largo del mes de julio, los nadadores que lograron llegar a tierra o ser recogidos por embarcaciones de salvamento españolas, al ver que no eran devueltos por las autoridades españolas difundían sus logros en redes sociales, amplificando la difusión del cambio provocado por la decisión judicial y generando con ello un efecto llamada exponencial a lo largo de los días 22-27 de julio”, dice textualmente el informe del CNI.

“Se entienden como consecuencia directa de la sentencia”

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) habla de la afluencia de migrantes como “consecuencia directa” del fallo. “Los intentos de acceso se entienden como consecuencia directa de una sentencia del TS español del 29JUN26, publicada el 08JUL26, en la que se establecía que los accesos a nado a territorio nacional no eran susceptibles de generar rechazos en frontera. Esto supone, en la práctica, una decisiva limitación de acción a las FCSE españolas”, recoge el informe emitido a las 13:00 horas del día 30.

La Policía también menciona la sentencia del Alto Tribunal en sus informes. Horas antes de la entrada, el 29 de julio, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras habla de “las posibles consecuencias” de la sentencia de Supremo, sumado a la celebración del Día de Trono en Marruecos (por el precedente que ocurrió en 2018) y la información procedente de redes sociales. A partir de ellos plantea varios escenarios donde varía el riesgo y la probabilidad.

La tesis del “efecto llamada” fue la explicación que los responsables del Ministerio del Interior recibieron de sus homólogos marroquíes cuando les telefonearon en las primeras horas de la crisis.

El exministro de Defensa Federico Trillo (2000-2004) ha defendido declarar el estado de excepción en Ceuta porque, en su opinión, facilitaría que se pueda expulsar a todos los migrantes que aún continúan en la ciudad a los que considera “invasores ilegales, sean o no menores”. El que fuera también presidente del Congreso, ha exigido además llevar a Marruecos ante los foros internacionales, sean estos las Naciones Unidas o los tribunales europeos, porque “alguien tiene que responder por las 150 muertes” que se han producido por la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

En una entrevista concedida a Europa Press, Trillo (PP) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado que tiene “síndrome de Estocolmo”, ya que está “en manos de sus secuestradores” y “contando la versión de los que le tienen atrapado, no se sabe por qué”. El exministro cree incluso que la versión de Sánchez es “tan increíble” que no ha sido “creída” ni por sus propios aliados parlamentarios. “No le cree nadie. Marruecos tiene todo que ver con lo que ocurrió en la invasión”, ha sentenciado.

Como prueba de ello, ha citado las reiteradas declaraciones de ministros marroquíes reafirmando su “pretensión sobre Ceuta y Melilla”. A su entender, “no cabe ninguna duda” de que el asalto del 30 y 31 de julio “fue programado y sigue siendo programado”.

Al ser preguntado por cuál debe ser la relación con Marruecos en este momento, Trillo ha dicho que “hay dos cosas a tener en cuenta”. La primera, la reacción que debe tener el Gobierno de España y que, en su opinión, pasa por “declarar un estado de excepción en Ceuta y proceder al desalojo y devolución de todos los invasores ilegales, sean o no menores o de cualquier otra condición”.

A su entender, si se declarase el estado de excepción “en ese momento se pueden expulsar a todos aquellos que se han introducido ilegalmente”. Se trata de un mecanismo constitucional extraordinario que se declara en caso de una grave alteración del orden público y que lleva al Estado a limitar derechos y asumir poderes extraordinarios para afrontar circunstancias que superan la normalidad.

En segundo lugar, ha apuntado a cuál debería ser la reacción ante Marruecos y que, a su juicio, pasa por “pedir de inmediato la responsabilidad internacional del Estado marroquí ante los foros internacionales, sea la ONU primero, la Unión Europea, el Tribunal Europeo y el Tribunal Internacional de Justicia porque alguien tiene que responder por esas más de 150 muertes”.

En su opinión, eso “es algo que solo es imputable a Marruecos” y, por tanto, “hay que exigir la responsabilidad internacional” de ese país, criticando que el Gobierno no lo haya hecho durante el mes que ha transcurrido. “150 muertes no es algo que deba quedar así, tiene que ser investigado”, ha apostillado.

Un “delito” contra la seguridad exterior de España

Al ser preguntado si cree que el presidente del Gobierno puede acabar siendo investigado por el Tribunal Supremo por lo ocurrido en Ceuta, como proponen desde el Partido Popular, Trillo ha señalado que es “muy importante” la investigación que está realizando la juez de la Audiencia Nacional María Tardón y ha dicho que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “acertó al situar el tema en manos de los jueces porque lo que se ha cometido es un delito contra la seguridad exterior de España”.

“Ese delito, una vez denunciado, tiene que ser investigado por los jueces, que es a quien le corresponde. Sabiendo, primero, que ha habido una invasión y, segundo, qué grado de concertación existía en las autoridades españolas, que durante ocho horas al menos no lo evitaron”, ha indicado.

Trillo ha destacado que las autoridades españolas tampoco lo previeron pese a existir informes del CNI y de las Fuerzas de Seguridad que “hacían previsible una invasión de ese tipo”. “Por tanto, donde debe residenciarse un hecho tan ilegítimo que ha costado más de 150 muertos es en los tribunales”, ha abundado.

Al ser preguntado por la propuesta de Vox de activar el artículo 102 de la Constitución para que el Supremo investigue a Sánchez por un posible delito de traición, el exministro de José María Aznar considera que “eso es prematuro” y que “no hay que prejuzgar la actuación de los tribunales”. “En un Estado de Derecho, cuando los tribunales tienen conocimiento de un hecho ilícito, deben respetarse sus tiempos y sus procedimientos, que son los que garantizan la imparcialidad y la objetividad. Por tanto es prematuro hacer calificaciones de ese tipo”, ha apostillado.

Sánchez, “secuestrado” por Marruecos

Después de que Sánchez negara que en los días previos recibiera alertas o avisos extraordinarios que anticiparan la entrada masiva, Trillo ha afirmado que “no solo miente” sino que está “secuestrado por las autoridades marroquíes”.

En su opinión, el presidente del Gobierno está “sometido a algún tipo de chantaje de manera que niega una evidencia” porque se ha producido una “invasión ilegítima” organizada “por la inteligencia marroquí y apoyada por sus fuerzas de seguridad e incluso militares”. “Y eso es incuestionable. ¿Qué más pruebas quiere?”, se ha preguntado, para añadir que hay incluso vídeos que lo recogen.

El también expresidente del Congreso ha recordado que ese asalto “es algo que estaba previsto” porque “ya lo anunció Donald Trump hace dos meses en la cumbre de la OTAN” al aludir a “problemas en las fronteras”.

“Y el rey de Marruecos siempre ha sabido que la manera de hacerlo es con ese tipo de invasiones 'pacíficas' como fue la Marcha Verde cuando estaba Franco declinante y se quedaron con el Sáhara. Y esto es exactamente lo mismo”, ha enfatizado, para aludir a la debilidad del jefe del Ejecutivo.

En cuanto a la publicación de todos los informes previos a la entrada masiva en Ceuta que ha anunciado Sánchez, Trillo ha dicho que es “muy necesario” pero ha cuestionado que lo haga porque “no le conviene nada”. “Ojalá lo hiciera, no creo que lo vaya a hacer”, ha resaltado.

Y ha invocado “el precedente” de los atentados del 11-M y ha recordado que el Gobierno del PP los desclasificó cuando se puso en cuestión su “rectitud”: “Se hicieron públicos los informes del CNI dirigido por (Jorge) Dezcallar que aseguraban en el momento y después de las bombas que había sido ETA”.

Defiende a Robles y pide que Felipe VI vaya a Ceuta “cuanto antes”

Trillo ha reconocido, siendo “objetivo”, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho “un acto de valor reconociendo la verdad” porque “el CNI sí informó”. Según ha añadido, si no se hace así, “el CNI como servicio de inteligencia quedaría desacreditado para el futuro ante todos los servicios extranjeros”. “Y como no es verdad pues lo mejor que ha hecho la ministra es decir la verdad. Creo que eso la honra”, ha apostillado.

A renglón seguido, ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien “en su día fue un juez reconocido”, “haya caído en la situación en la que ahora se encuentra”. “Ya no me atrevo ni a calificarlo. Es absolutamente impresentable”, ha enfatizado.

Sobre si el Rey debería visitar Ceuta este mes de septiembre, el exministro ha señalado que Felipe VI irá a la ciudad autónoma cuando “se considere oportuno” y ha recordado que “no puede decidir solo”, dado que “en una monarquía parlamentaria el rey tiene que actuar con refrendo del Gobierno”. “Por tanto será el momento en el que el Rey y el Gobierno estén de acuerdo pero, a mi juicio, si estuviera en el Gobierno debería hacerlo cuanto antes”, ha agregado.

Finalmente, ha señalado que los ministros de Sánchez que asistieron a finales de julio a la Embajada de Marruecos a celebrar la fiesta del rey Mohamed VI deben explicar “por qué aguantaron sin hacer nada” en esa recepción cuando “llevaban cinco horas ya pasando los invasores la frontera de España”.

El informe que ha remitido este viernes la Guardia Civil a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la crisis de Ceuta recoge que el instituto armado no recibió ningún aviso que advirtiera de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma “en el contenido ni alcance” que finalmente se produjo, avanzan a elDiario.es fuentes conocedoras del documento.

El oficio del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) no menciona al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni a ningún otro organismo en concreto y se refiere a los “foros habituales” de comunicación abiertos permanentemente en materia de inmigración con otras fuerzas de seguridad, agencias y servicios de Información, tanto nacionales como extranjeros.

En el mismo informe, el SIGC recoge que en los días previos a la llegada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio fue compartida en los citados información referente a la posible afluencia de personas a la frontera que se había captado en redes sociales. Y precisa, a continuación, que esas informaciones “no se correspondían en contenido ni alcance” con los hechos que provocaron después “el colapso de la frontera” . Los agentes de la Guardia Civil hablan un desplazamiento de migrantes al mismo tiempo “con una dimensión sin precedentes”.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón abrió diligencias el 31 de julio y, en el marco de las mismas, se dirigió a la Guardia Civil el 4 de agosto para conocer si recibió “alguna información en los días previos” que “hubiese podido alertar” sobre lo que iba a ocurrir.

La magistrada también solicitaba que se le informara del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas. Además, en el caso de personas fallecidas, si constara la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar. Todos esos datos son respondidos en el oficio del instituto armado remitido hoy.

La jueza también pidió a la Policía otro informe, de distinto contenido, que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras le hizo llegar esta semana. Tardón pedía a la Policía aclarar si la afluencia masiva de migrantes se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

En el informe de la Policía, los agentes analizan una serie de vídeos y fotografías obtenidas de fuentes abiertas sin llegar a señalar la “autoría material e intelectual” del asalto, pero atribuyéndoselo a una entidad centralizada, con intereses distintos a los migratorios y que contó con la ayuda de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

Como adelantó este jueves elDiario.es, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a favor de que el tribunal especializado investigue los hechos por las características que revisten y los delitos que pueden conllevar. Con los informes de Policía, Guardia Civil y Fiscalía, la magistrada María Tardón debe decidir si admite a trámite la denuncia del partido Iustitia Europa y abre una causa.

El PSOE ha señalado este sábado que la solicitud de comparecencia en el Senado por la crisis en Ceuta de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, que reclama el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue rechazada por la Mesa de la Cámara Alta dominada por mayoría de los 'populares'.

Núñez Feijóo ha reclamado este sábado la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el Senado para explicar cuándo se avisó, qué información se trasladó y qué sabía el Gobierno antes de la entrada ilegal de miles de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Una solicitud similar fue registrada a principios de agosto por Vox, para reclamar entre otros documentos las comunicaciones previas que pudieran contener alertas, previsiones o cualquier información destinada a anticipar la entrada en España de unas 70.000 personas. Sin embargo, la Mesa del Senado, donde hay mayoría del PP, no ha admitido a trámite la solicitud del partido de Santiago Abascal alegando motivos legales porque la directora del CNI “solo puede comparecer ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, como marca la normativa vigente”.

Según consta en el escrito de la mesa, recogido por Europa Press, la ley reguladora del CNI establece en su artículo 5.1 que las actividades de la institución, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de algunas de esas materias, constituyen “información clasificada, con el grado de secreto”.

Así, el escrito no admite a trámite la petición de Vox para una comparecencia pública porque contiene información clasificada y la cual “legalmente solo se puede dar cuenta a través de los medios establecidos en el artículo 11 de la citada ley, así como en la propia Ley de Secretos Oficiales”.

El artículo 11 establece que el CNI someterá al conocimiento del Congreso, en la forma prevista por su Reglamento, a través de la comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados (también conocida como comisión de secretos oficiales), la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades. “El contenido de dichas sesiones y sus deliberaciones será secreto”, zanja el artículo.

“Volverá a ser jefe de la oposición”

En esta línea, los socialistas han arremetido contra Feijóo: “Una vez más, hemos confirmado que Feijóo volverá a ser jefe de la oposición. Nuevo curso político, viejas costumbres. Hay cosas que no cambian”, han dicho a través de la red social.

En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha acusado a Feijóo de querer “hacer de líder de la extrema derecha” en España ya que, tal y como ha recordado, fue Vox quien solicitó primero esta comparecencia de la directora del CNI en la Cámara Alta. Espadas ve en Feijóo “incompetencia, mala fe o ignorancia”, unas críticas a las que se ha sumado la portavoz del propio partido PSOE, Montse Mínguez. “Tiene mayoría absoluta en el Senado. Lo que no tiene es idea de nada. Y así con todo”, ha escrito Mínguez en la red social X.

De una forma similar se han pronunciado en la red social la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, quien ha tirado de ironía: “Es que no da una”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama que comparezca ante el Senado la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para explicar qué sabía el Gobierno antes de la entrada de masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio. En el acto de arranque del curso político que su partido celebra tradicionalmente en Galicia, cargó contra el equipo de Sánchez y señaló que su conclusión, tras las explicaciones de los ministros es que, “como mínimo, alguien miente”. “Yo creo que mienten todos. Vamos a saberlo, que comparezca la directora del CNI en el Senado comprometiéndose a decir la verdad de cuándo avisaron y que concrete qué sabía el Gobierno”.

Feijóo señaló también que el PP se va a personar en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional a raíz de la crisis de Ceuta: “¡Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad nacional no tenga consecuencias!”. Ha distribuido las responsabilidades por todo el Gobierno y por sus socios. En el 'sanchismo', dijo, “no hay héroes y villanos; todos son villanos”. “No hay izquierda alternativa decente. Se ha fusionado con el 'sanchismo'”, añadió.

El líder del principal partido de la oposición insistió en hablar de “invasión” y acusó al Gobierno de abandonar Ceuta. Agregó que las familias ceutíes tienen “miedo de salir a la calle” y que muchas le han trasladado que no van a llevar a sus hijos al inicio del curso escolar si la situación no se encauza antes. “Es justa la rabia, es legítima la indignación”, dijo, en un discurso de tono preelectoral en el que esa fue la mención que hizo a la tensión en la ciudad, que ha derivado en los últimos días en un estallido de violencia. La crisis es, agregó, “de una magnitud sin precedentes y afecta a la propia existencia de la nación”.

Dirigió también unas palabras al Ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los que ha dicho que han tenido que intervenir en Ceuta sin que el Gobierno les dé “medios ni cobertura legal para actuar”. “Ver al Ejército huir porque no tiene capacidad para defenderse de los inmigrantes es indignante para nuestra nación”, criticó.

Feijóo confirmó que va a participar en las concentraciones convocadas el día 2 de septiembre. “Es el día de Ceuta y allí estaré”, avanzó. “Ceuta y Melilla son España”, repitió. La intención del líder del PP es acudir a la ciudad por la mañana y asistir por la tarde al acto de Madrid. Llamó a la ciudadanía a sumarse el miércoles a una convocatoria que asegura que “no va en contra de nadie”.

Ante centenares de miembros del PP gallego y simpatizantes, Feijóo aprovechó su intervención en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo Cotobade (Pontevedra), para anticipar un curso político especialmente bronco que va a estar marcado por las citas electorales -municipales, autonómicas en varias comunidades y generales-, que asegura que va a ser “el del cambio”. “El sanchismo está acabado, pero ahora toca certificar su defunción en las urnas”, dijo al público, en el que se sentaban el expresidente Mariano Rajoy, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y varios cargos de la actual dirección: el secretario de Organización, Miguel Tellado; la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y la de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez.

También participó en el acto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que llamó a que Pedro Sánchez convoque elecciones tras el “escaqueo” que considera que ha protagonizado con Ceuta. El Gobierno, dijo, “parece que está más pendiente de los agresores que de los agredidos”. Ofreció también a Galicia como espejo en el que mirarse en cuestiones de migraciones y como referente de lo que, a su juicio, debe ser una persona migrante: “Si quieren lecciones de lo que es emigrar con arraigo, con respeto, entendiendo que a un país se va a trabajar, que nos pregunten a nosotros cómo hay que hacer las cosas”.

Ya no es un simple choque del Ministerio de Defensa con el de Interior, sino con el conjunto del Gobierno de Pedro Sánchez. Margarita Robles vuelve a desmarcarse de la línea oficial del Ejecutivo e insiste en sede parlamentaria en que los servicios de Inteligencia españoles sí trasladaron avisos el día previo a la entrada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos por la frontera del Tarajal. Un extremo sobre el que incluso aporta ahora algún detalle y que desde Moncloa desmienten de manera rotunda. “O no se le ha entendido, o ella no se habrá explicado bien. Ni hay informes, ni hay avisos orales por parte del CNI a Delegación del gobierno, ni a ningún miembro del Gobierno, de que algo remotamente similar a lo que pasó pudiera suceder”, responden.

La contundente respuesta desde Presidencia del Gobierno choca con lo expuesto por Robles este martes en el Congreso durante su comparecencia por la crisis de Ceuta. “El día 29 de julio esos funcionarios [del CNI] que trabajan en Ceuta dan cuenta en la Delegación del Gobierno de esa convocatoria para el día siguiente para poder entrar a nado aprovechando esa fiesta que se daba en el país vecino”, expuso la ministra, que dio a entender que ese “aviso” se trasladó vía oral. “Esto de si hay informes o si no hay informes... Los servicios de Inteligencia operan de muchas maneras”, deslizó tras dejar a todo el mundo asombrado por revelar abiertamente que en territorio ceutí trabajan 25 miembros del CNI.

A la misma hora de esa comparecencia, el ministro del Interior atendía a los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer nada parecido a lo que sucedió, ni de nuestros servicios de Inteligencia, ni de ningún otro servicio de información de países amigos”, contestó a los periodistas Fernando Grande-Marlaska justo antes de señalar sucintamente a Margarita Robles como máxima responsable jerárquica del CNI. “¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo así no se habría elevado al nivel de las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?”.

Esa reflexión la comparten otros compañeros de Gobierno de la ministra de Defensa, que creen incluso que en su intento de defender a los servicios de Inteligencia o de señalar a su archienemigo Marlaska, Margarita Robles también deja en entredicho su papel en esta crisis. Porque nadie cree mínimamente realista un escenario en el que el CNI hubiera tenido información y no se la hubiera trasladado a su ministra. Y mucho menos uno en que la titular de Defensa tuviera esa información y no la hubiese compartido con el presidente.

Por eso, el argumentario oficial del Palacio de la Moncloa hace encaje de bolillos para no escenificar aún más la brecha evidente entre el discurso estratégico del Ejecutivo y el verso suelto de Margarita Robles. “Queremos entender que no son exposiciones contradictorias. No interpretamos que ella haya dicho que había informes ni siquiera orales, porque la evidencia es que no existe ese papel ni tampoco llamada conocida de nadie del CNI a nadie del Gobierno”, apuntan desde el Ejecutivo.

Desde Delegación del Gobierno han respondido a última hora que lo único que les fue comunicado desde finales de julio se refería a la evolución diaria de las entradas por vía marítima. “Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio”, sostiene un comunicado difundido este martes.

Primera comparecencia en el Congreso

La ministra de Defensa, Margarita Robles, asumió este martes el papel de ser la primera integrante del Gobierno en dar explicaciones en sede parlamentaria sobre lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio, y la gestión posterior de la crisis. Robles comenzó su comparecencia pidiendo “disculpas” a los ceutíes que “se hayan sentido abandonados o no suficientemente acompañados”. Y la cerró, tres horas después, asumiendo algo que, hasta ahora, nadie había hecho: que el Gobierno “ha llegado tarde” para asistir a la población, “porque la gente está sufriendo”.

Pero el motivo de la comparecencia no era pedir perdón, sino informar sobre lo ocurrido el día 30 y 31 de julio en Ceuta, así como la labor de los diferentes servicios de información en los días previos. Robles se apoyó en un informe del Estado Mayor de la Defensa para afirmar que la crisis se produjo en tres fases.

La primera, la “preparación y ejecución de un cruce por mar” a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la prohibición de las devoluciones en caliente a quienes accedan a España a nado. La propagación por redes sociales de esta información y del preparativo provocó un efecto llamada que convirtió en “miles” los iniciales “centenares” de personas que iban a dar el salto, según relató.

El día de la entrada masiva, prosiguió, se constató que “varias decenas de miles cruzaron la frontera dominados por una sensación de urgencia” y por la propagación en redes de imágenes que mostraban una frontera vacía en el lado marroquí a cuenta de la Fiesta del Trono. Según la ministra de Defensa, la mayoría se pusieron en marcha de forma inopinada: “El análisis de las imágenes evidencia que la inmensa mayoría no estaban preparados, no habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad”.

La tercera fase es el “retorno masivo” de la mayoría marroquí, desencantados, siempre según el relato de Defensa, porque los ciudadanos musulmanes de Ceuta no les dieron apoyo. Robles concluyó que, según los informes de los expertos del Gobierno, “el asalto se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por los mensajes en redes sociales de la supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras”. Y la ministra también reconoció la existencia de “actores interesados que probablemente hayan favorecido esta crisis, o la estén usando con una finalidad política de desestabilización”.

El jueves se retomarán las comparecencias del Gobierno y el turno será para Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, y de la titular de Sanidad, Mónica García. Está previsto que el viernes acudan a la Cámara Baja los ministros de Exteriores, Interior y Migraciones.

El Gobierno ha limitado a los jueces la mayoría de los detalles requeridos sobre el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los independentistas. Así se desprende de los acuerdos de desclasificación aprobados por el Consejo de Ministros a petición de los distintos instructores de Barcelona, y que solo han proporcionado información parcial sobre la infiltración con el programa Pegasus.

El espionaje a los independentistas, ocurrido tanto bajo Ejecutivos del PP como del PSOE, provocó un escándalo político en 2022 y el cese de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, hoy investigada en media docena de causas. Cuatro años después, ninguna de las denuncias de las víctimas repartidas en una decena de juzgados de Barcelona y Madrid (la Justicia rechazó agruparlas en una macrocausa) ha llegado a juicio.

El retraso se explica por tres causas. Las pocas ganas de investigar de algunos jueces, que han sido reprendidos por la Audiencia de Barcelona; el silencio de Israel (sede del grupo NSO, que comercializa Pegasus) a las peticiones de colaboración judicial; y la reticencia del Gobierno a desclasificar aspectos clave del espionaje.

La media docena de acuerdos del Consejo de Ministros que abordan la desclasificación de datos del CNI solicitada por jueces que investigan las infiltraciones con Pegasus ha seguido un mismo patrón, coinciden distintas fuentes jurídicas consultadas.

El Ejecutivo ha negado el espionaje del CNI a los denunciantes o, en el caso de que fueran uno de los 18 nombres admitidos por Esteban en el Congreso en el 2022, ha facilitado tan solo (y con muchos tachones) los autos del Supremo que autorizaron las peticiones del centro para infiltrarse en los teléfonos de los independentistas.

Uno de los primeros acuerdos del Consejo de Ministros fue el referido al espionaje del expresident Pere Aragonès. La petición del magistrado Santiago García fue muy minuciosa. El instructor quiso saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa Pegasus, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group, su coste y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa.

También solicitó al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus, así como que el CNI remitiera los registros de empleo del programa espía en el móvil de Aragonès.

Sin embargo, el Gobierno, en enero de 2024, rechazó proporcionar al magistrado toda esta información ya que, según argumentó el Ejecutivo, “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”.

“Perjuicios para la Seguridad Nacional”

Más de dos años después, la respuesta del Ejecutivo a los jueces va en la misma línea. El juez que investiga el espionaje a los exparlamentarios de la CUP David Fernàndez y Carles Riera solicitó la desclasificación de “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos” para que la actual directora del centro, Esperanza Casteleiro, pudiera testificar sobre el caso.

El acuerdo de desclasificación del Consejo de Ministros, de junio de 2026, limita, de nuevo, los datos a los magistrados. Proporcionar los datos concretos del espionaje requeridos por el juez, aduce el acuerdo firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, “pondría en riesgo y podría dar lugar a graves perjuicios para la Seguridad Nacional (la de todos los españoles) y podría comprometer seriamente la Defensa Nacional”.

El Gobierno también cree que dar más información al instructor que la contenida en los autos tachados del Supremo que ha entregado “pondría en evidente peligro la eficacia, las fuentes de información, los medios y los procedimientos operativos del CNI”.

También estaría en riesgo “la integridad física de quienes son, o fueron, fuentes o agentes operativos, colaboradores o de sus familiares o allegados, al permitir el acceso de individuos, organizaciones o estados interesados en actuar contra todos esos bienes”, según el Gobierno.

Invoca incluso el Ejecutivo el “contexto de guerra en Ucrania” y el “incremento de amenazas híbridas y ciberataques” para negar a los jueces los datos requeridos. “La revelación de cualesquiera medios del CNI perjudicaría de manera irreparable y esencial a su operatividad, produciendo un riesgo para la seguridad de España, sus ciudadanos y aliados”, apostilla el acuerdo.

La “limitación” al acceso a los medios del CNI para personas ajenas al centro “se refuerza”, destaca el Ejecutivo, cuando “hubieren sido proporcionados o se utilizaren en colaboración con servicios extranjeros y terceros estados”, sin mayores concreciones.

La consecuencia: el silencio de Paz Esteban

El caso del espionaje a los independentistas ha expuesto las carencias en el control del CNI, tal y como han denunciado entidades como Amnistía Internacional. La ley del centro de 2002 obliga al servicio de Inteligencia a obtener el permiso de un único juez del Supremo para intervenir las comunicaciones, pero ahí acaba la fiscalización.

La desclasificación posterior de las actividades del CNI, que por ley tienen el grado de secreto, depende del Gobierno y se rige por la ley de secretos oficiales, en vigor desde el franquismo y que no se ha reformado en todo el periodo democrático.

Las consecuencias de la desclasificación limitada se han notado en las declaraciones como investigada de Paz Esteban en distintos juzgados. La exjefa de los espías no ha podido ir más allá del terreno delimitado por los acuerdos de desclasificación, por lo que tan solo ha admitido el espionaje avalado por el Supremo, sin entrar en más detalles debido a la reserva mantenida por el Gobierno.

El Ejecutivo se ha negado siquiera a detallar si el programa empleado para el espionaje fue Pegasus pese a las evidencias forenses. Tan solo se ha limitado a admitir “una interceptación legal de las comunicaciones autorizada por el magistrado del Tribunal Supremo” encargado de avalar las solicitudes del CNI, tal y como se indica en el acuerdo de desclasificación del caso de Fernàndez y Riera. Nada más.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a Andrés Arrieta, actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como Magistrado competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución Española. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se debe a que el anterior responsable del puesto, Pablo Lucas, se ha jubilado “forzosamente” y a que Arrieta era ya el sustituto del mismo. Él compaginará sus distintas responsabilidades hasta su jubilación, prevista en abril.

El magistrado encargado del CNI es quien debe autorizar judicialmente escuchas o espionajes, si bien después el contenido de lo recogido queda en manos de la oficina de inteligencia, que no tiene la obligación de explicar sus resultados a este juez. El Poder Judicial nombra como sustituto de Arrieta, para casos de vacancia, ausencia o enfermedad, a Eduardo Calvo Rojas, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Según ha podido saber elDiario.es de fuentes jurídicas, el nombramiento fue propuesto por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y votaron en contra los vocales progresistas Ángel Arozamena e Inés Herrero.

Arrieta fue nombrado magistrado de la Sala Segunda del Supremo en 1998, con 43 años, convirtiéndose en el juez más joven en acceder al alto tribunal. En los últimos meses ha sido especialmente conocido por haber presidido los tribunales que condenaron al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de la confesión de la pareja de Ayuso y, más recientemente, el que condenó a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el marco del caso Mascarillas. Además, ha formado parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel y del que le absolvió por investigar las fosas del franquismo.

Pese a los retrasos y a las trabas que acumulan, las investigaciones por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los independentistas deparan sorpresas. La inteligencia española ha admitido cuatro años después de estallar el escándalo Pegasus que espió al periodista y exparlamentario de la CUP David Fernàndez, algo que no había ocurrido hasta ahora.

El nombre de Fernàndez aparece en el acuerdo del Consejo de Ministros por el que el Gobierno, a petición del juez, autoriza la desclasificación de una pequeña parte del espionaje al periodista y al exparlamentario de la CUP Carles Riera. Como ya ha ocurrido en anteriores casos, la información que el Ejecutivo facilita a requerimiento de los jueces que investigan el espionaje es parcial y limitada.

A diferencia de Fernàndez, Riera sí formaba parte de los 18 independentistas a los que la exdirectora del CNI Paz Esteban admitió haber espiado en el Congreso en 2022. En el documento, el Consejo de Ministros niega que el CNI espiara al exdiputado Albert Botran, querellante del caso junto a los otros dos exdiputados.

Los únicos documentos que el Gobierno facilita al juez son los autos del Tribunal Supremo por los que se avaló el espionaje solicitado por el CNI. Como ya ha ocurrido en otros espiados, como el expresident Aragonès o el exviceconseller Sergi Sabrià, el Ejecutivo los envía al juez con numerosos tachones para no desvelar, según el Ejecutivo, “actividades, medios y procedimientos” del centro.

El Ejecutivo expone en el acuerdo de desclasificación que el espionaje sobre Fernàndez fue autorizado por el Supremo en diciembre de 2019 y que se prorrogó hasta el 2 de junio de 2020. Por entonces el procés digería las protestas que en otoño de 2019 convocó Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés del Supremo, si bien la pandemia cortó toda actividad en la calle.

Fernàndez había dejado de ser diputado en 2015 y por entonces era militante de la CUP, periodista y activista en varias organizaciones soberanistas como Òmnium Cultural.

En el caso de Riera, el espionaje coincide con su periodo como diputado del Parlament. El Supremo avaló la infiltración en su teléfono casi dos años, entre el 23 de junio de 2020 y el 24 de mayo de 2022. El Ejecutivo alega, en base a los informes del CNI, que se trató de una “actividad legal y autorizada judicialmente”, tal y como ha defendido Esteban en la media docena de causas en las que está imputada por el espionaje a los independentistas.

El rastro técnico del espionaje en los teléfonos móviles de varios espiados por Pegasus ha permitido constatar un patrón común en el uso del programa espía Pegasus contra los independentistas, tanto en aquellas infiltraciones avaladas por el Supremo como en las que no lo estuvieron.

En el documento de desclasificación, el Gobierno vuelve a omitir si usó el programa espía Pegasus contra Riera y Fernàndez, y se limita a indicar que ambos “fueron efectivamente objeto de unas medidas de interceptación legal de las comunicciones”, sin más concreciones.

Paz Esteban no varía su línea de defensa. La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha vuelto a escudarse en el secreto oficial para no dar detalles a la jueza del espionaje al exalto cargo de ERC Sergi Sabrià, además de alegar que una de las infiltraciones que sufrió el independentista con el programa Pegasus fue legal porque estaba avalada por el Tribunal Supremo.

Según han informado fuentes jurídicas, Paz Esteban ha declarado como investigada ante la jueza este viernes en la causa por el espionaje a Sabrià, una de la decena de casos abiertos en los juzgados de Barcelona por la infiltración del CNI en teléfonos de dirigentes independentistas mediante el programa Pegasus.

Además de la causa por el espionaje a Sabrià, Esteban está imputada en otros cinco juzgados de Barcelona que investigan las denuncias del expresident Pere Aragonès; los dirigentes de ERC Diana Riba y Josep Maria Jové; el abogado de ERC Andreu Van den Eynde y el exeurodiputado Jordi Solé; los exlíderes de la ANC Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie; y un grupo de empresarios tecnológicos.

Esteban ha declarado por videoconferencia desde Madrid, acompañada de un abogado del Estado. En el juzgado de Barcelona, eran dos abogadas del Estado las que la representaban. La exjefa de los espías ha seguido el guion que ya avanzó en su declaración por el espionaje a Aragonès: admitir las infiltraciones avaladas por el Supremo y desentenderse de los espionajes constatados por los forenses, pero en los que no consta que el CNI pidiera permiso al Alto Tribunal.

En el caso de Sabrià, el Supremo concedió permiso al CNI para entrar en su teléfono en 2020. Pero su teléfono también sufrió infiltraciones con Pegasus en 2018 y 2019, sin que Esteban haya dado explicaciones sobre ambas.

El rastro técnico del espionaje en los teléfonos móviles de varios espiados por Pegasus ha permitido constatar un patrón común en el uso del programa espía Pegasus contra los independentistas , tanto en aquellas infiltraciones avaladas por el Supremo como en las que no lo estuvieron.

El Gobierno ha echado una mano a Esteban: el acuerdo de desclasificación por el que Ejecutivo autorizaba a Esteban a declarar ante la jueza limitaba los datos que podía dar al recordar el deber de reserva y secreto que, por norma general, rige las actividades del CNI. En la práctica ello ha implicado que la exjefa de los espías solo admitiera el espionaje autorizado por el Supremo. Y nada más.

La exjefa de los espías fue cesada en 2022 para evitar que los partidos soberanistas dejaran de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso. Es la única autoridad que asumió responsabilidades políticas por el caso, y sus comparecencias como investigada ya han sido tres, sin reconocer en ninguna de ellas cualquier ilegalidad en la infiltración.

Ninguna de las causas que investigan al CNI por espiar a los independentistas ha llegado a juicio. Entre otras razones, por los límites a desclasificar documentos sobre el coste y uso del programa Pegasus que ha impuesto el Gobierno a las peticiones de los jueces, además de la falta de colaboración de Israel e Irlanda.

En un duro informe presentado este jueves, Amnistía Internacional cargó contra “el rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO”, creadora de Pegasus, que, a juicio de la entidad, ha jugado la Fiscalía, a quien acusó de “obstaculizar” las causas por Pegasus.

La Fiscalía “obstaculiza” y “dificulta” las investigaciones abiertas por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a dirigentes, abogados y familiares de independentistas catalanes con el programa Pegasus.

Así lo ha concluido Amnistía Internacional tras estudiar diez de las causas que instruyen distintos juzgados de Barcelona sobre el espionaje. El documento, muy crítico con el Ministerio Público, carga contra “el rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO”, creadora de Pegasus, que, a juicio de la entidad, ha jugado la Fiscalía.

El escándalo de espionaje a los independentistas catalanes, producido tanto bajo el Gobierno del PP como del PSOE se destapó en 2022. Cuatro años después, las investigaciones judiciales han corrido suerte dispar, pero ninguna de ellas ha conseguido llegar a juicio.

“La conclusión es triste y clara: las víctimas de este escándalo siguen esperando saber la verdad, quién les espió y para qué fueron espiadas”, ha denunciado Virginia Álvarez, responsable del área de investigación en derechos humanos de Amnistía Internacional en España durante una rueda de prensa en Barcelona.

La exdirectora del CNI Paz Esteban, imputada en cinco causas, fue cesada para evitar que los partidos soberanistas dejaran de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso. Es la única autoridad que asumió responsabilidades políticas por el caso.

La investigación judicial más avanzada es la que tiene como víctima al expresident de la Generalitat Pere Aragonès, una de las 18 personalidades independentistas que el CNI admitió haber espiado. El juez Santiago García es el juez de Barcelona que más ha investigado el caso, y ahora solo tiene que decidir si envía a Paz Esteban a juicio o archiva un caso en el que la Fiscalía ha exculpado a la exjefa de los servicios secretos.

La abogada Blanca Domínguez, una de las autoras del informe, ha criticado incluso las preguntas del fiscal en los interrogatorios del caso por “ir dirigidas a minimizar los hechos” e “invitar” a Esteban a acogerse a la ley de secretos oficiales o al deber de reserva en las actividades del CNI. Álvarez ha detallado que, tras trasladar Amnistía su preocupación a la Fiscalía, el Ministerio Público respondió que su actuación estaba guiada por el principio de legalidad.

El resto de procedimientos, repartidos en distintos juzgados de instrucción porque la Audiencia de Barcelona rechazó crear una única macrocausa, han avanzado lentamente y a trompicones. La instancia superior ha tenido que corregir a varios de los instructores, que archivaron o declinaron investigar a fondo el caso, y ha ordenado imputar a Esteban en otros tres casos.

Pese a varias peticiones de los jueces, el Gobierno tan solo ha desclasificado una mínima parte (y con tachones) de los autos con los que el Supremo habilitó el espionaje, y se ha negado a proporcionar, aduciendo el secreto de las actividades del CNI, documentos sobre contratos y pagos del centro a NSO.

Además, la falta de colaboración de Israel, Luxemburgo (país europeo en el que NSO tiene una filial) e Irlanda (donde están residenciadas las multinacionales de telecomunicaciones como Whatsapp) ha lastrado las investigaciones.

“A la violación de derechos que supuso el espionaje se suma la impunidad de que no se esté investigando”, ha denunciado la periodista Txell Bonet, pareja del expresidente de Òmnium Jordi Cuixart y una de las víctimas. “Queremos saber quién ordenó el espionanje, cómo se ejecutó, con qué dinero público se pagó y dónde se almacenó toda la información”, ha agregado. 

En su informe, Amnistía Internacional denuncia la “revictimización” que todos estos obstáculos provocan a los afectados por el espionaje, e insta a la Fiscalía a “cambiar radicalmente su papel en los procedimientos y ponerse al lado de las víctimas”.

El informe también propone cambios legislativos para impedir que se repita el espionaje “indebido” a personajes de la sociedad civil. Amnistía Internacional reclama que se prohíban los programas de espionaje masivo como Pegasus.

“No existe un verdadero control judicial de las actividades del CNI”, denuncia Amnistía, que ve “urgente” la modificación de la ley reguladora de la actividad del centro para acabar con los permisos que, de forma general, concedió el Supremo al espionaje.

En este sentido, Álvarez ha destacado que el control judicial es “imposible” ante un programa “tan invasivo y que obtiene tantos datos de manera tan desproporcionada como Pegasus”. “Este 'software' no se puede usar sin una interferencia total a la privacidad, no hay posibilidad de usarlo de forma proporcionada”, ha apostillado.

La entidad reclama asimismo una reforma de la ley de secretos oficiales (que no se ha tocado en todos los años de democracia) para “alinearla con los estándares internacionales” de derechos humanos.

Cuando, el 21 de noviembre de 2023, el juez José Antonio Cruz de Pablo confirmó el archivo de la primera denuncia de dos diputados independentistas espiados con el programa Pegasus, Ernest Maragall todavía no se había dado de baja de ERC y Roger Torrent era conseller de la Generalitat.

El recurso contra esa decisión ha tardado en resolverse casi dos años y medio por la inacción del juzgado a la hora de elevarlo a la Audiencia de Barcelona. Así se desprende del auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, que ordena la reapertura del caso.

En la única frase en negrita de la resolución, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona resalta que las actuaciones llegaron a su mesa el 6 de marzo de 2026.

En apenas dos meses, y tras celebrar una vista, los magistrados han dado la razón, en parte, al Parlament de Catalunya, y han ordenado al juez que reclame información sobre el espionaje al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a una matriz en Luxemburgo de la empresa israelí que comercializa el software espía.

La rapidez de la segunda instancia contrasta con los dos años y tres meses que ha durado la tramitación del recurso de apelación desde que el juez instructor rechazó el primer recurso de Torrent y Maragall contra el archivo de la causa.

Fuentes jurídicas recuerdan que, en función del caso, suelen pasar entre tres meses y un año entre que el instructor rechaza el primer recurso (ante el propio juzgado) y la resolución definitiva por parte de la Audiencia de Barcelona.

El retraso de la causa por el espionaje a Maragall y Torrent es el más grave de la decena de causas que se reparten entre distintos juzgados de Barcelona por el espionaje a independentistas con el programa Pegasus antes y durante el mandato de Pedro Sánchez, reconocido por el CNI y que comportó una de las crisis entre el Gobierno y sus socios soberanistas.

La Justicia rechazó agrupar todas las denuncias independentistas en una macrocausa, lo que ha provocado resultados dispares en función del juzgado donde han recaído las denuncias.

Hay jueces que han investigado de forma efectiva las infiltraciones (pese a la poca colaboración del Gobierno en la desclasificación de documentos), pero otros no han dejado de recibir tirones de orejas de la instancia superior por el letargo en el que entraron sus causas.

A diferencia de las cuatro imputaciones que acumula la exjefa de los espías españoles, Paz Esteban, por el espionaje con Pegasus, en la causa de los dos republicanos no hay ningún responsable de inteligencia investigado, pese a que el propio centro reconoció en el Congreso que Maragall fue uno de los espiados.

Torrent y Maragall fueron los primeros independentistas conocedores de haber sido espiados por Pegasus. En julio de 2020 presentaron su querella en los juzgados barceloneses, que apenas ha avanzado casi seis años después.

El juez tardó año y medio en requerir la principal prueba del espionaje —los móviles infectados por Pegasus de Torrent y Maragall— para su análisis pericial. La prueba no llegó a completarse porque los terminales eran los corporativos del Parlament y Torrent y Maragall ya los habían devuelto.

En línea con la Fiscalía, el juez también rechazó imputar a Félix Sanz Roldán, director del CNI cuando se produjeron las infiltraciones en el teléfono de los dos expolíticos.

El caso se enfocó hacia la empresa israelí que vende el software espía, NSO Group. Sin embargo, la investigación apenas ha avanzado debido al silencio de Israel, que no ha contestado a la petición de auxilio del juez de para que NSO Group aportara la “información, datos o registros” que conservase respecto los móviles de Torrent y Maragall.

Ahora la Audiencia ordena intentarlo con la filial en Luxemburgo de la firma israelí, que tampoco ha colaborado con los otros juzgados que se lo han requerido, si bien rechaza imputar formalmente a la firma NSO.

Los magistrados también ordenan recabar documentación sobre el espionaje a Torrent y Maragall al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia, que depende de Presidencia del Gobierno.

El caso de Torrent y Maragall es un nuevo ejemplo que los tempos judiciales son mucho más lentos que los políticos. Ambos exdirigentes esperarán el resultado de las diligencias ordenadas por la Audiencia fuera de la primera línea: Maragall rompió en 2024 el carné de ERC tras el escándalo por los carteles de falsa bandera con la enfermedad de su hermano, y Torrent se ha pasado al sector privado tras ser conseller y president del Parlament.

El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, mantuvo dos reuniones en julio de 2024 con Leire Díez, la integrante de la trama conspiranoica que trabajó para desestabilizar causas judiciales vinculadas a la corrupción socialista. Díez, exmilitante socialista, intentaba sonsacar al ex número dos de Interior detalles del funcionamiento de las cloacas del PP a cambio de garantizarle un buen trato judicial. Las maniobras de Díez estaban amparadas por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien habría ordenado financiar con dinero del partido todos estos movimientos. Por su parte, Francisco Martínez está siendo juzgado ahora en la Audiencia Nacional como impulsor desde el Ministerio del Interior de la Operación Kitchen ejecutada en 2014 por varios comisarios de policía con la intención de robar documentación sobre la financiación ilegal del PP a la familia del extesorero, Luis Bárcenas.

El ex número dos de Interior reveló en la segunda de las reuniones con Leire Díez que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había investigado a Pedro Sánchez, líder de la oposición y elegido un año antes secretario general del PSOE. “El otro día hablamos del tema de las saunas [del suegro de Pedro Sánchez]”, comenzó Martínez. “Seguro 100% que hay un informe del CNI, al menos uno, sobre las saunas, que es del año 2015, casi, casi, casi seguro del segundo semestre”. Las elecciones generales de 2015 se celebraron el 20 de diciembre, dentro del segundo semestre en el que, según Francisco Martínez, el CNI elaboró un informe que llegó al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) sobre las saunas que regentaba el suegro de Pedro Sánchez.

“Eso sí que es fácil, porque eso se llama a tu jefe máxima que es Esperanza [Casteleiro, directora del CNI] y que te diga qué es… Y eso lo hemos confirmado estos días que existen y yo no lo he visto. Pero sé que existe. Y quien lo ha visto me lo ha dicho. Y no sé si es uno o son 16, pero que es uno seguro. Eso abre otra puerta que yo te decía el otro día que yo creo que sin ella no se completa esta historia, que es el CNI, que no es que yo les tenga especial manía, que a mí mucho no me quieren. Pero han hecho muchas cosas de todo esto, muchísimas cosas, probablemente hechas mucho mejor que las cosas que Villarejo o El Gordo o no se qué. Mucho mejor hechas. Pero a mí, si de verdad queréis saber qué pasó y limpiar, no podéis dejar esa casa sin mirar. Aunque es mucho más difícil, claro”.

Díez grabó aquella reunión y conservó el archivo que ahora se ha incorporado al sumario de la causa penal que instruye el juez Santiago Pedraz. La exmilitante socialista pretendía obtener información complementaria sobre las andanzas de la policía patriótica del PP contra el presidente Pedro Sánchez. En el verano de 2014, el comisario José Manuel Villarejo informó al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de los negocios del suegro de Pedro Sánchez y comentaron que el conocimiento de esa circunstancia podría dañar mucho la imagen del entonces recién elegido secretario general del PSOE.

Villarejo: Está todo [el negocio de las saunas] a nombre del mayor, que es gay, es maricón, pero luego los otros dos por debajo, el suegro y el otro hermano, son los responsables, los que llevaban la gestión, y esa es la historia...

Martínez: Y Sánchez lo sabe seguro, sabe perfectamente a qué se dedica el suegro...

Villarejo: Sí, coño, ya me contarás... Es su punto débil, esto es mortal, mortal. Cuando haga falta... es un tema para que solamente lo trates con el presidente y con el número 1, para en un momento determinado decirle tenemos tal información...

Martínez: Esto lo mata. Esto mataría a cualquiera políticamente, un tío que va con la bandera del rollo este feminista y no sé qué. ¿Feminista y lo tienes lleno de polacas chupando pollas en la sauna?

Villarejo: Mortal, Paco. Imagínate cuando me enteré... ¡se me puso el rabo de la hostia!

El ex secretario de Estado de Seguridad comentó a Leire Díez que aunque no estuvo elegante en sus palabras, nunca ordenó desde el Ministerio ningún espionaje a Pedro Sánchez ni ningún informe para difundir los negocios de su suegro. Sin embargo, el comisario Villarejo hizo notas informativas para las autoridades del Ministerio del Interior que incluían todo un historial de Sánchez, su mujer, las aficiones de sus hijas y los negocios de su suegro. Además, en diversas reuniones que el comisario grabó con empresarios y policías aseguró que el ministro del Interior le había encargado reportajes “sobre los puticlubs” del suegro de Pedro Sánchez. Todo eso que Villarejo contaba en sus comidas se produjo supuestamente en el último trimestre de 2014.

Ahora, las grabaciones incorporadas al sumario del caso Leire incorporan este testimonio de Francisco Martínez donde revela que, además de los supuestos trabajos del comisario Villarejo para desacreditar al líder socialista, el Centro Nacional de Inteligencia también se implicó en la investigación sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez, y lo hizo en el segundo semestre de 2015, cuando se celebraron las elecciones generales del 20 de diciembre de aquel año. El PP perdió su mayoría absoluta (se quedó con 123 diputados) y el PSOE logró 90 escaños.

El PSOE llegó a denunciar ante la Audiencia Nacional las primeras grabaciones conocidas donde Villarejo hablaba con Martínez sobre esos negocios. El juez instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, rechazó investigar los hechos: “No existen indicios de que la información relativa al suegro del presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, sea resultado de ninguna investigación en la que hubieran participado José Manuel Villarejo Pérez, en su condición de comisario del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la DAO, y Francisco Martínez Vázquez, desde su puesto de secretario de Estado de Interior”.

Los técnicos del Centro Criptológico Nacional y de la Policía han ratificado este martes en el juicio del caso Kitchen que aproximadamente la mitad del archivo encriptado que se incautó al comisario José Manuel Villarejo en 2017 no ha podido ser abierto y que su contenido quedará oculto a no ser que el propio policía lo desvele. Los especialistas pudieron acceder a 44 de los 92 archivos encriptados y, tal como reveló elDiario.es en mayo de 2022, abandonaron los trabajos hace más de seis años, en febrero de 2020.

“Un año después de recibirlo dejamos de trabajar sobre las cabeceras. El último resultado fue en marzo de 2019 y se dejó de trabajar en ellos en la pandemia, un año después”, ha explicado al tribunal uno de los técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN), perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los dos funcionarios han declarado por videoconferencia, no ha aparecido su imagen y sus voces han sido distorsionadas.

Los archivos habían pasado antes por la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía, por el Instituto de Ciberseguridad (Incibe), dependiente de Economía, y finalmente por el Centro Criptológico Nacional. Los técnicos del CCN han explicado que, tras un año sin obtener resultados, plantearon a su jefe la conveniencia de abandonar los trabajos ante la imposibilidad de avanzar mientras no dejaban de “consumir recursos”. Tras consultar con el servicio jurídico se trasladó al magistrado del caso, Manuel García Castellón y se abandonaron los trabajos.

Los archivos incautados al comisario Villarejo han motivado la apertura de más de 40 investigaciones en la Audiencia Nacional que afectan a la élite empresarial, política y mediática del país. Una de esas piezas, la número 7, sienta en el banquillo al primer ministro del Interior del Gobierno de Rajoy, a su número dos y a un grupo de mandos policiales. Otra de las piezas afectaba a la Jefatura del Estado, centrada en los contactos de Villarejo con la antigua pareja extramatrimonial de Juan Carlos I, la comisionista Corinna Larsen.

Los técnicos del CCN han relatado que los archivos estaban encriptados con el sistema Truecrypt, que puede ser utilizado por un usuario medio pero que no ofrece vulnerabilidades. Eso implicó que tras los primeros trabajos se pasase al uso del sistema conocido como “fuerza bruta”, consistente en que los potentes ordenadores del CCN van probando sucesivas contraseñas. “Puede llevar siglos”, ha dicho uno de los técnicos.

Los especialistas de la Policía y del CNI han explicado que ellos nunca tuvieron acceso a los archivos en sí sino a las “carátulas” de los mismos. “Es como recibir la cerradura del almacenamiento pero no todo el dispositivo”, han explicado. Los agentes han precisado que periódicamente informaban al juzgado de sus avances y que si no había ninguna evolución también se comunicaba a la Audiencia Nacional.

elDiario.es publicó una nota de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, en la línea de lo explicado hoy por los técnicos. “Por la experiencia en otros casos, en los primeros meses se obtienen algunas contraseñas, normalmente las más sencillas o las que se pueden deducir de los diccionarios creados. Posteriormente, en algunas ocasiones, tras varios meses o años de pruebas, se obtiene alguna nueva contraseña, pero en otras ocasiones no se recuperan nunca”, advertía Esteban.

La respuesta era una contestación al juez Manuel García Castellón, quien se había dirigido al CNI para que le facilitara una previsión de su trabajo. Esteban comienza explicando al juez a qué se enfrentan: “La aplicación de cifrado Truecrypt, utilizada en el procedimiento de referencia, es criptológicamente segura y no se conoce ninguna debilidad que pueda ser utilizada en el descifrado. La única forma de poder descifrarla es obteniendo la contraseña que ha sido utilizada”.

“En el caso de la citada aplicación –continúa–, las contraseñas pueden ser textos de longitud ilimitada de caracteres, lo que hace inviable probar todas las contraseñas posibles. En consecuencia, teniendo en cuenta que solo pueden realizar pruebas con las contraseñas más probables, la previsión de los avances que se pueden producir es totalmente desconocida”.

En este sentido, los agentes del CNI han dicho este martes en el juicio que se les entregaron 92 cabeceras y que obtuvieron, a partir de ellas, 29 claves con las que abrieron 40, a las que hay que sumar 4 del Incibe. El listado de posibles contraseñas se conoce como “diccionario” y se elabora a partir de los datos conocidos de la persona que ha creado las claves, por si hubiera utilizado aspectos personales, como lugares con los que está vinculado, fechas… Después, se trata de generar claves hasta llegar a alcanzar la velocidad de millones por segundo, dependiendo de la capacidad tecnológica de cada organismo. 

Los técnicos del Centro Criptológico han dicho hoy: “A partir de ahí es intentar suponer qué ha puesto el otro señor: combinar diccionarios, combinaciones… De las contraseñas que obtuvimos no pudimos acertar las otras 48 contraseñas, a partir de los otros datos. Si él seguía una lógica determinada nosotros no llegamos a obtenerla”.

La historia se repite en el caso Pegasus. La Audiencia de Barcelona ha vuelto a dar la razón a las víctimas del espionaje y ha ordenado al juez que indague mucho más a fondo para esclarecer si, como apuntan todos los indicios, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) introdujo el 'software' malicioso israelí en los teléfonos de dirigentes soberanistas.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona atiende el recurso de Benet Salellas, abogado del exvicepresidente de Òmnium Marcel Mauri, la periodista Txell Bonet (pareja del exdirigente Jordi Cuixart) y la jefa de internacional de la entidad, Elena Jiménez, y ordena reabrir el caso que el juez de instrucción había archivado.

Los magistrados encargados de revisar las decisiones del instructor le ordenan que reclame al Gobierno desclasificar todos los datos sobre el espionaje ante los “indicios” de que el CNI podría ser el responsable. Aunque no lo está en el procedimiento sobre las víctimas de Òmnium, la exjefa del CNI Paz Esteban permanece imputada en otras cuatro causas.

Hasta ahora, todas las peticiones de los distintos jueces que investigan el espionaje se han topado con una respuesta muy limitada del Gobierno. El Ejecutivo o bien ha negado que el CNI espiara a algunas de las víctimas (y, en consecuencia, no ha enviado a los magistrados la documentación que pedían) o bien ha enviado tan solo parcialmente los papeles reclamados (y con tachones en varios de ellos).

Pese a las trabas del Gobierno, los informes periciales de los Mossos d'Esquadra en los distintos juzgados han permitido trazar un patrón común que delata al CNI: se ha constatado que varios servidores se repiten tanto en las infiltraciones a los independentistas que el CNI sí admitió haber espiado como a los que no.

Los jueces advierten que son conscientes de las múltiples causas en los juzgados de Barcelona que investigan el espionaje. “No escapa a la Sala que son varios juzgados que están investigando hechos análogos y que se encuentran en una fase más avanzada”, reza el auto, en velada referencia a causas que ya están listas para decidir si van a juicio, como la del espionaje al expresident Pere Aragonès.

“Parece que existen indicios de una intervención no autorizada a los terminales y cuya autoría pudiera apuntar al CNI”, ahonda el tribunal sobre el espionaje a Mauri, Bonet y Jiménez, que ya cuenta con una prueba pericial que corrobora intrusiones no autorizadas en sus teléfonos.

A través de la nota de prensa de Òmnium, su presidente, Xavier Antich, ha manifestado que la reapertura de la causa “supone la confirmación del espionaje político” perpetuado contra la asociación cultural. El dirigente ha reclamado que se desclasifique toda la información para saber “toda la verdad de esta causa general contra el independentismo”.

El presidente de Òmnium ha valorado que el denominado 'Catalangate' no solo atenta “contra el derecho a la intimidad y a la comunicación” de las tres víctimas de espionaje, sino que también afecta a su libertad de expresión y el derecho a la defensa, aparte de “espiar ilegalmente” a una de las organizaciones de la sociedad civil “más importantes” de Europa. “Lo de hoy solo la punta del iceberg”, ha apostillado.