El abrupto cierre de la investigación del caso Kitchen decretado por el juez Manuel García Castellón en julio de 2021 impidió resolver varias incógnitas que habían surgido durante los más de tres años de investigación llevada a cabo por los fiscales Anticorrupción y los policías de Asuntos Internos. El episodio del asalto en casa de los Bárcenas por un hombre armado y disfrazado de cura y el espionaje al que fue sometido en la cárcel el ex tesorero son los más significativos. En ambos, la propia víctima apunta a la participación del Centro Nacional de Inteligencia, que ya había dejado rastro en grabaciones y seguimientos a la familia Bárcenas, y cuya implicación en el espionaje habían deslizado los investigadores y otros implicados. 

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Las imágenes captadas por las cámaras ocultas en el exterior del chalé de Baqueira fueron “remitidas al Ministerio del Interior el viernes 2 de agosto de 2013”, en pleno apogeo de la operación Kitchen, según refleja la defensa de Martínez en su escrito. El señalamiento del CNI queda en evidencia a continuación, cuando el ex número dos de Interior pide que se incorporen a la causa todos los autos dictados “por el magistrado especial del artículo 342 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, esto es, el juez del Supremo que autoriza en secreto las actividades del CNI. El tribunal del caso Kitchen decidirá al respecto en el trámite de las cuestiones previas del juicio. 

La conclusión de que la operación Kitchen fue ideada por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sin la participación del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ni de la secretaria general del partido entonces, María Dolores de Cospedal, no es, por tanto, el único cabo suelto de la causa judicial. La posible participación del servicio de Inteligencia español aporta un tercer vértice a este triángulo de impunidad política: Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy y responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Al igual que Rajoy, Sáenz de Santamaría nunca fue citada a declarar en la instrucción del caso Kitchen. Pero al igual que el expresidente y Cospedal tendrá que comparecer como testigo en el juicio. 

El comisario de la Policía Enrique García Castaño no se sentará en el banquillo de Kitchen porque un accidente cardiovascular le ha dejado graves secuelas. Fue él quien en fase de instrucción decidió colaborar y señaló al secretario de Estado Francisco Martínez como coordinador de la operación de espionaje a Bárcenas. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, reconoció su participación en los hechos y al tiempo reveló cómo la Policía no fue la única que actuó fuera de control judicial. 

“Lo detectamos varias veces, había gente con motos y cámaras grabando una reunión de la mujer de Bárcenas”, afirmó en su declaración de enero de 2019. “Intentamos averiguar quiénes eran, pero la documentación de los vehículos que alquilaban era falsa”, añadió. 

El chófer de la familia, Sergio Ríos, captado como colaborador a sueldo por los acusados en Kitchen, explicó al juez que tanto García Castaño como José Manuel Villarejo le hablaban con naturalidad y a menudo de la implicación del CNI en el espionaje extrajudicial durante los encuentros que tenía con ellos para trasladarles información o cobrar en efectivo de los fondos reservados.

Por otro lado están los mensajes de Martínez con el ministro Fernández Díaz que el número dos de Interior depositó ante notario y entregó a la Policía cuando Asuntos Internos acudió a su domicilio con orden judicial en marzo de 2020. El 13 de julio de 2013, recién empezada la operación Kitchen, Martínez alude al “contacto Cecilio” que Fernández Díaz había quedado en facilitarle previamente. 

En el teléfono móvil intervenido a Martínez este había dejado algunas reflexiones y líneas de defensa. En una de ellas afirmaba: “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”. Después, Martínez declararía que su contacto en el CNI era el director, Félix Sanz Roldán, y que se limitó a preguntarle por el conocimiento que pudiera tener el servicio de Inteligencia sobre dinero de Bárcenas en el extranjero. Un portavoz del CNI rechazó hacer cualquier comentario al ser preguntado por este periódico en 2020, cuando surgieron los primeros indicios de la participación del Centro en el espionaje a los Bárcenas. 

Un cura pobre, con abogado de pago y dinero en prisión

Enrique Olivares García se llevó a la tumba la verdad sobre su asalto a la casa de la familia Bárcenas, armado con un viejo revólver y disfrazado de cura. ¿Actuó en solitario, fruto de la enajenación, o lo hizo a las órdenes de alguien? En libertad vigilada, Olivares falleció el 15 de enero de 2022 cuando aún estaba por aclarar su presunta participación en la operación Kitchen. La Fiscalía había planteado en su recurso contra el cierre de la instrucción si Olivares había actuado por su cuenta o a las órdenes de algún “servicio de la seguridad del Estado”.

La lógica apuntaba a que los mandos policiales que habían reconocido la operación Kitchen estuvieran detrás del asalto del falso cura, pero igual que El Gordo reconoció haber sustraído información de los teléfonos de Bárcenas o haber allanado un local de la familia, todo sin orden judicial, negó taxativamente la actuación de Enrique Olivares fuera obra de la Policía. Muy enfadado le contó al juez que en 40 años de encargos delicados jamás se le habría ocurrido hacer algo propio de “una película de Alfredo Landa”.

El falso cura, un individuo casi en la indigencia y miembro de una humilde familia, contó para su defensa con un abogado que le pagó alguien cuya identidad continúa en secreto. Aquel abogado, Andrés Ruiz Cubero, es hermano del funcionario de prisiones que intentó vender material grabado por Villarejo después de coincidir con él cuando ambos cumplían condena en Estremera. 

El letrado negó a elDiario.es que su defensa de Olivares estuviera vinculada con su hermano o que le hubiera contratado alguien relacionado con la política o los servicios de Información y aludió a un favor personal. “Enrique estaba trastornado. ¿A quién se le podría haber ocurrido utilizarlo para algo así?”, declaró en 2022.

El segundo interrogante se refiere a los ingresos de Olivares estando en la cárcel: ¿quién cebaba continuamente la cuenta del preso? Y por último, ¿quiénes son y qué querían los policías que visitaron en prisión a Olivares el 1 de diciembre de 2015, apenas unos días después de que aparecieran las primeras informaciones publicadas sobre la operación Kitchen?. De los policías, este periódico solo pudo determinar que pertenecían a la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), no vinculada a la Kitchen. La Dirección General de la Policía evitó cualquier comentario al ser preguntada por esta cuestión.

Respecto a la cuenta del peculio del preso, esta llegó a reunir 4.751,28 euros. Olivares recibía ingresos de una pensión de 368 euros y otros periódicos de 250. “Perteneciendo a una familia sin recursos, Enrique Olivares recibía sistemáticamente ingresos en su cuenta penitenciaria de peculio, cuyo origen puede coadyuvar a demostrar que no habría actuado de modo aislado y autónomo”, llegaron a escribir los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Pero el juez García Castellón concluyó: “No se ha recabado ningún indicio que permita sostener, con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto al domicilio del señor Bárcenas estuviera directamente relacionado con la operación Kitchen”.

Una comisión judicial integrada por el juez, los fiscales y una médico forense de la Audiencia Nacional llegaron a visitar a Olivares en prisión después de sufrir el ictus, ante las noticias de cierta recuperación. La forense quedó en redactar un informe que, según fuentes del caso, iba a recomendar que se le tomara declaración. Pero entonces, la médico cayó enferma y después llegó la pandemia. Antes de su reincorporación, el juez despachó el caso del falso cura. García Castellón hizo que lo trasladaran a la Audiencia Nacional y que otro forense dictaminara: no estaba en condiciones de declarar.

Nadie es quien parece en la cárcel de Bárcenas

La cárcel es protagonista del tercer interrogante de Kitchen: el espionaje a Bárcenas mientras su familia era vigilada 24 horas en el exterior. Así se lo contó al juez el propio Luis Bárcenas: “Yo detecté una persona que infiltraron en el módulo en el que yo estaba para hacerme labores de seguimiento (…) Me seguía y tomaba notas”. La coartada de ese supuesto preso entre los reclusos del módulo de Bárcenas es que había sido detenido intentando introducir droga en España con un velero. Pero un buen día desapareció del módulo. Bárcenas y otros presos pensaron que había cambiado a otro, pero luego supieron que ya no estaba en la cárcel. 

Bárcenas describió ante el juez y los fiscales gráficamente el episodio del espía: “La foto del individuo que se correspondía con el carnet de la persona que estaba haciendo el seguimiento era un dominicano, pero el señor que estaba haciendo el seguimiento era un señor español, blanco, blanquísimo. Y no de color café con leche, como era el dominicano, no. O sea, que habían infiltrado a una persona con tal nivel de torpeza que en lograr de fabricar un NIS [Número de Identificación de Seguridad, una suerte de carnet de recluso], no sé si se puede hacer, le habían asignado el NIS de otra persona, que habría estado ya en el Centro Penitenciario y que era un dominicano”.

Luis Bárcenas le dijo al juez y a los fiscales que cree que detrás del espionaje en prisión está el Centro Nacional de Inteligencia y el interés de la entonces vicepresidenta del Gobierno, de la que dependía el servicio de espionaje español, en que el caso de la caja B no salpicara a Mariano Rajoy. 

La historia del falso dominicano se cruza con el episodio del informático colombiano al que Bárcenas pidió que, al salir de permiso, accediera a la 'nube' y borrara archivos que allí guardaba. En una de ellas, Rajoy aparecería hablando con Bárcenas mientras introduce en una destructora de papel en 2009 pruebas de la caja B del partido. O ese creerían los policías de la Kitchen. De esa grabación ha hablado el ex tesorero en varias ocasiones, en sede judicial y en el Congreso, asegurando que estaba en el local de su mujer que allanó ilegalmente García Castaño, El Gordo. Bárcenas se ha contradicho al respecto. Ante el juez del caso Kitchen aseguró que él nunca ha grabado a nadie.

El colombiano, de nombre Isidro Sánchez, era un experto informático que se ofreció a hacer el trabajo durante un permiso de seis días. Según explicó Sánchez al juez, Bárcenas únicamente le pidió que solicitara a Google eliminar las noticias aparecidas sobre su mujer, Rosalía Iglesias. El ex tesorero, por contra, declaró que el trabajo consistía en borrar documentación de la 'nube', pero negó que allí hubiera ninguna grabación hecha por él.

Bárcenas pactó entregar a Isidro Sánchez una cantidad de dinero, que oscilaría entre los 1.500 y los 3.000 euros, que el recluso le requirió para comprar material informático. Se lo entregaría la mujer de Bárcenas, a través del chófer infiltrado, Sergio Ríos. La cita del chófer con este preso aparece reflejada en la agenda de Villarejo. 

Isidro Sánchez contó que no pudo hacer el trabajo porque fue detenido en la habitación de la pensión donde se alojó durante el permiso. El Gordo reconoció en el juzgado que sus agentes le habían seguido porque alguien les informó del día que salía de la cárcel. La Policía detuvo al colombiano por una reclamación de un juzgado de otra causa pendiente y lo devolvió a prisión. Bárcenas asegura, sin embargo, que cuando salió de la cárcel, en la 'nube' ya no quedaba nada.

Antes o después de salir de permiso, los funcionarios hicieron un cacheo sorpresa en la celda del colombiano y le encontraron la anotación de Bárcenas: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”. Bárcenas asegura que él escribió esa nota. El colombiano dice que nunca existió.

El 13 de agosto de 2013, el comisario Villarejo escribió en su diario, junto al apelativo “Andi” (Andrés Gómez Gordo, comisario imputado y ex asesor de Cospedal): “Datos de colombiano colaborador de MACO”, en posible alusión a la cárcel. El 3 de septiembre de 2013, junto al nombre “Chisco” (Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad), Villarejo apunta: “Coche de (ininteligible). Ayuda Prisiones. Tema ordenadores, copia en teléfono”. El 3 de octubre, el aludido es BIG (comisario Enrique García Castaño): “2 paquetes con notas a un preso tercer grado”.

La historia de la Kitchen en prisión abre una serie de interrogantes: ¿Era el colombiano en realidad un colaborador de la Policía que engañó a Bárcenas? ¿Fue su detención durante el permiso una maniobra de distracción? ¿Quién borró los datos de la 'nube'? Y, sobre todo, ¿estaba allí la grabación de Rajoy destruyendo papeles de la caja B del PP?

El 23F se ha contado mil veces, de todas las formas y en todos los formatos posibles, pero faltaba la versión del Estado, que ha mantenido clasificados bajo secreto oficial desde 1981, al menos 153 documentos. Papeles confidenciales que estaban en el Ministerio de Defensa, en el de Interior, en Presidencia, en el CNI y que, 45 años después, el Gobierno ha decidido publicar sin mucho contexto. Hay transcripciones de llamadas telefónicas, informes de inteligencia, documentos sin firmar y hasta dibujos. 

Estos papeles tan secretos ¿desvelan algo relevante o que realmente no se supiera? ¿Cambian el sentido de la historia? Hablamos con Raquel Ejerique, Marta Borraz e Iñigo Aduriz, miembros del equipo de elDiario.es que ha explorado esos documentos. Con Carlos López Fonseca, uno de los escritores y periodistas que más ha indagado en el 23F, calibramos la relevancia del material revelado por el Gobierno. 

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El Gobierno ha desclasificado este miércoles los documentos que hasta ahora permanecías secretos sobre el 23F, algo más de 150 documentos con informes, conversaciones telefónicas y detalles de la intentona golpista que acabó en fracaso. Hemos elaborado esta guía para navegar por las diferentes informaciones que han salido de esa documentación, que contiene detalles como el papel de los espías, la desazón de la mujer de Tejero o las alusiones al rey Juan Carlos.

Los rumores sobre Juan Carlos: “Tiene un avión para huir”

Hay muchas alusiones al rey Juan Carlos en los documentos, pero ninguna clara sobre su participación en el golpe, pese a lo mucho que se ha especulado estos años. De hecho, esas mismas especulaciones comenzaron ya inmediatamente tras el golpe, como recoge este documento sin ninguna firma que identifique su autoría o procedencia. El informe, de diez páginas, recoge esa “campaña” de mentiras y “tergiversaciones” entre los que se encuentra que el rey tenía “un avión para huir de España” o que “envió a sus hijos a Inglaterra” antes del golpe de Estado.

El rey en el plan de los golpistas: “Un objetivo a abatir y anular”

El monarca aparece también mencionado en varias ocasiones en un texto, de noviembre de 1980, plantea distintos escenarios para el derrocamiento del Gobierno de Adolfo Suárez. En un documento anexo posterior al intento de golpe de Estado se analiza la opinión de una facción del ejército que señala los riesgos de “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”, cuando ha frustrado por televisión las posibilidades de éxito del golpe de Tejero. Es un auténtico mapa de posibilidades para el golpe y de opciones para el futuro cuando ya había fracasado. Puedes leerlo aquí.

Las llamadas: “¿Has visto qué asco de Ejército tenemos?”

Una de las principales expectativas sobre los documentos desclasificados este miércoles eran las transcripciones sobre el inmenso tráfico de llamadas que se produjo aquella noche. Pero lo cierto es que no están las que se produjeron desde el interior del Congreso, o las que mantuvo el rey con las capitanías generales.

Sí se ha publicado un extenso documento con las llamadas de una protagonista inesperada de la noche del 23F: la mujer de Antonio Tejero, Carmen Díez. No soltó el teléfono aquella noche, preocupada por su marido, protagonista ya de un golpe fracasado, y al que se refiere con una ristra de descalificativos: “El tonto desgraciado, lo han dejado solo”. Hemos reunido aquí las conversaciones más importantes de Díez, que constituyen un documento fundamental para entender lo que ocurrió aquella noche, en la que en a cada minuto se distanciaban aún más las expecativas iniciales de la realidad.

Pero hay más conversaciones interesantes. Por ejemplo, la que mantuvieron el general Carlos Iniesta con el golpista Juan García Carrés, o una entre dos soldados sobre la toma de RTVE, que pudo acabar en tragedia: “El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada”.

Espías que pillaron a otros espías

Se esperaba que los documentos de hoy incluyeran informes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el anterior CNI, y aunque ninguno recoge los movimientos previos al golpe (lo más interesante), hay uno fundamental: el que revela la “participación activa” de seis de sus agentes en el 23F.

El informe dice directamente que “se ha podido comprobar que algunos miembros de esta Unidad participaron activamente en los hechos”. Fueron seis en total: cuatro de ellos nunca fueron procesados en la causa judicial que investigó los hechos, mientras que de los dos restantes, uno fue condenado y el otro absuelto. Puedes leer aquí este informe elaborado por espías sobre las actividades golpistas de otros espías.

Prisiones saturadas, militares católicos y un PCE monárquico

Los documentos de este martes, aunque no han arrojado nuevas claves sobre el golpe, sí que contienen innumerables detalles sobre aquella noche y sobre la tensión que se vivió en el país los meses posteriores. Hay anécdotas curiosas, como que se arrestó a tantos oficiales que no cabían en la prisión militar, que el PCE estaba muy preocupado por el futuro de la monarquía, o las tensiones dentro del Ejército: “El ambiente en los cuarteles se está enrareciendo”.

De hecho, un documento secreto de la época alertaba de que los soldados podía distanciarse “peligrosamente” de sus mandos y la Constitución. Hasta el punto de que se diseña un plan para recuperar el control con nuevos mandos militares, que debían ser “católicos con evidencias” pero sin “afinidades políticas”. Aquí están el resto de requisitos.

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, y su predecesora en el cargo Paz Esteban han negado este jueves ante la jueza que el centro espiara en 2020 a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, de acuerdo con la información desclasificada por el Consejo de Ministros, informa la agencia EFE.

Casteleiro, como testigo, y Esteban, en calidad de investigada, han comparecido este jueves por videoconferencia ante la jueza de instrucción número 24 de Barcelona, que investiga las querellas de Van den Eynde y del exeurodiputado Jordi Solé por el espionaje a sus móviles con el software Pegasus.

Esta es la tercera vez que Esteban, que fue destituida a raíz del escándalo por el espionaje masivo al independentismo con Pegasus, declara como imputada por los ataques a móviles con ese software malicioso. De momento, está siendo investigada en cinco causas.

No obstante, Esteban sí que ha dicho conocer la existencia de una pericial que constata el rastro de Pegasus en el teléfono de Van den Eynde, así como de un informe de Amnistía Internacional en el que se recoge que, tras una petición a través de la Ley de Transparencia, el Ministerio del Interior confirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no dispone del citado 'spyware', según las mismas fuentes jurídicas.

En el caso del abogado, no existe una pericial de Mossos d'Esquadra porque la Audiencia de Barcelona lo rechazó, pero una pericial de Citizen Lab constató que sufrió un ataque con Pegasus en su teléfono móvil en 2020, coincidiendo con una reunión por videoconferencia con los abogados del procés.

Tras la declaración de Casteleiro y Esteban, Irídia ha lamentado que desde el CNI continúen sin dar explicaciones “sobre uno de los casos de espionaje con Pegasus más grandes de Europa”, amparándose, según la entidad, en un marco legal restrictivo que no garantiza las salvaguardas mínimas exigidas por los estándares internacionale

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ha admitido ante la jueza que los exlíderes de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie fueron espiados con Pegasus entre los años 2019 y 2020, con el aval del Tribunal Supremo, aunque sin aclarar los ataques corroborados por los Mossos d'Esquadra en años anteriores que no tenían permiso del Alto Tribunal.

Casteleiro, que en mayo de 2022 relevó al frente del CNI a Paz Esteban tras su dimisión por el escándalo del espionaje masivo al independentismo, ha declarado este lunes por videoconferencia ante la titular del juzgado de instrucción número 23 de Barcelona, que investiga el espionaje a Sànchez, a su sucesora en la ANC, Elisenda Paluzie, y a la exmiembro del secretariado de la entidad Sònia Urpí.

Los Mossos d'Esquadra han corroborado la infiltración mediante el programa Pegasus, que solo se vende a Gobiernos, en el teléfono de los exlíderes de la ANC. La clave de la declaración como testigo de Casteleiro estaba en las fechas: la infiltración en el móvil de Sànchez, según el análisis forense, se hizo con y sin permiso del Supremo, en un ejemplo de falta de control a las actividades del CNI por parte del Alto Tribunal.

Sànchez y Paluzie fueron dos de los nombres que la antigua directora del CNI Paz Esteban reconoció haber espiado, con aval del Tribunal Supremo, en su comparecencia en el Congreso sobre el escándalo Pegasus en 2022. La jefa de los espías admitió solo 18 nombres de espiados por el CNI frente a los 65 que aduce el independentismo.

En el caso de Sànchez, los Mossos ratificaron que su móvil fue infectado con Pegasus en hasta 19 ocasiones entre 2015 y 2020. La mayoría de ataques fueron entre 2015 y 2017, cuando dirigía la ANC antes de entrar en prisión en el procés. El último ataque es de julio de 2020, cuando disfrutaba de uno de sus primeros permisos penitenciarios.

El espionaje coincide con Ejecutivos centrales tanto del PP como del PSOE. La interceptación total de comunicaciones de Paluzie ocurrió en cuatro ocasiones. En agosto y octubre de 2019, coincidiendo con los preparativos y la sentencia del procés, y en mayo y agosto de 2020, durante la campaña electoral interna de la entidad.

La magistrada acordó citar a declarar como testigo a Casteleiro, quien entre los años 2020 y 2022 fue secretaria de Estado de Defensa, y para ello pidió al Consejo de Ministros que la autorizara a revelar información reservada sobre los hechos, protegidos por la ley de secretos, y desclasificara la información sobre el espionaje a los líderes de la ANC, informa EFE.

El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros remitió a la jueza instructora dos autos en los que el magistrado del Tribunal Supremo encargado del control del CNI autoriza a los servicios secretos a interceptar las comunicaciones de Sànchez y Paluzie, en distintos períodos entre los años 2019 y 2020, y autorizó a Casteleiro a declarar ante la jueza sobre esa cuestión.

Los autos remitidos por el Consejo de Ministros -como sucedió en el caso de las resoluciones enviadas al juez que investiga el espionaje al expresident Pere Aragonès- contienen fragmentos suprimidos, por contener información sensible.

Durante su declaración, la testigo se ha remitido a las resoluciones del Supremo que avalaban el espionaje y ha soslayado cualquier pregunta relativa al uso o el funcionamiento de Pegasus, escudándose en que esas cuestiones quedan fuera del ámbito de información desclasificada sobre la que el Gobierno le autoriza a hablar.

Ello ha impedido aclarar una cuestión clave planteada por la acusación particular sobre el uso de Pegasus en el móvil de Jordi Sànchez entre los años 2015 y 2017, que la testigo no ha respondido escudándose en que afecta a información reservada.

Según fuentes de la ANC, la jueza preguntó al Consejo de Ministros si les constaba espionaje a los expresidentes de la entidad entre los años 2015 y 2022, que es el período en el que Mossos han detectado infecciones.

El informe de la policía catalana apunta a que la mayoría de las intrusiones en el móvil de Sànchez tuvieron lugar entre septiembre de 2015 y el 13 de octubre de 2017 -dos días antes de que entrara en prisión preventiva por el procés-, es decir en la etapa en que presidió la ANC y, por lo tanto, antes de que fuera objeto de investigación judicial por el 1-O.

Casteleiro prestó ya declaración como testigo ante la jueza de Barcelona que investiga el espionaje al diputado de ERC Josep Maria Jové y la eurodiputada Diana Riba y está citada para el próximo 18 de diciembre para dar explicaciones sobre los ataques con Pegasus al exeurodiputado republicano Jordi Solé y a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras.

Por los ataques con Pegasus, la exdirectora del CNI Paz Esteban está siendo investigada en cinco causas distintas, a raíz de las querellas presentadas por afectados por el caso de espionaje masivo al independentismo

El Tribunal Supremo rebaja la condena a Francisco Nicolás Gómez, conocido como el 'Pequeño Nicolás', por fingir ser agente del CNI y del Gobierno. La Sala Penal confirma dos años de prisión por delito continuado de falsedad documental, con la atenuante de dilaciones indebidas, por la confección de documentos que atribuía falsamente a altos organismos del Estado. Pero le absuelve de un delito de usurpación de funciones por el que había sido condenado a otros 17 meses de prisión por la Audiencia de Madrid. 

La sentencia considera probado que el 'Pequeño Nicolás' llegó a acudir al despacho del director de una sucursal del Banco Santander para intentar, sin éxito, que un empresario pudiera sacar todo su dinero en efectivo. Durante esa reunión, el 'Pequeño Nicolás' colocó intencionadamente un documento escrito en el que aparecía la bandera de España y un membrete de altas instituciones del Estado. 

Fue detenido cuando la Policía sospechó que podía estar intentando estafar a este empresario, que en origen había acudido a él por problemas en la venta de una finca. Los agentes encontraron en su domicilio documentos que confeccionó usando sellos, banderas, dibujos oficiales y membretes que él mismo estampaba digitalmente. Eso les conferían una apariencia de autenticidad, al tiempo que atribuían su origen a altos organismos del Estado como la Casa Real, el Gobierno de España, el Ministerio de la Presidencia, la UDEF de la Policía o el CNI, en ocasiones con la firma simulada del presidente del Gobierno o el director del CNI. 

Los jueces del alto tribunal le condenan por falsificar la documentación del CNI o del Gobierno que utilizaba para presentarse, pero le absuelven del delito de usurpación de funciones. El Supremo indica que, en los hechos probados, aparece claro que el acusado simula aparentar una influencia como agente de inteligencia ante el director del banco, pero ello no es una simulación de las funciones de un cargo o funcionario público, sino precisamente un comportamiento nada ético, y desde luego, totalmente reprochable desde una perspectiva de una supuesta legalidad de su función como agente estatal.

Actuar tanto contra el supuesto comprador como contra el vendedor. La Audiencia de Barcelona ha ordenado a la jueza que investiga el espionaje con Pegasus a los móviles de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba que cite a declarar como imputados a Omri Lavie, Shalev Hulio y Yuval Someckh, los tres directivos del grupo NSO, la empresa israelí que comercializa el software malicioso que solo se comercializa con Estados.

Así lo han anunciado los afectados en una rueda de prensa en el Parlament. En su resolución, la Audiencia de Barcelona da la razón al abogado de los espiados, Andreu Va den Eynde, y ordena a la juez que cite como investigados a los directivos de NSO y de su propietaria OSY Techonologies como en su día hizo con la exdirectora del CNI Paz Esteban, quien el pasado lunes compareció como imputada en la causa.

La orden de los magistrados es de difícil materialización. Hasta el momento, ningún directivo de NSO ha declarado como investigado en las múltiples causas abiertas en juzgados de Barcelona por el caso del espionaje masivo al independentismo. Las comisiones rogatorias remitidas por los jueces de Barcelona a Israel han tenido el silencio por respuesta.

En su auto, el tribunal se remite a las resoluciones que otras secciones de la Audiencia han adoptado en relación con la imputación de los directivos de NSO en el caso Pegasus y concluye que es “del todo lógico” ampliar la investigación a las personas que “puedan estar detrás” de las decisiones adoptadas por la empresa israelí.

En contra del criterio de la Fiscalía, que consideraba no delictiva la conducta de los fundadores o directivos de la empresa tecnológica, la Audiencia insta a la jueza a investigar a los responsables de NOS y de OSY Techonologies (que ya estaba imputada en esta causa como persona jurídica) y a expedir órdenes de cooperación europeas para comunicarles su imputación.

Los diputados de ERC han exigido al Gobierno que desclasifique la documentación relativa al caso y que “deje de haber obstáculos para saber quién y por qué decidió perpetrar estos espionajes y qué se descubrió”, informa EFE.

Los republicanos han explicado que el grupo de ERC en el Congreso ha registrado una batería de preguntas y peticiones al Gobierno al respecto, a la vez que han pedido la reforma de la ley de secretos oficiales y la del CNI. Para Jové, estas imputaciones son “un paso muy importante para que el caso del Catalangate se pueda internacionalizar de manera definitiva”.

“Si realmente el Gobierno español hace un embargo de armas al Estado de Israel y se enfrenta al Estado de Israel, que desclasifiquen (los documentos) y que permitan que Paz Esteban u otros directivos del CNI declaren, pero también que desclasifiquen documentos para que nuestros abogados puedan hacer las preguntas pertinentes a los directivos de esta empresa israelí”, ha subrayado.

Segunda declaración como imputada de la exjefa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por el espionaje a los independentistas y mismo silencio. La exjefa de los espías se ha escudado en que la ley que impone deber de reserva a los funcionarios del CNI, salvo para las actividades que ha desclasificado el Gobierno, para no responder a las preguntas sobre el espionaje a dos parlamentarios de ERC.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 20 de Barcelona ha comparecido Esteban, por videoconferencia desde Madrid, por el espionaje a dos diputados de ERC, la europarlamentaria Diana Riba y el diputado en el Parlament Josep Maria Jové. El Gobierno negó, tal y como Esteban ha recordado este lunes, que ambos formaran parte de la lista de espiados por el CNI, si bien el rastro científico de la infiltración en sus móviles coincide con los que exjefa del centro sí admitió haber vigilado.

La sesión ha sido casi calcada a la primera comparecencia como imputada de Esteban, en este caso ante el juzgado de instrucción 29, por el espionaje al expresident Pere Aragonès. Tras los problemas técnicos habituales en las videoconferencias que han retrasado más de una hora el trámite, la declaración de Esteban (asistida por hasta cuatro abogados del Estado, dos en Madrid y dos en Barcelona) ha durado cinco minutos. Son los que ha tardado en expresar, según fuentes jurídicas, que no podía declarar no por el derecho a no hacerlo que asiste a cualquier imputado, sino por el deber de reserva de las actividades del CNI.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. Esteban, el único cargo gubernamental que cesó del cargo por el escándalo tras la presión de los grupos independentistas, está imputado en cinco causas.

Las líneas de defensa que fijó Esteban en el caso del espionaje de Jové y Riba han sido desmentidas por los informes forenses sobre los móviles de las víctimas. El Gobierno adujo, en el inicio del caso, que no podía desclasificar documentos sobre la infiltración porque ni Jové ni Riba formaban parte de los independentistas (el expresident Aragonès entre ellos) espiados por el CNI con el aval del Supremo.

Sin embargo, el análisis forense de los móviles ha delatado al CNI: los Mossos d'Esquadra han hallado coincidencias técnicas del espionaje que aducen tanto Aragonès como Jové y Riba, los tres defendidos por el abogado Andreu Van den Eynde. Es decir, el método de infiltración coincide tanto en espiados que reconoce el CNI como en los que no.

La técnica para entrar en el móvil también coincidía en ambos casos: fue el envío de SMS con noticias aparentemente reales pero que en realidad dirigían al servidor espía. El deber de reserva sobre las actividades del CNI, ha aducido Esteban, le ha impedido contestar a las preguntas sobre el caso. Su tercera cita como imputada, pendiente de acordarse por otro juzgado barcelonés, servirá para ver si sigue la misma estrategia.

La exjefa del CNI está investigada en cincocausas en Barcelona por el espionaje al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los parlamentarios de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba; el exeurodiputado republicano Jordi Solé; el abogado Andreu Van den Eynde; y un grupo de empresarios tecnológicos.

Todas las pesquisas siguen, más o menos avanzadas, pero todavía en fase de instrucción. Este lunes, según fuentes jurídicas, ninguna de las partes presentes en el interrogatorio ha mencionado la puerta abierta a la amnistía para Esteban que el Constitucional esbozó en su sentencia sobre la ley de olvido penal al procés. El caso Pegasus está, por ahora, lejos de cerrarse.

Nueva investigación del espionaje al entorno soberanista. Una jueza de Barcelona ha acordado investigar por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Azón y María Gámez, además de responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, a raíz de una querella presentada por cinco empresarios del sector tecnológico.

En un auto, adelantado por la agencia EFE y al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza Míriam de Rosa Palacio resuelve admitir a trámite la querella, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La querella se dirige contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023 María Gámez. Supone así la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo, pues hasta ahora las causas judiciales se habían enfocado hacia el CNI y su exdirectora Paz Esteban.

Mantener dos hipótesis sobre quién espió a los empresarios supone intentar agotar todas las vías para encontrar a los responsables de las infiltraciones. No obstante, a la vez es un riesgo de que, ante diversas opciones de autoría, la causa penal quede en nada. Por este motivo, otros independentistas investigados se han concentrado en señalar únicamente al CNI.

Los espiados en este caso son Joan Arús, Jordi Baylina, Pau Escrich, Joan Matamala y Xavier Vives, expertos y empresarios del sector tecnológico que formaron el colectivo Sentinel para denunciar el espionaje tanto con Pegasus como con otro programa similar, Candiru.

“Esta causa no solo busca la reparación individual, sino que pretende exponer las herramientas con las que se degrada la democracia desde dentro. Necesitamos garantías judiciales y una rendición de cuentas posterior que sea real, dos cosas imposibles con la Ley de Secretos Oficiales de 1968”, ha denunciado Joan Arús, portavoz y presidente de Sentinel.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. La exdirectora del CNI está imputada en cuatro de ellas, pero por ahora solo ha comparecido como investigada en una. El próximo lunes 29 de septiembre lo hara en un segundo caso.

Además del abogado Andreu Van Eynde, Esteban está imputada por espiar al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los diputados de ERC en la Eurocámara y el Parlament Diana Riba y Josep Maria Jové y el exeurodiputado republicano Jordi Solé.

A diferencia del caso de Aragonès, ni Esteban en su comparecencia en el Congreso por el escándalo Pegasus en 2022 ni el Gobierno han admitido que el CNI espiara a los otros afectados, pero el rastro técnico del espionaje ha delatado al centro de intelegencia. Al apreciar sustanciales similutades entre todos los espiados, los jueces han ordenado imputar a Esteban en todos los cuatro casos.

Todas las investigaciones en curso han seguido el rastro del CNI, y los indicios obtenidos a lo largo de las distintas causas han empezado a corroborar la hipótesis inicial. Por el contrario, la causa impulsada por Sentinel supone la primera vez que se sitúan a dos instituciones como responsables del espionaje: el CNI y la Guardia Civil.

Como pruebas periciales, los denunciantes piden que el juzgado encargue analizar sus móviles a los Mossos d'Esquadra -que ya han hallado rastros de espionaje en los teléfonos de otros afectados, entre ellos el expresident Pere Aragonès- y tome declaración, como expertos, a los analistas de Citizen Lab y de Amnistía Internacional que documentaron el llamado 'Catalangate'.

Otra de las diligencias que plantean los querellantes es que el juzgado requiera a la Audiencia Nacional una copia de las causas de Tsunami Democràtic y CDR, en cuyo sumario aparecieron varios empresarios tecnológicos investigados sin informarles de que estaban formalmente imputados, en un caso conocido como 'CNI catalán'.

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban ha sumado su cuarta imputación por el caso Pegasus. La nueva investigación en la que comparecerá como investigada además, tiene como víctima por primera vez no a un político independentista, sino a un abogado: Andreu Van den Eynde, letrado, entre otros, del líder de ERC, Oriol Junqueras.

Interceptar las comunicaciones de un letrado es una vuelta de tuerca al espionaje, ya que acaba con un pilar básico de su profesión –el secreto con su cliente– y puede poner en peligro el derecho de defensa y las estrategias jurídicas en una investigación en curso. Así lo sostiene Van den Eynde, que remarca que en mayo de 2020, cuando fue espiado con Pegasus, en pleno confinamiento, estaba preparando escritos sobre el cumplimiento de la pena que le impuso el Supremo a Junqueras.

Además de Esteban, permanecen investigados en el caso tres responsables del grupo israelí NSO por comercializar el programa espía. El centro Irídia, que ejerce la acusación en nombre de Van den Eynde, ha denunciado que el Estado “sigue sin esclarecer” el caso Pegasus más de tres años después de destaparse.

En el auto por el que imputa a Esteban, la jueza remarca que no existe “ningún dato” que permita deducir que el programa Pegasus lo usara otro organismo que no fuera el CNI, toda vez que es un 'software' que solo se vende a Gobiernos.

La magistrada, como en otras causas, ha pedido al Gobierno que libere a Esteban de su obligación de guardar silencio sobre las actividades del CNI, y evitar así que la exjefa del CNI se escude en el secreto oficial para no responder a las preguntas sobre el espionaje.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. Esteban está imputada en cuatro de ellas, pero por ahora solo ha comparecido como investigada en una.

Además del abogado Andreu Van Eynde, Esteban está imputada por espiar al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los diputados de ERC en la Eurocámara y el Parlament Diana Riba y Josep Maria Jové y el exeurodiputado republicano Jordi Solé.

A diferencia del caso de Aragonès, ni Esteban en su comparecencia en el Congreso por el escándalo Pegasus en 2022 ni el Gobierno han admitido que el CNI espiara a los otros afectados, pero el rastro técnico del espionaje ha delatado al centro de intelegencia. Al apreciar sustanciales similutades entre todos los espiados, los jueces han ordenado imputar a Esteban en todos los cuatro casos.

Tal y como han constatado los informes forenses de los Mossos d'Esquadra, los metadatos del espionaje coinciden tanto en los independentistas cuya infiltración se realizó con aval judicial (como Aragonès) como en los que no consta permiso alguno del Supremo para que el CNI accediera a su teléfono con el programa Pegasus (como Solé o Van den Eynde).

El Gobierno no ha despejado las dudas de los jueces sobre si el espionaje de Van den Eynde se efectuó con cobertura legal del Tribunal Supremo o si, por el contrario, fue realizado sin aval judicial por parte el CNI.

Casi medio año después de que lo ordenara la Audiencia de Barcelona, la jueza que investiga el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al exeurodiputado de ERC Jordi Solé en junio de 2020 ha acordado citar como investiga a la exjefa de los espías españoles, Paz Esteban. Más que la propia citación (inesquivable al ser una orden de la instancia superior), lo relevante es la petición que la magistrada ha dirigido al Gobierno para intentar esclarecer el origen y motivos de la infiltración.

Según ha podido saber elDiario.es, la jueza ha enviado un suplicatorio al Ejecutivo para solicitar que retire a Esteban el deber de guardar silencio (como ocurre con todas las actividades relacionadas con el CNI) y habilitar así la declaración de la exjefa del CNI. En suma, un intento de que Esteban no se escude en el silencio impuesto en la legislación, tal y como ocurrió cuando declaró como imputada por espiar al expresident Pere Aragonès, para no dar detalle alguno.

El Gobierno no ha despejado las dudas de los jueces sobre si el espionaje de Solé se efectuó con cobertura legal del Tribunal Supremo o si, por el contrario, fue realizado sin aval judicial por parte el CNI.

Esteban no incluyó el nombre de Solé en los 18 independentistas que admitió haber espiado, siempre con aval judicial, en su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso en 2022 antes de que el Ejecutivo la cesara para intentar aplacar la crisis abierta con los independentistas a raíz del espionaje. Además, el Gobierno negó a la jueza haber utilizado ningún software contra Solé, pero los rastros informáticos del espionaje han puesto en entredicho la afirmación del Ejecutivo.

Tal y como han constatado los informes forenses de los Mossos d'Esquadra, los metadatos del espionaje coinciden tanto en los independentistas cuya infiltración se realizó con aval judicial (como Aragonès) como en los que no consta permiso alguno del Supremo para que el CNI accediera a su teléfono con el programa Pegasus (como Solé).

Es en esta coincidencia en el servidor informático y el método de espionaje donde se apoyó Audiencia de Barcelona para ordenar la declaración como investigada de Esteban. El tribunal remarcó que parece “indudable” la vinculación entre el espionaje realizado sobre el expresident Aragonès, sí admitido por el CNI, y el infringido sobre Solé, negado por el centro.

“La mayor incertidumbre” que pesa sobre la causa, razona la jueza citando la resolución de la Audiencia de Barcelona, “es la de si el espionaje fue o no objeto de autorización judicial para que le diera cobertura, en caso de poder atribuirse al CNI”.

En línea con lo ordenado por la Audiencia de Barcelona, la magistrada acuerda la declaración como imputada de Esteban, pero de forma previa a la comparecencia solicita al Gobierno que le retire el deber de reserva para que, si así lo considera oportuno, la exjefa del CNI pueda contestar “bajo qué cobertura legal o qué concreta autorización judicial” se realizó el espionaje al eurodiputado de ERC. Aunque el Gobierno le autorizara a revelar esa información, Esteban podría acogerse igualmente a su derecho a no declarar.

La citación de Esteban, que comparecerá el próximo 29 de septiembre en otro juzgado barcelonés por el espionaje a otros dos dirigentes de ERC, se produce después de que el Tribunal Constitucional, en su sentencia que avaló la ley de amnistía, ampliara el potencial de conductas amnistiadas para los contrarios al procés.

La reinterpretación de la norma puede abrir la puerta a incluir en la lista de beneficiados por la ley de olvido penal a la exjefa del CNI Paz Esteban, hasta ahora la única imputada por el escándalo de espionaje con el programa Pegasus.

La jueza que investiga el espionaje con el programa Pegasus a los diputados de ERC en el Parlament y la Eurocámara Josep Maria Jové y Diana Riba, ha citado como imputada a la exjefa del CNI Paz Esteban, según ha podido saber elDiario.es.

La magistrada ha fijado para finales de septiembre la comparecencia de Esteban, a la que defiende la Abogacía del Estado. Para que no se repita el silencio de la exjefa del CNI, que en su primera declaración como imputada se escudó en el deber de secreto de los espías para no dar detalles de la infiltración a Pere Aragonès, la jueza ha enviado un suplicatorio al Gobierno para que el Ejecutivo retire la obligación de guardar silencio a Esteban.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. Esteban está imputada en tres de ellas, pero por ahora solo ha comparecido como investigada en una.

A diferencia del caso de Aragonès, ni Esteban en su comparecencia en el Congreso por el escándalo Pegasus en 2022 ni el Gobierno han admitido que el CNI espiara a Jové y Riba. Al no formar parte Jové ni Riba de los nombres que Esteban admitió haber espiado, el Ejecutivo del PSOE se negó a desclasificar los documentos requeridos por la jueza sobre su infiltración.

Sin embargo, las coincidencias técnicas del espionaje que aducen tanto Aragonès como Jové y Riba, los tres defendidos por el abogado Andreu Van den Eynde, llevaron la Audiencia de Barcelona a acordar la imputación de Esteban.

“Son suficientes elementos para pensar fundadamente que pueda ser el CNI el único cliente en España del grupo empresarial NSO, distribuidor del programa Pegasus, y por tanto el autor probable de la infección de los diversos terminales móviles afectados”, señalaron las magistradas en su resolución.

El análisis del móvil del expresident identificaron los dominios maliciosos de Internet a través de los que se infectó el móvil de Aragonès. Pero además, los Mossos d’Esquadra hallaron el mismo dominio malicioso de Aragonès en el caso de Jové. La técnica para entrar en el móvil también coincidía en ambos casos: fue el envío de SMS con noticias aparentemente reales pero que en realidad dirigían al servidor espía.

La citación de Esteban se produce después de que el Tribunal Constitucional, en su sentencia que avaló la ley de amnistía, ampliara el potencial de conductas amnistiadas para los contrarios al procés. La reinterpretación de la norma puede abrir la puerta a incluir en la lista de beneficiados por la ley de olvido penal a la exjefa del CNI Paz Esteban, hasta ahora la única imputada por el escándalo de espionaje con el programa Pegasus.

El aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía ha traído un matiz inesperado, pero de relevancia para las causas abiertas por el espionaje que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) practicó a decenas de independentistas. El tribunal de garantías ha ampliado el potencial de conductas amnistiadas para los contrarios al procés. La reinterpretación de la norma puede abrir la puerta a incluir en la lista de beneficiados por la ley de olvido penal a la exjefa del CNI Paz Esteban, hasta ahora la única imputada por el escándalo de espionaje con el programa Pegasus.

La tacha que ha puesto el Constitucional versa sobre un agravio comparativo que los magistrados han visto en la ley de amnistía. Frente al amplio abanico de conductas amnistiadas del lado independentista, la norma aprobada por el Congreso limitaba la amnistía de los contrarios al procés a las “actuaciones policiales” para impedir los actos soberanistas. En la práctica, ello ha dejado como únicos amnistiados contrarios al procés a los policías y guardias civiles que cargaron en los colegios el 1 de octubre de 2017.

Esta “asimetría”, en expresión de la ponencia aprobada este jueves en el pleno del tribunal, no está suficientemente justificada en el texto ni el preámbulo de la ley y resulta “manifiestamente desigualitaria”. El motivo, aduce la sentencia que se hará pública la semana que viene, es el hecho de que la norma, tal y como se aprobó, dejaba fuera a un grupo de personas contrarias al procés que sí debían incluirse para cumplir con los objetivos de “reconciliación política” de la ley.

A juicio del Constitucional, esta exclusión de los contrarios al procés “carece de una justificación objetiva y razonable, contradice la finalidad de reconciliación que persigue la ley y vulnera la cláusula de igualdad ante la ley”.

Entre los grupos que se mencionan en la ponencia no se explicita a Paz Esteban, la exjefa del CNI imputada en tres causas en Barcelona por el espionaje al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los parlamentarios de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba; y el exeurodiputado republicano Jordi Solé.

Sí hace referencia el texto a “otros empleados públicos” más allá de los policías, así como también particulares. El documento de la ponencia pone como ejemplo a un director de un colegio que se hubiera negado a abrir el centro para una de las votaciones soberanistas, supuesto que no consta que haya supuesto la apertura de una causa penal a ningún docente.

“No se aprecia [en la ley de amnistía] una razón explicativa de la exclusión de un amplio elenco de conductas que están claramente enmarcadas en el conflicto político que trata de reconducir al ámbito del diálogo, como las realizadas por particulares o empleados públicos con la finalidad de imponerse a la independencia de Cataluña o a la celebración de consultas populares inconstitucionales”, concluye el texto de la ponencia.

Al igual que ocurre con Puigdemont o Junqueras, la sentencia de este jueves del Constitucional no tiene efectos inmediatos directos sobre Esteban ni ninguno de los otros potenciales beneficiarios de la amnistía contrarios al procés. Para que ello ocurra, en el caso de la exjefa del CNI, deberán proponerlo los jueces que instruyen sus causas o alguna de las partes.

Si bien no anula directamente el artículo, el tribunal sí precisa que el artículo 1 de la ley de amnistía, el que indica las conductas amparadas por la norma, se declara inconstitucional “con el alcance y efectos” indicados sobre el aumento de potenciales beneficiarios.

Esta ha sido una de las tres pegas que el Constitucional ha puesto a la norma. Las otras dos afectan asuntos menores. El tribunal avala el trámite para dar audiencia a todas las partes implicadas en las causas contables del Tribunal de Cuentas sobre el procés y anula el artículo de la ley que amnistiaba los delitos relacionados con el procés consumados después de noviembre de 2023, lo que según el Constitucional permitiría “seguir desarrollando sin sufrir sanción alguna un comportamiento criminal ya iniciado”.

El resto, una ponencia de casi 200 folios redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, avala el encaje de la norma en la Constitución. Al contrario de lo sostenido por el PP, la norma no genera desigualdad, no es arbitraria, no invade ni sustituye el trabajo de los jueces y no es un indulto general prohibido en España, concluye el tribunal. Solo hace falta, concluye al Constitucional, que incluya realmente a todos los afectados por la judicialización del procés.

La pregunta de 2024 sobre amnistiar a Esteban

Hace un año la amnistía ya sobrevoló una de las causas en las que está imputada Esteban, el único cargo gubernamental forzado a dimitir por el Gobierno para contener a sus socios independentistas tras el estallido del escándalo Pegasus en 2022.

La Audiencia de Barcelona preguntó al juez que investiga el espionaje a Aragonès si había amnistiado a Esteban. El instructor respondió que ni él, ni la Fiscalía ni la propia exjefa del CNI, defendida por la Abogacía del Estado, habían planteado la aplicación de la ley de olvido penal del procés. La defensa de Esteban y la Fiscalía siempre han mantenido que su actuación fue legal porque contó con el aval del Supremo.

Hasta esta nueva interpretación del Constitucional, la ley de amnistía no contenía ningún artículo pensado para amnistiar el espionaje que el CNI practicó los independentistas mediante el programa Pegasus y que el propio centro ha admitido en sede parlamentaria que se produjo al menos entre 2018 y 2019, pero siempre con el aval del Tribunal Supremo.

En el caso de Aragonès, el CNI pidió al Alto Tribunal permiso para espiar al entonces vicepresident al situarlo como líder de los CDR. El pretexto para intervenir totalmente las comunicaciones de Aragonès resulta tan alejado de la realidad (ERC lo apartó a sabiendas de cualquier organización del referéndum para ahorrarle el riesgo de ser imputado) que, a juicio de la acusación del expresident, confirma que se trató de un “espionaje político” motivado únicamente por sus ideas independentistas.

A la espera de la incidencia de esta nueva interpretación de la amnistía del Constitucional, todas las causas en las que está imputada Esteban por el espionaje permanecen abiertas, si bien todas acumulan retrasos en la instrucción.

Esteban solo ha comparecido ante el juez en el caso del espionaje a Aragonès, y se escudó en el deber de reserva de las actividades del CNI para no responder a las preguntas de las partes. En las otras dos causas está pendiente de volver a ser citada y que el Gobierno le retire el deber de reserva tras acordar su comparecencia hace meses la Audiencia de Barcelona.

La ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha negado este lunes en el Congreso conocer la existencia de la operación Cataluña. A la primera pregunta de Ione Belarra, portavoz de Podemos, la número dos de Mariano Rajoy, responsable entonces del CNI, ha dicho: “Yo no tengo ningún conocimiento de la existencia de ninguna policía patriótica y de ninguna Operación Cataluña”.

Unos instantes después, Sáenz de Santamaría ha llegado a negar al existencia de la brigada política. “A todas luces, esa policía nunca ha existido. Por tanto no puedo dar instrucciones de algo que nunca ha tenido lugar”, ha dicho la antigua vicepresidenta.

Al ser replicada por Belarra con que ya hay una sentencia judicial firme –pendrive de los Pujol–, Sáenz de Santamaría se ha enrocado: “Respeto las decisiones judiciales y acato las que me corresponden. Dudo de que esté redactado así”.

El negacionismo de Soraya Sáenz de Santamaría ha alcanzado a no reconocer la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que utilizó las noticias sobre el dosier PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) para pedir explicaciones a Podemos. “Me tocó ejercer el poder, pero nunca lo disfruté. Lo ejercí de acuerdo a la Constitución y a las leyes”, ha dicho.

La ex vicepresidenta del Gobierno ha aprovechado sus primeras respuestas para ensalzar a Mariano Rajoy, del que ha dicho que es “un firme defensor de las libertades”. “Un hombre recto y cabal”, ha añadido.

Sáenz de Santamaría ha seguido el mismo guión que todos los miembros de su Gobierno que le han precedido en la comisión del Congreso y ha negado cualquier maniobra policial contra el independentismo catalán. Como el resto, Sáenz de Santamaría ha denunciado el proceso soberanista y, en su caso, ha destacado la labor que realizó el Ejecutivo frente a la crisis económica del momento. “En el 2012 las únicas cuentas que me interesaban eran las cuentas públicas porque estábamos en una situación de emergencia absoluta”, ha dicho sobre el rastreo de posibles fondos en el extranjero de políticos soberanistas.

Varios de los portavoces le han preguntado por el último informe de Citizen Labs, la ONG que decubrió el espionaje a los teléfonos móviles de políticos y otras personalidades del nacionalismo catalán por parte del CNI. En este informe, la ONG señala que Artur Mas fue espiado en 2015, año en el que Sáenz de Santamaría era la máxima responsable política del servicio de Inteligencia español.

Sáenz de Santamaría ha negado tener conocimiento de dicho espionaje y ha asegurado que nunca recibió informes del CNI sobre políticos catalanes. Para apoyar su afirmación citó al director del Centro en aquel momento, el general Sanz Roldán, quien negó haber recibido instrucciones de ningún Gobierno en ese sentido.

Precisamente, Sáenz de Santamaría ha destacado que el general ya dirigía el servicio secreto con el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que siguió haciéndolo cuando Pedro Sánchez llegó al poder.

La ex vicepresidenta se ha enzarzado con los portavoces de los partidos catalanes sobre prácticas antidemocráticas que sufrieron sus formaciones. “No he visto espectáculo menos edificante y menos respetuoso con la democracia que los plentos [del Parlament de Cataluña] que votaron la desconexión”, se ha defendido la compareciente.

El portavoz de Sumar, Gerardo Pisarello, ha concluido su intervención calificando la intervención de Sáenz de Santamaría: “Si aquí hubiera un detector de mentiras estaría pitando desde hace mucho tiempo”.

De un “agente externo” a “un evento del sistema eléctrico que no hemos detectado” o un suceso “fortuito”. Son algunas de las hipótesis que maneja el Gobierno sobre las causas del histórico apagón del lunes, incluyendo un ciberataque “aguas abajo”, que podría ir más allá de Red Eléctrica (REE). El operador del sistema descartó el pasado martes una intrusión en su infraestructura informática poco antes de que Pedro Sánchez no cerrara la puerta a esa posibilidad.

El Ejecutivo insiste en que no hay información concluyente sobre qué ocurrió en esos cinco segundos en los que todo el sistema eléctrico de la Península Ibérica se vino abajo. Se encomienda a la auditoría que va a elaborar el Comité para el análisis de la crisis de electricidad que ha creado el Ministerio para la Transición Ecológica. 

Este miércoles se celebró la primera reunión de ese órgano cuya creación anunció la víspera el presidente del Gobierno, presidido por el departamento de Sara Aagesen e integrado por Presidencia, varios ministerios y organismos dependientes e independientes, entre ellos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con cuya presidenta, Cani Fernández, prevé reunirse este jueves Aagesen a primera hora.

Con la puesta en marcha de ese comité, el Gobierno toma las riendas de la investigación sobre qué sucedió el lunes entre tensiones con el conjunto de operadores, incluyendo REE, cuyo mayor accionista (20%) es el Estado, pese a la insistencia de Sánchez en referirse a esta empresa el martes como uno más de los “operadores privados” del sector. Según el Ejecutivo, el INCIBE y el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), “están examinando los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis”.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra, Sara Aagesen, confirmó la petición expresa de colaboración que el Gobierno había trasladado a todos los agentes del sector. “La solicitud de información a los operadores les llegó ayer y les hemos pedido la máxima diligencia, si puede ser que nos lleguen los datos esta misma tarde”, explicó.

La vicepresidenta reclamó durante su comparecencia tener cuanto antes “toda la información”. “Ahora lo que necesitamos son los datos”, dijo, tras admitir que siguen sin conocerse los motivos de la crisis. “Entendemos que va a ser un incidente aislado, pero no sabemos exactamente cuál es el origen”. Aagesen puso en valor el trabajo de todas las partes para el proceso de reposición del servicio e insistió en su mensaje a las compañías. “Tenemos muchísimo interés sobre la causa del suceso porque, cuando podamos conocer la causa, pondremos encima de la mesa las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir”.

El comité de investigación ya ha comenzado a analizar la ingente información transmitida por REE y deberá escudriñar en los datos suministrados por los 35 centros de control de las distribuidoras (las grandes eléctricas) en la región afectada por los dos sucesos consecutivos que propiciaron el apagón, y que son los que tienen la información procedente de las instalaciones de generación de menor tamaño. 

Lo que el Gobierno ya sabe “con bastante exactitud”, indican fuentes de Transición Ecológica, es que el problema empezó el lunes a las 12 horas, 33 minutos, 16 segundos y 442 milisegundos en una zona no concretada del suroeste de España, probablemente en Extremadura. En ese momento se produce una primera oscilación en el sistema eléctrico “compatible con una aparente pérdida de generación”. La ubicación exacta de esa planta, tecnología y tamaño es todavía indeterminada. 

Esa oscilación se solucionó; pero 1,3 segundos después se reprodujo el fenómeno con otra pérdida de generación en esa misma zona (de nuevo, se desconoce de qué tecnología y en qué nudo concreto, según Transición Ecológica), que “ya no se pudo estabilizar”: no hubo posibilidad de que la generación flexible (la hidráulica y las centrales de gas) pudiese reaccionar a tiempo para lograr el delicado equilibrio instantáneo entre la oferta y la demanda con el que funciona el sistema. Esto propició una reacción en cadena que acabó con España desconectada del sistema europeo al saltar las protecciones de la interconexión con Francia y con la desaparición de 15 GW. 

Qué produjo esas dos pérdidas de generación, asegura el Gobierno, es algo que se desconoce y “es aventurado sacar conclusiones culpando a una tecnología, planta o circunstancia concreta”, según Transición Ecológica. El departamento de Aagesen, que sostiene que este fallo “era muy improbable” y que “varias cosas” no funcionaron como debían, se cuida de señalar a REE o las eléctricas. También subraya que “todos los agentes han mostrado su disposición a colaborar” en este proceso, tras exigir el martes Pedro Sánchez que faciliten toda la información “para llegar hasta el final”.

Malestar con Corredor

No obstante, el malestar del Ejecutivo con el operador del sistema y su presidenta, Beatriz Corredor, es un hecho. En el Gobierno se había convertido en las últimas horas en comidilla interna el papel de la exministra socialista. Muy críticos con su gestión de la crisis y con la estrategia comunicativa de la compañía, no se entendía en la Moncloa que llevase tres días sin salir públicamente a ofrecer en primera persona ninguna explicación de la emergencia eléctrica más grave enfrentada por España en al menos 50 años.

Este miércoles, al fin, Corredor decidió salir del ostracismo, con sendas entrevistas en la Cadena Ser y luego en Televisión Española en las que descartó dimitir y negó responsabilidad alguna en el apagón de la empresa que preside.

Exactamente, lo mismo que trasladan el resto de dirigentes de las compañías eléctricas y que en el Ejecutivo interpretan como una forma de cubrirse las espaldas para no asumir responsabilidades futuras. La matriz de REE, Redeia, indicó este miércoles al presentar resultados trimestrales al cierre del mercado (se desplomó en Bolsa un 3,65%) que “sigue inmersa en el proceso de identificación de las posibles causas que produjeron el grave incidente”.

Las explicaciones de Corredor, que aseguró que el sistema eléctrico español es “el mejor del mundo”, no entusiasmaron en la Moncloa. Hasta en tres ocasiones la prensa preguntó de manera explícita por si el Gobierno respaldaba a la presidenta de REE. La ministra portavoz esquivó la pregunta. La acabó contestando Aagesen, que prefirió poner el foco en el “extraordinario trabajo” de restablecimiento del servicio llevado a cabo “por la presidenta y por los técnicos”. Este jueves está prevista una nueva reunión del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, con responsables del operador del sistema en su sede en Madrid.

“Milisegundo a milisegundo”

Transición Ecológica sostiene que para “determinar qué fue causa y qué fue efecto” en esas dos desconexiones hay que recabar miles de datos, ordenarlos cronológicamente y reconstruir la secuencia exacta, “milisegundo a milisegundo”.  En los últimos días, se ha escrito mucho sobre la falta de inercia [el colchón ante posibles perturbaciones de la red que implica una elevada producción fotovoltaica como la del pasado lunes] que existía en el sistema eléctrico antes del apagón, cuando los paneles solares estaban cubriendo cerca del 70% del consumo. Pero como ya hizo Pedro Sánchez el pasado martes, y luego Corredor el miércoles, Transición Ecológica niega que la explicación sea un exceso de renovables. 

Fuentes del Ministerio aseguran que “no se puede confirmar que ha sido la solar” el origen. Recalcan que el sistema eléctrico español ha sido capaz de integrar las energías limpias en los últimos años sin ningún tipo de sobresalto. Exponen que en los últimos doce meses ha habido una combinación “parecida” de solar y eólica en el mix en “uno de cada siete días”, el 14% del tiempo, sin los catastróficos resultados del lunes. “Insinuar que el sistema ha caído porque había mucha renovable no tiene sentido”, afirma el Ministerio.

Transición Ecológica recalca que esta situación habría sido “menos probable” con más interconexión con Francia. Respecto a si más almacenamiento lo habría evitado, “hasta no tener el 'post mortem' no se puede establecer un contrafactual. Es imposible hasta que no simulemos qué ocurrió”.

La Fiscalía ha apoyado por primera vez pedir al Gobierno que retire el deber de secreto de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban ante su nueva declaración como investigada por el espionaje mediante el programa Pegasus al exeurodiputado de ERC Jordi Solé.

Según ha podido saber elDiario.es, el fiscal ha solicitado a la jueza del caso que, antes de la comparecencia como imputada de Esteban, se mande al Gobierno una solicitud para desclasificar información y datos del CNI con el objetivo de “habilitar” la declaración de la exjefa del CNI ordenada por la Audiencia de Barcelona.

El fiscal apoya retirar el secreto a la obligación legal que, como exresponsable de los espías españoles, tiene Esteban de guardar silencio sobre las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de actividades, fuentes, organización, estructura, medios, personal o centros de datos del CNI.

“Cualquier explicación que se pretenda en tanto que derivada de su condición de exdirectora del CNI debe ser autorizada expresamente mediante el oportuno acuerdo expreso de desclasificación”, razona el fiscal de delitos informáticos de Barcelona, Roberto Valverde, en un escrito en el que apoya la petición de desclasificación realizada por el abogado de Solé, Andreu Van den Eynde.

En su primera comparecencia como imputada, Esteban se acogió precisamente a ese secreto que ahora se pide desclasificar para no dar detalles del espionaje al expresident Pere Aragonès. Cabe recordar además que el Gobierno se ha negado en todas las ocasiones que se lo han pedido los jueces a desclasificar información sobre los centros de datos donde el CNI habría almacenado el resultado del espionaje a los independentistas.

Las investigaciones judiciales repartidas por media docena de juzgados de Barcelona (se rechazó asumir todas las denuncias en una sola macrocausa) han empezado a derribar el muro que el CNI y el Gobierno levantaron ante las peticiones de esclarecimiento del espionaje a los independentistas.

Pese a que la empresa israelí NSO Group solo vende Pegasus a los estados, el Gobierno ha rechazado contestar a las peticiones judiciales sobre el coste del programa espía. Tan solo ha facilitado los tres autos judiciales (con tachones en varios párrafos) por los que el Tribunal Supremo autorizó el espionaje al expresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Hace menos de un año, el Gobierno negó a la jueza haber utilizado ningún software contra Solé. Esteban tampoco incluyó el nombre de Solé en los 18 independentistas que admitió haber espiado, siempre con aval judicial, en su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso antes de que el Ejecutivo la cesara para intentar aplacar la crisis abierta con los independentistas a raíz del espionaje.

Sin embargo, las distintas investigaciones judiciales han empezado a delatar una coincidencia en los métodos del espionaje a los independentistas. El servidor y el método de infección del móvil de Solé (un SMS malicioso que sirvió para Pegasus entrara en el dispositivo) coincidían con el empleado en la infiltración a Aragonès, que sí está admitió por el CNI.

Como la Audiencia de Barcelona centró la declaración como imputada de Esteban en la “misma infraestructura informática” compartida en los espionajes de Solé y Aragonès, la Fiscalía ha pedido que se retire el deber de guardar secreto sobre los medios empleados por el CNI para “habilitar” la declarción como imputada de su exjefa.

En caso de que la jueza acuerde la petición de desclasificación, la pelota volverá a la mesa del Consejo de Ministros después de que las distintas pesquisas judiciales hayan aumentado la presión sobre el Gobierno por unos espionajes producidos ya bajo Ejecutivos encabezados por el PSOE y que han evidenciado las carencias en el control de la actividad del CNI.

Las investigaciones han constatado que el rastro informático del espionaje coincide tanto en los independentistas cuya infiltración se realizó con aval judicial (el principal argumento del Goberno para defender la legalidad del espionaje) como en los que no consta permiso alguno del Supremo para que el CNI accediera a su teléfono con el programa Pegasus, como el caso de Solé.

Es en esta coincidencia en el servidor informático y el método de espionaje donde se apoya la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona para ordenar la nueva declaración como investigada de Esteban. El tribunal señaló que parece “indudable” la vinculación entre el espionaje realizado sobre el expresident Aragonès, sí admitido por el CNI, y el infringido sobre Solé, negado por el centro.

Además de comparecer como investigada por el espionaje de Solé, Esteban también deberá declarar bajo la misma condición por la infiltración en otros dos dirigentes de ERC, la actual eurodiputada Diana Riba y el diputado del Parlament Josep Maria Jové.

Una antigua empleada de 360 Global Media, la productora creada con capital iraní que pagaba a Pablo Iglesias por el programa La Tuerka, ha declarado en la Audiencia Nacional que recibió visitas durante aproximadamente un año de un individuo que se identificó como agente del Centro Nacional de Inteligencia, y al que mostró documentación interna de la empresa en los encuentros que mantuvieron.

La declaración de esta antigua gestora de la empresa se ha producido en el marco de la causa que investiga las maniobras policiales contra Podemos durante el último Gobierno del PP. La testigo ha fijado esas visitas entre 2015 y 2016 y ha dicho que las visitas que recibió de este supuesto agente del CNI tuvieron lugar en su domicilio, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración. A la testigo se le ha mostrado un documento publicado por Abc y ha reconocido su letra.

La petición de la declaración de la testigo fue realizada por la acusación particular, que ejerce Podemos, en relación con las conversaciones incautadas al que era número dos de Interior, Francisco Martínez, en la que aborda con dos mandos policiales los supuestos pagos de la productora al entonces líder de Podemos. Martínez y los policías están figuran como investigados. La testigo ha asegurado ante el juez que no entregó documentación aunque sí le mostró al supuesto agente del CNI la documentación de la productora que le solicitaba.

Los datos sobre la supuesta financiación de Podemos por parte del régimen iraní acabaron en el denominado informe PISA, un dosier sin firma ni sello de unidad policial alguna cuyo contenido fue despreciado por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas. El dosier fue publicado por varios medios coincidiendo con el inicio de las conversaciones entre Podemos y PSOE tras las elecciones de 2015 con vistas a la formación de Gobierno.

Este martes también ha declarado el policía que firma el requerimiento de información realizado a un hotel de Madrid donde se alojaron varios jerarcas venezolanos que intentaron obtener la residencia a cambio de supuesta información comprometedora para la formación morada. El escrito tiene fecha de 3 de mayo de 2016 y fue reproducido por publico.es.

El policía ha dicho a Pedraz que fue al hotel por orden del director adjunto operativo de la Policía en ese momento, Eugenio Pino, también imputado en la causa y artífice de la brigada política que actuó durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Pino no era el superior director del agente aunque la Unidad de Asuntos Internos depende de la Dirección Adjunta Operativa.

El policía requirió la información que constase sobre varias personas, entre ellas Claudia Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez. Ella había sido responsable del Tesoro venezolano y enfermera personal de Hugo Chávez. Velásquez integró la guardia personal del presidente venezolano y actuó como su edecán. Ambos vivían en República Dominicana como sospechosos de blanqueo de capitales cuando su nombre apareció en los Papeles de Panamá. Tomaron un vuelo con destino a España y aquí intentaron quedarse.

Sin embargo, Claudia Patricia Guillén fue detenida en diciembre de 2020 en España, ya con otra cúpula policial fruto del cambio de Gobierno, y entregada a Estados Unidos en 2022. El órgano que dirigió Claudia Patricia en Venezuela, el Fonden, era el encargado de depositar los ingresos que llegaban de las exportaciones del petróleo. Según la investigación judicial, desde el Fonden se manipulaban transacciones de cambio con moneda extranjera para personalidades afines al gobierno a cambio de sobornos. Nunca entregaron documentación sobre Podemos que fuera judicializada.

Primero fue por el espionaje al expresident Pere Aragonès. Después por el de los parlamentarios de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba. Y este viernes ha llegado la tercera imputación de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por la infiltración con el programa Pegasus en el teléfono de un exdirigente republicano, el exeurodiputado Jordi Solé.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona atiende el recurso de Andreu Van den Eynde, abogado de Solé, y obliga a la jueza instructora, que se había negado a imputar a Esteban, a tomar declaración como investigada a la exjefa de los espías sin “demora”.

Su comparecencia como investigada, ahondan los jueces, debe servir para que Esteban pueda “aportar datos, si así lo estima pertinente” para clarificar la duda que mantiene tribunal sobre si el espionaje al exeurodiputado se puede achacar a los servicios secretos y si tenía cobertura judicial.

La tercera imputación de Esteban constata que las investigaciones judiciales repartidas por media docena de juzgados de Barcelona (se rechazó asumir todas las denuncias en una sola macrocausa) han empezado a derribar el muro que el CNI y el Gobierno levantaron ante las peticiones de esclarecimiento del espionaje a los independentistas.

Pese a que la empresa israelí NSO Group solo vende Pegasus a los estados, el Gobierno ha rechazado contestar a las peticiones judiciales sobre el coste del programa espía. Tan solo ha facilitado los tres autos judiciales (con tachones en varios párrafos) por los que el Tribunal Supremo autorizó el espionaje al expresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Hace solo medio año, el Gobierno negó a la jueza haber utilizado ningún software contra Solé, aunque la Audiencia asegura no tener constancia por escrito de este extremo. En cualquier caso, Esteban no incluyó el nombre de Solé en los 18 independentistas que admitió haber espiado, siempre con aval judicial, en su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso antes de que el Ejecutivo la cesara para intentar aplacar la crisis abierta con los independentistas a raíz del espionaje.

Todo ello pese a que el servidor y el método de infección del móvil del exdirigente republicano (un SMS malicioso que sirvió para Pegasus entrara en el dispositivo) coincidían con el empleado en la infiltración a Aragonès, cuyo espionaje sí admitió el CNI.

En suma, el rastro informático del espionaje coincide tanto en los independentistas cuya infiltración se realizó con aval judicial (el principal argumento del Goberno para defender la legalidad del espionaje) como en los que no consta permiso alguno del Supremo para que el CNI accediera a su teléfono con el programa Pegasus.

Es en esta coincidencia en el servidor informático y el método de espionaje donde se apoya la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona para ordenar la declaración como investigada de Esteban. El tribunal señala que parece “indudable” la vinculación entre el espionaje realizado sobre el expresident Aragonès, sí admitido por el CNI, y el infringido sobre Solé, negado por el centro.

Los “datos fiables” que conducen al tribunal a acordar la imputación de Esteban son la remisión de un SMS malicioso tanto en los casos de Aragonès como de Solé así como la “misma infraestructura informática” que los peritos privados y de los Mossos d'Esquadra han identificado como la usada para almacenar los datos obtenidos por el programa Pegasus.

Los jueces admiten que pesa la “incertidumbre” de si el espionaje de Solé fue realizado con aval del Supremo o no, pero consideran precisamente que Esteban puede arrojar luz sobre este extremo en su declaración como investigada.

Las coincidencias técnicas del espionaje también llevaron a otra sección de la Audiencia de Barcelona a imputar, hace unos días, a Esteban por segunda vez, en esta ocasión por el espionaje sufrido por el diputado en el Parlament Josep Maria Jové y la eurodiputada republicana Diana Riba. Esta comparecencia todavía debe señalarse. En su primera declaración como investigada, Esteban se escudó en el secreto que envuelve al CNI para no contestar a muchas de las preguntas formuladas.

Mohamed Houli Chemlal, el único superviviente de la célula terrorista yihadista que dejó 16 muertos y más de 300 heridos en los atentados de la Rambla de Barcelona y del paseo marítimo de Cambrils en el mes de agosto de 2017, ha azuzado este jueves en la comisión de investigación sobre estos atentados en el Congreso la teoría de la conspiración que insiste en que el imán Abdelbaki Es Satty tenía algún tipo de permiso de los servicios secretos españoles para actuar.

Houli Chemlal, que se ha convertido en el primer terrorista en comparecer ante una comisión de investigación del Congreso de los Diputados, ha arrancado su breve comparecencia situándose como una víctima más y descargando la responsabilidad en el imán de Ripoll y en los servicios secretos: “El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza”. “Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder”, ha argumentado Houli durante su declaración inicial en la comisión, acordada por el Gobierno de coalición como parte del acuerdo de investidura con Junts.

Ya en el mes de enero, informes desclasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reflejaban cómo se descartó a Abdelbaki Es Satty como confidente en 2014, tres años antes de que el imán de Ripoll planeara los atentados de Barcelona y Cambrils, tras entrevistarse con él en tres ocasiones en prisión. Los motivos fueron la falta total de “fiabilidad” o “confianza” que Es Satty generó en sus interlocutores.

La desclasificación de estos informes sobre los atentados era una de las exigencias de Junts en la negociación con los socialistas para los presupuestos de 2025, que todavía no se han presentado. Los trabajos de la comisión de investigación de los ataques de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 empezaron este otoño y la retirada del secreto fue uno de los gestos del Gobierno hacia Junts.

En la primera intervención de los grupos parlamentarios, el portavoz del Partido Popular Santi Rodríguez ha recordado que su grupo estuvo en contra de la creación de la comisión y ha afirmado que se han enterado hoy a través de la prensa de esta comparecencia. “Esta situación lo que provoca es una vergüenza y una falta de dignidad de esta cámara --ha subrayado--. Todo este espectáculo se produce simplemente para dar satisfacción a aquellos que con sus votos permiten que Pedro Sánchez se mantenga en el Palacio de la Moncloa de una forma creemos que muy indigna y a costa de la dignidad del conjunto de los españoles”, ha afirmado Rodríguez antes de anunciar que su grupo iba a abandonar la sala.

Después de una aclaración del presidente de la comisión, el diputado de Sumar Txema Guijarro ha querido que conste en acta que la declaración del terrorista condenado ha sido presencial y no telemática por decisión del juez. A continuación ha intervenido el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, quien no ha escondido su “sorpresa” al escuchar que Houli se “sumaba” a la teoría de la conspiración. Iñarritu ha pedido al compareciente que aportase pruebas de las afirmaciones que acababa de realizar, ante lo que el recluso ha dicho que hacía estas afirmaciones “para que se busque a quien permitió que el imán campara a sus anchas”. “Yo estoy en la cárcel, pero quienes tenían que vigilar al imán no lo están”, ha insistido.

El portavoz de EH Bildu ha insistido en solicitar pruebas de estas acusaciones a Houli Chemlal, quien aparece en una serie de vídeos grabados por los terroristas de la Rambla mientras fabricaban explosivos y en los que se le puede escuchar diciendo: “Alá nos ha prometido el paraíso y a vosotros el infierno”. “Una vez Mohamed Hichamy nos contó que a veces, cuando se reunían con el imán, este les decía que se tenían que ir porque iban a venir agentes del CNI”, ha respondido Houli, quien nunca había hecho declaraciones en este sentido ni ante las fuerzas y cuerpos de seguridad ni durante el juicio por el que se le condenó finalmente a 43 años de prisión.

Cuando el portavoz le ha recriminado que hiciera estas afirmaciones tanto tiempo después y sin aportar ninguna prueba, Houli ha respondido que él no es quien tiene que buscarlas. Tampoco ha querido aportar ningún tipo de detalle acerca ni de la preparación de los atentados, ni de su participación en la preparación de los explosivos, ni sobre su radicalización.

La intervención de los partidos catalanes

Tras Bildu ha llegado el turno de la portavoz de Junts, Pilar Calvo, quien ha tratado de ahondar en las circunstancias de los presuntos encuentros entre el imán Es Satty y agentes del CNI. Houli ha repetido sus declaraciones iniciales, sin aportar más datos, y tras ello ha defendido que sufrió “presiones” a través de terceras personas en la cárcel de Alcalá-Meco y que se sintió “obligado” a decir que la intención del grupo yihadista era atentar contra la Sagrada Familia.

El terrorista, que aunque ha insistido en su arrepentimiento y en su intención de colaborar no ha respondido a preguntas acerca de la preparación de los atentados, ha reafirmado que solo había tres personas en la vivienda de Alcanar que utilizaban para preparar los explosivos y que explosionó. Después ha hecho algunas conjeturas acerca de la posibilidad de que el imán de Ripoll hubiera podido escapar de la deflagración a través de la ventana: “Dicen que no se sabe si está muerto o no. Yo tampoco lo sé”.

Ya durante la intervención del portavoz de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal, Houli ha reconocido que sus afirmaciones acerca del CNI eran meras “conjeturas”. “Si fuera una información tendría pruebas, yo no las tengo”, ha admitido. Preguntado por el diputado republicano sobre qué le diría a las víctimas, el compareciente ha tratado de nuevo de situarse como una víctima del imán Es Satty: “Yo era un chico joven, que me comieron la cabeza y ya está. Que yo realmente ahora no sería capaz de hacer nada de eso. Yo jamás he hecho nada a nadie ni jamás me he metido en problemas ni nada”.

El portavoz de Sumar Eloi Badia ha acusado al condenado de venir al Congreso a situarse como una víctima y no asumir su culpabilidad. “No ha venido a ayudar a descubrir la verdad ni mucho menos ha venido a ayudar a las víctimas”, insistía, antes de recordar que su acusación contra el CNI “la podía haber hecho antes”. Tras ello, ha dejado claro que su grupo no iba a contribuir a su “intento de situarse hoy como víctima” y no ha hecho preguntas.

En el caso de Vox su portavoz sí que ha lanzado algunas preguntas al compareciente, aunque este, tras afirmar que ya había dicho lo que tenía que decir, no ha contestado a ninguna de ellas, la mayoría acerca de detalles sobre la preparación de los atentados o de la conformación y radicalización del grupo de jóvenes de Ripoll.

El portavoz socialista, David Serrada, ha seguido una estrategia similar a la de Sumar y no ha querido dar validez a su testimonio. “Usted ha venido aquí a jugarse un triple, pero le está saliendo bastante mal”, ha acusado el diputado del PSOE, que ha cuestionado su credibilidad: “De aquellas cuestiones en las que estaba presente no se acuerda de nada. De lo que sí se acuerda es de lo que escuchó decir a otras personas”. 

El PP responsabiliza a Armengol y a Sánchez

Una vez finalizada la comparecencia ante la comisión de investigación, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha ofrecido una comparecencia en la que ha destacado que la declaración de un terrorista yihadista condenado en el Congreso “no tiene precedentes”. “Lo que estamos viendo hoy aquí supera todo lo que hemos visto y vivido y esto no es un circo, es algo infinitamente peor”, ha dicho Álvarez de Toledo, que ha calificado el acto de “espectáculo degradante”.

“Este terrorista ha venido aquí para dar pábulo a la desquiciada teoría de que el Estado deliberadamente no impidió e incluso permitió una masacre terrorista para perjudicar a la causa separatista”, afirmaba la diputada popular, que defiende que esta comparecencia se ha producido “para dar satisfacción a Junts” y para que Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno.

Álvarez de Toledo ha anunciado también un escrito de “grave queja” a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que acusa de convertir el Congreso “en un plató para terroristas islamistas” y ha insistido en que “la única solución” es acabar con la legislatura.

Tras su declaración, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado los pactos de investidura con EH Bildu, la Ley de Amnistía y la declaración del terrorista yihadista de hoy con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Todo ha pasado por primera vez con un presidente”.

Sentencia judicial firme

Los jueces avalaron en noviembre de 2023 la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Mohamed Houli Chemlal (43 años) y Driss Oukabir (36 años) y rebajaron a un año y medio de prisión la de Said Ben Iazza por formar parte del grupo terrorista, fabricar los explosivos o adquirir el material y como responsables de los daños y lesiones que causó la explosión de la casa de Alcanar donde preparaban ataques contra lugares emblemáticos de Barcelona.

Estos atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 ya cuentan, por lo tanto, con una sentencia judicial firme. Los ataques, organizados por una célula que dirigió el imán Es Satty, provocaron 16 muertos y más de 300 heridos en dos atentados en la Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils. Pese a la rotundidad de las sentencias judiciales, dirigentes de Junts han lanzado teorías de la conspiración que llegan a poner en duda la muerte del imán, en contra de todas las evidencias recogidas en la investigación.

Una investigación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI ha permitido detener en Calpe (Alicante) a un “peligroso” hacker, español de 18 años, por acceder a servicios informáticos de entidades públicas y privadas, entre las que se encuentra la Guardia Civil, el Ministerio de Defensa o la OTAN.

Según ha informado el Ministerio del Interior, al detenido se le acusa por su presunta participación en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, acceso ilícito a sistemas informáticos, daños informáticos y blanqueo de capitales.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han detallado que el detenido es un joven español de 18 años que accedió a las bases de datos de los organismos públicos y privados para, posteriormente, en algunos casos tratar de vender la información a través de la 'darkweb', aunque su motivación principal era lanzar los ciberataques como un “desafío personal”.

Autodidacta que actuó en solitario

Detrás de los 40 ciberataques usando diferentes pseudónimos se encuentra un joven que estudió un módulo de Formación Profesional (FP) que los investigadores encuadran en un perfil de “friki autodidacta que actuaba en solitario, sin ser manipulado por nadie”, según explican las fuentes de la investigación.

Entre los objetivos del hacker, que acaba de estrenar la mayoría de edad, también figuran la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la Generalitat Valenciana, diferentes universidades españolas, bases de datos de la OTAN y del Ejército de Estados Unidos, así como otras empresas y entidades internacionales.

El joven hacker fue detenido el pasado 28 de enero y ha quedado en libertad con medidas cautelares de retirada de pasaporte, obligación de comparecencia judicial cada 15 días y prohibición de salir de España.

Actuaba desde el domicilio familiar en Calpe, donde los agentes practicaron un registro, mostrando una “actitud de colaboración y sin mostrar animadversión ni a los policías ni a ninguna de las administraciones atacadas”.

Agentes de la UCO y el CNI, tras la pista del hacker

Durante el registro, los agentes han intervenido 50 cuentas de criptomonedas con un valor de 2.000 euros y diverso material informático, el cual está siendo analizado por los especialistas, que no descartan el esclarecimiento de otros hechos delictivos.

En la investigación se ha constatado que el detenido accedía a un bot de la red social Telegram para, previo pago de 500 dólares, acceder a credenciales de organismos previamente comprometidas. “Una vez dentro, tenía una gran capacidad para moverse por el sistema”, apuntan las fuentes de la investigación, que también señalan que su inexperiencia le llevó a “malvender” los datos que obtenía, lo que también generó sospechas desde el lado de los potenciales compradores.

La operación ha sido realizada de manera conjunta por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Comisaría General de Información (CGI) y de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, contando con la colaboración del Centro Criptológico Nacional (CCN) del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En el ámbito internacional se ha contado con la colaboración de Europol y Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos, en una investigación que desembocó con el arresto del sospechoso y puesta a disposición del Juzgado de instrucción de guardia de Denia.

Dejaba su 'firma' tras el ataque

La investigación se inicia en 2024 a raíz de una primera denuncia recibida por la Policía Nacional de una asociación empresarial madrileña relacionada con el sector del turismo que fue víctima de uno de estos hackeos que, aunque desde el anonimato, se caracterizó no sólo por extraer los datos sino también porque el autor dejó el portal desfigurado, mostrando un mensaje en el que se podía leer que habían hackeado el sistema.

Tras estos hechos y a lo largo del año 2024, esta persona fue realizando numerosos ciberataques, entre los que destaca el ataque a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que motivó que se sumara el Servicio de Información de la Policía a la investigación, así como otros al Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

También atacó a diferentes universidades españolas, así como a bases de datos de la OTAN, el Ejército de los Estados Unidos, la Dirección General de Tráfico, la Generalitat Valenciana, Naciones Unidas, la Organización Internacional de Aviación Civil, al Ministerio de Defensa y su último ataque reivindicado, a la Guardia Civil.

Este último ataque a la Guardia Civil, ejecutado a finales de diciembre de 2024, propició que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se sume a la investigación y se identifique al autor, llevándose a cabo la explotación operativa de forma conjunta por ambos cuerpos policiales.

Los investigadores creen que el detenido, “con profundos conocimientos de informática”, había conseguido configurar un complejo entramado tecnológico mediante el uso de aplicaciones anónimas de mensajería y de navegación mediante las cuales habría conseguido ocultar su rastro y dificultar así su identificación.

De esta forma, se ha constatado que accedió a bases de datos con información personal de empleados y clientes, así como documentos internos que posteriormente eran vendidos o publicados libremente en foros.