El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a Andrés Arrieta, actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como Magistrado competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución Española. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se debe a que el anterior responsable del puesto, Pablo Lucas, se ha jubilado “forzosamente” y a que Arrieta era ya el sustituto del mismo. Él compaginará sus distintas responsabilidades hasta su jubilación, prevista en abril.

El magistrado encargado del CNI es quien debe autorizar judicialmente escuchas o espionajes, si bien después el contenido de lo recogido queda en manos de la oficina de inteligencia, que no tiene la obligación de explicar sus resultados a este juez. El Poder Judicial nombra como sustituto de Arrieta, para casos de vacancia, ausencia o enfermedad, a Eduardo Calvo Rojas, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Según ha podido saber elDiario.es de fuentes jurídicas, el nombramiento fue propuesto por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y votaron en contra los vocales progresistas Ángel Arozamena e Inés Herrero.

Arrieta fue nombrado magistrado de la Sala Segunda del Supremo en 1998, con 43 años, convirtiéndose en el juez más joven en acceder al alto tribunal. En los últimos meses ha sido especialmente conocido por haber presidido los tribunales que condenaron al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de la confesión de la pareja de Ayuso y, más recientemente, el que condenó a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el marco del caso Mascarillas. Además, ha formado parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel y del que le absolvió por investigar las fosas del franquismo.

Pese a los retrasos y a las trabas que acumulan, las investigaciones por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los independentistas deparan sorpresas. La inteligencia española ha admitido cuatro años después de estallar el escándalo Pegasus que espió al periodista y exparlamentario de la CUP David Fernàndez, algo que no había ocurrido hasta ahora.

El nombre de Fernàndez aparece en el acuerdo del Consejo de Ministros por el que el Gobierno, a petición del juez, autoriza la desclasificación de una pequeña parte del espionaje al periodista y al exparlamentario de la CUP Carles Riera. Como ya ha ocurrido en anteriores casos, la información que el Ejecutivo facilita a requerimiento de los jueces que investigan el espionaje es parcial y limitada.

A diferencia de Fernàndez, Riera sí formaba parte de los 18 independentistas a los que la exdirectora del CNI Paz Esteban admitió haber espiado en el Congreso en 2022. En el documento, el Consejo de Ministros niega que el CNI espiara al exdiputado Albert Botran, querellante del caso junto a los otros dos exdiputados.

Los únicos documentos que el Gobierno facilita al juez son los autos del Tribunal Supremo por los que se avaló el espionaje solicitado por el CNI. Como ya ha ocurrido en otros espiados, como el expresident Aragonès o el exviceconseller Sergi Sabrià, el Ejecutivo los envía al juez con numerosos tachones para no desvelar, según el Ejecutivo, “actividades, medios y procedimientos” del centro.

El Ejecutivo expone en el acuerdo de desclasificación que el espionaje sobre Fernàndez fue autorizado por el Supremo en diciembre de 2019 y que se prorrogó hasta el 2 de junio de 2020. Por entonces el procés digería las protestas que en otoño de 2019 convocó Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés del Supremo, si bien la pandemia cortó toda actividad en la calle.

Fernàndez había dejado de ser diputado en 2015 y por entonces era militante de la CUP, periodista y activista en varias organizaciones soberanistas como Òmnium Cultural.

En el caso de Riera, el espionaje coincide con su periodo como diputado del Parlament. El Supremo avaló la infiltración en su teléfono casi dos años, entre el 23 de junio de 2020 y el 24 de mayo de 2022. El Ejecutivo alega, en base a los informes del CNI, que se trató de una “actividad legal y autorizada judicialmente”, tal y como ha defendido Esteban en la media docena de causas en las que está imputada por el espionaje a los independentistas.

El rastro técnico del espionaje en los teléfonos móviles de varios espiados por Pegasus ha permitido constatar un patrón común en el uso del programa espía Pegasus contra los independentistas, tanto en aquellas infiltraciones avaladas por el Supremo como en las que no lo estuvieron.

En el documento de desclasificación, el Gobierno vuelve a omitir si usó el programa espía Pegasus contra Riera y Fernàndez, y se limita a indicar que ambos “fueron efectivamente objeto de unas medidas de interceptación legal de las comunicciones”, sin más concreciones.

Paz Esteban no varía su línea de defensa. La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha vuelto a escudarse en el secreto oficial para no dar detalles a la jueza del espionaje al exalto cargo de ERC Sergi Sabrià, además de alegar que una de las infiltraciones que sufrió el independentista con el programa Pegasus fue legal porque estaba avalada por el Tribunal Supremo.

Según han informado fuentes jurídicas, Paz Esteban ha declarado como investigada ante la jueza este viernes en la causa por el espionaje a Sabrià, una de la decena de casos abiertos en los juzgados de Barcelona por la infiltración del CNI en teléfonos de dirigentes independentistas mediante el programa Pegasus.

Además de la causa por el espionaje a Sabrià, Esteban está imputada en otros cinco juzgados de Barcelona que investigan las denuncias del expresident Pere Aragonès; los dirigentes de ERC Diana Riba y Josep Maria Jové; el abogado de ERC Andreu Van den Eynde y el exeurodiputado Jordi Solé; los exlíderes de la ANC Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie; y un grupo de empresarios tecnológicos.

Esteban ha declarado por videoconferencia desde Madrid, acompañada de un abogado del Estado. En el juzgado de Barcelona, eran dos abogadas del Estado las que la representaban. La exjefa de los espías ha seguido el guion que ya avanzó en su declaración por el espionaje a Aragonès: admitir las infiltraciones avaladas por el Supremo y desentenderse de los espionajes constatados por los forenses, pero en los que no consta que el CNI pidiera permiso al Alto Tribunal.

En el caso de Sabrià, el Supremo concedió permiso al CNI para entrar en su teléfono en 2020. Pero su teléfono también sufrió infiltraciones con Pegasus en 2018 y 2019, sin que Esteban haya dado explicaciones sobre ambas.

El rastro técnico del espionaje en los teléfonos móviles de varios espiados por Pegasus ha permitido constatar un patrón común en el uso del programa espía Pegasus contra los independentistas , tanto en aquellas infiltraciones avaladas por el Supremo como en las que no lo estuvieron.

El Gobierno ha echado una mano a Esteban: el acuerdo de desclasificación por el que Ejecutivo autorizaba a Esteban a declarar ante la jueza limitaba los datos que podía dar al recordar el deber de reserva y secreto que, por norma general, rige las actividades del CNI. En la práctica ello ha implicado que la exjefa de los espías solo admitiera el espionaje autorizado por el Supremo. Y nada más.

La exjefa de los espías fue cesada en 2022 para evitar que los partidos soberanistas dejaran de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso. Es la única autoridad que asumió responsabilidades políticas por el caso, y sus comparecencias como investigada ya han sido tres, sin reconocer en ninguna de ellas cualquier ilegalidad en la infiltración.

Ninguna de las causas que investigan al CNI por espiar a los independentistas ha llegado a juicio. Entre otras razones, por los límites a desclasificar documentos sobre el coste y uso del programa Pegasus que ha impuesto el Gobierno a las peticiones de los jueces, además de la falta de colaboración de Israel e Irlanda.

En un duro informe presentado este jueves, Amnistía Internacional cargó contra “el rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO”, creadora de Pegasus, que, a juicio de la entidad, ha jugado la Fiscalía, a quien acusó de “obstaculizar” las causas por Pegasus.

La Fiscalía “obstaculiza” y “dificulta” las investigaciones abiertas por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a dirigentes, abogados y familiares de independentistas catalanes con el programa Pegasus.

Así lo ha concluido Amnistía Internacional tras estudiar diez de las causas que instruyen distintos juzgados de Barcelona sobre el espionaje. El documento, muy crítico con el Ministerio Público, carga contra “el rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO”, creadora de Pegasus, que, a juicio de la entidad, ha jugado la Fiscalía.

El escándalo de espionaje a los independentistas catalanes, producido tanto bajo el Gobierno del PP como del PSOE se destapó en 2022. Cuatro años después, las investigaciones judiciales han corrido suerte dispar, pero ninguna de ellas ha conseguido llegar a juicio.

“La conclusión es triste y clara: las víctimas de este escándalo siguen esperando saber la verdad, quién les espió y para qué fueron espiadas”, ha denunciado Virginia Álvarez, responsable del área de investigación en derechos humanos de Amnistía Internacional en España durante una rueda de prensa en Barcelona.

La exdirectora del CNI Paz Esteban, imputada en cinco causas, fue cesada para evitar que los partidos soberanistas dejaran de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso. Es la única autoridad que asumió responsabilidades políticas por el caso.

La investigación judicial más avanzada es la que tiene como víctima al expresident de la Generalitat Pere Aragonès, una de las 18 personalidades independentistas que el CNI admitió haber espiado. El juez Santiago García es el juez de Barcelona que más ha investigado el caso, y ahora solo tiene que decidir si envía a Paz Esteban a juicio o archiva un caso en el que la Fiscalía ha exculpado a la exjefa de los servicios secretos.

La abogada Blanca Domínguez, una de las autoras del informe, ha criticado incluso las preguntas del fiscal en los interrogatorios del caso por “ir dirigidas a minimizar los hechos” e “invitar” a Esteban a acogerse a la ley de secretos oficiales o al deber de reserva en las actividades del CNI. Álvarez ha detallado que, tras trasladar Amnistía su preocupación a la Fiscalía, el Ministerio Público respondió que su actuación estaba guiada por el principio de legalidad.

El resto de procedimientos, repartidos en distintos juzgados de instrucción porque la Audiencia de Barcelona rechazó crear una única macrocausa, han avanzado lentamente y a trompicones. La instancia superior ha tenido que corregir a varios de los instructores, que archivaron o declinaron investigar a fondo el caso, y ha ordenado imputar a Esteban en otros tres casos.

Pese a varias peticiones de los jueces, el Gobierno tan solo ha desclasificado una mínima parte (y con tachones) de los autos con los que el Supremo habilitó el espionaje, y se ha negado a proporcionar, aduciendo el secreto de las actividades del CNI, documentos sobre contratos y pagos del centro a NSO.

Además, la falta de colaboración de Israel, Luxemburgo (país europeo en el que NSO tiene una filial) e Irlanda (donde están residenciadas las multinacionales de telecomunicaciones como Whatsapp) ha lastrado las investigaciones.

“A la violación de derechos que supuso el espionaje se suma la impunidad de que no se esté investigando”, ha denunciado la periodista Txell Bonet, pareja del expresidente de Òmnium Jordi Cuixart y una de las víctimas. “Queremos saber quién ordenó el espionanje, cómo se ejecutó, con qué dinero público se pagó y dónde se almacenó toda la información”, ha agregado. 

En su informe, Amnistía Internacional denuncia la “revictimización” que todos estos obstáculos provocan a los afectados por el espionaje, e insta a la Fiscalía a “cambiar radicalmente su papel en los procedimientos y ponerse al lado de las víctimas”.

El informe también propone cambios legislativos para impedir que se repita el espionaje “indebido” a personajes de la sociedad civil. Amnistía Internacional reclama que se prohíban los programas de espionaje masivo como Pegasus.

“No existe un verdadero control judicial de las actividades del CNI”, denuncia Amnistía, que ve “urgente” la modificación de la ley reguladora de la actividad del centro para acabar con los permisos que, de forma general, concedió el Supremo al espionaje.

En este sentido, Álvarez ha destacado que el control judicial es “imposible” ante un programa “tan invasivo y que obtiene tantos datos de manera tan desproporcionada como Pegasus”. “Este 'software' no se puede usar sin una interferencia total a la privacidad, no hay posibilidad de usarlo de forma proporcionada”, ha apostillado.

La entidad reclama asimismo una reforma de la ley de secretos oficiales (que no se ha tocado en todos los años de democracia) para “alinearla con los estándares internacionales” de derechos humanos.

Cuando, el 21 de noviembre de 2023, el juez José Antonio Cruz de Pablo confirmó el archivo de la primera denuncia de dos diputados independentistas espiados con el programa Pegasus, Ernest Maragall todavía no se había dado de baja de ERC y Roger Torrent era conseller de la Generalitat.

El recurso contra esa decisión ha tardado en resolverse casi dos años y medio por la inacción del juzgado a la hora de elevarlo a la Audiencia de Barcelona. Así se desprende del auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, que ordena la reapertura del caso.

En la única frase en negrita de la resolución, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona resalta que las actuaciones llegaron a su mesa el 6 de marzo de 2026.

En apenas dos meses, y tras celebrar una vista, los magistrados han dado la razón, en parte, al Parlament de Catalunya, y han ordenado al juez que reclame información sobre el espionaje al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a una matriz en Luxemburgo de la empresa israelí que comercializa el software espía.

La rapidez de la segunda instancia contrasta con los dos años y tres meses que ha durado la tramitación del recurso de apelación desde que el juez instructor rechazó el primer recurso de Torrent y Maragall contra el archivo de la causa.

Fuentes jurídicas recuerdan que, en función del caso, suelen pasar entre tres meses y un año entre que el instructor rechaza el primer recurso (ante el propio juzgado) y la resolución definitiva por parte de la Audiencia de Barcelona.

El retraso de la causa por el espionaje a Maragall y Torrent es el más grave de la decena de causas que se reparten entre distintos juzgados de Barcelona por el espionaje a independentistas con el programa Pegasus antes y durante el mandato de Pedro Sánchez, reconocido por el CNI y que comportó una de las crisis entre el Gobierno y sus socios soberanistas.

La Justicia rechazó agrupar todas las denuncias independentistas en una macrocausa, lo que ha provocado resultados dispares en función del juzgado donde han recaído las denuncias.

Hay jueces que han investigado de forma efectiva las infiltraciones (pese a la poca colaboración del Gobierno en la desclasificación de documentos), pero otros no han dejado de recibir tirones de orejas de la instancia superior por el letargo en el que entraron sus causas.

A diferencia de las cuatro imputaciones que acumula la exjefa de los espías españoles, Paz Esteban, por el espionaje con Pegasus, en la causa de los dos republicanos no hay ningún responsable de inteligencia investigado, pese a que el propio centro reconoció en el Congreso que Maragall fue uno de los espiados.

Torrent y Maragall fueron los primeros independentistas conocedores de haber sido espiados por Pegasus. En julio de 2020 presentaron su querella en los juzgados barceloneses, que apenas ha avanzado casi seis años después.

El juez tardó año y medio en requerir la principal prueba del espionaje —los móviles infectados por Pegasus de Torrent y Maragall— para su análisis pericial. La prueba no llegó a completarse porque los terminales eran los corporativos del Parlament y Torrent y Maragall ya los habían devuelto.

En línea con la Fiscalía, el juez también rechazó imputar a Félix Sanz Roldán, director del CNI cuando se produjeron las infiltraciones en el teléfono de los dos expolíticos.

El caso se enfocó hacia la empresa israelí que vende el software espía, NSO Group. Sin embargo, la investigación apenas ha avanzado debido al silencio de Israel, que no ha contestado a la petición de auxilio del juez de para que NSO Group aportara la “información, datos o registros” que conservase respecto los móviles de Torrent y Maragall.

Ahora la Audiencia ordena intentarlo con la filial en Luxemburgo de la firma israelí, que tampoco ha colaborado con los otros juzgados que se lo han requerido, si bien rechaza imputar formalmente a la firma NSO.

Los magistrados también ordenan recabar documentación sobre el espionaje a Torrent y Maragall al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia, que depende de Presidencia del Gobierno.

El caso de Torrent y Maragall es un nuevo ejemplo que los tempos judiciales son mucho más lentos que los políticos. Ambos exdirigentes esperarán el resultado de las diligencias ordenadas por la Audiencia fuera de la primera línea: Maragall rompió en 2024 el carné de ERC tras el escándalo por los carteles de falsa bandera con la enfermedad de su hermano, y Torrent se ha pasado al sector privado tras ser conseller y president del Parlament.

El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, mantuvo dos reuniones en julio de 2024 con Leire Díez, la integrante de la trama conspiranoica que trabajó para desestabilizar causas judiciales vinculadas a la corrupción socialista. Díez, exmilitante socialista, intentaba sonsacar al ex número dos de Interior detalles del funcionamiento de las cloacas del PP a cambio de garantizarle un buen trato judicial. Las maniobras de Díez estaban amparadas por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien habría ordenado financiar con dinero del partido todos estos movimientos. Por su parte, Francisco Martínez está siendo juzgado ahora en la Audiencia Nacional como impulsor desde el Ministerio del Interior de la Operación Kitchen ejecutada en 2014 por varios comisarios de policía con la intención de robar documentación sobre la financiación ilegal del PP a la familia del extesorero, Luis Bárcenas.

El ex número dos de Interior reveló en la segunda de las reuniones con Leire Díez que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había investigado a Pedro Sánchez, líder de la oposición y elegido un año antes secretario general del PSOE. “El otro día hablamos del tema de las saunas [del suegro de Pedro Sánchez]”, comenzó Martínez. “Seguro 100% que hay un informe del CNI, al menos uno, sobre las saunas, que es del año 2015, casi, casi, casi seguro del segundo semestre”. Las elecciones generales de 2015 se celebraron el 20 de diciembre, dentro del segundo semestre en el que, según Francisco Martínez, el CNI elaboró un informe que llegó al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) sobre las saunas que regentaba el suegro de Pedro Sánchez.

“Eso sí que es fácil, porque eso se llama a tu jefe máxima que es Esperanza [Casteleiro, directora del CNI] y que te diga qué es… Y eso lo hemos confirmado estos días que existen y yo no lo he visto. Pero sé que existe. Y quien lo ha visto me lo ha dicho. Y no sé si es uno o son 16, pero que es uno seguro. Eso abre otra puerta que yo te decía el otro día que yo creo que sin ella no se completa esta historia, que es el CNI, que no es que yo les tenga especial manía, que a mí mucho no me quieren. Pero han hecho muchas cosas de todo esto, muchísimas cosas, probablemente hechas mucho mejor que las cosas que Villarejo o El Gordo o no se qué. Mucho mejor hechas. Pero a mí, si de verdad queréis saber qué pasó y limpiar, no podéis dejar esa casa sin mirar. Aunque es mucho más difícil, claro”.

Díez grabó aquella reunión y conservó el archivo que ahora se ha incorporado al sumario de la causa penal que instruye el juez Santiago Pedraz. La exmilitante socialista pretendía obtener información complementaria sobre las andanzas de la policía patriótica del PP contra el presidente Pedro Sánchez. En el verano de 2014, el comisario José Manuel Villarejo informó al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de los negocios del suegro de Pedro Sánchez y comentaron que el conocimiento de esa circunstancia podría dañar mucho la imagen del entonces recién elegido secretario general del PSOE.

Villarejo: Está todo [el negocio de las saunas] a nombre del mayor, que es gay, es maricón, pero luego los otros dos por debajo, el suegro y el otro hermano, son los responsables, los que llevaban la gestión, y esa es la historia...

Martínez: Y Sánchez lo sabe seguro, sabe perfectamente a qué se dedica el suegro...

Villarejo: Sí, coño, ya me contarás... Es su punto débil, esto es mortal, mortal. Cuando haga falta... es un tema para que solamente lo trates con el presidente y con el número 1, para en un momento determinado decirle tenemos tal información...

Martínez: Esto lo mata. Esto mataría a cualquiera políticamente, un tío que va con la bandera del rollo este feminista y no sé qué. ¿Feminista y lo tienes lleno de polacas chupando pollas en la sauna?

Villarejo: Mortal, Paco. Imagínate cuando me enteré... ¡se me puso el rabo de la hostia!

El ex secretario de Estado de Seguridad comentó a Leire Díez que aunque no estuvo elegante en sus palabras, nunca ordenó desde el Ministerio ningún espionaje a Pedro Sánchez ni ningún informe para difundir los negocios de su suegro. Sin embargo, el comisario Villarejo hizo notas informativas para las autoridades del Ministerio del Interior que incluían todo un historial de Sánchez, su mujer, las aficiones de sus hijas y los negocios de su suegro. Además, en diversas reuniones que el comisario grabó con empresarios y policías aseguró que el ministro del Interior le había encargado reportajes “sobre los puticlubs” del suegro de Pedro Sánchez. Todo eso que Villarejo contaba en sus comidas se produjo supuestamente en el último trimestre de 2014.

Ahora, las grabaciones incorporadas al sumario del caso Leire incorporan este testimonio de Francisco Martínez donde revela que, además de los supuestos trabajos del comisario Villarejo para desacreditar al líder socialista, el Centro Nacional de Inteligencia también se implicó en la investigación sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez, y lo hizo en el segundo semestre de 2015, cuando se celebraron las elecciones generales del 20 de diciembre de aquel año. El PP perdió su mayoría absoluta (se quedó con 123 diputados) y el PSOE logró 90 escaños.

El PSOE llegó a denunciar ante la Audiencia Nacional las primeras grabaciones conocidas donde Villarejo hablaba con Martínez sobre esos negocios. El juez instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, rechazó investigar los hechos: “No existen indicios de que la información relativa al suegro del presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, sea resultado de ninguna investigación en la que hubieran participado José Manuel Villarejo Pérez, en su condición de comisario del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la DAO, y Francisco Martínez Vázquez, desde su puesto de secretario de Estado de Interior”.

Los técnicos del Centro Criptológico Nacional y de la Policía han ratificado este martes en el juicio del caso Kitchen que aproximadamente la mitad del archivo encriptado que se incautó al comisario José Manuel Villarejo en 2017 no ha podido ser abierto y que su contenido quedará oculto a no ser que el propio policía lo desvele. Los especialistas pudieron acceder a 44 de los 92 archivos encriptados y, tal como reveló elDiario.es en mayo de 2022, abandonaron los trabajos hace más de seis años, en febrero de 2020.

“Un año después de recibirlo dejamos de trabajar sobre las cabeceras. El último resultado fue en marzo de 2019 y se dejó de trabajar en ellos en la pandemia, un año después”, ha explicado al tribunal uno de los técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN), perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los dos funcionarios han declarado por videoconferencia, no ha aparecido su imagen y sus voces han sido distorsionadas.

Los archivos habían pasado antes por la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía, por el Instituto de Ciberseguridad (Incibe), dependiente de Economía, y finalmente por el Centro Criptológico Nacional. Los técnicos del CCN han explicado que, tras un año sin obtener resultados, plantearon a su jefe la conveniencia de abandonar los trabajos ante la imposibilidad de avanzar mientras no dejaban de “consumir recursos”. Tras consultar con el servicio jurídico se trasladó al magistrado del caso, Manuel García Castellón y se abandonaron los trabajos.

Los archivos incautados al comisario Villarejo han motivado la apertura de más de 40 investigaciones en la Audiencia Nacional que afectan a la élite empresarial, política y mediática del país. Una de esas piezas, la número 7, sienta en el banquillo al primer ministro del Interior del Gobierno de Rajoy, a su número dos y a un grupo de mandos policiales. Otra de las piezas afectaba a la Jefatura del Estado, centrada en los contactos de Villarejo con la antigua pareja extramatrimonial de Juan Carlos I, la comisionista Corinna Larsen.

Los técnicos del CCN han relatado que los archivos estaban encriptados con el sistema Truecrypt, que puede ser utilizado por un usuario medio pero que no ofrece vulnerabilidades. Eso implicó que tras los primeros trabajos se pasase al uso del sistema conocido como “fuerza bruta”, consistente en que los potentes ordenadores del CCN van probando sucesivas contraseñas. “Puede llevar siglos”, ha dicho uno de los técnicos.

Los especialistas de la Policía y del CNI han explicado que ellos nunca tuvieron acceso a los archivos en sí sino a las “carátulas” de los mismos. “Es como recibir la cerradura del almacenamiento pero no todo el dispositivo”, han explicado. Los agentes han precisado que periódicamente informaban al juzgado de sus avances y que si no había ninguna evolución también se comunicaba a la Audiencia Nacional.

elDiario.es publicó una nota de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, en la línea de lo explicado hoy por los técnicos. “Por la experiencia en otros casos, en los primeros meses se obtienen algunas contraseñas, normalmente las más sencillas o las que se pueden deducir de los diccionarios creados. Posteriormente, en algunas ocasiones, tras varios meses o años de pruebas, se obtiene alguna nueva contraseña, pero en otras ocasiones no se recuperan nunca”, advertía Esteban.

La respuesta era una contestación al juez Manuel García Castellón, quien se había dirigido al CNI para que le facilitara una previsión de su trabajo. Esteban comienza explicando al juez a qué se enfrentan: “La aplicación de cifrado Truecrypt, utilizada en el procedimiento de referencia, es criptológicamente segura y no se conoce ninguna debilidad que pueda ser utilizada en el descifrado. La única forma de poder descifrarla es obteniendo la contraseña que ha sido utilizada”.

“En el caso de la citada aplicación –continúa–, las contraseñas pueden ser textos de longitud ilimitada de caracteres, lo que hace inviable probar todas las contraseñas posibles. En consecuencia, teniendo en cuenta que solo pueden realizar pruebas con las contraseñas más probables, la previsión de los avances que se pueden producir es totalmente desconocida”.

En este sentido, los agentes del CNI han dicho este martes en el juicio que se les entregaron 92 cabeceras y que obtuvieron, a partir de ellas, 29 claves con las que abrieron 40, a las que hay que sumar 4 del Incibe. El listado de posibles contraseñas se conoce como “diccionario” y se elabora a partir de los datos conocidos de la persona que ha creado las claves, por si hubiera utilizado aspectos personales, como lugares con los que está vinculado, fechas… Después, se trata de generar claves hasta llegar a alcanzar la velocidad de millones por segundo, dependiendo de la capacidad tecnológica de cada organismo. 

Los técnicos del Centro Criptológico han dicho hoy: “A partir de ahí es intentar suponer qué ha puesto el otro señor: combinar diccionarios, combinaciones… De las contraseñas que obtuvimos no pudimos acertar las otras 48 contraseñas, a partir de los otros datos. Si él seguía una lógica determinada nosotros no llegamos a obtenerla”.

La historia se repite en el caso Pegasus. La Audiencia de Barcelona ha vuelto a dar la razón a las víctimas del espionaje y ha ordenado al juez que indague mucho más a fondo para esclarecer si, como apuntan todos los indicios, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) introdujo el 'software' malicioso israelí en los teléfonos de dirigentes soberanistas.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona atiende el recurso de Benet Salellas, abogado del exvicepresidente de Òmnium Marcel Mauri, la periodista Txell Bonet (pareja del exdirigente Jordi Cuixart) y la jefa de internacional de la entidad, Elena Jiménez, y ordena reabrir el caso que el juez de instrucción había archivado.

Los magistrados encargados de revisar las decisiones del instructor le ordenan que reclame al Gobierno desclasificar todos los datos sobre el espionaje ante los “indicios” de que el CNI podría ser el responsable. Aunque no lo está en el procedimiento sobre las víctimas de Òmnium, la exjefa del CNI Paz Esteban permanece imputada en otras cuatro causas.

Hasta ahora, todas las peticiones de los distintos jueces que investigan el espionaje se han topado con una respuesta muy limitada del Gobierno. El Ejecutivo o bien ha negado que el CNI espiara a algunas de las víctimas (y, en consecuencia, no ha enviado a los magistrados la documentación que pedían) o bien ha enviado tan solo parcialmente los papeles reclamados (y con tachones en varios de ellos).

Pese a las trabas del Gobierno, los informes periciales de los Mossos d'Esquadra en los distintos juzgados han permitido trazar un patrón común que delata al CNI: se ha constatado que varios servidores se repiten tanto en las infiltraciones a los independentistas que el CNI sí admitió haber espiado como a los que no.

Los jueces advierten que son conscientes de las múltiples causas en los juzgados de Barcelona que investigan el espionaje. “No escapa a la Sala que son varios juzgados que están investigando hechos análogos y que se encuentran en una fase más avanzada”, reza el auto, en velada referencia a causas que ya están listas para decidir si van a juicio, como la del espionaje al expresident Pere Aragonès.

“Parece que existen indicios de una intervención no autorizada a los terminales y cuya autoría pudiera apuntar al CNI”, ahonda el tribunal sobre el espionaje a Mauri, Bonet y Jiménez, que ya cuenta con una prueba pericial que corrobora intrusiones no autorizadas en sus teléfonos.

A través de la nota de prensa de Òmnium, su presidente, Xavier Antich, ha manifestado que la reapertura de la causa “supone la confirmación del espionaje político” perpetuado contra la asociación cultural. El dirigente ha reclamado que se desclasifique toda la información para saber “toda la verdad de esta causa general contra el independentismo”.

El presidente de Òmnium ha valorado que el denominado 'Catalangate' no solo atenta “contra el derecho a la intimidad y a la comunicación” de las tres víctimas de espionaje, sino que también afecta a su libertad de expresión y el derecho a la defensa, aparte de “espiar ilegalmente” a una de las organizaciones de la sociedad civil “más importantes” de Europa. “Lo de hoy solo la punta del iceberg”, ha apostillado.

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán ha negado esta mañana en el juicio del caso Kitchen que el servicio de Inteligencia tuviera participación alguna en el espionaje a Luis Bárcenas y su familia para sabotear el caso de la caja B del PP. Varios son los indicios sobre el CNI en la causa que cristalizaron en la afirmación de la Fiscalía Anticorrupción de que en la operación podrían haber participado “otros servicios” distintos de la Policía.

“EL CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni omisión, sobre el caso por el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para facilitarle elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Ningún Gobierno de ningún color me pidió que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido”, ha declarado el general retirado.

Sanz Roldán ha asegurado que no mantenía enemistad alguna con Villarejo. A esta respuesta ha replicado el abogado del comisario preguntándole por la querella que interpuso contra él por injurias y calumnias. “Lo denuncié porque era la única persona en el CNI que podía hacerlo al ser la única que tenía identidad y porque las personas que sirven a España en el CNI no merecían o que decía de ellas el señor Villarejo”, ha dicho el exdirector general del Centro.

El letrado Antonio Cabrera, que representa a Villarejo, le ha preguntado por qué entonces se querelló por algo que había dicho Villarejo exclusivamente de él, que había viajado a Londres a amenazar a la antigua pareja extramatrimonial del rey Corinna Larsen. Sanz Roldán no se ha salido de su guión. “Personal no fue en absoluto. Había que salir al paso de mentiras tan crueles de mis subordinados”, ha dicho. Un tribunal de Madrid falló en contra de la querella de Sanz Roldán.

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Sanz Roldán ha sido preguntado por el abogado de Villarejo y por el fiscal Anticorrupción, pero ninguna pregunta ha sido formulada por la defensa de Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad que señaló al CNI como participante en la Kitchen. Consta en uno de los mensajes entregados ante notario y a la Policía en los que él habla con el ministro Fernández Díaz del “contacto cecilio”. O más recientemente, en su escrito de defensa, cuando revela que el CNI colocó cámaras en el chalet de Baqueira del tesorero.

Sin embargo, la defensa de Fernández Díaz ha dado marcha atrás en su estrategia y no ha formulado pregunta alguna ni este lunes al director general ni durante la declaración de la jefa política del Centro Soraya Sáenz de Santamaría.

Cabe destacar que el fiscal Anticorrupción César de Rivas ha intervenido, incluso antes de que empezaran las preguntas de Villarejo, sobre la dispensa de Sanz Roldán para contestar a preguntas sobre el CNI, por estar clasificada como secreta su actividad. Y ha añadido que solo se podrían formular si son parte del material desclasificado por el Gobierno. Fueron sus compañeros Ignacio Stampa y Miguel Serrano quienes intantaron indagar en la posible implicación del Centro y que no pudieron por el cierre abrupto de la investigación por parte del juez Manuel García Castellón.

En el capítulo de negaciones de Sanz Roldán figuran también los correos aportados por Villarejo con cuentas del dominio “areatec”, atribuido al CNI, incluido uno sobre pagos pendientes al policía por el servicio secreto. Sanz Roldán ha dicho que ese correo “no tiene origen en el CNI” y tampoco “en ninguno” de sus colaboradores. “Esos correos son falsos”, ha añadido.

Asimismo, Félix Sanz Roldán ha negado que diera orden a un colaborador del Centro de denunciar a Villarejo, lo que originó el caso. El exdirector del CNI también ha dicho que jamás se negó a desencriptar una 52 cabeceras de las 94 que tenía el archivo incautado al comisario. “Nunca jamás dejé de cumplir la orden de un juez”, ha declarado.

En el capítulo de afirmaciones, Sanz Roldán ha reconocido que se reunió en varias ocasiones con el comisario Marcelino Martín-Blas, en el momento de los hechos enjuiciados jefe de Asuntos Internos. No ha sido preguntado por el motivo de esas reuniones con el jefe de una unidad que investigaba supuestamente corrupción policial.

Sanz Roldán ha dicho que “siempre” habló con Martín-Blas en su despacho. “Fue algo oficial y estará registrado”, ha añadido. Martín Blas se sienta en el banquillo de los acusados y es el mayor enemigo declarado de Villarejo en la Policía.

Un colaborador del CNI a sueldo

Al término de la jornada ha comparecido David Rodríguez Vidal, autor del anónimo a la Fiscalía Anticorrupción que dio origen a la investigación a Villarejo. Ha contado que trabajaba para el empresario Francisco Menéndez, quien pretendía rebajar su condena en un caso por fraude fiscal denunciando a Villarejo y al también comisario Carlos Salamanca. 

Rodríguez Vidal ha asegurado que colaboró con varios Cuerpos de seguridad y que fue confidente del CNI a sueldo, cobrando del servicio de Inteligencia mensualmente y en metálico. Su colaboración se extendió durante una década aproximadamente, hasta 2012, cinco años antes de la denuncia contra Villarejo. A la pregunta de si su cliente colaboraba con el CNI, Rodríguez Vidal ha dicho que su “valoración personal es que eso es absolutamente imposible”.

El confidente ha reconocido que envió el anónimo sin la colaboración del empresario para el que trabajaba ante la indecisión de Menéndez a denunciar en Anticorrupción como estaba previsto. Meses antes había acudido al comisario general de Policía Judicial, José Sánchez Aparicio, para entregarle la información de cuentas y sociedades de Villarejo en Panamá a través de las cuales habría cobrado el comisario. Aquella delación en la Policía no tuvo consecuencias. 

El abogado de Villarejo ha conducido una parte de su interrogatorio a demostrar que Rodríguez Vidal tenía un interés propio en la denuncia a Villarejo por motivos que no ha aclarado. Ocurrió cuando dio una entrevista a El Mundo anunciando que era el autor de la denuncia anónima en Anticorrupción contra Villarejo la víspera de la declaración judicial del empresario Menéndez, con el objetivo de que no se echara atrás.

Pérez Dolset: “Martínez me pidió perdón”

El empresario Javier Pérez Dolset ha declarado a petición de la defensa de Villarejo. Pérez Dolset ha desplegado varias teorías de conspiraciones alrededor del caso Villarejo, como que el caso se origina a partir de un chat que una periodista, ya fallecida, mantenía con un grupo de guardias civiles en 2015, o que luego, otro chat de whatsapp de la misma periodista, supuestos guardias civiles, un fiscal Anticorrupción, la exmilitante del PSOE Leire Díaz y otros integrantes sin identificar supuso “la mayor fuente de filtración de la causa Tándem en general y de Kitchen en particular”.

Pérez Dolset ha asegurado que el exnúmero dos de Interior Francisco Martínez le confesó que tenía que haber dimitido en cuanto recibió instrucciones irregulares en Interior y que una vez, incluso, fue a su casa a pedirle perdón porque esas actuaciones habían perjudicado al empresario.

Las confesiones de Martínez a Pérez Dolset habrían incluido la afirmación de que él cumplía órdenes de Francisco Martínez y de María Dolores de Cospedal. Pérez Dolset asegura haber formado una asociación denominada 'Víctimas de las cloacas'. El empresario está imputado en la Audiencia Nacional por un fraude de subvenciones de 30 millones de euros.

Los miembros de la cúpula del Gobierno y del Partido Popular en tiempos de Mariano Rajoy han logrado hacer de sus comparecencias como testigos en el caso Kitchen un cómodo trámite. Su escasa voluntad de colaborar se ha beneficiado de la jibarización del caso por parte del instructor, Manuel García Castellón, que adelgazó la trama hasta dejarla en una idea de Jorge Fernández Díaz ejecutada por un grupo de policías. En consecuencia, ninguna acusación pesa en este juicio sobre Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas, cuyos testimonios se han movido entre el desconocimiento y la desmemoria.

El periodista Alfonso Pérez Medina tituló su libro sobre dos décadas de corrupción con tres fórmulas estereotipadas a las que recurrían constantemente los acusados en grandes procedimientos como Gürtel, Púnica o 3%: “No lo sé. No me consta. No recuerdo”. Es el paraguas que han utilizado un expresidente del Gobierno y una antigua jefa del servicio secreto para que los márgenes de protección que estableció García Castellón no se desbordaran durante sus declaraciones. 

Los dos fiscales anticorrupción que impulsaron el caso Villarejo calificaron la actuación de García Castellón como “cordón o inaceptable línea roja” de protección alrededor de quienes han declarado las dos últimas jornadas como testigos. Este martes, su compañero César de Rivas, que representa a Anticorrupción en el juicio, ha saltado como un resorte para cortar una pregunta a Sáenz de Santamaría porque entendía que desbordaba el procedimiento. Es la segunda vez que lo hace. 

Una enfermedad hizo que la oposición renunciara a citar a Soraya Sáenz de Santamaría a la comisión de investigación del Congreso, así que esta era la primera ocasión que tenía de declarar sobre la operación Kitchen. Cuando esta se produjo, la abogada del Estado era vicepresidenta del Gobierno y responsable del Centro Nacional de inteligencia (CNI). 

Sáenz de Santamaría despachó con un monosílabo –“no”– a las primeras preguntas, formuladas por el abogado de Podemos. Luego creció en palabras para decir que se enteró de la operación Kitchen por la prensa, aunque no llegó a pronunciarlo. Solo dijo “sí” cuando le plantearon esta posibilidad. 

La exvicepresidenta contaba para su comparecencia con una carta que no manejan el resto de testigos: la actividad del CNI está clasificada como secreta. La exvicepresidenta no necesitó recurrir a ese comodín. El letrado le preguntaba si algo le constaba. Y ella decía, por sistema, que no. 

Por no constarle, ni supo que en el CNI había “animadversión” a Villarejo. Los hechos dejan en evidencia sus palabras. Esa “animadversión”, justificada o no, está detrás de la caída en desgracia del comisario, como coinciden todos los conocedores del conflicto larvado entre el policía y el servicio secreto. El propio denunciante de Villarejo dijo en un periódico que era colaborador del CNI. 

Además, esa “animadversión” se concretó en uno de los errores cometidos por el director general del CNI entonces, el general Félix Sanz Roldán, subordinado de Sáenz de Santamaría. El general respondió a las bravuconadas del comisario con una querella por injurias y calumnias. En el juicio, Sanz Roldán dijo que había acudido a Londres a “convencer” a Corinna Larsen con que recondujera su animosidad contra su anterior pareja, el rey Juan Carlos I, por “amistad” con el monarca, como una actividad privada. Y cuando se le preguntó por los detalles dijo que no podía darlos porque la actividad del CNI está protegida por el secreto. Todo ello con la asistencia letrada de un abogado del Estado y, por tanto, con cargo a los fondos públicos. Villarejo resultó absuelto. 

La sombra del conocimiento o participación del CNI en el espionaje a Luis Bárcenas, fuera de sus competencias, se cierne sobre el sumario de Kitchen. Su presencia aflora también en el último tramo de la causa. El escrito de defensa de Francisco Martínez, el primero en señalar en sus anotaciones del móvil la participación del CNI, revela un dato desconocido hasta ahora: el Centro colocó cámaras en el chalé de Bárcenas en la estación de Baqueira. Se desconoce con qué autorización judicial. 

En el escrito de Martínez se solicitaba la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Las imágenes, añade, fueron remitidas a Interior el viernes, 2 de agosto de 2013, en pleno apogeo de la operación Kitchen.

Los líderes del PP y la primera línea del Gobierno de Rajoy han trasladado durante el juicio que tres noticias que sacudieron la política española en 2013 apenas interesaron en el partido ni en el Ejecutivo. A saber, la publicación de los papeles de Bárcenas –prueba a la postre de que el partido se financió durante más de dos décadas con dinero negro de empresarios–, la fortuna que su tesorero escondía en Suiza, y la existencia de una operación en el Ministerio del Interior para sabotear el caso de la caja B.

Soraya Sáenz de Santamaría respondió con cierto desdén al abogado Gorka Valle, de Podemos, cuando este le preguntó por si su papel de portavoz del Gobierno le hizo indagar en el asunto de la operación Kitchen. “No”, fue la respuesta de la testigo. Javier Arenas, exsecretario general del PP, miembro de la Ejecutiva del partido cuando se desarrolló el operativo, fue consultado por Gloria Pascual, abogada del PSOE, por la reacción de la dirección de la formación política a las noticias de los ‘papeles’ del tesorero y su botín escondido. “En el partido no observe ninguna inquietud”, dijo Arenas en su declaración en Kitchen como testigo. 

Los miembros de la cúpula del PP y de aquel Gobierno han tenido una senda marcada cuando les ha tocado declarar. El primero en comparecer fue Mariano Rajoy, el jefe de todos ellos. Rajoy no contradijo hechos conocidos y relevantes, sino que se llevó la contraria a sí mismo. Los mensajes con el tesorero que recordó en el juicio de Gürtel, cuando todavía era presidente, se le han olvidado. 

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP de la época, dijo que no recordaba haber hablado en su vida por teléfono con Villarejo. Lo dijo pese a la grabación en la que le encarga “parar” la publicación de los papeles de Bárcenas. 

El abrupto cierre de la investigación del caso Kitchen decretado por el juez Manuel García Castellón en julio de 2021 impidió resolver varias incógnitas que habían surgido durante los más de tres años de investigación llevada a cabo por los fiscales Anticorrupción y los policías de Asuntos Internos. El episodio del asalto en casa de los Bárcenas por un hombre armado y disfrazado de cura y el espionaje al que fue sometido en la cárcel el ex tesorero son los más significativos. En ambos, la propia víctima apunta a la participación del Centro Nacional de Inteligencia, que ya había dejado rastro en grabaciones y seguimientos a la familia Bárcenas, y cuya implicación en el espionaje habían deslizado los investigadores y otros implicados. 

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Las imágenes captadas por las cámaras ocultas en el exterior del chalé de Baqueira fueron “remitidas al Ministerio del Interior el viernes 2 de agosto de 2013”, en pleno apogeo de la operación Kitchen, según refleja la defensa de Martínez en su escrito. El señalamiento del CNI queda en evidencia a continuación, cuando el ex número dos de Interior pide que se incorporen a la causa todos los autos dictados “por el magistrado especial del artículo 342 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, esto es, el juez del Supremo que autoriza en secreto las actividades del CNI. El tribunal del caso Kitchen decidirá al respecto en el trámite de las cuestiones previas del juicio. 

La conclusión de que la operación Kitchen fue ideada por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sin la participación del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ni de la secretaria general del partido entonces, María Dolores de Cospedal, no es, por tanto, el único cabo suelto de la causa judicial. La posible participación del servicio de Inteligencia español aporta un tercer vértice a este triángulo de impunidad política: Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy y responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Al igual que Rajoy, Sáenz de Santamaría nunca fue citada a declarar en la instrucción del caso Kitchen. Pero al igual que el expresidente y Cospedal tendrá que comparecer como testigo en el juicio. 

El comisario de la Policía Enrique García Castaño no se sentará en el banquillo de Kitchen porque un accidente cardiovascular le ha dejado graves secuelas. Fue él quien en fase de instrucción decidió colaborar y señaló al secretario de Estado Francisco Martínez como coordinador de la operación de espionaje a Bárcenas. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, reconoció su participación en los hechos y al tiempo reveló cómo la Policía no fue la única que actuó fuera de control judicial. 

“Lo detectamos varias veces, había gente con motos y cámaras grabando una reunión de la mujer de Bárcenas”, afirmó en su declaración de enero de 2019. “Intentamos averiguar quiénes eran, pero la documentación de los vehículos que alquilaban era falsa”, añadió. 

El chófer de la familia, Sergio Ríos, captado como colaborador a sueldo por los acusados en Kitchen, explicó al juez que tanto García Castaño como José Manuel Villarejo le hablaban con naturalidad y a menudo de la implicación del CNI en el espionaje extrajudicial durante los encuentros que tenía con ellos para trasladarles información o cobrar en efectivo de los fondos reservados.

Por otro lado están los mensajes de Martínez con el ministro Fernández Díaz que el número dos de Interior depositó ante notario y entregó a la Policía cuando Asuntos Internos acudió a su domicilio con orden judicial en marzo de 2020. El 13 de julio de 2013, recién empezada la operación Kitchen, Martínez alude al “contacto Cecilio” que Fernández Díaz había quedado en facilitarle previamente. 

En el teléfono móvil intervenido a Martínez este había dejado algunas reflexiones y líneas de defensa. En una de ellas afirmaba: “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”. Después, Martínez declararía que su contacto en el CNI era el director, Félix Sanz Roldán, y que se limitó a preguntarle por el conocimiento que pudiera tener el servicio de Inteligencia sobre dinero de Bárcenas en el extranjero. Un portavoz del CNI rechazó hacer cualquier comentario al ser preguntado por este periódico en 2020, cuando surgieron los primeros indicios de la participación del Centro en el espionaje a los Bárcenas. 

Un cura pobre, con abogado de pago y dinero en prisión

Enrique Olivares García se llevó a la tumba la verdad sobre su asalto a la casa de la familia Bárcenas, armado con un viejo revólver y disfrazado de cura. ¿Actuó en solitario, fruto de la enajenación, o lo hizo a las órdenes de alguien? En libertad vigilada, Olivares falleció el 15 de enero de 2022 cuando aún estaba por aclarar su presunta participación en la operación Kitchen. La Fiscalía había planteado en su recurso contra el cierre de la instrucción si Olivares había actuado por su cuenta o a las órdenes de algún “servicio de la seguridad del Estado”.

La lógica apuntaba a que los mandos policiales que habían reconocido la operación Kitchen estuvieran detrás del asalto del falso cura, pero igual que El Gordo reconoció haber sustraído información de los teléfonos de Bárcenas o haber allanado un local de la familia, todo sin orden judicial, negó taxativamente la actuación de Enrique Olivares fuera obra de la Policía. Muy enfadado le contó al juez que en 40 años de encargos delicados jamás se le habría ocurrido hacer algo propio de “una película de Alfredo Landa”.

El falso cura, un individuo casi en la indigencia y miembro de una humilde familia, contó para su defensa con un abogado que le pagó alguien cuya identidad continúa en secreto. Aquel abogado, Andrés Ruiz Cubero, es hermano del funcionario de prisiones que intentó vender material grabado por Villarejo después de coincidir con él cuando ambos cumplían condena en Estremera. 

El letrado negó a elDiario.es que su defensa de Olivares estuviera vinculada con su hermano o que le hubiera contratado alguien relacionado con la política o los servicios de Información y aludió a un favor personal. “Enrique estaba trastornado. ¿A quién se le podría haber ocurrido utilizarlo para algo así?”, declaró en 2022.

El segundo interrogante se refiere a los ingresos de Olivares estando en la cárcel: ¿quién cebaba continuamente la cuenta del preso? Y por último, ¿quiénes son y qué querían los policías que visitaron en prisión a Olivares el 1 de diciembre de 2015, apenas unos días después de que aparecieran las primeras informaciones publicadas sobre la operación Kitchen?. De los policías, este periódico solo pudo determinar que pertenecían a la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), no vinculada a la Kitchen. La Dirección General de la Policía evitó cualquier comentario al ser preguntada por esta cuestión.

Respecto a la cuenta del peculio del preso, esta llegó a reunir 4.751,28 euros. Olivares recibía ingresos de una pensión de 368 euros y otros periódicos de 250. “Perteneciendo a una familia sin recursos, Enrique Olivares recibía sistemáticamente ingresos en su cuenta penitenciaria de peculio, cuyo origen puede coadyuvar a demostrar que no habría actuado de modo aislado y autónomo”, llegaron a escribir los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Pero el juez García Castellón concluyó: “No se ha recabado ningún indicio que permita sostener, con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto al domicilio del señor Bárcenas estuviera directamente relacionado con la operación Kitchen”.

Una comisión judicial integrada por el juez, los fiscales y una médico forense de la Audiencia Nacional llegaron a visitar a Olivares en prisión después de sufrir el ictus, ante las noticias de cierta recuperación. La forense quedó en redactar un informe que, según fuentes del caso, iba a recomendar que se le tomara declaración. Pero entonces, la médico cayó enferma y después llegó la pandemia. Antes de su reincorporación, el juez despachó el caso del falso cura. García Castellón hizo que lo trasladaran a la Audiencia Nacional y que otro forense dictaminara: no estaba en condiciones de declarar.

Nadie es quien parece en la cárcel de Bárcenas

La cárcel es protagonista del tercer interrogante de Kitchen: el espionaje a Bárcenas mientras su familia era vigilada 24 horas en el exterior. Así se lo contó al juez el propio Luis Bárcenas: “Yo detecté una persona que infiltraron en el módulo en el que yo estaba para hacerme labores de seguimiento (…) Me seguía y tomaba notas”. La coartada de ese supuesto preso entre los reclusos del módulo de Bárcenas es que había sido detenido intentando introducir droga en España con un velero. Pero un buen día desapareció del módulo. Bárcenas y otros presos pensaron que había cambiado a otro, pero luego supieron que ya no estaba en la cárcel. 

Bárcenas describió ante el juez y los fiscales gráficamente el episodio del espía: “La foto del individuo que se correspondía con el carnet de la persona que estaba haciendo el seguimiento era un dominicano, pero el señor que estaba haciendo el seguimiento era un señor español, blanco, blanquísimo. Y no de color café con leche, como era el dominicano, no. O sea, que habían infiltrado a una persona con tal nivel de torpeza que en lograr de fabricar un NIS [Número de Identificación de Seguridad, una suerte de carnet de recluso], no sé si se puede hacer, le habían asignado el NIS de otra persona, que habría estado ya en el Centro Penitenciario y que era un dominicano”.

Luis Bárcenas le dijo al juez y a los fiscales que cree que detrás del espionaje en prisión está el Centro Nacional de Inteligencia y el interés de la entonces vicepresidenta del Gobierno, de la que dependía el servicio de espionaje español, en que el caso de la caja B no salpicara a Mariano Rajoy. 

La historia del falso dominicano se cruza con el episodio del informático colombiano al que Bárcenas pidió que, al salir de permiso, accediera a la 'nube' y borrara archivos que allí guardaba. En una de ellas, Rajoy aparecería hablando con Bárcenas mientras introduce en una destructora de papel en 2009 pruebas de la caja B del partido. O ese creerían los policías de la Kitchen. De esa grabación ha hablado el ex tesorero en varias ocasiones, en sede judicial y en el Congreso, asegurando que estaba en el local de su mujer que allanó ilegalmente García Castaño, El Gordo. Bárcenas se ha contradicho al respecto. Ante el juez del caso Kitchen aseguró que él nunca ha grabado a nadie.

El colombiano, de nombre Isidro Sánchez, era un experto informático que se ofreció a hacer el trabajo durante un permiso de seis días. Según explicó Sánchez al juez, Bárcenas únicamente le pidió que solicitara a Google eliminar las noticias aparecidas sobre su mujer, Rosalía Iglesias. El ex tesorero, por contra, declaró que el trabajo consistía en borrar documentación de la 'nube', pero negó que allí hubiera ninguna grabación hecha por él.

Bárcenas pactó entregar a Isidro Sánchez una cantidad de dinero, que oscilaría entre los 1.500 y los 3.000 euros, que el recluso le requirió para comprar material informático. Se lo entregaría la mujer de Bárcenas, a través del chófer infiltrado, Sergio Ríos. La cita del chófer con este preso aparece reflejada en la agenda de Villarejo. 

Isidro Sánchez contó que no pudo hacer el trabajo porque fue detenido en la habitación de la pensión donde se alojó durante el permiso. El Gordo reconoció en el juzgado que sus agentes le habían seguido porque alguien les informó del día que salía de la cárcel. La Policía detuvo al colombiano por una reclamación de un juzgado de otra causa pendiente y lo devolvió a prisión. Bárcenas asegura, sin embargo, que cuando salió de la cárcel, en la 'nube' ya no quedaba nada.

Antes o después de salir de permiso, los funcionarios hicieron un cacheo sorpresa en la celda del colombiano y le encontraron la anotación de Bárcenas: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”. Bárcenas asegura que él escribió esa nota. El colombiano dice que nunca existió.

El 13 de agosto de 2013, el comisario Villarejo escribió en su diario, junto al apelativo “Andi” (Andrés Gómez Gordo, comisario imputado y ex asesor de Cospedal): “Datos de colombiano colaborador de MACO”, en posible alusión a la cárcel. El 3 de septiembre de 2013, junto al nombre “Chisco” (Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad), Villarejo apunta: “Coche de (ininteligible). Ayuda Prisiones. Tema ordenadores, copia en teléfono”. El 3 de octubre, el aludido es BIG (comisario Enrique García Castaño): “2 paquetes con notas a un preso tercer grado”.

La historia de la Kitchen en prisión abre una serie de interrogantes: ¿Era el colombiano en realidad un colaborador de la Policía que engañó a Bárcenas? ¿Fue su detención durante el permiso una maniobra de distracción? ¿Quién borró los datos de la 'nube'? Y, sobre todo, ¿estaba allí la grabación de Rajoy destruyendo papeles de la caja B del PP?

El 23F se ha contado mil veces, de todas las formas y en todos los formatos posibles, pero faltaba la versión del Estado, que ha mantenido clasificados bajo secreto oficial desde 1981, al menos 153 documentos. Papeles confidenciales que estaban en el Ministerio de Defensa, en el de Interior, en Presidencia, en el CNI y que, 45 años después, el Gobierno ha decidido publicar sin mucho contexto. Hay transcripciones de llamadas telefónicas, informes de inteligencia, documentos sin firmar y hasta dibujos. 

Estos papeles tan secretos ¿desvelan algo relevante o que realmente no se supiera? ¿Cambian el sentido de la historia? Hablamos con Raquel Ejerique, Marta Borraz e Iñigo Aduriz, miembros del equipo de elDiario.es que ha explorado esos documentos. Con Carlos López Fonseca, uno de los escritores y periodistas que más ha indagado en el 23F, calibramos la relevancia del material revelado por el Gobierno. 

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El Gobierno ha desclasificado este miércoles los documentos que hasta ahora permanecías secretos sobre el 23F, algo más de 150 documentos con informes, conversaciones telefónicas y detalles de la intentona golpista que acabó en fracaso. Hemos elaborado esta guía para navegar por las diferentes informaciones que han salido de esa documentación, que contiene detalles como el papel de los espías, la desazón de la mujer de Tejero o las alusiones al rey Juan Carlos.

Los rumores sobre Juan Carlos: “Tiene un avión para huir”

Hay muchas alusiones al rey Juan Carlos en los documentos, pero ninguna clara sobre su participación en el golpe, pese a lo mucho que se ha especulado estos años. De hecho, esas mismas especulaciones comenzaron ya inmediatamente tras el golpe, como recoge este documento sin ninguna firma que identifique su autoría o procedencia. El informe, de diez páginas, recoge esa “campaña” de mentiras y “tergiversaciones” entre los que se encuentra que el rey tenía “un avión para huir de España” o que “envió a sus hijos a Inglaterra” antes del golpe de Estado.

El rey en el plan de los golpistas: “Un objetivo a abatir y anular”

El monarca aparece también mencionado en varias ocasiones en un texto, de noviembre de 1980, plantea distintos escenarios para el derrocamiento del Gobierno de Adolfo Suárez. En un documento anexo posterior al intento de golpe de Estado se analiza la opinión de una facción del ejército que señala los riesgos de “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”, cuando ha frustrado por televisión las posibilidades de éxito del golpe de Tejero. Es un auténtico mapa de posibilidades para el golpe y de opciones para el futuro cuando ya había fracasado. Puedes leerlo aquí.

Las llamadas: “¿Has visto qué asco de Ejército tenemos?”

Una de las principales expectativas sobre los documentos desclasificados este miércoles eran las transcripciones sobre el inmenso tráfico de llamadas que se produjo aquella noche. Pero lo cierto es que no están las que se produjeron desde el interior del Congreso, o las que mantuvo el rey con las capitanías generales.

Sí se ha publicado un extenso documento con las llamadas de una protagonista inesperada de la noche del 23F: la mujer de Antonio Tejero, Carmen Díez. No soltó el teléfono aquella noche, preocupada por su marido, protagonista ya de un golpe fracasado, y al que se refiere con una ristra de descalificativos: “El tonto desgraciado, lo han dejado solo”. Hemos reunido aquí las conversaciones más importantes de Díez, que constituyen un documento fundamental para entender lo que ocurrió aquella noche, en la que en a cada minuto se distanciaban aún más las expecativas iniciales de la realidad.

Pero hay más conversaciones interesantes. Por ejemplo, la que mantuvieron el general Carlos Iniesta con el golpista Juan García Carrés, o una entre dos soldados sobre la toma de RTVE, que pudo acabar en tragedia: “El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada”.

Espías que pillaron a otros espías

Se esperaba que los documentos de hoy incluyeran informes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el anterior CNI, y aunque ninguno recoge los movimientos previos al golpe (lo más interesante), hay uno fundamental: el que revela la “participación activa” de seis de sus agentes en el 23F.

El informe dice directamente que “se ha podido comprobar que algunos miembros de esta Unidad participaron activamente en los hechos”. Fueron seis en total: cuatro de ellos nunca fueron procesados en la causa judicial que investigó los hechos, mientras que de los dos restantes, uno fue condenado y el otro absuelto. Puedes leer aquí este informe elaborado por espías sobre las actividades golpistas de otros espías.

Prisiones saturadas, militares católicos y un PCE monárquico

Los documentos de este martes, aunque no han arrojado nuevas claves sobre el golpe, sí que contienen innumerables detalles sobre aquella noche y sobre la tensión que se vivió en el país los meses posteriores. Hay anécdotas curiosas, como que se arrestó a tantos oficiales que no cabían en la prisión militar, que el PCE estaba muy preocupado por el futuro de la monarquía, o las tensiones dentro del Ejército: “El ambiente en los cuarteles se está enrareciendo”.

De hecho, un documento secreto de la época alertaba de que los soldados podía distanciarse “peligrosamente” de sus mandos y la Constitución. Hasta el punto de que se diseña un plan para recuperar el control con nuevos mandos militares, que debían ser “católicos con evidencias” pero sin “afinidades políticas”. Aquí están el resto de requisitos.

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, y su predecesora en el cargo Paz Esteban han negado este jueves ante la jueza que el centro espiara en 2020 a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, de acuerdo con la información desclasificada por el Consejo de Ministros, informa la agencia EFE.

Casteleiro, como testigo, y Esteban, en calidad de investigada, han comparecido este jueves por videoconferencia ante la jueza de instrucción número 24 de Barcelona, que investiga las querellas de Van den Eynde y del exeurodiputado Jordi Solé por el espionaje a sus móviles con el software Pegasus.

Esta es la tercera vez que Esteban, que fue destituida a raíz del escándalo por el espionaje masivo al independentismo con Pegasus, declara como imputada por los ataques a móviles con ese software malicioso. De momento, está siendo investigada en cinco causas.

No obstante, Esteban sí que ha dicho conocer la existencia de una pericial que constata el rastro de Pegasus en el teléfono de Van den Eynde, así como de un informe de Amnistía Internacional en el que se recoge que, tras una petición a través de la Ley de Transparencia, el Ministerio del Interior confirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no dispone del citado 'spyware', según las mismas fuentes jurídicas.

En el caso del abogado, no existe una pericial de Mossos d'Esquadra porque la Audiencia de Barcelona lo rechazó, pero una pericial de Citizen Lab constató que sufrió un ataque con Pegasus en su teléfono móvil en 2020, coincidiendo con una reunión por videoconferencia con los abogados del procés.

Tras la declaración de Casteleiro y Esteban, Irídia ha lamentado que desde el CNI continúen sin dar explicaciones “sobre uno de los casos de espionaje con Pegasus más grandes de Europa”, amparándose, según la entidad, en un marco legal restrictivo que no garantiza las salvaguardas mínimas exigidas por los estándares internacionale

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ha admitido ante la jueza que los exlíderes de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie fueron espiados con Pegasus entre los años 2019 y 2020, con el aval del Tribunal Supremo, aunque sin aclarar los ataques corroborados por los Mossos d'Esquadra en años anteriores que no tenían permiso del Alto Tribunal.

Casteleiro, que en mayo de 2022 relevó al frente del CNI a Paz Esteban tras su dimisión por el escándalo del espionaje masivo al independentismo, ha declarado este lunes por videoconferencia ante la titular del juzgado de instrucción número 23 de Barcelona, que investiga el espionaje a Sànchez, a su sucesora en la ANC, Elisenda Paluzie, y a la exmiembro del secretariado de la entidad Sònia Urpí.

Los Mossos d'Esquadra han corroborado la infiltración mediante el programa Pegasus, que solo se vende a Gobiernos, en el teléfono de los exlíderes de la ANC. La clave de la declaración como testigo de Casteleiro estaba en las fechas: la infiltración en el móvil de Sànchez, según el análisis forense, se hizo con y sin permiso del Supremo, en un ejemplo de falta de control a las actividades del CNI por parte del Alto Tribunal.

Sànchez y Paluzie fueron dos de los nombres que la antigua directora del CNI Paz Esteban reconoció haber espiado, con aval del Tribunal Supremo, en su comparecencia en el Congreso sobre el escándalo Pegasus en 2022. La jefa de los espías admitió solo 18 nombres de espiados por el CNI frente a los 65 que aduce el independentismo.

En el caso de Sànchez, los Mossos ratificaron que su móvil fue infectado con Pegasus en hasta 19 ocasiones entre 2015 y 2020. La mayoría de ataques fueron entre 2015 y 2017, cuando dirigía la ANC antes de entrar en prisión en el procés. El último ataque es de julio de 2020, cuando disfrutaba de uno de sus primeros permisos penitenciarios.

El espionaje coincide con Ejecutivos centrales tanto del PP como del PSOE. La interceptación total de comunicaciones de Paluzie ocurrió en cuatro ocasiones. En agosto y octubre de 2019, coincidiendo con los preparativos y la sentencia del procés, y en mayo y agosto de 2020, durante la campaña electoral interna de la entidad.

La magistrada acordó citar a declarar como testigo a Casteleiro, quien entre los años 2020 y 2022 fue secretaria de Estado de Defensa, y para ello pidió al Consejo de Ministros que la autorizara a revelar información reservada sobre los hechos, protegidos por la ley de secretos, y desclasificara la información sobre el espionaje a los líderes de la ANC, informa EFE.

El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros remitió a la jueza instructora dos autos en los que el magistrado del Tribunal Supremo encargado del control del CNI autoriza a los servicios secretos a interceptar las comunicaciones de Sànchez y Paluzie, en distintos períodos entre los años 2019 y 2020, y autorizó a Casteleiro a declarar ante la jueza sobre esa cuestión.

Los autos remitidos por el Consejo de Ministros -como sucedió en el caso de las resoluciones enviadas al juez que investiga el espionaje al expresident Pere Aragonès- contienen fragmentos suprimidos, por contener información sensible.

Durante su declaración, la testigo se ha remitido a las resoluciones del Supremo que avalaban el espionaje y ha soslayado cualquier pregunta relativa al uso o el funcionamiento de Pegasus, escudándose en que esas cuestiones quedan fuera del ámbito de información desclasificada sobre la que el Gobierno le autoriza a hablar.

Ello ha impedido aclarar una cuestión clave planteada por la acusación particular sobre el uso de Pegasus en el móvil de Jordi Sànchez entre los años 2015 y 2017, que la testigo no ha respondido escudándose en que afecta a información reservada.

Según fuentes de la ANC, la jueza preguntó al Consejo de Ministros si les constaba espionaje a los expresidentes de la entidad entre los años 2015 y 2022, que es el período en el que Mossos han detectado infecciones.

El informe de la policía catalana apunta a que la mayoría de las intrusiones en el móvil de Sànchez tuvieron lugar entre septiembre de 2015 y el 13 de octubre de 2017 -dos días antes de que entrara en prisión preventiva por el procés-, es decir en la etapa en que presidió la ANC y, por lo tanto, antes de que fuera objeto de investigación judicial por el 1-O.

Casteleiro prestó ya declaración como testigo ante la jueza de Barcelona que investiga el espionaje al diputado de ERC Josep Maria Jové y la eurodiputada Diana Riba y está citada para el próximo 18 de diciembre para dar explicaciones sobre los ataques con Pegasus al exeurodiputado republicano Jordi Solé y a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras.

Por los ataques con Pegasus, la exdirectora del CNI Paz Esteban está siendo investigada en cinco causas distintas, a raíz de las querellas presentadas por afectados por el caso de espionaje masivo al independentismo

El Tribunal Supremo rebaja la condena a Francisco Nicolás Gómez, conocido como el 'Pequeño Nicolás', por fingir ser agente del CNI y del Gobierno. La Sala Penal confirma dos años de prisión por delito continuado de falsedad documental, con la atenuante de dilaciones indebidas, por la confección de documentos que atribuía falsamente a altos organismos del Estado. Pero le absuelve de un delito de usurpación de funciones por el que había sido condenado a otros 17 meses de prisión por la Audiencia de Madrid. 

La sentencia considera probado que el 'Pequeño Nicolás' llegó a acudir al despacho del director de una sucursal del Banco Santander para intentar, sin éxito, que un empresario pudiera sacar todo su dinero en efectivo. Durante esa reunión, el 'Pequeño Nicolás' colocó intencionadamente un documento escrito en el que aparecía la bandera de España y un membrete de altas instituciones del Estado. 

Fue detenido cuando la Policía sospechó que podía estar intentando estafar a este empresario, que en origen había acudido a él por problemas en la venta de una finca. Los agentes encontraron en su domicilio documentos que confeccionó usando sellos, banderas, dibujos oficiales y membretes que él mismo estampaba digitalmente. Eso les conferían una apariencia de autenticidad, al tiempo que atribuían su origen a altos organismos del Estado como la Casa Real, el Gobierno de España, el Ministerio de la Presidencia, la UDEF de la Policía o el CNI, en ocasiones con la firma simulada del presidente del Gobierno o el director del CNI. 

Los jueces del alto tribunal le condenan por falsificar la documentación del CNI o del Gobierno que utilizaba para presentarse, pero le absuelven del delito de usurpación de funciones. El Supremo indica que, en los hechos probados, aparece claro que el acusado simula aparentar una influencia como agente de inteligencia ante el director del banco, pero ello no es una simulación de las funciones de un cargo o funcionario público, sino precisamente un comportamiento nada ético, y desde luego, totalmente reprochable desde una perspectiva de una supuesta legalidad de su función como agente estatal.

Actuar tanto contra el supuesto comprador como contra el vendedor. La Audiencia de Barcelona ha ordenado a la jueza que investiga el espionaje con Pegasus a los móviles de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba que cite a declarar como imputados a Omri Lavie, Shalev Hulio y Yuval Someckh, los tres directivos del grupo NSO, la empresa israelí que comercializa el software malicioso que solo se comercializa con Estados.

Así lo han anunciado los afectados en una rueda de prensa en el Parlament. En su resolución, la Audiencia de Barcelona da la razón al abogado de los espiados, Andreu Va den Eynde, y ordena a la juez que cite como investigados a los directivos de NSO y de su propietaria OSY Techonologies como en su día hizo con la exdirectora del CNI Paz Esteban, quien el pasado lunes compareció como imputada en la causa.

La orden de los magistrados es de difícil materialización. Hasta el momento, ningún directivo de NSO ha declarado como investigado en las múltiples causas abiertas en juzgados de Barcelona por el caso del espionaje masivo al independentismo. Las comisiones rogatorias remitidas por los jueces de Barcelona a Israel han tenido el silencio por respuesta.

En su auto, el tribunal se remite a las resoluciones que otras secciones de la Audiencia han adoptado en relación con la imputación de los directivos de NSO en el caso Pegasus y concluye que es “del todo lógico” ampliar la investigación a las personas que “puedan estar detrás” de las decisiones adoptadas por la empresa israelí.

En contra del criterio de la Fiscalía, que consideraba no delictiva la conducta de los fundadores o directivos de la empresa tecnológica, la Audiencia insta a la jueza a investigar a los responsables de NOS y de OSY Techonologies (que ya estaba imputada en esta causa como persona jurídica) y a expedir órdenes de cooperación europeas para comunicarles su imputación.

Los diputados de ERC han exigido al Gobierno que desclasifique la documentación relativa al caso y que “deje de haber obstáculos para saber quién y por qué decidió perpetrar estos espionajes y qué se descubrió”, informa EFE.

Los republicanos han explicado que el grupo de ERC en el Congreso ha registrado una batería de preguntas y peticiones al Gobierno al respecto, a la vez que han pedido la reforma de la ley de secretos oficiales y la del CNI. Para Jové, estas imputaciones son “un paso muy importante para que el caso del Catalangate se pueda internacionalizar de manera definitiva”.

“Si realmente el Gobierno español hace un embargo de armas al Estado de Israel y se enfrenta al Estado de Israel, que desclasifiquen (los documentos) y que permitan que Paz Esteban u otros directivos del CNI declaren, pero también que desclasifiquen documentos para que nuestros abogados puedan hacer las preguntas pertinentes a los directivos de esta empresa israelí”, ha subrayado.

Segunda declaración como imputada de la exjefa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por el espionaje a los independentistas y mismo silencio. La exjefa de los espías se ha escudado en que la ley que impone deber de reserva a los funcionarios del CNI, salvo para las actividades que ha desclasificado el Gobierno, para no responder a las preguntas sobre el espionaje a dos parlamentarios de ERC.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 20 de Barcelona ha comparecido Esteban, por videoconferencia desde Madrid, por el espionaje a dos diputados de ERC, la europarlamentaria Diana Riba y el diputado en el Parlament Josep Maria Jové. El Gobierno negó, tal y como Esteban ha recordado este lunes, que ambos formaran parte de la lista de espiados por el CNI, si bien el rastro científico de la infiltración en sus móviles coincide con los que exjefa del centro sí admitió haber vigilado.

La sesión ha sido casi calcada a la primera comparecencia como imputada de Esteban, en este caso ante el juzgado de instrucción 29, por el espionaje al expresident Pere Aragonès. Tras los problemas técnicos habituales en las videoconferencias que han retrasado más de una hora el trámite, la declaración de Esteban (asistida por hasta cuatro abogados del Estado, dos en Madrid y dos en Barcelona) ha durado cinco minutos. Son los que ha tardado en expresar, según fuentes jurídicas, que no podía declarar no por el derecho a no hacerlo que asiste a cualquier imputado, sino por el deber de reserva de las actividades del CNI.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. Esteban, el único cargo gubernamental que cesó del cargo por el escándalo tras la presión de los grupos independentistas, está imputado en cinco causas.

Las líneas de defensa que fijó Esteban en el caso del espionaje de Jové y Riba han sido desmentidas por los informes forenses sobre los móviles de las víctimas. El Gobierno adujo, en el inicio del caso, que no podía desclasificar documentos sobre la infiltración porque ni Jové ni Riba formaban parte de los independentistas (el expresident Aragonès entre ellos) espiados por el CNI con el aval del Supremo.

Sin embargo, el análisis forense de los móviles ha delatado al CNI: los Mossos d'Esquadra han hallado coincidencias técnicas del espionaje que aducen tanto Aragonès como Jové y Riba, los tres defendidos por el abogado Andreu Van den Eynde. Es decir, el método de infiltración coincide tanto en espiados que reconoce el CNI como en los que no.

La técnica para entrar en el móvil también coincidía en ambos casos: fue el envío de SMS con noticias aparentemente reales pero que en realidad dirigían al servidor espía. El deber de reserva sobre las actividades del CNI, ha aducido Esteban, le ha impedido contestar a las preguntas sobre el caso. Su tercera cita como imputada, pendiente de acordarse por otro juzgado barcelonés, servirá para ver si sigue la misma estrategia.

La exjefa del CNI está investigada en cincocausas en Barcelona por el espionaje al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los parlamentarios de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba; el exeurodiputado republicano Jordi Solé; el abogado Andreu Van den Eynde; y un grupo de empresarios tecnológicos.

Todas las pesquisas siguen, más o menos avanzadas, pero todavía en fase de instrucción. Este lunes, según fuentes jurídicas, ninguna de las partes presentes en el interrogatorio ha mencionado la puerta abierta a la amnistía para Esteban que el Constitucional esbozó en su sentencia sobre la ley de olvido penal al procés. El caso Pegasus está, por ahora, lejos de cerrarse.

Nueva investigación del espionaje al entorno soberanista. Una jueza de Barcelona ha acordado investigar por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Azón y María Gámez, además de responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, a raíz de una querella presentada por cinco empresarios del sector tecnológico.

En un auto, adelantado por la agencia EFE y al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza Míriam de Rosa Palacio resuelve admitir a trámite la querella, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La querella se dirige contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023 María Gámez. Supone así la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo, pues hasta ahora las causas judiciales se habían enfocado hacia el CNI y su exdirectora Paz Esteban.

Mantener dos hipótesis sobre quién espió a los empresarios supone intentar agotar todas las vías para encontrar a los responsables de las infiltraciones. No obstante, a la vez es un riesgo de que, ante diversas opciones de autoría, la causa penal quede en nada. Por este motivo, otros independentistas investigados se han concentrado en señalar únicamente al CNI.

Los espiados en este caso son Joan Arús, Jordi Baylina, Pau Escrich, Joan Matamala y Xavier Vives, expertos y empresarios del sector tecnológico que formaron el colectivo Sentinel para denunciar el espionaje tanto con Pegasus como con otro programa similar, Candiru.

“Esta causa no solo busca la reparación individual, sino que pretende exponer las herramientas con las que se degrada la democracia desde dentro. Necesitamos garantías judiciales y una rendición de cuentas posterior que sea real, dos cosas imposibles con la Ley de Secretos Oficiales de 1968”, ha denunciado Joan Arús, portavoz y presidente de Sentinel.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. La exdirectora del CNI está imputada en cuatro de ellas, pero por ahora solo ha comparecido como investigada en una. El próximo lunes 29 de septiembre lo hara en un segundo caso.

Además del abogado Andreu Van Eynde, Esteban está imputada por espiar al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los diputados de ERC en la Eurocámara y el Parlament Diana Riba y Josep Maria Jové y el exeurodiputado republicano Jordi Solé.

A diferencia del caso de Aragonès, ni Esteban en su comparecencia en el Congreso por el escándalo Pegasus en 2022 ni el Gobierno han admitido que el CNI espiara a los otros afectados, pero el rastro técnico del espionaje ha delatado al centro de intelegencia. Al apreciar sustanciales similutades entre todos los espiados, los jueces han ordenado imputar a Esteban en todos los cuatro casos.

Todas las investigaciones en curso han seguido el rastro del CNI, y los indicios obtenidos a lo largo de las distintas causas han empezado a corroborar la hipótesis inicial. Por el contrario, la causa impulsada por Sentinel supone la primera vez que se sitúan a dos instituciones como responsables del espionaje: el CNI y la Guardia Civil.

Como pruebas periciales, los denunciantes piden que el juzgado encargue analizar sus móviles a los Mossos d'Esquadra -que ya han hallado rastros de espionaje en los teléfonos de otros afectados, entre ellos el expresident Pere Aragonès- y tome declaración, como expertos, a los analistas de Citizen Lab y de Amnistía Internacional que documentaron el llamado 'Catalangate'.

Otra de las diligencias que plantean los querellantes es que el juzgado requiera a la Audiencia Nacional una copia de las causas de Tsunami Democràtic y CDR, en cuyo sumario aparecieron varios empresarios tecnológicos investigados sin informarles de que estaban formalmente imputados, en un caso conocido como 'CNI catalán'.

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban ha sumado su cuarta imputación por el caso Pegasus. La nueva investigación en la que comparecerá como investigada además, tiene como víctima por primera vez no a un político independentista, sino a un abogado: Andreu Van den Eynde, letrado, entre otros, del líder de ERC, Oriol Junqueras.

Interceptar las comunicaciones de un letrado es una vuelta de tuerca al espionaje, ya que acaba con un pilar básico de su profesión –el secreto con su cliente– y puede poner en peligro el derecho de defensa y las estrategias jurídicas en una investigación en curso. Así lo sostiene Van den Eynde, que remarca que en mayo de 2020, cuando fue espiado con Pegasus, en pleno confinamiento, estaba preparando escritos sobre el cumplimiento de la pena que le impuso el Supremo a Junqueras.

Además de Esteban, permanecen investigados en el caso tres responsables del grupo israelí NSO por comercializar el programa espía. El centro Irídia, que ejerce la acusación en nombre de Van den Eynde, ha denunciado que el Estado “sigue sin esclarecer” el caso Pegasus más de tres años después de destaparse.

En el auto por el que imputa a Esteban, la jueza remarca que no existe “ningún dato” que permita deducir que el programa Pegasus lo usara otro organismo que no fuera el CNI, toda vez que es un 'software' que solo se vende a Gobiernos.

La magistrada, como en otras causas, ha pedido al Gobierno que libere a Esteban de su obligación de guardar silencio sobre las actividades del CNI, y evitar así que la exjefa del CNI se escude en el secreto oficial para no responder a las preguntas sobre el espionaje.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. Esteban está imputada en cuatro de ellas, pero por ahora solo ha comparecido como investigada en una.

Además del abogado Andreu Van Eynde, Esteban está imputada por espiar al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los diputados de ERC en la Eurocámara y el Parlament Diana Riba y Josep Maria Jové y el exeurodiputado republicano Jordi Solé.

A diferencia del caso de Aragonès, ni Esteban en su comparecencia en el Congreso por el escándalo Pegasus en 2022 ni el Gobierno han admitido que el CNI espiara a los otros afectados, pero el rastro técnico del espionaje ha delatado al centro de intelegencia. Al apreciar sustanciales similutades entre todos los espiados, los jueces han ordenado imputar a Esteban en todos los cuatro casos.

Tal y como han constatado los informes forenses de los Mossos d'Esquadra, los metadatos del espionaje coinciden tanto en los independentistas cuya infiltración se realizó con aval judicial (como Aragonès) como en los que no consta permiso alguno del Supremo para que el CNI accediera a su teléfono con el programa Pegasus (como Solé o Van den Eynde).

El Gobierno no ha despejado las dudas de los jueces sobre si el espionaje de Van den Eynde se efectuó con cobertura legal del Tribunal Supremo o si, por el contrario, fue realizado sin aval judicial por parte el CNI.