La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Alberto González Amador y sus empresas contra el auto de junio de 2025 en el que la anterior jueza del caso ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar la pieza separada dedicada al presunto soborno de un directivo de Quirón por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial advierten que, pese a recurrir el auto en el que la jueza Inmaculada Iglesias se ceñía a exponer los motivos que hacían necesaria la implicación de la unidad especializada de la Guardia Civil, la defensa de González Amador, dirigida por el letrado Gabriel Rodríguez-Ramos solicitaba el archivo de las actuaciones. Los tres magistrados se pronuncian en contra de tales pretensiones.

En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Le explican que la decisión del juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos es una diligencia de investigación que, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) no es recurrible.

Por otro lado, los magistrados recuerdan al letrado que, dado que la finalidad de su recurso es que se acuerde el sobreseimiento de las actuaciones, este paso se ha de efectuar antes ante el juzgado de instrucción. Esto es así porque la Audiencia Provincial tiene “funciones revisorias” y por tanto “no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el instructor”.

Cabe recordar que la UCO solicitó el pasado 19 de diciembre al juez Antonio Viejo autorización para acceder a la información de las empresas y las cuentas bancarias de Alberto González Amador, sin que los agentes hubieran recibido respuesta, al menos hasta el mes pasado. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegan la enorme carga de trabajo para el magistrado, una vez se hizo cargo del juzgado en octubre por jubilación de su antecesora.

En esta causa se investiga a González Amador por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal en relación a un supuesto soborno que habría abonado a un directivo de Quirón. En una resolución de junio de 2025 se detallaba que la pareja de Ayuso adquirió la sociedad Círculo de Belleza SL en diciembre de 2020 por medio millón de euros, y añadía que esa mercantil pudo ser el vehículo para el pago de una comisión encubierta dado que «según los informes de la Agencia Tributaria carecía de actividad y patrimonio».

La Fiscalía indicó por su parte en un informe que esa operación parecía más bien “un soborno”, algo que negó en abril de 2025 González Amador cuando en sede judicial defendió la legalidad de sus negocios con Quirón Prevención y negó haber pagado esa supuesta comisión encubierta de 499.836 euros.

En fecha por concretar, probablemente en 2027, el empresario y comisionista Alberto González Amador se sentará en el banquillo por otra investigación, ya concluida. La Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de cárcel dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos. 

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto este jueves a defender las relaciones de su gobierno con el grupo Quirón que es también el principal cliente de su pareja, Alberto González Amador. Durante la sesión de control a su Ejecutivo en la Asamblea de Madrid la portavoz del PSOE, Mar Espinar, le ha reprochado el nuevo contrato suscrito entre la Comunidad de Madrid y Quirón para que esta empresa gestione el laboratorio central de la región por 120 millones de euros. Y la presidenta madrileña ha optado por responder atacando y, en concreto, haciendo mención al juicio del caso Mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo, en el que están acusados el exministro José Luis Ábalos, el que fue su máximo colaborador Koldo García y Víctor de Aldama.

“Trabajan ustedes menos que miss Asturias”, les ha reprochado Ayuso a los socialistas en alusión a Claudia Montes, que el miércoles dijo en el juicio que en su etapa en Logirail dejaba solía ir a la biblioteca a leer “libros de trenes” en lugar de trabajar desde su despacho. “El modelo de la comunidad de Madrid es totalmente garantista, métaselo en la cabeza. No se perdona nada y cada actividad se factura”, ha añadido, para defender sus relaciones con Quirón.

Ayuso ha dicho que “en lo peor de la pandemia se extendió una red de corrupción de mascarillas que impedía que las comunidades autónomas pudieran contratar”. También ha afirmado que “el número dos” del PSOE, en alusión a Ábalos “va a pasar del banquillo a la cárcel”. “¿Y tienen todavía la caradura de hablarnos de corrupción esta semana ustedes? Obras, saunas, escuchas, cloacas, y eso sí, siempre con la conveniencia del presidente del Gobierno, porque se lo debe todo al señor Ábalos, el dos de su partido, el que organizaba su partido, el que traía los sobres, el que organizaba absolutamente todo”, ha añadido.

En su intervención, Espinar había criticado que Ayuso tenga “el don para juntarse con lo peor de cada casa” y “decida perdonar 70 millones a Quirón y Ribera Salud”. “En este trato a favor que hace con el principal cliente de su pareja, ¿qué sacan los madrileños? Pues una sanidad peor, listas de espera récord, faltas de cama, falta de personal, urgencias colapsadas”, ha afirmado. La dirigente socialista ha subrayado que en la Semana Santa Ayuso parecía estar más centrada en pensar cuántos millones “le iba a regalar en el próximo Consejo de Gobierno a Quirón”. “¿Dónde está usted? ¿Con los que están haciendo aguantar la respiración al mundo o con los derechos humanos? ¿Con el amor al prójimo o con el infierno en la tierra?”, ha ironizado.

“¿Cómo tienen la poca vergüenza de hablarnos así con ese poco rubor después de lo que se está viviendo durante todos estos días?”, ha insistido Ayuso, que ha llegado a afirmar que esta semana Sánchez “huye a China con su mujer”. “No son capaces de dar explicaciones ni por la gestión del AVE, nos dejan sin luz, sin médicos y sin vivienda. Deberían simplemente pedir perdón a los españoles y marcharse a casa”, ha zanjado la presidenta madrileña.

La posición internacional

El otro gran rifirrafe protagonizado por Ayuso ha sido con la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que le ha recordado que el presidente estadounidense “amenazó con destruir una civilización entera” y “con aniquilar un país de 90 millones de habitantes, y lo que hizo la derecha española fue pedir sensatez”, en alusión a un tuit del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien la máxima dirigente de la oposición ha tachado de “cobarde” por ni siquiera poner el nombre de Donald Trump en su mensaje.

“Es usted igual de cobarde”, le ha dicho a Ayuso, por callar ante el “genocidio en Palestina” y los “250 asesinatos de Netanyahu en el Líbano”. “Si ustedes no se atreven ni siquiera a decir eso, señora Ayuso, ustedes no están capacitados para gobernar este país y no deberían ser capaces de mirarse al espejo cada mañana”, ha recalcado.

Ayuso le ha respondido asegurando que si estar “callado es ser cómplice”, Bergerot lo es de “cada éxodo de país comunista que ha mandado a millones de personas a vivir a España y a la Comunidad de Madrid huyendo de sus políticas de miseria y de hambre”.

El sistema sanitario madrileño tiene una red de hospitales públicos que conviven con cinco concertados (cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud). Todos atienden a los ciudadanos en función del área donde viven, pero los de empresas privadas pelean también por captar pacientes de la pública y de otras zonas. Esto se puede hacer porque en 2009 Esperanza Aguirre implantó la libre elección. Esto significa que cada madrileño tiene asignado un hospital según su zona de residencia, pero puede cambiarse a otro para ser tratado en cualquier otra zona de la región.

Este modelo mixto y abierto al cambio tiene una consecuencia económica. Cada mes, los hospitales de gestión pública y los de gestión privada tienen que poner en común qué tratamientos han hecho a pacientes que vienen de fuera de su centro para facturar a quien corresponda. Por ejemplo, si a una parturienta a la que le tocaba el Hospital Gregorio Marañón (público) la han atendido en la Fundación Jiménez Díaz (de Quirón), este hospital privado le cobrará al Servicio Madrileño de Salud el coste del parto. Si es a la inversa, será el sistema público el que cobrará por el parto a Quirón.

El sistema de facturación, que se llama Balance Intercentros, es complejo y exige que haya unos datos precisos de los pacientes que se deben presentar al pagador. La Comunidad de Madrid lleva años perdiendo millones por no facturar bien a las empresas privadas cuando pacientes asignados en estos hospitales de Quirón y Ribera se tratan en la pública, como publicó en exclusiva elDiario.es.

Los documentos internos que revelan el problema, y que publica ahora este medio, recogen toda esa pérdida. Son más de 71 millones que se han dejado de facturar entre 2017 y 2023 a las empresas concertadas. Como apunta una de las páginas del departamento encargado de auditorías y cobros, suman “71.653.032 euros por no encontrar documentación de la actividad clínica”. El Hospital Clínico San Carlos es el que más dinero ha perdido por no facturar bien en el periodo que va de 2017 a 2021. En los años que analiza el documento estaban al frente del gobierno regional Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso (desde 2019), todos ellos presidentes del Partido Popular.

El problema –según admite otro documento de Sanidad al que ha tenido acceso elDiario.es (el manual de facturación)– reside en que hay hospitales públicos que tienen “subsistemas de información” propios y “códigos (…) pendientes de normalización”, lo que “ha impedido la captura automática de determinadas líneas de actividad”. Es decir, que mientras las empresas privadas tienen departamentos y programas desarrollados para cobrarlo todo, en el sistema madrileño hay fallos burocráticos. “Las empresas no pagan un euro a la sanidad pública si no está todo absolutamente bien, aunque sea una cuestión formal”, admite una fuente del sector privado. Así lo reflejan algunas actas, como la de julio de 2019 de una reunión que deja constancia de que “las concesionarias indican que, aunque la actividad se haya realizado, si se comprueba con la información disponible que no se cumplen los criterios de facturación no será facturable”.

El Tribunal de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador de España, ha abierto una investigación tras la denuncia del PSOE de Madrid por este caso. En su diligencia anuncia que abre “una pieza de acción pública” tras la denuncia, que solicitaba una investigación por “un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada”. El Tribunal da la opción de personarse en el caso “para la exigencia de la responsabilidad contable”, la única que puede ejercer este organismo. El PSOE ha confirmado que se va a personar.

Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado a elDiario.es que el caso está ahora siendo analizado y se consultará tanto a la Fiscalía como a las partes implicadas, que son los denunciantes y los denunciados, es decir, al PSOE madrileño y a la Consejería de Sanidad de Ayuso. Una vez se recabe la información, se decidirá si el caso se archiva por falta de indicios o pasa a ser investigado por un “delegado instructor” del tribunal.

La Consejería de Sanidad ha reiterado a elDiario.es que este tribunal fiscaliza y audita todos sus datos y, en el momento de la consulta, no habían sido citados a declarar.

La externalización de servicios sanitarios públicos en Aragón ha dejado de ser una medida puntual para convertirse en una práctica cada vez más extendida. Contratos recientes en hospitales como el de Teruel y Alcañiz con Ribera Salud y Quirónsalud por más de un millón de euros en total evidencian un incremento del gasto público destinado a empresas privadas, mientras formaciones como el PSOE, Teruel Existe e Izquierda Unida denuncian una “privatización progresiva” basada en mayores costes, menor control público y un debilitamiento de la sanidad pública, especialmente en el medio rural, lo que se une al problema de la cobertura de plazas.

La sanidad pública aragonesa atraviesa un momento de tensión estructural marcado por la falta de profesionales, especialmente en zonas rurales como Teruel. En este contexto, el Gobierno de Aragón ha recurrido de forma creciente a la externalización de servicios médicos, adjudicando contratos a empresas privadas como las citadas, presentada como una solución puntual para garantizar la atención sanitaria, lo que ha abierto un intenso debate político y social.

El PSOE de Teruel lleva semanas alertando de que el modelo privatizador del Gobierno de Jorge Azcón “ya ha llegado al Hospital de Alcañiz” con el contrato que Salud ha sacado a licitación para externalizar parte del servicio de cirugía ortopédica y traumatología durante seis meses por algo más de 428.000 euros. Los socialistas acusan a la consejería de Sanidad de “mala gestión” y afirman que el PP “crea el problema” para justificar la necesidad de la externalización, destacando que la lista de espera para una consulta externa de traumatología ha aumentado en 170 días en los últimos dos años y medio.

Ante las justificaciones del Departamento de Sanidad sobre la “infradotación estructural de la plantilla” y el déficit de traumatólogos “sostenido en el tiempo”, que impiden hacer frente a las largas listas de espera que existen en este momento, tanto en consultas externas como en cirugía, el diputado socialista Rafael Guía asegura que nunca antes había sido necesario un contrato de estas características en el hospital bajoaragonés y en ningún caso haciendo uso de la empresa privada. Además, sostiene que, frente a otros planes de choque que contaban con los propios profesionales de la sanidad pública, Azcón está apostando por “el modelo privatizador del Partido Popular, que externaliza todos los servicios a empresas amigas como Quirón o Ribera Salud”.

Por su parte, Teruel Existe ha denunciado la “privatización programada” de los servicios sanitarios en Aragón, especialmente en los hospitales de Teruel y Alcañiz, y ha reclamado un cambio de modelo basado en el refuerzo de la sanidad pública y de sus profesionales.

En el Hospital Obispo Polanco de Teruel, por ejemplo, se han adjudicado contratos por valor aproximado de 600.000 euros, incluyendo contratos como el adjudicado a Ribera Salud por 199.000 euros para cubrir guardias en ginecología, anestesia y urología, o el de 398.370 euros para servicios como otorrinolaringología, rehabilitación y dermatología. Según estimaciones de Teruel Existe, estos servicios podrían haberse prestado por unos 400.000 euros mediante gestión directa, lo que implicaría un sobrecoste cercano al 30%.

Además, ha denunciado el agravio comparativo entre profesionales, indicando que el personal externalizado llega a cobrar cerca de 98 euros por hora frente a los 29 euros de los especialistas del propio hospital.

Según Teruel Existe, los datos muestran que la externalización no es un fenómeno abstracto, sino una realidad concreta, donde el problema sanitario tiene carácter estructural y afecta a todos los hospitales no ubicados en Zaragoza, como los de Teruel, Alcañiz, Barbastro, Calatayud o Jaca. Problema, además, que se agrava por la gestión de la sanidad realizada por personas que habitualmente tienen escasos conocimientos en materia sanitaria y por las dificultades, en ocasiones, ejercidas por los jefes de servicio de los grandes hospitales de limitar que los médicos de su servicio se desplacen para realizar guardias en los centros hospitalarios de menor tamaño.

El portavoz de Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha asegurado que este proceso responde a un modelo que “tiende hacia la privatización progresiva”, poniendo como ejemplo el hospital de Torrejón de Ardoz. “La externalización se presenta como un concurso público, pero en realidad responde a un mercado cerrado dominado por grandes grupos empresariales que se reparten los concursos y zonas de trabajo y su objetivo es maximizar el beneficio”, ha afirmado, señalando directamente a Quirón y Ribera Salud.

Cobertura de plazas

La formación ha criticado la gestión sanitaria del actual Gobierno de Aragón del PP en funciones, al que ha acusado de “no haber sido capaz de cubrir las plantillas de los hospitales en el territorio ni de atraer médicos al medio rural, pero sí de externalizar servicios para generar negocio con la sanidad pública”.

Izquierda Unida de Aragón también ha expresado su preocupación tras conocerse que las 44 plazas médicas ofertadas para los centros de salud del Bajo Aragón Histórico han quedado completamente desiertas. La formación considera que este hecho supone un nuevo episodio del grave deterioro que atraviesa la Atención Primaria en zonas como Alcañiz, Caspe, Andorra, Utrillas, Alcorisa, Maella o Valderrobres.

Desde Izquierda Unida sostienen que esta situación es interesada. El PP, afirman, bloqueó durante toda la anterior legislatura la convocatoria de oposiciones a medicina de familia, acumulando un total de 332 plazas. “El PP ha retrasado esta oposición porque esta legislatura quería reducir plazas de medicina de familia del mundo rural desde una visión reduccionista del número de cartillas por médico y sin tener en cuenta la dispersión territorial, las características de la población a atender o los centros residenciales que abordar. Y ha usado el mantra de que no hay médicos y de que no quieren ir al mundo rural para justificarlo”, afirma María Milián.

A juicio de IU, la cobertura de plazas en el mundo rural es un problema cuando se trata de plazas temporales, pero las plazas fijas sí se cubren ampliamente. Por ello, la formación defiende que la mejor forma de mejorar la atención primaria en el ámbito rural es cubrir definitivamente y cuanto antes todas las plazas estructurales acumuladas. 

Modelos en contraste: Ribera Salud, Quirónsalud y la gestión pública directa

El debate sobre la externalización sanitaria en Aragón se abre en medio de una comparación más amplia entre los distintos modelos de gestión que conviven en el sistema sanitario español. La presencia de empresas como Ribera Salud y Quirónsalud responde a esquemas diferentes de colaboración público-privada, cuyas consecuencias han sido ampliamente observadas en comunidades como la Valenciana o Madrid. Frente a ellos, el sistema público puro sigue siendo el modelo predominante, aunque no exento de dificultades.

El caso de Ribera Salud representa el modelo más ambicioso de privatización sanitaria en España. Su fórmula, como el modelo Alzira, se basa en la gestión integral de hospitales y áreas de salud mediante un sistema de pago capitativo: la administración abona una cantidad fija por habitante, independientemente del uso real de los servicios. Este diseño introduce un incentivo claro a la contención del gasto. Diversos informes y controversias surgidas en la Comunidad Valenciana apuntaron a prácticas orientadas a reducir costes, así como a dificultades de control y transparencia por parte de la administración. A ello se sumaron pagos adicionales y ajustes económicos fuera de las previsiones iniciales, lo que acabó cuestionando la supuesta eficiencia del modelo. La reversión progresiva de estos hospitales a la gestión pública reflejó, en última instancia, las tensiones acumuladas durante años.

Por su parte, Quirónsalud encarna un modelo más vinculado a la lógica de mercado. Como mayor grupo hospitalario privado de España, su actividad se basa en conciertos sanitarios, derivaciones desde el sistema público y gestión de hospitales bajo fórmulas mixtas. En comunidades como Madrid, este modelo ha mostrado una gran capacidad para absorber actividad asistencial y reducir tiempos de espera. Sin embargo, también ha generado un incremento significativo del gasto público asociado, debido a pagos adicionales por actividad y a la captación de pacientes desde la red pública. Esta dinámica ha sido criticada por introducir incentivos a aumentar el volumen de servicios prestados, más que a optimizar su eficiencia global. A ello se añaden cuestionamientos sobre la transparencia de los acuerdos y sobre sus efectos en las condiciones laborales del personal sanitario.

Tampoco escapa la relación entre el grupo sanitario Quirónsalud, la Comunidad de Madrid y la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en uno de los focos más sensibles del debate político y mediático sobre la sanidad pública y la colaboración con empresas privadas. Según la información publicada por diversos medios, este empresario facturó a Quirónsalud más de un millón de euros en un solo año —2021—, cifra que supone un incremento notable respecto al ejercicio anterior. En concreto, sus ingresos procedentes de la compañía se multiplicaron aproximadamente por cuatro tras el inicio de su relación con Ayuso. Estos pagos, según las versiones conocidas, corresponderían a trabajos de consultoría y servicios profesionales, si bien la naturaleza exacta de algunas operaciones ha sido objeto de escrutinio público.

En paralelo, Quirónsalud ha consolidado su posición como uno de los principales proveedores sanitarios de la Comunidad de Madrid. Durante los últimos años, el volumen de recursos públicos destinados a hospitales y servicios gestionados por el grupo ha alcanzado cifras de varios miles de millones de euros. Este crecimiento no responde a un fenómeno puntual, sino a un modelo sanitario en el que la colaboración público-privada tiene un peso estructural, especialmente en determinadas áreas hospitalarias.

En conjunto, la experiencia de distintas comunidades autónomas sugiere que la colaboración público-privada puede ofrecer soluciones puntuales en contextos de presión asistencial, pero también introduce riesgos estructurales si se convierte en un elemento central del sistema. Entre ellos destacan el aumento del gasto a medio plazo, la pérdida de capacidad operativa del sector público y la creciente dependencia de grandes grupos sanitarios. Estos factores resultan especialmente relevantes en el contexto aragonés, donde la externalización comienza a consolidarse como respuesta a problemas estructurales aún no resueltos.

En la España de hoy, es un escándalo mayúsculo que el hermano del presidente del Gobierno viviera unas semanas en la residencia habitual de Pedro Sánchez, pero no lo es que, con cargo al erario público, Mariano Rajoy contratase a dos personas durante cuatro años para atender a su padre enfermo en La Moncloa. 

En la España de hoy, se puede investigar judicialmente a Begoña Gómez porque su asistente personal -cargo al que tienen derecho todas las esposas de los presidentes del Gobierno- escribiera varios correos electrónicos en nombre de la esposa del presidente y, sin embargo, nada hay que decir sobre los 60.000 euros anuales que cobró durante dos años y medio un tal Jaime de los Santos por acompañar a Elvira Rodríguez en sus compras habituales y sujetarle el bolso a la mujer de Rajoy.

En la España de hoy, que Begoña Gómez dirigiera una cátedra extraordinaria de la Complutense -que es una colaboración entre la universidad y entidades externas- es una impudicia, pero que Ana Botella dispusiera de una planta entera de la residencia presidencial para diseñar con un nutrido grupo de colaboradores su campaña electoral al Ayuntamiento de Madrid es un servicio a la democracia.

En la España de hoy, podemos saber todos los viajes privados en vuelos regulares que ha hecho Begoña Gómez desde que Sánchez es presidente del Gobierno, pero nada sabemos de los traslados de otras esposas y los hijos de distintos jefes de Gobierno en los Falcon de los que dispone el Estado.

En la España de hoy, una fotografía del presidente del Gobierno tomada a la salida de un mitin junto al empresario Víctor de Aldama -hoy investigado por los tribunales- es una prueba inequívoca de la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, pero una imagen del líder de la oposición navegando con un narcotraficante forma parte de un pasado que no tiene la menor importancia.

En la España de hoy, que Sánchez tuviera un asesor que presuntamente acosaba sexualmente a sus colaboradoras, le convierte inmediatamente en cómplice, pero que Ayuso silenciara la denuncia de una concejal de Móstoles por el mismo delito contra el alcalde del municipio, hoy en los tribunales, es un ejercicio de responsabilidad frente a las cuitas internas de los partidos.

En la España de hoy, una fotografía improvisada del presidente del Gobierno con el multi imputado Aldama es la demostración empírica de que Sánchez era uno más de la trama Koldo, pero una imagen de Isabel Díaz Ayuso junto a Fernando Camino, alto cargo del grupo Quirón -gracias a quien su pareja, Alberto González Amador, se embolsó una comisión de casi dos millones de euros por la venta de mascarillas- no merece ni unas colas de telediario. Y eso que la Fiscalía entiende que, para devolver el favor a Camino por sus suculentos ingresos, Amador le pagó una comisión encubierta de 500.000 euros, que camufló con la compra de una empresa de estética ruinosa, propiedad de la esposa del directivo de Quirón.

En la España de hoy, que Sánchez disfrute de un fin de semana en familia en el Valle de Arán y se hospede en el Parador de Vielha es motivo de lo que algunos otorgan categoría de “exclusiva”, pero que el directivo de Quirón cerrase un local de León para cenar con Ayuso seis meses antes de la destitución de la interventora de la Comunidad de Madrid que puso trabas al pago de 1.390 millones de deuda al grupo hospitalario no merece un breve.

En la España de hoy, esa fotografía de Ayuso en la puerta del local que el directivo de Quirón cerró para cenar con ella y ha publicado El país no ha abierto informativos, ni portadas de diarios, ni ocupado horas de tertulias televisivas. Y eso que, en este caso, lo que parece es: una relación indisociable entre Ayuso y Quirón. 

La España de hoy, en definitiva, está enferma de odio. De una inquina que envenena la razón, corrompe el pensamiento y fomenta una hostilidad persistente en un determinado periodismo que ya no se molesta en ocultar su lado más tenebroso.

Isabel Díaz Ayuso cenó en enero de 2022 con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y quien, según un informe de la La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se habría favorecido a través de la empresa de su mujer del pelotazo de casi dos millones de euros que logró el empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso, como comisionista en una operación de compraventa de mascarillas en los inicios de la pandemia.

El encuentro entre Ayuso y Camino, que publica este lunes El País, nunca fue informado en la agenda de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La reunión se dio en un bar del centro de León y fue el ejecutivo del grupo sanitario quien pidió al dueño que cerraran el local para garantizar la privacidad, según el diario de Prisa. Además de la presidenta y el alto cargo de Quirón se sentaron en la mesa la esposa del directivo, otros amigos de ambos y varios miembros del equipo de la presidenta. En la cita no se encontraba la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, quien mantenía con Camino una intensa relación laboral.

Esta cena se dio seis meses después de que la Comunidad de Madrid destituyera a su interventora general. Durante los meses siguientes a esa destitución, la Comunidad de Madrid desbloqueó el pago de al menos 1.390 millones de euros a los hospitales públicos de gestión privada de la región, fundamentalmente para acabar con una deuda que el Ejecutivo empezó a arrastrar en 2015. Una fuente de “máxima confianza de la presidenta madrileña” consultada por El País, niega que esta cita haya existido: “Ni estuvo cenando con ellos, ni nada de nada”, respondió. Sin embargo, el diario afirma haber acreditado los hechos por medio de cuatro fuentes y una foto tomada en la puerta del bar.

Desde el pasado noviembre, la UCO trabaja en la elaboración de un informe sobre el presunto encubrimiento del reparto ilícito de una comisión entre Alberto González Amador y Fernando Camino. Unos meses después de que González Amador cobrase casi dos millones de euros por su intermediación en una compraventa de mascarillas, la pareja de Ayuso pagó 500.000 euros por una empresa de escaso valor propiedad de la esposa de Camino, el directivo de Quirón. A su vez, Camino había vendido a su propia esposa el 20% de esa empresa de su propiedad por 8.000 euros.

La UCO investiga esta operación que mantiene imputado a González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal. La Fiscalía y la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, consideran acreditado de forma indiciaria que Alberto González Amador pagó ese medio millón de euros por una sociedad de la esposa de Camino que apenas facturaba 30.000 al año y que el desorbitado precio fue la forma de encubrir el reparto de la comisión de las mascarillas y el resto del material de protección. 

El novio de Ayuso ha sido procesado en el mismo juzgado por fraude fiscal y falsificación de documentos. El informe de la UCO resultará clave para la acusación que pesa sobre la pareja de Ayuso, que puede desembocar en un segundo procesamiento y juicio por los delitos mencionados.

Legalmente, existen. Pero, en realidad, quedaron literalmente extinguidas hace casi tres años las “comisiones mixtas” que con rango normativo –es decir, de obligado cumplimiento– constituyó hace más de 15 años el propio Ejecutivo madrileño para vigilar y controlar la ejecución de los contratos que pusieron en manos del gigante sanitario Quirón cuatro hospitales adscritos a la red pública y un quinto en las del grupo Ribera Salud.

Integradas en cada caso por representantes de la Consejería de Sanidad y de la empresa adjudicataria, las comisiones mixtas que afectan a Quirón –las de los tres hospitales públicos (Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba) y la del privado Jiménez Díaz, este sujeto a convenio– llevan sin reunirse desde el 19 de mayo de 2023. Y ello pese a que en el proceso de privatización emprendido por Esperanza Aguirre en la segunda mitad de la primera década del siglo, los pliegos de cláusulas administrativas –documentos cuyo contenido deben aplicar a rajatabla la Administración pública y el adjudicatario– se revistieron de garantismo al ordenar la constitución y permanencia en el tiempo de tales comisiones. ¿Para qué? Para “velar por la ejecución ordinaria del contrato por parte de la entidad adjudicataria”, se lee en los pliegos del Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Villalba. O, como con mayor nitidez plasma el pliego del Hospital Infanta Elena (Valdemoro): la comisión mixta había de centrarse en el “seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del contrato”.

El departamento que desde junio de 2023 dirige la consejera Fátima Matute sostiene que “la comisión mixta no se ha convocado [desde entonces] por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante: el contrato y sus condiciones”. A través de fuentes autorizadas, la Consejería de Sanidad niega que la función de las comisiones mixtas sea ejercer “el control” y define esos órganos como “una herramienta más”. En actas de distintas sesiones de cada una de las comisiones mixtas se resume, aunque sin exceso de datos, cómo durante años formaron parte habitual del orden del día los asuntos relativos a la liquidación económica de cada ejercicio.

La Consejería no ha respondido a la pregunta de si el reglamento de las comisiones mixtas aprobado en 2016 continúa vigente o si se ha actualizado, tal como propuso el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en la última sesión celebrada –la de mayo de 2023–. El reglamento de 2016 preceptúa que, con carácter ordinario, las comisiones mixtas han de reunirse una vez por trimestre, aunque la mayor parte del tiempo solo celebraron una sesión por año hasta 2023.

Para la Consejería de Sanidad, nada de lo anterior implica una ruptura de las reglas impuestas por la propia Administración madrileña. El departamento aduce que el hecho de que las comisiones no se reúnan desde 2023 en absoluto mina las tareas de control sobre el cumplimiento de los contratos y las obligaciones sanitarias y financieras. La ejecución de esos contratos se controla “con una gestión permanente, con la interacción de cuatro Direcciones Generales Inspección, Aseguramiento, Gestíón Económica, (farmacia, UTC, gestión económica) y Asistencial” y las Comisiones “son una herramienta más, cuya finalidad no es el control”. Lo fundamental para ese cometido –agregan las fuentes consultadas– “son los controles e inspecciones que se realizan de forma ordinaria y permanente a través de la Dirección General de Inspección, la de Asistencia y la de Gestión de Régimen Económico y Financiero, así como con actuaciones de control en trámites y resoluciones de la Asesoría Jurídica, Hacienda, e Intervención”.

“El control de la gestión –enfatiza el Gobierno de Ayuso– se realiza a diario. La comisión mixta no se ha convocado por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante el contrato y sus condiciones. La auditoría y control ha sido y es exhaustiva”.

La respuesta a las preguntas formuladas a la Consejería de Sanidad no se vio alterada tras el envío de capturas de pantalla con la cláusula que en los pliegos de condiciones atribuye a las comisiones mixtas la misión de velar por el buen funcionamiento de cuatro hospitales cuya captación de pacientes por la vía de la “libre elección” no ha cesado de dispararse y a los que la Comunidad de Madrid abonó entre 2021 y 2024 el doble –4.800 millones– de lo inicialmente presupuestado.  El Gobierno de Ayuso usó sólo entre 2020 y 2023 la denominada “convalidación de gasto” para pagar 707 millones al mayor hospital de Quirón, la Fundación Jiménez Díaz. Esa figura, considerada excepcional, implica abonar servicios imprevistos y sin fiscalización previa. 

El misterio del acta de Torrejón y la “opacidad”

En cambio, sí se reunió una vez en 2024 la comisión mixta del Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud y en el centro de la diana desde que El País destapó en diciembre que el entonces consejero delegado del grupo había ordenado rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

Que tal reunión existió consta en la respuesta escrita a una pregunta parlamentaria de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Sara Bonmati. La sesión se celebró –se lee en la respuesta– el 18 de julio de 2024. Pero el misterio persiste: porque, pese al tiempo transcurrido, el acta de aquel encuentro no se ha sumado a la lista de resúmenes de sesiones anteriores, una lista de acceso público en la web de la Comunidad de Madrid. El pantallazo de esa sección obtenido este martes muestra que la Consejería ha subido actas de las comisiones mixtas del hospital de Torrejón celebradas hasta diciembre de 2021. Después, nada.

“El Gobierno de Ayuso”, sostiene la diputada Bonmati, no solo ha eliminado las páginas de los contratos públicos en los que se detalla cuánto dinero pagamos a empresas como Quirón, sino que además está ocultando las actas de seguimiento y control de esos contratos. Se trata de documentación clave para garantizar la transparencia y la correcta fiscalización del dinero público“, afirma.

“Esta opacidad no es casual: se produce mientras el trasvase de fondos públicos hacia estas empresas concesionarias aumenta año tras año. En lugar de reforzar los servicios públicos y rendir cuentas ante la ciudadanía, el Ejecutivo regional opta por esconder información y dificultar el control democrático a la oposición”, agrega la parlamentaria.

Bonmati también preguntó si en 2024 se habían reunido las comisiones mixtas de los hospitales gestionados por Quirón. En este caso, la respuesta fue negativa.

El Ministerio de Sanidad ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que sustituirá a la norma de 1997, puesta en marcha durante el Gobierno de José María Aznar, y que abrió la puerta a la privatización sanitaria. La nueva ley busca poner freno a la privatización sanitaria poniendo requisitos extra para externalizar la gestión de hospitales públicos y estableciendo mecanismos añadidos de control.

El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), adelantado por la Cadena Ser, incluye la obligación de que las comunidades autónomas que quieran externalizar la gestión de un hospital tengan que someter ese proyecto a una evaluación previa, y deberán justificar con un informe la necesidad de esa privatización. Esa propuesta pasará el examen de un comité de expertos y técnicos.

Con la nueva norma, la externalización sanitaria solo podrá ponerse en marcha cuando no sea posible la prestación directa, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. El informe de las comunidades autónomas que recoja estos puntos tendá que ser público.

Además, la norma incluye que se prioricen los conciertos con entidades sin ánimo de lucro, en lugar de con empresas que buscan hacer negocio. En la práctica, la ley busca limitar el modelo de grupos como Quirón o Ribera Salud, especialidados en la gestión privada de hospitales públicos.

Hay otro punto clave en el anteproyecto, que ha permitido la construcción y privatizaciòn de multitud de hospitales especialmente en Madrid y València: hasta ahora, las empresas cerraban un acuerdo global con las administraciones por el que levantaban el centro hospitalario y se quedaban con la gestión, a cambio de un contrato blindado que le asguraba un canon anual por parte de la comunidad autónoma. La nueva norma impedirá esto: no se podrán hacer contratos que incluyan la parte de la obra del hospital y luego la gestión del mismo.

“Vamos a proteger la sanidad de las garras especuladoras”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en los últimos años “hemos estado escuchando y hemos asistido a casos absolutamente obscenos que no deberían formar parte de el la vida cotidiana de nuestro sistema sanitario público” y ha descrito la ley como una respuesta a un lema: “La sanidad no se vende, la sanidad se defiende”.

Para ejemplificarlo, García ha recordado varias declaraciones de empresarios del sector de la sanidad privada de los últimos años: “Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa'. CEO de Ribera Salud. 'Seguro que sois capaces de identificar procesos que no son contributivos, o sea, que no son rentables. Hablo de la cápita'. CEO de Ribera Salud. 'Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado'. Consejero delegado de Fresenius, nada más comprar el grupo Quirón con una plusvalía de 2.600 millones que definió como que el filón estaba en las contratas y en las concesiones que tenía en concreto la Comunidad de Madrid”. “Esto es a lo que lo venimos a poner hoy coto”, ha señalado.

La responsable de Sanidad ha dicho que se han conocido “audios internos” en los que responsables empresariales hablaban “sin tapujos” de inflar listas de espera para tener mayor rentabilidad, “cómo se dan citas a las cuatro de la mañana para hacer pruebas diagnósticas, para hacer caja con las listas de espera” o “reutilizar material para así poder reducir costes, poniendo en riesgo la seguridad y la calidad de la asistencia sanitaria”.

Mónica García también ha recordado el caso de Quirón y cómo “ha multiplicado por seis” el número de pacientes que capta de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid “y ha multiplicado por seis también sus ingresos” o cómo “en algunos territorios esta externalización de algunas de las pruebas o alguno de los procedimientos como pueden ser los cribados del cáncer de mama han puesto en riesgo la prevención y han puesto en riesgo el control precisamente en una de las funciones esenciales de nuestra sanidad”, en referencia al caso de los cribados de cáncer de Andalucía.

“Estos son algunos ejemplos. Me podría estar aquí todo el día y toda la mañana. Y lo que demuestran estos ejemplos es que no son casos aislados, que es un problema estructural que se basa en un marco normativo que permite, durante demasiado tiempo ha permitido, que la gestión de la sanidad pública pueda tener una una orientación hacia el beneficio económico, en vez de una orientación hacia el cuidado de nuestra”, ha concluido la ministra.

La ministra también ha querido contestar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien tras conocerse la noticia de la llegada de la norma al Consejo de Ministros y antes siquiera de que se presentase en rueda de prensa ya ha atacado al Ejecutivo acusándolo de querer “acabar” con la sanidad de Madrid. “¿Qué tenemos que hacer? Acabar con la Fundación Jiménez Díaz. Decirle a los pacientes que se equivocan cuando eligen este tipo de hospitales. Tenemos que azuzar el miedo, bloquear lo que funciona”, ha dicho Ayuso.

“La señora Ayuso ya ha salido a decir que es que lo que queremos es cargarnos la Sanidad. No, señora, queremos cargarnos su chiringuito, su negociete”, ha respondido Mónica García, quien ha recordado que en los últimos años al Grupo Quirón “se le han dado 5.000 millones de euros, que es la mitad de todo el presupuesto de Sanidad de un año” y ha cuestionado que la Comunidad de Madrid utilizase 1.300 millones para saldar deudas con este grupo empresarial tras la transferencia de 3.000 millones del Gobierno central para gasto sanitario y en residencias durante la pandemia de COVID-19.

El gasto en este tipo de centros ha subido un 84,6%

En la última década, el número de hospitales privados que acaban integrados en la red pública ha subido un 36,8%, lo que implica que ya el 30,7% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen “dependencia funcional privada”. O lo que es lo mismo: uno de cada tres hospitales de la sanidad pública está gestionado por una empresa privada. Además, el gasto en este tipo de centros ha subido un 84,6% entre 2011 y 2023.

Un informe elaborado por el Ministerio en diciembre señala que el Sistema Nacional de Salud ha pasado de tener 106 hospitales privados integrados en 2011 a 145 en 2023. “La proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023 y la proporción de quirófanos que pertenece a estos centros ha crecido del 8% al 10,7%”, apunta el documento.

Además de que haya empresas privadas gestionando hospitales públicos, en muchos territorios se derivan buena parte de las pruebas y tratamientos a centros privados. En 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros de gestión privada que no forman parte del sistema público fueron financiadas con fondos públicos.

Representantes de la CIG han denunciado una plaga de moscas en uno de los quirófanos del Hospital QuirónSalud de A Coruña y han demandado una actuación decidida por parte de la Xunta ante una situación que han calificado de escandolosa. Por su parte, desde el hospital aseguran que se cumplen los protocolos de seguridad, informa Europa Press.

En una comparecencia ante el centro, el secretario de Acción Sindical de la CIG en la comarca de A Coruña, Ernesto López, e Isabel Golpe, responsable de CIG-Saúde en la comarca, han pedido una intervención inmediata de los servicios sanitarios. “Es una alerta sanitaria”, ha insistido esta última ante el hecho de que “en una zona estéril haya una plaga”. Y es que junto a moscas de “gran tamaño”, han apuntado a la existencia de roedores por una situación que, según han explicado, desde el hospital atribuyen a cadávares de animales, posiblemente gatos.

Desde la CIG, han especificado que esto se da desde principios de enero y han descartado que haya una plaga de roedores, sí de moscas, pero han precisado que los hay en el entorno y que su presencia obedece “a los cadávares”.

“Es un tema muy grave que en un hospital, en el bloque quirúrgico, haya una plaga descontrolada de moscones con presencia de ratones”, ha recalcado Ernesto López, quien ha apostillado que “no saben muy bien por qué está motivada, creen que por cadáveres de gatos”.

Por otra parte, ha explicado que han contratado desde el hospital a una empresa de plagas. “Les dicen que hay algo que lo motiva pero no consiguen erradicarlos y, en principio, suspenden la ctividad quirúrgica, pero es mucho dinero y la reanudan”, ha indicado respecto a la situación en uno de los quirófanos, cerrado parcialmente un día en enero, el día 7, según han expuesto.

“Alguien tiene que controlar las condiciones minímas de higiene”, ha insistido. Mientras, desde el centro hospitalario han asegurado a Europa Press que el hospital mantiene su actividad asistencial con total normalidad y como siempre. “Cumpliendo todos los protocolos de seguridad y garantizando en todo momento la atención y seguridad de los pacientes”, han añadido.

La Agencia Tributaria ha detenido la inspección que seguía contra Gloria Carrasco, mujer del directivo de Quirón imputada junto a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en la causa por corrupción en los negocios que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. El organismo dependiente de Hacienda alega que los hechos objetos de investigación por su parte pueden coincidir con la investigación del juzgado y que esta prevalece siempre.

El juez del caso contra González Amador ha dictado un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que accede a la solicitud de la Agencia Tributaria, que le había advertido de que las “conductas investigadas” por el magistrado “pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa”.

Carrasco está imputada por la venta de una empresa a Alberto González Amador por medio millón de euros cuando la sociedad no facturaba ni 30.000 euros al año, contaba con escaso material y ningún empleado. El juez, la Fiscalía y la acusación popular creen que la operación escondía el pago a Fernando Camino, esposo de Carrasco, de su parte de la comisión de casi 2 millones de euros que ganó González Amador por una compraventa de material sanitario en el inicio de la pandemia. Camino es el presidente de Quirón Prevención, principal cliente de González Amador y división del gigante sanitario que ingresa casi mil millones de euros al año de la Comunidad de Madrid.

El auto dictado por el magistrado Viejo ha permitido conocer la existencia de una inspección tributaria a Gloria Carrasco, que se desconocía hasta ahora. Carrasco declaró como investigada en junio de 2025, pero sus explicaciones no convencieron a la anterior jueza del caso y continúa con la condición de imputada.

El caso en el que se investiga a Gloria Carrasco es una pieza separada de la causa por fraude fiscal y falsificación de documentos contra Alberto González Amador. En esta pieza separada también está investigado el novio de Ayuso, al que se le atribuyen indiciariamente corrupción en los negocios y administración desleal. Esta investigación está pendiente de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la venta de la sociedad de Gloria Carrasco a Alberto González Amador.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabaja desde el pasado noviembre en la elaboración de un informe sobre el presunto encubrimiento del reparto ilícito de una comisión entre Alberto González Amador y Fernando Camino, presidente este último de Quirón Prevención y quien habría favorecido desde otra empresa el pelotazo de casi 2 millones de euros que disparó la carrera empresarial de la pareja de Ayuso en los inicios de la pandemia.

Estos hechos centran la imputación por corrupción en los negocios y administración desleal a la que se enfrenta Alberto González Amador en el mismo juzgado que ya le ha enviado al banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. El informe de la UCO resultará clave para la acusación que pesa sobre la pareja de Ayuso, que puede desembocar en un segundo procesamiento y juicio por los delitos mencionados. En la orden cursada por la anterior jueza del caso a la UCO para que investigue ya se deslizaba la posibilidad de que afloraran otros nuevos delitos como el blanqueo de capitales y la pertenencia a grupo criminal.  

La anterior jueza del caso y el actual instructor, la Fiscalía y la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, consideran acreditado de forma indiciaria que Alberto González Amador pagó medio millón de euros por una sociedad de la esposa de Fernando Camino que apenas facturaba 30.000 al año y que ese desorbitado precio fue la forma de encubrir el reparto de la comisión de las mascarillas y el resto del material de protección. 

Además del cargo en Quirón, Camino ocupaba un sillón en el consejo de administración de una empresa gallega llamada Mape, que compró material sanitario por valor de 42 millones de euros a otra sociedad catalana, de nombre FCS, en mayo de 2020. González Amador había acordado con FCS que obtendría el 4,5% de las ventas que consiguiera. Así, Fernando Camino habría influido en la compra del material por parte de la empresa gallega para llevarse una parte de la comisión pactada en secreto y previamente con González Amador.

La pareja de Ayuso lleva trabajando desde 2017 para Quirón Prevención, presidida por Camino. El año que trascendió su relación con la presidenta madrileña, 2021, la sociedad principal de Alberto González Amador multiplicó por cuatro la facturación al Grupo Quirón, que a su vez obtiene cerca de 1.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid cada ejercicio gracias a la política de privatización de los servicios médicos que lleva a cabo el Gobierno de Ayuso. 

En junio de 2024, la Fiscalía y la defensa de González Amador ultimaban un pacto para que el empresario y comisionista se declarara culpable de dos fraudes fiscales y la petición de condena se rebajara a ocho meses, lo que evitaría entrar en prisión, además del pago de una multa. Justo a tiempo, la acusación popular presentó en el juzgado un informe en el que solicitaba que se ampliaran los delitos atribuidos indiciariamente a la pareja de Ayuso. Los abogados habían descubierto en las entrañas de la inspección fiscal una extraña operación de compra de una sociedad por González Amador y comenzaron a tirar del hilo. La posibilidad de pacto quedó frustrada.

La jueza Inmaculada Iglesias rechazó al principio ampliar la acusación, pero ante el recurso de los partidos reculó y decidió investigar a Alberto González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal. A petición del Ministerio Público, la jueza Iglesias solicitó el pasado junio la implicación de la UCO en el caso. “Atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva” la jueza Iglesias recurría a la unidad especializada de la Guardia Civil.

Inmaculada Iglesias se jubiló poco después y el veterano magistrado Antonio Viejo se hizo cargo del Juzgado de Instrucción número 19. El retraso en la incorporación de Viejo a su nuevo desempeño provocó que la documentación de la causa, necesaria para que la UCO comenzara a investigar, no llegara a la sede de la unidad especializada hasta el pasado mes de noviembre. 

La UCO tiene en su poder la inspección fiscal realizada por la Agencia Tributaria a González Amador durante 19 meses y el resto de documentación incorporada a la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal. En el marco de esa pieza declararon como investigados en abril del pasado año Alberto González Amador y Gloria Carrasco, la farmacéutica de León que vendió a la pareja de Ayuso su sociedad Círculo de Belleza S.L por 499.836 euros. 

Círculo de Belleza no tenía empleados y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil. Ante la jueza, la pareja de Ayuso justificó el medio millón desembolsado en que la adquisición le iba a “permitir desarrollar un proyecto de consultoría por numerosas farmacias y expandirse por Latinoamérica”. Lo que realmente hizo fue cambiar de nombre a Círculo de Belleza, que se transformó en Masterman & Whitaker, y adjudicarle trabajos que en realidad hacía Maxwell Cremona, la sociedad cabecera de González Amador. El objetivo era, según la investigación, obtener beneficios fiscales de forma fraudulenta.

El fiscal Diego Lucas habla de “soborno” de González Amador a Fernando Camino para que Mape comprara las mascarillas y él se embolsase en una sola operación 1.973.000 euros. Después, González Amador no quiso tributar lo que debía por este ingreso y organizó una trama de facturas falsas para engañar a Hacienda.  

Una operación en familia

La información obtenida por la Agencia Tributaria permitirá a la UCO unir la línea de puntos del encubrimiento de la comisión. Círculo de Belleza solo fue propiedad de Gloria Carrasco al 100% poco antes de vendérsela a González Amador. Apenas un mes después de que la pareja de Ayuso cobrase el segundo plazo de la comisión de 2 millones, el directivo de Quirón Prevención le vendió a su mujer el 20% de la sociedad. Lo mismo hizo el hermano de Carrasco, quien también vendió a Gloria su 20%.

Según declaró la farmacéutica de León a la jueza del caso, ella compró ese 40% a su marido y a su hermano por 8.000 euros (4.000 cada uno). La operación entre familiares se realiza en septiembre de 2020. Sólo tres meses después, la mujer le vende a Alberto González Amador la empresa por 500.000 euros. De acuerdo al precio de la venta, el 20% que Camino habría vendido a su mujer por 4.000 euros se habría convertido en 100.000 euros gracias a la generosidad de González Amador. 

Las declaraciones entre González Amador y Gloria Carrasco en sede judicial presentaron contradicciones, según apreció el fiscal en un escrito. La supuesta consultoría en Latinoamérica que justificaba el precio de Círculo de Belleza “no se llegó a hacer”. Carrasco, por su parte, defendía que el valor de su empresa residía “en el conocimiento sobre la forma de expandir el negocio de los propietarios de farmacias mediante el procedimiento de remitir a sus clientes a locales en los que podían disfrutar de tratamientos depilatorios y de remodelación corporal, consultoría que ya no se desarrollaba desde hacía años”, escribió el fiscal Diego Lucas. 

El punto de encuentro entre las declaraciones de ambos es Wilson Rodríguez, un empresario de Florida que se erige como cuarto protagonista de la trama de la comisión. González Amador asegura que para poner en contacto a las dos empresas españolas en la compraventa de mascarillas tuvo que recurrir a Inteccon, la sociedad de Wilson Rodríguez en Florida y que ese trabajo era parte de lo que justificaba su abultada comisión. 

Wilson Rodríguez, según reconoció Gloria Carrasco en el juzgado, es amigo suyo y de su marido. Así que González Amador recurrió a un amigo de la pareja para que la empresa en la que participaba uno de ellos, Fernando Camino, comprara a FCS el material por el que la pareja de Ayuso se embolsaría los 2 millones de euros. 

Antes de abandonar el juzgado, la jueza Iglesias presentó una segunda tesis sobre la operación de compraventa de Círculo de Belleza. La magistrada planteó la posibilidad de que el medio millón de euros desembolsado por González Amador encubriera la compensación a Camino por haber aumentado la facturación a Quirón Prevención. La acusación popular pidió la declaración como imputado de Fernando Camino, pero el juez Viejo está a la espera del informe de la UCO para acordar nuevas diligencias.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) acusa a Quironsalud haber despedido a un trabajador y haber sancionado a otra en uno de sus centros en A Coruña como “represalia” por sus denuncias por “la pérdida de calidad asistencial”, la insuficiencia de personal o la vulneración de derechos laborales. La organización sindical asegura que se está desplegando una “política de persecución y represión sindical” y que ese es el motivo de los castigos a estos dos trabajadores, que son, además la presidenta y el secretario del comité de empresa. El despido de este último, destaca, se produjo estando él de baja. La CIG anuncia que llevará lo ocurrido ante la Justicia y anuncia movilizaciones, la primera de ellas este jueves ante el centro en el que se produjeron los hechos, el Hospital Quironsalud (Instituto Policlínico Santa Teresa). Contactada por este diario, la empresa ha manifestado que no va a hacer comentarios.

La central sindical asegura que su actividad resulta incómoda a los responsables de Quirón. En los últimos tiempos, dice, este centro de A Coruña ha sido objeto de varios expedientes sancionadores de Inspección del Trabajo por lo que denuncia que son incumplimientos en materia de igualdad, de aplicación del convenio colectivo, de información a los representantes de los trabajadores e incluso por esquirolaje en las huelgas convocadas por el convenio provincial. También se han presentado demandas judiciales por vulneración de derechos y, para la CIG, “estas son las verdaderas razones” de las medidas de la empresa contra representantes del sindicato.

Miguel Tizón, el responsable de sanidad privada de CIG-Saúde, considera que los argumentos para las sanciones a la presidenta y al secretario del comité son “insostenibles” porque los acusa de infringir las normas de protección de datos, “cuando es el hospital el único responsable de garantizar la seguridad del tratamiento de datos”. “Y somos conocedores de que no cumple con las medidas técnicas y organizativas necesarias”, señala. Añade que los hechos de los que se acusa al secretario, y que llevaron a su despido, ocurrieron mientras estaba de baja.

Las sanciones, insiste la CIG, son “un ataque directo a la libertad sindical, que pretende ser, además, un ejemplo para todo el personal que no se acomode a la política asistencial de Quironsalud”. La central sindical ve detrás de estas medidas la mano de la dirección del grupo sanitario privado en Madrid, “con el objetivo claro de laminar la actual representación legal del personal” para evitar la mayoría de la CIG y lograr “un sindicalismo servil”. Añade otra acusación a la empresa: “Pretende silenciar y terminar con quien pueda ser testigo de cualquier práctica que priorice el rendimiento económico frente a la calidad asistencial”.

La Autoridad Vasca de la Competencia ha abierto una investigación contra el grupo Quirón, uno de los más relevantes en el ámbito de la Sanidad privada, por presuntas prácticas irregulares relacionadas con ingresos hospitalarios en Gipuzkoa, donde desde 2016 gestiona la Policlínica. Fuentes de este organismo han confirmado la apertura del expediente sancionador y también lo corroboran desde la compañía, aunque declinan hacer comentarios.

La apertura de la causa se produjo el 8 de enero por parte de la dirección de Investigación de Competencia. Se analiza una “posible conducta anticompetitiva en el mercado de la asistencia sanitaria privada con internamiento en Gipuzkoa” de dos sociedades, Policlínica Gipuzkoa e IDCQ Hospitales y Sanidad. La segunda es la matriz del grupo Quirón, al que pertenece desde hace una década el centro de Donostia que acaba de cumplir medio siglo y que ha sido distinguido como mejor hospital privado de la comunidad autónoma, según publicitan desde el grupo.

Competencia, dentro de sus atribuciones como órgano de control externo, analiza si las empresas realizan prácticas ilícitas para maximizar sus beneficios o restringir que otras puedan acceder a un mercado determinado. En el pasado, este organismo ha sancionado prácticas como el cártel de los comedores escolares, el acuerdo entre empresas de cátering para repartirse durante años las adjudicaciones de los colegios públicos.

Desde la incoación del expediente hay un plazo máximo de investigación de dos años, es decir, hasta el 8 de enero de 2028. Después, de confirmarse la existencia de indicios de irregularidades, se pasaría a la fase de resolución. Sostienen fuentes de Competencia, a cuyo frente está Ainara Herce, que “la incoación de un expediente sancionador no prejuzga la resolución final” y que han notificado “en tiempo y forma” el inicio del procedimiento a las partes afectadas, extremo que confirman desde el grupo Quirón.

Este grupo, con una fuerte presencia en zonas como la Comunidad de Madrid, sostiene que la Policlínica de Gipuzkoa es el “principal centro sanitario privado de la región” vasca y que “es capaz de abarcar todas las especialidades médicas”. Tiene 600 profesionales y un volumen de 25.000 ingresos anuales, según sus propios datos. Quirón gestiona también un centro de día en Donostia y hospitales en Erandio, cerca de Bilbao, y en el centro de Vitoria, la antigua clínica La Esperanza.

El Tribunal Constitucional ha dictado esta semana dos sentencias que dejan por escrito una realidad: el Partido Popular ha usado la Mesa de la Asamblea de Madrid como dique de contención para proteger a Isabel Díaz Ayuso de preguntas y propuestas incómodas de la oposición. Cuestiones sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es, sobre la sanidad madrileña o sobre el grupo Quirón que nunca llegaron a debatirse en pleno o comisión porque, afirma el tribunal, la Mesa las tumbó de forma irregular y vulnerando los derechos políticos de PSOE y Más Madrid. Unas preguntas que, después del varapalo doble y casi unánime del Constitucional, ahora tiene obligación de tramitar.

La Mesa no es el organismo con más exposición pública y mediática de un parlamento autonómico, pero constituye el primer cortafuegos de las iniciativas con las que la oposición busca cumplir con su misión política: controlar la labor de un gobierno regional a través de preguntas y propuestas. La holgada mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2023 también dio al PP un plácido control de la Mesa con cuatro de sus siete miembros, entre ellos su presidente Enrique Ossorio, frente a los solitarios representantes de PSOE, Más Madrid y los aliados de Vox.

La oposición, tras conocer las sentencias del Constitucional, ha reiterado sus peticiones de dimisión contra Ossorio, un técnico de la Seguridad Social que empezó en política de la mano de Ignacio González y que se consolidó como consejero, vicepresidente y portavoz de Isabel Díaz Ayuso antes de ser puesto al frente de la Asamblea y su Mesa. Una atalaya desde la que ha sido calificado como “censor” por servir de muro inexpugnable para las preguntas incómodas.

Los partidos de la oposición decidieron llevar a los tribunales esta labor de cancerbero poco después de que elDiario.es revelase que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había sido denunciado por defraudar 350.000 euros en impuestos así como sus relaciones profesionales con el grupo Quirón, gigante empresarial con un papel protagonista en la sanidad madrileña. También después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, amenazara por escrito a una periodista de elDiario.es con “triturar” al periódico tras las primeras exclusivas del caso.

Tanto PSOE como Más Madrid presentaron casi dos decenas de iniciativas relacionadas con el caso. Algunas de ellas eran anteriores, como la petición de los de Manuela Bergerot de crear una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia de compra de material sanitario como el que había reportado una comisión al hermano de Ayuso. Otras, de ambos partidos, eran posteriores: pedir explicaciones y responsabilidades por las amenazas a elDiario.es, auditar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del grupo Quirón o, incluso, avanzar para que las grandes empresas sanitarias fueran expulsadas de los hospitales regionales.

Todas las iniciativas se quedaron en el primer filtro de la Mesa. Las preguntas, las propuestas de comparecencia, las posibles comisiones de investigación y las proposiciones no de ley. El organismo, con el rodillo del PP y la abstención de Vox, expuso todo tipo de razones para que ninguna de estas propuestas llegara al pleno y, en la práctica, no se sometieran a debate público. Las razones fueron variadas: que Miguel Ángel Rodríguez no es miembro del gobierno sino un asesor, que muchas de esas cosas vienen de legislaturas pasadas o, incluso, que en el caso Koldo ya se están investigando contratos de la pandemia.

El Constitucional ha constatado que, en ambos casos, la Mesa vulneró los derechos políticos de la oposición al bloquear estas iniciativas yendo mucho más allá de sus funciones, que deberían limitarse a constatar que las iniciativas parlamentarias cumplen con requisitos formales. Sus decisiones, impulsadas gracias a la mayoría del PP, impidieron el “núcleo básico de la función parlamentaria”. La verificación de la Mesa, recuerda el Constitucional en estas sentencias, “ha de ser siempre formal”, no entrar al fondo del asunto para limitar el control al gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

De Miguel Ángel Rodríguez a la sanidad pública

Las sentencias tiran por tierra todos los argumentos que usó Enrique Ossorio para descartar estas iniciativas y que después defendió la propia Asamblea en sus alegaciones ante el tribunal. Es cierto que Miguel Ángel Rodríguez no es consejero en el ejecutivo regional, pero las preguntas sobre sus amenazas a elDiario.es “versan sobre asuntos que sin duda afectan a la acción política del gobierno”. Preguntar por él, añade el Constitucional, es “control al gobierno”.

El Constitucional explica a la Asamblea de Madrid que esta jurisprudencia no es precisamente novedosa. El tribunal lleva dictando sentencias en este mismo sentido desde la década de los noventa que han dado la razón a prácticamente todos los partidos en todo tipo de parlamentos: al PP y a CiU en el Senado, a Izquierda Unida y Podemos en Murcia, a Vox en Euskadi, a Compromís en València y al PSOE en Madrid. El mejor ejemplo, de hecho, ocurrió en esa misma Asamblea hace ahora 20 años.

El portavoz del PSOE regional era entonces Rafael Simancas, que tres años después del 'tamayazo' hacía oposición a una Esperanza Aguirre aupada por los votos de los tránsfugas. Los socialistas, junto con IU, pidieron la creación de una comisión de investigación para estudiar si las obras de la ampliación de la línea 9 de Metro hasta Arganda del Rey eran seguras. El PP de Aguirre enterró esta petición con una alegación que ha repetido dos décadas después: que esas obras eran de una legislatura anterior, cuando el presidente regional era Alberto Ruiz-Gallardón. La catenaria llegó a caer sobre las vías.

Esa comisión de investigación nunca se abrió. El Constitucional dio la razón a Simancas en 2012 y, para entonces, ni siquiera era diputado en la Asamblea de Madrid. Ahora el tribunal repite aquellos argumentos para reprochar al PP de Ayuso que no podía bloquear una posible comisión de investigación sobre los contratos regionales durante la pandemia con el argumento peregrino de que ya existía una investigación sobre el caso Koldo.

Este punto ha sido el único que ha roto ligeramente la unanimidad del Tribunal Constitucional en su doble reproche a Isabel Díaz Ayuso. Los conservadores Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez han anunciado votos particulares en la sentencia sobre el recurso de Más Madrid porque discrepan en lo que tiene que ver con la petición de crear una comisión de investigación. Pero el criterio ha rozado la unanimidad con progresistas y conservadores votando lo mismo. Arnaldo, de hecho, es el ponente de la sentencia que da la razón al PSOE.

“Nos saca de la anomalía madrileña”

Las sentencias todavía no han sido notificadas y, por tanto, ni PSOE ni Más Madrid han podido examinar la letra pequeña, pero ambos partidos se sienten avalados por el Constitucional en las quejas que vienen desplegando desde hace años contra la actividad de la Mesa en ese sentido. Tanto Mar Espinar (PSOE) como Hugo Martínez Abarca (Más Madrid) consideran que ahora el organismo debe tramitar sus peticiones y, si no lo hace, exponerse a consecuencias que pueden llegar al ámbito penal de la desobediencia y la prevaricación.

“Nos saca de la anomalía madrileña salvo que decidan desobedecer al Constitucional”, explica Hugo Martínez Abarca. “Con Ayuso todo es posible, pero el sentido común dice que si el Constitucional obliga a Miguel Ángel Rodríguez a comparecer y dar explicaciones, no cabe otra que aceptar”, afirma en ese mismo sentido Mar Espinar. “Pero hablamos de Ayuso, ya sabemos que ha hecho de la Comunidad de Madrid su pequeña Corea del Norte particular y que, en la tierra de la libertad, la única que vale es la suya”, apostilla.

El diagnóstico sobre el uso que Ayuso y Ossorio han dado a la Mesa en estos años es idéntico en ambos partidos. “Es proteger a la presidenta, que tiene muchísimos frentes abiertos, el nivel de vida cañón que lleva sin justificarlo, tiene que protegerse y la Mesa se ha puesto a trabajar. Ponen a trabajar a toda la maquinaria de la Comunidad en defensa del novio”, argumenta Espinar. “Es una aplicación trumpista de las instituciones que lleva practicando desde que empezó: 'la Asamblea es mi chiringuito y no vais a poder hacer democracia en el parlamento', es muy bestia”, afirma Martínez Abarca.

Más Madrid elaboró un informe el año pasado cuyos datos evidencian que la Mesa de la Asamblea ejerce de cortafuegos con mucha más intensidad que en otros parlamentos regionales. A lo largo de buena parte del año pasado, según este informe del grupo parlamentario, hasta un 30% de las iniciativas fueron inadmitidas, diez veces más que en otros parlamentos regionales.

La presidenta regional no ha podido empuñar el argumento habitual de desacreditar al Tribunal Constitucional por su mayoría progresista –las sentencias han tenido también apoyo conservador– y ha optado por alegar que desde la oposición “plantean preguntas absurdas”. En las próximas semanas la Mesa tendrá que reconsiderar sus negativas. Entre ellas, que Miguel Ángel Rodríguez y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tengan que responder por las amenazas explícitas a elDiario.es por revelar el caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta.

El Tribunal Constitucional ha asestado un segundo varapalo al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso por usar la Mesa de la Asamblea de Madrid para proteger a la presidenta de iniciativas incómodas de la oposición. El pleno, con el voto en contra de dos magistrados, ha dado la razón a Más Madrid en sus quejas sobre cómo este organismo había bloqueado una decena de iniciativas –desde preguntas parlamentarias hasta la creación de comisiones de investigación– relacionadas con las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es, la presencia del grupo Quirón en la sanidad madrileña o los contratos de emergencia durante la pandemia.

La Mesa, que controla el PP a través de su mayoría absoluta, ha actuado según el Constitucional “hurtando la posibilidad, inherente a toda democracia deliberativa, de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria”. Con ese bloqueo sistemático, razonan, los casos no llegaban nunca al pleno donde se podrían haber debatido. La Mesa no se detuvo en los “requisitos formales” de las iniciativas de Más Madrid, sino que hizo “un juicio discrecional de fondo sobre la oportunidad de la iniciativa para el que no está facultada, al ser una competencia del Pleno o de las comisiones correspondientes de la Asamblea decidir sobre ella”.

Se trata de la segunda decisión que el Tribunal Constitucional toma en este sentido esta semana. El lunes, tal y como adelantó elDiario.es, los seis magistrados de la sala segunda decretaron por unanimidad que la Mesa también había vulnerado los derechos políticos de los diputados del PSOE al bloquear la tramitación de preguntas e iniciativas relacionadas, sobre todo, con Miguel Ángel Rodríguez y sus amenazas a este periódico. Esta segunda decisión, ya del pleno, se ha adoptado con el voto en contra de los conservadores Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez.

En este caso, el pleno entiende que la Mesa fue más allá de sus funciones para, gracias a la mayoría absoluta del PP y a veces la abstención de Vox, bloquear iniciativas parlamentarias de la oposición. “Excede de la estricta facultad de control reglado que corresponde a la mesa de la cámara, por realizar, bajo la apariencia del control del cumplimiento de un requisito material para el que sí está habilitada, un juicio discrecional sobre la oportunidad de la aprobación de la iniciativa para el que no está facultada, al ser una competencia del Pleno de la Asamblea decidir sobre ella”.

Que en la Asamblea de Madrid ya exista una comisión para analizar contratos públicos, añade el Constitucional, “no es un argumento” para que la Mesa tapone la posible creación de otra que es “de muy distinta naturaleza”. Tampoco es un argumento, añade, que algunas de estas cuestiones se refieran a legislaturas anteriores.

También critica el Constitucional que se bloquearan iniciativas para revisar el modelo sanitario madrileño público-privado poniendo la lupa sobre el grupo Quirón. Esas iniciativas tienen que ver, recuerda el pleno, con “la eficiencia del modelo de gestión de la sanidad pública de colaboración público-privada y, por tanto, que su objeto no es una empresa privada o su actividad sino el debatir sobre un concreto modelo de gestión del servicio público sanitario”.

El PP de Madrid ha perdido la cuenta de sus cargos públicos condenados por corrupción. El último juicio, una de las muchas ramas de la trama Púnica, envió a prisión hace unas semanas a media docena de alcaldes del partido en la región, condenados por cobrar mordidas de la empresa Cofely, a cambio de adjudicaciones en planes de ahorro energético a largo plazo. Dos de sus últimos secretarios generales, Francisco Granados e Ignacio González han pasado por la cárcel y están pendientes de nuevos juicios, aunque Granados ya ha recibido la primera condena por recibir un chivatazo de la Guardia Civil. El que fue gerente durante más de una década, Beltrán Gutiérrez, también se sentará en el banquillo previsiblemente este año: la Fiscalía Anticorrupción le pide tres años y seis meses de cárcel por llevar una contabilidad paralela en dinero negro. Sumarios como Púnica, Lezo, la Ciudad de la Justicia, indagaron en las diferentes formas de saqueo de dirigentes populares madrileños en empresas públicas como el Canal de Isabel II, que gestiona el agua, en la construcción de colegios concertados, en la adjudicación y privatización de hospitales, en la anterior Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, en la construcción de edificios judiciales, en la frustrada línea de tren a Navalcarnero, en el gasto en publicidad del Gobierno regional, en la contratación de actos públicos o fiestas patronales...

La Justicia acumula además pruebas sobradas de que durante más de una década las campañas electorales de Aguirre, la madrina política de Ayuso, se pagaron con dinero que salía de la Comunidad de Madrid. De que sus encuestas internas se sufragaron también con fondos públicos. De que la sede del PP madrileño también se pagó y se reformó con dinero negro.

Esta semana arranca otro juicio, el de Waiter Music, la empresa que organizaba a la vez fiestas en distintas administraciones gobernadas para el PP y montaba después los mítines del partido e incluso actos familiares para sus cargos públicos. No solo son escándalos del pasado. La actual número 3 del PP regional y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, fue ascendida a esos puestos por Isabel Díaz Ayuso cuando ya se conocía su imputación, está siendo investigada por cobrar de un empresario al que había adjudicado contratos desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos. De momento, se le atribuyen cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Otro juzgado investiga el fraccionamiento de contratos en la construcción de centros de Formación Profesional, algunos de ellos ya bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso.

Con semejante historial delictivo, pasado pero también presente, el Partido Popular de Madrid intenta erigirse en látigo contra la corrupción. Lo repite la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cada uno de sus consejeros y también los cargos del Partido. Definen a Sánchez como el presidente del “Gobierno más corrupto de la democracia”. Lo hacen desde la sede institucional de la Comunidad, en los mítines del partido y también en las redes sociales. Las ruedas de prensa del Gobierno de Madrid suelen iniciarse con ataques al Gobierno de Sánchez, antes incluso de que llegue el turno de preguntas. Lo hace casi a diario Ayuso, ajena a los escándalos protagonizados por el PP, pese a crecer políticamente a la sombra de Esperanza Aguirre, quien le proporcionó sus primeros sueldos. En mítines de partido pero también en actos institucionales.

Su elocuencia a la hora de atacar al PSOE contrasta con el silencio que mantiene sobre las condenas por corrupción de sus compañeros de partido y las investigaciones a altos cargos de su Gobierno en el caso de la FP o a su estrecha colaboradora y amiga, Ana Millán, que continúa como número 3 del PP regional y fue colocada como vicepresidenta en la Asamblea regional pese a los graves cargos que pesan contra ella.

Elocuente fue la visita hace unos meses a la Ciudad de la Justicia, donde casi 20 años después, Ayuso intenta recuperar el proyecto que supuso una condena de ocho años de cárcel a otro de los popes del PP, Alfredo Prada, vicepresidente de la Comunidad en su día. El proyecto faraónico consumió más de 300 millones de euros. Cuando los cargos populares, comandados por la presidenta, volvieron a la explanada de Valdebebas, al norte de la capital, donde solo se levantó uno de la docena de edificios que se habían proyectado, nadie habló del elefante en la habitación. Como si no hubieran pasado veinte años desde la primera piedra de Aguirre, no se hubiera despilfarrado una millonada y no hubiera cargos del partido condenados a prisión. Ayuso rodeada de alcaldes y altos cargos de la Comunidad presentó otra maqueta y una inversión de 700 millones más hasta 2029 para unificar allí todas las sedes judiciales de la capital. El redondeo del proyecto superará los 1.000 millones de euros.

Una historia similar a la del tren a Navalcarnero. Otro proyecto estrella del aguirrismo que embarrancó entre clamorosas sospechas de corrupción. El Gobierno de Aguirre, con María Dolores de Cospedal como consejera de obras públicas, decidió acometer la obra y de paso denunciar que el gabinete de Rodríguez Zapatero no cumplía con la red de transporte en su comunidad. El resultado: 300 millones de euros adjudicados a la empresa OHL, propiedad entonces de un amigo de la presidenta, Juan Miguel Villar Mir, y según la Fiscalía Anticorrupción una comisión de 2,5 millones para Ignacio González, en aquel momento vicepresidente de Aguirre, y a la postre su sucesor. El asunto se investiga en una de las ramificaciones del caso Lezo y Anticorrupción pide para González cuatro años de cárcel y para López Madrid, el yerno de Villar Mir, seis y medio. El juicio aún no tiene fecha.

Ahora que el Ministerio de Fomento se ha prestado a finalizar la obra, los consejeros de Ayuso aluden al proyecto sin mencionar aquellas primeras piedras como si fuera un mero incumplimiento del Gobierno central y apremian a Óscar Puente. Las desventuras de Aguirre, González y OHL con el tren son otro tabú para el gabinete de la presidenta.

Mientras urge al ministerio a completar la infraestructura o se felicita del futuro Campus de la Justicia sin mencionar los problemas en los tribunales de ambos proyectos, el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, alude al de Sánchez como “el gobierno más corrupto de la democracia”. Es costumbre en cada una de sus comparecencias públicas, antes incluso de que llegue la ronda de preguntas. Lo hizo también en su comparecencia del cierre del año el 23 de diciembre, tras el último consejo de Gobierno antes de vacaciones en el que ocultó a la prensa un acuerdo para pagar al grupo Quirón, el mayor adjudicatario de la Comunidad y donde trabaja con una identidad falsa la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, 214 millones de euros que no figuraban en el presupuesto, y otros tantos para rescatar a otros hospitales privatizados que gestiona el grupo Ribera Salud. Como tantos miércoles, el portavoz de la Comunidad aludió al “peor gobierno de la democracia” y a las tramas de corrupción que sacuden al entorno de Sánchez.

La semana anterior, en el Pleno de Presupuestos, lo repitieron todos y cada uno de los consejeros de Ayuso y los diputados que salieron a la tribuna. El discurso monopoliza los actos del PP de Madrid, que pese a ser el que más condenados acumula en la organización, se puso de ejemplo en el último congreso nacional, que reeligió a Feijóo como presidente. En esa cita tomó la palabra, Alfonso Serrano, que ya formó parte del comité electoral de Esperanza Aguirre en 2011, una de las campañas que la Justicia considera bajo sospecha, y que acumula 14 años como diputado en la Asamblea de Madrid. Desde el atril Serrano, el lugarteniente más fiel de Ayuso, puso como ejemplo a su organización y se permitió impartir consejos al resto del partido.

El PP de Madrid cargan contra Sánchez, el PSOE y sus socios de Más Madrid, a los que llegan a acusar de ser cómplices de la corrupción mientras tratan de enterrar los problemas judiciales de su número tres y de dirigentes que fueron la columna vertebral del partido y apadrinaron a la actual dirección, con Ayuso y Serrano a la cabeza.

Púnica: un secretario general imputado y cinco alcaldes con condenas

La trama a la que dio nombre Granados, Púnica, como bautizó a la red la Guardia Civil, es la traducción del nombre de la flor en latín, mantiene 11 años después muchas ramificaciones en los juzgados. Con la construcción bajo mínimos en la resaca de la crisis inmobiliaria, David Marjaliza, empresario y socio de Granados, urdió una organización mafiosa para amañar contratos en sistemas de ahorro energético en municipios del PP. Marjaliza acabó confesando y acaba de ser condenado en diciembre. Junto a él tienen penas de prisión seis alcaldes de la época, cinco de ellos del Partido Popular (Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Sevilla La Nueva y Moraleja de Enmedio), uno del partido socialista, en Parla, y un independiente (Serranillos del Valle).

Pero el grueso del caso sigue sin juzgar e indaga en la caja B que se descubrió en el PP de Madrid y en la fortuna del propio Granados, que acabó reconociendo la propiedad de un millón de euros encontrados en el altillo de una vivienda de sus suegros y al que la Guardia Civil atribuye varios millones más en cuentas de Suiza, individuales o compartidas con su ex socio David Marjaliza.

Granados, que ocupó la secretaría general, fue mano derecha de Aguirre y a quien nadie parece conocer hoy en el PP, está acusado de liderar una organización para amañar contratos y financiar irregularmente al partido en Madrid entre 2007 y 2011, en connivencia con el gerente Beltrán Gutiérrez. El que fuera secretario general está imputado además por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Este mismo enero se inicia el juicio por el amaño de contratos en la adjudicación de eventos en Madrid, en el que se pide a Granados seis años de cárcel.

Ignacio González: tres casos de amaño de contratos y comisiones ilegales

El sucesor de Granados en la secretaría general del PP, cuando Esperanza Aguirre lo destituyó en 2011 por “pérdida de confianza” fue Ignacio González, elegido además como el relevo al frente de la Comunidad cuando la presidenta decidió renunciar, también está involucrado en varios casos de corrupción. En la trama Lezo se le acusa de amañar la adjudicación de un campo de golf del Canal de Isabel II en el barrio de Chamberí. Su juicio en la Audiencia Nacional está fijado para septiembre de 2027, se le acusa de cohecho y de prevaricación.

En la pieza relacionada con el tren a Navalcarnero se le atribuye cohecho y falsedad documental, la petición es de cuatro años de prisión. Hay todavía una tercera ramificación del caso: la compra de una empresa brasileña a través del Canal de Isabel II por un precio inflado del que habrían salido también comisiones ilegales. La Justicia atribuye al que fue secretario general del PP de Madrid, presidente de la Comunidad y que hoy es otro apestado en el partido, malversación de caudales públicos y administración desleal por un supuesto desvío de fondos de más de nueve millones y medio de euros.

Gürtel, epicentro en Madrid

Si Ayuso y su mano derecha Alfonso Serrano, que aplaudieron durante cuatro años (entre 2011 y 2015) desde sus escaños en la Asamblea de Madrid a Ignacio González primero como vicepresidente de Aguirre y luego ya como presidente de la Comunidad, hacen ver ahora que no lo conocen de nada, cómo preguntarles por la cascada de condenas a su partido en Gürtel. Diferentes tribunales han probado que la red de Correa y cía tuvo como epicentro la Comunidad de Madrid y algunos de los ayuntamientos más emblemáticos para el PP: Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte. La gran trama de corrupción del PP llevó a prisión a Alberto López Viejo, consejero de Aguirre, condenado a 31 años de prisión por amañar contratos y cobrar sobornos, al que fue alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años de cárcel) al de Boadilla del Monte Arturo González Panero, alias el Albondiguilla, 36 años, al de Pozuelo Jesús Sepúlveda (14 años) al de Arganda del Rey Ginés López (cinco años) junto a otros concejales y cargos de las agrupaciones locales del partido. El propio PP de Madrid fue condenado como persona jurídica en tres ocasiones por lucrarse de los delitos cometidos por la red corrupta liderada por Correa. En Boadilla del Monte, la Audiencia Nacional le obligó a devolver más de 200.000 euros con los que financió sus campañas electorales.

Caso FP: adjudicaciones a dedo y contratos troceados en la era Ayuso

Pero la sombra de la sospecha del amaño de contratos en adjudicaciones públicas por parte de la Comunidad de Madrid se extiende también sobre la gestión de la propia Ayuso y de dirigentes muy cercanos a ella como el presidente de la Asamblea regional, Enrique Ossorio, y su consejera de Economía, Rocío Albert. Una investigación de elDiario.es ha revelado cómo en la Consejería de Educación se adjudicaron obras a dedo bajo el sistema de fraccionar facturas para no convocar concursos públicos en la construcción de centros de FP, entre 2021 y 2023. Los responsables de la Consejería de Educación entonces eran el propio Ossorio y su número dos era Rocío Albert. Ambos están aforados como presidente del parlamento regional y consejera de la Comunidad, por lo que cualquier investigación sobre ellos debería llevarla a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La jueza del caso, que investiga delitos de prevaricación, prorrogó el pasado septiembre durante seis meses el sumario.

La número 3 del partido, imputada por cobrar de un empresario

El ejemplo más paradigmático de la doble vara de medir de Ayuso y los suyos con los casos de corrupción es el de su colaboradora y amiga, Ana Millán. La exalcaldesa de Arroyomolinos está acusada de cuatro delitos por la jueza que investigó los contratos adjudicados en su etapa municipal a un empresario que a su vez le realizó pagos. A pesar de estar imputada desde 2022, y mientras ataca al Gobierno de Sánchez y a sus socios de izquierdas, Ayuso decidió ascender a Millán en el partido, donde ahora ejerce como secretaria de organización, además de blindarla en la Asamblea de Madrid, como vicepresidenta, con su correspondiente aforamiento.

La magistrada de Navalcarnero que investigó el asunto halló indicios de cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública y se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el único competente para investigar a un miembro de la Asamblea. A principios de diciembre, el Tribunal devolvió el caso a la magistrada para que complete sus pesquisas. La imputación por corrupción no impide a Millán ser un valor en alza en el partido: además de los ascensos en la asamblea y la organización, Ayuso le ha encomendado presidir la gestora del PP en Fuenlabrada.

Esperanza Aguirre ideó en 2009 una ley que iba a poner a los hospitales del sistema sanitario madrileño a competir: con su sistema de libre elección, cada paciente elegiría dónde quería tratarse, le tocara o no ese hospital por zona. Además, puso a competir a actores de distintos ámbitos: la pública competiría con la gestión privada, y viceversa, pese a las distintas naturalezas de ambas. En la Comunidad de Madrid hay cinco hospitales públicos de gestión privada que controlan Quirón (Fundación Jiménez Díaz, Villalba, Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos de Móstoles) y Ribera Salud, que gestiona el Hospital de Torrejón, el de los polémicos audios en los que el CEO instaba a anteponer el beneficio económico a la salud.

El resultado de aquel cambio político, casi dos décadas después, es una transferencia constante y acelerada desde hospitales públicos hacia hospitales concertados, que tienen un incentivo empresarial importante: por cada paciente que captan de otra zona reciben un plus, más allá del canon fijo que les abona la Comunidad de Madrid por atender a la población que les corresponde por zona (la Jiménez Díaz no tiene un canon, sino un concierto singular por el que cobra cada servicio que presta). La pública no aplica estrategias de captación, puesto que su naturaleza es la equidad y prioriza el orden de lista de espera o los casos más urgentes, sea o no eficiente.

El Gobierno de Ayuso ha hecho públicas el último día del año las listas de citas entrantes y salientes de cada hospital madrileño en 2024, unos datos que solía publicar en las memorias del Sermas de manera agrupada y cuya publicación ahora ha fraccionado, lo que hace que sea más difícil compararlos, una información que publicó el activista Óscar H en la red social X.

Los cinco hospitales de gestión privada han logrado captar en un año 247.295 pacientes, casi todos provenientes de los hospitales públicos, con La Paz a la cabeza. También se les han ido algunos pacientes, pero de manera residual en comparación con los que llegan.

Como avanzó elDiario.es, la Fundación Jiménez Díaz (Quirón) es la que más pacientes de otras zonas absorbió en 2024 (97.000) y por estos recibió de la Comunidad de Madrid más de 176 millones de euros extra a su presupuesto, según lo aprobado en el antepenúltimo Consejo de Gobierno. Le sigue el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (61.000), Villalba (34.000), Torrejón (29.800) y Valdemoro (23.000). Todos ellos gestionados por estos dos gigantes sanitarios, ambos parte de conglomerados extranjeros (la alemana Fresenius y la francesa Vivalto Santé).

Para encontrar el primer hospital público que resulta atractivo para pacientes que se cambian desde otras zonas hay que irse al sexto puesto del ranking: Puerta de Hierro, con 12.600 pacientes que llegaron, pero del que se marcharon 22.000, es decir, quedó con un saldo negativo.

Con este sistema mixto de libre elección que instauró Aguirre y que ha continuado con todos los gobierno del PP, los hospitales de gestión privada puede diseñar líneas estratégicas de captación. Por ejemplo, centrarse en la maternidad o traumatología, especialidades muy rentables, o mantener la lista de espera un poco por debajo de la pública, pero no demasiado, para no incurrir en gasto excesivo, como admitía el CEO de Torrejón.

De hecho, la lista de espera es una palanca importante de captación. En algunos hospitales, como acreditó elDiario.es, la espera para los pacientes de fuera del área es más corta que para la población adscrita al hospital, con el objetivo de captar a estos pacientes “no cápita” que suponen un plus económico (la Comunidad ha de pagar por ese tratamiento). Toda esta estrategia es ilegal en los hospitales públicos y no se aplican distintas velocidades en las listas de espera.

Obviamente, cuanto más pacientes tienen en su área o más personas reciben de libre elección, más dinero ingresan de la partida de los presupuestos las empresas privadas, que han ido aumentando la facturación y los conciertos con la sanidad pública madrileña de manera exponencial desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, ese dinero no se compensa exactamente con el ahorro que supone tener menos pacientes en los hospitales de gestión pública, que siguen afrontando gastos fijos estructurales (edificios, personal, material), aunque pierdan pacientes de manera constante desde hace una década.

El dinero que la Comunidad de Madrid destina a estas empresas sanitarias no se publica de manera transparente y global. Por una parte, está lo presupuestado cada año por el Gobierno de Ayuso. Por ejemplo, el crédito inicial asignado a los cuatro centros hospitalarios de Quirón en el cuatrienio 2021-2024 era de 2.543 millones, pero la suma de los pagos efectuados en total a lo largo de esos ejercicios roza los 5.000 millones. Esto se debe a los pagos por pacientes de libre elección, deudas atrasadas que se pagan de manera puntual en Consejos de Gobierno o fallos judiciales que obligan a la sanidad de la Comunidad de Madrid a hacer desembolsos.

Por ejemplo, en 2020 Madrid pagó de manera extraordinaria 903 millones que debía a operadores sanitarios privados, una deuda que arrastra desde la época de Cristina Cifuentes y cuyo montante no ha desvelado la Comunidad de manera desglosada. Durante 2022 también hubo un acelerón de pagos por facturas atrasadas a Quirón por fuera del presupuesto y, en tres meses, el gobierno de Ayuso —cuya pareja es proveedor de una rama del grupo— desembolsó 400 millones a través del sistema excepcional de “convalidación de gastos”. Ni las concesionarias ni la Comunidad desglosan estas cantidades aduciendo que “está todo publicado”.

El último Consejo de Gobierno de Ayuso del año, celebrado el pasado martes, incluyó la aprobación de millones de euros extra como compensación por los servicios que prestan las empresas Quirón y Ribera Salud por su gestión de los hospitales públicos.

En concreto, la Consejería de Salud de Madrid aprobó una decena de nuevos acuerdos. El primero, un gasto por importe de 32.874.916,27 euros (IVA exento) para la liquidación del ejercicio de 2024 del contrato de gestión de la asistencia sanitaria del Hospital Universitario Infanta Elena (Valdemoro), de Quirón. A esos 32 millones se les suman 84.822.515,89 euros del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles y 37.961.134,57 euros del Hospital General de Villalba, ambos también de Quirón.

En el caso de Ribera Salud, son 24.997.984,79 euros por la concesión de la asistencia sanitaria del Hospital Universitario de Torrejón, precisamente el centro señalado por su gestión para aumentar listas de espera y engordar sus beneficios.

Se ha aprobado, además, otro gasto por la liquidación de la actividad sanitaria, con dispensación farmacéutica, del ámbito de Libre Elección correspondiente al ejercicio 2024, del Convenio Singular de carácter marco suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez Díaz por un importe de 176.614.017,35 euros.

A lo anterior se añaden gastos por el “restablecimiento del equilibrio económico” para el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, el Hospital Universitario Infanta Elena y el Hospital General de Villalba. La Cadena SER ha preguntado por los detalles de los pagos y desde la Consejería de Sanidad han respondido que son “por actividad” y que esa actividad “engloba toda la prestación en el ámbito concesional”.

Veto a la comisión de investigación

El PP ha rechazado la solicitud de Más Madrid para crear una comisión de investigación en la Asamblea con la que analizar el impacto en la calidad asistencial del Hospital de Torrejón de Ardoz derivado de la gestión realizada por la empresa Ribera Salud.

Así lo ha manifestado el principal grupo de la oposición en un escrito enviado a la Mesa de la Asamblea, al que ha tenido acceso Europa Press. Los 'populares' buscan llevar a votación su veto en la próxima sesión de la Cámara de Vallecas, donde tienen mayoría absoluta.

Esta petición surgió a raíz de unos audios en los que un alto directivo emplazaba a rechazar pacientes o prácticas “no rentables”. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha cargado contra la “censura” del PP, una situación que “lleva años” haciendo ante “cualquier iniciativa de la oposición sobre la colaboración publico-privada de la sanidad”.