La Fiscalía Anticorrupción ha advertido al juez Antonio Viejo, que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, de que es necesario que permita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a la información tributaria y de la Seguridad Social de Alberto González Amador y del resto de investigados. En caso contrario, considera que se genera “un perjuicio al interés público” y que se alargará “innecesariamente” la instrucción.

En esta pieza separada, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid investiga tanto a González Amador como al directivo de Quirón Fernando Camino y a su esposa María Gloria Carrasco al entender que el novio de Ayuso pudo pagar “una comisión encubierta de casi medio millón de euros” al directivo a través de su esposa. La Fiscalía sospecha que ese “soborno” se habría abonado a través de la compra que realizó como administrador único de su empresa Maxwell Cremona SL de las participaciones de Círculo de Belleza SL (que pertenecía a Carrasco). Al adquirirla, cambió el nombre de dicha sociedad por el de Masterman & Whitaker Medical Supplies & Health Process Engineering SL.

El juez acordó el acceso a determinadas cuentas bancarias de los investigados y rechazó que la UCO profundizara en datos tributarios y de la Seguridad Social. Pero Anticorrupción, en un recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial de Madrid, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, explica que no es suficiente.

A esa postura del Ministerio Público se ha unido incluso el propio González Amador. Su defensa, en un escrito al que ha tenido acceso este diario, no se opone a esa diligencia, es más indica que “su deseo” es que se acelere al máximo esa velocidad procesal para “poder poner fin al procedimiento y a los usos extraprocesales que del mismo se efectúan”. “Esta parte no se opone a que se proceda conforme impulsa el Ministerio Fiscal, y que se practiquen los requerimientos a la Seguridad Social y a la AEAT y se ponga su resultado a disposición de la Fuerza Actuante a la mayor velocidad posible”.

Para González Amador, esta pieza separada “es utilizada por la acusación popular (PSOE) como herramienta de su comunicación política de forma sincronizada a cada incidencia judicial que le afecta (esto es, de forma diaria), a costa de la continua lesión de los derechos fundamentales de los ciudadanos llamados a esta pieza”.

El fiscal, en su recurso, explica que no tiene sentido no realizar el requerimiento a la Agencia Tributaria porque “ya se ha autorizado la medida indagatoria más invasiva de la intimidad económica de los investigados”, que es el examen de sus movimientos bancarios en España. Por eso, no entiende que no se requiera esa información que es menos invasiva y que, además, ya está en manos del Estado. Y suma a esto que “no contar con la información tributaria dificulta enormemente el cumplimiento de la encomienda que se le ha realizado” a la UCO de indagar en la naturaleza de esa compra.

El recurso del fiscal del caso recoge un párrafo literal del oficio de la UCO, que resalta que “desde un prisma policial se considera de gran relevancia el contar con la información tributaria que pudiera aportar la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre las diferentes personas físicas y jurídicas que participarían en los hechos investigados”. Califica de “indispensable” contar con las dos vertientes, la bancaria y la tributaria, porque son “informaciones complementarias cuyo análisis debe efectuarse de forma conjunta, en tanto en cuanto es relevante observar las similitudes y, sobre todo, las diferencias que puedan observarse”.

Buscan poder determinar “la existencia de flujos no declarados o la detección de flujos que no se correspondan con la realidad observada a través de los productos” investigados. En definitiva, indicaba la UCO en su oficio, tener acceso a la información tributaria les permitiría tener un enfoque contextualizado de las diferentes transacciones, y por tanto indican que es “fundamental contar con la información que pudiera aportar la AEAT”.

Por último, el fiscal explica que diferir a un momento posterior la solicitud de información a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, “información que ya se sabe que va a ser necesaria, porque así lo ha puesto de manifiesto la unidad policial investigadora especializada”, genera un perjuicio al interés público y a los investigados. Y eso porque “alarga innecesariamente la duración de la instrucción del procedimiento”.

Esta pieza separada se desgajó en 2024 de la pieza principal, en la que pareja de Ayuso está imputada por dos delitos fiscales en concurso con falsificación de documentos.

Quirón aumentó exponencialmente su negocio con la Comunidad de Madrid en los hospitales que gestiona a partir de 2021, según las Cuentas Generales de la Comunidad, el documento oficial que recoge los pagos e ingresos reales en la región año a año. Justo ese año la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzó a gobernar en solitario tras romper la coalición con Ciudadanos e inició su relación con Alberto González Amador, que trabaja para la compañia sanitaria y que está procesado por intentar escamotear impuestos.

La empresa se ocupa –entre otros servicios y conciertos– de la cobertura sanitaria de los madrileños en cuatro hospitales de la región: Fundación Jiménez Díaz, Hospital de Villaba, el Infanta Elena de Valdemoro y el Rey Juan Carlos de Móstoles. Es decir, los tratamientos y decisiones médicas relativas a toda la población asignada allí está prestada por una empresa privada que recibe un dinero público a cambio.

Desde 2021 y hasta 2024, el dinero público que han recibido estos cuatro centros ha aumentado un 91%, es decir, prácticamente se ha duplicado. También de han multiplicado en ese periodo los ingresos de González Amador. En 2020, estos cuatro hospitales ingresaron 504 millones por prestar servicios, por deudas de otros años y otros pagos. En 2024, últimas cuentas disponibles, recibieron 1.611 millones.

No es la única empresa que opera en la sanidad pública madrileña. La otra es Ribera Salud, al cargo de la población del Hospital de Torrejón, conocido por la publicación de unos audios en los que su director ejecutivo instaba a priorizar el beneficio económico sobre las listas de espera.

Desde 2021 la Comunidad también ha aumentado el dinero que destina a este hospital: un 82%, por debajo de la media de Quirón. La situación en los hospitales de gestión pública no fue para nada tan expansiva. Como muestra, dos ejemplos: La Paz recibió un 35% más de ingresos en ese mismo periodo, mientras que la Jiménez Díaz –equiparable en presupuesto– lo hizo en un 45% más. Lo mismo sucedió en el hospital de Móstoles público (+19%) frente al hospital de gestión privada de Quirón en la misma localidad (+182%). Parte de la explicación puede estar en que se trate de pagos de deuda, pero desde Sanidad no dan explicación.

Este dinero destinado año a año a empresas concesionarias de la sanidad madrileña no aparece desglosado por concepto en la Cuenta General, pero incluye todo lo que se haya pagado: atención y tratamientos médicos a su población asignada, farmacia, el dinero por tratar pacientes de la libre elección, el desembolso de facturas atrasadas de otros años o importes satisfechos cuando hay sentencia firme en alguna de las reclamaciones que ha puesto Quirón con la Comunidad de Madrid.

A esto hay que sumar los intereses de demora por esa deuda que se arrastra de años anteriores y de la que el gobierno autonómico nunca ha dado un cifra concreta, de manera que no es fácil conocer cuánto del dinero del que se paga anualmente corresponde verdaderamente a servicios prestados ese año.

Otro dato que revela la Cuenta General es que es raro el año en que lo presupuestado para estos hospitales se respeta. Todos los ejercicios hay desviaciones, con un importante incremento del dinero que reciben estas empresas privadas respecto a lo que se previó en los presupuestos, un diferencial especialmente relevante en el caso de los hospitales del grupo Quirón.

En el ejercicio de 2021, estas empresas privadas empezaron a reclamar más dinero por los gastos extra en material y atención que les supuso la Covid. Algunos de ellos fueron satisfechos en 2022, como los seis millones de “compensación” que se aprobaron en Consejo de Gobierno para el Hospital de Torrejón. También fue 2021 el año en el que Isabel Díaz Ayuso empezó a gobernar en solitario, tras haber pasado una legislatura (2019-2021) en coalición con Ciudadanos, de manera que tuvo menos ataduras para desarrollar sus políticas sanitarias, que defienden los conciertos sanitarios y la privatización como un modelo “eficiente”.

En las cuentas de 2022 se observa un repunte de ingresos para estos hospitales privatizados. Ese año, el Consejo de Gobierno de Ayuso autorizó pagos millonarios pendientes por litigios con Quirón, un dinero que la Comunidad había estado peleando en los tribunales. En solo dos meses, su gobierno autorizó el pago de 400 millones de euros para ponerse al día y deshacerse de parte de la deuda que arrastraba. Unos meses antes se había producido una de las pocas destituciones fulminantes que ha hecho Ayuso desde que es presidenta: la de la interventora general, es decir, la máxima responsable de las cuentas de la Comunidad de Madrid.

La Cámara de Cuentas hizo un informe sobre 2024 e hizo hincapié en esos cambios de velocidad en los pagos, señalando que “en 2023 y 2024 se observa una mayor actividad en la aprobación, imputación a presupuesto y pago de las liquidaciones atrasadas provisionadas”.

Pero aún queda mucho por pagar, dinero que según se vaya desembolsando irá apareciendo en las futuras cuentas públicas anuales y cuyo montante total y pormenorizado no está publicado, lo que hace difícil calcular si la privatización es o no eficaz, como defiende Ayuso.

Respecto a los pagos por la libre elección, es decir, lo que Madrid paga extra a estos hospitales por pacientes captados de la pública, “durante 2023 se liquidaron 283 millones, fundamentalmente referidos a los ejercicios 2019 y 2020”. La Cámara de Cuentas avisa de que “la complejidad de las comprobaciones dificulta las liquidaciones. No obstante, en 2023 y 2024 se observa una mayor actividad en la aprobación. Pero hay más deuda pendiente y arrastrada, ”estando pendientes las liquidaciones del propio ejercicio 2024 así como otras de 2023 y de 2022“ que aflorarán en próximos ejercicios.

La Consejería de Sanidad no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre los conceptos de los pagos anuales. Tampoco ha respondido el grupo Quirón.

El Laboratorio Clínico Central, el organismo que da cobertura a seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, tiene una nueva empresa gestora: el gigante sanitario Quirón. El grupo ganó la adjudicación del Gobierno autonómico, valorada en 120 millones de euros para los próximos cinco años, después de que Ribera Salud estuviese gestionando el centro desde que abrió en 2008. Ahora, con el desembarco del nuevo grupo, trabajadores de laboratorio denuncian una situación de inestabilidad con la pérdida de antigüedad, contratos con condiciones diferentes y una “subrogación encubierta”.

Una vez Quirón ganó la adjudicación a Ribera, comenzó el conflicto entre las dos empresas. La Comunidad de Madrid aprobó una prórroga para Quirón de una semana para hacer la transición entre las dos empresas. Quirón acusó a Ribera de falta de colaboración, según publicó entonces El País, además de asegurar que Ribera Salud estaba intentando “instigar a la plantilla en contra” de la nueva empresa. Y en medio de ese choque, los trabajadores ya denunciaron un “limbo” y un futuro incierto que se ha terminado de materializar esta semana con una imagen, con los trabajadores intentando entrar en su puesto de trabajo y la negativa del nuevo equipo.

“En todo momento Ribera Salud nos ha estado informando a través de cartas de una subrogación en la que Quirón se iba a hacer responsable de nosotros”. Habla Marta (nombre ficticio), trabajadora del servicio de laboratorio del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que relata que cuando llegaron los nuevos contratos vio que las condiciones no eran las mismas, por lo que no las aceptó, como otros compañeros suyos. Este lunes, ha acudido como siempre a su puesto de trabajo y se ha encontrado con una situación inesperada que afecta a unos 30 trabajadores: “Algunos hemos llegado a trabajar, hemos fichado y en ese momento nos han dicho que no podíamos prestar servicios. Hemos llamado a la Policía y han hecho un informe”, relata.

Ese laboratorio, el del Hospital Infanta Sofía, proporciona servicio a otros cinco hospitales: el del Henares, en Coslada; el Infanta Cristina de Parla; el Infanta Leonor; el Sureste de Arganda del Rey; y el del Tajo, en Aranjuez. Aquí se procesan las muestras de laboratorio de cerca de 1,4 millones de pacientes de la región. Pero el testimonio de Marta no es el único. Otra trabajadora, E.F., denuncia que los trabajadores que llevaban muchos años en el centro, algunos hasta 17, han perdido toda la antigüedad. Por un lado, Ribera Salud no quiere indemnizarles porque entienden que es una subrogación. Por otro, Quirón argumenta que no lo es.

En conversación con este periódico, un portavoz del grupo sanitario asegura que están “siguiendo en todo momento las pautas del concurso” en cuanto a la antigüedad de los trabajadores, con quienes dice que hay un “diálogo permanente”.

Ahora, algunas personas que continúan trabajando en el laboratorio clínico relatan una situación de “falta de personal”. “Quirón tuvo que contratar a personal sin experiencia y a pesar de ello no damos abasto”, argumenta Marta en declaraciones a elDiario.es, que asegura que el grupo sanitario “necesita” a los trabajadores que no han firmado.

Ismael trabajaba en el laboratorio del Hospital Infanta Cristina de Parla, que procesa analíticas críticas. En su caso, la mayoría de los técnicos de laboratorio han decidido que no iban a firmar los nuevos contratos: “Nos dijeron que se nos iba a respetar todo”. “Todo muy bonito hasta el momento en el que dicen que lo que no nos van a respetar sería la antigüedad”, explica a través de conversación telefónica, lo que les lleva a rechazar los cambios. “Lo único que nos va a proteger el día de mañana es la antigüedad”, argumenta. El trabajador explica que, en algunos casos, quienes sí que han firmado se han visto obligados a hacerlo por estar en situación de vulnerabilidad. “Hoy han ganado ellos, nos quedamos fuera”, dicen sobre el resto, quienes, como E.F., también acudieron a su puesto de trabajo: “Nos dijeron que nos teníamos que ir”.

Tanto Ismael como Marta relatan otra consecuencia del caos laboral. Ya que Quirón argumenta que no es una subrogación, no pueden utilizar los equipos antiguos de Ribera Salud, aunque los trabajadores aseguran que en algunos casos sí se están utilizando. Ismael asegura que eso supone retrasos en las analíticas, mientras que el portavoz de Quirón asegura a este periódico: “Acabamos de hacernos cargo y tendremos que hacer cambios”.

Pero no solo hay críticas por el uso de equipos antiguos. Trabajadores como E.F. aseguran que cuando comenzó el nuevo equipo el lunes no se estaban procesando las muestras del viernes. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lo niegan asegurando que “no hay problemas asistenciales. Se está atendiendo todo”, dicen a elDiario.es.

Sin pruebas genéticas

La polémica no solo ha surgido por el “limbo” denunciado por los trabajadores. Con el nuevo pliego, se firmó también otro cambio: algunas áreas de alta especialización, como las pruebas relacionadas con genética constitucional y genética somática, que históricamente se venían realizando en el Laboratorio Clínico Central, ahora pasarán a ser asumidas por el sistema público de salud, una medida que fuentes de la consejería de Salud justifican en una “mayor eficiencia”. “Se está desarrollando una estrategia común para todo el SERMAS de medicina personalizada de precisión y la genética de estos pacientes entra dentro de la centralización”, explican en declaraciones a elDiario.es.

Esto supone un ahorro para la nueva empresa adjudicataria, Quirónsalud, teniendo en cuenta además que estas pruebas de laboratorio suelen ser las más caras.

Desde Izquierda Unida Madrid critican que el SERMAS continúe su “desprecio hacia la Sanidad Pública”: “Profundiza en la externalización de los laboratorios clínicos mientras asume las áreas menos rentables”, argumentan. Según el partido, la consecuencia es un modelo que supone una “socialización de las áreas menos rentables y más intensivas en conocimiento especializado, mientras se mantiene en manos privadas una parte sustancial de la actividad analítica de mayor volumen”. Y, en consecuencia, “un sistema en el que la sanidad pública asume las cargas estructurales y de personal necesarias” mientras financia “mediante contratos millonarios actividades que podrían prestarse directamente desde la propia red pública”.

También Comisiones Obreras ha denunciado la situación a través de un comunicado publicado este miércoles, en el que critican “irregularidades” en el traspaso a Quirón y ha exigido la intervención del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), “que conocen desde hace tiempo la problemática que afecta a la plantilla”.

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¿Qué es Quirón para Ayuso y qué es Ayuso para Quirón? Analizamos la importancia de una de las empresas que más contratos públicos obtiene de la Comunidad de Madrid en la carrera y el presente político y personal de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, después de conocerse que su pareja, Alberto González Amador, facturó 4,4 millones de euros con el gigante sanitario en tres años a través de dos empresas que, presuntamente, no tenían medios para prestar esos servicios.

Analizamos las últimas informaciones de Hacienda y la Guardia Civil sobre los negocios de su pareja con el director de Eldiario.es, Ignacio Escolar, y recorremos los escándalos que han poblado la trayectoria de la política madrileña y dibujamos el perfil ideológico en el que muchos ven el espejo del trumpismo en España. Lo hacemos con David Fernández, autor de “Ayuso: Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid”, publicado por Libros del KO. 

Puedes ver esta primera parte del programa aquí:

Una biografía no autorizada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que vemos la trasformación de una licenciada en Ciencias de la Información a la que muchos de sus compañeros de partido subestimaron y que se ha convertido en icono de la derecha política y mediática.

Y cerramos temporada humorística con Cousas de Antía, con Antía Lousada. Puedes ver su sección en vídeo aquí:

Casarse hacia arriba es una expresión que existía antes para definir el salto económico que daba un cónyuge cuando contraía matrimonio con una persona de estatus económico o social superior. Creo que ya se utiliza menos. Antes, lo más habitual es que quien se casara hacia arriba fuera una mujer. Había muchos más hombres con dinero. Mucho antes, existía la dote, un dinero, en efectivo o en especie, que la familia de la novia abonaba a la nueva pareja o a la familia del novio. Se supone que servía para compensar a la novia por la pérdida de los derechos económicos que hubiera podido tener en su familia. En muchos casos, era un ingreso que se quedaba la familia del novio por dar luz verde al casamiento.

Cuánto hemos avanzado desde entonces. Con el caso de Alberto González Amador, el salto hacia arriba gracias a su relación de pareja con Isabel Díaz Ayuso es espectacular. Una de las grandes decisiones de su trayectoria profesional. Esto no se estudia en las escuelas de negocios, pero lo mismo deberían dedicarle un apartado en el programa docente. Alguna asignatura que se llamara: “Emprendimiento y amor: ganancias patrimoniales tras la decadencia del concepto de amor romántico”. 

En su declaración como testigo en el juicio del fiscal general, Amador ofreció una actuación dramática y hasta lacrimógena —pensemos en Meryl Streep en 'La mujer del teniente francés'— con la intención de presentarse como víctima de una abyecta conspiración. Afirmó que le habían presentado como “el delincuente confeso del Reino de España”. Acabó en lo más alto y dijo que solo le quedaban dos alternativas: “O me voy de España o me suicido”. 

Más allá del hecho de que los usuarios de un Maserati raramente optan por la segunda opción, el dilema carecía de sentido. Cómo iba a elegir salidas tan trágicas si se había hecho millonario, si estaba facturando casi al nivel de Shakira (y con la misma mentalidad sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales). 

Gracias a este diario, esta semana hemos sabido que las dos empresas de Amador facturaron 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 (la primera noticia de su relación con Ayuso es de mayo de 2021). Aparece en un informe de la Agencia Tributaria incorporado a un procedimiento judicial. La agencia estaba obligada a enviar al juez estos datos junto a la petición de que certifique que no puede seguir investigando a Amador, porque ya existe una investigación en su juzgado. La ley le impide hacerlo por su cuenta sin el permiso del juez. 

Hemos contado también que el novio de Ayuso multiplicó por siete sus ingresos procedentes de Quirón tras iniciar su relación con la presidenta. El Grupo Quirón es el principal beneficiario de la política de privatización sanitaria puesta en marcha por el Gobierno de Ayuso. En los negocios de Amador con esa empresa es clave su relación con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, incluido el negocio que le permitió al novio de Ayuso ingresar 1,9 millones por la venta de mascarillas en 2020.

Después, Amador compró a la esposa de Camino una sociedad llamada Círculo Belleza de muy escasa actividad con una facturación anual anterior de unos 30.000 euros. Le cambió de nombre en uno de los grandes saltos del 'branding' en el campo del marketing. Pasó a ser Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering. Mucho mejor, sin duda. Qué empresa de cualquier lugar del mundo se negaría a extender una factura improbable a una compañía con un nombre tan fantástico.

Precio de compra: 500.000 euros. Si el precio te parece excesivo, no es que seas un tacaño. Esa compra se está investigando ahora en los tribunales por las sospechas de que se tratara de un soborno o el pago por los servicios prestados.

Preguntaron a Miguel Tellado el viernes qué le parecían estos números. Son cifras muy superiores a las que se manejan en la investigación que afecta a Zapatero. Ya sabíamos que el número dos del PP no se iba a atrever a criticar a Ayuso. Nadie quiere en el PP acabar como Pablo Casado. Tellado prefirió negar la evidencia: “Es una cuestión personal que en nada afecta a Isabel Díaz Ayuso porque no afecta a la Administración que dirige”. Eso supone ignorar la relación económica que existe entre el Gobierno madrileño y el Grupo Quirón. Y, lo que es más sugerente, exige olvidarse que ella misma, en su calidad de presidenta de Madrid, asumió personalmente la defensa de los intereses económicos y judiciales de su novio al afirmar que todo era una conspiración de “los poderes del Estado” y que incluso Hacienda le debía dinero a él (morro nivel XXL).

A eso se dedicó Miguel Ángel Rodríguez desde el primer momento. El jefe de gabinete de la presidenta es el arquitecto de sus estrategias y quien se ocupa de plasmarlas en la realidad. Como vimos en el asunto del fiscal general, filtrando información falsa a los medios de su cuerda. O lanzándose como una hidra contra los medios que critican a la jefa. Cuando supo de ese informe que revelaba los inmensos beneficios obtenidos por Amador, dio a El País su opinión sobre los responsables: “De la Agencia Tributaria, que debería ser dinamitada”.

Tranquilos, no pasará nada. Ningún comando yihadista de Nuevas Generaciones pondrá explosivos en la Agencia Tributaria ni Nacho Cano dará un concierto frente a la sede para exigir su eliminación. El PP no denunciará a Rodríguez ni considerará que sus amenazas son un peligro para el Estado de Derecho o las instituciones democráticas. Tampoco la prensa de derechas que afirma que el Gobierno ataca a la Constitución y la independencia judicial afirmará que la dinamita que Rodríguez quiere utilizar interfiere en la labor de los funcionarios que se ocupan de combatir el fraude fiscal. Se juegan mucho dinero público procedente de la Comunidad de Madrid como para atreverse a tanto. Ellos dicen que hacen su trabajo para fiscalizar al poder y ya sabemos que Díaz Ayuso no tiene más poder que el del presidente de una comunidad de vecinos.

Peinado, una mancha para la justicia

Era previsible que el juez Juan Carlos Peinado finalizara su instrucción del caso de Begoña Gómez con un fin de fiesta espectacular. Uno de esos en los que los protagonistas están muy pasados de rosca después de consumir grandes cantidades de alcohol. El lunes, comunicó a Gómez que va a juicio con una solicitud de penas superior a la de homicidio. El viernes, abrió una pieza separada en la que le imputó más delitos por un caso que no tiene nada que ver con ella. Horas después, tuvo que rectificar.

El sábado, fue la traca final. Ordenó que la esposa del presidente del Gobierno entregue su pasaporte y le obligó a pasar por su juzgado cada quince días. Lo justificó por el riesgo de fuga, pero resultó que tardó cinco días en tomar la decisión. Nunca se ha visto algo parecido en un juzgado. Cuando existe tal riesgo, un juez no permite que el acusado salga del juzgado para decretar la medida. No sea que se fugue.

Como siempre con Peinado, son sus autos los que delatan sus prejuicios y sus delirios. Gómez cuenta con escolta policial, como todas las esposas de los presidentes. En el texto, afirma que “lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”. 

No es frecuente que un juez diga por escrito que es probable que unos policías cometan un delito antes de haberlo cometido. Pero Peinado tiene respuestas para todo. En otro pasaje, sostiene que “la condición de actual Presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga”. Las comas están aquí donde aparecen en el auto.

Peinado no sabe escribir y sus escasos conocimientos jurídicos a la hora de redactar un auto le llevan a delatarse. Begoña Gómez se fugaría si contara con escoltas y también si no los tuviera, se supone que dejando a su marido en Moncloa y escondiéndose en algún lugar ignoto del planeta sin tratado de extradición con España. Es todo tan estúpido que es inaudito que esa instrucción haya llegado a este punto. O quizá no es inaudito, sino el colofón que se merece.

Todo en este caso es lamentable, sin pruebas que sustenten la catarata de delitos que penden sobre Gómez, y es una mancha que no se borrará fácilmente de la imagen de la Justicia en España. 

La conexión saudí de Zapatero

Después de conocer que había sido imputado, Zapatero anunció en un vídeo que iba a ejercer su “derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción”, y que además respondería a las preguntas de los medios de comunicación. Lo segundo tendrá que esperar y de lo primero ya hemos tenido esta semana el primer capítulo con su comparecencia ante el juez Calama. No era realista pensar que podía responder en poco más de dos horas a todas las cuestiones planteadas por el magistrado en su auto. La impresión general es que se limitó a negar las acusaciones sin aportar información nueva que pueda desmentirlas. Desde luego, no convenció a Calama, que es a fin de cuentas la persona más importante en estos momentos para Zapatero. 

No habló de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Dijo que necesita más tiempo para certificar su origen y los documentos que lo prueben. Lo que se sabe por lo que ha contado su entorno a TVE es que que el collar más caro fue un regalo del rey saudí Abdalá en 2007. Eso abre la vía a que la defensa alegue que los hechos están prescritos, pero no va a eliminar la mancha que supone para su reputación. 

Todos los presidentes reciben regalos, dijo el viernes Pedro Sánchez. No es una defensa muy convincente. No todos los presidentes se los llevan a casa después de abandonar Moncloa y los guardan en una caja fuerte. Recibir un regalo carísimo del rey saudí, el jefe de Estado de un régimen que es la antítesis de los valores que Zapatero ha defendido en su carrera política, y ocultarlo al fisco es sencillamente imperdonable y sus antiguos votantes deberían considerarlo una afrenta. No es muy distinto a lo que hizo Juan Carlos de Borbón. Lo único que cambia es el valor económico del presente. Con independencia del resultado final de la investigación judicial, Zapatero ya ha perdido.

Todo está en The Wire, se decía por parte de los fanáticos de la serie de David Simon sobre la corrupción sistémica en Baltimore, que no era más que un trasunto de la corrupción en cualquier lugar del denominado mundo libre. La obra maestra del periodista trasciende a la ciudad portuaria norteamericana porque tiene el valor de hacerse universalizable y explicar el mundo entero. Es sencillo escudriñar en sus capítulos y encontrar alguna secuencia que enseñe cómo funciona nuestra sociedad y la representación corrupta que tiene en la política. 

Sigue el dinero, decía Lester Freamon, el policía que estudiaba desde una oficina cochambrosa y con pocos recursos la criminalidad de la ciudad estadounidense. Porque seguir el dinero enseña con claridad diáfana los casos de corrupción que tenemos estos días copando la agenda pública y que quedan enmarañados entre mil noticias inconexas, el ruido político, la falta de contextualización mediática y la ceguera sectaria de quien es minucioso con la corrupción ajena y encuentra cualquier justificación con la propia en aras de un bien mayor que puede ser derrocar al Gobierno o impedir la llegada de la reacción al poder. Para los que no justifican ninguna y entienden que la moral pública recta es un bien superior encontraran algo de luz siguiendo el dinero. 

Es imperativo acudir a la doctrina Freamon para entender los casos de los familiares y la corrupción con los que tenemos que lidiar estos días. Todos aquellos españoles que tienen problemas para llegar a final de mes, aquellos que saben lo que cuesta llenar la cesta de la compra, los que entienden que no pueden pagar 1000 euros al mes por un alquiler porque ganar eso cuesta sangre, sudor y lágrimas, saben, conocen, entienden con claridad, que nadie cobra 250.000 euros por maquetar unos informes que han gastado 18.000 euros hacer, y que nadie paga 500.000 euros por una empresa que tiene dos máquinas de depilar. Saben lo que cuesta cada cosa, y sobre todo saben lo que se sufre para ganarlo, pero sobre todo comprenden que nadie regala nada y menos esas fortunas que para una familia de clase trabajadora son toda una vida.

El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo. 

Lester Freamon en The Wire pedía que siguiéramos el dinero porque siempre tiene línea ascendente y llegaría un momento en el que las instituciones querrían intervenir para cortocircuitar ese rastro según iba subiendo, en la serie, el policía tenía como intención llegar al senador Clay Davis, que era el destinatario final de más alto nivel y en el que se truncó la investigación. El caso del novio de Ayuso se puede considerar fiel descriptor de la doctrina Freamon porque cuando el caso empezó a escalar hacia la frutera mayor de la comunidad se inició una campaña que acabó con el Fiscal General del Estado lapidado con la colaboración del colegio de abogados de Madrid, que logró de manera sorpresiva la concesión de una universidad privada por parte de Ayuso, y un Tribunal Supremo echado al monte que aseguró sin disimulo que condenaba a alguien por un hecho que habría podido cometer él u otra persona de “su entorno”. 

Seguir el dinero es una buena manera de no perderse y no dejarse llevar por el relativismo moral de aceptar para los propios aquello que no toleramos para los otros. Cuando tengas dudas sobre los casos de corrupción y sientas que el ruido es tan ensordecedor que impide comprender nada simplemente sigue el dinero y verás lo fácil que es hallar todo lo podrido siguiendo su olor. La gente honrada vive de su trabajo y no puede aceptar que quienes buscan su favor con promesas para lograr su voto le pastoree intentando explicar que es normal enriquecerse de imaginativas formas fraudulentas solo porque aquel que odias tiene otras formas igual de imaginativas de enriquecerse. Seguid el dinero, el rastro no engaña.

Las críticas de la oposición a Isabel Díaz Ayuso tras las investigaciones de los últimos años que rodean a su pareja, Alberto González Amador, y el grupo sanitario Quirón, que ingresa mil millones al año de la Comunidad de Madrid, se repiten pleno tras pleno en la Asamblea. Ahora, tras un escrito de la Agencia Tributaria, se ha conocido que González Amador —a quien Ayuso se refiere como un “ciudadano particular”— llegó a multiplicar por siete sus ingresos de la empresa después de iniciar su relación con presidenta autonómica, en 2021. A lo largo de estos años, tanto la propia Ayuso como su equipo han salido a defender no solo a González Amador, también al grupo empresarial.

Hacienda ha cifrado en 4,43 millones de euros las cantidades cobradas por González Amador del grupo sanitario entre 2021 y 2023. De 2020 hasta 2023, la cifra asciende a 4.711.768,83 euros. Un dinero facturado a través de sus dos empresas, Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por unos servicios de consultoría en los que la Agencia Tributaria ha hallado “indicios de simulación”, tal y como publicó elDiario.es. Este jueves, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intentó desacreditar estas informaciones con ataques a la Agencia Tributaria, de quien dijo en declaraciones a El País que “debería ser dinamitada”.

Desde 2024, la presidenta del Gobierno madrileño ha salido en defensa de Quirón en múltiples ocasiones sin explicar por qué la compañía disparó sus ingresos tras empezar su relación y utilizando diferentes argumentos, como que es “el mejor grupo sanitario de España”.

Mayo de 2024: “¿Van a desguazar la colaboración público privada que funciona?”

En mayo de 2024, la presidenta de la Comunidad se enzarzaba con la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, por el grupo Quirón. Bergerot acusó a Ayuso de que “lo suyo es abrir oportunidades de negocio para sus favoritos y sus familiares a costa de los pacientes” y aseguró que a Quirón se le iba a “acabar el chollo” tras la ley para frenar la privatización en los hospitales impulsada por Mónica García.

Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso respondía: “La Fundación Jiménez Díaz es la mejor valorada por sus pacientes. ¿La van a desguazar? ¿Van a desguazar toda la colaboración público privada que está funcionando?”. La presidenta autonómica acusaba a Bergerot de querer “reventar las listas de espera en Madrid. Quieren reventar el sistema sanitario, cuando es el mismo en Asturias o en Catalunya, que es mucho más privatizado. El 70% de los hospitales en Catalunya son privados y también opera Quirón, ¿los va a cerrar?”, preguntaba.

Durante su intervención, Ayuso apuntaba hacia la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid: “Quieren reventar toda la Comunidad de Madrid por envidia, sectarismo y política. Reconózcanlo”.

Marzo de 2025: “Es uno de los mejores grupos sanitarios en Madrid”

Ya en 2025, después de que la jueza recibiera luz verde de la Audiencia de Madrid para investigar si la pareja de Ayuso sobornó a un directivo de Quirón en una pieza separada, el grupo empresarial volvió a salpicar el pleno de la Asamblea de Vallecas. En esta ocasión, también la diputada Bergerot criticó los “chanchullos” del novio de Ayuso.

Ante las acusaciones, la líder del PP madrileño defendió a Quirón, evitando hablar de Alberto González Amador: “El grupo Quirón es el principal grupo sanitario de Europa, con algunos de los mejores hospitales públicos de España, también en Catalunya”. “Es uno de los mejores grupos sanitarios en Madrid, lleva la Fundación Jiménez Díaz, que es uno de los hospitales más reconocidos por todos sus pacientes y que además contrata decenas de miles de médicos” y de otros sanitarios.

La presidenta de la Comunidad también aprovechó su intervención para afear a la oposición que “siempre” se “atreven” a “desprestigiar a la gente e intentar de manera prospectiva hablar de negocios privados que nada tienen que ver con el dinero público ni la gestión de la Comunidad de Madrid”.

La diputada de Más Madrid respondió a sus declaraciones: “Se emociona hablando de Quirón, no me extraña, porque bueno, son de la familia. Y a una siempre le conmueven esas cosas”.

Septiembre de 2025: “Le voy a pedir permiso a la oposición para que me digan con quién salir”

Unos meses más tarde, en septiembre de 2025 y en el debate sobre el estado de la región en la Asamblea, volvió a salir el mismo tema, a la luz de las últimas informaciones relacionadas con el juicio al ex fiscal general, Álvaro García Ortiz.

En este caso, la presidenta estalló contra la oposición. “Le voy a pedir permiso a la oposición para que me digan con quién tengo que salir”, dijo, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid “se relaciona cada año con 13.000 empresas. Muchas de ellas a su vez tienen ayudas, subvenciones de la Administración”. “Yo no puedo salir con nadie que se relacione con la empresa en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿con quién puedo salir? ¿Con el hermano de Pedro Sánchez?”, se preguntó irónicamente Ayuso.

Más adelante, volvió a su defensa del grupo Quirón tras los reproches de Más Madrid y PSOE, “un grupo sanitario que lleva décadas trabajando en la Comunidad, yo hace décadas no salía con nadie”, apuntó la presidenta autonómica.

De nuevo, hizo uso de sus argumentos sobre los sanitarios que trabajan en los hospitales privados de la empresa, así como a los pacientes que acuden a ellos: “Es uno de los grupos sanitarios por no decir el grupo sanitario más importante de Europa”. Y volvió a hablar de los profesionales y los pacientes relacionados con los hospitales privados: “Están faltando el respeto a miles de profesionales sanitarios, enfermeras, médicos, pacientes. ¿Por qué no se meten con los hospitales de Quirón en otras zonas de España?”.

“Vaya a la puerta de la Fundación y pregúntele a los pacientes cómo les han tratado... el índice de satisfacción es altísimo”, añadió.

Noviembre de 2025: “Voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España”

Un mes antes de la condena al ex fiscal general del Estado en la que los jueces le atribuyeron —a él o alguien de su “entorno”— la filtración del correo del abogado de la pareja de Ayuso, la presidenta autonómica volvió a protagonizar un tenso rifirrafe por la empresa sanitaria.

En esta ocasión fue Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea, quien lanzó a Ayuso que “Quirón se lleva su parte”: “No están derivando pacientes, derivan clientes”, le dijo durante su turno de palabra a la presidenta madrileña. Ante las acusaciones, Ayuso consideró que tenía que defender a Quirón de nuevo. “Le voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España que tiene que soportar las iras de este gobierno y de todos los caniches que tiene por debajo”, comenzó.

Ayuso acusó a la oposición de “insultar, como en las dictaduras, a las empresas”, y de nuevo esbozó su argumento de que faltan el respeto tanto a pacientes como a sanitarios, argumentando una vez más que la Fundación Jiménez Díaz es “uno de los hospitales más valorados del mundo” o que Quirón está en otras comunidades e instituciones. “Tienen ustedes tanta caradura que lo único que hacen es insultar”, concluyó.

Diciembre de 2025: “Como dice la canción, se llama obsesión”

Una de sus últimas defensas viene de hace unos meses, en diciembre de 2025, de nuevo en otro pleno bronco frente a Mar Espinar. “Las listas de espera matan, pero a usted eso le importa una higa, porque usted no está aquí para hacer política, sino para hacer negocio, ¿verdad? Como hicieron su hermano y su pareja durante la pandemia”, le lanzó la socialista.

Frente a las palabras de Espinar, Ayuso respondió con la huelga de médicos y volvió a sacar el argumento de que otras administraciones también contratan con Quirón. “Doce hospitales de Quirón son los mejores del mundo, son de los mejores. ¿Dónde están cinco de ellos? ¡En Catalunya! ¿Y qué dice a su presidente, Salvador Illa? Nada, porque es su compañero. El 58% de los hospitales de Catalunya dependen de la sanidad privada y ustedes fueron los primeros que lo defendían. Por ejemplo, en el mismo Gobierno de Andalucía, el señor Griñán, el 47% de los centros hospitalarios funcionaban así. Y, si no, ¿dónde va a ir el señor Puente, ¡por favor!, a ser atendido? No empiecen entre ustedes”.

Pero la presidenta autonómica también añadió que lo que le sucedía a la oposición para lanzar esas críticas responde a otra motivación: “Como dice la canción, se llama obsesión, obsesión con Ayuso y corrupción con Sánchez”.

Antes de empezar, quiero contarte una buena noticia. El Instituto Reuters, de la Universidad de Oxford, acaba de publicar la última edición de su ‘Digital News Report’: un prestigioso informe anual sobre la audiencia y la credibilidad de la prensa. Sus datos salen de una enorme encuesta mundial con 97.000 entrevistas (2.000 de ellas en España). Según este estudio, elDiario.es ya es el segundo periódico digital con más alcance en España: cada semana, se informa con nosotros un 14% de la población.

Gracias por la confianza, y por la parte que te toca de este éxito. Llegamos a tanta gente por el apoyo económico de personas como tú.

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La vida da muchas vueltas. Que le pregunten a Alberto González Amador.

En 2019, vivía con su mujer y sus tres hijos en un piso de 90 metros cuadrados en Barajas, cerca del aeropuerto de Madrid, en el barrio de la Alameda de Osuna. Su trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales no daba para coches deportivos. Ni para dos pisos de 180 metros cuadrados cada uno en el barrio de Chamberí.

Llegó después la pandemia; una catástrofe para la mayoría de los españoles. Para otros no. 

Entre 2020 y 2023, las empresas de Alberto González Amador ingresaron 8,1 millones de euros. Repito: 8,1 millones de euros en solo cuatro años. 

De esa cantidad, 4,7 millones de euros los pagó Quirón Prevención, una filial del grupo sanitario Quirón. Son unos ingresos que se disparan a partir de 2021: el año en que se conoce –no consta fecha de cuándo empezó– su noviazgo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Otros dos millones más también tienen relación con un importante ejecutivo de Quirón. Es esa comisión por la compraventa de mascarillas en 2020. En el consejo de administración de la empresa compradora, MAPE, se sentaba entonces Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.

La Justicia hoy investiga si este alto ejecutivo de Quirón fue cómplice de aquel pelotazo; si se llevó su parte de esa comisión de dos millones por mascarillas. Los últimos datos que ha desvelado la UCO –aún está pendiente el informe que se encargó hace un año, esto es solo una pequeña previa– respaldan esa sospecha.

Se explica muy fácil. Basta revisar la cronología.

Alberto González Amador cobró los dos millones de la comisión por las mascarillas en dos pagos: el 5 de mayo y el 5 de agosto de 2020.

Apenas un mes después, el 11 de septiembre de 2020, la mujer de Fernando Camino, Gloria Carrasco, compró a su marido y a su hermano sus participaciones en una pequeña empresa que tenían entre los tres: Círculo de Belleza SL. En ese momento, valoraron esa empresa en solo 20.000 euros. Gloria Carrasco se convirtió así en su única propietaria, tras pagar 8.000 euros por el 40% que aún no tenía.

El 4 de diciembre, Alberto González Amador compró Círculo de Belleza a la mujer de Fernando Camino por 499.836 euros. Cerró la operación a través de otra empresa de su propiedad, Maxwell Cremona, no a título particular.

Y al año siguiente, el 16 de diciembre, Maxwell Cremona vendió Círculo de Belleza al propio González Amador por solo 3.300 euros.

¿Cómo puede ser que una misma empresa valga primero 20.000 euros, tres meses más tarde medio millón y al año siguiente 3.300 euros? Como en todo truco de trilero, para encontrar la bolita hay que fijarse bien.

Círculo de Belleza nunca valió medio millón. Ni por asomo. No hay cómo justificar un precio así. Era una empresa minúscula: ni en el mejor de los cinco ejercicios previos había superado los 60.000 euros brutos anuales de facturación. Sus únicos activos eran un viejo ordenador portátil y dos máquinas usadas de depilación. Gestionaba un pequeño centro de estética en León, cerca de la farmacia de la mujer de Fernando Camino. Era tan irrelevante su cartera de clientes que lo primero que hizo González Amador una semana después de comprarla fue cambiar su nombre. Y nunca la volvió a dedicar a la depilación. Tras la compra, casi toda su facturación llegó en exclusiva de Quirón Prevención: la empresa presidida por Fernando Camino.

Cuando Camino vende su participación en Círculo de Belleza a su mujer lo que hace es quitarse de en medio. El código ético de Quirón prohíbe este tipo de negocios entre sus ejecutivos y sus proveedores. Así no es él quien cobra de González Amador.

¿Y por qué González Amador paga medio millón por esta empresita de depilación láser? La sospecha de la Justicia –está imputado por esa razón– es que este pago pudo ser un presunto soborno a Fernando Camino: para lograr más contratos de Quirón Prevención o a cambio del pelotazo de los dos millones. Camino estaba en el consejo de la empresa que compró esas mascarillas.

¿Y por qué un año más tarde González Amador se revende esa empresa a sí mismo por solo 3.300 euros? Pues tiene también su posible explicación: así pudo apuntarse en el balance de Maxwell Cremona unas minusvalías de 496.536 euros, que le permitirían un beneficio fiscal.

Todo huele fatal en los negocios del poliimputado Alberto González Amador (está procesado o investigado en dos causas por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, administración desleal, organización criminal, delito contable y fraude fiscal). Pero lo que más inquieta es el mínimo común denominador. La mayor parte de los millones del novio de Ayuso pasan, directa o indirectamente, por Fernando Camino y Quirón Prevención.

Esta semana, un reciente informe de Hacienda ha cifrado en 4,4 millones la fortuna que González Amador recibió de Quirón solo en tres años, entre 2021 y 2023. Hacienda dice también que las empresas del novio de Ayuso no contaban con los medios para realizar los servicios de consultoría por los que recibieron estos millones. Allí no había ni un solo empleado (no sabemos si seguían las dos máquinas de depilación).

4,4 millones de euros es una cifra tan inmensa que ni siquiera Ayuso la puede esconder, por mucha propaganda que le pongan alrededor. ¿Qué pasaría si Begoña Gómez –es un suponer– hubiera cobrado algo lejanamente similar de una empresa regada de millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez?

Buena parte de los medios, por lo que sea, han escondido en sus portadas esta información. 

Ante este nuevo escándalo, la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido la de siempre: mentir, insultar y manipular. La Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”, dice Miguel Ángel Rodríguez. “Quede claro: el último contrato con Quirón fue el año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”, asegura también el jefe de gabinete de Ayuso.

Es falso, como de costumbre. Solo el año pasado, el Gobierno de Ayuso adjudicó a Quirón un nuevo contrato público de 120 millones de euros por gestionar el Laboratorio Clínico Central. Quirón Prevención –la filial de la que cobra sus millones González Amador– ha recibido decenas de adjudicaciones y más de 250 contratos menores de la Comunidad de Madrid desde 2019. 

Durante la presidencia de Ayuso, los hospitales de Quirón han cobrado de la Comunidad de Madrid alrededor de mil millones anuales. No es un proveedor cualquiera: se lleva más del 3% de todo el presupuesto de este gobierno autonómico, casi el 10% de todo el gasto sanitario de la administración madrileña. Es difícil encontrar una empresa con mayores intereses económicos con el Gobierno de Ayuso que Quirón.

Es cierto que los convenios del Servicio Madrileño de Salud con los hospitales que gestiona Quirón vienen de la etapa de Esperanza Aguirre. Pero bajo la presidencia de Ayuso esos pagos han crecido, y su Gobierno ha facilitado en los tribunales el cobro de cantidades que antes la Comunidad discutía.

Durante la presidencia de Cristina Cifuentes, Quirón mantenía un fuerte conflicto con la Comunidad de Madrid por cuáles debían ser las cantidades a cobrar. La intervención ponía peros a una parte de las facturas de los hospitales Quirón, que consideraba que no estaban justificadas.

Quirón llevó el asunto a los tribunales. ¿La respuesta del Gobierno de Ayuso? Ceder y pagar. A partir de 2022, sus servicios jurídicos dejaron de oponerse a buena parte de esas reclamaciones y se allanaron, total o parcialmente, en los tribunales. Las sentencias por esos juicios –hay ya una decena entre 2023 y 2025– han supuesto para la Comunidad de Madrid un pago extra de 86 millones de euros a Quirón. 

En el verano de 2022, el Gobierno de Ayuso también destituyó a la interventora de la Comunidad de Madrid, Marta García Miranda. Era la responsable de fiscalizar los contratos y pagos de la Comunidad de Madrid y, según distintas fuentes, quien ponía peros a algunas de estas facturas. Tras su salida, los pagos a Quirón aumentaron. 

Y mientras tanto, los millones de la pareja de Ayuso no paran de crecer. El informe de Hacienda solo detalla las cifras hasta 2023, pero en los años siguientes hubo más. 

En 2024, la empresa de González Amador Maxwell Cremona cobró casi un millón: 944.836 euros. En el Registro Mercantil no aparece el detalle sobre el origen de este dinero. Tal vez dentro de otro año, en el siguiente informe de la UCO, lo logremos averiguar. 

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El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las relaciones comerciales entre Alberto González Amador, la farmacéutica Gloria Carrasco y su marido, el directivo de Quirón Fernando Camino, apuntala las sospechas sobre prácticas que prohíbe el código ético del gigante de la sanidad privada.

Ese código de conducta arranca con esta frase en inglés a grandes caracteres, “Your gut tells you something is wrong” [“Tu instinto te dice cuándo algo está mal”], y dice por ejemplo: “Rechazamos todas las formas de corrupción y no participamos en tales actividades. Evitamos todas las situaciones en las que pueda surgir el más mínimo atisbo de corrupción”.

“La selección de nuestros socios comerciales se basa en criterios cualitativos, económicos y éticos. Solo trabajamos con socios cuyos valores coincidan con nuestros principios corporativos y cuya cooperación no se haya visto influida por la corrupción. La corrupción se produce cuando alguien abusa de su posición profesional o de su poder para obtener una ventaja ilícita para sí mismo o para otros”, añade.

El código “se aplica a todos los y las profesionales del Grupo Quirónsalud, entendidos como todos los directivos y directivas, empleados y empleadas, colaboradores y personal externo”, incluyendo a “aquellas personas y/o sociedades que presten sus servicios a través de contratos de prestación de servicio”, como es el caso de la pareja de Ayuso.

El grupo Quirón no contesta a la pregunta de si se va a iniciar algún tipo de investigación para esclarecer las relaciones de su directivo Fernando Camino con González Amador, que es un relevante proveedor del grupo, como vuelven a confirmar nuevos datos conocidos el jueves.

Solo entre 2021 y 2023, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid facturó al gigante de la sanidad privada 4,4 millones de euros, según un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) recién aportado al juzgado. Y los pagos del grupo a la pareja de Ayuso llegaron a multiplicarse por siete tras iniciar González Amador su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. En 2022, ejercicio del que hasta ahora no se conocía el detalle de sus ingresos, llegó a cobrar de Quirón casi 2 millones, frente a 275.274 euros en 2020.

El grupo Quirón es, con gran diferencia, el principal pagador de González Amador desde hace años. Y es también el principal beneficiario de la política de privatización de parte del servicio sanitario que lleva a cabo el Gobierno que preside Ayuso, con alrededor de 1.000 millones de facturación anual que sale de las arcas públicas.

Pese a las cautelas que establece su código ético, la filial del gigante alemán Fresenius (cotizado en Bolsa) ha mantenido su relación con González Amador tras la imputación del empresario y comisionista por varios presuntos delitos económicos en dos causas judiciales distintas.

Como desveló elDiario.es, Quirón le ha proporcionado una identidad falsa en la intranet de la compañía, Alberto Burnet González, nombre que remite a la sociedad aparentemente relacionada con actividades inmobiliarias que la pareja de Ayuso creó en Florida (Estados Unidos) a finales de 2022, cuando Hacienda ya le estaba investigando y sus ingresos se habían disparado. En esa intranet, Quirón le define como “director” de proyectos, con su propio correo corporativo en el grupo, pese a que siempre ha alegado que es un proveedor externo.

“Destaca por su recurrencia la figura de Fernando Javier Camino”, dice la UCO en el informe que analiza muy someramente la operación por la que González Amador pagó a finales de 2020 medio millón por una empresa sin valor que estaba formalmente a nombre de la esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y clave en su ascenso profesional. Camino de momento no figura como investigado en ese procedimiento, a diferencia de su esposa, la farmacéutica Gloria Carrasco, y de González Amador.

Esa operación es la compra de Círculo Belleza SL, empresa de tratamientos de estética sin apenas activos ni facturación, por un precio desorbitado (499.836 euros), tras el pelotazo de 2 millones que González Amador dio por intermediar en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia a una empresa administrada por el directivo de Quirón, la gallega MAPE. En esta operación, que fue desvelada por elDiario.es, la Fiscalía ve un posible “soborno”.

De forma provisional, la UCO confirma que Círculo Belleza, rebautizada luego por González Amador como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL y usada como “pantalla” para defraudar a Hacienda, “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” a Quirón, esto es, que facturó al grupo sanitario por trabajos que le era imposible hacer, como ya advirtió en su momento la AEAT.

La Guardia Civil destaca que la cifra de negocios de Maxwell Cremona, principal consultora de la pareja de la presidenta madrileña, en el ejercicio 2021, “estaría íntimamente relacionada con la facturación que Maxwell emite a Quirón Prevención SLU por importe de 722.180 euros y a la propia Masterman por importe de 600.000 euros”. Fue en 2021 cuando trascendió la relación de Ayuso con el empresario, presentado en la prensa rosa como “técnico sanitario”.

El informe de la UCO refleja, como ya lo hizo en su momento la investigación de la AEAT, que Círculo Belleza declaraba ya en 2014 “cobros únicamente de MAPE”, la empresa gallega de la que Camino fue consejero hasta 2025, y que propició esa comisión de 2 millones, y “pagos por compras” a Massias Kuhn, la antecesora de Maxwell Cremona.

En el marco de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid contra las parejas de la presidenta madrileña y ese directivo de Quirón por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal o blanqueo de capitales, ha aflorado la existencia de una inspección de la AEAT a Fernando Camino, adicional a las abiertas a Gloria Carrasco, a Quirón Prevención, recogida en las últimas cuentas de esta empresa, y a Helios Healthcare Spain SL, cabecera de los negocios del grupo Fresenius en España.

La UCO considera “necesario ampliar el periodo de análisis” de las relaciones comerciales entre González Amador y Carrasco “al menos al periodo en el que se habrían producido las mismas, esto es, entre el 2014 y la actualidad”.

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El informe incluye un mapa de relaciones entre Camino, Carrasco, González Amador y Quirón Prevención, Círculo Belleza, Mape Asesores y Maxwell Cremona. En ese mapa no aparece otra sociedad que vincula a González Amador y a Camino dada a conocer por elDiario.es: Inversiones Random SL, constituida en mayo de 2005 por el directivo de Quirón, y que según el Registro Mercantil fue liquidada hace apenas unos meses, el pasado 16 de marzo.

Según la documentación remitida al juzgado que instruyó la causa penal contra la pareja de Ayuso por sus delitos fiscales, nada más crear Maxwell Cremona en 2017, González Amador acordó pagar 2.000 euros anuales a esa empresa de Camino por poner publicidad en el Adagio II, un velero del directivo del gigante sanitario a nombre de la ahora extinta Inversiones Random.

La UCO tampoco incluye en su informe el contrato que Maxwell Cremona y Círculo Belleza SL firmaron en enero de 2019 por el que, mientras González Amador realizaba auditorías de los hospitales de Quirón que le encargaba Fernando Camino, su empresa recibiría “asesoramiento” de la firma de Carrasco, que entonces tenía también como accionistas al propio Camino y al cuñado del ejecutivo del grupo sanitario.

El contrato establecía que ese asesoramiento comprendería “investigaciones y análisis de evolución de mercados”, planes de formación, “sistemas de gestión empresarial, incluyendo la planificación a corto y largo plazo, planes estratégicos y programas de acción táctica” o “la toma de decisiones de naturaleza gerencial y estratégica”.

Según el contrato, la empresa de González Amador requería de servicios “imprescindibles”. Sin Círculo Belleza SL, “se vería obligado a contratar a consultores externos, con un inferior grado de especialización sectorial y de conocimiento en los procedimientos del grupo”. El acuerdo tenía una vigencia inicial de un año. No especificaba cifras: Círculo Belleza cobraría “una cantidad que se pactará en función de los proyectos solicitados”.

En la documentación remitida en su momento al juzgado por el caso de los delitos fiscales de González Amador constan al menos cuatro facturas que Maxwell pagó a Círculo Belleza entre enero de 2019 y octubre de 2020. El concepto: “Trabajos de Consultoría y Asesoramiento de los Directivos en Temas Sanitarios”. El importe, un total de 20.000 euros más IVA. Una minucia en comparación con el medio millón que la pareja de Ayuso pagaría por esa empresa sin valor semanas después.

La carrera empresarial de Alberto González Amador ha cambiado radicalmente desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sus sociedades llegaron a multiplicar por siete la facturación al Grupo Quirón a partir del inicio de la relación sentimental entre el empresario y la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Grupo Quirón es el principal beneficiario de la política de privatización de parte del servicio sanitario que lleva a cabo el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, con alrededor de 1.000 millones de facturación anual salidos de las arcas públicas. 

Un escrito de la Agencia Tributaria remitido al juzgado que investiga a González Amador ha permitido aflorar el negocio del novio de la presidenta con Quirón Prevención desde que son pareja. elDiario.es reveló hace dos años que en 2021, cuando comenzó la relación, los ingresos de González Amador procedentes de Quirón se multiplicaron por cuatro respecto del ejercicio anterior. Ahora, gracias al escrito de Hacienda, trasciende que los ingresos del empresario y comisionista no dejaron de crecer en los dos años posteriores, 2022 y 2023. En total, desde que arrancó la relación, González Amador ha multiplicado por siete sus ingresos del gigante de la sanidad privada. 

La pandemia resultó una oportunidad de negocio para el empresario. En 2020 obtuvo los dos millones de euros en la comisión que está bajo el foco de la investigación. Esa operación lleva aparejada un presunto soborno a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, pero también consejero entonces de otra empresa con la que habría orquestado el ‘pelotazo’ de las mascarillas para su amigo y del que luego se habría llevado una parte. 

En cifras de negocio total, la principal empresa de González Amador, llamada Maxwell Cremona SL, pasó de facturar 357.773,87 euros en 2019 a más de 2,33 millones en 2020. Fue el resultado de la comisión de las mascarillas y no de la que había sido su principal fuente de ingresos hasta entonces y que lo siguió siendo en los años posteriores.

En mayo de 2021, una revista del corazón retrató el viaje a Ibiza de la presidenta con su nueva pareja sentimental, al que presentaba como un “técnico sanitario”. Fue en ese ejercicio cuando Quirón Prevención, que llevaba contratando la consultoría de González Amador desde 2017, decidió regarle de encargos. Hasta acabar 2021 con 1.078.412 euros de ingresos procedentes de Quirón, cuatro veces más que el año anterior y el triple de lo que facturó la empresa de González Amador en 2019.

Esos trabajos para Quirón siguieron en ascenso. En 2022, González Amador rozó los 2 millones de euros de facturación al gigante sanitario (1.956.449). En 2023, la cifra de ingresos fue de 1.401.634, cuatro veces más de lo que facturaba a Quirón previo a la pandemia y antes de compartir su vida con la presidenta de la Comunidad de Madrid. El informe de Hacienda no recoge las cifras de los ejercicios 2024 ni 2025.

En total, Hacienda ha cifrado ahora en 4,43 millones de euros las cantidades cobradas por la pareja de Ayuso del grupo sanitario en el periodo 2021-2023. De 2020 hasta 2023, la cifra asciende a 4.711.768,83 euros.

En la tarde de este jueves, Miguel Ángel Rodríguez intentó desacreditar las informaciones basadas en el escrito de la Agencia Tributaria. El jefe de gabinete de Ayuso publicó en X: “El último contrato con QUIRÓN fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van pa’lante”. Después, en declaraciones a El País, Rodríguez añadió que la Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”

Las revelaciones sobre la relación comercial del novio de la presidenta y Quirón responden a que la Agencia Tributaria ha tenido que informar al magistrado del caso sobre González Amador de que tiene abiertas unas inspecciones a Quirón y a su matriz. Consciente de que hay una causa judicial que se solaparía con su trabajo de inspección, la Agencia Tributaria necesita de una orden judicial para detener la parte coincidente.

Así lo establece la La Ley General Tributaria, que prohíbe a la Inspección suspender los procedimientos por iniciativa propia en estos casos. Es obligatorio que la orden provenga del órgano judicial. Por ello, Hacienda solicita formalmente al juzgado que ordene la paralización parcial de la inspección tributaria para que se detenga “exclusivamente” la parte que afecta a la comprobación de los servicios realizados por Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker. 

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El escrito de Hacienda se limita a trasladar al juzgado unos datos básicos de su inspección para que el juez Antonio Viejo pueda decidir. Así, la Agencia Tributaria asegura que su departamento de Grandes Contribuyentes está investigando a Helios Healthcare, la matriz de Quirón en España, por su condición de representante ante Hacienda de todo el grupo. 

Además, Hacienda confirma que la división que preside Fernando Camino y a la que factura González Amador, Quirón Prevención, tiene abiertas inspecciones por el Impuesto sobre Sociedades entre los ejercicios 2020 y 2023, del IVA entre 2021 y 2023 y de retenciones e ingresos a cuenta en este mismo periodo, como avanzó elDiario.es a finales de mayo. 

En el mismo sentido informó al juzgado de la inspección que llevaba a Gloria Carrasco, que avanzó este medio el pasado 26 de febrero. De igual forma, este periódico desveló este jueves que la Agencia Tributaria ha hecho lo propio con Fernando Camino, marido de Gloria Carrasco y presidente de Quirón Prevención.

Negocios y una comisión entre viejos amigos

Quirón Prevención, Fernando Camino, Gloria Carrasco y Alberto González Amador son algunos de los protagonistas de la investigación judicial que complica el futuro de la pareja de Ayuso. El empresario y comisionista será juzgado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de documentos al haber dejado de pagar 350.951 euros a Hacienda en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.

El año de la pandemia, 2020, fue el del despegue empresarial de González Amador, previo al empuje que le dio Quirón Prevención a partir de 2021, cuando ya era pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero ese despegue le ha valido ya a González Amador una petición de casi cuatro años de cárcel al empresario por intentar engañar a Hacienda con una trama de facturas falsas. No quería que Hacienda participara, como debía, de su gran éxito: la comisión de casi 2 millones de euros por poner en contacto a dos empresas españolas para la compraventa de más de 42 millones de euros en material sanitario. 

Es en este punto donde emerge la figura de Fernando Camino. La investigación ha determinado que el presidente de Quirón Prevención y González Amador tienen relaciones comerciales desde al menos 2014. En 2020 habrían ideado el siguiente plan: Camino era, además de presidente de Quirón Prevención, consejero de una empresa gallega llamada Mape. De otro lado, González Amador había conseguido que la sociedad catalana FCS le asegurara un porcentaje del 4,5% de las ventas que consiguiera. Y allí estaba su amigo Camino, quien logró que Mape comprara a FCS 42 millones de euros en material sanitario para la pandemia. Resultado: Alberto González Amador ingresó más de 1,9 millones de euros, el negocio de su vida.

La Fiscalía, las acusaciones populares y los dos jueces que ha tenido el caso sospechan que Camino no hizo aquello a cambio de nada. Tras cobrar la comisión, González Amador compró a la mujer de Camino una sociedad llamada Círculo Belleza SL. La empresa había facturado apenas 30.000 euros el ejercicio anterior. Contaba con tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil. No tenía empleados. El novio de Ayuso pagó, sin embargo, medio millón de euros por la sociedad. La acusación concluye que es el porcentaje pactado con Fernando Camino por facilitar su pelotazo de las mascarillas desde Mape. 

Los informes de la Agencia Tributaria no han sido los únicos documentos incorporados recientemente a la pieza separada por el presunto “soborno” de González Amador al presidente de Quirón y consejero entonces de Mape. La anterior jueza del caso, que se jubiló el pasado verano, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que actuara como policía judicial del caso. La complejidad que había alcanzado y su alcance nacional así lo aconsejaban. Ha tenido que pasar casi un año para que los guardias civiles se hayan podido poner a trabajar. Ha ocurrido cuando el nuevo juez ha autorizado que accedan, únicamente, a las cuentas bancarias de los dos investigados, González Amador y Gloria Carrasco. 

La UCO llevaba desde diciembre de 2025 esperando la autorización del juez, tal y como desveló elDiario.es. El 19 de ese mes entregaron un oficio al magistrado Antonio Viejo con sus primeras valoraciones de la documentación incluida en la causa. Con ellas justificaban las peticiones a Viejo para empezar a investigar. Los guardias civiles, tal y como les apuntó la anterior jueza, ya advierten en su informe que sobre los hechos planea la comisión de un delito de blanqueo de capitales, que sumar al de corrupción en los negocios y administración desleal.

Entre esas valoraciones, la UCO aprecia que la sociedad que compró González Amador, Círculo de Belleza SL –y que rebautizó como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL– “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” a Quirón Prevención. González Amador había dejado de facturar a la empresa sanitaria solo con Maxwell Cremona, su principal empresa, para incorporar a la empresa que había comprado a la mujer del directivo de Quirón. 

Un informe de la Agencia Tributaria revela que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023. Se trata de operaciones facturadas por sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por servicios de consultoría en los que Hacienda ha hallado “indicios de simulación” al canalizar el empresario parte de esos ingresos a través de la segunda de esas empresas, a la que la Agencia Tributaria ya calificó de “pantalla”.

Las cantidades, IVA incluido, se desglosan en un millón de euros en 2021, casi dos millones en 2022 y finalmente 1,4 millones en 2023, los tres años analizados. Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Díaz Ayuso y González Amador, aunque sin precisar el momento en que había comenzado la relación.

Hacienda desvela también en este documento que el departamento de Grandes Contribuyentes está investigando a Helios Healthcare, la matriz del gigante sanitario Quirón, por su condición de representante ante Hacienda de todo el grupo. Asimismo, hay comprobaciones de Hacienda sobre Quirón Prevención en relación con el Impuesto sobre Sociedades (2020 -2023), IVA (2021-2023) y retenciones e ingresos a cuenta (2021-2023).

No obstante, la Agencia Tributaria solicita al juez que investiga a González Amador que suspenda el procedimiento inspector contra ambas al constatar que puede estar relacionado con la causa en la que mantiene imputado al empresario por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Hacienda argumenta que el resultado de estas actuaciones inspectoras depende de los hechos que se declaren probados en la investigación penal.

La Ley General Tributaria prohíbe a la Inspección suspender los procedimientos por iniciativa propia en estos casos. Es obligatorio que la orden provenga del órgano judicial. Por ello, Hacienda solicita formalmente al juzgado que ordene la paralización parcial de la inspección tributaria para que se detenga “exclusivamente” la parte que afecta a la comprobación de los servicios realizados por Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker. 

Dos investigaciones penales abiertas

Los tribunales mantienen abiertas dos investigaciones penales distintas en torno a González Amador, su facturación y su relación con este grupo sanitario, cuyos hospitales recibieron casi 5.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2024.

Por un lado, el comisionista tiene pendiente de juicio la causa por el fraude fiscal de más de 350.000 euros que perpetró, supuestamente, durante la pandemia usando un entramado de facturas falsas. Un caso revelado por elDiario.es y en el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para el empresario por dos delitos de fraude fiscal.

La segunda causa abierta contra él, y todavía en fase de instrucción en el juzgado de Antonio Viejo en la Plaza de Castilla de Madrid, tiene que ver con su relación con Quirón Prevención y con uno de sus directivos: Fernando Camino. El juez acaba de encargar a la UCO, después de varios meses con la causa paralizada, un informe sobre las cuentas bancarias del empresario. Esta segunda ramificación del caso investiga la compra por parte del empresario por medio millón de euros de una sociedad sin apenas valor de la mujer de Camino. Y si no fue una compra, sino el pago encubierto de una comisión.

Las investigaciones penales se han solapado con las inspecciones de Hacienda sobre González Amador, Fernando Camino, el grupo Quirón y las empresas de la pareja de Díaz Ayuso.

En diversos escritos e informes presentados en los últimos días, la Agencia Tributaria ha pedido autorización al juez para suspender sus inspecciones mientras siga la investigación penal para evitar duplicidades y descoordinación. “El resultado de dichas actuaciones inspectoras depende de los hechos que se declaren probados por la Jurisdicción Penal”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizó durante un mes y medio la información de la causa contra el empresario y comisionista Alberto González Amador y concluyó, de forma provisional, que una de sus empresas “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” que facturaba a Quirón Prevención, división de la empresa de la sanidad privada que recibe fondos de la Comunidad de Madrid que alcanzan los mil millones de euros anuales.

La Guardia Civil alude a en un atestado a Masterman & Whitaker, la empresa que rebautizó González Amador tras comprársela a la mujer de Fernando Camino, el directivo de Quirón Prevención del que depende la práctica totalidad de la facturación de la principal sociedad de la pareja de Ayuso, Maxwell Cremona. “Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría”, dice el informe.

Además, cuando la empresa cae en manos de González Amador dispara su facturación a Quirón Prevención. En 2021, el año en el que consta la primera noticia de la relación del comisionista con la presidenta madrileña, ya alcanza los 327.300 euros, multiplicando por diez los ingresos respecto de cuando la compró. Ese incremento espectacular de facturación se debe en exclusiva a los trabajos que el encarga Quirón Prevención, que dirige el marido de la antigua dueña de la empresa.

Coincidiendo con lo que ya analizó Hacienda, los medios de Círculo de Belleza –luego Masterman– “estarían totalmente amortizados”, remarca la UCO. Esos medios consistían en tres instrumentos de depilación y un ordenador portátil. No tenía empleados y el último ejercicio facturó menos de 30.000 euros. Aun así, González Amador pagó a la mujer de su amigo medio millón de euros.

El informe de la UCO está fechado el 19 de diciembre, momento en el que, como adelantó elDiario.es, solicitó al juez Antonio Viejo una serie de diligencias a practicar dentro de la pieza separada que se investiga por corrupción en los negocios y administración desleal.

La Guardia Civil investiga blanqueo de capitales

Tal y como apunto la anterior jueza, que implicó a la UCO en la investigación, la Guardia Civil ya plantea en su informe inicial que la pareja de la presidenta madrileña también haya cometido blanqueo de capitales. La orden que recibieron los guardias civiles, en este sentido, es “determinar si el producto de dichas activiades presuntamente delictivas [una comisión de mascarillas] se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”.

La investigación, según revela la UCO, acumula ya cuatro tomos. Solo han declarado como investigados hasta ahora González Amador y Gloria Carrasco. Los tiempos del actual juez prometen que uno de los principales implicados en la trama, Fernando Camino, no declare hasta dentro de meses.

Esta pieza indaga en la compra por González Amador de una empresa sin apenas valor por la que pagó medio millón de euros. La dueña era Gloria Carrasco, esposa del directivo del presidente de Qurión Prevención, Fernando Camino, que es el principal contratista de la pareja de Ayuso desde al menos 2017. Los investigadores creen que el medio millón encubría el pago de una parte de la comisión por una compraventa de mascarillas en la que Fernando Camino habría ocultado su participación.

La operación es, según la Fiscalía, un presunto “soborno” a Camino. Este era también consejero de una empresa gallega denominada Mape y desde su sillón habría maniobrado para que la empresa comprara 42 millones de euros de material sanitario en pandemia a una empresa catalana, FCS. Esta sociedad había pactado previamente una importante comisión con González Amador. El novio de Ayuso y el directivo de Quiron se habrían concertado y después repartido la comisión, que rozó en total los 2 millones de euros.

Antes de que González Amador comprara esa empresa sin apenas valor, Círculo de Belleza, tanto Fernando Camino como el hermano de Gloria Carrasco vendieron sus acciones en fechas previas a la farmacéutica. La UCO considera en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, que es “significativo las importantes diferencias entre los precios abonados por las participaciones de la mercantil Círculo de Belleza en un corto periodo de tiempo” antes de la venta por medio millón de euros. Esto es, las acciones se vendieron por un precio muy pequeño en comparación con la venta posterior de la empresa.

La Guardia Civil recoge los datos recabados por Hacienda en la investigación que dio origen al procedimiento judicial por fraude fiscal contra González Amador, una pieza principal distinta de esta que está pendiente de juicio. Así, reproducen que el hermano de Carrasco y su marido –el directivo de Quirón– vendieron a la otra socia, Gloria, el 40% que le quedaba por tener de la empresa. Cada participación fue adquirida a 60,60 euros el 11 de septiembre de 2020. El 4 de diciembre de ese año, tres meses después, González Amador compra el 100% de Círculo de Belleza a 1.514,65 euros por cada participación, cuarenta veces más caras.

González Amador compró Círculo de Belleza a través de su sociedad principal, Maxwell Cremona SL, y le puso de nombre Masterman & Whitaker. El 16 de diciembre de 2021, Alberto González Amador adqurió Masterman a su sociedad Maxwell y pagó 10 euros por participación, muy lejos de los 15.14,65 euros que pagó a la mujer de Fernando Camino un año antes.

Un “soborno” por una comisión de mascarillas

Además, la Unidad Central Operativa dice que “parece lógico” que, al menos, parte de los fondos utilizados para comprar Círculo de Belleza SL, “tendrían su origen precisamente” en la comisión de dos millones de euros que consiguió la pareja de Ayuso gracias a la actuación encubierta de Fernando Camino.

En diciembre pasado, la UCO ya se quejaba al juez de que no había tenido acceso a toda la documentación del caso. El pasado 11 de junio, hace una semana, elDiario.es publicó que por fin el juez autorizaba a la Guardia Civil a acceder a las cuentas de González Amador y Gloria Carrasco, pero que le denegaba, por el momento, acceder a la información sobre sus sociedades y datos tributarios, cuya petición argumentan los investigadores en el informe que hoy revela este medio.

La Guardia Civil entró en el caso de la pareja de Ayuso por orden de la anterior magistrada del caso, Inmaculada Iglesias, que se jubiló en verano. El actual titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Antonio Viejo, se incorporó en octubre, envió la documenación a la UCO en noviembre y ha accedido a las peticiones que recibió de la Guardia Ciivl en diciembre hace una semana. En el auto tumba dos de las tres solicitudes de los agentes.

La Agencia Tributaria mantiene abierta una investigación a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y quien habría favorecido desde otra empresa el pelotazo de casi 2 millones de euros que disparó la carrera empresarial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en los inicios de la pandemia. 

Según un informe al que ha tenido acceso elDiario.es, la Agencia Tributaria inició en junio de 2025 una comprobación sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 2020 de este empresario. Al constatar que esos hechos ya están siendo investigados por un juzgado de Madrid, lo pone en conocimiento del magistrado Antonio Viejo para que paralice ese procedimiento inspector. 

Los hechos investigados se centran en la compraventa de participaciones de Círculo de Belleza SL, una empresa sin empleados. En septiembre de 2020, apenas un mes después de que la pareja de Ayuso cobrase el segundo plazo de la comisión de 2 millones, el directivo de Quirón Prevención le vendió a su mujer, Gloria Carrasco, el 20% de esa sociedad. Lo mismo hizo el hermano de la mujer, quien también le vendió su 20%. Poco después, esta farmacéutica de León vendió a la pareja de Ayuso el 100% de la sociedad por 499.836 euros. 

Estos hechos centran la imputación por corrupción en los negocios y administración desleal a la que se enfrenta González Amador en el mismo juzgado que ya le ha enviado al banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos.

La anterior jueza del caso y el actual instructor, la Fiscalía y la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, consideran acreditado de forma indiciaria que González Amador pagó medio millón de euros por una sociedad de la esposa de Fernando Camino que apenas facturaba 30.000 al año y que ese desorbitado precio fue la forma de encubrir el reparto de la comisión de las mascarillas y el resto del material de protección. 

El juez Antonio Viejo ha pedido que se acceda a las cuentas de Alberto González Amador, el hombre conocido como novio de Ayuso, añadiendo en su providencia que también se deberá acceder a los bienes de su “entorno más próximo”. No especifica el juez a quién se refiere, pero pueden ustedes pensar en figuras que se encuentren en su cercanía personal o profesional para ver si hay quien tiene que tentarse la ropa no vaya a ser que la teoría de los entornos, que ha servido ni más ni menos para cargarse al Fiscal General del Estado, pudiera rozarle un poco. 

No creo que eso suceda porque sé el país en que vivo y sé que si hay alguien intocable ahora mismo es la persona que gestiona el botín de los recursos públicos en la Comunidad de Madrid para repartirlos entre amigos y compañía. Pero al menos vamos a entretenernos analizando lo que podría pasar en un país que tuviera una justicia que no funcionara siempre en una sola dirección. 

Hay una figura que nos sonará de los casos de corrupción peperos, la de ser partícipe a título lucrativo, cuya insigne protagonista fue hace años Ana Mato, que tuvo su momento de gloria cuando declaró frente a un tribunal que no había visto el Jaguar en el garaje de su chalé. El caso que nos ocupa, con Ayuso de consorte a título lucrativo, es mucho más grave porque ella es la responsable de desviar los fondos públicos de la salud pública a Quirón para que luego el noviete se forrase con negocios oscuros con Quirón y presuntamente, claro, pagara comisiones a los empresarios de Quirón con la compra interpuesta de una sociedad sin valor alguno de la mujer del empresario que tenía como único patrimonio un ordenador más próximo a tener un sistema operativo MS-DOS y unas máquinas de belleza por el módico precio de 500.000 euros. 

No tengo ninguna esperanza en que Isabel Díaz Ayuso tenga que justificar ante un juez el incremento patrimonial del que disfruta, vía novio, y en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que paga ingentes cantidades de dinero a Quirón, tenga que explicar cómo es posible que su novio tenga un nivel de vida como el que tiene por los negocios con Quirón que ella como presidenta proporciona a la empresa pagadora de sus privilegios en forma de ático y Panamera. No tengo esperanzas porque sé cómo funciona la justicia en España para gente como Ayuso y porque no es como si su secretaria hubiera enviado unos correos electrónicos para gestionar asuntos de una cátedra que no le han dado un duro. Hay que ponderar. 

No podemos ser sectarios. Tenemos que separar y ser conscientes de que ni siquiera podemos equiparar el uso de recursos públicos en actividades privadas mirando a Moncloa o la casa en Chamberí que Ayuso jamás hubiera soñado cuando era becaria en Radio Marca y confundía a Florentino Pérez con Pénez. No es como si el jefe de gabinete, el número dos del Partido Popular y diputado en la Asamblea, y la propia presidenta de la Comunidad de Madrid hubieran usado todos los recursos públicos a su disposición para la defensa del ciudadano particular. La prevaricación de ese porte solo se da en personajes próximos a la izquierda, que a veces tenemos que recordar que estamos en un país donde se consideró que un mal uso de los recursos públicos era que una asesora de una ministra cogiera en brazos a la hija de la titular de la cartera. Es que lo que hemos vivido y estamos viviendo en España es de no creer. 

La defensa de la troupe de propagandistas se ha dado con una curiosa sincronía. Desde Okdiario a la pública madrileña han coincidido en exonerar de toda responsabilidad a la lideresa. Es normal en personajes como el presentador de Telemadrid de afilada crítrica que se ha escandalizado con que se conozcan las evanescencias fiscales y corruptas del novio de la lideresa y propiciadora de ingentes beneficios para el busto parlante. En cuanto se supo la noticia salió a defender al paisano, como denominó, como si le fueran los euros en ello y no tuviera independencia suficiente para hacer periodismo de control al poder del que dice que hace. Cualquiera diría leyéndole que su sustento y el de su familia dependiera del servilismo acrítico a Isabel Díaz Ayuso. Pero eso seguro que es una percepción malpensada mía porque se supone que son periodistas aguerridos. 

Hay muchos partícipes a título lucrativo en una cadena descendiente que comienza con Isabel Díaz Ayuso regando de millones a Quirón y acaba en productoras recién creadas por titulares de empresas defraudadoras a la seguridad social que de forma sorpresiva hacen documentales para las televisiones públicas. Por algo adoramos a Lester Freamon y seguimos el dinero. 

Todos los problemas de Alberto González Amador con la justicia se congregan ya en un espacio donde el tiempo discurre con lentitud. Al colapso administrativo que retrasará el juicio por fraude fiscal y falsificación hasta 2027 –después de las próximas elecciones autonómicas– se suma ahora la primera decisión relevante del juez que debe investigarle por corrupción en los negocios: el magistrado Antonio Viejo no autoriza a practicar dos de las tres diligencias que le solicitó la UCO para esclarecer los delitos más graves que habría cometido la pareja de Isabel Díaz Ayuso, entre ellos corrupción en los negocios. 

Viejo ha tardado seis meses en adoptar la decisión y lo ha hecho tres días después de que elDiario.es desvelara una reunión en su despacho el pasado 30 de abril en el que el fiscal y los agentes de la UCO le apremiaron a adoptar una decisión sobre el requerimiento formulado en diciembre pasado, tras habérselo requerido por escrito en varias ocasiones. El magistrado les respondió que resolvería en unos días. Finalmente ha tardado 41.

La jubilación de Inmaculada Iglesias y su marcha del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid desató el pasado verano las especulaciones sobre cómo podía afectar el cambio de instructor a la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Casi un año después, las dudas se han despejado.

Antonio Viejo, el sustituto de Iglesias, ha tardado seis meses en contestar el requerimiento a la UCO para comenzar a investigar. Y cuando lo ha hecho, el juez ha dado permiso únicamente para que los agentes busquen en las 16 cuentas bancarias de González Amador, la otra investigada, Gloria Carrasco, y las sociedades de ambos. El acceso a la información tributaria y societaria deberá esperar. A duras penas arranca la operación Cirbelia, según ha bautizado la UCO sus indagaciones.

Esta pieza separada del caso González Amador investiga la compra en 2020 por parte del empresario de una sociedad que apenas tenía valor, pero por la que pagó medio millón de euros. La anterior jueza, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que la compra encubría el pago de una comisión. O, más bien, el pago de parte de una comisión, la que habría obtenido la pareja de Ayuso como intermediario en una compraventa de mascarillas en los inicios de la pandemia. 

La operativa fraudulenta se resume de la forma que sigue. Fernando Camino es director de Quirón Prevención y da trabajo a González Amador desde 2017. Pero Camino también se sentaba en el consejo de administración de Mape, una empresa gallega que compró 42 millones de euros en material sanitario a otra empresa catalana en 2020. Esa empresa catalana había pactado previamente con González Amador una jugosa comisión por cada venta que consiguiera, en este caso dos millones de euros. El amigo de Alberto González habría impulsado la compra del material sabedor de la comisión que se llevaría su amigo. Y de la porción que obtendría él. Para disimular el reparto, el novio de Ayuso habría comprado una sociedad de la mujer de Camino por un precio desorbitado 500.000 euros, el 25%. 

La jueza Iglesias tomó declaración a González Amador y a Gloria Carrasco, la mujer de Camino, dueña formal de Círculo de Bella SL. Iglesias se percató de las contradicciones entre los testimonios de ambos sobre el valor potencial de la sociedad, los mismos con los que intentaban justificar la operación. Antes de jubilarse, la magistrada aceptó la petición de la Fiscalía y la acusación popular y ordenó a la UCO entrar en el caso habida cuenta de la dimensión interprovincial que había adquirido.

En el auto la jueza Iglesias ya daba a entender la posibilidad de que la investigación se ampliara de la corrupción en los negocios y la administración desleal al blanqueo de capitales y el grupo criminal. La magistrada justificaba la intervención de la UCO en la posibilidad de que los investigados formaran “una trama” y que hubieran “transformado” o “disimulado” las ganancias “para ocultar el origen ilícito” de las mismas. El auto tiene fecha de 27 de junio de 2025. Un año después, el nuevo juez, Antonio Viejo, ha autorizado a la UCO a acceder a las cuentas de González Amador, Gloria Carrasco y las sociedades de ambos. 

elDiario.es preguntó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la tardanza de Viejo en impulsar la causa. Un portavoz autorizado apeló a la prioridad de las causas con preso y a otras que afectan a la vida de las personas como las grandes estafas. También aludió a la reforma organizativa de la conocida como 'ley Bolaños' –que cambia la organización de la planta judicial– y a la necesidad del juez de conocer todas las causas de un juzgado al que había llegado en octubre. 

La petición de la UCO era, sin embargo, algo sencillo de resolver. De hecho, el juez dedica la mayor parte de su auto de cinco páginas a recuperar jurisprudencia y ofrecer una explicación garantista de por qué no da permiso a los guardias civiles para acceder a la información tributaria y societaria de los investigados.

Viejo argumenta que primero quiere conocer “el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida y determinar, caso de haberse producido, si dicho enriquecimiento habría podido tener su origen en la investigación aquí llevada”. También dice que, dependiendo de ese resultado, autorizará el resto de peticiones de la UCO. La declaración del director de Quirón Prevención se antoja lejana, si es que algún día llega a darse. 

El primer juicio, para después de las elecciones

Esta investigación en ciernes es una pieza separada de aquella que sentará irremediablemente a Alberto González Amador en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. Los modestos resultados empresariales de la actual pareja de Ayuso se habían disparado en 2020 gracias a una sola operación, una comisión de casi 2 millones de euros por una venta de mascarillas entre dos empresas españolas. El comisionista empleó hasta 17 facturas falsas para hacer creer al fisco que había tenido unos gastos que no eran reales y tributar 350.951 euros menos de lo que debía. 

La cifra superaba el umbral de los 120.000 euros defraudados por ejercicio para alcanzar la categoría de delito y Hacienda dio traslado a la Fiscalía, que presentó la correspondiente querella, desvelada por elDiario.es. El juzgado imputó a González Amador, quien desde el principio buscó un pacto que le asegurara una condena tan baja que no entrara en prisión. El Ministerio Público establece como prioridad recuperar el dinero defraudado y que Estado ingrese también la multa correspondiente. 

Pero en esa voluntad de acuerdo de ambas partes interfirió la acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid. El mismo día en que se iba a cerrar el acuerdo, y tras estudiar la documentación obtenida por la Agencia Tributaria en sus 19 meses de inspección, la acusación popular presentó un escrito en el que pedía ampliar la imputación a González Amador por varios delitos más. En las tripas de la información recabada por la AEAT había operaciones que no cuadraban. 

Y así fue –no sin un primer rechazo de la jueza Iglesias– cómo se abrió la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal. González Amador se replegó y aguardó a que la Audiencia Provincial aceptara su recurso contra la nueva investigación antes de llegar a un acuerdo por el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos. Pero eso no ocurrió. En una decisión clave para el futuro judicial del novio de la presidenta, la Audiencia Provincial de Madrid avaló en marzo de 2025 la pieza separada que se había abierto contra el empresario y comisionista. 

Hasta ese momento, la jueza Iglesias había optado por la prudencia y no había dictado diligencias, a la espera de que resolviera la instancia superior. Con la luz verde de la Audiencia Provincial, la instructora tomó declaración a González Amador y a Gloria Carrasco. Sus contradicciones sobre del valor potencial de Círculo de Belleza adelantaban el siguiente paso, citar a Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención. Pero la jubilación de la jueza dejó sin resolver la petición de la acusación popular en ese sentido. 

Sin embargo, la magistrada aceptó otra solicitud que le había hecho la Fiscalía especializada en Delitos Económicos de Madrid y la acusación popular: el caso había adquirido tal magnitud que necesitaba de una unidad de policía judicial que realizara las pesquisas. La elegida sería la UCO de Guardia Civil. La jueza del auto lleva fecha de 27 de junio de 2025 y los agentes aún no han podido empezar a trabajar. 

La investigación del presunto soborno cometido por Alberto González Amador a un directivo del Grupo Quirón permanece detenida antes de arrancar. Los requerimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) al juez Antonio Viejo para que le autorice a acceder a las cuentas bancarias y a la información societaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso cumplen seis meses sin que el magistrado instructor se haya prestado a autorizarlos, informan a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

Las últimas semanas de retraso son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Un mes y una semana después sigue sin hacerlo. 

La operación ha sido bautizada ya por los agentes de la UCO como ‘Cirbelia’, en alusión a Círculo de Belleza S.L, la empresa cuya compra por González Amador supondría en realidad el pago encubierto de una comisión a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. 

Cuando se cumplieron tres meses sin que el juez Antonio Viejo contestara al requerimiento de la UCO para empezar a investigar, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trasladó a elDiario.es que el magistrado no había tomado posesión de su nuevo cargo hasta octubre de 2025 y que tuvo que “empezar de cero” revisando todas las causas. 

Según la citada explicación, el juez Viejo habría dado prioridad a las causas con preso o a otras de especial complejidad que afectaban al día a día de las víctimas, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias. La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que ha cambiado el modelo que regía los juzgados, habría redundado en ese retraso, alegaba el mismo portavoz. 

La primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias, se jubiló el verano pasado. A finales de junio dictó un auto en el que ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actuar como policía judicial del caso debido a la complejidad que había adquirido el mismo. El cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil, según los datos recabados por elDiario.es.

Ocultar un “soborno”

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Pese a los indicios recabados en la instrucción, a fecha de hoy solo han declarado en el juzgado por el presunto soborno Alberto González Amador y la antigua dueña de la empresa, Gloria Carrasco, la mujer del directivo de Quirón. Sus comparecencias presentaron serias contradicciones entre ellas, principalmente cuando intentaron dar cada uno su versión de por qué Círculo de Belleza, con tan poco valor, costó medio millón de euros. Esas discrepancias fueron el desencadenante para que la Fiscalía solicitara a la jueza dar un salto en la investigación en implicar a la UCO.

Instrucciones precisas de la primera jueza del caso

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador.

Inmaculada Iglesias es la jueza que instruyó la pieza principal, por el fraude fiscal de 350.951 euros de González Amador, y que abrió una pieza separada a petición de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos. Al poder acceder a todo el expediente tributario, los abogados de los partidos encontraron indicios de otros delitos que trascendían el fraude fiscal. 

Poco antes de abandonar el juzgado por su jubilación, la jueza Iglesias dio una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad a la compra, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha abierto una amplia inspección fiscal a Quirón Prevención, principal pagador de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La inspección comprende hasta cuatro ejercicios y abarca otros tantos impuestos diferentes, incluyendo los de Sociedades e IRPF. El procedimiento inspector se ha iniciado tras salir a la luz en 2024 el escándalo fiscal de González Amador por defraudar presuntamente al Fisco en los ejercicios 2020 y 2021. Estos dos ejercicios están incluidos en esta inspección a Quirón Prevención, que comprende un periodo en el que el grupo sanitario tenía, además, litigios multimillonarios con la Comunidad de Madrid por los pagos derivados de sus conciertos con la sanidad pública regional.

En sus últimas cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2025 y que la empresa acaba de remitir al Registro Mercantil, la filial de prevención de riesgos laborales del gigante de la sanidad privada, perteneciente al grupo alemán Fresenius, explica que “en el ejercicio 2025, la Administración Tributaria comunicó a la Sociedad la apertura de inspección de los ejercicios 2020 a 2023 del Impuesto sobre Sociedades y del 2021 al 2023 del Impuesto sobre el Valor añadido [IVA] y de las obligaciones de retenciones en IRPF e Impuesto sobre la Renta de No Residentes”.

“Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas”, dice el documento, en una fórmula habitual en estos casos. elDiario.es contactó con Quirón para preguntar sobre este asunto, sin obtener respuesta.

Las cuentas anuales de Quirón Prevención reflejan que en 2024 la filial logró un nuevo récord de facturación, al incrementar su cifra de negocios un 9%, hasta 471 millones de euros.

El beneficio de la empresa alcanzó los 56,5 millones, con un ligero descenso respecto al resultado récord de 58 millones alcanzado en 2024. La filial es líder en prevención de riesgos laborales. Con más de 7.000 profesionales, Quirón Prevención da servicio a más de 4 millones de trabajadores y más de 179.000 empresas, según su web.

La filial es desde hace años el principal pagador de la pareja de Díaz Ayuso. González Amador, colaborador externo del grupo para auditorías de calidad, multiplicó sus ingresos de Quirón tras iniciar su relación con la presidenta madrileña. Su consultora Maxwell Cremona declaró en el ejercicio 2024 la mitad de facturación y contrató personal por primera vez tras estallar el escándalo de fraude fiscal que reveló elDiario.es en marzo de ese año.

El empresario y comisionista está pendiente de juicio en el juzgado de lo Penal 19 de Madrid por cometer presuntamente sendos delitos fiscales y de falsificación de documentos en los ejercicios fiscales 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas para defraudar a Hacienda después de disparar sus ingresos, en parte, gracias a la propia Quirón.

La instrucción de este procedimiento concluyó el pasado septiembre y el juicio todavía no tiene fecha. La pareja de Ayuso llegó a reconocer por escrito esos delitos antes de estallar el escándalo. Luego intentó esgrimir la condena del Tribunal Supremo contra el anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para librarse de ser condenado por este procedimiento.

González Amador también está siendo investigado por un delito de presunta corrupción en los negocios derivado del pago, a finales de 2020, de medio millón de euros a una empresa de tratamientos de belleza sin aparente valor que estaba a nombre de la farmacéutica Gloria Carrasco, la esposa del principal ejecutivo de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Este último, que es una figura clave en el ascenso profesional de González Amador, era entonces consejero de una empresa de material sanitario ajena a Quirón, la gallega MAPE, que propició una comisión de casi 2 millones de euros para González Amador por intermediar en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.

Gloria Carrasco figura como investigada junto a González Amador en este procedimiento, que ha revelado la existencia de una inspección de la Agencia Tributaria contra la esposa del principal ejecutivo de Quirón Prevención.

Esas pesquisas del Fisco sobre Carrasco han quedado paralizadas al existir una investigación judicial, que está pendiente de un informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil empezó a trabajar el pasado noviembre.

Pese a la imputación de la pareja de Ayuso por esa presunta corrupción en los negocios y las exigencias de su código ético, Quirón mantiene su relación con González Amador, que como reveló elDiario.es en diciembre, ha continuado operando en el grupo sanitario con una identidad falsa [Alberto Burnet González] a pesar del mandamiento del manual de buenas prácticas.

Ese código ético asegura: “Solo trabajamos con socios cuyos valores coincidan con nuestros principios corporativos y cuya cooperación no se haya visto influida por la corrupción”.

La Conselleria de Sanitat va derivar en els anys 2024 i 2025 més de 270 milions d’euros a hospitals i clíniques privades a través del pla de xoc per a desfer-se de les llistes d’espera en assistència quirúrgica i d’activitats no concertades, entre les quals destaquen proves diagnòstiques, diàlisis, salut mental o radioteràpia. Els grups sanitaris més beneficiats per aquest negoci cada vegada més gran són Vithas (46,2 milions), Hospital Clínica Benidorm —dirigit pel germà del conseller Mariano Gómez— (25,3 milions), Diaverum Servicios Renales (23,7 milions), Quirón Salud (22,6 milions), Neural (21 milions), ITA Salud Mental (19,7 milions), Grupo Imed (18,2 milions), Baxter (15,8 milions), Instituto Valenciano de Oncología (10,8 milions), Ribera Salud (10,4 milions) i Asisa (8,8 milions).

Segons les respostes del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, a una pregunta parlamentària de la diputada del PSPV-PSOE Yaissel Sánchez, aquestes derivacions i el pla de xoc estan emparats per un decret del 1997 i un altre del 2021, aprovat amb l’anterior govern d’esquerres, per a reduir les llistes d’espera quirúrgiques i atendre la demanda derivada de l’increment de població arran de la recuperació per al sistema públic dels departaments de Dénia i Manises. “El 2024 i el 2025, la població assignada als departaments de salut de gestió directa de la Comunitat Valenciana ha crescut en 600.000 persones”, assenyala la resposta. És a dir, que, per l’organització actual i el creixement de població, per a la Conselleria de Sanitat resulta imperatiu recórrer a clíniques i hospitals privats per a millorar el servei.

Així doncs, el grup que més operacions i diagnòstics ha captat de la sanitat pública ha sigut Vithas, a través dels seus centres a València Hospital 9 de Octubre, El Consuelo i Turia; Hospital Rei Don Jaime a Castelló i les societats NISA i Mediterránea Médica. En total, 26,2 milions pel pla de xoc i quasi 20 milions en activitats no concertades.

En segon lloc en ingressos i amb un creixement exponencial en activitats no concertades està l’Hospital Clínica Benidorm, ara conegut com a Centro Médico Salud Baleares i les seues empreses satèl·lit, que van ingressar en menys de dos anys 20,3 milions en no concertades i 5 milions en el pla de xoc. Aquesta companyia, dirigida pel germà del conseller de Sanitat, forma part des del finals del 2025 del Grupo Ribera Salud, que al seu torn va aconseguir 10,4 milions d’euros més, quasi 5 milions més en pla de xoc i 5,5 en diagnòstics i proves. Ribera Salud, al seu torn, ingressa uns 190 milions a l’any per la gestió de l’àrea del Vinalopó (Elx-Crevillent).

Quirón Salud va ingressar en dos anys 10 milions del pla de xoc i 12,6 milions d’activitat no concertada. Com passa amb Vithas, Imed, Asisa o Quirón mateix, aquests centres també ingressen grans quantitats a través del conveni amb Muface per als empleats públics.

El Grupo Imed, que ha dut a terme una expansió important a la Comunitat Valenciana en els últims anys, va obtindre 11,7 milions del pla de xoc i 6,5 milions d’activitats no concertades. Asisa va ingressar 8,8 milions, dels quals més de 8,5 corresponen al pla de xoc per a reduir les llistes d’espera quirúrgiques. L’IVO, que ja té un conveni amb la Generalitat pel servei d’oncologia que supera els 53 milions d’euros a l’any, va ingressar el 2024 i el 2025 10,8 milions més pel pla de xoc.

A aquests grans grups cal sumar empreses especialitzades en diàlisi, salut mental, cirurgia maxil·lofacial o odontologia, que completen aquestes derivacions de 270 milions en dos anys: 194 milions en activitat no concertada i 76,8 en el pla de xoc.

Pel seu interés informatiu, adjuntem la resposta del conseller Marciano Gómez sobre el repartiment del pla de xoc i l’activitat no concertada.

La Conselleria de Sanidad derivó en los años 2024 y 2025 más de 270 millones de euros a hospitales y clínicas privadas a través del plan de choque para acabar con las listas de espera en asistencia quirúrgica y de actividades no concertadas, entre las que destacan pruebas diagnósticas, diálisis, salud mental o radioterapia. Los grupos sanitarios más beneficiados por este cada vez mayor negocio son Vithas (46,2 millones), Hospital Clínica Benidorm —dirigido por el hermano del conseller Mariano Gómez— (25,3 millones), Diaverum Servicios Renales (23,7 millones), Quirón Salud (22,6 millones), Neural (21 millones), ITA Salud Mental (19,7 millones), Grupo Imed (18,2 millones), Baxter (15,8 millones), Instituto Valenciano de Oncología (10,8 millones), Ribera Salud (10,4 millones) y Asisa (8,8 millones).

Según las respuestas del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a una pregunta parlamentaria de la diputada del PSPV-PSOE Yaissel Sánchez, estas derivaciones y el plan de choque están amparados por un decreto de 1997 y otro de 2021, aprobado con el anterior gobierno de izquierdas, para reducir las listas de espera quirúrgicas y atender la demanda derivada del incremento de población tras la recuperación para el sistema público de los departamentos de Dénia y Manises. “En 2024 y 2025, la población asignada a los departamentos de salud de gestión directa de la Comunitat Valenciana ha crecido en 600.000 personas”, señala la respuesta. Es decir, que por la organización actual y el crecimiento de población, para la Conselleria de Sanidad resulta imperativo recurrir a clínicas y hospitales privados para mejorar el servicio.

Así, el grupo que más operaciones y diagnósticos ha captado de la sanidad pública ha sido Vithas, a través de sus centros en València Hospital 9 d’Octubre, El Consuelo y Túria; Hospital Rey Don Jaime en Castelló y las sociedades NISA y Mediterránea Médica. En total, 26,2 millones por el plan de choque y casi 20 millones en actividades no concertadas.

En segundo lugar en ingresos y con un crecimiento exponencial en actividades no concertadas se encuentra el Hospital Clínica Benidorm, ahora conocido como Centro Médico Salud Baleares y sus empresas satélite, que ingresaron en menos de dos años 20,3 millones en no concertadas y 5 millones en el plan de choque. Esta compañía, dirigida por el hermano del conseller de Sanidad, forma parte desde finales de 2025 del Grupo Ribera Salud, que a su vez consiguió otros 10,4 millones de euros, casi 5 millones más en plan de choque y 5,5 en diagnósticos y pruebas. Ribera Salud, a su vez, ingresa unos 190 millones al año por la gestión del área del Vinalopó (Elche-Crevillent).

Quirón Salud ingresó en dos años 10 millones del plan de choque y 12,6 millones de actividad no concertada. Como ocurre con Vithas, Imed, Asisa o el propio Quirón, estos centros también ingresan grandes cantidades a través del convenio con Muface para los empleados públicos.

El Grupo Imed, que ha realizado una importante expansión en la Comunitat Valenciana en los últimos años, obtuvo 11,7 millones del plan de choque y 6,5 millones de actividades no concertadas. Asisa ingresó 8,8 millones, de los que más de 8,5 corresponden al plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas. El IVO, que ya tiene un convenio con la Generalitat por el servicio de oncología que supera los 53 millones de euros al año, ingresó en 2024 y 2025 otros 10,8 millones por el plan de choque.

A estos grandes grupos hay que sumar empresas especializadas en diálisis, salud mental, cirugía maxilofacial u odontología, que completan estas derivaciones de 270 millones en dos años: 194 millones en actividad no concertada y 76,8 en el plan de choque.

Por su interés informativo, adjuntamos la respuesta del conseller Marciano Gómez sobre el reparto del plan de choque y la actividad no concertada.