Los árboles formaban corredores abiertos entre zonas de bosque y claros húmedos, y enormes animales recorrían esos espacios buscando hojas, frutos y brotes. Hace miles de años, las bestias prehistóricas recorrían territorios del istmo y su presencia condicionaba cómo crecían las plantas y cómo se movía el fuego en la vegetación.

Aquella dinámica formaba parte de la vida natural de Panamá cuando gigantes herbívoros caminaban entre bosques tropicales y zonas de pasto. Ese paisaje antiguo planteó una pregunta que solo podía resolverse con pruebas conservadas bajo tierra.

Un análisis universitario reconstruyó la presencia y la desaparición de esa fauna

Un estudio de la University of Exeter publicado en Quaternary Science Reviews reconstruyó la historia de esos animales y su desaparición al analizar sedimentos del lago La Yeguada. Los registros indican que la megafauna habitó la región desde al menos 16.600 años antes del presente y que su número cambió varias veces a lo largo del tiempo. El trabajo relaciona esos cambios con transformaciones duraderas en la vegetación y en la frecuencia de incendios naturales.

El equipo detectó tres descensos claros en la abundancia de grandes herbívoros. El primero ocurrió hace unos 13.600 años. El segundo apareció cerca de los 10.000 años. El tercero se produjo alrededor de los 8.400 años. Entre esos episodios hubo recuperaciones parciales hacia 11.200, 9.000 y 7.600 años antes del presente.

Los investigadores interpretan esas subidas como momentos en los que algunas especies o poblaciones lograron reorganizarse antes de nuevos descensos.

Los científicos estudiaron restos microscópicos conservados en capas del fondo

Para reconstruir esa cronología, los científicos analizaron núcleos de sedimento extraídos del fondo del lago. Allí buscaron esporas de hongos coprófilos, organismos microscópicos que crecen sobre el estiércol de animales herbívoros.

Felix Pym, paleoecólogo de la University of Exeter, explicó el proceso en declaraciones sobre el estudio: “Las nuevas esporas de hongos se dispersan, llegan a los lagos y quedan conservadas en capas de sedimento”. El mismo material también contiene polen fósil y partículas de carbón que permiten identificar plantas y rastrear incendios antiguos.

El análisis conjunto de esas señales reveló cambios claros en el paisaje. Cuando los grandes herbívoros disminuían, aumentaba la acumulación de vegetación baja. Esa materia vegetal seca servía como combustible y facilitaba la propagación de incendios.

En cambio, cuando los animales abundaban, consumían o aplastaban parte de esa vegetación. Pym resumió ese efecto con una comparación con la fauna actual: “Igual que ocurre hoy con los elefantes, los grandes herbívoros tenían una influencia muy fuerte en los ecosistemas”.

Los registros de polen también muestran que varias plantas cambiaron su distribución durante esos episodios. Muchas especies con frutos grandes o semillas voluminosas dependían de animales grandes para dispersarse a largas distancias.

Cuando los herbívoros desaparecieron, esas plantas se volvieron menos comunes en el paisaje. Los investigadores observaron además alternancias entre zonas de bosque cerrado y áreas más abiertas con pastizales.

Restos fósiles permiten reconocer a varios gigantes que vivieron en el istmo

Los fósiles encontrados en distintas partes del istmo ayudan a identificar a algunos de los animales implicados. Entre ellos aparece Eremotherium, un perezoso terrestre gigante que podía alcanzar unos seis metros de longitud. También está Cuvieronius tropicus, un proboscídeo emparentado con los elefantes. Otros grandes herbívoros de la región incluían gliptodontes, armadillos acorazados de gran tamaño, y ungulados como Mixotoxodon. Muchos de estos animales superaban los 45 kilos y cumplían funciones ecológicas que hoy han desaparecido.

Las conclusiones del estudio también influyen en los debates actuales sobre restauración ecológica. Los científicos proponen usar este registro del pasado como referencia para proyectos de reintroducción de grandes herbívoros.

Ese enfoque, conocido como rewilding trófico, busca recuperar procesos ecológicos perdidos. En Europa ya se han llevado a cabo iniciativas similares con bisontes.

Felix Pym explicó que el trabajo ofrece pistas, aunque no una solución inmediata. “Nuestro estudio muestra parte de lo que se ha perdido y señala una posible vía, pero elegir especies para reintroducción exige investigación y planificación cuidadosa”.

Stephen Sitch, profesor del Global Systems Institute de la University of Exeter, añadió que el análisis integra información de animales antiguos, vegetación e incendios para entender cómo evolucionan los ecosistemas tropicales.

Los sedimentos del lago La Yeguada conservan miles de años de historia ecológica en capas sucesivas. Cada estrato contiene restos microscópicos que revelan cómo cambiaron las comunidades de plantas y animales.

Esa información permite reconstruir un paisaje donde grandes herbívoros recorrían el territorio y mantenían bajo control la vegetación que alimenta los incendios. Sin esos animales, el equilibrio del ecosistema cambió y dejó señales que todavía pueden leerse en el fondo del lago.

Ya conocen lo del dominó: se alinean las fichas en posición vertical, se derriba la primera y, una tras otra, las demás van cayendo. La “teoría del dominó” fue uno de los ejes de la estrategia de Estados Unidos durante la guerra fría contra la Unión Soviética: había que impedir que los países recién descolonizados adoptaran, uno tras otro, un régimen comunista o socialista. Lo mismo valía para el “patio trasero” latinoamericano.

En Washington nunca han dejado de creer en el dominó, o en el contagio. Terminada la guerra fría, los ideólogos de George W. Bush creyeron (petróleo al margen) que la invasión de Irak permitiría democratizar el país y que, uno tras otro, los países de Oriente Próximo entrarían en una órbita liberal. La idea resultó en desastre y desembocó, indirectamente, en el fracaso de las “primaveras árabes”, en la hegemonía regional de un Israel cada día menos liberal y en una campaña genocida contra los palestinos.

La administración de Donald Trump (ignoro si él es aún capaz de pensar) ha recuperado la “teoría del dominó” para Latinoamérica y muy especialmente para Centroamérica. Y esta vez con éxito.

Nayib Bukele, alcalde izquierdista de una pequeña localidad salvadoreña, concurrió en 2018 a las elecciones presidenciales con una sola promesa: acabar con el poder de las maras, unas pandillas criminales de prácticas mafiosas y violencia extrema.

Bukele lo consiguió, prescindiendo de cualquier reparo relacionado con los derechos humanos. En El Salvador hay megacárceles, torturas y “desaparecidos”, la prensa libre apenas puede existir (más de 50 periodistas exiliados) y Bukele, que ahora se plantea prolongar su presidencia por diez años más, ha ido acumulando poderes dictatoriales.

En el libro “Bukele, el rey desnudo”, Óscar Martínez (uno de los mejores periodistas del continente, junto a su hermano Carlos, ambos de “El Faro”, ambos en el exilio) analiza cómo El Salvador se ha convertido en una dictadura. Una dictadura, de momento, muy popular.

Bukele fue la primera ficha del dominó. Las otras van cayendo. Hace unos días, el trumpista Nasry Asfura fue investido como presidente de Honduras. Asfura ganó de forma dudosa las elecciones celebradas en noviembre, en vísperas de las cuales Trump anunció el indulto del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía en Estados Unidos una condena de 45 años por narcotráfico.

Guatemala se encuentra desde hace unos días bajo Estado de sitio, por decisión del presidente Bernardo Arévalo. El objetivo de Arévalo (que hasta la fecha no ha hecho alardes de trumpismo) es, cómo no, disponer de poderes especiales para combatir a las maras, en especial la Mara Salvatrucha y la Barrio 18. Acabar con la violencia y las exacciones mafiosas fue la principal de sus promesas electorales.

Y hoy domingo se vota en Costa Rica, tradicionalmente el país más estable de Centroamérica. El actual presidente, Rodrigo Chaves, ha ido acercándose al “modelo Bukele” y al trumpismo y ahora busca la reelección para obtener “un poder absoluto” que le permita atajar, por cualquier vía, la creciente violencia que sufre el país.

Falta por caer del todo la ficha panameña. Pero la administración de Trump tiene gran interés en controlar el canal.

La pobreza, la violencia y el narcotráfico han volcado Centroamérica del lado de los regímenes represivos. Cada día hay más cárceles y más pobreza encerrada, cada día hay más emigración hacia el norte. El narcotráfico, evidentemente, permanece libre.

La jueza que investiga si los albaceas del gran mecenas catalán, Pere Mir, dispusieron en su propio beneficio su herencia en vez de donarla a la ciencia, ha acordado, de nuevo, que sean apartados de la gestión de las fundaciones que gestionaban su legado, que será administrado de forma cautelar por la Generalitat.

Además, la magistrada les ha prohibido disponer de seis inmuebles en Barcelona y Baqueira Beret (Lleida) y ha ordenado el decomiso cautelar de las joyas de su viuda que estaban en una caja fuerte de un banco, a la espera de que se analice si los albaceas también escondieron esos bienes del monto de la herencia.

El pasado mes de octubre, la Audiencia de Barcelona consideró que la jueza de instrucción vulneró el derecho de defensa de los investigados al no darles tiempo de prepararse la vista judicial en la que se acordó, en abril, la administración judicial de las fundaciones Cellex y Mir-Puig.

El pasado mes de diciembre se celebró una nueva vista, y el resultado ha sido el mismo: la magistrada ha apartado a los albaceas imputados (Jorge S., expresidente de la fundación Cellex, el abogado Juan Francisco C., y el oncólogo y exmédico del filántropo Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia), de la gestión de las fundaciones y ha ordenado que sea el Protectorat de Fundacions de Catalunya, dependiente de la Generalitat, el que se encargue de ellas.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Myriam Linage concluye que “se mantienen en todos sus extremos” los indicios contra los investigados que forzaron que les apartara de las fundaciones en abril.

Es más, la jueza considera esos indicios “reforzados” porque pasados ocho meses, y ya con una defensa que ha podido estudiar el sumario, no se han ofrecido “contrargumentos justificativos” que rebatan la tesis del desfalco de la herencia de Pere Mir por parte de los albaceas.

Mir, residente en Suiza desde hacía décadas, murió sin descendencia en 2017 y manifestó que todo su patrimonio debía ir al mecenazgo y a la asistencia social en Catalunya. Antes de su muerte, las aportaciones a la fundación Cellex se hacían a través de donaciones provenientes de una de sus empresas con sede en Luxemburgo.

Un extenso informe de los Mossos en la causa que investiga a los albaceas de Mir por su supuesta apropiación del legado del empresario químico ha desvelado que dinero de la venta de Derivados Forestales, la empresa en la que Mir fraguó su fortuna, fue colocado en dos fundaciones en Panamá, al igual que todo el patrimonio inmobiliario del empresario en Catalunya (que la policía autonómica no ha llegado a cifrar).

Según la jueza, la fiscal y los Mossos, Jorge S. lideró la operación para no transferir todo el patrimonio del fallecido (que murió sin descendencia) en las sociedades panameñas a las fundaciones españolas sin ánimo de lucro Cellex y Mir-Puig y dedicarlo a la investigación científica, como era la última voluntad de Mir.

Por el contrario, la defensa de los albaceas mantiene que solo una parte del patrimonio de Mir debía ir a la filantropía. La magistrada rebate esta tesis defensiva e incide en que hasta el informe pericial aportado a la causa por las defensas concluye que las fundaciones Cellex y Mir-Puig eran las “destinatarias finales” del patrimonio. En suma, que no había división entre la herencia que debía ir a la ciencia y la que podían disponer los albaceas.

Estados Unidos ha alimentado durante años el relato del Cártel de los Soles como una organización delictiva liderada por Nicolás Maduro. En esa escalada narrativa, declaró este cártel como organización terrorista, y esto sirvió para justificar la detención por la fuerza de Nicolás Maduro y su esposa hace una semana. Con Maduro ya fuera de juego, la Casa Blanca rebaja la entidad de ese cártel en los textos de la acusación, y ya no hay narcoterrorismo organizado sino una difusa red de corrupción clientelar de la que se habrían beneficiado Maduro y su familia.   

De las armas de destrucción masiva de Irak a Venezuela, analizamos cómo Estados Unidos fabrica mentiras para intervenir y saquear otro país de manera impune con Olga Rodríguez periodista y analista de asuntos internacionales en elDiario.es 

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Se cumplen dos meses del despliegue militar y de los ataques de EEUU contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela. Van más de 60 muertos y Trump no afloja. Es más, dentro de unos días llegará a la zona el buque de guerra más grande del mundo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado al USS Gerald R. Ford —un monstruo de 100.000 toneladas con capacidad para llevar 90 aeronaves— que abandone las aguas del Mediterráneo y se dirija al Caribe para participar en la supuesta lucha de EEUU contra las drogas. 

La última vez que EEUU derrocó por la fuerza militar directa a un líder latinoamericano fue en 1989 en Panamá y también lo justificó con la lucha contra las drogas. Por si quedaban dudas, llamó a la operación 'Causa Justa'. Manuel Noriega, bajo el conocimiento de EEUU, había formado la primera “narcocleptocracia” del mundo, pero permitía a Washington utilizar su país para llevar ayuda a sus aliados armados en El Salvador y Nicaragua, además de establecer puestos de escucha. De hecho, desde los 70, Noriega fue agente pagado de la CIA.

“La invasión de EEUU de Panamá es el equivalente más cercano a una operación de cambio de régimen en Venezuela”, me dice Michael Paarlberg, profesor, investigador y exasesor de Bernie Sanders para América Latina. “Como Trump hoy, EEUU no lo declaró como una guerra, sino una operación contra el narcotráfico. Derribaron a Noriega por sus vínculos con el tráfico de drogas que, irónicamente, EEUU ya conocía y que incluso fomentó como activo de la CIA”, añade Paarlberg, que vivió en Panamá en los años posteriores al golpe porque su padre trabajaba en el servicio exterior de EEUU.

Es demasiado evidente que lo de Trump en Venezuela no es un intento real de frenar el tráfico de drogas y que no hace falta llevar al buque de guerra más grande del mundo para hundir narcolanchas. Según los propios datos de la agencia antidrogas de EEUU (DEA), el “corredor caribeño” que está atacando el presidente en Venezuela representa solo el 8% de toda la cocaína que llega al país norteamericano. Sin embargo, el 80% llega por aguas del Pacífico desde Ecuador y Colombia, según datos de 2022 del Ejército de EEUU. Pero ahí no están atacando.

Pese a las similitudes, “hay grandes diferencias” entre la operación en Panamá y en Venezuela, comenta Paarlberg. “En ese momento, EEUU tenía muchas bases militares en Panamá. De hecho era la sede del Comando Sur y ya había 13.000 soldados allí desplegados —a los que luego añadieron unos 15.000 más—”. Incluso con tantas tropas, “hubo muchas batallas feas”. Paarlberg recuerda un episodio en el que varios Navy Seals fueron capturados y asesinados en la pista de despegue del aeropuerto de la capital.

Trump ha dicho una cosa y la contraria, pero el próximo paso en la escalada serían ataques estadounidenses en tierra. Pase lo que pase, Paarlberg cree que el presidente “no quiere recrear ninguno de los problemas de la invasión de Panamá”. “Además, no tiene los recursos. Actualmente hay alrededor de 10.000 soldados, y realmente es una cifra mucho menor si hablamos de tropas de combate. Siendo generosos, la mitad. Eso deja 5.000 soldados, muchos menos de los movilizados para invadir Panamá, un país 20 veces más pequeño que Venezuela”.

Maestros de la guerra psicológica

Elliot Abrams, vieja y oscura figura en la política estadounidense y las injerencias en terceros países, ya lideró la estrategia (fracasada) de Trump en su primer mandato para forzar un cambio de régimen en Venezuela: autoproclamación de Juan Guaidó, operación de ayuda humanitaria, conato de alzamiento militar... “¿Cree que Trump está más cerca de lograrlo en esta nueva presidencia?”, le preguntaban el otro día en una entrevista con la BBC. “Eso espero. Y hay un par de razones para ser un poco más optimista [...] El presidente Trump está presionando más. Entonces tuvimos sanciones, pero no tuvimos la campaña de presión, con un gran poderío militar incluido, que estamos viendo hoy”.

En una cosa coincide Abrams con lo que me decía Paarlberg: “Esa flota en el Caribe no es lo suficientemente grande como para invadir Venezuela, y no creo que Trump tenga ninguna intención de hacer eso, pero es mucho más grande de lo que se necesita para dispararle a pequeñas lanchas rápidas. El siguiente paso será probablemente algún ataque dentro de Venezuela”, decía el ex enviado especial de Trump para Venezuela. 

“Todo esto es una especie de operación psicológica cuyo propósito es decirles a las personas alrededor de Maduro, a los militares y a los civiles en el régimen: ‘Él tiene que irse, pero ustedes no tienen que irse; hagan algo, sálvense”, decía Abrams a la BBC.

La invasión de Panamá tuvo un final inesperado. Noriega estaba refugiado en la Nunciatura Apostólica, la embajada de facto de la Santa Sede en el país, y no quería salir. Los soldados vigilaban el perímetro 24 horas y recurrieron a la guerra psicológica reproduciendo en bucle y a todo volumen canciones de rock. Judas Priest, Kiss, Black Sabbath, Guns and Roses… En realidad, todo esto te lo cuento como excusa para dejarte por aquí la ‘Playlist Noriega’ llena de temazos. Tras 10 días escondido en la embajada, Noriega acabó entregándose a los gringos, pero parece que la música no tuvo mucho que ver.

Tienes que ver...

Hablando de guerra psicológica, hoy te traigo algo un poco diferente. Es un breve vídeo con el que se presenta el 4th Psychological Operations Group, una de las unidades de guerra psicológica del Ejército de EEUU.

El vídeo se llama Ghosts in the machine (fantasmas en la máquina) y el nombre no es casual. Hace referencia a una expresión acuñada por el filósofo Gilber Ryle y su crítica al dualismo cartesiano de cuerpo y mente. Ryle argumentaba que la visión de Descartes era como decir que somos máquinas operadas por fantasmas independientes que viven en nuestro interior. 

Así se ven ellos, los estadounidenses. Como los fantasmas que dirigen nuestras vidas. 

¡Hasta la semana que viene!

“Debemos tomar todas las medidas posibles y estar preparados para hacer todo lo necesario. La situación es inaceptable. Yo intervendría y me arriesgaría un poco”, decía el presidente Lyndon Johnson a sus asesores en 1964 mientras se orquestaba el golpe de Estado militar contra el presidente Joao Goulart. Un golpe que, por cierto, ha defendido firmemente el expresidente Jair Bolsonaro, fiel aliado de Donald Trump (y al que volveremos en un momento).

Las actuales operaciones de Washington en América Latina recuerdan a las oscuras maniobras de la Guerra Fría. EEUU nunca le soltó el cuello a América Latina, pero Trump aprieta especialmente. El Canal de Panamá, el “Golfo de América”, el despliegue militar en aguas del Caribe contra Venezuela, la injerencia en Brasil y Argentina, el uso de El Salvador como prisión para migrantes…

Inmigrantes, drogas y Petróleo

Michael Paarlberg, profesor en la Virgina Commonwealth University, investigador asociado del Center for International Policy y exasesor para América Latina del equipo de Bernie Sanders me resumía estos días la política de EEUU en Venezuela con una anécdota: “El 15 de octubre había tres cosas ocurriendo a la vez en Venezuela. bombarderos B-52 de EEUU sobrevolaban el espacio aéreo de Venezuela. Al mismo tiempo, EEUU estaba aterrizando aviones en el aeropuerto de Caracas llenos de migrantes venezolanos deportados; y en ese mismo momento, un petrolero de la estadounidense Chevron estaba cargando petróleo de una refinería de PDVSA para llevarlo a EEUU”. “Esto recoge la agenda inconsistente de EEUU hacia Venezuela, resultado de algunas tensiones y rivalidades en el Gobierno de EEUU entre los halcones conservadores y los nacionalistas aislacionistas”.

Hablando con Mariano Aguirre Ernst, investigador asociado en CIDOB, experto en seguridad, en política exterior de EEUU y que ha participado en procesos de paz como el de Colombia de 2016, me decía que va prácticamente en el ADN estadounidense. “Una de las raíces sobre las que se basa la política de EEUU en la región es dejar claro que tiene un derecho —que está por encima del derecho internacional— a imponerse sobre la soberanía de otros países”. “Desde su fundación se considera como el pueblo elegido por Dios. El faro en la colina. Un país ”excepcional“ y esa excepcionalidad lo pone por encima del resto”.

Primero fue su obsesión con retomar el Canal de Panamá. Y la presión tuvo cierto efecto, ya que el país centroamericano acabó firmando un acuerdo con Washington para permitir el despliegue de militares estadounidenses en áreas de acceso y adyacentes al canal, así como el uso de determinadas bases panameñas para entrenamientos y ejercicios.

Parecía una broma sin importancia, pero después vino aquello del “Golfo de América” (para que nadie dudase de las ansias expansionistas del presidente). El nombre se remonta a los mapas de 1552, cuando a EEUU todavía le faltaban dos siglos para empezar a existir. “¿Por qué no lo llamamos América Mexicana? Suena bonito, ¿no?”, respondió la presidenta del país vecino utilizando un mapa de 1607. El objetivo de Trump es sencillo: que a nadie se le olvide quién manda en la zona.

10.000 soldados y 43 muertos

Tampoco es casualidad que haya iniciado una supuesta guerra contra el narco y que, acto seguido, llame narcoterroristas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al de Venezuela, Nicolás Maduro. Es más, EEUU ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve al arresto o condena del venezolano. El viernes por la noche, el Gobierno de EEUU también metió en su lista de sanciones a Petro, su mujer y su hijo mayor acusándolos de narcotráfico. Y mientras tanto, EEUU sigue matando a gente en el mar con ataques militares contra barcos que supuestamente llevan droga (obviamente sin juzgar a ninguna de esas 43 personas). 

Esa “guerra” lanzada por Trump ha servido para aumentar progresivamente un despliegue militar en la región frente a las costas de Venezuela hasta alcanzar alrededor de 10.000 soldados, según el New York Times, una cifra que no se ha visto en la zona desde hace décadas. Trump no solo ha permitido operaciones encubiertas de la CIA, sino que ha advertido que “la tierra será lo siguiente”. 

Cerca de la costa venezolana hay un buque de fuerzas especiales, un crucero de misiles guiados, el grupo anfibio Iwo Jima y tres destructores de misiles guiados. En Puerto Rico, además, tienes al menos seis drones Reaper, tres aviones de vigilancia, 10 cazas furtivos y dos buques de reaprovisionamiento. Pero hay más, porque también se han visto dos aviones bombarderos B-52 procedentes de Luisiana sobrevolando la zona durante horas. Tampoco fue muy tranquilizador ver volando cerca de la costa venezolana a los “cazadores nocturnos”, helicópteros de una unidad de élite de aviación de operaciones especiales.

En Brasil, la injerencia ha sido diferente. Trump ha optado por la presión arancelaria para tratar de descarrilar el juicio contra Bolsonaro por golpismo. Sumándose a la fiesta, el senador brasileño e hijo del expresidente, Flávio Bolsonaro incluso ha pedido recientemente a Trump que bombardee embarcaciones en Río de Janeiro para combatir el narcotráfico.

Incluso con sus aliados en la región actúa como si todo el continente fuese su patio trasero. Ha utilizado El Salvador para mandar allí a inmigrantes a las infames cárceles de máxima seguridad de Nayib Bukele. Incluso en Argentina, Trump ha lanzado un paquete de apoyo financiero para tratar de sostener la economía del país, pero con una condición: solo si gana su aliado ultraderechista Javier Milei. “Si pierde, no vamos a ser generosos”, ha dicho claramente.

“Desde que EEUU nace, tiene una tendencia expansionista”, dice Aguirre Ernst. “Primero hacia el oeste sobre territorios indígenas. Luego hacia el sur, pasando a competir con el imperio español, británicos y franceses, además de indígenas. Todo ese expansionismo va a acompañado de la Doctrina Monroe [América para los americanos, surgida en la década de 1820]. En esa época, EEUU se plantea ser un líder anticolonial y no deben interferir en América los europeos porque ellos son la potencia vigilante en el hemisferio”, añade. En la Guerra Fría, aquello sirvió para combatir la influencia soviética y, en la actualidad, para convertir todo un continente en el patio trasero de la Casa Blanca.

Aguirre Ernst añade otro factor clave y es que “la política doméstica de EEUU es la que define su política exterior”. “A nivel interno hay actualmente dos temas clave: la droga que viene de América Latina —tienen una crisis de fentanilo que no proviene precisamente de Venezuela— y la inmigración desde el continente. Al atacar Venezuela y mandar a los migrantes a El Salvador y otros países no seguros está enviando un mensaje a su público”.

Tienes que ver...

‘América Latina: en manos de EEUU’, una miniserie documental de tres capítulos publicada este año y que sirve para comprender la turbulenta historia de América Latina y las constantes injerencias de Washington durante décadas.

Gracias por llegar hasta aquí!

Hasta la semana que viene

De Panamá a Miami pasando por el popular barrio de San Fermín, en el distrito madrileño de Usera, o un pueblecito de 2.842 habitantes en León. Es el rastro geográfico de empresas a las que ha estado vinculado en los últimos años Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al margen de sus negocios sanitarios, en especial, con el gigante Quirón.

La última novedad afecta a October Twelve Accommodation SL, negocio de alojamiento turístico que montó en ese barrio de Madrid la pareja de la presidenta regional en 2022. Lo hizo con dos socios que estuvieron vinculados a un empresario con intereses en Angola, como el mexicano que fue su mayor “testaferro” durante su presunto fraude fiscal, según la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Como adelantó elDiario.es, en sus últimas cuentas, remitidas este año al Registro Mercantil, October Twelve afirma que alquila “locales industriales”, pese a que en las de 2023 se definía como “hospedaje en hostales y pensión”. El alojamiento acumula más de 450 reseñas de usuarios en Booking.

Las cuentas remitidas este año al Registro Mercantil declaran 32.199,72 euros de facturación en 2024, casi un 20% menos que en 2023. Con cifras de negocio discretas, October Twelve multiplicó su beneficio en 2024. Casi dos tercios de lo que ingresó fueron ganancias: 20.707 euros, frente a 1.235 euros de 2023, cuando la partida de “otros gastos de explotación” fue de unos 33.400 euros. En 2024 fueron apenas 3.000 euros.

González Amador, definido por el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, como “ejecutivo de empresa brillante”, constituyó October Twelve junto a César Nieto, colaborador habitual de su consultora sanitaria, en marzo de 2022, semanas antes de comprar dos locales en ese humilde barrio madrileño (donde antaño hubo un bar) que reconvirtieron en alojamiento turístico. González Amador y Nieto, administradores solidarios, tomaron un 40% cada uno del capital (210.000 euros).

De Alcorcón a Angola

Otro 20% tomó un abogado en Madrid que, como César Nieto, ha administrado sociedades vinculadas a un empresario en Madrid que figura como administrador único de Nexar Global, micropyme de construcción aparentemente inactiva con sede social en Alcorcón (Madrid), donde Nieto tiene varios inmuebles. El socio de la pareja de Ayuso administró Nexar desde su creación en 2012 hasta 2018. Según el Registro Mercantil, la primera sede de Nexar (inicialmente denominada Bio-Silk Projects SL) fue un chalé en Pozuelo de Alarcón (Madrid) propiedad de César Nieto (de acuerdo con el Registro de la Propiedad) a escasos metros de un hospital de Quirón en esa localidad.

Nexar, con la que elDiario.es intentó contactar sin éxito, no facturó ni 9.000 euros en 2020, último año en que presentó cuentas. En su web afirma que ha desarrollado proyectos en Angola. Allí Nieto ha sido desde 2010 “asesor técnico” del Ministerio de Agricultura, según su perfil en LinkedIn, que omite su vinculación con Maxwell Cremona, la consultora sanitaria de González Amador.

En esa red social, Nieto (que no ha atendido a elDiario.es) indica que es Licenciado en Farmacia por la Universidad San Pablo CEU y en Empresariales por la Francisco de Vitoria, centro privado en Pozuelo del que proceden muchos dirigentes de la derecha española, vinculado a los Legionarios de Cristo, la congregación religiosa del fallecido cura pederasta mexicano Marcial Maciel.

Meses después de crear October Twelve y en plena inspección de Hacienda a González Amador, en octubre de 2022, la pareja de Ayuso y Nieto constituyeron en Estados Unidos otra empresa de actividad desconocida en Boca Ratón (Florida), muy cerca de Miami (donde pasó parte de sus últimas vacaciones la presidenta madrileña), y que gestiona un agente inmobiliario.

October Twelve se creó de manera paralela a los supuestos delitos fiscales por los que González Amador acaba de ser enviado al banquillo por una jueza de Madrid, y tras aprobarse la disolución y liquidación de la panameña Insumos Médicos del Pacífico, que administraron González Amador, Nieto y el directivo de Quirón Fernando Camino, cuyas relaciones con la pareja de Ayuso investiga la justicia por posible corrupción en los negocios. 

Cuando se creó October Twelve, la pareja de Ayuso aún no había presentado la declaración del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2021, segundo de los dos años en los que presuntamente defraudó a Hacienda, en total, más de 350.000 euros. En 2021, cuando trascendió su relación con la presidenta madrileña y la prensa rosa lo presentó como “técnico sanitario”, sus ingresos procedentes de Quirón se multiplicaron por cuatro. Venía de embolsarse en 2020 una comisión de 2 millones por intermediar en una operación de venta de mascarillas propiciada por una empresa gallega vendida este año, Mape, en la que hasta junio pasado fue consejero su jefe en Quirón, Camino.

Acusado de dos delitos fiscales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, González Amador tiene otra investigación abierta por sus relaciones con ese ejecutivo de Quirón, su principal pagador. En este caso, se trataría de un “soborno”, en expresión de la Fiscalía, en una extraña operación: el medio millón que González Amador pagó por una empresa sin apenas actividad, Círculo Belleza SL, a nombre de la esposa del directivo del gigante sanitario, tras ese pelotazo con mascarillas en 2020, en lo peor de la pandemia.  

González Amador justificó el desproporcionado precio pagado por Círculo Belleza en su conocimiento del mercado de las farmacias y sus acuerdos con Mape para un proyecto de “covid seguro”. Radicada durante años en La Pola de Gordón, un pueblecito de León, Círculo Belleza era una firma de tratamientos de depilación en la que Camino fue socio junto a su mujer y su cuñado hasta poco antes de su venta por un precio testimonial a su esposa, la farmacéutica de León Gloria Carrasco, poco antes de que González Amador pagara ese medio millón por la empresa. De León procede el abogado que representó a González Amador durante la inspección de Hacienda, administrador de la dueña del ático del que han disfrutado en los últimos años la presidenta madrileña y su pareja.

Círculo Belleza, luego rebautizada como Masterman and Whitaker, fue usada por González Amador como “pantalla”, según la Agencia Tributaria, para defraudar al Fisco con los encargos extra que le hacía Quirón. La empresa redujo a cero su facturación en 2024, tras trascender el escándalo de presunto fraude fiscal mediante una trama de facturas falsas, testaferros y sociedades pantalla.

Otro director de esa empresa panameña administrada por González Amador, Fernando Camino y César Nieto fue el propietario de una firma vinculada al sector aeronáutico, Aerofalcon, declarada en concurso de acreedores poco antes de que estallara el escándalo, y que emitió varias facturas a la consultora de la pareja de Ayuso, Maxwell Cremona, por el alquiler de una oficina en Madrid y “asesoramiento técnico”. 

El dueño de Aerofalcon recibió decenas de pequeños contratos públicos en la etapa de Mariano Rajoy. Fue nombrado presidente de la panameña Insumos Médicos del Pacífico poco después de crearla Fernando Camino. Figuró en su directorio hasta 2022 junto a González Amador, con quien administró otra firma en ese paraíso fiscal centroamericano: la sucursal panameña de Aerofalcon, vetada en noviembre de 2023 por el Gobierno estadounidense por participar “en actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos” al “eludir supuestamente las sanciones estadounidenses y suministrar a los representantes de [Nicolás] Maduro piezas de aviones de origen estadounidense”.

El dueño de Aerofalcon también figura vinculado a negocios en África, donde González Amador intentó dar otro pelotazo (una venta de vacunas covid al Gobierno de Costa de Marfil) en compañía del que la AEAT definió como su principal “testaferro”, Maximiliano Niederer, relacionado con la mayor factura falsa que se desgravó Maxwell Cremona por servicios supuestamente inexistentes, de 922.585,63 euros. 

Este misterioso empresario mexicano, con conexiones políticas y que también intentó hacer negocios en Angola hace años, forma parte de la supuesta “organización criminal” por la que va a ser juzgado González Amador. Experto en el mercado chino, Niederer vivió años en Villaviciosa de Odón, tradicional feudo del PP, muy cerca de Alcorcón y de la sede en Móstoles de MC Infortécnica, una de las empresas de material sanitario de la familia de la presidenta madrileña, en la que la sociedad semipública Avalmadrid enterró el famoso crédito de 400.000 euros que le concedió en 2011, poco antes de su quiebra. 

En Villaviciosa hizo campaña por el PP y se fotografió con Ayuso la esposa de Eduardo de Porres, el magistrado del Tribunal Supremo que firmó el auto de procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de la confesión del fraude fiscal de la pareja de Ayuso.

El imperio de Pere Mir nació en las faldas del Montseny, pero se mudó a Panamá, uno de los destinos preferidos de la evasión fiscal. La investigación sobre el presunto desfalco de su herencia multimillonaria ha puesto al descubierto el “opaco entramado societario”, en palabras de los Mossos d'Esquadra, del que ha sido considerado como el gran mecenas de la ciencia y la investigación en Catalunya.

El extenso informe de la policía autonómica en la causa que investiga a los albaceas de Mir, los abogados Jorge S. y Juan Francisco C. y el oncólogo Josep Tabernero, por su supuesta apropiación del legado del empresario químico supone el reverso de los elogios que, en vida y tras su muerte, recibió Mir por sus grandes donaciones a los centros de investigación catalanes.

Un viaje a la hemeroteca permite constatar la unanimidad de las alabanzas. Artur Mas condecoró a Mir con el premio nacional de investigación científica en 2011, en plena etapa de recortes. “Desde la discreción y la no injerencia, Pere Mir contribuyó a hacer grande este país”, subrayó el entonces president Carles Puigdemont tras la muerte del empresario en 2017. Tabernero, su albacea y médico personal, tituló su obituario en recuerdo de Mir “El discreto encanto de la filantropía”.

La fortuna de Mir (cifrada en hasta 400 millones de euros) se empieza a fraguar en 1942, cuando funda Derivados Forestales. Lo que empezó siendo una empresa pequeña en Sant Celoni (Barcelona), se convirtió en un coloso millonario gracias a su invención de productos destilados de madera líderes en venta en todo el mundo. Ya en los años 90, según los Mossos d'Esquadra, Mir creó una “estructura societaria” en Luxemburgo donde aportó sus acciones en las empresas, con tres testaferros mediante.

La venta de las acciones del grupo que fundó le reportó a Mir, entre los años 2002 y 2006, un total de 146 millones de euros. Antes de que el dinero llegara a las fundaciones panameñas viajó por un “entramado de sociedades interpuestas” a través de distintas cuentas bancarias de Hong Kong y Londres, señalan los Mossos, que aseguran “desconocer” el estado actual de la cuenta de una de estas empresas. En su último extracto, de 2018, su saldo era de dos millones de euros.

El dinero de la venta de Derivados Forestales, indican los Mossos, fue colocado en dos fundaciones en Panamá, al igual que todo el patrimonio inmobiliario del empresario en Catalunya (que la policía autonómica no ha llegado a cifrar). A su vez, esas entidades panameñas, Elyane y Tama, eran accionistas de otras sociedades en Luxemburgo y España.

En ese mismo periodo la policía autonómica sitúa la llegada de Jorge S., el abogado del matrimonio Mir-Pàmias y principal investigado del caso. Ante notario, en sendos protocolos suscritos en 2005 y 2010, el matrimonio confirió al letrado “amplios poderes por un periodo indefinido”, incluidos los de representación.

Elyane y Tama, claves en el caso

A diferencia de lo que ocurre en España, las fundaciones en Panamá sí tienen ánimo de lucro y son instrumentos que suelen usar las grandes fortunas para evadir impuestos de forma legal. Así lo describen los Mossos en el caso de Mir, de quien dicen que empleó las dos entidades para “la optimización fiscal”.

Tanto las dos fundaciones científicas con sede en Barcelona (Cellex y Mir-Puig) como las cuatro sociedades españolas (pero participadas mayoritariamente por las dos fundaciones panameñas) que tenía el empresario permanecen intervenidas judicialmente desde mediados del mes de abril por orden de la magistrada Myriam Linage, que investiga el presunto desfalco de la herencia a cargo de los tres albaceas.

Según la jueza, la fiscal y los Mossos, Jorge S. lideró la operación para no transferir todo el patrimonio del fallecido (que murió sin descendencia) en las sociedades panameñas a las fundaciones españolas sin ánimo de lucro Cellex y Mir-Puig y dedicarlo a la investigación científica, como era la última voluntad de Mir.

El abogado lo pudo hacer, recalcan los investigadores, gracias a su “control efectivo” de todo el entramado societario de los Mir-Puig a ambos lados del Atlántico. Por el contrario, la defensa de los albaceas mantiene que solo una parte del patrimonio de Mir debía ir a la filantropía.

El análisis de los Mossos sobre el destino del patrimonio internacional (hay fincas en Argentina y España, como los terrenos de la fábrica Sant Celoni, y la casa del matrimonio Mir-Puig en Suiza) pero propiedad de las fundaciones de Panamá es rotundo: tras la muerte de Mir, Cellex solo recibió 26,8 millones de la panameña Elyane que estaban en su cuenta corriente, pero no los activos (en su mayoría pisos) de diferentes sociedades españolas propiedad de la fundación en ese país. Esos millones son los que estaban en la cuenta corriente londinense de Elyane en el momento de la muerte del empresario.

Algo similar ocurrió con la otra pata panameña del imperio Mir, la fundación panameña Tama, el testamento de Mir especificó que debía ser liquidada previa entrega de una renta vitalicia a las sobrinas del matrimonio, que murió sin descendencia (siempre y cuando ambas hermanas no impugnaran la herencia). Cumplida esta condición, los bienes debían ser entregados a Cellex, algo que los albaceas, siempre según las hipótesis acusatorias, no cumplieron.

En su informe entregado a la jueza, al que ha tenido acceso elDiario.es, los Mossos d'Esquadra señalaron que, tras la muerte del filántropo, se traspasaron los 18 millones de euros de la cuenta de la fundación Tama en Londres a la fundación Mir-Puig, pero los bienes en España propiedad de esa entidad panameña no se han vendido.

La “única” operación, concretan los Mossos, que ocho años después de la muerte de Mir y siete de la de Pàmias supone un traspaso efectivo de fondos de Elyane a Cellex es una transferencia, producida en el año 2024, de un millón de euros. En el concepto de la misma se indicó “traspaso”, y los Mossos creen que con ella Jorge S. simplemente buscó hacer frente al pago de impuestos por valor de 3 millones de euros que debía afrontar Cellex.

“Transcurridos ocho años desde el fallecimiento del señor Mir —concluyen los Mossos—, buena parte del patrimonio que el matrimonio aportó a las fundaciones Elyane y Tama sigue sin entregarse en favor de las fundaciones españolas Cellex y Mir-Puig”.

Hacienda investigó las fundaciones panameñas

El documento de los Mossos fue decisivo para la intervención judicial de todo el imperio Mir en España y ha puesto al descubierto donaciones sospechosas a un catedrático y la gestión de las empresas tras la muerte de Mir a cargo de Jorge S., que incluyó una condena por fraude fiscal. Además, el oficio policial desvela que Hacienda y la Agència Tributària Catalana ya habían puesto el foco en las fundaciones panameñas de Mir con inspecciones sobre el IRPF y el Impuesto de Patrimonio del matrimonio entre 2014 y 2017.

Las consideraciones fiscales de la inspección se sitúan en la línea de la tesis de los investigadores y no en la de la defensa, que insiste en que hay un “patrimonio separado” en Panamá que no forma parte de la herencia.

Tras cifrar la “ganancia patrimonial no justificada” del matrimonio en 2014 de 86,1 millones de euros gracias al entramado societario en el país centroamericano, Hacienda indicó que el “caudal hereditario” de los Mir-Puig debía incluir las participaciones de las fundaciones panameñas en sus empresas en España y los fondos en cuentas corrientes en el extranjero a nombre tanto de Elyane como de Tama.

En este sentido, los Mossos resaltan que sí llegaron a España los millones que estaban en las cuentas corrientes de las fundaciones (y cuyos responsables fueron los albaceas), pero no el resto del dinero que debían entregar los albaceas tras liquidar todo el patrimonio inmobiliario.

En contraste con la entrega del patrimonio a la investigación científica, que ocho años después de la muerte de Mir sigue sin concretarse, los Mossos destacan que las operaciones de préstamo que Jorge S. se hizo a sí mismo, así como donaciones a miembros de su familia, se produjeron un año después del fallecimiento del filántropo. Esta disonancia “muestra la diferente diligencia aplicada en pos del cumplimiento de las voluntades del señor Mir según quién se beneficie de las mismas”, concluye la policía catalana.

Fuera del campamento de migrantes de Lajas Blancas, en el sur de Panamá, las tiendas de madera están tapiadas. Una hoguera de ceniza fría yace en una barbacoa de tambor de hierro que antaño servía brochetas de carne a los migrantes. Hace seis meses, cientos de personas pasaban a diario por el campamento, saliendo de la peligrosa selva de Darién, que abarca territorio en Panamá y Colombia, y que constituye el único paso posible por tierra entre Sudamérica y Centroamérica, para obtener ayuda humanitaria, antes de continuar su viaje hacia el norte, en dirección a Estados Unidos. Ahora, sin embargo, la migración a través de la selva se ha reducido a un goteo y la afluencia es en la dirección opuesta, ya que muchos migrantes de América del Sur intentan regresar a casa.

Adriangela Contreras fue una de los 300.000 migrantes que hicieron la peligrosa travesía en 2024. Cruzó la selva con su hija de dos años, Arianna, en brazos, mientras pisaba cadáveres durante el trayecto. En noviembre, coincidiendo con la victoria presidencial de Donald Trump y el endurecimiento de la política migratoria, Adriangela llegó al campamento de Lajas Blancas, después de una ofensiva de las autoridades panameñas, que desplegaron alambradas en la selva e introdujeron pruebas biométricas en la frontera. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero, cientos de migrantes de Colombia y Ecuador han sido devueltos a sus países de origen en vuelos de deportación, en virtud de un acuerdo de 5,5 millones de euros de sus países con Estados Unidos.

Sin embargo, la mayoría de los venezolanos pudieron seguir su camino, y el grupo de Contreras llegó hasta el sur de México. Durmieron en la calle y sobrevivieron vendiendo caramelos o lavando parabrisas. Pero cuando en su primer día en el cargo Donald Trump cerró la aplicación CBP One, utilizada por los solicitantes de asilo para pedir hora, Contreras sintió que no le quedaba más remedio que volver sobre sus pasos. Explica que se siente “muy decepcionada”: “No emigré por mí, sino por mi familia”, explica: “Ahora solo quiero volver a casa, ha sido un viaje largo y duro”.

El cierre de la aplicación CBP One y el aumento de los controles panameños prácticamente han extinguido la ruta migratoria de la selva de Darién. En febrero, los cruces descendieron un 96% en comparación con el año anterior. A finales de ese mes, Lajas Blancas, que antes acogía regularmente a más de 3.000 migrantes en edificios de madera contrachapada y tiendas de campaña, solo albergaba a 485 migrantes, el 90% de los cuales procedía del norte. En lo que va de año, 4.091 migrantes han regresado a Panamá, y el Gobierno ha tenido que hacer frente a la compleja logística necesaria para gestionar el flujo inverso de migrantes. 

Oscar Ramírez, venezolano de 52 años, llegó a Lajas Blancas con apenas un euro en el bolsillo. Explica que vendió su camioneta para perseguir el “sueño americano”, pero sufrió un robo en Ciudad de México y luego fue retenido por traficantes de personas en un hotel cerca de Monterrey. “Lo único seguro de México es que te van a atracar”, lamenta.

“Nos engañaron”, señala, “nos dijeron que podríamos conseguir un vuelo de repatriación desde Panamá”. Muchos de los migrantes, incluido Contreras, afirman que les prometieron que, al llegar a Panamá, les ofrecerían un asiento en un avión con destino a Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela. Cuando ese vuelo no se concretó, algunos migrantes que podían permitírselo empezaron a regresar a Colombia en pequeñas embarcaciones.

El 22 de febrero, una embarcación con 19 migrantes volcó y una niña venezolana de nueve años murió ahogada. Desde entonces, el Gobierno panameño ha abierto una nueva ruta que transporta a los migrantes en autobús desde Lajas Blancas hasta Miramar, un puerto de la costa caribeña, y los embarca en transbordadores hasta La Miel, un pueblo aislado cerca de la frontera con Colombia.

Para Jessica Álvarez, fue su primer viaje en barco: “Fue una experiencia horrible. En algunos momentos pensé que íbamos a volcar, daba mucho miedo. Vomité y mi hijo se mareó mucho, todo el mundo estaba muy mareado”. Desde La Miel, los migrantes son enviados en pequeñas embarcaciones a los pueblos de Capurganá y luego a Necoclí, en territorio colombiano. Desde allí, muchos, entre ellos Álvarez, han optado por quedarse con amigos o familiares en ciudades colombianas.

Contreras y su hija siguen atrapadas en Necoclí. “Cuando llegamos no nos dieron nada, ni un bocado para comer, ni un colchón, nada”, explica en una conversación telefónica desde el puerto colombiano. Con la ayuda de algunos amigos logró encontrar espacio en una pensión, pero no sabe cómo conseguir el dinero para regresar a Venezuela y poder estar con su hijo, recientemente operado de la vista: “Solo quiero volver con mi familia. Espero que en Venezuela me espere algo mejor”.

El pasado 28 de marzo, los presidentes de Panamá y Colombia se reunieron en Ciudad de Panamá para tratar el tema de la migración. Según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, cualquier otro migrante que llegue a través de la selva de Darién será deportado inmediatamente a su país de origen o a Colombia.

Ramírez tenía dinero para pagar un autobús a Cúcuta y el miércoles ya estaba de vuelta con su familia en el estado de Barinas. En una conversación telefónica con The Guardian afirmó que se sentía feliz de estar en casa, aunque ya no tuviera su camioneta: “Todos los migrantes tenemos lo mismo el sueño americano en la cabeza, pero después de la experiencia, me doy cuenta de que solo es eso, un sueño”.

Traducido por Emma Reverter.

“Mi administración va a recuperar el Canal de Panamá y ya hemos empezado a hacerlo”. Donald Trump aprovechó su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos para volver a reclamar el control de esta infraestructura clave para el transporte marítimo global. El Canal de Panamá se ha convertido en uno de los temas recurrentes en las intervenciones de Trump desde que ganó las elecciones presidenciales en noviembre. Ahora, a principios de marzo, un gigante de la inversión, la firma estadounidense Blackrock, se ha hecho con el control accionarial de los dos puertos de esta infraestructura.

Este movimiento, en teoría puramente empresarial, ha permitido a Trump apuntarse el tanto de poder asegurar que, a partir de ahora, el Canal de Panamá será algo más estadounidense que hace unas semanas. Al mismo tiempo, Blackrock se refuerza como un operador clave para el transporte, porque es dueño de una red global de puertos y, también, de aeropuertos. En España, es un inversor conocido porque es propietario del 20,6% del grupo energético Naturgy y mantiene una posición relevante en buena parte de las compañías del Ibex. 

En cuanto a la operación en sí, Blackrock lidera el consorcio que va a hacerse con el control de una red de decenas de puertos, entre los que están los panameños. Los compra a la firma con sede en Hong Kong CK Hutchison. Esta semana han cerrado una transacción valorada  22.800 millones de dólares, el equivalente a más de 21.100 millones de euros al cambio actual, aunque aún quedan flecos pendientes, por ejemplo, varias autorizaciones administrativas. En ese consorcio, la batuta la lleva la firma de inversión, pero también está presente el operador de buques de carga y de cruceros MSC.

Desde hace semanas, Trump estaba reclamando el canal. En varias ocasiones, ha señalado que China se había hecho con su control efectivo y que los barcos estadounidenses han estado pagando demasiado por operar a través de esta infraestructura. “Panamá está intentando a gran velocidad acabar con el 64% de los carteles escritos en chino. Están por toda la zona, porque China controla el Canal de Panamá. ¡Panamá no se va a salir con la suya!”, aseguró Trump a través de su plataforma Truth Social. 

Este canal es un eje clave para el comercio mundial, pero también es cierto que no está viviendo uno de sus mejores momentos. Hace unos meses, simplemente se saturó, porque no podía funcionar con normalidad debido a la falta de agua, consecuencia de una persistente sequía, lo que derivó en un atasco de buques.

Un operador con intereses globales

Al margen de los argumentos que emplee Donald Trump, lo relevante en esta megaoperación corporativa –de momento, es una de las más relevantes en cuanto a importe en lo que va de 2025– es que no solo están implicadas las infraestructuras portuarias panameñas. La transacción conlleva que el consorcio se hará con la participación mayoritaria, del 80%, que ha mantenido la CK Hutchison en empresas que poseen, operan y desarrollan más de 40 puertos en 23 países. Un acuerdo del que quedan excluidas infraestructuras portuarias en China. El otro 20% se queda en manos del fondo soberano de Singapur, Temasek.

Blackrock ha canalizado esta compra a través de Global Infrastructure Partners (GIP). Esta última es la firma mediante la que el gigante estadounidense controla desde hace meses el 20,6% de Naturgy. “Estos puertos facilitan el crecimiento global”, justificó el presidente de Blackrock, Larry Fink sobre el porqué de este movimiento corporativo que hace realidad uno de los objetivos de la Administración republicana. Fink, según Financial Times, informó tanto a Donald Trump, como al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, antes de dar el paso de invertir en los puertos del canal panameño. También asegura que la operación se ha negociado y sellado en solo unas semanas.

A través de GIP, el megagestor de fondos estadounidense ya tenía en cartera algunos de los puertos más relevantes. Por ejemplo, en Australia, los de Melbourne o Brisbane o Yarmouth, en Reino Unido. También, participa en la empresa de terminales de carga portuaria Terminal Investment Limited (TIL), presente en Singapur, Amberes o en el Puerto de Valencia. Y aeropuertos, como el de Gatwick, London City o Edimburgo, así como el operador italiano de trenes de alta velocidad Italo. Según GIP, entre todas sus participadas, suma ingresos por valor de 71.000 millones de dólares. 

Se trata, además, de la primera gran operación de Blackrock a través de GIP desde que es su propietario. Pactó su compra hace poco más de un año por 12.500 millones de dólares, más de 11.500 millones de euros al cambio actual. “La infraestructura representa una oportunidad de inversión generacional”, argumentó Larry Fink al explicar esa adquisición, que a finales de 2024 –antes de la compra de los puertos de Hutchison– sumaba 300 inversiones en un centenar de países.

Los Veintisiete han acordado este martes mantener a Rusia, Panamá y otros nueve territorios en su lista 'negra' de paraísos fiscales, una decisión que mantiene la lista a once jurisdicciones que la UE considera no cooperativas a efectos fiscales, según informa Europa Press.

El listado de la UE incluye países que no han entablado un diálogo constructivo sobre gobernanza fiscal o no han cumplido sus compromisos de implementar las reformas necesarias y que deben apuntar a cumplir con un conjunto de criterios objetivos de buena gobernanza tributaria, como transparencia, tributación justa o la implementación de estándares internacionales diseñados para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de ganancias.

Con la decisión de este martes, la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales se mantiene en once integrantes: Anguila, Fiyi, Guam, Palaos, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa, Samoa Americana, Panamá, Rusia, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Si bien esta ronda de actualización presenta avances positivos, el Consejo lamenta que estas jurisdicciones aún no cooperen plenamente en materia fiscal y las invita a mejorar su marco jurídico para resolver los problemas identificados.

La lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales se estableció en diciembre de 2017 y forma parte de la estrategia exterior de la UE en materia fiscal con el objetivo de contribuir a los esfuerzos en curso para promover la buena gobernanza fiscal en todo el mundo.

A Isabel Corro las insinuaciones de Donald Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos podría recurrir a la fuerza militar para tomar el control del Canal de Panamá le traen recuerdos dolorosos. Esta mujer de 79 años recuerda vívidamente cómo, el 20 de diciembre de 1989, metió a sus hijos en su apartamento mientras helicópteros y aviones de combate del Ejército estadounidense sobrevolaban la Ciudad de Panamá, lanzando cohetes y disparando contra los edificios, convirtiéndolos en escombros.

El padrastro de Corro, oficial de Policía, murió en la invasión. Su cuerpo no fue hallado hasta que fue exhumado de una fosa común al año siguiente. “Recuerdo aquella noche. La ciudad estaba tranquila, las casas llenas de adornos y el país entero esperando la Navidad. De repente, había helicópteros zumbando y el cielo se iluminó con bombas y disparos”, cuenta Corro. “Fue una noche tremendamente violenta y trágica. Una noche que, lamentablemente, nunca olvidaré”.

Washington respaldaba al entonces presidente Manuel Noriega, un aliado de EEUU que había espiado para la CIA, pero cuando su papel como capo del narcotráfico internacional salió a la luz, el mandatario estadounidense George H. W. Bush envió 10.000 soldados para derrocarlo.

Durante la operación 'Causa Justa', cientos de personas, muchas de ellas civiles, perdieron la vida, y la sombra de la invasión aún pesa sobre Panamá. Los comentarios de Trump han avivado los temores a que EEUU vuelva a apuntar hacia el país.

Indignación por las palabras de Trump

“Es un hombre muy arrogante que cree que puede tomar lo que quiera”, dice Corro, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de Diciembre. “Trump no puede simplemente llegar y decir ‘voy a comprar este país, voy a invadir este otro’. El mundo no es un gran mercadillo. No debería ocurrir y no dejaremos que ocurra”.

En su toma de posesión, Trump volvió a atacar a Panamá, acusando al país de estar violando el acuerdo con EEUU sobre su estratégico canal: “China está operando el canal de Panamá y no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá. Y lo vamos a recuperar”, dijo poco después de jurar el cargo.

Según Orlando Pérez, de la Universidad del Norte de Texas en Dallas, si bien empresas chinas, que forman parte de un consorcio de capital hongkonés, gestionan dos de los principales puertos del canal, no tienen el control de esta vía marítima que conecta el océano Atlántico con el Pacífico. Las tarifas por utilizar la vía se calculan en función del peso y el tamaño de las embarcaciones, y se aplican por igual a todas las empresas, sin importar su nacionalidad.

No obstante, en diciembre Trump dijo que si Panamá no podía garantizar “el funcionamiento seguro, eficiente y fiable” del canal, Washington exigiría su “devolución”. Incluso, antes de tomar posesión, el presidente no descartó la posibilidad de coerción económica o militar para hacerse con el canal de Panamá. Con esa misma retórica belicista, Trump también amenazó con hacerse con el control de Groenlandia y Canadá, lo que provocó advertencias de Francia, Alemania y Naciones Unidas.

En Panamá, donde las heridas del enfrentamiento con EEUU aún no están cerradas, las declaraciones de Trump han desatado una ola de indignación. El incidente ha tensado las relaciones con el Gobierno panameño, que afirma que la soberanía sobre el canal es “innegociable” y ha acusado a Trump de mentir sobre haber hecho una oferta para comprarlo.

“Las únicas manos que controlan el canal son panameñas y así seguirá siendo”, dijo el ministro de Exteriores del país, Javier Martínez-Acha.

Alrededor del 5% del tráfico marítimo mundial pasa por el Canal de Panamá. Al ofrecer una ruta más corta para los buques, reduce en 6.835 millas (11.000 km) un trayecto que, de otro modo, obligaría a bordear el extremo sur de Sudamérica, en un recorrido largo y peligroso.

El jefe de la Autoridad del Canal de Panamá rechazó la sugerencia de Trump de que los buques estadounidenses obtengan tarifas preferenciales y negó que China tenga control alguno sobre las operaciones. “No podemos discriminar a los chinos, ni a los estadounidenses, ni a nadie. Esto violaría el tratado de neutralidad, el derecho internacional y conduciría al caos”, declaró Ricaurte Vásquez Morales en una entrevista concedida a The Wall Street Journal.

La vía marítima fue construida por EEUU entre 1904 y 1914, con la concesión del canal otorgada a Washington. Tras un tratado firmado en 1977 por el entonces presidente Jimmy Carter, el control del canal fue devuelto a Panamá en 1999 con la condición de que fuera de libre uso para cualquier nación.

Un “tesoro nacional” de Panamá

El canal aporta el 7,7% del PIB panameño y, en palabras de Serena Vamvas, concejala de un distrito de Ciudad de Panamá, se ha convertido en motivo de “orgullo” y en parte de “la identidad del país”. “Más allá de las divisiones políticas que puedan existir en Panamá, todos estamos de acuerdo en que el canal es un tesoro nacional. Todos aquí están indignados por los comentarios de Trump”, afirma Vamvas.

Para muchos en Panamá, cualquier discusión sobre la intervención estadounidense despierta recuerdos dolorosos. Según cifras oficiales, 300 soldados y 214 civiles murieron en la invasión de 1989, pero algunos grupos de defensa de los derechos humanos afirman que el número real de víctimas se acerca al millar.

Si bien muchos panameños celebraron que su país se librara del dominio de Noriega, EEUU fue acusado de actuar con excesiva fuerza, causando un número desproporcionado de víctimas civiles.

“No es solo su ignorancia, sino también la liviandad con que Trump hace estos comentarios, afirmando cosas como que Panamá está controlada por China, lo que es insultante. Todavía hay personas [cuyos cadáveres] no han sido encontrados tras la invasión de Panamá. Es una herida abierta y estos comentarios resultan muy hirientes”, dice Walkiria Chandler D'Orcy, diputada de la Asamblea Nacional de Panamá.

Trump ha declarado en reiteradas ocasiones que el canal ya no está bajo el control de Panamá. “Está siendo operado por China, ¡China!”. “Y han abusado de él, han abusado de ese regalo”, dijo recientemente.

Para Pérez, la estrategia a largo plazo de Trump sigue sin estar clara. “Para mí y para otros que conocen bien esta situación, es desconcertante. En los 25 años desde que Panamá adquirió el control del canal, el país ha hecho un trabajo ejemplar en el desarrollo de una infraestructura de gestión libre de corrupción, transparente, independiente de la interferencia del Gobierno y que opera según los principios del mercado”.

Los comentarios de Trump resultan aún más incomprensibles si se tiene en cuenta que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino (un empresario conservador) es un potencial aliado que se ha comprometido a ayudar a EEUU con el creciente flujo migratorio que atraviesa el Tapón del Darién, una peligrosa vía que conecta Sudamérica y Centroamérica.

“El canal ha sido el alfa y el omega de la identidad nacional panameña durante más de un siglo. Define lo que el país es”, dice Pérez. “¿Por qué librar una batalla sobre esto y arruinar deliberadamente la relación con uno de los aliados más cercanos de la región?”.

Texto traducido por Julián Cnochaert y actualizado por elDiario.es

Alberto González Amador pagó 77.665 euros a tres directores de Insumos Médicos del Pacífico, empresa en el paraíso fiscal de Panamá que Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención, creó en 2013, y que la pareja de Isabel Díaz Ayuso administró mientras defraudaba a Hacienda.

Las transferencias constan en la documentación remitida al juzgado que investiga a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por sus delitos fiscales de los ejercicios 2020 y 2021, por los que ha sido citado a declarar el próximo 7 de febrero. En total los pagos de González Amador a esos cuatro ex miembros (todos españoles) del directorio de esa empresa panameña, disuelta en 2022, ascendieron a 603.501,92 euros.

El 87% de esa cifra, 525.836,92 euros, fue para el primer ejecutivo de Quirón Prevención, su principal y casi único cliente, y ese dinero se transfirió en 2019 y 2020. En las facturas aportadas también figuran otros 30.000 euros en pagos por “asesoramiento” de un empresario condenado por estafa en 2018. Y 25.000 euros a un contratista habitual del PP de Mariano Rajoy.

La parte mollar es el medio millón (499.836,92 euros) que González Amador desembolsó en diciembre de 2020 por Círculo Belleza SL. Esta micropyme sin activos, dedicada a tratamientos de estética, estaba a nombre de la esposa de Fernando Camino. González Amador la compró tras el pelotazo de dos millones que dio por intermediar en la compra de mascarillas para una empresa gallega, Mape, que entonces ya administraba su jefe en Quirón. 

Ante el desproporcionado importe que pagó por Círculo Belleza SL, la jueza ya investiga esa operación con el apoyo de la Fiscalía, que aprecia una presunta “corrupción en los negocios” y apunta a posibles sobornos con esa posible “comisión encubierta”. La corrupción en los negocios, delito adicional a los ya confesados por González Amador, está penada con hasta cuatro años de prisión.

Tras iniciar su relación con Ayuso, la pareja de la presidenta madrileña multiplicó por cuatro los ingresos que recibía de Quirón, líder de la sanidad privada en España y gran beneficiaria del modelo sanitario de “colaboración público-privada” en Madrid. El empresario utilizó Círculo Belleza SL para seguir defraudando a Hacienda en 2021, según determinó la Agencia Tributaria. Y antes de adquirirla por esa elevada cifra, le pagó 20.000 euros por recibir “asesoramiento” mientras realizaba auditorías de calidad para Quirón Prevención.

González Amador también abonó al menos 6.000 euros a otra firma de Fernando Camino, Inversiones Random SL, por poner propaganda a un yate de su propiedad. Los primeros pagos los pactaron tras echar a andar en 2017 la consultora de la pareja de Ayuso, Maxwell Cremona, por lo que la cifra final que entregó a Camino podría superar esos 525.836,92 euros.

Esta suma no incluye los 6.500 euros que la pareja de Ayuso abonó por el renting de un BMW a nombre de la esposa del ejecutivo de Quirón, la farmacéutica de León Gloria Carrasco, durante todo el ejercicio 2021, último investigado por Hacienda.

Las transacciones a exdirectores de esa empresa en Panamá, que González Amador ha asegurado que “jamás” utilizó, no acaban en Camino. La pareja de Ayuso también pagó otros 30.000 euros en marzo de 2020 por “asesoramiento en la comercialización de servicios de consultoría estratégica” a Curramba SL, aparentemente inactiva desde hace años.

El administrador único de esta empresa es José Antonio De la Cerda Rosillo, uno de los primeros directores de Insumos Médicos del Pacífico. De la Cerda fue tesorero de esa firma panameña, junto a Fernando Camino, que figuraba como secretario. En 2014 cedió los amplios poderes que tenía en ella a González Amador. 

Curramba se dedica (o dedicaba) al ámbito inmobiliario o “importación y exportación de todo tipo de productos alimenticios, y objetos de regalo y hogar”, según sus últimas cuentas, de hace ya siete años. Esa factura de 30.000 euros (más IVA) por “consultoría estratégica” de Curramba a González Amador está fechada el 25 de marzo de 2020: en lo peor de la pandemia de coronavirus que convirtió en millonario al empresario gracias al pelotazo con las mascarillas que propició su jefe en Quirón.

Para entonces, Curramba SL llevaba ya años sin presentar cuentas. En las últimas disponibles en el Registro Mercantil, de 2017, declaró una facturación de poco más de 35.000 euros.

Su administrador único, José Antonio de la Cerda, fue condenado en 2017 por el Juzgado de la Penal 2 de Terrassa por un delito de estafa continuada mediante la entrega de pagarés sin fondos a tres empresas. La Audiencia Provincial de Barcelona ratificó en 2018 la estafa de mayor importe, 14.145,49 euros. 

Fue un caso de poca monta: “Con la intención de enriquecerse ilícitamente”, De la Cerda compró a través de Curramba SL a una empresa de Lleida “50 jamones por valor de 14.145,490 euros por los cuales entregó pagaré con fecha de vencimiento 20/8/2005 que fue devuelto por la entidad Deutsche Bank por falta de fondos”, dice la sentencia.

Vinculación con Vox

El nombre de José Antonio de la Cerda remite a un candidato de Vox en las últimas elecciones municipales en Sepúlveda (Segovia). De esta formación de ultraderecha es Vicente Brisa, concejal en Boadilla del Monte (Madrid) y directivo de la empresa de aeronáutica Aciturri. En la contabilidad remitida al juzgado no figuran pagos de González Amador a Brisa o sus empresas.

Sí constan a la mercantil Aerofalcon, también vinculada al sector aeronáutico y propiedad de Juan Carlos González Pérez, otro ex director de Insumos Médicos del Pacífico. En mayo de 2021 Aerofalcon emitió una factura de 17.500 euros a la consultora de González Amador, Maxwell Cremona, por el alquiler de una oficina entre el 1 de abril de ese año y el 31 de diciembre de 2022. 

Y del último día de 2019 consta otra factura de 7.500 euros de Aerofalcon en concepto de “asesoramiento técnico en sector Aeronáutico ISO 9100”, una norma de sistemas de gestión de la Calidad en la industria aeronáutica. En mayo pasado, elDiario.es publicó, basándose en el informe de la Agencia Tributaria, que correspondía a servicios prestados a González Amador.

Pero en realidad el pagador fue la pareja de Ayuso, como muestra esa factura remitida al juzgado. Aerofalcon se declaró en concurso de acreedores el pasado 6 de febrero, cuatro días después de que el abogado de González reconociera por escrito que cometió dos delitos fiscales para evitar el juicio.

Esas facturas de Aerofalcon y de Curramba no figuran entre las que Hacienda tachó de “falsas o falseadas” en la trama de empresas pantalla que usó González Amador para defraudar 350.951 euros a Hacienda y que adelantó elDiario.es en marzo.

El dueño de Aerofalcon, González Pérez, recibió decenas de pequeños contratos de la empresa pública Renfe en la etapa de Rajoy. Fue nombrado presidente de la panameña Insumos Médicos del Pacífico poco después de crearla Fernando Camino. Y figuró en su directorio hasta 2022 junto a González Amador.

Ambos fueron también directores de la sucursal panameña de Aerofalcon, que fue vetada en noviembre de 2023 por el Gobierno estadounidense por participar “en actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos” al “eludir supuestamente las sanciones estadounidenses y suministrar a los representantes de [Nicolás] Maduro piezas de aviones de origen estadounidense”. 

Ayuso ha acusado a la Fiscalía de actuar “a la venezolana” en el caso de fraude fiscal confesado por González Amador. Asegura que España va camino de ser una “dictadura” y ha hablado de conspiración de todos los poderes del Estado por ser su pareja “alguien relacionado con un adversario político”. 

Panamá, Usera y Florida

El cuarto director de Insumos Médicos del Pacífico que recibió fondos de González Amador es César Nieto, uno de sus colaboradores en sus auditorías de calidad para Quirón. Constan facturas por “asesoramiento” de Nieto de 11.956 euros en 2019 y 7.000 euros en 2020 (como “experto técnico en el sector salud”), y otras por asistencia a cursos o billetes de avión. En total, los pagos alcanzan 22.665 euros.

La relación entre González Amador y César Nieto abarca varios continentes y está muy vinculada a inversiones inmobiliarias. En marzo de 2022, dos días después de iniciarse los trámites para liquidar Insumos Médicos del Pacífico, ambos montaron una empresa de alquiler de alojamientos turísticos en Madrid, October Twelve Accomodation SL. 

Con ella compraron en abril de 2022 sin hipoteca dos locales comerciales en el barrio de Usera, muy cerca del Hospital 12 de Octubre, que reformaron para alquileres de corta estancia. En el portal de reservas Booking, el alojamiento para el primer viernes de febrero se ofrecía el pasado jueves a 86 euros la noche.

González Amador y César Nieto también montaron una empresa en Florida (Estados Unidos), Burnet & Brown, que administra un agente inmobiliario allí. La crearon a finales de 2022, en plena investigación fiscal y la misma semana en que Hacienda notificó que ampliaba su inspección a la pareja de Ayuso.

Las inversiones en ladrillo del empresario tras su fraude fiscal comprenden el piso de lujo que adquirió en julio de 2022 en Chamberí. Allí vive junto a Ayuso y ambos disfrutan de una segunda vivienda en la planta superior a nombre de una empresa que administra un abogado de León muy cercano a Fernando Camino, representante de González Amador durante la inspección de Hacienda. La dueña de ese ático, Babia Capital, lo compró al contado tras recibir 955.000 euros de un tercero cuya identidad es por ahora la gran incógnita de esta trama.

Ni Isabel Díaz Ayuso ni nadie de la Comunidad de Madrid han respondido nunca a la pregunta sobre quién paga y por qué ese ático ubicado encima de la vivienda que compró González Amador, en uno de los barrios más caros de la capital.

La panameña Insumos Médicos del Pacífico, de actividad desconocida y ajena al grupo Quirón, según el gigante sanitario, estuvo años inactiva por no pagar las tasas que cobra la administración panameña. Esto implica la suspensión de esas sociedades, que no pueden inscribir ningún acto corporativo. Al estar en situación de “morosidad” tres años consecutivos, llegó a estar inhabilitada por el Gobierno panameño, que en 2021 también vetó a una filial de Quirón allí durante diez años por prácticas corruptas. 

La sociedad panameña que administraron González Amador y Fernando Camino, César Nieto o José Antonio de la Cerda se reactivó el 5 de mayo de 2022, un día después de protocolizarse el acta de disolución de la sociedad. “Pagó todas las tasas únicas pendientes y se requiere reactivar”, indica un documento depositado en el registro mercantil de Panamá por esas fechas.

Justo después de esa “reactivación”, Insumos Médicos del Pacífico se disolvió, en paralelo a la apertura de la inspección de Hacienda a Maxwell Cremona, notificada a González Amador el 12 de mayo de 2022.

Antes de tener posesión de su cargo, Donald Trump sorprendió a medio mundo con sus intenciones prioritarias como presidente de los Estados Unidos (EEUU). Trump se propone, si es necesario con la fuerza militar, anexionarse Groenlandia, que forma parte de Dinamarca, y el canal de Panamá, y también convertir a Canadá en el estado número 51 de lo que llama América (esto se supone sin la fuerza militar).

Trump pretende, según dice en aras de los “intereses nacionales” (el control de las rutas del Ártico), la expansión del territorio de los EEUU mediante la invasión de otros territorios, rompiendo con ello los más elementales principios del derecho internacional y de la paz entre los pueblos, que tanto ha costado conseguir tras un siglo XX sangriento, particularmente en Europa. Recuerda el colonialismo del presidente Theodore Roosvelt, que controló las Filipinas después de la guerra con España.

Donald Trump seguro que no sabe que con su desafiante programa estelar de gobierno está quebrando el corazón de lo que llamamos Estado. El principio de territorialidad es el más decisivo para el Estado moderno. Un principio que descansa en la aceptación de fronteras geográficas como límite material para el ejercicio del poder y como espacio vital de los pueblos y naciones.

El territorio actúa como límite y como derecho. El territorio del Estado actúa como límite a la soberanía estatal. A la vez, la doctrina del derecho internacional señala que el Estado es titular de un derecho a la soberanía territorial frente a otros sujetos de la comunidad internacional, lo que se traduce en el derecho a ejercitar sus poderes dentro del territorio y a no sufrir expoliaciones del mismo, es decir, la intangibilidad del propio territorio. De ahí el derecho a rechazar todo acto de violación de la soberanía territorial.

El territorio sustituyó históricamente al fundamento personal del poder político, a través de siglos, en el mundo occidental.

Hay tres hitos esenciales en la construcción territorial del Estado moderno. El primero es el Tratado de Westfalia – o tratados de Osnabrück y Münster – (1648), que acaba con el imperio y el papado como estructura de poder en Europa y da luz al Estado como forma política estable.

El segundo es la abolición de las monarquías absolutas en el siglo XIX y su sustitución por regímenes constitucionales. Quien abrió el camino fue precisamente Estados Unidos (Constitución de 1787), que sustituyó a las colonias británicas.

Y el tercer y más relevante hito fue la aprobación el 26 de junio de 1948 de la Carta de Naciones Unidas, después de la II Guerra Mundial contra el nazismo y el fascismo. Una Carta impulsada y firmada por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los Estados Unidos, la República francesa, el Reino Unido, la República Popular China y la URSS (luego reemplazada por Rusia).

El artículo 2.4 de la Carta dice: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Este es el precepto que Trump no duda en vulnerar si fuese necesario.

Esta es la perspectiva exterior de su política. La interna se basa en el desprecio de lo que el partido republicano llama “deep state”, es decir, la administración que desarrolla los servicios públicos. Es un concepto desintegrador del Estado el que tiene Trump, que prefiere las lealtades personales.

Volviendo a la concepción antiestatal de su política exterior – si se le puede llamar política a lo que está lleno de incertidumbres –, la reacción de Trump ante la invasión de Ucrania ordenada por Vladímir Putin fue una vez más imprevisible. No condenó la ilegal y brutal acción sino que le pareció un acto propio de un “genio”. No se le conoce a Trump un llamamiento a restablecer las fronteras de Ucrania, como hicieron el gobierno Biden, la Unión Europea y la OTAN.

En realidad, la (no) idea de Trump sobre el Estado se acerca más a la aparición de una dimensión competidora con el espacio geográfico como es “el espacio virtual de la digitalidad” (Petra Dobner), sobre el que pierde control y autoridad el Estado. La presencia tan intensa de Elon Musk en el nuevo gobierno de EEUU y la escandalosa pleitesía manifestada por los líderes de las grandes tecnológicas (Zuckerberg, Bezos, Pichai Cook) a la presión conservadora son una muestra evidente del sector de poder económico que Trump potenciará por todos los medios. Hasta el fondo Black Rock se ha resituado en esa línea “antiwoke” y antidiversidad de raza y género.

La Unión Europea se verá indudablemente afectada por la llegada de Trump a la Casa Blanca, para el cual la relación transatlántica es más una carga que una alianza en la que no cree. No es posible por ahora adivinar – salvo su obsesivo proteccionismo comercial – qué medidas adoptará la impredecible nueva administración norteamericana más allá de su objetivo de fortalecer su preeminencia mundial. Pero hay algo claro: la opción de la UE ha de ser más integración europea y menos nacionalismo; más transición tecnológica, compatible con una reindustrialización competitiva; más política social y más valores europeos.

Alemania y Francia han advertido a Donald Trump contra cualquier intento de “mover las fronteras por la fuerza” después de que el presidente electo de EEUU dijera que estaba dispuesto a utilizar aranceles o el poder militar para tomar el control de Groenlandia, administrada por Dinamarca.

En una declaración televisada, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha dicho que las declaraciones de Trump habían generado “incomprensión” entre los líderes europeos. “El principio de la inviolabilidad de las fronteras se aplica a todos los países, independientemente de si están al este o al oeste, y todos los Estados deben respetarlo, independientemente de si es un país pequeño o un Estado muy poderoso”.

Antes, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que Europa se levantaría en defensa del Derecho internacional: “La UE no permite que otras naciones del mundo, sean quienes sean, ataquen sus fronteras soberanas”.

Barrot añadió en la radio France Inter que, aunque no creía que Estados Unidos “invadiera” Groenlandia, se ha “entrado en una era en la que está volviendo la ley del más fuerte”.

Dinamarca, por su parte, ha dicho que está abierta a dialogar con Trump sobre la posibilidad de trabajar juntos para abordar sus legítimas preocupaciones de seguridad en lo que respecta a Groenlandia, al tiempo que rechaza cualquier amenaza de fuerza o coerción.

Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores danés, ha dicho que a todos les interesa rebajar la temperatura de las conversaciones: “Tengo experiencia con Donald Trump, y también sé que no se debe decir todo lo que se piensa en voz alta”, dijo. También restó importancia a la posibilidad de que Groenlandia llegue a formar parte de Estados Unidos, añadiendo: “Reconocemos plenamente que Groenlandia tiene sus propias ambiciones. Si se materializan, Groenlandia será independiente, aunque difícilmente con la pretensión de convertirse en un Estado federal de Estados Unidos”.

Dinamarca está atrapada en un doble aprieto, enfrentada a las amenazas cada vez más serias de Trump de hacerse con la isla por razones geoestratégicas estadounidenses, pero también a las crecientes demandas de la clase política groenlandesa para independizarse totalmente de Dinamarca.

El primer ministro de Groenlandia, Múte B Egede, mantuvo conversaciones con el rey danés en Copenhague este miércoles, un día después de que las declaraciones de Trump pusieran en el punto de mira el destino de la isla, rica en minerales y estratégicamente importante.

En su discurso de Año Nuevo, Egede afirmó que Groenlandia estaba preparada para dar el siguiente gran paso en su esfuerzo por romper los “grilletes del colonialismo”. Ya se ha aprobado una ley de autogobierno que abre el camino a un referéndum sobre la independencia. En abril se celebrarán elecciones locales que podrían convertirse en una prueba de opinión sobre el futuro constitucional de Groenlandia.

El hijo del presidente electo, Donald Trump Jr, voló brevemente a Groenlandia el martes en un viaje que coincidió con el llamamiento de su padre para que Estados Unidos gestione la isla, y regresó tratando de avivar los ánimos para que sea vendida a Washington: “Son personas que sienten que han sido explotadas. No han recibido un trato justo de Dinamarca. Se les impide explotar sus recursos naturales, ya sea carbón, uranio, tierras raras, oro o diamantes. Es realmente un gran lugar”.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el martes que no podía imaginar que las ambiciones de Trump llevaran a una intervención militar estadounidense en Groenlandia. En 2019 había calificado de “absurda” la exigencia de Trump de poner Groenlandia en venta. Desde entonces ha habido una decisión colectiva del Gobierno danés para tratar de calmar los ánimos.

Groenlandia fue una colonia danesa hasta 1953, pero ahora es un territorio autónomo de Dinamarca y en 2009 logró el derecho a reclamar la independencia a través de un referéndum.

Los políticos daneses esperan que pueda evitarse una confrontación mediante una reunión entre altos funcionarios de Dinamarca y Estados Unidos para discutir cualquier actualización necesaria de los numerosos acuerdos de seguridad firmados por ambos países después de la Segunda Guerra Mundial.

Estados Unidos tiene una base militar en Groenlandia, la base espacial de Pituffik (antigua base de Thule), establecida por primera vez en 1941. Proporciona sistemas críticos de alerta temprana para vigilar la actividad rusa. Otras bases fueron abandonadas en la década de 1970, pero con el deshielo en torno a Groenlandia, la posibilidad de que se abran nuevas rutas comerciales ha transformado la importancia del Ártico.

En Berlín, Scholz afirmó que la “brutal guerra de agresión” de Rusia contra Ucrania había llevado a Alemania, como primera economía de la UE, a aumentar fuertemente el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, lo que supone que se ha más que duplicado en los últimos siete años. Señaló que su país había colaborado estrechamente con Estados Unidos para proteger la “soberanía e integridad” nacionales de Ucrania. “Las fronteras no deben desplazarse por la fuerza”, afirmó.

En una rueda de prensa de una hora el martes, Trump se negó a descartar el uso de la fuerza militar para tomar el canal de Panamá y Groenlandia, y también sugirió que tenía la intención de utilizar la “fuerza económica” para hacer que Canadá forme parte de Estados Unidos.

Egede, miembro del partido independentista Comunidad del Pueblo (AI), afirmó la semana pasada que Groenlandia “no está en venta y nunca lo estará”.

A su llegada al aeropuerto de Copenhague a última hora de la noche del martes, Egede respondió a la negativa de Trump a descartar presiones militares o económicas para hacerse con el control de Groenlandia, diciendo que eran “declaraciones graves”.

Su reunión con el rey, prevista para primera hora del día, fue pospuesta para la tarde en el último minuto, alegando la oficina de Egede “problemas de agenda”. La visita de Donald Trump Jr. a Groenlandia el martes provocó que la cancelación de la reunión fuera vista por algunos como un desaire hacia el rey, quien recientemente modificó el escudo real para incluir de forma más prominente los símbolos de Groenlandia y las Islas Feroe, ambos territorios autónomos de Dinamarca.

Aki-Matilda Høegh-Dam, diputada groenlandesa que representa al partido Siumut en el Parlamento danés, declaró a The Guardian que consideraba que los comentarios de Trump sobre la coerción iban “más dirigidos a Panamá que a Groenlandia”. Pero, dijo, sus palabras “subrayan la creciente importancia geopolítica de Groenlandia”. Y añadió: “También subraya la necesidad de un diálogo constructivo. Aunque no interpretó sus comentarios como una amenaza de fuerza militar contra Groenlandia o Dinamarca, sí sugieren que Estados Unidos puede sentirse obligado a actuar si el reino de Dinamarca es incapaz de abordar eficazmente los problemas de seguridad”.

Este jueves, en el marco de la sexta edición del Encuentro de Periodismo Iberoamericano celebrado por elDiario.es en Casa América de Madrid, Ignacio Escolar, director de este periódico, ha entrevistado a Jon Lee Anderson, reconocido escritor y periodista especializado en política latinoamericana y director del medio BOOM, una nueva plataforma de intercambio que arranca con la mirada puesta en las migraciones.

Con el foco en las narrativas migrantes en Iberoamérica, el encuentro ha arrancado con la proyección del film documental 'El maldito Darién', producido por el propio Anderson y la plataforma BOOM, un documento audiovisual así como en forma de podcast que el estadounidense ha descrito como “una pesadilla”. “Pega duro”, reconocía Anderson, que añadía: “Es como una pesadilla y queríamos dejar esa sensación”.

Jon Lee Anderson ha explicado en esta entrevista que optaron por tratar el tema de la migración por ser “el elefante en la habitación”. “Es el gran tema, ya que por un lado demuestra un poco el colapso de sistemas y países enteros, de sus estados de Derecho, en algunos casos en América Latina, y por otro lado ha sido el detonante para la xenofobia y la ultraderecha, para la aparición de alguien como Trump”, razona el periodista.

Anderson recuerda que “nadie” ha dado con la solución a este impasse y considera que “hasta cierto punto” somos “partícipes” por pertenecer a las sociedades occidentales afectadas. El escritor señala a Donald Trump como el principal responsable de colocar el tema “sobre las portadas” durante su primera candidatura presidencial: “arremetió contra los mexicanos como violadores, asesinos y rateros. Y a partir de ahí se ha construido un poderío político y todos estamos en vilo con ese drama”.

El periodista ha relatado durante la entrevista cómo hace treinta años cruzó él mismo a pie el Darién, la zona selvática que une Panamá y Colombia, “en un plan semiaventurero” siguiendo los pasos de Núñez de Balboa, cómo se cruzó “con algún forajido” y que la zona era casi en su totalidad territorio indígena.

“Es el ombligo de las Américas, lo que une el norte y el sur, y es la única parte no unida por una carretera”, detalla Anderson. Sin embargo, como recuerda, en los últimos tres años más de un millón de personas han pasado por allí en dirección a EEUU. El escritor cuestiona cómo los estados responsables de esta frontera, que separa América Central de América del Sur, ignoran el problema migratorio y, a su vez, lo dejan en manos del crimen organizado.

El responsable de BOOM señala directamente al gobierno colombiano por su dejadez: “El gobierno no se mete. Hay una organización criminal que se encarga de lucrarse y de proteger, al menos del lado colombiano, a estos migrantes”, afirma John Lee Anderson, que añade: “Petro ha cedido el control territorial al clan del Golfo”.

Preguntado por el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, acerca del papel de los gobiernos progresistas de América Latina, el veterano informador ha destacado el caso de Chile, donde el ejecutivo de Gabriel Boric ha tenido que enfrentarse a la llegada de más de 800.000 venezolanos en los últimos años.

Anderson ha contado un caso relacionado con la inmigración venezolana en Chile después de que varios de estos migrantes fueran arrestados por distintos delitos y el gobierno chileno, en base a la ley del país sudamericano, dispusiera su deportación a Venezuela. “Maduro no los aceptó”, explicó el periodista, que detalló cómo el presidente venezolano solicitó ayuda con la Guyana: “Acepto el avión si me ayudas con Guyana. Así de transaccional, así de burdo”.

El papel de la izquierda revolucionaria y el ascenso de Milei

John Lee Anderson defiende que la izquierda latinoamericana “tiene que mirarse al espejo” y que, en muchos países, la revolución “ha sido apenas una revolución autoproclamada”. “Conocí a Chávez y tenía algunas ideas revolucionarias al principio. Nicaragua es como un South Park meets los Ceaucescu y Cuba pues ya no puede sostenerse”, detalla el periodista, que recuerda el éxodo de entre el 10 y el 20% de la población cubana de la isla en los últimos dos años y medio o la migración venezolana.

“La izquierda con retórica revolucionaria ha fracasado”, sostiene Anderson, quien insiste en que “utilizan las consignas revolucionarias para legitimarse, para legitimar su presencia en el poder e insistir en un poder coercitivo en el que nadie más participa porque la revolución es sagrada”.

El periodista estadounidense recuerda que hay “otras izquierdas un poco rebuscadas” en referencia a la izquierda mexicana (“ni chicha, ni limoná”), o la izquierda “pragmática” de Lula da Silva en Brasil, a quien defiende como alguien con formación e instintos de izquierda humanistas, pero con un problema: “Tiene un país dividido como EEUU y las fuerzas armadas en contra”.

Frente a la situación que describe en la izquierda revolucionaria, Anderson opina que, hasta que no se pare a reflexionar, no va a poder replantearse y tener respuestas a las vicisitudes de sus pueblos para hacer frente a los “cantos de sirena” de los “nuevos rebeldes”, a quienes define como “gentes de derechas reaccionarias” que ostentan “el dinamismo del momento”. “Ellos son los que inspiran y alientan a los jóvenes. Y eso es un desafío que tienen actualmente en la izquierda, no solamente en América Latina”, insiste el escritor en referencia al presidente argentino, Javier Milei.

Elon Musk y su nuevo papel como miembro del gobierno de EEUU

Jon Lee Anderson ha reconocido que pensaba que Elon Musk “tenía demasiado poder” antes de hacerse con la propiedad de la red social Twitter (ahora X), ha calificado al magnate sudafricano de “hombre desaforado” y ha dicho que a partir de su vínculo con Donald Trump “se convierte casi en copresidente”.

Sobre la deriva de la red social, el periodista pide “ver lo que ha hecho” Musk desde que asumió el control: “Invitó de vuelta a la peor calaña”, aseguró, y detalló la vuelta de personajes como el “misógino” Andrew Tate, el teórico de la conspiración Alex Jones o el racista británico Tommy Robinson.

“Fueron expulsados por propagar mensajes de odio en Twitter y los ha traído de vuelta en aras de la libertad de expresión”, ironizaba Anderson, que recordó que “el pueblo no se encarga de nada en las redes sociales” y que “no solo los ha traído de vuelta” sino que “los ha hecho ricos” vale todo y que el pueblo se encargara de separar el trigo del maíz (de la paja). El pueblo no se encarga de nada en las redes sociales.

Vitoria ha inaugurado este martes la segunda cumbre internacional sobre víctimas del terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) bajo fuertes medidas de seguridad y con la presencia del jefe del Estado, el rey Felipe VI, del lehendakari, Imanol Pradales, de tres ministros del Gobierno de España y de otras autoridades. Mientras en España sobrevuela la controversia por la reforma legislativa para que computen las penas de cárcel cumplidas en otros países de la Unión Europea, lo que implicaría excarcelaciones más rápidas de una cuarentena de presos de ETA y ha soliviantado a asociaciones como Covite o la AVT, los discursos tanto del monarca como del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han girado en torno a la “unidad” y la “unanimidad” que siempre han presidido las políticas en relación a las víctimas. Ha sido la vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villerruel, la que ha introducido de lleno el asunto al acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el que Argentina tiene rotas las relaciones diplomáticas, de otorgar beneficios a “etarras”.

El motivo de la elección de la capital vasca para un inusual foro internacional es que acoge el Memorial del Gobierno de España, inaugurado en 2021 y que homenajea a todos los asesinados y heridos en España -o españoles en el extranjero- por la acción de ETA, de los GAL, de los GRAPO, del yihadismo o de otras organizaciones. La primera cumbre tuvo lugar en 2022 en Nueva York, otra ciudad con un importante Memorial dedicado a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Felipe VI, que ha llegado con un ligero retraso, ha sido recibido por una nube de fotógrafos y camarógrafos; a los redactores, en cambio, se les ha impedido incluso asomarse a las barandillas para ver los detalles con los que rellenar sus crónicas. Ha estado en todo momento escoltado por Pradales, a quien ya conoció en julio nada más ser nombrado para el cargo en una audiencia en Madrid. Una víctima del terrorismo procedente de Australia le ha regalado una reverencia.

En su parlamento, el jefe del Estado, ha combinado el inglés con el castellano, aunque ha realizado algunos saludos también en euskera. Ha destacado que la normativa española de protección de las víctimas del terrorismo, de 2011, fue aprobado por “unanimidad” en las Cortes Generales. Ha apuntado igualmente que España impulsó en 2018 un programa mundial de apoyo a este colectivo y en 2019 otro foro similar que copreside con Irak. “Proteger” sus “derechos” y “necesidades” es una cuestión “prioritaria” para el Estado, ha señalado Felipe VI. “Asistir y proteger a las víctimas es un reto constante”, ha manifestado también. Ha destacado, finalmente, la importancia de introducir los testimonios de las víctimas en las aulas. Ha felicitado en inglés a los familiares de asesinados o supervivientes presentes por sus “poderosas y conmovedoras” palabras y por su “bravura y dignidad”. Y, significativamente, ha finalizado con una apelación a “permanecer unidos en esa lucha permanente contra el terrorismo” y “contra las ideas que lo alimentan”. “[Hay que] Permanecer también juntos luchando a favor de las víctimas, de los que más han sufrido esta lacra que nos azota”, ha señalado.

El ministro del Interior, de su lado, no ha mencionado en ningún momento la polémica. Muy al contrario, Grande-Marlaska ha insistido en “reafirmar” el “respeto a la dignidad” de las víctimas, que constituyen una “referencia ética y moral”. Y ha apelado igualmente al consenso pleno que suscitó la ley de 2011. “Las víctimas son, sois, el símbolo de nuestra defensa de la paz”, ha agregado tras cuantificar en 1.400 los asesinados en España desde 1960 y en 5.000 los heridos en ese mismo período. Asimismo, ha apostado por continuar llevan el “testimonio cívico y ejemplar” de este colectivo a las aulas para que los jóvenes conozca la historia de primera mano y se logre una “neutralización de toda narrativa terrorista”. Por su parte, el titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha arrancado su intervención con un recuerdo a dos españoles asesinados el 7 de octubre de 2023 en Israel como consecuencia de los ataques de Hamás. Uno de ellos, Ivan Illarramendi, era vasco. Ha destacado también el compromiso de España con el “multilateralismo”.

La ikurriña que ha aparecido en el escenario

Pradales ha dado la bienvenida a los asistentes a Euskadi. En el auditorio María de Maeztu, donde se han pronunciado los discursos, únicamente ondeaban la bandera de España y la de la ONU hasta estos discursos institucionales, cuando ha aparecido también una ikurriña. “For those who visit us, be welcome to the Basque Country, Euskadi. I really hope you enjoy your visit at our country”, ha saludado en inglés el lehendakari. Los dantzariak que han realizado el aurresku de honor también han dado la bienvenida a los presentes a “Euskal Herria” y han contado en inglés y francés que ese baile es una de las esencias de la cultura local. El jefe del Estado ha sido el primer del público que se ha puesto en pie para ver el baile.

En su intervención, ya en castellano, Pradales ha contado dos vivencias personales relacionadas con el terrorismo. Ha señalado que el ertzaina asesinado por ETA en Hernani Iñaki Totorika fue su “compañero de estudios, patio y vivencias”. También que en su familia siempre se ha recordado el atentado del bar Aldana de Alonsotegi, cometido por una organización llamada GAE.

“En todos ellos un mismo denominador común: el uso de la violencia para acabar con quien no piensa igual. Bombas para combatir ideas. Y una segunda coincidencia: personas que amparan, apoyan y, en algunos casos, financian esta estrategia de violencia y terror. En relación con el terrorismo y la violencia existe el deber de reconocer el daño causado, de pedir perdón, de condenar aquello que nunca debió ocurrir y de asumir responsabilidades. Nuestra prioridad en Euskadi es avanzar en un modelo de convivencia [...]. No podemos olvidar, como tampoco permitir, la construcción de un relato sesgado. Por justicia hacia los que sufrieron la lacra del terror y porque no pueden volver a repetirse hechos similares. El olvido es una forma de injusticia y, la falta de información y formación permitirá la asunción por las nuevas generaciones de ideologías totalitarias y su falta de compromiso con el sistema democrático”, ha manifestado Pradales.

Ante un auditorio en el que había representación de colectivos de víctimas de España y de otros países -dos de ellas eran Consuelo Ordóñez de Covite y Maite Araluce de la AVT, que sí han criticado duramente el asunto de la reforma del cómputo de penas- el lehendakari ha querido “ensalzar” a este colectivo “tan injustamente silenciado durante demasiados años”. “Han sido condenadas, en muchas ocasiones al ostracismo, cuando no a la discriminación. Aplaudimos y agradecemos de corazón su contribución a la paz. Su generosidad ha sido y es enorme. Son, sois, un ejemplo que compartir con el mundo”, ha concluido.

El “excelente trabajo” del Memorial de Vitoria

Horas antes, por la mañana, el discurso de apertura lo ha pronunciado la alcaldesa, Maider Etxebarria, que ha intervenido en castellano, inglés y francés y que ha saludado igualmente en euskera, idioma que “no es una de las lenguas oficiales de la ONU”. La regidora ha señalado que “durante seis décadas” el terrorismo ha causado en Vitoria, en Euskadi y en España “muerte, extorsión, amenazas, espanto y familias rotas” y ha señalado “especialmente” a ETA y a su entorno. En inglés, ha remarcado el “excelente trabajo” del Memorial y se ha mostrado “segura” que esta tarea ha persuadido al Gobierno de España y a la ONU para traer la cumbre sobre terrorismo a Vitoria. Etxebarria ha finalizado pidiendo centralidad para las víctimas. “Colaboremos para construir un dique contra la intolerancia y el terror”, ha solemnizado.

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, la socialista, María Jesús San José, que ha llegado al cargo con la intención de matizar algunas políticas previas realizadas por el PNV, también ha tenido una intervención. Ha asegurado que Euskadi ha vivido “medio siglo” condicionado por “miedo, amenazas y asesinatos”. Es “una marca que tardará generaciones en desaparecer”. La consejera ha mencionado también la “lacra” que supusieron los “abusos y torturas” que se produjeron en el marco de la lucha contra ETA. Sobre las políticas de víctimas, San José ha demandado “salvaguardar su derecho a una reparación justa del sufrimiento vivido y no limitar su papel al de un receptor pasivo”. Toca “escucharlas e integrarlas como palanca de todas las políticas que les conciernen”, ha manifestado.

Han seguido el foro desde el público la ministra Elma Saiz, los máximos mandos en Euskadi de Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas y Ertzaintza, todos ellos uniformados y ocupando toda una línea del graderío. También se han desplazado a Vitoria el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, la presidenta de Navarra, María Chivite, o su consejera Ana Ollo. No han faltado la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el titular del Ararteko, Manuel Lezertua, su homóloga en las Juntas Generales, Irma Basterra, el consejero vasco Bingen Zupiria, el director de Gogora, Alberto Alonso, la fiscal-jefe local, Carmen Cotelo, la presidenta de la Audiencia Provincial, Mercedes Guerrero, o el diputado general de Álava, Ramiro González.

Los invitados extranjeros

El maestro de ceremonias ha sido Susheen Gupta, canadiense. Cuando tenía 12 años su madre fue asesinada en un atentado contra un vuelo de Air India que cayó al océano. Entre los invitados había mandatarios extranjeros como la ultraderechista Victoria Eugenia Villarruel, vicepresidenta de la República de Argentina y 'número dos' de Javier Miléi, que ha aprovechado la tribuna para cargar contra el Gobierno anfitrión en su propia casa. Previamente se había reunido con el presidente del Congreso, Pedro Rollán, en un contexto de ruptura de relaciones entre España y su país. En el tramo de los discursos, ha quedado encajonada en el público entre la ministra Saiz y e Pradales.

Han tomado la palabraen esta cumbre igualmente Javier Martínez-Acha, ministro de Exteriores de Panamá, Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de la Cuba comunista -que ha acusado a Estados Unidos de financiar ataques terroristas por todo el mundo-, Péter Sztáray, secretario de Estado de Seguridad de la Hungría de Viktor Orban o Salih Hussain Ali, embajador de Irak en España. Había también diplomáticos o cargos de Turquía, Australia, Bangladesh, la República Popular de China, India, Pakistán, Eslovenia, Arabia Saudí, Francia, Armenia o Andorra. La ONU ha estado representada, entre otros, por el exministro Miguel Ángel Moratinos, ahora alto representante para la Alianza de Civilizaciones, y por el subsecretario general, el ruso Vladimir Voronkov, que ha intervenido por videoconferencia.

Una de las imágenes de la jornada la han ofrecido los cajones repletos de pasaportes de diferentes colores que los asistentes entregaban para recibir los aparatos de traducción instantánea. Para que ese sistema funcionara a la perfección, en una planta superior del auditorio de María de Maeztu había dispuestas cinco cabinas, tantas como idiomas oficiales de la ONU, que son el inglés, el francés, el ruso, el árabe y el chino. Para cada idioma había dos intérpretes ayudados por consolas para hacer al instante el cambio de idioma. Junto al control del evento había un sexto equipo para el servicio en castellano. Un responsable de ese equipo, que a la hora de comer apenas había tocado los bocadillos de embutido que les han entregado, explicaba que no había un mecanismo específico para las intervenciones en el otro idioma oficial local, el euskera, empleado por ejemplo por Pradales y por la alcaldesa.

El evento político más internacional de Vitoria

Fuentes del Ayuntamiento de Vitoria recalcan con satisfacción que es el evento con mayor proyección política internacional de la historia de Vitoria. En total, han sido 480 los acreditados, una cifra no excesivamente alta, pero sí de un gran peso diplomático. El evento ha tenido lugar en el palacio de congresos Europa, ubicado en la avenida de Gasteiz. Desde días atrás, eran bien visibles las reforzadas medidas de seguridad.

De modo excepcional, agentes uniformados de la Policía Nacional han colaborado con la Ertzaintza en esta misión. Este cuerpo del Estado, habitualmente limitado en sus competencias, ha desplegado unidades caninas -que han revisado incluso la sala de prensa y los hoteles que acogen a los invitados-, ha colocado escáneres para revisar todos y cada uno de los equipos informáticos y ha desplegado francotiradores en las azoteas. Fuentes policiales indican que incluso se ha desplazado un equipo de la unidad de elite conocida como GEO.

La Policía local de Vitoria ha colaborado en el dispositivo especial aunque ha generado el enfado de quienes habían aparcado correctamente sus bicicletas y las han visto retiradas de sopetón. La cumbre ha causado algunas alteraciones en el tráfico rodado o en el transporte público. Según ha informado Radio Euskadi, hacia las 11.00 horas la Policía ha cortado el servicio de tranvía por una supuesta amenaza representada por una bicicleta abandonada que ha resultado ser una falsa alarma.

Varios empresarios de la presunta trama del 'caso Azud' crearon sociedades pantalla en Panamá. Uno de ellos a través del despacho Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Se trata de un bufete situado en el epicentro de la filtración masiva de los 'papeles de Panamá' y que aparece vinculado a numerosos escándalos de corrupción en todo el mundo, entre ellos el 'caso Odebrecht'. La firma, fundada en 1985 y “comprometida con el cumplimiento de las regulaciones para la prevención del lavado de activos”, según afirma su pagina web, creó la sociedad Endinboro Investments SA, una empresa clave en la investigación del 'caso Azud' para tirar del hilo de los supuestos pagos de comisiones a expolíticos del PP valenciano. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó dos millones de documentos confidenciales relativos al bufete, entre cuyos socios figuraba el excanciller panameño Alejandro Ferrer. La filtración masiva incluía más de 14.000 entidades 'offshore' (extraterritoriales) en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creadas por Alcogal en nombre de más de 15.000 clientes. Uno de ellos era el promotor Miguel Montoro, según la documentación del sumario a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Las pesquisas del 'caso Azud', que investiga los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros, detectaron el supuesto pago de una comisión de un millón de euros al ex vicealcalde de València Alfonso Grau. Así, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó, mediante comisiones rogatorias cursadas por la jueza instructora y la Fiscalía Anticorrupción a las autoridades panameñas, la documentación en manos del despacho de abogados relativa a la sociedad Endinboro Investments SA. Los investigadores buscaban la titularidad real de las acciones y el listado de cuentas bancarias “en diferentes jurisdicciones, nacionales e internacionales”, así como los correos electrónicos o la correspondencia con el cliente real.

El requerimiento al conocido despacho se hizo a través de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de la República de Panamá. La respuesta del despacho, firmada por el socio Raul Zúñiga Brid, desveló que el cliente de la sociedad Endinboro Investments SA era el fallecido empresario Miguel Montoro, cuya hija Mónica figura como investigada en el 'caso Azud'. La constitución de la empresa fue solicitada mediante correo electrónico por un cliente profesional de Alemán, Cordero, Galindo & Lee con sede en Suiza: Apex International Consulting SA.

En una reunión de más de dos horas con el Fiscal Superior de Asuntos Internacionales de la República de Panamá, celebrada el 11 de abril de 2022, la comisión judicial española —formada por la jueza instructora, Pepa Tarodo; el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce; un agente de la UCO, y un Letrado de la Administración de Justicia— obtuvo la carpeta del expediente con la valiosa documentación para la continuación de las pesquisas, incluida la escritura notarial de inscripción de la sociedad y el Documento Nacional de Identidad de Miguel Montoro en manos del despacho panameño. El mismo fiscal ya viajó a Panamá en el marco del 'caso Erial' para seguir el rastro de la estructura 'offshore' creada por otro conocido despacho del país centroamericano —Soberón y Asociado— y atribuida al exministro del PP Eduardo Zaplana, actualmente pendiente de la sentencia del juicio del 'caso Erial'.

La firma Endinboro Investments SA, constituida el 26 de julio de 2004 con un capital de 10.000 dólares, contaba con tres directores panameños: el presidente Edgardo Eloy Díaz, la secretaria María Villarino y la tesorera Myrna de Navarro. Los dos primeros poseían una acción de la sociedad cada uno. El abogado y diplomático Jaime Eduardo Alemán, socio del despacho y embajador de Panamá en Estados Unidos entre 2009 y 2011, ejercía como agente registrado de Endinboro Investments SA.

Miguel Montoro no fue el único empresario vinculado a la trama del 'caso Azud' con una sociedad en Panamá. La comisión rogatoria española también solicitó al bufete De Obaldía & García Paredes información sobre la sociedad Construcciones Tritom SA, creada en 1994 con un capital de 10.000 dólares y en cuyos órganos de dirección figuraba el empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados en la causa.

“Desde finales del año 1996 dejamos de tener comunicación con los representantes y personas de contacto de esta sociedad, la relación profesional (...) fue terminada de facto y la misma fue catalogada como inactiva en nuestro sistema, a partir de 1999, en cumplimiento de las normativas que regulan los agentes residentes”, reza el documento “confidencial” del despacho.

Por su parte, los datos del despacho Alemán, Cordero, Galindo & Lee sobre la firma Endinboro Investments SA permitieron a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción localizar el dinero de las cuentas en Suiza y Mónaco del empresario.

La investigación ha revelado que otra empresa panameña de Miguel Montoro —Jagat Inc.— abrió una cuenta en Suiza en la que, además del empresario, el exconseller del PP Rafael Blasco, condenado por el desvío de los fondos de la cooperación valenciana, figuraba como autorizado (en la documentación consta su firma y su DNI). El expolítico del PP aparece vinculado a un pago de 600.000 euros, tal como informó este diario. La documentación de la Banque Pasche, actualmente denominada Banque Havilland, indica que Montero y Blasco mantenían “negocios en común”.

El promotor inmobiliario sacó casi 180.000 euros, en billetes de 500 euros, de una de las cuentas monegascas que poseía en la entidad Edmond de Rothschild. Cuando Rafael Blasco fue imputado en la causa del desvío de los fondos de la cooperación valenciana, el empresario finiquitó su estructura 'offshore' en Panamá, Suiza y Mónaco.

El 24 de septiembre de 2013, la empresa pantalla en Panamá, dedicada según su objeto social a “cualquier negocio lícito”, fue disuelta. Tres días después —el 27 de septiembre— cerró su cuenta helvética. Y el 11 de octubre canceló la cuenta en Mónaco.

Precisamente en aquella época, Rafael Blasco apareció en unas llamativas fotografías hablando por teléfono en una cabina pública.

Dos hombres han sido detenidos como presuntos autores de la muerte de la joven vizcaína Eneritz Argintxona Fraile, hallada sin vida en Isla Carenero (Panamá) el pasado 26 de julio, según ha informado la Procuraduría General de la Nación. Se trata de un varón de 39 años y conocido por el alias 'Leche', y otro varón de 20 años de edad, que ha sido arrestado en Isla Carenero, donde apareció el cuerpo sin vida de la joven.

La sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía de Bocas del Toro ha ordenado la aprehensión de estos hombres sospechosos del crimen de la joven vasca y serán llevado en las próximas horas ante un juez de garantías.

La Fiscalía de Panamá confirmó el martes 30 de julio la muerte de la española, que desapareció una semana antes en la isla Colón, de la provincia panameña de Bocas del Toro, días después de hallar su cuerpo sin vida en Isla Carenero. Según indicó la necropsia que se le practicó al cuerpo, la joven originaria de Erandio (Bizkaia) falleció como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

El funeral de la joven se celebrará este jueves, a las 18.00 horas, en la parroquia Andra Mari de la localidad vizcaína de Erandio, su municipio natal.

Quirón Prevención, principal pagadora de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tiene un antecedente muy reciente de prácticas corruptas para obtener contratos públicos en Panamá. Una filial de la división de Riesgos Laborales del gigante sanitario en ese país centroamericano, Previene Panamá, fue inhabilitada en 2021 durante diez años como contratista de la Autoridad del Canal de Panamá por prácticas irregulares para obtener adjudicaciones.

La decisión de “inhabilitar y excluir” a Previene Panamá para “participar en contratos con la Autoridad del Canal de Panamá” consta en una resolución dictada el 10 de marzo de 2021. Se aplicó también a la directiva de Quirón Julia Gutiérrez, que desde 2017 es la gerente en Latinoamérica de Quirón Prevención. El veto, con una duración “de ciento veinte (120) meses, contados a partir del 11 de enero de 2021”, se impuso al amparo de dos preceptos del artículo 182 del Reglamento de Contrataciones del organismo que son causa de inhabilitación para los contratistas del Canal.

El primero, la “comisión de cualquier acto que indique falta en los negocios o falta de honestidad en las actuaciones con la Autoridad”. El segundo, la “utilización de cualquier empleado de la Autoridad o miembro de la Junta Directiva como agente o intermediario con el propósito de obtener un contrato con la Autoridad”.

Prácticas que apuntan a un posible soborno de personal o directivos del Canal. Fuentes de Quirón no han querido dar ningún detalle sobre el caso. La Autoridad del Canal de Panamá no ha respondido las peticiones de información de elDiario.es

Esa entidad es una de las mayores empresas públicas de Panamá, con más de 8.500 empleados y una aportación directa e indirecta del 4,5% del PIB de ese país en 2023. El año pasado entregó al Tesoro panameño más de 4.600 millones de euros, pese a los efectos del cambio climático en sus operaciones. Solo en 2023, la autoridad destinó 125 millones de euros a la partida de “Contratos de servicios y honorarios”, según su última memoria anual.

Previene Panamá es una de las noventa empresas y profesionales que actualmente aparecen inhabilitadas en la web de la entidad. Esa empresa panameña figura en el último informe de filiales y asociadas que el gigante alemán Fresenius (dueño de Quirón) publicó el pasado 14 de marzo. Sus acciones no cuelgan directamente de la española Quirón Prevención. Pertenecen a Quironprevención Argentina SA, de la que la división de Riesgos Laborales del gigante sanitario tiene el 95% del capital.

Fuentes de Quirón indican que Previene Panamá emitió su última factura en 2023: la filial “se cierra en febrero de 2024 porque se pasa toda la actividad” a otra empresa bajo la marca Quironprevención Panamá, explican. Según el Registro panameño, se disolvió en una junta extraordinaria celebrada el pasado 2 de febrero. Ese día González Amador confesó por escrito a través de su abogado que “ciertamente” había cometido dos delitos fiscales, semanas antes de que elDiario.es destapase que defraudó 350.951 euros con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. 

En la versión inglesa de la web de Quirón Prevención todavía hay un apartado dedicado a Previene Panamá. “Con la experiencia adquirida en los trabajos realizados durante las obras de ampliación del Canal, nuestra filial se ha hecho cada vez más visible y consolidada en el país, y ha colaborado en la implantación y mantenimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo de nuestros clientes”.

En la versión española no se menciona ya esa actividad ni a esa filial ya disuelta, que administraron, además de la inhabilitada directiva Julia Gutiérrez, otros cargos de Quirón como Juan Luis Porta, actual director del Área de Desarrollo de Proyectos de Quirón Prevención, y que entre 2014 y 2016 fue delegado en Panamá de Fremap, y Luis Iglesias, que fue director de Expansión de Quirón y responsable de la actividad internacional entre 2017 y julio de 2021. Actualmente es director del Área de Gestión de Absentismo en Quirón Prevención. 

Fuentes de Quirón recalcan que Alberto González Amador “no tiene nada que ver en esta empresa” de Panamá. En este paraíso fiscal la pareja de Ayuso tuvo hasta 2022, cuando ya había defraudado a Hacienda, una sociedad que creó en 2013 Fernando Camino, el máximo responsable de Quirón Prevención. 

A este ejecutivo la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid le compró a finales de 2020 por medio millón de euros una empresa que no facturaba ni 30.000 euros y estaba a nombre de la mujer del ejecutivo de Quirón, una farmacéutica de León.

González Amador acordó esa transacción poco después de dar un pelotazo de 2 millones de euros por intermediar en lo peor de la pandemia en la venta de mascarillas para una firma gallega, Mape, de la que Camino ya era entonces consejero. El PSOE y Más Madrid han pedido a la jueza que investiga a González Amador por sus delitos fiscales que indague en esta operación, en el escrito en el que reclama ampliar las pesquisas a cinco nuevos delitos.

La empresa en Panamá que administraron González Amador y Fernando Camino, Insumos Médicos del Pacífico, es ajena al grupo sanitario. La presidió otro empresario español, Juan Carlos González Pérez, que fue contratista del Gobierno en la etapa de Mariano Rajoy. González Amador administró con él otra sociedad en Panamá hasta 2018 y le facturó trabajos de “consultoría” en 2020, cuando empezó a defraudar a Hacienda.

Insumos Médicos del Pacífico estuvo años inactiva por no pagar las tasas que cobra la administración panameña. Llegó a ser incluida en 2017 en el listado de empresas inhabilitadas por estar en situación de “morosidad” durante tres años consecutivos. Pero se reactivó el 5 de mayo de 2022, un día después de protocolizarse su acta de disolución. El encargado de disolverla fue el español César Nieto, socio de González Amador en dos sociedades creadas tras su fraude fiscal: una empresa de apartamentos turísticos en Madrid y otra en Florida (Estados Unidos) que constituyeron en octubre de 2022 y que aparentemente está relacionada con negocios inmobiliarios allí.

También en Florida (en Miami) Quirón constituyó en julio de 2022 una filial que administra la directiva de Quirón inhabilitada por el Canal de Panamá, Julia Gutiérrez. Su presidente es Fernando Camino y su vicepresidente es el director de Grandes Cuentas de Quirón, Emilio Conde. Conde es la persona a la que en octubre de 2021 y enero de 2022 González Amador giró sendas facturas por importes de 327.320 euros y 336.000 euros, más IVA, a través de la empresa pantalla que la pareja de Ayuso compró a Camino, Masterman & Whitaker, y que utilizó para canalizar parte de su fraude a Hacienda.

“Expansión en Latinoamérica”

Esos pagos de Quirón a González Amador correspondieron a labores de consultoría que le encargó tras iniciar su relación con Díaz Ayuso por “trabajos relativos a la expansión en Latinoamérica” del grupo y para la obtención de un sello internacional de calidad para la Fundación Jiménez Díaz. Este centro es su hospital más importante en la Comunidad de Madrid, emblema de la pata principal de los negocios de Fresenius en España.

Previene Panamá fue creada en julio de 2012 por la sociedad de prevención Fremap, adquirida en 2015 por Quirón. El grupo, que entonces se llamaba IDC-Quirón y pertenecía al gigante del capital riesgo CVC, adquirió entonces varias sociedades de prevención de las mutuas de Trabajo aprovechando una norma del gobierno del PP que obligó a esas entidades a venderlas.

Entre ellas, Frater Prevención, que entonces dirigía Fernando Camino, el elegido como máximo responsable de Quirón Prevención. La marca fue presentada hace ahora siete años, como resultado de la integración de las cuatro sociedades líderes en el sector que ya formaban parte del grupo: Premap, Fraterprevención, Unipresalud y MC Prevención.

Fernando Camino nunca ocupó cargos en el directorio de Previene Panamá. El máximo responsable de Quirón Prevención, que en 2023 pulverizó su récord de beneficios, sí figura como director de otra filial de Quirón también constituida en ese país en 2012, una sucursal de la sociedad de prevención de Muprespa, adquirida por Quirón en 2015 y que también ha recibido contratos de la Administración panameña.

La relación entre Fernando Camino y González Amador se remonta a hace al menos una década, aunque los pagos de Quirón al antiguo “técnico sanitario” se multiplicaron por cuatro al iniciarse su relación con la presidenta madrileña.

Esa relación se extiende al ático de lujo en Chamberí del que disfrutan Ayuso y su pareja, adicional al que González Amador compró en el mismo edificio tras el pelotazo de las mascarillas y su fraude a Hacienda. La pareja disfruta de ese segundo piso, del que Ayuso nunca ha dado explicaciones, adquirido en julio de 2023 por Babia Capital SL, empresa cuyo principal propietario es Jorge Carlos Pablos Alonso, empresario hostelero de León, ciudad donde residen Fernando Camino y su esposa.

El administrador de Babia Capital desde mayo de 2022 es Javier Luis Gómez Fidalgo, el fiscalista que representó a González Amador cuando empezó la investigación de la Agencia Tributaria. Ese abogado tiene también como cliente a Camino. Su despacho está en León. En esa provincia, en Ponferrada, está la asesora que le llevaba a González Amador las cuentas de su empresa cuando empezó a defraudar a Hacienda, Blanca López Crespo.