La pareja de Ayuso compró el piso en el que viven e invirtió en viviendas turísticas tras el fraude a Hacienda
El empresario Alberto González Amador diversificó sus compras e inversiones tras presentar 15 facturas falsas y dejar de declarar a Hacienda 1,7 millones de euros en beneficios. Su principal apuesta fue el piso que comparte con su pareja, Isabel Díaz Ayuso, para el que habría desembolsado de una vez alrededor de 700.000 euros. Solo consta que González Amador firmó una hipoteca de 500.000 euros y que la vivienda, de 176 metros cuadrados, rondaría los 1,2 millones de euros.
El imparable ascenso empresarial de González Amador desde 2018 se explica en sus contratos con el Grupo Quirón, principal beneficiario del sistema de privatización de la sanidad por la Comunidad de Madrid, y por haberse embolsado 2 millones de euros de comisión por haber intermediado en una operación entre dos empresas españolas para la compra-venta de mascarillas durante la pandemia.
Pese que en aquel ejercicio de 2020, González Amador multiplicó por seis la facturación de su sociedad, el empresario pagó la mitad de impuestos que por el ejercicio anterior. Cuando mintió en su declaración ante el Ministerio de Hacienda, realizada en 2021, ya había comenzado su relación con Isabel Díaz Ayuso.
El piso de Chamberí fue adquirido a principios de 2022 pero por razones sin aclarar no fue escriturado hasta julio de ese año. El mes anterior, la presidenta Isabel Díaz Ayuso declaró que le hacía ilusión comprarse una vivienda, pero que los precios de Madrid lo hacían imposible. Un año después, el pasado verano, Díaz Ayuso ya estaba instalada junto a su novio en el que había sido su distrito de siempre, uno de los más cotizados de la capital.
elDiario.es reveló la pasada semana que Alberto González e Isabel Díaz Ayuso disfrutan de un segundo inmueble justo encima del que compró a su nombre el empresario. Es un ático de 186 metros cuadrados que está a nombre de una sociedad en la que figura como administrador el abogado que representó a González Amador durante la inspección de la Agencia Tributaria. Ni la Comunidad de Madrid ni el empresario aclaran cuánto paga la pareja, si es que paga algo, o quién es el verdadero propietario del ático.
Alberto González Amador puso el foco en el barrio de Usera, en el sur de Madrid, con la creación de una empresa de alojamiento turístico, October Twelve Accommodation SL, el 17 de marzo de 2022. Junto a otro empresario, César Nieto, la sociedad contó con un capital de partida de 210.000 euros, al 40% cada uno.
En el Registro de la Propiedad, la sociedad, cuyo nombre se traduce como Alojamiento Doce de Octubre (en español), figura en el Registro de la Propiedad como dueña de dos locales comerciales en el barrio de Usera. Los dos locales fueron adquiridos al mes siguiente de crearse October Twelve, el 28 de abril de 2022, y sobre ellos no pesa ninguna hipoteca.
La empresa que centra la investigación de Hacienda y de la Fiscalía de Madrid es Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad Para el Fomento Del Medioambiente SL. En 2017, cuando la adquirió, González Amador facturó con ella 8.045 euros. Al año siguiente se produjo un incremento notable, hasta los 287.000 euros. En esa línea ascendente continuó en 2018, cuando multiplicó los contratos de asesoría en el sector sanitario, entre ellos con el Grupo Quirón. El ejercicio de 2020 hubiera sido similar en ingresos si no se hubiese producido la comisión de los dos millones de euros, que disparó su facturación hasta los 2,3 millones en el peor año de la pandemia. En 2021 continuó la racha y Maxwell Cremona SL facturó 1,3 millones.
Sin embargo, la compañía no declaró beneficios relevantes hasta 2022, cuando presentó unas ganancias de casi 1,9 millones, frente a los exiguos beneficios declarados en 2021, de solo 27.833,22 euros.
La Agencia Tributaria se fijó en Maxwell Cremona SL porque, pese al brutal incremento de su facturación en 2020 (cuando se multiplicó por más de seis respecto a 2019), la sociedad solo declaró beneficios por 8.400 euros. El argumento eran los gastos que había tenido con terceros. Al indagar en los mismos, Hacienda descubrió 15 facturas falsas. Una de ellas, referida al ejercicio 2020, de 922.585,63 euros. La segunda en importancia fue de 2021 y asciende a 620.000 euros. El fraude fiscal, según los cálculos de la AEAT, suma entre los dos ejercicios 350.951 euros.
Tras la compra del piso llegó la creación de una sociedad en Florida (Estados Unidos) en octubre de 2022, cuando la Agencia Tributaria ya le investigaba por defraudar 350.951 euros con facturas falsas. Según el registro mercantil del Estado de Florida, la empresa Burnet & Brown Investments Llc fue inscrita el 25 de octubre de 2022 y está radicada en Boca Ratón (Palm Beach), una ciudad de la costa suroriental de Florida, muy cerca de Miami, conocida por sus campos de golf, parques y playas.
Dinero para invertir en el negocio inmobiliario
El Registro de Florida no refleja a qué se dedica la sociedad. González Amador la administra junto a César Nieto, su socio en esa empresa de apartamentos turísticos en Usera. César Nieto fue también el encargado de liquidar en 2022 una sociedad panameña que administró la pareja de Ayuso y que fue creada por un directivo de Quirón.
Un informe de inteligencia financiera sobre Burnet & Brown apunta a que la empresa tuvo una importante facturación al poco de crearse. La fuente es la base de datos Orbis, una herramienta de la prestigiosa agencia de calificación de riesgos Moody´s que recopila información financiera de más de 489 millones de empresas en todo el mundo. Orbis atribuye a Burnet & Brown unos ingresos anuales de 620.000 dólares para el ejercicio 2022, según un informe al que ha tenido acceso elDiario.es. La cifra, no obstante, no deja de ser una estimación, ya que en Estados Unidos las cuentas de las empresas no son públicas salvo que coticen en bolsa y Orbis elabora sus informes en base a encuestas y ratios sectoriales.
Aunque no consta su actividad hay un dato que apunta a que la empresa de Florida podría ser un modo de invertir ganancias en el sector inmobiliario. El representante de Burnet –lo que en Estados Unidos se denomina “agente residente”– es un abogado especializado en inversiones inmobiliarias, Steven Serle. Este agente inmobiliario es propietario de Corporate Title, Inc, un despacho en Boca Ratón que, según su web, “ofrece una amplia gama de servicios para facilitar el cierre fluido y exitoso de transacciones inmobiliarias en Florida”.
Corporate Title comparte sede con el domicilio de la empresa de la pareja de Ayuso, el 5820 de N. Federal Highway, Boca Ratón (Palm Beach), cerca de la marina de esta localidad de Florida. Allí está ubicada también una delegación de Re/Max, la mayor red de franquicias inmobiliarias del mundo. Su propietario desde hace 25 años es el propio Steven Serle, según explica en su perfil en LinkedIn.
En enero de 2020, antes de su explosión millonaria de ingresos, los bienes del activo empresarial de Maxwell Cremona de González Amador se reducían a un ordenador portátil y una impresora, además de la fianza de una vivienda. Un año después, el primer día de 2021, la empresa sigue teniendo el mismo portátil, la misma impresora, 3.900 euros en cortinas pero un activo más: un Porsche Panamera Turbo valorado en casi 35.000 euros.
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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
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