La pareja de Ayuso facturó trabajos durante su fraude fiscal a un socio en Panamá y contratista del PP
Muy pocos clientes y varios de ellos conectados entre sí. Alberto González Amador facturó trabajos de “consultoría” en 2020, año en que la pareja de Isabel Díaz Ayuso empezó a defraudar a Hacienda, a un empresario español con el que tenía negocios en el paraíso fiscal de Panamá y que fue contratista del Gobierno en la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa.
La relación entre González Amador y ese empresario, Juan Carlos González Pérez, consta en el informe de la Agencia Tributaria que propició la denuncia que ha acabado en la imputación de la pareja de la presidenta madrileña por cometer sendos delitos fiscales en los ejercicios 2020 y 2021.
El documento recoge que en el primero de esos ejercicios, cuando su empresa Maxwell Cremona SL multiplicó por seis sus ingresos gracias a la intermediación en la venta de material sanitario, uno de sus escasos clientes fue la española Aerofalcon SL, propiedad de Juan Carlos González Pérez.
La factura de Maxwell Cremona a Aerofalcon es de pequeño importe, 7.500 euros, y no figura entre las quince que la Agencia Tributaria consideró “falsas” para imputar a González Amador dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. Pero es relevante porque conecta a la pareja de Ayuso con el dueño de Aerofalcon, con el que administró dos empresas en Panamá. Una de ellas está vinculada a su vez con el directivo del gigante sanitario Quirón Fernando Camino y estuvo activa en pleno fraude de González Amador a Hacienda.
Aerofalcon no tiene relación con el sector sanitario, la especialidad de Alberto González Amador. Se dedica a suministrar material aeronáutico y ferroviario, aunque en julio de 2020 amplió su objeto social a actividades relacionadas con el reciclaje, recogida de residuos o “gestión de rellenos sanitarios”, entre otros. Ese fue su mejor año en cuanto a facturación, 4,6 millones. La empresa, que siempre ha declarado cifras de beneficio muy pequeñas, se declaró el pasado 6 de febrero en concurso voluntario de acreedores.
Los trabajos de Maxwell Cremona para Aerofalcon en 2020 consistieron en una factura de prestación de servicios de “mantenimiento consultoría ISO 9001-9100 y RGPD”, siglas del Reglamento General de Protección de Datos.
Por aquel entonces, el dueño y administrador único de Aerofalcon y la pareja de Ayuso figuraban en el directorio de la sociedad panameña Insumos Médicos del Pacífico. Esta empresa la creó a principios de 2013 en ese paraíso fiscal Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, el principal cliente de González Amador y una persona clave en el enriquecimiento de la pareja de Ayuso.
El dueño de Aerofalcon fue nombrado presidente de Insumos Médicos del Pacífico a finales de 2013. Unos meses después la actual pareja de Ayuso sustituyó al hoy directivo de Quirón como administrador de esa empresa panameña, en cuyo directorio figuró González Amador junto a Juan Carlos González Pérez hasta 2022, mientras estaba defraudando a Hacienda en España.
Insumos Médicos del Pacífico, de actividad desconocida, y ajena al grupo Quirón, según el gigante sanitario, estuvo años inactiva por no pagar las tasas que cobra la administración panameña a las sociedades inscritas allí. Esto implica la suspensión de esas sociedades, que no pueden inscribir ningún acto corporativo. Insumos Médicos del Pacífico fue incluida en 2017 por el Gobierno panameño en el listado de empresas inhabilitadas por estar en situación de “morosidad” durante tres años consecutivos.
Sin embargo, la firma se reactivó el 5 de mayo de 2022, un día después de protocolizarse el acta de disolución de la sociedad. “Pagó todas las tasas únicas pendientes y se requiere reactivar”, indica un documento depositado en el registro mercantil de Panamá por esas fechas. Justo después de esa “reactivación”, fue disuelta. Dejó de existir en paralelo a que la Agencia Tributaria abriera inspección a Maxwell Cremona. Esta fue notificada a González Amador el 12 de mayo de 2022.
Auxilio al chavismo del socio de González Amador
Otra empresa panameña conecta al dueño de Aerofalcon y a Alberto González Amador. Se trata de su sucursal en Panamá y su nombre es idéntico a la matriz española, Aerofalcon SL. Fue inscrita en mayo de 2017 y la pareja de Ayuso ejerció en ella como director y secretario hasta marzo de 2018.
En noviembre de 2023, como contó Infolibre, esa sucursal panameña, que preside Juan Carlos González, fue vetada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos por considerar que participó “en actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos” al “eludir supuestamente las sanciones estadounidenses y suministrar a los representantes de Maduro piezas de aviones de origen estadounidense”.
Ayuso ha acusado a la Fiscalía de actuar “a la venezolana” en el caso de fraude fiscal que su pareja ha confesado. La presidenta madrileña ha calificado el caso de conspiración de todos los poderes del Estado por ser “alguien relacionado con un adversario político”.
La española Aerofalcon, ahora en concurso, ha estado domiciliada durante años en un chalet en el distrito madrileño de Hortaleza, cerca del barrio en el que vivió González Amador antes de iniciar su relación con Ayuso. Creada en 1982, en el ejercicio 2022 facturó 4,2 millones y declaró apenas 52.000 euros de beneficio, según sus últimas cuentas presentadas, disponibles en Insight View.
La empresa fue contratista de la Administración española en la última etapa del PP en Moncloa. Entre septiembre de 2015 y marzo de 2018, Aerofalcon recibió 21 pequeños contratos de Renfe para la compra de repuestos diversos por un importe total de unos 463.000 euros.
Su propietario, que ha declinado hablar con elDiario.es, ha estado vinculado a diversas empresas con cifras pequeñas de negocio y actividades variopintas: del aeronáutico al inmobiliario, el suministro de material ferroviario, el reparto de periódicos y revistas, la energía renovable o la fabricación de ataúdes. Muchas han tenido una vida muy breve. Varias de esas sociedades nunca han presentado cuentas.
En el caso de Aerofalcon, finalmente la compañía se ha declarado este año en concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, con un pasivo de 1.710.015,48 euros. El procedimiento se instruye ante el Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid. Aerofalcon se ha acogido a la figura del concurso “sin masa”, más conocido como concurso exprés, que tiene lugar cuando la sociedad deudora es insolvente pero sus activos disponibles no pueden cubrir los créditos contra la masa que se generarían por la tramitación del procedimiento.
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