Este sábado, a las 11.00 horas, Movimiento Sumar dará el pistoletazo de salida al congreso extraordinario que sus dirigentes esperan que sirva para dejar atrás la crisis interna más grave desde la fundación del partido, en un 2023 que parece ahora muy lejano. La que será la tercera asamblea en tan solo tres años de vida de la formación se celebrará con un resultado cantado de antemano: la única lista para la dirección es la liderada por la portavoz parlamentaria Verónica Martínez y la secretaria de Estado Rosa Martínez, puesto que la exlíder, Lara Hernández, no competirá por revalidar su cargo tras dimitir la semana pasada después del archivo de su expediente interno por acoso laboral.

La asamblea extraordinaria tendrá un formato muy diferente al de las dos anteriores, puesto que Movimiento Sumar ha impuesto un formato hermético para controlar el mensaje. Los debates internos sobre el rumbo político del partido estarán vedados a la cobertura de la prensa, como suele ser habitual en los congresos de todas las formaciones. Pero, a diferencia de lo ocurrido en las asambleas de 2024 y 2025, los periodistas tampoco podrán acceder al recinto donde se celebrará el cónclave, algo vital para la labor informativa. Un portavoz de Movimiento Sumar se limitará a hacer declaraciones a las 11 de la mañana y, posteriormente, el congreso se cerrará a cal y canto hasta las 19.00 horas, cuando está previsto el mitin de cierre de Martínez y Martínez. El partido justifica esta decisión por razones de espacio del recinto.

Pese a que la asamblea se celebrará con todos los grandes debates internos resueltos, eso no implica que no existan dudas en torno a Movimiento Sumar, aunque lo cierto es que se proyectan de cara al futuro. El congreso va a ser plácido, la dirección del partido intentará escenificar unidad tras semanas de enfrentamiento público, pero no está claro cuál será el papel de la formación dentro de la coalición con Más Madrid, Comuns e IU. Es una incógnita, incluso, si hay lugar para esta organización en un espacio —el de las izquierdas de ámbito estatal— copado por IU y Podemos, especialmente cuando su principal rol, representar al sector referenciado en Yolanda Díaz, ya no existe tras la decisión de la vicepresidenta de no presentarse a las próximas elecciones y dejar la política.

Fuentes de su entorno afirman que, “seguramente”, la propia Díaz asista tan solo al mitin de cierre de la asamblea del partido que ella misma fundó en 2023, y sobre cuya guerra interna lleva varias semanas evitando pronunciarse. El año pasado, en el segundo congreso del partido —igualmente convocado de manera extraordinaria para elegir, precisamente, a los sustitutos de Díaz como líderes de Movimiento Sumar tras su dimisión de las labores orgánicas—, la fundadora ya se ausentó de la primera jornada, en la que se produjeron los debates políticos en las diferentes mesas organizadas para ello. Díaz sí estuvo presente en la segunda jornada e intervino en el mitin de cierre, algo que no hará este sábado, cuando se limitará a sentarse entre el público.

A diferencia del año pasado, la asamblea de 2026 concentrará sus actividades solo en un día, buena muestra de que todos los asuntos relevantes llegan ya cocinados y decididos. Apenas ha habido debate en relación a la renovación de las tesis políticas, cuya gran novedad es la apuesta de Movimiento Sumar por poner en marcha alianzas “coyunturales” con partidos independentistas, un guiño a un Gabriel Rufián que se encuentra en plena pugna interna con su partido, ERC, precisamente porque propone un frente de izquierdas estatales y nacionalistas de cara a las próximas generales. Tampoco hay grandes novedades a nivel organizativo, habida cuenta de que la estructura de Movimiento Sumar se reformó hace poco más de 12 meses.

El principal cambio que se ejecutará en el congreso extraordinario será de caras. Verónica Martínez y Rosa Martínez tomarán el timón del partido sin competencia, puesto que la suya ha sido la única lista que se ha presentado para liderar Movimiento Sumar. Lo harán en sustitución de una Lara Hernández que ha decidido no presentar batalla por falta de apoyos pese al archivo de su expediente interno por acoso laboral —el que ha iniciado la Inspección de Trabajo sí sigue bajo investigación—. Martínez y Martínez han tratado de calificar su lista como “de unidad”, pero se quedan fuera de ella los parlamentarios más afines a la exlíder, como es el caso de Txema Guijarro, Manuel Lago o Agustín Santos. Tampoco tendrá hueco en la nueva dirección el secretario de Estado de Empleo y número dos de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Quien sí se mantendrá en la nueva dirección de Movimiento Sumar es el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el único integrante del Consejo de Ministros que seguirá formando parte del puente de mando del partido. Urtasun, que compaginará su militancia en Movimiento Sumar con el carné de los Comuns, que sigue manteniendo, es uno de los nombres que suenan como posibles candidatos de los partidos agrupados en Sumar para las próximas elecciones generales, aunque ese proceso avanza muy lentamente y fuentes próximas al dirigente descartan que sea él quien vaya a encabezar la lista electoral. En la dirección de Movimiento Sumar, el ministro ocupaba actualmente el puesto de portavoz, aunque existen dudas de que vaya a repetir.

En la lista liderada por Verónica Martínez y Rosa Martínez también figura Roberto Buitrago, un dirigente valenciano al cual la coordinadora de Movimiento Sumar en esa comunidad, Carmen Padilla, ha denunciado internamente por “acoso moral”, tal y como publicó este jueves elDiario.es. Los delegados afines a Padilla —cercana, por su parte, al sector más próximo a Lara Hernández— en la dirección valenciana del partido, que son el sector mayoritario en la Comunitat, no acudirán este sábado a la asamblea extraordinaria que se celebrará en Madrid en protesta por el hecho de que la comisión antiacoso de Movimiento Sumar se haya “negado a abrir una investigación sobre las dinámicas misóginas y machistas” que ha denunciado la coordinadora autonómica.

No es la primera vez que la federación valenciana del partido da dolores de cabeza a la dirección estatal en los últimos meses: en su carta de renuncia, la ex secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Laura Moreno, acusó a Lara Hernández de fraude en el proceso interno que eligió a Padilla —próxima a ella— como coordinadora en la Comunitat Valenciana en detrimento del otro candidato, el crítico, que precisamente era Buitrago. Hernández defiende, por el contrario, que fue el sector crítico el que intentó manipular el censo en su favor afiliando a última hora al partido a un grupo importante de personas.

La reconfiguración del espacio

El congreso extraordinario de Movimiento Sumar tendrá lugar en un momento clave para todo el espacio a la izquierda del PSOE, que lleva meses negociando su recomposición. Las tesis políticas que saldrán ratificadas de la asamblea redobla la apuesta de la formación por conformar una alianza estable con IU, Más Madrid y los Comuns. Pero el formato de esa alianza estable está aún por definir, así como los dos asuntos capitales a ojos de la opinión pública: la nueva marca que sustituirá a Sumar y, especialmente, el candidato para las próximas elecciones generales.

Inicialmente, la idea de los cuatro partidos era tener ambos asuntos solventados para antes del parón estival de agosto, pero en las últimas semanas fuentes de todas esas formaciones han confirmado que el anuncio se retrasará hasta septiembre. El rol de Movimiento Sumar, con toda probabilidad, será mucho más reducido que el que ha tenido durante la última legislatura, en la cual el hecho de ser el partido de Yolanda Díaz le ha proporcionado un papel preeminente en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso y también en la cuota de la alianza en el Gobierno. Y parece descartado que el candidato de todo el espacio proceda de Movimiento Sumar, aunque este jueves Verónica Martínez se dejó querer en una entrevista en La Voz de Galicia, en la cual, al ser preguntada por la posibilidad de que encabezara las listas, aseguró que “siempre” estará dispuesta a lo que le “pidan”.

Lara Hernández ha dimitido de sus cargos en Movimiento Sumar tras archivarse el expediente por acoso laboral contra ella. Todo esto tras una larga crisis interna en el partido que Yolanda Díaz montó para las elecciones del 23J. En Sumar, este sábado, se enfrentan a un congreso extraordinario del que Verónica Martínez y Rosa Martínez saldrán ganadoras. Hacemos un repaso a la historia de Sumar, de su paso de plataforma electoral a partido político como Movimiento Sumar, a las distintas guerras internas… y reflexionamos en torno a que, esas disputadas, cada vez importan menos a un electorado que empieza a conocer a sus protagonistas.

Lo abordamos con el periodista de elDiario.es que sigue el día a día de la información de Sumar y de la izquierda española, Daniel Ríos.

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que las críticas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al uso de las bajas laborales son una “demonización de la clase trabajadora”. Así lo ha dicho en la conmemoración en Barcelona de los 50 años de la última asamblea clandestina de CCOO del tardofranquismo. Sordo ha afeado al líder del PP su intención de “recortar derechos de las personas enfermas” y de “irrumpir” en la negociación colectiva impidiendo que los convenios colectivos mejoren las condiciones de las bajas.

En este sentido, Sordo opina que “una parte del poder económico” en España está “preocupado” por la posibilidad de llegar a una situación de pleno empleo porque, según dice, la “capacidad de negociación y de presión de los trabajadores se incrementaría de una forma muy importante”.

En esta línea, el secretario general de CCOO ha recordado la importancia de la organización obrera y, en el marco de la conmemoración de la asamblea de Sant Medir, ha querido insistir en que fue “una intensísima galerna de huelgas” la que “derribó” al régimen franquista. “La España democrática fue producto de una lucha” de trabajadores, movimientos vecinales y estudiantiles.

Parte de esas huelgas y acciones se concibieron en la asamblea del 11 de julio de 1976 en la iglesia de Sant Medir, del barcelonés barrio de Sants, en la que se juntaron más de 600 delegados sindicales de todo el país, cuando la organización seguía siendo ilegal.

En el acto han participado también la secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López y representantes políticos como la vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz; el president de la Generalitat, Salvador Illa; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Yolanda Díaz también ha dedicado su intervención a las declaraciones de Feijóo sobre las bajas laborales y ha recordado que el absentismo laboral no tiene nada que ver con “derechos” como el que permite faltar al trabajo para estar enfermo o acogerse a una huelga. La ministra ha advertido que el PP pretende “acabar con derechos laborales de España con o sin acuerdo”.

“La peor posición de la gente progresista es la de estar quietos”, ha seguido Díaz, que ha reiterado que “la gente trabajadora no puede resignarse”. En esta línea, ha defendido la necesidad de sacar adelante nuevos acuerdos desde el Gobierno que permitan “aumentar la democracia en las empresas, reformar los despidos o resolver la deuda clave de la vivienda en el Estado español”.

Por su parte, Illa ha advertido de que en España existe un “riesgo real de involución” ante la posibilidad de una alternancia política en el Ejecutivo. En este contexto, el president ha situado a los sindicatos como unos “aliados exigentes” para diseñar e implementar cualquier política pública. También ha destacado el “compromiso” del Govern de la Generalitat con el mundo del trabajo con medidas como el aumento de presupuesto para políticas activas de empleo.

Por parte del Ayuntamiento, Collboni también ha criticado las declaraciones de Feijóo diciendo que “banaliza” y “frivoliza” con las bajas laborales, pero ha asegurado que “no es un error” del líder popular: “Es que están mostrando los dientes”, ha remachado.

Para el alcalde, “el trabajo digno sigue siendo la mejor política de igualdad” y ha alabado el papel de los sindicatos en este ámbito ante retos como el impacto de la inteligencia artificial, la transición ecológica o la “precarización” en algunos sectores.

Para este acto de conmemoración, CCOO ha reeditado en un libro los discursos que Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, históricos dirigentes de la organización, pronunciaron en la asamblea de 1976. En sus parlamentos del que fue el último encuentro clandestino del sindicato, Camacho reivindicó a “los trabajadores asesinados, encarcelados y represaliados por el fascismo, por su lucha por la libertad sindical”. Sartorius, por su parte, situó al movimiento sindical como una de las causas de la caída del gobierno de Arias Navarro.

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, no tendrá que enfrentarse a una sanción de su partido por supuesto maltrato a trabajadores y cargos de la formación. Tal y como anunció ella misma este miércoles, las seis denuncias que se interpusieron contra ella por hechos compatibles con el acoso laboral han sido retiradas por los denunciantes, por lo que el comité antiacoso que instruía el procedimiento ha emitido una resolución archivando el expediente sin entrar a analizar el fondo de la cuestión. En concreto, la resolución emitida por este órgano —independiente de la dirección del partido— establece el archivo por “falta de aportación de pruebas” y por la retirada de los denunciantes, explicó Hernández.

Pese a ello, la dirigente también anunció en una comparecencia ante los medios que ha decidido dimitir de todos sus cargos en el partido y no presentarse para revalidar su cargo de líder en el congreso extraordinario del próximo día 11, así como romper su carné de militante de Movimiento Sumar. Hernández presumió, no obstante, de “haber puesto en marcha el proyecto 'Un paso al frente'”, la alianza de izquierdas de este partido, IU, Más Madrid y los Comuns. “Y lo hicimos además con la pasión y la vocación de un futuro para nuestro país, sino con la voluntad de poner en manos de las bases el destino del nuevo espacio”, celebró la ya excoordinadora.

Hernández aseguró que su “alejamiento” de la primera línea política “no tiene nada que ver con el cansancio ni con la frustración” que le han provocado las denuncias contra ella, aunque sí admitió que la “campaña de desprestigio” que ha sufrido “ha sido brutal”. “He decidido volver a mi puesto de trabajo, profesora de Filosofía en un instituto público”, pero “tampoco ahora voy a dejar la política, alguien que milita en la izquierda nunca la deja”, zanjó la dirigente, que prometió “contribuir desde donde pueda” y desde donde se le “pida” a “la recomposición a fondo de un espacio de izquierdas”. La ya exlíder de Movimiento Sumar no quiso ofrecer más detalles de dónde continuará militando, ni tampoco de si se afiliará a otro partido.

Durante toda su comparecencia, y pese a las preguntas de la prensa al respecto, Hernández evitó criticar de manera directa a la líder del sector crítico de Movimiento Sumar, Verónica Martínez, a pesar de que el entorno de la ya excoordinadora la considera la principl muñidora de la supuesta campaña contra ella. Hernández, eso sí, se proclamó “inocente” y aseguró que “jamás” ha “acosado a nadie”. “Todos los bulos, injurias y calumnias contra mí se han demostrado falsas”, sostuvo la dirigente, que afirmó que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra estos supuestos calumniadores. Su afirmación, no obstante, no es precisa, puesto que la comisión antiacoso del partido no ha entrado a valorar el fondo de las denuncias una vez los denunciantes han decidido retirarlas.

Tampoco quiso Hernández criticar a la fundadora de Movimiento Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que desde el inicio de la batalla interna en su partido —que creó en 2023 y dejó de liderar en 2024, tras el batacazo en las elecciones europeas— se ha puesto de perfil y no se ha pronunciado sobre las acusaciones contra la coordinadora. “Yolanda decidió retirarse de la vida orgánica del partido y eso es una decisión que debemos respetar todos”, se limitó a responder Hernández al ser preguntada por la vicepresidenta. Y, sin mentarla expresamente, afirmó haberse “sentido muy acompañada por todos los compañeros del partido”. “Eso es lo que me quiero llevar”, zanjó.

Los críticos tienen el camino expedito

El archivo del procedimiento interno contra Hernández está fechado el 28 de junio, apenas dos días antes del fin del plazo para registrar candidaturas para el congreso extraordinario que celebrará Movimiento Sumar el próximo 11 de julio, en el que se renovará la cúpula del partido. La única candidatura que se ha registrado para concurrir a esta asamblea es la que encabezan la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que aúna las diferentes sensibilidades críticas con Hernández y que —una vez confirmado que ella no intentará revalidar su puesto— le arrebatará el liderazgo de la formación.

La decisión de los cargos políticos que denunciaron a Hernández de retirar sus acusaciones, realizadas en nombre de varios trabajadores supuestamente maltratados por la coordinadora, supone el punto final a un procedimiento que, cuando se hizo público, puso el foco sobre la guerra interna en Movimiento Sumar. Este enfrentamiento se había llevado con cierta discreción hasta hace unas semanas, pero la dimisión de la secretaria de Organización del partido, Laura Moreno, reveló el profundo distanciamiento entre dos sectores de la formación, especialmente a raíz de que se filtrara una carta de Moreno en la que revelaba la existencia del procedimiento por acoso contra Hernández.

El choque, no obstante, venía de lejos. El pasado octubre, apenas cinco meses después de ser elegido co-coordinador de Movimiento Sumar junto a Hernández, Carlos Martín decidió dimitir de su cargo y dejarla únicamente a ella al frente del partido. Y, desde entonces, el ambiente en la formación ha ido enturbiándose progresivamente, como refleja el hecho de que el sector crítico forzara el pasado marzo la convocatoria de la asamblea extraordinaria que tendrá lugar dentro de un par de semanas. Aunque durante un tiempo se mantuvo la duda de si este congreso serviría para renovar la dirección o únicamente para actualizar la línea política, finalmente se confirmó que el cargo que actualmente ocupa Hernández se someterá a votación.

El proceso para elegir a la nueva líder de Movimiento Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ya ha echado a andar. Este viernes, la portavoz parlamentaria Verónica Martínez confirmó lo que era un secreto a voces y anunció su candidatura para el congreso extraordinario del día 11, con la secretaria de Estado Rosa Martínez como compañera de fórmula. Pero ese movimiento no despeja la incógnita de si habrá competición o el partido tratará de cerrar las heridas abiertas por la guerra interna del último mes intentando escenificar unidad en torno a una sola lista. El plazo para presentar candidaturas a la dirección está abierto hasta el próximo martes. Y la todavía coordinadora, Lara Hernández, no ha confirmado si tiene intención de concurrir al proceso, aunque la confluencia de los críticos en una lista la dejaría prácticamente sin opciones.

Lo previsto era que la candidatura de Verónica Martínez y Rosa Martínez se confirmara el jueves por la tarde, pero finalmente fue el viernes por la mañana cuando se produjo el anuncio, que es el corolario a dos semanas de un enfrentamiento abierto. El desencuentro, no obstante, llevaba tiempo cocinándose entre bambalinas, prácticamente desde unos meses después de que Lara Hernández fue escogida cocoordinadora de Movimiento Sumar junto a Carlos Martín, en marzo del año pasado. Sus perfiles fueron los elegidos por Yolanda Díaz para sustituirla a ella al frente de la organización que fundó en 2023 y cuyo liderazgo abandonó en junio de 2024, tras el batacazo de Sumar en las elecciones europeas. Pero apenas cinco meses después de ser nombrados, en agosto, Martín dimitió y Hernández quedó como única coordinadora.

Desde entonces, el ambiente en Movimiento Sumar ha ido enturbiándose progresivamente, como refleja el hecho de que el sector crítico forzara el pasado marzo la convocatoria de la asamblea extraordinaria que tendrá lugar el 11 de julio. No obstante, el conflicto interno se había llevado con cierta discreción hasta hace un par de semanas: los opositores evitaron durante semanas incluso confirmar si en el congreso extraordinario se renovarían los cargos de dirección o tan solo se votarían nuevas tesis políticas, y dimisiones como la del secretario de Comunicación, David Comas, enfrentado con Hernández, no se comunicaron públicamente.

Todo ello cambió el pasado 9 de junio, cuando la secretaria de Organización, Laura Moreno, difundió una carta para anunciar su dimisión. En esa misiva, la exdirigente —inicialmente cercana a Hernández— revelaba que el partido tiene abierta una investigación interna contra la coordinadora por supuestos “comportamientos preocupantes hacia algunos trabajadores”, un procedimiento que parte de una denuncia de “seis altos dirigentes institucionales y orgánicos” en nombre de dichos empleados. La misiva también acusaba a Hernández de haber cometido “fraude” en el proceso de votación entre los afiliados para constituir Movimiento Sumar en la Comunitat Valenciana con el fin de favorecer a la candidatura más afín a sus postulados.

La coordinadora rechazó desde el primer momento ambas acusaciones, que fuentes de su entorno aseguran que son fruto de una “campaña” de desprestigio liderada por los sectores críticos con el fin de descabalgarla del liderazgo de Movimiento Sumar. Fuentes próximas a Hernández denunciaron cuando se filtró la carta que la dirigente ni siquiera había sido informada de los hechos por los que se la acusaba de supuesto acoso a trabajadores. Y, en lo que se refiere al presunto fraude cometido en la votación para elegir la composición de los órganos de la formación en la Comunitat Valenciana, estas fuentes ofrecieron la explicación contraria: que el proceso tuvo que revisarse porque el sector crítico intentó manipular el censo en su favor afiliando a última hora al partido a un grupo importante de personas. Este movimiento habría tenido el fin de ganar la votación y hacerse con el control de Movimiento Sumar en la comunidad.

La resolución del caso de Hernández, sin fecha

Sea como fuere, la difusión de estas graves acusaciones ha dado al traste con cualquier posibilidad de integración de Hernández en una lista de unidad capitaneada por Verónica Martínez. La idea inicial cuando el sector crítico forzó la convocatoria del congreso extraordinario de julio, sostienen algunas fuentes de Movimiento Sumar, era incluirla en la nueva dirección en un cargo sin poder real, pero que le hubiera permitido tener una “salida digna”. Pero esa opción saltó por los aires tras la publicación de la carta y, especialmente, porque el procedimiento contra la coordinadora sigue abierto. El partido, ni oficial ni extraoficialmente, concreta cuándo se resolverá el expediente, pero que los tiempos se dilaten beneficia a Martínez, puesto que impediría a Hernández llegar al congreso con un eventual sobreseimiento de la causa, si finalmente esa fuera la decisión.

En cualquier caso, la actual coordinadora de Movimiento Sumar no ha confirmado aún si se presentará al congreso para intentar revalidar su cargo, y fuentes próximas a ella aseguran que no lo tiene decidido. También hay serias dudas de que, incluso si Hernández decide retirarse, la lista de Verónica y Rosa Martínez sea “de unidad”, como desde su sector se han esforzado en intentar trasladar, puesto que no está claro que los dirigentes más próximos a la actual líder —los diputados Txema Guijarro o Manuel Lago, por ejemplo— aceptaran integrarse en esta candidatura. Mientras, Yolanda Díaz ha optado por ponerse de perfil: ni se ha pronunciado sobre las acusaciones a Hernández, ni tampoco ha mostrado su apoyo a Verónica Martínez y Rosa Martínez.

Quien sí estará con toda probabilidad en dicha lista es la cocoordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, que hace un par de semanas publicó —junto a un nutrido grupo de cuadros territoriales del partido— una tribuna en el diario Público en la cual los firmantes pedían “cambios profundos”, “más organización, más democracia interna y más capacidad de escucha” y “un respeto escrupuloso a los derechos laborales que defendemos”. Algunas fuentes señalan a Gómez como la líder de un tercer sector en la formación que contaría con el apoyo de varias de las federaciones autonómicas y que se integraría en la nueva dirección de Verónica Martínez y Rosa Martínez. El entorno de estas, por el contrario, rebaja este rol y asegura que desde el primer momento las dos candidatas han querido que los territorios tengan mucho peso en su lista.

El debate, en cualquier caso, es puramente interno. Entre Hernández y Martínez no existen apenas diferencias ideológicas o estratégicas: la pugna es de poder, especialmente en un momento en el que Movimiento Sumar está negociando con Más Madrid, Comuns e IU la reconfiguración de la alianza Sumar. Al ser la formación más débil de las cuatro, lo previsible es que pierda buena parte de su peso en las listas de las próximas elecciones generales, y eso supone que hay menos puestos a repartir para optar a cargos institucionales. De hecho, que existen pocas discrepancias políticas entre las dos familias enfrentadas en el partido lo demuestra el hecho de que el documento político que se aprobará en la asamblea del día 11 se ha redactado sin sobresaltos ni choques. La principal novedad de esas tesis es que Movimiento Sumar se abre a alianzas “coyunturales” con partidos independentistas para concurrir juntos a las elecciones.

La Inspección de Trabajo ha avisado este mes a miles de empresas de la detección de unos 31.500 contratos temporales y fijos discontinuos en presunto fraude. Se trata del I Plan de Choque de 2026 contra la contratación irregular temporal y de fijos discontinuos, ha informado este viernes el Ministerio de Trabajo, que viene realizando estas campañas desde 2018.

“El objetivo de este Plan es evitar la utilización fraudulenta de contratos temporales, cuando los puestos de trabajo deberían estar cubiertos por relaciones laborales indefinidas, o de fijos discontinuos cuando deberían ser fijos ordinarios”, recuerda en una nota la Inspección de Trabajo.

En estas campañas, el organismo público vigilante de la legalidad laboral y en Seguridad Social detecta presuntas irregularidades gracias al cruce masivo de datos, e informa a las empresas de esta situación.

Las compañías afectadas reciben una comunicación en la que se les informa de que tienen un mes de plazo para regularizar los contratos, o justificar su legalidad, o de lo contrario se advierte de que se iniciarán las actuaciones inspectoras correspondientes.

14.000 temporales y 17.500 fijos discontinuos irregulares

En concreto, la Inspección de Trabajo ha enviado este mes de junio 20.049 comunicaciones, indica el organismo, que afectan a 31.545 contratos.

Respecto a los contratos temporales irregulares, se han remitido algo más de 9.000 avisos que afectan a un total de “14.071” relaciones laborales.

En cuanto a los fijos discontinuos, se analiza la situación de personas trabajadoras que hayan estado al menos 10 meses y medio en alta en una empresa en los últimos 12 meses, y se han remitido casi 11.000 avisos a empresas que afectan a “17.474 contratos”.

En 2024, el último año del que se tienen datos cerrados de la Inspección de Trabajo, el organismo público transformó en indefinidos más de 167.700 contratos temporales y fijos discontinuos fraudulentos, entre los planes de choque y las actuaciones ordinarias de la Inspección.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha reiterado este miércoles que España debe reformar su legislación para garantizar una adecuada indemnización por despido improcedente de los trabajadores, de tal manera que sea disuasorio y restaure el daño al empleado, al tiempo que pidió que esta incluya también a los contratados de manera irregular.

En una recomendación emitida al Gobierno español, este organismo recoge la resolución adoptada en marzo pasado por el Comité Europeo de Derechos Sociales tras una reclamación interpuesta ante ese organismo por el sindicato CCOO, similar a la que ya se había hecho en un requerimiento de UGT, según recoge EFE.

En ella, el órgano ejecutivo del Consejo de Europa insta a España a “proceder a una reforma legislativa” que “garantice que la indemnización concedida por despido improcedente (...) tenga en cuenta el daño real sufrido” por el trabajador y “sus circunstancias individuales”.

Igualmente, señala que las indemnizaciones recogidas por la ley española actual, 33 días por año trabajado, y la decisión de que estas no sean revisadas por los tribunales civiles “contravienen el artículo 24b del Convenio Social Europeo”.

Esas indemnizaciones, “tanto por daños materiales como morales”, indica el organismo paneuropeo con sede en Estrasburgo (Francia), “deben ser disuasorias para el empleador con el objetivo de garantizar la protección de los trabajadores contra despidos improcedentes”. Además, señala que esa protección debe también incluir a “los trabajadores temporales contratados de forma irregular”.

Estrasburgo también considera que los tribunales deben poder imponer la readmisión de los trabajadores despedidos si lo consideran como la medida más idónea.

El Consejo de Europa reconoció, no obstante, que España adoptó recientemente un plan que incluye disposiciones relevantes en el Estatuto de los Trabajadores para establecer garantías contra el despido, dentro de lo que indica la Carta Social Europea. En concreto, se refuerza la obligación de justificar el despido y se elimina el despido automático de trabajadores que sufran incapacidades repentinas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el cese de Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde hace ocho años, y el nombramiento en su lugar de Ricardo Cuesta, hasta ahora subdirector general de Estadística e Información en el organismo Público.

En el Ministerio de Trabajo apuntan sobre el cese de Gutiérrez que estaba “al frente del organismo desde el 7 de julio de 2018”. “El relevo se produce en el marco de la normalidad institucional”, añaden.

Gutiérrez estaba en su puesto desde 2018, antes de la entrada de Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo, nombrado por la exministra socialista Magdalena Valerio.

Su sustitución, en lo que muchos consideran el final de la legislatura y sin que el Ministerio haya señalado ningún cambio de políticas o de prioridades en el organismo público, ha sorprendido en muchos ámbitos.

Gutiérrez ha seguido todos estos años al frente del organismo público, superando incluso muchos momentos complicados, como la avalancha de los ERTE por la pandemia, las críticas sindicales por la falta de personal y la enorme dificultad para conseguir citas por parte de los ciudadanos, que ha llevado incluso a que proliferen negocios ilegales de venta de turnos.

Cuesta, nuevo director del SEPE

Por su parte, Ricardo Cuesta desempeñaba hasta ahora el cargo de subdirector general de Estadística e Información del SEPE, donde ejercía funciones de coordinación del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (Sispe), evaluación y estadística del Sistema Nacional de Empleo, impulso del Observatorio de las Ocupaciones y coordinación con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.

Funcionario de carrera, inició su trayectoria en 1994 en el ámbito de las políticas públicas de empleo, relaciones laborales, gestión pública, desarrollo local y asesoramiento jurídico en dichas materias.

Desde marzo del año 2020, ocupó el puesto de director provincial del SEPE en Madrid y previamente trabajó como técnico en el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (1998-2019), donde ha desempeñado la mayoría de su carrera, y en el ayuntamiento de Madrid (1994-1997).

Durante una década ha impartido la docencia en la Universidad Carlos III de Madrid en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y ha participado como formador de empleados públicos en políticas de empleo y formación durante más de 20 años.

En una semana en la que los termómetros escalan hacia los 40 grados en varios puntos del país, la Inspección de Trabajo lanza su ya habitual campaña estival para proteger a los trabajadores del calor extremo en su puesto laboral. Yolanda Díaz ha anunciado que esta semana se enviarán más de 110.000 avisos a empresas de los sectores más expuestos, como la agricultura y la construcción.

“No es un requerimiento contra nadie, al contrario, es a favor de todo el mundo para que conozcan la normativa a aplicar”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo durante su intervención en el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica celebrado en Barcelona.

En concreto, la Inspección enviará 113.916 avisos para informar a los empleadores de la obligación de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a las elevadas temperaturas.

1,6 millones de euros en multas el pasado verano

La vicepresidenta segunda ha detallado que el verano pasado, entre junio y septiembre de 2025, la Inspección de Trabajo realizó más de 10.000 actuaciones en esta materia, con la detección de casi 300 infracciones (291), que supusieron multas de alrededor de 1,6 millones de euros para las empresas.

También “92 requerimientos a las Administraciones Públicas”, ha afirmado Yolanda Díaz, que ha recordado que la Inspección también actúa para proteger a los empleados del calor cuando el empleador es público.

En los casos de temperaturas extremas, con alertas de la AEMET u otras agencias regionales, la legislación prevé la posibilidad de adaptar el trabajo o la jornada, e incluso suspender la actividad para proteger la salud de las plantillas.

Además, el Gobierno aprobó en 2024 los llamados “permisos climáticos”, con hasta cuatro días de permiso retribuido para las situaciones “de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso”. Aunque, si la naturaleza de la actividad es compatible con el trabajo a distancia, las empresas pueden acogerse a esta opción.

Evitar muertes y accidentes evitables

“Trabajar no puede costar la salud ni la vida”, ha insistido este lunes Yolanda Díaz. El verano pasado, trascendieron varias muertes de trabajadores por presuntos golpes de calor en su puesto laboral, como Ovidiu Vranciu, temporero de 61 años que murió este lunes durante su jornada en plena ola de calor en una explotación agrícola de Alcarràs (Lleida).

A veces los siniestros no se vinculan con el calor, pero son el origen de una caída o la pérdida de capacidad o concentración que da lugar a un accidente. Así, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) alerta además de que las altas temperaturas aumentan los accidentes laborales un 17,4% durante las olas de calor.

Según los especialistas en salud laboral, la planificación en los días de calor extremo son fundamentales para evitar los siniestros, con medidas preventivas como adaptar los horarios para evitar los picos de calor, aumentar los descansos, habilitar las zonas de sombra, aumentar la hidratación y modificar los uniformes, entre otras.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) está en el centro de muchos corrillos políticos en España este lunes. Hace unos días, aprobó un convenio histórico para regular derechos de trabajadores en plataformas digitales en el mundo, pero el foco no se lo ha llevado este paso, sino las informaciones que sitúan a la vicepresidenta Yolanda Díaz como posible candidata a presidir el organismo. Aunque en el Ministerio de Trabajo niegan que exista una propuesta formal, su nombre está sonando como una posibilidad para las elecciones del próximo noviembre, según confirman fuentes sindicales.

La OIT es la entidad de las Naciones Unidas encargada de fomentar los derechos laborales a nivel internacional, “persiguiendo su misión fundadora: la justicia social es esencial para la paz universal y permanente”, recoge el organismo en su página web. En estos momentos afronta un importante reto: un gran bocado en su presupuesto por la demora en el abono de los fondos comprometidos por los Estados Unidos de Donald Trump.

Es la única agencia tripartita de la ONU, que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados Miembros con el objetivo de establecer las normas del trabajo, así como fomentar políticas y programas promoviendo el “trabajo decente”.

En la actualidad, la entidad está liderada por el togolés Gilbert F. Houngbo, director general elegido en marzo de 2022 para un mandato de cinco años, que llegan a su término en septiembre de 2027. El proceso para la elección del próximo director general de la OIT ya se ha iniciado, de momento con su única candidatura para la reelección, pero se espera que puedan surgir algunas opciones alternativas, entre las que algunas voces sitúan la de Yolanda Díaz.

Un “runrún” de una posible candidatura, que no es oficial

“Hay runrún con su nombre”, reconoce una fuente de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, cuyos representantes estuvieron la semana pasada en Ginebra para participar en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la asamblea anual de la OIT.

Oficialmente, el Ministerio de Trabajo evita pronunciarse sobre la posibilidad de que Díaz opte a liderar la OIT y se limitan a trasladar su preocupación por el estado de la organización, que expresó la vicepresidenta en un crítico discurso durante la Conferencia Internacional de hace unos días. “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”, sostuvo.

Estas fuentes ministeriales explican que la vicepresidenta no ha recibido ninguna propuesta formal para dirigir la organización. Y, oficialmente, Díaz no se está planteando optar a suceder a Houngbo, pese a habérselo planteado de manera informal algunos dirigentes sindicales.

Una elección que también definen las patronales

El plazo para presentar las candidaturas al liderazgo de la OIT se alarga hasta el próximo 31 de agosto. Estas deberán ser presentadas por un Estado Miembro de la organización o por un miembro del Consejo de Administración de la OIT. La votación está prevista para el 16 de noviembre, que exige una mayoría simple, y el próximo mandato del director/a general se iniciará casi un año más tarde, en octubre de 2027.

En caso de que Yolanda Díaz decidiera presentarse, tendría un camino complicado para alcanzar el liderazgo de la OIT, coinciden varias fuentes. Pese a que podría lograr el apoyo de organizaciones sindicales, estas son solo una pata de los miembros que eligen al director general de la organización. En ellos también están representados patronales y gobiernos. Y en esos dos colectivos, especialmente en el primero, el nombre de la vicepresidenta de un Gobierno de coalición de izquierdas es una rara avis que genera muchas más reticencias.

Algunas fuentes sindicales consideran que la figura de Yolanda Díaz podría destacar como un liderazgo que “ponga coto a la irrupción del trumpismo en la OIT”, como catalizador de algo alternativo a la dirección actual, que trata de acercar a la administración estadounidense (sin mucho éxito, al menos en la consecución de los fondos prometidos).

Sin embargo, otras fuentes recuerdan que el nombre de Yolanda Díaz es solo uno de los que resonaron la semana pasada en Ginebra, y que el propio Gilbert F. Houngbo mantiene “bastantes apoyos”, especialmente entre los países africanos.

Además, hay otro factor que genera incertidumbres sobre una posible candidatura española de Díaz al liderazgo de la OIT y es la ya anunciada del ministro de Agricultura, Luis Planas, para encabezar la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Fuentes sindicales reconocen que podrían quitarse opciones mutuamente, ya que “España no podría conseguir dos liderazgos” de organismos de ONU.

La izquierda alternativa, que pasa por uno de sus momentos más frágiles de la última década, se desayunó este martes con un nuevo terremoto: la dimisión de la secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Laura Moreno, entre acusaciones a la líder del partido, Lara Hernández, de haber cometido “fraude” en procesos internos y de tener “comportamientos preocupantes” con trabajadores. La renuncia de Moreno, que se suma a la del secretario de Comunicación, David Comas, se produce a las puertas del congreso extraordinario que celebrará Movimiento Sumar en julio, donde aún no está claro si la líder del sector crítico, la portavoz parlamentaria Verónica Martínez, disputará el liderazgo a Hernández. Y saca a la luz pública con toda su crudeza la guerra interna que lleva meses gestándose por el control de la organización que hace tres años fundó Yolanda Díaz.

Hernández tomó el timón de Movimiento Sumar en marzo de 2025, cuando el partido celebró su segundo congreso de manera extraordinaria tras la dimisión de Díaz de sus cargos orgánicos después del batacazo de Sumar en las elecciones europeas de 2024. En esa asamblea, la coordinadora fue elegida nueva líder al alimón con Carlos Martín, aunque ambos seguían subordinados, en la práctica, a las directrices de Díaz, que continuaba marcando la línea del partido. Martín dejó su cargo poco después, en agosto, esgrimiendo motivos de salud, aunque mantuvo su escaño en el Congreso. Y Hernández quedó entonces en solitario al frente del aparato de Movimiento Sumar, que con la paulatina pérdida de peso interno de Díaz fue quedando relegado a un segundo plano dentro de la alianza Sumar.

La pequeña formación nunca ha estado exenta de tensiones internas que se evidenciaron, por ejemplo, con la salida en marzo de 2025 de la entonces secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval, que argumentó que su paso por la política le había mostrado las “limitaciones de la política institucional y partidista”, pero que también estaba enfrentada con Hernández. Precisamente este martes Duval publicaba unos mensajes lanzando acusaciones sobre Hernández, lo cual ha generado todo tipo de reacciones en esas plataformas.

Los choques en Movimiento Sumar se han agudizado desde verano del año pasado, como revela la carta enviada por la recién dimitida Laura Moreno a toda la dirección de Movimiento Sumar —a la que ha tenido acceso elDiario.es— para explicar su renuncia. En ella, Moreno denuncia haber sido “apartada progresivamente” por Hernández en el transcurso del último año, así como haber sido “aislada de las estructuras” del partido, lo que dice que le provocó un “deterioro” en su salud mental.

El desencuentro, sin embargo, va más allá de la mera pugna política. La misiva de Moreno revela que ahora mismo el partido tiene abierta una investigación interna contra Hernández por supuestos “comportamientos preocupantes” —asimilables al acoso laboral, aunque la exdirigente no menciona expresamente este término— de la líder contra “algunos trabajadores”. Ese procedimiento parte de una denuncia de “seis altos dirigentes institucionales y orgánicos” en nombre de dichos empleados tras “observar” los supuestos malos tratos hacia ellos, según la carta. La exsecretaria de Organización también acusa a Hernández de haber cometido “fraude” en el proceso de votación entre los afiliados para constituir Movimiento Sumar en la Comunitat Valenciana con el fin de favorecer a la candidatura más afín a sus postulados.

La coordinadora, por su parte, rechaza ambas acusaciones y fuentes de su entorno aseguran que son fruto de una “campaña” de desprestigio liderada por el sector crítico con el fin de descabalgarla del liderazgo de Movimiento Sumar. Estas fuentes sostienen que Hernández ni siquiera ha sido informada de los hechos por los que se la acusa ante las instancias del partido de acosar a trabajadores, y critican que los dirigentes que deben analizar el caso en el comité antiacoso tienen vinculación con los denunciantes, por lo que la coordinadora les ha recusado. En cualquier caso, las fuentes próximas a Hernández consultadas niegan que esta haya maltratado a nadie, y aseguran que está valorando tomar acciones legales contra quienes la acusan de ello. 

En relación al presunto fraude cometido en la votación para elegir la composición de los órganos de la formación en la Comunitat Valenciana, estas mismas fuentes del entorno de Hernández aseguran que el proceso tuvo que revisarse precisamente porque fueron los críticos quienes intentaron manipular el censo en su favor. Según sostienen, el grupo de dirigentes en el que se integra Moreno habría tratado de afiliar a última hora al partido a un grupo importante de personas con el fin de ganar la votación y hacerse con el control de Movimiento Sumar en la comunidad.

Oficialmente, el equipo de Hernández se limita a asegurar que no piensa “entrar a valorar documentos que se envían a un chat interno de la organización, que tiene sus cauces y sus procesos formales”, así como que tampoco le “corresponde responder a valoraciones subjetivas sobre lo que se diga en redes sociales o a través de otro medio”. “Los procedimientos internos que pueda haber en este momento son estrictamente confidenciales y debemos respetar su carácter garantista”, sostienen.

La portavoz Martínez no concreta si se presentará

El progresivo enrarecimiento del ambiente en los últimos meses cristalizó el pasado marzo en una maniobra liderada por el sector crítico —liderado por dirigentes como la portavoz parlamentaria Verónica Martínez— para forzar la convocatoria de un congreso extraordinario en el que se disputará, previsiblemente, el liderazgo de la formación. Fuentes próximas a Hernández, no obstante, sostienen que los movimientos para sustituirla como coordinadora de Movimiento Sumar comenzaron ya a finales de febrero, cuando Díaz anunció que no se presentará a las próximas elecciones generales. La dirección no ha fijado formalmente una fecha para esa asamblea, la tercera en tres años de vida del partido, pero lo previsto es que se celebre a mediados de julio.

Es una incógnita si en dicho congreso Hernández tratará de revalidar su liderazgo. Y pese a que es la cara más visible de los críticos con la gestión de la coordinadora, tampoco se ha anunciado públicamente que Verónica Martínez vaya a optar al cargo. Este martes, preguntada al respecto en una entrevista en RNE, la portavoz de Sumar en el Congreso echó balones fuera y afirmó que estará “a disposición” del partido y que “ninguna persona que forme parte de una organización puede adoptar las decisiones de manera individual”. “Ahora mismo hay un grupo de gente trabajando en documentos de la asamblea y en la conformación de lo necesario para organizarla, que no es poco, y estamos en ese punto del proceso”, se limitó a afirmar.

La guerra interna en Movimiento Sumar y el congreso extraordinario en el que desembocará tienen lugar en pleno proceso de recomposición del espacio a la izquierda del PSOE. La formación se encuentra negociando desde hace meses con IU, Más Madrid y los Comuns el relanzamiento de su alianza con una marca y un candidato diferentes de cara a las próximas elecciones generales. El proceso está yendo más lento de lo esperado ante las dificultades que está encontrando el espacio para encontrar un nuevo líder tras la salida de Díaz. Movimiento Sumar es la organización más pequeña de las cuatro que se encuentran en esa mesa de negociaciones y este conflicto interno la deja en una situación aún más precaria.

Díaz lleva alejada de su vida orgánica desde que abandonó sus cargos en la formación en 2024 y este martes evitó pronunciarse sobre la profunda crisis en la que se encuentra la formación que ella misma fundó como proyecto personal hace tres años. Este miércoles, la vicepresidenta no tiene previsto atender a los periodistas y en su agenda únicamente figura un viaje a Barcelona para asistir a la misa que celebrará el papa León XIV en la basílica de la Sagrada Familia, donde bendecirá la recién culminada Torre de Jesucristo. La asistencia a ese acto estaba prevista desde hace días, antes de que se conociera públicamente el conflicto en Movimiento Sumar.

“No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”. Con estas palabras se ha dirigido Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, al auditorio de la sesión plenaria de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, en el Palacio de las Naciones de Ginebra. Díaz ha advertido que “está en juego” el mandato de esta institución de la ONU dedicada al mundo del trabajo y ha defendido que siga avanzando en sus normas, en un momento en el que se debate un convenio de mínimos sobre plataformas digitales, que cuenta con el rechazo frontal de Estados Unidos.

“Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”, ha sostenido la ministra de Trabajo a los medios de comunicación antes de entrar en el auditorio.

Yolanda Díaz ha explicado que la delegación del Gobierno de España “está empujando e intentando” que la convención de derechos laborales mínimos en plataformas digitales salga adelante, tras la experiencia española pionera en regular esta materia, en la llamada la Ley Rider.

“Frente a ese modelo de 'ley de la selva', lo que estamos señalando justamente es tener instrumento normativo de mínimos con capacidad de desarrollo de normas propias, para que tengamos la posibilidad de tener normas laborales, derechos humanos y competencial leal entre las empresas”, ha argumentado la vicepresidenta.

La OIT “no puede ser una mercancía”

Ya desde el atril de la Conferencia Internacional del Trabajo, Yolanda Díaz ha afirmado que “si el trabajo no es una mercancía”, como recoge la Declaración de Filadelfia, “tampoco puede serlo la organización que lo representa”.

La vicepresidenta ha lanzado cuatro reflexiones al auditorio, comenzando por las “turbulencias financieras” que atraviesa la organización internacional, ante una merma de la financiación de EEUU, pero ha sostenido que no puede salir de ellas “poniendo en riesgo sus valores fundamentales”.

Hace unos días, Reuters publicó que la OIT suspendió el nombramiento de un alto funcionario estadounidense, Sheng Li, que estaba previsto que ocupara el cargo de subdirector general de la organización este mismo julio, por el impago de cuotas de EEUU.

“Asegurar el mandato de la OIT es nuestra verdadera misión”, ha afirmado Yolanda Díaz, que ha reivindicado que la OIT siga avanzando en sus normas laborales. “Sin normas es una organización inane frente a los grandes cambios digitales y verdes que tenemos la obligación de gobernar”, ha sostenido.

La vicepresidenta ha añadido que se puede “discutir cómo han de ser esas normas, seguramente más atentas a las particularidades regionales, pero no las normas en sí mismas”.

La IA y la digitalización como debate “de época”

Yolanda Díaz ha insistido en los debates de “época” que afronta la humanidad con la irrupción de la Inteligencia Artificial, los algoritmos y otras tecnologías vinculadas a la digitalización.

“El director general, al que le agradezco el impulso de este debate civilizatorio, nos pide que reflexionemos sobre la inteligencia artificial y el impacto en el mundo del trabajo. Creo que no hay nada más oportuno. El Papa León XIV acaba de recordarnos en mi país que la automatización, la robótica y la inteligencia artificial están transformando la estructura misma del trabajo”.

“Para evitar que la tecnología sea un regreso al pasado, debemos convertir la inteligencia artificial en una oportunidad. Y los sistemas deben diseñarse, como dice su encíclica, centrados en las personas y no solo en el rendimiento”, ha emplazado Díaz.

“Para que la legislatura pueda continuar hay que actuar, no vale quedarse de brazos cruzados”, y el movimiento clave debe ser el despliegue de la “agenda social”. Esas dos frases, pronunciadas el pasado miércoles por el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, resumen la actitud que ha adoptado el conjunto de la coalición que lidera Yolanda Díaz después de una primera reacción dubitativa ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas revelaciones del caso Leire Díez. Pese a las diferencias internas en su seno, Sumar ha apostado por presionar al PSOE para reanudar la agenda legislativa, y ha puesto en el foco tres asuntos: la vivienda, el final de la vigencia de algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán y la derogación de la ley mordaza.

Con diferentes formulaciones, varios portavoces de Sumar pertenecientes a distintos partidos de los que integran la coalición han insistido en estos días en esta idea: la de que el Ejecutivo no puede quedarse instalado en el shock y debe recuperar la iniciativa política si quiere que la legislatura sobreviva. “Los casos [de supuesta corrupción] no pueden paralizar la acción de Gobierno”, y el Ejecutivo debe “actuar y profundizar en las reformas y abordar ya el problema de la vivienda”, señalaba hace unos días la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. “Vamos a presionar para obligar al PSOE a desbloquear y acelerar las reformas pendientes”, sostuvo por su parte el pasado martes el diputado Gerardo Pisarello, de los Comuns.

Presionar con la agenda social es la manera que ha encontrado Sumar de resolver el complejo equilibrio que se ha visto obligado a hacer desde que el tablero político saltó por los aires hace un par de semanas, con la imputación de Zapatero. En el seno de la formación se han producido serias diferencias en relación a cómo desvincularse de las investigaciones por supuestas corruptelas que afectan al PSOE sin, en ningún caso, plantearse la salida del Gobierno. No es la primera vez que la alianza que lidera Yolanda Díaz apuesta por esta vía, la de exigir a los socialistas un impulso de las medidas sociales para no quedar atrapados en un debate sobre corrupción, aunque en ocasiones anteriores Sumar no ha tenido demasiado éxito. 

En diciembre, por ejemplo, los de Díaz exigieron al PSOE una reunión para concretar “medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda”, así como la sustitución de algunos ministros del PSOE, una petición que fue desdeñada desde el ala socialista del Consejo de Ministros. El encuentro se realizó, pero de él no salió ninguna conclusión, lo cual llevó a Sumar a criticar la “actitud inmovilista” del socio mayoritario del Gobierno y a alertar de que esta actitud “solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha”.

En esta nueva crisis desatada hace un par de semanas, son tres las áreas en las que Sumar ha exigido —por ahora, sin éxito— al PSOE que apruebe nuevas medidas. El pasado lunes, el mismo día que decayeron las rebajas fiscales a la luz y el gas que aprobó el Gobierno en marzo para hacer frente a la amenaza inflacionaria por la guerra de Irán, Díaz planteó la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha de manera “urgente” un nuevo decreto que recupere estas bajadas del IVA del 21% al 10%. Por el momento, la exigencia no ha tomado demasiado cuerpo, entre otras cosas porque el debate público ha girado en torno a la posibilidad de que el PP presentara una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez y en relación al sumario del caso Leire.

Pese a la presión de Sumar, el ala socialista del Ejecutivo se ha limitado a afirmar que está analizando los efectos de las medidas que desplegó en marzo y a anunciar que se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron el lunes que no tomarán ninguna decisión antes de estos encuentros, que se celebrarán en las próximas semanas y que también incluirán conversaciones los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” a partir de finales de este mes.

La prórroga de los alquileres, parada

La gran batalla de los de Díaz en el seno del Gobierno, no obstante, sigue siendo la vivienda, y así lo refieren públicamente todos sus portavoces, especialmente desde que hace algo más de un mes PP, Vox y Junts unieron sus votos para derribar el decreto que permitió durante su vigencia prorrogar su contrato de alquiler por dos años a los inquilinos a los que les vencía. Desde entonces, Sumar ha presionado al PSOE para recuperar esa medida asegurando que Junts estaría dispuesto a aceptarla siempre y cuando se le ofreciesen a cambio iniciativas como el IVA franquiciado o exenciones fiscales para los arrendatarios. 

Pero esas conversaciones no avanzan, al menos no muy rápidamente: fuentes del Ministerio de Vivienda afirman que siguen abiertos a un nuevo paquete de medidas, si bien admiten que el mazazo que ha supuesto el estallido de los casos de corrupción ha ralentizado las negociaciones. Y Junts no parece por la labor de dar ninguna victoria a un Gobierno al que han pedido que convoque elecciones porque “desde hace seis meses no tiene mayoría”... precisamente por la decisión de la formación independentista de retirarle su apoyo parlamentario.

La última de las áreas en las que Sumar ha pedido al PSOE poner el foco es la derogación de la ley mordaza, que lleva más de un año varada en el Congreso por la falta de acuerdo entre los socios del Ejecutivo para su redacción final, pese a que a priori sí hay números suficientes para aprobarla. “Existe una mayoría para democratizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, planteó a este respecto el martes pasado el diputado Alberto Ibáñez, y exigió al PSOE que “cumpla” con su compromiso electoral de acabar con la norma aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados” y a no dar pie a que el PSOE ponga “más excusas” para poner en marcha una nueva regulación.

El Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida ha aplicado uno de los principales mandamientos que el alcalde ha solicitado a la ciudad ante la llegada del papa León XIV. Los empleados públicos del Consistorio teletrabajan desde el pasado miércoles 3 de junio y hasta el martes 9.

Solo quedan eximidos de ello los puestos que por sus condiciones no pueden acogerse a la norma, como seguridad, emergencias, mantenimiento o limpieza. También oficinas de atención ciudadana o al contribuyente, donde en algunos casos la actividad telemática sí se ejecutará el lunes 8 (previsiblemente la jornada más intensa y la más complicada a nivel logístico) y el martes 9 de junio.

Ya en mayo, el regidor pidió a las empresas adoptar esta medida durante al menos cuatro días laborables ante un “acontecimiento histórico” de una magnitud “prácticamente sin precedentes”. Como finalmente ha ocurrido, avisaba Almeida que ya en los días previos a una visita que tendrá lugar del 6 al 9 de junio habría “afecciones importantes” al tráfico en zonas clave, como el entorno de Cibeles o la plaza de Lima.

“Solicito que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que del 3 al 9 de junio habrá teletrabajo para los empleados del Ayuntamiento”, avanzó desde el Palacio de Cibeles. Incluso pidió a la ciudadanía que “evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días”. Su llamamiento parece haber tenido calado, ya que este jueves el tráfico se redujo un 32% con respecto a un día normal en el interior de la M-30, comunicó en X el delegado de Movilidad, Borja Carabante.

El Gobierno de Almeida ha puesto a disposición de los peregrinos hasta 33 edificios públicos (principalmente polideportivos) en los que podrán pasar la noche de forma gratuita. El Consistorio también pone autobuses gratis de la EMT o vehículos de Bicimad entre el 3 y el 9 de junio. Asimismo se han autorizado más licencias de taxi , incluyendo a las que tenían libranza.

El sábado 23 de mayo quedó ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte. El 25 se ocuparon las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para instalar una plataforma, reservada al coro del domingo. Ese mismo día de mayo comenzó el montaje del altar, aunque estos trabajos no suponen una ocupación de calzada. El 3 de junio se procedió al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales de la Castellana. Y, a partir del 4 de junio, a todo el tráfico rodado en torno a la plaza de Cibeles.

El Gobierno central también muestra su fe en que el teletrabajo reduzca el colapso

El Ejecutivo municipal no es el único que aplica medidas en este sentido. Por parte del Gobierno central, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que lidera Óscar Lóprez ha aprobado el teletrabajo los días 5, 8 y 9 de junio, según fuentes consultadas por Somos Madrid.

La responsable de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, ya emplazó a las empresas a favorecer el trabajo a distancia para “reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo” de los servicios. Para la plantilla de este Ministerio está en vigor desde el 4 de junio y hasta el 9, ambos incluidos. La Delegación del Gobierno en Madrid se ha sumado al requerimiento, respaldado igualmente por los sindicatos.

Este periódico ha contactado a la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación (de la que depende la Dirección autonómica de Función Pública) para conocer el alcance de la implantación del teletrabajo en los funcionarios de la Comunidad de Madrid ante el multitudinario evento, sin que lo concreten en su contestación: “Desde 2020 la Administración de la Comunidad ya cuenta con una regulación del teletrabajo en situaciones ordinarias como en situaciones de especial relevancia y corta duración, como es el caso”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido este lunes que se apruebe un nuevo decreto ley de manera “urgente” que recupere las rebajas fiscales en el IVA de la luz y el gas que han decaído este lunes, 1 de junio, así como que se apruebe de nuevo la prórroga de los alquileres por los efectos de la guerra en Irán. En el Ministerio de Economía apuntaban esta misma mañana que el Gobierno está analizando qué medidas extender en el contexto actual.

Las rebajas fiscales en las facturas de la luz y el gas se incluyeron en uno de los decretos impulsados como consecuencia de las subidas de precios que provocó el conflicto en Oriente Medio. Las medidas estaban en vigor desde el pasado marzo, pero desde este 1 de junio se ha desactivado gradualmente ese paquete por la moderación de la inflación, que se ha contenido en España en el 3,2% en mayo.

Yolanda Díaz ha aprovechado su intervención en unas jornadas en el Congreso de los Diputados, del colectivo empresarial AlianzAS, para afirmar que es necesario “de manera urgente” un nuevo decreto que prorrogue las medidas decaídas, como el IVA aplicable a la electricidad y al gas natural, briquetas, pellets y leña, que ha pasado este lunes del 10% al 21%.

“Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy”, ha dicho Díaz, que ha insistido en que el alza de los precios se nota en el bolsillo de las familias y de las empresas.

Además la vicepresidenta segunda y líder de Sumar dentro del Gobierno ha insistido en la necesidad de volver a aprobar también la congelación de los contratos de alquiler, que fue rechazada en el Congreso, ya que ha asegurado que es “la emergencia nacional de España” en la actualidad.

El Gobierno analiza qué medidas extender

Fuentes del Ministerio de Economía han apuntado esta mañana que el Ejecutivo analiza los efectos de las medidas desplegadas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán y se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio.

Este mismo lunes han decaído algunas de las desplegadas en marzo: las rebajas en el IVA de la electricidad y el gas natural, que vuelven al 21%, así como el recorte el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

En el departamento dirigido por Carlos Cuerpo han defendido la efectividad de las ayudas adoptadas para proteger el poder adquisitivo de hogares y empresas, pero se emplazan a reuniones en las próximas semanas con los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” una vez expire el plazo del 30 de junio.

Estas mismas fuentes han subrayado que la capacidad de refino del país, así como el despliegue de las renovables, sitúan a la economía española “en mejores condiciones” que el resto de los socios de la Unión Europea para afrontar el verano “con garantías”.

La coalición de Gobierno vive estos días instalada en un déjà vu. Prácticamente un año después de que estallara el caso Cerdán, que sacudió los cimientos del PSOE, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz para pedir documentación han vuelto a poner patas arriba el tablero político y también la relación entre los socialistas y Sumar en el seno del Ejecutivo. La coalición que lidera Yolanda Díaz no se ha planteado en ningún momento romper con el PSOE y salir del Consejo de Ministros. Pero, tras una primera reacción dubitativa y en mitad de algunas diferencias internas, ha elevado el tono para exigir a La Moncloa que reaccione ante una crisis que amenaza con volar la legislatura.

La coalición de Yolanda Díaz se está viendo obligada a hacer un complicado encaje de bolillos para distanciarse de los casos de supuesta corrupción mientras, a la vez, ofrece argumentos para mantenerse dentro del Gobierno. Sumar insiste en que el Ejecutivo está siendo objeto de una campaña judicial, mediática y política desde el inicio de la legislatura para hacerlo caer, pero a la vez exige al PSOE que dé explicaciones por dos casos, el de Zapatero y el de Leire Díez, que sí consideran preocupantes. Y, desde que la semana pasada se conoció la imputación del expresidente, el malestar de Sumar con el PSOE ha ido en aumento.

La formación que lidera Yolanda Díaz entiende que los socialistas están optando por no dar explicaciones, y que eso únicamente agrava los serios problemas a los que se enfrenta la coalición en su conjunto. Y a todas las organizaciones que componen Sumar les enfadó, especialmente, la rueda de prensa que ofreció el presidente Pedro Sánchez en Roma el miércoles, en la que incluso bromeó con su decisión de no adelantar las elecciones en una alusión velada al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que así lo pidió el miércoles.

Ese malestar se tradujo durante el jueves en una negociación interna en el seno del Gobierno que, junto a la presión ejercida por socios como Podemos, ERC, BNG o Compromís, ha forzado —según admiten fuentes de La Moncloa— a Sánchez a cambiar de planes y a solicitar una comparecencia a petición propia en el Congreso para debatir sobre los procedimientos judiciales que afectan al PSOE. Pero algunos sectores de Sumar también consideran que su propia formación tiene que “tomar posiciones” más firmes, se muestran críticos con su reacción y llaman a actuar de forma más “drástica” que hasta ahora ante la crisis.

El jueves pasado, el grupo parlamentario de la alianza celebró una reunión en la que, según reconocen algunos dirigentes, se evidenciaron las diferencias que existen en el seno de la coalición sobre cómo abordar la crisis. Algunos sectores abren incluso la puerta a valorar la posibilidad de retirar el apoyo parlamentario al PSOE si, en las próximas semanas, no ofrece respuestas satisfactorias sobre Zapatero y la trama de Leire Díez. Hoy por hoy, ese escenario aún no se contempla.

Otras voces consideran que la mejor forma de apartar el foco de la corrupción y, a la vez, de que a Sumar no le salpiquen los problemas de su socio es intentar forzarle a que desbloquee algunas de las medidas sociales que llevan tiempo en el congelador, especialmente en materia de vivienda.

El futuro de Sumar no se define

La profunda crisis abierta en los últimos días ha pillado a Sumar, además, en mitad de un proceso de reconstrucción que no termina de marchar con la velocidad que a algunos de los sectores de la alianza les gustaría. Este sábado, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns —agrupados bajo el lema provisional de “Un paso al frente”— han celebrado un nuevo acto en Barcelona, tras los ya organizados en los últimos meses en Madrid y Sevilla, con la intención de seguir preparando el terreno para el relanzamiento de su alianza. Pero en ese mitin no se han despejado ninguna de las dos grandes incógnitas en la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales: la marca con la que se presentará y, sobre todo, quién será su candidato.

El asunto del liderazgo es el más acuciante, y algunos de los principales dirigentes de la alianza aún conocida con el nombre de Sumar ya han hecho público el debate que, desde hace semanas, también existe en privado entre las organizaciones: la necesidad de acelerar los tiempos, especialmente ahora que la legislatura está en el alambre. La que más claramente lo ha verbalizado es la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que tras el mal resultado obtenido por la coalición Por Andalucía en los comicios autonómicos de hace un par de semanas aseguró que “acelerar” es “urgente” y pidió presteza para definir “cuál va a ser la persona” que va a liderar el espacio.

El problema, no obstante, no es que haya diferencias entre los partidos sobre cuándo tiene que lanzarse al nuevo candidato, sino que no existe un aspirante claro para ocupar ese puesto. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el favorito de los cuatro partidos, rechaza asumir el rol de líder, pero otras de las principales figuras del espacio tampoco parecen estar por la labor o no convencen a una o varias de las patas de la coalición. Y, aunque Sánchez insiste en que su intención es agotar la legislatura y en que no va a adelantar las elecciones, el tiempo corre.

El pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox contra el Real Decreto-Ley de 28 de diciembre de 2021, de medidas urgentes para la reforma laboral.

El recurso, que se ha desestimado “en lo esencial y prácticamente en su integridad”, se dirigía contra la totalidad de la norma alegando que se había dictado sin la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad que avalase la utilización de ese instrumento normativo, al tiempo que se sostenía que infringía los límites materiales de la legislación de urgencia.

Se alegaba también una infracción en su procedimiento parlamentario de convalidación, por no haberse permitido que un diputado del grupo parlamentario popular (Alberto Casero) rectificara su voto emitido telemáticamente.

El Constitucional niega que el Gobierno se excediera

El Constitucional concluye que el Gobierno contempló de manera explícita y motivada cuál era el presupuesto que daba sustento a la aprobación del decreto-ley en su conjunto, y que derivaba de la necesidad de aprobar medidas estructurales sobre el mercado de trabajo en el contexto de la crisis provocada por la covid.

La sentencia descarta también que el contenido de la ley contraviniera el límite material previsto en la Constitución para la legislación de urgencia, en cuanto a que ésta no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en su Título Primero.

En particular, la sentencia estima que las medidas contenidas en la norma relativas a las distintas modalidades de contratación, a la generalización del contrato indefinido limitando su temporalidad, a la prioridad aplicativa de los distintos tipos de convenios, o a la vigencia y ultraactividad de éstos, no inciden en los elementos esenciales del derecho al trabajo y del derecho a la negociación colectiva.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está finalizando su viaje oficial a China, en el que se ha reunido con varias empresas chinas que han anunciado o barajan inversiones en España, como las automovilísticas Saic Motor y Geely, con las que ha acordado la contratación de trabajadores y trabajadoras en España que fortalezcan la economía local, explican a elDiario.es fuentes del Ministerio de Trabajo.

Díaz se ha reunido con responsables de “varias compañías punteras chinas” cuya producción y desarrollo “será clave en la identidad del empleo en el futuro”, indican en Trabajo. En concreto, ha mantenido encuentros con AnConghui, CEO de la automovilística Geely, responsables de la empresa de robótica e inteligencia artificial AgiBot y en Shanghái ha visitado las instalaciones de la empresa automovilística asiática SAIC Motor.

En el encuentro con Geely, Díaz ha abordado la posibilidad de nuevas inversiones que “generen empleo de calidad en España”. Es habitual que algunas inversiones de empresas chinas en el extranjero empleen a personal del país asiático, por lo que la comitiva española ha enfatizado en las oportunidades de empleo de trabajadores y trabajadoras en España.

Acuerdo para explorar vías de formación especializada

Para ello, Díaz ha acordado con los responsables empresariales “explorar vías de formación para cualificar a las personas trabajadoras en los perfiles profesionales que estas empresas requieren”, indican en Trabajo.

En el encuentro con Geely, la vicepresidenta segunda ha asegurado que “España tiene mucho que aportar a la movilidad del futuro” y ha defendido que “la inteligencia artificial y la robótica deben servir para mejorar la vida y las condiciones de trabajo de las personas”, indican en el Ministerio.

En la visita a la sede de la empresa de robótica e inteligencia artificial AgiBot, la comitiva española “ha acordado trabajar conjuntamente en la formación de las personas trabajadoras para crear empleo de calidad en España y explorar nuevas inversiones”. “Díaz ha compartido la experiencia europea en el desarrollo de marcos regulatorios para una IA ética y segura, con transparencia, supervisión humana y protección de derechos”, subraya el Ministerio de Trabajo.

En la empresa automovilística asiática SAIC, que ya ha anunciado que elige España para su primera fábrica de coches en Europa, Yolanda Díaz ha destacado “la importancia de esta compañía como palanca de crecimiento económico, industrialización y generación de empleo en España”, y ha abordado la posibilidad de nuevas inversiones en nuestro país contando con empleo local, añaden estas fuentes ministeriales.

El lunes en Pekín la vicepresidenta mantuvo también encuentros con el presidente del grupo CITIC, Xi Guohua, “donde Díaz subrayó las importantes oportunidades de colaboración entre China y España en materia de formación y creación de empleo digno y de calidad”.

Yolanda Díaz ha rechazado retractarse de sus manifestaciones sobre Julio Iglesias, que este consideraba de caracter “injurioso y calumnioso”. Esa ha sido la posición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en un acto de conciliación que se ha producido este martes por la mañana en un juzgado de Madrid entre la representación legal de ambas partes.

En su escrito al tribunal de instancia de Madrid, Iglesias solicitó un acto de conciliación en el que la ministra reconociera el daño, rectificase sus manifestaciones y le indemnizara con el importe en el que se fijaran “los daños causados en función de la difusión alcanzada”. Este acto es el paso previo obligatorio antes de la interposición de una querella. Fuentes del despacho de la defensa de Julio Iglesias no confirman a elDiario.es que vaya a proceder a la presentación de una querella ante el Tribunal Supremo, como afirman algunos medios.

La vicepresidenta no reconoce haber “ocasionado daño alguno ni directa ni indirectamente al artista”, según fuentes de su Ministerio. Díaz considera que sus intervenciones “se limitaron a comentar las declaraciones de terceros y los contenidos de los reportajes de prensa que se publicaron acerca de Julio Iglesias” y no considera haber “injuriado o calumniado al artista”. “Ninguna querella ni intento de amedrentar va a evitar que la vicepresidenta haga ejercicio de su libertad de expresión, en este caso concreto para referirse a una información periodística”, añaden estas fuentes.

“Testimonios escalofriantes”

El cantante presentó en febrero una demanda de conciliación contra Díaz por unos comentarios realizados por la vicepresidenta a raíz de la exclusiva publicada por elDiario.es y Univision Noticias, en la que dos extrabajadoras del cantante le acusaban de agresiones sexuales. Estas dos mujeres, de nombres ficticios Rebeca y Laura, interpusieron contra Iglesias una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de abusos sexuales y laborales. Esta denuncia fue posteriormente archivada por la Fiscalía, sin entrar al fondo de los hechos y al entender que España carecía de jurisdicción para investigarlos.

“Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”, escribió Yolanda Díaz en un mensaje en su perfil de la red social Bluesky, en el que adjuntó un link de la primera información publicada por este periódico. 

Un día después, en una entrevista en el programa La Hora de la 1, Díaz afirmó que la investigación sobre las denuncias de dos extrabajadoras “da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema”. 

“Las declaraciones de la vicepresidenta han respetado en todo momento la presunción de inocencia de Julio Iglesias y se han limitado a calificar de escalofriantes los testimonios de las extrabajadoras del artista, que le acusaban, en el marco de la investigación llevada a cabo por elDiario.es, de agresiones sexuales, insultos y humillaciones durante su jornada laboral, y que denunciaban un ambiente de control y acoso continuo”, indican las fuentes relacionadas con Yolanda Díaz.

“Desde el Ministerio de Trabajo se va a velar siempre por los derechos de las mujeres trabajadoras, sea cual sea el ámbito o el contexto, y se va a denunciar cualquier abuso de cualquiera que atente contra su integridad”, añaden.

Demanda contra los periodistas

Julio Iglesias también demandó a elDiario.es por las informaciones publicadas sobre las acusaciones de violencia sexual contra él. Un juzgado madrileño citó para el próximo 28 de mayo a los cinco periodistas de este periódico contra los que pretende querellarse Julio Iglesias a un acto de conciliación en los juzgados.

elDiario.es ya ha anunciado que no se va a retractar de lo publicado. “Para evitar la querella, Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos y borremos nuestras informaciones sobre él. Nos reafirmamos en todo lo publicado porque nuestra investigación fue impecable”, afirma el director del medio, Ignacio Escolar. “No vamos a rectificar y tampoco tenemos nada que conciliar. Si tras esta demanda se querella contra nosotros, nos defenderemos en los tribunales. Allí demostraremos que nuestra información fue rigurosa, contrastada y veraz”.

Paralelamente, Julio Iglesias demandó también a la Fiscalía por no permitirle acceder al texto de la denuncia archivada. Este proceso se está llevando a cabo en una sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. La posición de la Fiscalía considera que el cantante no ha visto vulnerados sus derechos fundamentales por no haber tenido acceso a la denuncia.

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha expresado su preocupación ante las declaraciones realizadas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en las que anuncia como objetivos para este año el encarecimiento del despido y la modificación de las reglas de representación en el diálogo social.

En un comunicado recogido por Europa Press, la CEG ha considerado “especialmente grave” cuestionar la representatividad de las organizaciones empresariales y tratar de debilitar la participación de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en la negociación de cuestiones que afectan directamente a miles de pequeñas y medianas empresas.

“Las pymes constituyen la inmensa mayoría del tejido empresarial gallego y español y son esenciales para el empleo, la cohesión territorial y el mantenimiento de la actividad económica, especialmente en el ámbito rural”, han reivindicado desde la CEG.

El presidente del empresariado gallego, Juan Manuel Vieites, recuerda que “el diálogo social debe sustentarse en el respeto institucional, la pluralidad y la seguridad jurídica”. “Cualquier intento de alterar unilateralmente los equilibrios de representación supone deteriorar un modelo que ha contribuido durante décadas a la estabilidad económica y laboral de nuestro país”, ha criticado.

Asimismo, advierte que “nuevas medidas orientadas a incrementar los costes empresariales, como el encarecimiento del despido, se suman a un contexto ya especialmente complejo para las empresas, marcado por el aumento continuado de los costes laborales, la presión fiscal, la inflación regulatoria y la creciente burocracia administrativa”.

“Las empresas gallegas, y particularmente las microempresas y pymes, necesitan estabilidad, certidumbre y medidas que favorezcan la inversión, la competitividad y la creación de empleo, no nuevas cargas que dificulten su viabilidad. Resulta especialmente preocupante seguir impulsando reformas laborales sin una evaluación rigurosa de su impacto real sobre las pequeñas empresas y los autónomos”, ha sentenciado Vieites.

Las provinciales

En la misma línea ha hablado la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), subrayando que el diálogo social es “el pilar de toda democracia”. “Si queremos que nuestras empresas se conviertan en un referente, si queremos una economía próspera y la proliferación de organizaciones punteras, debemos escucharlas. La situación no es la misma en todo el territorio nacional, ni todos los negocios cuentan con el mismo volumen de actividad e ingresos”, ha añadido el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros.

Para él, tomar decisiones que afectan al empleo y a la competitividad sin contar con quienes representan a las empresas es un “error” que tiene “consecuencias reales”.

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) también ha defendido el diálogo social ante el anuncio del Gobierno de adoptar medidas en al ámbito laboral excluyendo a los agentes sociales.

En un comunicado, ha compartido la “inquietud” trasladada por Cepyme respecto a la proliferación de anuncios y decisiones adoptadas sin una negociación efectiva previa. “El diálogo social ha sido una de las herramientas más valiosas para garantizar estabilidad económica, seguridad jurídica y cohesión social en nuestro país. Debilitarlo mediante planteamientos unilaterales o fórmulas de interlocución meramente formales supone poner en riesgo un modelo que ha permitido afrontar con éxito etapas especialmente complejas para el país”, ha insistido la CEO.