“No voy a ir en ninguna lista al Congreso; categóricamente no”. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha descartado de esta forma que vaya a integrar alguna lista en las elecciones generales previstas para 2027. En una entrevista en Radio Galicia de la Cadena Ser, ha dejado claro que, cuando acabe la legislatura, quiere centrarse en su familia. Eso sí, la ministra de Trabajo ha afirmado que ella no va a estar en los siguientes comicios, pero sí su “espacio político”, y ha anunciado que hará “todo” lo posible para que no lleguen a la Moncloa Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Díaz anunció en febrero que no iba a ser candidata en las próximas generales y ahora ha precisado así que tampoco va a ir “en las listas”, en “ninguna” de ellas. “Categóricamente, no”, ha zanjado.

Aunque no ha mostrado la misma contundencia al ser preguntada sobre un regreso a la política gallega y ha dicho que en realidad “nunca” se fue de Galicia. “Ahora mismo estoy en agotar esta legislatura, en muchas normas que estamos trabajando ahora y que son muy importantes en la vida de la gente trabajadora”, ha asegurado.

En la entrevista, también ha apelado a que la izquierda logre responder a lo que quiere la “ciudadanía progresista”, y eso pasa por “acordar un programa de mínimos” a la izquierda del PSOE, según ha dicho, sin poner el “acento en las diferencias”, sino en lo que les “une”. Díaz ha señalado que “más allá de nombres y personas”, se trata de construir “una herramienta que dé esperanza” a la gente progresista.

Cuestionada sobre si avalaría una candidatura con Gabriel Rufián e Irene Montero, ha afirmado que ella no tiene que “apoyar a nadie” y se ha limitado a afirmar que “lo que se haga”, por su parte, “va a estar bienvenido”.

Sobre si su futuro pasa por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la agencia especializada de la ONU dedicada a promover la justicia social y los derechos laborales internacionales, ha lamentado que esta se ha “entregado al número dos de Trump” y se ha centrado en que lo importante es que en junio se avance hacia una regulación sobre las plataformas digitales.

Díaz ha opinado que “la política debe ser una estación de paso” y ha advertido de que necesita tiempo para su “vida privada”, algo que sucederá cuando se agote la actual legislatura, ya que está convencida de eso y de que la izquierda va a “volver a ganar las elecciones”.

Sobre el plantón inicial de los cinco miembros de Sumar en el Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo de 2026, ha sostenido que cree, “sin lugar a dudas”, que hicieron “bien”. “Hoy, esa medida de prórroga de los contratos de alquiler es del Gobierno de España”, ha reivindicado.

Centrada en Galicia, Díaz ha reiterado que, si la Xunta insiste en activar un plan para endurecer el control de las bajas laborales, lo llevará al Tribunal Constitucional porque la “competencia sobre esta materia es exclusiva del Estado”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha considerado “racista” y “clasista” a Junts y ha indignado a la formación independentista. Preguntada por ello en una entrevista en Onda Cero, la también líder de Sumar ha asegurado que considera desde “siempre” que la formación de Carles Puigdemont encarna este perfil ideológico. 

“Yo sé muy bien quién es Junts, quién es Vox y sé menos ya quién es el Partido Popular”, ha afirmado la vicepresidenta durante la entrevista, en la que también ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Según Díaz, el proyecto del PP es “inexistente” y está “preso absolutamente de Vox”.

Pese a su opinión sobre Junts, Díaz ha justificado la investidura de Pedro Sánchez como presidente en 2023 por el programa pactado. “La investidura se acomoda en torno a un proyecto, y las formaciones políticas lo votan o no, con un programa”, ha argumentado. En este sentido, ha negado que haya incluido alguna vez a Junts como parte de un bloque progresista en el Congreso.

La vicepresidenta Díaz ha recordado que Junts se alinea con PP y Vox para oponerse a políticas de vivienda como la prórroga de los alquileres por la guerra de Irán. “Hay que pedirle al PP, a Vox y a Junts por qué golpean a la gente en nuestro país”, ha afirmado. 

Las palabras de Díaz han provocado la reacción de Puigdemont, que la ha acusado de alcanzar un “nivel de bajeza moral” que “asusta”. 

“La falta de respeto al otro, la falta de rigor y el recurso a la manipulación, exactamente como hace Donald Trump, describen perfectamente dónde se sitúa hoy esta izquierda desorientada que gobierna el Estado español”, ha afirmado. “Quizá está haciendo méritos para que la acojan en la plataforma de las izquierdas”, ha remachado sobre Díaz.

El dirigente independentista ha cuestionado que la vicepresidenta conozca las bases del partido que él lidera. “No nos conoce, no sabe quién es nuestro votante ni nuestro militante”, ha escrito, reprochándole que recurra al estereotipo de que todo lo catalán es burgués o de derechas. Según Puigdemont, estee enfoque responde a “el mito fundacional del españolismo en Catalunya”.

El líder de Junts ha cerrado su respuesta con una referencia directa a la aritmética parlamentaria que sostiene al Gobierno de Sánchez. “La gente que nos vota merece más respeto”, escribió. “La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizá vivirá mejor”.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que estaría dispuesto a realizar una revisión del salario mínimo interprofesional (SMI) para “hacer frente a las consecuencias” de la guerra de Irán sobre la inflación, ya que la ley permite hacer una revisión semestral de esta renta mínima.

“El Gobierno estaría dispuesto a tenerlo en cuenta”, ha expuesto este jueves durante la Comisión de Trabajo y Economía Social en el Senado, informa Europa Press, en la que ha trasladado el compromiso del Gobierno de seguir subiendo y adaptando el SMI a la realidad de cada momento.

De acuerdo con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula el SMI, esta menor retribución posible se fijará tras una consulta con los agentes sociales –en el Gobierno han apostado desde 2020 por negociar con empresas y sindicatos, aunque los últimos solo los han firmado con los representantes de los trabajadores– y tendrá en cuenta la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económmica.

Pero el mismo apartado señala la posibilidad de revisar la cuantía a los seis meses “para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado”.

El Gobierno aprobó una subida del SMI del 3,1% este año, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, a través de un Real Decreto que se aprobó en febrero en Consejo de Ministros y que tenía carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

“Es importante avanzar con un salario mayor”

El 'número dos' de Trabajo ha reivindicado en el Senado la necesidad de que los salarios se incrementen. En este sentido, ha recordado que España mantiene una brecha salarial con el resto de Europa “de un 20%”, pese a que el Gobierno ha hecho “todo lo que está en su mano” para incrementar el SMI, que ha subido un 64% desde 2018, dejando atrás los “indecentes” 700 euros en los que lo dejó el Partido Popular.

Sin embargo, ha recordado que la negociación colectiva es la que debe ahora actuar para subir el resto de los salarios, ya que el Gobierno no puede incidir sobre los salarios de las empresas privadas.

“Es muy importante que avancemos todos de la mano en un salario mayor que rompa nuestra brecha con Europa y que de alguna manera nos permita seguir avanzando en mejores condiciones de trabajo y empleo”, ha reivindicado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que el empleo ya ha superado “de manera real, no desestacionalizada”, la barrera de los 22 millones de trabajadores, según las cifras de afiliación diaria de la Seguridad Social.

“Hoy, ahora mismo, sí que les digo que en estos días, justamente de manera real, no desestacionalizada, sí tenemos 22 millones de personas ocupadas en España”, ha afirmado Díaz en una entrevista en el European Pulse Forum, organizado por Politico.

La vicepresidenta segunda ha adelantado así este viernes los datos diarios de afiliación. Esta información sobre la marcha del mercado laboral no se suele desvelar más allá de la publicación oficial de la estadística de la Seguridad Social, a principios de cada mes. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció el lunes los 22 millones antes de la hora oficial de publicación de la estadística (las 9 de la mañana).

Polémica por los 22 millones de trabajadores

Las declaraciones de la ministra de Trabajo se producen tras la polémica por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el mercado laboral había alcanzado los 22 millones de trabajadores en marzo. Este nivel solo se había alcanzado en la serie destacionalizada, estadística que se utiliza para analizar la evolución del mercado laboral marginando los vaivenes propios de la estacionalidad y del calendario, pero no así en la serie de afiliación diaria, ni en la afiliación media del mes.

Con este último indicador, que generalmente se usa como referencia del total de trabajadores en el país, el avance del empleo en marzo, récord histórico para ese mes con 211.500 trabajadores más, había alcanzado de todos modos un nuevo techo, cercano a los 21,9 millones.

Debido a esta diferencia, varias voces fueron críticas con el anuncio del Gobierno. En particular, el Partido Popular, que llamó incluso “maquillaje” a las cifras de empleo, como suele ser habitual en la dirección del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Entre otros motivos, el PP criticó al Gobierno por usar la serie destacionalizada, pero también por asimilar “afiliaciones” a personas trabajadoras cuando en realidad es un término que mide empleos (una persona con dos empleos que requieran alta a la Seguridad Social figura como dos afiliaciones).

Se trata de una precisión real, pero la traducción de “afiliaciones” por “trabajadores” es muy habitual, también por parte del propio PP cuando gobierna. Es más, las comunidades autónomas gobernadas por el PP celebraron los datos de empleo de marzo y, de hecho, se atribuyeron el éxito de sus cifras, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid.

Además, la metodología de la Seguridad Social precisa que “hay que tener en cuenta que en la práctica estas situaciones de pluriempleo y pluriactividad sólo representan un 4% del total de afiliados”.

Díaz prevé que se mantendrán los 22 millones durante el año

“Las estimaciones que hacemos desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social es que estos 22 millones de personas ocupadas en España se van a mantener a lo largo de todo el año 2026”, ha afirmado además Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo ha adjudicado la buena marcha del empleo y su gran resistencia ante las últimas crisis e incertidumbres internacionales a la reforma laboral que aprobó en 2021, tras acuerdo con la patronal y los sindicatos.

La legislación atacó uno de los principales puntos débiles del mercado laboral español, la elevada cantidad de trabajadores temporales, que han descendido a mínimos históricos tras la reforma. En la actualidad, se sitúa en el 11,6%.

Díaz ha insistido en la necesidad de un mercado laboral que eleve los salarios de los trabajadores, un ámbito en el que también incidió la reforma laboral, al reequilibrar de nuevo la negociación colectiva tras la legislación del PP de 2012.

“¿Esto quiere decir que no hay nada que hacer? No, queda mucho por hacer, pero desde luego, sí es posible cambiar la situación laboral en nuestros países”, ha afirmado la responsable del Ministerio de Trabajo. Entre los principales retos del mercado laboral destacan seguir reduciendo el paro –especialmente entre los jóvenes – todavía de los más elevados de Europa, así como elevar los bajos salarios y reducir el tiempo parcial involuntario, que afecta sobre todo a mujeres.

Un juzgado de Madrid ha convocado un acto de conciliación entre los representantes legales de Julio Iglesias y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por la demanda que interpuso por los comentarios que realizó después de que elDiario.es publicara los testimonios de extrabajadoras de las mansiones del cantante que le acusan de agresiones sexuales.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la Sección civil del Tribunal de instancia de Madrid plaza 58 (antiguo Juzgado de primera instancia 58) admite la solicitud presentada por el letrado de Julio Iglesias para interponer demanda contra Yolanda Díaz por comentarios que considera injuriosos y calumniosos, y cita a las partes para un acto de conciliación el día 19 a las 09:30 horas.

A este acto no tienen que acudir ni el demandante ni la demandada, sino solo sus abogados o procuradores, ni es necesario que esté el juez, sino el letrado de la administración de justicia, han precisado a EFE fuentes jurídicas, que recuerdan que en la mayoría de los casos estas oportunidades de conciliación quedan sin efecto y las demandas o querellas siguen adelante. Se trata de un trámite en la jurisdicción civil en la que todas las demandas se admiten si cumplen los requisitos formales, detallan la fuentes, que recuerdan que Yolanda Díez es aforada, y por lo tanto el posible futuro proceso judicial se dirimiría en el Tribunal Supremo.

Fuentes de la vicepresidencia del Gobierno han asegurado a EFE que aún no les ha llegado esta citación.

El cantante Julio Iglesias presentó en febrero una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo por los comentarios de carácter “injurioso y calumnioso” que esta realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.

En su escrito al tribunal de instancia de Madrid, el cantante solicitó un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño, rectifique sus manifestaciones y le indemnice con el importe en el que se fijen “los daños causados en función de la difusión alcanzada” por su comportamiento. En el punto de mira de la demanda están las declaraciones que, al conocerse la denuncia contra Iglesias, realizó la vicepresidenta Díaz en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en el programa 'La Hora de la 1', en el canal público RTVE.

Para el letrado de Iglesias “la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (...) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos”.

Julio Iglesias persigue el acceso a una denuncia archivada

La semana pasada, la Audiencia Nacional admitió a trámite la reclamación de Iglesias para acceder a la denuncia que Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad) interpusieron ante la Fiscalía de ese tribunal, según informaron varios medios y confirmó elDiario.es.

La representación legal de Iglesias denunció, por la vía contencioso-administrativa, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por no haberle remitido copia de la denuncia por presuntos delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, así como trata de seres humanos y varios delitos contra los derechos de los trabajadores. Rebeca y Laura interpusieron esta denuncia el 5 de enero, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se limitó a evaluar si España tenía o no jurisdicción para investigar estos presuntos delitos. A los pocos días, la Fiscalía archivó la denuncia por falta de competencia, sin entrar en ningún momento al fondo de los hechos denunciados.

Por ello, la Fiscalía no está de acuerdo y reclamó la inadmisión del recurso presentado por la defensa de Julio Iglesias. En un informe firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, el Ministerio Público afirmó que “no existe vulneración de la tutela judicial efectiva”, dado que la decisión de no facilitar la denuncia “no le está impidiendo” a Iglesias el acceso a los tribunales.

El plan de la Xunta de Alfonso Rueda para dificultar el derecho a las bajas médicas de los trabajadores se ha encontrado ya con críticas de los sindicatos, de los partidos de la oposición y del Gobierno central. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo tacha de ilegal y avisa de que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Considera que lo que hace el presidente gallego con las medidas anunciadas es poner en cuestión la profesionalidad de los sanitarios y “su propia gestión de la sanidad gallega”, además de privatizar este ámbito por el refuerzo de las mutuas.

Rueda hizo el anuncio durante su discurso en el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que elevó a asunto “urgente” el de la cantidad y duración de las incapacidades temporales en Galicia. El motivo, que están “lastrando la productividad” de la economía. La Xunta va a poner el foco en ello con un “programa integral de abordaje” que va a implicar la creación de una unidad que controlará las bajas y que estará centrada en las más habituales, que son las derivadas de lesiones músculoesqueléticas y problemas de salud mental “menores”, expuso. Además, el Gobierno gallego anuncia que va a reforzar el papel de las mutuas privadas y que, si hacen una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar. Solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para verificar su situación.

Estas propuestas son “absolutamente ilegales”, según la ministra de Trabajo, que considera que hay una invasión de competencias estatales. “Si esta medida se materializa, anuncio que vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional”, insistió, en unas declaraciones a los medios antes de participar en un acto en A Coruña. Cargó, en concreto, contra la creación de un órgano específico de control y la intención de “privatizar aún más” algo sobre lo que quienes tienen competencia son, “en primer lugar, los médicos que decretan las bajas”. También recalcó que las materias sobre las que se anuncia un especial celo, relacionadas con salud mental y lesiones musculares, son “de mucha sensibilidad”.

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha declarado en una entrevista en la Cadena Ser que la reforma del registro horario en las pymes podrá llegar en el plazo de un año. Se trata de una de las medidas estrella del ala de Sumar en el Gobierno de Pedro Sánchez, que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, busca acelerar. Cuerpo ha insistido en que la reforma, que busca endurecer el control horario, necesita una “implementación equilibrada”. “Para las pymes, en lugar de 20 días pasar a un año”, ha dicho Cuerpo, que ha asegurado tener una relación “cordial” con Díaz, muy crítica con la actitud de Cuerpo en esta reforma.

elDiario.es ya contó cómo el Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable contra el real decreto del Ministerio de Trabajo destinado a endurecer el registro de jornada. Esta resolución se alinea con la postura previa del Ministerio de Economía, que remitió dos informes negativos cuestionando incluso la legalidad de la norma. A pesar de que el propio Consejo de Ministros aprobó su tramitación por la vía de urgencia, los organismos consultivos han frenado el avance del texto liderado por Yolanda Díaz.

Además, el vicepresidente ha asegurado que habrá Presupuestos, pero ha delegado en el sucesor de María Jesús Montero al frente de la cartera de Haciendo, Arcadi España, el cuándo se aprobarán las cuentas. Su antecesora, María Jesús Montero, se había comprometido ha que estuvieran en marzo, pero el guerra en Irán trastocó los planes.

Medidas contra los efectos de la guerra

Cuerpo ha destacado la efectividad de las medidas gubernamentales frente al precio de los carburantes, logrando rebajas de 23 céntimos en gasolina y 20 en gasoil. Según el ministro, el 90% de este ahorro ya llega al consumidor final.

Además ha subrayado la dificultad de realizar pronósticos fijos debido a la volatilidad del mercado —influenciado incluso por redes sociales— y la incertidumbre bélica. No obstante, ha adelantado que el Ejecutivo está dispuesto a ampliar los paquetes de ayuda si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga, con el objetivo de evitar que los costes energéticos encarezcan la cesta de la compra. “Seguiremos apoyando a las familias”, ha concluido.

Preguntado si tiene intención de afiliarse al PSOE, dado que no lo está, el vicepresidente primero no ha aclarado esta cuestión y se ha limitado a precisar que él está “muy cómodo con las políticas que está haciendo este Gobierno”.

“Estoy en ese sentido totalmente identificado desde esta posición socialdemócrata, con la cual enfrento también mis tareas al frente del Ministerio. Por lo tanto, de ahí también mi compromiso para seguir adelante y aceptar el reto de pasar a la Vicepresidencia”, ha señalado sin desvelar si tiene intención de afiliarse, pero recalcando que “por supuesto” es de izquierdas.

En cuanto a lo que se dice de él de que tiene un perfil más técnico que político, Carlos Cuerpo ha dicho que él preguntaría de vuelta “qué significa tener perfil político”, dado que él considera que tiene su forma de hacer las cosas “desde lo técnico y con rigor”. No obstante, ha añadido que también tiene su forma de “afrontar las negociaciones o el contacto con otros grupos parlamentarios, grupos políticos”, con diálogo y “tendiendo la mano”.

Sobre si le sorprendió la llamada de Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo ha explicado que cuando una persona sale señalada en los medios de comunicación como un posible candidato lo que se suele pensar es que “bajan las probabilidades de que suceda finalmente”. Por lo tanto, ha precisado que se quedó “muy contento” cuando le llamó el presidente y se lo dijo.

Pedro Sánchez volvió a demostrar esta semana que el ruido de sus socios e incluso algunos recelos en sus propias filas están muy lejos de poder influir en su toma de decisiones. El presidente resolvió la salida de María Jesús Montero con dos movimientos quirúrgicos y no con una crisis de Gobierno en profundidad. El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ostentará desde ahora la responsabilidad de vicepresidente primero. Y la cartera de Hacienda recae en manos del valenciano Arcadi España, una persona con experiencia en la gestión de la política fiscal y de la confianza de su predecesora. Aunque España no estaba en las quinielas, es mayor el impacto político del ascenso de Cuerpo, una elección que genera suspicacia en algunos en el PSOE y que llega justo después de que Sumar lo elija como foco de conflicto en su estrategia por marcar algo de perfil propio en el Ejecutivo.

“Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera”, publicó en sus redes sociales la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tras el anuncio del presidente. 48 horas antes, la también ministra de Trabajo había acusado directamente al titular de Economía de ponerse “del lado de las patronales que incumplen las horas extras de nuestro país”. Hace unos meses, en plena negociación interna de la reducción de jornada, Díaz llegó a calificar como “de mala persona” oponerse a que la gente trabaje menos, en referencia clara a su compañero en el Gobierno.

Y es que, aunque ese choque se haya recrudecido en los últimos días, viene de lejos. Desde la pasada legislatura, Díaz ha tenido a los diferentes ministros de Economía como sus némesis: primero, a Nadia Calviño y, desde que esta salió del Gobierno para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a su sucesor, Carlos Cuerpo. Y ese choque se ha dejado notar en diferentes asuntos: desde la negociación de la reforma laboral, en cuya recta final Calviño trató de interferir para descafeinar la ley, hasta la mencionada y fallida reducción de la jornada de trabajo, donde Díaz y Cuerpo tuvieron sus más y sus menos públicamente por el intento del ahora vicepresidente de retrasar la tramitación de la propuesta.

Tras unos meses de calma, la última crisis entre ambos dirigentes ha tenido lugar esta semana a raíz de lo que, para Sumar, son maniobras de Cuerpo para “torpedear” el reglamento para reforzar el control horario de los trabajadores y evitar las horas extra impagadas, un texto que Trabajo lleva meses preparando. Fuentes del Ministerio afirman que el nuevo vicepresidente ha intentado boicotear, vía Consejo de Estado, la puesta en marcha de ese reglamento. Pero también aseguran que van a mantener el pulso y que tienen intención de hacer únicamente cambios mínimos para sortear las dudas jurídicas que pueda generar su propuesta: en ningún caso, prometen, incluirán las modificaciones que exige Cuerpo, como un plazo mayor para que las pymes apliquen la norma.

Ese conflicto se suma a la decisión de Sumar de endurecer el tono con el PSOE en relación a la vivienda después de que el pulso que echaron la semana pasada a los socialistas les saliera relativamente bien. Los de Díaz consiguieron que Sánchez aceptase aprobar la prórroga de los contratos de alquiler tras negarse a entrar en el Consejo de Ministros y retrasar su comienzo, aunque esa medida se desgajó del resto y tanto el PSOE como Sumar saben que tiene muy pocas opciones de que sea convalidada en el Congreso. Pese a ello, durante esta semana Díaz y los suyos han presumido de haber torcido el brazo a Sánchez y le han presionado públicamente para tomar más medidas en materia de vivienda.

No obstante, y a pesar de los roces de las últimas semanas, fuentes de diferentes familias de la coalición Sumar quitan hierro al enfrentamiento entre Cuerpo y Díaz. Y algunos dirigentes, incluso, deslizan que la propia vicepresidenta ha cargado las tintas públicamente contra el titular de Economía con el objetivo de marcar territorio ante él y, asimismo, para reforzar su propio perfil confrontando con el representante de la doctrina económica más “ortodoxa” dentro del Gobierno, en palabras de la propia Díaz.

De hecho, la mayor parte de las fuentes consultadas de los diferentes partidos que conforman Sumar están de acuerdo en que el nombramiento de Cuerpo no va a complicar el entendimiento entre las dos alas del Gobierno, aunque tampoco facilite asuntos que ya eran muy complicados de gestionar para la coalición, como la vivienda. Y varios de los dirigentes del espacio que comanda Yolanda Díaz coinciden en señalar que al titular de Presidencia, Félix Bolaños, como el ministro que verdaderamente seguirá moviendo los hilos de las relaciones entre las dos almas del Ejecutivo y que retendrá un enorme mando en plaza, aunque nominalmente estará por debajo del nuevo vicepresidente.

Es más: varias de las fuentes de Sumar consultadas coinciden en que el ascenso de Cuerpo y la sustitución de María Jesús Montero por Arcadi España en el Ministerio de Hacienda, aunque reordene las piezas, no va a suponer un giro brusco en materia económica, ni en una dirección ni en otra. Y eso es así porque, aunque los ministros tienen mucho poder y capacidad de negociación, al final la dirección de la política económica corresponde a Sánchez, y es con él con quien Díaz ha tenido que negociar, en última instancia, el desbloqueo de algunas de las crisis entre PSOE y Sumar de los últimos años. Incluida, por ejemplo, la del Consejo de Ministros que aprobó los decretos de medidas por la guerra de Irán.

El ascenso de Cuerpo

Desde la Moncloa trasladan que la elección de Cuerpo responde una lógica del presidente del Gobierno por poner el foco en la gestión y por reivindicar el estado de salud de la economía española, un tema tabú en el discurso de la oposición desde que se vinieron abajo los vaticinios de recesión lanzados por Feijóo tras su aterrizaje en la política nacional. “Carlos Cuerpo es uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Está haciendo un trabajo excepcional al frente del ministerio de economía y será también un fantástico vicepresidente”, dijo Sánchez durante su comparecencia del jueves.

Funcionario de carrera, economista de prestigio en lo académico, con dilatada experiencia internacional y con una interacción fluida con la élite empresarial del país, Carlos Cuerpo ha hecho gala desde su incorporación al Consejo de Ministros en diciembre de 2023 de un discurso y un talante de moderación y templanza al que la propia oposición admite que cuesta hincarle el diente. Por eso, y por el balance de gestión económica del Ejecutivo, interpretan en el Gobierno que su ascenso es precisamente una dificultad añadida para la estrategia de confrontación permanente que despliega la derecha, con quien incluso Cuerpo mantiene abiertas habituales vías de diálogo.

La percepción entre algunas voces de referencia en el PSOE, no obstante, es que la salida de una persona como María Jesús Montero del Consejo de Ministros requería la elección de un perfil más político para un puesto de tanta responsabilidad y exposición como es la vicepresidencia primera del Gobierno y en un momento de inicio del ciclo electoral. Esa corriente de opinión entre los socialistas asiste ahora con cierta inquietud al ascenso fulgurante de un hombre al que algunos de sus críticos señalan como “más liberal que progresista” y como “más técnico que político”. Opiniones, reacciones o análisis múltiples y variados sin permeabilidad alguna en las decisiones del presidente.

La Ley Integral de Impulso de la Economía Social es una realidad. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de manera definitiva este nuevo marco legal que pretende aglutinar y modernizar tres leyes previas del conjunto de la llamada “economía social”, como las cooperativas y las empresas de inserción, impulsado por el Ministerio de Yolanda Díaz y que cuenta con un amplio respaldo del sector. El Congreso ha recibido de vuelta la norma del Senado y ha rechazado la mayor parte de las enmiendas incluidas por el PP.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado el trabajo de más de “un año y medio” para sacar esta legislación adelante, con las aportaciones del conjunto de diputados del Congreso y de los senadores de la Cámara Alta.

“Una pequeña reflexión: la economía social en España supone hoy, no un apartado menor de la economía en nuestro país. Es nada más y nada menos que el 11% del PIB, tiene que ver con la vida de muchísimas empresas”, ha destacado Díaz.

El Ministerio de Trabajo destaca que, como sector socialmente estratégico de nuestra actividad, “la Economía Social representa un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo”.

Modernización de tres leyes previas

Esta Ley Integral supone una actualización del marco jurídico de la economía social en España, que aglutina y reforma tres leyes previas: la Ley de Cooperativas, la Ley de Empresas de Inserción y la Ley de Economía Social.

Además, incorpora una modificación de la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas para impulsar y proteger especialmente por primera vez el modelo de la vivienda cooperativa en cesión de uso, una de las medidas que ha destacado el Ministerio ante al actual problema de acceso y coste de la vivienda en España.

Entre sus novedades, la nueva ley impulsa “fórmulas innovadoras de la Economía Social”, destaca el Ministerio, “como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, las comunidades energéticas o el comercio justo”.

Otro de los avances más relevantes es el “refuerzo de las causas de descalificación administrativa” para actuar frente a las falsas cooperativas, entidades que operan bajo una apariencia de supuesta cooperativa,“ pero que vulneran sus principios y valores”, indican en Trabajo.

También se reforma la regulación de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre las novedades, se modifica la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, que pueden ser contratadas a través de estas empresas.

Yolanda Díaz ha destacado que, frente “al ruido” de la política en la actualidad, este jueves se ha celebrado “el valor democrático de las Cámaras, que sirvan para mejorar la vida de la gente”.

La legislación cuenta con el respaldo de la mayor patronal del sector, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que había pedido el apoyo para que saliera adelante. La organización destaca que la economía social supone no solo el 11% del PIB, sino también “cerca de 130.000 empresas y entidades que generan 2,25 millones de empleos directos e indirectos”.

“La Economía Social constituye, además, un punto de encuentro político, tal y como se ha reflejado en el compromiso manifestado por los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de este proyecto legislativo”, ha destacado CEPES, presidida por Juan Antonio Pedreño.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que su departamento inicia los trámites para formar por fin el Consejo de Trabajo Autónomo, un órgano consultivo que lleva atascado casi dos décadas, ha adelantado en su intervención en la VI edición del Foro Económico de elDiario.es que se está celebrando desde el miércoles hasta este viernes.

Atascado “casi dos décadas, 20 años, por fin vamos a constituir el Consejo de Trabajo Autónomo”, ha anunciado Díaz, que ha advertido que “parece fácil, pero no lo es, por eso no se hizo en 20 años”, ya que “se juega la representatividad” de los colectivos de autónomos que se sientan en el diálogo social con el Gobierno para negociar las medidas que afectan a este colectivo de 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras.

En efecto, el principal obstáculo para la constitución de este órgano consultivo ha sido el sistema de medición de la representatividad de las asociaciones de autónomos, con muchos intereses enfrentados entre los hasta ahora considerados principales colectivos: ATA, UPTA y UATAE.

La vicepresidenta segunda ha anunciado que su equipo inicia “los trámites para constituir el Consejo del Trabajo Autónomo”, previsto en la Ley de Trabajo Autónomo de 2007. Tras un intento fallido para formarse en 2011, por el entonces ministro socialista Valeriano Gómez, este órgano no se ha constituido nunca.

El Consejo es una fórmula de participación de las asociaciones de autónomos en la creación de las políticas públicas destinadas a este tipo de empleo, y un mecanismo de diálogo social institucionalizado para sus colectivos más representativos.

Díaz además se ha mostrado “absolutamente a favor de la transposición del IVA franquiciado”, una medida que no había tomado todavía el Gobierno de coalición –con acciones incluso en los tribunales de la Comisión Europea– y que ahora saldrá adelante para conseguir el voto favorable de Junts al decreto con la mayoría de medidas anticrisis por el conflicto en Irán.

“Irresponsabilidad” del PP ante la guerra de Irán

Yolanda Díaz también se ha referido al contexto actual de crisis por la guerra de Irán, que ha lamentado que no parece tener “una salida próxima” por la falta de “un plan de salida” por parte de quien la inició, el presidente de EEUU, Donald Trump.

Díaz ha defendido los decretos del Gobierno de coalición con las primeras medidas para hacer frente a los daños económicos y sociales de este conflicto en Oriente Medio. Tanto el decreto más amplio, con el conjunto de ayudas y medidas por valor de 5.000 millones de euros, como el decreto para congelar los alquileres.

Yolanda Díaz ha instado a los inquilinos a que pidan la prórroga de sus contratos, ya que el decreto está ahora en vigor, aunque todo apunta a que decaerá dentro de un mes por la negativa de las derechas en el Parlamento.

La responsable de Trabajo ha denunciado la “irresponsabilidad” de la oposición, y en especial del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, que se prevé que votará en contra de los dos decretos.

Yolanda Díaz ha sostenido que el PP se sitúa así en contra de la “gente de su país”, tanto de los empresarios como de la gente trabajadora y las personas más vulnerables, en un conflicto que está empobreciendo económicamente a España y al resto del mundo, y que solo beneficia “a unos muy pocos”, como los “magnates del petróleo”, del fracking y los oligarcas tecnológicos “amigos de Trump”, ha denunciado la vicepresidenta.

En el terreno más político, la líder de Sumar en el Gobierno –que ya no será la líder de la izquierda confederal en las próximas elecciones– ha llecho un llamamiento a dar “esperanza” y “tranquilidad” a la ciudadanía. “Sé que el contexto político es muy malo, pero la extrema derecha y las políticas del odio y la destrucción no son una ola imparable”, ha sostenido. “Se puede ganar a la extrema derecha, que España no es una excepción, somos la inspiración y vamos a volver a serlo”, ha afirmado Yolanda Díaz.

Insiste en que reforzará el registro horario

La vicepresidenta segunda ha insistido este jueves en que sacará adelante el refuerzo del registro de jornada, que ha recibido la oposición interna del Ministerio de Economía y dos varapalos de los órganos consultivos que tenían que evaluar el real decreto, el Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos.

“Lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer, créanme, es que este registro sea eficaz, que valga para algo, como nos ha dicho el TJUE (la justicia europea)”, ha sostenido Díaz, en referencia a las sentencias que reclaman que el registro sea fiable, objetivo y accesible.

El Ministerio de Trabajo se ha abierto a hacer “pequeños cambios” en su actual texto, aunque ha situado como líneas rojas que el control horario sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo.

Ayer, en el Congreso de los Diputados, Díaz insistió en que sacaría adelante el refuerzo del registro horario “aunque fuera lo último” que hiciera, lo que avecina una nueva pugna dentro del Gobierno. El ministerio de Economía de Carlos Cuerpo consideró esta semana que había que asegurar “una implementación equilibrada” del registro para las empresas.

El Ministerio de Trabajo confía en aprobar su refuerzo del registro de la jornada laboral “a la mayor brevedad”, con pequeños cambios para sortear el rechazo de la norma por el Consejo de Estado, e ignorando las medidas que reclama el departamento de Economía. El departamento de Yolanda Díaz echa así un pulso al de Carlos Cuerpo y asegura en su confianza en que sacará adelante su texto legal, con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo indican fuentes de Trabajo tras conocerse este lunes la decisión desfavorable al real decreto del Consejo de Estado, adelantada por elDiario.es, que se suma a otro negativo de la Agencia Española de Protección de Datos en diciembre.

Tras ello, el Ministerio de Economía, que había emitido hasta dos informes desfavorables a la puesta en marcha del registro ante el Consejo de Estado, ha afirmado este martes que ahora se ha de asegurar una “implementación equilibrada” para las empresas de la norma, en palabras de Cuerpo.

Cuerpo se ha referido en concreto a facilitar la puesta en marcha de la medida a las pymes (pequeñas y medianas empresas), para las que su Ministerio demanda un mayor plazo para adaptarse a la norma, de hasta un año. Economía también reclama que haya algunos sectores excluidos de esta nueva legislación, con una normativa más relajada, como son la construcción, el transporte y el campo.

Confianza en ganar a Economía ante Sánchez

El Ministerio de Trabajo es sumamente crítico con los dos dictámenes de los órganos consultivos, desfavorables a su proyecto normativo y que consideran que han seguido la estela de las críticas de Economía y de las patronales.

Fuentes de Trabajo han rechazado además de manera tajante adaptar la norma a las peticiones del Ministerio de Economía. Han insistido en su confianza en tener el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sacar adelante esta medida en el Consejo de Ministros, al margen de lo que opine el ministro Cuerpo.

Un ministro que cada vez gana más peso en el Ejecutivo y cuyo nombre suena como uno de los posibles candidatos a sustituir a Montero al frente de Hacienda.

Aunque en el Ministerio de Trabajo precisan que el equipo de Yolanda Díaz no ha hablado con el de Sánchez de este tema tras la censura del Consejo de Estado y las palabras de Carlos Cuerpo, insisten en que este tema ha sido muy hablado entre los dos responsables de PSOE y Sumar dentro del Gobierno.

Destacan además que es parte del acuerdo de Gobierno, que contempla: “Reforzaremos los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas”.

“Pequeños cambios” para blindar el registro ante los tribunales

Pese a las críticas al Consejo de Estado, su dictamen desfavorable allana el camino de la denuncia ante los tribunales que ha anunciado la patronal si la norma sale adelante. Por ello, la intención de Yolanda Díaz es adaptar el texto con “pequeños cambios” para blindar el decreto ante esta denuncia de los empresarios, indican en el Ministerio.

Entre las modificaciones, en Trabajo destacan dos. Por un lado, introducir más énfasis en la garantía de la protección de datos del registro de jornada y, por otro, dejar claro que la negociación colectiva puede colaborar a la hora de adaptar las obligaciones de registro.

Ambos son dos de los elementos centrales por los que el Consejo de Estado rechaza el actual real decreto, que consideran que no respeta la legislación de protección de datos personales y que se excede en las competencias de los reales decretos, invadiendo las propias de la ley y los convenios colectivos.

Sin embargo, Trabajo ha subrayado otras dos líneas rojas del actual texto: que el registro sea digital y que sea accesible para la Inspección de Trabajo. Este primer elementos es otro de los que cita el Consejo de Estado para oponerse a la norma, ya que considera que requeriría de una ley.

En el Ministerio rechazan esta tesis y citan para ello el voto parcialmente discrepante de uno de los consejeros del órgano consultivo, el exmagistrado y ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret, que no comparte este argumento.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha deslizado este martes la necesidad de modificar el real decreto del Ministerio de Trabajo para reforzar el registro de jornada. “Ahora hay que asegurar que la implementación del mismo es equilibrada” para las empresas, ha respondido Cuerpo, al ser preguntado por elDiario.es por sus dos informes contrarios a la norma ante el Consejo de Estado, que el pasado jueves se posicionó finalmente contra el decreto en un duro dictamen.

La respuesta de Cuerpo llega tras conocerse este lunes el rechazo del Consejo de Estado a la aprobación del refuerzo del registro de jornada de Trabajo, pactado con los sindicatos CCOO y UGT, que ha desvelado además el informe desfavorable también de la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, un varapalo de los dos órganos consultivos que tenían que analizar la norma.

Tras este revés, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha asegurado que “lógicamente” va a tener en cuenta los informes “aunque solo sean consultivos”. Pero ha precisado que “siempre que no desnaturalicen la norma que el Ministerio quiere llevar a cabo, que es que de cumpla la jornada en España, que se garantice el cumplimiento estricto de las compensaciones por horas extras y obviamente que pueda ser revisada por la Inspección y en formato digital”.

Una implementación “equilibrada” para las empresas

Carlos Cuerpo ha insistido en que su Ministerio comparte el “objetivo” de la norma. “Estamos convencidos y compartimos la importancia del objetivo que persigue esta medida, pilar esencial para alcanzar una reducción efectiva de la jornada hacia delante”, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Es importante mantener la ambición de estos derechos de los trabajadores”, ha apostillado Cuerpo, pero a la vez ha añadido que hay que “trabajar en paralelo para conseguir una implementación equilibrada que facilite la adopción de este tipo de medidas, en particular para nuestras pymes”.

“Ahora hay que asegurar que la implementación del mismo es una implementación equilibrada para poder garantizar que los sujetos obligados, las empresas, pueden llevar a cabo esta importante medida, esta importante conquista de los trabajadores”, ha añadido el rsponsable de Economía a preguntas de este medio sobre si era necesario modificar el decreto antes de que pase por el Consejo de Ministros.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, ha intervenido con la intención de “confirmar el compromiso del Gobierno con la reducción de la jornada y también, por supuesto, con el control horario y el abono de las horas extraordinarias”.

Las propuestas de Economía al Consejo de Estado

El Ministerio de Economía propuso varios cambios en sus informes desfavorables al control horario del departamento de Yolanda Díaz. En el primero (de diciembre) puso en duda la legalidad del propio decreto, pero en el segundo (de febrero) este elemento se eliminó.

Entre las modificaciones propuestas más destacadas, Economía planteó ampliar el periodo transitorio de aplicación del nuevo registro horario para las pymes, hasta un año de plazo, y que se exceptúe de este nuevo sistema a ciertos sectores de jornadas especiales, como la construcción, el campo y los transportes.

Este martes, Sumar ha acusado a Carlos Cuerpo de “usar sus tentáculos” para boicotear el refuerzo del control horario a los trabajadores. La portavoz de los comunes y de Sumar, Aina Vidal, ha cuestionado “cuál es la posición de la ministra de Seguridad Social”, Elma Saiz, “y si le gusta cómo nos expolian cada semana 2,5 millones de horas extras”, ha afirmado Vidal en una rueda de prensa en el Congreso.

La diputada de Sumar ha lanzado un “llamamiento a la tranquilidad” y ha reiterado su crítica a los “ministros que tienen la tentación de usar sus tentáculos en el Consejo de Estado o en otros estudios que encargan de forma mamporrera”.

El refuerzo del registro de la jornada laboral propuesto por el Ministerio de Trabajo, pactado con los sindicatos mayoritarios, ha recibido dos importantes golpes. Los dos órganos consultivos que tenían que analizar el texto han resuelto desfavorablemente a la norma, tanto la Agencia de Protección de Datos como el Consejo de Estado. Este último con un dictamen muy duro y unánime en contra, que complica el futuro del reglamento.

La decisión del Consejo de Estado, presidido por la exministra socialista Carmen Calvo, se cerró el pasado jueves en su Comisión Permanente, como adelantó este medio. El órgano tuvo en cuenta el texto del real decreto, así como su memoria económica, y multitud de informes de distintos actores, tanto de los agentes sociales, como de distintas patronales y otros miembros del Gobierno.

Entre ellos, destacan los informes desfavorables del Ministerio de Economía, de Carlos Cuerpo, que llegó a emitir dos documentos contrarios a la norma. El primero, ponía en duda la validez legal del propio decreto, algo que después eliminó en su segundo informe. El Consejo de Estado concluye precisamente en este sentido.

También hay algunas reticencias de otros Ministerios, como el de Función Pública, que advierte de que el decreto afecta a su personal laboral y que requeriría de cambios en sus sistemas de control horario, para lo que pide un plazo “mínimo de un año” y denuncia que “existe un impacto presupuestario que no se ha valorado ni considerado en la memoria”.

El Consejo de Estado rechaza la legalidad del decreto

Entre las principales conclusiones del Consejo de Estado, se opone a la legalidad del real decreto. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, resume el órgano consultivo, que considera que el reglamento desarrollado por el Ministerio de Trabajo excede las competencias del real decreto y desarrolla elementos que exigirían de una ley, que no existe.

El Consejo de Estado recuerda que el Ministerio intentó tramitar los cambios en la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, pero esta fracasó en el Congreso por el no de PP, Junts y Vox.

El órgano considera, por un lado, que el reglamento no puede imponer un registro digital si no tiene una ley previa que explicite esta característica del control horario, algo en lo que discrepa un consejero, el exmagistrado y ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret (que no obstante, comparte el resto de reticencias y se posiciona en contra de la norma).

Pero no es el único elemento en el Consejo de Estado considera que se excede el decreto. “No se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”, recoge el dictamen.

La consecuencia sería “la nulidad por infracción del principio de legalidad” de gran parte del decreto, según el Consejo de Estado: “Afectaría a los artículos 1 a 7, al artículo 9 y a las disposiciones finales cuarta a sexta”.

Tampoco respeta la protección de datos

Entre el resto de reticencias del Consejo, destaca el rechazo de cumplimiento del nuevo registro horario de la legislación sobre protección de datos. El dictamen cita para ello la resolución desfavorable del otro órgano consultivo que tenía que examinar el decreto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

“El informe de la Agencia Española de Protección de Datos es desfavorable en relación con el cumplimiento del principio de reserva de ley al que se sujeta el tratamiento de datos personales”, indica. El informe negativo es del pasado mes de diciembre.

La Agencia advirtió de que el tratamiento de datos que se plantea precisa de un informe de los riesgos en materia de protección de datos, que no se había hecho, aunque fue incluido a posteriori por el Ministerio de Trabajo. Además, la AEPD expresó sus dudas “acerca de que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

Aunque Trabajo insistió en la proporcionalidad de los datos exigidos y en su acceso por la representación de la plantilla, el Consejo de Estado estima que “los datos que ofrece la memoria no son suficientes como para justificar debidamente la iniciativa normativa adoptada, que incide en un derecho constitucionalmente garantizado a la intimidad de todos los trabajadores asalariados de España”.

Los sindicatos CCOO y UGT han lanzado un comunicado conjunto de rechazo al dictamen del Consejo de Estado, en el que entre otras cosas, carga contra su “llamativo” celo respecto a la protección de datos.

“La preocupación por la privacidad parece, en este caso, invertida: no se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada”, sostienen las organizaciones mayoritarias de trabajadores.

Se complica el futuro de la norma

Aunque el Consejo de Estado sea un órgano consultivo, su negativa es muy relevante y complica la viabilidad del decreto. De primeras, de cara a la propia aprobación del actual texto por el Consejo de Ministros, que todo apunta a que encontrará reticencias, por ejemplo, del Ministerio de Economía.

“Es normal, dentro de los procesos habituales, que los textos legislativos se vayan adaptando”, indican fuentes del departamento de Carlos Cuerpo, que indican que Economía está “a favor del objetivo perseguido por esta medida”, pero indica “la necesidad de facilitar a las empresas su adopción”, sobre todo a las pymes, con “periodos de adaptación suficientes que permitan que el control del registro horario sea sostenible y pueda ser un pilar para reforzar la reducción efectiva de la jornada laboral”.

En el Ministerio de Trabajo sostienen que tendrán “en cuenta los informes aunque solo sean consultivos”, pero matizan: “Siempre que no desnaturalicen la norma que el Ministerio quiere llevar a cabo, que es que se cumpla la jornada en España, que se garantice el cumplimiento estricto de las compensaciones por horas extras y obviamente que pueda ser revisada por la Inspección y en formato digital”.

El cualquier caso, la negociación con sindicatos “no se va a volver a abrir porque hubo una mesa de dialogo social que duró 11 meses y en la que se llegó a un acuerdo”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz.

Los sindicatos CCOO y UGT han insistido por su parte al Ejecutivo de coalición para que apruebe la medida pactada. “El Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable. Está en juego el respeto a los derechos de 16,6 millones de personas trabajadoras y la propia equidad del sistema económico”, sostienen.

Sin embargo, aunque saliera adelante el real decreto como está en el Consejo de Ministros, y se llegara a aplicar en la práctica, su futuro se complica ya que estos dictámenes contrarios allanan el camino a los recursos judiciales que pretende presentar la patronal contra esta medida.

El Consejo de Estado ha resuelto un dictamen contrario al real decreto del Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, para reforzar el registro de la jornada laboral, según indican fuentes del organismo consultivo a elDiario.es. El dictamen contrario llega tras los informes desfavorables contra la “puesta en marcha” de la norma que firmó el departamento dirigido por Carlos Cuerpo. El Ministerio de Economía llegó a enviar dos informes negativos y, en el primero de ellos, cuestionó incluso la validez legal del real decreto, cuya tramitación urgente aprobó el propio Consejo de Ministros.

La decisión del Consejo de Estado se alcanzó el pasado jueves, cuando se reunió la Comisión Permanente, como figura en la información de su página web. Según fuentes del organismo consultivo y del Gobierno, el Consejo de Estado rechaza que los cambios legales puedan aprobarse mediante un real decreto, sin una ley.

Aunque se trata de un dictamen no vinculante, es muy importante la negativa del Consejo de Estado, que allana el camino al recurso ante los tribunales que han anunciado los empresarios en caso de que la norma sea aprobada. Los cambios del registro fueron pactados por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.

En el Ministerio de Economía encuadran sus informes desfavorables como “parte del procedimiento legislativo habitual”.

“Es incomprensible que alguien, como hacen estos informes, pueda situarse en contra de un instrumento que lo que quiere es garantizar que se cumpla la Ley en nuestro país, y que las empresas que abusan de la jornada de sus trabajadores no compitan deslealmente con el resto y paguen las horas extraordinarias como corresponde”, sostienen en el Ministerio de Trabajo sobre la posición de Economía ante el Consejo de Estado.

Las tensiones entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo no son en absoluto nuevas. Los choques entre ambos departamentos han sido constantes, a veces más públicos y otras menos, pero con continuas diferencias entre ambas carteras.

Un refuerzo del registro horario pactado entre PSOE y Sumar

La norma en conflicto es el proyecto de real decreto para endurecer el registro diario de la jornada laboral y facilitar su control por parte de la Inspección de Trabajo. El Ministerio de Yolanda Díaz dio este paso tras caer la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media en el Congreso de los Diputados, por el voto en contra de PP, Junts y Vox.

Tras ello, Trabajo rescató de manera inmediata uno de sus elementos troncales: el refuerzo del registro horario, para combatir al menos las horas extra ilegales que hacen casi medio millón de trabajadores en España y tratar de garantizar el cumplimiento de los horarios. Este refuerzo del control horario además es un compromiso expreso del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, además de la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media.

“Cuestionarlo [el registro de jornada] es cuestionar un compromiso democrático entre PSOE y Sumar”, denuncian en el departamento de Díaz sobre el posicionamiento de Carlos Cuerpo.

El Gobierno dio en septiembre el primer paso para aprobar esta medida, a través de un real decreto (que no tiene que pasar por el Parlamento), con la luz verde del Consejo de Ministros a su tramitación urgente. Esta vía recorta los plazos para su aprobación, para lo que se requiere de dos informes previos antes de volver al Consejo de Ministros, del Consejo de Estado y de la Agencia Española de Protección de Datos.

Dos informes desfavorables: en diciembre y en febrero

Ha sido en el trámite previo del Consejo de Estado donde el Ministerio de Economía ha boicoteado la norma. En el informe preceptivo que tenía que emitir al órgano consultivo, el departamento de Carlos Cuerpo sostiene que valora “favorablemente el objetivo perseguido”, por “mejorar la transparencia y la trazabilidad del registro de jornada gracias a su carácter digital”, entre otros elementos, pero sin embargo “valora desfavorablemente su puesta en marcha”.

La particularidad es que el Ministerio de Economía emitió dos informes para el Consejo de Estado, uno en el mes de diciembre y otro a principios de febrero, ambos desfavorables.

En el primero, además de varias pegas sobre su contenido, el departamento de Carlos Cuerpo cuestionó la propia validez legal de la norma, argumento que ha adoptado el Consejo de Estado en su dictamen, según señalan fuentes de este organismo. “Asimismo, se cuestiona la adecuación del proyecto de Real Decreto al principio de jerarquía normativa”, recoge el informe de Economía del pasado mes de diciembre.

Es decir, que el Ministerio de Economía pone en duda que los cambios que quiere implementar Trabajo en el registro horario (como que sea interoperable en tiempo real por la Inspección de Trabajo) sea posible aprobarlos en un reglamento, por la vía del real decreto, en lugar de en una norma con rango de ley. Sin embargo, el Consejo de Ministros había dado luz verde en septiembre a la tramitación urgente de ese real decreto.

Unos meses más tarde, a principios de febrero, Economía emite un segundo informe desfavorable, igual al anterior en las objeciones sobre el contenido del decreto, pero ya sin cuestionar la forma, esa validez legal del real decreto.

“Es normal que dentro de este proceso se cambien o maticen algunos puntos de los informes, en este caso respecto a los primeros informes de diciembre”, responden sobre la emisión de este segundo informe en febrero.

Excluir al campo, el transporte y la construcción

El Ministerio de Economía rechaza la puesta en marcha del real decreto ya que “se considera necesario un periodo transitorio amplio y herramientas que minimicen el impacto operativo para las pymes”, así como porque considera “necesario tener en cuenta que una imposición homogénea de estas obligaciones no tiene en cuenta la existencia de sectores cuyas especificidades hacen que estas medidas pueden resultar ser adaptadas a su realidad”, recogen los informes.

Así, el departamento de Carlos Cuerpo reclama un periodo transitorio de un año para los cambios planteados en el registro horario –como obligar a que sea digital– para las pymes, en lugar de los 20 días previstos en el real decreto de Trabajo.

Por otro, reclama que haya sectores excluidos de esta norma general, como los de jornadas especiales, entre los que menciona el campo, el transporte y la construcción. La patronal de la construcción ha sido de las más beligerantes contra el refuerzo del registro horario, que ha sostenido que hundirá los salarios que hoy perciben los trabajadores (por lo que parece en horas extra por encima de la legislación laboral).

Al igual que se han relajado las exigencias del registro horario para el empleo doméstico en los hogares, Economía pide este trato diferenciado para estas otras actividades económicas. “Se considera necesario extender este enfoque diferenciado a otros sectores y ocupaciones en los que la aplicación estricta del sistema general puede resultar de difícil implementación”, recoge el informe de Economía.

Fuentes del departamento de Carlos Cuerpo sostienen que “el Ministerio de Economía está a favor de la medida —como ya ha reconocido públicamente el ministro Carlos Cuerpo, en varias ocasiones—, facilitando que las empresas puedan adoptarla”. “Es decir, dotándolas, sobre todo a las pymes, de periodos de adaptación suficientes que permitan que el control del registro horario sea sostenible y pueda ser un pilar para reforzar la reducción efectiva de la jornada laboral”, añaden.

“La reducción de la jornada no solo es socialmente necesaria, sino económicamente viable y respaldada por la evidencia internacional. Desde el Ministerio de Trabajo vamos a seguir defendiendo con firmeza una reforma que mejora la vida de los y las trabajadoras de nuestro país y moderniza de verdad nuestro mercado laboral”, sostienen por su parte en el Ministerio de Trabajo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha elevado este lunes la presión sobre el PSOE para poner en marcha más medidas para paliar la crisis de acceso a la vivienda hasta el final de la legislatura, y ha asegurado que, además de ser una apuesta ideológica, es de “interés electoral” tanto para los socialistas como para el resto de la izquierda hacerlo de cara a las próximas elecciones generales.

En una reunión con los diputados del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso y también con los ministros y los líderes de los partidos del espacio, Díaz ha sostenido que en la actualidad la vivienda es “el problema de España”, y ha afirmado que los electorados de todos los partidos se ven afectados por él. “Esto no va por parroquias”, ha espetado. Además, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición ha señalado que los derechos “se ganan peleando” y ha instado al conjunto de su espacio a movilizar “a todo el mundo” para que el decreto sobre vivienda pueda ser convalidado ahora en el Congreso.

“Compañeros y compañeras, tenemos una misión”: la de coordinar a los colectivos sociales y sindicales para que su presión logre que los partidos de la derecha cambien el sentido de su voto y no derriben el decreto, ha asegurado Díaz, que ha afirmado que “el Gobierno ya hizo lo que tenía que hacer” y que ahora la tarea de los partidos que componen Sumar es la de reunirse “con los sindicatos de inquilinos, con los sindicatos de clase, con las organizaciones ecologistas” o “con las organizaciones feministas” para “ganar en la calle lo que ya está hoy en vigor” en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Quien tumbe esta medida, se llame Junts, se llame PP o se llame Vox, va a tener que rendir cuentas”, ha avisado.

En la misma línea se ha expresado el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que lanzó un dardo al ala socialista del Ejecutivo al ironizar con el hecho de que el presidente Pedro Sánchez le dedicara “un minuto” al decreto de vivienda en su intervención ante los medios del pasado viernes. “Nosotros le vamos a dedicar un mes a la movilización y a la interlocución”, ha prometido Maíllo, que también ha asegurado que el grupo parlamentario de Sumar y las formaciones que lo componen van a hacer “sudar la gota gorda a quienes se atrevan a oponerse” al paquete de medidas. “O se está con los derechos de la gente, o se está con quien hace negocio con la vida de las personas”, ha planteado.

Por su parte, el ministro de Cultura y dirigente de los Comuns catalanes, Ernest Urtasun, ha pronosticado que en las próximas semanas y meses la batalla política, también dentro del Gobierno, girará en torno a “quién asume los costes de la guerra”. “Y si nosotros queremos que la población española, que es extremadamente pacifista, nos acompañe en la condena de la guerra tenemos que tener claro que debemos garantizar un reparto justo y equitativo” de esos costes, ha aseverado Urtasun, que ha criticado que el PSOE “flaquea constantemente” cuando “se trata de atacar determinados intereses económicos”.

Con vistas a las medidas que el Gobierno pueda debatir y aprobar en las próximas semanas, el titular de Cultura ha lanzado a los socialistas el mensaje de que “no sirve de nada que el Gobierno se autoimponga vetos en el Consejo de Ministros y no traiga las cosas al Congreso por miedo a perderlas”. Y, en la misma línea, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, presumió de que el “plante” de los ministros de Sumar el viernes pasado, por el cual se retrasó el inicio del Consejo de Ministros, ha logrado que “se le ahorren 400, 500 o 600 euros a las familias” al prorrogar los contratos de alquiler que venzan a partir del pasado sábado.

Fue Ernest Urtasun el que se lo hizo saber a María Jesús Montero. “Los ministros de Sumar no podemos aprobar hoy el decreto sin medidas de vivienda”. Como ocurre habitualmente, el ministro de Cultura fue el primero en llegar a la Moncloa para una cita en principio programada a las 9.30 de la mañana y cuyo inicio se retrasó más de dos horas por la negociación in extremis de los socios de coalición.

La decisión se había tomado a primera hora de la mañana en un grupo de Telegram que comparten los cinco ministros del socio minoritario del Ejecutivo. Esto es: Yolanda Díaz, Mónica García, Sira Rego, Pablo Bustinduy y el propio Ernest Urtasun. Y los cinco, según las fuentes consultadas, estuvieron de acuerdo en escenificar un plante tras varios días de negociación infructuosa respecto, por ejemplo, a la prórroga de los contratos de alquiler.

El choque escenificado por Sumar frente al PSOE implica un giro de guion en la tónica habitual de la legislatura, donde al espacio liderado por Yolanda Díaz se le ha achacado de manera recurrente su sumisión a los designios de Pedro Sánchez. Según interpretan en las filas socialistas, la decisión de bloquear un par de horas este viernes el Consejo de Ministros y proyectar hacia afuera una postura de fuerza tiene mucho que ver con el contexto político que afronta la coalición de las izquierdas.

Inmersos en una deriva electoral que ha llevado a ese espacio político a ser fuerza extraparlamentaria en Castilla y León, los partidos que integran Sumar llevan semanas enredados en la búsqueda de liderazgo para la sucesión de Yolanda Díaz. La vicepresidenta anunció en febrero su renuncia a repetir como candidata y cabeza de lista. Y ese sillón vacío y los últimos movimientos en la izquierda, con Podemos acercándose a Gabriel Rufián, han hecho crecer los temores sobre que un espacio político que hoy es todavía fuerza de Gobierno acabe arrinconado en la irrelevancia.

Por eso, los de Yolanda Díaz decidieron no transigir este viernes. O al menos, no transigir con una línea marcada en rojo por la coalición de izquierdas: las medidas de vivienda para dar respuesta a la crisis habitacional que mucha gente puede ver agravada con motivo de las consecuencias económicas de la guerra.

Según todas las fuentes consultadas en un lado y otro del Ejecutivo, la situación se desbloqueó en una sala cercana a la que acoge cada semana el Consejo de Ministros y anexa a otro espacio donde es habitual que los miembros del Gobierno departan con un café. En ese espacio, flanqueado por un par de hileras de sofás, se apostaron los cinco ministros de Sumar junto a María Jesús Montero y el propio presidente, que según fuentes del socio minoritario llegó a tener un breve aparte con su vicepresidenta segunda en esa misma sala.

Los miembros del Gobierno consultados rebajan el “nivel de dramatismo” de ese encuentro y aseguran que ni siquiera se trató de una negociación con altas dosis de tensión. “Ellos han dicho que no podían aprobar el decreto sin medidas de vivienda y se ha buscado una salida negociada porque es cierto que había un desencuentro importante, pero poco más. Esa negociación se ha producido en unos términos muy afables y muy razonables hasta que se ha llegado a un acuerdo”, explican en la Moncloa.

Desde Sumar trasladan que, a primera hora de este viernes, se encontraron al ala socialista del Ejecutivo “cerrada en banda” respecto a la posibilidad de incluir medidas de vivienda. La postura del equipo de Pedro Sánchez se resumía en que si el decreto iba más allá de iniciativas “quirúrgicas” respecto a la subida de precios de la energía, el paquete entero de medidas corría el riesgo de decaer en el Congreso por la falta de apoyo de fuerzas conservadoras como Junts o el PNV.

Y entonces surgió la idea que desbloqueó el entuerto: un segundo decreto con las iniciativas demandas por Sumar y al margen del paquete diseñado por Moncloa, que quedaba blindado para su votación del próximo martes. Ese segundo texto incluye la congelación de los alquileres durante dos años, que se aplicará desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque a expensas de que los socios puedan tumbarlo en el Congreso. Algo que, en realidad, dan por hecho las dos alas del Ejecutivo.

Aunque eso ocurra, en Sumar reivindican haberle arrancado al PSOE una iniciativa que desde este domingo estará vigente y puede beneficiar a miles de inquilinos. “Vamos a negociarlo y no lo damos por perdido, pero en cualquier caso nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esta medida es fundamental para mucha gente y se va a demostrar que no sea cae el mundo por aplicarla, porque va a estar en vigor desde ya. Y quien decida tumbarla, que asuma las consecuencias ante los ciudadanos”, apuntan los de Yolanda Díaz, que también asumen la política fiscal de rebajas de impuestos que demandaba la derecha y que se ha incluido en el decreto que se votará la semana que viene.

“Entiendo que el salseo es interesante para los medios, pero estamos hablando de un resultado muy importante, casi 5.000 millones de euros en ayudas a paliar la situación tan grave que vivimos, yo me quedo con eso”, quiso quitarle hierro al choque el presidente, que sacó pecho de la capacidad de negociación de su Ejecutivo en momentos tan delicados o más que el actual. “Somos un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria. Así que el método es diálogo, negociación y debate. Y eso es un valor añadido para las medidas que adoptamos hoy”. Tanto el PSOE como Sumar dan por hecho que el decreto del próximo jueves tendrá apoyos suficientes y que las medidas en vivienda es muy probable que caigan por el voto en contra de Junts.

Acuerdo entre PSOE y Sumar para aprobar la congelación de los alquileres. El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este viernes dos reales decretos-ley, uno con el grueso de las medidas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio; y otro específico en materia de vivienda, tras el plante del socio minoritario de la coalición, que ha retrasado más de dos horas la reunión del gabinete.

Según ha podido saber elDiario.es, el acuerdo se ha cerrado después de que el presidente Pedro Sánchez se haya reunido bilateralmente con la vicepresidenta Yolanda Díaz y, después, con el resto de ministros de Sumar, que reclamaban medidas de vivienda y un control de los márgenes empresariales de las compañías energéticas para aplicar las rebajas del IVA a los combustibles.

En concreto, el primer texto cuenta con 80 medidas, sobre todo fiscales, como la rebaja del IVA al 10% para los combustibles, por un valor de 5.000 millones de euros. Estas durarán el tiempo que sea preciso, ha dicho Sánchez en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario, e incluyen un refuerzo del control a los márgenes empresariales para asegurar que el recorte impositivo se traslada al precio final. También despliega medidas de protección a colectivos vulnerables.

El segundo texto incluye la congelación de los alquileres durante dos años, que se aplicará desde el momento en que se publique en el Boletín Oficial del Estado, aunque a expensas de que los socios puedan tumbarlo en el Congreso. Esta publicación será mañana sábado.

Las dos partes dan por hecho que las medidas en vivienda caerán por el voto en contra de Junts, pero desde Sumar se pone en valor que el Consejo de Ministros haya aprobado este segundo real decreto-ley, que será de aplicación hasta su votación en la Cámara baja en un plazo de 30 días. Si PP y Junts lo tumban, aducen desde el socio minoritario de la coalición, quedarán retratados ante la ciudadanía.

“En este segundo somos conscientes desde el poder ejecutivo que no existe aún una mayoría parlamentaria en el Congreso para poder convalidarlo”, ha reconocido Sánchez durante la rueda de prensa. “Pero no por ello el gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española”, ha subrayado, comprometiéndose a negociarlo en las próximas semanas.

La primera norma, que el Gobierno ha titulado como Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, se votará el jueves que viene.

“Este es el compromiso del Gobierno de España, pero también quiero compartir con los ciudadanos el que las guerras cuestan vidas. En estos primeros compases nos van a costar 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a Sanidad, a dependencia y que vamos a tener que destinar para proteger a nuestro tejido productivo”, ha dicho el presidente, que ha aprovechado para atacar veladamente al PP por “ponerse de perfil” y no decir “claro su rechazo a esta guerra”.

Una rebaja del IVA del combustible al 10%

El Gobierno llevaba semanas con un intenso debate interno sobre si la respuesta a la guerra en Irán debía incluir materias en materia de vivienda, sobre todo después de que el escudo social, con la protección anti desahucios, fuera derogado en dos ocasiones en el Congreso de los Diputados por la negativa de Junts a apoyarlo.

Desde el ala socialista, con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al frente de las negociaciones, llevaban días enfriando la posibilidad de adoptar medidas como la congelación de los alquileres que exigía Sumar. Desde Economía subrayaban que los efectos de la guerra se estaban sintiendo sobre todo a través del precio de los combustibles y que estas medidas debían ser “ajustadas” y centralizadas en los sectores más afectados, como el campo o el transporte.

El Gobierno ha introducido, entre las medidas fiscales, una rebaja del IVA de la electricidad y del gas del 21% al 10%, así como una serie de descuentos en la luz y la garantía de suministros básicos, una de las medidas incluidas en el escudo social que tumbó el Congreso. El Ejecutivo ha incluido también el bono social eléctrico y térmico reforzados, ante las subidas de los precios del petróleo y el gas.

En concreto, el real decreto-ley rebaja el IVA de la luz al 10%, suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que es del 7%; y rebaja al mínimo (0,5%) que permite la Unión Europea el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). En total, según los cálculos de Moncloa, esto supone una reducción de la factura eléctrica del 60%.

El descuento al combustible se traduce en unos 30 céntimos litro, ha dicho el presidente, si a la rebaja del IVA de los carburantes al 21% se suma la rebaja al mínimo posible por la normativa europea del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), hasta los 33 céntimos en el caso del gasoil y los 42 para la gasolina. La rebaja del IVA también aplica a los pellets y a la leña.

Ese especial foco al campo y el transporte se traducirá en ayudas específicas, como descuentos de 20 céntimos al litro de gasóelo profesional y también a la compra de fertilizantes. Estas bonificaciones para los profesionales se harán a través de la Agencia Tributaria.

Además, el Gobierno ha decretado un control reforzado de los precios por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar que estas ayudas engrosen los márgenes empresariales de las energéticas en lugar de trasladarse al consumidor.

El paquete prorroga para todo el 2026 el escudo social del Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.

Para las electrointensivas, se bonifica en un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva. Esto supondrá, ha dicho el presidente, un ahorro de 200 millones que les permitirá “preservar así su competitividad, su actividad y cientos de miles de empleos”.

En lo laboral, el Ejecutivo ha incluido la prohibición de despedir por causas objetivas derivadas de esta crisis a las empresas que reciban ayudas públicas para mitigarla, como ha adelantado este periódico.

Entre otras medidas “estructurales” el Ejecutivo ha incluido en el paquete de respuesta se incluyen deducciones para la eficiencia energética y la adquisición de vehículos eléctricos, que serán del 15% en el IRPF; así como un impulso a las energías renovables, a través del fomento del autoconsumo compartido y apoyo a las cooperativas energéticas.

El Ministerio de Trabajo ha incluido en el primer paquete de medidas por el conflicto en Oriente Medio la prohibición de despedir por causas objetivas derivadas de esta crisis a las empresas que reciban ayudas públicas para mitigarla, confirman fuentes del departamento de Yolanda Díaz.

Esta mañana, el Gobierno de coalición ha tomado las primeras medidas anticrisis por la guerra en Irán, que lleva más de dos semanas y un futuro incierto en medio de las continuas contradicciones del presidente de EEUU, Donald Trump, que está pidiendo más dinero para financiarla.

Tras tensiones entre los socios de coalición, por la exigencia de Sumar de incluir medidas sobre vivienda en esta primera respuesta ante la crisis, el Gobierno ha decidido finalmente aprobar dos decretos: uno con la congelación de los alquileres y otro con el resto de medidas económicas.

En el ámbito laboral, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha recordado en estos días que las empresas ya tienen disponible una herramienta muy valiosa para hacer frente a esta situación: los ERTE, que se mejoraron en la pasada reforma laboral y que sirvieron de colchón esencial para amortiguar los efectos de la pandemia, protegiendo empresas y trabajadores.

No despedir si se reciben ayudas

Además, Trabajo ha insistido en la necesidad de aprobar en este primer paquete una medida laboral adicional, que ya se aprobó en las pasadas crisis por la pandemia y por la crisis inflacionista derivada de la guerra de Ucrania. Que las empresas no puedan despedir por causas objetivas por esta situación si están recibiendo ayudas públicas para aliviarla.

En concreto, fuentes de Trabajo indican que no se podrán efectuar despidos ni tampoco ceses de actividad (de los autónomos), así como acuerdos de reducción del personal en las cooperativas, cuando estas medidas se justifiquen por causas de fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que tengan su origen en la crisis derivada de este conflicto.

Obligación de planes de movilidad sostenibles

Como adelantó Yolanda Díaz hace unos días, su departamento estaba trabajando con el de la vicepresidenta Sara Aagesen, responsable de Transición Energética, para impulsar también los transportes colectivos en las empresas, con el objetivo de reducir el consumo de carburantes.

Fuentes de Trabajo indican a elDiario.es que en este primer paquete de medidas también se extiende la obligación de contar con planes de movilidad sostenible a las empresas que reciban ayudas por esta crisis en Oriente Medio.

“Todas las empresas de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno deberán contar de manera obligada con un plan de movilidad sostenible para facilitar los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo”, han afirmado tras el Consejo de Ministros en Trabajo.

Este mandato se acompaña de una advertencia práctica, que el incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de las ayudas recibidas, indican desde el departamento de Díaz.

El debate sobre el futuro de la izquierda entra en ebullición. La renuncia de Yolanda Díaz a liderar ese espacio político y a repetir como candidata a las generales deja un vacío que la mayoría de formaciones que integran la coalición Sumar urge a llenar cuanto antes. Más aún, tras la debacle de las dos últimas citas electorales autonómicas, que en el caso de Castilla y León este pasado domingo supuso quedarse directamente sin representación parlamentaria. Y en ese contexto, los partidos coinciden en un nombre: el de Pablo Bustinduy, actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según ha podido confirmar elDiario.es, todas esas organizaciones políticas le han hecho llegar a Bustinduy la conveniencia de dar un paso al frente y le han trasladado que, de hacerlo, contaría con todo el respaldo. Y no es algo nuevo. Las fuentes consultadas en los distintos partidos del espacio confirman que ya “hace meses” que “intentan convencer” al ministro de que acepte liderar ese proyecto político y ser también el candidato a las elecciones generales.

Consultado por este periódico, en el entorno más cercano a Pablo Bustinduy admiten ser conscientes de ese consenso generalizado y de ese mensaje casi unánime de puertas hacia adentro. Pero también que es el propio Bustinduy el que, hasta ahora, se ha encargado de enfriar esa posibilidad con reticencias, principalmente, en cuanto a la compatibilidad de una responsabilidad de esa enjundia con su vida personal y familiar. En contacto con elDiario.es, desde su equipo insisten en que la postura del ministro sigue intacta en el 'no' a liderar el espacio y ser candidato.

Este mismo lunes, los medios de comunicación le preguntaron expresamente por ello. “Seguimos sin conocer quién va a ser el líder o la lideresa de ese espacio. ¿Usted se descarta o hay alguna posibilidad?”, le preguntó una periodista. “No, no, pero es que yo ya lo he dicho muchas veces. Es algo que trasciende la fórmula y trasciende un nombre y un apellido”, se limitó a esquivar antes de apelar a un trabajo conjunto de su espacio político. “Creo que tenemos que hacer un proceso de reflexión profunda, de análisis de lo que está pasando. Estoy convencido de que la izquierda va a estar a la altura en 2027. Las lecciones son bien claras y el camino está claro: consiste en hacer las cosas bien”, zanjó.

Por su parte, en el Ministerio de Derechos Sociales del que es responsable señalan que reciben como “un honor” que el conjunto de partidos políticos que integran la coalición de izquierdas coincida en el reconocimiento de la figura de Pablo Bustinduy. “Eso significa que reconocen el trabajo que él hace como ministro y que se hace en este ministerio, que es lo único que le ocupa y en lo único en lo que está volcado”, apuntan.

En lo que están de acuerdo tanto en Más Madrid, como en Izquierda Unida, en Movimiento Sumar y En Comunes no es solamente en que sería “un gran candidato” por su trayectoria y su perfil político. Sino también en que no existen demasiadas alternativas capaces de aglutinar tanto nivel de consenso entre las diferentes formaciones.

Izquierda Unida urge a decidir ya

Mientras, algunas de las formaciones políticas llama a darse prisa para cualquier proceso de decisión. Es el caso de Izquierda Unida, cuyo Consejo Federal aprobó este lunes una resolución para instar al resto de partidos de la coalición progresista a “acelerar los procesos para elegir al sustituto o sustituta de Yolanda Díaz” como nuevo candidato de este espacio político a las elecciones generales.

“En política, los espacios vacíos no proceden”, aseguró el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en referencia al hueco que dejó la ministra de Trabajo como referente de la izquierda confederal cuando anunció su renuncia a repetir como cabeza de cartel el pasado 25 de febrero. El dictamen aprobado en el Consejo Federal habla de “acelerar” el nombramiento del candidato de la coalición a las generales, pero no fija ninguna fecha concreta para resolver este asunto.

Tampoco Maíllo habló de plazos. Otras fuentes presentes en la reunión, sin embargo, aseguran que se planteó como horizonte “antes del mes de mayo”, para que la izquierda confederal cuente con un referente nacional claro en la campaña de las elecciones andaluzas, previstas para el mes de junio, a las que Maíllo concurre como candidato de la coalición Por Andalucía, informa Daniel Cela.

Según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes del entorno más cercano a Bustinduy, es el líder de Izquierda Unida uno de los dirigentes que ha mostrado mayor respaldo al ministro en los últimos meses para animarle a dar el paso de ser candidato a las generales y ponerse al frente del proyecto. Un extremo que no desmienten desde la propia Izquierda Unida, donde sin embargo aseguran formalmente que “existen más nombres” y que, en cualquier caso, se tratará de una decisión “de los órganos y de la militancia de Izquierda Unida”.

Rufián, Yolanda Díaz y Podemos

De Pablo Bustinduy como candidato de la izquierda confederal han hablado en las últimas semanas hasta dirigentes de otros espacios políticos. Es el caso de Gabriel Rufián, que en febrero amagó con dar un paso y organizó un acto con Emilio Delgado para pedir la unidad de todas las izquierdas del estado y llegó a calificar al ministro de “maravilloso”. “A mí no me toca decir si tiene que ser candidato. Sería irrespetuoso por mi parte, pero sería maravilloso”, dijo en los pasillos del Congreso el portavoz de ERC.

Tras anunciar su renuncia como cabeza de cartel a las próximas generales, Yolanda Díaz habló en unos términos similares del ministro de Sumar en una entrevista en El País en la que aseguró que no señalaría a nadie para sucederla y en la que le pidieron opinión de su compañero de filas. “Magnífica opinión. Me costó mucho que fuera ministro y lo quiero con locura. Pero, para ser consecuente con lo que he dicho antes, no voy a decir nada más”, zanjó.

Según valoran también las distintas formaciones de Sumar, el perfil político y personal de Pablo Bustinduy allanaría las opciones de la tan ansiada unidad de la izquierda, ya que no se trata de uno de los dirigentes políticos que haya protagonizado, al menos públicamente, más roces con los dirigentes de Podemos. Aunque el ministro salió de la formación que dirigen Ione Belarra e Irene Montero, todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que se trató de una salida “elegante” en la que Bustinduy “nunca hizo sangre” con las desavenencias existentes.

Aunque en Podemos admiten que el de Pablo Bustinduy es un perfil menos “conflictivo” que el de otros dirigentes de Sumar, aseguran que se mantienen al margen de cualquier “reflexión o procedimiento interno de otro espacio político”. La propia secretaria general, Ione Belarra, aseguró este martes que la única reflexión que debe hacer la izquierda en este momento pasa por “recuperar la capacidad de transformación”. Algo que, a su juicio, no pasa en un Gobierno donde “solo manda el PSOE y solo se hace lo que dice Pedro Sánchez”. “A mí me parece que esa es la mayor preocupación y eso es en lo que tenemos que concentrarnos ahora, poner a la izquierda en pie. Una izquierda de transformación que pueda cambiar las cosas de verdad como pasaba cuando Podemos estaba en el Gobierno”, añadió.

El conjunto de organizaciones de izquierdas consultadas por este periódico resalta, en cualquier caso, que es importante “respetar los tiempos de reflexión y las circunstancias personales de todo el mundo”, en referencia a las reticencias mostradas por Pablo Bustinduy. Al que todos buscan fórmulas para convencer para la vacante de líder y candidato de un proyecto que hoy aún es de Gobierno, pero que acumula todos los síntomas de andar a la deriva.

Tras la publicación de este artículo, elDiario.es ha podido confirmar que Bustinduy ha trasladado su malestar a las organizaciones políticas de Sumar por expresar su voluntad de que sea candidato. La consecuencia fue que esos mismos partidos que le piden dar un paso al frente y así se lo contaron a este periódico decidieron transmitir en una nota que no hay petición formal.