La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha inaugurado este jueves la Comisión Asesora de personas expertas para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), a la que ha pedido que realicen su informe en un tiempo más reducido de lo habitual –ante la intención de subir este mínimo salarial antes de las elecciones generales– y también que su recomendación de aumento garantice que el salario mínimo no pierde poder adquisitivo, con una elevación que compense al menos la inflación. Según los últimos datos, el IPC interanual está en “el 4,9%”, ha recordado Díaz.

La responsable de Trabajo ha añadido que el mandato de los expertos también incluye la petición habitual: que recomienden un aumento anual que garantice que el SMI cumple con la meta del 60% del salario medio del país, según la Carta Social Europea.

Pero, además, Díaz ha recordado que el Estatuto de los Trabajadores recoge varias variables macroeconómicas a tener en cuenta para acordar la subida del SMI, entre las que figura “el índice de precios de consumo” y la “coyuntura económica general”.

En este sentido, la ministra de Trabajo ha recordado que España es el país de la OCDE con mayor crecimiento económico, del 2,6%, y ha encargado a la Comisión Asesora que analice la evolución de los márgenes empresariales. “Duplican en España los europeos en todos los sectores. Lo vuelvo a decir, están en máximos. No son opiniones, son datos reales que, como siempre digo, deberíamos de proyectarlos”, ha afirmado.

Desde esa premisa de que “la economía va bien”, y ante el importante auge de precios, que perjudica sobre todo a los hogares más vulnerables, Yolanda Díaz ha puesto los moldes para defender una subida contundente. “Estamos en un escenario de crecimiento económico, por tanto, con más justicia si cabe, el paso es decidido a revalorizar el salario mínimo. Como siempre hemos hecho”, ha sostenido.

Sobre los tiempos para la subida, aunque no ha precisado cuándo se podrá aprobar, Díaz ha dado menos de un mes a los expertos para entregar su informe: a finales de octubre o en el puente de Todos los Santos (primeros días de noviembre). Con este documento, el Ministerio de Trabajo reunirá inmediatamente a los agentes sociales, con los que Díaz ha afirmado que le gustaría que hubiera “un acuerdo”, algo bastante impensable en estos momentos.

“Toca ajustarse un poco el cinturón por arriba”

Díaz ha insistido en el importante aumento de los márgenes empresariales en los últimos años para adelantarse a las previsibles críticas del ámbito empresarial sobre el incremento del salario mínimo que proponga su Ministerio.

“Los márgenes empresariales superan la serie histórica, por lo que sería conveniente que repartamos un poco la riqueza en nuestro país”, ha argumentado Díaz. “Creo que toca ajustarse el cinturón un poquito por arriba, no por abajo”, ha defendido.

Díaz ha recordado que “la mediana salarial se encuentra en 1.700 euros”, por lo que “estamos hablando de un país que necesita mejores salarios”.

Aunque el conjunto de salarios se negocia entre las empresas y los representantes de los trabajadores, Díaz ha enarbolado la competencia del Gobierno para fijar el salario mínimo, con un mandato de históricos aumentos a sus espaldas.

“El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente, por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, que van a volver a ver cómo subimos el salario mínimo en España”, ha asegurado.

“Un referente de coraje, compromiso y amor por Galiza”; “no dejaba a nadie indiferente”; “una figura política crucial”; “nuestro comandante sin ejército...”. La muerte de Xosé Manuel Beiras a los 90 años ha sacudido la política gallega –y no sólo la gallega– y ha provocado una cascada de reacciones. El que fue, sin duda, el político más importante del nacionalismo gallego desde Castelao, será velado desde mañana viernes a las 12 del mediodía en una sala habilitada para ello en el Museo do Pobo Galego. Allí se celebrará a las cuatro de la tarde un acto público de homenaje abierto a la ciudadanía.

Una de las primeras reacciones públicas ha sido la de Ana Pontón. La portavoz nacional del BNG, fuerza de la que Beiras fue cofundador y a la que volvió a acercarse tras una sonora ruptura en 2012, escribió en la red social X: “Beiras deja una gran huella en varias generaciones de gallegos y gallegas, entre las que me incluyo. Fue para mí un referente de coraje, compromiso y amor por Galicia. Tiene un lugar para sempre en el corazón y en la historia del Pueblo gallego”. La líder de la oposición se despide enviando un gran abrazo a sus hijos Ricardo y Daniel, “y a toda la familia”.

Casi una hora después, llegaban las condolencias del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “Xosé Manuel Beiras marcó las últimas décadas de la vida política de Galicia e intentó aportar lo mejor de sí mismo, sin dejar a nadie indiferente”. Tras enviar todo su afecto a la familia, señala que “el nacionalismo gallego pierde, sin duda, un referente”.

El último presidente socialista del gobierno autonómico, Emilio Pérez Touriño –alumno de Beiras en la Facultade de Económicas de Santiago: “me puso matrícula”– consideraba “difícil encontrar a alquien que tuviese a Galicia más dentro de sí mismo”. En declaraciones a la TVG lo definió como una figura “transversal, compleja y poliédrica” antes de destacar su “liderazgo intelectual” y su papel como “referente máximo del nacionalismo en los últimos 50 años”.

Minutos antes llegaba la larga despedida del líder del PSdeG. José Ramón Gómez Besteiro definía a Beiras como “una de las grandes figuras de la política gallega, con una profunda huella en la historia de nuestro país” para concluir: “Un intelectual comprometido, con una voz propia, crítica y siempre inconformista”. El secretario general de los socialistas gallegos recordaba cómo compartieron “reflexiones desde trayectorias y posiciones diferentes” pero siempre los unió “una visión socialista del mundo y la convicción de que no hay progreso para Galicia sin justicia social”. “Me quedo con la suerte de haberte conocido, Xosé Manuel”, concluye.

Entre los más madrugadores estuvo también Pablo Iglesias. El fundador de Podemos descubrió a Beiras en la campaña de las autonómicas de 2012, donde fue asesor de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE). Aquella coalición estaba formada por Anova –el partido creado por el histórico nacionalista tras abandonar el Bloque–, la Esquerda Unida de Yolanda Díaz y otras fuerzas menores. Después, los morados se integrarían con todos ellos en En Marea y las distintas candidaturas municipalistas. Para Iglesias, Beiras fue “una figura política crucial en la historia de la izquierda y del nacionalismo de Galicia”.

“Como su querido A. Camus, hizo de la vida ”un acto de rebeldía“. La vicepresidenta Yolanda Díaz –de quien se distanció tras sentirse ”traicionado“– también recordó a Beiras en la red Bluesky. ”Es la lucidez intelectual y el compromiso con todas las causas emancipadoras“. ”Transformó nuestras vidas haciendo brotar la mejor Galicia y la mejor humanidad“, concluía antes de enviar ”todo el cariño para su familia“.

El coordinador de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi, también se despidió de Beiras, “un referente histórico ineludible del nacionalismo galego de izquerda y un intelectual comprometido con su pueblo”. “Ha sido un honor conocerte”, aseguró y, tras recordar su último encuentro, hace unos años, se despidió con una frase en galego y euskera: “un abrazo fraterno y solidario en este momento de dolor al pueblo gallego y a sus seres queridos”.

Una de las despedidas más sentidas, sin duda, fue la de Martiño Noriega, su médico, amigo y portavoz nacional de Anova –donde Beiras siguió militando hasta el final–. “Por los caminos de nuestra historia marcha despacio nuestro Comandante sin ejército para una revolución”. Esas fueron las palabras con las que cerró el réquiem que escribió para elDiario.es.

Yolanda Díaz pretende subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 antes de las elecciones generales, según ha adelantado El País e informan fuentes del Ministerio de Trabajo a elDiario.es. “Intentaremos que sea antes del 29 de noviembre”, indican fuentes del equipo de Díaz, aunque indican que han de cumplirse “todos los plazos”.

Esta semana, el Ministerio ha activado la maquinaria para tratar de aprobar el incremento antes de abandonar el Ejecutivo, con la convocatoria este jueves de la Comisión de Asesora de personas expertas que asesora en los últimos años al Gobierno en la subida del SMI.

El salario mínimo interprofesional, ahora en 1.221 euros brutos al mes, es un elemento clave para 2,5 millones de personas trabajadoras bajo su cobertura directa. Y más todavía en un momento de elevada inflación como el actual, ya que el último dato sitúa el alza del IPC interanual casi en el 5%, impulsado por el auge del precio de las gasolinas.

El aumento del salario mínimo ha sido además una de las banderas del Gobierno de coalición progresista durante su mandato, con subidas históricas de este indicador, después de haber estado prácticamente congelado durante el mandato de Mariano Rajoy.

Competencia exclusiva del Gobierno

La subida del salario mínimo es una competencia exclusiva del Gobierno, que no tiene que pasar por el Parlamento, y que simplemente requiere de “la consulta” de los agentes sociales. Es decir, la presentación de la propuesta de aumento a los sindicatos y patronales más representativos.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha venido ampliando este mandato en la práctica, con la negociación de la subida con los agentes sociales para tratar de cerrar un aumento consensuado con la parte empresarial y la trabajadora. Algo que solo ha sucedido un año: en 2020, recién estrenada la coalición progresista, cuando se elevó el SMI a 950 euros. El resto de ejercicios, el Gobierno ha pactado el aumento solo con los sindicatos mayoritarios.

Además, Yolanda Díaz incorporó la mayoría de años un paso previo más: un informe de una Comisión Asesora de personas expertas, formada por miembros del Gobierno, universidades y academia y sindicatos (ante el rechazo a participar de la patronal).

Esta Comisión –que se ha convocado este jueves para su primer encuentro– ha venido recomendado un aumento (u horquilla de aumento) del SMI para cumplir con el compromiso del Ejecutivo de mantenerlo, al menos, en la meta del 60% del salario medio del país, siguiendo la Carta Social Europea.

Así, aunque el departamento de Díaz ha venido activando la maquinaria para subir el salario mínimo tras el verano, la aprobación de los aumentos por el Consejo de Ministros se han producido entrado ya el año, en enero e incluso en febrero. En esta ocasión, los planes de Díaz supondrían acelerar mucho los tiempos para aprobar la medida antes de la votación del 29 de noviembre.

Incertidumbre sobre la absorción de pluses

Lo que queda de momento en el aire es una medida clave que iba a condicionar la negociación del aumento del SMI este año: la prometida –y pendiente– reforma de las reglas de absorción de los pluses salariales. Se trata de un cambio normativo que pretende evitar una práctica de las empresas (avalada por el Tribunal Supremo) por la que los empleadores “absorben” la subida del salario mínimo –y la pactada en convenios colectivos– a través de los complementos salariales que perciben los trabajadores.

Si el Ministerio de Trabajo es claro sobre su vocación de aprobar la subida del SMI antes de los comicios, no responden sobre si da tiempo a aprobar también esta reforma de los pluses.

Los sindicatos mayoritarios llevan años defendiendo un cambio legal de la absorción de pluses y, finalmente, el Gobierno se comprometió con CCOO y UGT a esta reforma en el acuerdo de subida del SMI de 2026, que contó en la firma con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Trabajo dio el primer paso para regular este decreto el pasado febrero, cuando colgó un borrador a Audiencia Pública, pero ocho meses después aún no lo ha llevado al Consejo de Ministros.

Antes del adelanto electoral, CCOO y UGT habían advertido al Gobierno de que este incumplimiento condicionaría la negociación de la subida del SMI de 2027, con un posible plantón sindical. Una situación que habrá que ver si se mantiene o no ante el nuevo escenario de elecciones anticipadas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los dirigentes socialistas más críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha considerado “un monumento a la incoherencia” la postura de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de Sumar, de llamar a mantener la presión en la calle de cara al pleno extraordinario del Congreso de este viernes, en el que se debatirá la convalidación de los dos decretos de vivienda. No obstante, ha dicho que, a su juicio, el Gobierno de coalición no se romperá en caso de que no salgan adelante ambos textos.

García-Page, en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), ha asegurado que le ha “dolido mucho” que se pueda estar “apelando a la movilización contra el Gobierno siendo vicepresidenta del Gobierno”.

“Si quieres movilizarte contra tu Gobierno, lo más decente desde el punto de vista político es no estar”, ha aseverado, aunque ha apuntado después que “ningún ministro quiere dejar de serlo”. “Si depende de los ministros no se rompe nada, otra cosa es que dependa de los partidos que conforman el Gobierno”, ha apostillado.

En todo caso, el presidente castellanomanchego cree que “la ruptura no tiene por qué ser lo peor, lo peor es tener el enemigo dentro”, apuntando que “lo mejor es no hacerse trampas”.

Se están intentando sumar peras con manzanas

En cuanto a los propios decretos, García-Page cree que el hecho de que las medidas se hayan separado en dos textos es “posibilista” ya que “se están intentando sumar peras con manzanas”. A su juicio, los decretos suman medidas que son “antagónicas” porque los tienen que validar “desde la gente más a la izquierda del PSOE hasta gente del fascismo independentista”, en referencia a Junts.

En todo caso, el presidente autonómico ha considerado que la medida es “un torniquete” para parar “una hemorragia” surgida con el desahucio de Maricarmen pero ha saludado su llegada.

Para García-Page, en España “no hay estrategia de vivienda” ni en estos años de Gobierno de Pedro Sánchez ni en los anteriores y ha apuntado que hay un “efecto de fondo difícil de concretar” porque “fue tan duro el golpetazo que nos pegamos con la crisis de 2007”, que se imputó “en buena medida” a la burbuja inmobilizaria, que ahora hay “una sensación contraria” de que “hablar de vivienda es corrupción”.

“Los funcionarios se han vuelto enormemente puntillosos, la legislación se ha ido estrechando y la política se ha ido haciendo cada vez más difícil porque está totalmente atomizada”, ha expuesto.

En cuanto a las posibles soluciones para el mercado de la vivienda, el presidente de Castilla-La Mancha ha argumentado que requieren “tiempo y gran estabilidad política”, considerando que un gobierno que tuviera dicha estabilidad tardaría en resolver la cuestión “no menos de cinco o seis años”.

El país necesita mucho más mercado y quitarnos de complejos y telarañas intelectuales

Para él, el país necesita “mucho más mercado y quitarnos de complejos y telarañas intelectuales” porque “hay que construir mucha vivienda y de todo tipo”, cifrando la cantidad en “no menos de 300.000 o 400.000” al año, mientras que ahora la cifra está “por debajo de 100.000”.

Según su opinión, esta estrechez del mercado es la que posibilita la llegada de fondos buitre. “Los buitres son aves carroñeras que acuden cuando el animal está muerto”, señalando que lo que está muerto es el mercado de la vivienda y por ello “hay mucha gente que viene y abusa”.

En todo caso, ha manifestado que en este asunto hay una responsabilidad del Gobierno “pero la hay del conjunto”, recordando que “el 40% o 50%” de los costes de la vivienda tienen que ver con el suelo y esa ley “el PP la bloqueó en el Congreso y ahora está parada”. “Sin esa ley, sin cambios que son necesarios en la legislación de vivienda, que destila más prevención que estimulación, es muy complicado que se arregle el problema”, ha razonado.

Para finalizar, García-Page ha asegurado que parte de esta situación es consecuencia de una “crisis de crecimiento”, afirmando que la cuestión viene porque “el país sigue creciendo”, algo que “necesita de gestión”.

“Los mayores problemas que tenemos son consecuencia del éxito: se nos han quedado estrechas las vías del AVE, pequeñísimas las redes de comunicación y muchas infraestructuras portuarias, las autovías...Eso es síntoma de que el país está en una fase expansiva pero tienen una crisis de crecimiento, distinta a la de los años 80 que era de miseria, faltaba de todo”, ha concluido.

El Tribunal Supremo ha rechazado por falta de competencia la demanda de honor que el cantante Julio Iglesias interpuso contra la Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por sus declaraciones sobre las informaciones de elDiario.es sobre el artista español. Los jueces de la Sala de lo Civil entienden que esa demanda, en la que Iglesias pide 50.000 euros a la política, debe presentarse ante los juzgados ordinarios y no ante el Supremo ya que “actuó como ciudadana y dirigente política” y no como miembro del Gobierno.

El cantante llevó a Yolanda Díaz ante la sala primera del Tribunal Supremo después de varios mensajes y declaraciones realizados tanto en su perfil de Bluesky como en una entrevista en Televisión Española en las primeras semanas de enero de este año. Los días en los que elDiario.es publicó el resultado de tres años de investigación sobre cómo varias extrabajadoras de las mansiones del artista denunciaban haber sido sometidas a agresiones sexuales en un ambiente de control y acoso.

El Supremo, como ya hizo cuando el juez Manuel García Castellón demandó a Ione Belarra, entiende que las declaraciones de Díaz sobre el caso de Julio Iglesias –que la Fiscalía española rechazó investigar por falta de competencia de los tribunales españoles– no fueron hechas en el ejercicio de su cargo, lo que llevaría su aforamiento ante la Sala de lo Civil, sino “como ciudadana y dirigente política”. El resultado es que la defensa de Julio Iglesias debe presentar esta demanda ante los juzgados ordinarios de Madrid.

“Se manifestó esencialmente como política feminista y dirigente de Sumar, pero no como ministra de Trabajo o vicepresidenta segunda del Gobierno. La condición de ministra quedó limitada a la respuesta dada a determinadas preguntas que efectivamente guardaban relación directa con su cartera (el salario mínimo, las pensiones o la jubilación) y que nada tienen que ver con los hechos que han motivado la demanda”, dicen los jueces. La Ley Orgánica del Poder Judicial, zanjan, solo atribuye la competencia de estos casos al Supremo cuando las declaraciones son realizadas “en el ejercicio de su cargo”.

Querellas a la espera de admisión

elDiario.es reveló en exclusiva el pasado mes de enero los testimonios de varias extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias con denuncias sobre agresiones sexuales así como trato degradante. Una investigación de varias redactoras del periódico a lo largo de tres años en la cual el músico renunció a dar su versión de los hechos cuando fue contactado por el periódico antes de la primera publicación. El caso fue llevado por las mujeres, a través de Women's Link, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional pero el departamento rechazó directamente abrir diligencias al entender que el caso debía denunciarse en República Dominicana, donde supuestamente habían ocurrido los hechos, y no en España.

Estas mujeres han presentado una segunda acción penal contra Julio Iglesias, esta vez ante los juzgados centrales de la Audiencia Nacional y no ante la Fiscalía, a la espera de una nueva decisión sobre la competencia. Mientras tanto, sus letrados han conseguido una sentencia favorable por la vía contencioso-administrativa para que el Ministerio Público le entregara la denuncia que había sido presentada contra él. Los abogados de Julio Iglesias han presentado también una querella contra elDiario.es, su director y las periodistas que destaparon el caso, una acción penal sobre la que el juzgado de instrucción de Madrid todavía no ha tomado una decisión sobre si abre diligencias o si archiva de plano las quejas del cantante.

A día de hoy puede parecer casi imposible, pero hace unos años Antonio Garamendi encabezaba su perfil de Twitter con una foto sonriente junto a Pedro Sánchez. Corría 2018, cuando el empresario vasco fue elegido por primera vez presidente de la gran patronal española CEOE. Con fama de “amable” y “dialogante” así como de “conservador”, un carácter que se ha confirmado en sus años al frente de los empresarios españoles. En unos días, iniciará su tercer mandato al frente de CEOE envuelto en un contexto político mucho más hostil en España y el mundo, que se ha dejado notar también en su gestión. Frente a una larga lista de pactos en un inicio, ahora está sumido en la sequía de acuerdos con el Gobierno y los sindicatos.

Garamendi (Getxo, 1958) es licenciado en Derecho, proviene de una familia de empresarios y tiene más un perfil de directivo. Ha formado parte de la dirección o de los consejos de administración de varias empresas, como REE (Red Eléctrica de España), Bankoa (entidad ahora integrada en Abanca), Albura, Tubos Reunidos y Grupo de Negocios de Ediciones y Publicaciones (La Gaceta de los Negocios, Radio Intereconomía y Revista Dinero), entre otras.

“Hay que concienciar a la sociedad de que haya más vocaciones empresariales”, defiende Garamendi en el perfil de su cuenta en X, ahora con una foto de apertura con el rey Felipe VI en un acto institucional.

Larga carrera como dirigente empresarial

Esa defensa de la figura del empresario –ante los ataques “injustos” y “populistas” que suele denunciar– le ha llevado a impulsar junto a la exministra de Trabajo Fátima Báñez (en la Fundación CEOE) un cómic para niños de Primaria de un duende llamado Olegario, así como a involucrarse en distintas organizaciones empresariales desde que era joven y hasta la actualidad.

Fue uno de los fundadores y el primer presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco (Ajebask), en 1996, y ha ocupado la presidencia de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje), y de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (Cije).

También fue presidente de la Comisión de Energía de CEOE y de la organización empresarial del Metal (Confemetal), así como líder de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), hasta que logró –al segundo intento– alcanzar la presidencia de la gran patronal, tras el catalán Juan Rosell.

Rosell le disputó el puesto la primera vez, pero no la siguiente, ya que había aprobado una limitación de dos mandatos en los Estatutos de CEOE, que apoyó Garamendi. Después, el vasco eliminó este límite cuando llegó a liderar la organización y ahora se presenta a su tercera elección como presidente de CEOE.

Esta labor de representación ha considerado que tenía que ser remunerada. Como presidente de Cepyme, se puso un sueldo –de 120.000 euros anuales, según publicó El Confidencial– que enfadó a varios empresarios, como Joaquim Gay de Montellà, hasta ese noviembre responsable de la patronal catalana Foment del Treball. Después, volvió a levantar ampollas con su salario al frente de CEOE, muy superior, de casi 400.000 euros anuales en 2023.

Garamendi defendió su sueldo como una decisión “privada” y “en libertad” y tildó las críticas de “campaña de descrédito” a los empresarios. “Es como cuando en una violación dicen que la chica iba en minifalda”, se quejó.

Un directivo “afable” y “moderado” que ha endurecido el tono

Al líder empresarial le suelen definir, tanto las personas próximas como quienes que difieren con él, como alguien de “trato fácil”, “afable” y “simpático”. También como una persona “conservadora” en lo ideológico y económico, pero “moderada” dentro de la patronal frente a otros perfiles mucho más situados en la derecha o ultraderecha. El vasco es poco amigo de “los extremos”, dicen desde su entorno y ha afirmado él en varias ocasiones.

“Frente al ruido y la polarización, conviene recordar una idea sencilla: alzad la mirada”, destacó el empresario vasco de la visita del Papa León XIV a España, en el que realizó un acto con los líderes sindicales y patronales en Madrid.

Esa afabilidad de Garamendi se mantuvo en un inicio con la ministra de Trabajo y el Gobierno progresista, aun con diferencias y choques frecuentes, pero se fue diluyendo ante las críticas externas –con una dirección del PP de Pablo Casado abiertamente hostil varias ocasiones– y también internas en las patronales, que alimentaban perfiles más duros, como el granadino Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme y que quería disputar el puesto a Garamendi al frente de CEOE.

El año pasado, el vasco planteó un liderazgo alternativo a Cuerva en Cepyme, lo que abrió una guerra directa y pública –poco frecuente en la patronal– en la que finalmente salió vencedora la candidata de Garamendi, Ángela de Miguel. Y Cuerva no se presentó finalmente a la carrera electoral de CEOE. Así, el próximo 1 de octubre, Antonio Garamendi será revalidado como presidente por tercera vez por aclamación, sin ningún rival.

Lo hará un Garamendi que ha endurecido claramente el tono respecto al Gobierno y a Yolanda Díaz, a la que acusa de haber “dinamitado” el diálogo social por firmar varios acuerdos solo con los sindicatos –como las subidas del salario mínimo– ante las negativas de la patronal y haber legislado en solitario varias medidas laborales.

En medidas del Ejecutivo que su dirección comparte, pero que generan controversia o rechazo en la derecha, como la regularización extraordinaria de migrantes, Garamendi ha optado por mantener un perfil bajo, sin grandes respaldos al Gobierno.

Por el contrario, los gestos y alabanzas se repiten con varios cargos del PP de Alberto Núñez Feijóo, con el que se superó la crisis de la época de Casado, así como respecto a Isabel Díaz Ayuso, de la que suele celebrar “los impuestos a la madrileña”.

Sequía de acuerdos en contexto electoral

Esta deriva no va solo del tono, sino de hechos. Hay un “no a todo”, resumía un dirigente sindical a este medio hace un año. Una situación que perdura en la actualidad y que ya deja cada vez más en el pasado las fotos de pactos tripartitos en materias tan complejas como la reforma laboral –que muchas voces consideraban “impensable” con un gobierno progresista y, más aún, una ministra de Trabajo comunista, como es el caso de Yolanda Díaz– o la primera de pensiones, la Ley Rider y la de teletrabajo, entre muchas otras que situaron a España como referencia mundial de diálogo social.

El bloqueo patronal –incluso para sentarse a negociar con los sindicatos mayoritarios el nuevo gran pacto de negociación colectiva (AENC)– se explica por varios motivos. Entre los que los sindicatos y en el Ministerio de Trabajo destacan los procesos electorales. Primero, el interno en la CEOE que Garamendi está a punto de superar y, en 2027, los comicios políticos en el conjunto del país, en los que la patronal no quiere dar victoria alguna al Ejecutivo progresista.

Desde la CEOE, y el propio Garamendi, defienden con frecuencia su derecho a diferir y rechazar propuestas que no comparten. Ahora, el vasco –que se caracteriza por su pragmatismo– tiene menos alicientes para negociar, ya que, al contrario que al inicio de su mandato, el Gobierno es mucho más débil y apenas puede sacar adelante leyes en el Parlamento.

Una vez se proclame de nuevo presidente, el tiempo dirá cómo es el tercer mandato de Garamendi, marcado también por una fuerte inestabilidad internacional y el reto económico de los precios de la energía al alza. Fuentes sindicales consideran que el bloqueo perdurará hasta que se aclare qué gobierno sale de las urnas en las próximas elecciones generales. “Hasta entonces, no van a dar ni agua”, resume.

“Soy mujer. Sé lo que es estar al mando de un mundo en crisis”, ha destacado la vicepresidenta Yolanda Díaz este miércoles en Ginebra a modo de carta de presentación de su candidatura para dirigir la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que está sumida en una profunda crisis financiera, con más de 390 millones de euros. De resultar ganadora, Díaz se convertiría en la primera mujer en liderar esta agencia tripartita centenaria de la ONU sobre los derechos laborales.

Este miércoles, la OIT celebra el primer acto formal de cara a las elecciones para su Dirección General de la entidad, que se celebrarán el próximo 16 de noviembre. Se trata de un acto interactivo en el que los tres aspirantes responden a preguntas de los estados miembros, representantes empresariales y sindicales que forman parte de la organización internacional.

La vicepresidenta segunda, que ha subrayado su experiencia como gobernante en España enfrentando crisis como la pandemia de COVID y aplicando múltiples reformas pactadas en el diálogo social, con una mejora del empleo en el país, ha insistido en la necesidad de un cambio de gestión para “relanzar” la OIT.

Las primeras palabras de Díaz, la primera candidata en participar en el evento, se han dirigido a agradecer la labor de los trabajadores y trabajadoras del organismo internacional, “que lo están pasando mal”, en un contexto de despidos impulsados por la actual dirección ante la situación de crisis financiera.

“El continuismo no es posible. Sería una enorme irresponsabilidad”, ha afirmado en un ataque directo a su principal rival y actual director general, el togolés Gilbert F. Houngbo. En principio, parece el candidato más fuerte frente al aspirante presentado a última hora por el gobierno fujimorista de Perú, el exministro de Relaciones Exteriores conservador y “anticomunista” Javier González-Olaechea.

Díaz ha insistido en varias ocasiones que sería una directora general que “baje a la tierra”, que sea “ejecutiva” y “pise el terreno”, para poder abordar los problemas que atraviesa la organización internacional.

Por su parte, Houngbo –el primer africano en liderar la OIT– ha reivindicado su conocimiento de la entidad así como de otros organismos multilaterales en los que ha trabajado, lo que le ha permitido tener conocimiento del “sur” y “norte”, ha afirmado. El togolés ha defendido su plan de recortes y ha subrayado su formación en contabilidad, por lo que ha sostenido que su especialización es “la financiera”, ante las continuas preguntas sobre cómo mejorará las cuentas de la OIT.

El actual director general ha concluido que la OIT necesita “un líder imparcial, y que también sea percibido como imparcial”, un rasgo que considera que puede ejercer.

El aspirante peruano ha puesto en valor su experiencia y conocimiento gracias a “20 años” de trabajo en la OIT, así como en la labor de ministro de Perú y como empresario, con una gran defensa de esta última profesión. “El capital es necesario, hay que darle garantías”, ha sostenido. A una pregunta sobre cómo impulsará la igualdad de género, el candidato fujimorista ha dicho que está “completamente” comprometico con la agenda de la OIT, sin mencionar la palabra igualdad ni dar ninguna medida al respecto.

Ante la crisis financiera de la OIT, Javier González-Olaechea ha dicho que presentará sus propuestas si es elegido director general y ha dejado ver en varias ocasiones su buena relación con la Administración trumpista de EEUU, a la que ha dicho que tratará de “convencer” para financiar el organismo. “Yo ya sé lo que les preocupa, me lo han dicho”, ha afirmado y ha sostenido que no es un problema “sin solución”.

Sanear las cuentas de la OIT para cumplir sus mandatos

La vicepresidenta segunda ha centrado gran parte de su intervención en criticar la crisis financiera que atraviesa la OIT, en la que ha argumentado que no se puede responsabilizar solo a la asfixia de fondos que está ejerciendo el Gobierno estadounidense de EEUU, su principal donante, que alcanza los 280 millones de euros.

Yolanda Díaz ha destacado que otros organismos multilaterales están enfrentando este mismo reto de falta de fondos, por la negativa del Gobierno de Trump de financiarlos, pero ha afirmado que han actuado y gestionado para afrontar la situación.

“Lo que han hecho otros organismos, les pongo ejemplos, como la OMS, fue anticiparse a la crisis, fue gobernar bien esa crisis”, ha afirmado Díaz, que ha denunciado la falta de anticipación y la gestión de la dirección de la OIT. Como el plan de recortes que incluye 73 despidos (desde una propuesta inicial de 120), que la candidata española ha criticado que se aplicó “sin diálogo”, un “retroceso en derechos laborales” en la casa internacional que los defiende.

La vicepresidenta ha propuesto como objetivo prioritario “sanear” las cuentas de la OIT, para lo que ha planteado la necesidad de “diversificar las fuentes de financiación”. En concreto, ha propuesto como alternativa un aumento de los fondos que recibe a día de hoy la OIT de los bancos regionales de inversión.

Díaz ha cifrado la inversión de estos bancos regionales al sistema multilateral en unos “218.000 millones de dólares” en 2024, de los que ha afirmado que mientras que la OMS recibió unos 240 millones y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) otros 260 millones, la OIT recibe “una pequeñísima cantidad”. “Me comprometo a negociar con los bancos”, de todas las regiones, ha prometido Díaz.

La candidata española ha insistido en que es necesaria esa financiación para cumplir los mandatos de la OIT y preservar su relevancia internacional, que hoy “están en riesgo”.

Díaz ha enfatizado en que la actual situación de crisis presenta “un reto mayúsculo”, pero precisamente ha señalado que es este contexto de excepcional dificultad, y su cariño y respeto a la OIT, lo que la ha animado a dar el paso para tratar de dirigirla.

Avanzar en la democratización de la OIT y nuevos retos

Además, Yolanda Díaz ha puesto el acento en su intervención y en las respuestas a las preguntas de los participantes en su apuesta por avanzar en la “democratización de la OIT”, para lo que se ha mostrado capaz de convencer a más países dispuestos a defender a esta tarea, así como a los empresarios y sindicatos.

“Mi experiencia me dice que es posible”, ha insistido en varias ocasiones, en referencia a los pactos de diálogo social alcanzados en España, en los que se impuso el pacto a los intereses enfrentados. “No hay que tenerle ningún miedo a la democracia”, ha defendido Díaz: “La democracia es eficiente”.

La vicepresidenta también ha subrayado la necesidad de que la OIT gestione los principales retos emergentes de la actualidad y el futuro, como son el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio climático en las relaciones laborales y la economía. También otros más antiguos, pero que aún presentan tareas pendientes, como la igualdad de género y la justicia social.

“No hay paz duradera sin la justicia social”, ha advertido Díaz, que ha defendido tener “la fuerza, la energía y la esperanza necesarias para situar la OIT en el centro del sistema multilateral”.

Recta final para las elecciones a la Dirección General de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la agencia tripartita de Naciones Unidas dedicada a proteger y promocionar los derechos laborales, y a la que aspira la candidatura española de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Enfrente tiene dos contrincantes: el actual director de la entidad, el togolés Gilbert F. Houngbo, y el exministro peruano Javier González-Olaechea. Sobre el primero, en principio con más opciones, pesa, sin embargo, su gestión de la profunda crisis económica en la OIT, con una deuda millonaria al alza, ya de 390 millones de euros, y varios acuerdos con Qatar que han dibujado una sombra de sospecha sobre la independencia de la agencia de la ONU.

Los tres aspirantes enfrentarán este miércoles sus candidaturas y programas en el primer acto formal de las elecciones de la OIT: un evento interactivo público en las que los candidatos responderán a preguntas de países miembros de la organización de Naciones Unidas, así como del bloque de representantes empresariales y de los sindicatos.

El acto, que se retransmitirá en streaming, comienza a las 13 horas. Las elecciones, con voto secreto de países, sindicatos y empresarios, tendrán lugar el próximo 16 de noviembre.

La vicepresidenta Yolanda Díaz quiere convertirse en la primera mujer en liderar esta agencia internacional centenaria, con un programa en el que defiende su experiencia en reformas laborales en España y la necesidad de regular a nivel mundial ante retos como la Inteligencia Artificial y el cambio climático.

Javier González-Olaechea, de perfil conservador y “anticomunista”, es el candidato del Gobierno de derechas de Keiko Fujimori, presentado de manera sorpresiva el último día de plazo. Entre sus cartas, destaca la de ser empresario, afirmó en una entrevista en EFE, un rasgo que le diferencia del resto.

En tercer lugar, el actual director del organismo Gilbert F. Houngbo, primer africano en el cargo y presentado de nuevo por el Gobierno de Togo, quiere revalidar su asiento por un nuevo mandato como “garantía” de estabilidad en tiempos difíciles, explicó en otra entrevista con la agencia pública de noticias.

Una adversidad provocada principalmente por la asfixia financiera a la que está sometiendo a la OIT el Gobierno de Donald Trump, enemigo de la mayoría de organizaciones multilaterales. Sin embargo, Houngbo no critica a la Administración estadounidense, a la que sigue tratando de atraer en sus declaraciones y con ofrecimiento de varios altos cargos a EEUU.

Deuda de más de 390 millones y plan de despidos

El roto de los impagos acumulados de EEUU, de los ejercicios de 2024 y 2025, alcanza los 257 millones de francos suizos (unos 280 millones de euros). Y no es menor, ya que es el país con mayor aportación al presupuesto de la OIT, del 22%, ligeramente por detrás de China (20%).

Así, esta situación ha sumido a la OIT en una grave crisis financiera, con una deuda total de unos 364 millones de francos suizos (unos 390 millones de euros), con fecha del 11 de septiembre.

En este contexto, Gilbert F. Houngbo ha propuesto una estrategia de reducción de costes para este año y el que viene que, entre otras medidas, incluía un plan de 120 despidos. En el Consejo de Administración de la OIT del pasado 7 de septiembre se aprobó finalmente “una reducción de hasta 73 puestos” de trabajo, que priorizará las salidas voluntarias.

En la entrevista con la agencia EFE, Houngbo afirmó que en el sistema multilateral “tenemos algo de grasa que podríamos recortar”. “Tenemos que ser responsables y reconocerlo, eso es lo que estamos intentando hacer. Por supuesto, nuestra responsabilidad también es asegurarnos de no recortar hasta el hueso”, apuntó.

El responsable togolés presentó estos recortes como una medida que puede atraer de nuevo el apoyo de EEUU y otros países. “Estoy convencido de que los Estados miembros, no solo EEUU, sino todos, una vez que vean el esfuerzo que estamos realizando, estarán dispuestos a estudiar cómo pueden ayudarnos con la financiación”, señaló, con la idea de poner en marcha un fondo para situaciones de crisis como la actual.

En general, la experiencia ha jugado a favor de los directores generales de la OIT que han querido repetir en el cargo. El antecesor de Houngbo, el británico Guy Ryder, estuvo en el cargo diez años, de 2012 a 2022. El anterior, el chileno Juan Somavía, lideró la organización de Naciones Unidas de 1999 a 2012, y su antecesor –el belga Michel Hansenne– otra década, de 1989 a 1999.

Sin embargo, en la actualidad la OIT está afrontando una situación financiera crítica, con denuncias de los sindicatos y algunos países por los despidos en la entidad y la reacción ante los impagos de EEUU, que pueden jugar en contra de Houngbo.

“Es verdad que la Administración norteamericana no contribuye ni en la OIT ni en el resto del sistema multilateral, pero la diferencia es que el resto se ha anticipado, ha tomado medidas y ha gobernado bien esta crisis. Esta es la diferencia”, ha criticado Yolanda Díaz este martes.

Sospechas sobre los acuerdos con Qatar

Otra de las polémicas que ha acompañado a Gilbert F. Houngbo en su mandato ha sido la relación y los acuerdos con Qatar, que le han valido a la OIT multitud de críticas sobre su independencia, como publicó The New York Times en marzo de 2023. Funcionarios de la organización de Naciones Unidas denunciaron al periódico estadounidense la práctica de años de lobby por parte de Qatar para evitar las críticas de la OIT en el contexto del Mundial de fútbol de 2022.

En 2021, The Guardian publicó una investigación en la que desvelaba que más de 6.500 trabajadores inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka habían muerto en Qatar desde que el país del Golfo fue nombrado organizador del Mundial de Fútbol, diez años antes.

Y, mientras organizaciones como Human Rights Watch denunciaban las condiciones laborales de los trabajadores de los preparativos para el Mundial, la OIT se pronunció de manera bastante favorable a las reformas que estaba llevando a cabo el país del Golfo Pérsico. Gilbert F. Houngbo viajó a Qatar en el contexto del propio Mundial, desde donde destacó los “muchos progresos” de las políticas laborales que estaba aplicando el país.

Los funcionarios que entrevistó The New York Times criticaron que el lobby qatarí vino sucedido de un viraje de una posición crítica de la OIT a otra afín a Qatar, algo que la OIT negó en un comunicado.

En 2017, el Consejo de Administración de la OIT decidió archivar la denuncia contra Qatar por incumplir la legislación sobre trabajo forzoso e Inspección de Trabajo de 2014 para firmar un “proyecto de cooperación técnica” con el país del Golfo Pérsico de varios años, para aplicar varias mejoras laborales. Este contó con 25 millones de euros de presupuesto, una cantidad muy elevada respecto a lo habitual, según denunciaron estos funcionarios de la OIT.

El programa tuvo como consecuencia avances laborales, como una reforma del sistema de kafala de empleo doméstico, denunciado por explotación laboral y semiesclavitud de las trabajadoras, así como una mejora de las políticas de seguridad y salud laboral, destacó la OIT, aunque también se quedaron varios retos sin cumplir por ser un programa “demasiado ambicioso” para el plazo establecido y que contó con deficiencias en la planificación inicial, según su evaluación.

Poco después del Mundial, y pese a haber estallado el escándalo de corrupción del QatarGate, de presuntos sobornos de Qatar a eurodiputados y también representantes sindicales (como Luca Visenti, en ese momento líder de la Confederación Internacional de Sindicatos), se repitieron las críticas a la independencia de la OIT por su intención de nombrar al ministro de Trabajo qatarí, Ali bin Saeed bin Samikh Al Marri, presidente de su Conferencia Anual.

Aunque en un inicio hubo críticas de los sindicatos, finalmente los representantes de los trabajadores a nivel internacional apoyaron también la decisión y el ministro qatarí Al Marri presidió la reunión anual de la OIT en 2023. Para ello, fueron decisivas las “largas conversaciones”, propiciadas por el director general (Houngbo) y su equipo, que culminaron en “un entendimiento común sobre la necesidad de reanudar la colaboración y agilizar las reformas”, dijo la portavoz de los sindicatos.

En 2024, la OIT de Houngbo firmó un nuevo programa de cooperación técnica con Qatar, a cuatro años, hasta 2028, con un presupuesto de 19 millones de dólares. Y en 2025, otro, de dos millones de dólares en “financiación flexible” impulsar el empleo decente en el mundo.

Once sindicatos de Perú, reunidos en la Coalición Sindical Peruana, han pedido el apoyo a Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en lugar del candidato que promociona el gobierno de su país, de la conservadora Keiko Fujimori, el exministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea. “Sería un caballo de Troya de la patronal en el corazón del sistema de normas laborales internacionales”, alertan del candidato peruano.

La coalición ha lanzado un comunicado en el que “toma distancia de los pronunciamientos de respaldo conocidos hasta la fecha por dirigencias de centrales sindicales peruanas a la candidatura del gobierno fujimorista”.

En la reciente presentación oficial de la candidatura del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea agradeció la “generosidad” de los dirigentes sindicales de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) –la mayor central sindical del país– al respaldarlo “por encima de cualquier diferencia”.

En la Coalición Sindical Peruana están presentes organizaciones como el Sindicato Nacional Unificado de Trabajadores de Derrama Magisterial (SINUTDEMA), Fenttraperú (Federación Nacional de Trabajadores tercerizados del Perú), FETRATEL (Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones del Perú) y FETRAPEP (Federación de Trabajadores del Sector Petróleo, Energía y Afines), entre otros.

Pasado de “represión” de protestas y la sombra de EEUU

Los once sindicatos peruanos unidos en la Coalición advierten de que la elección de la Dirección General de la OIT –agencia tripartita de Naciones Unidas sobre los derechos laborales– “no es un trámite diplomático”. “Es una disputa política de clase sobre el rumbo de la normativa laboral internacional, la libertad sindical, el trabajo decente y el futuro del trabajo ante la voracidad del capital transnacional, la inteligencia artificial y la precarización”, sostienen en un comunicado.

Por ello, rechazan de plano la candidatura fujimorista. “No podemos ser ingenuos: un candidato no se analiza por sus folletos, sino por quién lo postula, quién lo financia políticamente y a quién sirve. González-Olaechea fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Dina Boluarte, responsable de la sangre derramada en las protestas populares de 2022-2023, y es ahora postulado por el gobierno de Keiko Fujimori, cuyo programa y cuya trayectoria familiar son abiertamente contrarios a los derechos laborales”, reza el comunicado

Los sindicatos denuncian que la hoja de ruta del gobierno conservador peruano es la “flexibilización, tercerización sin límite, represión de la protesta social y hostilidad sistemática hacia la organización sindical”.

Y en esa estrategia advierten de que, si llega a prosperar la candidatura de Javier González-Olaechea, un director general de la OIT con el aval del gobierno fujimorista y de la patronal peruana CONFIEP, sería “un caballo de Troya de la patronal en el corazón del sistema de normas laborales internacionales”.

Las organizaciones de trabajadores denuncian además que tras la candidatura peruana se cierne la sombra de Estados Unidos, que mantiene a la OIT en una situación de asfixia económica al adeudar unos 280 millones de euros, su aportación de varios ejercicios.

“Lo más grave de esta postulación es que quien la presenta detrás de todo es el gobierno de Donald Trump, utilizando a su nuevo peón, el gobierno fujimorista que se acaba de alinear al Escudo de las Américas, y de respaldar el plan de copamiento de Latinoamérica, y de los recursos del mundo de parte del neoliberalismo extremo de USA”, denuncia el comunicado.

Díaz como “única candidatura” de defensa de los trabajadores

La Coalición Sindical Peruana pide el voto para Yolanda Díaz entre las candidaturas existentes, con la del actual director del organismo Gilbert F. Houngbo, presentado de nuevo por el Gobierno de Togo.

Las organizaciones califican a Houngbo como un “funcionario internacional de carrera”, con una gestión “administrativa” y “presupuestal, no de impulso a los derechos laborales”. “Su proximidad a los grandes financiadores del organismo y su estrategia de búsqueda del respaldo de potencias alejadas de la agenda trabajista lo descartan como opción para la clase”, sostienen.

En cambio, las organizaciones firmantes consideran a Yolanda Díaz como “la única candidatura surgida y forjada en la defensa de los trabajadores, con una hoja de servicios al movimiento obrero verificable y no discutible”, entre la que destacan la reforma laboral contra la temporalidad abusiva, las subidas del salario mínimo interprofesional y la llamada 'Ley Rider'. En España, por su parte, la patronal española CEOE se ha mostrado en contra de la candidatura de la vicepresidenta segunda.

El comunicado emplaza a las bases de todas las organizaciones sindicales de Perú a exigir a sus líderes el rechazo a la candidatura fujimorista, “un peligro objetivo para la clase trabajadora mundial y peruana”, y a exhortar al Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT –con 14 votos– “a votar en unidad de clase el 16 de noviembre”. “Una OIT fuerte necesita una directora que sea de la casa obrera”, reclaman.

El Gobierno aprobará el próximo martes un real decreto para transponer el grueso de la Directiva Europea relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, pendiente en España desde agosto de 2022 y por la que Bruselas ha denunciado al país ante la justicia europea por su tardanza. La norma exigirá a las empresas especificar más la información sobre los salarios y la jornada de los trabajadores en los contratos de trabajo, entre otros datos, así como justificar más el periodo de prueba en este documento, explican fuentes del Ministerio de Trabajo.

El real decreto será un reglamento en el que se especifiquen algunas de las nuevas exigencias que deberán plasmar los nuevos contratos de trabajo debido a la Directiva europea, así como algunas especificaciones más que ha incluido el Ministerio de Trabajo.

Por ejemplo, el derecho individual de las personas trabajadoras a que en el contrato se especifique si hay algoritmos que intervengan en su relación laboral, en cuestiones como la fijación de horarios, salarios o en la extinción del contrato, destacan desde el departamento de Yolanda Díaz.

En el Ministerio de Trabajo destacan la relevancia de esta nueva norma en cuanto a la lucha contra la precariedad y la discriminación. Así, subrayan el mayor derecho de información de los trabajadores y su valor de cara a conflictos y procedimientos judiciales que puedan existir.

Los trabajadores ya contratados pueden pedir la información

La obligación de información para los nuevos contratos de trabajo estará en vigor al día siguiente de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), indican en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, previsiblemente, será el miércoles o el jueves.

El decreto obligará a detallar más en el contrato el salario que cobrará la persona trabajadora (también en cuanto a los complementos y pluses), así como su jornada de trabajo. En el departamento de Yolanda Díaz destacan que se deberá concretar en qué consiste la distribución irregular de la jornada, si la hubiere, algo que consideran muy relevante para evitar abusos en los horarios y para poder probar excesos sobre las jornadas “formales” en caso de conflicto judicial.

Los trabajadores y trabajadoras ya contratadas no se quedan fuera de la normativa. El decreto prevé el derecho de solicitar esta nueva información requerida a sus empresas, que deberán proporcionarla en un plazo de 30 días, explican en Trabajo.

Además, si sus condiciones laborales pactadas cambian, por ejemplo con un nuevo salario, nuevos pluses o un nuevo horario, las empresas sí estarían obligadas a reflejar estos cambios por escrito, afirman en el Ministerio de Díaz.

Más justificación del periodo de prueba

En el departamento de Yolanda Díaz insisten también en la importancia de varias novedades incluidas en el real decreto respecto el periodo de prueba. El Estatuto de los Trabajadores limita el periodo de prueba a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

El Ministerio de Trabajo quería prohibir esta posibilidad de ampliación, como contempló en un proyecto de ley, pero este texto legal está bloqueado en el Congreso de los Diputados. En este nuevo reglamento no se modifica esta duración (ya que requiere una norma con rango de ley), pero Trabajo destaca que ha incluido varias precisiones para que las empresas tengan que justificar más el periodo de prueba.

Por un lado, las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”. Y, por otro, la duración exacta del periodo de prueba, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

En Trabajo consideran claves estas precisiones, ya que creen que dan herramientas a los trabajadores para evitar contratos de prueba abusivos, sin causas que lo justifiquen, y que también impone más exigencias a las prolongaciones del periodo de prueba por convenio.

Qué se queda pendiente de aprobar

Ante el bloqueo parlamentario al anteproyecto de ley que pretendía transponer esta Directiva europea, el Gobierno va a recurrir a este real decreto con el objetivo de tratar de reducir las consecuencias del retraso en el cumplimiento de la normativa, que pueden suponer una cuantiosa multa para España.

No obstante, todavía quedan pendientes de aprobar algunos cambios que requieren de rango de ley. Por ejemplo, la obligación de informar de las vacantes a todos los trabajadores, ya que el Estatuto de los Trabajadores ahora solo regula esta posibilidad para ciertos contratos, como los temporales, formativos y fijos-discontinuos.

También un endurecimiento de las sanciones por incumplir esta transparencia y previsibilidad de los contratos laborales. Fuentes de Trabajo indican que el grueso de la directiva quedará transpuesta, algo que creen que valorará la Comisión Europea, y están estudiando en qué ley pueden aprobar estas otras exigencias pendientes.

La patronal española, CEOE se opone a la candidatura de España para que Yolanda Díaz lidere la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha afirmado su presidente, Antonio Garamendi. El dirigente vasco ha sostenido que está en contactos con las entidades que forman la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para que se rechace la apuesta española y, por tanto, se vote a favor de alguno de los otros dos candidatos (de Togo y de Perú).

“(Yolanda Díaz) ahora está en su campaña con la OIT, que lógicamente nosotros no podemos compartir. Y desde luego nosotros votaremos que no a ese espacio en el que quiere entrar”, afirmó este martes por la noche Garamendi en una entrevista en TreceTV.

Más adelante en la entrevista, al ser preguntado por ese voto contrario a Díaz, el líder de CEOE explicó que los empresarios votan en la elección de la Dirección General de la OIT a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), con sede en Ginebra. Los empresarios tienen 14 votos en estos comicios al igual que la representación sindical internacional y, por otro lado, hay 28 votos de países miembros de la entidad de Naciones Unidas sobre los derechos laborales.

“No quiero meter ruido ni para arriba ni para abajo, pero evidentemente los empresarios no vemos esta presidencia, lógicamente. ¿Cómo voy a verla si me estoy quejando en España de lo que se está haciendo? Sería imposible”, afirmó Antonio Garamendi.

Así, la patronal española defenderá el voto de los empresarios a alguno de los dos contrincantes de la apuesta del Gobierno: Gilbert F. Houngbo, actual director general, presentado de nuevo por el Gobierno de Togo, o el exministro de Relaciones Exteriores de Perú Javier González-Olaechea, presentado por el Gobierno conservador de Keiko Fujimori.

CEOE ya trabaja en el rechazo a Díaz del empresariado internacional

Fuentes de CEOE clarifican a elDiario.es que los votos empresariales en esta elección a la dirección de la OIT “se consensúan” y que aún “no hay decisión” al respecto por parte de la Organización Internacional de Empleadores.

Además, precisan que la CEOE es miembro “adjunto”, no titular, por lo que estrictamente no votará en esta elección a menos que se quedara algún puesto titular vacante que les permitiera ejercer directamente esta acción.

“Nosotros tendremos una reunión con la OIE, que ya lo estamos haciendo, con nuestra opinión”, sostuvo Antonio Garamendi en la entrevista, donde defendió la campaña en contra de Díaz, aunque sea una candidatura española.

“Te dicen: ”Es una española“. Bueno, ellos tampoco votarían a alguien si es muy de derechas”, argumentó el empresario vasco. “Yo lo digo sin acritud, pero no se entendería que aplaudiéramos con las orejas el nombramiento”, añadió.

Desde la patronal recuerdan las muchas diferencias de los empresarios con la gestión de Yolanda Díaz. No solo en el fondo, por su defensa del refuerzo del registro horario o de la reducción de la jornada laboral por ley, sino también “en las formas”, indican en CEOE, por lo que suelen denunciar como un “monólogo social”, por aprobar medidas con los sindicatos y con el rechazo de los representantes empresariales.

Antonio Garamendi apuntó que los sindicatos, al menos los españoles, apoyarán la candidatura de Yolanda Díaz al frente de la OIT, lo que la convertiría en la primera mujer al frente de este organismo de Naciones Unidas. “Es normal, les da lo que quiere”, valoró el empresario vasco.

“Vamos a ver los Estados dónde juegan el partido. Esto es una votación en noviembre, se verá lo que tenga que pasar”, sostuvo el dirigente empresarial.

La carrera de Yolanda Díaz para tratar de dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se encuentra con un nuevo adversario, además del actual director del organismo Gilbert F. Houngbo, presentado de nuevo por el Gobierno de Togo. En la recta final para que terminara el plazo, el Gobierno de Perú de la conservadora Keiko Fijumori ha presentado como candidato a su exministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea, el tercer nombre en liza para el liderazgo de este importante organismo de Naciones Unidas sobre los derechos laborales.

Si no hay más sorpresas, la disputa a dirigir la OIT estará entre estos tres candidatos: Gilbert F. Houngbo, Yolanda Díaz y Javier González-Olaechea. De ganar, Díaz se colocaría como la primera española y la primera mujer al frente de la OIT. No obstante, el plazo aún está abierto hasta este 31 de agosto, a final del día.

Javier González-Olaechea, de perfil conservador y “anticomunista”, se postuló con el Partido Popular Cristiano a la presidencia de Perú, que luego ganó la también conservadora Keiko Fujimori, a la que mostró su apoyo.

González-Olaechea ha compartido en redes sociales su simpatía con Elon Musk, consejero delegado de Tesla y SpaceX y propietario de X, por comentarios contra programas para el colectivo LGTBI en Perú.

El político peruano destaca en su programa para liderar la OIT su experiencia en varios altos cargos internacionales, con “responsabilidades en México, Cuba y Haití”, así como “en la Oficina de la OIT en Argentina y ante los órganos sociolaborales del Mercosur”. En su presentación también subraya su experiencia como empresario: “Conocí directamente la creación de valor, el riesgo, el éxito, el fracaso y las responsabilidades de toda empresa formal”.

Las elecciones son el 16 de noviembre

Una vez se cierre la lista de candidatos, los aspirantes tienen dos actos centrales: uno el 23 de septiembre, un evento interactivo con público. Otro, el 9 de noviembre, “un evento privado con el Consejo de Administración para explicar el proyecto de los candidatos”, explican en el equipo de Díaz.

Después, llega la fecha de la verdad: el 16 de noviembre es la votación secreta. El Consejo de Administración –con presencia de países miembro, los sindicatos y las patronales– elige al próximo director o directora general de la OIT, que comenzará su mandato el 1 de octubre de 2027, con la legislatura en España ya acabada.

No es una competición sencilla para la candidata española, reconocen varias fuentes, pero en su equipo defienden que se van a volcar para que Yolanda Díaz sea “la primera española y la primera mujer en dirigir la OIT”, fundada hace algo más de un siglo.

Una OIT “en crisis” por los impagos de EEUU

El programa presentado por Díaz ya ha mostrado el enfoque de su campaña: presentar una alternativa a una “OIT en crisis” bajo la gestión actual de Houngbo, debido a las dificultades financieras por el impago de millonarios fondos por parte de EEUU y a una escasa ambición de la organización frente a retos como la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio climático.

Debido a estas dificultades financieras, el actual director Gilbert F. Houngbo ha presentado una propuesta de 120 despidos al Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 73 de ellos de personal indefinido y que rechaza la representación sindical en la entidad, como adelantó El País.

Mientras, el actual director general de la OIT se ha acercado a la Administración Trump, con el ofrecimiento de puestos de poder en su equipo, Yolanda Díaz pide hacer frente a esta “encrucijada” reforzando el organismo y buscando nuevas vías de financiación.

Por su parte, el nuevo candidato, el exministro peruano Javier González-Olaechea, afín a la Administración estadounidense de Donald Trump, no menciona en su programa la delicada situación financiera que atraviesa la entidad, aunque apuesta por “una OIT que convierta sus principios en resultados”. “La eficiencia no consiste únicamente en reducir costos, sino en concentrar recursos donde generan mayor impacto en la vida digna de la persona”, añade su escrito.

La competición de España en la OIT está sobre todo volcada en ganar apoyos entre los países, con muchos intereses geoestratégicos cruzados. Aunque Houngbo tiene el apoyo de muchos estados africanos, en el equipo de Díaz sostienen que hay muchos factores que influyen en la votación, más allá de la cercanía territorial de los votantes. Ahora, el nuevo candidato, procedente de un tercer continente, altera también la carrera a los otros dos aspirantes.

España es un país con mucha participación e historia en la OIT. Miembro fundador, actualmente es el Estado que más convenios internacionales del trabajo ha ratificado. A favor de Díaz también cuentan los éxitos laborales de España bajo su gestión, en la que el mercado de trabajo ha alcanzado empleo récord, se han pactado reformas estratégicas con los agentes sociales y se ha reducido el problema del empleo temporal a mínimos históricos. Si es nombrada, Díaz ha avanzado que seguirá al frente del Ministerio hasta el final de la legislatura.

El último curso de la legislatura arranca con la atención puesta en Ceuta, con la mirada en la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez el próximo 3 de septiembre y con la maquinaria de La Moncloa trabajando, en un segundo plano, en tres carreras internacionales que van a marcar el último tramo del mandato. La aspiración de España al liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con Yolanda Díaz de candidata; el de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés), con el ministro Luis Planas; y, previsiblemente, al Banco Central Europeo (BCE), determinarán si Sánchez mantiene el aura fuera de España o si su postura sobre Gaza y la regularización han opacado su brillo.

La influencia del Gobierno a escala internacional se tradujo en 2023 y 2024 en los nombramientos de Nadia Calviño y Teresa Ribera, ambas vicepresidentas con Sánchez, como, respectivamente, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y comisaria al frente de la todopoderosa cartera de Competencia en la Comisión Europea, además de ser, de facto, la ‘número dos’ de Ursula von der Leyen.

Pero en el expediente de Sánchez también hay fracasos, como la aspiración de Calviño a la dirección general del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2019 o a la presidencia del Eurogrupo. También Carlos Cuerpo, ahora vicepresidente económico, aspiró a ese puesto, sin éxito, hace un año.

Díaz pelea por la OIT

La primera batalla que dará el Gobierno será la de la vicepresidenta Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la agencia tripartita de Naciones Unidas sobre derechos laborales. Esta carrera parece que se librará solo frente a su actual director general, Gilbert F. Houngbo, presentado de nuevo por el Gobierno de Togo, aunque aún pueden presentarse candidaturas alternativas hasta el 31 de agosto, a final del día. A partir de entonces, los aspirantes tienen dos actos centrales: uno el 23 de septiembre, un evento interactivo con público. Otro, el 9 de noviembre, “un evento privado con el Consejo de Administración para explicar el proyecto de los candidatos”, explican en el equipo de Díaz.

Después, llega la fecha de la verdad: el 16 de noviembre es la votación secreta. El Consejo de Administración –con presencia de países miembro, los sindicatos y las patronales– elige al próximo director o directora general de la OIT, que comenzará su mandato el 1 de octubre de 2027, con la legislatura en España ya acabada. No es una competición sencilla para la candidata española, reconocen varias fuentes, pero en su equipo defienden que se van a volcar para que Yolanda Díaz sea “la primera española y la primera mujer en dirigir la OIT”, fundada hace algo más de un siglo.

El programa presentado por Díaz ya ha mostrado el enfoque de su campaña: presentar una alternativa a una “OIT en crisis” bajo la gestión actual de Houngbo, debido a las dificultades financieras por el impago de millonarios fondos por parte de EEUU y a una escasa ambición de la organización frente a retos como la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio climático.

Mientras el actual director general de la OIT se ha acercado a la Administración Trump, con el ofrecimiento de puestos de poder en su equipo, Yolanda Díaz pide hacer frente a esta “encrucijada” reforzando el organismo y buscando nuevas vías de financiación.

La competición de España en la OIT está sobre todo volcada en ganar apoyos entre los países, con muchos intereses geoestratégicos cruzados. Aunque Houngbo tiene el apoyo de muchos estados africanos, en el equipo de Díaz sostienen que hay muchos factores que influyen en la votación, más allá de la cercanía territorial de los votantes.

España es un país con mucha participación en la OIT, miembro fundador y, actualmente, el Estado que más convenios internacionales del trabajo ha ratificado. A favor de Díaz también cuentan los éxitos laborales de España bajo su gestión, en la que el mercado de trabajo ha alcanzado empleo récord, se han pactado reformas estratégicas con los agentes sociales y se ha reducido el problema del empleo temporal a mínimos históricos. Si es nombrada, Díaz ha avanzado que seguirá al frente del Ministerio hasta el final de la legislatura.

Luis Planas, a la FAO

Si bien la carrera por la OIT se decidirá primero, el primer integrante del Ejecutivo en postularse a un puesto internacional fue el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El Gobierno presentó en marzo su candidatura a la dirección general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés), un organismo que busca la seguridad alimentaria y esa meta imposible que es erradicar el hambre en el mundo.

Una FAO que en los últimos meses ha ganado relevancia y posicionamiento internacional, por ejemplo, criticando las consecuencias del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, al entender que pone en “riesgo la seguridad económica y alimentaria mundial”.

La pelea por dirigir la FAO no es un proceso de un día para otro. La elección del relevo del exministro chino Qu Dongyu no se llevará a cabo hasta finales de junio de 2027. La presentación oficial de las candidaturas no concluirá hasta este mes de noviembre.

Y tampoco es la primera vez que España trata de posicionar a un ministro al frente de esta institución, porque ya lo intentó en 2011 con el extitular de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. No lo logró.

En esta ocasión, la pelea por ese puesto no está clara ni a escala europea, porque la candidatura de Planas se ve las caras con otros dos nombres de la UE que también se postulan: el italiano Maurizio Martina, exministro de Agricultura, quien, además, es el actual subdirector general de la FAO; y el irlandés Phil Hogan, excomisario europeo de Agricultura y Comercio, que tiene el respaldo del Partido Popular Europeo y de Francia, el país con más peso agrícola dentro de la UE.

La UE quiere, de entrada, un candidato único, porque la FAO no está dirigida por un europeo desde el año 1975. El último fue el neerlandés Addeke Hendrik Boerma. Así que a Luis Planas –y al Gobierno español– le toca hacer campaña para ganarse, primero, el respaldo de Europa de cara a lograr, después, una mayoría de países dentro de los 193 que integran la FAO, donde cada Estado miembro tiene un voto. Y de resultar Díaz elegida al frente de la OIT, la carrera de Planas podría no pasar de un ‘sprint’.

La apuesta por el BCE

La salida de Luis de Guindos de la vicepresidencia del BCE a finales de mayo dejó a España, de nuevo, sin un sillón en la sala de máquinas del supervisor del euro. Mariano Rajoy consiguió colocar a su ministro de Economía en una de las posiciones más relevantes de la Unión Europea en 2018, tras más de un lustro de ostracismo a nivel comunitario por la condición de España de ‘farolillo rojo’ del conglomerado durante la crisis.

La situación ahora es diferente y en los pasillos del Ministerio de Economía y de La Moncloa creen que se puede dar la batalla por un asiento relevante en el Comité Ejecutivo del BCE. La economía española brilla desde la pandemia y España, que representa el 10% del PIB de la Unión, actúa como motor frente al estancamiento de Alemania, Francia e Italia. Los mandatos del economista jefe, Phillip Lane, y de la representante alemana Isabel Schnabel terminan el año que viene.

Pero el puesto en el que están puestas todas las miradas es la Presidencia, que actualmente ocupa Christine Lagarde. Aunque su mandato finaliza en octubre del año próximo, la francesa ha dado numerosas muestras de estar buscando acelerar su salida. Bien para volver a la política francesa (amagó con ser una “voz europea” en el debate presidencial), bien para liderar el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el organizador del Foro de Davos.

La prensa suiza recogía hace unos días, citada por la agencia Reuters, que Lagarde se ha mostrado dispuesta a “servir” al WEF, que lleva casi un año sin presidente tras la renuncia del noruego Børge Brende por sus relaciones con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein.

Una salida anticipada permitiría renovar la cúpula del BCE antes de las presidenciales francesas del año próximo, en las que Marine Le Pen acaricia la victoria. Y, al mismo tiempo, permitiría a Sánchez apostarlo todo con el candidato más señalado por las apuestas: el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, ahora director general del Banco de Pagos Internacionales.

Hernández de Cos es visto como el candidato mejor cualificado para presidir la institución y, aunque se cuidan de no decirlo en público, en el Gobierno se ve con buenos ojos su promoción, aunque durante su mandato al frente del Banco de España fuera especialmente crítico con la política del Ejecutivo de Sánchez.

Pero su currículum no lo es todo, ya que el nombramiento surge de una negociación entre los Estados miembro del Eurogrupo, donde priman no solo corrientes ideológicas sino también equilibrios regionales y de género. Y ahí es donde España tiene que jugar bien sus cartas. Otro nombre que suena es el de Calviño, ahora en Luxemburgo. En el Gobierno no quieren desvestir un santo para vestir otro. Y ella ha negado rotundamente aspirar al cargo. Pero en las negociaciones europeas nunca se dice nunca.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha presentado su programa para plantar la batalla al liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al actual presidente, Gilbert F. Houngbo. La declaración de intenciones de Díaz dibuja un escenario de OIT “en crisis” ante el que se sitúa como candidata para “recuperar el liderazgo” de la entidad y encarar algunos desafíos clave para el mundo del trabajo en estos momentos, como son la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio climático.

Díaz destaca su gestión como ministra de Trabajo de España –el fuerte crecimiento del empleo, la aprobación de reformas y nuevos derechos, y el consenso de gran parte a través del diálogo social– para postularse. Con esta mochila, considera que “puede contribuir de manera decisiva a reforzar el papel de la OIT como referente de la justicia social en el mundo”.

La vicepresidenta señala que la OIT se encuentra “en una encrucijada” por la “actual crisis”, tanto financiera –por la reducción de fondos por parte de países clave como EEUU– como “programática”.

“Lo que está en juego es si la comunidad internacional está dispuesta a preservar el único sistema universal concebido para situar la justicia social en el centro de la gobernanza mundial, gracias al corpus de normas internacionales del trabajo y el diálogo social entre personas trabajadoras, empleadores y empleadoras y Gobiernos”, sostiene el documento.

Encarar los desafíos de la IA y el cambio climático

Yolanda Díaz argumenta que el mundo se encuentra “en un momento histórico marcado por grandes desafíos”, como la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización en el empleo, la necesidad de una transición justa y la cronificación de la economía informal.

Ante ellos, considera que la OIT “debe estar en condiciones de liderar el debate internacional para así minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios desde el punto de vista del trabajo decente y la empresa sostenible”.

Díaz apuesta por regular ante estos desafíos, con mínimos internacionales que permitan garantizar ciertas condiciones y derechos a nivel mundial. Así, plantea “avanzar hacia una estrategia tripartita de gobernanza tecnológica y de la inteligencia artificial” y “una nueva iniciativa sobre las repercusiones socio-económicas del cambio climático”.

Cambios en la gobernanza y en la financiación

La vicepresidenta también considera que la “crisis” de la OIT afecta a su propio funcionamiento interno y sus vías de financiación. Así, plantea cambios en la gobernanza de la institución de Nacionales Unidas, con más diálogo social en el seno del organismo, así como la búsqueda de nuevas vías de financiación.

“Dado que las cuotas ordinarias de los Estados miembros difícilmente experimentarán incrementos significativos a corto plazo, la OIT debe emprender una búsqueda de contribuciones voluntarias. Estas aportaciones, procedentes de gobiernos donantes tradicionales, de agencias de desarrollo, de bancos regionales de inversión, y de cooperación público-privada, deben convertirse en un motor financiero de la organización”, propone el documento.

Una Carta Global de Derechos en el mundo

Otra de las propuestas concretas de la vicepresidenta es aprobar una Carta Global de Derechos laborales en el mundo, que aúne un conjunto de condiciones mínimas en todos los países adheridos. “Ante los desafíos globales, resulta necesario reafirmar la existencia de un suelo universal de derechos laborales”, indica.

Díaz plantea una Carta Global de Derechos Laborales, que adopte la forma de Convenio, que considera que “permitiría sistematizar los grandes principios desarrollados por la OIT a lo largo de su historia y, al tiempo, incorporar los nuevos desafíos del trabajo del siglo XXI”.

“Su elaboración, mediante el diálogo tripartito, podría convertirse en una gran iniciativa movilizadora en torno a la justicia social y el trabajo decente. Una Carta Global de Derechos Laborales ofrecería una referencia universal para gobernar una economía global que debe situar los derechos de las personas en el centro, siendo el gran paso adelante de la Organización tras las declaraciones del centenario, la justicia social y los principios y normas fundamentales en el trabajo”, recoge el documento.

El plazo para presentar candidaturas a presidir la OIT aún está abierto hasta el próximo 31 de agosto. Por el momento, solo hay dos, la de Gilbert F. Houngbo y Yolanda Díaz. Las votaciones se prevén para el próximo 16 de noviembre y el inicio del próximo mandato se despliega a partir de octubre de 2027.

El Ministerio de Trabajo ha iniciado la tramitación de la norma que obligará a las empresas a una mayor transparencia en los salarios por sexos, como exige una directiva europea de 2023 y que España ya va a transponer con retraso. Esta demora explica las prisas del departamento de Díaz para acelerar su tramitación, con la intención de evitar una posible multa de Bruselas. No obstante, el texto legal aún sigue abierto en la negociación del diálogo social y no convence todavía a los sindicatos, advierten en CCOO y UGT.

La norma en cuestión regula cambios relevantes. Supone ampliar la información disponible para los trabajadores a día de hoy sobre los salarios por sexos en sus categorías profesionales, así como sobre los criterios para fijar los sueldos dentro de sus empresas. También, regula una nueva obligación que desvelará al público la brecha salarial en las compañías a partir de 50 trabajadores, entre otras medidas.

Trabajo ha activado la maquinaria del proceso normativo con la publicación este 3 de agosto en Audiencia Pública de un proyecto de real decreto para transponer –aunque parcialmente– esta directiva europea contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Algunos cambios requieren de la vía legislativa, como las modificaciones en las sanciones a las empresas incumplidoras.

“Seguimos en el diálogo social a la vez que avanzamos en los trámites normativos para ganar tiempo e ir más rápido”, sostienen fuentes del Ministerio de Trabajo. “Es necesario que algunos cambios se hagan por ley. Estos últimos los acordaremos y los tramitaremos en el Parlamento por la vía que sea más rápida”, indican en el departamento que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Más transparencia salarial ante los trabajadores y las autoridades

España ya ha aprobado varias regulaciones en favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres en los últimos años, como la obligación de todas las empresas de tener un registro salarial por sexos y de realizar una auditoría salarial en aquellas compañías a partir de 50 empleados.

El texto normativo que ahora se pretende aprobar el Gobierno reforma el decreto de 2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, con novedades que requiere la nueva directiva europea.

Entre ellas, y a falta de que culmine la negociación con los sindicatos y la patronal (que puede variar el texto), el proyecto publicado por el Ministerio de Trabajo recoge que todas las empresas tendrán que informar a su personal sobre los criterios que utilizan para determinar los sueldos de los trabajadores, así como los distintos niveles retributivos de las categorías profesionales.

Además, las empresas a partir de 50 empleados deberán informar “sobre los criterios de progresión retributiva”, es decir, “el proceso por el que una persona trabajadora pasa a percibir una retribución superior, cuando proceda”.

Se recoge también el “derecho a la información de las personas trabajadoras” por el que los empleados tendrán derecho a recibir “por escrito” información sobre su retribución individual y sobre los salarios medias desglosados por sexo de quienes realizan el mismo trabajo (o de igual valor) al suyo. El plazo de respuesta de las empresas será de dos meses.

Además, las empresas a partir de 50 empleados deberán comunicar a un nuevo organismo estatal –la futura Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva– la brecha salarial de género que existe en sus plantillas, con datos en múltiples variables: la brecha retributiva media y mediana, por categorías profesionales, en los complementos salariales y cuántos hombres y mujeres cobran complementos salariales, entre otros. La medida se prevé para junio de 2027 para las empresas a partir de 150 empleados y de junio de 2031 para el resto.

Esta información sobre la brecha salarial será publicada por este organismo público, en “un formato de fácil acceso y en términos que permitan la comparación entre empresas y sectores manteniéndolos accesibles durante, al menos, cuatro años”, recoge el documento.

Los sindicatos siguen exigiendo cambios en la norma

Aunque sin una fecha cerrada aún, Trabajo señala su intención de aprobar el decreto “a la mayor brevedad” para “evitar el riesgo” de una multa de Europa por el retraso en la transposición de la directiva, que tenía como límite máximo el pasado 7 de junio tras tres años de plazo para su adaptación.

“En todo caso, solo tres o cuatro estados la han transpuesto hasta la fecha”, sostienen en el Ministerio de Díaz, que destaca que “nuestro país es un referente en esta materia con mucho trabajo ya hecho”.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, advierten de la importancia de esta transposición legal y del decreto en cuestión, que aún no comparten y que, por tanto, insisten en que debe seguir negociándose.

En CCOO destacan varias “carencias” del actual borrador. Entre otras, que ciña la información sobre la progresión salarial y la publicación de la brecha a las empresas a partir de 50 trabajadores, la ampliación a seis meses del periodo para resolver brechas injustificadas (de los dos inicialmente propuestos), así como que se modifique el concepto de igualdad salarial por trabajo de “igual valor” al salario por hora (excluyendo el salario anual), lo que creen que puede invisibilizar discriminaciones fruto del trabajo a tiempo parcial y aquella ligada a complementos de disponibilidad.

Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, destaca además que “el Gobierno debe cumplir con los acuerdos alcanzados si quiere que CCOO siga avanzando en los procesos de diálogo social”. Recuerda que hay abiertas mesas sobre el despido, la democracia en la empresa, esta negociación sobre transparencia salarial y “en breve debería abrirse la transposición de la directiva de plataformas”.

“Para ello, el Gobierno debe finalizar la tramitación para su aprobación de manera inmediata en el mes de septiembre de los decretos sobre el registro horario y sobre la compensación y absorción de complementos del salario mínimo”, advierte Pacheco.

En la misma línea se expresan en UGT, donde subrayan que este decreto “tiene que tener cambios, pero antes de profundizar en ellos tiene que salir adelante el registro horario”, sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT.

Los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han cerrado el curso político con un acuerdo de calado: la reforma del registro horario para endurecerlo y convertirlo en digital e interoperable por la Inspección de Trabajo se aprobará a la vuelta del verano, en septiembre, una vez el Ejecutivo cierre los últimos flecos para salvar las objeciones que puso el Consejo de Estado a su redacción.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo el acuerdo con el Ministerio de Economía pasa por que el real decreto (reglamento) con la reforma no se apruebe antes del 31 de julio, como reclamaban los sindicatos y se había comprometido la propia Yolanda Díaz, sino que se haga al arranque del curso. El concurso de Carlos Cuerpo era necesario ya que preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el 'Consejillo' de ministros económicos que masca los grandes asuntos del área antes de cada reunión semanal del gabinete y la mesa donde estaba 'atascado' el proyecto.

A cambio, indican las mismas fuentes, el acuerdo desbloquea la norma clave para el departamento de Yolanda Díaz, que vino a sustituir el espíritu de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, una vez esta decayó en el Congreso.

Un año de espera

El real decreto saldrá de la mesa del Consejo de Ministros prácticamente un año después de que pasara, en primera ronda, por dicha reunión. El reglamento se ha retrasado no solo por las reticencias expresadas por el Ministerio de Economía, sino también por los dos informes demoledores del Consejo de Estado y de la Agencia de Protección de Datos durante la tramitación de la norma. Ambos informes preceptivos y no vinculantes, pero que servirían de base para cualquier recurso contra el nuevo registro horario. Algo que la patronal ya se plantea hacer en cuanto esté en vigor.

El Consejo de Estado puso en duda que el vehículo legal, un real decreto, fuera el adecuado para los cambios que plantea la cartera de Yolanda Díaz. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, dijo el órgano consultivo que ahora lidera la exvicepresidenta Carmen Calvo. Un decreto que “no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”.

Además, el Consejo citaba en su informe una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en el que se cuestionaba “que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

El propio Ministerio de Economía también planteó sus reservas sobre los plazos de su entrada en vigor, como adelantó este periódico. En un informe previo al dictamen del Consejo de Estado, reclamó un periodo transitorio de un año para su implementación en las pymes, en lugar de los 20 días que contempla la norma redactada por Trabajo.

Desde el Ministerio de Trabajo señalan que ahora es el momento de cerrar los detalles técnicos que permitan salvar las objeciones presentadas por el Consejo de Estado sin tocar las líneas principales del registro horario: es decir, que sea completamente digital, interoperable y permita acabar con el fraude de las horas extra sin pagar.

La vicepresidenta Díaz se confesó esta misma semana, tras el Consejo de Ministros del martes, “muy optimista” por el devenir del registro horario, asegurando que estaba “prácticamente listo” para sacarlo adelante. “Esta vulneración e irregularidad manifiesta se va a acabar”, dijo la titular de Trabajo.

Precisamente la aprobación del registro horario fue una de las cuestiones que la diputada de Sumar Aina Vidal reprochó al vicepresidente Cuerpo este jueves durante el Pleno extraordinario del Congreso en el que se aprobó la extensión de las medidas por la guerra en Irán. Preguntado por esta cuestión en una entrevista reciente, Cuerpo, que siempre ha defendido la implantación “equilibrada” de esta norma, defendió que era un proyecto “importante”. “Es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla la normativa en cuanto al control de las horas”, dijo.

La decisión de llevar esta norma a septiembre coincidirá, también, con la campaña de Díaz para hacerse con la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una votación prevista para noviembre y cuyo mandato comenzaría en octubre del año próximo. Ya con la legislatura acabada.

El Gobierno ha decidido proponer a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como candidata a directora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo clave de Naciones Unidas para los derechos laborales. La elección está prevista para el próximo noviembre y el mandato, en cualquier caso, no comenzaría hasta octubre de 2027.

El presidente Pedro Sánchez ha anunciado la candidatura de Yolanda Díaz a través de un mensaje en la red social X, calificando de “honor” la promoción de su vicepresidenta segunda. De ser elegida como directora general, sería la primera vez que una mujer y España estarían al frente de “esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social”, ha destacado el jefe del Ejecutivo.

La OIT es el único organismo de Naciones Unidas en el que están representados no solo los países, sino también los agentes sociales, como sindicatos y patronales. “Su estructura tripartita la convierte en una institución única dentro del sistema internacional y en el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social”, subrayan desde La Moncloa.

El anuncio llega después de una intensa gira internacional en la que Yolanda Díaz, en las últimas semanas, ha visitado países como Estados Unidos, Senegal o China, y ha mantenido numerosas reuniones con responsables públicos de los 187 países miembros del organismo.

“La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas. Es un orgullo y una responsabilidad enorme poder representar con esta candidatura a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional”, ha dicho la Díaz en un mensaje a través de su cuenta en Bluesky, que ha replicado en inglés y en francés, los idiomas oficiales del organismo. “Vamos a hacerlo juntas y juntos”, ha concluido.

Una candidata para una OIT “en crisis”

La vicepresidenta Díaz ya participó en la sesión plenaria de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, en el Palacio de las Naciones de Ginebra (Suiza), donde tiene su sede la organización. “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”, dijo con solemnidad. Antes de entrar, ya había apuntado directamente como causante a la Casa Blanca, ahora en manos de Donald Trump, quien lleva tiempo retrasando el pago de los fondos comprometidos al organismo. “Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”, aseveró ante los medios de comunicación.

Yolanda Díaz ya había anunciado hace tiempo que no solo no sería la líder de Sumar en las elecciones generales que tendrán lugar el año que viene, sino que tampoco concurriría como candidata a un escaño en el Congreso de los Diputados, dando por hecho su salida de la primera línea de la política nacional.

Si bien el Ministerio de Trabajo desmintió los primeros rumores, el anuncio de hoy confirma que Díaz es la apuesta española para tratar de dar un revulsivo a este organismo. “Con esta candidatura, España aspira a reforzar una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo en un contexto de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales, reforzando el papel de la OIT como referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social”, destaca el comunicado del Ejecutivo.

El Gobierno tenía de plazo hasta el 31 de agosto para postular sus candidaturas al liderazgo de la organización, mientras que las elecciones están previstas para el 16 de noviembre. En caso de resultar elegida, el mandato no arrancaría hasta octubre de 2027, con la legislatura ya finiquitada tiempo atrás.

“Como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con 30 acuerdos. Durante estos años, se impulsó la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios, que ha contribuido a reducir la temporalidad a mínimos históricos a la vez que ha conseguido el récord de empleo de la historia de España, la ley de plataformas o la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia”, glosan desde La Moncloa.

La propuesta de Díaz choca con la candidatura de otro compañero de gabinete que también aspira a un alto cargo en el sistema de Naciones Unidas: el ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien el Gobierno ha postulado a la presidencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). La elección, en este caso, no está prevista hasta junio del año próximo, por lo que queda todavía recorrido en el caso de que las aspiraciones a la OIT no prosperen.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que Canarias será la Capital de la Economía Social en 2027 y que contará por primera vez con dos sedes: una en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Santa Cruz de Tenerife.

Según ha informado Díaz en el Consejo de Fomento para la Economía Social, celebrado este miércoles en Madrid, Canarias tomará el testigo de la ciudad catalana de Mataró como capital de la economía social por su trayectoria amplia de este modelo económico.

Asimismo, la ministra ha explicado que la decisión se apoya en una trayectoria amplia de este modelo económico en las islas. “Desde las cooperativas, las sociedades agrarias y las cofradías de pescadores, que han sido esenciales históricamente para la vida económica canaria, la economía social se ha extendido con el tiempo a la educación, la industria, el transporte y los servicios en el territorio”.

Además, señala que en los últimos años, Canarias ha reforzado este impulso con instrumentos concretos como la Ley de Economía Social de Canarias, la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias o el Libro Blanco de la Economía Social de Canarias entre otras, ha detallado Díaz.

Asimismo, la vicepresidenta segunda ha asegurado que Canarias conoce bien los desafíos que tiene por delante por su “insularidad, la crisis climática, la dificultad de acceso a la vivienda y su papel de frontera sur de Europa, con las necesidades de acogida e inclusión de quienes llegan”.

Esta capitalidad permitirá situar estos desafíos en el centro del debate, desde la experiencia y el buen hacer de las entidades canarias. “Será una oportunidad para compartir soluciones, reforzar alianzas y mostrar cómo la economía social puede ofrecer respuestas cercanas, sostenibles y duraderas a los retos del archipiélago”.

Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que la decisión cuenta con el respaldo de las entidades representativas de la economía social canaria y española representadas en CEPES, “cuyo compromiso y trabajo es fundamental para seguir consolidando este ecosistema en las islas”.

La demanda de protección civil del derecho al honor que ha interpuesto Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se basa en dos comentarios –uno publicado en la red social Bluesky y otro en TVE– a cuenta de las informaciones publicadas en elDiario.es que recogían las denuncias de agresión sexual de dos extrabajadoras contratadas por el cantante. La demanda señala que Yolanda Díaz se refirió en sus comentarios a unos “escalofriantes testimonios”, de las dos mujeres, “de los que no había constancia oficial, sino lo únicamente referenciado por el medio de comunicación elDiario.es., sin corroboración objetiva alguna”.

La corroboración objetiva a la que se refiere el abogado de Iglesias eran vídeos grabados a las dos mujeres donde detallaban las agresiones sufridas, y la constancia oficial era la publicación en un medio de comunicación que había intentado conseguir, sin éxito, la versión de la persona a la que se referían las denunciantes. Yolanda Díaz escribió. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a los periodistas de elDiario.es por denunciarlo”.

A continuación, la demanda de Julio Iglesias se detiene en un conjunto de acusaciones sin fundamento contra elDiario.es: “Hay que significar que el propio medio de comunicación había provocado la noticia, como resultado de un supuesto trabajo de investigación, y no se trataba, según amplia jurisprudencia constitucional de un reportaje neutral, que además se difundía de forma reelaborada, porque el medio acabó reconociendo, ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que no se reproducían los testimonios de las denunciantes, sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes, acreditándose que la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”.

La demanda se basa, al igual que la querella contra elDiario.es, en hechos falsos al acusar a este medio de comunicación de “no reproducir el testimonio de las denunciantes sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes”. elDiario.es reprodujo fielmente el testimonio de las denunciantes, con su imagen –producto de la grabación de entrevistas con las dos mujeres– y con sus palabras, pero doblando sus voces para proteger su identidad. Pese a este, la demanda considera acreditado que “la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”. La imagen de los videos que complementaban la información corresponde a las dos mujeres que denunciaron los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras ser admitida a trámite la denuncia, la Fiscalía decidió no seguir adelante por haber sucedido los hechos en el extranjero y no tener competencia para investigarlos en España.

La demanda llega a acusar a la vicepresidenta segunda de actuar con “temeridad evidente” al dar “por ciertos los ”escalofriantes testimonios“, que no eran tales”. Los testimonios eran ciertos y así lo acreditan las grabaciones realizadas por los periodistas de elDiario.es y Univisión. El abogado de Julio Iglesias sostiene en la demanda que Yolanda Díaz “realizó valoraciones propias, dando por ciertos los hechos con grave desprecio a la presunción de inocencia, y situando a mi mandante como autor de la comisión de graves de delitos de agresiones sexuales y de explotación laboral y trata de personas vulnerables, sin hacerlo en términos de presunción”.

El abogado pide 50.000 euros

Díaz declaró en TVE: “Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”. A continuación, preguntada por el apoyo que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, había dado al cantante, rechazando así el testimonio de las mujeres, la vicepresidenta contestó: “La Presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho ayer no ha sido condenar si quiere con carácter presunto lo que ha hecho el señor Julio Iglesias no, no, lo que ha dicho es colocarse por la pasiva del lado del presunto agresor, por tanto, eso es machismo”.

Al finalizar la entrevista, y cuando el periodista le preguntó si respetaba el principio de presunción de inocencia para el cantante, Díaz contestó: “Una cosa es la responsabilidad penal en la que por supuesto presunción de inocencia, derecho a un proceso justo, tutela judicial efectiva y un millón de cosas más, artículo 24 y siguientes de la Constitución y otra cosa es la responsabilidad de carácter político o ético que uno o una tenga, y en este sentido parece que todo lo que estamos conociendo requiere de una actuación ejemplarizante en esta materia”.

El escrito de demanda termina reclamando a la vicepresidenta segunda que “se avenga a reconocer que las manifestaciones realizadas constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, absteniéndose de realizar en lo sucesivo nuevas manifestaciones de tenor similar (...) que se retracte públicamente de las mismas en la misma forma en la que estas fueron difundidas, y que indemnice por daño moral al cantante con la cantidad de 50.000 euros además de los intereses que correspondan”.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, insistió este martes en que sigue confiando en la “inocencia” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pese a que Julio Martínez Martínez, antiguo colaborador del mandatario, y los directivos de Plus Ultra le señalaron el lunes como la persona que ofreció influir para lograr los 53 millones del préstamo público a la aerolínea. “Seguimos defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero” y “seguimos creyendo en su inocencia”, afirmó Saiz preguntada sobre estas novedades en la investigación.

“No voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, declaraciones o estrategias de defensa que, en sede judicial, se vayan desarrollando en este caso”, planteó la ministra portavoz al ser preguntada —hasta en ocho ocasiones— en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Saiz se limitó a afirmar que la investigación se encuentra “en una fase inicial” y aseguró que el Gobierno está prestando su “total colaboración” a la justicia.

La portavoz del Ejecutivo tampoco quiso pronunciarse en relación a la falta de explicaciones sobre las joyas incautadas a Zapatero tras el registro de su oficina. Lo que sí defendió es que el Gobierno en ningún momento incurrió en ninguna irregularidad al conceder el préstamo público a Plus Ultra en 2020. “Es bueno recordar que este expediente fue avalado y tramitado por los servicios jurídicos de la SEPI, fue revisado por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea, fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y ninguna de esas instituciones encontró motivo de sospecha, enumeró Saiz, que insistió en que ”no hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno fue la correcta“.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del ala minoritaria del mismo, la de Sumar, se adhirió expresamente al respaldo a Zapatero que expresó la ministra portavoz. No obstante, Díaz también insistió en que el expresidente del Ejecutivo “tiene que dar explicaciones” sobre sus negocios ante la “inquietud y tristeza” que ha suscitado “en la ciudadanía” la apertura del caso en un contexto en el que existen varias investigaciones por corrupción que afectan al PSOE.

La vicepresidenta, sin embargo, no quiso ofrecer su opinión en relación a las declaraciones de Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra: “Nunca he valorado sumarios judiciales, ni cuando gobernaba Alberto Núñez Feijóo la Xunta de Galicia ni ahora; no sería responsable por mi parte”, espetó Díaz, que se mostró crítica con el hecho de que “todos los días mucha gente habla” sobre este tipo de procedimientos “sin la pericia suficiente para ello”.