El Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida ha aplicado uno de los principales mandamientos que el alcalde ha solicitado a la ciudad ante la llegada del papa León XIV. Los empleados públicos del Consistorio teletrabajan desde el pasado miércoles 3 de junio y hasta el martes 9.

Solo quedan eximidos de ello los puestos que por sus condiciones no pueden acogerse a la norma, como seguridad, emergencias, mantenimiento o limpieza. También oficinas de atención ciudadana o al contribuyente, donde en algunos casos la actividad telemática sí se ejecutará el lunes 8 (previsiblemente la jornada más intensa y la más complicada a nivel logístico) y el martes 9 de junio.

Ya en mayo, el regidor pidió a las empresas adoptar esta medida durante al menos cuatro días laborables ante un “acontecimiento histórico” de una magnitud “prácticamente sin precedentes”. Como finalmente ha ocurrido, avisaba Almeida que ya en los días previos a una visita que tendrá lugar del 6 al 9 de junio habría “afecciones importantes” al tráfico en zonas clave, como el entorno de Cibeles o la plaza de Lima.

“Solicito que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que del 3 al 9 de junio habrá teletrabajo para los empleados del Ayuntamiento”, avanzó desde el Palacio de Cibeles. Incluso pidió a la ciudadanía que “evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días”. Su llamamiento parece haber tenido calado, ya que este jueves el tráfico se redujo un 32% con respecto a un día normal en el interior de la M-30, comunicó en X el delegado de Movilidad, Borja Carabante.

El Gobierno de Almeida ha puesto a disposición de los peregrinos hasta 33 edificios públicos (principalmente polideportivos) en los que podrán pasar la noche de forma gratuita. El Consistorio también pone autobuses gratis de la EMT o vehículos de Bicimad entre el 3 y el 9 de junio. Asimismo se han autorizado más licencias de taxi , incluyendo a las que tenían libranza.

El sábado 23 de mayo quedó ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte. El 25 se ocuparon las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para instalar una plataforma, reservada al coro del domingo. Ese mismo día de mayo comenzó el montaje del altar, aunque estos trabajos no suponen una ocupación de calzada. El 3 de junio se procedió al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales de la Castellana. Y, a partir del 4 de junio, a todo el tráfico rodado en torno a la plaza de Cibeles.

El Gobierno central también muestra su fe en que el teletrabajo reduzca el colapso

El Ejecutivo municipal no es el único que aplica medidas en este sentido. Por parte del Gobierno central, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que lidera Óscar Lóprez ha aprobado el teletrabajo los días 5, 8 y 9 de junio, según fuentes consultadas por Somos Madrid.

La responsable de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, ya emplazó a las empresas a favorecer el trabajo a distancia para “reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo” de los servicios. Para la plantilla de este Ministerio está en vigor desde el 4 de junio y hasta el 9, ambos incluidos. La Delegación del Gobierno en Madrid se ha sumado al requerimiento, respaldado igualmente por los sindicatos.

Este periódico ha contactado a la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación (de la que depende la Dirección autonómica de Función Pública) para conocer el alcance de la implantación del teletrabajo en los funcionarios de la Comunidad de Madrid ante el multitudinario evento, sin que lo concreten en su contestación: “Desde 2020 la Administración de la Comunidad ya cuenta con una regulación del teletrabajo en situaciones ordinarias como en situaciones de especial relevancia y corta duración, como es el caso”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido este lunes que se apruebe un nuevo decreto ley de manera “urgente” que recupere las rebajas fiscales en el IVA de la luz y el gas que han decaído este lunes, 1 de junio, así como que se apruebe de nuevo la prórroga de los alquileres por los efectos de la guerra en Irán. En el Ministerio de Economía apuntaban esta misma mañana que el Gobierno está analizando qué medidas extender en el contexto actual.

Las rebajas fiscales en las facturas de la luz y el gas se incluyeron en uno de los decretos impulsados como consecuencia de las subidas de precios que provocó el conflicto en Oriente Medio. Las medidas estaban en vigor desde el pasado marzo, pero desde este 1 de junio se ha desactivado gradualmente ese paquete por la moderación de la inflación, que se ha contenido en España en el 3,2% en mayo.

Yolanda Díaz ha aprovechado su intervención en unas jornadas en el Congreso de los Diputados, del colectivo empresarial AlianzAS, para afirmar que es necesario “de manera urgente” un nuevo decreto que prorrogue las medidas decaídas, como el IVA aplicable a la electricidad y al gas natural, briquetas, pellets y leña, que ha pasado este lunes del 10% al 21%.

“Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy”, ha dicho Díaz, que ha insistido en que el alza de los precios se nota en el bolsillo de las familias y de las empresas.

Además la vicepresidenta segunda y líder de Sumar dentro del Gobierno ha insistido en la necesidad de volver a aprobar también la congelación de los contratos de alquiler, que fue rechazada en el Congreso, ya que ha asegurado que es “la emergencia nacional de España” en la actualidad.

El Gobierno analiza qué medidas extender

Fuentes del Ministerio de Economía han apuntado esta mañana que el Ejecutivo analiza los efectos de las medidas desplegadas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán y se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio.

Este mismo lunes han decaído algunas de las desplegadas en marzo: las rebajas en el IVA de la electricidad y el gas natural, que vuelven al 21%, así como el recorte el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

En el departamento dirigido por Carlos Cuerpo han defendido la efectividad de las ayudas adoptadas para proteger el poder adquisitivo de hogares y empresas, pero se emplazan a reuniones en las próximas semanas con los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” una vez expire el plazo del 30 de junio.

Estas mismas fuentes han subrayado que la capacidad de refino del país, así como el despliegue de las renovables, sitúan a la economía española “en mejores condiciones” que el resto de los socios de la Unión Europea para afrontar el verano “con garantías”.

La coalición de Gobierno vive estos días instalada en un déjà vu. Prácticamente un año después de que estallara el caso Cerdán, que sacudió los cimientos del PSOE, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz para pedir documentación han vuelto a poner patas arriba el tablero político y también la relación entre los socialistas y Sumar en el seno del Ejecutivo. La coalición que lidera Yolanda Díaz no se ha planteado en ningún momento romper con el PSOE y salir del Consejo de Ministros. Pero, tras una primera reacción dubitativa y en mitad de algunas diferencias internas, ha elevado el tono para exigir a La Moncloa que reaccione ante una crisis que amenaza con volar la legislatura.

La coalición de Yolanda Díaz se está viendo obligada a hacer un complicado encaje de bolillos para distanciarse de los casos de supuesta corrupción mientras, a la vez, ofrece argumentos para mantenerse dentro del Gobierno. Sumar insiste en que el Ejecutivo está siendo objeto de una campaña judicial, mediática y política desde el inicio de la legislatura para hacerlo caer, pero a la vez exige al PSOE que dé explicaciones por dos casos, el de Zapatero y el de Leire Díez, que sí consideran preocupantes. Y, desde que la semana pasada se conoció la imputación del expresidente, el malestar de Sumar con el PSOE ha ido en aumento.

La formación que lidera Yolanda Díaz entiende que los socialistas están optando por no dar explicaciones, y que eso únicamente agrava los serios problemas a los que se enfrenta la coalición en su conjunto. Y a todas las organizaciones que componen Sumar les enfadó, especialmente, la rueda de prensa que ofreció el presidente Pedro Sánchez en Roma el miércoles, en la que incluso bromeó con su decisión de no adelantar las elecciones en una alusión velada al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que así lo pidió el miércoles.

Ese malestar se tradujo durante el jueves en una negociación interna en el seno del Gobierno que, junto a la presión ejercida por socios como Podemos, ERC, BNG o Compromís, ha forzado —según admiten fuentes de La Moncloa— a Sánchez a cambiar de planes y a solicitar una comparecencia a petición propia en el Congreso para debatir sobre los procedimientos judiciales que afectan al PSOE. Pero algunos sectores de Sumar también consideran que su propia formación tiene que “tomar posiciones” más firmes, se muestran críticos con su reacción y llaman a actuar de forma más “drástica” que hasta ahora ante la crisis.

El jueves pasado, el grupo parlamentario de la alianza celebró una reunión en la que, según reconocen algunos dirigentes, se evidenciaron las diferencias que existen en el seno de la coalición sobre cómo abordar la crisis. Algunos sectores abren incluso la puerta a valorar la posibilidad de retirar el apoyo parlamentario al PSOE si, en las próximas semanas, no ofrece respuestas satisfactorias sobre Zapatero y la trama de Leire Díez. Hoy por hoy, ese escenario aún no se contempla.

Otras voces consideran que la mejor forma de apartar el foco de la corrupción y, a la vez, de que a Sumar no le salpiquen los problemas de su socio es intentar forzarle a que desbloquee algunas de las medidas sociales que llevan tiempo en el congelador, especialmente en materia de vivienda.

El futuro de Sumar no se define

La profunda crisis abierta en los últimos días ha pillado a Sumar, además, en mitad de un proceso de reconstrucción que no termina de marchar con la velocidad que a algunos de los sectores de la alianza les gustaría. Este sábado, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns —agrupados bajo el lema provisional de “Un paso al frente”— han celebrado un nuevo acto en Barcelona, tras los ya organizados en los últimos meses en Madrid y Sevilla, con la intención de seguir preparando el terreno para el relanzamiento de su alianza. Pero en ese mitin no se han despejado ninguna de las dos grandes incógnitas en la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales: la marca con la que se presentará y, sobre todo, quién será su candidato.

El asunto del liderazgo es el más acuciante, y algunos de los principales dirigentes de la alianza aún conocida con el nombre de Sumar ya han hecho público el debate que, desde hace semanas, también existe en privado entre las organizaciones: la necesidad de acelerar los tiempos, especialmente ahora que la legislatura está en el alambre. La que más claramente lo ha verbalizado es la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que tras el mal resultado obtenido por la coalición Por Andalucía en los comicios autonómicos de hace un par de semanas aseguró que “acelerar” es “urgente” y pidió presteza para definir “cuál va a ser la persona” que va a liderar el espacio.

El problema, no obstante, no es que haya diferencias entre los partidos sobre cuándo tiene que lanzarse al nuevo candidato, sino que no existe un aspirante claro para ocupar ese puesto. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el favorito de los cuatro partidos, rechaza asumir el rol de líder, pero otras de las principales figuras del espacio tampoco parecen estar por la labor o no convencen a una o varias de las patas de la coalición. Y, aunque Sánchez insiste en que su intención es agotar la legislatura y en que no va a adelantar las elecciones, el tiempo corre.

El pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox contra el Real Decreto-Ley de 28 de diciembre de 2021, de medidas urgentes para la reforma laboral.

El recurso, que se ha desestimado “en lo esencial y prácticamente en su integridad”, se dirigía contra la totalidad de la norma alegando que se había dictado sin la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad que avalase la utilización de ese instrumento normativo, al tiempo que se sostenía que infringía los límites materiales de la legislación de urgencia.

Se alegaba también una infracción en su procedimiento parlamentario de convalidación, por no haberse permitido que un diputado del grupo parlamentario popular (Alberto Casero) rectificara su voto emitido telemáticamente.

El Constitucional niega que el Gobierno se excediera

El Constitucional concluye que el Gobierno contempló de manera explícita y motivada cuál era el presupuesto que daba sustento a la aprobación del decreto-ley en su conjunto, y que derivaba de la necesidad de aprobar medidas estructurales sobre el mercado de trabajo en el contexto de la crisis provocada por la covid.

La sentencia descarta también que el contenido de la ley contraviniera el límite material previsto en la Constitución para la legislación de urgencia, en cuanto a que ésta no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en su Título Primero.

En particular, la sentencia estima que las medidas contenidas en la norma relativas a las distintas modalidades de contratación, a la generalización del contrato indefinido limitando su temporalidad, a la prioridad aplicativa de los distintos tipos de convenios, o a la vigencia y ultraactividad de éstos, no inciden en los elementos esenciales del derecho al trabajo y del derecho a la negociación colectiva.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está finalizando su viaje oficial a China, en el que se ha reunido con varias empresas chinas que han anunciado o barajan inversiones en España, como las automovilísticas Saic Motor y Geely, con las que ha acordado la contratación de trabajadores y trabajadoras en España que fortalezcan la economía local, explican a elDiario.es fuentes del Ministerio de Trabajo.

Díaz se ha reunido con responsables de “varias compañías punteras chinas” cuya producción y desarrollo “será clave en la identidad del empleo en el futuro”, indican en Trabajo. En concreto, ha mantenido encuentros con AnConghui, CEO de la automovilística Geely, responsables de la empresa de robótica e inteligencia artificial AgiBot y en Shanghái ha visitado las instalaciones de la empresa automovilística asiática SAIC Motor.

En el encuentro con Geely, Díaz ha abordado la posibilidad de nuevas inversiones que “generen empleo de calidad en España”. Es habitual que algunas inversiones de empresas chinas en el extranjero empleen a personal del país asiático, por lo que la comitiva española ha enfatizado en las oportunidades de empleo de trabajadores y trabajadoras en España.

Acuerdo para explorar vías de formación especializada

Para ello, Díaz ha acordado con los responsables empresariales “explorar vías de formación para cualificar a las personas trabajadoras en los perfiles profesionales que estas empresas requieren”, indican en Trabajo.

En el encuentro con Geely, la vicepresidenta segunda ha asegurado que “España tiene mucho que aportar a la movilidad del futuro” y ha defendido que “la inteligencia artificial y la robótica deben servir para mejorar la vida y las condiciones de trabajo de las personas”, indican en el Ministerio.

En la visita a la sede de la empresa de robótica e inteligencia artificial AgiBot, la comitiva española “ha acordado trabajar conjuntamente en la formación de las personas trabajadoras para crear empleo de calidad en España y explorar nuevas inversiones”. “Díaz ha compartido la experiencia europea en el desarrollo de marcos regulatorios para una IA ética y segura, con transparencia, supervisión humana y protección de derechos”, subraya el Ministerio de Trabajo.

En la empresa automovilística asiática SAIC, que ya ha anunciado que elige España para su primera fábrica de coches en Europa, Yolanda Díaz ha destacado “la importancia de esta compañía como palanca de crecimiento económico, industrialización y generación de empleo en España”, y ha abordado la posibilidad de nuevas inversiones en nuestro país contando con empleo local, añaden estas fuentes ministeriales.

El lunes en Pekín la vicepresidenta mantuvo también encuentros con el presidente del grupo CITIC, Xi Guohua, “donde Díaz subrayó las importantes oportunidades de colaboración entre China y España en materia de formación y creación de empleo digno y de calidad”.

Yolanda Díaz ha rechazado retractarse de sus manifestaciones sobre Julio Iglesias, que este consideraba de caracter “injurioso y calumnioso”. Esa ha sido la posición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en un acto de conciliación que se ha producido este martes por la mañana en un juzgado de Madrid entre la representación legal de ambas partes.

En su escrito al tribunal de instancia de Madrid, Iglesias solicitó un acto de conciliación en el que la ministra reconociera el daño, rectificase sus manifestaciones y le indemnizara con el importe en el que se fijaran “los daños causados en función de la difusión alcanzada”. Este acto es el paso previo obligatorio antes de la interposición de una querella. Fuentes del despacho de la defensa de Julio Iglesias no confirman a elDiario.es que vaya a proceder a la presentación de una querella ante el Tribunal Supremo, como afirman algunos medios.

La vicepresidenta no reconoce haber “ocasionado daño alguno ni directa ni indirectamente al artista”, según fuentes de su Ministerio. Díaz considera que sus intervenciones “se limitaron a comentar las declaraciones de terceros y los contenidos de los reportajes de prensa que se publicaron acerca de Julio Iglesias” y no considera haber “injuriado o calumniado al artista”. “Ninguna querella ni intento de amedrentar va a evitar que la vicepresidenta haga ejercicio de su libertad de expresión, en este caso concreto para referirse a una información periodística”, añaden estas fuentes.

“Testimonios escalofriantes”

El cantante presentó en febrero una demanda de conciliación contra Díaz por unos comentarios realizados por la vicepresidenta a raíz de la exclusiva publicada por elDiario.es y Univision Noticias, en la que dos extrabajadoras del cantante le acusaban de agresiones sexuales. Estas dos mujeres, de nombres ficticios Rebeca y Laura, interpusieron contra Iglesias una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de abusos sexuales y laborales. Esta denuncia fue posteriormente archivada por la Fiscalía, sin entrar al fondo de los hechos y al entender que España carecía de jurisdicción para investigarlos.

“Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”, escribió Yolanda Díaz en un mensaje en su perfil de la red social Bluesky, en el que adjuntó un link de la primera información publicada por este periódico. 

Un día después, en una entrevista en el programa La Hora de la 1, Díaz afirmó que la investigación sobre las denuncias de dos extrabajadoras “da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema”. 

“Las declaraciones de la vicepresidenta han respetado en todo momento la presunción de inocencia de Julio Iglesias y se han limitado a calificar de escalofriantes los testimonios de las extrabajadoras del artista, que le acusaban, en el marco de la investigación llevada a cabo por elDiario.es, de agresiones sexuales, insultos y humillaciones durante su jornada laboral, y que denunciaban un ambiente de control y acoso continuo”, indican las fuentes relacionadas con Yolanda Díaz.

“Desde el Ministerio de Trabajo se va a velar siempre por los derechos de las mujeres trabajadoras, sea cual sea el ámbito o el contexto, y se va a denunciar cualquier abuso de cualquiera que atente contra su integridad”, añaden.

Demanda contra los periodistas

Julio Iglesias también demandó a elDiario.es por las informaciones publicadas sobre las acusaciones de violencia sexual contra él. Un juzgado madrileño citó para el próximo 28 de mayo a los cinco periodistas de este periódico contra los que pretende querellarse Julio Iglesias a un acto de conciliación en los juzgados.

elDiario.es ya ha anunciado que no se va a retractar de lo publicado. “Para evitar la querella, Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos y borremos nuestras informaciones sobre él. Nos reafirmamos en todo lo publicado porque nuestra investigación fue impecable”, afirma el director del medio, Ignacio Escolar. “No vamos a rectificar y tampoco tenemos nada que conciliar. Si tras esta demanda se querella contra nosotros, nos defenderemos en los tribunales. Allí demostraremos que nuestra información fue rigurosa, contrastada y veraz”.

Paralelamente, Julio Iglesias demandó también a la Fiscalía por no permitirle acceder al texto de la denuncia archivada. Este proceso se está llevando a cabo en una sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. La posición de la Fiscalía considera que el cantante no ha visto vulnerados sus derechos fundamentales por no haber tenido acceso a la denuncia.

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha expresado su preocupación ante las declaraciones realizadas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en las que anuncia como objetivos para este año el encarecimiento del despido y la modificación de las reglas de representación en el diálogo social.

En un comunicado recogido por Europa Press, la CEG ha considerado “especialmente grave” cuestionar la representatividad de las organizaciones empresariales y tratar de debilitar la participación de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en la negociación de cuestiones que afectan directamente a miles de pequeñas y medianas empresas.

“Las pymes constituyen la inmensa mayoría del tejido empresarial gallego y español y son esenciales para el empleo, la cohesión territorial y el mantenimiento de la actividad económica, especialmente en el ámbito rural”, han reivindicado desde la CEG.

El presidente del empresariado gallego, Juan Manuel Vieites, recuerda que “el diálogo social debe sustentarse en el respeto institucional, la pluralidad y la seguridad jurídica”. “Cualquier intento de alterar unilateralmente los equilibrios de representación supone deteriorar un modelo que ha contribuido durante décadas a la estabilidad económica y laboral de nuestro país”, ha criticado.

Asimismo, advierte que “nuevas medidas orientadas a incrementar los costes empresariales, como el encarecimiento del despido, se suman a un contexto ya especialmente complejo para las empresas, marcado por el aumento continuado de los costes laborales, la presión fiscal, la inflación regulatoria y la creciente burocracia administrativa”.

“Las empresas gallegas, y particularmente las microempresas y pymes, necesitan estabilidad, certidumbre y medidas que favorezcan la inversión, la competitividad y la creación de empleo, no nuevas cargas que dificulten su viabilidad. Resulta especialmente preocupante seguir impulsando reformas laborales sin una evaluación rigurosa de su impacto real sobre las pequeñas empresas y los autónomos”, ha sentenciado Vieites.

Las provinciales

En la misma línea ha hablado la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), subrayando que el diálogo social es “el pilar de toda democracia”. “Si queremos que nuestras empresas se conviertan en un referente, si queremos una economía próspera y la proliferación de organizaciones punteras, debemos escucharlas. La situación no es la misma en todo el territorio nacional, ni todos los negocios cuentan con el mismo volumen de actividad e ingresos”, ha añadido el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros.

Para él, tomar decisiones que afectan al empleo y a la competitividad sin contar con quienes representan a las empresas es un “error” que tiene “consecuencias reales”.

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) también ha defendido el diálogo social ante el anuncio del Gobierno de adoptar medidas en al ámbito laboral excluyendo a los agentes sociales.

En un comunicado, ha compartido la “inquietud” trasladada por Cepyme respecto a la proliferación de anuncios y decisiones adoptadas sin una negociación efectiva previa. “El diálogo social ha sido una de las herramientas más valiosas para garantizar estabilidad económica, seguridad jurídica y cohesión social en nuestro país. Debilitarlo mediante planteamientos unilaterales o fórmulas de interlocución meramente formales supone poner en riesgo un modelo que ha permitido afrontar con éxito etapas especialmente complejas para el país”, ha insistido la CEO.

El Ministerio de Trabajo ha pedido a la Abogacía del Estado que recurra la sentencia del Supremo del pasado mes de abril que limitó la libre entrada en las empresas que hasta ahora ejercía la Inspección de Trabajo, según adelantan a elDiario.es fuentes ministeriales. El alto tribunal dictó que se exige una autorización judicial para que los inspectores puedan entrar en los centros cuando estos coincidan con el domicilio social de las compañías, algo muy frecuente por ejemplo en las pymes, la gran mayoría de empresas del país.

La petición se concreta en el planteamiento de un recurso por la vía de “incidente de nulidad”, ante el propio Tribunal Supremo, indican estas fuentes, un mecanismo excepcional –y de aplicación bastante restrictiva– que prevé la legislación judicial para pedir la nulidad de una sentencia firme ante vulneración de derechos fundamentales.

La decisión del Ministerio de Trabajo respalda así la postura de los sindicatos profesionales de la Inspección, UPIT y SITSS, que rechazaron frontalmente la valoración del Supremo, que criticaron por su “calidad jurídica” y por extralimitarse en sus funciones, actuando como si fuera el “legislador”. La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó en las últimas semanas que respetaba la sentencia, pero que no compartía la interpretación del tribunal.

Aunque se trata solo de una primera sentencia del Supremo, sin que se haya sentado jurisprudencia con un segundo fallo, los sindicatos de inspectores alertaron del riesgo de que se consolidara este criterio a futuro.

El sindicato CCOO también denunció la “inconsistencia jurídica de la sentencia” y advirtió de que el establecimiento de requisitos adicionales “imposibilita que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúe con la inmediatez y celeridad que requieren, en la mayoría de ocasiones, la protección de los derechos de las personas trabajadoras en el ámbito empresarial, incluidos sus derechos fundamentales”.

La exigencia de una orden judicial

La sentencia en cuestión analizó el recurso interpuesto por una empresa de comercio al por mayor de frutas y hortalizas en la Comunidad Valenciana, que fue objeto de una visita de la Inspección de Trabajo junto a la Policía Nacional, dentro de una investigación. La actuación se ciñó a la “zona de trabajo fabril” aunque el mismo centro de trabajo era también el domicilio social de la compañía (una SL).

El empresario denunció la entrada de la Inspección por considerar que había vulnerado si derecho a la “inviolabilidad del domicilio”, reconocido constitucionalmente en el artículo 18 de la Carta Magna. Por este derecho, los inspectores no pueden entrar libremente en las empresas cuando estas son también el domicilio de los empresarios (personas físicas), salvo consentimiento y orden judicial, pero no se extiende esta garantía al domicilio social de las empresas (personas jurídicas).

En este sentido, la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo establece que los Inspectores de Trabajo tienen el carácter de autoridad y están autorizados para: “Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una persona física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial”.

Sin embargo, contra el criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal, la Sala cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo consideró que esa protección sobre el domicilio de las personas debe extenderse también al domicilio social de las empresas.

Con el respaldo de una sentencia del Tribunal Constitucional de 1999, la Abogacía del Estado ya sostuvo que lo constitucionalmente protegido en el caso de los domicilios de las empresas es el acceso a la documentación –y al centro de dirección de las compañías, indican en los sindicatos de inspectores–, pero no el centro de trabajo en general, lo que limitaría la entrada libre e inmediata de los inspectores en miles de empresas del país.

Fuentes del Ministerio de Trabajo apuntan que, “a la espera del recurso, el organismo autónomo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ejerce sus funciones con total normalidad en el ámbito de la actividad laboral salvaguardando el respeto a los derechos de las personas trabajadoras”.

No es la primera vez que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, denuncia la falta de diálogo social. Esta vez ha ido más lejos. A cuenta de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha afirmado: “Ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco”. No es una metáfora menor. Tampoco es casual. Quienes recuerdan que en su primera etapa al frente de la CEOE el PP le criticó en más de una ocasión su disposición al diálogo con el Gobierno, observan hoy, con cierta perplejidad, cómo ese mismo dirigente ha ido alineando su discurso con la estrategia de confrontación total que el partido de Feijóo ha hecho suya. El “a Sánchez ni agua” tiene, al parecer, muchos vasos comunicantes.

Garamendi reprocha al Ejecutivo de Pedro Sánchez, y en particular a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que legisle sin pasar por la mesa del diálogo social. Reclama negociación, acuerdo y respeto a la autonomía colectiva. Invoca incluso el papel constitucional de los agentes sociales. Es una posición razonable. Deja de serlo cuando ese principio solo aparece cuando no gobierna la derecha.

Porque de eso va, en realidad, la concertación social en España. No de su existencia, que nadie discute, sino de su uso. Cuando hablamos de concertación social no hablamos de un mecanismo consultivo, como ocurre en buena parte de Europa. Hablamos de otra cosa: de la capacidad de que Gobierno, sindicatos y patronal negocien acuerdos con efectos reales sobre el mercado de trabajo, la protección social o la negociación colectiva. Esa es su singularidad y su valor.

La concertación española tiene una historia valiosa. Cumplió una función estabilizadora en momentos decisivos y ayudó a ordenar conflictos en etapas complejas. Pero esa historia convive con una contradicción persistente que rara vez se reconoce: sus principios son intermitentes.

El patrón es conocido. Cuando gobierna la derecha, los sindicatos exigen, con razón, que cualquier reforma que afecte al mercado de trabajo o a la protección social pase por la mesa de negociación. La patronal recuerda entonces que el Gobierno tiene legitimidad democrática para aplicar su programa y que la concertación no puede convertirse en un derecho de veto.

Cuando gobierna la izquierda, el guion se invierte. La patronal descubre las virtudes del diálogo social y exige el acuerdo previo. Los sindicatos apelan a la legitimidad del programa de gobierno y rechazan que la patronal pueda ejercer un derecho de veto. No cambian los principios. Cambia cuándo conviene invocarlos.

Las declaraciones de Garamendi encajan exactamente en ese patrón. Lo llamativo no es que defienda el diálogo social; eso, en abstracto, es impecable, sino que lo haga como si fuera un principio constante y no una posición variable. Porque si hay algo que desmiente esa coherencia es la propia historia reciente.

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó por decreto una de las reformas laborales más profundas y perniciosas de nuestra democracia. No fue un ajuste menor. Alteró de forma sustancial la negociación colectiva, la vigencia de los convenios y el equilibrio entre empresa y representación sindical. Intervino, en suma, directamente en aquello que hoy se presenta como intocable: el espacio propio de la negociación colectiva.

Y hay un detalle aún más revelador. Aquella reforma no solo se aprobó sin acuerdo: también modificó el contenido de un acuerdo confederal firmado apenas unas semanas antes por los propios agentes sociales, CEOE incluida. El Gobierno no solo legisló sin negociación; alteró lo que la concertación acababa de producir. ¿Dónde estaba entonces la defensa del diálogo social? ¿Dónde la denuncia de autoritarismo? La respuesta fue sencilla: estaba en el programa de gobierno del Partido Popular. Y con eso pareció bastar. Sin una sola apelación a la autonomía colectiva.

Si se aspira a que la concertación social sea algo más que eso, no puede tratarse unas veces como un derecho de veto y otras como un mero instrumento de legitimación. No puede exigirse cuando frena y relativizarse cuando incomoda. Y no puede aplicarse de forma distinta según el color del Gobierno, sin erosionar con ello su valor y su credibilidad.

Si patronal y sindicatos quisieran tomarse en serio aquello que invocan, hay un debate pendiente: definir qué materias consideran propias de la capacidad de autorregulación de los agentes sociales y que por tanto deberían quedar a salvo de cambios unilaterales, sea cual sea la mayoría parlamentaria o el gobierno y cuáles reconocen como legítimas de la iniciativa política.

Ese acuerdo previo, difícil sin duda pero necesario, daría coherencia y consistencia a la concertación social, ese instrumento que nos hemos dado en España y que no necesita más hipérboles como las del presidente de la CEOE. Necesita reglas de juego estables. Para dejar de ser una coartada y convertirse, de una vez, en una herramienta y un principio compartido.

Una fecha: el 24 de abril de 2013. “Debería haberlo cambiado todo”, ha sostenido este miércoles Yolanda Díaz. Fue el día del derrumbe del edificio Rana Plaza, el peor accidente del que se tiene constancia en la industria textil, que causó 1.134 muertos en Dhaka, capital de Bangladesh. “No era una tragedia aislada, sino que creo que es un modelo que está hoy insertado en el mundo, es un modelo activo”, ha afirmado la vicepresidenta segunda, que ha presentado un informe encargado por el Ministerio de Trabajo a una comisión de expertos sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Entre las propuestas, ha destacado facilitar el acceso a la justicia de las víctimas a través de demandas colectivas en España.

El estudio de la comisión de personas expertas, liderado por el catedrático de Derecho del Trabajo Jesús Cruz Villalón, ha presentado esta mañana su informe, que recoge 100 propuestas en materia de RSC para que las empresas asuman “una efectiva responsabilidad sobre el impacto que su actividad provoca sobre muy diversos ámbitos”, como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de trato y prohibición de discriminación, el trabajo decente y la sostenibilidad ambiental, entre ellos.

El Ministerio de Trabajo pidió hace más de un año este estudio con el objetivo de conseguir un apoyo académico y experto sobre responsabilidad social corporativa de cara a la transposición en España de la Directiva Europea sobre diligencia debida de las empresas. Díaz ha recordado que esta Directiva ha sido rebajada en sus pretensiones por la Comisión Europea, en lo que se conoce como su Plan de “simplificación”.

“Lo han llamado simplificación y es impunidad”, ha denunciado la responsable de Trabajo, que ha denunciado el modelo de la UE que asimila la “competitividad” a “desregulación” en cuestiones básicas como el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental. Por ello, Yolanda Díaz ha asegurado que defenderá dentro del Gobierno llevar a caso una transposición “ambiciosa” de la directiva, que vaya más allá de los mínimos dictados por Europa.

Acceso a la justicia en España

La vicepresidenta segunda ha destacado varias propuestas del estudio, como la que busca facilitar el “acceso a la justicia” de las víctimas de abusos como los del Rana Plaza en los tribunales españoles, gracias a la ampliación de las competencias para presentar conflictos colectivos por parte de los sindicatos, entre otras organizaciones. “Una ley de diligencia debida sin mecanismos efectivos de reparación para las víctimas es papel mojado”, ha considerado Díaz.

En concreto, el estudio propone la “ampliación de la legitimación procesal para el acceso a la justicia de las víctimas a través de acciones colectivas, atribuyendo a los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los DDHH y la protección del medio ambiente la capacidad de interponer acciones colectivas, tanto de naturaleza administrativa como judicial, en representación de las víctimas, con el fin de favorecer un acceso efectivo de estas ante los órganos administrativos y tribunales españoles encargados de la aplicación de la legislación en materia de diligencia debida”.

“Es clave”, ha considerado Díaz, junto a otra medida que también plantean los especialistas: “La carga de la prueba”. Que a través de indicios de los abusos e ilegalidades se puedan abrir estos procedimientos judiciales y que sean las empresas las que tengan que demostrar que no los han cometido.

“No puede ser que quien sufre el daño tenga que demostrar una especie de probatio diabólica, todo mientras las empresas que los causaron están quietas, guardan silencio y, además, no solamente no hacen nada, sino que no se responsabilizan de nada”, ha condenado la ministra de Trabajo.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que esta propuesta se plantea para “empresas que tengan su domicilio social en España o, en caso de que no sea así, empresas que generen la mayor parte de su volumen de negocios en España”.

Autoridad independiente de control y mayores sanciones

Entre el resto de propuestas del informe, Yolanda Díaz también ha abogado por crear una autoridad independiente de control del cumplimiento de la responsabilidad social corporativa por parte de las empresas. “España puede y debe dotarse de una autoridad independiente como propone el informe”, ha sostenido la vicepresidenta. “No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad para saber si se está cumpliendo con los derechos humanos”.

Díaz ha añadido que “ese control necesita también consecuencias”, porque “sin sanciones creíbles la responsabilidad social corporativa va a seguir siendo voluntaria”.

Aunque la Comisión Europea ha rebajado las sanciones máximas a un 3% de las empresas afectadas, la vicepresidenta ha defendido la propuesta del informe de “restaurar un régimen sancionador proporcional al daño causado y a la capacidad económica” de las empresas. “Porque si no, sale barato y los derechos humanos no pueden salir barato”, ha sostenido.

La ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media era la bandera del Ministerio de Trabajo para esta legislatura. Tumbada en el Congreso por PP, Vox y Junts, Yolanda Díaz afirmó que no se rendiría y volvería a llevarla al Parlamento. Sin embargo, el Gobierno no planea que sea este año, según el Plan Normativo previsto para 2026. La hoja de ruta solo contempla el real decreto para endurecer el registro horario, que aún enfrenta a Trabajo con Economía. Otra de las grandes normas en el aire en materia económica, los Presupuestos Generales del Estado, sí se han incluido, aunque sin especificar si serán para 2026 o irán directamente a las cuentas de 2027.

La ley para reducir la jornada laboral es la ausencia más llamativa de las normas que pretende sacar adelante el Ministerio de Trabajo este año, de acuerdo con el Plan Anual Normativo que el Gobierno ha aprobado este martes, y al que ha tenido acceso elDiario.es. Prioridad absoluta durante la primera mitad de la legislatura, el fracaso para su tramitación en el Congreso el pasado septiembre supuso un duro golpe para la bandera electoral de Sumar y la vicepresidenta segunda.

Desde entonces, Díaz ha insistido en que “no renuncia” a sacar adelante la reducción de la jornada laboral, pero optó por un ‘plan B’ en el corto plazo: endurecer el registro horario en las empresas a través de un real decreto, que no tiene que pasar por el Parlamento. Esta medida sí figura en la hoja de ruta del legislador para 2026, no así la reducción de la jornada. 

Preguntados por esta ausencia, fuentes de Trabajo apuntan que “no significa que lo que queda fuera del plan no vaya a hacerse”, y ponen de ejemplo otros proyectos, como la Ley de condiciones laborales transparentes y previsibles o el reglamento que regula los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, que salieron adelante sin estar incluidos en esta hoja de ruta.

El refuerzo de la jornada laboral enfrenta no obstante sus propios problemas. Tras el varapalo del informe del Consejo de Estado se ha complicado su camino para salir adelante. El Ministerio de Economía, que dirige el ahora vicepresidente Carlos Cuerpo, mantiene varias diferencias con el actual texto, por ejemplo, sobre el periodo de aplicación para las pymes. Yolanda Díaz ha anunciado que la medida se aprobará antes de verano, y solo con ligeros cambios que no desvirtúen el texto pactado con los sindicatos, pero el vicepresidente económico ha recordado que el Consejo de Estado ha puesto objeciones no solo al contenido, sino también “al instrumento legal”. Así, Cuerpo ha afirmado que el Gobierno aún está analizando este dictamen para “ser capaces de llevarlo lo antes posible”, sin una fecha cerrada. 

De la reforma del despido a la democracia en las empresas

El resto de leyes laborales previstas en el plan normativo para este año no lo tienen más fácil para ser aprobadas, como ocurre con todas las regulaciones que tienen que lograr una mayoría parlamentaria. Entre otras, destacan la ley para modernizar la prevención de riesgos laborales, pactada con los sindicatos; la reforma del despido improcedente –que también ha contado con resistencias internas en la parte socialista–, y la ley de democracia en la empresa, para “impulsar una participación más eficaz de las personas trabajadoras en el ámbito de sus respectivas empresas, en consonancia con el artículo 129 de la Constitución Española”. Todas ellas con el rechazo de la patronal. 

Dada la dificultad del Gobierno para sumar mayorías parlamentarias, el Ejecutivo ha apostado por tramitar sus proyectos como real decreto, que no tienen que pasar por el Congreso. En temas laborales, es la vía por la que el departamento de Yolanda Díaz pretende aprobar varios cambios relevantes, como evitar la absorción de pluses salariales para amortiguar la subida del salario mínimo (que todo indica que la patronal llevará a los tribunales en caso de salir adelante), así como para transponer la Directiva Europea sobre condiciones laborales transparentes, por la que España ya se enfrenta a posibles sanciones de Bruselas debido al retraso en su implantación.

Aunque incluye algunos decretos en materia de salud laboral, en el Plan Normativo no figuran dos de los comprometidos con los sindicatos mayoritarios, para hacer frente al cambio climático y los riesgos psicosociales, que hace poco enfrentaron a CCOO con la vicepresidenta segunda. Desde el departamento de Díaz insisten en que el desarrollo de la norma se hará una vez se haya aprobado la ley en la cual se sustentan.

En Seguridad Social destacan que solo se prevén reales decretos, ninguna ley, aunque el Ministerio de Elma Saiz ultima al menos un real decreto ley para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos. También se prevé que incluya más medidas, como una mejora del acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas. 

Tampoco hay rastro de normas sobre la incapacidad temporal, aunque el departamento de Saiz tiene una mesa de negociación abierta sobre este tema. Entre los reales decretos previstos destaca uno para reformar la jubilación flexible y otro para que cuenten como cotizados los años de actividad de deportistas profesionales (antes de que se integraran en la Seguridad Social).

Presupuesto sí, pero sin fecha

El Ejecutivo ha incluido en el plan normativo la aprobación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero, por segundo año consecutivo, ha renunciado a concretar para qué año serán estas cuentas públicas, como sí se ha hecho en los programas de años anteriores, hasta el de 2025. O como se recoge en decretos específicos en el plan de este año, como el que elevará el salario mínimo para 2027.

Según detalla el documento, el objetivo de esta norma será “presentar la previsión cifrada y sistemática de los ingresos y gastos del ejercicio y fijar los créditos y normas que regulan la actuación administrativa en la distribución y gestión del gasto público”.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, insistió en que el Gobierno tiene la “voluntad” de aprobar unos Presupuestos, pero que “ahora no es el momento”. 

Es un discurso que llevan repitiendo en el Ejecutivo desde que estalló el conflicto en Oriente Próximo. “Vamos a presentar los Presupuestos, pero en este momento el Gobierno de España está centrado en la misma preocupación que tienen todos los españoles y españolas: cómo amortiguar las consecuencias de la guerra”, respondió el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en una entrevista con elDiario.es.

Sin marcarse plazos, el Gobierno ya ha dado por hecho que la elaboración de unas cuentas públicas se retrasará “semanas” o “meses”, toda vez que la guerra en Irán ha desbaratado las previsiones económicas del proyecto que dejó preparado la exvicepresidenta María Jesús Montero antes de salir del Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas.

“Cuando tengamos un escenario macroeconómico actualizado y aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, en base a este escenario presentaremos los Presupuestos”, dijo el vicepresidente Carlos Cuerpo la pasada semana. La actualización del cuadro económico es el primer paso para la elaboración de unas cuentas. Y si las previsiones se retrasan, también se retrasa el Presupuesto. 

Lo que sí contempla Hacienda aprobar este año son los cambios en el sistema de financiación autonómica. Lo hará mediante dos normas: una ley orgánica “con el objetivo de acometer una actualización y reforma del sistema de financiación autonómica para hacerlo más eficiente y equitativo”, de acuerdo al modelo que Montero acordó con ERC. Y otra ley que “regula” el modelo de reparto.

Mayor control a las inversiones extranjeras

En el plan normativo, el vicepresidente Cuerpo ha incluido la aprobación de una ley para reforzar el control de las inversiones extranjeras e incluir en la normativa española los cambios aprobados a escala europea. Entre otros, una supervisión férrea en ámbitos como las tecnologías de doble uso (civil y militar), las materias primas fundamentales o aquellas entidades críticas en sectores como la energía, el transporte, las infraestructuras digitales o algunas entidades financieras.

El Gobierno apunta en el plan normativo que reformará otros aspectos de la actual ley para “llevar a cabo un control más focalizado y efectivo, acorde a la coyuntura geopolítica actual”. En este sentido, también recoge el desarrollo, mediante real decreto, de un Comité de Inversiones Estratégicas, una promesa del presidente Pedro Sánchez del año pasado, para “facilitar y priorizar proyectos estratégicos” con capital nacional o foráneo y “agilizar” su puesta en marcha.

El programa incluye otras normativas que ya han comenzado su tramitación en el seno del Gobierno, como la de contratos de crédito al consumo, que ya pasó en primera vuelta por el Consejo de Ministros, o la transposición de numerosas directivas pendientes de incorporar. Según los datos del Ejecutivo, de las 179 normas (entre leyes orgánicas, leyes y reales decretos) que prevén aprobar este año, 61 (el 34%) derivan de regulaciones comunitarias.

“No voy a ir en ninguna lista al Congreso; categóricamente no”. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha descartado de esta forma que vaya a integrar alguna lista en las elecciones generales previstas para 2027. En una entrevista en Radio Galicia de la Cadena Ser, ha dejado claro que, cuando acabe la legislatura, quiere centrarse en su familia. Eso sí, la ministra de Trabajo ha afirmado que ella no va a estar en los siguientes comicios, pero sí su “espacio político”, y ha anunciado que hará “todo” lo posible para que no lleguen a la Moncloa Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Díaz anunció en febrero que no iba a ser candidata en las próximas generales y ahora ha precisado así que tampoco va a ir “en las listas”, en “ninguna” de ellas. “Categóricamente, no”, ha zanjado.

Aunque no ha mostrado la misma contundencia al ser preguntada sobre un regreso a la política gallega y ha dicho que en realidad “nunca” se fue de Galicia. “Ahora mismo estoy en agotar esta legislatura, en muchas normas que estamos trabajando ahora y que son muy importantes en la vida de la gente trabajadora”, ha asegurado.

En la entrevista, también ha apelado a que la izquierda logre responder a lo que quiere la “ciudadanía progresista”, y eso pasa por “acordar un programa de mínimos” a la izquierda del PSOE, según ha dicho, sin poner el “acento en las diferencias”, sino en lo que les “une”. Díaz ha señalado que “más allá de nombres y personas”, se trata de construir “una herramienta que dé esperanza” a la gente progresista.

Cuestionada sobre si avalaría una candidatura con Gabriel Rufián e Irene Montero, ha afirmado que ella no tiene que “apoyar a nadie” y se ha limitado a afirmar que “lo que se haga”, por su parte, “va a estar bienvenido”.

Sobre si su futuro pasa por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la agencia especializada de la ONU dedicada a promover la justicia social y los derechos laborales internacionales, ha lamentado que esta se ha “entregado al número dos de Trump” y se ha centrado en que lo importante es que en junio se avance hacia una regulación sobre las plataformas digitales.

Díaz ha opinado que “la política debe ser una estación de paso” y ha advertido de que necesita tiempo para su “vida privada”, algo que sucederá cuando se agote la actual legislatura, ya que está convencida de eso y de que la izquierda va a “volver a ganar las elecciones”.

Sobre el plantón inicial de los cinco miembros de Sumar en el Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo de 2026, ha sostenido que cree, “sin lugar a dudas”, que hicieron “bien”. “Hoy, esa medida de prórroga de los contratos de alquiler es del Gobierno de España”, ha reivindicado.

Centrada en Galicia, Díaz ha reiterado que, si la Xunta insiste en activar un plan para endurecer el control de las bajas laborales, lo llevará al Tribunal Constitucional porque la “competencia sobre esta materia es exclusiva del Estado”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha considerado “racista” y “clasista” a Junts y ha indignado a la formación independentista. Preguntada por ello en una entrevista en Onda Cero, la también líder de Sumar ha asegurado que considera desde “siempre” que la formación de Carles Puigdemont encarna este perfil ideológico. 

“Yo sé muy bien quién es Junts, quién es Vox y sé menos ya quién es el Partido Popular”, ha afirmado la vicepresidenta durante la entrevista, en la que también ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Según Díaz, el proyecto del PP es “inexistente” y está “preso absolutamente de Vox”.

Pese a su opinión sobre Junts, Díaz ha justificado la investidura de Pedro Sánchez como presidente en 2023 por el programa pactado. “La investidura se acomoda en torno a un proyecto, y las formaciones políticas lo votan o no, con un programa”, ha argumentado. En este sentido, ha negado que haya incluido alguna vez a Junts como parte de un bloque progresista en el Congreso.

La vicepresidenta Díaz ha recordado que Junts se alinea con PP y Vox para oponerse a políticas de vivienda como la prórroga de los alquileres por la guerra de Irán. “Hay que pedirle al PP, a Vox y a Junts por qué golpean a la gente en nuestro país”, ha afirmado. 

Las palabras de Díaz han provocado la reacción de Puigdemont, que la ha acusado de alcanzar un “nivel de bajeza moral” que “asusta”. 

“La falta de respeto al otro, la falta de rigor y el recurso a la manipulación, exactamente como hace Donald Trump, describen perfectamente dónde se sitúa hoy esta izquierda desorientada que gobierna el Estado español”, ha afirmado. “Quizá está haciendo méritos para que la acojan en la plataforma de las izquierdas”, ha remachado sobre Díaz.

El dirigente independentista ha cuestionado que la vicepresidenta conozca las bases del partido que él lidera. “No nos conoce, no sabe quién es nuestro votante ni nuestro militante”, ha escrito, reprochándole que recurra al estereotipo de que todo lo catalán es burgués o de derechas. Según Puigdemont, estee enfoque responde a “el mito fundacional del españolismo en Catalunya”.

El líder de Junts ha cerrado su respuesta con una referencia directa a la aritmética parlamentaria que sostiene al Gobierno de Sánchez. “La gente que nos vota merece más respeto”, escribió. “La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizá vivirá mejor”.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que estaría dispuesto a realizar una revisión del salario mínimo interprofesional (SMI) para “hacer frente a las consecuencias” de la guerra de Irán sobre la inflación, ya que la ley permite hacer una revisión semestral de esta renta mínima.

“El Gobierno estaría dispuesto a tenerlo en cuenta”, ha expuesto este jueves durante la Comisión de Trabajo y Economía Social en el Senado, informa Europa Press, en la que ha trasladado el compromiso del Gobierno de seguir subiendo y adaptando el SMI a la realidad de cada momento.

De acuerdo con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula el SMI, esta menor retribución posible se fijará tras una consulta con los agentes sociales –en el Gobierno han apostado desde 2020 por negociar con empresas y sindicatos, aunque los últimos solo los han firmado con los representantes de los trabajadores– y tendrá en cuenta la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económmica.

Pero el mismo apartado señala la posibilidad de revisar la cuantía a los seis meses “para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado”.

El Gobierno aprobó una subida del SMI del 3,1% este año, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, a través de un Real Decreto que se aprobó en febrero en Consejo de Ministros y que tenía carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

“Es importante avanzar con un salario mayor”

El 'número dos' de Trabajo ha reivindicado en el Senado la necesidad de que los salarios se incrementen. En este sentido, ha recordado que España mantiene una brecha salarial con el resto de Europa “de un 20%”, pese a que el Gobierno ha hecho “todo lo que está en su mano” para incrementar el SMI, que ha subido un 64% desde 2018, dejando atrás los “indecentes” 700 euros en los que lo dejó el Partido Popular.

Sin embargo, ha recordado que la negociación colectiva es la que debe ahora actuar para subir el resto de los salarios, ya que el Gobierno no puede incidir sobre los salarios de las empresas privadas.

“Es muy importante que avancemos todos de la mano en un salario mayor que rompa nuestra brecha con Europa y que de alguna manera nos permita seguir avanzando en mejores condiciones de trabajo y empleo”, ha reivindicado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que el empleo ya ha superado “de manera real, no desestacionalizada”, la barrera de los 22 millones de trabajadores, según las cifras de afiliación diaria de la Seguridad Social.

“Hoy, ahora mismo, sí que les digo que en estos días, justamente de manera real, no desestacionalizada, sí tenemos 22 millones de personas ocupadas en España”, ha afirmado Díaz en una entrevista en el European Pulse Forum, organizado por Politico.

La vicepresidenta segunda ha adelantado así este viernes los datos diarios de afiliación. Esta información sobre la marcha del mercado laboral no se suele desvelar más allá de la publicación oficial de la estadística de la Seguridad Social, a principios de cada mes. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció el lunes los 22 millones antes de la hora oficial de publicación de la estadística (las 9 de la mañana).

Polémica por los 22 millones de trabajadores

Las declaraciones de la ministra de Trabajo se producen tras la polémica por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el mercado laboral había alcanzado los 22 millones de trabajadores en marzo. Este nivel solo se había alcanzado en la serie destacionalizada, estadística que se utiliza para analizar la evolución del mercado laboral marginando los vaivenes propios de la estacionalidad y del calendario, pero no así en la serie de afiliación diaria, ni en la afiliación media del mes.

Con este último indicador, que generalmente se usa como referencia del total de trabajadores en el país, el avance del empleo en marzo, récord histórico para ese mes con 211.500 trabajadores más, había alcanzado de todos modos un nuevo techo, cercano a los 21,9 millones.

Debido a esta diferencia, varias voces fueron críticas con el anuncio del Gobierno. En particular, el Partido Popular, que llamó incluso “maquillaje” a las cifras de empleo, como suele ser habitual en la dirección del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Entre otros motivos, el PP criticó al Gobierno por usar la serie destacionalizada, pero también por asimilar “afiliaciones” a personas trabajadoras cuando en realidad es un término que mide empleos (una persona con dos empleos que requieran alta a la Seguridad Social figura como dos afiliaciones).

Se trata de una precisión real, pero la traducción de “afiliaciones” por “trabajadores” es muy habitual, también por parte del propio PP cuando gobierna. Es más, las comunidades autónomas gobernadas por el PP celebraron los datos de empleo de marzo y, de hecho, se atribuyeron el éxito de sus cifras, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid.

Además, la metodología de la Seguridad Social precisa que “hay que tener en cuenta que en la práctica estas situaciones de pluriempleo y pluriactividad sólo representan un 4% del total de afiliados”.

Díaz prevé que se mantendrán los 22 millones durante el año

“Las estimaciones que hacemos desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social es que estos 22 millones de personas ocupadas en España se van a mantener a lo largo de todo el año 2026”, ha afirmado además Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo ha adjudicado la buena marcha del empleo y su gran resistencia ante las últimas crisis e incertidumbres internacionales a la reforma laboral que aprobó en 2021, tras acuerdo con la patronal y los sindicatos.

La legislación atacó uno de los principales puntos débiles del mercado laboral español, la elevada cantidad de trabajadores temporales, que han descendido a mínimos históricos tras la reforma. En la actualidad, se sitúa en el 11,6%.

Díaz ha insistido en la necesidad de un mercado laboral que eleve los salarios de los trabajadores, un ámbito en el que también incidió la reforma laboral, al reequilibrar de nuevo la negociación colectiva tras la legislación del PP de 2012.

“¿Esto quiere decir que no hay nada que hacer? No, queda mucho por hacer, pero desde luego, sí es posible cambiar la situación laboral en nuestros países”, ha afirmado la responsable del Ministerio de Trabajo. Entre los principales retos del mercado laboral destacan seguir reduciendo el paro –especialmente entre los jóvenes – todavía de los más elevados de Europa, así como elevar los bajos salarios y reducir el tiempo parcial involuntario, que afecta sobre todo a mujeres.

Un juzgado de Madrid ha convocado un acto de conciliación entre los representantes legales de Julio Iglesias y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por la demanda que interpuso por los comentarios que realizó después de que elDiario.es publicara los testimonios de extrabajadoras de las mansiones del cantante que le acusan de agresiones sexuales.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la Sección civil del Tribunal de instancia de Madrid plaza 58 (antiguo Juzgado de primera instancia 58) admite la solicitud presentada por el letrado de Julio Iglesias para interponer demanda contra Yolanda Díaz por comentarios que considera injuriosos y calumniosos, y cita a las partes para un acto de conciliación el día 19 a las 09:30 horas.

A este acto no tienen que acudir ni el demandante ni la demandada, sino solo sus abogados o procuradores, ni es necesario que esté el juez, sino el letrado de la administración de justicia, han precisado a EFE fuentes jurídicas, que recuerdan que en la mayoría de los casos estas oportunidades de conciliación quedan sin efecto y las demandas o querellas siguen adelante. Se trata de un trámite en la jurisdicción civil en la que todas las demandas se admiten si cumplen los requisitos formales, detallan la fuentes, que recuerdan que Yolanda Díez es aforada, y por lo tanto el posible futuro proceso judicial se dirimiría en el Tribunal Supremo.

Fuentes de la vicepresidencia del Gobierno han asegurado a EFE que aún no les ha llegado esta citación.

El cantante Julio Iglesias presentó en febrero una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo por los comentarios de carácter “injurioso y calumnioso” que esta realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.

En su escrito al tribunal de instancia de Madrid, el cantante solicitó un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño, rectifique sus manifestaciones y le indemnice con el importe en el que se fijen “los daños causados en función de la difusión alcanzada” por su comportamiento. En el punto de mira de la demanda están las declaraciones que, al conocerse la denuncia contra Iglesias, realizó la vicepresidenta Díaz en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en el programa 'La Hora de la 1', en el canal público RTVE.

Para el letrado de Iglesias “la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (...) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos”.

Julio Iglesias persigue el acceso a una denuncia archivada

La semana pasada, la Audiencia Nacional admitió a trámite la reclamación de Iglesias para acceder a la denuncia que Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad) interpusieron ante la Fiscalía de ese tribunal, según informaron varios medios y confirmó elDiario.es.

La representación legal de Iglesias denunció, por la vía contencioso-administrativa, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por no haberle remitido copia de la denuncia por presuntos delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, así como trata de seres humanos y varios delitos contra los derechos de los trabajadores. Rebeca y Laura interpusieron esta denuncia el 5 de enero, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se limitó a evaluar si España tenía o no jurisdicción para investigar estos presuntos delitos. A los pocos días, la Fiscalía archivó la denuncia por falta de competencia, sin entrar en ningún momento al fondo de los hechos denunciados.

Por ello, la Fiscalía no está de acuerdo y reclamó la inadmisión del recurso presentado por la defensa de Julio Iglesias. En un informe firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, el Ministerio Público afirmó que “no existe vulneración de la tutela judicial efectiva”, dado que la decisión de no facilitar la denuncia “no le está impidiendo” a Iglesias el acceso a los tribunales.

El plan de la Xunta de Alfonso Rueda para dificultar el derecho a las bajas médicas de los trabajadores se ha encontrado ya con críticas de los sindicatos, de los partidos de la oposición y del Gobierno central. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo tacha de ilegal y avisa de que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Considera que lo que hace el presidente gallego con las medidas anunciadas es poner en cuestión la profesionalidad de los sanitarios y “su propia gestión de la sanidad gallega”, además de privatizar este ámbito por el refuerzo de las mutuas.

Rueda hizo el anuncio durante su discurso en el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que elevó a asunto “urgente” el de la cantidad y duración de las incapacidades temporales en Galicia. El motivo, que están “lastrando la productividad” de la economía. La Xunta va a poner el foco en ello con un “programa integral de abordaje” que va a implicar la creación de una unidad que controlará las bajas y que estará centrada en las más habituales, que son las derivadas de lesiones músculoesqueléticas y problemas de salud mental “menores”, expuso. Además, el Gobierno gallego anuncia que va a reforzar el papel de las mutuas privadas y que, si hacen una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar. Solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para verificar su situación.

Estas propuestas son “absolutamente ilegales”, según la ministra de Trabajo, que considera que hay una invasión de competencias estatales. “Si esta medida se materializa, anuncio que vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional”, insistió, en unas declaraciones a los medios antes de participar en un acto en A Coruña. Cargó, en concreto, contra la creación de un órgano específico de control y la intención de “privatizar aún más” algo sobre lo que quienes tienen competencia son, “en primer lugar, los médicos que decretan las bajas”. También recalcó que las materias sobre las que se anuncia un especial celo, relacionadas con salud mental y lesiones musculares, son “de mucha sensibilidad”.

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha declarado en una entrevista en la Cadena Ser que la reforma del registro horario en las pymes podrá llegar en el plazo de un año. Se trata de una de las medidas estrella del ala de Sumar en el Gobierno de Pedro Sánchez, que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, busca acelerar. Cuerpo ha insistido en que la reforma, que busca endurecer el control horario, necesita una “implementación equilibrada”. “Para las pymes, en lugar de 20 días pasar a un año”, ha dicho Cuerpo, que ha asegurado tener una relación “cordial” con Díaz, muy crítica con la actitud de Cuerpo en esta reforma.

elDiario.es ya contó cómo el Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable contra el real decreto del Ministerio de Trabajo destinado a endurecer el registro de jornada. Esta resolución se alinea con la postura previa del Ministerio de Economía, que remitió dos informes negativos cuestionando incluso la legalidad de la norma. A pesar de que el propio Consejo de Ministros aprobó su tramitación por la vía de urgencia, los organismos consultivos han frenado el avance del texto liderado por Yolanda Díaz.

Además, el vicepresidente ha asegurado que habrá Presupuestos, pero ha delegado en el sucesor de María Jesús Montero al frente de la cartera de Haciendo, Arcadi España, el cuándo se aprobarán las cuentas. Su antecesora, María Jesús Montero, se había comprometido ha que estuvieran en marzo, pero el guerra en Irán trastocó los planes.

Medidas contra los efectos de la guerra

Cuerpo ha destacado la efectividad de las medidas gubernamentales frente al precio de los carburantes, logrando rebajas de 23 céntimos en gasolina y 20 en gasoil. Según el ministro, el 90% de este ahorro ya llega al consumidor final.

Además ha subrayado la dificultad de realizar pronósticos fijos debido a la volatilidad del mercado —influenciado incluso por redes sociales— y la incertidumbre bélica. No obstante, ha adelantado que el Ejecutivo está dispuesto a ampliar los paquetes de ayuda si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga, con el objetivo de evitar que los costes energéticos encarezcan la cesta de la compra. “Seguiremos apoyando a las familias”, ha concluido.

Preguntado si tiene intención de afiliarse al PSOE, dado que no lo está, el vicepresidente primero no ha aclarado esta cuestión y se ha limitado a precisar que él está “muy cómodo con las políticas que está haciendo este Gobierno”.

“Estoy en ese sentido totalmente identificado desde esta posición socialdemócrata, con la cual enfrento también mis tareas al frente del Ministerio. Por lo tanto, de ahí también mi compromiso para seguir adelante y aceptar el reto de pasar a la Vicepresidencia”, ha señalado sin desvelar si tiene intención de afiliarse, pero recalcando que “por supuesto” es de izquierdas.

En cuanto a lo que se dice de él de que tiene un perfil más técnico que político, Carlos Cuerpo ha dicho que él preguntaría de vuelta “qué significa tener perfil político”, dado que él considera que tiene su forma de hacer las cosas “desde lo técnico y con rigor”. No obstante, ha añadido que también tiene su forma de “afrontar las negociaciones o el contacto con otros grupos parlamentarios, grupos políticos”, con diálogo y “tendiendo la mano”.

Sobre si le sorprendió la llamada de Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo ha explicado que cuando una persona sale señalada en los medios de comunicación como un posible candidato lo que se suele pensar es que “bajan las probabilidades de que suceda finalmente”. Por lo tanto, ha precisado que se quedó “muy contento” cuando le llamó el presidente y se lo dijo.

Pedro Sánchez volvió a demostrar esta semana que el ruido de sus socios e incluso algunos recelos en sus propias filas están muy lejos de poder influir en su toma de decisiones. El presidente resolvió la salida de María Jesús Montero con dos movimientos quirúrgicos y no con una crisis de Gobierno en profundidad. El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ostentará desde ahora la responsabilidad de vicepresidente primero. Y la cartera de Hacienda recae en manos del valenciano Arcadi España, una persona con experiencia en la gestión de la política fiscal y de la confianza de su predecesora. Aunque España no estaba en las quinielas, es mayor el impacto político del ascenso de Cuerpo, una elección que genera suspicacia en algunos en el PSOE y que llega justo después de que Sumar lo elija como foco de conflicto en su estrategia por marcar algo de perfil propio en el Ejecutivo.

“Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera”, publicó en sus redes sociales la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tras el anuncio del presidente. 48 horas antes, la también ministra de Trabajo había acusado directamente al titular de Economía de ponerse “del lado de las patronales que incumplen las horas extras de nuestro país”. Hace unos meses, en plena negociación interna de la reducción de jornada, Díaz llegó a calificar como “de mala persona” oponerse a que la gente trabaje menos, en referencia clara a su compañero en el Gobierno.

Y es que, aunque ese choque se haya recrudecido en los últimos días, viene de lejos. Desde la pasada legislatura, Díaz ha tenido a los diferentes ministros de Economía como sus némesis: primero, a Nadia Calviño y, desde que esta salió del Gobierno para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a su sucesor, Carlos Cuerpo. Y ese choque se ha dejado notar en diferentes asuntos: desde la negociación de la reforma laboral, en cuya recta final Calviño trató de interferir para descafeinar la ley, hasta la mencionada y fallida reducción de la jornada de trabajo, donde Díaz y Cuerpo tuvieron sus más y sus menos públicamente por el intento del ahora vicepresidente de retrasar la tramitación de la propuesta.

Tras unos meses de calma, la última crisis entre ambos dirigentes ha tenido lugar esta semana a raíz de lo que, para Sumar, son maniobras de Cuerpo para “torpedear” el reglamento para reforzar el control horario de los trabajadores y evitar las horas extra impagadas, un texto que Trabajo lleva meses preparando. Fuentes del Ministerio afirman que el nuevo vicepresidente ha intentado boicotear, vía Consejo de Estado, la puesta en marcha de ese reglamento. Pero también aseguran que van a mantener el pulso y que tienen intención de hacer únicamente cambios mínimos para sortear las dudas jurídicas que pueda generar su propuesta: en ningún caso, prometen, incluirán las modificaciones que exige Cuerpo, como un plazo mayor para que las pymes apliquen la norma.

Ese conflicto se suma a la decisión de Sumar de endurecer el tono con el PSOE en relación a la vivienda después de que el pulso que echaron la semana pasada a los socialistas les saliera relativamente bien. Los de Díaz consiguieron que Sánchez aceptase aprobar la prórroga de los contratos de alquiler tras negarse a entrar en el Consejo de Ministros y retrasar su comienzo, aunque esa medida se desgajó del resto y tanto el PSOE como Sumar saben que tiene muy pocas opciones de que sea convalidada en el Congreso. Pese a ello, durante esta semana Díaz y los suyos han presumido de haber torcido el brazo a Sánchez y le han presionado públicamente para tomar más medidas en materia de vivienda.

No obstante, y a pesar de los roces de las últimas semanas, fuentes de diferentes familias de la coalición Sumar quitan hierro al enfrentamiento entre Cuerpo y Díaz. Y algunos dirigentes, incluso, deslizan que la propia vicepresidenta ha cargado las tintas públicamente contra el titular de Economía con el objetivo de marcar territorio ante él y, asimismo, para reforzar su propio perfil confrontando con el representante de la doctrina económica más “ortodoxa” dentro del Gobierno, en palabras de la propia Díaz.

De hecho, la mayor parte de las fuentes consultadas de los diferentes partidos que conforman Sumar están de acuerdo en que el nombramiento de Cuerpo no va a complicar el entendimiento entre las dos alas del Gobierno, aunque tampoco facilite asuntos que ya eran muy complicados de gestionar para la coalición, como la vivienda. Y varios de los dirigentes del espacio que comanda Yolanda Díaz coinciden en señalar que al titular de Presidencia, Félix Bolaños, como el ministro que verdaderamente seguirá moviendo los hilos de las relaciones entre las dos almas del Ejecutivo y que retendrá un enorme mando en plaza, aunque nominalmente estará por debajo del nuevo vicepresidente.

Es más: varias de las fuentes de Sumar consultadas coinciden en que el ascenso de Cuerpo y la sustitución de María Jesús Montero por Arcadi España en el Ministerio de Hacienda, aunque reordene las piezas, no va a suponer un giro brusco en materia económica, ni en una dirección ni en otra. Y eso es así porque, aunque los ministros tienen mucho poder y capacidad de negociación, al final la dirección de la política económica corresponde a Sánchez, y es con él con quien Díaz ha tenido que negociar, en última instancia, el desbloqueo de algunas de las crisis entre PSOE y Sumar de los últimos años. Incluida, por ejemplo, la del Consejo de Ministros que aprobó los decretos de medidas por la guerra de Irán.

El ascenso de Cuerpo

Desde la Moncloa trasladan que la elección de Cuerpo responde una lógica del presidente del Gobierno por poner el foco en la gestión y por reivindicar el estado de salud de la economía española, un tema tabú en el discurso de la oposición desde que se vinieron abajo los vaticinios de recesión lanzados por Feijóo tras su aterrizaje en la política nacional. “Carlos Cuerpo es uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Está haciendo un trabajo excepcional al frente del ministerio de economía y será también un fantástico vicepresidente”, dijo Sánchez durante su comparecencia del jueves.

Funcionario de carrera, economista de prestigio en lo académico, con dilatada experiencia internacional y con una interacción fluida con la élite empresarial del país, Carlos Cuerpo ha hecho gala desde su incorporación al Consejo de Ministros en diciembre de 2023 de un discurso y un talante de moderación y templanza al que la propia oposición admite que cuesta hincarle el diente. Por eso, y por el balance de gestión económica del Ejecutivo, interpretan en el Gobierno que su ascenso es precisamente una dificultad añadida para la estrategia de confrontación permanente que despliega la derecha, con quien incluso Cuerpo mantiene abiertas habituales vías de diálogo.

La percepción entre algunas voces de referencia en el PSOE, no obstante, es que la salida de una persona como María Jesús Montero del Consejo de Ministros requería la elección de un perfil más político para un puesto de tanta responsabilidad y exposición como es la vicepresidencia primera del Gobierno y en un momento de inicio del ciclo electoral. Esa corriente de opinión entre los socialistas asiste ahora con cierta inquietud al ascenso fulgurante de un hombre al que algunos de sus críticos señalan como “más liberal que progresista” y como “más técnico que político”. Opiniones, reacciones o análisis múltiples y variados sin permeabilidad alguna en las decisiones del presidente.