El Gobierno aprobará el próximo martes un real decreto para transponer el grueso de la Directiva Europea relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, pendiente en España desde agosto de 2022 y por la que Bruselas ha denunciado al país ante la justicia europea por su tardanza. La norma exigirá a las empresas especificar más la información sobre los salarios y la jornada de los trabajadores en los contratos de trabajo, entre otros datos, así como justificar más el periodo de prueba en este documento, explican fuentes del Ministerio de Trabajo.

El real decreto será un reglamento en el que se especifiquen algunas de las nuevas exigencias que deberán plasmar los nuevos contratos de trabajo debido a la Directiva europea, así como algunas especificaciones más que ha incluido el Ministerio de Trabajo.

Por ejemplo, el derecho individual de las personas trabajadoras a que en el contrato se especifique si hay algoritmos que intervengan en su relación laboral, en cuestiones como la fijación de horarios, salarios o en la extinción del contrato, destacan desde el departamento de Yolanda Díaz.

En el Ministerio de Trabajo destacan la relevancia de esta nueva norma en cuanto a la lucha contra la precariedad y la discriminación. Así, subrayan el mayor derecho de información de los trabajadores y su valor de cara a conflictos y procedimientos judiciales que puedan existir.

Los trabajadores ya contratados pueden pedir la información

La obligación de información para los nuevos contratos de trabajo estará en vigor al día siguiente de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), indican en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, previsiblemente, será el miércoles o el jueves.

El decreto obligará a detallar más en el contrato el salario que cobrará la persona trabajadora (también en cuanto a los complementos y pluses), así como su jornada de trabajo. En el departamento de Yolanda Díaz destacan que se deberá concretar en qué consiste la distribución irregular de la jornada, si la hubiere, algo que consideran muy relevante para evitar abusos en los horarios y para poder probar excesos sobre las jornadas “formales” en caso de conflicto judicial.

Los trabajadores y trabajadoras ya contratadas no se quedan fuera de la normativa. El decreto prevé el derecho de solicitar esta nueva información requerida a sus empresas, que deberán proporcionarla en un plazo de 30 días, explican en Trabajo.

Además, si sus condiciones laborales pactadas cambian, por ejemplo con un nuevo salario, nuevos pluses o un nuevo horario, las empresas sí estarían obligadas a reflejar estos cambios por escrito, afirman en el Ministerio de Díaz.

Más justificación del periodo de prueba

En el departamento de Yolanda Díaz insisten también en la importancia de varias novedades incluidas en el real decreto respecto el periodo de prueba. El Estatuto de los Trabajadores limita el periodo de prueba a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

El Ministerio de Trabajo quería prohibir esta posibilidad de ampliación, como contempló en un proyecto de ley, pero este texto legal está bloqueado en el Congreso de los Diputados. En este nuevo reglamento no se modifica esta duración (ya que requiere una norma con rango de ley), pero Trabajo destaca que ha incluido varias precisiones para que las empresas tengan que justificar más el periodo de prueba.

Por un lado, las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”. Y, por otro, la duración exacta del periodo de prueba, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

En Trabajo consideran claves estas precisiones, ya que creen que dan herramientas a los trabajadores para evitar contratos de prueba abusivos, sin causas que lo justifiquen, y que también impone más exigencias a las prolongaciones del periodo de prueba por convenio.

Qué se queda pendiente de aprobar

Ante el bloqueo parlamentario al anteproyecto de ley que pretendía transponer esta Directiva europea, el Gobierno va a recurrir a este real decreto con el objetivo de tratar de reducir las consecuencias del retraso en el cumplimiento de la normativa, que pueden suponer una cuantiosa multa para España.

No obstante, todavía quedan pendientes de aprobar algunos cambios que requieren de rango de ley. Por ejemplo, la obligación de informar de las vacantes a todos los trabajadores, ya que el Estatuto de los Trabajadores ahora solo regula esta posibilidad para ciertos contratos, como los temporales, formativos y fijos-discontinuos.

También un endurecimiento de las sanciones por incumplir esta transparencia y previsibilidad de los contratos laborales. Fuentes de Trabajo indican que el grueso de la directiva quedará transpuesta, algo que creen que valorará la Comisión Europea, y están estudiando en qué ley pueden aprobar estas otras exigencias pendientes.

La patronal española, CEOE se opone a la candidatura de España para que Yolanda Díaz lidere la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha afirmado su presidente, Antonio Garamendi. El dirigente vasco ha sostenido que está en contactos con las entidades que forman la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para que se rechace la apuesta española y, por tanto, se vote a favor de alguno de los otros dos candidatos (de Togo y de Perú).

“(Yolanda Díaz) ahora está en su campaña con la OIT, que lógicamente nosotros no podemos compartir. Y desde luego nosotros votaremos que no a ese espacio en el que quiere entrar”, afirmó este martes por la noche Garamendi en una entrevista en TreceTV.

Más adelante en la entrevista, al ser preguntado por ese voto contrario a Díaz, el líder de CEOE explicó que los empresarios votan en la elección de la Dirección General de la OIT a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), con sede en Ginebra. Los empresarios tienen 14 votos en estos comicios al igual que la representación sindical internacional y, por otro lado, hay 28 votos de países miembros de la entidad de Naciones Unidas sobre los derechos laborales.

“No quiero meter ruido ni para arriba ni para abajo, pero evidentemente los empresarios no vemos esta presidencia, lógicamente. ¿Cómo voy a verla si me estoy quejando en España de lo que se está haciendo? Sería imposible”, afirmó Antonio Garamendi.

Así, la patronal española defenderá el voto de los empresarios a alguno de los dos contrincantes de la apuesta del Gobierno: Gilbert F. Houngbo, actual director general, presentado de nuevo por el Gobierno de Togo, o el exministro de Relaciones Exteriores de Perú Javier González-Olaechea, presentado por el Gobierno conservador de Keiko Fujimori.

CEOE ya trabaja en el rechazo a Díaz del empresariado internacional

Fuentes de CEOE clarifican a elDiario.es que los votos empresariales en esta elección a la dirección de la OIT “se consensúan” y que aún “no hay decisión” al respecto por parte de la Organización Internacional de Empleadores.

Además, precisan que la CEOE es miembro “adjunto”, no titular, por lo que estrictamente no votará en esta elección a menos que se quedara algún puesto titular vacante que les permitiera ejercer directamente esta acción.

“Nosotros tendremos una reunión con la OIE, que ya lo estamos haciendo, con nuestra opinión”, sostuvo Antonio Garamendi en la entrevista, donde defendió la campaña en contra de Díaz, aunque sea una candidatura española.

“Te dicen: ”Es una española“. Bueno, ellos tampoco votarían a alguien si es muy de derechas”, argumentó el empresario vasco. “Yo lo digo sin acritud, pero no se entendería que aplaudiéramos con las orejas el nombramiento”, añadió.

Desde la patronal recuerdan las muchas diferencias de los empresarios con la gestión de Yolanda Díaz. No solo en el fondo, por su defensa del refuerzo del registro horario o de la reducción de la jornada laboral por ley, sino también “en las formas”, indican en CEOE, por lo que suelen denunciar como un “monólogo social”, por aprobar medidas con los sindicatos y con el rechazo de los representantes empresariales.

Antonio Garamendi apuntó que los sindicatos, al menos los españoles, apoyarán la candidatura de Yolanda Díaz al frente de la OIT, lo que la convertiría en la primera mujer al frente de este organismo de Naciones Unidas. “Es normal, les da lo que quiere”, valoró el empresario vasco.

“Vamos a ver los Estados dónde juegan el partido. Esto es una votación en noviembre, se verá lo que tenga que pasar”, sostuvo el dirigente empresarial.

La carrera de Yolanda Díaz para tratar de dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se encuentra con un nuevo adversario, además del actual director del organismo Gilbert F. Houngbo, presentado de nuevo por el Gobierno de Togo. En la recta final para que terminara el plazo, el Gobierno de Perú de la conservadora Keiko Fijumori ha presentado como candidato a su exministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea, el tercer nombre en liza para el liderazgo de este importante organismo de Naciones Unidas sobre los derechos laborales.

Si no hay más sorpresas, la disputa a dirigir la OIT estará entre estos tres candidatos: Gilbert F. Houngbo, Yolanda Díaz y Javier González-Olaechea. De ganar, Díaz se colocaría como la primera española y la primera mujer al frente de la OIT. No obstante, el plazo aún está abierto hasta este 31 de agosto, a final del día.

Javier González-Olaechea, de perfil conservador y “anticomunista”, se postuló con el Partido Popular Cristiano a la presidencia de Perú, que luego ganó la también conservadora Keiko Fujimori, a la que mostró su apoyo.

González-Olaechea ha compartido en redes sociales su simpatía con Elon Musk, consejero delegado de Tesla y SpaceX y propietario de X, por comentarios contra programas para el colectivo LGTBI en Perú.

El político peruano destaca en su programa para liderar la OIT su experiencia en varios altos cargos internacionales, con “responsabilidades en México, Cuba y Haití”, así como “en la Oficina de la OIT en Argentina y ante los órganos sociolaborales del Mercosur”. En su presentación también subraya su experiencia como empresario: “Conocí directamente la creación de valor, el riesgo, el éxito, el fracaso y las responsabilidades de toda empresa formal”.

Las elecciones son el 16 de noviembre

Una vez se cierre la lista de candidatos, los aspirantes tienen dos actos centrales: uno el 23 de septiembre, un evento interactivo con público. Otro, el 9 de noviembre, “un evento privado con el Consejo de Administración para explicar el proyecto de los candidatos”, explican en el equipo de Díaz.

Después, llega la fecha de la verdad: el 16 de noviembre es la votación secreta. El Consejo de Administración –con presencia de países miembro, los sindicatos y las patronales– elige al próximo director o directora general de la OIT, que comenzará su mandato el 1 de octubre de 2027, con la legislatura en España ya acabada.

No es una competición sencilla para la candidata española, reconocen varias fuentes, pero en su equipo defienden que se van a volcar para que Yolanda Díaz sea “la primera española y la primera mujer en dirigir la OIT”, fundada hace algo más de un siglo.

Una OIT “en crisis” por los impagos de EEUU

El programa presentado por Díaz ya ha mostrado el enfoque de su campaña: presentar una alternativa a una “OIT en crisis” bajo la gestión actual de Houngbo, debido a las dificultades financieras por el impago de millonarios fondos por parte de EEUU y a una escasa ambición de la organización frente a retos como la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio climático.

Debido a estas dificultades financieras, el actual director Gilbert F. Houngbo ha presentado una propuesta de 120 despidos al Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 73 de ellos de personal indefinido y que rechaza la representación sindical en la entidad, como adelantó El País.

Mientras, el actual director general de la OIT se ha acercado a la Administración Trump, con el ofrecimiento de puestos de poder en su equipo, Yolanda Díaz pide hacer frente a esta “encrucijada” reforzando el organismo y buscando nuevas vías de financiación.

Por su parte, el nuevo candidato, el exministro peruano Javier González-Olaechea, afín a la Administración estadounidense de Donald Trump, no menciona en su programa la delicada situación financiera que atraviesa la entidad, aunque apuesta por “una OIT que convierta sus principios en resultados”. “La eficiencia no consiste únicamente en reducir costos, sino en concentrar recursos donde generan mayor impacto en la vida digna de la persona”, añade su escrito.

La competición de España en la OIT está sobre todo volcada en ganar apoyos entre los países, con muchos intereses geoestratégicos cruzados. Aunque Houngbo tiene el apoyo de muchos estados africanos, en el equipo de Díaz sostienen que hay muchos factores que influyen en la votación, más allá de la cercanía territorial de los votantes. Ahora, el nuevo candidato, procedente de un tercer continente, altera también la carrera a los otros dos aspirantes.

España es un país con mucha participación e historia en la OIT. Miembro fundador, actualmente es el Estado que más convenios internacionales del trabajo ha ratificado. A favor de Díaz también cuentan los éxitos laborales de España bajo su gestión, en la que el mercado de trabajo ha alcanzado empleo récord, se han pactado reformas estratégicas con los agentes sociales y se ha reducido el problema del empleo temporal a mínimos históricos. Si es nombrada, Díaz ha avanzado que seguirá al frente del Ministerio hasta el final de la legislatura.

El último curso de la legislatura arranca con la atención puesta en Ceuta, con la mirada en la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez el próximo 3 de septiembre y con la maquinaria de La Moncloa trabajando, en un segundo plano, en tres carreras internacionales que van a marcar el último tramo del mandato. La aspiración de España al liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con Yolanda Díaz de candidata; el de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés), con el ministro Luis Planas; y, previsiblemente, al Banco Central Europeo (BCE), determinarán si Sánchez mantiene el aura fuera de España o si su postura sobre Gaza y la regularización han opacado su brillo.

La influencia del Gobierno a escala internacional se tradujo en 2023 y 2024 en los nombramientos de Nadia Calviño y Teresa Ribera, ambas vicepresidentas con Sánchez, como, respectivamente, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y comisaria al frente de la todopoderosa cartera de Competencia en la Comisión Europea, además de ser, de facto, la ‘número dos’ de Ursula von der Leyen.

Pero en el expediente de Sánchez también hay fracasos, como la aspiración de Calviño a la dirección general del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2019 o a la presidencia del Eurogrupo. También Carlos Cuerpo, ahora vicepresidente económico, aspiró a ese puesto, sin éxito, hace un año.

Díaz pelea por la OIT

La primera batalla que dará el Gobierno será la de la vicepresidenta Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la agencia tripartita de Naciones Unidas sobre derechos laborales. Esta carrera parece que se librará solo frente a su actual director general, Gilbert F. Houngbo, presentado de nuevo por el Gobierno de Togo, aunque aún pueden presentarse candidaturas alternativas hasta el 31 de agosto, a final del día. A partir de entonces, los aspirantes tienen dos actos centrales: uno el 23 de septiembre, un evento interactivo con público. Otro, el 9 de noviembre, “un evento privado con el Consejo de Administración para explicar el proyecto de los candidatos”, explican en el equipo de Díaz.

Después, llega la fecha de la verdad: el 16 de noviembre es la votación secreta. El Consejo de Administración –con presencia de países miembro, los sindicatos y las patronales– elige al próximo director o directora general de la OIT, que comenzará su mandato el 1 de octubre de 2027, con la legislatura en España ya acabada. No es una competición sencilla para la candidata española, reconocen varias fuentes, pero en su equipo defienden que se van a volcar para que Yolanda Díaz sea “la primera española y la primera mujer en dirigir la OIT”, fundada hace algo más de un siglo.

El programa presentado por Díaz ya ha mostrado el enfoque de su campaña: presentar una alternativa a una “OIT en crisis” bajo la gestión actual de Houngbo, debido a las dificultades financieras por el impago de millonarios fondos por parte de EEUU y a una escasa ambición de la organización frente a retos como la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio climático.

Mientras el actual director general de la OIT se ha acercado a la Administración Trump, con el ofrecimiento de puestos de poder en su equipo, Yolanda Díaz pide hacer frente a esta “encrucijada” reforzando el organismo y buscando nuevas vías de financiación.

La competición de España en la OIT está sobre todo volcada en ganar apoyos entre los países, con muchos intereses geoestratégicos cruzados. Aunque Houngbo tiene el apoyo de muchos estados africanos, en el equipo de Díaz sostienen que hay muchos factores que influyen en la votación, más allá de la cercanía territorial de los votantes.

España es un país con mucha participación en la OIT, miembro fundador y, actualmente, el Estado que más convenios internacionales del trabajo ha ratificado. A favor de Díaz también cuentan los éxitos laborales de España bajo su gestión, en la que el mercado de trabajo ha alcanzado empleo récord, se han pactado reformas estratégicas con los agentes sociales y se ha reducido el problema del empleo temporal a mínimos históricos. Si es nombrada, Díaz ha avanzado que seguirá al frente del Ministerio hasta el final de la legislatura.

Luis Planas, a la FAO

Si bien la carrera por la OIT se decidirá primero, el primer integrante del Ejecutivo en postularse a un puesto internacional fue el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El Gobierno presentó en marzo su candidatura a la dirección general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés), un organismo que busca la seguridad alimentaria y esa meta imposible que es erradicar el hambre en el mundo.

Una FAO que en los últimos meses ha ganado relevancia y posicionamiento internacional, por ejemplo, criticando las consecuencias del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, al entender que pone en “riesgo la seguridad económica y alimentaria mundial”.

La pelea por dirigir la FAO no es un proceso de un día para otro. La elección del relevo del exministro chino Qu Dongyu no se llevará a cabo hasta finales de junio de 2027. La presentación oficial de las candidaturas no concluirá hasta este mes de noviembre.

Y tampoco es la primera vez que España trata de posicionar a un ministro al frente de esta institución, porque ya lo intentó en 2011 con el extitular de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. No lo logró.

En esta ocasión, la pelea por ese puesto no está clara ni a escala europea, porque la candidatura de Planas se ve las caras con otros dos nombres de la UE que también se postulan: el italiano Maurizio Martina, exministro de Agricultura, quien, además, es el actual subdirector general de la FAO; y el irlandés Phil Hogan, excomisario europeo de Agricultura y Comercio, que tiene el respaldo del Partido Popular Europeo y de Francia, el país con más peso agrícola dentro de la UE.

La UE quiere, de entrada, un candidato único, porque la FAO no está dirigida por un europeo desde el año 1975. El último fue el neerlandés Addeke Hendrik Boerma. Así que a Luis Planas –y al Gobierno español– le toca hacer campaña para ganarse, primero, el respaldo de Europa de cara a lograr, después, una mayoría de países dentro de los 193 que integran la FAO, donde cada Estado miembro tiene un voto. Y de resultar Díaz elegida al frente de la OIT, la carrera de Planas podría no pasar de un ‘sprint’.

La apuesta por el BCE

La salida de Luis de Guindos de la vicepresidencia del BCE a finales de mayo dejó a España, de nuevo, sin un sillón en la sala de máquinas del supervisor del euro. Mariano Rajoy consiguió colocar a su ministro de Economía en una de las posiciones más relevantes de la Unión Europea en 2018, tras más de un lustro de ostracismo a nivel comunitario por la condición de España de ‘farolillo rojo’ del conglomerado durante la crisis.

La situación ahora es diferente y en los pasillos del Ministerio de Economía y de La Moncloa creen que se puede dar la batalla por un asiento relevante en el Comité Ejecutivo del BCE. La economía española brilla desde la pandemia y España, que representa el 10% del PIB de la Unión, actúa como motor frente al estancamiento de Alemania, Francia e Italia. Los mandatos del economista jefe, Phillip Lane, y de la representante alemana Isabel Schnabel terminan el año que viene.

Pero el puesto en el que están puestas todas las miradas es la Presidencia, que actualmente ocupa Christine Lagarde. Aunque su mandato finaliza en octubre del año próximo, la francesa ha dado numerosas muestras de estar buscando acelerar su salida. Bien para volver a la política francesa (amagó con ser una “voz europea” en el debate presidencial), bien para liderar el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el organizador del Foro de Davos.

La prensa suiza recogía hace unos días, citada por la agencia Reuters, que Lagarde se ha mostrado dispuesta a “servir” al WEF, que lleva casi un año sin presidente tras la renuncia del noruego Børge Brende por sus relaciones con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein.

Una salida anticipada permitiría renovar la cúpula del BCE antes de las presidenciales francesas del año próximo, en las que Marine Le Pen acaricia la victoria. Y, al mismo tiempo, permitiría a Sánchez apostarlo todo con el candidato más señalado por las apuestas: el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, ahora director general del Banco de Pagos Internacionales.

Hernández de Cos es visto como el candidato mejor cualificado para presidir la institución y, aunque se cuidan de no decirlo en público, en el Gobierno se ve con buenos ojos su promoción, aunque durante su mandato al frente del Banco de España fuera especialmente crítico con la política del Ejecutivo de Sánchez.

Pero su currículum no lo es todo, ya que el nombramiento surge de una negociación entre los Estados miembro del Eurogrupo, donde priman no solo corrientes ideológicas sino también equilibrios regionales y de género. Y ahí es donde España tiene que jugar bien sus cartas. Otro nombre que suena es el de Calviño, ahora en Luxemburgo. En el Gobierno no quieren desvestir un santo para vestir otro. Y ella ha negado rotundamente aspirar al cargo. Pero en las negociaciones europeas nunca se dice nunca.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha presentado su programa para plantar la batalla al liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al actual presidente, Gilbert F. Houngbo. La declaración de intenciones de Díaz dibuja un escenario de OIT “en crisis” ante el que se sitúa como candidata para “recuperar el liderazgo” de la entidad y encarar algunos desafíos clave para el mundo del trabajo en estos momentos, como son la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio climático.

Díaz destaca su gestión como ministra de Trabajo de España –el fuerte crecimiento del empleo, la aprobación de reformas y nuevos derechos, y el consenso de gran parte a través del diálogo social– para postularse. Con esta mochila, considera que “puede contribuir de manera decisiva a reforzar el papel de la OIT como referente de la justicia social en el mundo”.

La vicepresidenta señala que la OIT se encuentra “en una encrucijada” por la “actual crisis”, tanto financiera –por la reducción de fondos por parte de países clave como EEUU– como “programática”.

“Lo que está en juego es si la comunidad internacional está dispuesta a preservar el único sistema universal concebido para situar la justicia social en el centro de la gobernanza mundial, gracias al corpus de normas internacionales del trabajo y el diálogo social entre personas trabajadoras, empleadores y empleadoras y Gobiernos”, sostiene el documento.

Encarar los desafíos de la IA y el cambio climático

Yolanda Díaz argumenta que el mundo se encuentra “en un momento histórico marcado por grandes desafíos”, como la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización en el empleo, la necesidad de una transición justa y la cronificación de la economía informal.

Ante ellos, considera que la OIT “debe estar en condiciones de liderar el debate internacional para así minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios desde el punto de vista del trabajo decente y la empresa sostenible”.

Díaz apuesta por regular ante estos desafíos, con mínimos internacionales que permitan garantizar ciertas condiciones y derechos a nivel mundial. Así, plantea “avanzar hacia una estrategia tripartita de gobernanza tecnológica y de la inteligencia artificial” y “una nueva iniciativa sobre las repercusiones socio-económicas del cambio climático”.

Cambios en la gobernanza y en la financiación

La vicepresidenta también considera que la “crisis” de la OIT afecta a su propio funcionamiento interno y sus vías de financiación. Así, plantea cambios en la gobernanza de la institución de Nacionales Unidas, con más diálogo social en el seno del organismo, así como la búsqueda de nuevas vías de financiación.

“Dado que las cuotas ordinarias de los Estados miembros difícilmente experimentarán incrementos significativos a corto plazo, la OIT debe emprender una búsqueda de contribuciones voluntarias. Estas aportaciones, procedentes de gobiernos donantes tradicionales, de agencias de desarrollo, de bancos regionales de inversión, y de cooperación público-privada, deben convertirse en un motor financiero de la organización”, propone el documento.

Una Carta Global de Derechos en el mundo

Otra de las propuestas concretas de la vicepresidenta es aprobar una Carta Global de Derechos laborales en el mundo, que aúne un conjunto de condiciones mínimas en todos los países adheridos. “Ante los desafíos globales, resulta necesario reafirmar la existencia de un suelo universal de derechos laborales”, indica.

Díaz plantea una Carta Global de Derechos Laborales, que adopte la forma de Convenio, que considera que “permitiría sistematizar los grandes principios desarrollados por la OIT a lo largo de su historia y, al tiempo, incorporar los nuevos desafíos del trabajo del siglo XXI”.

“Su elaboración, mediante el diálogo tripartito, podría convertirse en una gran iniciativa movilizadora en torno a la justicia social y el trabajo decente. Una Carta Global de Derechos Laborales ofrecería una referencia universal para gobernar una economía global que debe situar los derechos de las personas en el centro, siendo el gran paso adelante de la Organización tras las declaraciones del centenario, la justicia social y los principios y normas fundamentales en el trabajo”, recoge el documento.

El plazo para presentar candidaturas a presidir la OIT aún está abierto hasta el próximo 31 de agosto. Por el momento, solo hay dos, la de Gilbert F. Houngbo y Yolanda Díaz. Las votaciones se prevén para el próximo 16 de noviembre y el inicio del próximo mandato se despliega a partir de octubre de 2027.

El Ministerio de Trabajo ha iniciado la tramitación de la norma que obligará a las empresas a una mayor transparencia en los salarios por sexos, como exige una directiva europea de 2023 y que España ya va a transponer con retraso. Esta demora explica las prisas del departamento de Díaz para acelerar su tramitación, con la intención de evitar una posible multa de Bruselas. No obstante, el texto legal aún sigue abierto en la negociación del diálogo social y no convence todavía a los sindicatos, advierten en CCOO y UGT.

La norma en cuestión regula cambios relevantes. Supone ampliar la información disponible para los trabajadores a día de hoy sobre los salarios por sexos en sus categorías profesionales, así como sobre los criterios para fijar los sueldos dentro de sus empresas. También, regula una nueva obligación que desvelará al público la brecha salarial en las compañías a partir de 50 trabajadores, entre otras medidas.

Trabajo ha activado la maquinaria del proceso normativo con la publicación este 3 de agosto en Audiencia Pública de un proyecto de real decreto para transponer –aunque parcialmente– esta directiva europea contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Algunos cambios requieren de la vía legislativa, como las modificaciones en las sanciones a las empresas incumplidoras.

“Seguimos en el diálogo social a la vez que avanzamos en los trámites normativos para ganar tiempo e ir más rápido”, sostienen fuentes del Ministerio de Trabajo. “Es necesario que algunos cambios se hagan por ley. Estos últimos los acordaremos y los tramitaremos en el Parlamento por la vía que sea más rápida”, indican en el departamento que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Más transparencia salarial ante los trabajadores y las autoridades

España ya ha aprobado varias regulaciones en favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres en los últimos años, como la obligación de todas las empresas de tener un registro salarial por sexos y de realizar una auditoría salarial en aquellas compañías a partir de 50 empleados.

El texto normativo que ahora se pretende aprobar el Gobierno reforma el decreto de 2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, con novedades que requiere la nueva directiva europea.

Entre ellas, y a falta de que culmine la negociación con los sindicatos y la patronal (que puede variar el texto), el proyecto publicado por el Ministerio de Trabajo recoge que todas las empresas tendrán que informar a su personal sobre los criterios que utilizan para determinar los sueldos de los trabajadores, así como los distintos niveles retributivos de las categorías profesionales.

Además, las empresas a partir de 50 empleados deberán informar “sobre los criterios de progresión retributiva”, es decir, “el proceso por el que una persona trabajadora pasa a percibir una retribución superior, cuando proceda”.

Se recoge también el “derecho a la información de las personas trabajadoras” por el que los empleados tendrán derecho a recibir “por escrito” información sobre su retribución individual y sobre los salarios medias desglosados por sexo de quienes realizan el mismo trabajo (o de igual valor) al suyo. El plazo de respuesta de las empresas será de dos meses.

Además, las empresas a partir de 50 empleados deberán comunicar a un nuevo organismo estatal –la futura Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva– la brecha salarial de género que existe en sus plantillas, con datos en múltiples variables: la brecha retributiva media y mediana, por categorías profesionales, en los complementos salariales y cuántos hombres y mujeres cobran complementos salariales, entre otros. La medida se prevé para junio de 2027 para las empresas a partir de 150 empleados y de junio de 2031 para el resto.

Esta información sobre la brecha salarial será publicada por este organismo público, en “un formato de fácil acceso y en términos que permitan la comparación entre empresas y sectores manteniéndolos accesibles durante, al menos, cuatro años”, recoge el documento.

Los sindicatos siguen exigiendo cambios en la norma

Aunque sin una fecha cerrada aún, Trabajo señala su intención de aprobar el decreto “a la mayor brevedad” para “evitar el riesgo” de una multa de Europa por el retraso en la transposición de la directiva, que tenía como límite máximo el pasado 7 de junio tras tres años de plazo para su adaptación.

“En todo caso, solo tres o cuatro estados la han transpuesto hasta la fecha”, sostienen en el Ministerio de Díaz, que destaca que “nuestro país es un referente en esta materia con mucho trabajo ya hecho”.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, advierten de la importancia de esta transposición legal y del decreto en cuestión, que aún no comparten y que, por tanto, insisten en que debe seguir negociándose.

En CCOO destacan varias “carencias” del actual borrador. Entre otras, que ciña la información sobre la progresión salarial y la publicación de la brecha a las empresas a partir de 50 trabajadores, la ampliación a seis meses del periodo para resolver brechas injustificadas (de los dos inicialmente propuestos), así como que se modifique el concepto de igualdad salarial por trabajo de “igual valor” al salario por hora (excluyendo el salario anual), lo que creen que puede invisibilizar discriminaciones fruto del trabajo a tiempo parcial y aquella ligada a complementos de disponibilidad.

Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, destaca además que “el Gobierno debe cumplir con los acuerdos alcanzados si quiere que CCOO siga avanzando en los procesos de diálogo social”. Recuerda que hay abiertas mesas sobre el despido, la democracia en la empresa, esta negociación sobre transparencia salarial y “en breve debería abrirse la transposición de la directiva de plataformas”.

“Para ello, el Gobierno debe finalizar la tramitación para su aprobación de manera inmediata en el mes de septiembre de los decretos sobre el registro horario y sobre la compensación y absorción de complementos del salario mínimo”, advierte Pacheco.

En la misma línea se expresan en UGT, donde subrayan que este decreto “tiene que tener cambios, pero antes de profundizar en ellos tiene que salir adelante el registro horario”, sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT.

Los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han cerrado el curso político con un acuerdo de calado: la reforma del registro horario para endurecerlo y convertirlo en digital e interoperable por la Inspección de Trabajo se aprobará a la vuelta del verano, en septiembre, una vez el Ejecutivo cierre los últimos flecos para salvar las objeciones que puso el Consejo de Estado a su redacción.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo el acuerdo con el Ministerio de Economía pasa por que el real decreto (reglamento) con la reforma no se apruebe antes del 31 de julio, como reclamaban los sindicatos y se había comprometido la propia Yolanda Díaz, sino que se haga al arranque del curso. El concurso de Carlos Cuerpo era necesario ya que preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el 'Consejillo' de ministros económicos que masca los grandes asuntos del área antes de cada reunión semanal del gabinete y la mesa donde estaba 'atascado' el proyecto.

A cambio, indican las mismas fuentes, el acuerdo desbloquea la norma clave para el departamento de Yolanda Díaz, que vino a sustituir el espíritu de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, una vez esta decayó en el Congreso.

Un año de espera

El real decreto saldrá de la mesa del Consejo de Ministros prácticamente un año después de que pasara, en primera ronda, por dicha reunión. El reglamento se ha retrasado no solo por las reticencias expresadas por el Ministerio de Economía, sino también por los dos informes demoledores del Consejo de Estado y de la Agencia de Protección de Datos durante la tramitación de la norma. Ambos informes preceptivos y no vinculantes, pero que servirían de base para cualquier recurso contra el nuevo registro horario. Algo que la patronal ya se plantea hacer en cuanto esté en vigor.

El Consejo de Estado puso en duda que el vehículo legal, un real decreto, fuera el adecuado para los cambios que plantea la cartera de Yolanda Díaz. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, dijo el órgano consultivo que ahora lidera la exvicepresidenta Carmen Calvo. Un decreto que “no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”.

Además, el Consejo citaba en su informe una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en el que se cuestionaba “que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

El propio Ministerio de Economía también planteó sus reservas sobre los plazos de su entrada en vigor, como adelantó este periódico. En un informe previo al dictamen del Consejo de Estado, reclamó un periodo transitorio de un año para su implementación en las pymes, en lugar de los 20 días que contempla la norma redactada por Trabajo.

Desde el Ministerio de Trabajo señalan que ahora es el momento de cerrar los detalles técnicos que permitan salvar las objeciones presentadas por el Consejo de Estado sin tocar las líneas principales del registro horario: es decir, que sea completamente digital, interoperable y permita acabar con el fraude de las horas extra sin pagar.

La vicepresidenta Díaz se confesó esta misma semana, tras el Consejo de Ministros del martes, “muy optimista” por el devenir del registro horario, asegurando que estaba “prácticamente listo” para sacarlo adelante. “Esta vulneración e irregularidad manifiesta se va a acabar”, dijo la titular de Trabajo.

Precisamente la aprobación del registro horario fue una de las cuestiones que la diputada de Sumar Aina Vidal reprochó al vicepresidente Cuerpo este jueves durante el Pleno extraordinario del Congreso en el que se aprobó la extensión de las medidas por la guerra en Irán. Preguntado por esta cuestión en una entrevista reciente, Cuerpo, que siempre ha defendido la implantación “equilibrada” de esta norma, defendió que era un proyecto “importante”. “Es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla la normativa en cuanto al control de las horas”, dijo.

La decisión de llevar esta norma a septiembre coincidirá, también, con la campaña de Díaz para hacerse con la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una votación prevista para noviembre y cuyo mandato comenzaría en octubre del año próximo. Ya con la legislatura acabada.

El Gobierno ha decidido proponer a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como candidata a directora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo clave de Naciones Unidas para los derechos laborales. La elección está prevista para el próximo noviembre y el mandato, en cualquier caso, no comenzaría hasta octubre de 2027.

El presidente Pedro Sánchez ha anunciado la candidatura de Yolanda Díaz a través de un mensaje en la red social X, calificando de “honor” la promoción de su vicepresidenta segunda. De ser elegida como directora general, sería la primera vez que una mujer y España estarían al frente de “esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social”, ha destacado el jefe del Ejecutivo.

La OIT es el único organismo de Naciones Unidas en el que están representados no solo los países, sino también los agentes sociales, como sindicatos y patronales. “Su estructura tripartita la convierte en una institución única dentro del sistema internacional y en el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social”, subrayan desde La Moncloa.

El anuncio llega después de una intensa gira internacional en la que Yolanda Díaz, en las últimas semanas, ha visitado países como Estados Unidos, Senegal o China, y ha mantenido numerosas reuniones con responsables públicos de los 187 países miembros del organismo.

“La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas. Es un orgullo y una responsabilidad enorme poder representar con esta candidatura a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional”, ha dicho la Díaz en un mensaje a través de su cuenta en Bluesky, que ha replicado en inglés y en francés, los idiomas oficiales del organismo. “Vamos a hacerlo juntas y juntos”, ha concluido.

Una candidata para una OIT “en crisis”

La vicepresidenta Díaz ya participó en la sesión plenaria de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, en el Palacio de las Naciones de Ginebra (Suiza), donde tiene su sede la organización. “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”, dijo con solemnidad. Antes de entrar, ya había apuntado directamente como causante a la Casa Blanca, ahora en manos de Donald Trump, quien lleva tiempo retrasando el pago de los fondos comprometidos al organismo. “Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”, aseveró ante los medios de comunicación.

Yolanda Díaz ya había anunciado hace tiempo que no solo no sería la líder de Sumar en las elecciones generales que tendrán lugar el año que viene, sino que tampoco concurriría como candidata a un escaño en el Congreso de los Diputados, dando por hecho su salida de la primera línea de la política nacional.

Si bien el Ministerio de Trabajo desmintió los primeros rumores, el anuncio de hoy confirma que Díaz es la apuesta española para tratar de dar un revulsivo a este organismo. “Con esta candidatura, España aspira a reforzar una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo en un contexto de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales, reforzando el papel de la OIT como referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social”, destaca el comunicado del Ejecutivo.

El Gobierno tenía de plazo hasta el 31 de agosto para postular sus candidaturas al liderazgo de la organización, mientras que las elecciones están previstas para el 16 de noviembre. En caso de resultar elegida, el mandato no arrancaría hasta octubre de 2027, con la legislatura ya finiquitada tiempo atrás.

“Como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con 30 acuerdos. Durante estos años, se impulsó la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios, que ha contribuido a reducir la temporalidad a mínimos históricos a la vez que ha conseguido el récord de empleo de la historia de España, la ley de plataformas o la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia”, glosan desde La Moncloa.

La propuesta de Díaz choca con la candidatura de otro compañero de gabinete que también aspira a un alto cargo en el sistema de Naciones Unidas: el ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien el Gobierno ha postulado a la presidencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). La elección, en este caso, no está prevista hasta junio del año próximo, por lo que queda todavía recorrido en el caso de que las aspiraciones a la OIT no prosperen.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que Canarias será la Capital de la Economía Social en 2027 y que contará por primera vez con dos sedes: una en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Santa Cruz de Tenerife.

Según ha informado Díaz en el Consejo de Fomento para la Economía Social, celebrado este miércoles en Madrid, Canarias tomará el testigo de la ciudad catalana de Mataró como capital de la economía social por su trayectoria amplia de este modelo económico.

Asimismo, la ministra ha explicado que la decisión se apoya en una trayectoria amplia de este modelo económico en las islas. “Desde las cooperativas, las sociedades agrarias y las cofradías de pescadores, que han sido esenciales históricamente para la vida económica canaria, la economía social se ha extendido con el tiempo a la educación, la industria, el transporte y los servicios en el territorio”.

Además, señala que en los últimos años, Canarias ha reforzado este impulso con instrumentos concretos como la Ley de Economía Social de Canarias, la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias o el Libro Blanco de la Economía Social de Canarias entre otras, ha detallado Díaz.

Asimismo, la vicepresidenta segunda ha asegurado que Canarias conoce bien los desafíos que tiene por delante por su “insularidad, la crisis climática, la dificultad de acceso a la vivienda y su papel de frontera sur de Europa, con las necesidades de acogida e inclusión de quienes llegan”.

Esta capitalidad permitirá situar estos desafíos en el centro del debate, desde la experiencia y el buen hacer de las entidades canarias. “Será una oportunidad para compartir soluciones, reforzar alianzas y mostrar cómo la economía social puede ofrecer respuestas cercanas, sostenibles y duraderas a los retos del archipiélago”.

Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que la decisión cuenta con el respaldo de las entidades representativas de la economía social canaria y española representadas en CEPES, “cuyo compromiso y trabajo es fundamental para seguir consolidando este ecosistema en las islas”.

La demanda de protección civil del derecho al honor que ha interpuesto Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se basa en dos comentarios –uno publicado en la red social Bluesky y otro en TVE– a cuenta de las informaciones publicadas en elDiario.es que recogían las denuncias de agresión sexual de dos extrabajadoras contratadas por el cantante. La demanda señala que Yolanda Díaz se refirió en sus comentarios a unos “escalofriantes testimonios”, de las dos mujeres, “de los que no había constancia oficial, sino lo únicamente referenciado por el medio de comunicación elDiario.es., sin corroboración objetiva alguna”.

La corroboración objetiva a la que se refiere el abogado de Iglesias eran vídeos grabados a las dos mujeres donde detallaban las agresiones sufridas, y la constancia oficial era la publicación en un medio de comunicación que había intentado conseguir, sin éxito, la versión de la persona a la que se referían las denunciantes. Yolanda Díaz escribió. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a los periodistas de elDiario.es por denunciarlo”.

A continuación, la demanda de Julio Iglesias se detiene en un conjunto de acusaciones sin fundamento contra elDiario.es: “Hay que significar que el propio medio de comunicación había provocado la noticia, como resultado de un supuesto trabajo de investigación, y no se trataba, según amplia jurisprudencia constitucional de un reportaje neutral, que además se difundía de forma reelaborada, porque el medio acabó reconociendo, ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que no se reproducían los testimonios de las denunciantes, sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes, acreditándose que la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”.

La demanda se basa, al igual que la querella contra elDiario.es, en hechos falsos al acusar a este medio de comunicación de “no reproducir el testimonio de las denunciantes sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes”. elDiario.es reprodujo fielmente el testimonio de las denunciantes, con su imagen –producto de la grabación de entrevistas con las dos mujeres– y con sus palabras, pero doblando sus voces para proteger su identidad. Pese a este, la demanda considera acreditado que “la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”. La imagen de los videos que complementaban la información corresponde a las dos mujeres que denunciaron los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras ser admitida a trámite la denuncia, la Fiscalía decidió no seguir adelante por haber sucedido los hechos en el extranjero y no tener competencia para investigarlos en España.

La demanda llega a acusar a la vicepresidenta segunda de actuar con “temeridad evidente” al dar “por ciertos los ”escalofriantes testimonios“, que no eran tales”. Los testimonios eran ciertos y así lo acreditan las grabaciones realizadas por los periodistas de elDiario.es y Univisión. El abogado de Julio Iglesias sostiene en la demanda que Yolanda Díaz “realizó valoraciones propias, dando por ciertos los hechos con grave desprecio a la presunción de inocencia, y situando a mi mandante como autor de la comisión de graves de delitos de agresiones sexuales y de explotación laboral y trata de personas vulnerables, sin hacerlo en términos de presunción”.

El abogado pide 50.000 euros

Díaz declaró en TVE: “Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”. A continuación, preguntada por el apoyo que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, había dado al cantante, rechazando así el testimonio de las mujeres, la vicepresidenta contestó: “La Presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho ayer no ha sido condenar si quiere con carácter presunto lo que ha hecho el señor Julio Iglesias no, no, lo que ha dicho es colocarse por la pasiva del lado del presunto agresor, por tanto, eso es machismo”.

Al finalizar la entrevista, y cuando el periodista le preguntó si respetaba el principio de presunción de inocencia para el cantante, Díaz contestó: “Una cosa es la responsabilidad penal en la que por supuesto presunción de inocencia, derecho a un proceso justo, tutela judicial efectiva y un millón de cosas más, artículo 24 y siguientes de la Constitución y otra cosa es la responsabilidad de carácter político o ético que uno o una tenga, y en este sentido parece que todo lo que estamos conociendo requiere de una actuación ejemplarizante en esta materia”.

El escrito de demanda termina reclamando a la vicepresidenta segunda que “se avenga a reconocer que las manifestaciones realizadas constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, absteniéndose de realizar en lo sucesivo nuevas manifestaciones de tenor similar (...) que se retracte públicamente de las mismas en la misma forma en la que estas fueron difundidas, y que indemnice por daño moral al cantante con la cantidad de 50.000 euros además de los intereses que correspondan”.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, insistió este martes en que sigue confiando en la “inocencia” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pese a que Julio Martínez Martínez, antiguo colaborador del mandatario, y los directivos de Plus Ultra le señalaron el lunes como la persona que ofreció influir para lograr los 53 millones del préstamo público a la aerolínea. “Seguimos defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero” y “seguimos creyendo en su inocencia”, afirmó Saiz preguntada sobre estas novedades en la investigación.

“No voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, declaraciones o estrategias de defensa que, en sede judicial, se vayan desarrollando en este caso”, planteó la ministra portavoz al ser preguntada —hasta en ocho ocasiones— en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Saiz se limitó a afirmar que la investigación se encuentra “en una fase inicial” y aseguró que el Gobierno está prestando su “total colaboración” a la justicia.

La portavoz del Ejecutivo tampoco quiso pronunciarse en relación a la falta de explicaciones sobre las joyas incautadas a Zapatero tras el registro de su oficina. Lo que sí defendió es que el Gobierno en ningún momento incurrió en ninguna irregularidad al conceder el préstamo público a Plus Ultra en 2020. “Es bueno recordar que este expediente fue avalado y tramitado por los servicios jurídicos de la SEPI, fue revisado por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea, fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y ninguna de esas instituciones encontró motivo de sospecha, enumeró Saiz, que insistió en que ”no hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno fue la correcta“.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del ala minoritaria del mismo, la de Sumar, se adhirió expresamente al respaldo a Zapatero que expresó la ministra portavoz. No obstante, Díaz también insistió en que el expresidente del Ejecutivo “tiene que dar explicaciones” sobre sus negocios ante la “inquietud y tristeza” que ha suscitado “en la ciudadanía” la apertura del caso en un contexto en el que existen varias investigaciones por corrupción que afectan al PSOE.

La vicepresidenta, sin embargo, no quiso ofrecer su opinión en relación a las declaraciones de Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra: “Nunca he valorado sumarios judiciales, ni cuando gobernaba Alberto Núñez Feijóo la Xunta de Galicia ni ahora; no sería responsable por mi parte”, espetó Díaz, que se mostró crítica con el hecho de que “todos los días mucha gente habla” sobre este tipo de procedimientos “sin la pericia suficiente para ello”.

Este sábado, a las 11.00 horas, Movimiento Sumar dará el pistoletazo de salida al congreso extraordinario que sus dirigentes esperan que sirva para dejar atrás la crisis interna más grave desde la fundación del partido, en un 2023 que parece ahora muy lejano. La que será la tercera asamblea en tan solo tres años de vida de la formación se celebrará con un resultado cantado de antemano: la única lista para la dirección es la liderada por la portavoz parlamentaria Verónica Martínez y la secretaria de Estado Rosa Martínez, puesto que la exlíder, Lara Hernández, no competirá por revalidar su cargo tras dimitir la semana pasada después del archivo de su expediente interno por acoso laboral.

La asamblea extraordinaria tendrá un formato muy diferente al de las dos anteriores, puesto que Movimiento Sumar ha impuesto un formato hermético para controlar el mensaje. Los debates internos sobre el rumbo político del partido estarán vedados a la cobertura de la prensa, como suele ser habitual en los congresos de todas las formaciones. Pero, a diferencia de lo ocurrido en las asambleas de 2024 y 2025, los periodistas tampoco podrán acceder al recinto donde se celebrará el cónclave, algo vital para la labor informativa. Un portavoz de Movimiento Sumar se limitará a hacer declaraciones a las 11 de la mañana y, posteriormente, el congreso se cerrará a cal y canto hasta las 19.00 horas, cuando está previsto el mitin de cierre de Martínez y Martínez. El partido justifica esta decisión por razones de espacio del recinto.

Pese a que la asamblea se celebrará con todos los grandes debates internos resueltos, eso no implica que no existan dudas en torno a Movimiento Sumar, aunque lo cierto es que se proyectan de cara al futuro. El congreso va a ser plácido, la dirección del partido intentará escenificar unidad tras semanas de enfrentamiento público, pero no está claro cuál será el papel de la formación dentro de la coalición con Más Madrid, Comuns e IU. Es una incógnita, incluso, si hay lugar para esta organización en un espacio —el de las izquierdas de ámbito estatal— copado por IU y Podemos, especialmente cuando su principal rol, representar al sector referenciado en Yolanda Díaz, ya no existe tras la decisión de la vicepresidenta de no presentarse a las próximas elecciones y dejar la política.

Fuentes de su entorno afirman que, “seguramente”, la propia Díaz asista tan solo al mitin de cierre de la asamblea del partido que ella misma fundó en 2023, y sobre cuya guerra interna lleva varias semanas evitando pronunciarse. El año pasado, en el segundo congreso del partido —igualmente convocado de manera extraordinaria para elegir, precisamente, a los sustitutos de Díaz como líderes de Movimiento Sumar tras su dimisión de las labores orgánicas—, la fundadora ya se ausentó de la primera jornada, en la que se produjeron los debates políticos en las diferentes mesas organizadas para ello. Díaz sí estuvo presente en la segunda jornada e intervino en el mitin de cierre, algo que no hará este sábado, cuando se limitará a sentarse entre el público.

A diferencia del año pasado, la asamblea de 2026 concentrará sus actividades solo en un día, buena muestra de que todos los asuntos relevantes llegan ya cocinados y decididos. Apenas ha habido debate en relación a la renovación de las tesis políticas, cuya gran novedad es la apuesta de Movimiento Sumar por poner en marcha alianzas “coyunturales” con partidos independentistas, un guiño a un Gabriel Rufián que se encuentra en plena pugna interna con su partido, ERC, precisamente porque propone un frente de izquierdas estatales y nacionalistas de cara a las próximas generales. Tampoco hay grandes novedades a nivel organizativo, habida cuenta de que la estructura de Movimiento Sumar se reformó hace poco más de 12 meses.

El principal cambio que se ejecutará en el congreso extraordinario será de caras. Verónica Martínez y Rosa Martínez tomarán el timón del partido sin competencia, puesto que la suya ha sido la única lista que se ha presentado para liderar Movimiento Sumar. Lo harán en sustitución de una Lara Hernández que ha decidido no presentar batalla por falta de apoyos pese al archivo de su expediente interno por acoso laboral —el que ha iniciado la Inspección de Trabajo sí sigue bajo investigación—. Martínez y Martínez han tratado de calificar su lista como “de unidad”, pero se quedan fuera de ella los parlamentarios más afines a la exlíder, como es el caso de Txema Guijarro, Manuel Lago o Agustín Santos. Tampoco tendrá hueco en la nueva dirección el secretario de Estado de Empleo y número dos de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Quien sí se mantendrá en la nueva dirección de Movimiento Sumar es el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el único integrante del Consejo de Ministros que seguirá formando parte del puente de mando del partido. Urtasun, que compaginará su militancia en Movimiento Sumar con el carné de los Comuns, que sigue manteniendo, es uno de los nombres que suenan como posibles candidatos de los partidos agrupados en Sumar para las próximas elecciones generales, aunque ese proceso avanza muy lentamente y fuentes próximas al dirigente descartan que sea él quien vaya a encabezar la lista electoral. En la dirección de Movimiento Sumar, el ministro ocupaba actualmente el puesto de portavoz, aunque existen dudas de que vaya a repetir.

En la lista liderada por Verónica Martínez y Rosa Martínez también figura Roberto Buitrago, un dirigente valenciano al cual la coordinadora de Movimiento Sumar en esa comunidad, Carmen Padilla, ha denunciado internamente por “acoso moral”, tal y como publicó este jueves elDiario.es. Los delegados afines a Padilla —cercana, por su parte, al sector más próximo a Lara Hernández— en la dirección valenciana del partido, que son el sector mayoritario en la Comunitat, no acudirán este sábado a la asamblea extraordinaria que se celebrará en Madrid en protesta por el hecho de que la comisión antiacoso de Movimiento Sumar se haya “negado a abrir una investigación sobre las dinámicas misóginas y machistas” que ha denunciado la coordinadora autonómica.

No es la primera vez que la federación valenciana del partido da dolores de cabeza a la dirección estatal en los últimos meses: en su carta de renuncia, la ex secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Laura Moreno, acusó a Lara Hernández de fraude en el proceso interno que eligió a Padilla —próxima a ella— como coordinadora en la Comunitat Valenciana en detrimento del otro candidato, el crítico, que precisamente era Buitrago. Hernández defiende, por el contrario, que fue el sector crítico el que intentó manipular el censo en su favor afiliando a última hora al partido a un grupo importante de personas.

La reconfiguración del espacio

El congreso extraordinario de Movimiento Sumar tendrá lugar en un momento clave para todo el espacio a la izquierda del PSOE, que lleva meses negociando su recomposición. Las tesis políticas que saldrán ratificadas de la asamblea redobla la apuesta de la formación por conformar una alianza estable con IU, Más Madrid y los Comuns. Pero el formato de esa alianza estable está aún por definir, así como los dos asuntos capitales a ojos de la opinión pública: la nueva marca que sustituirá a Sumar y, especialmente, el candidato para las próximas elecciones generales.

Inicialmente, la idea de los cuatro partidos era tener ambos asuntos solventados para antes del parón estival de agosto, pero en las últimas semanas fuentes de todas esas formaciones han confirmado que el anuncio se retrasará hasta septiembre. El rol de Movimiento Sumar, con toda probabilidad, será mucho más reducido que el que ha tenido durante la última legislatura, en la cual el hecho de ser el partido de Yolanda Díaz le ha proporcionado un papel preeminente en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso y también en la cuota de la alianza en el Gobierno. Y parece descartado que el candidato de todo el espacio proceda de Movimiento Sumar, aunque este jueves Verónica Martínez se dejó querer en una entrevista en La Voz de Galicia, en la cual, al ser preguntada por la posibilidad de que encabezara las listas, aseguró que “siempre” estará dispuesta a lo que le “pidan”.

Lara Hernández ha dimitido de sus cargos en Movimiento Sumar tras archivarse el expediente por acoso laboral contra ella. Todo esto tras una larga crisis interna en el partido que Yolanda Díaz montó para las elecciones del 23J. En Sumar, este sábado, se enfrentan a un congreso extraordinario del que Verónica Martínez y Rosa Martínez saldrán ganadoras. Hacemos un repaso a la historia de Sumar, de su paso de plataforma electoral a partido político como Movimiento Sumar, a las distintas guerras internas… y reflexionamos en torno a que, esas disputadas, cada vez importan menos a un electorado que empieza a conocer a sus protagonistas.

Lo abordamos con el periodista de elDiario.es que sigue el día a día de la información de Sumar y de la izquierda española, Daniel Ríos.

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que las críticas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al uso de las bajas laborales son una “demonización de la clase trabajadora”. Así lo ha dicho en la conmemoración en Barcelona de los 50 años de la última asamblea clandestina de CCOO del tardofranquismo. Sordo ha afeado al líder del PP su intención de “recortar derechos de las personas enfermas” y de “irrumpir” en la negociación colectiva impidiendo que los convenios colectivos mejoren las condiciones de las bajas.

En este sentido, Sordo opina que “una parte del poder económico” en España está “preocupado” por la posibilidad de llegar a una situación de pleno empleo porque, según dice, la “capacidad de negociación y de presión de los trabajadores se incrementaría de una forma muy importante”.

En esta línea, el secretario general de CCOO ha recordado la importancia de la organización obrera y, en el marco de la conmemoración de la asamblea de Sant Medir, ha querido insistir en que fue “una intensísima galerna de huelgas” la que “derribó” al régimen franquista. “La España democrática fue producto de una lucha” de trabajadores, movimientos vecinales y estudiantiles.

Parte de esas huelgas y acciones se concibieron en la asamblea del 11 de julio de 1976 en la iglesia de Sant Medir, del barcelonés barrio de Sants, en la que se juntaron más de 600 delegados sindicales de todo el país, cuando la organización seguía siendo ilegal.

En el acto han participado también la secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López y representantes políticos como la vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz; el president de la Generalitat, Salvador Illa; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Yolanda Díaz también ha dedicado su intervención a las declaraciones de Feijóo sobre las bajas laborales y ha recordado que el absentismo laboral no tiene nada que ver con “derechos” como el que permite faltar al trabajo para estar enfermo o acogerse a una huelga. La ministra ha advertido que el PP pretende “acabar con derechos laborales de España con o sin acuerdo”.

“La peor posición de la gente progresista es la de estar quietos”, ha seguido Díaz, que ha reiterado que “la gente trabajadora no puede resignarse”. En esta línea, ha defendido la necesidad de sacar adelante nuevos acuerdos desde el Gobierno que permitan “aumentar la democracia en las empresas, reformar los despidos o resolver la deuda clave de la vivienda en el Estado español”.

Por su parte, Illa ha advertido de que en España existe un “riesgo real de involución” ante la posibilidad de una alternancia política en el Ejecutivo. En este contexto, el president ha situado a los sindicatos como unos “aliados exigentes” para diseñar e implementar cualquier política pública. También ha destacado el “compromiso” del Govern de la Generalitat con el mundo del trabajo con medidas como el aumento de presupuesto para políticas activas de empleo.

Por parte del Ayuntamiento, Collboni también ha criticado las declaraciones de Feijóo diciendo que “banaliza” y “frivoliza” con las bajas laborales, pero ha asegurado que “no es un error” del líder popular: “Es que están mostrando los dientes”, ha remachado.

Para el alcalde, “el trabajo digno sigue siendo la mejor política de igualdad” y ha alabado el papel de los sindicatos en este ámbito ante retos como el impacto de la inteligencia artificial, la transición ecológica o la “precarización” en algunos sectores.

Para este acto de conmemoración, CCOO ha reeditado en un libro los discursos que Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, históricos dirigentes de la organización, pronunciaron en la asamblea de 1976. En sus parlamentos del que fue el último encuentro clandestino del sindicato, Camacho reivindicó a “los trabajadores asesinados, encarcelados y represaliados por el fascismo, por su lucha por la libertad sindical”. Sartorius, por su parte, situó al movimiento sindical como una de las causas de la caída del gobierno de Arias Navarro.

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, no tendrá que enfrentarse a una sanción de su partido por supuesto maltrato a trabajadores y cargos de la formación. Tal y como anunció ella misma este miércoles, las seis denuncias que se interpusieron contra ella por hechos compatibles con el acoso laboral han sido retiradas por los denunciantes, por lo que el comité antiacoso que instruía el procedimiento ha emitido una resolución archivando el expediente sin entrar a analizar el fondo de la cuestión. En concreto, la resolución emitida por este órgano —independiente de la dirección del partido— establece el archivo por “falta de aportación de pruebas” y por la retirada de los denunciantes, explicó Hernández.

Pese a ello, la dirigente también anunció en una comparecencia ante los medios que ha decidido dimitir de todos sus cargos en el partido y no presentarse para revalidar su cargo de líder en el congreso extraordinario del próximo día 11, así como romper su carné de militante de Movimiento Sumar. Hernández presumió, no obstante, de “haber puesto en marcha el proyecto 'Un paso al frente'”, la alianza de izquierdas de este partido, IU, Más Madrid y los Comuns. “Y lo hicimos además con la pasión y la vocación de un futuro para nuestro país, sino con la voluntad de poner en manos de las bases el destino del nuevo espacio”, celebró la ya excoordinadora.

Hernández aseguró que su “alejamiento” de la primera línea política “no tiene nada que ver con el cansancio ni con la frustración” que le han provocado las denuncias contra ella, aunque sí admitió que la “campaña de desprestigio” que ha sufrido “ha sido brutal”. “He decidido volver a mi puesto de trabajo, profesora de Filosofía en un instituto público”, pero “tampoco ahora voy a dejar la política, alguien que milita en la izquierda nunca la deja”, zanjó la dirigente, que prometió “contribuir desde donde pueda” y desde donde se le “pida” a “la recomposición a fondo de un espacio de izquierdas”. La ya exlíder de Movimiento Sumar no quiso ofrecer más detalles de dónde continuará militando, ni tampoco de si se afiliará a otro partido.

Durante toda su comparecencia, y pese a las preguntas de la prensa al respecto, Hernández evitó criticar de manera directa a la líder del sector crítico de Movimiento Sumar, Verónica Martínez, a pesar de que el entorno de la ya excoordinadora la considera la principl muñidora de la supuesta campaña contra ella. Hernández, eso sí, se proclamó “inocente” y aseguró que “jamás” ha “acosado a nadie”. “Todos los bulos, injurias y calumnias contra mí se han demostrado falsas”, sostuvo la dirigente, que afirmó que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra estos supuestos calumniadores. Su afirmación, no obstante, no es precisa, puesto que la comisión antiacoso del partido no ha entrado a valorar el fondo de las denuncias una vez los denunciantes han decidido retirarlas.

Tampoco quiso Hernández criticar a la fundadora de Movimiento Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que desde el inicio de la batalla interna en su partido —que creó en 2023 y dejó de liderar en 2024, tras el batacazo en las elecciones europeas— se ha puesto de perfil y no se ha pronunciado sobre las acusaciones contra la coordinadora. “Yolanda decidió retirarse de la vida orgánica del partido y eso es una decisión que debemos respetar todos”, se limitó a responder Hernández al ser preguntada por la vicepresidenta. Y, sin mentarla expresamente, afirmó haberse “sentido muy acompañada por todos los compañeros del partido”. “Eso es lo que me quiero llevar”, zanjó.

Los críticos tienen el camino expedito

El archivo del procedimiento interno contra Hernández está fechado el 28 de junio, apenas dos días antes del fin del plazo para registrar candidaturas para el congreso extraordinario que celebrará Movimiento Sumar el próximo 11 de julio, en el que se renovará la cúpula del partido. La única candidatura que se ha registrado para concurrir a esta asamblea es la que encabezan la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que aúna las diferentes sensibilidades críticas con Hernández y que —una vez confirmado que ella no intentará revalidar su puesto— le arrebatará el liderazgo de la formación.

La decisión de los cargos políticos que denunciaron a Hernández de retirar sus acusaciones, realizadas en nombre de varios trabajadores supuestamente maltratados por la coordinadora, supone el punto final a un procedimiento que, cuando se hizo público, puso el foco sobre la guerra interna en Movimiento Sumar. Este enfrentamiento se había llevado con cierta discreción hasta hace unas semanas, pero la dimisión de la secretaria de Organización del partido, Laura Moreno, reveló el profundo distanciamiento entre dos sectores de la formación, especialmente a raíz de que se filtrara una carta de Moreno en la que revelaba la existencia del procedimiento por acoso contra Hernández.

El choque, no obstante, venía de lejos. El pasado octubre, apenas cinco meses después de ser elegido co-coordinador de Movimiento Sumar junto a Hernández, Carlos Martín decidió dimitir de su cargo y dejarla únicamente a ella al frente del partido. Y, desde entonces, el ambiente en la formación ha ido enturbiándose progresivamente, como refleja el hecho de que el sector crítico forzara el pasado marzo la convocatoria de la asamblea extraordinaria que tendrá lugar dentro de un par de semanas. Aunque durante un tiempo se mantuvo la duda de si este congreso serviría para renovar la dirección o únicamente para actualizar la línea política, finalmente se confirmó que el cargo que actualmente ocupa Hernández se someterá a votación.

El proceso para elegir a la nueva líder de Movimiento Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ya ha echado a andar. Este viernes, la portavoz parlamentaria Verónica Martínez confirmó lo que era un secreto a voces y anunció su candidatura para el congreso extraordinario del día 11, con la secretaria de Estado Rosa Martínez como compañera de fórmula. Pero ese movimiento no despeja la incógnita de si habrá competición o el partido tratará de cerrar las heridas abiertas por la guerra interna del último mes intentando escenificar unidad en torno a una sola lista. El plazo para presentar candidaturas a la dirección está abierto hasta el próximo martes. Y la todavía coordinadora, Lara Hernández, no ha confirmado si tiene intención de concurrir al proceso, aunque la confluencia de los críticos en una lista la dejaría prácticamente sin opciones.

Lo previsto era que la candidatura de Verónica Martínez y Rosa Martínez se confirmara el jueves por la tarde, pero finalmente fue el viernes por la mañana cuando se produjo el anuncio, que es el corolario a dos semanas de un enfrentamiento abierto. El desencuentro, no obstante, llevaba tiempo cocinándose entre bambalinas, prácticamente desde unos meses después de que Lara Hernández fue escogida cocoordinadora de Movimiento Sumar junto a Carlos Martín, en marzo del año pasado. Sus perfiles fueron los elegidos por Yolanda Díaz para sustituirla a ella al frente de la organización que fundó en 2023 y cuyo liderazgo abandonó en junio de 2024, tras el batacazo de Sumar en las elecciones europeas. Pero apenas cinco meses después de ser nombrados, en agosto, Martín dimitió y Hernández quedó como única coordinadora.

Desde entonces, el ambiente en Movimiento Sumar ha ido enturbiándose progresivamente, como refleja el hecho de que el sector crítico forzara el pasado marzo la convocatoria de la asamblea extraordinaria que tendrá lugar el 11 de julio. No obstante, el conflicto interno se había llevado con cierta discreción hasta hace un par de semanas: los opositores evitaron durante semanas incluso confirmar si en el congreso extraordinario se renovarían los cargos de dirección o tan solo se votarían nuevas tesis políticas, y dimisiones como la del secretario de Comunicación, David Comas, enfrentado con Hernández, no se comunicaron públicamente.

Todo ello cambió el pasado 9 de junio, cuando la secretaria de Organización, Laura Moreno, difundió una carta para anunciar su dimisión. En esa misiva, la exdirigente —inicialmente cercana a Hernández— revelaba que el partido tiene abierta una investigación interna contra la coordinadora por supuestos “comportamientos preocupantes hacia algunos trabajadores”, un procedimiento que parte de una denuncia de “seis altos dirigentes institucionales y orgánicos” en nombre de dichos empleados. La misiva también acusaba a Hernández de haber cometido “fraude” en el proceso de votación entre los afiliados para constituir Movimiento Sumar en la Comunitat Valenciana con el fin de favorecer a la candidatura más afín a sus postulados.

La coordinadora rechazó desde el primer momento ambas acusaciones, que fuentes de su entorno aseguran que son fruto de una “campaña” de desprestigio liderada por los sectores críticos con el fin de descabalgarla del liderazgo de Movimiento Sumar. Fuentes próximas a Hernández denunciaron cuando se filtró la carta que la dirigente ni siquiera había sido informada de los hechos por los que se la acusaba de supuesto acoso a trabajadores. Y, en lo que se refiere al presunto fraude cometido en la votación para elegir la composición de los órganos de la formación en la Comunitat Valenciana, estas fuentes ofrecieron la explicación contraria: que el proceso tuvo que revisarse porque el sector crítico intentó manipular el censo en su favor afiliando a última hora al partido a un grupo importante de personas. Este movimiento habría tenido el fin de ganar la votación y hacerse con el control de Movimiento Sumar en la comunidad.

La resolución del caso de Hernández, sin fecha

Sea como fuere, la difusión de estas graves acusaciones ha dado al traste con cualquier posibilidad de integración de Hernández en una lista de unidad capitaneada por Verónica Martínez. La idea inicial cuando el sector crítico forzó la convocatoria del congreso extraordinario de julio, sostienen algunas fuentes de Movimiento Sumar, era incluirla en la nueva dirección en un cargo sin poder real, pero que le hubiera permitido tener una “salida digna”. Pero esa opción saltó por los aires tras la publicación de la carta y, especialmente, porque el procedimiento contra la coordinadora sigue abierto. El partido, ni oficial ni extraoficialmente, concreta cuándo se resolverá el expediente, pero que los tiempos se dilaten beneficia a Martínez, puesto que impediría a Hernández llegar al congreso con un eventual sobreseimiento de la causa, si finalmente esa fuera la decisión.

En cualquier caso, la actual coordinadora de Movimiento Sumar no ha confirmado aún si se presentará al congreso para intentar revalidar su cargo, y fuentes próximas a ella aseguran que no lo tiene decidido. También hay serias dudas de que, incluso si Hernández decide retirarse, la lista de Verónica y Rosa Martínez sea “de unidad”, como desde su sector se han esforzado en intentar trasladar, puesto que no está claro que los dirigentes más próximos a la actual líder —los diputados Txema Guijarro o Manuel Lago, por ejemplo— aceptaran integrarse en esta candidatura. Mientras, Yolanda Díaz ha optado por ponerse de perfil: ni se ha pronunciado sobre las acusaciones a Hernández, ni tampoco ha mostrado su apoyo a Verónica Martínez y Rosa Martínez.

Quien sí estará con toda probabilidad en dicha lista es la cocoordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, que hace un par de semanas publicó —junto a un nutrido grupo de cuadros territoriales del partido— una tribuna en el diario Público en la cual los firmantes pedían “cambios profundos”, “más organización, más democracia interna y más capacidad de escucha” y “un respeto escrupuloso a los derechos laborales que defendemos”. Algunas fuentes señalan a Gómez como la líder de un tercer sector en la formación que contaría con el apoyo de varias de las federaciones autonómicas y que se integraría en la nueva dirección de Verónica Martínez y Rosa Martínez. El entorno de estas, por el contrario, rebaja este rol y asegura que desde el primer momento las dos candidatas han querido que los territorios tengan mucho peso en su lista.

El debate, en cualquier caso, es puramente interno. Entre Hernández y Martínez no existen apenas diferencias ideológicas o estratégicas: la pugna es de poder, especialmente en un momento en el que Movimiento Sumar está negociando con Más Madrid, Comuns e IU la reconfiguración de la alianza Sumar. Al ser la formación más débil de las cuatro, lo previsible es que pierda buena parte de su peso en las listas de las próximas elecciones generales, y eso supone que hay menos puestos a repartir para optar a cargos institucionales. De hecho, que existen pocas discrepancias políticas entre las dos familias enfrentadas en el partido lo demuestra el hecho de que el documento político que se aprobará en la asamblea del día 11 se ha redactado sin sobresaltos ni choques. La principal novedad de esas tesis es que Movimiento Sumar se abre a alianzas “coyunturales” con partidos independentistas para concurrir juntos a las elecciones.

La Inspección de Trabajo ha avisado este mes a miles de empresas de la detección de unos 31.500 contratos temporales y fijos discontinuos en presunto fraude. Se trata del I Plan de Choque de 2026 contra la contratación irregular temporal y de fijos discontinuos, ha informado este viernes el Ministerio de Trabajo, que viene realizando estas campañas desde 2018.

“El objetivo de este Plan es evitar la utilización fraudulenta de contratos temporales, cuando los puestos de trabajo deberían estar cubiertos por relaciones laborales indefinidas, o de fijos discontinuos cuando deberían ser fijos ordinarios”, recuerda en una nota la Inspección de Trabajo.

En estas campañas, el organismo público vigilante de la legalidad laboral y en Seguridad Social detecta presuntas irregularidades gracias al cruce masivo de datos, e informa a las empresas de esta situación.

Las compañías afectadas reciben una comunicación en la que se les informa de que tienen un mes de plazo para regularizar los contratos, o justificar su legalidad, o de lo contrario se advierte de que se iniciarán las actuaciones inspectoras correspondientes.

14.000 temporales y 17.500 fijos discontinuos irregulares

En concreto, la Inspección de Trabajo ha enviado este mes de junio 20.049 comunicaciones, indica el organismo, que afectan a 31.545 contratos.

Respecto a los contratos temporales irregulares, se han remitido algo más de 9.000 avisos que afectan a un total de “14.071” relaciones laborales.

En cuanto a los fijos discontinuos, se analiza la situación de personas trabajadoras que hayan estado al menos 10 meses y medio en alta en una empresa en los últimos 12 meses, y se han remitido casi 11.000 avisos a empresas que afectan a “17.474 contratos”.

En 2024, el último año del que se tienen datos cerrados de la Inspección de Trabajo, el organismo público transformó en indefinidos más de 167.700 contratos temporales y fijos discontinuos fraudulentos, entre los planes de choque y las actuaciones ordinarias de la Inspección.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha reiterado este miércoles que España debe reformar su legislación para garantizar una adecuada indemnización por despido improcedente de los trabajadores, de tal manera que sea disuasorio y restaure el daño al empleado, al tiempo que pidió que esta incluya también a los contratados de manera irregular.

En una recomendación emitida al Gobierno español, este organismo recoge la resolución adoptada en marzo pasado por el Comité Europeo de Derechos Sociales tras una reclamación interpuesta ante ese organismo por el sindicato CCOO, similar a la que ya se había hecho en un requerimiento de UGT, según recoge EFE.

En ella, el órgano ejecutivo del Consejo de Europa insta a España a “proceder a una reforma legislativa” que “garantice que la indemnización concedida por despido improcedente (...) tenga en cuenta el daño real sufrido” por el trabajador y “sus circunstancias individuales”.

Igualmente, señala que las indemnizaciones recogidas por la ley española actual, 33 días por año trabajado, y la decisión de que estas no sean revisadas por los tribunales civiles “contravienen el artículo 24b del Convenio Social Europeo”.

Esas indemnizaciones, “tanto por daños materiales como morales”, indica el organismo paneuropeo con sede en Estrasburgo (Francia), “deben ser disuasorias para el empleador con el objetivo de garantizar la protección de los trabajadores contra despidos improcedentes”. Además, señala que esa protección debe también incluir a “los trabajadores temporales contratados de forma irregular”.

Estrasburgo también considera que los tribunales deben poder imponer la readmisión de los trabajadores despedidos si lo consideran como la medida más idónea.

El Consejo de Europa reconoció, no obstante, que España adoptó recientemente un plan que incluye disposiciones relevantes en el Estatuto de los Trabajadores para establecer garantías contra el despido, dentro de lo que indica la Carta Social Europea. En concreto, se refuerza la obligación de justificar el despido y se elimina el despido automático de trabajadores que sufran incapacidades repentinas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el cese de Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde hace ocho años, y el nombramiento en su lugar de Ricardo Cuesta, hasta ahora subdirector general de Estadística e Información en el organismo Público.

En el Ministerio de Trabajo apuntan sobre el cese de Gutiérrez que estaba “al frente del organismo desde el 7 de julio de 2018”. “El relevo se produce en el marco de la normalidad institucional”, añaden.

Gutiérrez estaba en su puesto desde 2018, antes de la entrada de Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo, nombrado por la exministra socialista Magdalena Valerio.

Su sustitución, en lo que muchos consideran el final de la legislatura y sin que el Ministerio haya señalado ningún cambio de políticas o de prioridades en el organismo público, ha sorprendido en muchos ámbitos.

Gutiérrez ha seguido todos estos años al frente del organismo público, superando incluso muchos momentos complicados, como la avalancha de los ERTE por la pandemia, las críticas sindicales por la falta de personal y la enorme dificultad para conseguir citas por parte de los ciudadanos, que ha llevado incluso a que proliferen negocios ilegales de venta de turnos.

Cuesta, nuevo director del SEPE

Por su parte, Ricardo Cuesta desempeñaba hasta ahora el cargo de subdirector general de Estadística e Información del SEPE, donde ejercía funciones de coordinación del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (Sispe), evaluación y estadística del Sistema Nacional de Empleo, impulso del Observatorio de las Ocupaciones y coordinación con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.

Funcionario de carrera, inició su trayectoria en 1994 en el ámbito de las políticas públicas de empleo, relaciones laborales, gestión pública, desarrollo local y asesoramiento jurídico en dichas materias.

Desde marzo del año 2020, ocupó el puesto de director provincial del SEPE en Madrid y previamente trabajó como técnico en el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (1998-2019), donde ha desempeñado la mayoría de su carrera, y en el ayuntamiento de Madrid (1994-1997).

Durante una década ha impartido la docencia en la Universidad Carlos III de Madrid en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y ha participado como formador de empleados públicos en políticas de empleo y formación durante más de 20 años.

En una semana en la que los termómetros escalan hacia los 40 grados en varios puntos del país, la Inspección de Trabajo lanza su ya habitual campaña estival para proteger a los trabajadores del calor extremo en su puesto laboral. Yolanda Díaz ha anunciado que esta semana se enviarán más de 110.000 avisos a empresas de los sectores más expuestos, como la agricultura y la construcción.

“No es un requerimiento contra nadie, al contrario, es a favor de todo el mundo para que conozcan la normativa a aplicar”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo durante su intervención en el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica celebrado en Barcelona.

En concreto, la Inspección enviará 113.916 avisos para informar a los empleadores de la obligación de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a las elevadas temperaturas.

1,6 millones de euros en multas el pasado verano

La vicepresidenta segunda ha detallado que el verano pasado, entre junio y septiembre de 2025, la Inspección de Trabajo realizó más de 10.000 actuaciones en esta materia, con la detección de casi 300 infracciones (291), que supusieron multas de alrededor de 1,6 millones de euros para las empresas.

También “92 requerimientos a las Administraciones Públicas”, ha afirmado Yolanda Díaz, que ha recordado que la Inspección también actúa para proteger a los empleados del calor cuando el empleador es público.

En los casos de temperaturas extremas, con alertas de la AEMET u otras agencias regionales, la legislación prevé la posibilidad de adaptar el trabajo o la jornada, e incluso suspender la actividad para proteger la salud de las plantillas.

Además, el Gobierno aprobó en 2024 los llamados “permisos climáticos”, con hasta cuatro días de permiso retribuido para las situaciones “de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso”. Aunque, si la naturaleza de la actividad es compatible con el trabajo a distancia, las empresas pueden acogerse a esta opción.

Evitar muertes y accidentes evitables

“Trabajar no puede costar la salud ni la vida”, ha insistido este lunes Yolanda Díaz. El verano pasado, trascendieron varias muertes de trabajadores por presuntos golpes de calor en su puesto laboral, como Ovidiu Vranciu, temporero de 61 años que murió este lunes durante su jornada en plena ola de calor en una explotación agrícola de Alcarràs (Lleida).

A veces los siniestros no se vinculan con el calor, pero son el origen de una caída o la pérdida de capacidad o concentración que da lugar a un accidente. Así, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) alerta además de que las altas temperaturas aumentan los accidentes laborales un 17,4% durante las olas de calor.

Según los especialistas en salud laboral, la planificación en los días de calor extremo son fundamentales para evitar los siniestros, con medidas preventivas como adaptar los horarios para evitar los picos de calor, aumentar los descansos, habilitar las zonas de sombra, aumentar la hidratación y modificar los uniformes, entre otras.