Los taxis de Logroño tendrán varias novedades en las próximas semanas. Al aumento de taxis durante las noches, una reclamación solicitada desde hace años por la ciudadanía y asegura a través de una instrucción del Ayuntamiento de Logroño, se suman el cambio en la parada del Paseo del Espolón y la subida de las tarifas, según las peticiones del colectivo de taxistas.

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, junto con el presidente de la Asociación de Taxistas de Logroño, Ángel Ortigosa, ha presentado esta mañana las diversas novedades. “La mejora de la movilidad en la ciudad es clave para este ejecutivo y con estas medidas se logra este primer objetivo a la par que se apoya al colectivo del taxi”, ha asegurado el concejal.

Sobre los servicios mínimos durante la noche, que entrará en vigor el 1 de abril, Ángel Andrés ha informado de que “se ha establecido una franja horaria de especial control para la prestación de este servicio, entre las 23:00 y las 7:00 horas durante todos los días de la semana, que deberá cubrirse con un mínimo de cinco taxis de domingo a jueves, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos será obligatorio que haya un mínimo de 10 vehículos a disposición de los ciudadanos”.

El Ayuntamiento deja a las asociaciones del sector la libertad de organizarse y articular la mejor manera para garantizar el cumplimiento de la resolución. No obstante, de manera trimestral, dichas asociaciones presentarán a las autoridades una relación detallada de las licencias que han cubierto esos servicios mínimos.

Además, se ha modificado la parada de taxi de la Plaza del Espolón de la calle Muro de Francisco de la Mata a la calle Miguel Villanueva. “Esto responde a la solicitud por parte de los taxistas de buscar un emplazamiento con mejor salida a todas las direcciones de la ciudad, además de ser un enclave con más sombra y mejor accesibilidad a la acera para los usuarios”, ha dicho el concejal.

También ha apuntado que el Ayuntamiento ha escuchado la solicitud de revisión tarifaria. “Teniendo en cuenta que nuestra ciudad es una de las más baratas de España y que no se modificaban desde 2022, la Junta de Gobierno ha aprobado una revisión tarifaria que busca acercarse al incremento que ha sufrido el IPC en estos años, sin llegar a equipararlo”. Esta subida correspondería al 11,7% mientras que, según ha apuntado, “el IPC ha subido en estos cuatro años más de un 15%”. “Las nuevas tarifas, se han consensuado con el sector y se han trasladado a la Comisión Regional de Precios del Gobierno de la Rioja proponiendo su aprobación que, de confirmarse, sería en las próximas semanas”. El edil municipal ha destacado que “esto permitirá que el sector del taxi sea más atractivo, y suponga un reclamo para las nuevas licencias que se licitarán en un futuro para su concurrencia”.

Actualmente, la ciudad cuenta con 101 licencias de taxis en activo, que dan trabajo también a 6 taxistas asalariados. De estos vehículos, 15 de ellos están adaptados para personas con movilidad reducida. Logroño cuenta con ocho paradas repartidas por toda la ciudad, incluida la nueva parada de El Espolón, en la calle Miguel Villanueva.

Uber ha puesto en marcha este martes ‘Mujeres Conductoras’ en España, un nuevo servicio que permite a las mujeres usuarias solicitar viajes exclusivamente con conductoras y, a la inversa, que las conductoras puedan priorizar pasajeras. La funcionalidad está disponible desde hoy en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Mallorca, y mantiene el mismo precio que UberX, el producto estándar de la compañía.

El lanzamiento coincide en el tiempo con una nueva sacudida judicial a Uber en Estados Unidos. La semana pasada, un jurado federal de Phoenix condenó a la empresa a pagar 8,5 millones de dólares a Jaylynn Dean, una usuaria que denunció haber sido violada por un conductor de la plataforma en 2023, según informó The New York Times. El fallo, considerado un caso piloto, abre la puerta a miles de demandas similares pendientes en el país por presuntos fallos sistémicos en las políticas de seguridad de la compañía.

Desde Uber niegan a ElDiario.es cualquier relación entre ambos hechos. La empresa asegura que el lanzamiento de Mujeres Conductoras no responde a la detección de denuncias ni a un aumento de agresiones contra mujeres en España. “No hemos detectado casos graves en el mercado español”, sostienen fuentes de la compañía, que enmarcan la iniciativa como una respuesta a una demanda recurrente de usuarias y conductoras.

Mujeres conductoras: en crecimiento, pero aún minoría

Según los datos facilitados por Uber, las mujeres representan actualmente el 8% del total de personas que conducen a través de la plataforma en España, una cifra que triplica la media de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África en español, según sus siglas en inglés), situada por debajo del 3%. La mitad de estas conductoras se concentra en Madrid, seguida de ciudades como Sevilla y Valencia. En el último año, el número de mujeres conductoras ha crecido un 40%, y en los últimos cinco años se ha duplicado de forma sostenida.

La directora general de Uber en España, Lola Vilas, defendió durante la presentación que las mujeres “valoran especialmente la posibilidad de elegir con quién viajan y a quién llevan”, una preferencia que, según la empresa, ha sido clave en el diseño del nuevo servicio. Las conductoras podrán activar o desactivar la opción de viajar solo con pasajeras según la zona, el horario o el tipo de trayecto, mientras que las usuarias podrán seleccionar esta modalidad al solicitar un viaje.

“No hemos detectado casos graves en España”

Durante el acto, varias conductoras subrayaron que la medida puede mejorar su sensación de seguridad, especialmente en turnos nocturnos y fines de semana. “Cuando conduzco de noche prefiero recoger a mujeres, me siento más segura”, explicó una de ellas. Otras destacaron que la opción les permite adaptar su trabajo a contextos concretos, como determinadas zonas o franjas horarias.

Aunque Uber insiste en que no existe una relación de causa y efecto con el caso estadounidense, el lanzamiento se produce en un momento de creciente escrutinio sobre la seguridad de las plataformas de transporte. En el fallo recogido por The New York Times, el jurado rechazó el argumento de Uber de que no es responsable de la conducta de sus conductores por considerarlos autónomos, una tesis que podría marcar el rumbo de miles de litigios similares en Estados Unidos.

En España, la compañía mantiene que no ha identificado incidentes graves comparables, pero reconoce que el reto pasa por atraer a más mujeres a un sector altamente masculinizado y por ofrecer herramientas que mejoren su experiencia en la plataforma, tanto como pasajeras como al volante.

Vehículos autónomos para 2026

Además del anuncio del nuevo servicio, la compañía aprovechó el acto para adelantar la llegada de vehículos autónomos a España en 2026, aunque sin concretar aún su despliegue. La compañía aseguró que los usuarios podrán seleccionar este tipo de vehículo a través de la aplicación cuando el servicio esté disponible, pero evitó detallar cómo será la operativa, en qué condiciones circularán o qué socios tecnológicos participarán, remitiéndose a un trabajo previo con las administraciones públicas y a futuras comunicaciones.

Junto a este anuncio, Uber puso el acento en su crecimiento en el país, destacando la expansión geográfica de la plataforma —de siete ciudades en 2022 a 18 en la actualidad, además de Andorra— y la ampliación de su cartera de servicios, desde vehículos eléctricos hasta transporte adaptado o la integración del taxi. Sin embargo, la empresa volvió a esquivar la presentación de datos financieros en España y no ofreció cifras sobre ingresos, facturación o rentabilidad, limitándose a subrayar el aumento del uso de la plataforma y del número de conductores activos.

Los taxistas vascos se movilizarán el próximo 4 de febrero contra los “abusos” de las plataformas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) como Uber o Cabify, para las que reclaman a las instituciones inspecciones como las que pasan en el sector del taxi. En declaraciones a Europa Press, el delegado de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) para el sector del Taxi, Miquel González, ha explicado que su organización ha celebrado este miércoles una reunión abierta al sector para ver qué iniciativas se podían poner en marcha para conseguir el objetivo de que haya inspecciones “cotidianas, diarias”, por parte institucional contra los “abusos de las plataformas de los VTCs”.

En ella, han acordado que desde UPTA van a participar de la convocatoria de movilización que ha hecho la Federación Vasca del Taxi para el día 4 de febrero, a falta de concretar cómo se materializará, para que sea “lo más masiva y representativa posible”.

El objetivo de la movilización es que las instituciones vascas lleven a cabo inspecciones diarias a los VTC, con el fin de que se pongan todos los medios para regular un sector que “está generando un importante deterioro del servicio”. “Si las instituciones no se ponen serias y cortan esta sangría, caminaremos hacia un cierre total del servicio del taxi, ya veremos cómo, cuándo y de qué manera, pero ese es el objetivo”, ha advertido.

Tras denunciar que en Bizkaia hay un “goteo constante” de nuevas licencias de VTC, autorizadas por la Diputación foral, a diferencia de Gipuzkoa, donde no se dan nuevas licencias, o en Álava, donde se encuentran “bastante más resistencia institucional”, González ha lamentado los efectos dañinos de estas plataformas para los 2.100 taxistas que ejercen en Euskadi.

El sector del taxi d'Eivissa dorm amb un ull obert davant el possible escenari al que es podria enfrontar després d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) que obliga al Govern balear a reexaminar 600 autoritzacions sol·licitades per l'empresa Moove Cars Balears S.L.O i que van ser denegades quan es van tramitar l'any 2023. La Sala contenciosa administrativa ha estimat parcialment un recurs presentat per la mercantil contra el Govern i diverses federacions de taxi de l'arxipèlag i ha acordat la retroacció del procediment perquè la institució doni una nova resposta a les autoritzacions VTC sol·licitades.

La resolució judicial, a la que ha pogut accedir elDiario.es, qüestiona un dels principals instruments amb els quals Balears havia tractat de contenir l'expansió d'empreses com Uber, Bolt o Cabify: el Govern havia argumentat que les sol·licituds no complien amb la ràtio establerta pel Decret 43/2014 de 3 d'octubre entre taxis (VT) i VTC. A l'illa de Mallorca, la proporció ha de ser de 12,6 taxis per cada VTC (i no es compleix perquè hi ha 1.949 taxis i 350 VTC). Mentre que a Eivissa hi ha 61 taxis per cada Uber (existeixen 980 llicències de VT enfront de les 16 de VTC), quan la proporció que estipula el decret és de tan sols 6,74. Per tant, no sols es compleix la ràtio, sinó que hi hauria marge per a aprovar almenys 125 llicències d'Uber més.

La fallada no implica la concessió automàtica d'aquestes llicències, però sí que suposa un revés per a l'estratègia autonòmica per a contenir l’allau d'aquestes empreses a la comunitat. L'Administració va aplicar la ràtio automàtica justificant la insularitat del territori i la seva estacionalitat en el sector turístic. Així com la necessitat d'establir un sistema d'equilibri entre les dues modalitats de transport públic en vehicles de turisme: el transport públic discrecional i de lloguer amb conductor. No obstant això, el TSJIB conclou -en línia amb el raonament del Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea- que no queden demostrades raons d'interès general, com l'impacte ambiental o la congestió real de trànsit.

En total, s'han fet 10.000 sol·licituds en tot l'arxipèlag; 6.500 d'elles només a l'illa d'Eivissa. Encara que ara mateix hi ha sobre la taula 600 sol·licituds, la sentència afecta a totes les sol·licitades a partir de juliol de 2023. La mera possibilitat que es revisi sol·licitud per sol·licitud ha despertat un nerviosisme entre federacions i associacions de taxi no sols de les Pitiüses, sinó de Balears en general, que veuen perillar la seva posició en el negoci de transport de viatgers per carretera.

Al voltant de mil llicències de taxi

Les gairebé mil llicències actives a l'illa d'Eivissa suposen una xifra que, d'aprovar-se la major part d'autoritzacions sol·licitades per VTC, seria gairebé ínfima. “La veritat és que estem espantats”, confessa Toni Roig, president de la Federació Insular del Taxi d'Eivissa (FITIE). Per municipis, la ciutat d'Eivissa -la capital- és la que té el major nombre de llicències, amb 328 en total; 174 estacionals i 154 fixes. La segueix el terme municipal de Sant Josep, el que més quilòmetres de platja suma de l'illa: 180 taxistes només per a la temporada turística i altres 106 que operen de gener a desembre. Sant Antoni, un altre dels punts calents per al sector turístic, té 108 llicències estacionals (de les quals vuit són vehicles adaptats, Eurotaxis) i 89 fixos, el que suma un total de 197.

En la zona est, a Santa Eulària, l'àrea de comunicació de l’Ajuntament ha explicat a elDiario.es que hi ha actualment 141 taxistes amb llicència; 63 que funcionen durant tot l'any i 78 només per als mesos de temporada. Sant Joan és el que compta amb menor nombre de taxis, amb 28 llicències vigents.

Lolo Ruiz, portaveu de l’associació Élite Corsaris Eivissa, trasllada que una de les principals injustícies resideix en què el taxi està molt regulat, fins i tot per a fer canvis en el seu propi sector, mentre que els VTC no estan subjectes de moment a cap requisit. És la mateixa situació que es repeteix en altres plans del mercat turístic insular, com els hotels amb les viles o Airbnb, als qui acusen de rebentar l'oferta amb una proposta més lliure al no estar subjecta a cap regulació. Això desestabilitza el tauler i afecta, en el cas del taxi, a empreses familiars que són les històricament tenen les llicències -amb preus, actualment, estratosfèrics-.

Roig va estar present durant la reunió mantinguda en el Consolat de la Mar, la seu del Govern, amb la presidenta Marga Prohens a principis de gener, on els taxistes de Balears van manifestar la seva “profunda preocupació” per la nova situació per als VTC. La mateixa que ha transmès en ser preguntat per elDiario.es el també vicepresident de la Federació Independent del Taxi de les illes Balears (FITIB), que inclou a la FITIE. El sol fet d'haver d'acatar la sentència ja porta de bòlid als taxistes, que dormien tranquils sabent que havien denegat les sol·licituds. Ara temen noves resolucions judicials que confirmin errors en els passos seguits per l'administració i que el resultat sigui una porta oberta per a Uber per a operar al territori insular.

Concorde a les mesures de decreixement

“El nombre -de llicències sol·licitades- és prou exagerat per a inquietar-se”, assenyala Roig. D'altra banda, el president de la Fitie sospita que la majoria d'aquestes empreses vol aterrar en les carreteres de Balears “només per a especular” i adverteix que ha arribat l'hora de replantejar-se l'economia que es vol per a les illes, on també s'està intentant fixar un sostre de vehicles. Eivissa ha implantat per primera vegada el límit aquest estiu -imitant el model de Formentera.eco- i Mallorca ja estudia la mateixa mesura. En aquest sentit, des de la federació esperen que l'esperit de la nova norma que estudia el Govern vagi concorde a la resta de mesures de decreixement que es valoren a l'illa per a reduir la densitat de trànsit i la cura del medi ambient.

Els taxistes són conscients que la resolució és inamovible i estan a l'espera ara que es tramiti “el que s'hagi de tramitar”. Mentrestant, demanen a les administracions que treballin per a reforçar els arguments jurídics que els permetin defensar a la petita i mitjana empresa. El nou escenari, afegeixen, tampoc és atractiu per als vehicles de transport amb conductor tradicionals.

La Presidència del Govern ha comunicat que els serveis jurídics estan treballant per a posar límit a les llicències de VTC a través d'un Reglament que s'apliqui quan acabi la moratòria, al febrer d'enguany. La institució ja va impulsar, a principis de 2024, una modificació legal aprovada pel Parlament que va suposar la suspensió de la tramitació de noves llicències, tant de taxi com de VTC. La paralització continua vigent a l'espera de l'aprovació definitiva del decret que ha de regular tots dos sectors, un text que, segons l'Executiu, es troba en una fase molt avançada de tramitació i que ha estat validat pel Consell Balear de Transport Terrestre.

Els serveis jurídics del Govern estan treballant per a posar límit a les llicències de VTC a través d'un Reglament que s'apliqui quan acabi la moratòria, al febrer d'enguany

Una vegada aprovat el decret, hauran de reprendre's els expedients que van quedar suspesos durant la moratòria, sempre sota el nou marc regulador, que segons el Govern permetrà evitar un creixement descontrolat i ajustar el nombre d'autoritzacions a les “necessitats reals” del territori. El que sembla indicar que l'augment d'Uber i altres VTC a Eivissa serà inevitable.

Diverses infraccions d'Uber

Un portaveu de la conselleria de Movilitat ha recalcat a elDiario.es que Balears, per la seva condició de territori insular, limitat i especialment protegit, no podrà absorbir “una allau” de noves autoritzacions sense comprometre l'equilibri del sistema de mobilitat. El temor entre taxistes no sols procedeix d'aquest fet, sinó també dels nombrosos incompliments d'aquestes empreses una vegada en les carreteres: des d'una furgoneta discoteca amb dj per a anar fins a Amnèsia fins a l'ús de parades només habilitades per a taxis.

En el cas del furgó, la Direcció General de Trànsit (DGT) va confirmar que no complia els requisits de circulació i la Policia li va posar dues multes. Encara així, ha continuat funcionant. També s'han donat, des que Uber va desembarcar a l'illa a la fi de 2023, nombroses infraccions greus al volant per part dels seus conductors, entre elles, circular sota els efectes de substàncies estupefaents, segons diversos casos publicats per Diario de Ibiza. Uber no ha respost a la petició d'informació d'elDiario.es en el moment de publicació d'aquesta notícia.

“Una vegada que es concedeixin les llicències, qui és, al carrer, que s'encarregarà de vigilar que es compleixi amb la normativa i es facin les coses bé?”, es pregunta Roig. Enmig d'aquest “malson” que posa al seu negoci en risc els taxistes subratllen que el 70% de les sol·licituds de tot Balears recauen a Eivissa: “Pot haver-hi un impacte absolut en el sector eivissenc del taxi”.

El sector del taxi de Eivissa duerme con un ojo abierto ante el posible escenario al que se podría enfrentar después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) que obliga al Govern balear a reexaminar 600 autorizaciones solicitadas por la empresa Moove Cars Balears S.L.U y que fueron denegadas cuando se tramitaron en el año 2023. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente un recurso presentado por la mercantil contra el Govern y varias federaciones de taxi del archipiélago y ha acordado la retroacción del procedimiento para que la institución dé una nueva respuesta a las autorizaciones VTC solicitadas. 

La resolución judicial, a la que ha accedido elDiario.es, cuestiona uno de los principales instrumentos con los que Balears había tratado de contener la expansión de empresas como Uber, Bolt o Cabify: el Govern había argumentado que las solicitudes no cumplían con la ratio establecida por el Decreto 43/2014 de 3 de octubre entre taxis (VT) y VTC. En la isla de Mallorca, la proporción tiene que ser de 12,6 taxis por cada VTC (y no se cumple porque hay 1.949 taxis y 350 VTC). Mientras que en Eivissa hay 61 taxis por cada Uber (existen 980 licencias de VT frente a 16 de VTC), cuando la proporción que estipula el decreto es de tan solo 6,74. Por lo tanto, no solo se cumple la ratio, sino que habría margen para aprobar por lo menos 125 licencias más de Uber.

El fallo no implica la concesión automática de estas licencias, pero sí supone un revés para la estrategia autonómica para contener una avalancha de estas empresas en la comunidad. La Administración aplicó la ratio automática justificando la insularidad del territorio y su estacionalidad en el sector turístico. Así como la necesidad de establecer un sistema de equilibrio entre las dos modalidades de transporte público en vehículos de turismo: el transporte público discrecional y de alquiler con conductor. Sin embargo, el TSJIB concluye -en línea con el razonamiento del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- que no quedan demostradas razones de interés general, como el impacto ambiental o la congestión real de tráfico.

En total, se han hecho 10.000 solicitudes en todo el archipiélago; 6.500 de ellas solo en la isla de Eivissa. Aunque ahora mismo hay sobre la mesa 600 solicitudes, la sentencia afecta a todas las solicitadas a partir de julio de 2023. La mera posibilidad de que se revise solicitud por solicitud ha despertado un nerviosismo entre federaciones y asociaciones de taxi no solo de las Pitiüses, sino de Balears en general, que ven peligrar su posición en el negocio de transporte de viajeros por carretera.

Alrededor de mil licencias de taxi

Las casi mil licencias activas en la isla de Eivissa suponen una cifra que, de aprobarse la mayor parte de autorizaciones solicitadas por VTC, sería casi ínfima. “La verdad es que estamos asustados”, confiesa Toni Roig, presidente de la Federación Insular del Taxi de Eivissa (FITIE). Por municipios, la ciudad de Eivissa -la capital- es la que tiene el mayor número de licencias, con 328 en total; 174 estacionales y 154 fijas. Le sigue el término municipal de Sant Josep, el que más kilómetros de playa suma de la isla: 180 taxistas solo para la temporada turística y otros 106 que operan de enero a diciembre. Sant Antoni, otro de los puntos calientes para el sector turístico, tiene 108 licencias estacionales (de las cuales ocho son vehículos adaptados, Eurotaxis) y 89 fijos, lo que suma un total de 197. 

En la zona este, en Santa Eulària, el área de comunicación del Ayuntamiento ha explicado a elDiario.es que hay actualmente 141 taxistas con licencia; 63 que funcionan durante todo el año y 78 solo para los meses de temporada. Sant Joan es el que cuenta con menor número de taxis, con 28 licencias vigentes.

Lolo Ruiz, portavoz de la asociación Élite Corsaris Ibiza, traslada que una de las principales injusticias reside en que el taxi está muy regulado, incluso para hacer cambios en su propio sector, mientras que los VTC no están sujetos de momento a ningún requisito. Es la misma situación que se repite en otros planos del mercado turístico insular, como los hoteles con las villas o Airbnb, a quienes acusan de reventar la oferta con una propuesta más libre al no estar sujeta a ninguna regulación. Esto desestabiliza el tablero y afecta, en el caso del taxi, a empresas familiares que son las históricamente tienen las licencias -con precios, actualmente, estratosféricos-. 

Roig estuvo presente durante la reunión mantenida en el Consolat del Mar, la sede del Govern, con la presidenta Marga Prohens a principios de enero, en la que los taxistas de Balears manifestaron su “profunda preocupación” por la nueva situación para los VTC. La misma que ha transmitido al ser preguntado por elDiario.es el también vicepresidente de la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares (FITIB), que incluye a la FITIE. El solo hecho de tener que acatar la sentencia ya trae de bólido a los taxistas, quienes dormían tranquilos sabiendo que habían denegado las solicitudes. Ahora temen nuevas resoluciones judiciales que confirmen fallos en los pasos seguidos por la administración y que el resultado sea una puerta abierta para Uber para operar en territorio insular.

Acorde a las medidas de decrecimiento

“El número -de licencias solicitadas- es lo suficientemente exagerado para inquietarse”, señala Roig. Por otro lado, el presidente de la Fitie sospecha que la mayoría de estas empresas quiere aterrizar en las carreteras de Balears “solo para especular” y advierte de que ha llegado la hora de replantearse la economía que se quiere para las islas, donde también se está intentando fijar un techo de vehículos. Eivissa ha implantado por primera vez este límite este verano -imitando el modelo de Formentera.eco- y Mallorca ya estudia la misma medida. En ese sentido, desde la federación esperan que el espíritu de la nueva norma que estudia el Govern vaya acorde al resto de medidas de decrecimiento que se valoran en la isla para reducir la densidad de tráfico y el cuidado del medio ambiente.

Los taxistas son conscientes de que la resolución es inamovible y están a la espera ahora de que se tramite “lo que se tenga que tramitar”. Mientras tanto, piden a las administraciones que trabajen para reforzar los argumentos jurídicos que les permitan defender a la pequeña y mediana empresa. El nuevo escenario, añaden, tampoco es atractivo para los vehículos de transporte con conductor tradicionales.

La Presidència del Govern ha comunicado que los servicios jurídicos están trabajando para poner coto a las licencias de VTC a través de un Reglamento que se aplique cuando termine la moratoria, en febrero de este año. La institución ya impulsó, a principios de 2024, una modificación legal aprobada por el Parlament que supuso la suspensión de la tramitación de nuevas licencias, tanto de taxi como de VTC. La paralización sigue vigente a la espera de la aprobación definitiva del decreto que debe regular ambos sectores, un texto que, según el Ejecutivo, se encuentra en una fase muy avanzada de tramitación y que ha sido validado por el Consell Balear de Transport Terrestre. 

Los servicios jurídicos del Govern están trabajando para poner coto a las licencias de VTC a través de un Reglamento que se aplique cuando termine la moratoria, en febrero de este año

Una vez aprobado el decreto, deberán retomarse los expedientes que quedaron suspendidos durante la moratoria, siempre bajo el nuevo marco regulador, que según el Govern permitirá evitar un crecimiento descontrolado y ajustar el número de autorizaciones a las “necesidades reales” del territorio. Lo que parece indicar que el aumento de Uber y otros VTC en Eivissa será inevitable.

Varias infracciones de Uber

Un portavoz de la conselleria de Movilitat ha recalcado a elDiario.es que Balears, por su condición de territorio insular, limitado y especialmente protegido, no podrá absorber “una avalancha” de nuevas autorizaciones sin comprometer el equilibrio del sistema de movilidad. El temor entre taxistas no solo procede de este hecho, sino también de los numerosos incumplimientos de estas empresas una vez en las carreteras: desde una furgoneta discoteca con dj para ir hasta Amnesia hasta el uso de paradas solo habilitadas para taxis.

En el caso del furgón, la Dirección General de Tráfico (DGT) confirmó que no cumplía los requisitos de circulación y la Policía le puso dos multas. Aun así, ha seguido funcionando. También se han dado, desde que Uber desembarcó en la isla a finales de 2023, numerosas infracciones graves al volante por parte de sus conductores, entre ellas, circular bajo los efectos de sustancias estupefacientes, según varios casos publicados por Diario de Ibiza. Uber no ha respondido a la petición de información de elDiario.es en el momento de publicación de esta noticia.

“Una vez que se concedan las licencias, ¿quién es, en la calle, que se encargará de vigilar que se cumpla con la normativa y se hagan las cosas bien?”, se pregunta Roig. En medio de esta “pesadilla” que pone a su negocio en riesgo los taxistas subrayan que el 70% de las solicitudes de todo Balears recaen en Eivissa: “Puede haber un impacto absoluto en el sector ibicenco del taxi”.

Diversos taxistas cortan este martes los tres carriles centrales de la Gran Vía de Barcelona para denunciar “el expolio” de Uber y otras empresas de VTC. El corte comienza en el cruce con la calle Bailén, junto a la plaza Tetuán, y permite que los coches circulen por los carriles laterales.

En la protesta participan taxis llegados de varios municipios y que este martes tienen intención de llevar a cabo una “movilización histórica”. Élite Taxi ha convocado una suspensión del servicio en toda Catalunya desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La protesta no cuenta con el apoyo de todo el sector, ya que no se han adherido el Sindicato del Taxi de Cataluña (STAC), la Agrupación Taxi Companys (ATC) y PakTaxi.

Uber ofrece pagar el seguro a los conductores

Coincidiendo con la huelga, Uber ha anunciado este martes que que pagará 1.500 euros para financiar el seguro de cada taxista que se incorpore a la plataforma hasta el 31 de marzo. La empresa ha explicado que, para acceder a la medida los conductores deberán ser titulares de una licencia de taxi y realizar al menos 250 viajes con la plataforma durante los primeros 60 días desde su incorporación.

Según Uber, en Barcelona hay unos 2.000 taxistas que trabajan con la plataforma y que “generan el doble de ingresos que quienes trabajan solo a mano alzada o con emisora, llegando a superar los 10.000 euros de facturación mensual”.

El nuevo anuncio de Uber para intentar captar taxistas se suma a los que ha hecho en los últimos meses, como los 300 euros por cada taxista que recomiende la plataforma a un compañero, o los 300 euros por incorporar publicidad en los vehículos. Según Uber, una cincuentena de taxistas han aceptado esta última opción e incorporarán publicidad de la plataforma en las próximas semanas.

La semana pasada, Uber denunció a Élite Taxi, así como a su portavoz, Tito Álvarez, ante la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) por “intento de boicot” ante el paro general de taxistas de este martes.

En un comunicado, la multinacional criticó que Élite Taxi prohíbe a sus asociados prestar servicios a las plataformas de Uber. A su juicio, estas conductas constituyen una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). La Acco ha confirmado a la ACN que ha recibido un escrito de la multinacional que “analizarán”.

Basan gran parte de sus ingresos en el transporte escolar, pero llevan a cabo muchos otros servicios en el Aragón despoblado: desde ancianos “de la mano” hasta la consulta del médico hasta jóvenes en verano de vuelta a casa por la noche. “Ayer me llamaron de una asociación por un caso de violencia de género: me pidieron que llevara a una mujer al Juzgado. Si no lo hago yo, este servicio no lo prestaría nadie más”, cuenta Luis Blasco, de Montalbán (Teruel). Ahora, su empleo como taxista rural, al igual que el de decenas más repartidos por todo el territorio aragonés, está en riesgo por un cambio contractual: los nuevos pliegos del transporte de escolares que impulsa el Ejecutivo de Jorge Azcón les dejan fuera, al primar a las grandes empresas.

“Están matando el territorio, se lo están cargando”, lamenta Antonio Pascual, presidente de la Asociación Gremial de Autotaxis de la provincia de Huesca. Pascual, que conduce su vehículo por las carreteras de la Ribagorza, pone el acento en la labor “social” que desempeñan, en algunos casos casi por vocación, y que ahora no podrán seguir realizando: “Llevamos a personas mayores al hospital, incluso de la mano al médico. Les compramos en la farmacia, en el supermercado, les llevamos el carro de la compra hasta la cocina de casa. ¿Harán eso las grandes empresas?”, se pregunta. Él mismo se responde: “No, harán el transporte escolar y se irán a su casa”. “¿Cuántos accidentes lees en verano de jóvenes por la noche de vuelta de las fiestas en los pueblos? Ni uno. Llevamos cinco años haciendo este servicio y no ha habido ni un herido. Pero cuando los taxistas rurales dejemos nuestro trabajo, veremos lo que sucede”, advierte.

Hasta ahora, el servicio del transporte escolar en Aragón se venía realizando con rutas individuales, en función de las necesidades de cada zona. Esto ha permitido que participaran profesionales autónomos y pequeñas empresas locales, implantados en las zonas rurales, lo que no solo garantizaba la cobertura de las rutas, sino que fomentaba el tejido económico comarcal y permitía que los taxistas prestaran otros servicios, como los sanitarios. Pero los nuevos pliegos divide en lotes el servicio, lo que hace imposible para ellos concursar, mientras que favorece a grandes concesionarios. Además, se limita a un mínimo de nueve las plazas de los vehículos y se permite la subcontratación en hasta un 40%. Un caldo de cultivo para las grandes concesionarias.

Sandra Salanova, por ejemplo, hace la ruta Espluga-Campo-Graus para escolares con necesidades especiales. “Llevo a dos niños hasta Graus, donde los recoge un autobús y los traslada hasta el colegio La Alegría de Monzón”, explica. En total, casi dos horas de trayecto. “Con el cambio van a acabar perjudicando al usuario porque aumentará el tiempo de traslado. Y estamos hablando de niños”, recuerda.

Entre este viernes y este lunes –último día de plazo–, los taxistas rurales de las tres provincias presentarán ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) sendos recursos por los pliegos del transporte escolar en Zaragoza, Huesca y Teruel. Argumentan que vulneran la Ley de Contratos del Sector Público por varios factores; entre ellos, que no facilitan la participación de autónomos ni pymes y que no valoran “adecuadamente” la calidad del servicio o la vinculación territorial de las empresas. Además, reflejan que la propia “configuración de los lotes y los requisitos de solvencia económica y técnica no se ajustan a la realidad territorial y socioeconómica” de las provincias.

Rechazo a la subcontratación

La polémica estuvo presente en el último pleno de las Cortes de Aragón a través de una pregunta del PSOE a la consejera Hernández. La titular de Educación trasladó directamente a los representantes del taxi rural, presentes en la tribuna de invitados, que sus puestos no estaban “en peligro”. Sin embargo, generó dudas porque vinculó esta continuidad a la “subcontratación”, una opción que los profesionales rechazan porque perderían derechos e ingresos. “¿Cree que a una empresa grande le interesa ir a un pueblo pequeño cuando hay un taxi que hace esa ruta?”, preguntó Hernández a la diputada socialista María Rodrigo. Y a continuación se dirigió a los taxistas: “Ustedes lo seguirán haciendo”.

Hernández mencionó que hasta ahora el servicio se llegaba a prestar sin contrato, recurriendo “a la buena voluntad” de los taxistas. “Cuando tenemos problemas recurrimos a ellos, y seguirá siendo así”, formuló sin ambages.

Los socialistas han llevado a las Cortes una proposición no de ley (PNL) en la que critican que instan al Gobierno de Aragón a “suspender cautelarmente” la contratación en las tres provincias y a modificar los requisitos de forma que puedan participar los taxistas rurales., entre otras cuestiones. “Ustedes hablan de proyectos de despoblación y de fijar población, cuando luego sacan unos pliegos que merman la actividad de las empresas en el territorio”, criticó la diputada Rodrigo en el mencionado pleno.

Luis Blasco, que cubre las Cuencas Mineras, muestra su oposición a que les tengan que subcontratar grandes empresas: “No estamos por labor, las condiciones serán peores”, valora. Explica que un 70% de su facturación llega del transporte escolar, pero el otro 30% es igual de importante para el territorio. “El otro día llevé a una mujer de un pueblo de 100 habitantes que ese había puesto mala y más tarde hice un servicio de diálisis”, recuerda. Trayectos que se quedarían vacantes sin ellos. “Van a dejar abandonado al medio rural. Si nos quitan una fuente de ingresos tan importante, nos vemos a abocados a cerrar el negocio y las zonas rurales no tendrán taxis con que moverse”, incide.

Dos escolares de Calmarza a Jaraba

En Jaraba (Zaragoza) está José Javier Martín, que lleva diariamente a dos escolares de Calmarza a Jaraba. Comenzó con el taxi en 2009 y, aunque ve posible seguir sin transporte escolar –“porque vivo solo, si fuera un núcleo familiar, imposible”–, lamenta que sus ingresos se verían mermados sensiblemente. “Es muy injusto que nos excluyan”, lamenta. “Y no solo nos dejan fuera a nosotros, sino también a pequeñas compañías locales de autobuses que no van a poder concursar”. En su caso, también hace viajes para analíticas de sangre, traslados de urgencia al hospital o en verano con jóvenes: “Afortunadamente se suelen portar bien”, dice con una sonrisa.

Fuentes del Departamento de Educación, sin embargo, aseguran que el objetivo con los nuevos pliegos es “garantizar la prestación y la calidad de un servicio que es esencial en una comunidad como Aragón, con una dispersión poblacional y unos condicionantes complicados”. “Se ha querido sobre todo garantizar una solución estable y sostenible en el tiempo, que no impide en absoluto que los taxistas puedan seguir prestando el servicio, como han venido a haciendo en zonas rurales en los últimos cursos”, inciden. Y vuelven a insistir en la posibilidad de subcontrataciones, que están sometidas a unas “garantías muy claras”: “Ahí los taxistas van a continuar siendo necesarios”, justifican.

Pero los taxistas rurales no lo tienen tan claro. “Se llenan la boca con que hay que apoyar al medio rural y ahora nos deja en la estacada”, zanja Sandra Salanova.

El Gobierno de Castilla-La Mancha abordará junto con el sector un nuevo reglamento del taxi, así como impulsar una nueva regulación de los servicios de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la región. Estos últimos son servicios de transporte privado que operan bajo una reserva previa, donde habitualmente se gestionan a través de aplicaciones para uso en móvil. Se diferencian de los taxis en que no recogen pasajeros en la calle ni tampoco estacionan en paradas.

Así lo ha adelantado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que se ha reunido, junto con la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, y el delegado de Fomento en Toledo, Jorge Moreno, con la Federación del Taxi de Castilla-La Mancha.

En este contexto, Hernando ha avanzado que “en el nuevo reglamento del taxi, que esperamos que se pueda aprobar a finales de este año o como muy tarde a principios del 2026, vamos a permitir que todos los taxistas de la región puedan llevar a cabo precontratos”, es decir, ha explicado, “que si a día de hoy, un taxi solamente puede operar dentro de un mismo municipio, vamos a permitir el que los taxistas que tienen clientes habituales puedan fijar viajes precontratados más allá de la frontera municipal, ya que hasta ahora se limita el poder realizar esos servicios”.

Además, el consejero de Fomento ha destacado que “en el próximo mes de octubre, vamos a volver a sacar la convocatoria de ayudas con 100.000 euros para adaptar los taxis de la región a personas con movilidad reducida”.

Regulación del VTC y sanciones a Bolt

Asimismo, Nacho Hernando ha adelantado que se ha planteado de forma conjunta, “tanto el sector del taxi como nosotros, un último borrador que vamos a tramitar con la mayor urgencia posible y con la mayor transparencia y participación ciudadana y pública, como así nos exige la ley, para establecer una regulación de las VTC en Castilla-La Mancha”.

En este sentido, el responsable de Fomento ha explicado que algunos de los elementos más importantes de esa regulación de las VTC incluirán “que sea obligatorio que haya una precontratación, ya que no puede haber servicios de oportunidad, es decir, no pueden estar a la espera de coger a un pasajero o pasajera”.

Además, ha continuado Nacho Hernando, “será importante el que tampoco puedan deambular por la ciudad, y si no están haciendo un servicio, tendrán que volver a base o a un aparcamiento o garaje”.

Asimismo, ha detallado que “vamos a plantear la prohibición de geolocalización previa; a establecer cupos de limitaciones del número de VTC en puntos turísticos; habrá una serie de requisitos técnicos exigentes desde el punto de vista medioambiental y mecánico del vehículo; y vamos a aplicar la ratio 1/30, una VTC por cada 30 licencias de taxi, de una ratio que viene avalada por sentencias del Tribunal Supremo”. También, ha continuado, vamos “a exigir la máxima transparencia en precios y a plantear el que se cumpla con las ratios de coches adaptados para movilidad reducida”.

Precisamente, con respecto a las VTC y a los servicios de Bolt en la ciudad de Toledo, Hernando ha asegurado que “a día de hoy, hemos recibido diez denuncias por parte de la Policía local de Toledo”, y ha confirmado que “a partir de la semana que viene vamos a empezar a sancionar a aquellas empresas y titulares de licencias de VTC que han incumplido la ley”. En este sentido, ha instado al Ayuntamiento de Toledo a que “en la mayor brevedad posible nos haga llegar las 45 que dicen que tienen”.

El responsable de Fomento ha aclarado que “no hay vacío legal, sino que hay una ley en marcha y que prevé sanciones de hasta 4.000 euros si se salta esa ley” y ha explicado que “la Comunidad Autónoma, en estos momentos, solamente puede sancionar si la Policía local detecta que un vehículo VTC ha hecho un trayecto con origen y destino en un mismo municipio, pero si encontramos a VTC esperando en distintos puntos de la ciudad quienes sancionan, en ese caso, es el Ayuntamiento por incumplir una ordenanza municipal, de la misma manera que nadie puede aparcar su coche privado en un sitio que no esté habilitado para ello”, ha puntualizado.

El 77% dels taxis de Mallorca prestaran servei de manera conjunta en vuit municipis de l'illa, tots situats entre la badia de Palma i la Serra de Tramuntana, com a part de la implantació de la zona de prestació conjunta impulsada pel Govern balear.

El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, i la directora general de Mobilitat, Lorena de la Vall, s'han reunit aquest dimarts amb representants dels ajuntaments implicats per a coordinar aquesta nova fase del sistema de transport públic, emmarcat dins de la tarifa única.

Aquest dimecres començarà a aplicar-se el règim especial en quatre dels vuit municipis adherits: Palma, Calvià, Esporles i Valldemossa. Els altres quatre —Llucmajor, Deià, Puigpunyent i Bunyola— se sumaran progressivament una vegada obtinguin l'aprovació definitiva dels seus respectius plens municipals.

En la seva fase inicial, l'acord abastarà més de 1.450 llicències de taxi (un 73% del total a l'illa), destacant les 1.238 de Palma i les 214 de Calvià. Una vegada implementat en els vuit municipis, s'aconseguiran les 1.530 llicències, la qual cosa representa el 77% del total insular.

Servei durant tota la temporada i sense restriccions horàries

El nou règim permet que els taxis de qualsevol municipi adherit puguin recollir passatgers en un altre dels municipis integrants —sempre que no hi hagi taxis locals disponibles en la parada o hi hagi més demanda que oferta— i portar-los a qualsevol punt de l'illa.

Aquest sistema estarà actiu les 24 hores del dia, des d'aquest dimecres 30 de juliol fins al 30 de setembre de 2025, i tornarà a activar-se en 2026 entre l'1 de juny i el 30 de setembre. L'objectiu és reduir els trajectes en buit, millorar l'eficiència del servei i ampliar l'oferta a l'usuari.

A més, en zones concretes com el centre històric de Palma i punts de Calvià (Illetes, Magaluf o Peguera), els serveis també podran prestar-se a mà alçada. En el cas de Palma i Llucmajor, els taxistes podran coordinar-se mitjançant una aplicació informàtica compartida. Això sí, les llicències temporals no podran acollir-se a aquest règim.

El conseller Mateo ha destacat que l'objectiu del Govern és “facilitar que es presti el millor servei possible als usuaris i millorar la competitivitat del sector”. També ha valorat aquest acord com “un pas més” cap a la creació d'una zona de prestació conjunta en tota Mallorca, contemplada en la llei del taxi. En aquest sentit, ha avançat que un nou règim entre Artà, Sant Llorenç i Son Servera està “molt prop d'aprovar-se”, i es treballa en un altre que agruparia municipis del nord de l'illa.

Pujada de tarifes vinculada a l'acord

La posada en marxa del règim conjunt ve acompanyada de la implementació de la tarifa urbana única, aprovada a la fi de juny. Aquesta inclou una pujada de preus: 1,20 euros per quilòmetre, 2,50 euros de baixada de bandera i 4,65 euros de suplement per aeroport o port.

Des de la Conselleria s'ha remarcat que aquesta actualització permetrà “homogeneïtzar i actualitzar” preus, sobretot en municipis més petits on les tarifes estaven desfasades. “Gràcies a aquestes actualitzacions és possible parlar d'aquest règim especial de recollida”, ha subratllat Mateo.

Per part seva, el regidor de Mobilitat del Ajuntament de Palma, Toni Deudero, ha posat en valor el paper de Palma, el municipi que més llicències aporta, i ha assenyalat que el nou sistema neix de l'acord pilot iniciat l'estiu passat amb Calvià. “Amb aquest acord, el servei del taxi millorarà en benefici dels usuaris, del sector i de les administracions”, ha assegurat.

El 77% de los taxis de Mallorca prestarán servicio de forma conjunta en ocho municipios de la isla, todos situados entre la bahía de Palma y la Serra de Tramuntana, como parte de la implantación de la zona de prestación conjunta impulsada por el Govern balear.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, se han reunido este martes con representantes de los ayuntamientos implicados para coordinar esta nueva fase del sistema de transporte público, enmarcado dentro de la tarifa única.

Este miércoles comenzará a aplicarse el régimen especial en cuatro de los ocho municipios adheridos: Palma, Calvià, Esporles y Valldemossa. Los otros cuatro —Llucmajor, Deià, Puigpunyent y Bunyola— se sumarán progresivamente una vez obtengan la aprobación definitiva de sus respectivos plenos municipales.

En su fase inicial, el acuerdo abarcará más de 1.450 licencias de taxi (un 73% del total en la isla), destacando las 1.238 de Palma y las 214 de Calvià. Una vez implementado en los ocho municipios, se alcanzarán las 1.530 licencias, lo que representa el 77% del total insular.

Servicio durante toda la temporada y sin restricciones horarias

El nuevo régimen permite que los taxis de cualquier municipio adherido puedan recoger pasajeros en otro de los municipios integrantes —siempre que no haya taxis locales disponibles en la parada o haya más demanda que oferta— y llevarlos a cualquier punto de la isla.

Este sistema estará activo las 24 horas del día, desde este miércoles 30 de julio hasta el 30 de septiembre de 2025, y volverá a activarse en 2026 entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. El objetivo es reducir los trayectos en vacío, mejorar la eficiencia del servicio y ampliar la oferta al usuario.

Además, en zonas concretas como el centro histórico de Palma y puntos de Calvià (Illetes, Magaluf o Peguera), los servicios también podrán prestarse a mano alzada. En el caso de Palma y Llucmajor, los taxistas podrán coordinarse mediante una aplicación informática compartida. Eso sí, las licencias temporales no podrán acogerse a este régimen.

El conseller Mateo ha destacado que el objetivo del Govern es “facilitar que se preste el mejor servicio posible a los usuarios y mejorar la competitividad del sector”. También ha valorado este acuerdo como “un paso más” hacia la creación de una zona de prestación conjunta en toda Mallorca, contemplada en la ley del taxi. En este sentido, ha adelantado que un nuevo régimen entre Artà, Sant Llorenç y Son Servera está “muy cerca de aprobarse”, y se trabaja en otro que agruparía municipios del norte de la isla.

Subida de tarifas vinculada al acuerdo

La puesta en marcha del régimen conjunto viene acompañada de la implementación de la tarifa urbana única, aprobada a finales de junio. Esta incluye una subida de precios: 1,20 euros por kilómetro, 2,50 euros de bajada de bandera y 4,65 euros de suplemento por aeropuerto o puerto.

Desde la Conselleria se ha remarcado que esta actualización permitirá “homogeneizar y actualizar” precios, sobre todo en municipios más pequeños donde las tarifas estaban desfasadas. “Gracias a estas actualizaciones es posible hablar de este régimen especial de recogida”, ha subrayado Mateo.

Por su parte, el regidor de Movilidad del Ajuntament de Palma, Toni Deudero, ha puesto en valor el papel de Palma, el municipio que más licencias aporta, y ha señalado que el nuevo sistema nace del acuerdo piloto iniciado el verano pasado con Calvià. “Con este acuerdo, el servicio del taxi mejorará en beneficio de los usuarios, del sector y de las administraciones”, ha asegurado.

El caos per a accedir a l'aeroport d'Eivissa és palpable des de lluny. Fileres de taxistes, uns darrere d'uns altres, discorren gairebé en allau per la carretera reservada perquè el servei pugui descarregar i carregar turistes successivament. Com un ball en una temporada turística que ara mateix es troba al punt més àlgid. Al costat d'un dels taxis de Sant Antoni, identificat per la banda habitada del lateral, que acaba de canviar la llum de l'indicador d'ataronjada a verd en senyal de disponibilitat, avança silenciosa una furgoneta de color gris metal·litzada coberta per una fina capa de pols.

“Aquest, per exemple, ho és”, assenyala de seguida Ana, referint-se al fet que es tracta d'un taxista pirata. El conductor porta cobert el cap amb una gorra i avança de la manera que pot als vehicles de carrosseria blanca fins a aparcar en una zona pròxima. Simultàniament, un altre home amb actitud sospitosa s'endinsa a la terminal i parla amb un grup de turistes amb els quals tot seguit s'endinsa en un dels aparcaments coberts destinats a esperes més o menys llargues.

L'intrusisme en el sector del transport a Eivissa suposa una batalla gairebé perpètua, especialment en la terminal d'es Codolar, nucli de gent que entra i surt de l'illa i, per tant, font inesgotable de demanda. ‘Pirates’ és el malnom que ha rebut històricament tot aquell que opera fora del marc de la normativa vigent -responsabilitat del Govern-, la inspecció del qual, sanció i seguiment està en mans del Consell.

Aquesta última institució insular va celebrar dimecres passat la primera reunió del sector de Transport dins de la Mesa Insular de Lluita contra l'Intrusisme amb l'objectiu de coordinar accions entre les administracions, així com proposar noves mesures. La trobada va claudicar amb un considerable augment de les sancions que pretenen dissuadir aquestes activitats il·legals: fins a 15.000 euros de multa per a aquells que transportin passatgers des de l'aeroport o qualsevol altre punt de l'illa sense comptar amb llicència específica per a això. El control sobre el transport il·legal a Eivissa s'ha intensificat en els últims mesos, amb un total de 14 inspectors -entre instructors i auxiliars- desplegats en l'aeroport.

La normativa preveu fins a 15.000 euros de multa per a aquells que transportin passatgers des de l'aeroport o qualsevol altre punt de l'illa sense comptar amb llicència

L'operatiu es regeix per un protocol que estableix una cadena d'actuació enfront del transport il·legal: els inspectors treballen en rotació durant 14 hores els set dies de la setmana i tracten de detectar matrícules fraudulentes i identificar als infractors, que expulsa del recinte la seguretat privada. L'ofensiva es pot dur a terme gràcies a la injecció de vuit milions d'euros de l'Impost de Turisme Sostenible (‘ecotaxa’), quatre per al Consell i els altres quatre restants per als ajuntaments.

En cas de reincidència, la Guàrdia Civil pot intervenir i fins i tot obrir diligències penals. De fet, els ajuntaments de Sant Josep i Sant Antoni ja han aprovat en sengles plens municipals instar el Govern central a modificar el Codi Penal amb l'objectiu que es consideri delicte el transport de passatgers per terra sense el títol habilitant perquè la Policia Local pugui actuar en conseqüència.

És un dia de juliol i dos vigilants de l'empresa Trablisa controlen la situació en la zona pròxima a la cua de turistes que esperen ser traslladats des de la instal·lació aeroportuària. El reforç de vigilància és precisament el que ha dissuadit l'intrusisme en aquest punt calent, la porta d'entrada a l'illa, fins a un 75%, segons dades de la Policia Local de Sant Josep, municipi on es troba l'aeròdrom.

Amenaces i agressions

La fila per a disposar d'un taxi en ple estiu requereix de paciència. Els visitants nouvinguts passen abans de pujar-se als transports oficials per una garita on els atén Ángel, un treballador de l'aeroport que gestiona als passatgers a peu de carretera, abillat amb una armilla reflectora que a la seva esquena informa: “Taxi”. El que fa que el servei oficial sigui fàcilment recognoscible. “Quan els taxistes es topen amb els ‘pirates’ els criden l'atenció i, si poden llevar-los els clients, els hi lleven”, explica aquest empleat a elDiario.es. Aquesta manera de fer justícia els ha conduït a vegades a confrontacions amb els infractors.

“Jo, personalment, no he tingut problemes amb cap, però companys meus sí han rebut amenaces”, apunta Juan, un taxista de Sant Josep, qui posa en dubte que hagi baixat la presència de taxis pirata en l'aeroport, com han anunciat aquests dies les institucions. El vicepresident insular, Mariano Juan, ha denunciat públicament les “amenaces, agressions i fins i tot intents d'atropellament” soferts per part d'alguns conductors il·legals contra el personal inspector i ha informat que els fets ja han estat traslladats a la via penal.

Alguns d'aquests conductors sense llicència aparquen en el pàrquing exprés de l'aeroport -on es pot romandre un màxim de deu minuts- i altres condueixen als clients als quals acaben de captar fins una mica més lluny, en algun dels aparcaments interiors. “Operen des de fa anys i ara els controlen més amb les inspeccions, però continuen funcionant igual”, assenyala el conductor d'una VTC mentre observa, a tot just uns metres, com una furgoneta negra amb matrícula blanca (i no blava, la qual cosa indica que es tracta d'un servei públic legalitzat) arrenca, carregada de maletes fins dalt i un grup d'amigues angleses que acaba d'aterrar a l'illa.

Alguns d'aquests conductors sense llicència aparquen en el pàrquing exprés de l'aeroport -on es pot romandre un màxim de deu minuts- i altres condueixen als clients als quals acaben de captar fins una mica més lluny, en algun dels aparcaments interiors

No totes les matrícules blanques suposen forçosament un servei que no estigui regulat, sinó que poden tractar-se de serveis complementaris permesos a empreses d'allotjament de l'illa -normalment viles- per a transportar als seus clients. D'altra banda, moltes empreses eivissenques de VTC (Transport Privat Discrecional) han denunciat que aquestes companyies no compleixen a vegades amb les condicions legals que deurien, indica el president de la FITIE (Federació Insular del Taxi de l'Illa d'Eivissa i Formentera), Toni Roig.

Molt fàcils d'identificar

Els taxistes pirata són fàcilment detectables, molts porten gorra i persegueixen els grups de turistes a la porta d'arribades, amb una dissimulació que de poc o res serveix perquè la majoria de taxistes oficials els tenen ja més que identificats. Van, principalment, pels britànics als qui els cobren tarifes que tripliquen les habituals. Ana, que fa feina en el sector del taxi des de fa set anys, assegura que, dins de la terminal d'es Codolar, qualsevol persona amb maleta que porti esperant uns minuts rep l'esporàdica visita d'un d'aquests conductors il·legals: “Els pregunten primer cap a on van i, si és un viatge llarg, l'agafen ells encantats. Si és curt, els manen a la cua dels taxis”.

[Els taxistes pirates] demanen els turistes primer cap a on van i, si és un viatge llarg, l'agafen ells encantats. Si és curt, els manen a la cua dels taxis

Ana — Taxista

Alguns porten un adhesiu amb la marca d'algun rent a car i al marge del servei que atorguen a l'aeroport les empreses de lloguer de cotxes, que tenen una àrea habilitada en l'aparcament per a recollir als seus clients, hi ha vehicles amb aquesta identificació que semblen sospitosos. “Qualsevol pot llogar un cotxe i tenir la capacitat de posar-se a oferir servei. És una pràctica molt vella”, assenyala Roig.

El problema, encara per erradicar

En el que va de 2025 s'han immobilitzat 34 vehicles i s'han incoat 244 expedients sancionadors, xifres una mica inferiors a les del mateix període de 2024, quan es van immobilitzar 52 vehicles i es van iniciar 350 expedients, en dades aportades pel Consell a elDiario.es. La baixada de denúncies, segons la institució, suposa una disminució d'aquestes pràctiques il·legals.

A més, la nova norma reguladora, que contempla un increment de les sancions, també estableix que per a fer efectiva la devolució del vehicle després d'haver estat immobilitzat, els conductors hauran d'abonar el 100% de l'import de la multa dins de termini si volen recuperar-lo. En cas contrari, el cotxe serà automàticament destruït.

Quant a aquestes sancions econòmiques, s'han tramitat de moment vuit de 15.000 euros i ja s'han cobrat tres. En aquest sentit, la recaptació total per part de la Tresoreria insular ascendeix enguany a 127.831 euros enfront dels més de 433.000 recaptats en 2024, afegeixen des del Consell.

Malgrat haver-se aconseguit una reducció del 75% a l'aeroport i del 80% al municipi de Vila mantenint les mateixes inspeccions que en 2024, el problema està lluny d'haver-se resolt. Fa a penes una setmana, un taxi de la ciutat de Barcelona va ser 'caçat' en ple centre de la ciutat operant de manera totalment irregular.

Una infracció recollida com “molt greu” en el reglament del servei municipal del Taxi de l'Ajuntament de Vila, la qual cosa suposa una sanció d'entre 1.001 i 6.000 euros. Durant el mateix operatiu, els policies també van detectar altres incompliments de la normativa, com una VTC sense llicència vigent i un conductor que va donar positiu en un control de drogues. Quant a Santa Eulària i Sant Joan, el problema no és tan latent, al no tenir zones d'oci nocturn ni disposar d'aeroport. A Sant Antoni, la Policia Local ha interposat -juntament amb el Consell- un total de 40 denúncies per transport il·legal de viatgers sense autorització en vehicles de fins a nou places en els últims tres anys. En el que va de 2025, s'han aixecat nou actes enfront de les 12 de 2024 i les 19 de 2023. Tant aquest any com el passat, la majoria d'infraccions s'han detectat en vehicles de lloguer.

El representant de FITIE assegura que se senten “molt satisfets” per la baixada de l'Intrusisme en el seu sector, sobretot en l'aeroport, on s'havien concentrat els esforços. Així i tot, afegeix que “no ha de decaure la voluntat” perquè el “problema no està totalment erradicat”.

El caos para acceder al aeropuerto de Eivissa es palpable desde lejos. Hileras de taxistas, unos detrás de otros, discurren casi en avalancha por la carretera reservada para que el servicio pueda descargar y cargar turistas sucesivamente. Como un baile en una temporada turística que ahora mismo se encuentra en su punto más álgido. Junto a uno de los taxis de Sant Antoni, identificado por la banda morada del lateral, que acaba de cambiar la luz del indicador de anaranjada a verde en señal de disponibilidad, avanza silenciosa una furgoneta de color gris metalizada cubierta por una fina capa de polvo.

“Este, por ejemplo, lo es”, señala enseguida Ana, refiriéndose a que se trata de un taxista pirata. El conductor lleva cubierta la cabeza con una gorra y adelanta de la manera que puede a los vehículos de carrocería blanca hasta aparcar en una zona cercana. Simultáneamente, otro hombre con actitud sospechosa se adentra en la terminal y habla con un grupo de turistas con los que acto seguido se adentra en uno de los aparcamientos cubiertos destinados a esperas más o menos largas.

El intrusismo en el sector del transporte en Eivissa supone una batalla casi perpetua, especialmente en la terminal de es Codolar, núcleo de gente que entra y sale de la isla y, por lo tanto, fuente inagotable de demanda.

‘Piratas’ es el malnom que ha recibido históricamente todo aquel que opera fuera del marco de la normativa vigente -responsabilidad del Govern-, cuya inspección, sanción y seguimiento está en manos del Consell.

Esta última institución insular celebró el pasado miércoles la primera reunión del sector de Transporte dentro de la Mesa Insular de Lucha contra el Intrusismo con el objetivo de coordinar acciones entre las administraciones, así como proponer nuevas medidas. El encuentro concluyó con un considerable aumento de las sanciones que pretenden disuadir estas actividades ilegales: hasta 15.000 euros de multa para aquellos que transporten pasajeros desde el aeropuerto o cualquier otro punto de la isla sin contar con licencia específica para ello. El control sobre el transporte ilegal en Eivissa se ha intensificado en los últimos meses, con un total de 14 inspectores -entre instructores y auxiliares- desplegados en el aeropuerto.

La normativa prevé hasta 15.000 euros de multa para aquellos que transporten pasajeros desde el aeropuerto o cualquier otro punto de la isla sin contar con licencia

El operativo se rige por un protocolo que establece una cadena de actuación frente al transporte ilegal: los inspectores trabajan en rotación durante 14 horas los siete días de la semana y tratan de detectar matrículas fraudulentas e identificar a los infractores, que expulsa del recinto la seguridad privada. La ofensiva se puede llevar a cabo gracias a la inyección de ocho millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible (‘ecotasa’), cuatro para el Consell y los otros cuatro restantes para los ayuntamientos.

En caso de reincidencia, la Guardia Civil puede intervenir e incluso abrir diligencias penales. De hecho, los ayuntamientos de Sant Josep y Sant Antoni ya han aprobado en sendos plenos municipales instar al Gobierno central a modificar el Código Penal con el objetivo de que se considere delito el transporte de pasajeros por tierra sin el título habilitante para que la Policía Local pueda actuar en consecuencia.

Es un día de julio y dos vigilantes de la empresa Trablisa controlan la situación en la zona cercana a la cola de turistas que esperan ser trasladados desde la instalación aeroportuaria. El refuerzo de vigilancia es precisamente lo que ha disuadido el intrusismo en este punto caliente, la puerta de entrada a la isla, hasta un 75%, según datos de la Policía Local de Sant Josep, municipio donde se encuentra el aeródromo.

Amenazas y agresiones

La fila para disponer de un taxi en pleno verano requiere de paciencia. Los visitantes recién llegados pasan antes de subirse a los transportes oficiales por una garita donde les atiende Ángel, un trabajador del aeropuerto que gestiona a los pasajeros a pie de carretera, ataviado con un chaleco reflectante que en su espalda informa: “Taxi”. Lo que hace que el servicio oficial sea fácilmente reconocible. “Cuando los taxistas se topan con los ‘piratas’ les llaman la atención y, si pueden quitarles los clientes, se los quitan”, explica este empleado a elDiario.es. Esta manera de hacer justicia les ha conducido a veces a confrontaciones con los infractores.

“Yo, personalmente, no he tenido problemas con ninguno, pero compañeros míos sí han recibido amenazas”, apunta Juan, un taxista de Sant Josep, quien pone en duda que haya bajado la presencia de taxis pirata en el aeropuerto, como han anunciado estos días las instituciones. El vicepresidente insular, Mariano Juan, ha denunciado públicamente las “amenazas, agresiones e incluso intentos de atropello” sufridos por parte de algunos conductores ilegales contra el personal inspector y ha informado que los hechos ya han sido trasladados a la vía penal.

Algunos de estos conductores sin licencia aparcan en el parking exprés del aeropuerto -donde se puede permanecer un máximo de diez minutos- y otros conducen a los clientes a los que acaban de captar hasta un poco más lejos, en alguno de los aparcamientos interiores. “Operan desde hace años y ahora los controlan más con las inspecciones, pero siguen funcionando igual”, señala el conductor de una VTC mientras observa, a apenas unos metros, cómo una furgoneta negra con matrícula blanca (y no azul, lo que indica que se trata de un servicio público legalizado) arranca, cargada de maletas hasta arriba y un grupo de amigas inglesas que acaba de aterrizar en la isla.

Algunos de estos conductores sin licencia aparcan en el parking exprés del aeropuerto -donde se puede permanecer un máximo de diez minutos- y otros conducen a los clientes a los que acaban de captar hasta un poco más lejos, en alguno de los aparcamientos interiores

No todas las matrículas blancas suponen forzosamente un servicio que no esté regulado, sino que pueden tratarse de servicios complementarios permitidos a empresas de alojamiento de la isla -normalmente villas- para transportar a sus clientes. Por otro lado, muchas empresas ibicencas de VTC (Transporte Privado Discrecional) han denunciado que estas compañías no cumplen a veces con las condiciones legales que deberían, indica el presidente de la FITIE (Federació Insular del Taxi de l'Illa d'Eivissa i Formentera), Toni Roig.

Muy fáciles de identificar

Los taxistas pirata son fácilmente detectables, muchos llevan gorra y persiguen a las manadas de turistas en la puerta de llegadas, con un disimulo que de poco o nada sirve porque la mayoría de taxistas oficiales los tienen ya más que identificados. Van, principalmente, a por los británicos a quienes les cobran tarifas que triplican las habituales. Ana, que lleva en el sector del taxi alrededor de siete años, asegura que, dentro de la terminal de es Codolar, cualquier persona con maleta que lleve esperando unos minutos recibe la esporádica visita de uno de estos conductores ilegales: “Les preguntan primero hacia dónde van y, si es un viaje largo, lo cogen ellos encantados. Si es corto, les mandan a la cola de los taxis”.

[Los taxistas piratas] preguntan a los turistas primero hacia dónde van y, si es un viaje largo, lo cogen ellos encantados. Si es corto, les mandan a la cola de los taxis

Ana — Taxista

Algunos llevan una pegatina con la marca de algún rent a car y al margen del servicio que otorgan al aeropuerto las empresas de alquiler de coches, que tienen un área habilitada en el aparcamiento para recoger a sus clientes, hay vehículos con esta identificación que parecen sospechosos. “Cualquiera puede alquilar un coche y tener la capacidad de ponerse a ofrecer servicio. Es una práctica muy vieja”, señala Roig.

El problema, aún por erradicar

En lo que va de 2025 se han inmovilizado 34 vehículos y se han incoado 244 expedientes sancionadores, cifras algo inferiores a las del mismo periodo de 2024, cuando se inmovilizaron 52 vehículos y se iniciaron 350 expedientes, en datos aportados por el Consell a elDiario.es. La bajada de denuncias, según la institución, supone una disminución de estas prácticas ilegales.

Además, la nueva norma reguladora, que contempla un incremento de las sanciones, también establece que para hacer efectiva la devolución del vehículo después de haber sido inmovilizado, los conductores tendrán que abonar el 100% del importe de la multa dentro de plazo si quieren recuperarlo. De lo contrario, el coche será automáticamente destruido.

En cuanto a estas sanciones económicas, se han tramitado por el momento ocho de 15.000 euros y ya se han cobrado tres. En ese sentido, la recaudación total por parte de la Tesorería insular asciende este año a 127.831 euros frente a los más de 433.000 recaudados en 2024, añaden desde el Consell.

A pesar de haberse logrado una reducción del 75% en el aeropuerto y del 80% en el municipio de Vila manteniendo las mismas inspecciones que en 2024, el problema está lejos de haberse resuelto. Hace apenas una semana, un taxi de la ciudad de Barcelona fue pillado en pleno centro de la ciudad operando de manera totalmente irregular.

Una infracción recogida como “muy grave” en el reglamento del servicio municipal del Taxi del Ayuntamiento de Vila, lo que supone una sanción de entre 1.001 y 6.000 euros. Durante el mismo operativo, los policías también detectaron otros incumplimientos de la normativa, como una VTC sin licencia vigente y un conductor que dio positivo en un control de drogas. En cuanto a Santa Eulària y Sant Joan, el problema no es tan latente, al no tener zonas de ocio nocturno ni disponer de aeropuerto. En Sant Antoni, la Policía Local ha interpuesto -junto con el Consell- un total de 40 denuncias por transporte ilegal de viajeros sin autorización en vehículos de hasta nueve plazas en los últimos tres años. En lo que va de 2025, se han levantado nueve actas frente a las 12 de 2024 y las 19 de 2023. Tanto este año como el pasado, la mayoría de infracciones se han detectado en vehículos de alquiler.

El representante de FITIE asegura que se sienten “muy satisfechos” por la bajada del Intrusismo en su sector, sobre todo en el aeropuerto, donde se habían concentrado los esfuerzos. Aun así, añade que “no ha de decaer la voluntad” porque el “problema no está totalmente erradicado”.

La Policia Local d'Eivissa ha detectat un taxi de Barcelona operant de manera il·legal al municipi, per la qual cosa aquest ha estat denunciat. Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, el taxista ha estat denunciat per una infracció molt greu, amb una possible sanció que pot oscil·lar entre 1.001 i 6.000 euros.

En la mateixa intervenció, els agents van detectar també altres incompliments com un vehicle sense la ITV en vigor, un conductor que va donar positiu en una prova de drogues i quatre conductors de taxi més sense l'uniforme obligatori estant de servei. Els agents van formular també set denúncies més per diverses infraccions de trànsit.

L'Ajuntament d'Eivissa ha destacat que, segons el balanç d'actuacions contra el transport il·legal compartit a la Mesa contra l'intrusisme, al municipi s'han interposat 17 denúncies a conductors sense llicència, amb multes que poden sumar fins a 100.000 euros.

La Policía Local de Eivissa ha detectado un taxi de Barcelona operando de manera ilegal en el municipio, por lo que éste ha sido denunciado. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el taxista ha sido denunciado por una infracción muy grave, con una posible sanción que puede oscilar entre los 1.001 y los 6.000 euros.

En la misma intervención, los agentes detectaron también otros incumplimientos como un vehículo sin la ITV en vigor, un conductor que dio positivo en una prueba de drogas y otros cuatro conductores de taxi sin el uniforme obligatorio estando de servicio. Los agentes formularon también otras siete denuncias por varias infracciones de tráfico.

El Ayuntamiento de Eivissa ha destacado que, según el balance de actuaciones contra el transporte ilegal compartido en la Mesa contra el Intrusismo, en el municipio se han interpuesto 17 denuncias a conductores sin licencia, con multas que pueden sumar hasta 100.000 euros.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en Asturias ha trasladado al Comité de Garantías la existencia de una denuncia interna para que esclarezca si existe un conflicto de intereses al permitir la afiliación al sindicato del actual delegado sindical de transportes de taxi por pertenecer a la Asociación de Empresarios de Auto Taxi del Principado de Asturias (Asotaxi).

A través de esta denuncia interna, el denunciante solicita la expulsión “inmediata” del delegado sindical, J.M.F., en aplicación del artículo 9 de los estatutos de CSIF por “doble militancia” y, en caso de que no se le eche de la organización pide que, “como mínimo”, se le retire el cargo de delegado sindical.

El denunciante asegura que, si no se cumplen sus peticiones, lo trasladará a la dirección del sindicato en Madrid y ante las autoridades judiciales.

La respuesta de CSIF

Su reclamación tuvo una primera respuesta del presidente autonómico de CSIF, Sergio Fernández-Peña, donde recordaba que los presidentes de organizaciones sindicales, como la suya, “no expulsan, ni meten a nadie”, porque su sindicato es democrático y tiene unos estatutos y reglas de funcionamiento.

Fernández-Peña ha confirmado que ya ha derivado a la Comisión de Garantías la resolución de esta denuncia interna “para que si procede se haga una apertura de expediente con todas las garantías”.

La denuncia

En esta denuncia no se circunscribe únicamente al delegado sindical. También lo hace extensivo a los de socios de una cooperativa que también están afiliados al sindicato y que, en su opinión, podrían también estar incurriendo en la doble afiliación, con lo que, según el denunciante, debería sancionarse con su expulsión al prohibir la organización sindical la doble militancia.

Estos afiliados de CSIF son a su vez socios cooperativistas de la emisora Radio Taxi Principado de Oviedo.

Las cuotas sindicales

La gravedad de este hecho radica, según argumenta el denunciante, en que “no se afilian por compromiso sindical o defensa de los intereses de los trabajadores, sino que la propia emisora reconoce, como se puede comprobar documentalmente -apostilla- que afilia a varios de sus socios dadas las denuncias presentadas por CSIF contra ellos, haciendo que el delegado sindical de Transportes pase a ser uno de sus socios, al igual que reconocen que es la propia cooperativa quien paga las cuotas sindicales mensuales”.

Un trabajador que se afilia a CSIF puede pasar su cuota por nómina o transferencia bancaria y si lo hace por nómina la empresa se la descuenta del salario y la ingresa en el sindicato. En este caso, según el denunciante, “esta cuota sindical no sale de los socios de la cooperativa afiliados, sino de los propios presupuestos de la cooperativa”, resalta.

Las elecciones a delegado sindical

El presidente autonómico de CSIF, Sergio Fernández-Peña, niega de antemano cualquier irregularidad por parte del sindicato aunque advierte que la última palabra la tiene la Comisión de Garantías que es el órgano que determinará si existe o no un conflicto de intereses.

No obstante, él en un principio cree que no hay base para esta denuncia y estima que es “perfectamente compatible” pertenecer a ambas organizaciones.

En cualquier caso, opina que la denuncia va por otros derroteros dentro de una actuación que particularmente enmarca en una guerra entre asociaciones a la que CSIF se muestra ajena.

“Nadie impugnó las elecciones”

Sergio Fernández-Peña explica que entre los 20 afiliados de esa sección sindical del Transporte se convocaron las elecciones para designar a la persona que iba a ser delegada de la Sección Sindical y cualquiera de ellos podía concurrir y presentarse, si cumplía el único requisito que se exigía: llevar el aval de dos afiliados y estaba regulado que, en caso de presentarse más de una candidatura, se haría asamblea de todos para la elección entre ellas.

“Pasado el plazo, sin que nadie reclamara nada, solo se presentó J.M.F. Se abrió un plazo para impugnaciones por si algo era incorrecto y nadie manifestó nada”, recalca el presidente que matiza que de 20 afiliados, 16 son autónomos sin asalariados y cuatro trabajadores asalariados.

Asimismo, incidía en que “tanto los autónomos como los asalariados” podían pertenecer a CSIF del mismo modo que a estar afiliados a un partido político, ser socios de equipos de fútbol, presidentes de la comunidad de vecinos donde vivan y dar “instrucciones al portero o a la empresa de limpieza, pueden tener acciones y participación en infinidad de empresas a título particular”.

Petición de expediente disciplinario

El denunciante, además de cuestionar la elección del delegado sindical y de solicitar su “suspensión o expulsión”, también solicitó a la Comisión Ejecutiva que declarara la situación de conflicto y adoptara como medida cautelar la incoación de un expediente disciplinario contra todos los afiliados pertenecientes a la cooperativa Radio Taxi Principado.

Entre las razones que alega, señala que su petición se realiza por tratarse de “socios de una empresa que les ha utilizado para designar al empresario como delegado del sector y paralizar así todas las acciones contra dicha cooperativa, culminando con la expulsión de los mismos por la comisión de infracciones al reglamento del sindicato”.

La asamblea

La base de esta denuncia se apoya en el acta de una asamblea donde la cooperativa reconoce haber designado a uno de sus socios como responsable sindical, lo que supondría, en opinión del denunciante, “un freno para evitar las acciones legales que desde el sindicato se pudieran interponer contra su empresa”.

Además, aporta como prueba que las cuotas de afiliación no las abonarían cada uno de ellos, sino que sería la propia empresa la que pagaría la cuota sindical bajo el concepto “cuotas CSIF”.

Medidas sancionadoras

La denuncia va encaminada, además, a adoptar las medidas sancionadoras que se contemplan en los estatutos internos y que encajarían en la suspensión o expulsión del sindicato, en el caso de que las pruebas documentales presentadas fueran admitidas y ratificadas.

En la denuncia ante el Comité Ejecutivo de CSIF Asturias, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el afiliado sostiene que la pertenencia de estos afiliados del sector del taxi a una asociación profesional cuyos intereses “confrontan con los del CSIF” deben ser resueltos por la Comisión de Garantías; ante el órgano que está actualmente derivada su reclamación.

Igualmente, solicita que se adopte como medida cautelar la suspensión del empresario que fue nombrado como delegado sindical del taxi y se incoe expediente disciplinario “contra todos los afiliados pertenecientes a la cooperativa Radio Taxi Principado”.

Argumenta su petición en el hecho de que se trata -manifiesta- de socios de una empresa que “ha utilizado a los mismos para designarle como delegado de sector y paralizar así -relata en su denuncia- todas las acciones contra dicha cooperativa, culminando con la expulsión de los mismos del sindicato por la comisión de infracciones tipificadas en el artículo 31.1 a), c), d) y g) del Reglamento de CSIF”.

“Ni se expulsa, ni se mete a nadie”

La respuesta de Fernández-Peña no se ha hecho esperar. Asevera que los presidentes sindicales, “no expulsan ni meten a nadie”, y dice que su organización es democrática, tiene unos estatutos y reglas de funcionamiento, y corresponde a la Comisión de Garantías la resolución de los conflictos de este tipo de denuncias, para que si procede se haga una apertura de expediente con todas las garantías.

El presidente autonómico reconoce que la única cortapisa para esta doble afiliación es que los taxistas autónomos no podrían tener a su cargo a asalariados y puntualiza: “Si el problema es que son autónomos tendríamos que expulsar a todos los que tengan dicha condición y no solo en la sección sindical de transporte-taxi”.

Dos reclamaciones

En declaraciones a elDiario.es Asturias, Fernández-Peña remite a las conclusiones que emita la Comisión de Garantías, al que asegura que ha trasladado la denuncia.

“Esta denuncia surge después de que un afiliado presenta una reclamación contra otro afiliado tras unas elecciones a renovar cargos internos. En su reclamación, dice que el otro afiliado pertenece a una asociación y es autónomo”, explica.

El presidente autonómico resalta que, tras esta primera reclamación, desde el sindicato se le respondió que “se puede ser autónomo sin asalariados para pertenecer a CSIF y que puede ser de cualquier asociación o partido político para ser del sindicato”.

En trámite

Al poco tiempo, según expone, este afiliado volvió a presentar otra reclamación en un sentido similar, por lo que desde la organización sindical se optó por dar traslado a la Comisión de Garantías para que resuelva. “Esta reclamación está en ese trámite aún”, aclara el presidente. La única condición que existe es, según el presidente de CSIF en el Principado, que los autónomos no tengan asalariados, y en el caso concreto de la persona a la que denuncian no los tiene.

“Aquí hay una guerra interna entre ellos. Hay que esperar a ver qué dice la Comisión de Garantías, que tomará declaración a todos y requerirá documentación. No es incompatible ser de CSIF. De hecho, tenemos músicos autónomos y tenemos más de un taxista autónomo”, señala.

Suspensión o la expulsión

Fernández-Peña explica que siempre que les llega una denuncia entre dos afiliados se envía a la Comisión de Garantías, que es lo que ha hecho en este caso. “La sanción, en caso de que vea irregularidades sería la expulsión o la suspensión pero primero hay que aportar las pruebas. No basta con decir que es del Sporting o del Oviedo”, recalca.

La Comisión de Garantías se elige en un congreso que, según expone Sergio Fernández-Peña, no la controla él: “Es la comisión la que recibe la declaración a unos y a otros”, reitera. “Se le pidió al denunciante que probara que había asalariados, pero no que es de la asociación del taxi, por nosotros como si es de la Asociación de la Prensa o del Centro Asturiano. Eso no es incompatible”, resume.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) ha sembrado la “incertidumbre” en el sector del transporte andaluz con un nuevo decreto-ley aprobado “sin diálogo previo”, según denuncian tanto el colectivo de taxistas como el de vehículos de transporte con conductor (VTC) de empresas como Uber y Cabify. Estos dos sectores históricamente enfrentados coinciden en trasladar su “preocupación” y “desconcierto” ante una política de movilidad, que ambos achacan a una falta de previsión y transparencia por parte de la Junta de Andalucía.

La nueva norma –aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 11 de junio y ratificada este miércoles en el Parlamento andaluz– suspende temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones para VTC tras constatar, según la Junta, “que en los últimos meses se ha producido un crecimiento exponencial de las solicitudes”. Esta decisión deja en el aire las 1.373 solicitudes de VTC registradas entre enero y abril de este año (frente a las 3.713 autorizaciones que hay hoy vigentes en la comunidad andaluza).

La moratoria queda supeditada a la elaboración de un estudio técnico que, en el plazo de dos meses, tendrá que analizar la demanda total de la movilidad en Andalucía y definir los “criterios objetivos que permitan alcanzar una buena gestión de la oferta del transporte”, según consta en el decreto-ley impulsado por la Consejería de Fomento. El departamento que encabeza Rocío Díaz argumenta que se ha producido un “cambio brusco en las dinámicas de mercado”, debido a la proliferación de vehículos eléctricos, que ha disparado las solicitudes de nuevas licencias.

Aunque difieran en sus intereses, taxistas y empresarios de VTC comparten la crítica de responsabilizar a la Junta de generar inseguridad jurídica en un sector ya de por sí tensionado. El presidente de Élite Taxi Andalucía, Rafael Baena, afea que la Junta “actúe ahora sorprendida por el aluvión de solicitudes” cuando ha tenido años para intentar frenar el “crecimiento descontrolado”, en el que ahora justifica el nuevo “decretazo”.

Desde el sector de los vehículos con chófer, el presidente de la Asociación Empresarial VTC Andalucía, Pablo García-Trespalacios, denuncia “el inmenso coste económico y social” que implica la moratoria, comprometiendo “una inversión de unos 15 millones de euros”, derivados de los gastos que acometieron los transportistas al invertir en vehículos eléctricos, para adaptarse a los criterios que les dio a conocer la Junta en enero de 2025.

A qué se debe ese “cambio brusco” en el mercado

El polémico decreto-ley que permitía a los vehículos VTC seguir operando en territorio urbano congeló en septiembre de 2022 la concesión de nuevas autorizaciones de VTC en Andalucía, ya que la comunidad superaba con creces la ratio de un VTC por cada 30 taxis, fijada por el Gobierno de España en el conocido como “decreto Ábalos”.

Sin embargo, la nueva legislación estatal aprobada en 2023 –adaptándose a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tumbó la limitación de las licencias con las que operan empresas como Uber y Cabify– abrió la puerta a que se concedieran nuevas autorizaciones, siempre que se cumplieran con ciertos requisitos medioambientales.

Así lo recogió la Junta de Andalucía en el borrador del desarrollo reglamentario del decreto-ley de 2022, que presentó a los sectores implicados en enero de 2025. Al comprobar que esos criterios no son aplicables a los coches eléctricos, los conductores de VTC se lanzaron a adquirir vehículos 100% eléctricos, obligando al Gobierno andaluz a conceder esas solicitudes.

“La apertura del proceso de autorización de más licencias desde enero de 2025, cumpliendo una serie de requisitos ambientales, ha llevado a multitud de pymes, autónomos y cooperativas de toda Andalucía a realizar importantes inversiones”, como recuerda el presidente andaluz de la Asociación Empresarial VTC. “Las empresas han acometido esas inversiones porque eran necesarias para poder realizar la solicitud y además con la confianza de que el Gobierno de Andalucía en las primeras semanas había concedido más de 40 licencias, con lo cual más que expectativas, las empresas tenían la certeza de que cumpliendo los requisitos tendría lugar el otorgamiento”, argumenta García-Trespalacios.

Fuentes de la Consejería de Fomento alegan que esas autorizaciones se han concedido antes de establecer la moratoria “en cumplimiento de la sentencia”, en referencia al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El resultado ha sido que el número de solicitudes se ha disparado, pasando de las 23 presentadas en el año 2024, a las 1.373 registradas hasta mediados de abril de 2025. Con esta progresión, la Consejería del ramo calcula que las autorizaciones se duplicarían en un plazo de seis meses. De ahí que justifique la urgencia del decreto recién aprobado.

Falta de previsión

“Lo que ha pasado es que no se esperaban un aluvión de solicitudes, pero podrían haber definido los criterios antes de que los transportistas acometieran las inversiones, podrían haber consensuado sectorialmente los criterios y concedernos seguridad jurídica porque ahora hay cientos de coches parados, aun cumpliendo rigurosamente con los requisitos que estableció la Junta”, lamenta el presidente de la Asociación Empresarial VTC en Andalucía.

Por su lado, los taxistas lo interpretan como otro “atropello del servicio público en beneficio de las grandes empresas privadas”, entendiendo que, pasados esos dos meses, se reactivará la concesión masiva de autorizaciones bajo criterios que consideran insuficientes. “Volvemos a asistir nuevamente a lo que entendemos por un engaño del Gobierno andaluz, que viene a traer nuevamente, igual que en 2022, por vía decreto y por vía urgente, algo que no permite participación ni transparencia por parte del sector”, ha reprochado el presidente de Élite Taxi, una de las organizaciones que ha convocado este miércoles una manifestación de protesta a las puertas del Parlamento andaluz, coincidiendo con el debate en el pleno.

Lejos de calmar las tensiones, el nuevo decreto-ley ha provocado que se reavive el enfrentamiento del Gobierno de Moreno con ambos sectores. Ya en 2022, el sector del taxi andaluz se enfrentó a la Junta por sentirse “engañado y traicionado” tras autorizar a los vehículos VTC seguir operando en territorio urbano, también por la vía urgente. La medida tampoco contentó del todo a los VTC, que criticaron las limitaciones impuestas.

Tres años después, el descontento y el ambiente de protesta vuelven a sobrevolar las relaciones del Gobierno andaluz con el sector. Mientras tanto, la Junta defiende la urgencia del nuevo decreto, ya que “la proliferación de estos vehículos eléctricos, que están exceptuados del cumplimiento de criterios medioambientales, puede implicar un crecimiento descontrolado del número de autorizaciones para prestar estos servicios de transporte y romper con el equilibrio y la armonía dentro de este sector y en su relación con el sector del taxi”. Sin embargo, la falta de diálogo previo han sembrado una incertidumbre que taxis y VTC, aunque por razones distintas, coinciden en reprobar.

Nuevas condiciones laborales para los trabajadores asalariados que trabajan en el taxi. La patronal Antaxi y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han sellado este jueves el nuevo convenio colectivo del autotaxi, el noveno con vigencia hasta 2028, con relevantes cambios. Uno de los más determinantes, el fin del llamado “cobro a porcentaje”, que se sustituye por un aumento del salario mínimo en el sector, hasta los 17.500 euros, y de las horas extraordinarias, entre otras medidas para “mejorar las condiciones en el sector”, explican las partes.

“El convenio supone un cambio drástico en la regulación de las relaciones laborales que tenía el sector hasta la fecha, que se basaban en la simulación de una relación laboral, cuando en realidad se trataba de acuerdos particulares entre conductores/as y dueños/as de licencias de cobro a porcentaje de lo recaudado”, destacan en CCOO.

Un sistema que llevaba en muchas ocasiones a larguísimas jornadas y mínimos descansos de los taxistas contratados, para alcanzar cierto nivel de ingresos, explica Jesús Ballesteros, de la Secretaría General del sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO. El convenio alcanza a unas “25.000 personas”, los trabajadores asalariados del taxi, una actividad en la que predominan los autónomos.

Adiós al cobro a porcentaje

Ese sistema “a porcentaje” se suprime del nuevo convenio, eliminando el anterior artículo del “Pacto de salario global sobre lo recaudado”. En su lugar las partes han previsto varias mejoras salariales. Si antes el salario base era el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ahora de unos 16.500 euros, el acuerdo parte de un salario base mínimo de 17.500 euros al año (19.500 euros en caso de conductores especializados, una nueva categoría profesional), que se prevé que se revalorice para los años de vigencia del convenio “conforme al IPC real del año anterior, con el límite del 3%”, apunta Ballesteros.

Además, la hora extraordinaria se pagará más cara, “150%” del valor de la ordinaria, algo que hasta el momento tampoco existía. El convenio regula también el registro de jornada, con la intención de todas las partes de avanzar hacia horarios más ordinarios de los conductores asalariados. “Que se pueda trabajar 8 horas al día y, si echas más, te las paguen más, con complementos salariales, y en definitiva con más derechos” respecto al anterior modus operandi de retribución a porcentaje, indica el representante de CCOO.

“Este es un acuerdo muy importante, por parte de la patronal Antaxi y de los sindicatos mayoritarios, para dignificar el sector del taxi y frenar el deterioro de esta profesión. La patronal nos decía que cada vez tiene más problemas para encontrar conductores, sobre todo en algunas provincias. El taxi compite con los VTC y con este convenio puede que haya conductores que prefieran irse al sector de taxi si ofrece mejores condiciones”, valora Ballesteros.

El convenio será de obligado cumplimiento en toda España, pese a que la organización empresarial Fedetaxi, que pretendía conservar el anterior sistema, no lo ha firmado.

Acuerdo para pedir la jubilación anticipada por penosidad

Entre las novedades, también destaca que la patronal y los sindicatos han llegado a un acuerdo para iniciar una solicitud a la Seguridad Social de los coeficientes reductores para adelantar la edad ordinaria de jubilación por razón de actividad. Es decir, la opción de jubilación anticipada sin recortes en la pensión por razón de peligrosidad o penosidad, cuyo nuevo procedimiento aprobó recientemente el Gobierno.

Para iniciar su solicitud se requiere el acuerdo entre la patronal y los sindicatos, algo que están rechazando por el momento muchas organizaciones empresariales, pero que Antaxi ha acordado con los representantes sindicales. De reconocerse esta jubilación anticipada por penosidad, los empresarios y trabajadores deberán aumentar sus cotizaciones sociales para sufragar la medida.

Los sindicatos destacan también la regulación de nuevos permisos, nuevas categorías profesionales, opciones de reducción de jornada, así como medidas expresas en favor de la igualdad, como la prevención ante el acoso sexual y por razón de género, antes inexistentes, entre otras.

El nuevo convenio colectivo estará vigente una vez lo publique el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que suele llevar unos “tres o cuatro meses”, calculan en los sindicatos.

Justo en el día en el que miles de taxistas han salido a las calles de Madrid para protestar por los miles de licencias que, tras una sentencia, van a revertir a favor de Cabify, el operador de alquiler de vehículos con conductor ha presentado sus datos económicos de 2024. 

Una reciente sentencia obliga al Gobierno de la Comunidad de Madrid a conceder 8.500 nuevas licencias a Cabify. Ahora mismo hay 16.000 permisos para taxistas y 9.000 de VTC, con lo que la llegada de estas nuevas autorizaciones a partir de junio supondrá que en las calles de Madrid haya más VTC que taxis.

“Esas críticas son de un sector minoritario del taxi”, ha asegurado el consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio. Afirma que taxis y VTC “no son enemigos uno del otro”, sino que “suman para ser una alternativa al vehículo particular”. “Nos sentimos ilusionados con la capacidad de mejora de la movilidad que puede suponer para todos los madrileños. Nos pondría cerca de otras capitales europeas. Cabify buscará un despegue por fases, igual que en 2019”, ha añadido. 

“Las licencias adicionales facilitan el crecimiento”, ha asegurado De Antonio. “Los datos de vehículos compartidos [en Madrid] son dos o tres veces inferiores a otras ciudades europeas. Hay espacio”, ha añadido. Lo que no ha querido aclarar es qué gasto van a suponer para la compañía as licencias y si esta inversión va a recaer en Cabify o en compañías socias que controlan licencias de VTC.

En Barcelona, aseguran en la misma dirección, que la movilidad necesita más opciones. “Estamos hablando con las autoridades y tratar de ayudar con nuestro conocimiento para que haya más licencias para taxis y VTC”, asegura De Antonio. “No estamos negociando, sino hablando, porque queda patente que se necesitan más vehículos compartidos para estar a la altura de lo que otras ciudades ofrecen. Si quieres que una parte de la población, que no usa el metro o el autobús, tenga una alternativa, se necesitan más opciones”.

En cuanto a los datos financieros en sí, Cabify no habla de su rentabilidad neta. Se queda un paso antes, en los resultados antes de impuestos y amortizaciones, conocido como Ebitda. En el conjunto de países donde opera, su Ebitda se situó en 34 millones de euros. “Hemos alcanzado una cifra récord de Ebitda”, ha asegurado en rueda de prensa el responsable financiero de la compañía, Juan Barbolla. “Y hemos sido rentables en todos los países donde operamos. A partir de 2024 queremos seguir creciendo de forma rentable”, ha añadido. 

Sin embargo, su volumen de negocio se ha resentido. En concreto, su facturación se situó en 2024 en 858 millones de euros, cuando año antes fueron 899 millones de euros. Lo atribuye a Argentina y al impacto de los tipos de cambio en ese país. Cabify afirma que, si se elimina ese mercado de la ecuación, los ingresos se quedaron planos en 2024. “En el primer trimestre de 2025, hemos crecido un 16%”, ha puntualizado.

Niega subidas de precios tras el apagón

El consejero delegado de Cabify ha negado que la compañía subiese precios tras el apagón de finales de abril.

Hay que recordar que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió un expediente informativo para investigar las potenciales subidas de precios de las empresas de VTC, de alquiler de coche con conductor, que fueron denunciadas por los usuarios en aquellas comunidades autónomas que declararon la emergencia nacional u otro tipo de emergencia de protección civil.

De Antonio también ha descartado que la empresa esté barajando su salida a bolsa o un cambio en su base de accionistas. “Tenemos una base accionarial diversa. La mayor parte es española, tenemos a Rakuten que es japonés”. Estos “tuvieron necesidad de hacer desinversiones”, como consecuencia de la pandemia, “que no consideraban estratégicas”, pero “hoy están comprometidos con la empresa”. 

La guerra entre taxis y VTC copó infinidad de titulares poco antes de la pandemia. En 2019, pasados cinco años desde que el modelo de vehículos de transporte con conductor aterrizara en España, los taxistas se rebelaron contra sus nuevos competidores y amagaron con hacer parones en grandes ciudades. Madrid fue una de ellas. La llegada de Uber o Cabify ya generó manifestaciones muy tensas en 2017, a las que acudieron conductores de otros puntos del país que señalaron la diferencia de requisitos al circular, más laxos para VTC que para el taxi. Con el tiempo el ambiente parecía calmarse o, al menos, la competición dejó de estar en boga. Sin embargo, el asunto sigue lejos de resolverse: una sentencia reciente obliga al Gobierno regional a conceder 8.500 nuevas licencias a Cabify. Los taxistas no están nada contentos, pero de fondo existe un complejo debate que ataña a la movilidad urbana.

Actualmente hay 16.000 permisos para taxistas y 9.000 de VTC, así que con el cambio estos últimos podrían rebasar a los primeros. En consecuencia, la Federación Profesional del Taxi de Madrid se concentra este miércoles frente a la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para presionar a las administraciones y lograr una vuelta de tuerca. Piden “una respuesta” institucional a las “irregularidades” que, aseguran, han detectado en las solicitudes de Cabify para obtener las autorizaciones de VTC en la región.

El colectivo de taxistas sugiere que ha habido una “trampa” en el proceso y que esto puede interferir en el veredicto judicial. En abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la empresa y obligó a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras a que le concediera las 8.500 licencias en entredicho.

La Comunidad de Madrid, después de ocho años de litigios con la compañía, ha anunciado un nuevo recurso contra la decisión y ha exigido a Cabify tramitar de golpe todas las licencias. La entidad lo considera una forma de acorralarles, pero el Gobierno regional lo mantiene como forma de demostrar que disponen de vehículos suficientes como para absorber miles de permisos. En un comunicado, Cabify cuestionó la orden de la Consejería aludiendo a que el TSJM ya resolvió que las concesiones habrían de darse sin condiciones ni trámites adicionales de por medio. No obstante, confirma que las pondrá en marcha antes del 17 de junio, la fecha tope que da el Ejecutivo.

¿Por qué han dado ahora la razón a la empresa? El Tribunal Supremo determinó que la norma que establecía una proporción de una licencia VTC por cada 30 de taxi, que expiró entre 2009 y 2015, no estaba en vigor cuando Cabify presentó su solicitud de licencias. Además, esta premisa ya fue cuestionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una resolución de 2023. Aun así, al año siguiente la Comunidad volvió a denegar sus solicitudes alegando que había datos incorrectos e información incompleta en algunas de ellas, además de otras irregularidades detectadas en el trámite formal. Sea como sea, la Justicia ha terminado dándoles la razón.

La administración autonómica teme que el giro traiga represalias para el sector del taxi. Pese a que asume acatar la resolución si agota la vía judicial, ha mostrado su disconformidad. “Queremos hallar un equilibro entre la oferta y la demanda”, insistió hace una semana el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, a raíz de la futura proporción que puede haber entre taxis y VTC, con más vehículos de transporte con conductor en el mercado pese a estar sujetos a otras normas y repercutir, augura, en un posible “detrimento económico” para el resto de conductores.

“Tanto el TSJM como el Tribunal Supremo han indicado con claridad a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid cuál debería ser la forma de proceder, y no hacerlo es actuar con arbitrariedad y desviación de poder, sobrecargando innecesariamente a la propia administración con una reclamación que el gobierno regional sabe que carece de fundamento”, sentenciaron desde Cabify en su respuesta a la resolución.

Los taxis de Bilbao dispondrán de una app de uso obligatorio en todos los vehículos, lo que permitirá solicitar un servicio y conocer el tiempo del trayecto en la ruta más corta. La aplicación informará del precio al inicio del trayecto, con el objetivo de que la persona usuaria pague como máximo el importe indicado en la app. El área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao ha acordado con las cuatro asociaciones mayoritarias que representan al sector del taxi en Bilbao la adopción de varias medidas para dar solución a las necesidades detectadas en el servicio.

La concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha destacado que este acuerdo va a permitir “mejorar sustancialmente el servicio y dar la respuesta más adecuada a las necesidades que actualmente observamos para que Bilbao sea una ciudad donde el taxi ofrezca las soluciones de movilidad que demanda la ciudadanía”. A pesar de que Bilbao es una de las ciudades con más licencias de taxi por habitante, en momentos puntuales de la jornada, especialmente a partir de las 22.00 horas y durante el fin de semana, la alta demanda que existe hace complicado cumplir todas las necesidades, ha indicado.

Para dar solución a este déficit en el servicio se irán incorporando una serie de medidas. Entre ellas, adelantar en dos horas el cambio de turno nocturno, es decir, de las 00.00 horas a las 22.00 horas. También se permitirá que en los meses de más demanda durante el horario nocturno del fin de semana las personas conductoras que se encuentren en situación de libranza puedan prestar servicio.

Otra de las medidas, acordadas entre el Ayuntamiento y los representantes del sector, que tienen el propósito de mejorar el servicio, es la incorporación de la aplicación móvil TaxiBilbao (disponible ya en Apple Store e iOS) que será de atención obligatoria para todos los taxis de la ciudad. A través de la app se podrá solicitar un servicio, siempre que la persona usuaria se encuentre a una distancia suficientemente lejana de una parada de taxi.

La aplicación informará del precio final que tendrá el servicio al inicio del trayecto con el objetivo de que la persona usuaria pague, como máximo, el importe indicado en la app. De esta forma, si el precio del taxímetro y de la app es diferente, la persona usuaria pagará siempre el menor importe excepto cuando la persona usuaria haya solicitado una modificación de la ruta en cuyo caso se pagará lo que indique el taxímetro. Además, se pagará lo indicado por el taxímetro en caso de que se den situaciones imprevistas o excepcionales que afecten al tráfico como accidentes o manifestaciones.

La concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha destacado que esta aplicación permitirá a las personas usuarias acceder a la totalidad de la flota de taxis de Bilbao y a ayudará los responsables del área de Movilidad y Sostenibilidad a “mejorar el balance entre oferta y demanda en el servicio, lo que será beneficioso tanto para las personas usuarias como para los profesionales del taxi”. La aplicación funciona con analítica avanzada de datos y utilizará información en tiempo real de la situación del tráfico en la zona para poder recalcular el trayecto óptimo, así como el tiempo de viaje necesario.

Además, aportará datos que permitirá optimizar su funcionamiento en el futuro como la posibilidad de incorporar el pago y realizar una reserva a través de la aplicación. Estas utilidades podrán incorporarse en próximas fases. Gracias al acuerdo alcanzado con las cuatro asociaciones del sector en Bilbao (Radio Taxi - Radio Taxi Nervión, Taxi Bilbao, Tele Taxi Bilbao y Class Bilbao), más del 96% de los taxis de la ciudad se incorporarán de forma inmediata al sistema. Próximamente será el 100% de las licencias (774) las que se integrarán con la aplicación.

Traspaso de licencias

Otra de las medidas que se ha consensuado es la de promover la agilización del traspaso de las licencias cesen por diversas circunstancias, como la jubilación del profesional. Asimismo, se realizará un seguimiento exhaustivo para que los taxis con licencia tengan una dedicación exclusiva a la prestación del servicio. Abete ha señalado que el Ayuntamiento ha rescatado en los últimos meses cinco licencias que estaban en desuso para traspasarlas e incorporarlas al servicio.

En la actualidad la ordenanza municipal del taxi contempla cuatro años como tiempo máximo entre el cese de una licencia y su traspaso. En caso de que no se cumpla con ese plazo el Ayuntamiento movilizará la licencia para que la persona interesada obtenga la licencia. El objetivo, consensuado con las asociaciones del sector es fomentar una mayor agilidad en el traspaso de las licencias para evitar que se acumulen los títulos en desuso.