La Policia Local d'Eivissa ha denunciat aquest dijous un taxi procedent de Palma que es trobava operant a la ciutat sense l'autorització pertinent.

El conductor del vehicle ha estat denunciat per una infracció molt greu, conforme a l'article 96.e del Reglament del Servei Municipal del Taxi, i s'enfronta a una sanció d'entre 1.001 i 6.000 euros, segons ha informat l'Ajuntament.

A més, els fets podrien ser susceptibles de l'aplicació de l'article 89.2 de la Llei 4/2014, de transports terrestres i mobilitat sostenible de Balears, que considera infracció molt greu mancar de permís municipal o no tenir-lo en vigor, com també captar clients sense comptar amb llicència.

Des del Consistori han subratllat que l'actuació d'aquest dijous posa de manifest el front comú que manté amb el Consell d'Eivissa en la lluita contra l'intrusisme, especialment durant la temporada turística, quan s'incrementa la demanda de serveis de transport.

Resclosa d'un taxi procedent de Barcelona

Aquesta actuació se suma a altres intervencions realitzades durant la temporada alta. El juliol de 2025, la Policia Local d'Eivissa també va denunciar un taxi procedent de Barcelona que estava operant il·legalment a la ciutat, dins del dispositiu reforçat desplegat durant la temporada turística.

En aquest cas, el propietari del vehicle també va ser denunciat per una infracció molt greu, amb una sanció prevista d'entre 1.001 i 6.000 euros.

La Policía Local de Eivissa ha denunciado este jueves a un taxi procedente de Palma que se encontraba operando en la ciudad sin la autorización pertinente.

El conductor del vehículo ha sido denunciado por una infracción muy grave, conforme al artículo 96.e del Reglamento del Servicio Municipal del Taxi, y se enfrenta a una sanción de entre 1.001 y 6.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento.

Además, los hechos podrían ser susceptibles de la aplicación del artículo 89.2 de la Ley 4/2014, de transportes terrestres y movilidad sostenible de Balears, que considera infracción muy grave carecer de permiso municipal o no tenerlo en vigor, así como captar clientes sin contar con licencia.

Desde el Consistorio han subrayado que la actuación de este jueves pone de manifiesto el frente común que mantiene con el Consell d'Eivissa en la lucha contra el intrusismo, especialmente durante la temporada turística, cuando se incrementa la demanda de servicios de transporte.

Antecedente de un taxi procedente de Barcelona

Esta actuación se suma a otras intervenciones realizadas durante la temporada alta. En julio de 2025, la Policía Local de Eivissa también denunció a un taxi procedente de Barcelona que estaba operando ilegalmente en la ciudad, dentro del dispositivo reforzado desplegado durante la temporada turística.

En ese caso, el propietario del vehículo también fue denunciado por una infracción muy grave, con una sanción prevista de entre 1.001 y 6.000 euros.

El Gobierno de Aragón y el sector del taxi de Zaragoza crearán una mesa de trabajo para revisar la regulación de las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) interurbanas y preparar una nueva resolución interpretativa que aporte mayor claridad y seguridad jurídica a la aplicación de la normativa. El objetivo es mejorar la convivencia entre el taxi y las VTC y reforzar la capacidad de los agentes para actuar ante posibles incumplimientos.

Así lo ha anunciado este jueves, 27 de agosto, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón Octavio López, tras reunirse con representantes de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza. En el encuentro también han participado la consejera de Movilidad de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, y el presidente de la asociación provincial del taxi, Miguel Izaguerri.

López ha explicado que el Ejecutivo autonómico dictó en marzo de 2025 una resolución para regular la movilidad entre los distintos sectores del transporte y que transcurridos 18 meses, el encuentro ha servido para analizar cómo se ha desarrollado y aplicado esa norma. A partir de esta evaluación, ha avanzado que la comisión de trabajo se constituirá “de manera inminente” y permitirá preparar durante septiembre una nueva resolución.

El consejero ha señalado que la previsión es que esta nueva orden, “más aclaratoria” y “más eficiente en la gestión”, pueda publicarse en el Boletín Oficial de Aragón antes de que termine septiembre. La intención, ha añadido, es establecer con mayor precisión las reglas de convivencia entre el taxi y las VTC en Zaragoza, de manera que se respeten los derechos de ambos colectivos y se pueda actuar de forma contundente cuando se produzcan infracciones.

“Unas reglas del juego claras”

López ha insistido en que la cuestión no pasa por perseguir a las VTC por el hecho de serlo, sino por garantizar que cualquier operador cumpla las obligaciones establecidas. Ha indicado que las nuevas disposiciones deberán precisar las consecuencias de determinados incumplimientos y proporcionar a los agentes que intervienen en el control herramientas jurídicas suficientemente claras para imponer sanciones o adoptar, cuando corresponda, medidas como la inmovilización de vehículos.

El responsable autonómico ha subrayado que el sistema jurídico español es garantista y que quien recibe una sanción tiene derecho a defenderse, pero ha defendido igualmente que los agentes deben disponer de un marco normativo sólido para que sus actuaciones tengan seguridad jurídica. “Hay que darle carta de naturaleza a algunas normas para que se sepa cuáles son las sanciones que llevan acarreadas comportamientos que no están dentro del marco de la legalidad”, ha manifestado.

El presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, Miguel Izagueri, ha agradecido la disposición del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza para continuar trabajando con el sector, pero ha advertido de que el taxi no da “un cheque en blanco” al Ejecutivo. “Hay que seguir trabajando en este tema”, ha recalcado, después de precisar que en la reunión no se ha firmado ningún acuerdo, sino que se ha acordado mantener una mesa de trabajo.

Izaguerri ha defendido que la reivindicación del taxi no consiste en perseguir a las empresas o conductores de VTC por pertenecer a este sector, sino en exigir que se cumpla la legislación. “Nosotros no pedimos perseguir a las VTC por ser VTC, lo que perseguimos es que se cumpla la ley, nada más”, ha señalado. A su juicio, el taxi cumple diariamente sus obligaciones y las plataformas que realizan transporte de viajeros en la ciudad deben hacer lo mismo.

El representante del sector ha considerado que la regulación aprobada en 2025 “se nos ha quedado un poco coja” porque su aplicación durante estos meses no ha funcionado como se esperaba. Por ello, ha reclamado que la futura resolución permita a los agentes disponer de “más armas” para actuar con seguridad jurídica.

Por su parte, la consejera de Movilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha calificado el encuentro como un ejemplo de “trabajo y lealtad institucional” entre las dos administraciones y de escucha a un sector que considera fundamental para la dinamización económica de la ciudad. Ha señalado que el Ayuntamiento mantiene abierta la colaboración con el taxi para abordar sus distintas reivindicaciones.

Las demandas del taxi

Gaudes ha explicado que los asuntos relacionados con la movilidad y el taxi se están tratando a través de una mesa de trabajo municipal en la que se abordan cuestiones diversas, entre ellas el taxi adaptado y las afecciones derivadas de las obras que se están ejecutando en Zaragoza. La consejera ha defendido que este mecanismo permite estudiar las demandas del sector “una a una” y buscar soluciones para cada una de ellas.

La responsable municipal ha situado parte del origen de las dificultades actuales en el marco normativo estatal y europeo que afecta al transporte con conductor. En concreto, ha aludido a la denominada 'ley Ábalos', que, según ha señalado, fue tumbada por contravenir el derecho europeo, una situación que, a su juicio, ha dejado en ocasiones a ayuntamientos y comunidades autónomas “huérfanas” a la hora de afrontar determinados problemas de movilidad.

En este contexto, el Gobierno de Aragón considera necesario dotar a la Comunidad de una legislación propia que permita ordenar de manera más completa los diferentes escenarios del transporte. López ha anunciado que el Ejecutivo autonómico pretende iniciar durante esta legislatura la tramitación de una nueva ley de transporte de Aragón.

López ha defendido que esta futura legislación permitirá ofrecer un marco normativo más claro ante situaciones que actualmente generan dificultades de interpretación y conflictos entre operadores. La intención es que durante la presente legislatura Aragón pueda disponer de una nueva ley que regule estos escenarios y contribuya a mejorar la movilidad de los ciudadanos.

La futura norma abordará, según ha detallado, cuestiones relacionadas con la movilidad sostenible y con el conjunto del transporte en la comunidad, más allá de la problemática concreta de las VTC. El consejero ha vinculado su impulso a la necesidad de aportar seguridad jurídica a las administraciones, a los agentes que aplican las normas y a los propios colectivos profesionales.

Más seguridad jurídica

Gaudes ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá acompañando al sector del taxi y ha destacado la importancia de la coordinación entre las dos administraciones. A su juicio, la reunión celebrada con el Gobierno de Aragón demuestra que existe voluntad de diálogo y de buscar soluciones mediante la colaboración institucional.

El encuentro deja así dos vías de trabajo diferenciadas. Por un lado, la comisión que Gobierno de Aragón y taxistas constituirán de forma inmediata permitirá revisar la regulación de las VTC y preparar la nueva resolución que se pretende aprobar antes de finalizar septiembre. Por otro, el Ejecutivo autonómico iniciará en septiembre la tramitación de una nueva ley de transporte que aspira a establecer un marco general para Aragón.

De esta forma, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y sector del taxi afrontan los próximos meses con una agenda centrada en mejorar la regulación de las VTC, reforzar los mecanismos de control y avanzar hacia una legislación autonómica de transporte. El objetivo común es aportar mayor seguridad jurídica y ordenar la convivencia entre los diferentes servicios de transporte de viajeros que operan en la capital aragonesa.

Fa tot just un any, l’aeroport d’Eivissa era un dels principals escenaris d’actuació dels taxis ‘pirata’. Actualment, després d’una intensa campanya d’inspeccions que ha acabat amb 162 vehicles immobilitzats i convertits en ferralla, l’obertura de més de 630 expedients sancionadors i una recaptació rècord de 710.752 euros durant el 2025 -segons dades del Consell Insular-, la pressió sobre el transport il·legal n’ha reduït dràsticament la presència a l’aeròdrom, tot i que els taxistes alerten que el problema s’ha traslladat a les platges i a les zones d’oci.

Quan el PP va arribar al govern de la institució insular el 2019, es va fixar entre els seus objectius prioritaris la lluita contra l’intrusisme, centrant-se principalment en el transport i el lloguer turístic il·legal. Per fer-ho, es va crear un departament nou, dotat d’un cos d’inspectors, que treballa coordinadament amb les policies locals i la Guàrdia Civil.

Aquest esforç ha permès reduir l’oferta il·legal a l’aeroport de l’illa, que era un dels principals punts d’operacions dels transportistes ‘pirata’. Les dades més actualitzades del juliol del 2026 mostren que s’han obert 636 expedients sancionadors més, mentre que el nombre de taxis clandestins immobilitzats s’ha reduït fins als 18, cosa que suposa un descens del 89% respecte al conjunt del 2025.

“L’any passat vam fer una feina molt intensa. Vam obrir més de 600 expedients i vam immobilitzar més d’un centenar de taxis ‘pirata’. Molts d’aquests vehicles han acabat convertits en ferralla. Ara les dades demostren que aquest esforç està donant fruits i que cada vegada hi ha menys vehicles que s’atreveixen a operar al marge de la llei”, afirma Mariano Juan, conseller insular de Mobilitat, Infraestructures i Lluita contra l’Intrusisme.

Diversos associats del sector del taxi reconeixen i agraeixen els esforços dirigits a eliminar el transport il·legal, tot i que lamenten que, a causa de la professionalització d’aquestes xarxes, continuen tenint presència en punts propers a les platges i zones d’oci, com ara les discoteques. “Coincideixo que ara són molt menys a l’aeroport i que van molt més a les platges i les discoteques”, explica a elDiario.es un taxista titular d’una llicència a Sant Josep de sa Talaia. És un dels municipis amb més moviment de taxis il·legals, ja que dins d’aquest terme municipal hi ha diversos punts turístics clau: l’aeroport, la zona d’oci de Platja d’en Bossa -amb diversos hotels i discoteques famoses- i les platges del Parc Natural de ses Salines.

El ‘modus operandi’

“El sector -il·legal- s’ha professionalitzat. Són a les xarxes socials i a plataformes d’internet i, malgrat tota la lluita que s’està duent a terme -i que s’està fent molt bé-, el que demanem és que no s’aturi», explica a aquest diari Toni Roig, president de FITIE (Federació Insular del Taxi de l’Illa d’Eivissa i Formentera).

El modus operandi dels taxistes ‘pirata’ –que en ocasions s'ha organitzat al voltant de xarxes mafioses– es desenvolupa en els punts d'origen o destí dels turistes, que solen ser fonamentalment l'aeroport, els ports, els hotels, les discoteques i altres llocs destinats a l’oci. Sota l’aparença d’operar com una empresa privada de transport de viatgers, en realitat s’hi duu a terme una activitat fraudulenta de trasllat de turistes. Vehicles que no disposen de llicència o autorització administrativa presten il·legalment aquest servei a canvi d’una contraprestació econòmica. A vegades s’organitzen a través de plataformes d’internet o aplicacions mòbils com WhatsApp o Telegram.

La responsabilitat per les irregularitats comeses recau, en els casos de les xarxes de transport clandestines, en la persona que materialment dugui a terme l’activitat en nom propi o que l’organitzi; en aquells que col·laborin en la realització d’aquesta activitat sense ser personal assalariat, i en els comercialitzadors o intermediaris que ofereixin serveis sense llicència o títol habilitant, incloent-hi l’oferta a través de pàgines web o aplicacions de missatgeria instantània, tal com estableix l' article 76.1.b) de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears. El transport il·legal està tipificat en l' article 94.1 de la normativa. Aquestes infraccions, a més, es sancionen amb multes d'entre 15.000 i 25.000 euros, segons l'article 97.1 de la normativa.

“Que s’incrementi, en la mesura del possible, tota la feina que s’està fent sobre aquest assumpte”, insisteix Roig, per aquests motius, respecte de la inspecció i el control. Alhora, agraeix l’esforç que estan fent les administracions insulars, així com els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, perquè el transport il·legal passi a ser una pràctica residual.

Més inspecció i recursos

El departament de Transports del Consell Insular ha implementat en els darrers anys un pla d’inspecció que ha suposat una ofensiva contra les xarxes clandestines dels taxis ‘pirata’. Aquest pla s’elabora en col·laboració amb la Policia Local dels cinc ajuntaments -Eivissa, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany i Sant Joan de Labritja-; la Guàrdia Civil i els responsables del departament de lluita contra l’intrusisme, com també els funcionaris encarregats de les operacions.

Per fer-ho, tant els inspectors com els agents d’inspecció de transports del Consell Insular exerceixen un control constant sobre les carreteres i vies públiques. Aquests controls se solen dur a terme en coordinació amb els diferents cossos i forces de seguretat amb competències en matèria de transports. Es fan amb més freqüència a carreteres i llocs de gran afluència, de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia.

Tant el conseller insular de Mobilitat, Infraestructures i Lluita contra l’Intrusisme, Mariano Juan, com el director insular de Transports, Roberto Algaba, fan un balanç positiu de la feina feta. En una visita a les instal·lacions de Ca na Negreta, on es custodien els vehicles immobilitzats per transport il·legal abans de ser convertits en ferralla, Juan ha destacat que les dades d’aquest any “confirmen que la feina que s’està fent dona resultats”.

Així mateix, ha afegit que “no hi ha millor immobilització que la que no s’ha de produir perquè hem aconseguit dissuadir els taxis pirata abans que cometin la infracció”. “Aquest és el millor indicador que el pla d’inspecció funciona”, conclou el conseller, que ha recordat que el pla d’inspecció continuarà actiu durant tota la temporada turística “amb l’objectiu de continuar combatent l’intrusisme i garantir un transport segur, legal i de qualitat a l’illa”.

Platges i discoteques

Malgrat tot, els taxistes adverteixen que el transport il·legal no ha desaparegut. “L’intrusisme i la competència deslleial, per desgràcia, continuen existint i continuen sent perfectament visibles”, afirma Roig, president de FITIE. Mentre que s’ha reduït força a l’aeroport, s’ha desplaçat més cap a altres nuclis turístics de l’illa, com ara les platges i les discoteques.

“S’ha reduït força a l’aeroport, però hi ha una feina pendent a les discoteques i les platges”, assegura Lolo Ruiz, portaveu d’Élite Corsaris. Ruiz reconeix que la feina institucional feta a l’aeroport durant el dia ha donat resultats, però que ara queda pendent actuar en altres punts de l’illa. Especialment, a les zones de discoteques i platges, on part de l’activitat il·legal s’ha desplaçat.

Així, Ruiz insisteix que cal continuar mantenint aquesta pressió durant uns quants anys més per desincentivar aquells que continuen dedicant-se al transport il·legal i aconseguir que acabin buscant una activitat legal. D’altra banda, considera que continuen havent-hi conflictes amb els taxis ‘pirata’ cap a la matinada, quan pràcticament ja no hi ha servei d’autobusos i les úniques alternatives per sortir de l’aeroport són els taxis, les VTC i els serveis regulats de transport discrecional de viatgers.

En aquest sentit, proposa implantar autobusos nocturns des de l'aeroport –no només els discobus destinats a les zones d'oci– per reduir les llargues cues que continua havent-hi als voltants de l'aeròdrom i que permeti que els turistes tinguin altres opcions de desplaçament per arribar a les seves destinacions. En ocasions, aquestes esperes són les oportunitats que aprofiten les xarxes del transport il·legal per cobrar viatges de forma fraudulenta.

Després de la implementació del nou contracte del servei públic, que ha renovat tota la flota d’autobusos i ha incorporat més i millors freqüències, hi ha cinc línies d’autobusos amb sortida de l’aeroport cap a diferents punts de l’illa.

El primer fa la ruta -en ambdues direccions- entre l’aeròdrom i Sant Antoni de Portmany, passant per Sant Josep de sa Talaia. En horari d’estiu surt un autobús cada mitja hora, i l’últim ho fa a la una i mitja de la matinada. La segon fa la ruta cap a Eivissa passant per Sant Jordi i el port. En horari d’estiu surt cada mitja hora, i l’últim surt a dos quarts d’una de la nit.

La tercera línea, fins al port d’Eivissa, en horari d’estiu surt cada mitja hora, i l’última ho fa a tres quarts de dotze de la nit. La quarta línia fa la ruta cap a la platja de Cala Nova passant per Santa Eulària des Riu. En horari d’estiu surt cada hora, i l’última ho fa a les dotze de la nit. La cinquena línia fa la ruta cap al barri de ses Figueretes -municipi d’Eivissa-, passant per la zona d’oci i turística de Platja d’en Bossa. Aquest autobús només presta servei a l’estiu, cada mitja hora, i l’últim surt a les dotze i deu de la nit. Els diumenges i festius hi ha rutes que tenen menys freqüències.

A més de sol·licitar més freqüències d’autobusos durant la matinada des de l’aeroport, Ruiz lamenta que “quan els inspectors se’n van, [els pirata] tornen”. Segons el portaveu d’Élite Corsaris, les xarxes clandestines estan molt pendents dels moviments de les autoritats i, tan bon punt veuen que ja no hi ha inspecció o presència policial, especialment a la nit, tornen a l’aeroport. Com que el negoci que hi feien s’ha reduït molt, estan esperant qualsevol oportunitat per tornar a captar clients.

Hace apenas un año, el aeropuerto de Eivissa era uno de los principales escenarios de actuación de los taxis 'pirata'. En la actualidad, tras una intensa campaña de inspecciones que ha acabado con 162 vehículos inmovilizados y convertidos en chatarra, la apertura de más de 630 expedientes sancionadores y una recaudación récord de 710.752 euros durante 2025 -según datos del Consell Insular-, la presión sobre el transporte ilegal ha reducido drásticamente su presencia en el aeródromo, aunque los taxistas alertan de que el problema se ha trasladado a playas y zonas de ocio.

Cuando el PP llegó al gobierno de la institución insular en 2019, se fijó entre sus objetivos prioritarios la lucha contra el intrusismo, centrándose principalmente en el transporte y alquiler turístico ilegal. Para ello se formó un departamento de nueva creación, dotado de un cuerpo de inspectores, que trabaja coordinadamente con las policías locales y la Guardia Civil.

Este esfuerzo ha permitido reducir la oferta ilegal en el aeropuerto de la isla, que era uno de los principales puntos de operaciones de los transportistas ‘pirata’. Los datos más actualizados de julio de 2026 muestran que se han abierto otros 636 expedientes sancionadores, mientras que el número de taxis clandestinos inmovilizados se ha reducido hasta los 18, lo que supone un descenso del 89% respecto al conjunto de 2025.

“El año pasado hicimos un trabajo muy intenso. Abrimos más de 600 expedientes e inmovilizamos más de un centenar de taxis ‘pirata’. Muchos de estos vehículos han acabado convertidos en chatarra. Ahora los datos demuestran que este esfuerzo está dando sus frutos y que cada vez hay menos vehículos que se atreven a operar al margen de la ley”, afirma Mariano Juan, conseller insular de Movilidad, Infraestructuras y Lucha contra el Intrusismo.

Diferentes asociados de taxi reconocen y agradecen los esfuerzos dirigidos a liquidar el transporte ilegal, aunque lamentan que debido a la profesionalización de estas redes siguen teniendo presencia en puntos cercanos a las playas y zonas de ocio, como las discotecas. “Coincido en que están mucho menos en el aeropuerto y que van mucho más a playas y discotecas”, explica a elDiario.es un taxista titular de una licencia en Sant Josep de sa Talaia. Es uno de los municipios con más movimiento de taxis ilegales debido a que dentro de este término municipal hay varios puntos turísticos claves: el aeropuerto, la zona de ocio de Platja d’en Bossa –con varios hoteles y discotecas famosas– y las playas del Parque Natural de ses Salines.

El ‘modus operandi’

“El sector –ilegal– se ha profesionalizado”. Están en las redes sociales y en plataformas de internet y, pese a toda la lucha que se está llevando a cabo –y se está haciendo muy bien–, pedimos es que no se detenga“, explica a este diario Toni Roig, presidente de FITIE (Federació Insular del Taxi de l'Illa d'Eivissa i Formentera).

El modus operandi de los taxistas ‘pirata’ –que en ocasiones se ha organizado en torno a redes mafiosas– se efectúa en los puntos de origen o destino de los turistas, que suelen ser fundamentalmente el aeropuerto, los puertos, hoteles, discotecas, y otros lugares destinados al ocio. Bajo la apariencia de operar como una empresa privada de transporte de viajeros, en realidad se está llevando a cabo una actividad fraudulenta de traslado de turistas. Vehículos que no cuentan con una licencia o autorización administrativa realizan ilegalmente este servicio a cambio de una contraprestación económica. En ocasiones se organizan en torno a plataformas de internet o aplicaciones móviles como Whatsapp o Telegram.

La responsabilidad por las irregularidades cometidas recae, en los casos de las redes de transporte clandestinas, en la persona que materialmente lleve a cabo la actividad en nombre propio o la organice; quienes colaboren en la realización de dicha actividad sin ser personal asalariado y en los comercializadores o intermediarios que ofrezcan servicios sin licencia o título habilitante, incluyendo el ofrecimiento a través de páginas web o aplicaciones de mensajería instantánea, como afirma el artículo 76.1.b) de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears. El transporte ilegal está tipificado en el artículo 94.1 de la normativa. Estas infracciones, además, se sancionan con multas de entre 15.000 y 25.000 euros, según el artículo 97.1 de la normativa.

“Que se incremente, en la medida de lo posible, todo el trabajo que se está realizando sobre este asunto”, insiste, por estos motivos, Roig, el portavoz de una de las patronales del taxi, respecto a la inspección y el control. Al mismo tiempo, agradece el esfuerzo que están realizando las administraciones insulares, así como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que el transporte ilegal pase a ser una práctica residual.

Más inspección y recursos

El departamento de Transportes del Consell Insular ha implementado en los últimos años un plan de inspección que ha supuesto una ofensiva contra las redes clandestinas de los taxis ‘piratas’. Este plan se elabora en colaboración con la Policía Local de los cinco ayuntamientos –Eivissa, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja–; la Guardia Civil y los responsables del departamento de lucha contra el intrusismo, así como los funcionarios encargados de las operaciones.

Para ello, tanto los inspectores como los agentes de inspección de transportes del Consell Insular ejercen un control constante sobre las carreteras y vías públicas. Estos controles se suelen realizar en coordinación con los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad con competencias en materia de transportes. Se realizan con mayor frecuencia en carreteras y lugares de gran afluencia, de forma aleatoria, y en cualquier momento del día.

Tanto el conseller insular de Movilidad, Infraestructuras y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, como el director insular de Transportes, Roberto Algaba, hacen un balance positivo del trabajo realizado. En una visita a las instalaciones de Ca na Negreta, donde se custodian los vehículos inmovilizados por transporte ilegal antes de ser convertidos en chatarra, Juan ha destacado que los datos de este año “confirman que el trabajo que se está haciendo da resultados”.

Asimismo, ha añadido que “no hay mejor inmovilización que la que no se tiene que producir porque hemos conseguido disuadir a los taxis pirata antes de que cometan la infracción”. “Este es el mejor indicador de que el plan de inspección funciona”, concluye el conseller, que ha recordado que el plan de inspección continuará activo durante toda la temporada turística “con el objetivo de seguir combatiendo el intrusismo y garantizar un transporte seguro, legal y de calidad en la isla”.

Playas y discotecas

Pese a todo, los taxistas advierten que el transporte ilegal no ha desaparecido. “El intrusismo y la competencia desleal, por desgracia, siguen existiendo y siguen siendo perfectamente visibles”, afirma Roig, presidente de FITIE. Mientras que se ha reducido bastante en el aeropuerto, se ha desplazado más hacia otros núcleos turísticos de la isla, como las playas y las discotecas.

“Se ha reducido bastante en el aeropuerto, pero hay un trabajo pendiente en las discotecas y las playas”, asegura Lolo Ruiz, portavoz de Élite Corsaris. Ruiz reconoce que el trabajo institucional realizado en el aeropuerto durante el día ha dado resultados, pero que ahora queda pendiente actuar en otros puntos de la isla. Especialmente, en las zonas de discotecas y playas, donde parte de la actividad ilegal se ha desplazado.

Así, Ruiz insiste en que hay que seguir manteniendo esta presión durante varios años más para desincentivar a quienes siguen dedicándose al transporte ilegal y que acaben buscando una actividad legal. Por otro lado, considera que sigue habiendo conflictos con los taxis ‘pirata’ hacia la madrugada, cuando apenas queda servicio de autobuses, y las únicas alternativas para salir del aeropuerto son los taxis, las VTC y los servicios regulados de transporte discrecional de viajeros.

En este sentido, propone implantar autobuses nocturnos desde el aeropuerto –no solo los discobuses destinados a las zonas de ocio– para reducir las largas colas que sigue habiendo en los alrededores del aeródromo y que permita que los turistas tengan otras opciones de desplazamiento para llegar a sus destinos. En ocasiones, estas esperas son las oportunidades que aprovechan las redes del transporte ilegal para cobrar viajes de forma fraudulenta.

Después de la implementación del nuevo contrato del servicio público, que ha renovado toda la flota de autobuses y ha incorporado más y mejores frecuencias, existen cinco líneas de autobuses con salida del aeropuerto hacia distintos puntos de la isla.

El primero hace la ruta –en ambas direcciones– entre el aeródromo y Sant Antoni de Portmany, pasando por Sant Josep de sa Talaia. En horario de verano sale uno cada media hora, siendo el último a la una y media de la madrugada. El segundo hace la ruta hacia Eivissa pasando por Sant Jordi y el puerto. En horario de verano sale cada media hora, siendo el último con salida a las doce y media de la noche.

El tercero, al puerto de Eivissa, en horario de verano sale cada media hora, siendo el último a las doce menos cuarto de la noche. El cuarto hace la ruta hacia la playa de Cala Nova pasando por Santa Eulària des Riu. En horario de verano sale cada hora, siendo el último a las doce de la noche. El quinto hace la ruta hacia el barrio de Ses Figueretes –municipio de Eivissa–, pasando por la zona de ocio y turística Platja d’en Bossa. Este autobús solo hace servicio en verano, cada media hora, siendo el último a las doce y diez de la noche. En domingos y festivos hay rutas que tienen menos frecuencias.

Además de solicitar más frecuencias de autobuses durante la madrugada desde el aeropuerto, Ruiz lamenta que “cuando los inspectores se marchan, [los piratas] vuelven”. Según el portavoz de Élite Corsaris, las redes clandestinas están muy pendientes de los movimientos de las autoridades y, en cuanto ven que ya no hay inspección o presencia policial, especialmente por la noche, regresan al aeropuerto. Al haberse reducido mucho el negocio que hacían allí, están esperando cualquier oportunidad para volver a captar clientes.

Medio centenar de municipios de siete comunidades autónomas presentan barreras normativas que impiden a las personas con VIH trabajar como taxistas. Entre ellos figuran varias capitales de provincia como Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Sevilla, Málaga o Murcia, según recoge el informe realizado por la Comisión de VIH y Trabajo, integrada por los sindicatos CCOO, UGT y las organizaciones Cesida y FELGTBI+, realizada tras la actuación iniciada por el Defensor del Pueblo en doce ayuntamientos murcianos, por lo que reclaman la revisión urgente de cláusulas que todavía exigen “no padecer enfermedad infectocontagiosa” para ejercer esta profesión.

Para la Comisión VIH y Trabajo, la intervención del Defensor del Pueblo supone un paso “importante en la defensa de la igualdad de trato y en la eliminación de obstáculos normativos que nunca debieron mantenerse vigentes”.

A raíz de esta situación, reclama que esta revisión se extienda a todos los municipios del territorio español en los que aún existan leyes, ordenanzas, reglamentos, bases de convocatoria o trámites administrativos que incluyan cláusulas genéricas como la de “no padecer enfermedad infectocontagiosa” para obtener una licencia o permiso municipal de taxi.

La permanencia de estas formulaciones no solo resulta “anacrónica”, sino que consideran que puede traducirse en exclusión, disuasión y vulneración de derechos para las personas con VIH, según las organizaciones. Como alternativa, se propone una redacción adecuada a la aptitud efectiva para ejercer el trabajo: “Certificado médico oficial firmado y sellado por el facultativo, acreditativo de que el interesado/a no padece impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de taxista”.

Por todo ello, la Comisión de VIH y Trabajo insta a las administraciones locales, autonómicas y estatales a actualizar de manera urgente toda ley, ordenanza, reglamento o procedimiento administrativo que atente contra los derechos laborales y la igualdad de oportunidades de las personas que viven con VIH.

En su opinión, “ninguna persona debería ver limitado su acceso al empleo o a una licencia pública por cláusulas genéricas que no responden ni a la evidencia científica ni a los principios de no discriminación”. Asimismo, la Comisión de VIH y Trabajo solicita que la revisión normativa no se limite al sector del taxi. A su juicio, la eliminación de barreras legales y administrativas debe formar parte de una política pública coherente con el derecho al trabajo, la protección de la salud pública basada en la evidencia y el compromiso institucional con la no discriminación asociada al VIH.

Combatir “el estigma”, según la Comisión, también implica revisar y corregir aquellas normas que, aunque formuladas de manera aparentemente neutra, siguen teniendo efectos excluyentes. La Comisión de VIH y Trabajo reafirma “su disposición a colaborar con las administraciones competentes para identificar, revisar y modificar estas disposiciones, con el objetivo de garantizar entornos laborales y marcos normativos inclusivos, actualizados y respetuosos con los derechos humanos”.

Canarias es la comunidad con más municipios identificados según la información revisada por la Comisión de VIH y Trabajo y se han detectado estas barreras normativas en Adeje, Arafo, Arico, Arona, Candelaria, El Rosario, El Sauzal, El Tanque, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Icod de los Vinos, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria, Los Realejos, San Bartolomé, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide, Teguise y Yaiza.

En Murcia se han detectado en Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Blanca, Caravaca de la Cruz, Cehegín, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Molina de Segura, Mula, Murcia, Torre Pacheco y Totana y en Andalucía en Alcalá de Guadaíra, Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Motril y Sevilla.

Asimismo, en la Comunidad de Madrid se han detectado Alcalá de Henares, Madrid y Orusco de Tajuña; en Castilla y León en El Arenal y León; en Extremadura en Badajoz y Cáceres y en Castilla La Mancha en Albacete, Ciudad Real y Chiloeches.

Después de que el pasado febrero Uber desembarcara en Donostia con licencias de VTC concedidas por la Diputación de Bizkaia habilitadas para operar en toda Euskadi -en Bilbao se instauró en 2019- y del primer aniversario de Cabify en la capital vizcaína, que se cumple este julio, este miércoles se estrena Bolt en la villa, con un servicio de vehículos con conductor eléctricos. La compañía ha explicado en un comunicado que su llegada pretende “reforzar el tejido empresarial local a través de una colaboración basada en innovación y digitalización”.

Al igual que ocurre con Uber o Cabify, Bolt ni el resto de plataformas que se instauren en Euskadi, podrán hacer teóricamente trayectos urbanos, debido a que sus licencias se conceden exclusivamente para que realicen recorridos interurbanos, de un municipio a otro. No obstante, esta es una cuestión que no se cumple debido a que si hay disponibilidad de coches se puede realizar la petición para ir de una zona de Bilbao a otra a través de las plataformas. Eso sí, el precio varía según el horario y la demanda que haya.

En lo que va de año la Diputación Foral de Bizkaia ha impuesto 56.000 euros en sanciones a VTC tras la detección de estos servicios urbanos realizados por vehículos. También ha habido inspecciones por parte del Ayuntamiento de Bilbao. El año pasado el consistorio bilbaíno realizó tres campañas de inspección a taxis y VTC que se saldaron con 21 denuncias por irregularidades a VTC y solo una a un taxista.

A pesar de que desde la plataforma de movilidad defienden la “necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio que facilite la convivencia entre los distintos operadores de movilidad”, desde el sector del taxi subrayan que “todas las empresas deben ajustarse a la ley vigente”. Según confirman desde la sección del taxi de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), las denuncias registradas por las instituciones “muestran solo la punta del iceberg de las irregularidades”, y por eso piden que los controles sean diarios, con el fin de que se pongan todos los medios para regular un sector que “está generando un importante deterioro del servicio”, alertan los taxistas que a inicios de año convocaron varias movilizaciones con el objetivo de frenar “los abusos” de las plataformas.

Pilar Terán, presidenta de la mayor cooperativa de taxis de Santander, Radiotaxi, acepta preguntas. Pero ya solo por escrito. Dispuesta a responder, dice que lo prefiere así después de “la experiencia” que ha tenido con los medios de comunicación. Se refiere a sus declaraciones en un medio nacional, tras ser recientemente condenada por la justicia, junto a otros compañeros taxistas, por agredir a un conductor de Cabify, en junio de 2023, en el aeropuerto de la capital de Cantabria. De las 18 preguntas que se le consultan ahora, la única que no contesta es sobre el incidente por el que aceptaron delitos leves de coacciones y de lesiones, que implicaron multas de hasta 960 euros y 1.450 de indemnización: “⁠No voy a contestar a esta cuestión”, zanja.

Santander tiene un borrador de reglamento para los taxis pendiente de aprobar en el que el punto principal son las licencias temporales y carece de reglamento para los llamados 'Vehículos de Transporte con Conductor' (VTC). Sin marco regulatorio, la tensión con los VTC en el transporte de pasajeros aflora. ⁠“La valoración no es todo lo positiva que al gremio del taxi le gustaría. La competencia es buena para poder mejorar, pero siempre que sea legal y en las mismas condiciones”, opina Terán, quien consultada por cómo es la relación con los VTC, dice que, aunque conviven, “el problema de estas plataformas es que no respetan las leyes, cargan en paradas de taxi y utilizan los carriles bus con total impunidad”.

En este conflicto, en Santander, de un lado, están los taxistas autónomos y las dos sociedades cooperativas del taxi. Por un lado, Radiotaxi, que es la más representativa porque aglutina a 230 taxistas, exige exclusividad -el taxista no puede tener sus propios clientes directos ni trabajar para empresas específicas de forma independiente- y funciona mediante Pide Taxi. Por otro, la minoritaria Asociación Cántabra de Pymes del Taxi (Acapyt), que funciona a través de Teletaxi, y engloba a unos 30, en el arco de la bahía de Santander.

Enfrente están los VTC -conductores autónomos para distintas compañías, como Cabify, Uber o Alsa-. “Les vemos cargar en parada, les vemos cargar a mano alzada, les vemos cargar, utilizan el carril bus, aparcan donde les da la gana... van a (la playa de ) Mataleñas, por ejemplo, y cobran 50 euros y eso pues nos va quemando el día a día”, suma Fernando Díez Calvo, de Acapyt.

Y también está un actor desconocido para la mayoría: Aurelio Crespo, socio local de Cabify que aglutina buena parte de la cuota de mercado con su marca Armonicar Digital, con más de 50 vehículos y trabajadores asalariados, que calcula tener en Santander una cuota entre el 73 y el 78% de Cabify. “El conductor de Cabify del aeropuerto no era conductor mío”, matiza Crespo, en entrevista con elDiario.es: “Es un caso aislado y defiendo a Pilar, considero que eso se sacó de contexto”, afirma sin entrar más al tema.

El mediático caso de la pelea en el aeropuerto Seve Ballesteros ha puesto sobre la mesa un conflicto entre taxistas y VTC enquistado en una ciudad que experimenta un cambio en su modelo turístico. La alcaldía busca a toda costa desestacionalizar las visitas, pero sin plan de contención. Un mayor número de visitantes que se revela con fuerza cada verano. ⁠

“El turismo de Cantabria, por suerte, está en auge. Las épocas estivales son más exigentes, pero por suerte el sector del taxi tiene trabajo todo el año”, asegura Pilar Crespo, que valora en positivo cómo Santander “cada vez atrae a más gente nacional durante todo el año”. Coincide en que hay trabajo todo el año Fernando Díez, de Acapyt, pero con reservas y críticas al auge turístico: “Más turismo no significa más trabajo, significa peor trabajo, ¿vale? Estamos viendo en verano un trabajo basura, es un turismo basura, porque no damos abasto y encima es un turismo de poca calidad”.

Cronología del conflicto

En 2014, el Parlamento de Cantabria aprobó que los VTC pudiesen operar. Para 2019, los ánimos de los taxistas de Santander ya estaban caldeados y se manifestaron para exigir, sin éxito, una inspección a los VTC, un colectivo que crecía lentamente y se regía por dos vías: funcionaba a través de aplicaciones y tenía origen y destino definido. Pero, desde 2022, el gran aumento de turistas habituados a usar VTC ha marcado un cambio drástico en los veranos.

Desde entonces, las cooperativas de taxi locales han pedido un reglamento que les permita obtener licencias temporales cuyo borrador no define el número máximo de licencias ni las características de los taxis para pedirlas. Ante esto, Pilar Terán se muestra optimista: “Se realizará un estudio a principios de año por parte del Ayuntamiento, se dará audiencia a las asociaciones con el resultado y se empezará con las bases”. Sin embargo, Fernando Díez, de Acapyt, no es tan optimista: “¿Cómo plantea el marco regulatorio? No lo plantea. Punto. No hay ningún parámetro. Esto lo deja abierto y luego lo regulamos... El reglamento general no se mete en este jaleo”, cuestiona el portavoz de Acapyt sobre un documento que aún tiene que pasar por comisión y pleno municipal.

Tanto Radio Taxi como Acapyt defienden, además, la necesidad de un decreto municipal del VTC. De hecho, ya se lo han trasladado a la alcaldesa, asegura Pilar Terán. ⁠“En las reuniones que hemos mantenido con el Ayuntamiento, sí se les planteó. Lo iban a estudiar después de finalizar el del taxi”. Por su lado, Aurelio Crespo, cuya pareja tiene dos licencias de taxi, no ve funcional un decreto municipal o autonómico: “En su momento se tenía que haber hecho un decreto estatal”, dice sobre un colectivo, los autónomos del VTC, con el que elDiario.es ha tratado de contactar sin respuesta.

“Nadie regula”

La tensión no solo procede de la forma de operar de los conductores locales de VTC. “Aquí aparecen VTC de toda España que están operando en Santander sin poder hacerlo y nadie les dice nada. Absolutamente nadie regula eso”, describe Fernando Díez, de Acapyt: “Gema (Igual) siempre va a intentar empatar, siempre va a intentar quedar bien con las VTC, siempre va a intentar quedar bien con el electorado, bien con nosotros, bien en general. Gema funciona así”, opina.

Y el conflicto entre profesionales del transporte de pasajeros también deriva del costo de las licencias: mientras para un taxi supera con creces los cien mil euros, una autorización para conducir un VTC es muy inferior, señalan fuentes del gremio.

Santander vive un auge del turismo con consecuencias directas en la vivienda y en los servicios, como la movilidad, impulsado por una alcaldesa, Gema Igual (PP), que fue concejala de turismo. Igual rechaza declarar zonas tensionadas, dar la cifra de viviendas vacías, o clarificar el número de viviendas turísticas registradas. Y de igual forma rechaza que la ciudad se sature, aunque en 2026 ha encargado por primera vez un estudio de capacidad de carga para evaluar escenarios de “potencial saturación”, del que no ha informado públicamente.

“Como que Santander (y Cantabria) parece que va a ser la Marbella del norte”, dice sonriente Crespo, el socio local de Cabify en Cantabria.“Hablan de la masificación y demás, yo creo que eso no es no no tiene mucho sentido porque hasta ahora tampoco ha habido. Días puntuales el verano pasado y demás, pero tendría que que seguir creciendo en un porcentaje muy elevado para llegar a ese extremo”, defiende este empresario defensor de la liberalización en el sector de la movilidad: “Hemos pasado de tener muy definidas las estaciones del año, sobre todo un mes y medio en verano, a ser todo mucho más lineal; hasta octubre se trabaja muy bien”.

Crespo defiende la rentabilidad de su modelo para Cantabria y dice que tiene un sueño: “Mi deseo y mi ilusión es que el sector del taxi en Cantabria se sume al VTC. Me da igual a la que sea, a Uber, a Cabify, a Volt”. Y pone de ejemplo Madrid, donde numerosos taxis funcionan también como VTC: “En Madrid quizás estemos casi a un 50% de autónomos que están operando con todas las plataformas”. Y muestra su confianza en las nuevas generaciones de taxistas: “Los chicos que están llegando de chóferes dicen: 'Es que aquí, pues hay que sumarse', porque ellos lo ven, ellos viajan”.

Para Pilar Crespo, la exclusividad es intocable: “⁠Vivimos en una ciudad en la que nos conocemos todos y ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos. Desde el gremio del taxi exigimos el cumplimiento de las leyes y las normas, nada más”. Una fuente del sector del taxi asegura, sin embargo, que la exclusividad no es absoluta: “No se cumple ni el 80% de los casos, casi todos los taxistas tienen sus propios clientes privados”.

Doce años después de que entraran los VTC en Cantabria, el panorama persiste incierto y el conflicto latente. Ante la posibilidad de regular los VTC, el Ayuntamiento de Santander no ha respondido a las preguntas elDiario.es.

Una jueza de Medio Cudeyo ha admitido a trámite la querella presentada por la Federación Cántabra del Taxi (que aglutina a casi dos centenares de profesionales) contra el alcalde de Vega de Pas por la prestación, en este Ayuntamiento, del transporte sociosanitario de personas “sin autorización”, lo que a juicio del colectivo podría constituir delitos de prevaricación administrativa.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo acuerda admitir a trámite la querella de los taxistas cántabros -y la documentación adjunta- así como dar traslado de la misma al regidor, del que se recaban antecedentes y al que se hace el ofrecimiento de acciones.

Según el escrito de la Federación, remitido al juzgado y consultado igualmente por Europa Press, el Consistorio es propietario del vehículo con el que se viene prestando el servicio en cuestión de forma “sistemática, continuada y pública” y sin la preceptiva autorización legal.

Los taxistas detallan al respecto que el automóvil circula con el rótulo 'Transporte sociosanitario' y símbolos municipales y se ocupa del traslado “habitual” de personas.

De acuerdo con los querellantes, esta actividad infringe artículos de las leyes de Ordenación de los Transportes Terrestres de Transporte de Viajeros por Carretera de Cantabria.

Consideran “evidente” que el que realiza el Ayuntamiento es “un transporte regular de uso especial” y entienden que tanto el vehículo como la administración municipal “carecen de autorización para llevar a cabo este tipo de transporte”.

Conforme a la citada normativa, el transporte asistencial está especializado en el traslado de personas que por su edad, condición física o mental u otras circunstancias precisen una atención especial o planteen necesidades específicas de transporte, en tanto que los servicios de transporte público regular de viajeros de uso especial “únicamente podrán prestarse cuando se cuente con la correspondiente autorización especial que habilite para ello, otorgada por la administración competente”.

Y dicha autorización “solo podrá ser otorgada a una persona, física o jurídica, que previamente sea titular de autorización para el transporte público de viajeros de ámbito suficiente”.

“Un sistema paralelo”

Con lo anterior, la Federación Cántabra del Taxi entiende que “se desprende inicialmente que el Ayuntamiento está incurriendo en una flagrante infracción de las normas administrativas” e, “indiciariamente, en un delito de prevaricación”, pues “no solo se está incumpliendo la legislación estatal y autonómica, sino que el propio Ayuntamiento ha institucionalizado una actividad ilegal”.

En este sentido, resaltan que “lejos de ser una actividad puntual”, el servicio está reglamentado por la ordenanza fiscal que regula el precio público por Servicio de Transporte Sociosanitario del Ayuntamiento de Vega de Pas, que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en diciembre de 2004.

En la exposición de motivos, y según rematan los taxitas, el Consistorio “reconoce la carencia de servicio público de transporte en el municipio” y, “lejos de subsanarla mediante la contratación de profesionales autorizados” conforme a la ley de Transportes Terrestres o de “canalizar esta carencia por los cauces legales” -licitación pública-, “opta por crear un sistema paralelo” a la norma y “decidid instituir un servicio de gestión directa con tarifas propias y personal sin la capacitación profesional legalmente exigible”.

Antes de presentar la querella, se denunció la situación tanto ante la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria como ante el propio Ayuntamiento, sin que ninguno de ambos organismos “haya hecho nada” al respecto, concluyen los taxistas.

El Hotel Eurostars de Toledo, en el barrio de Buenavista, uno de los más ‘exclusivos’ al norte de la ciudad, acoge los días 20 y 21 de mayo, la 53ª Conferencia Regional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con medio millar de asistentes procedentes de más de 50 países.

El evento ha provocado un despliegue policial en toda regla, con casi 200 agentes en esta zona del norte de la capital castellanomanchega, extramuros del Casco Histórico, y con estrictos controles de seguridad que no han pasado desapercibidos para los vecinos y vecinas de la zona, ni tampoco para los taxistas que iban y venían y que han visto cómo los furgones de la Policía Nacional se apostaban en las inmediaciones del hotel.

Entre las unidades participantes en el dispositivo se han desplegado medios aéreos, unidades especializadas de guías caninos o unidades de subsuelo para “garantizar que el dispositivo se desarrolle con total normalidad”.

Los agentes pertenecen en gran medida a la Comisaría Provincial y la Jefatura de la Policía en Toledo, así como de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Toledo y Albacete y de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) tanto de la Comisaría Provincial como de Talavera de la Reina. El despliegue se ha preparado desde hace dos meses a través de reuniones operativas con un incremento efectivo de los agentes en las calles de la ciudad.

“Pensábamos que pasaba algo cuando hemos visto tanta policía por aquí y nos hemos asustado un poco, pero nada, que viene mucha gente importante o algo así”, comentaba a este medio Paula, una vecina de las urbanizaciones cercanas. Pablo, un estudiante de la zona que esperaba el autobús urbano, también ha mostrado su sorpresa. Y  su impaciencia: el transporte público se retrasaba. “Lo que nos faltaba”, ha lamentado.

También los taxistas han notado algo de jaleo durante la mañana, con la llegada de muchos de los asistentes desde Madrid, en autobuses desde el aeropuerto facilitados por la organización. “La Policía Local ya nos había avisado, y estamos activos algunos más de los que solemos circular a estas horas, pero no hemos notado nada especial, solo los atascos habituales de entrada a la ciudad. Y como siempre los hay, ahora encima estas cosas... Yo es que estoy flipando”, se quejaba uno de ellos.  

“Aceleración” de obras en la ciudad 

Este mismo conductor también ha destacado el hecho de que justo en los últimos días, ha visto cómo se “aceleraban” algunas obras de la ciudad, principalmente una de las que más atascos está produciendo: el Paseo de la Vega que da acceso a la Puerta de Bisagra, una de las principales vías de entrada al Casco Histórico.

En este paseo ayer mismo se colocaron las estatuas que ya flanquean el nuevo tránsito - un proyecto del gobierno de PP y Vox para visibilizar en la zona a los reyes visigodos y cristianos-, se eliminaron las placas metálicas que impedían ver el desarrollo de las obras y se terminó el nuevo pavimento. La zona sigue vallada pero ya pueden observarse sus avances.  

En el resto de la ciudad no se han percibido especiales incidencias, según la Policía Local, pero sí se prevé que este jueves, día 21 de mayo, y segunda jornada de la reunión de la Interpol, pueda ampliarse el dispositivo debido a la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La elección de la ciudad no es casual y así lo han comentado a este medio desde el departamento de comunicación de la Interpol: “Es un sitio ideal”.

Toledo se ha convertido en los últimos años en un atractivo para la celebración de grandes eventos de este tipo, debido a su cercanía con Madrid y a que se trata de una ciudad pequeña, fácil de ‘controlar’ por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con espacios muy amplios para albergar este tipo eventos de gran asistencia, como el elegido, el Hotel Eurostars, pero también el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ubicado en la antigua Fábrica de Armas, o el Palacio de Congresos ‘El Greco’.

El espacio escogido para este evento internacional de la Interpol es uno de los dos únicos hoteles de cinco estrellas de Toledo. Está ubicado en la orilla este del río Tajo, en el Palacio de Buenavista, un antiguo cigarral histórico construido a finales del siglo XVI por orden del cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, tras recibir los terrenos del rey Felipe II.

Según la tradición local y algunos historiadores, el diseño original fue obra del pintor ‘El Greco’, en la que pudiera ser su única incursión conocida en el mundo de la arquitectura, pero este extremo no esta documentado de forma oficial. Lo que sí es público es que, en su época dorada, sus jardines y estancias sirvieron de punto de encuentro para intelectuales y artistas.  

De los intelectuales a los turistas... y ahora la Interpol

En el siglo XX, la finca fue restaurada y después ampliada a principios del siglo XXI, respetando la estructura original. Como complejo hotelero, primero lo adquirió la cadena Hilton, que en 2014 lo traspasó a Eurostars manteniendo su calificación de cinco estrellas.

El complejo no ha sido reservado en su totalidad para los asistentes al evento, puesto que mientras que se desarrollaba el acto de inauguración, había turistas entrando y saliendo con sus maletas. Esta situación de libre circulación contrastaba en los accesos al hotel con los estrictos controles para los medios de comunicación.

En la programación oficial facilitada por la Interpol, hay una cena de gala programada para este miércoles, en el Cigarral del Ángel, otro entorno de lujo en la orilla oeste del río Tajo, y muy conocido por tener como chef al toledano Iván Cerdeño.

No hay constancia de que los participantes vayan a realizar alguna visita oficial al Casco Histórico de la ciudad, pero la organización no descarta que algunos “vayan por libre” y realicen alguna excursión privada o algún paseo particular.

Lo que sí han recibido todos lo participantes es un kit de regalos. Entre ellos, cuadernos, bolígrafos, una medalla con el sello de la Interpol y una caja con delicias de mazapán, una de las joyas de la repostería toledana. Algunos asistentes ya las degustaban incluso antes del acto de inauguración, al recoger sus regalos en la entrada de la gran sala de conferencias.

Este amplio espacio para el evento ha sido también el lugar idóneo para un solemne acto de apertura en el que ha destacado la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, que ha interpretado el himno de este cuerpo y posteriormente el nacional al inicio de la entrada de las autoridades. Posteriormente, todos los asistentes han guardado un minuto de silencio por los agentes policiales fallecidos en acto de servicio.

Después, la ciudad de Toledo ha estado en boca de todos los intervinientes en la inauguración. La han elogiado durante sus intervenciones el presidente de Interpol, Lucas Philippe; su secretario general, Valcecy Urquiza; y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Esta última ha hablado de un “entorno privilegiado” y un “símbolo de coexistencia entre culturas”.  

“Esta ciudad es la prueba viva de que el entendimiento no es una utopía si sabemos construirlo paso a paso, y de que en los tiempos más difíciles, es posible convivir en paz. y debemos aspirar a convivir en paz”, ha remarcado.

El encuentro de la Interpol aborda en estos dos días, entre otros asuntos, la lucha contra las redes de delincuencia organizada, el abuso sexual infantil en la Red, la ciberdelincuencia, la lucha contra los centros de estafas, las amenazas emergentes de drogas en Europa y la trata de personas.

Todas las intervenciones y ponencias son privadas, sin acceso de los medios de comunicación, pero la Interpol hará pública la información analizada en su página web.

La Interpol es la mayor organización de policía internacional del mundo, integrada por 196 países miembros. Su función principal es conectar a las fuerzas de seguridad a nivel global para prevenir, investigar y combatir la delincuencia transnacional.

Entre sus labores se encuentra el intercambio de información mediante bases de datos globales con información sobre delincuentes (huellas dactilares, ADN, pasaportes robados, vehículos) accesibles en tiempo real para las policías de todo el mundo; la búsqueda de fugitivos para su localización, detención y extradición según los casos; la emisión de alertas; y el apoyo operativo, es decir, la asistencia a las autoridades locales en investigaciones sobre terrorismo, cibercrimen, trata de personas, narcotráfico y delitos financieros.

La presidenta de Radio Taxi Santander y siete taxistas más han sido condenados a multas, de hasta un máximo cercano a los mil euros, por increpar a un conductor de Cabify en el aeropuerto Seve Ballesteros y al que, además, agredieron tres de ellos, incluida la representante del colectivo en la ciudad, Pilar Terán.

Las penas han sido pactadas por las partes este lunes antes del juicio contra ellos, que no se ha celebrado ya que ha habido conformidad. También han acordado que dos de los implicados indemnicen con 1.450 euros a la víctima por los puñetazos propinados y con 165 euros al Servicio Cántabro de Salud por la asistencia médica prestada.

Durante la sesión, todos los procesados -uno de ellos también miembro de la sociedad cooperativa, en la que tiene el cargo de vicetesorero- se han mostrado conformes con las penas que sus abogados han pactado con el de la acusación particular y el fiscal y la jueza ha decretado ya la firmeza de la sentencia.

Antes de la vista oral, el ministerio público reclamaba ocho meses de prisión para cada uno de los enjuiciados por un delito de coacciones y multas de 600 euros para los dos taxistas que dieron varios puñetazos al conductor de Cabify (uno de ellos llegó a sujetarle por el cuello mientras el otro le golpeaba) y de 300 para Terán por sujetarle por la espalda y propinarle un fuerte empujón.

Pero ahora se ha considerado que el delito de coacciones fue leve, por lo que se ha rebajado la pena a cada uno de ellos por este ilícito a 480 euros, a razón de una cuota diaria de ocho euros durante dos meses.

Además, a los dos que agredieron a la víctima se les ha impuesto la misma multa, de 480 euros, por un delito igualmente leve de lesiones, y de 240 euros (ocho euros al día durante un mes) a la presidenta de los taxistas de Santander por un delito de maltrato de obra por el empujón.

Así las cosas, las multas oscilan entre los 480 euros que deben abonar cinco encausados, los 720 que tiene que pagar Terán y los 960 que corresponden a dos taxistas, y a los que se suman los 1.450 euros de indemnización al perjudicado (sufrió contusiones en mandíbula, dorso y lumbares) y 165 euros al SCS.

Además, todos ellos deberán sufragar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Antes del juicio, esta parte pedía para los ocho implicados -seis hombres y dos mujeres- dos años y medio de prisión por las coacciones y privación del derecho a acudir al aeropuerto durante un año. El fiscal solicitaba que todos indemnizaran a la víctima en 1.000 euros por el daño moral y en 1.200 euros los que le abofetearon por las lesiones sufridas.

Metio la cabeza por la ventanilla y le escupió

Según los hechos recogidos en el escrito de la Fiscalía y que se llevarán a sentencia, el conductor de Cabify acudió al aeropuerto de Santander para hacer un servicio. Al parar el automóvil fue increpado por varios taxistas, uno de los cuales “metió la cabeza por la ventanilla del vehículo y le escupió”.

Entonces, el increpado cambió de lugar su coche y se bajó del mismo para dirigirse a la terminal con el fin de solicitar la intervención de la Guardia Civil. Pero no pudo hacerlo “por la violenta actuación en grupo” de los ocho procesados. Una taxista (Terán) “le sujetó por la espalda y le propinó un fuerte empujón” y, a continuación, otros dos “le golpearon propinándole varios puñetazos, llegándole a sujetar fuertemente por el cuello uno mientras el otro le golpeaba”.

El Ayuntamiento de Albacete ha puesto en marcha una nueva convocatoria para obtener el permiso municipal preceptivo para conducir autotaxis. El objetivo es, según el concejal de Movilidad, Francisco Navarro, “mejorar el servicio de taxi al facilitar a sus titulares la contratación de conductores, de modo que puedan ampliarse las horas de atención y así garanticemos el servicio continuado y de calidad que Albacete reclama y necesita”.

Esta convocatoria responde además a las peticiones formuladas al Ayuntamiento desde la Asociación de Autotaxis, “y por eso estamos haciendo una convocatoria nueva cada año”.

El plazo para presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde la publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, donde después se publicará la lista de admitidos y excluidos. Las instancias pueden presentarse en la sede electrónica municipal o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento.

¿Cuáles son los requisitos?

Además de disponer de Permiso de Conducir de la Clase B o superior, se exige que los interesados no padezcan enfermedades infecto-contagiosa o impedimentos físicos que dificulten el normal ejercicio de la profesión, y tampoco pueden tener antecedentes penales.

El examen para obtener el certificado de aptitud constará de dos partes: una primera con 20 preguntas tipo test, y una segunda parte desarrollando la respuesta a dos preguntas sobre itinerarios, situación de calles, edificios públicos y monumentos de Albacete, y sobre la Ordenanza Reguladora del Servicio de Vehículos de Alquiler con Aparato.

La calificación final del examen será de apto o no apto, y el Permiso Municipal de Conducción tiene una validez de 5 años, al término de los cuales deberá ser renovado sin necesidad de nuevo examen

Navarro ha recordado que “en menos de tres años de Gobierno municipal, esta es la tercera convocatoria que realizamos para estos estos exámenes, y se vienen concediendo en torno a 30 permisos cada año. De ese modo, no sólo abrimos nuevas oportunidades de empleo para los ciudadanos, sino que los titulares de licencias de taxi tienen más posibilidad de contratar a conductores, para extender las horas de servicio y que la ciudad esté mejor dotada en ese sentido”.

Los taxis de Logroño tendrán varias novedades en las próximas semanas. Al aumento de taxis durante las noches, una reclamación solicitada desde hace años por la ciudadanía y asegura a través de una instrucción del Ayuntamiento de Logroño, se suman el cambio en la parada del Paseo del Espolón y la subida de las tarifas, según las peticiones del colectivo de taxistas.

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, junto con el presidente de la Asociación de Taxistas de Logroño, Ángel Ortigosa, ha presentado esta mañana las diversas novedades. “La mejora de la movilidad en la ciudad es clave para este ejecutivo y con estas medidas se logra este primer objetivo a la par que se apoya al colectivo del taxi”, ha asegurado el concejal.

Sobre los servicios mínimos durante la noche, que entrará en vigor el 1 de abril, Ángel Andrés ha informado de que “se ha establecido una franja horaria de especial control para la prestación de este servicio, entre las 23:00 y las 7:00 horas durante todos los días de la semana, que deberá cubrirse con un mínimo de cinco taxis de domingo a jueves, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos será obligatorio que haya un mínimo de 10 vehículos a disposición de los ciudadanos”.

El Ayuntamiento deja a las asociaciones del sector la libertad de organizarse y articular la mejor manera para garantizar el cumplimiento de la resolución. No obstante, de manera trimestral, dichas asociaciones presentarán a las autoridades una relación detallada de las licencias que han cubierto esos servicios mínimos.

Además, se ha modificado la parada de taxi de la Plaza del Espolón de la calle Muro de Francisco de la Mata a la calle Miguel Villanueva. “Esto responde a la solicitud por parte de los taxistas de buscar un emplazamiento con mejor salida a todas las direcciones de la ciudad, además de ser un enclave con más sombra y mejor accesibilidad a la acera para los usuarios”, ha dicho el concejal.

También ha apuntado que el Ayuntamiento ha escuchado la solicitud de revisión tarifaria. “Teniendo en cuenta que nuestra ciudad es una de las más baratas de España y que no se modificaban desde 2022, la Junta de Gobierno ha aprobado una revisión tarifaria que busca acercarse al incremento que ha sufrido el IPC en estos años, sin llegar a equipararlo”. Esta subida correspondería al 11,7% mientras que, según ha apuntado, “el IPC ha subido en estos cuatro años más de un 15%”. “Las nuevas tarifas, se han consensuado con el sector y se han trasladado a la Comisión Regional de Precios del Gobierno de la Rioja proponiendo su aprobación que, de confirmarse, sería en las próximas semanas”. El edil municipal ha destacado que “esto permitirá que el sector del taxi sea más atractivo, y suponga un reclamo para las nuevas licencias que se licitarán en un futuro para su concurrencia”.

Actualmente, la ciudad cuenta con 101 licencias de taxis en activo, que dan trabajo también a 6 taxistas asalariados. De estos vehículos, 15 de ellos están adaptados para personas con movilidad reducida. Logroño cuenta con ocho paradas repartidas por toda la ciudad, incluida la nueva parada de El Espolón, en la calle Miguel Villanueva.

Uber ha puesto en marcha este martes ‘Mujeres Conductoras’ en España, un nuevo servicio que permite a las mujeres usuarias solicitar viajes exclusivamente con conductoras y, a la inversa, que las conductoras puedan priorizar pasajeras. La funcionalidad está disponible desde hoy en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Mallorca, y mantiene el mismo precio que UberX, el producto estándar de la compañía.

El lanzamiento coincide en el tiempo con una nueva sacudida judicial a Uber en Estados Unidos. La semana pasada, un jurado federal de Phoenix condenó a la empresa a pagar 8,5 millones de dólares a Jaylynn Dean, una usuaria que denunció haber sido violada por un conductor de la plataforma en 2023, según informó The New York Times. El fallo, considerado un caso piloto, abre la puerta a miles de demandas similares pendientes en el país por presuntos fallos sistémicos en las políticas de seguridad de la compañía.

Desde Uber niegan a ElDiario.es cualquier relación entre ambos hechos. La empresa asegura que el lanzamiento de Mujeres Conductoras no responde a la detección de denuncias ni a un aumento de agresiones contra mujeres en España. “No hemos detectado casos graves en el mercado español”, sostienen fuentes de la compañía, que enmarcan la iniciativa como una respuesta a una demanda recurrente de usuarias y conductoras.

Mujeres conductoras: en crecimiento, pero aún minoría

Según los datos facilitados por Uber, las mujeres representan actualmente el 8% del total de personas que conducen a través de la plataforma en España, una cifra que triplica la media de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África en español, según sus siglas en inglés), situada por debajo del 3%. La mitad de estas conductoras se concentra en Madrid, seguida de ciudades como Sevilla y Valencia. En el último año, el número de mujeres conductoras ha crecido un 40%, y en los últimos cinco años se ha duplicado de forma sostenida.

La directora general de Uber en España, Lola Vilas, defendió durante la presentación que las mujeres “valoran especialmente la posibilidad de elegir con quién viajan y a quién llevan”, una preferencia que, según la empresa, ha sido clave en el diseño del nuevo servicio. Las conductoras podrán activar o desactivar la opción de viajar solo con pasajeras según la zona, el horario o el tipo de trayecto, mientras que las usuarias podrán seleccionar esta modalidad al solicitar un viaje.

“No hemos detectado casos graves en España”

Durante el acto, varias conductoras subrayaron que la medida puede mejorar su sensación de seguridad, especialmente en turnos nocturnos y fines de semana. “Cuando conduzco de noche prefiero recoger a mujeres, me siento más segura”, explicó una de ellas. Otras destacaron que la opción les permite adaptar su trabajo a contextos concretos, como determinadas zonas o franjas horarias.

Aunque Uber insiste en que no existe una relación de causa y efecto con el caso estadounidense, el lanzamiento se produce en un momento de creciente escrutinio sobre la seguridad de las plataformas de transporte. En el fallo recogido por The New York Times, el jurado rechazó el argumento de Uber de que no es responsable de la conducta de sus conductores por considerarlos autónomos, una tesis que podría marcar el rumbo de miles de litigios similares en Estados Unidos.

En España, la compañía mantiene que no ha identificado incidentes graves comparables, pero reconoce que el reto pasa por atraer a más mujeres a un sector altamente masculinizado y por ofrecer herramientas que mejoren su experiencia en la plataforma, tanto como pasajeras como al volante.

Vehículos autónomos para 2026

Además del anuncio del nuevo servicio, la compañía aprovechó el acto para adelantar la llegada de vehículos autónomos a España en 2026, aunque sin concretar aún su despliegue. La compañía aseguró que los usuarios podrán seleccionar este tipo de vehículo a través de la aplicación cuando el servicio esté disponible, pero evitó detallar cómo será la operativa, en qué condiciones circularán o qué socios tecnológicos participarán, remitiéndose a un trabajo previo con las administraciones públicas y a futuras comunicaciones.

Junto a este anuncio, Uber puso el acento en su crecimiento en el país, destacando la expansión geográfica de la plataforma —de siete ciudades en 2022 a 18 en la actualidad, además de Andorra— y la ampliación de su cartera de servicios, desde vehículos eléctricos hasta transporte adaptado o la integración del taxi. Sin embargo, la empresa volvió a esquivar la presentación de datos financieros en España y no ofreció cifras sobre ingresos, facturación o rentabilidad, limitándose a subrayar el aumento del uso de la plataforma y del número de conductores activos.

Los taxistas vascos se movilizarán el próximo 4 de febrero contra los “abusos” de las plataformas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) como Uber o Cabify, para las que reclaman a las instituciones inspecciones como las que pasan en el sector del taxi. En declaraciones a Europa Press, el delegado de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) para el sector del Taxi, Miquel González, ha explicado que su organización ha celebrado este miércoles una reunión abierta al sector para ver qué iniciativas se podían poner en marcha para conseguir el objetivo de que haya inspecciones “cotidianas, diarias”, por parte institucional contra los “abusos de las plataformas de los VTCs”.

En ella, han acordado que desde UPTA van a participar de la convocatoria de movilización que ha hecho la Federación Vasca del Taxi para el día 4 de febrero, a falta de concretar cómo se materializará, para que sea “lo más masiva y representativa posible”.

El objetivo de la movilización es que las instituciones vascas lleven a cabo inspecciones diarias a los VTC, con el fin de que se pongan todos los medios para regular un sector que “está generando un importante deterioro del servicio”. “Si las instituciones no se ponen serias y cortan esta sangría, caminaremos hacia un cierre total del servicio del taxi, ya veremos cómo, cuándo y de qué manera, pero ese es el objetivo”, ha advertido.

Tras denunciar que en Bizkaia hay un “goteo constante” de nuevas licencias de VTC, autorizadas por la Diputación foral, a diferencia de Gipuzkoa, donde no se dan nuevas licencias, o en Álava, donde se encuentran “bastante más resistencia institucional”, González ha lamentado los efectos dañinos de estas plataformas para los 2.100 taxistas que ejercen en Euskadi.

El sector del taxi d'Eivissa dorm amb un ull obert davant el possible escenari al que es podria enfrontar després d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) que obliga al Govern balear a reexaminar 600 autoritzacions sol·licitades per l'empresa Moove Cars Balears S.L.O i que van ser denegades quan es van tramitar l'any 2023. La Sala contenciosa administrativa ha estimat parcialment un recurs presentat per la mercantil contra el Govern i diverses federacions de taxi de l'arxipèlag i ha acordat la retroacció del procediment perquè la institució doni una nova resposta a les autoritzacions VTC sol·licitades.

La resolució judicial, a la que ha pogut accedir elDiario.es, qüestiona un dels principals instruments amb els quals Balears havia tractat de contenir l'expansió d'empreses com Uber, Bolt o Cabify: el Govern havia argumentat que les sol·licituds no complien amb la ràtio establerta pel Decret 43/2014 de 3 d'octubre entre taxis (VT) i VTC. A l'illa de Mallorca, la proporció ha de ser de 12,6 taxis per cada VTC (i no es compleix perquè hi ha 1.949 taxis i 350 VTC). Mentre que a Eivissa hi ha 61 taxis per cada Uber (existeixen 980 llicències de VT enfront de les 16 de VTC), quan la proporció que estipula el decret és de tan sols 6,74. Per tant, no sols es compleix la ràtio, sinó que hi hauria marge per a aprovar almenys 125 llicències d'Uber més.

La fallada no implica la concessió automàtica d'aquestes llicències, però sí que suposa un revés per a l'estratègia autonòmica per a contenir l’allau d'aquestes empreses a la comunitat. L'Administració va aplicar la ràtio automàtica justificant la insularitat del territori i la seva estacionalitat en el sector turístic. Així com la necessitat d'establir un sistema d'equilibri entre les dues modalitats de transport públic en vehicles de turisme: el transport públic discrecional i de lloguer amb conductor. No obstant això, el TSJIB conclou -en línia amb el raonament del Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea- que no queden demostrades raons d'interès general, com l'impacte ambiental o la congestió real de trànsit.

En total, s'han fet 10.000 sol·licituds en tot l'arxipèlag; 6.500 d'elles només a l'illa d'Eivissa. Encara que ara mateix hi ha sobre la taula 600 sol·licituds, la sentència afecta a totes les sol·licitades a partir de juliol de 2023. La mera possibilitat que es revisi sol·licitud per sol·licitud ha despertat un nerviosisme entre federacions i associacions de taxi no sols de les Pitiüses, sinó de Balears en general, que veuen perillar la seva posició en el negoci de transport de viatgers per carretera.

Al voltant de mil llicències de taxi

Les gairebé mil llicències actives a l'illa d'Eivissa suposen una xifra que, d'aprovar-se la major part d'autoritzacions sol·licitades per VTC, seria gairebé ínfima. “La veritat és que estem espantats”, confessa Toni Roig, president de la Federació Insular del Taxi d'Eivissa (FITIE). Per municipis, la ciutat d'Eivissa -la capital- és la que té el major nombre de llicències, amb 328 en total; 174 estacionals i 154 fixes. La segueix el terme municipal de Sant Josep, el que més quilòmetres de platja suma de l'illa: 180 taxistes només per a la temporada turística i altres 106 que operen de gener a desembre. Sant Antoni, un altre dels punts calents per al sector turístic, té 108 llicències estacionals (de les quals vuit són vehicles adaptats, Eurotaxis) i 89 fixos, el que suma un total de 197.

En la zona est, a Santa Eulària, l'àrea de comunicació de l’Ajuntament ha explicat a elDiario.es que hi ha actualment 141 taxistes amb llicència; 63 que funcionen durant tot l'any i 78 només per als mesos de temporada. Sant Joan és el que compta amb menor nombre de taxis, amb 28 llicències vigents.

Lolo Ruiz, portaveu de l’associació Élite Corsaris Eivissa, trasllada que una de les principals injustícies resideix en què el taxi està molt regulat, fins i tot per a fer canvis en el seu propi sector, mentre que els VTC no estan subjectes de moment a cap requisit. És la mateixa situació que es repeteix en altres plans del mercat turístic insular, com els hotels amb les viles o Airbnb, als qui acusen de rebentar l'oferta amb una proposta més lliure al no estar subjecta a cap regulació. Això desestabilitza el tauler i afecta, en el cas del taxi, a empreses familiars que són les històricament tenen les llicències -amb preus, actualment, estratosfèrics-.

Roig va estar present durant la reunió mantinguda en el Consolat de la Mar, la seu del Govern, amb la presidenta Marga Prohens a principis de gener, on els taxistes de Balears van manifestar la seva “profunda preocupació” per la nova situació per als VTC. La mateixa que ha transmès en ser preguntat per elDiario.es el també vicepresident de la Federació Independent del Taxi de les illes Balears (FITIB), que inclou a la FITIE. El sol fet d'haver d'acatar la sentència ja porta de bòlid als taxistes, que dormien tranquils sabent que havien denegat les sol·licituds. Ara temen noves resolucions judicials que confirmin errors en els passos seguits per l'administració i que el resultat sigui una porta oberta per a Uber per a operar al territori insular.

Concorde a les mesures de decreixement

“El nombre -de llicències sol·licitades- és prou exagerat per a inquietar-se”, assenyala Roig. D'altra banda, el president de la Fitie sospita que la majoria d'aquestes empreses vol aterrar en les carreteres de Balears “només per a especular” i adverteix que ha arribat l'hora de replantejar-se l'economia que es vol per a les illes, on també s'està intentant fixar un sostre de vehicles. Eivissa ha implantat per primera vegada el límit aquest estiu -imitant el model de Formentera.eco- i Mallorca ja estudia la mateixa mesura. En aquest sentit, des de la federació esperen que l'esperit de la nova norma que estudia el Govern vagi concorde a la resta de mesures de decreixement que es valoren a l'illa per a reduir la densitat de trànsit i la cura del medi ambient.

Els taxistes són conscients que la resolució és inamovible i estan a l'espera ara que es tramiti “el que s'hagi de tramitar”. Mentrestant, demanen a les administracions que treballin per a reforçar els arguments jurídics que els permetin defensar a la petita i mitjana empresa. El nou escenari, afegeixen, tampoc és atractiu per als vehicles de transport amb conductor tradicionals.

La Presidència del Govern ha comunicat que els serveis jurídics estan treballant per a posar límit a les llicències de VTC a través d'un Reglament que s'apliqui quan acabi la moratòria, al febrer d'enguany. La institució ja va impulsar, a principis de 2024, una modificació legal aprovada pel Parlament que va suposar la suspensió de la tramitació de noves llicències, tant de taxi com de VTC. La paralització continua vigent a l'espera de l'aprovació definitiva del decret que ha de regular tots dos sectors, un text que, segons l'Executiu, es troba en una fase molt avançada de tramitació i que ha estat validat pel Consell Balear de Transport Terrestre.

Els serveis jurídics del Govern estan treballant per a posar límit a les llicències de VTC a través d'un Reglament que s'apliqui quan acabi la moratòria, al febrer d'enguany

Una vegada aprovat el decret, hauran de reprendre's els expedients que van quedar suspesos durant la moratòria, sempre sota el nou marc regulador, que segons el Govern permetrà evitar un creixement descontrolat i ajustar el nombre d'autoritzacions a les “necessitats reals” del territori. El que sembla indicar que l'augment d'Uber i altres VTC a Eivissa serà inevitable.

Diverses infraccions d'Uber

Un portaveu de la conselleria de Movilitat ha recalcat a elDiario.es que Balears, per la seva condició de territori insular, limitat i especialment protegit, no podrà absorbir “una allau” de noves autoritzacions sense comprometre l'equilibri del sistema de mobilitat. El temor entre taxistes no sols procedeix d'aquest fet, sinó també dels nombrosos incompliments d'aquestes empreses una vegada en les carreteres: des d'una furgoneta discoteca amb dj per a anar fins a Amnèsia fins a l'ús de parades només habilitades per a taxis.

En el cas del furgó, la Direcció General de Trànsit (DGT) va confirmar que no complia els requisits de circulació i la Policia li va posar dues multes. Encara així, ha continuat funcionant. També s'han donat, des que Uber va desembarcar a l'illa a la fi de 2023, nombroses infraccions greus al volant per part dels seus conductors, entre elles, circular sota els efectes de substàncies estupefaents, segons diversos casos publicats per Diario de Ibiza. Uber no ha respost a la petició d'informació d'elDiario.es en el moment de publicació d'aquesta notícia.

“Una vegada que es concedeixin les llicències, qui és, al carrer, que s'encarregarà de vigilar que es compleixi amb la normativa i es facin les coses bé?”, es pregunta Roig. Enmig d'aquest “malson” que posa al seu negoci en risc els taxistes subratllen que el 70% de les sol·licituds de tot Balears recauen a Eivissa: “Pot haver-hi un impacte absolut en el sector eivissenc del taxi”.

El sector del taxi de Eivissa duerme con un ojo abierto ante el posible escenario al que se podría enfrentar después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) que obliga al Govern balear a reexaminar 600 autorizaciones solicitadas por la empresa Moove Cars Balears S.L.U y que fueron denegadas cuando se tramitaron en el año 2023. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente un recurso presentado por la mercantil contra el Govern y varias federaciones de taxi del archipiélago y ha acordado la retroacción del procedimiento para que la institución dé una nueva respuesta a las autorizaciones VTC solicitadas. 

La resolución judicial, a la que ha accedido elDiario.es, cuestiona uno de los principales instrumentos con los que Balears había tratado de contener la expansión de empresas como Uber, Bolt o Cabify: el Govern había argumentado que las solicitudes no cumplían con la ratio establecida por el Decreto 43/2014 de 3 de octubre entre taxis (VT) y VTC. En la isla de Mallorca, la proporción tiene que ser de 12,6 taxis por cada VTC (y no se cumple porque hay 1.949 taxis y 350 VTC). Mientras que en Eivissa hay 61 taxis por cada Uber (existen 980 licencias de VT frente a 16 de VTC), cuando la proporción que estipula el decreto es de tan solo 6,74. Por lo tanto, no solo se cumple la ratio, sino que habría margen para aprobar por lo menos 125 licencias más de Uber.

El fallo no implica la concesión automática de estas licencias, pero sí supone un revés para la estrategia autonómica para contener una avalancha de estas empresas en la comunidad. La Administración aplicó la ratio automática justificando la insularidad del territorio y su estacionalidad en el sector turístico. Así como la necesidad de establecer un sistema de equilibrio entre las dos modalidades de transporte público en vehículos de turismo: el transporte público discrecional y de alquiler con conductor. Sin embargo, el TSJIB concluye -en línea con el razonamiento del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- que no quedan demostradas razones de interés general, como el impacto ambiental o la congestión real de tráfico.

En total, se han hecho 10.000 solicitudes en todo el archipiélago; 6.500 de ellas solo en la isla de Eivissa. Aunque ahora mismo hay sobre la mesa 600 solicitudes, la sentencia afecta a todas las solicitadas a partir de julio de 2023. La mera posibilidad de que se revise solicitud por solicitud ha despertado un nerviosismo entre federaciones y asociaciones de taxi no solo de las Pitiüses, sino de Balears en general, que ven peligrar su posición en el negocio de transporte de viajeros por carretera.

Alrededor de mil licencias de taxi

Las casi mil licencias activas en la isla de Eivissa suponen una cifra que, de aprobarse la mayor parte de autorizaciones solicitadas por VTC, sería casi ínfima. “La verdad es que estamos asustados”, confiesa Toni Roig, presidente de la Federación Insular del Taxi de Eivissa (FITIE). Por municipios, la ciudad de Eivissa -la capital- es la que tiene el mayor número de licencias, con 328 en total; 174 estacionales y 154 fijas. Le sigue el término municipal de Sant Josep, el que más kilómetros de playa suma de la isla: 180 taxistas solo para la temporada turística y otros 106 que operan de enero a diciembre. Sant Antoni, otro de los puntos calientes para el sector turístico, tiene 108 licencias estacionales (de las cuales ocho son vehículos adaptados, Eurotaxis) y 89 fijos, lo que suma un total de 197. 

En la zona este, en Santa Eulària, el área de comunicación del Ayuntamiento ha explicado a elDiario.es que hay actualmente 141 taxistas con licencia; 63 que funcionan durante todo el año y 78 solo para los meses de temporada. Sant Joan es el que cuenta con menor número de taxis, con 28 licencias vigentes.

Lolo Ruiz, portavoz de la asociación Élite Corsaris Ibiza, traslada que una de las principales injusticias reside en que el taxi está muy regulado, incluso para hacer cambios en su propio sector, mientras que los VTC no están sujetos de momento a ningún requisito. Es la misma situación que se repite en otros planos del mercado turístico insular, como los hoteles con las villas o Airbnb, a quienes acusan de reventar la oferta con una propuesta más libre al no estar sujeta a ninguna regulación. Esto desestabiliza el tablero y afecta, en el caso del taxi, a empresas familiares que son las históricamente tienen las licencias -con precios, actualmente, estratosféricos-. 

Roig estuvo presente durante la reunión mantenida en el Consolat del Mar, la sede del Govern, con la presidenta Marga Prohens a principios de enero, en la que los taxistas de Balears manifestaron su “profunda preocupación” por la nueva situación para los VTC. La misma que ha transmitido al ser preguntado por elDiario.es el también vicepresidente de la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares (FITIB), que incluye a la FITIE. El solo hecho de tener que acatar la sentencia ya trae de bólido a los taxistas, quienes dormían tranquilos sabiendo que habían denegado las solicitudes. Ahora temen nuevas resoluciones judiciales que confirmen fallos en los pasos seguidos por la administración y que el resultado sea una puerta abierta para Uber para operar en territorio insular.

Acorde a las medidas de decrecimiento

“El número -de licencias solicitadas- es lo suficientemente exagerado para inquietarse”, señala Roig. Por otro lado, el presidente de la Fitie sospecha que la mayoría de estas empresas quiere aterrizar en las carreteras de Balears “solo para especular” y advierte de que ha llegado la hora de replantearse la economía que se quiere para las islas, donde también se está intentando fijar un techo de vehículos. Eivissa ha implantado por primera vez este límite este verano -imitando el modelo de Formentera.eco- y Mallorca ya estudia la misma medida. En ese sentido, desde la federación esperan que el espíritu de la nueva norma que estudia el Govern vaya acorde al resto de medidas de decrecimiento que se valoran en la isla para reducir la densidad de tráfico y el cuidado del medio ambiente.

Los taxistas son conscientes de que la resolución es inamovible y están a la espera ahora de que se tramite “lo que se tenga que tramitar”. Mientras tanto, piden a las administraciones que trabajen para reforzar los argumentos jurídicos que les permitan defender a la pequeña y mediana empresa. El nuevo escenario, añaden, tampoco es atractivo para los vehículos de transporte con conductor tradicionales.

La Presidència del Govern ha comunicado que los servicios jurídicos están trabajando para poner coto a las licencias de VTC a través de un Reglamento que se aplique cuando termine la moratoria, en febrero de este año. La institución ya impulsó, a principios de 2024, una modificación legal aprobada por el Parlament que supuso la suspensión de la tramitación de nuevas licencias, tanto de taxi como de VTC. La paralización sigue vigente a la espera de la aprobación definitiva del decreto que debe regular ambos sectores, un texto que, según el Ejecutivo, se encuentra en una fase muy avanzada de tramitación y que ha sido validado por el Consell Balear de Transport Terrestre. 

Los servicios jurídicos del Govern están trabajando para poner coto a las licencias de VTC a través de un Reglamento que se aplique cuando termine la moratoria, en febrero de este año

Una vez aprobado el decreto, deberán retomarse los expedientes que quedaron suspendidos durante la moratoria, siempre bajo el nuevo marco regulador, que según el Govern permitirá evitar un crecimiento descontrolado y ajustar el número de autorizaciones a las “necesidades reales” del territorio. Lo que parece indicar que el aumento de Uber y otros VTC en Eivissa será inevitable.

Varias infracciones de Uber

Un portavoz de la conselleria de Movilitat ha recalcado a elDiario.es que Balears, por su condición de territorio insular, limitado y especialmente protegido, no podrá absorber “una avalancha” de nuevas autorizaciones sin comprometer el equilibrio del sistema de movilidad. El temor entre taxistas no solo procede de este hecho, sino también de los numerosos incumplimientos de estas empresas una vez en las carreteras: desde una furgoneta discoteca con dj para ir hasta Amnesia hasta el uso de paradas solo habilitadas para taxis.

En el caso del furgón, la Dirección General de Tráfico (DGT) confirmó que no cumplía los requisitos de circulación y la Policía le puso dos multas. Aun así, ha seguido funcionando. También se han dado, desde que Uber desembarcó en la isla a finales de 2023, numerosas infracciones graves al volante por parte de sus conductores, entre ellas, circular bajo los efectos de sustancias estupefacientes, según varios casos publicados por Diario de Ibiza. Uber no ha respondido a la petición de información de elDiario.es en el momento de publicación de esta noticia.

“Una vez que se concedan las licencias, ¿quién es, en la calle, que se encargará de vigilar que se cumpla con la normativa y se hagan las cosas bien?”, se pregunta Roig. En medio de esta “pesadilla” que pone a su negocio en riesgo los taxistas subrayan que el 70% de las solicitudes de todo Balears recaen en Eivissa: “Puede haber un impacto absoluto en el sector ibicenco del taxi”.

Diversos taxistas cortan este martes los tres carriles centrales de la Gran Vía de Barcelona para denunciar “el expolio” de Uber y otras empresas de VTC. El corte comienza en el cruce con la calle Bailén, junto a la plaza Tetuán, y permite que los coches circulen por los carriles laterales.

En la protesta participan taxis llegados de varios municipios y que este martes tienen intención de llevar a cabo una “movilización histórica”. Élite Taxi ha convocado una suspensión del servicio en toda Catalunya desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La protesta no cuenta con el apoyo de todo el sector, ya que no se han adherido el Sindicato del Taxi de Cataluña (STAC), la Agrupación Taxi Companys (ATC) y PakTaxi.

Uber ofrece pagar el seguro a los conductores

Coincidiendo con la huelga, Uber ha anunciado este martes que que pagará 1.500 euros para financiar el seguro de cada taxista que se incorpore a la plataforma hasta el 31 de marzo. La empresa ha explicado que, para acceder a la medida los conductores deberán ser titulares de una licencia de taxi y realizar al menos 250 viajes con la plataforma durante los primeros 60 días desde su incorporación.

Según Uber, en Barcelona hay unos 2.000 taxistas que trabajan con la plataforma y que “generan el doble de ingresos que quienes trabajan solo a mano alzada o con emisora, llegando a superar los 10.000 euros de facturación mensual”.

El nuevo anuncio de Uber para intentar captar taxistas se suma a los que ha hecho en los últimos meses, como los 300 euros por cada taxista que recomiende la plataforma a un compañero, o los 300 euros por incorporar publicidad en los vehículos. Según Uber, una cincuentena de taxistas han aceptado esta última opción e incorporarán publicidad de la plataforma en las próximas semanas.

La semana pasada, Uber denunció a Élite Taxi, así como a su portavoz, Tito Álvarez, ante la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) por “intento de boicot” ante el paro general de taxistas de este martes.

En un comunicado, la multinacional criticó que Élite Taxi prohíbe a sus asociados prestar servicios a las plataformas de Uber. A su juicio, estas conductas constituyen una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). La Acco ha confirmado a la ACN que ha recibido un escrito de la multinacional que “analizarán”.

Basan gran parte de sus ingresos en el transporte escolar, pero llevan a cabo muchos otros servicios en el Aragón despoblado: desde ancianos “de la mano” hasta la consulta del médico hasta jóvenes en verano de vuelta a casa por la noche. “Ayer me llamaron de una asociación por un caso de violencia de género: me pidieron que llevara a una mujer al Juzgado. Si no lo hago yo, este servicio no lo prestaría nadie más”, cuenta Luis Blasco, de Montalbán (Teruel). Ahora, su empleo como taxista rural, al igual que el de decenas más repartidos por todo el territorio aragonés, está en riesgo por un cambio contractual: los nuevos pliegos del transporte de escolares que impulsa el Ejecutivo de Jorge Azcón les dejan fuera, al primar a las grandes empresas.

“Están matando el territorio, se lo están cargando”, lamenta Antonio Pascual, presidente de la Asociación Gremial de Autotaxis de la provincia de Huesca. Pascual, que conduce su vehículo por las carreteras de la Ribagorza, pone el acento en la labor “social” que desempeñan, en algunos casos casi por vocación, y que ahora no podrán seguir realizando: “Llevamos a personas mayores al hospital, incluso de la mano al médico. Les compramos en la farmacia, en el supermercado, les llevamos el carro de la compra hasta la cocina de casa. ¿Harán eso las grandes empresas?”, se pregunta. Él mismo se responde: “No, harán el transporte escolar y se irán a su casa”. “¿Cuántos accidentes lees en verano de jóvenes por la noche de vuelta de las fiestas en los pueblos? Ni uno. Llevamos cinco años haciendo este servicio y no ha habido ni un herido. Pero cuando los taxistas rurales dejemos nuestro trabajo, veremos lo que sucede”, advierte.

Hasta ahora, el servicio del transporte escolar en Aragón se venía realizando con rutas individuales, en función de las necesidades de cada zona. Esto ha permitido que participaran profesionales autónomos y pequeñas empresas locales, implantados en las zonas rurales, lo que no solo garantizaba la cobertura de las rutas, sino que fomentaba el tejido económico comarcal y permitía que los taxistas prestaran otros servicios, como los sanitarios. Pero los nuevos pliegos divide en lotes el servicio, lo que hace imposible para ellos concursar, mientras que favorece a grandes concesionarios. Además, se limita a un mínimo de nueve las plazas de los vehículos y se permite la subcontratación en hasta un 40%. Un caldo de cultivo para las grandes concesionarias.

Sandra Salanova, por ejemplo, hace la ruta Espluga-Campo-Graus para escolares con necesidades especiales. “Llevo a dos niños hasta Graus, donde los recoge un autobús y los traslada hasta el colegio La Alegría de Monzón”, explica. En total, casi dos horas de trayecto. “Con el cambio van a acabar perjudicando al usuario porque aumentará el tiempo de traslado. Y estamos hablando de niños”, recuerda.

Entre este viernes y este lunes –último día de plazo–, los taxistas rurales de las tres provincias presentarán ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) sendos recursos por los pliegos del transporte escolar en Zaragoza, Huesca y Teruel. Argumentan que vulneran la Ley de Contratos del Sector Público por varios factores; entre ellos, que no facilitan la participación de autónomos ni pymes y que no valoran “adecuadamente” la calidad del servicio o la vinculación territorial de las empresas. Además, reflejan que la propia “configuración de los lotes y los requisitos de solvencia económica y técnica no se ajustan a la realidad territorial y socioeconómica” de las provincias.

Rechazo a la subcontratación

La polémica estuvo presente en el último pleno de las Cortes de Aragón a través de una pregunta del PSOE a la consejera Hernández. La titular de Educación trasladó directamente a los representantes del taxi rural, presentes en la tribuna de invitados, que sus puestos no estaban “en peligro”. Sin embargo, generó dudas porque vinculó esta continuidad a la “subcontratación”, una opción que los profesionales rechazan porque perderían derechos e ingresos. “¿Cree que a una empresa grande le interesa ir a un pueblo pequeño cuando hay un taxi que hace esa ruta?”, preguntó Hernández a la diputada socialista María Rodrigo. Y a continuación se dirigió a los taxistas: “Ustedes lo seguirán haciendo”.

Hernández mencionó que hasta ahora el servicio se llegaba a prestar sin contrato, recurriendo “a la buena voluntad” de los taxistas. “Cuando tenemos problemas recurrimos a ellos, y seguirá siendo así”, formuló sin ambages.

Los socialistas han llevado a las Cortes una proposición no de ley (PNL) en la que critican que instan al Gobierno de Aragón a “suspender cautelarmente” la contratación en las tres provincias y a modificar los requisitos de forma que puedan participar los taxistas rurales., entre otras cuestiones. “Ustedes hablan de proyectos de despoblación y de fijar población, cuando luego sacan unos pliegos que merman la actividad de las empresas en el territorio”, criticó la diputada Rodrigo en el mencionado pleno.

Luis Blasco, que cubre las Cuencas Mineras, muestra su oposición a que les tengan que subcontratar grandes empresas: “No estamos por labor, las condiciones serán peores”, valora. Explica que un 70% de su facturación llega del transporte escolar, pero el otro 30% es igual de importante para el territorio. “El otro día llevé a una mujer de un pueblo de 100 habitantes que ese había puesto mala y más tarde hice un servicio de diálisis”, recuerda. Trayectos que se quedarían vacantes sin ellos. “Van a dejar abandonado al medio rural. Si nos quitan una fuente de ingresos tan importante, nos vemos a abocados a cerrar el negocio y las zonas rurales no tendrán taxis con que moverse”, incide.

Dos escolares de Calmarza a Jaraba

En Jaraba (Zaragoza) está José Javier Martín, que lleva diariamente a dos escolares de Calmarza a Jaraba. Comenzó con el taxi en 2009 y, aunque ve posible seguir sin transporte escolar –“porque vivo solo, si fuera un núcleo familiar, imposible”–, lamenta que sus ingresos se verían mermados sensiblemente. “Es muy injusto que nos excluyan”, lamenta. “Y no solo nos dejan fuera a nosotros, sino también a pequeñas compañías locales de autobuses que no van a poder concursar”. En su caso, también hace viajes para analíticas de sangre, traslados de urgencia al hospital o en verano con jóvenes: “Afortunadamente se suelen portar bien”, dice con una sonrisa.

Fuentes del Departamento de Educación, sin embargo, aseguran que el objetivo con los nuevos pliegos es “garantizar la prestación y la calidad de un servicio que es esencial en una comunidad como Aragón, con una dispersión poblacional y unos condicionantes complicados”. “Se ha querido sobre todo garantizar una solución estable y sostenible en el tiempo, que no impide en absoluto que los taxistas puedan seguir prestando el servicio, como han venido a haciendo en zonas rurales en los últimos cursos”, inciden. Y vuelven a insistir en la posibilidad de subcontrataciones, que están sometidas a unas “garantías muy claras”: “Ahí los taxistas van a continuar siendo necesarios”, justifican.

Pero los taxistas rurales no lo tienen tan claro. “Se llenan la boca con que hay que apoyar al medio rural y ahora nos deja en la estacada”, zanja Sandra Salanova.

El Gobierno de Castilla-La Mancha abordará junto con el sector un nuevo reglamento del taxi, así como impulsar una nueva regulación de los servicios de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la región. Estos últimos son servicios de transporte privado que operan bajo una reserva previa, donde habitualmente se gestionan a través de aplicaciones para uso en móvil. Se diferencian de los taxis en que no recogen pasajeros en la calle ni tampoco estacionan en paradas.

Así lo ha adelantado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que se ha reunido, junto con la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, y el delegado de Fomento en Toledo, Jorge Moreno, con la Federación del Taxi de Castilla-La Mancha.

En este contexto, Hernando ha avanzado que “en el nuevo reglamento del taxi, que esperamos que se pueda aprobar a finales de este año o como muy tarde a principios del 2026, vamos a permitir que todos los taxistas de la región puedan llevar a cabo precontratos”, es decir, ha explicado, “que si a día de hoy, un taxi solamente puede operar dentro de un mismo municipio, vamos a permitir el que los taxistas que tienen clientes habituales puedan fijar viajes precontratados más allá de la frontera municipal, ya que hasta ahora se limita el poder realizar esos servicios”.

Además, el consejero de Fomento ha destacado que “en el próximo mes de octubre, vamos a volver a sacar la convocatoria de ayudas con 100.000 euros para adaptar los taxis de la región a personas con movilidad reducida”.

Regulación del VTC y sanciones a Bolt

Asimismo, Nacho Hernando ha adelantado que se ha planteado de forma conjunta, “tanto el sector del taxi como nosotros, un último borrador que vamos a tramitar con la mayor urgencia posible y con la mayor transparencia y participación ciudadana y pública, como así nos exige la ley, para establecer una regulación de las VTC en Castilla-La Mancha”.

En este sentido, el responsable de Fomento ha explicado que algunos de los elementos más importantes de esa regulación de las VTC incluirán “que sea obligatorio que haya una precontratación, ya que no puede haber servicios de oportunidad, es decir, no pueden estar a la espera de coger a un pasajero o pasajera”.

Además, ha continuado Nacho Hernando, “será importante el que tampoco puedan deambular por la ciudad, y si no están haciendo un servicio, tendrán que volver a base o a un aparcamiento o garaje”.

Asimismo, ha detallado que “vamos a plantear la prohibición de geolocalización previa; a establecer cupos de limitaciones del número de VTC en puntos turísticos; habrá una serie de requisitos técnicos exigentes desde el punto de vista medioambiental y mecánico del vehículo; y vamos a aplicar la ratio 1/30, una VTC por cada 30 licencias de taxi, de una ratio que viene avalada por sentencias del Tribunal Supremo”. También, ha continuado, vamos “a exigir la máxima transparencia en precios y a plantear el que se cumpla con las ratios de coches adaptados para movilidad reducida”.

Precisamente, con respecto a las VTC y a los servicios de Bolt en la ciudad de Toledo, Hernando ha asegurado que “a día de hoy, hemos recibido diez denuncias por parte de la Policía local de Toledo”, y ha confirmado que “a partir de la semana que viene vamos a empezar a sancionar a aquellas empresas y titulares de licencias de VTC que han incumplido la ley”. En este sentido, ha instado al Ayuntamiento de Toledo a que “en la mayor brevedad posible nos haga llegar las 45 que dicen que tienen”.

El responsable de Fomento ha aclarado que “no hay vacío legal, sino que hay una ley en marcha y que prevé sanciones de hasta 4.000 euros si se salta esa ley” y ha explicado que “la Comunidad Autónoma, en estos momentos, solamente puede sancionar si la Policía local detecta que un vehículo VTC ha hecho un trayecto con origen y destino en un mismo municipio, pero si encontramos a VTC esperando en distintos puntos de la ciudad quienes sancionan, en ese caso, es el Ayuntamiento por incumplir una ordenanza municipal, de la misma manera que nadie puede aparcar su coche privado en un sitio que no esté habilitado para ello”, ha puntualizado.