Pocos temas generan tanto consenso aparente como la lactancia materna. Hemos oído muchas veces que los niños amamantados son más inteligentes, tienen menos obesidad y llegan más lejos en los estudios. Muchas de estas afirmaciones se apoyan en estudios serios. El problema, como explica la economista Emily Oster en su libro Cribsheet (2019), es que no todos esos estudios responden a la pregunta que de verdad nos interesa, es decir, si la lactancia materna causa esos beneficios o si simplemente va asociada a ellos.

La cuestión llega en buen momento. El Ministerio de Sanidad tiene en audiencia pública un proyecto de real decreto que prohibiría por completo la publicidad de las fórmulas para lactantes, que desde 2008 ya está restringida a publicaciones científicas y especializadas. Además, extendería los límites a las leches de continuación y de crecimiento, a los alimentos infantiles a base de cereales y a la presencia comercial en centros sanitarios y farmacias. La justificación es doble. Por un lado, que esa promoción reduce la lactancia. Por otro, que la lactancia aporta beneficios lo bastante importantes como para merecer protección. La primera parte del argumento se sostiene bastante bien. ¿Y la segunda?

Para responder, hay que distinguir entre correlación y causalidad. Que los niños amamantados salgan mejor parados en algún indicador no significa que se deba a la lactancia. Las madres que dan el pecho durante más tiempo suelen tener también más estudios, más ingresos y mejor salud, y son esos factores, y no la leche, los que pueden explicar buena parte de la diferencia. También existe la causalidad inversa. La diabetes o la obesidad de la madre dificultan la producción de leche, así que parecerá que no amamantar causa diabetes cuando en realidad ocurre lo contrario. Por eso la ciencia recurre a diseños que permitan aislar el efecto real, como comparar hermanos dentro de una misma familia o aprovechar cambios, por ejemplo la reforma de un permiso de maternidad o una política hospitalaria, que modifican la probabilidad de amamantar sin alterar nada más.

Las madres que quieren amamantar y no lo consiguen tienen más riesgo de sufrir depresión posparto. Promover la lactancia sin ofrecer un apoyo real también tiene costes

Cuando se aplican estos métodos en países ricos y comparables al nuestro, como Reino Unido, Canadá, Dinamarca o Australia, entre otros, el balance es desigual. En los bebés prematuros, los ensayos clínicos muestran que la leche materna reduce claramente el riesgo de una enfermedad intestinal grave. Es la prueba causal más sólida de todo el campo. En cambio, en el caso de la diarrea y las infecciones respiratorias en bebés nacidos a término, donde la asociación observada es fuerte, los estudios basados en reformas de permisos o en políticas hospitalarias no encuentran ningún efecto significativo sobre la salud infantil, aunque el mecanismo biológico que podría explicarlo, los anticuerpos presentes en la leche materna, es bien conocido. En el desarrollo cognitivo, los diseños causales sí apuntan a un efecto positivo, pero mucho menor del que sugieren las comparaciones simples, ya que pasa de unos 3 o 4 puntos de cociente intelectual a solo 1 o 2. Y en variables como la obesidad, la presión arterial o los años de escolarización, donde la asociación en bruto es grande, los estudios con hermanos la hacen prácticamente desaparecer.

En el caso de las madres, las asociaciones con un menor riesgo de cáncer de mama, diabetes o enfermedad cardiovascular son consistentes y tienen un mecanismo biológico creíble, relacionado con los cambios hormonales propios de la lactancia. Sin embargo, todavía no disponemos de estudios que permitan aislar la causalidad. Y hay un matiz que suele pasarse por alto. Las madres que quieren amamantar y no lo consiguen tienen más riesgo de sufrir depresión posparto. Promover la lactancia sin ofrecer un apoyo real también tiene costes.

Nada de esto significa que la lactancia materna no sea recomendable. Significa que hay que saber con exactitud qué aporta, a quién y en qué medida, en lugar de dar por bueno todo lo que confirma lo que ya pensábamos. Hacer políticas informadas en la evidencia consiste precisamente en eso, en preguntarnos con honestidad qué tipo de prueba tenemos detrás. Tiene sentido invertir en apoyo a la lactancia en los hospitales y proteger los bancos de leche para los prematuros. Y también lo tiene no convertirla en una solución mágica para problemas cuyas raíces sociales son mucho más profundas.

La evidencia rigurosa no nos dice qué debemos hacer, pero nos ayuda a no equivocarnos cuando decidimos.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) comenzará este mes de octubre a cumplir con recursos propios la cobertura del derecho al aborto de las mujeres, hasta ahora privatizadas en más de un 90% de los casos. El cambio se hará de manera progresiva en sus centros de salud y hospitales, arrancando con un proyecto piloto en las actuaciones farmacológicas con mujeres que lleven menos de diez semanas de gestación. Se extenderá al conjunto de la red pública a lo largo de 2027, informa Europa Press.

Dice Osakidetza que la iniciativa se enmarca en el compromiso de Osakidetza con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que da cumplimiento al denominado Pacto Vasco de Salud, pero la evidencia es que desde hace años era un servicio prácticamente enteramente privatizado. En este momento, más del 94% de las aproximadamente 4.000 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan cada año a mujeres residentes en Euskadi son derivadas a clínicas privadas autorizadas, aunque financiadas por el sistema sanitario público.

El pilotaje, que dará cobertura a los tres territorios históricos de Euskadi, se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre en cinco OSI o comarcas de Osakidetza. Posteriormente, se desplegará en 2027 a toda la red. Como primer paso, el proyecto piloto estará orientado a incorporar a la red pública la atención a las interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas de menos de diez semanas de gestación. El pilotaje permitirá evaluar los resultados clínicos, la organización asistencial, las necesidades de recursos y la experiencia de las mujeres usuarias antes de extender el modelo al conjunto de Euskadi.

El nuevo modelo se ha diseñado a partir de los datos del Registro Vasco de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, que reflejan que cerca de la mitad de los procedimientos se realizan actualmente mediante tratamiento farmacológico y que la mayoría de las interrupciones tienen lugar en etapas tempranas de la gestación, cuando este método constituye una alternativa clínica consolidada.

El protocolo diseñado por Osakidetza fija a las matronas como profesionales de referencia y puerta de entrada al proceso. Las mujeres que decidan solicitar una interrupción voluntaria del embarazo deberán acudir a su centro de salud y solicitar una cita prioritaria con estos profesionales. Durante la consulta, se ofrecerá información personalizada sobre las distintas opciones disponibles, los procedimientos, las garantías legales y los recursos asistenciales existentes. Posteriormente, se activará el circuito asistencial que corresponda.

El nuevo protocolo refuerza, asimismo, aspectos como la confidencialidad, la intimidad, la seguridad clínica y el respeto a la autonomía de decisión de cada mujer respecto a la interrupción de su embarazo. Osakidetza ha incidido también en la necesidad de continuar reforzando las políticas de educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos eficaces para prevenir embarazos no planificados. En 2024, más del 60% de las mujeres que solicitaron una interrupción voluntaria del embarazo no utilizaban ningún método anticonceptivo, mientras que aproximadamente un tercio de los procedimientos correspondieron a interrupciones de repetición.

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado la sentencia de la magistrada de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernado de diciembre del pasado año que absolvió a 21 personas -doce mujeres y nueve varones- acusadas de un delito de coacciones por concentrarse y rezar ante la clínica Askabide de la capital en la que se realizan interrupciones del embarazo. Era la primera vez en Euskadi, España y Europa en la que se llevaba a juicio un caso en virtud de la reforma legal de 2022 para proteger el ejercicio de un derecho frente a las campañas de organizaciones ultracatólicas, como las que se convocaron en Vitoria. La sentencia fue recurrida y ahora, la Audiencia alavesa en una sentencia del magistrado Jesús Alfonso Poncela García, ha rechazado el recurso interpuesto por la acusación particular ejercida por la clínica Askabide, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, y ha confirmado la sentencia absolutoria dictada por la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria. Contra el fallo cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

A pesar de que la sentencia reconoce que entre el 28 de septiembre y el 6 de noviembre de 2022 los acusados acudieron a rezar ante una clínica de Vitoria en la que mujeres ejercen su derecho al aborto, el juzgado ha acordado la absolución debido a que considera que “no hubo actos ofensivos, de intimidación, ni coactivos, ni insultos; ni tampoco prueba de la existencia de hechos ”con una gravedad apreciable“ que pudieran considerarse ”actos molestos“ susceptibles de ser sancionados penalmente. Las personas, como ha quedado probado, se situaban en una acera frente a la clínica, en diagonal respecto a la misma, rezaban unas veces en silencio y otras en voz alta, ”sin que en este último caso los rezos fueran audibles para los usuarios“ que estaban dentro de la clínica, aunque algunas de esas personas portaban carteles ”DIN A4“ con frases como ”no estás sola“, ”estamos aquí para ayudarte“, ”rezamos por ti“.

La sentencia del Juzgado de lo Penal, ahora ratificada por la Audiencia Provincial de Álava, sostiene que “el juzgado considera que no puede tildarse el comportamiento de los acusados de coactivo, porque nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas” y también “descarta completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza” por parte de los acusados, contra el criterio sostenido por la Fiscalía y por testigos aportados por la clínica Askabide. “No consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes”, detalla la sentencia.

En esta ocasión, la Audiencia Provincial de Álava reconoce que comparte el mismo criterio. “Este tribunal comparte el criterio de la magistrada de la instancia de que la conducta probada llevada a cabo por los acusados no puede considerarse como acoso, ni tiene la entidad suficiente como para crear un acoso ambiental”, afirma ahora la Audiencia alavesa, que detalla que “sería exigible algo más que la conducta llevada a cabo por los acusados para poder ser típica y situarse en un escalón inmediatamente inferior a una conducta coactiva” y constituir así ese “acoso o integrar ese concepto de acto molesto”.

No obstante, el propio tribunal reconoce en la sentencia que está “ante el análisis de un tipo penal novedoso, de escaso desarrollo jurisprudencial y en el que se ha tenido que analizar su interpretación a la vista del conflicto existente entre distintos derechos: derecho de reunión, y libertad de expresión, de culto y de religión frente a la libertad de decisión” e insiste en que “la misma magistrada del Juzgado de lo Penal -Beatriz Eva Román Gobernado- hizo alusión a la escasez de sentencias sobre la materia, y lo novedoso de la situación”. “En este contexto deducir una temeridad manifiesta por la parte recurrente no es proporcionado a la complejidad de la cuestión jurídica que se ha planteado en este procedimiento”, concluye.

Solo hay tres grupos científicos en todo el mundo que avancen en el desarrollo de una placenta artificial: una incubadora líquida que permita a los bebés más prematuros sobrevivir –y hacerlo sin secuelas graves– fuera del útero materno. Uno de ellos está en Filadelfia (Estados Unidos); otro es un consorcio australiano-japonés, y el tercero trabaja en Barcelona, liderado por el médico Eduard Gratacós.

Tras más de cinco años de investigación, el proyecto fetaLife de BCNatal –un consorcio del Hospital Clínic y Sant Joan de Déu, financiado por la Fundació La Caixa– ha logrado elevar ya a 21 días la supervivencia de un feto de oveja. Ahora, Gratacós y su equipo han iniciado los trámites para poder hacer ensayos con humanos, un reto que, reconoce, requiere un salto de escala en cuanto a tecnología e inversión.

Aun así, Gratacós, catedrático de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) y especialista en medicina y cirugía fetal, cree que las placentas artificiales serán una realidad más pronto que tarde. Se trataría de un hito científico que podría dar esperanza y mayor tranquilidad a las familias que ven nacer a hijos prematuros con menos de seis meses de gestación: unas 25.000 cada año en Europa.

¿Qué es exactamente una placenta artificial, a la que se llama también incubadora líquida?

Es un sistema por el cual consigues mantener a un bebé que ha nacido como si no hubiese nacido. Ha salido de su madre, pero le mantenemos las condiciones. ¿Qué es lo que diferencia a un feto de un recién nacido? Que no respira, que vive rodeado de líquido y que se alimenta y respira a través del cordón umbilical. Bien, pues eso es lo que intentamos conseguir. Esto es importante porque cuando no tiene que activar sus pulmones, no tiene que activar sus intestinos y está en un medio líquido con temperatura estable, puede seguir madurando como estaba previsto. Si no, lo ponemos en una situación de mucho estrés, que es lo que pasa a un prematuro. Y cuando son muy prematuros, realmente nos cuesta.

¿De cuántas semanas de gestación estamos hablando?

En realidad no sabemos cuál sería el momento ideal para hacerlo, pero todo el mundo estaría de acuerdo que por debajo de edades extremas: probablemente 23 o 24 semanas. Luego habría una pequeña fase de transición y a partir de las 28, con los medios actuales, les podemos dar unas garantías muy altas.

¿Cuáles son los problemas que presenta un bebé tan prematuro?

Un prematuro por debajo de las 28 semanas presenta problemas a distintos niveles. El más claro es la respiración, porque su pulmón se está fabricando y no ha acabado: le obligamos a funcionar antes de que tenga la capacidad para ello. Sus intestinos también son muy sensibles, no están preparados para tolerar ingesta. Otra dificultad es mantener unos niveles de oxígeno perfectamente equilibrados y fisiológicos, lo que hace que el cerebro pueda sufrir y que a veces estos niños tengan problemas de neurodesarrollo que afectan a veces a la inteligencia, al movimiento o a sentidos como la vista o el oído.

También tienen la piel extremadamente delicada: es papel de fumar, pierden líquido y temperatura. Finalmente, la propia agresividad con la que tenemos que manipularlos hace que haya riesgos altos de infecciones. Riesgos relevantes. Todo ese conjunto es el que hace que no les podamos garantizar unos resultados tan buenos como los de un bebé no tan prematuro, de 30 o 31 semanas. De cara a desarrollar la incubadora líquida, hay que ponerse en situaciones extremas, cuando haya riesgos del 80% o 90% de mal resultado.

¿De mortalidad del bebé?

De mortalidad o secuelas graves.

Avanzada ya la investigación en animales, concretamente en ovejas, ¿cómo de cerca estamos de ver ensayos con humanos?

Muy cerca y, según como se mire, muy lejos. Lo que falta es dinero. Se necesita una serie de instrumental o equipamiento que en este momento es experimental y que ha de pasar a acabado industrial. Esto puede parecer banal, pero no lo es. Para probar nuestra investigación en humanos necesitamos que una serie de componentes artesanales, hechos por ingenieros de primer nivel, pasen a tener un acabado industrial que no se estropee nunca. De forma que una agencia de la seguridad o del medicamento nos permita probarlo sin generar riesgo adicional.

¿Algún ejemplo para que se entienda de qué tipo de material o tecnología hablamos?

Por ejemplo, la sangre del bebé tiene que pasar por un circuito mínimo de 60 a 70 mililitros, que es toda la que tiene el bebé en su cuerpo y en la placenta. Para una persona normal, este circuito puede tener 2 o 3 litros. La miniaturización hay que hacerla de forma que no se produzcan coágulos, que no haya reacciones con el material, que se mantenga a una temperatura que no oscile… Es dificilísimo. Si a un feto le cambio la temperatura tres grados hacia abajo, lo mato. Todo esto requiere mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo y financiación.

¿Cree entonces que lo veremos pronto?

Estamos en el curso de solicitar a la Agencia Española de Medicamentos y a la Agencia Europea permiso para hacer lo que se llama First in Human: primero en humanos. Después vendría la parte regulatoria, que serán unos años más. Soy optimista: creo que se pueden conseguir los fondos. Hay inversores interesados en Catalunya y hay también fondos públicos. Yo diría que estamos a medio camino.

¿En qué punto están los otros dos grupos de investigación que trabajan en ello?

Hasta hace pocos años eran proyectos que iban por delante, porque nosotros nos unimos en 2018, cuando ellos ya llevaban siete u ocho años trabajando. El que ha llegado más lejos es el grupo de Filadelfia: han conseguido demostrar que pueden mantener a un feto hasta 28 días en el sistema, ya tienen muy avanzado un sistema preclínico y están esperando permiso de la FDA americana. Están bastante preparados para hacer un primero en humanos.

He trabajado siempre en hospitales universitarios con niveles de publicación muy altos, pero con un nivel de transferencia muy bajo. Nuestro sistema de patentes es muy deficitario comparado con otros

Sea gracias a BCNatal u otros investigadores, ¿cree que las placentas artificiales serán una realidad en los hospitales?

La intención es esa. Es un proyecto de una ambición muy grande que no es habitual en nuestro medio. Como médico investigador, he trabajado toda mi vida en hospitales universitarios con niveles de publicación muy altos, pero siempre con el nivel de transferencia tradicionalmente bajo que tenemos en España. Nuestro sistema de patentes es realmente muy deficitario comparado con Holanda, Israel, Reino Unido, Estados Unidos o Suiza. Aun así, este sistema lo veremos, va a ser una realidad seguro. Me gustaría verlo como profesional y eso quiere decir que debería ser en los próximos diez años más o menos.

Hay cosas que hace 100 años parecían magia, como hacer un trasplante, y ahora forman parte de lo normal. En realidad, para un feto que no puede estar más dentro de su madre, es mucho más natural estar en un sistema que lo mantenga como feto, que sacarlo e intentarlo hacer vivir sin estar preparado. ¿Es difícil? Sí. ¿Complicadísimo? Por supuesto. Pero cada vez que me subo a un avión también me quedo asombrado de que sea posible. Dentro de unos años se considerará algo normal.

Usted llevó a cabo la primera cirugía fetal en España, en 1999. Era entre dos gemelas que padecían transfusión feto-fetal. ¿Cómo han cambiado las cirugías gestales desde entonces?

Han mejorado, pero no extraordinariamente. El salto brutal fue cuando se hicieron endoscopios muy finos, en los años 90 y principios de los 2000. Al feto lo puedes operar de 15 o 20 cosas, no mucho más, porque hay que pasar por la mamá. Recientemente, hemos añadido la gastrosquisis.

¿Cuál sería el siguiente salto en estas cirugías? ¿Alguna nueva patología operable?

Es que el gran reto sería tener una placenta artificial, porque entonces podríamos hacer muchas más cirugías fetales. Podrías tener al feto en un entorno en el que la madre no te limita.

A menudo las cirugías fetales presentan problemas éticos por el riesgo de la madre.

Claro, por ejemplo si tienes que hacer una cesárea a una madre que no la hubiese necesitado. Inevitablemente implican un riesgo. Siempre ha habido mucha discusión bioética: el caso de la gastrosquisis, que creo que claramente tiene beneficios, se presentó un comité de ética asistencial, se explicaron muy bien las razones y el comité también se preocupa mucho de que la mamá y la familia lo comprendieran bien.

Le quería preguntar por la preeclampsia, uno de los principales problemas del embarazo. ¿Qué avances ha habido en los últimos años para tratarla?

En los últimos diez años han sido extraordinarios. En las preeclampsias precoces, que son las más graves, hoy en día con un cribado en primer trimestre y con una aspirina conseguimos reducirla en un 60%. Ha sido un grandísimo avance. Además, con indicadores que van a ser algoritmos y que miran cómo funciona la placenta y la predisposición que tiene la madre, estaremos cerca de saber que la mamá va a hacer preeclampsia.

También es una oportunidad extraordinaria para detectar riesgo cardiovascular alto al cabo de 10-15 años, y eso es totalmente prevenible con cambios en el estilo de vida. Aunque a la gente le cuesta muchísimo más cambiar su forma de comer que tomarse tres pastillas al día, y paradójicamente, las grandes complicaciones del embarazo se reducen a la mitad cambiando eso.

Justamente ustedes tienen una investigación sobre como la dieta mediterránea beneficia al embarazo.

Absolutamente. Es además un artículo extraordinariamente citado, porque demuestra por primera vez que puedes mejorar el crecimiento fetal y puedes reducir la preeclampsia a la mitad simplemente con una dieta mediterránea, que al final es una dieta antiinflamatoria. Puedes reducir grasas saturadas de animales, introducir frutas, introducir nueces, introducir calcio, que también es importante... Es decir, grasas saludables, fruta y sobre todo reducir azúcar, que ha sido el gran enemigo ignorado durante muchísimos años.

La Justicia ha obligado al Ayuntamiento de Arona (donde gobierna PP-CC-Vox) a readmitir a una trabajadora embarazada despedida por un concejal de extrema derecha. La mujer fue despedida 21 de noviembre de 2025, pero en septiembre de ese mismo año había causado incapacidad temporal por embarazo.

“La alcaldesa del Ayuntamiento (Fátima Lemes Reverón, del PP), previo informe/propuesta del segundo teniente alcalde (Naim Yánez Alonso, de Vox) de fecha 13 de noviembre, y mediante resolución de 21 de noviembre, procedió al cese de la trabajadora, por pérdida de confianza”.

La sentencia de la plaza número 1 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, adelantada por Diario de Avisos, subraya que no queda justificada otra razón distinta para determinar el cese de la demandante como personal de confianza, por lo que se ha producido una vulneración del derecho fundamental.

Según el fallo, que no es firme, la mujer había empezado a trabajar en el Ayuntamiento en enero de 2025 en horario de 08 a 14.00 como personal de confianza y según se alega en esa sentencia “hasta junio de 2027”. “La relación laboral se desarrolla en general, con normalidad, por mucha negativa a este respecto que se pretenda hacer ver por el concejal”.

“Las principales anormalidades de la relación son, de hecho, mayores sacrificios y dedicaciones que mi mandante ponía en el desempeño de sus funciones, lo que implicaba trabajar mucho más que el horario acordado con D. Naím, realizando funciones más allá de las propias de un asesor e incluso, trabajar durante fines de semana”, destaca la sentencia.

“Esta situación es la tónica general en la relación laboral de autos, donde nunca se respeta el supuesto horario de trabajo pactado (de 8:00 а 14:00)”, asegura la demandante.

El Ayuntamiento, por su parte, se opone a los argumentos de la trabajadora. Y segura que el cese se debe a la pérdida de confianza motivada por “reiteradas faltas de asistencia y puntualidad, escasa implicación en las labores de apoyo y asesoramiento que le correspondían, insistencia en el teletrabajo, cuando el puesto exigía presencialidad continua, así como baja productividad”.

La Fiscalía, por su parte, incidió en que la trabajadora fue cesada como personal eventual menos de dos meses después de la fecha de su baja médica, sin que en la resolución de cese se incluya una motivación mínima más allá de la mera referencia a un escrito previo del concejal al que estaba asignada como persona de confianza en el que no se incluyen argumentos relativos al cese de la confianza determinante del nombramiento, sino exclusivamente al problema jurídico de reemplazar a la trabajadora ante la situación derivada de su baja médica por embarazo.

“Consecuentemente con lo anterior, la Administración demandada deberá acreditar la razonabilidad de su actuación e inexistencia de la vulneración del derecho fundamental”, incide el Ministerio Público.

El magistrado considera que la trabajadora sí que ha sufrido una lesión concreta respecto del Derecho Fundamental. Y agrega que “en efecto, y como señala la Administración, la configuración legal del personal de confianza de los cargos políticos, como es el caso, prevé que su cese se podrá adoptar en cualquier momento, cuando dicha confianza desaparezca. No obstante y como refiere el Ministerio Público, cuando la motivación de dicho cese obedezca a circunstancias discriminatorias o no queda acreditado por parte de la Administración, que el mismo obedeció a otra circunstancia ajena a la fuente de discriminación, entonces será contrario a Derecho”.

La sentencia añade que teniendo por acreditada “la falta de aptitud de la actora o de interés para el desempeño de su trabajo, lo que no queda acreditado ni justificado en la resolución recurrida ni de las explicaciones dadas por el concejal, el porqué, ese cese no se produjo antes, pues tal y como expusieron los testigos, los incumplimientos de la actora para con su trabajo asignado, fueron destacables desde el primer momento, recordemos, a principios de marzo de 2025”. Por ello, incide en que en este caso, el cese no estuvo motivado por esa causa sino por el embarazo de la demandante.

“El cese de la actora, tras conocerse su estado de gestación, obedeció a motivos discriminatorios, contrarios a nuestro sistema constitucional, en concreto a la cláusula 14 de la CE y el Derecho Fundamental a no sufrir discriminación. La Administración, no explica de forma coherente, que el cese de la actora obedeció a otra causa distinta de su estado de embarazo, situación que pese a régimen jurídico que le resulta de aplicación, es merecedora de especial protección”.

Por todo ello, incide en que debe reincorporar a la trabajadora a su puesto “con abono de los salarios devengados desde el cese hasta la incorporación, lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Administración, si ha fenecido la confianza en la misma, para proceder conforme a Derecho, teniendo en cuenta el régimen jurídico de personal eventual que resulta de aplicación”.

El magistrado desestima la petición de la demandante de una indemnización y considera que suficiente el resarcimiento en cuanto a la reincorporación dejando sin efecto el cese, así como el derecho a percibir los respectivos conceptos económicos que procedan, sin que la actora, más allá de la cita de la sentencia en la que fundamenta esa regla de tres, justifique unos daños merecedores de una cuantía mayor o de una medida de restablecimiento más efectiva que la acordada en esta sentencia.

No obstante, el fallo aún no es firme y cabe recurso.

Reglas que se retrasan o que se adelantan. Menstruaciones que desaparecen por completo o que se repiten en un mes. En las últimas semanas, cientos de mujeres han compartido en redes sociales alteraciones en su ciclo menstrual. Más allá del efecto viral —que hace que más mujeres se lancen a contar algo que también ha podido sucederles en otros momentos—, de las teorías de la conspiración o de quienes lo asocian a movimientos cósmicos, la respuesta a esa alteración puede estar en el calor extremo que estamos viviendo.

La evidencia es limitada pero existe: las altas temperaturas impactan en el ciclo menstrual. “Hay pocos estudios, pero vemos que el aumento de temperatura influye en el ciclo menstrual porque hay un aumento del estrés en el cuerpo y eso eleva el cortisol y afecta al eje de síntesis de hormonas. Eso puede favorecer esa activación del ciclo menstrual y modificarlo, alargarlo, acercarlo, hacer la regla más dolorosa...”, explica la directora del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Pau de Barcelona, Elisa Llurba. Cualquier factor estresante puede afectar, por tanto, al ciclo menstrual y eso incluye épocas complicadas, periodos de exámenes o altas temperaturas.

“Todo lo que activa el estrés del cuerpo aumenta la inflamación. El eje hipotálamo-hipófisis-ovarios controla el ciclo menstrual y es sensible a cualquier cambio, el estrés se percibe a nivel cerebral y se traslada a la secreción hormonal”, prosigue. Cuando las temperaturas son extremas, el mecanismo corporal de disipación del calor condiciona que haya más aporte de sangre a los tejidos “y eso en caso de la menstruación incrementa la cantidad de regla y el dolor”.

Un estudio sobre el impacto del cambio climático en la salud menstrual asegura que los fenómenos climáticos como las sequías o el calor extremo afectan al ciclo y a los patrones de sangrado. “El calor extremo puede provocar desequilibrios hormonales e intensificar los trastornos endocrinos y las infecciones del tracto urinario. Aunque la evidencia sobre las conexiones directas entre el calor extremo y el ciclo menstrual es limitada, los desequilibrios hormonales sí afectan al ciclo menstrual, provocando irregularidades, sangrados atípicos e intensificando el dolor menstrual. Además, los trastornos endocrinos (como el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis) y los síntomas de la menopausia pueden verse afectados por fenómenos climáticos de aparición gradual (como el aumento de la temperatura) de formas que aún no se han estudiado suficientemente”, asevera la investigación.

Estrés y ciclo menstrual

La ginecóloga Miriam Al Adib subraya que las experiencias compartidas estas semanas por tantísimas mujeres en redes tienen un “sesgo de selección”, pero destaca la existencia de estudios que ofrecen algunas respuestas a lo que está pasando.

“Si ves algo publicado y te ha pasado a ti, tiendes a compartirlo y a considerar que es verdad. Si no hay un estudio específico que haga un análisis estadísticamente bien diseñado no podemos afirmar ni negar nada. Sí podemos movernos en el terreno de la plausibilidad biológica, es decir, que haya una explicación posible: pensar que ha habido un calor extremo que podría estar relacionado con alteraciones del sueño, aumento del cortisol, deshidratación... todo eso produce estrés al organismo y el estrés influye en el eje hipotálamo-hipófisis-ovarios que regula el ciclo hormonal femenino”, afirma.

Todo lo que implica estrés físico o mental puede, por tanto, influir sobre este eje. “La regla no deja de ser la expresión de un equilibrio neuro-inmu-endocrino, todo eso está interconectado: una alteración que pueda afectar al sistema nervioso, como el estrés, puede desregular la regla, lo mismo sucede con un problema endocrino como un hipotiroidismo, o con una alteración inmunológica, como sucedió con la vacuna de la COVID”, apunta Al Adib, que fue precisamente una de las expertas que investigó las alteraciones menstruales que muchas mujeres reportaron después de haberse vacunado en la pandemia.

Lo que encontró cuando empezó a indagar fue el vacío: “Las variables de salud femenina, como la menstruación, no se pueden obviar en el mundo científico, pero es lo que ha sucedido. Con la vacunación de la COVID y las alteraciones menstruales se dijo que la evidencia científica no decía nada sobre eso... no decía nada porque no se había estudiado porque se ha impuesto una medicina androcentrista”. Finalmente, diferentes estudios mostraron que la vacuna del COVID conllevó alteraciones menstruales para un gran número de mujeres.

Al Adib reclama más investigación sobre el ciclo menstrual relacionado con diferentes variables, desde medicamentos a vacunas o factores ambientales: “Los y las profesionales bebemos de estudios y si esos estudios ya tienen esos sesgos cómo vamos a aprender y aplicar una medicina que integre realmente la salud femenina”.

No solo la regla

La evidencia que existe muestra que la exposición a altas temperaturas afecta a otros momentos clave de la vida reproductiva y hormonal de las mujeres, como el embarazo o la menopausia. “Estudiamos la evolución del embarazo en relación al ambiente tanto a nivel de contaminación, ruido o calor, y vimos que los periodos de calor elevado condicionan el desarrollo del cerebro del bebé. Hay diferencias en una zona del cerebro que se llama tálamo, que procesa la información: hay diferencias entre los fetos de las mujeres que no tuvieron tanta exposición a épocas de calor y las que sí”, explica la ginecóloga Elisa Llurba. La falta de estudios a largo plazo sobre esos niños impide saber si esa diferencia de estructura cerebral les ha afectado en su desarrollo.

“El estrés materno aumenta el cortisol de manera clara, el cortisol afecta el desarrollo fetal y el calor es un factor muy estresante, como lo puede ser el ruido o la tensión psicológica”, añade.

Llurba destaca que también afecta en menopausia: “Las mujeres que viven en zonas de altas temperaturas tienen más síntomas, cansancio, sofocos, labilidad, alteraciones en el sangrado... La menopausia afecta al centro termorregulador del organismo y cuanto más difícil es para el organismo regular la temperatura por los factores externos, más aumentan los síntomas. Las mujeres son vulnerables al calor en varias situaciones de su vida”.

La experta destaca la necesidad de conocer esta realidad para atender mejor a las pacientes y reclama seguir produciendo evidencia “para generar recomendaciones y poder tomar decisiones que mejoren la calidad de vida” de las mujeres.

La Policía Nacional investiga una treintena de partos con el mismo padre y mismos domicilios después de una denuncia del Hospital de Burgos (HUBU). Varias mujeres de nacionalidad brasileña residentes en países del norte de Europa —entre ellos, Bélgica— acudieron al HUBU a dar a luz o a la última consulta, según ha informado este sábado Diario de Burgos.

Cuando el personal sanitario les preguntó por su domicilio habitual, las mujeres señalaban a Bélgica y a otros países, aunque en España referían dos domicilios en Las Merindades, una dirección en Medina de Pomar y otra en Villarcayo. Además, un número indeterminado de mujeres acudieron al hospital acompañadas del mismo hombre para una última consulta antes de dar a luz o directamente al parto.

Los mismos hechos empezaron a repetirse con más frecuencia. La información de Diario de Burgos contabiliza un patrón de entre 15 y 18 mujeres que dieron a luz entre junio y julio, y otras tantas en mayo hasta la treintena. El HUBU puso en conocimiento de la Policía Nacional lo que estaba sucediendo en el Hospital.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) reconoce a una vigilante del aeropuerto Tenerife Norte el derecho a recibir el 100% de la prestación de baja por riesgo durante todo el embarazo y no a partir del quinto mes como había estipulado la mutua.

Este fallo fue recurrido por la entidad y a continuación resultó rechazado por el TSJC, al negarse a revisar la prueba practicada en su momento en la vista oral.

La mujer prestaba sus servicios para una empresa que llevaba a cabo labores de seguridad en Los Rodeos y en abril de 2023 comunicó que estaba en su sexta semana de embarazo por lo que se le recomendó que evitara estar de pié y sin moverse durante más de cuatro horas y moviéndose a partir de la semana 30.

También debía evitar manipular cargas superiores a 10 kilos al principio y 20 desde el sexto mes, no realizar trabajos nocturnos, ni en alturas,exponerse a temperaturas superiores a los 36 grados, o de menos de cero, recibir cualquier radiación ionizante y evitar agresiones abdominales.

Poco después la empresa comunicó que no había podido adaptar el puesto, por lo que la trabajadora presentó una denuncia dado que no se habían tomado medidas para evitar su exposición a los rayos x, provocados por los escáneres instalados en el lugar de trabajo.

Luego solicitó la prestación por riesgo durante todo el embarazo, pero sólo se le reconoció a partir de julio cuando se encontraba en el quinto mes, por lo que pidió vacaciones, discrepó de la fecha en la que se le concedió la prestación y recurrió a los tribunales.

Los expertos de la Mutua consideraron que el puesto tenía un nivel de riesgo por accidentes calificado de “moderado” y la calificaron como “apta con restricciones” para llevar a cabo sus funciones a la vez de repetir las mismas observaciones que plantearon al principio.

La sentencia dio por probado que las radiaciones que emiten los arcos de detección de metales son catalogadas como posibles causas de riesgo y de hecho la vigilante debía pasarlos continuamente para ir al baño o uniformarse.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión económica y social. En este sentido, la líder nacionalista ha enmarcado esta propuesta en una “deriva ultra y reaccionaria” y ha acusado a los 'populares' de “cuestionar el derecho de las mujeres a poder decidir sobre su cuerpo”.

Según Europa Press, a preguntas de los medios este martes en Santiago, Pontón ha insistido en que la prioridad debería ser “tomar medidas eficaces” para poder solucionar “el problema de la vivienda” y para facilitar la conciliación.

“Si quieren realmente ayudar a las familias deberían ponerle freno al problema que está habiendo en materia de vivienda. Tenemos un Gobierno de la Xunta, del Partido Popular, que en esta materia, lo único que hace es propaganda y publicidad, pero hechos muy pocos”, ha subrayado.

La líder del BNG también ha puesto el foco en los “problemas” para acceder a plazas públicas en escuelas infantiles. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber devuelto 22 millones de euros al Gobierno central destinados a la construcción de estos centros por “no querer hacerlas públicas”.

Asimismo, ha advertido de que “estas medidas regresivas no las inventó Ayuso”, sino que Feijóo “ya las aplicó en Galicia”. Con todo, ha asegurado que el PP “no gobierna pensando ni en las familias ni en la infancia” y lo que quiere es “volver para atrás”.

Un óvulo, con “más derechos que los pacientes”

La propuesta de ley se coló este martes en el pleno del Parlamento de Galicia. “Están por darle más derchos a un óvulo fecundado que aos pacientes”. Con esa frase, el diputado socialista Julio Torrado resumió la gestión sanitaria del PP durante los 17 años de gobiernos de Feijóo y Alfonso Rueda.

El debate se centraba en la modificación de la ley de medidas extraordinarias de 2022 detinada a impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura en el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Torrado consideró la propuesta de los populares un intento de “parchear mal lo que destrozaron” ya que la sanidad gallega no llegó “por casualidad” a la actual situación “de crisis”, sino que es “fruto de una década de recortes” que el PP “aplaudía”.

El diputado socialista criticó que la “gran solución” de la Xunta sea la extensión de una ley que ya hace cuatro años se tramitó de urgencia y, ahora, “superados e incapaces de resolverlo”, vuelven a hacerlo “para que nadie pueda opinar mucho más allá”. O deputado do PSdeG criticou que a “gran solución” do PP sexa “a extensión dunha lei de 2022 que, por certo, xa se tramitou de urxencia daquela”. Torrado cerró con una recomendación al conselleiro de Sanidada, Antonio Gómez Caamaño: “Innoven e inviertan que, si no, me temo que la siguiente plaza de difícil cobertura va a ser la suya”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que si gobierna después de las próximas elecciones generales aprobará “una ley nacional de concebidos no nacidos” como la que ha promovido en Madrid Isabel Díaz Ayuso. El objetivo: “que el concebido no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social”. Feijóo ha obviado cualquier detalle concreto de la medida y se ha limitado a una mera enunciación.

“Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público”, ha apuntado Feijóo una entrevista en Antena 3. “Lo hice en el año 2011 en Galicia”, ha explicado, “y la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid”. Después ha concluido: “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”.

La Asamblea de Madrid aprobó la semana pasada una ley del concebido no nacido, que reconoce al embrión como un miembro de la unidad familiar. “Al concebido se le tendrá por nacido, siempre que la unidad familiar o alguno de sus miembros, mediante la aplicación de esta asimilación, obtengan un mayor beneficio”, ha explicado el Gobierno de Ayuso. Además, añaden, a no ser que se aplique lo contrario en algunas regulaciones de procedimientos concretos, para esta asimilación como parte de la unidad no se pedirá “una semana mínima de gestación”.

Tal y como ha explicado Feijóo, Galicia ya cuenta con una legislación similar. También en la Comunidad Valenciana se hizo una bajo la presidencia de Francisco Camps.

En el caso de Galicia, según datos de 2019, las autoridades apenas reconocieron 400 nasciturus desde 2011. Además, si finalmente esos embriones no nacen, los beneficios asociados “pierden su validez”. En la Comunitat, el Gobierno progresista de Ximo Puig derogó la norma, que sirvió de paraguas para dar subvenciones a asociaciones antiabortistas al considerar que suponía “una tutorización de las decisiones de las mujeres”.

La norma en Madrid salió con el voto favorable del PP, que tiene mayoría absoluta, y de Vox, que anunció su intención de instaurar su “prioridad nacional” en el desarrollo de la norma.

La diferencia con las normas vigentes, como la gallega que hizo Feijóo, es que no hace una excepción entre familias numerosas o no: “Una vez se acredite el embarazo, las mujeres podrán solicitar ayudas y beneficios fiscales”.

“Absolutamente orgulloso” de Moreno

El líder del PP también se ha mostrado “absolutamente orgulloso” del pacto alcanzado por Juan Manuel Moreno para gobernar en coalición con Vox en Andalucía.

Feijóo ha justificado el pacto de Moreno con la ultraderecha porque “la política es la gestión de la realidad, no la gestión imaginaria o la gestión que a ti te gustaría”. Y esa “realidad”, ha apuntado, es que “el 55% de los andaluces han votado al PP y a Vox”.

“El resultado es excepcional”, ha asegurado Feijóo, pese a que Moreno perdió la mayoría absoluta en un solo mandato. “¿Qué es lo que ha hecho Juanma Moreno?”, se ha preguntado. “Lo que haría cualquier político responsable, darle estabilidad a su Gobierno y darle estabilidad a la Junta de Andalucía”, se ha respondido el líder del PP.

“Es un ejercicio de responsabilidad”, ha espetado Feijóo, quien ha negado que Moreno hubiera prometido en campaña que no iba a gobernar con Vox ni asumir la “prioridad nacional” que Santiago Abascal ha impuesto a los barones del PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

“Con todos los respetos, creo que eso no lo ha dicho Juanma Moreno”, ha defendido Feijóo, aunque el presidente andaluz sí despreció la “prioridad nacional”.

Feijóo también ha justificado su ausencia de la toma de posesión de Moreno este mismo fin de semana. Un acto al que acudieron, por ejemplo, el expresidente Mariano Rajoy o la que fuera su 'número dos', Soraya Sáenz de Santamaría. Moreno fue secretario de Estado de Sanidad durante esos gobiernos, y firmó los duros recortes en el servicio público que impuso el PP.

El líder del PP ha asegurado que no fue a la toma de posesión de Moreno porque no ha ido a ninguna de las anteriores de este ciclo electoral, “quizás porque la primera tocaba un día de semana y no podía ir”, ha explicado. Así, Feijóo no fue a la de María Guardiola en Extremadura por un supuesto problema de agenda. “Tampoco he ido a la de Aragón ni a la de Castilla y León”, ha explicado.

Feijóo se ha ausentado de las cuatro tomas de posesión de sus presidentes autonómicos que significan el regreso de Vox a los gobiernos de la mano del PP y la ruptura de su promesa de hace apenas un año de gobernar en solitario.

La Comunidad de Madrid va a reconocer administrativamente al embrión como un integrante más de la unidad familiar. La Asamblea regional aprobó la semana pasada la denominada ley del concebido no nacido, la iniciativa estrella impulsada por Isabel Díaz Ayuso. Y Miguel Ángel Rodríguez decidió explicar la norma en X dejando clarísimo todo su matiz ideológico. Según escribió, en cuanto concluye la fecundación —incluso “antes de ducharse”, precisó con rigor bioético—, lo que existe en el vientre de una mujer ya es una persona con derechos. Esa es, añadió, “la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”.

Las mujeres somos seres fecundados y duchados, en ese preciso orden y no otro. El mensaje no parece solo una nueva boutade provocadora del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Detrás del tuit asoma una estrategia política que en Estados Unidos ya ha alcanzado cotas mucho más ambiciosas como las de atribuir personalidad jurídica plena al embrión o al feto. Bajo el concepto de fetal personhood, distintos estados han impulsado iniciativas destinadas a reconocer a los óvulos fecundados derechos constitucionales equivalentes a los de cualquier persona.

En 2018, Alabama se convirtió en el primer Estado en consagrar una cláusula sobre la personalidad jurídica del feto en su constitución estatal, con consecuencias muy profundas en cuanto a la vigilancia y control draconiano de las mujeres embarazadas. La norma no implica únicamente prohibir el aborto de facto, también restringe potencialmente determinados métodos anticonceptivos, complica el tratamiento jurídico de los abortos espontáneos, pone bajo sospecha técnicas de reproducción asistida e introduce restricciones sobre la autonomía de las mujeres durante el embarazo.

Y, como ocurre a menudo con las construcciones jurídicas maximalistas, sus efectos pueden extenderse a ámbitos completamente inesperados. En Missouri, donde existe una legislación especialmente amplia sobre la personalidad jurídica del feto, condenados por delitos de abuso sexual infantil llegaron a sostener ante los tribunales que la edad de sus víctimas debía calcularse desde la concepción y no desde el nacimiento. Si ese argumento hubiera prosperado, las víctimas serían jurídicamente nueve meses mayores y algunos acusados podrían haber obtenido ventajas procesales. Los jueces rechazaron esa interpretación, pero la simple posibilidad dejó al descubierto cómo una formulación de este tipo puede acabar siendo utilizada con fines que no estaban en la mente del legislador.

No hay nada del fetal personhood en la ley madrileña. La norma aquí se limita a anticipar el acceso a determinadas ayudas públicas desde que el embarazo pueda acreditarse, pero cuando Miguel Ángel Rodríguez decide envolver la medida en el lenguaje de la guerra cultural y convertirla en una declaración sobre cuándo empieza la vida o cuándo existe una persona con derechos, resulta inevitable pensar que su objetivo va más allá.

Una vez reguladas las ayudas post-fecundación, algún día convendría que legislaran sobre conciliación, climatización de las aulas, plazas en escuelas infantiles públicas o la carencia de 44 pediatras en la Comunidad de Madrid, según los cálculos de los propios sindicatos sanitarios. Llamadme peligrosa woke, pero tal vez los niños y las mujeres importen más que un cigoto unicelular, aunque esté recién duchado.

Hola,

¿Qué tal? Espero que esta semana haya ido bien y que, con un poco de suerte, te pille ya de vacaciones.

Hoy quiero empezar hablándote de algo que tal vez tengas en casa. La mayor sociedad de neumología del mundo ha publicado un informe en el que pide prohibir las encimeras de cuarzo. El motivo es la epidemia global y devastadora de silicosis que provoca la manipulación de piedra artificial con sílice cristalina.

Si tienes una, no te preocupes. El peligro para la salud aparece durante su fabricación y manipulación, es decir, para miles de trabajadores jóvenes, para quienes, según el informe, las medidas de prevención propuestas por la industria y las administraciones públicas han fracasado estrepitosamente.

De hecho, el trabajo, firmado por un equipo interdisciplinar de 24 expertos, es muy crítico con las tácticas de lobby del sector, que compara con las del amianto, y que han dejado a los operarios expuestos al polvo tóxico que sigue superando habitualmente los límites legales de seguridad.

La Sociedad Torácica Americana (ATS) insta a países como España, cuya industria critica directamente, a seguir el ejemplo de Australia y California, que han optado por su prohibición.

“En España, todas las decisiones que se están tomando son insuficientes y vamos a la cola a la hora de atajar esta epidemia”, lamenta el presidente de la Asociación de Afectados por Silicosis del Aglomerado de Cuarzo (ASAC), Fernando Arévalo. Esta organización está formada por extrabajadores de Cosentino que han llevado a la empresa a los tribunales por retrasar y ocultar su diagnóstico.

El tema es muy interesante y, si las administraciones creen de verdad en la evidencia científica, va a dar mucho que hablar. Te recomiendo que te leas la información completa de mi compañero Antonio Martínez Ron, que ha hablado con muchos expertos.

Receta rápida

Una placenta artificial para bebés prematuros extremos

Cada año, cerca de 25.000 familias en toda Europa enfrentan el drama de un nacimiento prematuro extremo. Es aquel que se produce entre los seis meses o menos de gestación, en los que los recién nacidos se encuentran en un ambiente hostil que hace muy difícil que puedan salir adelante o tener una vida sin secuelas neurológicas.

Un grupo de investigadores del BCNatal lleva años trabajando en un proyecto para crear una placenta artificial, que permita asistir a los bebés más prematuros. Esta semana han presentado la segunda fase del estudio, todavía en animales. En la primera, consiguieron una supervivencia de 12 días en buen estado fetal en un modelo ovino. Ahora lo han alargado hasta 21.

Al proyecto le quedan todavía pasos muy importantes —recuerda que hace unas semanas te contaba que curar a un animal en un laboratorio no significa que ese tratamiento sirva para los humanos—, pero sí es esperanzador.

Con esto me despido por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pasa muy buen fin de semana, cuidado con el calor que volverá a apretar y ¡salud!

Una de las pocas investigaciones sobre placentas artificiales del mundo, que se lleva a cabo en Barcelona, ha presentado sus resultados este viernes. El equipo de BCNatal ha conseguido elevar a 21 días la supervivencia de un feto de oveja en uno de estos entornos de incubadora líquida, pensados para asistir en el futuro a bebés muy prematuros.

El equipo científico del proyecto fetaLife, de BCNatal (integrado por los hospitales Clínic y Sant Joan de Déu, y LaCaixa), ha presentado la segunda fase de su estudio. Si en la primera reportaron una supervivencia de 12 días, en esta ocasión han avanzado hasta los 21.

En paralelo, los investigadores han expuesto que una de las ovejas, Gaia, que estuvo 10 días en una incubadora líquida, se ha mantenido con vida, con buenos resultados de neurodesarrollo, y ahora tiene 15 meses.

El proyecto busca aumentar la supervivencia de los bebés prematuros más extremos, de menos de seis meses, y se encamina ahora hacia una nueva etapa en la que esperan poder realizar un estudio en humanos en dos años.

Además del proyecto fetaLife de BCNatal, solo hay cuatro grupos en el mundo que desarrollan modelos experimentales similares y con avances significativos en los últimos años. Se trata de sendos grupos en Filadelfia y Michigan (EEUU), un consorcio entre Australia y Japón y otro en Toronto (Canadá).

Una incubadora líquida, que se suele llamar también placenta artificial, es un sistema en el que un bebé muy prematuro puede vivir de una manera similar a la vida uterina. Además de la supervivencia, el proyecto también persigue reducir las secuelas que afectan a la mayoría de los recién nacidos más extremos, es decir, los que nacen con seis meses o menos.

El líder del proyecto fetaLife y catedrático de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat de Barcelona, Eduard Gratacós, ha destacado que cada día de supervivencia equivale a un 2% menos de mortalidad y a un 2% menos de secuelas. Los bebés que nacen con seis meses o menos se enfrentan a secuelas neurológicas, broncopulmonares, intestinales, de oído y visión o cardiovasculares.

El prototipo desarrollado, del que se han hecho diversas versiones y que cuenta con financiación de la Fundación “la Caixa” (7,6 millones de euros), incluye un entorno líquido y permite al prematuro continuar desarrollándose conectado a un sistema de circulación extracorpórea a través de su cordón umbilical. Gratacós ha afirmado que lo que se quiere es intentar “engañar” a la naturaleza, con el fin de simular que el prematuro continúa desarrollándose dentro del útero.

Además, el sistema permite una vigilancia permanente de forma remota por parte del equipo médico para poder tener un control intensivo del estado y el desarrollo del feto. Otro de los grandes avances conseguidos hasta ahora ha sido la mejora del sistema extracorpóreo de circulación, compuesto por una membrana oxigenadora y un sistema de piezas (tubuladuras y cánulas) que han sido diseñadas para facilitar la circulación sanguínea y su oxigenación simulando lo que se produce de manera natural en la vida intrauterina a través de la placenta materna y el cordón umbilical.

El líder del proyecto ha explicado que otro centro estadounidense ha logrado una supervivencia de 28 días, pero ha puesto en valor el éxito del proyecto catalán. De hecho, ha dicho que cuando se superan los 14 días ya se demuestra que el sistema funciona y que los objetivos científicos se han alcanzado.

Ha señalado también que estos experimentos son muy caros y que hay que buscar un equilibrio entre los objetivos científicos y las posibilidades presupuestarias. En el caso del experimento que llegó a los 21 días, los investigadores lo detuvieron.

En paralelo, los investigadores han conseguido que otro animal, la oveja Gaia, viva más de un año después de pasar 10 días por la incubadora líquida. En este caso, el animal era prematuro, pero no pesaba menos de medio kilo, como algunos de los que han pasado por la incubadora.

Una vez que el animal alcanzó los 10 días, se realizó una transición neonatal: el traslado de la incubadora líquida a una incubadora convencional en el momento en que los órganos habían madurado. La coordinadora médica y científica del proyecto, Elisenda Eixarch, ha explicado que esta es la parte que presenta menos dificultades porque es la que más se parece a lo que ya se hace cuando nace un prematuro.

El proyecto comienza ahora una nueva etapa con la vista puesta en realizar el primer estudio en humanos, un objetivo que Gratacós ha afirmado que podría alcanzarse en unos dos años. Para ello, sin embargo, hacen falta mejoras tecnológicas. Así, el equipo del proyecto tiene previsto centrar sus esfuerzos en introducir estas mejoras, en colaboración con la industria, para adaptar el sistema al uso en humanos, así como iniciar los preparativos éticos y legales para que pueda aprobarse un primer estudio en humanos, con la inversión necesaria. Para esta nueva etapa se prevé la incorporación de otros financiadores.

La prematuridad extrema —seis meses o menos— es una circunstancia que afecta a 25.000 familias cada año solo en Europa. La supervivencia de estos bebés, incluso en unidades de excelencia, es baja, de entre el 25% y el 75%, y una proporción relevante de los supervivientes presenta secuelas importantes durante toda la vida.

El camino hacia el embarazo puede estar lleno de preguntas y falta de información, porque el foco suele estar en los órganos reproductores y se habla mucho menos de todo lo que orbita alrededor pero cuyo buen funcionamiento también es importante. Es el caso de la glándula tiroides, situada en el cuello y de tamaño pequeño, su influencia alcanza los ovarios y dicta en gran medida el ritmo de la fertilidad femenina. 

“A pesar de que asociamos a las llamadas hormonas sexuales como las principales reguladoras del ciclo menstrual y, por tanto, la ovulación, la realidad es que también intervienen las hormonas tiroideas porque interfieren en la regulación del eje hipotálamo‑hipófisis‑ovario”, explica Xusa Sanz, enfermera, nutricionista y actualmente doctoranda en medicina, especializada en salud de la mujer.

Tanto si la glándula funciona a ritmo lento, hipotiroidismo, como si lo hace a ritmo rápido, hipertiroidismo, puede haber consecuencias en la fertilidad. Las alteraciones en la producción de la hormona afectan a la maduración de los folículos ováricos, como advierte la especialista: “Se puede traducir en ciclos irregulares o ciclos anovulatorios, sin ovulación, que a su vez pueden manifestarse con sangrados escasos, abundantes, intermenstruales o incluso ausencia de menstruación”.

“Cuando decimos que el ciclo menstrual es un signo de salud, nos referimos a que sus alteraciones nos pueden estar indicando que existe un problema en el equilibrio de una gran cantidad de hormonas, entre ellas las tiroideas”, señala Sanz, que añade que un cambio en el patrón menstrual “puede ser una primera señal de alerta” para una mujer que busca el embarazo.

Los síntomas pueden ser sutiles o fácilmente confundibles con signos del estrés diario, pero además de cambios menstruales, la experta apunta a otras señales como la fatiga, las fluctuaciones de peso no justificadas, las palpitaciones, la sensación continua de frío y calor, la sequedad de la piel o la caída del cabello. “La confirmación diagnóstica suele depender de una analítica de sangre donde se valoren los niveles de las hormonas tiroideas como TSH, T4 libre y, en algunos casos, anticuerpos antitiroideos”, apunta Sanz. 

Más allá de la fecundidad, la especialista aclara que en el primer trimestre de embarazo “la demanda de hormonas tiroideas aumenta porque deben cubrir las necesidades metabólicas de la madre y contribuir al desarrollo del feto, sobre todo del sistema nervioso central”. Por eso, Sanz insiste en que un hipotirodismo no tratado “se asocia a un mayor riesgo de aborto, hipertensión gestacional y preeclampsia, anemia materna, parto pretérmino, bajo peso al nacer y posibles repercusiones en el neurodesarrollo infantil”.

En cuanto al hipertiroidismo no controlado, la experta informa que “se han descrito complicaciones maternas, alteraciones cardiovasculares, crisis tirotóxicas, y fetales, como la restricción del crecimiento o el parto prematuro, cuando la enfermedad no está estabilizada”. Los motivos para evaluar la función tiroidea antes de lanzarse a la maternidad son claros. “Los trastornos de la glándula tiroides se consideran una causa de subfertilidad y un factor de riesgo de pérdida gestacional temprana”, asegura Sanz, que destaca que esta evaluación suele realizarse de manera sistemática.

A pesar de todos los riesgos mencionados es importante subrayar que la evidencia científica muestra que una vez que se ha conseguido corregir la alteración, las posibilidades de éxito aumentan drásticamente. “La buena noticia es que cuando se diagnostica y se corrige la alteración tiroidea, lo habitual es que el ciclo menstrual se estabilice y la capacidad reproductiva se recupere o, al menos, mejore de forma significativa”, incide la especialista.

De todos modos, la fertilidad es multifactorial, recuerda Sanz, y que hay más elementos en juego, como la reserva ovárica, el ahora llamado Síndrome de Ovario Pluriendocrino Metabólico o factores masculinos, que pueden exigir un abordaje integral. “Aun así, la corrección de la alteración tiroidea suele ser un paso imprescindible para optimizar las posibilidades de embarazo y la evolución de la gestación”, concluye.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha avalado una decisión de la justicia española de abril de 2019 en Asturias para la hospitalización de oficio de una mujer que quería dar a luz en su domicilio, pero cuyo parto presentaba riesgos para el bebé, y que finalmente al nacer se le tuvo que practicar una cesárea.

En una decisión publicada este jueves, los jueces europeos rechazan la demanda de esta mujer de nacionalidad francesa, identificada únicamente por sus iniciales C.P. y residente en la localidad de Posada de Llanera, que se quejaba por considerar que se había violado su derecho a la privacidad al obligarla a que el parto se hiciera en el hospital.

Una cesárea de urgencia

Sobre la base del dictamen de un juez de guardia a petición del Hospital Universitario Central de Asturias tras un examen médico que puso en evidencia que había un riesgo para ella y para el feto, un equipo formado por una ambulancia y agentes de policía acudieron al domicilio de C.P., que acabó admitiendo que no tenía otra opción más que ser internada. Su hija nació el 26 de abril mediante una cesárea de urgencia.

La mujer llevó rápidamente el caso ante la justicia en España, primero ante el tribunal de primera instancia y al no obtener satisfacción llegó al Tribunal Constitucional, que en junio de 2022 rechazó su recurso de amparo y confirmó la pertinencia de la decisión del juez de guardia en nombre de la protección de la vida y de la salud tanto de ella como de la hija que estaba por nacer.

La injerencia en la privacidad

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) coincide con el análisis del Constitucional de que los motivos utilizados para esa hospitalización de oficio eran “pertinentes y suficientes” para justificar la injerencia en la privacidad de C.P., que hubiera querido dar a luz en su casa con la ayuda de una matrona, algo que autoriza la normativa española.

El TEDH insiste en que el dictamen del juez de guardia tenía como objetivo “preservar la vida y la salud del hijo por nacer” y en ese contexto era “apropiado” haberla instado a que fuera al hospital “para garantizar un parto sin peligro” porque además “no había ninguna medida menos restrictiva”.

Un margen de apreciación

“El hecho de que el bebé finalmente naciera por cesárea -añade- indica que la apreciación de que existía un riesgo elevado para la madre y el niño tenía fundamento. La injerencia (en la privacidad) estaba justificada en una sociedad democrática”.

El Tribunal de Estrasburgo señala que las autoridades de cada país tienen un margen de apreciación en las cuestiones de política sanitaria, y en este caso ese margen era “amplio” a la hora de hacer una evaluación equilibrada entre el derecho de la madre a dar a luz en su casa y los riesgos para la hija que estaba por nacer y para ella misma que los exámenes médicos habían puesto en evidencia.

El derecho a la libertad

Los jueces europeos también rechazan uno de los argumentos de la mujer que consideraba que se había violado su derecho a la libertad porque estima que no hay suficientes elementos que indiquen que las autoridades ejercieran sobre ella algún tipo de coerción, ni que tuvieran intención de arrestarla.

De hecho, recuerdan que no estuvo en ningún momento aislada, no se le impidió contactar con otras personas y su pareja estuvo en todo momento junto a ella. 

El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan) ha emitido un informe en el que insta a la empresa Ambulancias Gipuzkoa, adjudicataria del servicio de transporte sanitario de Osakidetza en Álava y Gipuzkoa, a “subsanar” las “carencias” en sus protocolos para sus trabajadoras embarazadas o que se reincorporan tras la maternidad. En concreto, en respuesta a una queja sindical por problemas en Álava, Osalan pide “identificar tareas críticas incompatibles” y los riesgos “evitables”.

El documento de Osalan menciona la “especial relevancia” de la “exposición” a agentes químicos o biológicos, así como los “riesgos ergonómicos” por “posturas forzadas”, flexiones “repetidas” y otras incidencias que “puedan generar sobrecarga física y comprometer el desarrollo normal del embarazo”. Se indica que, en una ambulancia, hay “traslados” movidos en los vehículos, “esfuerzos físicos” como mover pesos, “elevada carga emocional” y hasta “posibilidad de agresiones”. En el caso de la lactancia, la fatiga, la turnicidad, la nocturnidad o la posibilidad de no tener margen para hacer pausas o hidratarse adecuadamente “pueden interferir en la producción y mantenimiento de la leche materna”. Asimismo, “la limitación de las medidas preventivas al período legalmente tasado del permiso de lactancia puede resultar insuficiente”, según Osalan.

La conclusión de la inspección a la compañía es que “no siempre” ofrece un “entorno completamente seguro para las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia”. Por ejemplo, tiene problemas para reubicar a las trabajadoras en puestos que conlleven menos riesgos. Este periódico no ha podido recabar la versión de Ambulancias Gipuzkoa en relación a estas cuestiones.

Desde la sección sindical de ESK en las ambulancias de Álava, por el contrario, se indica que son deficiencias “muy graves” para una empresa que tiene contratos millonarios con la Administración. Añaden que esto pone en evidencia que “el Gobierno vasco sigue sin ejercer ningún tipo de control en las subcontratas”. Se da la circunstancia de que en breve saldrá a licitación el servicio de ambulancias para los próximos años.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha destinado 322.372 euros a costear la derivación a clínicas privadas de 1.352 abortos entre enero y finales de abril de 2026, según consta en un breve informe remitido al Parlamento Vasco por el consejero Alberto Martínez en respuesta a una solicitud de documentación de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera. El coste medio por intervención es de 238,44 euros, a la luz de estos datos.

Históricamente, Euskadi ha derivado a la Sanidad privada un porcentaje altísimo de las interrupciones del embarazo, siempre del entorno del 95%. Se da la circunstancia de que el Gobierno de Imanol Pradales anunció en 2025 que, en aplicación de una de las medidas incorporadas al pacto de salud firmado con diferentes agentes, iba a asumir “progresivamente” la atención de “todas” las mujeres que quisieran ejercer este derecho reconocido por ley aunque solamente un año atrás defendiera el modelo externalizado. Entonces se habló de un volumen anual del entorno de 4.200 casos. Con las cifras de derivaciones formalizadas en 2026 conocidas ahora no se aprecia un cambio de tendencia en la privatización de este servicio.

Los centros concertados son dos en Álava, Askabide y Aluak, tres en Bizkaia, Askabide, Aluak y Emilli Giménez Garay, y cuatro en Gipuzkoa, Askabide, Aluak, Prada Laya y Emilli Giménez Garay. Es Askabide, con 756 de las 1.352 intervenciones, la más relevante de este grupo. Ha facturado en el primer tercio de 2026 una cuantía de 208.048 euros. Aluak ha gestionado 319, Emilli Giménez Garay 224 y Prada Laya 53.

Askabide estuvo precisamente en el ojo del huracán porque grupos de ultracatólicos organizaron protestas contra el derecho al aborto en la entrada de sus centros, principalmente en el de Vitoria. El caso fue denunciado en aplicación de la nueva ley que castiga las coacciones a las mujeres y a los sanitarios que las atienden y se celebró en Álava el primer juicio en España por este tipo de situaciones. La sentencia se conoció en diciembre de 2025 y los 21 imputados quedaron absueltos. Actualmente se mantienen este tipo de iniciativas, pero en plazas alejadas de la entrada de las clínicas. Ya se buscan 'voluntarios' para hacer rezos en Vitoria y Bilbao a la vuelta del verano. La organización asegura que controlará que no haya nunca más de “19 personas” a la vez, el tope legal para que no sea considerado como manifestación y haya obligación de comunicarlo a la Ertzaintza.

“Se llega a la conclusión de que no están cumpliendo lo que anunciaron”, dice EH Bildu a la luz de las estadísticas. Y añade Ubera: “Solicitamos dicha información el 24 de abril al consejero de Salud para saber si estaban cumpliendo realmente su anuncio de octubre de 2025 de que de manera progresiva iban a dejar de derivar las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas para realizarlas en hospitales de Osakidetza. [Pero] Tenemos una Consejería que nos ha acostumbrado a muchos anuncios y promesas que luego no acaban materializándose. Los antecedentes nos hacían sospechar que podíamos estar otra vez ante un caso así y, lamentablemente, los datos remitidos por el Departamento no hacen sino confirmar nuestras sospechas”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere poner fin a la situación inédita que arrastra desde hace tiempo respecto a la imposibilidad de las mujeres de ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública porque la totalidad de los médicos están sujetos a la objeción de conciencia. El Servicio regional de Salud (SESCAM) está estudiando la creación de un “centro público” para practicar la interrupción voluntaria del embarazo en la región.

Según ha adelantado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una entrevista a Encastillalamancha.es y ha podido confirmar este medio en fuentes del Gobierno regional, el SESCAM trabaja en la apertura de este centro para dar cumplimiento a la ley que protege el derecho al aborto. Sanidad no precisa ni la ubicación ni los plazos para su puesta en funcionamiento.

En la entrevista, el consejero dice respetar a los y las profesionales que no quieren practicar abortos. “Estamos asegurando al 100% que la mujer que quiera abortar en Castilla-La Mancha lo pueda hacer. Y tercero, estamos a punto de hacer un centro público donde se puedan practicar abortos. Ahora mismo ofrecemos dos centros privados en la Comunidad para hacer interrupciones voluntarias del embarazo y uno más en la Comunidad de Madrid. Así aseguramos el derecho que tienen las mujeres. Ellas eligen dónde quieren que les realicen el procedimiento”.

En Castilla-La Mancha, el 99,94% de las interrupciones voluntarias del embarazo se producen en clínicas privadas o concertadas. Prácticamente ningún hospital ni centro público las realiza. Es una situación inédita que la comunidad arrastra desde hace años y que ha provocado decenas de protestas y concentraciones, muchas de ellas impulsadas por colectivos feministas y por Amnistía Internacional.

Abortar a 180 kilómetros de tu casa

La Plataforma 8M de Toledo ha denunciado en varias ocasiones que las mujeres, en la gran mayoría de los casos tienen que irse a otra comunidad para interrumpir un embarazo. “Hay gente que tiene medios y una red de apoyo muy cerca de donde vive, pero las personas que no los tienen no es normal que como ocurre en Cuenca tengas que irte a abortar a 180 kilómetros de tu domicilio”, indicó a este medio durante una de sus protestas.

Hace tres años, la entonces consejera de Igualdad, Blanca Fernández, reconoció en sede parlamentaria que hay dificultades para acceder a las interrupciones voluntarias de embarazo en la región. Y también aseguró que hay que “obligar” a que los abortos se hagan en el sistema público puede “complicar” la gestión autonómica. La portavoz también ha defendido la idea de “concertar” este servicio para ofrecerlo con “intimidad”.

Pero hasta día de hoy no ha habido avances en este sentido. La objeción de conciencia, que ya cuenta con un registro de objetores en Castilla-La Mancha como obliga la ley, ha derivado en una situación en la que juega un papel primordial la dispersión geográfica de la región.

Ahora, el Gobierno regional avanza este “centro público”, en singular, por lo que queda por saber cuál será su ubicación y las garantías que ofrecerá el SESCAM para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto con facilidades y sin enormes desplazamientos y costes.

Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso

CCOO de Castilla-La Mancha

Por el momento, este anuncio ha provocado el rechazo de CCOO. “Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso para toda Castilla-La Mancha”.

En palabras de la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud, Ana Villaseñor, no basta con abrir un recurso público, hay que “garantizar que la sanidad pública de nuestra región funcione con calidad, estabilidad y seguridad para las mujeres y para el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos”.

Centralizar esta prestación en un único centro no es suficiente porque que “seguiría perpetuando la desigualdad territorial en el acceso a la interrupción del aborto voluntaria” además de desplazamientos “innecesarios” y “dificultades de acceso para muchas mujeres”, especialmente en una comunidad autónoma tan extensa y dispersa geográficamente como Castilla-La Mancha.

Por otro lado, señala la dirigente, se podría generar una “estigmatización” de las mujeres que acuden a dicho centro algo que “no ocurriría si la asistencia la recibieran en un hospital”. “Si realmente se quiere reforzar la sanidad pública, la apuesta debería pasar por integrar progresivamente esta atención en toda la red hospitalaria pública, con recursos suficientes, profesionales formados y garantías asistenciales homogéneas en toda la región”.

No se trata únicamente de anunciar que habrá un centro público, defienden desde CCOO, sino de “construir un modelo sanitario accesible, cercano y equitativo para todas las mujeres, vivan donde vivan”.

Dicen los estudiosos de la historia que la obsesión de los hombres por la virginidad y el sometimiento de sus parejas femeninas —que ha sido norma en prácticamente todas las civilizaciones en este planeta— obedece a la necesidad que tienen de garantizar su continuidad y la herencia genética —el apellido— familiar en sus descendientes. Dado que son actores secundarios en la procreación, tratan así de compensar la prevalencia biológica que pertenece a las madres que conciben, gestan y paren.

Es una tesis muy creíble a juzgar por la constancia y el empeño de los varones en dejar a las mujeres bajo control, en el ámbito del hogar, la reproducción y la crianza, pero salvaguardando siempre el protagonismo y el espacio público para ellos. La virginidad y la monogamia de sus parejas era requisito imprescindible para mantener la pureza de la saga. Hoy en día, gracias a los avances sociales, científicos y tecnológicos, el determinismo biológico se ha visto reducido a la mínima expresión mientras las maternidades pueden ser muchas y distintas, lo que ha revolucionado las relaciones de pareja, transformado la institución del matrimonio y, en definitiva, la configuración de la sociedad en su conjunto.

En países como Afganistán —que vive en la Edad Media— las madres no figuran en la documentación que identifica a sus hijos e hijas. Es el padre el que les da sus apellidos y los bebés salen del vientre de la mujer para correr a los brazos de la familia paterna, mientras la madre no puede demostrar nunca la filiación de sus retoños ni reclamar su maternidad porque le pertenece únicamente al propietario del esperma. Ellos tienen garantizada la pureza y propiedad de sus descendientes gracias a la monogamia de “su” mujer, a través del sometimiento y aislamiento, no exento de terror.

Afortunadamente, en las sociedades desarrolladas y las democracias que habitamos en Occidente, las cosas son muy distintas. Sin embargo, desde los tiempos de ampliación de las libertades individuales (en España, tras la dictadura), la sociedad ha venido experimentado un radical cambio de paradigma provocado por la revolución de las mujeres. La lucha del feminismo por la igualdad, autonomía e independencia de ellas ha repercutido en todos los ámbitos transformando por completo los espacios privados pero también los públicos.

El romanticismo que idealizaba la maternidad, tan habitual en siglos anteriores, se ha visto hoy modificado por el profundo cambio social que ha supuesto esta transformación de las mujeres al reivindicarse como personas completas. Con la adopción de nuevos comportamientos y actitudes de la mitad femenina de la población, ser madre ha dejado de ser una conditio sine qua non para alcanzar la felicidad y sentirse realizada. La maternidad es ahora una elección personal, un hecho relativamente controlable por las mujeres. Gracias a la despenalización de los anticonceptivos en la legislatura constituyente y otros avances, nosotras podemos elegir cuándo y cuántos hijos tener.

Esta autonomía adquirida por las mujeres ha sido determinante —sumada a otras circunstancias— para que nuestro país tenga hoy uno de los índices de crecimiento demográfico más bajos del mundo. Es evidente que el avance en derechos de las mujeres no se ha visto acompañado por un giro similar en las actitudes de sus parejas masculinas, así como de la necesaria adaptación social para corresponsabilizar a la sociedad en su conjunto en la función reproductiva, que nos corresponde biológicamente a nosotras, pero que necesita del compromiso de todo el entorno.  

A finales del siglo XX ya nos advertía Inés Alberdi de que la aparición de la nueva familia española, con la incorporación masiva de las mujeres a la educación y el mercado laboral, estaba convirtiendo a la población femenina en la más poderosa palanca de cambio en las sociedades modernas. Es cierto que el avance feminista no es la única causa, pero sí la más decisiva del cambio social experimentado.

Cuando ya hemos coronado el primer cuarto del siglo XXI, los vaticinios de Alberdi se han visto cumplidos aunque el proceso está discurriendo por caminos insospechados en aquellos tiempos. El matrimonio es ahora una institución igualmente valorada pero que apenas tiene nada que ver con lo que solía ser en épocas pasadas. Las parejas de hecho están completamente normalizadas y el divorcio determina de manera incuestionable las relaciones afectivas. La estabilidad e institucionalización de las parejas homosexuales está aportando nuevos modelos de familia, a los que se suman los hombres y mujeres que crían de forma individual a sus hijos e hijas. Semejante transformación ha venido dada, fundamentalmente, por la decisión de las mujeres que ahora se plantean el hecho natural de la maternidad de forma novedosa y muy poco convencional.

Los datos y la experiencia de muchas avalan un principio que Diana López Varela explica en su libro “Maternofobia”: “La maternidad es el primer factor de discriminación social y laboral para las mujeres”. Si se estudia el proceso de llegada masiva de chicas a las universidades (finales de los 70), su presencia en paridad en la mayoría de sectores profesionales (a día de hoy) y la escasa o nula presencia de ellas en los puestos de responsabilidad y mando, puede fácilmente comprobarse que es la gestación y crianza lo que las retrasa y perjudica en esa carrera en la que ellos recorren el camino con todas las facilidades sin el peso de la conciliación sobre sus espaldas, salvo honrosas excepciones. Hemos avanzado en muchos aspectos, con las medidas legales arbitradas para facilitar que ambos en la pareja disfruten de iguales condiciones para una crianza compartida. Pero estos pequeños cambios no son más que parches que se aplican a un sistema social y laboral de corte patriarcal que responde a las necesidades masculinas y apenas se ha adaptado a la realidad social, política y biológica de ellas. Además, la resistencia al cambio de los hombres, que temen la pérdida de privilegios ancestrales, se perfila como el principal obstáculo para una crianza en igualdad.

Múltiples estudios revelan un frenazo en las carreras de las mujeres cuando empiezan a tener hijos sin que las medidas de conciliación arbitradas estén dando los resultados deseados por la renuencia de los padres a llevarlas a la práctica. Prueba de ello es que las jóvenes en edad de mayor fecundidad deciden aplazar el momento para ser madres porque, igualmente, se encuentran en tiempos decisivos de sus trayectorias laborales. Si esto ocurre en las capas sociales acomodadas e ilustradas, en las clases trabajadoras y vulnerables, la situación económica y el suplicio que supone la búsqueda de una vivienda estable surten el mismo efecto disuasorio con mayor penosidad si cabe para las madres. 

El retraso en su maternidad y la renuncia de muchas a ser madres, se refleja en un crecimiento demográfico cada vez menor y el consiguiente envejecimiento de la población. Además, surge un nuevo castigo para las madres añosas que —a pesar de todo— siguen queriendo tener hijos aunque sea tarde y sin una pareja estable. Los avances en la reproducción asistida han venido a responder a sus demandas con el florecimiento de un mercado pujante y puntero en España, de los centros privados especializados. No solo las parejas de lesbianas recurren a esta fórmula para completar sus familias con vástagos. Cada vez más mujeres solas buscan ser fecundadas en laboratorio con los espermatozoides de un donante anónimo para ejercer la maternidad en solitario convirtiéndose en familia monoparental.

También van en aumento las jóvenes que quieren preservar sus óvulos de mejor calidad, que los centros les extraen y congelan para su uso posterior o bien para su maternidad o posterior uso como donantes. El hecho más significativo —numéricamente hablando— es la cada vez más habitual presencia de parejas (heterosexuales u homosexuales) que acuden a la fecundación in vitro (FIV) por diversas causas. A pesar del calvario que supone este método para los cuerpos y mentes de las mujeres —con una evidente repercusión en las relaciones de la pareja y padecimiento del padre que las acompaña— muchas siguen apostando por la maternidad. Su creciente recurso a los modernos avances científicos así lo evidencia. De cada 10 niños y niñas que nacen hoy en España, uno se ha gestado mediante reproducción asistida.

Está, por lo tanto, en manos de los varones deshacerse de las resistencias ancestrales y asumir la pérdida de privilegios porque el regreso de las mujeres a “la pata quebrada y en casa” no es una opción. Aunque corran vientos extraños de involución, ni siquiera los que los auspician saben de lo que hablan.

Ana es una profesora aragonesa que se encuentra en su sexto mes de embarazo. Debido a sus labores como docente y al desplazamiento de dos horas que tiene que realizar cada día, solicitó al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Aragón la baja por riesgo durante el embarazo. Sin embargo, le comunicaron que los procesos se alargan “uno o dos meses” y Ana no podía esperar tanto tiempo, por lo que ha tenido que pedir una baja por enfermedad común: “Tienes suerte si tu médico te da una baja, pero no es el motivo real por el que no puedes trabajar. Con los plazos que me daban me planto en junio, ahí no me sirve de nada, trabajo con alumnos con discapacidad y problemas de conducta, no puedo esperar un mes o dos a que me den la baja estando embarazada de seis meses”, relata.

El de Ana no es un caso aislado, relata que tiene una compañera que se encuentra en la misma situación. El sindicato CGT denuncia que el Gobierno de Aragón “no protege a sus trabajadores e incumple de manera sistemática y grave la normativa sobre los recursos que debería dedicar a la prevención”. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que se trata de una situación “coyuntural”. Héctor Almazán, secretario de acción sindical de la Federación Estatal de CGT Enseñanza, califica los medios actuales de “claramente insuficientes”. Según expone, el Real Decreto 843/2011 establece que por cada 2.000 trabajadores debe existir una unidad básica sanitaria compuesta por un médico y un enfermero. Bajo esta ratio, Almazán sostiene que para los 18.000 docentes de Aragón deberían existir nueve unidades, frente a las “dos médicas y seis enfermeras” que, según sus datos, operan actualmente.

Almazán alerta de que deberían ser más unidades, ya que este personal se ocupa también de los 12.000 funcionarios y funcionarias de la administración general de la DGA: “Un total de 30.000 funcionarias para las que, según la normativa, debería haber 15 UBS y no solo dos. A lo que debemos añadir que se tratan de funcionarios muy dispersos geográficamente, al haber 1.800 centros de trabajo lo que, evidentemente, dificulta su atención. La precariedad es absoluta, ya que los médicos son quienes firman las adaptaciones de puestos de trabajo, o las bajas por embarazo de riesgo por ejemplo”. Según el representante sindical, este déficit administrativo es el que provoca que trámites urgentes, como las adaptaciones de puesto o las bajas por riesgo, se demoren de forma “inviable”. La propia Ana refuerza esta idea al explicar que en los servicios públicos le transmitieron que “todo se alarga porque no hay gente” y que debía seguir trabajando mientras se resolvía su expediente: “Yo no puedo seguir trabajando mientras me reconocen el riesgo”.

Almazán compara la dotación del Servicio de Prevención de DGA con el de otras instituciones que tienen también servicios de prevención propios: “El Ayuntamiento de Zaragoza dispone de siete médicas y seis enfermeras para 5.800 trabajadoras, y a pesar de su escasa dispersión geográfica y su dotación de más de un médico por cada 1.000 trabajadoras, no les sobra tiempo para realizar sus funciones. O el Servicio de Salud de Aragón, con 27.000 trabajadores aproximadamente, disponen de 17 médicos. Somos conscientes de la escasez crónica de profesionales especialistas en Medicina del Trabajo en todo el sector público, pero esta situación disfuncional entre el volumen de tareas a realizar y el de personal que las realiza provoca además que hay dificultades en la cobertura de estas plazas, y que el personal médico se vayan a otras instituciones o empresas con mejores condiciones laborales”. 

Patricia Ariza, portavoz de CGT Enseñanza, explica también las consecuencias que la situación descrita tiene para el profesorado, “esta escasez de recursos lleva a que no se pueda realizar realmente la prevención porque solo da para actuar de manera reactiva, y siempre con lo más urgente, también a que se dilaten los plazos para numerosos procesos”. Por todo ello, el sindicato solicita una auditoría externa que determine “si el Gobierno de Aragón está cumpliendo con la normativa vigente” y “que se doten de los recursos necesarios a los servicios de prevención del Gobierno de Aragón para que puedan cumplir con todas sus funciones”.

Fuentes del Gobierno de Aragón explican que se trata de una situación “coyuntural” y que se está haciendo “todo lo posible para sobsanarlo”, aunque destacan la “dificultad” de encontrar médicos que, para desempeñar esta labor, tienen que tener la especialidad de medicina del trabajo.