El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) reconoce a una vigilante del aeropuerto Tenerife Norte el derecho a recibir el 100% de la prestación de baja por riesgo durante todo el embarazo y no a partir del quinto mes como había estipulado la mutua.

Este fallo fue recurrido por la entidad y a continuación resultó rechazado por el TSJC, al negarse a revisar la prueba practicada en su momento en la vista oral.

La mujer prestaba sus servicios para una empresa que llevaba a cabo labores de seguridad en Los Rodeos y en abril de 2023 comunicó que estaba en su sexta semana de embarazo por lo que se le recomendó que evitara estar de pié y sin moverse durante más de cuatro horas y moviéndose a partir de la semana 30.

También debía evitar manipular cargas superiores a 10 kilos al principio y 20 desde el sexto mes, no realizar trabajos nocturnos, ni en alturas,exponerse a temperaturas superiores a los 36 grados, o de menos de cero, recibir cualquier radiación ionizante y evitar agresiones abdominales.

Poco después la empresa comunicó que no había podido adaptar el puesto, por lo que la trabajadora presentó una denuncia dado que no se habían tomado medidas para evitar su exposición a los rayos x, provocados por los escáneres instalados en el lugar de trabajo.

Luego solicitó la prestación por riesgo durante todo el embarazo, pero sólo se le reconoció a partir de julio cuando se encontraba en el quinto mes, por lo que pidió vacaciones, discrepó de la fecha en la que se le concedió la prestación y recurrió a los tribunales.

Los expertos de la Mutua consideraron que el puesto tenía un nivel de riesgo por accidentes calificado de “moderado” y la calificaron como “apta con restricciones” para llevar a cabo sus funciones a la vez de repetir las mismas observaciones que plantearon al principio.

La sentencia dio por probado que las radiaciones que emiten los arcos de detección de metales son catalogadas como posibles causas de riesgo y de hecho la vigilante debía pasarlos continuamente para ir al baño o uniformarse.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión económica y social. En este sentido, la líder nacionalista ha enmarcado esta propuesta en una “deriva ultra y reaccionaria” y ha acusado a los 'populares' de “cuestionar el derecho de las mujeres a poder decidir sobre su cuerpo”.

Según Europa Press, a preguntas de los medios este martes en Santiago, Pontón ha insistido en que la prioridad debería ser “tomar medidas eficaces” para poder solucionar “el problema de la vivienda” y para facilitar la conciliación.

“Si quieren realmente ayudar a las familias deberían ponerle freno al problema que está habiendo en materia de vivienda. Tenemos un Gobierno de la Xunta, del Partido Popular, que en esta materia, lo único que hace es propaganda y publicidad, pero hechos muy pocos”, ha subrayado.

La líder del BNG también ha puesto el foco en los “problemas” para acceder a plazas públicas en escuelas infantiles. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber devuelto 22 millones de euros al Gobierno central destinados a la construcción de estos centros por “no querer hacerlas públicas”.

Asimismo, ha advertido de que “estas medidas regresivas no las inventó Ayuso”, sino que Feijóo “ya las aplicó en Galicia”. Con todo, ha asegurado que el PP “no gobierna pensando ni en las familias ni en la infancia” y lo que quiere es “volver para atrás”.

Un óvulo, con “más derechos que los pacientes”

La propuesta de ley se coló este martes en el pleno del Parlamento de Galicia. “Están por darle más derchos a un óvulo fecundado que aos pacientes”. Con esa frase, el diputado socialista Julio Torrado resumió la gestión sanitaria del PP durante los 17 años de gobiernos de Feijóo y Alfonso Rueda.

El debate se centraba en la modificación de la ley de medidas extraordinarias de 2022 detinada a impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura en el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Torrado consideró la propuesta de los populares un intento de “parchear mal lo que destrozaron” ya que la sanidad gallega no llegó “por casualidad” a la actual situación “de crisis”, sino que es “fruto de una década de recortes” que el PP “aplaudía”.

El diputado socialista criticó que la “gran solución” de la Xunta sea la extensión de una ley que ya hace cuatro años se tramitó de urgencia y, ahora, “superados e incapaces de resolverlo”, vuelven a hacerlo “para que nadie pueda opinar mucho más allá”. O deputado do PSdeG criticou que a “gran solución” do PP sexa “a extensión dunha lei de 2022 que, por certo, xa se tramitou de urxencia daquela”. Torrado cerró con una recomendación al conselleiro de Sanidada, Antonio Gómez Caamaño: “Innoven e inviertan que, si no, me temo que la siguiente plaza de difícil cobertura va a ser la suya”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que si gobierna después de las próximas elecciones generales aprobará “una ley nacional de concebidos no nacidos” como la que ha promovido en Madrid Isabel Díaz Ayuso. El objetivo: “que el concebido no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social”. Feijóo ha obviado cualquier detalle concreto de la medida y se ha limitado a una mera enunciación.

“Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público”, ha apuntado Feijóo una entrevista en Antena 3. “Lo hice en el año 2011 en Galicia”, ha explicado, “y la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid”. Después ha concluido: “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”.

La Asamblea de Madrid aprobó la semana pasada una ley del concebido no nacido, que reconoce al embrión como un miembro de la unidad familiar. “Al concebido se le tendrá por nacido, siempre que la unidad familiar o alguno de sus miembros, mediante la aplicación de esta asimilación, obtengan un mayor beneficio”, ha explicado el Gobierno de Ayuso. Además, añaden, a no ser que se aplique lo contrario en algunas regulaciones de procedimientos concretos, para esta asimilación como parte de la unidad no se pedirá “una semana mínima de gestación”.

Tal y como ha explicado Feijóo, Galicia ya cuenta con una legislación similar. También en la Comunidad Valenciana se hizo una bajo la presidencia de Francisco Camps.

En el caso de Galicia, según datos de 2019, las autoridades apenas reconocieron 400 nasciturus desde 2011. Además, si finalmente esos embriones no nacen, los beneficios asociados “pierden su validez”. En la Comunitat, el Gobierno progresista de Ximo Puig derogó la norma, que sirvió de paraguas para dar subvenciones a asociaciones antiabortistas al considerar que suponía “una tutorización de las decisiones de las mujeres”.

La norma en Madrid salió con el voto favorable del PP, que tiene mayoría absoluta, y de Vox, que anunció su intención de instaurar su “prioridad nacional” en el desarrollo de la norma.

La diferencia con las normas vigentes, como la gallega que hizo Feijóo, es que no hace una excepción entre familias numerosas o no: “Una vez se acredite el embarazo, las mujeres podrán solicitar ayudas y beneficios fiscales”.

“Absolutamente orgulloso” de Moreno

El líder del PP también se ha mostrado “absolutamente orgulloso” del pacto alcanzado por Juan Manuel Moreno para gobernar en coalición con Vox en Andalucía.

Feijóo ha justificado el pacto de Moreno con la ultraderecha porque “la política es la gestión de la realidad, no la gestión imaginaria o la gestión que a ti te gustaría”. Y esa “realidad”, ha apuntado, es que “el 55% de los andaluces han votado al PP y a Vox”.

“El resultado es excepcional”, ha asegurado Feijóo, pese a que Moreno perdió la mayoría absoluta en un solo mandato. “¿Qué es lo que ha hecho Juanma Moreno?”, se ha preguntado. “Lo que haría cualquier político responsable, darle estabilidad a su Gobierno y darle estabilidad a la Junta de Andalucía”, se ha respondido el líder del PP.

“Es un ejercicio de responsabilidad”, ha espetado Feijóo, quien ha negado que Moreno hubiera prometido en campaña que no iba a gobernar con Vox ni asumir la “prioridad nacional” que Santiago Abascal ha impuesto a los barones del PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

“Con todos los respetos, creo que eso no lo ha dicho Juanma Moreno”, ha defendido Feijóo, aunque el presidente andaluz sí despreció la “prioridad nacional”.

Feijóo también ha justificado su ausencia de la toma de posesión de Moreno este mismo fin de semana. Un acto al que acudieron, por ejemplo, el expresidente Mariano Rajoy o la que fuera su 'número dos', Soraya Sáenz de Santamaría. Moreno fue secretario de Estado de Sanidad durante esos gobiernos, y firmó los duros recortes en el servicio público que impuso el PP.

El líder del PP ha asegurado que no fue a la toma de posesión de Moreno porque no ha ido a ninguna de las anteriores de este ciclo electoral, “quizás porque la primera tocaba un día de semana y no podía ir”, ha explicado. Así, Feijóo no fue a la de María Guardiola en Extremadura por un supuesto problema de agenda. “Tampoco he ido a la de Aragón ni a la de Castilla y León”, ha explicado.

Feijóo se ha ausentado de las cuatro tomas de posesión de sus presidentes autonómicos que significan el regreso de Vox a los gobiernos de la mano del PP y la ruptura de su promesa de hace apenas un año de gobernar en solitario.

La Comunidad de Madrid va a reconocer administrativamente al embrión como un integrante más de la unidad familiar. La Asamblea regional aprobó la semana pasada la denominada ley del concebido no nacido, la iniciativa estrella impulsada por Isabel Díaz Ayuso. Y Miguel Ángel Rodríguez decidió explicar la norma en X dejando clarísimo todo su matiz ideológico. Según escribió, en cuanto concluye la fecundación —incluso “antes de ducharse”, precisó con rigor bioético—, lo que existe en el vientre de una mujer ya es una persona con derechos. Esa es, añadió, “la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”.

Las mujeres somos seres fecundados y duchados, en ese preciso orden y no otro. El mensaje no parece solo una nueva boutade provocadora del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Detrás del tuit asoma una estrategia política que en Estados Unidos ya ha alcanzado cotas mucho más ambiciosas como las de atribuir personalidad jurídica plena al embrión o al feto. Bajo el concepto de fetal personhood, distintos estados han impulsado iniciativas destinadas a reconocer a los óvulos fecundados derechos constitucionales equivalentes a los de cualquier persona.

En 2018, Alabama se convirtió en el primer Estado en consagrar una cláusula sobre la personalidad jurídica del feto en su constitución estatal, con consecuencias muy profundas en cuanto a la vigilancia y control draconiano de las mujeres embarazadas. La norma no implica únicamente prohibir el aborto de facto, también restringe potencialmente determinados métodos anticonceptivos, complica el tratamiento jurídico de los abortos espontáneos, pone bajo sospecha técnicas de reproducción asistida e introduce restricciones sobre la autonomía de las mujeres durante el embarazo.

Y, como ocurre a menudo con las construcciones jurídicas maximalistas, sus efectos pueden extenderse a ámbitos completamente inesperados. En Missouri, donde existe una legislación especialmente amplia sobre la personalidad jurídica del feto, condenados por delitos de abuso sexual infantil llegaron a sostener ante los tribunales que la edad de sus víctimas debía calcularse desde la concepción y no desde el nacimiento. Si ese argumento hubiera prosperado, las víctimas serían jurídicamente nueve meses mayores y algunos acusados podrían haber obtenido ventajas procesales. Los jueces rechazaron esa interpretación, pero la simple posibilidad dejó al descubierto cómo una formulación de este tipo puede acabar siendo utilizada con fines que no estaban en la mente del legislador.

No hay nada del fetal personhood en la ley madrileña. La norma aquí se limita a anticipar el acceso a determinadas ayudas públicas desde que el embarazo pueda acreditarse, pero cuando Miguel Ángel Rodríguez decide envolver la medida en el lenguaje de la guerra cultural y convertirla en una declaración sobre cuándo empieza la vida o cuándo existe una persona con derechos, resulta inevitable pensar que su objetivo va más allá.

Una vez reguladas las ayudas post-fecundación, algún día convendría que legislaran sobre conciliación, climatización de las aulas, plazas en escuelas infantiles públicas o la carencia de 44 pediatras en la Comunidad de Madrid, según los cálculos de los propios sindicatos sanitarios. Llamadme peligrosa woke, pero tal vez los niños y las mujeres importen más que un cigoto unicelular, aunque esté recién duchado.

Hola,

¿Qué tal? Espero que esta semana haya ido bien y que, con un poco de suerte, te pille ya de vacaciones.

Hoy quiero empezar hablándote de algo que tal vez tengas en casa. La mayor sociedad de neumología del mundo ha publicado un informe en el que pide prohibir las encimeras de cuarzo. El motivo es la epidemia global y devastadora de silicosis que provoca la manipulación de piedra artificial con sílice cristalina.

Si tienes una, no te preocupes. El peligro para la salud aparece durante su fabricación y manipulación, es decir, para miles de trabajadores jóvenes, para quienes, según el informe, las medidas de prevención propuestas por la industria y las administraciones públicas han fracasado estrepitosamente.

De hecho, el trabajo, firmado por un equipo interdisciplinar de 24 expertos, es muy crítico con las tácticas de lobby del sector, que compara con las del amianto, y que han dejado a los operarios expuestos al polvo tóxico que sigue superando habitualmente los límites legales de seguridad.

La Sociedad Torácica Americana (ATS) insta a países como España, cuya industria critica directamente, a seguir el ejemplo de Australia y California, que han optado por su prohibición.

“En España, todas las decisiones que se están tomando son insuficientes y vamos a la cola a la hora de atajar esta epidemia”, lamenta el presidente de la Asociación de Afectados por Silicosis del Aglomerado de Cuarzo (ASAC), Fernando Arévalo. Esta organización está formada por extrabajadores de Cosentino que han llevado a la empresa a los tribunales por retrasar y ocultar su diagnóstico.

El tema es muy interesante y, si las administraciones creen de verdad en la evidencia científica, va a dar mucho que hablar. Te recomiendo que te leas la información completa de mi compañero Antonio Martínez Ron, que ha hablado con muchos expertos.

Receta rápida

Una placenta artificial para bebés prematuros extremos

Cada año, cerca de 25.000 familias en toda Europa enfrentan el drama de un nacimiento prematuro extremo. Es aquel que se produce entre los seis meses o menos de gestación, en los que los recién nacidos se encuentran en un ambiente hostil que hace muy difícil que puedan salir adelante o tener una vida sin secuelas neurológicas.

Un grupo de investigadores del BCNatal lleva años trabajando en un proyecto para crear una placenta artificial, que permita asistir a los bebés más prematuros. Esta semana han presentado la segunda fase del estudio, todavía en animales. En la primera, consiguieron una supervivencia de 12 días en buen estado fetal en un modelo ovino. Ahora lo han alargado hasta 21.

Al proyecto le quedan todavía pasos muy importantes —recuerda que hace unas semanas te contaba que curar a un animal en un laboratorio no significa que ese tratamiento sirva para los humanos—, pero sí es esperanzador.

Con esto me despido por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pasa muy buen fin de semana, cuidado con el calor que volverá a apretar y ¡salud!

Una de las pocas investigaciones sobre placentas artificiales del mundo, que se lleva a cabo en Barcelona, ha presentado sus resultados este viernes. El equipo de BCNatal ha conseguido elevar a 21 días la supervivencia de un feto de oveja en uno de estos entornos de incubadora líquida, pensados para asistir en el futuro a bebés muy prematuros.

El equipo científico del proyecto fetaLife, de BCNatal (integrado por los hospitales Clínic y Sant Joan de Déu, y LaCaixa), ha presentado la segunda fase de su estudio. Si en la primera reportaron una supervivencia de 12 días, en esta ocasión han avanzado hasta los 21.

En paralelo, los investigadores han expuesto que una de las ovejas, Gaia, que estuvo 10 días en una incubadora líquida, se ha mantenido con vida, con buenos resultados de neurodesarrollo, y ahora tiene 15 meses.

El proyecto busca aumentar la supervivencia de los bebés prematuros más extremos, de menos de seis meses, y se encamina ahora hacia una nueva etapa en la que esperan poder realizar un estudio en humanos en dos años.

Además del proyecto fetaLife de BCNatal, solo hay cuatro grupos en el mundo que desarrollan modelos experimentales similares y con avances significativos en los últimos años. Se trata de sendos grupos en Filadelfia y Michigan (EEUU), un consorcio entre Australia y Japón y otro en Toronto (Canadá).

Una incubadora líquida, que se suele llamar también placenta artificial, es un sistema en el que un bebé muy prematuro puede vivir de una manera similar a la vida uterina. Además de la supervivencia, el proyecto también persigue reducir las secuelas que afectan a la mayoría de los recién nacidos más extremos, es decir, los que nacen con seis meses o menos.

El líder del proyecto fetaLife y catedrático de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat de Barcelona, Eduard Gratacós, ha destacado que cada día de supervivencia equivale a un 2% menos de mortalidad y a un 2% menos de secuelas. Los bebés que nacen con seis meses o menos se enfrentan a secuelas neurológicas, broncopulmonares, intestinales, de oído y visión o cardiovasculares.

El prototipo desarrollado, del que se han hecho diversas versiones y que cuenta con financiación de la Fundación “la Caixa” (7,6 millones de euros), incluye un entorno líquido y permite al prematuro continuar desarrollándose conectado a un sistema de circulación extracorpórea a través de su cordón umbilical. Gratacós ha afirmado que lo que se quiere es intentar “engañar” a la naturaleza, con el fin de simular que el prematuro continúa desarrollándose dentro del útero.

Además, el sistema permite una vigilancia permanente de forma remota por parte del equipo médico para poder tener un control intensivo del estado y el desarrollo del feto. Otro de los grandes avances conseguidos hasta ahora ha sido la mejora del sistema extracorpóreo de circulación, compuesto por una membrana oxigenadora y un sistema de piezas (tubuladuras y cánulas) que han sido diseñadas para facilitar la circulación sanguínea y su oxigenación simulando lo que se produce de manera natural en la vida intrauterina a través de la placenta materna y el cordón umbilical.

El líder del proyecto ha explicado que otro centro estadounidense ha logrado una supervivencia de 28 días, pero ha puesto en valor el éxito del proyecto catalán. De hecho, ha dicho que cuando se superan los 14 días ya se demuestra que el sistema funciona y que los objetivos científicos se han alcanzado.

Ha señalado también que estos experimentos son muy caros y que hay que buscar un equilibrio entre los objetivos científicos y las posibilidades presupuestarias. En el caso del experimento que llegó a los 21 días, los investigadores lo detuvieron.

En paralelo, los investigadores han conseguido que otro animal, la oveja Gaia, viva más de un año después de pasar 10 días por la incubadora líquida. En este caso, el animal era prematuro, pero no pesaba menos de medio kilo, como algunos de los que han pasado por la incubadora.

Una vez que el animal alcanzó los 10 días, se realizó una transición neonatal: el traslado de la incubadora líquida a una incubadora convencional en el momento en que los órganos habían madurado. La coordinadora médica y científica del proyecto, Elisenda Eixarch, ha explicado que esta es la parte que presenta menos dificultades porque es la que más se parece a lo que ya se hace cuando nace un prematuro.

El proyecto comienza ahora una nueva etapa con la vista puesta en realizar el primer estudio en humanos, un objetivo que Gratacós ha afirmado que podría alcanzarse en unos dos años. Para ello, sin embargo, hacen falta mejoras tecnológicas. Así, el equipo del proyecto tiene previsto centrar sus esfuerzos en introducir estas mejoras, en colaboración con la industria, para adaptar el sistema al uso en humanos, así como iniciar los preparativos éticos y legales para que pueda aprobarse un primer estudio en humanos, con la inversión necesaria. Para esta nueva etapa se prevé la incorporación de otros financiadores.

La prematuridad extrema —seis meses o menos— es una circunstancia que afecta a 25.000 familias cada año solo en Europa. La supervivencia de estos bebés, incluso en unidades de excelencia, es baja, de entre el 25% y el 75%, y una proporción relevante de los supervivientes presenta secuelas importantes durante toda la vida.

El camino hacia el embarazo puede estar lleno de preguntas y falta de información, porque el foco suele estar en los órganos reproductores y se habla mucho menos de todo lo que orbita alrededor pero cuyo buen funcionamiento también es importante. Es el caso de la glándula tiroides, situada en el cuello y de tamaño pequeño, su influencia alcanza los ovarios y dicta en gran medida el ritmo de la fertilidad femenina. 

“A pesar de que asociamos a las llamadas hormonas sexuales como las principales reguladoras del ciclo menstrual y, por tanto, la ovulación, la realidad es que también intervienen las hormonas tiroideas porque interfieren en la regulación del eje hipotálamo‑hipófisis‑ovario”, explica Xusa Sanz, enfermera, nutricionista y actualmente doctoranda en medicina, especializada en salud de la mujer.

Tanto si la glándula funciona a ritmo lento, hipotiroidismo, como si lo hace a ritmo rápido, hipertiroidismo, puede haber consecuencias en la fertilidad. Las alteraciones en la producción de la hormona afectan a la maduración de los folículos ováricos, como advierte la especialista: “Se puede traducir en ciclos irregulares o ciclos anovulatorios, sin ovulación, que a su vez pueden manifestarse con sangrados escasos, abundantes, intermenstruales o incluso ausencia de menstruación”.

“Cuando decimos que el ciclo menstrual es un signo de salud, nos referimos a que sus alteraciones nos pueden estar indicando que existe un problema en el equilibrio de una gran cantidad de hormonas, entre ellas las tiroideas”, señala Sanz, que añade que un cambio en el patrón menstrual “puede ser una primera señal de alerta” para una mujer que busca el embarazo.

Los síntomas pueden ser sutiles o fácilmente confundibles con signos del estrés diario, pero además de cambios menstruales, la experta apunta a otras señales como la fatiga, las fluctuaciones de peso no justificadas, las palpitaciones, la sensación continua de frío y calor, la sequedad de la piel o la caída del cabello. “La confirmación diagnóstica suele depender de una analítica de sangre donde se valoren los niveles de las hormonas tiroideas como TSH, T4 libre y, en algunos casos, anticuerpos antitiroideos”, apunta Sanz. 

Más allá de la fecundidad, la especialista aclara que en el primer trimestre de embarazo “la demanda de hormonas tiroideas aumenta porque deben cubrir las necesidades metabólicas de la madre y contribuir al desarrollo del feto, sobre todo del sistema nervioso central”. Por eso, Sanz insiste en que un hipotirodismo no tratado “se asocia a un mayor riesgo de aborto, hipertensión gestacional y preeclampsia, anemia materna, parto pretérmino, bajo peso al nacer y posibles repercusiones en el neurodesarrollo infantil”.

En cuanto al hipertiroidismo no controlado, la experta informa que “se han descrito complicaciones maternas, alteraciones cardiovasculares, crisis tirotóxicas, y fetales, como la restricción del crecimiento o el parto prematuro, cuando la enfermedad no está estabilizada”. Los motivos para evaluar la función tiroidea antes de lanzarse a la maternidad son claros. “Los trastornos de la glándula tiroides se consideran una causa de subfertilidad y un factor de riesgo de pérdida gestacional temprana”, asegura Sanz, que destaca que esta evaluación suele realizarse de manera sistemática.

A pesar de todos los riesgos mencionados es importante subrayar que la evidencia científica muestra que una vez que se ha conseguido corregir la alteración, las posibilidades de éxito aumentan drásticamente. “La buena noticia es que cuando se diagnostica y se corrige la alteración tiroidea, lo habitual es que el ciclo menstrual se estabilice y la capacidad reproductiva se recupere o, al menos, mejore de forma significativa”, incide la especialista.

De todos modos, la fertilidad es multifactorial, recuerda Sanz, y que hay más elementos en juego, como la reserva ovárica, el ahora llamado Síndrome de Ovario Pluriendocrino Metabólico o factores masculinos, que pueden exigir un abordaje integral. “Aun así, la corrección de la alteración tiroidea suele ser un paso imprescindible para optimizar las posibilidades de embarazo y la evolución de la gestación”, concluye.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha avalado una decisión de la justicia española de abril de 2019 en Asturias para la hospitalización de oficio de una mujer que quería dar a luz en su domicilio, pero cuyo parto presentaba riesgos para el bebé, y que finalmente al nacer se le tuvo que practicar una cesárea.

En una decisión publicada este jueves, los jueces europeos rechazan la demanda de esta mujer de nacionalidad francesa, identificada únicamente por sus iniciales C.P. y residente en la localidad de Posada de Llanera, que se quejaba por considerar que se había violado su derecho a la privacidad al obligarla a que el parto se hiciera en el hospital.

Una cesárea de urgencia

Sobre la base del dictamen de un juez de guardia a petición del Hospital Universitario Central de Asturias tras un examen médico que puso en evidencia que había un riesgo para ella y para el feto, un equipo formado por una ambulancia y agentes de policía acudieron al domicilio de C.P., que acabó admitiendo que no tenía otra opción más que ser internada. Su hija nació el 26 de abril mediante una cesárea de urgencia.

La mujer llevó rápidamente el caso ante la justicia en España, primero ante el tribunal de primera instancia y al no obtener satisfacción llegó al Tribunal Constitucional, que en junio de 2022 rechazó su recurso de amparo y confirmó la pertinencia de la decisión del juez de guardia en nombre de la protección de la vida y de la salud tanto de ella como de la hija que estaba por nacer.

La injerencia en la privacidad

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) coincide con el análisis del Constitucional de que los motivos utilizados para esa hospitalización de oficio eran “pertinentes y suficientes” para justificar la injerencia en la privacidad de C.P., que hubiera querido dar a luz en su casa con la ayuda de una matrona, algo que autoriza la normativa española.

El TEDH insiste en que el dictamen del juez de guardia tenía como objetivo “preservar la vida y la salud del hijo por nacer” y en ese contexto era “apropiado” haberla instado a que fuera al hospital “para garantizar un parto sin peligro” porque además “no había ninguna medida menos restrictiva”.

Un margen de apreciación

“El hecho de que el bebé finalmente naciera por cesárea -añade- indica que la apreciación de que existía un riesgo elevado para la madre y el niño tenía fundamento. La injerencia (en la privacidad) estaba justificada en una sociedad democrática”.

El Tribunal de Estrasburgo señala que las autoridades de cada país tienen un margen de apreciación en las cuestiones de política sanitaria, y en este caso ese margen era “amplio” a la hora de hacer una evaluación equilibrada entre el derecho de la madre a dar a luz en su casa y los riesgos para la hija que estaba por nacer y para ella misma que los exámenes médicos habían puesto en evidencia.

El derecho a la libertad

Los jueces europeos también rechazan uno de los argumentos de la mujer que consideraba que se había violado su derecho a la libertad porque estima que no hay suficientes elementos que indiquen que las autoridades ejercieran sobre ella algún tipo de coerción, ni que tuvieran intención de arrestarla.

De hecho, recuerdan que no estuvo en ningún momento aislada, no se le impidió contactar con otras personas y su pareja estuvo en todo momento junto a ella. 

El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan) ha emitido un informe en el que insta a la empresa Ambulancias Gipuzkoa, adjudicataria del servicio de transporte sanitario de Osakidetza en Álava y Gipuzkoa, a “subsanar” las “carencias” en sus protocolos para sus trabajadoras embarazadas o que se reincorporan tras la maternidad. En concreto, en respuesta a una queja sindical por problemas en Álava, Osalan pide “identificar tareas críticas incompatibles” y los riesgos “evitables”.

El documento de Osalan menciona la “especial relevancia” de la “exposición” a agentes químicos o biológicos, así como los “riesgos ergonómicos” por “posturas forzadas”, flexiones “repetidas” y otras incidencias que “puedan generar sobrecarga física y comprometer el desarrollo normal del embarazo”. Se indica que, en una ambulancia, hay “traslados” movidos en los vehículos, “esfuerzos físicos” como mover pesos, “elevada carga emocional” y hasta “posibilidad de agresiones”. En el caso de la lactancia, la fatiga, la turnicidad, la nocturnidad o la posibilidad de no tener margen para hacer pausas o hidratarse adecuadamente “pueden interferir en la producción y mantenimiento de la leche materna”. Asimismo, “la limitación de las medidas preventivas al período legalmente tasado del permiso de lactancia puede resultar insuficiente”, según Osalan.

La conclusión de la inspección a la compañía es que “no siempre” ofrece un “entorno completamente seguro para las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia”. Por ejemplo, tiene problemas para reubicar a las trabajadoras en puestos que conlleven menos riesgos. Este periódico no ha podido recabar la versión de Ambulancias Gipuzkoa en relación a estas cuestiones.

Desde la sección sindical de ESK en las ambulancias de Álava, por el contrario, se indica que son deficiencias “muy graves” para una empresa que tiene contratos millonarios con la Administración. Añaden que esto pone en evidencia que “el Gobierno vasco sigue sin ejercer ningún tipo de control en las subcontratas”. Se da la circunstancia de que en breve saldrá a licitación el servicio de ambulancias para los próximos años.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha destinado 322.372 euros a costear la derivación a clínicas privadas de 1.352 abortos entre enero y finales de abril de 2026, según consta en un breve informe remitido al Parlamento Vasco por el consejero Alberto Martínez en respuesta a una solicitud de documentación de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera. El coste medio por intervención es de 238,44 euros, a la luz de estos datos.

Históricamente, Euskadi ha derivado a la Sanidad privada un porcentaje altísimo de las interrupciones del embarazo, siempre del entorno del 95%. Se da la circunstancia de que el Gobierno de Imanol Pradales anunció en 2025 que, en aplicación de una de las medidas incorporadas al pacto de salud firmado con diferentes agentes, iba a asumir “progresivamente” la atención de “todas” las mujeres que quisieran ejercer este derecho reconocido por ley aunque solamente un año atrás defendiera el modelo externalizado. Entonces se habló de un volumen anual del entorno de 4.200 casos. Con las cifras de derivaciones formalizadas en 2026 conocidas ahora no se aprecia un cambio de tendencia en la privatización de este servicio.

Los centros concertados son dos en Álava, Askabide y Aluak, tres en Bizkaia, Askabide, Aluak y Emilli Giménez Garay, y cuatro en Gipuzkoa, Askabide, Aluak, Prada Laya y Emilli Giménez Garay. Es Askabide, con 756 de las 1.352 intervenciones, la más relevante de este grupo. Ha facturado en el primer tercio de 2026 una cuantía de 208.048 euros. Aluak ha gestionado 319, Emilli Giménez Garay 224 y Prada Laya 53.

Askabide estuvo precisamente en el ojo del huracán porque grupos de ultracatólicos organizaron protestas contra el derecho al aborto en la entrada de sus centros, principalmente en el de Vitoria. El caso fue denunciado en aplicación de la nueva ley que castiga las coacciones a las mujeres y a los sanitarios que las atienden y se celebró en Álava el primer juicio en España por este tipo de situaciones. La sentencia se conoció en diciembre de 2025 y los 21 imputados quedaron absueltos. Actualmente se mantienen este tipo de iniciativas, pero en plazas alejadas de la entrada de las clínicas. Ya se buscan 'voluntarios' para hacer rezos en Vitoria y Bilbao a la vuelta del verano. La organización asegura que controlará que no haya nunca más de “19 personas” a la vez, el tope legal para que no sea considerado como manifestación y haya obligación de comunicarlo a la Ertzaintza.

“Se llega a la conclusión de que no están cumpliendo lo que anunciaron”, dice EH Bildu a la luz de las estadísticas. Y añade Ubera: “Solicitamos dicha información el 24 de abril al consejero de Salud para saber si estaban cumpliendo realmente su anuncio de octubre de 2025 de que de manera progresiva iban a dejar de derivar las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas para realizarlas en hospitales de Osakidetza. [Pero] Tenemos una Consejería que nos ha acostumbrado a muchos anuncios y promesas que luego no acaban materializándose. Los antecedentes nos hacían sospechar que podíamos estar otra vez ante un caso así y, lamentablemente, los datos remitidos por el Departamento no hacen sino confirmar nuestras sospechas”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere poner fin a la situación inédita que arrastra desde hace tiempo respecto a la imposibilidad de las mujeres de ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública porque la totalidad de los médicos están sujetos a la objeción de conciencia. El Servicio regional de Salud (SESCAM) está estudiando la creación de un “centro público” para practicar la interrupción voluntaria del embarazo en la región.

Según ha adelantado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una entrevista a Encastillalamancha.es y ha podido confirmar este medio en fuentes del Gobierno regional, el SESCAM trabaja en la apertura de este centro para dar cumplimiento a la ley que protege el derecho al aborto. Sanidad no precisa ni la ubicación ni los plazos para su puesta en funcionamiento.

En la entrevista, el consejero dice respetar a los y las profesionales que no quieren practicar abortos. “Estamos asegurando al 100% que la mujer que quiera abortar en Castilla-La Mancha lo pueda hacer. Y tercero, estamos a punto de hacer un centro público donde se puedan practicar abortos. Ahora mismo ofrecemos dos centros privados en la Comunidad para hacer interrupciones voluntarias del embarazo y uno más en la Comunidad de Madrid. Así aseguramos el derecho que tienen las mujeres. Ellas eligen dónde quieren que les realicen el procedimiento”.

En Castilla-La Mancha, el 99,94% de las interrupciones voluntarias del embarazo se producen en clínicas privadas o concertadas. Prácticamente ningún hospital ni centro público las realiza. Es una situación inédita que la comunidad arrastra desde hace años y que ha provocado decenas de protestas y concentraciones, muchas de ellas impulsadas por colectivos feministas y por Amnistía Internacional.

Abortar a 180 kilómetros de tu casa

La Plataforma 8M de Toledo ha denunciado en varias ocasiones que las mujeres, en la gran mayoría de los casos tienen que irse a otra comunidad para interrumpir un embarazo. “Hay gente que tiene medios y una red de apoyo muy cerca de donde vive, pero las personas que no los tienen no es normal que como ocurre en Cuenca tengas que irte a abortar a 180 kilómetros de tu domicilio”, indicó a este medio durante una de sus protestas.

Hace tres años, la entonces consejera de Igualdad, Blanca Fernández, reconoció en sede parlamentaria que hay dificultades para acceder a las interrupciones voluntarias de embarazo en la región. Y también aseguró que hay que “obligar” a que los abortos se hagan en el sistema público puede “complicar” la gestión autonómica. La portavoz también ha defendido la idea de “concertar” este servicio para ofrecerlo con “intimidad”.

Pero hasta día de hoy no ha habido avances en este sentido. La objeción de conciencia, que ya cuenta con un registro de objetores en Castilla-La Mancha como obliga la ley, ha derivado en una situación en la que juega un papel primordial la dispersión geográfica de la región.

Ahora, el Gobierno regional avanza este “centro público”, en singular, por lo que queda por saber cuál será su ubicación y las garantías que ofrecerá el SESCAM para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto con facilidades y sin enormes desplazamientos y costes.

Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso

CCOO de Castilla-La Mancha

Por el momento, este anuncio ha provocado el rechazo de CCOO. “Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso para toda Castilla-La Mancha”.

En palabras de la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud, Ana Villaseñor, no basta con abrir un recurso público, hay que “garantizar que la sanidad pública de nuestra región funcione con calidad, estabilidad y seguridad para las mujeres y para el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos”.

Centralizar esta prestación en un único centro no es suficiente porque que “seguiría perpetuando la desigualdad territorial en el acceso a la interrupción del aborto voluntaria” además de desplazamientos “innecesarios” y “dificultades de acceso para muchas mujeres”, especialmente en una comunidad autónoma tan extensa y dispersa geográficamente como Castilla-La Mancha.

Por otro lado, señala la dirigente, se podría generar una “estigmatización” de las mujeres que acuden a dicho centro algo que “no ocurriría si la asistencia la recibieran en un hospital”. “Si realmente se quiere reforzar la sanidad pública, la apuesta debería pasar por integrar progresivamente esta atención en toda la red hospitalaria pública, con recursos suficientes, profesionales formados y garantías asistenciales homogéneas en toda la región”.

No se trata únicamente de anunciar que habrá un centro público, defienden desde CCOO, sino de “construir un modelo sanitario accesible, cercano y equitativo para todas las mujeres, vivan donde vivan”.

Dicen los estudiosos de la historia que la obsesión de los hombres por la virginidad y el sometimiento de sus parejas femeninas —que ha sido norma en prácticamente todas las civilizaciones en este planeta— obedece a la necesidad que tienen de garantizar su continuidad y la herencia genética —el apellido— familiar en sus descendientes. Dado que son actores secundarios en la procreación, tratan así de compensar la prevalencia biológica que pertenece a las madres que conciben, gestan y paren.

Es una tesis muy creíble a juzgar por la constancia y el empeño de los varones en dejar a las mujeres bajo control, en el ámbito del hogar, la reproducción y la crianza, pero salvaguardando siempre el protagonismo y el espacio público para ellos. La virginidad y la monogamia de sus parejas era requisito imprescindible para mantener la pureza de la saga. Hoy en día, gracias a los avances sociales, científicos y tecnológicos, el determinismo biológico se ha visto reducido a la mínima expresión mientras las maternidades pueden ser muchas y distintas, lo que ha revolucionado las relaciones de pareja, transformado la institución del matrimonio y, en definitiva, la configuración de la sociedad en su conjunto.

En países como Afganistán —que vive en la Edad Media— las madres no figuran en la documentación que identifica a sus hijos e hijas. Es el padre el que les da sus apellidos y los bebés salen del vientre de la mujer para correr a los brazos de la familia paterna, mientras la madre no puede demostrar nunca la filiación de sus retoños ni reclamar su maternidad porque le pertenece únicamente al propietario del esperma. Ellos tienen garantizada la pureza y propiedad de sus descendientes gracias a la monogamia de “su” mujer, a través del sometimiento y aislamiento, no exento de terror.

Afortunadamente, en las sociedades desarrolladas y las democracias que habitamos en Occidente, las cosas son muy distintas. Sin embargo, desde los tiempos de ampliación de las libertades individuales (en España, tras la dictadura), la sociedad ha venido experimentado un radical cambio de paradigma provocado por la revolución de las mujeres. La lucha del feminismo por la igualdad, autonomía e independencia de ellas ha repercutido en todos los ámbitos transformando por completo los espacios privados pero también los públicos.

El romanticismo que idealizaba la maternidad, tan habitual en siglos anteriores, se ha visto hoy modificado por el profundo cambio social que ha supuesto esta transformación de las mujeres al reivindicarse como personas completas. Con la adopción de nuevos comportamientos y actitudes de la mitad femenina de la población, ser madre ha dejado de ser una conditio sine qua non para alcanzar la felicidad y sentirse realizada. La maternidad es ahora una elección personal, un hecho relativamente controlable por las mujeres. Gracias a la despenalización de los anticonceptivos en la legislatura constituyente y otros avances, nosotras podemos elegir cuándo y cuántos hijos tener.

Esta autonomía adquirida por las mujeres ha sido determinante —sumada a otras circunstancias— para que nuestro país tenga hoy uno de los índices de crecimiento demográfico más bajos del mundo. Es evidente que el avance en derechos de las mujeres no se ha visto acompañado por un giro similar en las actitudes de sus parejas masculinas, así como de la necesaria adaptación social para corresponsabilizar a la sociedad en su conjunto en la función reproductiva, que nos corresponde biológicamente a nosotras, pero que necesita del compromiso de todo el entorno.  

A finales del siglo XX ya nos advertía Inés Alberdi de que la aparición de la nueva familia española, con la incorporación masiva de las mujeres a la educación y el mercado laboral, estaba convirtiendo a la población femenina en la más poderosa palanca de cambio en las sociedades modernas. Es cierto que el avance feminista no es la única causa, pero sí la más decisiva del cambio social experimentado.

Cuando ya hemos coronado el primer cuarto del siglo XXI, los vaticinios de Alberdi se han visto cumplidos aunque el proceso está discurriendo por caminos insospechados en aquellos tiempos. El matrimonio es ahora una institución igualmente valorada pero que apenas tiene nada que ver con lo que solía ser en épocas pasadas. Las parejas de hecho están completamente normalizadas y el divorcio determina de manera incuestionable las relaciones afectivas. La estabilidad e institucionalización de las parejas homosexuales está aportando nuevos modelos de familia, a los que se suman los hombres y mujeres que crían de forma individual a sus hijos e hijas. Semejante transformación ha venido dada, fundamentalmente, por la decisión de las mujeres que ahora se plantean el hecho natural de la maternidad de forma novedosa y muy poco convencional.

Los datos y la experiencia de muchas avalan un principio que Diana López Varela explica en su libro “Maternofobia”: “La maternidad es el primer factor de discriminación social y laboral para las mujeres”. Si se estudia el proceso de llegada masiva de chicas a las universidades (finales de los 70), su presencia en paridad en la mayoría de sectores profesionales (a día de hoy) y la escasa o nula presencia de ellas en los puestos de responsabilidad y mando, puede fácilmente comprobarse que es la gestación y crianza lo que las retrasa y perjudica en esa carrera en la que ellos recorren el camino con todas las facilidades sin el peso de la conciliación sobre sus espaldas, salvo honrosas excepciones. Hemos avanzado en muchos aspectos, con las medidas legales arbitradas para facilitar que ambos en la pareja disfruten de iguales condiciones para una crianza compartida. Pero estos pequeños cambios no son más que parches que se aplican a un sistema social y laboral de corte patriarcal que responde a las necesidades masculinas y apenas se ha adaptado a la realidad social, política y biológica de ellas. Además, la resistencia al cambio de los hombres, que temen la pérdida de privilegios ancestrales, se perfila como el principal obstáculo para una crianza en igualdad.

Múltiples estudios revelan un frenazo en las carreras de las mujeres cuando empiezan a tener hijos sin que las medidas de conciliación arbitradas estén dando los resultados deseados por la renuencia de los padres a llevarlas a la práctica. Prueba de ello es que las jóvenes en edad de mayor fecundidad deciden aplazar el momento para ser madres porque, igualmente, se encuentran en tiempos decisivos de sus trayectorias laborales. Si esto ocurre en las capas sociales acomodadas e ilustradas, en las clases trabajadoras y vulnerables, la situación económica y el suplicio que supone la búsqueda de una vivienda estable surten el mismo efecto disuasorio con mayor penosidad si cabe para las madres. 

El retraso en su maternidad y la renuncia de muchas a ser madres, se refleja en un crecimiento demográfico cada vez menor y el consiguiente envejecimiento de la población. Además, surge un nuevo castigo para las madres añosas que —a pesar de todo— siguen queriendo tener hijos aunque sea tarde y sin una pareja estable. Los avances en la reproducción asistida han venido a responder a sus demandas con el florecimiento de un mercado pujante y puntero en España, de los centros privados especializados. No solo las parejas de lesbianas recurren a esta fórmula para completar sus familias con vástagos. Cada vez más mujeres solas buscan ser fecundadas en laboratorio con los espermatozoides de un donante anónimo para ejercer la maternidad en solitario convirtiéndose en familia monoparental.

También van en aumento las jóvenes que quieren preservar sus óvulos de mejor calidad, que los centros les extraen y congelan para su uso posterior o bien para su maternidad o posterior uso como donantes. El hecho más significativo —numéricamente hablando— es la cada vez más habitual presencia de parejas (heterosexuales u homosexuales) que acuden a la fecundación in vitro (FIV) por diversas causas. A pesar del calvario que supone este método para los cuerpos y mentes de las mujeres —con una evidente repercusión en las relaciones de la pareja y padecimiento del padre que las acompaña— muchas siguen apostando por la maternidad. Su creciente recurso a los modernos avances científicos así lo evidencia. De cada 10 niños y niñas que nacen hoy en España, uno se ha gestado mediante reproducción asistida.

Está, por lo tanto, en manos de los varones deshacerse de las resistencias ancestrales y asumir la pérdida de privilegios porque el regreso de las mujeres a “la pata quebrada y en casa” no es una opción. Aunque corran vientos extraños de involución, ni siquiera los que los auspician saben de lo que hablan.

Ana es una profesora aragonesa que se encuentra en su sexto mes de embarazo. Debido a sus labores como docente y al desplazamiento de dos horas que tiene que realizar cada día, solicitó al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Aragón la baja por riesgo durante el embarazo. Sin embargo, le comunicaron que los procesos se alargan “uno o dos meses” y Ana no podía esperar tanto tiempo, por lo que ha tenido que pedir una baja por enfermedad común: “Tienes suerte si tu médico te da una baja, pero no es el motivo real por el que no puedes trabajar. Con los plazos que me daban me planto en junio, ahí no me sirve de nada, trabajo con alumnos con discapacidad y problemas de conducta, no puedo esperar un mes o dos a que me den la baja estando embarazada de seis meses”, relata.

El de Ana no es un caso aislado, relata que tiene una compañera que se encuentra en la misma situación. El sindicato CGT denuncia que el Gobierno de Aragón “no protege a sus trabajadores e incumple de manera sistemática y grave la normativa sobre los recursos que debería dedicar a la prevención”. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que se trata de una situación “coyuntural”. Héctor Almazán, secretario de acción sindical de la Federación Estatal de CGT Enseñanza, califica los medios actuales de “claramente insuficientes”. Según expone, el Real Decreto 843/2011 establece que por cada 2.000 trabajadores debe existir una unidad básica sanitaria compuesta por un médico y un enfermero. Bajo esta ratio, Almazán sostiene que para los 18.000 docentes de Aragón deberían existir nueve unidades, frente a las “dos médicas y seis enfermeras” que, según sus datos, operan actualmente.

Almazán alerta de que deberían ser más unidades, ya que este personal se ocupa también de los 12.000 funcionarios y funcionarias de la administración general de la DGA: “Un total de 30.000 funcionarias para las que, según la normativa, debería haber 15 UBS y no solo dos. A lo que debemos añadir que se tratan de funcionarios muy dispersos geográficamente, al haber 1.800 centros de trabajo lo que, evidentemente, dificulta su atención. La precariedad es absoluta, ya que los médicos son quienes firman las adaptaciones de puestos de trabajo, o las bajas por embarazo de riesgo por ejemplo”. Según el representante sindical, este déficit administrativo es el que provoca que trámites urgentes, como las adaptaciones de puesto o las bajas por riesgo, se demoren de forma “inviable”. La propia Ana refuerza esta idea al explicar que en los servicios públicos le transmitieron que “todo se alarga porque no hay gente” y que debía seguir trabajando mientras se resolvía su expediente: “Yo no puedo seguir trabajando mientras me reconocen el riesgo”.

Almazán compara la dotación del Servicio de Prevención de DGA con el de otras instituciones que tienen también servicios de prevención propios: “El Ayuntamiento de Zaragoza dispone de siete médicas y seis enfermeras para 5.800 trabajadoras, y a pesar de su escasa dispersión geográfica y su dotación de más de un médico por cada 1.000 trabajadoras, no les sobra tiempo para realizar sus funciones. O el Servicio de Salud de Aragón, con 27.000 trabajadores aproximadamente, disponen de 17 médicos. Somos conscientes de la escasez crónica de profesionales especialistas en Medicina del Trabajo en todo el sector público, pero esta situación disfuncional entre el volumen de tareas a realizar y el de personal que las realiza provoca además que hay dificultades en la cobertura de estas plazas, y que el personal médico se vayan a otras instituciones o empresas con mejores condiciones laborales”. 

Patricia Ariza, portavoz de CGT Enseñanza, explica también las consecuencias que la situación descrita tiene para el profesorado, “esta escasez de recursos lleva a que no se pueda realizar realmente la prevención porque solo da para actuar de manera reactiva, y siempre con lo más urgente, también a que se dilaten los plazos para numerosos procesos”. Por todo ello, el sindicato solicita una auditoría externa que determine “si el Gobierno de Aragón está cumpliendo con la normativa vigente” y “que se doten de los recursos necesarios a los servicios de prevención del Gobierno de Aragón para que puedan cumplir con todas sus funciones”.

Fuentes del Gobierno de Aragón explican que se trata de una situación “coyuntural” y que se está haciendo “todo lo posible para sobsanarlo”, aunque destacan la “dificultad” de encontrar médicos que, para desempeñar esta labor, tienen que tener la especialidad de medicina del trabajo.

Antes de las famosas frutinovelas, teníamos a Ana Botella. Las frutinovelas son vídeos cortos, generados con IA, que se han hecho muy populares en redes y enganchan con historias melodramáticas sobre infidelidades, sexo, traiciones y giros exagerados protagonizados por frutas. Sí, frutas. Lo curioso es que, en las últimas horas, la realidad parece superar de nuevo a la ficción. En su cuenta de X, la Asociación Vecinal de Retiro Norte ha compartido una teoría sobre el misterioso embarazo fantasma de un cisne negro, que desde hace un año circula por el gran parque de Madrid.

Resulta que Luna, una hembra emparejada con Lorenzo, estaba incubando crías después de que muriera su último novio. Pero los huevos salieron vacíos, y Lorenzo se reveló como Lorenza. O eso aseguran los vecinos, a los que toda esta narrativa les ha recordado a aquella frase célebre de la exalcaldesa Botella cuando habló del matrimonio homosexual: “Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas, y si se suman una manzana y una pera nunca pueden dar dos manzanas, porque son componentes distintos”.

Más allá de este guiño, la asociación de vecinos recordó en sus redes cómo la pérdida de su anterior pareja dejó “a la pobre Luna andando solitaria como alma en pena”. Luego, el Ayuntamiento “tomó cartas en el asunto y trajo un 'macho', Lorenzo”, continúan en su relato, que ya anticipa con estas comillas que algo no encajaba. El tiempo pasó y nadie sabía nada sobre el supuesto embarazo: “Todo el vecindario preocupado pensando que les habia pasado algo... Pero no”.

“En realidad, Lorenzo es Lorenza. Y, como diria Ana Botella, si juntas dos cisnes hembra no consigues manzanas”, ironizaban desde la cuenta de la Asociación Vecinal de Retiro Norte, que concluyó la historia como “un fallo del sexador de cisnes municipal”, en alusión a los técnicos. Aunque el Ayuntamiento de Madrid no ha confirmado este último giro de los acontecimientos, la divertida historia de los primeros cisnes LGTBI del Retiro ha resonado entre los parroquianos del parque.

Cuando Luna y Lorenzo (o Lorenza) se conocieron, allá por 2022, se sintieron como dos seres poco comunes en su entorno, y que ahora compartían estanque y otro cuello con el que entrelazarse. No tardaron en hacer migas. En marzo del año pasado, el área municipal de Medio Ambiente confirmó el embazado, pero decidió mantenerlo en secreto para no poner en peligro a los cisnes. Esta hembra ya ha sufrido algún que otro imprevisto a lo largo de su vida, así que lo más prudente era mantener la calma.

Hace años que está tuerta y, además, el macho que la acompañaba fue atacado por un perro. Así que, en este nuevo intento, las autoridades municipales esperaron durante todo el mes de abril a que culminara la gestación. El periódo medio de incubación para estas aves suele ser de entre 35 y 45 días; así que, cuando en mayo aún no hubo noticias, comenzaron a sospechar: algo extraño ocurría. Así fue.

En realidad, los cisnes negros son raros de ver en España y, prácticamente, en todo el mundo. Como ocurre con las ovejas o los garbanzos, su nombre se ha utilizado en el lenguaje coloquial para referirse en ocasiones a acontecimientos que conllevan una sorpresa, o que son improbables. Y, curiosamente, así es como podría definirse esta frutinovela de cisnes, peras y manzanas.

“Llegué con toda la tensión de no saber de cuántas semanas estaba, ni cómo iba a ser el proceso; ningún médico me podía atender y esperé... Hasta que me di cuenta de que estaba esperando una sala incorrecta y fui al lugar que era. Dos horas después, cuando pregunté por el médico, me dijeron que no había nadie, y la sala... llena de gente esperando”. La mujer que habla, trató de abortar durante la huelga de médicos nacional en marzo, pero la ausencia de profesionales retrasó diez días la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que necesitaba realizarse en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

La mujer —que pide mantener el anonimato— tenía cita un lunes para abortar a las 10.40 horas en La Cagiga, el centro público de salud sexual y reproductiva del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Al no ser atendida por un profesional, tomó una decisión: “Bajé a Urgencias, estaba lleno de mujeres, yo me inventé que estaba sangrando, sinceramente, y ni con esas me hicieron caso”.

En Urgencias le hicieron una ecografía y le confirmaron que estaba de cinco semanas. “Me fui simplemente con la hoja de Urgencias: 'Mujer embarazada de cinco semanas que muestra sangrado', ponía. No me dieron ninguna medicación ni nada y me fui de Valdecilla a casa a las tres de la tarde, Fue muy bruto todo”, recuerda.

Cuando pasó la huelga, le citaron un miércoles y le dieron las pastillas abortivas y una pastilla para cortar los vómitos: el proceso se retrasó otros diez días. La mujer describe como “traumático” todo el trámite para abortar en medio de la huelga nacional que arrancó en diciembre.

El suyo es uno de las quejas por retrasos que ha recibido el Observatorio de la Violencia Obstétrica de Cantabria, tanto en los abortos como en las ecografías de primer y segundo trimestre, desde que empezaron unas huelgas en las que reclaman un estatuto específico, una limitación de las guardias a 17 horas y una equiparación del pago de la hora de guardia a la ordinaria, entre otros aspectos.

Pero las demandas de los médicos han tenido una consecuencia invisibilizada: retrasos en la atención que ponen en riesgo a mujeres gestantes y mujeres que abortan. Por eso, el Observatorio pide que se incorporen estas dos prestaciones en los servicios mínimos de las huelgas mientras no haya un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el sector médico. “Se les retrasa la consulta a ciegas, sin saber de cuánto están”, advierte Charo Quintana, portavoz del Observatorio.

Dos advertencias a Salud

Esta organización se ha comunicado al menos en dos ocasiones con el consejero de Salud, César Pascual (PP) y los gerentes de los hospitales públicos de Cantabria —el 19 de febrero y el 23 de marzo— para advertir de la necesidad de servicios mínimos en estos casos, aunque haya huelga.

“Las ecografías prenatales del primer y segundo trimestre son pruebas diagnósticas esenciales que deben realizarse en momentos muy concretos de la gestación y cuya demora o cancelación puede tener consecuencias clínicas, psicológicas y legales de gran relevancia”, advierten desde el Observatorio sobre las afectaciones de las huelgas de la Confederación Española de Sindicatos Médicos que, de momento, se mantendrán hasta junio inclusive.

Esta desatención, señala Quintana, supone el incumplimiento de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo, en su artículo 16 punto 6 dice lo siguiente: “Por su especial sujeción a plazos, la interrupción voluntaria de embarazo será considerada siempre un procedimiento sanitario de urgencia”.

La ausencia de las IVE en los servicios mínimos, advierte Quintana, supone “un trastorno por el aplazamiento de una prestación sanitaria muy sensible” porque puede conllevar que la gestación supere las semanas en las que esta permitido un aborto farmacológico. Si esto sucede, recuerda, “la mujer tiene que ser derivada a Valladolid o a Madrid”, donde están las clínicas con las que el Servicio Cántabro de Salud tiene concierto.

A la petición del Observatorio se ha sumado este lunes el PSOE con una pregunta al consejero de Salud en el pleno del Parlamento de Cantabria para saber la razón que excluye de los servicios mínimos las interrupciones voluntarias de embarazo durante las jornadas de huelga médica.

El diputado socialista Raúl Pesquera secunda la queja del Observatorio porque para la revisión del primer y del segundo semestre en embarazos “hay tiempos concretos”. En los casos de IVE, subraya que es el Gobierno de Cantabria, que tiene las competencias en Sanidad, “el que marca los servicios mínimos, que añada una adenda añadir estas situaciones a los servicios mínimos”.

“No consta ni un solo caso”

Pesquera ha interpelado sobre este asunto al consejero de Salud, César Pascual (PP), en el Pleno del Parlamento. “Su pregunta va de intentar construir un relato político sobre una supuesta desprotección a las mujeres que simplemente no existe”, ha reprochado el responsable sanitario, que ha afirmado que “no solo plantean una duda, insinúan un daño”.

“No es una opinión, es un dato clínico: en el Hospital Valdecilla no consta ni un solo caso de que en las cuatro semanas de huelga hayan modificado el tratamiento a una mujer que haya solicitado el IVE, ni un solo caso”, ha remachado.

“Con las ecografías, lo mismo, el intento es más evidente: generar alarma”. El consejero de Salud ha asegurado que se han realizado todas las ecografías del tercer trimestre, se han recuperado de forma rápida con programas extraordinarios y no se ha sustituido el análisis anatómico por pruebas alternativas.

“Todo lo contrario a lo que usted dice, se ha complementado con el test de ADN fetal mejorando el proceso diagnóstico”. “Solo dos gestantes”, ha admitido, “requirieron este test como consecuencia de la huelga médica”. El consejero ha concluido diciendo que no incluir estas prestaciones como servicio mínimo “no ha generado riesgo”.

Las matrioskas son figuras de madera generalmente que tienen dentro a otras más y más pequeñas. Se comenzaron a fabricar en Rusia en el siglo XIX aunque se dice que son de inspiración china. Siempre me gusta hacer la metáfora del linaje matrioska. Considero que las mujeres somos muchas mujeres dentro de otra mujer. Y así es como vivo mi embarazo, como una matrioska que aunque se vea de una pieza, está dividida por la mitad. Mitad hacia dentro, mitad hacia abajo.

Es mi primer embarazo, tengo 39 años y estoy de 33 semanas y cinco días. Estoy en el sofá de casa, con tres horas dormidas la noche anterior y con una almohada que me rodea el cuerpo. Ya no aguanto en el escritorio más de 15 minutos seguidos sin levantarme y aunque estoy de baja laboral, tengo que cerrar varias publicaciones antes del 20 de marzo, que es mi fecha prevista para el parto, porque no sé qué vendrá después.

Soy doctora en Antropología Social y Cultural. Un dato que podría pasar desapercibido en la naturaleza de este artículo si no fuese porque hay gente que confía en que mi poder de análisis y de abstracción sobre mi propio embarazo es mayor debido a mi profesión. En mayo tuve un aborto y alguien de mi entorno más cercano me animó del siguiente modo “tranquila, eres antropóloga”. Una relatividad y una racionalidad que se espera, desde el otro lado. Ahora mismo soy una mamífera. Amante de la vida, también lo era antes, pero ahora me siento guardiana y codependiente al máximo nivel de una vida que me corresponde y a la que le correspondo. Lo que como, lo que me muevo, lo que duermo, lo que no duermo, lo que descanso, ya no solo son una decisión mía. Son decisiones que ya tomo pensando en mi hija. Al igual que el calcio que ella me absorbe y la rebeldía de mi cuerpo a través de la hormonas y su alteración mientras crea unos piececitos, unos riñones y unas pestañas, son el resultado de esta metamorfosis común. Ella y yo y ella.

Podría decir que he tenido un buen embarazo, en el sentido de que sigo estando ágil, el estómago no ha sufrido, no he perdido el apetito, todas las analíticas han ido bien, no tengo diabetes gestacional y en cada ecografía los resultados han sido positivos. No he perdido las ganas de arreglarme, de vestirme, de socializar, de viajar, de trabajar, de hacer deporte, hasta que mi cuerpo ha dicho que ya estaría. Y ya está. Estoy viviendo un problema en la piel que no tiene nombre, porque nadie me da un nombre, que ha provocado que deje mis clases de natación, que no de caminatas para no sudar y que solo use mallas de algodón o directamente una camiseta 24 horas sobre 24 horas para estar en casa. Cuando me encuentro mejor y me visto, como es el caso de las salidas para ecografías, estoy reinante y reluciente, eso sí.

Cada vez que voy a la farmacia a renovar algún producto salgo flipando y triste no por pagarlo, porque pagaría lo que fuese porque este picor se aburra y me abandone, sino porque no paro de darle vueltas a cómo la salud es una pura cuestión de clase

Es normal, es del embarazo.

Esta es una frase que he escuchado en los momentos más crudos, donde necesitaba soluciones eficaces. Hace meses que empecé a sentir un picor muy intenso en el cuero cabelludo. Me rascaba de forma desesperada, porque me picaba de forma desesperada. Transmití esto a todas las profesionales que me atienden casi semanalmente: matrona, médico de cabecera, ginecóloga. Es normal, es del embarazo. No te rasques. Ponte algo frío. El PH se altera, son las hormonas. Es normal, es del embarazo. El picor no solo no cesó sino que fue bajando. Primero al pecho, a la barriga, a los brazos, a las piernas y a los tobillos hasta tener todo el cuero poseído por un picor que se activaba de noche de forma considerable. Una cuestión que trasladé a todos los profesionales que me ven casi semanalmente: matrona, médico de cabecera, ginecóloga. Es normal, es del embarazo. Las hormonas, el PH se altera. Intenta no rascarte, date con algo frío, esto es así. Nadie nunca me hizo una exploración ni me vio la piel. No me dijo a ver, qué pinta tiene, no me tocaron, nada de nada. Me recetaron en un momento una crema, talquistina y polaramide, un medicamento apto para embarazadas. No solo no se me calmó, sino que fue a más. Fue a tanto que ya no me vestía y pasaba las noches en el sofá desnuda, poniendo crema cada cinco minutos. Y sí, lo siento, rascándome a la altura del picor que sentía. Una sensación terrible, tremenda, bruta, basta. Me fui a urgencias, me obligó mi matrioska, mi madre. Allí fue la primera vez que me vieron la piel, me hicieron una exploración. Y aunque el diagnóstico era “del embarazo”, al menos me pincharon y volví a la vida durante tres horas, que fue lo que me duró el efecto. A las tres horas, caí en picado. La visita a urgencias me derivó a una dermatóloga también con carácter de urgencias. Una bendita dermatóloga a la que tenía que haber visitado en el momento cero. Una dermatóloga que me dedicó el tiempo necesario para preguntar por los productos que me había ido aplicando, quería saber las zonas en las que más intensidad notaba, preguntó por el orden en el que fueron apareciendo, por supuesto una exploración minuciosa y completa y un tratamiento correcto, o al menos, eso parece. Crema con corticoides, polaramide y toda una gama de champú, gel y crema hidratante para pieles atópicas. Sin ser yo nada de eso hasta ahora. Cada producto ronda los 30€, menos la crema con corticoides que está recetada. Pienso en quienes no puedan gastar en un gel 30€, en un champú 30€, en una crema hidratante 30€ y no soporten el peso de su piel, como es mi caso.

Cada vez que voy a la farmacia a renovar algún producto salgo flipando y triste no por pagarlo, porque pagaría lo que fuese porque este picor se aburra y me abandone, sino porque no paro de darle vueltas a cómo la salud es una pura cuestión de clase. El acceso a ella, a tratamientos concretos, sin receta, pero que son esenciales. Un ser humano no puede vivir rascándose, haciéndose heridas y sin soportar ni los tejidos de la ropa. Entonces ¿qué pasa? Se pregunta la antropóloga inocente, mientras paga con tarjeta con toda la tranquilidad del mundo. Me interesa por tanto aquí resaltar dos cuestiones. La primera es la absoluta normalización de las distintas anomalías que aparecen en el embarazo como que son cuestiones normales porque son del embarazo y fin. Como si una embarazada tuviese que resignarse a cualquier cosa que pase en su cuerpo sin el derecho a recibir un tratamiento, por más natural o delicado que sea, siendo conscientes de las limitaciones que un cuerpo gestante tiene de tomar medicamentos. Sin embargo, hay una obsesión por otras cuestiones que sí que son absolutamente naturales durante el embarazo y que se toman como atípicas o problemáticas.

Me refiero al peso corporal, al peso de las embarazadas por parte de la biomedicina o al menos así ha sido mi experiencia. Y hablo desde un cuerpo normativo que ha intentado hacer una dieta saludable, deporte y mantenerse como lo que hegemónicamente se conoce activa, dentro de las posibilidades, el sueño incapacitante del primer trimestre y el hambre voraz de los primeros meses. Pues pese a todo, si soy sincera, de lo que más pavor ha llegado a darme ha sido del momento de pesarme en la consulta de cada ecografía. No por mí, por haber engordado, porque eso sí que es una consecuencia absolutamente normal, natural y beneficiosa en el embarazo, sino por la reacción de las propias profesionales. Desde el primer día ya me limitaron a siete los kilos que debía hacer en el embarazo. He de reconocer que me pareció un disparate, me parecieron poquísimos, aunque al final en el mes 8 en el que me encuentro y en la última revisión he engordado 8 kilos. Algo que roza la locura primigénea que me parecía la cifra.

De las anécdotas más complejas que tengo en las revisiones están las que ocurren a la hora de pesarme. Esto sobre todo al principio, donde hice de repente como cuatro kilos en muy poco tiempo, porque mi hambre era permanente y mi sueño constante. Una de las consultas, de las primeras consultas, fui a pesarme y como acostumbro a hacer en mi casa, me quité los zapatos. La ginecóloga le dijo al verme a su ayudante “Mírala, se quita los zapatos para pesar menos”. Frase que cerró con un “uffff” cuando la ayudante le comunicó mi peso. Por suerte, nunca volví a coincidir con esta ginecóloga. Aclarar que todo el proceso de mi embarazo se está llevando en la pública. La frase que más oí al principio fue “no cojas peso” mientras veía cómo se transformaba mi cuerpo sin que yo pudiera hacer nada, porque la transformación es inevitable. Algo que en un primer momento me acomplejó y captó toda mi atención. El pecho se desborda, las caderas se ensanchan y el cuerpo se prepara para ser un hogar y lo primero que necesita un hogar es espacio. Así que ya me acostumbré a justificar que estaba haciendo dieta saludable, que hacía deporte pero no podía evitar subir de peso, que yo no podía hacer nada. Hasta que por lo que sea logré estabilizarlo y durante varias consultas no había subido ni un gramo. Recuerdo que en alguna incluso perdí un poco de peso y lo recuerdo como un triunfo.

Estaba totalmente absorbida por la idea de que una embarazada no puede coger peso, como si eso fuese posible. En navidad disfruté de todos los bombones que se me antojaron, comidas y celebraciones. Pero confieso que a la vuelta sentía que había abandonado el camino triunfal del peso estable. Era evidente no solo por navidad, que también, sino por el avance de mi embarazo, que había cogido dos kilos y medio. No sé por qué todo el mundo lo entendió y no me regañaron, al contrario, me dijeron que era por el aumento de la barriguita, que no me preocupase. Esto me ayudó a salir del corsé del peso, pero también a alucinar con que se hubiesen olvidado de la disciplina que habían generado respecto a mi cuerpo. Un cuerpo, el cuerpo de una embarazada, que se ha convertido en una auténtica industria de lo fit, del get and ready with me y del qué como en un día embarazada.

Me espanta la idea de que un embarazo tenga que ser restrictivo o culpable por dejar que el cuerpo haga su trabajo que es, además de crear a un ser humano, crear órganos como una placenta o desarrollar unos pechos para albergar leche. No se puede vallar el mar. Se pueden hacer espigones y puertos, pero no se puede vallar un mar

Tik tok está lleno de vídeos de este tipo, donde hay un culto al cuerpo que a veces poco o nada se parece a la rutina y a los biorritmos de las diferentes etapas de un embarazo. Soy firme defensora del deporte y de la comida nutritiva y saludable y de comer lo que a una le apetezca soy igualmente firme defensora y así lo hago, como diría Lola Flores, con método. Un método que es el mío y que no tiene por qué ser el de nadie más. Pero me espanta la idea de que un embarazo tenga que ser restrictivo o culpable por dejar que el cuerpo haga su trabajo que es, además de crear a un ser humano, crear órganos como una placenta o desarrollar unos pechos para albergar leche. No se puede vallar el mar. Se pueden hacer espigones y puertos, pero no se puede vallar un mar. Se pueden dar consejos, recomendaciones, ideas, incluso recetas, pero no ridiculizar ni enjuiciar procesos que ponen en el centro la reproducción de la vida de un modo tan reduccionista como es el peso, más aún en cuerpo normativo, más aún en un cuerpo que está dando unos resultados estupendos en cada analítica.

Una segunda cuestión en la que me gustaría detenerme después de sufrir un problema en la piel, es en el desamparo económico en que se deja a una embarazada. No sé cuánto dinero habré invertido en el último mes en productos especializados para intentar calmar el picor y las heridas. Pero sí sé que hay mucha gente que tendría que soportar esto sin los productos hipoalergénicos simplemente por no poder pagarlos. Y cómo se da por hecho en un informe que la persona tiene recursos para adquirirlos. En ningún momento me preguntaron si podía o no podía pagarlos, ni cual era mi trabajo, ni mi situación económica. No me explicaron qué hacer en caso de necesitar ayuda. Una situación, insisto, que no me interpela de forma directa, pero que me entristece como ciudadana y mujer que decide gestar, pensando en otras gestantes.

Naturalizar un embarazo es precarizar un embarazo. Mi piel ha mejorado en parte, pero en parte sigue mal. Muy mal. La pierna derecha está irreconocible, por ejemplo. Mañana visito de nuevo a la dermatóloga, teniendo la esperanza de que va a pasar y el aprendizaje de que nada es normal, nada es solo del embarazo y si así lo fuera o lo fuese, tenemos absolutamente todo el derecho de recibir un tratamiento, un análisis, consejos, rutinas. La idea de que tantas mujeres se embarazan y que si todas pueden una también debe, es errónea, es peligrosa y es antifeminista. No todas pueden, aunque paran. Parir no es poder parir de forma natural y superar un embarazo como ejemplo de que se puede hacer. Parir es el resultado de una metamorfosis absoluta de tu cuerpo, tu mente, tu tiempo, tu vida, tu salud en general, tu sociabilidad, tu rutina, tus preferencias, tus gustos, por la cual todas las gestantes pasan de manera diversa, compleja, afrontando todos los procesos médicos y sociales a los que se somete a una embarazada.

Y eso no quiere decir que sea natural, ni sencillo ni soportable porque el parto llegue a su fin. Porque el nacimiento es el resultado, pero el proceso es la verdadera base. Una criatura no comienza a vivir el día en el que se da a luz. No es así. La maternidad comienza nueve meses antes y hay muy poca o ninguna conciencia de esto muchas veces por parte de la comunidad. Un embarazo nunca es de una única persona. Es una responsabilidad social en el que los distintos agentes familia, amistades, profesionales de la salud pero también instituciones y políticas públicas están implicados. El diseño y las oportunidades, el tiempo y las herramientas que se brinden durante el proceso hablan de nosotras como sociedad. Por tanto, un embarazo no es una responsabilidad única, al igual que no termina cuando se da a luz. Se habla del posparto, como si el embarazo nunca hubiese existido. La centralidad que recae en el bebé obliga a las madres a procesar en soledad cuestiones que deberían igualmente ser de responsabilidad común. Una vez más bajo el reduccionismo de que si todas pueden, hay que poder. Y no es que se pueda o no se pueda. Es que se tiene que hacer, se tiene que atravesar y se tiene que enfrentar con las herramientas que se tengan, sean más o sean menos. Y vuelvo a señalar que el éxito y la salud física y mental de una gestante en posparto habla de nosotras como sociedad y no de ella como individuo.

Normalizar un embarazo es precarizar un embarazo. Nadie tiene la fuerza infinita para enfrentar aquello que puede suceder durante el proceso, a lo que está expuesta, por más que otras lo hayan hecho. La idea del aguantar porque es así, ya fue, por favor.

Ánimo a todas las que estéis en transición de este hermoso y complejo rito de paso.

Rubén Castro se convirtió en el primer hombre trans que públicamente hablaba de uno de los últimos tabús del binarismo: el embarazo. El educador y activista por los derechos LGTIB contó en los medios que se había quedado embarazado mediante inseminación artificial. Se convertía en un ‘papá gestante’, un término que ha continuado usando y con el que ha contado toda su experiencia en Instagram. Una experiencia que rompe con muchos prejuicios, pero que también levanta muchos odios en mujeres que consideran que el embarazo debería ser un terreno reducido únicamente a las mujeres.

Ahí entra otro de los conceptos claves de ese binarismo, que divide todo entre hombres y mujeres olvidándose de lo que queda en el medio: personas intersex, hombres y mujeres trans… Es esa la voluntad de la directora Patricia Ortega, que ya demostró en Mamacruz que puede tocar asuntos espinosos con una luminosidad que escapa al odio y a los prejuicios. Sabe que se está metiendo en un asunto espinoso con 9 lunas, pero no tiene miedo y deja claro que responderán “al odio con ternura radical”. Ese concepto de ternura radical es el que ha guiado todo este proyecto, que cuenta el embarazo de un hombre trans que queda en cinta de casualidad y decide tenerlo.

Por eso la cineasta define su película como una ‘feel good movie’, término que se suele usar para filmes de buen corazón, que hacen sentir bien al espectador. Un concepto que no suele usarse para historias del colectivo LGTBIQ+, que suelen estar marcadas por el sufrimiento o, en el caso de las personas trans, con su transición y los problemas que acarrean. 

Aquí Patricia Ortega va un paso adelante. Su protagonista, al que da vida un magnético Zack Gómez-Rolls, es un hombre trans que no tiene ningún conflicto con ello. Su familia (que integran María León, Jorge Sanz y Kiti Mánver) es su apoyo y la transexualidad no es el problema del filme. De hecho, Ortega coloca a su protagonista haciendo el denominado “cis passing”. “El protagonista es alguien tan obsesionado con el cispassing que se ha convertido en un machirulo, ciego por esculpir y controlar el cuerpo”, explica la directora.

Cree que lo que se ve de las personas trans es todo en torno “a la pulsión, lo erótico, el deseo o el trauma y el dolor”. “Yo dije, 'vamos a contar esta historia desde donde yo me quiero posicionar, que es precisamente desde el otro lado, desde la alegría de poder ser lo que soy, rodeado de amor, rodeado de empatía'. Me interesaba mucho la cotidianidad, el día a día. Esto pasa todos los días. Esto no es extraordinario, esto nos pasa a todes. Puede generar una pequeña crisis, una discusión, pero se resuelve y p’alante”, dice de su punto de partida en este proyecto. 

Hay que desproblematizar lo que es natural y lo que es diverso y lo que los demás quieren ver como extraordinario o como un problema. Yo quiero ver más películas de papás gestantes

Patricia Ortega — Cineasta

Por eso era para ella “importantísimo hablar de un papá gestante desde esa ternura radical, que es lo que nos dice que esto no es un problema, no es un drama, esta es la vida, esto es diversidad. Posicionarme desde ahí para mí es muy político. Es necesario que los problemas sean otros, que el problema no sea, ‘Mira, soy un chico y me quedé preñado’. Hay que desproblematizar lo que es natural y lo que es diverso y lo que los demás quieren ver como extraordinario o como un problema. Yo quiero ver más películas de papás gestantes, y verlo desde otra masculinidad”, añade.

Patricia Ortega sabe que el embarazo es la cima de ese binarismo y uno de los temas que suelen levantar más ampollas. “Si alguien dice la palabra gestación, la pregunta es ‘quién es la madre’, en su imaginario es un cuerpo de una mujer, no de un papá gestante. Incluso en el médico, la figura humana que aparece con su ‘pancita’ es una mujer, cuando creo que no debería tener género, bastaría con una figura humana. Hay que reapropiarse y decir que la gestación no tiene género. Yo siempre he dicho que mi vagina no me determina, me lo digo a mí misma siempre. 'Patricia, tu vagina no te determina'. Nuestros genitales no determinan nada”, opina.

Sabe que su opinión puede levantar las iras no solo de la extrema derecha, sino también de una parte de mujeres tránsfobas que siguen viendo en los hombres y mujeres trans a alguien que quita sus espacios. “Creo que esa confrontación es normal, es natural que exista y no podemos huirle a la confrontación. La confrontación hay que darla con amor, con alegría, con humor. Si alguien quiere hacerlo con rabia o con odio, yo converso”, avisa.

Recuerda una opinión de una mujer que al comienzo del proyecto les dijo que le molestaba la escena del parto porque era “un espacio sagrado de la mujer invadido por tres hombres”. Eso a Patricia Ortega le molestó. Primero porque cree que “hay que quitar lo religioso” de esta ecuación. Y segundo porque entonces estás colocando “la responsabilidad de los cuidados, la crianza y el parto” solo en las mujeres.

“Debe ser un espacio de familias al que yo no le pongo género. Esa familia puede ser de varias personas, de dos o de una. Los cuerpos que pueden gestar no son solo femeninos. ¿Qué vas a hacer con esos cuerpos?, ¿los vas a borrar del planeta? Hay que entender que los cuerpos no son binarios y que así como existen las personas trans, existen las personas intersexuales, y que no pueden ser excluidas solo porque tengas una moral sesgada”, argumenta, y deja claro que en esa discusión lo que nunca va a hacer es “caer en el lenguaje del odio”. Precisamente “porque 9 lunas no representa eso para nada”. Al revés. Es una película que contando la experiencia íntima, poniendo luz sobre ella, borra prejuicios. 

Organizaciones sindicales, feministas y de defensa de los derechos humanos de Castilla-La Mancha han dirigido un total de 275 postales firmadas por la ciudadanía de la región al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, exigiendo que todas las administraciones “garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública, en las mejores condiciones de proximidad al domicilio, sin intimidación ni acoso”.

Las postales por el derecho al aborto expresan la preocupación de las organizaciones sociales y de ciudadanas y ciudadanos de Castilla-La Mancha ante el “incumplimiento”, por parte del Gobierno regional, de su obligación de garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria de embarazo en la sanidad pública.

La firma y presentación de postales da continuidad a las acciones impulsadas por diversas organizaciones -entre ellas colectivos como Ágora Feminista de Albacete, el sindicato Comisiones Obreras y Amnistía Internacional- en torno al incumplimiento de este derecho.

Entre dichas acciones destacan las concentraciones celebradas durante los últimos dos años en las capitales de provincia, en el marco del Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro.

Desplazamientos y clínicas privadas

Las organizaciones denuncian que cada año más del 60% de las mujeres de Castilla-La Mancha que quieren abortar tienen que desplazarse a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho al aborto. De los 47.239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha entre 2010 y 2023, tan solo 18.895 lo fueron en la región.

Destallan que el 99,94% de los abortos se realiza en clínicas privadas y concertadas (tan solo 30 interrupciones voluntarias del embarazo en 14 años en centros públicos), lo que evidencia “un patrón de objeción de conciencia que en ningún caso puede ser institucional”. “La negativa a practicar abortos debe ser individual, nunca colectiva ni de los centros”. añegan.

También argumentan que la Junta no ha informado de cómo se está implantando el registro de objetores ni de cómo se van a organizar los servicios públicos para asegurar el derecho al aborto, como obliga la ley, que establece claramente que “el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia”. Recuerdan que la normativa señala que a estos efectos, los servicios públicos se organizarán “siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Las organizaciones también destacan que la información pública sobre la interrupción voluntaria del embarazo se reduce al teléfono 'Salud Responde', lo cual resulta “insuficiente”: falta información accesible (protocolos, folletos, web…) y queda a la voluntad de cada profesional informar y cómo hacerlo.

No hay una acción suficiente frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres

“No hay una acción suficiente frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos en la puerta de las clínicas con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión, pese a que la Junta debería instar a las autoridades competentes a actuar”.

Los colectivos que han enviado las postales sociales se dirigieron a Presidencia de la Junta para concertar la entrega de postales, pero no recibieron respuesta. Asimismo, durante los últimos años han solicitado varias reuniones con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la consejera de Igualdad, Sara Simón, sin que estas solicitudes hayan sido atendidas.

Las organizaciones que forman parte de esta campaña son:

Verónica acudió al hospital privado Sanitas La Moraleja de Madrid cuando supo que se estaba poniendo de parto. Después de tres horas de contracciones, las dos ginecólogas que supervisaban el proceso decidieron que era el momento de intervenir y usaron la ventosa y el fórceps para sacar a su bebé. Más de diez años después, el Tribunal Supremo ha condenado a estas dos doctoras a indemnizar con casi 35.000 euros a la mujer porque intervenir el parto con instrumental sin que existiera un riesgo real, sin pedir su consentimiento y también por las consecuencias que ha tenido para ella: dolor, incontinencia, relaciones sexuales dolorosas y problemas para caminar. “No me dieron mis tiempos, no respetaron nada, ni siquiera mi poder de decisión”, lamenta la mujer después de saber que los tribunales, al menos en parte, le han dado la razón.

Esta mujer decidió acudir a los tribunales tres años después de dar a luz a su hijo en este hospital privado del norte de Madrid. Arrastraba dolores y molestias de un parto en el que había sufrido un desgarro y las doctoras, además de usar el instrumental, habían practicado una episiotomía. Su primer diagnóstico fue una lesión del nervio pudendo, esencial para la sensibilidad de los genitales y el suelo pélvico, pero año y medio después los médicos llegaron a otra conclusión: padecía un síndrome miofascial con dolor pélvico crónico.

“Todo el mundo me decía que era por ser primeriza, que los dolores eran normales. Se me hinchaban las piernas, me tocaba y me dolía, me seguía doliendo, me quemaba, me pinchaba y no podía ni sentarme bien, andar con normalidad”, relata Verónica –nombre ficticio– a elDiario.es. “No me podía vestir, me tenía que ayudar mi pareja”. Decidió entonces acudir a los tribunales representada por la abogada Francisca Fernández Guillén, experta en la materia y con varias victorias internacionales en su haber. Un juzgado de Madrid le dio la razón de forma contundente: las dos ginecólogas que intervinieron en su parto estaban obligadas a indemnizarla con más de 300.000 euros.

Esa primera sentencia estimó todas sus reclamaciones de forma íntegra. Declaró que las doctoras habían recurrido a la ventosa y el fórceps sin que existiera un peligro real para la mujer o el bebé y, además, lo habían hecho sin informar a Verónica sobre las posibles consecuencias para que pudiera elegir. El juez también trazó una línea recta entre ese uso del fórceps y los dolores que limitaban, años después del alumbramiento, la vida de la mujer.

El varapalo llegó en 2020 de manos de la Audiencia Provincial de Madrid. Los jueces entendieron que la normativa sanitaria permitía que las doctoras hubieran aplicado el instrumental e intervenido el parto sin consentimiento de la mujer y eliminaron la indemnización. Ha sido recientemente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la que ha sentenciado el caso en firme y parcialmente a favor de la mujer: tiene derecho a ser indemnizada con 34.995 euros por lo que la ley conoce como “pérdida de oportunidad”. No fue informada de las alternativas a la ventosa y el fórceps y no pudo elegir una alternativa que podría haber evitado las lesiones que, a día de hoy, condicionan su vida.

La sentencia es una de las primeras en las que el Tribunal Supremo reconoce abiertamente que no respetar la opinión y voluntad de una mujer embarazada en un parto puede tener consecuencias legales para los facultativos y para el hospital en el que trabajan. Los jueces entienden que la Audiencia Provincial incurrió en un “error notorio” al examinar las pruebas del caso y explican que no existía un riesgo que justificara sin más el uso del fórceps: “No resulta que la parturienta, ni tampoco el feto, se encontrasen en una situación de peligro para la salud de aquella y para la viabilidad de este, que requiriesen una intervención urgente”.

Ninguno de los peritos del caso, recuerdan, ha justificado que se pudiera intervenir sin consultar y obtener el consentimiento de la paciente cuando, tras tres horas de pujos, todavía no se habían alcanzado las cuatro horas de expulsivo que marca la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia para acudir al parto instrumental. “Se encontraba consciente bajo anestesia epidural, y no privada de conciencia y voluntad para ser informada y consentir”, reprochan los magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Desde Sanitas han rechazado hacer comentarios sobre esta decisión del Tribunal Supremo, ahora pendiente de pago por parte de la aseguradora. En la actualidad, el hospital explica en su web que siguen un sistema de “parto humanizado” con “mínima intervención” y un proceso “cercano, respetuoso y centrado en la fisiología de la madre y el bebé”.

El Supremo contra la medicina “paternalista”

En declaraciones a elDiario.es, Verónica rompe a llorar mientras explica cómo vivió el parto de su hijo. “Estuve de espectadora, no hubo interacción, no me preguntan lo que tienen que hacer ni me dicen que van a usar fórceps”. “Te sientes invalidada completamente, sientes que no eres nada, no decides sobre tu propio cuerpo, no participas y está tan instrumentalizado y medicalizado que es como si tuvieses una enfermedad”, lamenta 12 años después de dar a luz.

La sentencia del Supremo explica que la obstetricia ha evolucionado en las últimas décadas, de una visión “paternalista” de la medicina a una actual en la que, dice, “no son admisibles comportamientos que sustraigan a la mujer de su derecho a ser informada”. Una mujer no es, añade, “un simple ente sin voluntad sobre el que cabe libremente disponer, prescindiendo de su autonomía a la hora de gestionar el proceso del parto”. Destaca el Supremo, incluso, la “importancia” del plan de parto acogido por muchos hospitales para que las mujeres dejen sus preferencias por escrito.

Los jueces recogen el guante de sentencias y resoluciones tanto españolas como de instancias internacionales que han abundado en el derecho de la mujer a ser informada en todos los pasos de un parto y a tomar sus propias decisiones salvo en situaciones en las que su vida o la del bebé estén en peligro. Una de ellas es la resolución del Tribunal Constitucional de 2023 en la que avalaron el ingreso por orden judicial en el Hospital de Oviedo de una mujer que quería parir en su casa. Otra es la resolución del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU que ese mismo año condenó a España porque los médicos del hospital sevillano Virgen del Rocío forzaron una cesárea sin que existiera riesgo ni consentimiento.

En el caso de Verónica, zanjan los jueces, no existía una “urgencia vital” que justificara una “decisión médica unilateral”. Lo que sí existe es una “relación de causalidad” entre el uso del fórceps y las lesiones que, a la larga, sigue padeciendo la mujer. El Supremo es claro al explicar que no existió una “mala praxis médica” pero la afectada sí padeció una “pérdida de oportunidad”, no tuvo la opción de elegir seguir adelante con el parto natural y, potencialmente, evitar esas lesiones y consecuencias. “De haberle suministrado la información oportuna, su decisión podría ser otra distinta a la adoptada unilateralmente por las facultativas intervinientes”.

Seguir adelante con el parto natural, añade la sentencia, habría sido una decisión “real y avalada científicamente por la autoridad de la SEGO, y no meramente remota o improbable” pero “se le privó de ella”. La sentencia del Tribunal Supremo es una indemnización de casi 35.000 euros, casi diez veces menos de la que estableció la primera sentencia que estimó íntegramente la demanda. Un éxito agridulce para Verónica: “Duele muchísimo, te vuelven a invalidar, invalidan tu dolor, tu estado, tu vida. Yo tengo muchísimos gastos médicos que nadie me cubre, he tenido problemas con la Seguridad Social. La rehabilitadora me dio el alta porque no me iba a curar nunca. Es fuerte que nunca reconozcan que lo que han hecho está mal, para ellos es solo un daño económico pero, para mí es mi vida, la de mi hijo y la de mi familia, al final todo termina tocado”, lamenta.

Fuentes del caso explican a elDiario.es que la sentencia del Tribunal Supremo no ha sido recurrida al Tribunal Constitucional y que ahora la gestión pasa a manos de la aseguradora contratada por Sanitas, que será la que se haga cargo de pagar esos casi 35.000 euros de indemnización, que según afirma no cubre los gastos que a día de hoy tiene que afrontar. “No hubo ninguna complicación que justificara lo que me hicieron y tampoco se hacen cargo del daño, tengo daños pero no por culpa de nadie, apareció todo ahí solo”, explica Verónica.

“En Huéscar estamos desorientadas. No hay matronas, no hay apoyo, no hay información”, cuenta Lucía sobre la experiencia traumática que ella misma ha vivido en primera persona al quedarse embarazada. No es su nombre real, pues prefiere guardar el anonimato al vivir en un entorno rural en el que no quiere sentirse señalada ni ser foco de represalias por denunciar algo compartido entre miles de mujeres de la comarca de Huéscar (Granada): la falta de recursos públicos convierte en una tarea titánica tener un embarazo. Algo que desmiente la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, alegando que la atención está “garantizada” y que se están haciendo esfuerzos por mejorarla.

Pero la Asociación de Mujeres de Galera, uno de los principales municipios de esta zona rural situada al norte de la provincia de Granada, está movilizándose para reclamarle al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se cumpla con lo que dicen ofrecer: una atención digna y de calidad para las más de 2.000 mujeres en edad fértil que habitan este entorno (en la comarca viven alrededor de 18.000 personas). Encabezadas por Raquel Molina, no solo están reclamando recursos ante el Ejecutivo regional, sino recogiendo testimonios que desmienten el triunfalismo de Salud y que dibujan la dura realidad que atraviesan quienes no tienen acceso a lo más básico: el seguimiento de su embarazo.

Porque el plan de seguimiento del embarazo que está estipulado en la normativa del SAS se incumple en esta zona de Granada. Según explica Molina, “solamente nos ven en las semanas 12, 20 y 34 de embarazo”, para lo que han de desplazarse hasta Baza, a una distancia mínima de media hora de algunas localidades y hasta una hora de otras. Algo anómalo, teniendo en cuenta que el plan de seguimiento contempla una visita obligatoria antes de las diez primeras semanas, cinco controles prenatales y una ecografía, al menos, cada trimestre. Sin embargo, la ausencia de matronas en los ambulatorios y centros de salud de la comarca de Huéscar hace que esto sea imposible de llevar a cabo. Mientras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que debería haber una por cada 400 mujeres, lo que haría que en esta zona rural tendría que haber cuatro.

“Desde que te quedas embarazada, el plan sanitario del embarazo no se lleva a cabo. No tenemos seguimiento. Nadie nos ve”, denuncia Raquel Molina. Sabe bien de lo que habla porque está embarazada de su segundo hijo y vive en primera persona la falta de recursos que elevan la preocupación de las más de 2.000 mujeres que viven en la comarca. “Las hay que dicen abiertamente que no quieren quedarse embarazadas aquí y que se irían”, añade. Una realidad que, de paso, abona el terreno para que los entornos rurales acaben perdiendo población, dando paso a la España vaciada.

Empujadas a la sanidad privada

No en vano, entre una de las tres revisiones que se hacen al embarazo -cuando deberían ser cinco- pueden pasar tres meses sin que ningún profesional médico atienda a estas mujeres. “Lo que ocurre en muchas ocasiones es que acabamos fingiendo dolores y problemas para que nos vean en las urgencias del Hospital de Baza”, explica Raquel. De hecho, como tampoco hay especialistas en la comarca, ni siquiera se les toma la tensión o se les hacen analíticas periódicas, claves para que la propia madre no ponga en peligro su vida. Al mismo tiempo, según denuncian las mujeres de Huéscar, “no hay información sobre las vacunas que deben suministrarse”.

Un compendio de agravios con respecto al de quienes viven en entornos urbanos o mejor dotados de recursos, que aleja la maternidad de este tipo de comarcas. De ello sabe bien Silvia, cuyo nombre es ficticio para evitar sentirse señalada. Vivió un embarazo que ya fue calificado de riesgo a las tres semanas porque acudió a una clínica privada. Sin embargo, en la sanidad pública le dijeron que esperase hasta la semana 11 del embarazo, lo que le obligó a hacer continuos desplazamientos en coche hasta Granada capital -a más de una hora de distancia- para acudir a los recursos privados.

“Un informe decía que debía ponerme heparina desde el primer día, pero aquí me dijeron que no. Que esperara a Baza”, desvela Silvia. Afortunadamente para ella, se negó a hacerle caso al SAS y tomó la decisión de acudir a la medicina privada, empujada ante la necesidad de información: “Mi embarazo siguió adelante gracias a que fui al privado, porque el embarazo era de riesgo y nadie aquí me ponía la medicación”. Recurrió al ambulatorio de su zona en alguna ocasión para ser vista al menos por una enfermera, “que hacía lo que podía”, pero que, ante la peligrosidad de su embarazo, no era atención suficiente. Así, acabó teniendo que recurrir a una cesárea de emergencia en Baza que resultó “traumática”.

“En el parto casi me quedo allí mismo. La anestesia se me subió hasta la garganta”, cuenta Silvia. “Estuve más de tres horas en reanimación sin que nadie viniera a decirme nada de mi bebé”. Tras aquello, la situación no mejoró cuando su hijo ya estaba con ella en casa porque se sintió olvidada por la sanidad pública de nuevo: “Después de una cesárea de urgencia, no tienes ninguna revisión. Si tienes molestias, o pagas o vas por urgencias”.

Experiencias traumáticas

La historia de Lucía, que es la mujer con la que arrancamos este reportaje, no es mejor. De hecho, ha tenido un doble mal final. Esta mujer, cuyo nombre también es falso para preservar su identidad, ha sufrido dos abortos en apenas dos años. Dos abortos que retratan lo que, a su juicio, es un “trato humillante” que también deriva de la falta de recursos. En su primer aborto, ocurrido en 2023, Lucía afirma que sufrió un trato denigrante por el ginecólogo que le atendía en las escasas visitas rutinarias del plan de seguimiento en Baza. “No me daba apenas información. A veces decía que no había nada y otras que sí había latido”.

Angustiada y cansada del hermetismo, también recurrió a la sanidad privada de Granada capital en la que le dieron la mala noticia: el feto ya estaba perdido. Lucía recuerda cómo el trato del ginecólogo le hizo sentir mal: “Me mandaba a mi casa como un perro”. En el segundo aborto, la atención mejoró, pero el seguimiento continuó siendo lento y escaso. Además, aunque ella, de momento, no ha dado a luz, también ha padecido el otro problema añadido de las mujeres de Huéscar: como no hay matronas ni especialistas, tampoco tienen acceso a clases preparación al parto ni más información que la que entre las propias madres gestantes se proporcionan entre sí.

Así, como cuenta Raquel Molina, “muchas mujeres van a urgencias por los nervios, porque pasan meses sin que nadie las vea”. Cansadas de la situación, han remitido escritos a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía e incluso las matronas de Granada han hecho lo propio, de momento sin éxito. El desamparo que sienten es total y la pérdida de población es paulatina ante la realidad que padecen en la comarca.

Una comarca que, como reconoce el SAS, no tiene ninguna matrona. Sin embargo, fuentes oficiales de la sanidad pública andaluza dicen que se está trabajando en la contratación de la primera matrona de la zona -aún faltarían otras tres para llegar al estándar de la OMS-. Un refuerzo que va en línea de lo anunciado por el consejero de Salud, Antonio Sanz, para cubrir 364 puestos sanitarios en entornos rurales a partir de diciembre. Siendo ese, el de la falta de matronas, el único problema que se reconoce desde el Ejecutivo regional. Según el SAS, la atención y el seguimiento del parto está “garantizado” para las mujeres en edad fértil que viven en esta zona de Granada.

“Las gestantes de la comarca reciben seguimiento por los equipos de atención primaria, siete en la zona, con su profesional de medicina de familia y enfermería (en total 14 profesionales) y por el Área Hospitalaria de referencia, tal y como establece el protocolo vigente”, explican desde la Junta de Andalucía. “Las gestantes de la comarca reciben seguimiento por los equipos de Atención Primaria, siete en la zona, con su profesional de medicina de familia y enfermería (en total 14 profesionales) y por el Área Hospitalaria de referencia, tal y como establece el protocolo vigente”. Un argumento triunfalista que choca con la realidad que describe, y sobre todo viven, las mujeres de esta comarca.