El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prevé cerrar este mes los últimos flecos para poner en marcha España Crece, el llamado ‘fondo soberano’ en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiado con el Plan de Recuperación, con la aprobación de la estrategia de inversión del nuevo instrumento y la reforma de los estatutos del banco público para permitir su despliegue.

El ‘número dos’ del Gobierno ha comparecido ante la Comisión Mixta de la Unión Europea para dar cuenta de los avances del Plan de Recuperación, solo unos días después de que Bruselas diera luz verde al sexto pago, por valor de 7.000 millones de euros, y cuando queda poco más de un mes para el final de este programa millonario.

Cuerpo ha puesto en valor la aportación del Plan de Recuperación a la transformación económica del país que, hasta el 31 de mayo, ya había desplegado 68.534 millones de euros, de acuerdo con los datos de ejecución de la plataforma ELISA del Gobierno.

El reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fija que los fondos europeos y las reformas vinculadas deben estar ejecutados antes del 31 de agosto de este año, mientras la Comisión Europea tiene hasta el 31 de diciembre para abonar el último desembolso –el séptimo, por valor de algo más de 25.000 millones–.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de año la puesta en marcha de lo que llamó un fondo soberano, financiado con partidas procedentes del Plan de Recuperación, para movilizar 120.000 millones de euros entre inversión pública y privada. El objetivo: que el motor de la economía y la inversión no se desacelere con la finalización del ‘maná europeo’.

El pasado mes de mayo el Consejo de Ministros aprobó la transferencia de capital de 13.300 millones al ICO para aumentar su capacidad de apalancamiento, de tal manera que sea capaz de movilizar 60.000 millones de euros desde la parte pública, que se complementarían con otros 60.000 millones del sector privado.

Según ha avanzado Cuerpo, el Gobierno trabaja ahora en finalizar los “tres elementos de cierre” para el lanzamiento de esta facilidad financiera. En primer lugar, con la aprobación de la estrategia de inversión de España Crece, negociada con la Comisión Europea y que, ha dicho el vicepresidente, confía aprobar la próxima semana en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

Esta definirá las líneas generales de actuación, los tipos de operaciones elegibles y los criterios de prioridad sectorial. Además, incorporará los criterios europeos aplicables al Plan de Recuperación, incluido el principio de no causar un perjuicio significativo al medio, y priorizará operaciones con un claro efecto transformador sobre la economía española y con capacidad de impulsar el crecimiento de la productividad a largo plazo. Las líneas de actuación podrán revisarse periódicamente para adaptarse a la demanda de inversión y a las necesidades del tejido productivo.

El ‘número dos’ del Gobierno ha confiado en aprobar, en un Consejo de Ministros de julio, el real decreto que reforme los estatutos del ICO “para adaptarlos a las necesidades” del nuevo instrumento. Finalmente, también en julio prevén transferir los fondos necesarios para poner en marcha España Crece.

“Estamos, así lo evidencian los datos, ante un proyecto de país que ha supuesto una oportunidad histórica que creo que hemos sabido aprovechar”, ha dicho el vicepresidente, que ha confiado en que tenga no solo efecto positivo a corto plazo, sino “duradero en nuestro tejido productivo”.

Una adenda técnica para cerrar el Plan

Cuerpo ha apuntado que el Ejecutivo se encuentra ahora inmerso en la negociación con la Comisión Europea de una “adenda técnica de cierre” al Plan de Recuperación para “reconciliar” los hitos que quedan pendientes con las evidencias disponibles para mostrar el cumplimiento de los mismos.

“Estamos trabajando no solo a nivel de la Administración General del Estado, también a nivel de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales para completar con éxito la certificación de los hitos y todos los hitos pendientes antes del 31 de agosto”, ha dicho el vicepresidente.

Los planes del Gobierno pasan por negociar esa última modificación del Plan para matizar la redacción de algunos hitos que han quedado pendientes de validar del sexto desembolso. El objetivo es presentar la séptima petición de fondos en septiembre.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene sin cambios la previsión de crecimiento de España para 2026 y 2027, con un avance del producto interior bruto (PIB) del 2,1% y del 1,8% respectivamente, mientras que recorta 0,2% la proyección para la zona euro, que crecerá un raquítico 0,9% este año.

La institución con sede en Washington ha publicado este miércoles la actualización intermedia de su informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), en el que recorta ligeramente las expectativas de crecimiento globales con motivo de la guerra en Oriente Medio. “Esta ralentización modesta refleja los efectos de la guerra en Oriente Medio, parcialmente compensados por una aceleración en la demanda global de tecnología, gracias a los avances en la Inteligencia Artificial y en su adopción”, detallan.

Si bien el efecto será limitado, apuntan a una mayor inflación de la estimada en abril, justo al arranque de la guerra, que será del 4,7% en 2026 a escala global, y se ralentizará hasta el 3,9% el próximo ejercicio. “Estas proyecciones indican que la tendencia desinflacionaria en marcha desde principios de 2024 se ha estancado”, apuntan.

En el caso de España, el FMI espera que la economía crezca un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. Son las mismas cifras que adelantó en marzo y confirmó a finales de mayo, cuando cerró su informe anual sobre la economía española (el conocido como Artículo IV).

De hecho, los economistas del Fondo son los más pesimistas con respecto a la evolución del PIB español. La OCDE anticipa un crecimiento del 2,2% en 2026 (revisó al alza sus previsiones), el Banco de España apunta a un 2,3% y el Gobierno, el más optimista, disparó su proyección hasta el 2,6% para este ejercicio.

Un crecimiento diferencial si se compara con el escenario proyectado para la zona euro. El área de la moneda única crecerá un 0,9% este año, dos décimas menos de lo previsto en abril. Alemania lo hará un 0,7%, Francia un 0,6% e Italia un 0,5%.

Para 2027, cuando el FMI prevé un avance del 1,8% para España, la zona euro crecerá un 1,2%, Alemania un 1%, Francia un 0,9% e Italia un 0,5%.

En una valoración de estas previsiones, el Ministerio de Economía recuerda que la actualización de estas previsiones “no captura” la caída de los precios del petróleo posterior al 10 de junio. “La fecha de corte de los supuestos de materias primas del Fondo es previa a la bajada de cerca del 20% del precio del barril de petróleo en las últimas semanas, lo que implica automáticamente un escenario más negativo que el contemplado por otras previsiones más recientes como la del cuadro económico del propio Gobierno”, apuntan desde la cartera que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo.

La economía española crecerá un 2,5% en 2026, tres décimas más de lo previsto hace apenas dos meses, según la última actualización de previsiones de Funcas. El centro de análisis atribuye esta revisión al alza a la mayor resistencia mostrada por la actividad durante la primera mitad del año, aunque mantiene sin cambios su previsión para 2027. Cuando el crecimiento se moderará hasta el 1,8% por el agotamiento de algunos de los motores que han impulsado la recuperación.

La nueva estimación de Funcas se sitúa ligeramente por debajo de la previsión del Gobierno, que espera un avance del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,6% en 2026. Según Funcas, la demanda interna será el principal motor del crecimiento, con una aportación de 2,8 puntos al PIB, dos décimas más de lo previsto anteriormente. En cambio, el sector exterior restará tres décimas, una menos de lo estimado en mayo.

El informe destaca que la economía española ha sorprendido por su fortaleza en los dos primeros trimestres del año. Tras crecer un 0,6% entre enero y marzo, el PIB habría acelerado su ritmo hasta el 0,7% entre abril y junio, pese al impacto económico derivado del conflicto entre Irán e Israel y las tensiones en Oriente Medio.

Tres factores detrás de la revisión

El ‘think tank’ identifica tres elementos que explican la mejora de las perspectivas para 2026. En primer lugar, muchas empresas adelantaron compras y aumentaron sus existencias para evitar posibles problemas de abastecimiento tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. Ese comportamiento generó un incremento temporal de la actividad industrial que aporta una décima adicional al crecimiento.

A ello se suma un mejor comportamiento del consumo público y de la construcción, que también añaden una décima respecto a las previsiones anteriores. Por último, el turismo ha resultado menos perjudicado de lo esperado. España se ha beneficiado de un desvío temporal de visitantes hacia destinos considerados más seguros, lo que reduce el impacto negativo del sector exterior sobre el crecimiento.

El fin de los fondos europeos frenará la actividad

Pese a la revisión al alza para 2026, Funcas mantiene que la economía perderá impulso en 2027. El crecimiento se moderará hasta el 1,8% debido, principalmente, al menor dinamismo del consumo privado y de la inversión en bienes de equipo.

Uno de los factores que explican esa desaceleración será el final del programa europeo Next Generation EU. Aunque el fondo España Crece asumirá parte de ese papel, Funcas considera que el volumen de recursos que llegará a la economía será inferior, al menos durante los primeros años de transición.

El escenario central del informe tampoco incorpora todavía posibles cambios en la política fiscal derivados de las negociaciones sobre la financiación autonómica, al considerar que aún no se han traducido en medidas concretas.

Siete años creciendo por encima de la eurozona

Si se cumplen estas previsiones, España encadenará siete años consecutivos creciendo por encima de la media de la eurozona, algo inédito desde el ciclo expansivo de comienzos de los años 2000.

No obstante, Funcas advierte de que esa ventaja tenderá a reducirse conforme pierdan intensidad algunos factores excepcionales que han impulsado la economía en los últimos años, como los fondos europeos o el fuerte crecimiento del turismo, cuya expansión considera que alcanzará su techo a partir de 2027.

Las previsiones parten además de un escenario de normalización gradual del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lo que aliviaría las tensiones sobre los mercados energéticos y de materias primas durante los próximos meses.

La inflación seguirá elevada

El centro de análisis también revisa ligeramente sus previsiones de inflación. Calcula que el deflactor del consumo crecerá un 3,2% de media en 2026, una décima menos de lo previsto en mayo, aunque todavía muy por encima de las estimaciones realizadas antes del conflicto en Oriente Medio.

Funcas considera que el encarecimiento de la energía continuará trasladándose al conjunto de la economía y que la retirada de las rebajas fiscales sobre los combustibles añadirá entre ocho y nueve décimas a la inflación. Este diferencial respecto a la eurozona, advierte el informe, supondrá una pérdida gradual de competitividad para la economía española.

Más de 900.000 empleos en dos años

Pese a la desaceleración prevista para 2027, Funcas estima que el crecimiento permitirá crear algo más de 900.000 empleos netos entre 2026 y 2027. Como consecuencia, la tasa de paro descenderá hasta el 9,1% al final del periodo, dos décimas menos de lo previsto anteriormente, aunque España seguirá registrando una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea.

Los expertos subrayan que estas estimaciones se basan en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que consideran menos expuestos que las cifras de afiliación a los efectos de la regularización de inmigrantes.

Déficit contenido, pero riesgos al alza

En materia fiscal, Funcas prevé que las ayudas adoptadas para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio retrasen la reducción del déficit público.

El desequilibrio presupuestario se mantendrá en el 2,4% del PIB en 2026 y solo se reducirá hasta el 2,2% en 2027, mientras que la deuda pública cerrará ese ejercicio en el 96,7% del PIB.

El informe identifica varios riesgos para este escenario. En el plano internacional, el principal es un deterioro de la situación geopolítica en el Golfo Pérsico. También alerta de una posible corrección en los mercados financieros si terminara estallando una burbuja vinculada al sector de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

En el ámbito interno, Funcas señala como principales amenazas la prolongación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la falta de acuerdos políticos para impulsar reformas que contribuyan a aliviar la crisis de la vivienda.

Los principales organismos internacionales reconocen que la economía española es una de las que más crece de toda Europa y entre los países de la OCDE. De hecho, según las previsiones de la OCDE y de la Comisión Europea, su crecimiento seguiría por encima del de Francia, Alemania o Italia —y de la media de la zona euro— en 2026 y 2027.

La gran pregunta que alimenta el debate es si ese crecimiento se sostiene porque hay más gente trabajando o porque se está produciendo una transformación estructural. En este análisis aportaré algunos datos que nos ayuden a hacernos una idea de lo que está pasando.

Para contextualizar el debate debo recordar que el Producto Interior Bruto (PIB) que articula gran parte del debate económico es únicamente el valor monetario de los bienes y servicios que produce un país en un determinado período de tiempo. En términos absolutos, eso significa que si hay más gente trabajando, el PIB será mayor. Al mismo tiempo, si un país consigue producir cosas de más valor empleando a los mismos trabajadores (o el mismo tiempo de trabajo) también crecerá el PIB. Para los fines de este artículo estos son los dos grandes mecanismos que pueden explicar el crecimiento económico. Al primer tipo se le llama crecimiento extensivo porque depende de añadir más trabajadores, mientras que al segundo se le llama crecimiento intensivo porque implica usar “mejor” los factores productivos existentes.

Dicho esto, por lo general una economía que crece extensivamente enfrentará límites de manera más rápida: es improbable que el ritmo de crecimiento del número de trabajadores se mantenga en el tiempo. Además, formar trabajadores cualificados, que son los que generan más valor, es difícil y es raro que la entrada masiva de personas tenga esas características. Por esa razón se considera un tipo de crecimiento poco atractivo. Por otro lado, crecer intensivamente es un proceso potencialmente más sostenible porque depende del aumento de la productividad (aunque también hay límites, como los ecológicos). Respecto a la economía española, los analistas más conservadores aducen que el crecimiento es débil porque es del primer tipo, mientras que otros consideramos que hay elementos que apuntan a que también se está produciendo una transformación estructural, aunque modesta.

Por suerte, existen procedimientos para descomponer el PIB y contrastar qué tipo de crecimiento se está produciendo. En la nota final indico cómo se hace metodológicamente, pero el que utilizo aquí es básicamente una transformación logarítmica que permite descomponer el PIB en cuatro factores: población, tasa de empleo, intensidad de trabajo y productividad por hora. Utilizando datos de Eurostat para el período 2022-2025 y en crecimiento acumulado, obtenemos los siguientes datos para algunas economías seleccionadas de la Unión Europea.

Lo que nos dice esta tabla es que el crecimiento de España se debe tanto al aumento de la población y de la tasa de empleo como al avance de la productividad por hora. De la muestra, España es el país donde más ha crecido la población; y, como la tasa de empleo crece aún más, sabemos que el empleo ha aumentado más deprisa que la población: buena parte de quienes han llegado están en edad de trabajar y se han incorporado al mercado laboral. Conviene notar, además, que las horas por ocupado caen (−1,3), señal de que la jornada media se acorta —probablemente por más parcialidad—, de modo que el empuje laboral viene del número de personas que trabajan, no de que cada una trabaje más horas. Así pues, el crecimiento del número de trabajadores explica una parte importante del crecimiento económico reciente.

Cabría esperar que esa entrada de trabajadores tirase de la productividad por hora hacia abajo: si los nuevos ocupados tuvieran, en promedio, menor cualificación y se incorporaran a empleos de bajo valor añadido, aportarían menos valor que la media preexistente. Es lo que suele suponerse, aunque la evidencia reciente lo matiza, pues según el Banco de España la inmigración llegada en los últimos años está más cualificada que las olas anteriores. El ejemplo más claro de ese patrón extensivo es Italia: su empleo crece con fuerza (+5,0) mientras su productividad por hora se desploma (−4,1), de modo que el grueso de su crecimiento se explica fundamentalmente por el aumento del empleo. Alemania y Austria, por su parte, ilustran un caso distinto enmarcado en su crisis industrial: ahí la productividad por hora también cae, pero acompañada de una tasa de empleo negativa, señal de que el problema no es la composición de nuevos trabajadores, sino la destrucción de empleo de alto valor en la industria.

En España, en cambio, y tal y como analizamos en profundidad recientemente, la productividad por hora crece al mismo tiempo que se crea empleo. Esa combinación es precisamente la que resulta difícil de obtener en procesos de crecimiento puramente extensivos, porque la incorporación rápida de trabajadores suele reducir la productividad media, al menos temporalmente.

Una explicación plausible de este fenómeno es que, a la vez que se produce esa fuerte entrada de población, está ocurriendo un cambio en el modelo productivo que eleva la productividad media de los trabajadores: en parte porque la inmigración reciente es más cualificada y en parte por una reasignación hacia actividades de mayor valor añadido. Es precisamente lo que apuntó el informe de Goldman Sachs al señalar que España es, entre las grandes economías europeas, donde más están creciendo los empleos de alto valor añadido. He reproducido a continuación el gráfico que sostenía tal argumento.

En resumen, la economía española está creciendo por una combinación de crecimiento extensivo (más trabajadores) e intensivo (más productividad por hora). Las dos interpretaciones que a priori parecían enfrentadas son, en realidad, compatibles. Y eso tiene mérito, porque sus lógicas tienden a oponerse: que ambas convivan indica que la transformación estructural está teniendo una fuerza suficiente para compensar el efecto composición de sumar más trabajadores.

Los avances obtenidos hasta ahora es probable que se deban en gran medida a los incentivos introducidos por los fondos NextGeneration, es decir, a un tipo de política industrial que atrae capital y trabajadores hacia sectores con mayor valor añadido. El verdadero reto de futuro para la economía española consiste en conseguir que cada nueva incorporación al mercado laboral vaya acompañada de un aumento sostenido de la productividad. Si eso ocurre, lo que requiere una política industrial más activa y ambiciosa, habremos conseguido una transformación económica de la estructura productiva, esto es, de uno de los grandes problemas que ha arrastrado históricamente a nuestra economía.

El Gobierno quiere dejar sus deberes presupuestarios hechos en julio para irse de vacaciones y retomar, ya en septiembre, la redacción de las cuentas públicas para que entren en el Congreso antes del 1 de octubre, la fecha marcada en rojo en el calendario por la Constitución. En La Moncloa estudian si llevar dos veces a votación los objetivos de estabilidad en el mes de julio, para salvar ese trámite y volver del verano con todo preparado para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentó este lunes el primer paso para la elaboración: la actualización de las previsiones económicas. En el Ministerio de Economía estiman que el producto interior bruto (PIB) avanzará un 2,6% este año, cuatro décimas más de lo previsto en noviembre a pesar de la guerra, con un horizonte temporal en el que el crecimiento estará por encima del 2% hasta 2029.

Y anunció que el ministro de Hacienda, Arcadi España, citará la próxima semana a las comunidades autónomas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se abordará el techo de gasto y la senda de déficit. Un organismo donde el Gobierno cuenta con mayoría de los votos y solo necesita el apoyo de una comunidad (singularmente, alguna de las gobernadas del PSOE) para que sus propuestas salgan adelante.

Dos fechas para votar: 14 o 23 de julio

A partir de ahí, los tiempos aprietan al Ejecutivo. El Gobierno ha trasladado al Congreso que el acuerdo del Consejo de Ministros con los objetivos de estabilidad se debatirán y votarán en uno de los dos Plenos extraordinarios de julio: el martes 14 o el jueves 23. Para llegar a la primera fecha, la reunión del CPFF tendría que ser el próximo lunes –es una de las fechas que baraja Hacienda– y, solo un día después, aprobarse en la reunión semanal del gabinete para remitirlo a la Cámara baja. Según el reglamento del CPFF, la convocatoria ha de realizarse con al menos 72 horas de antelación y con el orden del día incluido.

El escenario más plausible, a la vista de los antecedentes en este paso previo a los Presupuestos, es que los objetivos de estabilidad decaigan en el Congreso. Y a partir de aquí la Ley de Estabilidad Presupuestaria da 30 días al Ejecutivo para aprobar otro acuerdo con esta senda para que se vote de nuevo en el Congreso. En el caso de ser rechazados el próximo 14, al Gobierno le daría tiempo a aprobarlo de nuevo y llegar al Pleno del 23 de julio, reconocen fuentes parlamentarias. O incluso plantear otro Pleno antes de que termine el mes de julio.

En el Gobierno no descartan dejar cerrada esta carpeta antes del verano para arrancar el curso con la redacción presupuestaria y sin un revolcón en el Congreso. “Vamos a ver si cabe”, responden fuentes gubernamentales preguntadas por esta posibilidad.

¿Por qué las urgencias del Gobierno en enviar una senda de déficit condenada —en principio— al fracaso? Porque la ley únicamente establece que tengan que votarse dos veces, pero no qué hacer si son rechazados por duplicado. En el Ejecutivo, ya a finales del año pasado, argumentaron que el rechazo a este acuerdo del Consejo de Ministros no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.

Así, sin objetivos en vigor, el Ejecutivo podría hacer sus Cuentas con las referencias acordadas con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las reglas fiscales: un déficit del 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028. Y, sin un reparto por Administraciones en vigor –esto es, cuánto corresponde al Gobierno central, a los autonómicos y a las entidades locales–, en Hacienda dan por hecho que es la Carta Magna la que prima, obligando a las comunidades autónomas a presupuestar en equilibrio.

El Gobierno parece determinado a llegar, esta vez, al marco que mandata la Constitución, que fija que el Ejecutivo debe remitir los Presupuestos “al menos tres meses antes de la expiración de los del año en vigor”. Las últimas cuentas aprobadas son las de 2023, que recibieron el aval del Congreso a finales de 2022.

“Nosotros estamos trabajando en ese escenario central de ir cumpliendo los plazos”, respondió Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Vamos por ahora bien. Era necesario esperar a que se rebajara la incertidumbre, esperar a ver cuál estaba siendo el impacto [de la guerra en Oriente Medio] y a tener definidas las nuevas medidas. Estamos en ese punto, planteamos ese escenario económico que sienta las bases para la previsión de gastos e ingresos, que van a ser ese primer paso de los Presupuestos a través del techo de gasto y de la asignación de objetivos a las distintas Administraciones”, incidió.

Si el Gobierno presenta antes del 30 de septiembre las cuentas públicas, sería la primera vez en la legislatura en que los presenta “en tiempo y forma”. Otra cosa es que después haya 'agua' en el Congreso para que salgan adelante. “El esfuerzo está, o va a estar, en que los Presupuestos reflejen una agenda de política económica de una mayoría parlamentaria”, zanjó Cuerpo.

El Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo paquete de medidas para responder al impacto de la guerra en Oriente Medio y mantiene las rebajas en las gasolinas para los hogares, que se irá recortando de manera progresiva hasta octubre y que cuenta con una cláusula de reactivación en el caso de que las cotizaciones del crudo vuelvan a dispararse. Además, ha prorrogado las ayudas a los sectores profesionales, fundamentalmente el campo y los transportistas.

Según ha detallado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Ejecutivo ha acordado desplegar 1.825 millones de euros. Entre ellos, el alivio de 20 céntimos por litro para agricultores y transportistas, que se suma a una partida de 165 millones en ayudas directas para el sector primario, en concreto a la compra de fertilizantes.

Para los hogares, la rebaja de precios en las gasolineras se articulará de manera progresiva, articulado a través del impuesto especial de hidrocarburos y no a través del IVA, como hasta ahora. Los cálculos del Gobierno pasan por que esta rebaja será de 20 céntimos por litro en julio; en agosto, de 15 céntimos por litro; en septiembre, de 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos.

Además, el Gobierno ha incluido una cláusula automática de reactivación de la rebaja, por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los carburantes supera el 15%. También se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose en el caso de que se disparen en ese mismo porcentaje.

El Ejecutivo ha dado continuidad a las medidas aprobadas el pasado mes de marzo, un paquete valorado en 5.500 millones de euros, articulado en torno a rebajas fiscales del IVA de la luz, los carburantes y el gas natural, así como otra serie de ayudas a los sectores más golpeados, como la agricultura o el transporte.

El Gobierno suprime el Impuesto de generación de electricidad

Además, el Gobierno ha decidido suprimir progresivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), más conocido como impuesto del 7% a la generación, sobre el que ya actuó en el primer paquete normativo para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio. Así, el tributo se reduce un 30% durante el tercer trimestre de 2026, un 40% durante el cuarto trimestre, un 50% durante todo 2027 –situándose en el tipo de gravamen en el 3,5%– y desaparece totalmente en 2028.

La medida está incluida en el Real Decreto-Ley aprobado este lunes y pone fecha de caducidad a este impuesto, que hasta ahora solo se había suspendido temporalmente. El gravamen, que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, y cuya supresión lleva años reclamando el PP, lo pagan las generadoras, pero se repercute al consumidor en el mercado mayorista de electricidad.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha explicado que esta eliminación del IVPEE, “la única medida fiscal estructural” del decreto, es “fundamental para la electrificación”, porque va a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a diferencia de otras ocasiones en que se ha suspendido temporalmente, ahora su efecto se percibirá también en los precios a medio y largo plazo, incrementado la competitividad del tejido productivo e incentivando la inversión

El decreto también habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a solicitar la información necesaria para conocer el funcionamiento del mercado de carburantes a los agentes mayoristas y minoristas de la cadena de distribución, en el ejercicio de sus competencias. También se amplía la obligación que ya tenían los operadores con capacidad de refino en España de informar semanalmente al regulador sobre sus costes de aprovisionamiento y sus precios de venta al resto de operadores mayoristas. Y si el organismo aprecia un comportamiento anómalo de algún agente, además de iniciar el procedimiento sancionador que corresponda, podrá incluir información individualizada sobre estos sujetos en su reporte semanal sobre el mercado de carburantes.

Según ha detallado la vicepresidenta Aagesen, apenas 52 estaciones de las 10.000 analizadas han incurrido en comportamientos “anómalos”. “A pesar de que son pocas, entendemos que es bueno que se dé publicidad y que los consumidores sean conscientes dónde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende un comportamiento normal”, ha dicho, sobre la oportunidad de activar esta medida ahora.

Para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos.

También se introducen medidas para agilizar la repotenciación de líneas eléctricas existentes, especialmente para anticipar la conexión de nuevas demandas, así como la posibilidad de incorporar baterías para prestar servicios técnicos en los territorios no peninsulares, reduciendo con ello el consumo de combustibles fósiles.

Según los cálculos del Ministerio de Economía, las medidas han contribuido a rebajar en un punto porcentual la inflación. El dato de avance de junio, conocido este lunes, se ha mantenido en el 3,2% por tercer mes consecutivo. A pesar de que el IVA de la electricidad volvió al 21% a principios de mes, la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales ya se está trasladando a las gasolineras, por lo que se han compensado.

El Real Decreto-Ley incluye la prórroga en la prohibición del despido por razones vinculadas al conflicto en Oriente Medio, así como ayudas condicionadas a planes de movilidad sostenible para trabajadores.

El Gobierno de coalición, además, ha anunciado un acuerdo entre ambos socios del Ejecutivo para impulsar un ambicioso paquete de medidas en materia de vivienda, que se votará en el mes de julio, con medidas para bajar los precios e impulsar la oferta de vivienda asequible.

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al nuevo cuadro macroeconómico, las cifras con las que Hacienda elaborará los Presupuestos de 2027, y que dispara el crecimiento del producto interior bruto (PIB) al 2,6% para este año.

El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027 disparando su previsión de crecimiento hasta el 2,6% para este año, un avance que se mantendrá por encima del 2% hasta 2029.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo cuadro macroeconómico, la base con la que se redactarán las cuentas públicas, y prevé que ni la guerra ni la desaceleración en Europa vayan a frenar la 'locomotora española'.

Las cifras, adelantadas por la SER y confirmadas por este periódico, apuntan a que la subida de los precios energéticos y la incertidumbre provocada por el conflicto económico apenas pasará factura a la actividad. Los buenos datos de crecimiento de principios de año, junto con los indicadores ya adelantados para el segundo trimestre, apuntalan un crecimiento sólido para este ejercicio.

El buen ritmo de la economía española se mantendrá en los próximos años, con crecimientos por encima del 2% en 2027, 2028 y 2029.

La revisión del cuadro macroeconómico del Gobierno se produce después del alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que ha despejado algunos de los nubarrones del escenario económico.

El Ejecutivo rehusó actualizar sus cifras a finales de abril, cuando envió el Informe de Progreso Anual de las reglas fiscales a Bruselas, argumentando que la situación bélica impedía hacer una proyección adecuada. La guerra supuso retrasar los Presupuestos para 2026 hasta el punto de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostó por ir directamente a un proyecto para 2027, el último año de la legislatura.

Con estas cifras, el Gobierno se sitúa en la parte alta de las previsiones elaboradas hasta ahora por los principales observadores económicos. El Banco de España, hace dos semanas, decidió mantener su proyección en el 2,3%, aunque el escenario se cerró mucho antes del anuncio de la paz entre ambos países. La OCDE elevó al 2,2% su estimación, mientras que el FMI la mantuvo en el 2,1%.

El producto interior bruto (PIB) de la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, un periodo en el que ya impactó de lleno la incertidumbre y la subida de los precios energéticos y la incertidumbre provocadas por la guerra en Oriente Medio, gracias al vigor de la demanda interna de la economía, de acuerdo con los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de principio de año, a pesar de que arroja una ligera desaceleración en comparación con el 0,8% que creció la economía a cierre de 2025, muestra la resistencia del tejido productivo a pesar de los vientos de cara de la guerra. La demanda interna de la economía se mantuvo fuerte gracias a la fuerza del consumo de los hogares, que avanzó un 0,6%, alimentado por el buen comportamiento del mercado laboral y las medidas desplegadas por el Ejecutivo para amortiguar el impacto de la subida de los precios.

El hecho de que las importaciones (que 'restan' crecimiento al efectuar compras en otros países) cayeran un 1%, con más fuerza de lo que se corrigieron las exportaciones (-0,6%), provocó que el sector exterior también contribuyera en positivo al crecimiento de la economía española. De ese 0,6%, medio punto se explica por la fuerza de la pata interna de la economía y una décima por la actividad exterior.

Por el lado de la oferta, todos los sectores arrojaron tasas positivas de crecimiento, salvo la construcción, que se mantuvo prácticamente plana.

En términos interanuales (primer trimestre de 2026 comparado con el primer trimestre de 2025), la economía española aceleró su crecimiento hasta el 2,7%, una décima más de lo que registró a cierre de 2025. De nuevo, fue el consumo de los hogares (3,2%) y la fortaleza de la inversión (5,6%, medida a través de la formación bruta de capital fijo) las variables que apuntalaron el tirón de la actividad.

Salvo el primario, todos los sectores registraron crecimientos en la actividad, singularmente la construcción (6,3%), que ya cerró 2025 con avances superiores al 7%.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía destaca la “señal positiva hacia delante” que supone la fortaleza de este sector, en plena crisis habitacional. La inversión en vivienda y construcción aumentó un 6%, de acuerdo con los datos publicados por el INE.

La Contabilidad Nacional Trimestral (el nombre técnico de esta estadística) también recoge variables de empleo, que muestran un comportamiento positivo del mercado laboral. Las horas efectivamente trabajadas crecieron un 2,1%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, y los puestos de trabajo equivalentes fueron un 2,8% superiores.

La productividad por hora trabajada, que es la variable más utilizada para medir la eficiencia de la economía, avanzó un 0,6%.

El Gobierno aprobará la actualización de su cuadro macroeconómico, la referencia fundamental con la que se elaboran los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el próximo 29 de junio, junto al nuevo Real Decreto-Ley de medidas para amortiguar los efectos de la guerra en Oriente Medio, según ha podido saber elDiario.es.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció hace unas semanas que sería el próximo martes, 23 de junio, cuando presentaría en el Consejo de Ministros la actualización de las previsiones de crecimiento económico y de inflación. Es el primer paso clave, junto con la aprobación de la senda de estabilidad, para la redacción de las cuentas públicas, ya que son los supuestos en los que se basan algunas referencias clave como la evolución de los ingresos y los gastos públicos.

Sin embargo, fuentes gubernamentales indican que la fecha en la que se aprobará esta nueva referencia será el 29 de junio, lunes, en la misma reunión del gabinete en la que se apruebe el nuevo paquete de medidas en respuesta a la guerra en Irán.

Este retraso, de apenas unos días, se produce después de conocerse el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que ha provocado una reacción inmediata en los mercados financieros y una rebaja de los precios del petróleo. El Ministerio de Economía se da unos días más para actualizar al minuto la última información disponible, ya que referencias clave como la inflación (que puede influir mucho en las previsiones del gasto en pensiones) pueden cambiar mucho si el crudo se estabiliza en los niveles previos al conflicto.

El Gobierno renunció a actualizar el cuadro macroeconómico en abril, antes de enviar a Bruselas el Informe de Progreso Anual de las reglas fiscales, debido a que la volatilidad del conflicto dificultaba los ejercicios de proyección. Cuando Cuerpo anunció la fecha del 23 de junio, el acuerdo de paz era una posibilidad pero no algo cierto, como sí lo es desde esta semana.

El cuadro macroeconómico incluirá el impacto de las nuevas medidas que apruebe el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Irán. El pasado mes de marzo aprobaron una serie de rebajas fiscales en el IVA y otros impuestos especiales que decayeron a finales de mayo, en el caso de la electricidad y el gas natural, y que terminan el 30 de junio, en lo que respecta a las bonificaciones en los carburantes. El lunes 29, como anunció el presidente del Gobierno, aprobarán un nuevo Real Decreto-Ley de “protección al tejido productivo y a la ciudadanía”, que negociarán con los grupos parlamentarios para asegurar que salga adelante.

Las últimas cifras del Ejecutivo, presentadas a finales del año pasado, preveían un crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2026 del 2,2%, en la línea del resto de analistas. El Banco de España, que actualizó este jueves sus propias proyecciones, calcula un repunte del 2,3% de la economía, aunque con una previsión de inflación muy por encima de lo estimado en marzo. Una nota del centro de estudios de Funcas, publicada este viernes, apunta a un Índice de Precios al Consumo de entre el 3,1 y el 3,3%, en función de si las medidas desplegadas por el Gobierno se mantienen hasta octubre o no.

La economía social aporta el 11% del Producto Interior Bruto español. Uno de cada 10 euros que se generan en el país proviene de una red silenciosa que, sin embargo, se ancla al territorio y hace llegar al último rincón del estado productos y servicios que no llegarían de otra manera. Esta realidad ha quedado plasmada en la jornada 'Cooperativismo: el modelo que mantiene vivos los pueblos donde el mercado no llega', organizada por elDiario.es, en colaboración con Bidafarma. Durante el coloquio, todas las voces expertas han coincidido en defender el llamado “derecho a habitar”.

“Somos ciudadanos y la decisión de residir en una gran ciudad, en una pequeña capital de provincia o en un territorio más rural, debe ir más acompasada con los intereses personales o familiares y no verse mermada por la falta de oportunidades”, ha señalado la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ángeles Marín.

Marín ha destacado algunas de las palancas que está activando el ministerio, como la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, una estrategia “de visión amplia que sirva de hoja de ruta para que el resto de administraciones, actores, asociaciones, tejido empresarial, grupos de acción local, la universidad o los centros de investigación alineen sus actuaciones”. El objetivo es llegar al “país de los 30 minutos”, en el que cualquier ciudadano, independientemente de su ubicación, tenga acceso a servicios básicos.

Uno de esos servicios básicos es el que presta Laura Maíllo, que es farmacéutica en un pequeño pueblo de montaña de unos 500 habitantes en la provincia de Ávila. Este es uno de los miles de municipios de esa España despoblada que vertebran el territorio. Según datos oficiales, en el 83,7% de los municipios viven menos de 5.000 personas. En estos territorios, normalmente envejecidos, el hecho de que haya una farmacia abierta o una tienda, “les da calidad de vida”, explica Maíllo.

El presidente de la cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma, Antonio Mingorance ha explicado durante el encuentro que la economía social hace “de la necesidad virtud”. Es “un modelo solidario de distribución”, que persigue que no haya “ciudadanos de primera ni de segunda”: “Es muy fácil traer un medicamento al centro de Madrid, lo difícil es distribuirlo entre los 7.500 pueblos que hay en toda España”.

En este sentido, los modelos cooperativistas suman la fuerza de todos sus socios para actuar con un único músculo, que permita compensar las dificultades en ciertas zonas o momentos con las fortalezas en otras áreas.

El presidente de la cooperativa de distribución alimentaria Unide, Carlos Jiménez, ha destacado que este modelo está profundamente arraigado en el territorio y, a diferencia de otras empresas, no se deslocalizan. Pero, más allá del rendimiento económico, ha hecho hincapié en el valor de la proximidad. “Cuando tienes una tienda con un surtido de 1.200 productos en un pueblo, estás garantizando una alimentación variada, mientras otros se alimentan de mercadillo o de lo que les lleva una furgoneta, sin poder elegir. Ese intangible de calidad de vida es importante, hacemos un servicio público”, defiende.

Es una idea con la que coincide Maíllo, quien no solo suministra medicamentos, sino que ejerce una labor de vigilancia entre sus vecinos e incluso de atención en determinados momentos, cuando no hay un médico o no puede acudir. La relación, en cualquier caso, es simbiótica: “Hay una necesidad tanto mía de atenderles, como suya de que les atienda”, reconoce.

Para blindar a estas cooperativas y favorecer la cohesión territorial, los ponentes han hecho un llamado a la concienciación, pero también han pedido medidas específicas. Jiménez ha reclamado una reforma fiscal urgente que promueva estos modelos, sometidos actualmente a una ley de 1990 que considera obsoleta. Mingorance ha pedido incentivos al arraigo y que se trabaje para que las diferencias en el acceso a los servicios básicos entre ciudadanos desaparezcan, garantizando la igualdad total, con independencia del código postal.

Laura Maíllo, por su parte, ha reivindicado la necesidad de apoyar a la farmacia rural y una atención sostenible y sostenida por parte de las instituciones, así como facilitar el desarrollo profesional de los y las farmacéuticas en los entornos rurales, para que puedan evolucionar académica y económicamente sin verse forzadas a mudarse a las ciudades.

Una lengua de mar de poco más de 40 kilómetros de ancho ha sido capaz de poner en jaque la economía global durante casi cuatro meses. La reapertura del estrecho de Ormuz tras el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos supondrá un alivio a escala mundial, pero sus efectos, tras un primer impacto en los mercados financieros, todavía tardarán en trasladarse a los bolsillos.

El pacto anunciado en la noche del domingo ha sido un revulsivo para los mercados: las bolsas asiáticas –donde la escasez de combustible ha llevado a racionamientos energéticos– cerraron el lunes con grandes ganancias, el Ibex 35 superó por primera vez en su historia la cota de los 19.000 puntos y los precios del petróleo y el gas experimentaron caídas hasta niveles cercanos, pero aún por encima, de sus referencias preguerra (70 dólares, en el caso del Brent, de referencia en Europa).

Sin embargo, la influencia del conflicto sobre la inflación, el fenómeno más cercano, tardará meses en disiparse. La principal correa de transmisión del conflicto han sido los precios del petróleo, traducido en una subida de costes en la gasolinera pero que, a diferencia de lo ocurrido en 2022, con el estallido de la guerra de Ucrania, no se ha trasladado a otros segmentos como la electricidad. Y, aunque aflojen, los precios del crudo siguen estando en referencias elevadas. 

“El precio del petróleo ya está bajando, tanto el de entrega inmediata como los futuros. Los de diciembre están ya por debajo de 80 dólares, cuando a lo largo de estos meses se había movido entre 80 y 85”, explica la economista senior de Funcas, María Jesús Fernández. “El impacto más relevante será sobre la inflación, cuyas previsiones tendremos que revisar a la baja. No obstante, no se espera que el petróleo retorne a los niveles previos al conflicto en 2026, de modo que, aunque el precio de los combustibles baje con respecto al nivel actual, seguirá siendo mayor que en enero-febrero, y las tasas de inflación seguirán siendo relativamente altas”, abunda.

La inflación apunta a presiones persistentes

El dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) de mayo, un 3,2%, arrojó una cierta estabilidad con respecto al de abril, en parte gracias a las medidas desplegadas por el Gobierno. Pero la inflación subyacente –la que excluye de su cálculo a los precios más volátiles de la energía y los alimentos frescos, que muchos economistas denominan “núcleo” del sistema productivo– escaló al 3%, lo que anticipa presiones inflacionistas que van más allá del episodio bélico.

“Se producirá una reacción rápida en los mercados financieros y precios de futuros, pero una transmisión más lenta a la economía real”, resume José Manuel Corrales, profesor de Economía en la Universidad Europea. A corto plazo, los precios mayoristas del gas y el petróleo bajarán, lo que poco a poco se trasladará a las gasolineras “siempre que no haya cuellos de botella fiscales o logísticos”. Pero en el medio plazo, los niveles seguirán estando por encima de lo registrado antes de la guerra y de la pandemia. “Europa ya ha internalizado un coste energético mayor por diversificación de suministros. Ese sobrecoste es, en mi estimación, del 20-30%”, apunta.

A diferencia del shock de inflación que desató la invasión rusa de Ucrania, que provocó la mayor crisis de precios desde los años 80, el shock en la oferta de energía no ha sido solo una disrupción del suministro o las sanciones que se aplicaron al gas ruso. “En el caso de Irán, las capacidades productivas se han visto claramente afectadas de forma directa”, dice María Romero, directora de Análisis Económico en Afi. “Restablecer el flujo que hay en Ormuz no va a hacerse de la noche a mañana y, por lo tanto, la inflación no va a volver al redil de manera rápida. Pero no será tan ‘pegajosa’ como en 2022”, señala la experta.

Los alimentos pueden dispararse un 7%

El shock de 2022 no solo afectó a la energía, sino que dio de lleno al “granero” de Europa. El cierre de Ormuz ha impactado ahora a los precios de los fertilizantes, por lo que su aparición en la inflación podría ser más dilatada, hasta después del verano, cuando lleguen las primeras cosechas. El servicio de estudios del BBVA apunta a una subida interanual de los frescos del 7% después del verano, mientras que en los alimentos elaborados se situará en línea con el IPC, el 3%. “El componente de los alimentos no elaborados no ha tenido una reducción en la inflación como sí se ha visto en otros componentes y ya venía relativamente alta”, dijo el economista jefe para España, Miguel Cardoso, durante la presentación de su último informe de previsiones económicas.

Desde Funcas señalan que el traslado de los precios finales a los alimentos puede que sea menor de lo esperado a la luz del acuerdo, “puesto que los productores ahora considerarán que el pico de la subida ha sido transitorio y, aunque los costes van a seguir siendo algo mayores que antes del conflicto, lo serán en una medida más asumible”, detalla Fernández.

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, Manuel Hidalgo, apunta que otro factor a tener en cuenta es que “llueve sobre mojado”. “El impacto de 2022 fue sobre una sociedad que no estaba acostumbrada y no recordaba episodios de inflación elevados desde hacía décadas. Ahora el peligro que tenemos es que la inflación se enquiste en cifras superiores al 3% por el comportamiento de unos agentes que absorbieron el shock del 2022 y que ya no quieren seguir perdiendo”, advierte.

En una entrada publicada en su blog, el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntaba este lunes que “la combinación de una resiliencia económica y los avances tecnológicos han ayudado a amortiguar el impacto del shock de oferta en la energía sobre el crecimiento a nivel global”, aunque con diferencias notables entre países. En el caso de España, la combinación de un mix energético con un mayor peso de las renovables y las medidas desplegadas por el Ejecutivo han disipado parte de los vientos de cara.

La economía española “resiste”

“España no sale reforzada, pero sí menos dañada de lo que cabía esperar, y con margen para estabilizar su crecimiento si el contexto internacional acompaña”, cree el profesor Corrales, de la Universidad Europea. Los últimos datos de actividad subrayan que el vigor del crecimiento económico del primer trimestre se ha mantenido durante el segundo. 

“Incluso la actividad industrial y las exportaciones parecen haber registrado un repunte, pero probablemente ha sido debido a un adelanto de pedidos y de actividad para acumular stocks en anticipación a posibles problemas de suministro”, apunta la experta de Funcas. “De ser así, ese adelanto de actividad industrial al segundo trimestre sería a costa de menos actividad en el próximo. Lo cual no quiere decir que esperemos un impacto negativo en el tercer trimestre, porque otros sectores, concretamente servicios, tanto turísticos como de otro tipo, lo compensarían”, apunta Fernández.

Hidalgo, que elabora un tracker de seguimiento de la economía a tiempo real para EsadeEcPol, apunta a que este segundo trimestre seguirá en la línea del primero, cuando la economía española creció un 0,6%. “No se va a notar demasiado el impacto del conflicto y, de momento, la dinámica de crecimiento sigue con cierta relajación y sin excesivos elementos que nos hagan preocuparnos a corto plazo”, detalla. Todo ello pasa por que el acuerdo de paz se firme este viernes sin sobresaltos.

El impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la economía española se va a traducir en un incremento de los precios “más intenso y persistente” de lo anticipado que, a corto plazo, no afectará al crecimiento del producto interior bruto (PIB), pero que provocará una ralentización de la actividad conforme la inflación vaya haciendo mella en las familias y las empresas. Esa es la conclusión principal del Informe España de BBVA Research, el centro de estudios de la entidad, que mantiene su previsión de crecimiento del 2,4% para 2026, pero con una inflación disparada hasta el 3,8%.

Esta subida de los precios –son 0,9 puntos más de lo proyectado en marzo, al inicio de la guerra y 1,1 más que la media de 2025– supondrá una desaceleración en el crecimiento del año próximo: será del 2,1%, tres décimas menos de lo anticipado en marzo. La previsión es que la inflación se modere al 2,8%. 

“El mensaje que queremos trasladar es que, por ahora, los efectos los estamos viendo solo en la inflación relacionada con los combustibles. Vamos a ver cómo se traslada a otros sectores”, ha dicho el economista jefe de la entidad y director de BBVA Research, Jorge Sicilia, durante la presentación del informe.

Según los economistas del banco, si bien la economía aún está aguantando el impacto de la subida de los precios, algunos indicadores de confianza ya muestran un deterioro en la percepción de las familias, con el recuerdo del shock de 2022, tras la invasión de Ucrania, muy presente en los bolsillos. “Si el deterioro se prolonga, podría tener un impacto importante sobre el crecimiento de la demanda interna, particularmente en el gasto de los hogares”, apunta el documento.

El responsable de análisis económico del banco, Rafael Doménech, ha subrayado que el crecimiento económico de España está mostrando una “inercia muy fuerte”, como demuestran los datos de actividad que se van conociendo (singularmente, la afiliación a la Seguridad Social) y que apuntan a un avance trimestral del 0,6% del PIB. El mismo dato que entre enero y marzo, cuando la economía española ya mostró una gran resiliencia ante los primeros impactos de la guerra.

El precio de la vivienda se modera, pero seguirá creciendo

Aunque España está más protegida de la guerra al no depender de la importación de energía del Golfo pérsico, los efectos del conflicto se transmitirán a través de otros canales –no solo precios–, como las exportaciones de bienes o la inversión. BBVA Research apunta que el shock podría restar entre 0,5 y 0,1 puntos de PIB en 2026 y 2027 y elevar la inflación 1,3 y 0,6 puntos, respectivamente. Esto se traduciría en una pérdida de competitividad de los productos españoles, sobre todo para las manufacturas o el sector agroalimentario, muy dependiente de la subida de precios de los fertilizantes.

Además, el empeoramiento económico de los principales socios comerciales de España –Alemania y Francia, singularmente– afectará al dinamismo de las exportaciones, que se espera que caigan un 1,2% este año. Se recuperarían ligeramente (un 2,4%) el año próximo.

La inversión dará un impulso al crecimiento, sobre todo la de la construcción de vivienda, favorecida por la creación de hogares y la subida de los precios. Sin embargo, estos últimos tenderán a moderarse, ante la oferta cada vez más limitada y la subida de los costes de financiación. El precio de la vivienda avanzará un 12% en 2026 y un 5,7% en 2027.

El consumo de los hogares seguirá creciendo gracias al ahorro y a la mejora de las rentas experimentada en los últimos años. La atracción de turistas desde destinos cercanos a la guerra, o encarecidos por la subida de los precios de la energía, también aportará en positivo al crecimiento económico.

Sin embargo, y a pesar de que el ahorro es una fuerza que sustenta el mantenimiento de las previsiones económicas, Doménech ha subrayado que “no está uniformemente distribuido”. “El ahorro se acumula sobre todo en la parte media y alta de los hogares con mayores ingresos, mientras que la capacidad para hacer frente a ese aumento de la inflación con ahorro es inexistente en el 20% más bajo de la distribución”, ha apuntado.

El mercado laboral seguirá creciendo de manera vigorosa: el BBVA anticipa una creación e empleo de 540.000 y 455.000 personas en 2026 y 2027. Esto es gracias a la inmigración, pero también al aumento de la participación en el mercado laboral de los nacidos en España.

La OCDE ha elevado al 2,2% el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España para el año 2026, una décima más de lo calculado en sus anteriores proyecciones de marzo, y destacan que la actividad económica será “robusta” y “resiliente” a pesar de los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio, que provocarán una ralentización global.

La organización de las economías desarrolladas ha publicado este miércoles la actualización de sus previsiones económicas y, a pesar de la mejora para 2026, mantienen en el 1,7% el avance proyectado para 2027. España es la única gran economía del euro a la que se le revisa el crecimiento al alza, con un avance que casi triplicará al de la zona euro (0,8%) y muy por encima de Alemania (0,7%), Francia (0,7%) e Italia (0,5%).

Si bien la demanda interna de la economía española se mantendrá sólida gracias al “sólido” mercado laboral y el crecimiento de los salarios reales, el encarecimiento de la energía por el conflicto en Irán pesará en la actividad.

La OCDE anticipa una aceleración de los precios, alimentada por el encarecimiento de la energía. El Índice de precios al consumo armonizado subirá al 3,3% en 2026, frente el 2,7% en el que terminó 2025, y se prevé que la inflación se modere al 2,9% el año que viene.

“La exposición de España al conflicto en desarrollo en Oriente Medio es limitada, principalmente a través de unos precios de la energía más altos que han sido parcialmente amortiguados por el paquete de ayudas temporal de 5.000 millones de euros aprobado por el Gobierno”, destaca el organismo en su ficha sobre el país.

El organismo con sede en París subraya el vigor de la economía española en varios aspectos: desde el flujo de crédito a las empresas privadas hasta las exportaciones, a pesar de la guerra comercial desatada por Donald Trump. La inversión, señala la OCDE, se va a reforzar en el horizonte de previsión, gracias a la construcción de vivienda y al despliegue de los fondos europeos, ya en el tramo final.

Sin embargo, un conflicto prolongado en Oriente Medio sigue siendo el principal riesgo a la baja en la economía española, ya que “podría intensificar las disrupciones energéticas” y mantener las presiones sobre los precios. A cambio, podría darle un empujón al turismo en España, al ser considerado un destino más seguro que la competencia en destinos cercanos a Oriente Medio.

Sobre las cuentas públicas, la OCDE anticipa que el déficit se situará en el 2,2% del PIB tanto en 2026 como en 2027. La recaudación sigue con mucho tirón, pero ese avance de los ingresos será compensado por el incremento del gasto en defensa, por las medidas para paliar los efectos de la guerra y por el coste de la actualización de las pensiones, que será mayor de lo previsto por la aceleración de la inflación. La deuda pública se situará ya este año por debajo del 100% del PIB, en el 98,5%, mientras que la ratio se recortará al 97,3% el próximo.

La OCDE plantea priorizar la recuperación del espacio fiscal, empezando por redirigir las medidas aprobadas frente al conflicto hacia los grupos más vulnerables. “Afianzar la senda de consolidación al tiempo que se acelera la reducción del déficit ayudaría a reconstruir los colchones fiscales ante las presiones crecientes del gasto vinculado al envejecimiento”, apunta el organismo.

En materia energética, si bien la OCDE destaca la “sólida expansión de las energías renovables”, pero para que estas ventajas se manifiesten por completo es necesario acelerar los procesos de aprobación de permisos, las inversiones en redes y en almacenamiento energético. Estas medidas, dice la organización, mejorarían la seguridad energética y apoyaría las inversiones y el crecimiento a largo plazo.

El Ministerio de Economía, en una valoración remitida a los medios de comunicación, ha destacado que, con estas previsiones, “España refuerza el liderazgo en crecimiento económico entre las grandes economías europeas”. Y que la OCDE reconoce el vigor del mercado laboral y la efectividad de las medidas desplegadas para hacer frente a los efectos económicos del conflicto.

La economía mundial, “bajo presión”

La OCDE anticipa una desaceleración del crecimiento mundial (2,8%) y de las economías avanzadas (3,0%) en un momento en el que la actividad global “está de nuevo bajo presión”. “Las disrupciones en los cargamentos a través del estrecho de Ormuz, junto con los daños a las infraestructuras energéticas, han disparado los precios de la energía y han incrementado el coste de los fertilizantes y otros insumos críticos para la industria”, dice el economista jefe, Stefano Scarpetta, en la introducción del informe.

Así, diseñan dos escenarios para su previsión de crecimiento: uno con una duración limitada y otro de mayor duración y más consecuencias negativas sobre el tejido productivo. En el peor de los escenarios, la ralentización de la economía mundial sería más acusada (2,1% en 2026) y se ralentizaría hasta el 1,8% en 2027 “empujando potencialmente a algunas economías a la recesión, o cerca”.

Las previsiones de la Comisión Europea sobre el crecimiento económico de la UE mandan un claro mensaje político. España crece el doble que Europa gracias a políticas contrarias a las que pregona formaciones de ultraderecha como Vox. Tanto la inmigración como la transición verde están empujando el PIB de la economía española y le permite aguantar mejor el impacto del aumento de los precios energéticos por el conflicto de Oriente Medio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también destaca estos factores como “atenuantes” de la presión de los costes energéticos e “impulsores” del crecimiento.

La Comisión Europea volvió a subir las previsiones de crecimiento del PIB español al 2,4% en 2026, una décima más que las predicciones de Bruselas el pasado otoño, según el paquete económico de primavera que presentó la Comisión este jueves. España es el único país al que la Comisión eleva las previsiones de crecimiento para este año, mientras que se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025, lo que también ocurre con la economía de la zona euro, cuyo PIB se reduce al 0,9 % en 2026.

Para ver con más claridad la solidez de la economía española en el conjunto de la UE, la previsión de crecimiento del PIB en 2026 para Alemania es del 0,6%, para Francia es del 0,8% y para Italia, del 0,5%. Esto supone que la economía española se prevé que crecerá cuatro veces lo que Alemania o tres veces lo que Francia.

Mientras, el líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, arremete contra lo que denomina “la invasión migratoria” y dice sin aportar pruebas que “en contra de lo que nos dicen aquellos que sostienen que necesitamos mucha más inmigración, lo cierto es que cada vez hay un porcentaje mayor en España de inmigrantes legales en paro”. Los datos que aportan los economistas de la Comisión Europea dan una lectura muy diferente al papel que juegan los inmigrantes en la economía española.

La inmigración como impulso del crecimiento

Al hablar de las previsiones económicas de España, Bruselas asegura que “se prevé que el crecimiento económico esté impulsado principalmente por la demanda interna, respaldada por el sólido comportamiento del mercado laboral y por el crecimiento de la inversión”. En esta demanda interna tiene un importante papel el gasto de los consumidores, que “se beneficiará del crecimiento del empleo en un contexto de sostenida inmigración y de un endeudamiento de los hogares en mínimos históricos”.

En este buen comportamiento del mercado de trabajo “las fuertes entradas de inmigración se prevé que impulsen una nueva expansión de la población activa y fomenten la creación de empleo este año”, asegura la Comisión Europea en su informe sobre España.

“Entre los Estados miembros de mayor tamaño, España registró la revisión positiva más pronunciada por efecto arrastre, donde las sorpresas en materia de empleo añaden automáticamente 0,6 puntos porcentuales al crecimiento de 2026”, recalcan desde Bruselas.

El FMI ha publicado este viernes un informe con las principales conclusiones de su evaluación sobre la economía española en las que destaca que “el crecimiento reciente ha estado impulsado por el aumento de la fuerza laboral derivado de la inmigración, mientras que también se ha producido cierta aceleración del crecimiento de la productividad”.

“La inmigración contribuyó aproximadamente a tres cuartas partes del aumento acumulado del empleo entre 2022 y 2025. Los inmigrantes —casi tres cuartas partes de los cuales procedían del resto de Europa y de América Latina— han seguido sintiéndose atraídos por la situación económica relativamente favorable de España, el amplio uso del idioma y unas políticas migratorias más acogedoras en comparación con la mayoría de las demás economías avanzadas”, recalcan desde la institución financiera multilateral.

Este respaldo a la inmigración en España como fuente de riqueza y creación de empleo llega en un momento de crítica política por parte de la formación ultraderechista, e incluso del Partido Popular, tras la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del proceso de regularización de alrededor de 500.000 migrantes.

Otra de las políticas que están en el objetivo de la ultraderecha son aquellas que impulsan la transición ecológica. “Los ataques de la internacional reaccionaria contra el ecologismo no son una mera casualidad”, afirma el ex eurodiputado, Florent Marcellesi, que añade que “lo verde es uno de los principales campos de batalla cultural y política”.

En este sentido, el líder de la ultraderecha española insiste en sus discursos en hablar de “fanatismo climático” y de que los “pactos verdes han destruido la industria, la minería y las posibilidades de los ganaderos y agricultores”. Al igual que en su discurso contra la inmigración, sin ofrecer pruebas ni datos, Abascal asegura que el “fanatismo verde” contribuye “a la pérdida de bienestar de los ciudadanos”.

“Posición privilegiada” por las renovables

Sin embargo, un técnico de la Comisión Europea explica que “España está una posición relativamente sólida debido a su crecimiento robusto y a la diversificación de sus fuentes de energía. Esto le da una posición relativamente privilegiada para lidiar con el impacto del conflicto en Oriente Medio”.

En el informe de la Comisión se constata que “los precios de la electricidad están ahora menos estrechamente vinculados a las fluctuaciones de los combustibles fósiles, lo que refleja una mayor proporción de generación con costes marginales bajos, lo que debilita la transmisión de los choques energéticos hacia la inflación general”.

En la Comisión Europea insisten en que se ha aprendido la lección de la crisis de precios energéticos que provocó la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. En comparación con 1995, cada euro de producción económica de la UE requiere ahora, en promedio, un 44% menos de energía mientras que cada euro de producción industrial requiere un 50% menos. Más de un tercio de este progreso se ha producido desde 2019 gracias a las políticas climáticas desplegadas por la UE y los países europeos. “Aunque el fuerte aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio sigue constituyendo un importante choque de oferta negativo, su impacto habría sido mucho más grave sin la notable reducción del consumo energético en la UE”, destaca el informe económico realizado por la Comisión.

Este ajuste ha tenido lugar junto con un cambio progresivo hacia el abandono de los combustibles fósiles en el mix energético de la UE. En los últimos 35 años, la participación de las energías renovables en la energía bruta disponible se ha cuadruplicado, pasando del 5% en 1990 al 20% en 2024 y se ha triplicado en la generación de electricidad en las dos últimas décadas (hasta el 47,5% en 2024), según datos de la Comisión para la UE. Las energías eólica y solar generaron por primera vez en 2025 más electricidad que los combustibles fósiles en la UE. En España los datos son mejores: las renovables ya superan a la generación nuclear y fósil en más del 75% de los días

Con estos datos, Bruselas subraya que “este no es un momento para dar marcha atrás en las políticas, sino para acelerar la transición hacia una economía más resiliente y menos dependiente de los combustibles fósiles”.

En el mismo sentido, el FMI destaca como “factor atenuante” del efecto de la guerra de Irán sobre la economía española a “el impacto limitado del aumento de los precios del gas sobre los precios mayoristas de la electricidad, debido al creciente peso de las energías renovables en la matriz eléctrica”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa un frenazo económico de España en 2026 y 2027, junto con una inflación disparada cercana al 5%, en el peor de los escenarios de la guerra en Oriente Medio, en el que los precios del barril de petróleo se mantienen por encima de los 110 dólares y el gas natural se encarece más de un 200%.

La organización con sede en Washington ha publicado este viernes su informe sobre la economía española, el conocido Artículo IV, y ha mantenido las previsiones de referencia que publicó hace dos meses: un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,1% en 2026 y de un 1,8% el próximo año. En estos dos ejercicios, la inflación se situaría en el 3% y el en 2,3%, respectivamente.

Pero, por primera vez, la institución ha aplicado a la economía española el más grave de los supuestos que diseñó en abril, cuando en su Informe de Proyecciones Económicas Mundiales evitó diseñar un escenario base para la economía global y apostó por uno de referencia, que complementó con otros dos (adverso y severo) en función de la duración del conflicto en Oriente Medio. En este último (precios medios del crudo de 110 dólares en 2026 y 125 dólares en 2027, con el gas triplicando su coste y los alimentos disparándose un 5% y un 10% en cada año), la factura para España sería mucho más costosa de lo anticipado.

El fondo prevé que, en este escenario, la economía española se ralentizaría en 2026 hasta un crecimiento del 1,5% (0,6 puntos menos que en el supuesto base que presenta) y ahondaría en la desaceleración el próximo año con un tímido avance del 1,1% (siete décimas menos de su proyección oficial).

El impacto más notable se daría en los precios: la inflación media escalaría al 4,1% este año (1,1 puntos más) y se situaría en el 4,8% el que viene (2,5 puntos más), en cotas no vistas desde el estallido de la guerra en Ucrania.

El FMI avanza que las cuentas públicas también se verían seriamente afectadas, con un empeoramiento del déficit de tres décimas en cada año, estancándose en el 2,5%, y el endeudamiento de las Administraciones Públicas ralentizando su mejora. “Dados los elevados niveles de deuda pública y las presiones estructurales de gasto, un estímulo fiscal discrecional amplio no estaría garantizado en este escenario”, apunta el documento, que apostaría por evitar esas rebajas de impuestos generalizadas por “medidas temporales y no distorsionadoras de los precios enfocadas a los hogares y empresas vulnerables”.

Si bien el mayor riesgo es un conflicto duradero en Oriente Medio, una posible corrección de las bolsas o una intensificación de los conflictos geopolíticos y de las barreras comerciales podría afectar a la economía, sobre todo al impactar de lleno a los principales socios europeos, apunta el organismo.

La fragmentación política y las prórrogas presupuestarias

A la interna, el FMI también advierte de las dificultades del Gobierno para atar mayorías parlamentarias y de que la fragmentación política se ha intensificado en el último año, “forzando la tercera prórroga presupuestaria consecutiva”. Por el camino se han quedado reformas económicas relevantes, como la reducción de la jornada laboral o medidas para impulsar la oferta de vivienda (Ley del Suelo).

“Esto plantea preguntas relacionadas con la capacidad del Gobierno para conseguir los compromisos incorporados en su Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo y de implementar acciones decisivas para calmar a los mercados en el caso de un estrés financiero -como la preocupación por las elevadas deudas soberanas en otras economías del euro- que puedan trasladarse a España”, aduce el organismo.

En este sentido, ante la falta de Presupuestos y de un techo de gasto, el FMI espera que los compromisos fiscales se alcancen “en el contexto de otra prórroga de las Cuentas de 2023 y esté impulsada por un incremento sólido de la recaudación”.

La crisis de precios energéticos de la guerra de Irán no parece afectar a la economía española. La Comisión Europea ha vuelto a subir las previsiones de crecimiento del PIB español al 2,4% en 2026, es una décima más que las predicciones de Bruselas el pasado otoño, según el paquete económica de primavera que ha presentado la Comisión este jueves. La fortaleza de la economía española sorprende. Es el único país al que la Comisión eleva las previsiones de crecimiento para este año. Sí hay una rebaja para 2027, cuando la institución europea espera que el crecimiento de la economía española disminuya del 2% al 1,9%. También es destacable para España que el desempleo caiga por debajo del 10% en 2026, por primera vez desde 2008, situándose en el 9,9% y que descienda hasta el 9,6% en 2027.

La Comisión asegura sobre España que “a pesar del incierto entorno geopolítico y del lastre ejercido por los elevados precios de la energía, se prevé que la actividad económica se mantenga relativamente dinámica en 2026”, donde “la demanda interna está llamada a liderar el crecimiento económico en 2026 y 2027, impulsada principalmente por el crecimiento del consumo privado y de la inversión”.

El pasado mes de abril, el Gobierno mantuvo las previsiones de incremento del PIB en el 2,2%, entonces el vicepresidente de Economía, Carlos Cuerpo, comentó que el “escenario de enorme incertidumbre” provocado por el conflicto en Oriente Medio hacía muy difícil hacer previsiones para los próximos meses.

La situación del conjunto de Europa es muy diferente a la de España. La Comisión señala que las previsiones económicas de primavera de 2026 proyectan “una actividad económica más débil, ya que el conflicto en Oriente Medio desencadena un nuevo shock energético que reaviva la inflación y sacude la confianza económica”.

De esta manera, se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025 (1,4%). Posteriormente, se espera que el crecimiento del PIB repunte ligeramente hasta el 1,4 % en 2027. Las previsiones de crecimiento para la zona euro también se han revisado a la baja, hasta el 0,9 % en 2026 y el 1,2 % en 2027, frente al 1,2 % y el 1,4 % respectivamente.

Para ver con más claridad la solidez de la economía española en el conjunto de la UE, la previsión de crecimiento del PIB en 2026 para Alemania es del 0,6%, para Francia es del 0,8% y para Italia, del 0,5%. Esto supone que la economía española se prevé que crecerá cuatro veces lo que Alemania o tres veces lo que Francia.

Bruselas destaca que “la sólida situación financiera de las empresas no financieras, junto con la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia contribuirán previsiblemente a sostener la evolución positiva de la formación de capital fijo, especialmente en la construcción y en los activos intangibles”.

En el lado negativo, la Comisión coloca al sector exterior, ya que las exportaciones netas contribuirán negativamente al crecimiento del PIB en 2026, “reflejando la incierta evolución de las exportaciones de bienes antes de aportar una contribución prácticamente neutra en 2027”. Esta caída del comercio exterior se debe a la débil situación económica de los países europeos de nuestro entorno, que son los principales mercados donde las empresas españolas venden sus productos.

Como puntos negativos, Bruselas también añade “un posible debilitamiento de la actividad turística, afectando especialmente a la llegada de turistas procedentes de destinos de larga distancia debido al aumento de los costes de viaje”. Aunque precisamente el conflicto de Oriente Medio puede provocar que destinos turísticos de esa zona pierdan atractivo y llevé a los turistas a mirar a España como destino vacacional. La Comisión también apunta “al aumento de las tensiones también podría deteriorar aún más la confianza, dando lugar a un periodo prolongado de comportamiento precautorio por parte del sector privado, lo que afectaría negativamente a la inversión empresarial y al crecimiento del consumo privado”.

Paro por debajo del 10%

La Comisión señala que “las fuertes entradas migratorias sigan apoyando una expansión adicional de la fuerza laboral y fomenten la creación de empleo” en 2026, aunque avisan de que “tras los sólidos resultados de los últimos años, se espera que el mercado laboral pierda impulso”. De esta manera, se espera que el paro caiga por debajo del 10% en 2026 —por primera vez desde 2008— situándose en el 9,9%, y que descienda hasta el 9,6% en 2027.

Como dato curioso, España ya no será la campeona de Europa en desempleo porque Finlandia ocupará su lugar con un paro del 10,1% en 2026.

Respecto a los precios, se espera que la inflación en España se quede en el 3% “impulsada por el fuerte incremento de los precios de la energía y su transmisión gradual a los precios de los alimentos y de los bienes industriales” y “las continuas presiones inflacionarias en los servicios”. Aunque la Comisión espera que la inflación general disminuya hasta el 2,5% el próximo año.

Los precios no varían mucho entre España y Europa. La proyección de inflación en la UE es sel 3,1% en 2026, un punto porcentual completo por encima de lo previsto anteriormente, para volver a moderarse hasta el 2,4% en 2027. En la zona euro, la inflación también se ha revisado al alza hasta el 3% en 2026 y el 2,3 % en 2027, en comparación con las previsiones de otoño, que situaban estas cifras en el 1,9 % y el 2,0% respectivamente.

El peso de las energías renovables en España es uno de los factores que están permitiendo que la factura eléctrica no se dispare para ciudadanos y empresas. “Como importadora neta de energía, la economía de la UE es altamente vulnerable al shock energético provocado por el conflicto en Oriente Medio, el segundo de este tipo en menos de cinco años. El aumento de los precios de la energía implica facturas más elevadas para los hogares y un fuerte incremento de los costes empresariales, lo que reduce los beneficios de muchas industrias y, en la práctica, desvía ingresos fuera de la economía de la UE hacia los países exportadores de energía”, explican desde la Comisión.

“La guerra en Oriente Medio ha desencadenado un importante shock energético, poniendo aún más a prueba a Europa en un contexto geopolítico y comercial ya de por sí volátil. La Unión Europea debe aprender de las crisis pasadas manteniendo el apoyo fiscal como algo temporal y focalizado, y reduciendo aún más su dependencia de los combustibles fósiles importados —un cambio que ya ha fortalecido nuestra resiliencia”, ha comentado Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía.

Déficit estabilizado

Bruselas hace unas proyecciones en las que el déficit de España se estabilice en el 2,4%. La Comisión explica que “los ingresos procedentes de la tributación directa seguirán siendo sólidos, impulsados por el fuerte crecimiento de las ganancias de capital, el aumento diferido de los salarios públicos desde 2025 y la entrada en vigor del impuesto mínimo global para las empresas multinacionales”.

En este cálculo impacta “el IVA y los impuestos especiales se verán afectados por las medidas aprobadas en marzo para mitigar los efectos del conflicto en Oriente Medio. Estas acciones temporales incluyen reducciones del IVA sobre combustibles, electricidad y gas, la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (con un impacto total estimado del 0,2 % del PIB)”.

La proyección de la Comisión es bastante más elevada que la que hizo el Ejecutivo español. En abril, el vicepresidente económico proyectó el déficit en el 1,6% en 2026, “una vez ajustados los denominados ”one-offs“, es decir, gastos específicos asociados a un suceso, como, por ejemplo, la DANA”, que el equipo económico del Gobierno establece el 0,5%, con lo que el déficit nominal sería del 2,1%.

Deuda sobre el PIB por debajo del 100%

Donde hay más coincidencia es en la ratio deuda/PIB. Bruselas apunta que se espera que “siga descendiendo hasta el 99,6% en 2026, situándose por debajo del 100% por primera vez desde 2019, gracias a un crecimiento del PIB nominal que supera el coste del servicio de la deuda”.

La previsión del Gobierno, que anunció Cuerpo en abril, es que la ratio de deuda pública sobre el PIB se situará en el 99,3%, “con lo que se adelanta un año el objetivo fijado para final de legislatura de situarla por debajo del 100%”.

El bloqueo (doble) del Estrecho de Ormuz, la lengua de 40 kilómetros fundamental para el tránsito mundial de la energía, enfila ya el tercer mes de duración y acerca peligrosamente a la economía mundial a un punto de no retorno. Bancos de inversión como Goldman Sachs ya advierten de que los inventarios globales de petróleo apenas cubren 100 días más, el sector turístico teme la escasez del queroseno que alimenta los aviones y las reservas de gas europeas están en mínimos tras el invierno.

Los ataques combinados de Israel y Estados Unidos sobre Irán del pasado 28 de febrero, que en la Casa Blanca confiaban en que derivarían una rendición rápida del régimen de los ayatolás, han provocado la mayor crisis energética global de la historia reciente, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Solo por Ormuz pasaba, hasta el 28 de febrero, el 20% del petróleo y el gas natural que se consume en todo el mundo, así como fertilizantes y otros insumos fundamentales para la industria global.

Si bien en Europa queda muy reciente el colapso que provocó la invasión rusa de Ucrania, numerosos países asiáticos, los más expuestos, ya están racionando combustibles. El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, ha aumentado más de un 40%, desde los 70 dólares antes del conflicto al entorno de los 100 en el que se ha movido esta semana. Pero la cercanía del verano promete apretar la demanda de energía… y una subida inevitable de los precios.

“En ese sentido sí que creo que nos estamos acercando a un punto de no retorno”, apunta Jorge León, vicepresidente senior y jefe de Análisis Geopolítico de la consultora noruega Rystad Energy. El experto pone de ejemplo lo sucedido en 2022, al hilo de la crisis desatada en Europa por el corte del suministro del gas ruso, cuando los precios realmente comenzaron a repuntar no tanto al inicio del conflicto, sino con la subida de las temperaturas. “Si no vemos una solución en las próximas semanas, con la demanda estacional del verano es cuando realmente va a afectar a todo el sistema energético”, detalla en conversación con elDiario.es.

Los mercados, hasta ahora, descuentan un final relativamente próximo del conflicto, más aún después de los avances diplomáticos conocidos esta semana. Y a pesar del “golpecito cariñoso”, como definió el presidente Donald Trump los ataques cruzados entre tropas iraníes y estadounidenses en el estrecho de Ormuz durante la madrugada de este viernes. Para León, que en estas circunstancias el petróleo, fundamentalmente, se esté comportando de manera tan moderada indica que las expectativas de los inversores pasan por un acuerdo temprano, con una reapertura escalonada de la vía marítima y una progresiva recuperación de la circulación de crudo, gas natural y otras materias primas críticas.

Pero, de no haber acuerdo, apunta que el precio del barril de crudo podría dispararse hasta los 180 dólares, una cota nunca vista, que desencadenaría una espiral inflacionista, subidas de tipos de interés para frenar las alzas de precios… y ahogar un crecimiento que, en el caso de la zona euro, lleva varios trimestres –y años– siendo raquítico.

Reservas de gas en mínimos desde 2022

Funcas, uno de los principales centro de estudios del país, rebajó esta misma semana sus previsiones económicas para este año, hasta el 2,2% (dos décimas menos), pero disparó sus previsiones de inflación hasta el 3,3% a final de año, 0,8 puntos más de lo que estimaban en febrero, antes de la guerra. Un impacto comedido ante un conflicto que creen “puntual” y “transitorio”, pero que dejará notar sus secuelas durante meses. Calculan que el barril de petróleo, a finales de año, seguirá siendo un 30,7% más caro que en febrero, de acuerdo con las cotizaciones de los contratos a futuro.

“Esto significa que, incluso en el caso de una apertura temprana del Estrecho de Ormuz, hay efectos que van a permanecer porque se han destruido activos productivos en el Golfo Pérsico y esto va a seguir pesando, aunque cada vez menos, con esa hipótesis de que poco a poco se va resolviendo el conflicto”, detalló durante su presentación el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres.

Pero si la situación del petróleo es así, peor es en el caso del gas, un mercado en el que “la tensión sería todavía más duradera”, dicen los economistas del ‘think-tank', y donde los contratos de futuros anticipan un precio un 35% más caro hasta el próximo invierno.

Justo ahora, después de los meses más fríos, Europa se enfrenta al reto de llenar sus reservas estratégicas de cara al verano. Ahora mismo, los tanques de la Unión se encuentran al 34%, en las cifras más bajas de los últimos años. La situación del almacenamiento europeo es similar a la de 2022, aunque los precios todavía están muy lejos de las cotas alcanzadas tras el estallido de la guerra en Ucrania. Portugal (91%) y España (65,5%) son, de lejos, los países con una mejor situación en sus almacenamientos, pero potencias muy dependientes de esta fuente de energía como Alemania apenas tienen un cuarto (26,6%) de su capacidad total.

El verano presiona el gas y el queroseno

Y si la llegada de la primavera, con temperaturas más suaves y más horas de luz, restó presión al principio del conflicto, cuanto más se acerca el verano más se exacerban los temores de nuevas presiones energéticas. El Gobierno asegura que la economía española está más protegida, ya que las renovables marcan el precio el 84% de las horas en el mercado eléctrico (frente al 25% de 2019) y ejercen como “escudo” frente al impacto de la guerra.

Hasta el Banco Central Europeo (BCE) lo ha puesto en valor: “Un análisis del BCE de la crisis energética actual muestra que países con una cuota más elevada de electricidad generada de fuentes de combustible no fósiles, como España y Portugal, han estado más protegidos del aumento de los precios del gas”, dijo su presidenta, Christine Lagarde, a principios de semana.

Pero los picos de demanda para asegurar la climatización en los meses más cálidos van a provocar una subida de los precios que es casi inevitable, y ni siquiera el despliegue de energías renovables será capaz de frenarlo. “En Europa y en España el precio de la electricidad lo marca el marginal [el precio de la última tecnología en entrar en la generación] y ese, normalmente, es el gas. Si el gas es más caro, a pesar de que uses muy poco, necesariamente la electricidad va a ser más cara”, explica León.

Otra de las derivadas del conflicto viene por la escasez de queroseno, el combustible fundamental para los aviones. IAG, la matriz de Iberia, ha anunciado este viernes unos costes adicionales de 2.000 millones de euros por la subida de precios de este refino. Aerolíneas como Vueling o Volotea ya han anunciado posibles subidas en los billetes, en función de cómo evolucione este coste. En Estados Unidos, esta situación ya se ha llevado por delante a Spirit, una especie de Ryanair a la americana.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, trató de mandar un mensaje de calma tras reunirse con varios representantes de las gasistas y las petroleras. Aunque aseguró que estamos ante “la mayor crisis de nuestra historia” en términos energéticos, la titular de Energía subrayó que España cuenta con reservas de queroseno para 90 días y que trabajan en soluciones a escala europea para garantizar el combustible no solo para los vuelos españoles, sino para los que lleguen a nuestro país.

“El queroseno es el punto flaco de la situación para Europa”, apunta León, el experto en energía. “Y lo preocupante es que los vuelos que se están cancelando son los de, más o menos, de 2 a 3 horas de distancia, porque son los más ineficientes en cuanto al queroseno que se consume. Y el turismo a España viene más o menos del resto de Europa: Alemania, Austria, Reino Unido… Y esos son los vuelos que pueden estar más en peligro”, apunta.

Precisamente una de las razones por las que los expertos están manteniendo las previsiones de crecimiento de España es por la hipótesis de que, ante un conflicto en Oriente Medio, gran parte del turismo dirigido a esa zona apostará por destinos como nuestro país. Algo que podría torcerse en el caso de un conflicto más largo de lo estimado. Según Funcas, un conflicto enquistado podría restar todavía más crecimiento a la economía española (1,8% este año) y dispararía la inflación por encima del 4%.

Lo que es cierto es que ni en el mejor de los escenarios (una reapertura inmediata de Ormuz) la crisis pasará sin cicatrices. El precio de los fertilizantes ha aumentado un 50% y, de acuerdo con Torres, estos incrementos tardan unos seis meses en trasladarse al coste de los alimentos frescos. El golpe a los bolsillos está claro: la inflación en los productos más básicos podría escalar al 7% una vez pasado el verano.

Funcas ha recortado al 2,2% su proyección de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2026, dos décimas menos que en su previsión de febrero, y ha disparado la de inflación al 3,3% (0,8 puntos más) por los efectos de la guerra en Oriente Medio, un episodio que, consideran sus expertos, tendrá un carácter “puntual”.

El centro de estudios de la fundación de las antiguas cajas de ahorros ha actualizado este miércoles sus previsiones para este año y el que viene, bajo la hipótesis de que los precios energéticos seguirán altos durante todo este ejercicio y no volverán a sus niveles previos a la guerra hasta finales del año que viene, con una apertura del estrecho de Ormuz progresiva a partir del mes de junio.

En este sentido, no consideran que el impacto de la guerra vaya a ser duradero, pero sí incidirá en la desaceleración que viene experimentando la economía española en los últimos ejercicios. Este año el crecimiento será del 2,2% y, en 2027, del 1,8%.

La inflación se acelerará al 3,3% y se moderará al 2,4% el próximo, todavía tres décimas por encima de lo que estimaban hace tres meses. Con todo, el impacto en precios será desigual y los alimentos frescos podrían alcanzar subidas de precios del 7% hacia finales de año.

Desde Funcas creen que las medidas desplegadas por el Gobierno han compensado en tres décimas la subida de los precios y apuntan a que no se retirarán hasta octubre, dando por hecho que el Ejecutivo prolongará el paquete fiscal más allá del 30 de junio.

Un efecto prolongado si se alarga el conflicto

El escenario central que diseña Funcas –que no dista del que calculan organismos internacionales o nacionales, incluso el del Gobierno– podría agravarse si el conflicto no termina pronto. En este caso, el crecimiento del PIB se recortaría al 1,8% en 2026 y la inflación se elevaría hasta el 4%, niveles no vistos desde el estallido de la guerra en Ucrania.

Además del cierre del estrecho en Ormuz, el principal cuello de botella de la economía mundial, el estancamiento del crecimiento de la zona euro –de momento, evitan hablar de estanflación– también pesa en la actividad española. “España sigue creciendo muy por encima de lo que crece la zona euro, pero la mala es que no podemos seguir creciendo indefinidamente si los países a los que vendemos y con los que comerciamos no crecen”, ha apuntado el director general de Funcas, Carlos Ocaña.

A favor de España puede jugar el turismo, sobre todo por los flujos que escojan nuestro país en lugar de aquellos destinos más cercanos a Oriente Medio, afectados por la cercanía del conflicto. “Los indicadores apuntan a que van a venir más personas, pero no sabemos cuánto tiempo van a estar, cuánto van a gastar, si van si van a hacer uso de servicios más caros o van a intentar ahorrar”, ha subrayado Ocaña.

El crecimiento, además, estará sustentado por la demanda interna de la economía, impulsado por la dinámica del sector de la construcción, la creación de empleo y el consumo de los hogares.

La transitoriedad que prevén los expertos, ha dicho el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, permitirá compensar cierta pérdida de poder adquisitivo este año a través de un menor ahorro. “Si la crisis se percibiera como más permanente, la reacción sería distinta”, ha advertido.

La mitad de las ayudas desplegadas en Europa para hacer frente a la guerra en Oriente Medio tienen sello español. El plan de 5.000 millones de euros diseñado por La Moncloa –fundamentalmente, con rebajas fiscales en impuestos como el IVA– no solo ha sido de los primeros en ponerse en marcha, sino que es el más generoso hasta ahora, tanto en términos brutos, como en relación con el tamaño de la economía española.

El Gobierno ha hecho gala de la velocidad de su respuesta, como ya hicieron con la réplica a los aranceles de Donald Trump, aprobada solo un día después de que el presidente estadounidense los anunciara solemnemente con una cartulina en los jardines de la Casa Blanca. Desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero, hasta la aprobación de los dos Reales decretos-ley el 20 de marzo apenas pasaron tres semanas. Entre medias, el Gobierno se reunió con agentes sociales, grupos parlamentarios y sectores más afectados, alumbrando un paquete de ayudas articulado a través de rebajas en el IVA y otros impuestos a la energía que recibió la luz verde del Congreso.

El seguimiento que hace el ‘think-tank’ europeo Bruegel recoge, hasta ahora, 10.460 millones en medidas fiscales aprobadas por 12 países del entorno comunitario. Y solo las españolas ya suponen uno de cada dos euros en ayudas, triplicando a las de Alemania, que ha dado luz verde a una rebaja de los impuestos energéticos por valor de 1.600 millones. Mucho más lejos se encuentran, en este orden, los paquetes de Países Bajos (960 millones), Irlanda (760 millones) o Italia (520 millones), de cuantías y alcances inferiores.

La magnitud del esfuerzo español se ve mejor en términos relativos al producto interior bruto (PIB) de cada uno de los países, ya que permite una comparación mejor de lo que supone para sus cuentas públicas las medidas aprobadas. Así, España también lidera con un gasto del 0,3% del PIB, por encima del 0,2% de Bulgaria (225 millones) o infinitamente superior al 0,002% que ha aprobado Francia (70 millones), cuyas finanzas públicas distan de tener margen para grandes descuentos.

Rebajas generalizadas (y regresivas)

A pesar de la petición expresa de la Comisión Europea de apostar por ayudas dirigidas a los colectivos más vulnerables, la mayoría de países han hecho caso omiso de esa exigencia de Bruselas. El 80% del total de las medidas aprobadas (8.340 millones) se ha traducido en rebajas de impuestos indirectos, frente a 2.120 millones articulados a través de transferencias a los hogares o medidas a los sectores más afectados por la subida de costes, fundamentalmente el campo o el transporte. 

Estas rebajas, canalizadas a través de impuestos como el IVA, han sido criticadas por los expertos no solo por su abultado coste fiscal, sino también por ser regresivas y beneficiar más a las rentas más elevadas, que son las que tienen mayor capacidad de gasto.

Y, aunque el objetivo sigue siendo la descarbonización de la economía, la energía fósil concentra el grueso de las ayudas: 4.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del corte del Estrecho de Ormuz, que ha afectado directamente a los precios del petróleo y el gas, ya que por allí circula un 20% de la oferta de estas materias primas. 

El Gobierno lleva semanas defendiendo no solo la prontitud de su respuesta al conflicto en Oriente Medio, sino también la efectividad de unas medidas que han amortiguado el primer impacto de la subida de los precios en las gasolineras.

“Todas estas medidas están facilitando una menor traslación del shock a precios finales, sea vía rebaja del precio final (reducción de impuestos) o mediante bonificación de costes (ayudas a empresas)”, defendió el Ejecutivo en el Informe de Progreso Anual –el nuevo documento clave de las reglas fiscales– remitido la semana pasada a la Comisión Europea.

El efecto más claro se ha visto en la inflación adelantada de abril, que se moderó dos décimas, hasta el 3,2%, gracias a las bajadas en los precios de la electricidad, que más que compensaron la subida sostenida en el precio del petróleo. 

El Gobierno se ha cuidado mucho de confirmar si extenderá o no las rebajas fiscales, que expirarán el próximo 30 de junio. Al igual que con el impacto en la economía, el Ejecutivo insiste en aguardar a “aterrizar” los efectos de estas medidas sobre los precios. El espacio presupuestario con el que cuenta es limitado, haya o no Presupuestos, y La Moncloa ya ha trasladado a la Comisión que moderará el aumento del gasto público este ejercicio. 

De hecho, las propias medidas podrían morir de éxito. El Gobierno incorporó una disposición por la que tanto el IVA de la electricidad como el de los combustibles volvería a su tipo habitual (21%) en junio si sus precios subían menos del 15% en abril, en relación con el mismo mes del año pasado. Algo que podría cumplirse en el caso de la electricidad. Los datos definitivos se conocerán la próxima semana.

Mientras, el Gobierno defiende que es necesario avanzar en el despliegue de las energías renovables y apuesta por activar una 'cláusula de escape' similar a la que se ha puesto en marcha para las partidas militares. “Pero para ello, para ser capaces de avanzar en soberanía energética, necesitamos inversión y esta inversión tiene que priorizarse igual que estamos priorizando, por ejemplo, la inversión en defensa”, defendió este lunes el vicepresidente Carlos Cuerpo en Bruselas.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a moderar el crecimiento del gasto público en 2026 hasta el 4,2%, a pesar de las medidas extraordinarias por la guerra en Oriente Medio, y después de que en 2025 avanzara un 4,5% sin tener en cuenta las inversiones en Defensa. El Ejecutivo ha trasladado a la Comisión Europea que seguirán embridando las cuentas públicas, con una reducción del déficit y de la ratio de deuda pública. Este último indicador cerrará 2026 por debajo del 100% del producto interior bruto (PIB) por primera vez desde 2019.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han remitido este jueves, al filo de la medianoche, el Informe de Progreso Anual, el documento clave de las reglas fiscales europeas, en el que detallan el cumplimiento del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo que el Ejecutivo pactó con la Comisión Europea a finales de 2024.

Como ya avanzó el Ejecutivo el martes, el documento se reafirma en que España cumplió con la regla de gasto -la medida de referencia para el nuevo marco de gobernanza económica- en 2025. El año pasado el gasto público -una vez descontadas las medidas de ingresos, que compensan el avance de estos costes- creció un 4,5%, en el límite máximo fijado por Bruselas.

Esto se debe, como explica el documento enviado al Ejecutivo comunitario, a que el crecimiento potencial de la economía española -es una medida teórica de cuánto puede avanzar el PIB sin provocar desequilibrios- ha sido superior tanto en 2025 a las previsiones que se manejaron en la elaboración del Plan Fiscal Estructural. Si a finales de 2024 se estimaba que este avance potencial era del 2%, las últimas simulaciones lo sitúan entre el 2,6 y el 2,8%. Esto ha dado mayor margen de gasto al tiempo que se cumplen las reglas fiscales.

El vicepresidente Carlos Cuerpo confirmó el martes que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea activar la cláusula de escape del gasto en Defensa, un mecanismo puesto en marcha por Bruselas para impulsar las inversiones en seguridad, que permiten que estas partidas no computen a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Según el Informe, esto equivale 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable.

En términos acumulados, entre 2024 y 2025 el gasto creció un 8,7%, por debajo del margen permitido por las reglas fiscales. Si las previsiones del Gobierno se cumplen, con ese avance del 4,2% para este ejercicio, el gasto acumulado será del 13,3%, por debajo de las líneas rojas fijadas en la reforma de 2024.

El menor déficit en 20 años

Este menor crecimiento del gasto público redundará en una mejora de las cuentas públicas. El Gobierno estima que el déficit público cerrará el año en el 1,6% del PIB, una vez descontados los gastos extraordinarios a los que aún está haciendo frente el Gobierno por la DANA de 2024 y por las inundaciones de principios de este año. Esto supone una reducción de seis décimas desde el 2,2% notificado a Bruselas en 2025 y muy por debajo del objetivo que se fijó el Ejecutivo para este año, que era del 2,1%.

El Gobierno asegura que este año cerrará también con un superávit primario del 0,9% (esto es, la diferencia positiva entre ingresos y gastos públicos una vez descontado el coste de pagar los intereses de la deuda), lo que permitirá acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. En concreto, ya este año se situará en el 99,3% del PIB, la menor tasa desde 2019 y adelantando un año el objetivo fijado para el final de la legislatura.

Además, el Ejecutivo da por cumplida la reforma fiscal y cifra en 2.300 millones la recaudación extra en 2025 por no actualizar con la inflación los tramos del IRPF, unos ingresos 'extra' que suponen el 0,14% del PIB y que permiten al Ejecutivo cumplir con el objetivo de la reforma fiscal pactada con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación de los fondos europeos.

El Gobierno ha mantenido la previsión de crecimiento económico en el 2,2%, ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, pero calculan que los efectos de la guerra podrían costarle entre 0,1 y 0,4 puntos de PIB. Los datos de cierre de 2025, cuando España creció un 2,8% con una aceleración a final del ejercicio, y la robustez del principio de año (el PIB ha avanzado un 0,6%) sostienen esta proyección.

Sí prevén una mayor inflacion, medida por el deflactor del PIB, pero justifican que esta subida (al 3,1%) se debe a que el año pasado cerró por encima de lo que habían anticipado. Es decir, que tampoco incorpora el efecto de la subida de los precios del petróleo y el gas por la guerra.