La desaforada carrera competitiva por la hegemonía de la IA está reconfigurando las economías de las dos superpotencias hacia modelos más desiguales y trasladando sus variables geométricas de riqueza al resto del planeta. El crecimiento se ha distorsionado, los ciclos de negocios parecen no tener fin, pese a navegar por las turbulentas aguas de la estanflación, los mercados registran cotas de inversión y ganancias históricas bajo intensos episodios de volatilidad y elevados riesgos de correcciones y burbujas especulativas, y las rentabilidades de los bonos revelan rendimientos extraordinarios por el temor a un colapso en los pagos de las deudas soberanas.

EEUU y China muestran en sus coyunturas dos de los botones de muestra más nítidos de este fenómeno, surgido tras la gran pandemia a raíz del ciclo de negocios poscovid que se alumbró con billonarios estímulos fiscales y monetarios. Entonces, emergió la figura en K en los PIB, fruto de unas rúbricas productivas que se encaramaron de inmediato a un tren que aún mantiene una velocidad reducida, aunque de crucero.

El crecimiento (o recuperación) en forma de K ocurre cuando diferentes partes de la economía se mueven en direcciones opuestas después de una crisis. Mientras un grupo de sectores o personas prospera (el brazo superior, ascendente), el otro (el inferior) continúa empeorando.

Pero seis años después de su pistoletazo de salida, la metáfora del crecimiento en K ha adquirido un significado más profundo que la de una recuperación desigual entre sectores y hogares que remontaban el vuelo frente a los que se quedaban rezagados. Porque ha pasado de ser una mera descripción excepcional del inicio del ciclo —por el influjo de los extraordinarios despliegues presupuestarios, con tipos de interés cercanos a cero y programas de compra de deuda, tanto soberana como corporativa, a raudales— a conformar un patrón de comportamiento habitual.

Al menos, en las dos superpotencias. Aunque también, y en menor medida, en Europa. Las tres avanzan a distintos ritmos, pero bajo una resiliencia permanente, en términos agregados, que visibiliza al mismo tiempo unas industrias y empresas capaces de insertar la IA a sus cadenas de valor junto a sectores que no logran espolear su productividad. Precisamente el parámetro al que el algoritmo está llamado a catapultar.

Los expertos hablan de que, a diferencia de ciclos precedentes, el actual, en el que la IA parece haberse erigido en el Santo Grial, está protagonizando un auténtico cambio de paradigma. Con la construcción de nuevas arquitecturas productivas. Igual que ocurriera con la electricidad, el motor de combustión o internet, sus beneficios no se distribuyen de inmediato ni de una manera homogénea, sino que se concentran primero en empresas que exhiben capital, datos, talento y capacidad organizativa para transformar sus procesos. Y solo después, si el entorno institucional lo permite, esas ganancias se propagarían al resto de la economía.

Es la idea que defiende desde hace un lustro Erik Brynjolfsson, director del Digital Economy Lab de Stanford. A su juicio, la IA debe definirse como general purpose technology —una tecnología de propósito general— cuyo impacto real “depende menos de la calidad de los algoritmos que del poder de empresas e instituciones de remodelar por completo sus cadenas de valor”. En sus investigaciones detecta que los primeros estadios de esta revolución tecnológica suelen ampliar las brechas entre compañías líderes y rezagadas. “Mucho antes de que desvelen productividad agregada”, asegura.

La OCDE se une a este diagnóstico. Sus expertos auguran que la IA se convertirá en “el mayor motor de productividad en décadas”. Sin embargo, —advierten— también será un “amplificador” de brechas de eficiencia, rentabilidad e innovación entre empresas, regiones y sectores. El riesgo no reside tanto en que unas empresas “innoven más que otras”, sino que esos diferenciales “se expandan a la totalidad de sus economías”.

EEUU: la K de la productividad

El mayor PIB global (32,3 billones de dólares) sigue creciendo deprisa. Con permiso del español, al ritmo más intenso de las potencias de rentas altas. Pese a los aranceles, la polarización interna, las tensiones geopolíticas, los elevados tipos y la pérdida de fuelle del consumo se mantiene a un ritmo próximo al 2%, por encima del registro de sus socios industrializados, y con un músculo resiliente que sorprende al mercado. Aunque se dejó medio punto entre abril y junio.

Aun así, su senda de dinamismo oculta una transformación de calado. La economía de EEUU se mueve a impulsos. Con sectores que absorben el boom de la IA con presiones inflacionistas aún sin determinar, pero que ejercen de palancas de productividad, sin que, de momento, se pueda avanzar si destruirán o crearán realmente empleo neto. El mercado, en cualquier caso, asume que la agresiva etapa de inversiones en IA aporta cada trimestre 4 décimas al PIB americano.

Los datos de inversión ilustran esa divergencia. El gasto en centros de datos, chips avanzados y computación en la nube, o en software e infraestructuras digitales, repunta a dobles dígitos por el impulso de sus bigtechs. Pero esta devoción sin tregua por la IA contrasta con los reducidos flujos de capital, más prudentes, del resto del sector privado, donde los costes y las madejas normativas castigan su productividad.

Es lo que Brynjolfsson denomina la “curva en J de la IA”, que genera una fase inicial en la que las empresas más avanzadas amplían rápidamente su ventaja competitiva, mientras el resto sigue sin recoger beneficios. A este fenómeno, Michael Feroli, economista jefe de JP Morgan en EEUU, añade otra variable, la elevada crispación interna. La fortaleza de EEUU continúa siendo su poder de transformar innovación en riqueza por la combinación de mercados de capitales profundos, un ecosistema empresarial flexible y la movilidad de su talento. Pero la escalada arancelaria y las restricciones migratorias, junto a los caóticos cambios regulatorios de la versión Trump 2.0 acabarán rebajando el potencial de crecimiento. “Es un escenario que no altera los fundamentos de la economía, pero debilita su hegemonía tecnológica en el mundo”, explica.

En apoyo de su relato, The Economist calcula que la denominada MAGA tax -la combinación de proteccionismo, expulsión de inmigración cualificada e incertidumbre política- restó casi tres cuartos de punto porcentual al PIB americano en 2025. Sin ese lastre, la expansión habría rozado el 3%. O, dicho de modo sarcástico: “La economía más dinámica se auto arroja palos en las ruedas de los molinos que le confieren ventaja competitiva global”.

Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, avisa que “el verdadero impacto económico de la IA ”no dependerá tanto de cuántos empleos sustituya como de la rapidez con la que eleve la productividad de millones de trabajadores en actividades cotidianas. Si se acelera, EEUU podría protagonizar su mayor fase expansiva desde internet. Pero si se concentra en un reducido número de empresas, el PIB seguirá mostrando forma de K y creando una distribución desigual de riqueza.

La Fed de Nueva York asegura que el consumo se concentra desde 2023 en hogares de ingresos altos, debido a la revalorización de sus carteras de capital. En concreto, los del 1% más rico, que incrementaron sus desembolsos en un 25% en el último trienio y medio. A diferencia del aumento de un dígito del 40% de familias de rentas medias o bajas. Es decir, que la propensión al gasto de los más pudientes es la causante de que la inflación se sitúe en el 3,5% y dificulte cualquier rebaja de tipos de la Fed.

Wall Street, alertan desde Axios, se pregunta por interés bursátil, si este debate es real. Samuel Tombs, de Pantheon Macroeconomics, es de los que arroja tierra a esta narrativa al afirmar que la participación del 20% de hogares de ingresos altos en el consumo agregado apenas ha variado durante los últimos 25 años, situándose alrededor del 40%.

China y Europa, dos fórmulas de K

China simboliza una variante probablemente más compleja. También crece en K, aunque por un dilema sumamente complejo de superar. El gigante asiático navega entre dos aguas: una oferta industrial extraordinariamente dinámica y una demanda doméstica incapaz de seguir el mismo ritmo. El segundo PIB global (20,8 billones de dólares) sorprende por la intensidad de su aparato manufacturero y su rampante liderazgo en IA, robótica, semiconductores, vehículos eléctricos o baterías. Sin embargo, ese éxito industrial convive con unos hogares que continúan ahorrando más de lo que consumen, un mercado inmobiliario desestabilizado y una inversión privada que se mantiene en cautela.

Varias cifras ilustran esa fractura. Mientras la producción industrial crece en torno al 6% anual y las exportaciones registran tasas de dos dígitos por el ciclo mundial de inversión en IA, las ventas minoristas apenas aumentan alrededor del 2%, uno de los peores datos desde la Gran Pandemia. El PIB remontó un 4,3% entre abril y junio, el peor repunte en tres años.

Xiangrong Yu, economista para China de Citigroup, considera que “las divergencias en forma de K se amplían”. Su diagnóstico apunta a la estrategia de los últimos planes quinquenales de Pekín, especialmente vigilados por Xi Jinping que, en el último lustro, ha reorientado recursos públicos y privados hacia sectores estratégicos. Entre ellos, la IA, la robótica, la computación avanzada, las energías limpias o los semiconductores. Con objeto de corregir la dependencia tecnológica del exterior y consolidar la autosuficiencia industrial.

Esta reconversión ha arrojado leña a la productividad, a pesar de que la sociedad ha reducido su generación de renta disponible. Más eficiencia manufacturera, pero menos eficacia consumista.

Frederic Neumann, de HSBC, enfatiza que “la debilidad del gasto familiar no puede interpretarse ya como un daño temporal del interminable ajuste inmobiliario; es un colapso estructural del patrón de crecimiento chino”. Algo que suscribe Robin Xing, de Morgan Stanley, para quien la fortaleza de las exportaciones reduce la urgencia política de desplegar nuevos estímulos fiscales o monetarios a gran escala y perpetúa la anemia del consumo y, con él, el peligro deflacionista.

Europa también dibuja un escenario similar, aunque con una K difusa por sus complejos en torno a la IA. Es la crítica que trasladó hace dos años Mario Draghi al estamento comunitario. Para el salvador del euro, el vencedor de la carrera competitiva global “será la potencia que inyecte sus ganancias de productividad a su tejido productivo”, que creció un 1,2% en el segundo trimestre en el conjunto del mercado interior, 2 décimas por encima del repunte de su espacio monetario.

La geometría variable de la UE (con un PIB conjunto de 23 billones que desciende hasta los 19,4 entre los socios del euro) se vislumbra en el distanciamiento entre una élite empresarial capaz de absorber rápidamente la IA y un inmenso tejido de pymes cuya transformación digital avanza con lentitud. Draghi alerta de que Europa escala demasiado despacio a la cumbre tecnológica y Philip Lane, economista jefe del BCE, de que solo logrará avanzar en la carrera competitiva de la IA si rompe con sus “trabas regulatorias y burocráticas” y expande la economía del algoritmo más allá de sus multinacionales tecnológicas, hasta sus pymes y sectores rezagados. Mientras Enrico Letta, el otro ex primer ministro italiano al que Bruselas le encargó un informa para sacar a Europa de su letargo, se afana en reclamar “más capitales dirigidos a la digitalización, redes computacionales y energéticas y financiación empresarial”, porque “la revolución tecnológica corre el riesgo de confinarse en una parte relativamente reducida de la economía continental”.

A raíz de los incendios que están devastando el país he recordado una de las siete “cavilaciones” que componen el pequeño tomo Pequeñas heridas mortales, de la escritora Belén Gopegui. En ella, trae a colación un viejo artículo de Fernando Cembranos Díaz, en el que, bajo el descriptivo título de Pérdidas que hacen crecer el PIB, examina 14 destrozos que, de manera solo en apariencia paradójica, cuentan positivamente en el PIB. Entre ellos, sin ir más lejos, se encuentran los incendios. Si un río contaminado por la industria obliga a los habitantes de una aldea a comprar agua embotellada, y así favorecer el PIB, un bosque quemado contribuye igualmente más que uno vivo: se contratan medios de extinción, se pagan salarios a bomberos, se compra maquinaria, se desarrollan trabajos de limpieza y retirada de árboles quemados, se diseñan proyectos de reforestación, se construyen infraestructuras preventivas, etc. El PIB crece a costa de una enorme pérdida.

A pesar de ello, aún hoy el Producto Interior Bruto (PIB) es uno de los indicadores económicos más utilizados para medir la actividad económica de un país, ya que calcula el valor total de los bienes y servicios producidos durante un período determinado. Sin embargo, aunque resulta muy útil para comparar el tamaño de las economías o analizar su crecimiento, queda claro que no constituye el mejor indicador para medir la riqueza o el bienestar real de una sociedad.

Un aumento de la actividad económica puede ir acompañado de contaminación, agotamiento de recursos naturales o pérdida de biodiversidad, factores que reducen la riqueza futura de un país aunque incrementen el PIB en el presente

En primer lugar, el PIB no refleja cómo se distribuye la riqueza entre la población. Un país puede registrar un PIB muy elevado y, al mismo tiempo, presentar grandes desigualdades económicas, de modo que una parte importante de sus habitantes viva con escasos recursos. Por tanto, un crecimiento del PIB no implica necesariamente una mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Eso explica que cada vez que el Gobierno alardea de los buenos datos, mucha gente no entienda por qué no puede pagar, o siquiera encontrar, una vivienda.

Además, este indicador no tiene en cuenta actividades que generan valor social, pero que no pasan por el mercado, como el trabajo doméstico, el cuidado de familiares, el voluntariado, la cooperación en un centro social de gestión autónoma o las redes de solidaridad como las que hemos visto estos días en la crisis humanitaria de Ceuta. Estas tareas contribuyen al bienestar colectivo, aunque no aparezcan registradas en las estadísticas económicas.

Otra limitación importante es que el PIB ignora el impacto ambiental de la producción. Un aumento de la actividad económica puede ir acompañado de contaminación, agotamiento de recursos naturales o pérdida de biodiversidad, factores que reducen la riqueza futura de un país aunque incrementen el PIB en el presente. De nuevo lo vemos con los incendios de este año.

Para conocer el verdadero nivel de desarrollo y bienestar de una sociedad son necesarios indicadores que reflejen la distribución de la riqueza, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la población

Asimismo, el PIB tampoco mide aspectos fundamentales del bienestar, como la salud, la educación, la seguridad, la esperanza de vida o la satisfacción personal. Por ello, organizaciones internacionales complementan este indicador con otros, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que incorpora variables sociales además de las económicas.

En suma, medir la riqueza por el PIB no tiene sentido, y ya desde los años setenta lo vienen advirtiendo destacados economistas. Para conocer el verdadero nivel de desarrollo y bienestar de una sociedad son necesarios indicadores que reflejen la distribución de la riqueza, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la población.

Cuando lleguen las próximas elecciones el país seguirá ardiendo, en los bosques y en esas calles donde cada semana los especuladores de la vivienda expulsan a más y más personas. Pero no pasa nada, ya veréis como alguien del Gobierno nos dirá que España no deja de generar riqueza. Riqueza, sí, esa riqueza del PIB.

La economía europea ha dado una tímida alegría con un crecimiento del 0,5% en el segundo trimestre de 2026, mientras que en la zona euro el incremento del PIB fue del 0,4%, pese a las turbulencias sobre los precios que ha provocado la guerra de Irán. Hay que recodar que en los tres primeros meses del año, la UE solo alcanzó el 0,1% del PIB mientras que la eurozona no tuvo ningún crecimiento debido al impacto de los precios energéticos por el conflicto en Oriente Medio.

España volvió a liderar el crecimiento entre las grandes economías de la zona euro. Nuestro país creció un 0,7%, casi tres veces más que Alemania, Italia y Francia, cuyo PIB se incrementó 0,2%. La visión positiva es que pese a la guerra de Irán y su impacto en los precios del combustible las cuatro mayores economías de la eurozona mantuvieron una senda positiva.

Aunque los datos no son para muchas alegrías hay confianza en los Gobiernos de estos países para terminar el año con buen pie. El crecimiento de Alemania en el segundo trimestre se ha ralentizado, ya que en el primer trimestre comenzó con un aumento del 0,4%. Si en los tres primeros meses del año fue una grata sorpresa para la economía alemana, ahora se esperaba que la actividad, empujada por el incremento del gasto en infraestructuras y defensa, fuera más sólida. Sin embargo, el Ministerio de Economía alemán ha destacado que el clima empresarial es de optimismo y que se esperan mejores datos y una recuperación más sólida en lo que queda de año.

Francia ha vuelto al crecimiento en el segundo trimestre tras una caída del PIB del 0,1% en los tres primeros meses del año. Aunque la inversión se volvió a contraer en este periodo, el aumento del consumo de los hogares y el avance del comercio exterior han impulsado la actividad. El Ministerio de Economía de Francia mantiene las previsiones para acabar el año con un crecimiento del 0,7%.

Peores perspectivas tiene Italia, uno de los países más afectados por el incremento de los precios de la energía por la guerra de Irán. Aunque el Gobierno italiano mantiene las expectativas de acabar el año con un PIB del O,6%, la debilidad del consumo de los hogares y de la inversión más los problemas políticos internos y las dificultades para cumplir con las reglas fiscales de la UE auguran problemas para la primera ministra Georgia Meloni.

Entre los Estados miembros de los que ya se dispone de datos para el segundo trimestre de 2026, Irlanda registró el mayor crecimiento del PIB respecto al trimestre anterior, con un 3,9 %, seguida de Lituania (1,7%) y Suecia (1,4%). Las tasas de crecimiento más bajas correspondieron a Bélgica y Austria, donde la economía permaneció estancada (0,0%).

Rebaja en las previsiones económicas

En la última reunión del Banco Central Europeo, su presidenta Christine Lagarde, señaló que “la inflación reciente apunta a cierta mejora en el segundo trimestre” y que “la actividad en los servicios se ha recuperado parcialmente”, además de que “un mayor gasto en defensa está respaldando la industria manufacturera”. Sin embargo, pese a estas buenas noticias, la presidenta de la institución monetaria admitió que “el crecimiento seguirá siendo moderado a corto plazo”.

El BCE ya presentó en la reunión de junio nuevas previsiones económicas para la eurozona en las que apuntaba a una rebaja del crecimiento económico medio al 0,8% en 2026, del 1,2% en 2027 y del 1,5% en 2028, “reflejando un impacto más pronunciado de la guerra sobre los mercados de materias primas, las rentas reales y la confianza”.

La Comisión Europea también anunció que sus previsiones económicas de primavera de 2026 proyectan “una actividad económica más débil, ya que el conflicto en Oriente Medio desencadena un nuevo shock energético que reaviva la inflación y sacude la confianza económica”. De esta manera, se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025 (1,4%), mientras que las previsiones de crecimiento para la zona euro también se han revisado a la baja, hasta el 0,9% en 2026.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, fijar en 12.912.662,81 euros el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2027.

Esta cifra supone 769 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2026 y es la cantidad con la que cuenta el Gobierno de Canarias para dar respuesta a las necesidades de los canarios, principalmente para cubrir los servicios básicos de sanidad, dependencia, educación y acceso a la vivienda, a los que se destina de manera prioritaria la mayor parte de presupuesto, recoge una nota del Ejecutivo.

Cabe recordar que el Ejecutivo canario, de Coalición Canaria y el PP, ha dejado sin gastar, sin dar uso, en lo que va de legislatura a más de 3.300 millones de euros consignados en los presupuestos autonómicos, una inejecución presupuestaria que la consejera del ramo achaca siempre a la “incertidumbre”, que es también el motivo argumentado para no rebajar el IGIC (una promesa electoral incumplida de PP y CC) en los presupuestos aprobados hasta ahora.

Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto.

A partir de aquí, el Gobierno de Canarias inicia la elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.

Este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2027 en concepto de financiación afectada.

Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.

Otra vez la “incertidumbre”

Como viene siendo habitual, el Gobierno canario ha recurrido a la “incertidumbre” para justificar sus acciones en materia económica y presupuestaria. En esta ocasión, alega que “al no haberse aprobado la senda de estabilidad, el único marco de referencia disponible es el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) del Reino de España 2025-2028, validado por las instituciones europeas, que establece para el conjunto de las Administraciones Públicas un objetivo de déficit del 1,8% del PIB en 2027”.

Sin embargo, añade, “dicho plan no distribuye la capacidad necesidad de financiación entre los distintos subsectores de las administraciones pública”. En consecuencia, apunta el Ejecutivo, “la elaboración del límite de gasto no financiero se realiza en un contexto de elevada incertidumbre respecto del marco presupuestario y fiscal nacional aplicable”.

Hay que subrayar que el PFEMP no se aprobó por los votos en contra de Junts, Vox y el PP, que gobierna en Canarias junto a Coalición Canaria, que votó que sí a lo que habría supuesto 166 millones más para las Islas.

Cálculo del crecimineto del PIB

Por otra parte, el Gobierno canario insiste en que corresponde al Ministerio de Economía calcular la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española a tener en cuenta por la cada una de las comunidades autónomas en la elaboración de sus respectivos presupuestos.

El Informe de Situación de la Economía Española 2026 prevé una tasa de referencia del 4% en 2027, el 3,8% en 2028 y el 3,6% en 2029.

Para la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma se ha considerado el escenario central de los analizados por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias como el más plausible, que fija en un 2,9% el PIB nominal de la comunidad autónoma para 2027.

En este caso, se prevé un incremento del PIB real de Canarias en 2026 del 2%, equivalente a un aumento en términos nominales de 3.344 millones de euros. Para 2027, se prevé una moderación del crecimiento hasta una tasa del 1% para crecer un 0,9% en 2028.

Al no haberse efectuado aún la trasposición del nuevo marco fiscal europeo al ordenamiento jurídico español, cuyo plazo finalizó el 31 de diciembre de 2025, sigue en vigor la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Esta ley señala que la variación del gasto computable de la administración central, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

El informe de situación de la Economía Española de 2026, elaborado por el Ministerio de Economía, incluye la tasa de referencia nominal de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el período 2027-2029, y la sitúa en el 4% para 2027.

Por lo tanto, indica el Ejecutivo, resulta “obvia” la diferencia entre la previsión de ingresos del 8% y el 4%, que la comunidad autónoma podrá destinar a cubrir las necesidades de todos los canarios.

El límite del gasto no financiero de 2027 lo determina la regla de gasto, conllevando su aplicación a la obtención de un déficit o necesidad de financiación estimado en 65,74 millones de euros para 2027 que representa un -0,1% del PIB.

Con respecto a los ingresos procedentes del sistema de financiación, el Ministerio de Hacienda indicó que incrementarían más de un 8%, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación de 2025.

En este contexto, se ha considerado un total de 8.881,83 millones de euros, a la espera de que se comuniquen las cifras concretas.

Sobre el Bloque de Financiación Canario (BFC), la Agencia Tributaria Canaria realiza una proyección lineal de la recaudación y derechos reconocidos a junio de 2026.

Para estimar el ejercicio 2027 aplica las variables macroeconómicas calculadas por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización en su escenario central.

En relación a los fondos europeos, se contemplan las certificaciones necesarias para cumplir con la ficha financiera del programa operativo correspondiente al periodo 2021-2027.

Y con respecto a la financiación estatal afectada, se mantienen constantes los importes incluidos en el presupuesto de 2026.

Además, en el convenio de carreteras se han tenido en cuenta las anualidades previstas en la última adenda que asciende para el ejercicio 2027 a una cantidad de 215 millones de euros.

Asimismo, se incluye la anualidad correspondiente al nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030, en el que se incluye para el año 2027 una cantidad de 45.050.000 euros

Los principales resultados arrojados por 'La Cuenta Satélite del Turismo', instrumento estadístico internacional de referencia para medir el peso económico real del turismo, contabiliza más de dos millones de viajes a Navarra en 2024, un hito en cuanto a número de viajeros, y que supone una aportación al PIB de 1.500 millones de euros a la comunidad foral. Según los datos, el 9,4% del empleo total en Navarra lo genera la industria turística, siendo el servicio de comida y bebida el sector mayoritario (representando un 53,5% de la actividad turística total). Los alquileres solo representan el 0,7%. “Trabajamos por un turismo sostenible, en tres ámbitos principalmente, el social, el económico y el medioambiental y para ello es necesario conocer y medir el valor que tiene esta actividad en el territorio”, ha asegurado Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, Deporte y Turismo, durante la presentación de la herramienta.

La 'Cuenta Satélite del Turismo (CST)' se elabora siguiendo la metodología aprobada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y respaldada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), Eurostat y la OCDE, de forma que garantiza la comparabilidad de sus resultados con los de otras regiones y países. Tras la obtención de datos, Nastat, en colaboración con la Dirección General de Turismo, ha elaborado esta nueva operación estadística oficial de Navarra, pudiendo cuantificar con rigor la contribución del turismo al PIB, al empleo y a la estructura productiva de la Comunidad Foral, e incorpora una serie histórica correspondiente al período 2016-2024. Los datos de 2025 estarán disponibles a finales del presente año y, a partir de entonces, la estadística se actualizará con periodicidad anual.

“Esta cuenta nos va a permitir conocer su evolución, los puntos fuertes y las áreas de mejora de un sector que crece, se fortalece y se especializa para ofrecer a quienes nos visitan experiencias únicas de un destino, como es Navarra, que tiene una amplia y variada oferta de calidad”, ha asegurado la consejera Esnaola, resaltando también que disponer de esta herramienta “sitúa a Navarra en la vanguardia” en el ámbito de la “inteligencia turística” similar a las otras “elaboradas por el INE para el conjunto del Estado”.

Resultado de 2024

En 2024 el turismo representó el 5,5% del PIB de Navarra medido a través de la demanda final turística, lo que equivale a 1.509,6 millones de euros. La cifra supone un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto a 2023 y es la más elevada de la serie. Mientras que el valor añadido generado directamente por las industrias turísticas alcanzó los 541,7 millones de euros, es decir, el 2,7% del PIB foral total.

Respecto a las exportaciones, solo el turismo representó en nuestra comunidad el 5,4% de las exportaciones de Navarra en 2024. Además, el consumo turístico de los visitantes en Navarra ascendió a 1.642 millones de euros en 2024, un 26,3% más que el año anterior. El turismo receptor —personas procedentes de otras comunidades autónomas o del extranjero— fue el componente con mayor peso.

En lo que respecta al empleo, las industrias turísticas generaron 31.909 puestos de trabajo, un 2,0% más que en 2023, y el 9,4% del empleo total en Navarra. Y sobre la recaudación de impuestos, el turismo supuso en 2024 el 8,4% de la recaudación neta de impuestos para la Hacienda Foral.

Por último, la nueva Cuenta Satélite revela un hito en lo que a viajeros se refiere. Y es que, este dato coincide con la superación, también por primera vez, de los dos millones de viajeros registrados en Navarra en 2024, de los cuales el 37% procedieron del extranjero. Hablamos de viajeros alojados en establecimientos turísticos.

La serie 2016-2024 permite trazar la evolución del turismo navarro a lo largo de casi una década. El impacto de la pandemia de la covid-19 queda claramente reflejado en los datos: el turismo cayó del 4,7% al 3,1% del PIB foral en 2020, como consecuencia del confinamiento y las restricciones de movilidad. A partir de 2021 se inició una recuperación sostenida que ha culminado en el máximo histórico de 2024.

Exceltur mejora sus previsiones para el turismo español. La alianza, que agrupa a las principales empresas del sector, ha elevado del 2,5% al 2,7% su estimación de crecimiento del PIB turístico para 2026. Tras un segundo trimestre mejor de lo esperado que cerró con un crecimiento interanual del 3,4%, frente al 1,0% del primer trimestre y con la vista puesta en un verano que también prevé positivo. La organización sostiene que España está aprovechando su imagen de destino seguro y la incertidumbre en otros países del Mediterráneo para atraer más visitantes, aunque avisa de que el contexto sigue siendo volátil.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, ha asegurado que el sector ha mostrado una “gran resiliencia” y que el turismo volverá a crecer por encima del conjunto de la economía española, ampliando de nuevo la brecha frente a la media del resto de sectores (+2,4%). Con esta revisión, la patronal calcula que el turismo aportará 228.396 millones de euros de valor añadido bruto, el 12,9% del PIB, un porcentaje superior al último dato del INE (12,6%, referido a 2024) y que supondría un incremento de 27.697 millones de euros desde entonces.

Un segundo trimestre por encima de las previsiones

Entre abril y junio, la llegada de turistas internacionales aumentó un 6,4%, las pernoctaciones crecieron un 5,7% y el gasto turístico se incrementó un 8,2%, según los datos presentados por Exceltur. Las empresas del sector registraron un aumento medio de las ventas del 4,2%. Mientras tanto, otros competidores del Mediterráneo sufrieron caídas notables: Turquía retrocedió un 3,8% y Chipre un 18,3%.

Perelli explicó que buena parte de este comportamiento responde a la fortaleza de España como destino turístico y al cambio de planes de viajeros que inicialmente iban a desplazarse a países afectados por la inestabilidad en Oriente Medio o a otros competidores del Mediterráneo.

Su informe, Valoración turística empresarial, prespectivas para verano y el conjunto de 2026, precisa que el conflicto en la zona ha llegado a afectar a un mercado que el año pasado recibió 181 millones de turistas, 47 millones de ellos procedentes de los grandes mercados emisores europeos. A esto se suma otro dato que la patronal subraya: los viajes de negocios a España han crecido un 23%, algo que Perelli vincula a la generalización del teletrabajo, que permite a profesionales no residentes combinar estancias laborales con pequeñas escapadas.

Perelli también destacó el impacto de los grandes eventos, un motor cada vez más determinante tanto para el turismo extranjero como para los viajes de los españoles. Citó la visita del Papa a España, cuyo efecto ya se refleja en los datos de junio, y los conciertos multitudinarios de artistas como Bad Bunny, además de citas deportivas y otras propuestas culturales. Según el vicepresidente ejecutivo, cada vez más gente organiza sus vacaciones alrededor de un concierto, un partido o una cita cultural concreta, una tendencia que Exceltur espera que se mantenga también este verano.

La demanda nacional también mejoró respecto al inicio del año. Las noches contratadas por viajeros españoles crecieron un 2,6%, mientras que su gasto aumentó un 8,3%. Exceltur detecta además una polarización en el comportamiento del turista español: crecen tanto los hoteles de mayor categoría (pernoctaciones en 4 y 5 estrellas, +3,6%) como las fórmulas más económicas apartamentos (+9%), viviendas de uso turístico (+9,2% hasta marzo) y turismo rural.

Por territorios, en el segundo trimestre lideraron el crecimiento de ventas Castilla-La Mancha (+11,6%), Extremadura (+9,3%), la Comunitat Valenciana (+9%), Cataluña (+8,6%) y Baleares (+5,2%), mientras que Canarias (+1,3%) mostró una moderación que Exceltur vincula a la consolidación de la conectividad aérea.

Más actividad, pero menos margen

El crecimiento de la demanda no se ha traducido en una mejora equivalente de la rentabilidad. Exceltur advirtió de que los costes están aumentando por encima de las ventas y reduciendo los márgenes empresariales.

Según la patronal, los carburantes se encarecieron un 6,9%, la energía un 5,9% y los suministros en torno a un 6%, unos incrementos que atribuye al conflicto en el Estrecho de Ormuz. Las compañías aéreas son las más afectadas, con un incremento de costes del 15,7% pese a las coberturas contratadas. En el transporte aéreo, el precio del queroseno sigue muy por encima de los niveles previos al conflicto en Oriente Medio.

El empleo crece y preocupa el absentismo

El turismo también mantuvo un fuerte ritmo de creación de empleo. En junio había 71.045 afiliados más que un año antes en las actividades turísticas (+3,1%), un ritmo superior al del resto de sectores (+2,8%), y el 89,6% de los nuevos contratos fueron indefinidos.

No obstante, Exceltur situa el absentismo entre los principales problemas del sector. Según sus cálculos, el 6,6% de las horas de trabajo previstas no llegaron a realizarse por esta causa, con un coste anual de 5.959 millones de euros el 2,6% de la facturación de las empresas turísticas y el 16% del coste total del sistema. Canarias presenta la tasa más elevada, con un 12,1% de las horas de trabajo afectadas.

Buenas perspectivas para el verano

La patronal espera que el verano mantenga la tendencia positiva, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado que el registrado en primavera. Las empresas prevén incrementar sus ventas un 3,2%. Según la Encuesta de Confianza de Exceltur, el 54,5% de los empresarios espera aumentar sus ventas este verano, aunque el 90% considera que ese incremento será leve.

Exceltur anticipa una ligera desaceleración del turismo internacional, compensada por una mayor fortaleza de la demanda española. También espera un buen comportamiento de las actividades vinculadas al ocio (que pasarían de crecer un 3,2% a un 3,8%), las agencias de viaje (del 1,6% al 3,2%) y el transporte (del 3,9% al 4,3%), mientras que los hoteles moderarían su ritmo (del 4,8% al 2,9%).

Por territorios, las mejores previsiones para el verano corresponden a la Comunitat Valenciana (+12,5%), Madrid (+7,2%), Extremadura (+9,2%), Castilla-La Mancha (+7,9%), la Región de Murcia (+9,5%) y Cataluña (+5,9%), mientras que Baleares (+0,8%) y Canarias (+0,3%) repetirían cifras similares a las del verano de 2025, ya muy elevadas, y Andalucía anticipa un crecimiento más moderado (+1%).

El documento de perspectivas turísticas señala además un impasse regulatorio relevante: tras la derogación del registro único de viviendas de uso turístico que hasta mayo había reducido un 10% las plazas de VUT en las 25 principales ciudades españolas (-36.911 plazas), el sector queda con un vacío normativo pendiente de resolver.

Sin autocomplacencia

Pese a revisar al alza sus previsiones, Perelli pidió “evitar la autocomplacencia”. A su juicio, parte del crecimiento responde a factores coyunturales, como el desvío de turistas desde otros destinos afectados por la incertidumbre geopolítica.

Por ello, reclamó reforzar las infraestructuras de transporte, mejorar los servicios públicos en los destinos turísticos, contener el aumento de los costes empresariales y avanzar hacia un modelo de mayor valor añadido. Entre las medidas de corto plazo, Exceltur propone incluso activar una exención temporal de la regla europea ReFuelEU Aviation (que obliga a repostar el 90% del combustible en el aeropuerto de origen) y flexibilizar las obligaciones de consumo de SAF y del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, si se mantiene el riesgo asociado al cierre del Estrecho de Ormuz.

También defendió mantener la lucha contra la oferta ilegal de viviendas turísticas, posponer nuevos impuestos o recargos turísticos. Citando expresamente las propuestas en Cataluña (y el recargo de Barcelona), País Vasco, Baleares, Asturias y Galicia y acelerar la incorporación de la inteligencia artificial al sector para mejorar la gestión y la experiencia de los viajeros.

La economía extremeña creció un 2,3% en términos reales en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, según los datos estimados de Contabilidad Trimestral elaborados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).

Los sectores que registraron tasas de variación anual positivas fueron la construcción un 6,6%, los servicios con un 3,7% y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 1,2%.

Por contra, el sector industrial presentó una variación anual negativa del 2,1%, según ha informado este jueves el IEEx.

En relación con el trimestre anterior, el PIB regional registró un incremento del 0,4%.

Por sectores, anotaron tasas positivas la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1,1%), los servicios (0,7%) y la construcción (0,04%) mientras que la industria decreció un 0,7%.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prevé cerrar este mes los últimos flecos para poner en marcha España Crece, el llamado ‘fondo soberano’ en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiado con el Plan de Recuperación, con la aprobación de la estrategia de inversión del nuevo instrumento y la reforma de los estatutos del banco público para permitir su despliegue.

El ‘número dos’ del Gobierno ha comparecido ante la Comisión Mixta de la Unión Europea para dar cuenta de los avances del Plan de Recuperación, solo unos días después de que Bruselas diera luz verde al sexto pago, por valor de 7.000 millones de euros, y cuando queda poco más de un mes para el final de este programa millonario.

Cuerpo ha puesto en valor la aportación del Plan de Recuperación a la transformación económica del país que, hasta el 31 de mayo, ya había desplegado 68.534 millones de euros, de acuerdo con los datos de ejecución de la plataforma ELISA del Gobierno.

El reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fija que los fondos europeos y las reformas vinculadas deben estar ejecutados antes del 31 de agosto de este año, mientras la Comisión Europea tiene hasta el 31 de diciembre para abonar el último desembolso –el séptimo, por valor de algo más de 25.000 millones–.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de año la puesta en marcha de lo que llamó un fondo soberano, financiado con partidas procedentes del Plan de Recuperación, para movilizar 120.000 millones de euros entre inversión pública y privada. El objetivo: que el motor de la economía y la inversión no se desacelere con la finalización del ‘maná europeo’.

El pasado mes de mayo el Consejo de Ministros aprobó la transferencia de capital de 13.300 millones al ICO para aumentar su capacidad de apalancamiento, de tal manera que sea capaz de movilizar 60.000 millones de euros desde la parte pública, que se complementarían con otros 60.000 millones del sector privado.

Según ha avanzado Cuerpo, el Gobierno trabaja ahora en finalizar los “tres elementos de cierre” para el lanzamiento de esta facilidad financiera. En primer lugar, con la aprobación de la estrategia de inversión de España Crece, negociada con la Comisión Europea y que, ha dicho el vicepresidente, confía aprobar la próxima semana en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

Esta definirá las líneas generales de actuación, los tipos de operaciones elegibles y los criterios de prioridad sectorial. Además, incorporará los criterios europeos aplicables al Plan de Recuperación, incluido el principio de no causar un perjuicio significativo al medio, y priorizará operaciones con un claro efecto transformador sobre la economía española y con capacidad de impulsar el crecimiento de la productividad a largo plazo. Las líneas de actuación podrán revisarse periódicamente para adaptarse a la demanda de inversión y a las necesidades del tejido productivo.

El ‘número dos’ del Gobierno ha confiado en aprobar, en un Consejo de Ministros de julio, el real decreto que reforme los estatutos del ICO “para adaptarlos a las necesidades” del nuevo instrumento. Finalmente, también en julio prevén transferir los fondos necesarios para poner en marcha España Crece.

“Estamos, así lo evidencian los datos, ante un proyecto de país que ha supuesto una oportunidad histórica que creo que hemos sabido aprovechar”, ha dicho el vicepresidente, que ha confiado en que tenga no solo efecto positivo a corto plazo, sino “duradero en nuestro tejido productivo”.

Una adenda técnica para cerrar el Plan

Cuerpo ha apuntado que el Ejecutivo se encuentra ahora inmerso en la negociación con la Comisión Europea de una “adenda técnica de cierre” al Plan de Recuperación para “reconciliar” los hitos que quedan pendientes con las evidencias disponibles para mostrar el cumplimiento de los mismos.

“Estamos trabajando no solo a nivel de la Administración General del Estado, también a nivel de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales para completar con éxito la certificación de los hitos y todos los hitos pendientes antes del 31 de agosto”, ha dicho el vicepresidente.

Los planes del Gobierno pasan por negociar esa última modificación del Plan para matizar la redacción de algunos hitos que han quedado pendientes de validar del sexto desembolso. El objetivo es presentar la séptima petición de fondos en septiembre.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene sin cambios la previsión de crecimiento de España para 2026 y 2027, con un avance del producto interior bruto (PIB) del 2,1% y del 1,8% respectivamente, mientras que recorta 0,2% la proyección para la zona euro, que crecerá un raquítico 0,9% este año.

La institución con sede en Washington ha publicado este miércoles la actualización intermedia de su informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), en el que recorta ligeramente las expectativas de crecimiento globales con motivo de la guerra en Oriente Medio. “Esta ralentización modesta refleja los efectos de la guerra en Oriente Medio, parcialmente compensados por una aceleración en la demanda global de tecnología, gracias a los avances en la Inteligencia Artificial y en su adopción”, detallan.

Si bien el efecto será limitado, apuntan a una mayor inflación de la estimada en abril, justo al arranque de la guerra, que será del 4,7% en 2026 a escala global, y se ralentizará hasta el 3,9% el próximo ejercicio. “Estas proyecciones indican que la tendencia desinflacionaria en marcha desde principios de 2024 se ha estancado”, apuntan.

En el caso de España, el FMI espera que la economía crezca un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. Son las mismas cifras que adelantó en marzo y confirmó a finales de mayo, cuando cerró su informe anual sobre la economía española (el conocido como Artículo IV).

De hecho, los economistas del Fondo son los más pesimistas con respecto a la evolución del PIB español. La OCDE anticipa un crecimiento del 2,2% en 2026 (revisó al alza sus previsiones), el Banco de España apunta a un 2,3% y el Gobierno, el más optimista, disparó su proyección hasta el 2,6% para este ejercicio.

Un crecimiento diferencial si se compara con el escenario proyectado para la zona euro. El área de la moneda única crecerá un 0,9% este año, dos décimas menos de lo previsto en abril. Alemania lo hará un 0,7%, Francia un 0,6% e Italia un 0,5%.

Para 2027, cuando el FMI prevé un avance del 1,8% para España, la zona euro crecerá un 1,2%, Alemania un 1%, Francia un 0,9% e Italia un 0,5%.

En una valoración de estas previsiones, el Ministerio de Economía recuerda que la actualización de estas previsiones “no captura” la caída de los precios del petróleo posterior al 10 de junio. “La fecha de corte de los supuestos de materias primas del Fondo es previa a la bajada de cerca del 20% del precio del barril de petróleo en las últimas semanas, lo que implica automáticamente un escenario más negativo que el contemplado por otras previsiones más recientes como la del cuadro económico del propio Gobierno”, apuntan desde la cartera que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo.

La economía española crecerá un 2,5% en 2026, tres décimas más de lo previsto hace apenas dos meses, según la última actualización de previsiones de Funcas. El centro de análisis atribuye esta revisión al alza a la mayor resistencia mostrada por la actividad durante la primera mitad del año, aunque mantiene sin cambios su previsión para 2027. Cuando el crecimiento se moderará hasta el 1,8% por el agotamiento de algunos de los motores que han impulsado la recuperación.

La nueva estimación de Funcas se sitúa ligeramente por debajo de la previsión del Gobierno, que espera un avance del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,6% en 2026. Según Funcas, la demanda interna será el principal motor del crecimiento, con una aportación de 2,8 puntos al PIB, dos décimas más de lo previsto anteriormente. En cambio, el sector exterior restará tres décimas, una menos de lo estimado en mayo.

El informe destaca que la economía española ha sorprendido por su fortaleza en los dos primeros trimestres del año. Tras crecer un 0,6% entre enero y marzo, el PIB habría acelerado su ritmo hasta el 0,7% entre abril y junio, pese al impacto económico derivado del conflicto entre Irán e Israel y las tensiones en Oriente Medio.

Tres factores detrás de la revisión

El ‘think tank’ identifica tres elementos que explican la mejora de las perspectivas para 2026. En primer lugar, muchas empresas adelantaron compras y aumentaron sus existencias para evitar posibles problemas de abastecimiento tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. Ese comportamiento generó un incremento temporal de la actividad industrial que aporta una décima adicional al crecimiento.

A ello se suma un mejor comportamiento del consumo público y de la construcción, que también añaden una décima respecto a las previsiones anteriores. Por último, el turismo ha resultado menos perjudicado de lo esperado. España se ha beneficiado de un desvío temporal de visitantes hacia destinos considerados más seguros, lo que reduce el impacto negativo del sector exterior sobre el crecimiento.

El fin de los fondos europeos frenará la actividad

Pese a la revisión al alza para 2026, Funcas mantiene que la economía perderá impulso en 2027. El crecimiento se moderará hasta el 1,8% debido, principalmente, al menor dinamismo del consumo privado y de la inversión en bienes de equipo.

Uno de los factores que explican esa desaceleración será el final del programa europeo Next Generation EU. Aunque el fondo España Crece asumirá parte de ese papel, Funcas considera que el volumen de recursos que llegará a la economía será inferior, al menos durante los primeros años de transición.

El escenario central del informe tampoco incorpora todavía posibles cambios en la política fiscal derivados de las negociaciones sobre la financiación autonómica, al considerar que aún no se han traducido en medidas concretas.

Siete años creciendo por encima de la eurozona

Si se cumplen estas previsiones, España encadenará siete años consecutivos creciendo por encima de la media de la eurozona, algo inédito desde el ciclo expansivo de comienzos de los años 2000.

No obstante, Funcas advierte de que esa ventaja tenderá a reducirse conforme pierdan intensidad algunos factores excepcionales que han impulsado la economía en los últimos años, como los fondos europeos o el fuerte crecimiento del turismo, cuya expansión considera que alcanzará su techo a partir de 2027.

Las previsiones parten además de un escenario de normalización gradual del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lo que aliviaría las tensiones sobre los mercados energéticos y de materias primas durante los próximos meses.

La inflación seguirá elevada

El centro de análisis también revisa ligeramente sus previsiones de inflación. Calcula que el deflactor del consumo crecerá un 3,2% de media en 2026, una décima menos de lo previsto en mayo, aunque todavía muy por encima de las estimaciones realizadas antes del conflicto en Oriente Medio.

Funcas considera que el encarecimiento de la energía continuará trasladándose al conjunto de la economía y que la retirada de las rebajas fiscales sobre los combustibles añadirá entre ocho y nueve décimas a la inflación. Este diferencial respecto a la eurozona, advierte el informe, supondrá una pérdida gradual de competitividad para la economía española.

Más de 900.000 empleos en dos años

Pese a la desaceleración prevista para 2027, Funcas estima que el crecimiento permitirá crear algo más de 900.000 empleos netos entre 2026 y 2027. Como consecuencia, la tasa de paro descenderá hasta el 9,1% al final del periodo, dos décimas menos de lo previsto anteriormente, aunque España seguirá registrando una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea.

Los expertos subrayan que estas estimaciones se basan en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que consideran menos expuestos que las cifras de afiliación a los efectos de la regularización de inmigrantes.

Déficit contenido, pero riesgos al alza

En materia fiscal, Funcas prevé que las ayudas adoptadas para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio retrasen la reducción del déficit público.

El desequilibrio presupuestario se mantendrá en el 2,4% del PIB en 2026 y solo se reducirá hasta el 2,2% en 2027, mientras que la deuda pública cerrará ese ejercicio en el 96,7% del PIB.

El informe identifica varios riesgos para este escenario. En el plano internacional, el principal es un deterioro de la situación geopolítica en el Golfo Pérsico. También alerta de una posible corrección en los mercados financieros si terminara estallando una burbuja vinculada al sector de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

En el ámbito interno, Funcas señala como principales amenazas la prolongación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la falta de acuerdos políticos para impulsar reformas que contribuyan a aliviar la crisis de la vivienda.

Los principales organismos internacionales reconocen que la economía española es una de las que más crece de toda Europa y entre los países de la OCDE. De hecho, según las previsiones de la OCDE y de la Comisión Europea, su crecimiento seguiría por encima del de Francia, Alemania o Italia —y de la media de la zona euro— en 2026 y 2027.

La gran pregunta que alimenta el debate es si ese crecimiento se sostiene porque hay más gente trabajando o porque se está produciendo una transformación estructural. En este análisis aportaré algunos datos que nos ayuden a hacernos una idea de lo que está pasando.

Para contextualizar el debate debo recordar que el Producto Interior Bruto (PIB) que articula gran parte del debate económico es únicamente el valor monetario de los bienes y servicios que produce un país en un determinado período de tiempo. En términos absolutos, eso significa que si hay más gente trabajando, el PIB será mayor. Al mismo tiempo, si un país consigue producir cosas de más valor empleando a los mismos trabajadores (o el mismo tiempo de trabajo) también crecerá el PIB. Para los fines de este artículo estos son los dos grandes mecanismos que pueden explicar el crecimiento económico. Al primer tipo se le llama crecimiento extensivo porque depende de añadir más trabajadores, mientras que al segundo se le llama crecimiento intensivo porque implica usar “mejor” los factores productivos existentes.

Dicho esto, por lo general una economía que crece extensivamente enfrentará límites de manera más rápida: es improbable que el ritmo de crecimiento del número de trabajadores se mantenga en el tiempo. Además, formar trabajadores cualificados, que son los que generan más valor, es difícil y es raro que la entrada masiva de personas tenga esas características. Por esa razón se considera un tipo de crecimiento poco atractivo. Por otro lado, crecer intensivamente es un proceso potencialmente más sostenible porque depende del aumento de la productividad (aunque también hay límites, como los ecológicos). Respecto a la economía española, los analistas más conservadores aducen que el crecimiento es débil porque es del primer tipo, mientras que otros consideramos que hay elementos que apuntan a que también se está produciendo una transformación estructural, aunque modesta.

Por suerte, existen procedimientos para descomponer el PIB y contrastar qué tipo de crecimiento se está produciendo. En la nota final indico cómo se hace metodológicamente, pero el que utilizo aquí es básicamente una transformación logarítmica que permite descomponer el PIB en cuatro factores: población, tasa de empleo, intensidad de trabajo y productividad por hora. Utilizando datos de Eurostat para el período 2022-2025 y en crecimiento acumulado, obtenemos los siguientes datos para algunas economías seleccionadas de la Unión Europea.

Lo que nos dice esta tabla es que el crecimiento de España se debe tanto al aumento de la población y de la tasa de empleo como al avance de la productividad por hora. De la muestra, España es el país donde más ha crecido la población; y, como la tasa de empleo crece aún más, sabemos que el empleo ha aumentado más deprisa que la población: buena parte de quienes han llegado están en edad de trabajar y se han incorporado al mercado laboral. Conviene notar, además, que las horas por ocupado caen (−1,3), señal de que la jornada media se acorta —probablemente por más parcialidad—, de modo que el empuje laboral viene del número de personas que trabajan, no de que cada una trabaje más horas. Así pues, el crecimiento del número de trabajadores explica una parte importante del crecimiento económico reciente.

Cabría esperar que esa entrada de trabajadores tirase de la productividad por hora hacia abajo: si los nuevos ocupados tuvieran, en promedio, menor cualificación y se incorporaran a empleos de bajo valor añadido, aportarían menos valor que la media preexistente. Es lo que suele suponerse, aunque la evidencia reciente lo matiza, pues según el Banco de España la inmigración llegada en los últimos años está más cualificada que las olas anteriores. El ejemplo más claro de ese patrón extensivo es Italia: su empleo crece con fuerza (+5,0) mientras su productividad por hora se desploma (−4,1), de modo que el grueso de su crecimiento se explica fundamentalmente por el aumento del empleo. Alemania y Austria, por su parte, ilustran un caso distinto enmarcado en su crisis industrial: ahí la productividad por hora también cae, pero acompañada de una tasa de empleo negativa, señal de que el problema no es la composición de nuevos trabajadores, sino la destrucción de empleo de alto valor en la industria.

En España, en cambio, y tal y como analizamos en profundidad recientemente, la productividad por hora crece al mismo tiempo que se crea empleo. Esa combinación es precisamente la que resulta difícil de obtener en procesos de crecimiento puramente extensivos, porque la incorporación rápida de trabajadores suele reducir la productividad media, al menos temporalmente.

Una explicación plausible de este fenómeno es que, a la vez que se produce esa fuerte entrada de población, está ocurriendo un cambio en el modelo productivo que eleva la productividad media de los trabajadores: en parte porque la inmigración reciente es más cualificada y en parte por una reasignación hacia actividades de mayor valor añadido. Es precisamente lo que apuntó el informe de Goldman Sachs al señalar que España es, entre las grandes economías europeas, donde más están creciendo los empleos de alto valor añadido. He reproducido a continuación el gráfico que sostenía tal argumento.

En resumen, la economía española está creciendo por una combinación de crecimiento extensivo (más trabajadores) e intensivo (más productividad por hora). Las dos interpretaciones que a priori parecían enfrentadas son, en realidad, compatibles. Y eso tiene mérito, porque sus lógicas tienden a oponerse: que ambas convivan indica que la transformación estructural está teniendo una fuerza suficiente para compensar el efecto composición de sumar más trabajadores.

Los avances obtenidos hasta ahora es probable que se deban en gran medida a los incentivos introducidos por los fondos NextGeneration, es decir, a un tipo de política industrial que atrae capital y trabajadores hacia sectores con mayor valor añadido. El verdadero reto de futuro para la economía española consiste en conseguir que cada nueva incorporación al mercado laboral vaya acompañada de un aumento sostenido de la productividad. Si eso ocurre, lo que requiere una política industrial más activa y ambiciosa, habremos conseguido una transformación económica de la estructura productiva, esto es, de uno de los grandes problemas que ha arrastrado históricamente a nuestra economía.

El Gobierno quiere dejar sus deberes presupuestarios hechos en julio para irse de vacaciones y retomar, ya en septiembre, la redacción de las cuentas públicas para que entren en el Congreso antes del 1 de octubre, la fecha marcada en rojo en el calendario por la Constitución. En La Moncloa estudian si llevar dos veces a votación los objetivos de estabilidad en el mes de julio, para salvar ese trámite y volver del verano con todo preparado para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentó este lunes el primer paso para la elaboración: la actualización de las previsiones económicas. En el Ministerio de Economía estiman que el producto interior bruto (PIB) avanzará un 2,6% este año, cuatro décimas más de lo previsto en noviembre a pesar de la guerra, con un horizonte temporal en el que el crecimiento estará por encima del 2% hasta 2029.

Y anunció que el ministro de Hacienda, Arcadi España, citará la próxima semana a las comunidades autónomas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se abordará el techo de gasto y la senda de déficit. Un organismo donde el Gobierno cuenta con mayoría de los votos y solo necesita el apoyo de una comunidad (singularmente, alguna de las gobernadas del PSOE) para que sus propuestas salgan adelante.

Dos fechas para votar: 14 o 23 de julio

A partir de ahí, los tiempos aprietan al Ejecutivo. El Gobierno ha trasladado al Congreso que el acuerdo del Consejo de Ministros con los objetivos de estabilidad se debatirán y votarán en uno de los dos Plenos extraordinarios de julio: el martes 14 o el jueves 23. Para llegar a la primera fecha, la reunión del CPFF tendría que ser el próximo lunes –es una de las fechas que baraja Hacienda– y, solo un día después, aprobarse en la reunión semanal del gabinete para remitirlo a la Cámara baja. Según el reglamento del CPFF, la convocatoria ha de realizarse con al menos 72 horas de antelación y con el orden del día incluido.

El escenario más plausible, a la vista de los antecedentes en este paso previo a los Presupuestos, es que los objetivos de estabilidad decaigan en el Congreso. Y a partir de aquí la Ley de Estabilidad Presupuestaria da 30 días al Ejecutivo para aprobar otro acuerdo con esta senda para que se vote de nuevo en el Congreso. En el caso de ser rechazados el próximo 14, al Gobierno le daría tiempo a aprobarlo de nuevo y llegar al Pleno del 23 de julio, reconocen fuentes parlamentarias. O incluso plantear otro Pleno antes de que termine el mes de julio.

En el Gobierno no descartan dejar cerrada esta carpeta antes del verano para arrancar el curso con la redacción presupuestaria y sin un revolcón en el Congreso. “Vamos a ver si cabe”, responden fuentes gubernamentales preguntadas por esta posibilidad.

¿Por qué las urgencias del Gobierno en enviar una senda de déficit condenada —en principio— al fracaso? Porque la ley únicamente establece que tengan que votarse dos veces, pero no qué hacer si son rechazados por duplicado. En el Ejecutivo, ya a finales del año pasado, argumentaron que el rechazo a este acuerdo del Consejo de Ministros no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.

Así, sin objetivos en vigor, el Ejecutivo podría hacer sus Cuentas con las referencias acordadas con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las reglas fiscales: un déficit del 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028. Y, sin un reparto por Administraciones en vigor –esto es, cuánto corresponde al Gobierno central, a los autonómicos y a las entidades locales–, en Hacienda dan por hecho que es la Carta Magna la que prima, obligando a las comunidades autónomas a presupuestar en equilibrio.

El Gobierno parece determinado a llegar, esta vez, al marco que mandata la Constitución, que fija que el Ejecutivo debe remitir los Presupuestos “al menos tres meses antes de la expiración de los del año en vigor”. Las últimas cuentas aprobadas son las de 2023, que recibieron el aval del Congreso a finales de 2022.

“Nosotros estamos trabajando en ese escenario central de ir cumpliendo los plazos”, respondió Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Vamos por ahora bien. Era necesario esperar a que se rebajara la incertidumbre, esperar a ver cuál estaba siendo el impacto [de la guerra en Oriente Medio] y a tener definidas las nuevas medidas. Estamos en ese punto, planteamos ese escenario económico que sienta las bases para la previsión de gastos e ingresos, que van a ser ese primer paso de los Presupuestos a través del techo de gasto y de la asignación de objetivos a las distintas Administraciones”, incidió.

Si el Gobierno presenta antes del 30 de septiembre las cuentas públicas, sería la primera vez en la legislatura en que los presenta “en tiempo y forma”. Otra cosa es que después haya 'agua' en el Congreso para que salgan adelante. “El esfuerzo está, o va a estar, en que los Presupuestos reflejen una agenda de política económica de una mayoría parlamentaria”, zanjó Cuerpo.

El Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo paquete de medidas para responder al impacto de la guerra en Oriente Medio y mantiene las rebajas en las gasolinas para los hogares, que se irá recortando de manera progresiva hasta octubre y que cuenta con una cláusula de reactivación en el caso de que las cotizaciones del crudo vuelvan a dispararse. Además, ha prorrogado las ayudas a los sectores profesionales, fundamentalmente el campo y los transportistas.

Según ha detallado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Ejecutivo ha acordado desplegar 1.825 millones de euros. Entre ellos, el alivio de 20 céntimos por litro para agricultores y transportistas, que se suma a una partida de 165 millones en ayudas directas para el sector primario, en concreto a la compra de fertilizantes.

Para los hogares, la rebaja de precios en las gasolineras se articulará de manera progresiva, articulado a través del impuesto especial de hidrocarburos y no a través del IVA, como hasta ahora. Los cálculos del Gobierno pasan por que esta rebaja será de 20 céntimos por litro en julio; en agosto, de 15 céntimos por litro; en septiembre, de 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos.

Además, el Gobierno ha incluido una cláusula automática de reactivación de la rebaja, por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los carburantes supera el 15%. También se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose en el caso de que se disparen en ese mismo porcentaje.

El Ejecutivo ha dado continuidad a las medidas aprobadas el pasado mes de marzo, un paquete valorado en 5.500 millones de euros, articulado en torno a rebajas fiscales del IVA de la luz, los carburantes y el gas natural, así como otra serie de ayudas a los sectores más golpeados, como la agricultura o el transporte.

El Gobierno suprime el Impuesto de generación de electricidad

Además, el Gobierno ha decidido suprimir progresivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), más conocido como impuesto del 7% a la generación, sobre el que ya actuó en el primer paquete normativo para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio. Así, el tributo se reduce un 30% durante el tercer trimestre de 2026, un 40% durante el cuarto trimestre, un 50% durante todo 2027 –situándose en el tipo de gravamen en el 3,5%– y desaparece totalmente en 2028.

La medida está incluida en el Real Decreto-Ley aprobado este lunes y pone fecha de caducidad a este impuesto, que hasta ahora solo se había suspendido temporalmente. El gravamen, que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, y cuya supresión lleva años reclamando el PP, lo pagan las generadoras, pero se repercute al consumidor en el mercado mayorista de electricidad.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha explicado que esta eliminación del IVPEE, “la única medida fiscal estructural” del decreto, es “fundamental para la electrificación”, porque va a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a diferencia de otras ocasiones en que se ha suspendido temporalmente, ahora su efecto se percibirá también en los precios a medio y largo plazo, incrementado la competitividad del tejido productivo e incentivando la inversión

El decreto también habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a solicitar la información necesaria para conocer el funcionamiento del mercado de carburantes a los agentes mayoristas y minoristas de la cadena de distribución, en el ejercicio de sus competencias. También se amplía la obligación que ya tenían los operadores con capacidad de refino en España de informar semanalmente al regulador sobre sus costes de aprovisionamiento y sus precios de venta al resto de operadores mayoristas. Y si el organismo aprecia un comportamiento anómalo de algún agente, además de iniciar el procedimiento sancionador que corresponda, podrá incluir información individualizada sobre estos sujetos en su reporte semanal sobre el mercado de carburantes.

Según ha detallado la vicepresidenta Aagesen, apenas 52 estaciones de las 10.000 analizadas han incurrido en comportamientos “anómalos”. “A pesar de que son pocas, entendemos que es bueno que se dé publicidad y que los consumidores sean conscientes dónde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende un comportamiento normal”, ha dicho, sobre la oportunidad de activar esta medida ahora.

Para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos.

También se introducen medidas para agilizar la repotenciación de líneas eléctricas existentes, especialmente para anticipar la conexión de nuevas demandas, así como la posibilidad de incorporar baterías para prestar servicios técnicos en los territorios no peninsulares, reduciendo con ello el consumo de combustibles fósiles.

Según los cálculos del Ministerio de Economía, las medidas han contribuido a rebajar en un punto porcentual la inflación. El dato de avance de junio, conocido este lunes, se ha mantenido en el 3,2% por tercer mes consecutivo. A pesar de que el IVA de la electricidad volvió al 21% a principios de mes, la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales ya se está trasladando a las gasolineras, por lo que se han compensado.

El Real Decreto-Ley incluye la prórroga en la prohibición del despido por razones vinculadas al conflicto en Oriente Medio, así como ayudas condicionadas a planes de movilidad sostenible para trabajadores.

El Gobierno de coalición, además, ha anunciado un acuerdo entre ambos socios del Ejecutivo para impulsar un ambicioso paquete de medidas en materia de vivienda, que se votará en el mes de julio, con medidas para bajar los precios e impulsar la oferta de vivienda asequible.

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al nuevo cuadro macroeconómico, las cifras con las que Hacienda elaborará los Presupuestos de 2027, y que dispara el crecimiento del producto interior bruto (PIB) al 2,6% para este año.

El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027 disparando su previsión de crecimiento hasta el 2,6% para este año, un avance que se mantendrá por encima del 2% hasta 2029.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo cuadro macroeconómico, la base con la que se redactarán las cuentas públicas, y prevé que ni la guerra ni la desaceleración en Europa vayan a frenar la 'locomotora española'.

Las cifras, adelantadas por la SER y confirmadas por este periódico, apuntan a que la subida de los precios energéticos y la incertidumbre provocada por el conflicto económico apenas pasará factura a la actividad. Los buenos datos de crecimiento de principios de año, junto con los indicadores ya adelantados para el segundo trimestre, apuntalan un crecimiento sólido para este ejercicio.

El buen ritmo de la economía española se mantendrá en los próximos años, con crecimientos por encima del 2% en 2027, 2028 y 2029.

La revisión del cuadro macroeconómico del Gobierno se produce después del alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que ha despejado algunos de los nubarrones del escenario económico.

El Ejecutivo rehusó actualizar sus cifras a finales de abril, cuando envió el Informe de Progreso Anual de las reglas fiscales a Bruselas, argumentando que la situación bélica impedía hacer una proyección adecuada. La guerra supuso retrasar los Presupuestos para 2026 hasta el punto de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostó por ir directamente a un proyecto para 2027, el último año de la legislatura.

Con estas cifras, el Gobierno se sitúa en la parte alta de las previsiones elaboradas hasta ahora por los principales observadores económicos. El Banco de España, hace dos semanas, decidió mantener su proyección en el 2,3%, aunque el escenario se cerró mucho antes del anuncio de la paz entre ambos países. La OCDE elevó al 2,2% su estimación, mientras que el FMI la mantuvo en el 2,1%.

El producto interior bruto (PIB) de la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, un periodo en el que ya impactó de lleno la incertidumbre y la subida de los precios energéticos y la incertidumbre provocadas por la guerra en Oriente Medio, gracias al vigor de la demanda interna de la economía, de acuerdo con los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de principio de año, a pesar de que arroja una ligera desaceleración en comparación con el 0,8% que creció la economía a cierre de 2025, muestra la resistencia del tejido productivo a pesar de los vientos de cara de la guerra. La demanda interna de la economía se mantuvo fuerte gracias a la fuerza del consumo de los hogares, que avanzó un 0,6%, alimentado por el buen comportamiento del mercado laboral y las medidas desplegadas por el Ejecutivo para amortiguar el impacto de la subida de los precios.

El hecho de que las importaciones (que 'restan' crecimiento al efectuar compras en otros países) cayeran un 1%, con más fuerza de lo que se corrigieron las exportaciones (-0,6%), provocó que el sector exterior también contribuyera en positivo al crecimiento de la economía española. De ese 0,6%, medio punto se explica por la fuerza de la pata interna de la economía y una décima por la actividad exterior.

Por el lado de la oferta, todos los sectores arrojaron tasas positivas de crecimiento, salvo la construcción, que se mantuvo prácticamente plana.

En términos interanuales (primer trimestre de 2026 comparado con el primer trimestre de 2025), la economía española aceleró su crecimiento hasta el 2,7%, una décima más de lo que registró a cierre de 2025. De nuevo, fue el consumo de los hogares (3,2%) y la fortaleza de la inversión (5,6%, medida a través de la formación bruta de capital fijo) las variables que apuntalaron el tirón de la actividad.

Salvo el primario, todos los sectores registraron crecimientos en la actividad, singularmente la construcción (6,3%), que ya cerró 2025 con avances superiores al 7%.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía destaca la “señal positiva hacia delante” que supone la fortaleza de este sector, en plena crisis habitacional. La inversión en vivienda y construcción aumentó un 6%, de acuerdo con los datos publicados por el INE.

La Contabilidad Nacional Trimestral (el nombre técnico de esta estadística) también recoge variables de empleo, que muestran un comportamiento positivo del mercado laboral. Las horas efectivamente trabajadas crecieron un 2,1%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, y los puestos de trabajo equivalentes fueron un 2,8% superiores.

La productividad por hora trabajada, que es la variable más utilizada para medir la eficiencia de la economía, avanzó un 0,6%.

El Gobierno aprobará la actualización de su cuadro macroeconómico, la referencia fundamental con la que se elaboran los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el próximo 29 de junio, junto al nuevo Real Decreto-Ley de medidas para amortiguar los efectos de la guerra en Oriente Medio, según ha podido saber elDiario.es.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció hace unas semanas que sería el próximo martes, 23 de junio, cuando presentaría en el Consejo de Ministros la actualización de las previsiones de crecimiento económico y de inflación. Es el primer paso clave, junto con la aprobación de la senda de estabilidad, para la redacción de las cuentas públicas, ya que son los supuestos en los que se basan algunas referencias clave como la evolución de los ingresos y los gastos públicos.

Sin embargo, fuentes gubernamentales indican que la fecha en la que se aprobará esta nueva referencia será el 29 de junio, lunes, en la misma reunión del gabinete en la que se apruebe el nuevo paquete de medidas en respuesta a la guerra en Irán.

Este retraso, de apenas unos días, se produce después de conocerse el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que ha provocado una reacción inmediata en los mercados financieros y una rebaja de los precios del petróleo. El Ministerio de Economía se da unos días más para actualizar al minuto la última información disponible, ya que referencias clave como la inflación (que puede influir mucho en las previsiones del gasto en pensiones) pueden cambiar mucho si el crudo se estabiliza en los niveles previos al conflicto.

El Gobierno renunció a actualizar el cuadro macroeconómico en abril, antes de enviar a Bruselas el Informe de Progreso Anual de las reglas fiscales, debido a que la volatilidad del conflicto dificultaba los ejercicios de proyección. Cuando Cuerpo anunció la fecha del 23 de junio, el acuerdo de paz era una posibilidad pero no algo cierto, como sí lo es desde esta semana.

El cuadro macroeconómico incluirá el impacto de las nuevas medidas que apruebe el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Irán. El pasado mes de marzo aprobaron una serie de rebajas fiscales en el IVA y otros impuestos especiales que decayeron a finales de mayo, en el caso de la electricidad y el gas natural, y que terminan el 30 de junio, en lo que respecta a las bonificaciones en los carburantes. El lunes 29, como anunció el presidente del Gobierno, aprobarán un nuevo Real Decreto-Ley de “protección al tejido productivo y a la ciudadanía”, que negociarán con los grupos parlamentarios para asegurar que salga adelante.

Las últimas cifras del Ejecutivo, presentadas a finales del año pasado, preveían un crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2026 del 2,2%, en la línea del resto de analistas. El Banco de España, que actualizó este jueves sus propias proyecciones, calcula un repunte del 2,3% de la economía, aunque con una previsión de inflación muy por encima de lo estimado en marzo. Una nota del centro de estudios de Funcas, publicada este viernes, apunta a un Índice de Precios al Consumo de entre el 3,1 y el 3,3%, en función de si las medidas desplegadas por el Gobierno se mantienen hasta octubre o no.

La economía social aporta el 11% del Producto Interior Bruto español. Uno de cada 10 euros que se generan en el país proviene de una red silenciosa que, sin embargo, se ancla al territorio y hace llegar al último rincón del estado productos y servicios que no llegarían de otra manera. Esta realidad ha quedado plasmada en la jornada 'Cooperativismo: el modelo que mantiene vivos los pueblos donde el mercado no llega', organizada por elDiario.es, en colaboración con Bidafarma. Durante el coloquio, todas las voces expertas han coincidido en defender el llamado “derecho a habitar”.

“Somos ciudadanos y la decisión de residir en una gran ciudad, en una pequeña capital de provincia o en un territorio más rural, debe ir más acompasada con los intereses personales o familiares y no verse mermada por la falta de oportunidades”, ha señalado la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ángeles Marín.

Marín ha destacado algunas de las palancas que está activando el ministerio, como la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, una estrategia “de visión amplia que sirva de hoja de ruta para que el resto de administraciones, actores, asociaciones, tejido empresarial, grupos de acción local, la universidad o los centros de investigación alineen sus actuaciones”. El objetivo es llegar al “país de los 30 minutos”, en el que cualquier ciudadano, independientemente de su ubicación, tenga acceso a servicios básicos.

Uno de esos servicios básicos es el que presta Laura Maíllo, que es farmacéutica en un pequeño pueblo de montaña de unos 500 habitantes en la provincia de Ávila. Este es uno de los miles de municipios de esa España despoblada que vertebran el territorio. Según datos oficiales, en el 83,7% de los municipios viven menos de 5.000 personas. En estos territorios, normalmente envejecidos, el hecho de que haya una farmacia abierta o una tienda, “les da calidad de vida”, explica Maíllo.

El presidente de la cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma, Antonio Mingorance ha explicado durante el encuentro que la economía social hace “de la necesidad virtud”. Es “un modelo solidario de distribución”, que persigue que no haya “ciudadanos de primera ni de segunda”: “Es muy fácil traer un medicamento al centro de Madrid, lo difícil es distribuirlo entre los 7.500 pueblos que hay en toda España”.

En este sentido, los modelos cooperativistas suman la fuerza de todos sus socios para actuar con un único músculo, que permita compensar las dificultades en ciertas zonas o momentos con las fortalezas en otras áreas.

El presidente de la cooperativa de distribución alimentaria Unide, Carlos Jiménez, ha destacado que este modelo está profundamente arraigado en el territorio y, a diferencia de otras empresas, no se deslocalizan. Pero, más allá del rendimiento económico, ha hecho hincapié en el valor de la proximidad. “Cuando tienes una tienda con un surtido de 1.200 productos en un pueblo, estás garantizando una alimentación variada, mientras otros se alimentan de mercadillo o de lo que les lleva una furgoneta, sin poder elegir. Ese intangible de calidad de vida es importante, hacemos un servicio público”, defiende.

Es una idea con la que coincide Maíllo, quien no solo suministra medicamentos, sino que ejerce una labor de vigilancia entre sus vecinos e incluso de atención en determinados momentos, cuando no hay un médico o no puede acudir. La relación, en cualquier caso, es simbiótica: “Hay una necesidad tanto mía de atenderles, como suya de que les atienda”, reconoce.

Para blindar a estas cooperativas y favorecer la cohesión territorial, los ponentes han hecho un llamado a la concienciación, pero también han pedido medidas específicas. Jiménez ha reclamado una reforma fiscal urgente que promueva estos modelos, sometidos actualmente a una ley de 1990 que considera obsoleta. Mingorance ha pedido incentivos al arraigo y que se trabaje para que las diferencias en el acceso a los servicios básicos entre ciudadanos desaparezcan, garantizando la igualdad total, con independencia del código postal.

Laura Maíllo, por su parte, ha reivindicado la necesidad de apoyar a la farmacia rural y una atención sostenible y sostenida por parte de las instituciones, así como facilitar el desarrollo profesional de los y las farmacéuticas en los entornos rurales, para que puedan evolucionar académica y económicamente sin verse forzadas a mudarse a las ciudades.

Una lengua de mar de poco más de 40 kilómetros de ancho ha sido capaz de poner en jaque la economía global durante casi cuatro meses. La reapertura del estrecho de Ormuz tras el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos supondrá un alivio a escala mundial, pero sus efectos, tras un primer impacto en los mercados financieros, todavía tardarán en trasladarse a los bolsillos.

El pacto anunciado en la noche del domingo ha sido un revulsivo para los mercados: las bolsas asiáticas –donde la escasez de combustible ha llevado a racionamientos energéticos– cerraron el lunes con grandes ganancias, el Ibex 35 superó por primera vez en su historia la cota de los 19.000 puntos y los precios del petróleo y el gas experimentaron caídas hasta niveles cercanos, pero aún por encima, de sus referencias preguerra (70 dólares, en el caso del Brent, de referencia en Europa).

Sin embargo, la influencia del conflicto sobre la inflación, el fenómeno más cercano, tardará meses en disiparse. La principal correa de transmisión del conflicto han sido los precios del petróleo, traducido en una subida de costes en la gasolinera pero que, a diferencia de lo ocurrido en 2022, con el estallido de la guerra de Ucrania, no se ha trasladado a otros segmentos como la electricidad. Y, aunque aflojen, los precios del crudo siguen estando en referencias elevadas. 

“El precio del petróleo ya está bajando, tanto el de entrega inmediata como los futuros. Los de diciembre están ya por debajo de 80 dólares, cuando a lo largo de estos meses se había movido entre 80 y 85”, explica la economista senior de Funcas, María Jesús Fernández. “El impacto más relevante será sobre la inflación, cuyas previsiones tendremos que revisar a la baja. No obstante, no se espera que el petróleo retorne a los niveles previos al conflicto en 2026, de modo que, aunque el precio de los combustibles baje con respecto al nivel actual, seguirá siendo mayor que en enero-febrero, y las tasas de inflación seguirán siendo relativamente altas”, abunda.

La inflación apunta a presiones persistentes

El dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) de mayo, un 3,2%, arrojó una cierta estabilidad con respecto al de abril, en parte gracias a las medidas desplegadas por el Gobierno. Pero la inflación subyacente –la que excluye de su cálculo a los precios más volátiles de la energía y los alimentos frescos, que muchos economistas denominan “núcleo” del sistema productivo– escaló al 3%, lo que anticipa presiones inflacionistas que van más allá del episodio bélico.

“Se producirá una reacción rápida en los mercados financieros y precios de futuros, pero una transmisión más lenta a la economía real”, resume José Manuel Corrales, profesor de Economía en la Universidad Europea. A corto plazo, los precios mayoristas del gas y el petróleo bajarán, lo que poco a poco se trasladará a las gasolineras “siempre que no haya cuellos de botella fiscales o logísticos”. Pero en el medio plazo, los niveles seguirán estando por encima de lo registrado antes de la guerra y de la pandemia. “Europa ya ha internalizado un coste energético mayor por diversificación de suministros. Ese sobrecoste es, en mi estimación, del 20-30%”, apunta.

A diferencia del shock de inflación que desató la invasión rusa de Ucrania, que provocó la mayor crisis de precios desde los años 80, el shock en la oferta de energía no ha sido solo una disrupción del suministro o las sanciones que se aplicaron al gas ruso. “En el caso de Irán, las capacidades productivas se han visto claramente afectadas de forma directa”, dice María Romero, directora de Análisis Económico en Afi. “Restablecer el flujo que hay en Ormuz no va a hacerse de la noche a mañana y, por lo tanto, la inflación no va a volver al redil de manera rápida. Pero no será tan ‘pegajosa’ como en 2022”, señala la experta.

Los alimentos pueden dispararse un 7%

El shock de 2022 no solo afectó a la energía, sino que dio de lleno al “granero” de Europa. El cierre de Ormuz ha impactado ahora a los precios de los fertilizantes, por lo que su aparición en la inflación podría ser más dilatada, hasta después del verano, cuando lleguen las primeras cosechas. El servicio de estudios del BBVA apunta a una subida interanual de los frescos del 7% después del verano, mientras que en los alimentos elaborados se situará en línea con el IPC, el 3%. “El componente de los alimentos no elaborados no ha tenido una reducción en la inflación como sí se ha visto en otros componentes y ya venía relativamente alta”, dijo el economista jefe para España, Miguel Cardoso, durante la presentación de su último informe de previsiones económicas.

Desde Funcas señalan que el traslado de los precios finales a los alimentos puede que sea menor de lo esperado a la luz del acuerdo, “puesto que los productores ahora considerarán que el pico de la subida ha sido transitorio y, aunque los costes van a seguir siendo algo mayores que antes del conflicto, lo serán en una medida más asumible”, detalla Fernández.

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, Manuel Hidalgo, apunta que otro factor a tener en cuenta es que “llueve sobre mojado”. “El impacto de 2022 fue sobre una sociedad que no estaba acostumbrada y no recordaba episodios de inflación elevados desde hacía décadas. Ahora el peligro que tenemos es que la inflación se enquiste en cifras superiores al 3% por el comportamiento de unos agentes que absorbieron el shock del 2022 y que ya no quieren seguir perdiendo”, advierte.

En una entrada publicada en su blog, el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntaba este lunes que “la combinación de una resiliencia económica y los avances tecnológicos han ayudado a amortiguar el impacto del shock de oferta en la energía sobre el crecimiento a nivel global”, aunque con diferencias notables entre países. En el caso de España, la combinación de un mix energético con un mayor peso de las renovables y las medidas desplegadas por el Ejecutivo han disipado parte de los vientos de cara.

La economía española “resiste”

“España no sale reforzada, pero sí menos dañada de lo que cabía esperar, y con margen para estabilizar su crecimiento si el contexto internacional acompaña”, cree el profesor Corrales, de la Universidad Europea. Los últimos datos de actividad subrayan que el vigor del crecimiento económico del primer trimestre se ha mantenido durante el segundo. 

“Incluso la actividad industrial y las exportaciones parecen haber registrado un repunte, pero probablemente ha sido debido a un adelanto de pedidos y de actividad para acumular stocks en anticipación a posibles problemas de suministro”, apunta la experta de Funcas. “De ser así, ese adelanto de actividad industrial al segundo trimestre sería a costa de menos actividad en el próximo. Lo cual no quiere decir que esperemos un impacto negativo en el tercer trimestre, porque otros sectores, concretamente servicios, tanto turísticos como de otro tipo, lo compensarían”, apunta Fernández.

Hidalgo, que elabora un tracker de seguimiento de la economía a tiempo real para EsadeEcPol, apunta a que este segundo trimestre seguirá en la línea del primero, cuando la economía española creció un 0,6%. “No se va a notar demasiado el impacto del conflicto y, de momento, la dinámica de crecimiento sigue con cierta relajación y sin excesivos elementos que nos hagan preocuparnos a corto plazo”, detalla. Todo ello pasa por que el acuerdo de paz se firme este viernes sin sobresaltos.

El impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la economía española se va a traducir en un incremento de los precios “más intenso y persistente” de lo anticipado que, a corto plazo, no afectará al crecimiento del producto interior bruto (PIB), pero que provocará una ralentización de la actividad conforme la inflación vaya haciendo mella en las familias y las empresas. Esa es la conclusión principal del Informe España de BBVA Research, el centro de estudios de la entidad, que mantiene su previsión de crecimiento del 2,4% para 2026, pero con una inflación disparada hasta el 3,8%.

Esta subida de los precios –son 0,9 puntos más de lo proyectado en marzo, al inicio de la guerra y 1,1 más que la media de 2025– supondrá una desaceleración en el crecimiento del año próximo: será del 2,1%, tres décimas menos de lo anticipado en marzo. La previsión es que la inflación se modere al 2,8%. 

“El mensaje que queremos trasladar es que, por ahora, los efectos los estamos viendo solo en la inflación relacionada con los combustibles. Vamos a ver cómo se traslada a otros sectores”, ha dicho el economista jefe de la entidad y director de BBVA Research, Jorge Sicilia, durante la presentación del informe.

Según los economistas del banco, si bien la economía aún está aguantando el impacto de la subida de los precios, algunos indicadores de confianza ya muestran un deterioro en la percepción de las familias, con el recuerdo del shock de 2022, tras la invasión de Ucrania, muy presente en los bolsillos. “Si el deterioro se prolonga, podría tener un impacto importante sobre el crecimiento de la demanda interna, particularmente en el gasto de los hogares”, apunta el documento.

El responsable de análisis económico del banco, Rafael Doménech, ha subrayado que el crecimiento económico de España está mostrando una “inercia muy fuerte”, como demuestran los datos de actividad que se van conociendo (singularmente, la afiliación a la Seguridad Social) y que apuntan a un avance trimestral del 0,6% del PIB. El mismo dato que entre enero y marzo, cuando la economía española ya mostró una gran resiliencia ante los primeros impactos de la guerra.

El precio de la vivienda se modera, pero seguirá creciendo

Aunque España está más protegida de la guerra al no depender de la importación de energía del Golfo pérsico, los efectos del conflicto se transmitirán a través de otros canales –no solo precios–, como las exportaciones de bienes o la inversión. BBVA Research apunta que el shock podría restar entre 0,5 y 0,1 puntos de PIB en 2026 y 2027 y elevar la inflación 1,3 y 0,6 puntos, respectivamente. Esto se traduciría en una pérdida de competitividad de los productos españoles, sobre todo para las manufacturas o el sector agroalimentario, muy dependiente de la subida de precios de los fertilizantes.

Además, el empeoramiento económico de los principales socios comerciales de España –Alemania y Francia, singularmente– afectará al dinamismo de las exportaciones, que se espera que caigan un 1,2% este año. Se recuperarían ligeramente (un 2,4%) el año próximo.

La inversión dará un impulso al crecimiento, sobre todo la de la construcción de vivienda, favorecida por la creación de hogares y la subida de los precios. Sin embargo, estos últimos tenderán a moderarse, ante la oferta cada vez más limitada y la subida de los costes de financiación. El precio de la vivienda avanzará un 12% en 2026 y un 5,7% en 2027.

El consumo de los hogares seguirá creciendo gracias al ahorro y a la mejora de las rentas experimentada en los últimos años. La atracción de turistas desde destinos cercanos a la guerra, o encarecidos por la subida de los precios de la energía, también aportará en positivo al crecimiento económico.

Sin embargo, y a pesar de que el ahorro es una fuerza que sustenta el mantenimiento de las previsiones económicas, Doménech ha subrayado que “no está uniformemente distribuido”. “El ahorro se acumula sobre todo en la parte media y alta de los hogares con mayores ingresos, mientras que la capacidad para hacer frente a ese aumento de la inflación con ahorro es inexistente en el 20% más bajo de la distribución”, ha apuntado.

El mercado laboral seguirá creciendo de manera vigorosa: el BBVA anticipa una creación e empleo de 540.000 y 455.000 personas en 2026 y 2027. Esto es gracias a la inmigración, pero también al aumento de la participación en el mercado laboral de los nacidos en España.

La OCDE ha elevado al 2,2% el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España para el año 2026, una décima más de lo calculado en sus anteriores proyecciones de marzo, y destacan que la actividad económica será “robusta” y “resiliente” a pesar de los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio, que provocarán una ralentización global.

La organización de las economías desarrolladas ha publicado este miércoles la actualización de sus previsiones económicas y, a pesar de la mejora para 2026, mantienen en el 1,7% el avance proyectado para 2027. España es la única gran economía del euro a la que se le revisa el crecimiento al alza, con un avance que casi triplicará al de la zona euro (0,8%) y muy por encima de Alemania (0,7%), Francia (0,7%) e Italia (0,5%).

Si bien la demanda interna de la economía española se mantendrá sólida gracias al “sólido” mercado laboral y el crecimiento de los salarios reales, el encarecimiento de la energía por el conflicto en Irán pesará en la actividad.

La OCDE anticipa una aceleración de los precios, alimentada por el encarecimiento de la energía. El Índice de precios al consumo armonizado subirá al 3,3% en 2026, frente el 2,7% en el que terminó 2025, y se prevé que la inflación se modere al 2,9% el año que viene.

“La exposición de España al conflicto en desarrollo en Oriente Medio es limitada, principalmente a través de unos precios de la energía más altos que han sido parcialmente amortiguados por el paquete de ayudas temporal de 5.000 millones de euros aprobado por el Gobierno”, destaca el organismo en su ficha sobre el país.

El organismo con sede en París subraya el vigor de la economía española en varios aspectos: desde el flujo de crédito a las empresas privadas hasta las exportaciones, a pesar de la guerra comercial desatada por Donald Trump. La inversión, señala la OCDE, se va a reforzar en el horizonte de previsión, gracias a la construcción de vivienda y al despliegue de los fondos europeos, ya en el tramo final.

Sin embargo, un conflicto prolongado en Oriente Medio sigue siendo el principal riesgo a la baja en la economía española, ya que “podría intensificar las disrupciones energéticas” y mantener las presiones sobre los precios. A cambio, podría darle un empujón al turismo en España, al ser considerado un destino más seguro que la competencia en destinos cercanos a Oriente Medio.

Sobre las cuentas públicas, la OCDE anticipa que el déficit se situará en el 2,2% del PIB tanto en 2026 como en 2027. La recaudación sigue con mucho tirón, pero ese avance de los ingresos será compensado por el incremento del gasto en defensa, por las medidas para paliar los efectos de la guerra y por el coste de la actualización de las pensiones, que será mayor de lo previsto por la aceleración de la inflación. La deuda pública se situará ya este año por debajo del 100% del PIB, en el 98,5%, mientras que la ratio se recortará al 97,3% el próximo.

La OCDE plantea priorizar la recuperación del espacio fiscal, empezando por redirigir las medidas aprobadas frente al conflicto hacia los grupos más vulnerables. “Afianzar la senda de consolidación al tiempo que se acelera la reducción del déficit ayudaría a reconstruir los colchones fiscales ante las presiones crecientes del gasto vinculado al envejecimiento”, apunta el organismo.

En materia energética, si bien la OCDE destaca la “sólida expansión de las energías renovables”, pero para que estas ventajas se manifiesten por completo es necesario acelerar los procesos de aprobación de permisos, las inversiones en redes y en almacenamiento energético. Estas medidas, dice la organización, mejorarían la seguridad energética y apoyaría las inversiones y el crecimiento a largo plazo.

El Ministerio de Economía, en una valoración remitida a los medios de comunicación, ha destacado que, con estas previsiones, “España refuerza el liderazgo en crecimiento económico entre las grandes economías europeas”. Y que la OCDE reconoce el vigor del mercado laboral y la efectividad de las medidas desplegadas para hacer frente a los efectos económicos del conflicto.

La economía mundial, “bajo presión”

La OCDE anticipa una desaceleración del crecimiento mundial (2,8%) y de las economías avanzadas (3,0%) en un momento en el que la actividad global “está de nuevo bajo presión”. “Las disrupciones en los cargamentos a través del estrecho de Ormuz, junto con los daños a las infraestructuras energéticas, han disparado los precios de la energía y han incrementado el coste de los fertilizantes y otros insumos críticos para la industria”, dice el economista jefe, Stefano Scarpetta, en la introducción del informe.

Así, diseñan dos escenarios para su previsión de crecimiento: uno con una duración limitada y otro de mayor duración y más consecuencias negativas sobre el tejido productivo. En el peor de los escenarios, la ralentización de la economía mundial sería más acusada (2,1% en 2026) y se ralentizaría hasta el 1,8% en 2027 “empujando potencialmente a algunas economías a la recesión, o cerca”.