BBVA Research ha subido hasta el 2,6% su proyección de crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España para 2026, dos décimas más que en su anterior estimación de junio, ante la pujanza del consumo interno por las mejoras en el empleo y las rentas, aunque el encarecimiento del petróleo y del gas, junto con el endurecimiento de los tipos de interés, nubla el horizonte.

El centro de estudios de la entidad ha presentado este miércoles su informe Situación España, en el que actualiza el escenario macroeconómico que prevé para este ejercicio y el siguiente. En el caso de 2027, mantiene en el 2,1% su estimación del crecimiento del PIB.

Pero la subida de los precios, alimentada por el enquistamiento de la guerra en Oriente Medio, podría recortar ese crecimiento. BBVA Research estima que la inflación será del 3,6% este año, de media, mientras que será del 3,2% el que viene. Si bien el dato de 2026 mejora en relación con el informe de junio (son dos décimas menos), empeora la cifra de 2027 en cuatro décimas, lo que anticipa una inflación más pegajosa de lo anticipado.

Según los cálculos de los economistas de la entidad, el incremento en el coste del petróleo y del gas podría restar entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales al aumento del PIB y sumar entre 0,8 y 0,9 puntos a la inflación hasta finales de 2027.

“Ante una perturbación transitoria, los hogares pueden amortiguar inicialmente la pérdida de poder adquisitivo reduciendo su tasa de ahorro o recurriendo al crédito, mientras que la política fiscal puede limitar temporalmente su impacto sobre las rentas y los costes. Sin embargo, la capacidad de estos mecanismos para sostener el gasto disminuye a medida que el shock se prolonga, lo que aumenta la probabilidad de que el ajuste termine trasladándose al consumo y la inversión”, destacan. 

Una inversión en vivienda más débil de lo esperado

Sobre la política monetaria, la entidad apunta a una subida de tipos adicional por parte del Banco Central Europeo en diciembre, que coloque la referencia en el 2,75% y se mantenga así durante el que viene. Esto, calculan, podría restar 0,3 puntos porcentuales al crecimiento promedio de 2026 y 2027. Esto podría golpear directamente a la inversión, una de las variables clave para sostener el crecimiento ya no solo a corto plazo, sino en el medio y largo. La expectativa, eso sí, es que la inversión en vivienda siga creciendo.

“Dentro de las revisiones que ha hecho el INE de la serie desde 2023 hemos visto una evolución más débil de la que teníamos hasta el momento”, ha explicado el economista jefe para España y Portugal, Miguel Cardoso, durante la presentación del informe. “La evolución durante los últimos nueve meses ha sido bastante más débil de lo que en principio teníamos y es más consistente con tener en el rango de 130.000-140.000 viviendas terminadas en 2026 y 2027, que entre las 140.000-160.000 que pensábamos que íbamos a estar, sobre todo de cara al año que viene”, ha incidido.

La expectativa es que los precios de la vivienda se desaceleren. Este año crecerán un 11,5% (11,2% en 2025), pero se recortará esta tasa hasta el 5,5% el que viene. Entre otras cosas, porque los precios ya elevados limitan mucho el acceso a la vivienda ante una limitada oferta que no es capaz de dar respuesta a la demanda.

Como nota positiva, el gasto de los turistas se ha acelerado favorecido no solo por el contexto geopolítico, con numerosos viajeros optando por España en lugar de los destinos en Oriente Medio, sino también por la desestacionalización y diversificación de los destinos, ya no concentrados únicamente en la costa y en verano. Además, el BBVA estima que las familias y las empresas están mejor preparadas ante un endurecimiento de la política monetaria. Por otro lado, tanto el desarrollo de la IA como el incremento del gasto en defensa podría dar un empujón adicional a la economía.

Además, BBVA calcula que el mercado laboral seguirá tirando de la economía, y no solamente por el efecto de la regularización extraordinaria. Se espera que el empleo crezca un 2,4% este año (en torno a 528.600 puestos más, medidos en términos de la Encuesta de Población Activa) y el 2,0% el siguiente (464.300 trabajos) como consecuencia del incremento en la población activa, beneficiado por el aumento de la tasa de participación. El paro se situará por debajo del 10% ya este año (9,9%) y el que viene (9,5%).

En cuanto a los riesgos a la baja, la entidad recuerda que “persisten desafíos que podrían intensificar la desaceleración durante los próximos meses”. Entre ellos, la congestión de la red eléctrica, el relevo generacional, la falta de vivienda a precio asequible y las dudas de cómo se abordará la consolidación fiscal de las cuentas públicas. Si bien el informe no hace referencias al adelanto electoral, BBVA señala: “La incertidumbre sobre política económica puede volver a aumentar”.

En 2020, la revista danesa Mandag Morgen publicó un artículo titulado Las mujeres todavía son un negocio deficitario para las arcas del Estado. Las mujeres, sostenía el texto, reciben más de lo que aportan: cogen permisos por maternidad, pasan más tiempo en casa cuidando y tienden a ocupar puestos peor remunerados y a tiempo parcial. Por aquel entonces, la consultora y experta en género Emma Holten (Copenhague, 1991) se recuperaba de un ingreso hospitalario debido a una enfermedad autoinmune. ¿Estaban las personas que la habían cuidado generando déficit por haber empleado tanto tiempo en atenderla? “Al parecer, el trabajo que desempeñaban no generaba un valor significativo, cosa que me sorprendió: me habían salvado la vida. Empecé a preguntarme cómo se determinaba el valor en la sociedad. Solo se podía acudir a un lugar: la ciencia económica”, relata Holten. Así nació Déficit. Cómo repensar la economía desde el valor de los cuidados (Seix Barral), un libro en el que la experta reconstruye la historia del pensamiento económico para explicar cómo el machismo se coló en la manera en la que entendemos aún hoy el bienestar, el valor o el crecimiento.

Su libro surge de la indignación ante un artículo en la prensa danesa en el que se afirmaba que las mujeres somos una carga económica para el sistema porque recibimos más de lo que aportamos, a pesar de que, por ejemplo, somos las principales responsables de todo el trabajo de cuidados no remunerado. ¿Qué ideas económicas hemos interiorizado que permiten que se afirme algo así, tal y como se hizo en ese artículo?

Hemos concedido a los economistas el monopolio a la hora de decidir cómo medir el valor. Y la forma en que lo hacen es a través de los precios. Así pues, si algo no se paga, no se considera una contribución social, y si se paga poco, se considera poco importante. Los cuidados suelen ser gratuitos o mal remunerados, por lo que las mujeres aparecen en las estadísticas como contribuyentes de escaso valor. Pero no creo que el precio refleje el valor. En cambio, deberíamos interesarnos por lo que el trabajo crea y lo eso que significa para las personas.

¿Cómo se coló el machismo en el pensamiento económico moderno? En el libro sostiene que el problema estuvo en cómo comenzó a entenderse la libertad, el individuo, el progreso... y no tanto en cómo se concebía a las mujeres.

Sí, el individuo en economía se concibe como un ser muy independiente, muy racional y muy orientado hacia sus propios intereses. En un mundo en el que las personas se presentan así, el cuidado desaparece. En los modelos macroeconómicos no hay niños, ni enfermedades, ni muerte, ni dependencia de otros. Esto tiene su origen en la Ilustración, en lo que, en mi opinión, es un miedo a afrontar las propias vulnerabilidades. Estos hombres querían parecer poderosos, así que ocultaron todas las formas en las que necesitaban a los demás. Y las personas que los mantenían con vida solían ser mujeres que se dedicaban al cuidado. Esa teoría económica no comprende realmente lo que supone crear a un ser humano, ni lo que significa el cuidado para la riqueza, la alegría y una sociedad próspera. La economía moderna tiende a pensar que, si nos hacemos ricos, entonces seremos felices. Pero lo que vemos cada vez más es que la comunidad, la salud, la igualdad y la plenitud emocional no surgen por sí solas, sino que hay que cuidarlas y darles prioridad política, al igual que a la industria o la productividad.

Esta concepción de la libertad —incluida la libertad económica— como algo que se refiere exclusivamente al individuo, en contraposición a los lazos sociales, la solidaridad colectiva y la interdependencia, ¿no guarda un parecido sorprendente con lo que la extrema derecha defiende actualmente en distintas partes del mundo?

Sí, no creo que sea una coincidencia que nuestro interés por los cuidados esté en auge en este momento porque en todo el mundo ha vuelto el modelo del 'hombre fuerte'. Quería demostrar que defender los cuidados es también defender el derecho de los hombres a estar cerca de los niños, a establecer vínculos afectivos, a ser vistos como seres sensibles. No podemos tener un feminismo que idealice la vida de los hombres cuando nos encontramos en una situación en la que los hombres se están radicalizando por la rabia y la frustración que les provoca su situación.

"Necesitamos economías más centradas en las relaciones y el descanso, y menos en el consumo

Adam Smith y su 'mano invisible' son probablemente el teórico y el concepto más citados en nuestra economía contemporánea, pero usted señala la manipulación interesada de esa idea. ¿De qué manera se ha distorsionado y cómo se relaciona esto con la tesis de su libro?

Creo que volver a Adam Smith me ha hecho querer hacerle justicia. Sus teorías se han utilizado para justificar los mercados sin regulación, la 'belleza' del capital. ¡Pero él nunca escribió eso! Nos enseñan que la economía es como la física o la química, pero hay una larga y agitada historia de grupos de presión, intereses económicos y poder que ha determinado cómo se han enseñado las “teorías”. Cuando leas sobre economía, pregúntate siempre: ¿qui bono?, a quién beneficia.

¿Es necesario fijar un precio para valorar algo, o se trata precisamente de una premisa artificial que sigue impidiéndonos valorar aquellas cosas que no tienen un precio de mercado?

Para mí, el gran pecado de la economía es pensar que el valor puede reducirse a una cifra o a un ejercicio científico. La cuestión es esta: el valor es político. Lo que valoras refleja qué tipo de sociedad quieres, cómo ves a las personas y qué es importante para ti. No se le puede preguntar a un burócrata qué es valioso; deberíamos preguntárselo a los ciudadanos. Pero ya no lo hacemos y creo que por eso hay tanta gente enfadada.

Uno de los principios de la economía feminista, y que se repite a lo largo de su libro, es que el trabajo de cuidados debe ponerse en primer plano y valorarse, pero ¿cómo?

Haciendo que sea posible llevarlos a cabo. En este momento, casi todos los políticos se ven obligados a utilizar teorías económicas en las que es imposible valorar el cuidado. Están presentes en la legislación de la UE, en la universidad, en los departamentos económicos del Estado. Pero son una elección. Cuando construimos los estados del bienestar en Europa, no pensábamos como lo hacemos hoy. Si lo hubiéramos hecho, nunca habríamos tenido un estado del bienestar.

En este momento, casi todos los políticos se ven obligados a utilizar teorías económicas en las que es imposible valorar el cuidado. Están presentes en la legislación de la UE, en la universidad, en los departamentos económicos del Estado. Pero son una elección. Cuando construimos los estados del bienestar en Europa, no pensábamos como lo hacemos hoy. Si lo hubiéramos hecho, nunca habríamos tenido un estado del bienestar

Una propuesta muy debatida hace unas décadas fue el salario del ama de casa, una propuesta de algunas feministas para reivindicar un sueldo para las cuidadoras domésticas y que muchas otras rebatieron para evitar, entre otras cosas, que se reprodujera la división sexual del trabajo, es decir, que las mujeres siguieran a cargo de los cuidados por salarios seguramente muy bajos. ¿Qué opina?

Soy más partidaria de jornadas laborales más cortas para todos, independientemente del género. Creo que el trabajo remunerado es importante: para la independencia, la comunidad y el sentido de contribución. Preferiría que los hombres estuvieran más en casa. El salario de ama de casa nunca será tan alto como un sueldo, por lo que serán más vulnerable a la violencia y tendrán más dificultades para divorciarse y eso me preocupa.

En muchas ocasiones, la brecha salarial o la falta de mujeres en puestos de poder se atribuye al hecho de que las mujeres no queremos ocupar esos lugares, pero ¿no deberíamos plantearnos cómo son realmente esos puestos y qué sacrificios y condiciones conllevan?

Creo que cada vez más hombres tampoco querrán ocupar esos puestos. Si comparo a una enfermera que trabaja a tiempo parcial con un hombre que ocupa el puesto más alto de una empresa, no tengo nada claro quién de los dos lleva una vida más significativa y digna. Pero uno de ellos es más rico en dinero, eso está claro. Ningún trabajo debería alejarte de tu familia. En este momento, muchos puestos lo hacen. También hemos creado un tipo de masculinidad en la que tener un trabajo así te da dignidad, estatus y respeto. Eso nos dice mucho. Tenemos una cultura que obliga a las mujeres a quedarse en casa y otra que obliga a los hombres a salir de ella. Ambas son una tragedia en sí mismas. Creo que, sin duda, ha habido un apoyo más fuerte a un feminismo en el que las mujeres imitan la vida de los hombres. Pero, claro, eso se debe a que aumenta el PIB y el número de trabajadores. Me interesa mucho más una sociedad en la que los hombres tengan acceso a lo que las mujeres han tenido tradicionalmente. Necesitamos economías más centradas en las relaciones, el tiempo libre, el descanso y la familia, y menos en el consumo de productos.

Si comparo a una enfermera que trabaja a tiempo parcial con un hombre que ocupa el puesto más alto de una empresa, no tengo nada claro quién de los dos lleva una vida más significativa y digna. Pero uno de ellos es más rico en dinero, eso está claro. Ningún trabajo debería alejarte de tu familia. En este momento, muchos puestos lo hacen

La economía feminista ha criticado el PIB por haberse convertido en el indicador económico clave. ¿Cuáles son las limitaciones del PIB?

En primer lugar, no puede medir todo aquello que no tiene un precio. Esto ha supuesto un desastre tanto para la naturaleza como para los cuidados no remunerados. En este momento, parece que cuanto menos cuidados no remunerados realizamos y menos naturaleza sin explotar tenemos, más pobres somos. Por supuesto, eso no puede ser cierto. La siguiente cuestión es que utiliza los precios para medir el valor. Así, una persona que gana 10.000 euros se considera más valiosa que alguien que gana 1.500. En la economía feminista nos interesa lo que el trabajo aporta, no lo que cuesta. Muchas personas que ganan mucho dinero están destruyendo valor, no creándolo.

En su libro, analiza cómo Dinamarca ha intentado “ponerle un precio a la naturaleza” creando lo que se conoce como “PIB verde”. ¿Por qué resulta problemático este enfoque y cómo se relaciona con el trabajo de cuidados?

En economía siempre existe el sueño de encontrar el precio perfecto y, con ello, encontrar el valor perfecto. Se trata de un callejón sin salida. Cualquier servicio, ya sea la naturaleza o los cuidados, es multidimensional. Afecta al planeta, a los seres humanos, a los lugares de trabajo. No debemos tener miedo de esta complejidad. La economía consiste en comprender las relaciones y cómo funcionan las cosas en conjunto. No en cómo aislarlas unas de otras. Y un economista nunca puede decirnos qué es valioso. Esa es una cuestión democrática.

La OCDE ha mejorado las previsiones de crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España hasta el 2,6% en 2026, cuatro décimas más y en línea con las proyecciones del Gobierno, y en 0,1 puntos, hasta el 1,8%, la de 2027. Pero la revisión de estas cifras no puede ocultar los nubarrones que se ciernen sobre la economía por la subida de los precios del petróleo, ante un conflicto en Oriente Medio enquistado, y los efectos sobre los alimentos del fenómeno de El Niño que este año podría ser particularmente grave.

El organismo ha publicado este miércoles la revisión de su informe de Previsiones económicas, titulado en esta ocasión “Resistir shocks sucesivos”. Y aunque los datos colocan a España como la economía avanzada que más crecerá este ejercicio, por delante de Estados Unidos (2,2%) y más del doble que la zona euro (1%), las cifras de la inflación también sitúan a España como el país desarrollado donde los precios golpearán con más fuerza.

En concreto, la OCDE prevé una inflación media del 3,7% en 2026, cuatro décimas más que en su informe de junio, una situación que apenas mejorará en 2027, cuando la subida de precios será del 3,4% (medio punto más). El componente energético será importante en esta subida de precios, pero la organización apunta que la inflación núcleo –es decir, la subyacente, la que excluye de su cálculo a los elementos más volátiles como la energía o los alimentos precios– también repuntará notablemente: será del 3,4% y del 2,9%. Los economistas utilizan este indicador para comprobar si las tensiones inflacionarias ya se están trasladando al tejido productivo, por lo que esta revisión al alza apunta a una subida de precios más pegajosa de lo estimado en un principio.

La previsión publicada este miércoles no incorpora la revisión que hizo el INE la semana pasada del crecimiento económico de los últimos tres ejercicios, en la que corrigió a la baja el avance del PIB de 2025 hasta el 2,6%, aunque mejoró al 3,7% el de 2024. Este viernes Estadística publicará el dato del PIB del segundo trimestre de este año, tras avanzar que se aceleró al 0,7%, en el que también se incorporará una nueva serie trimestral con la incorporación de los últimos datos.

España lidera las medidas frente a la guerra

La economía mundial, apunta la OCDE, moderó su crecimiento en la primera mitad del año aunque se mostró resiliente gracias a las reservas del petróleo, la oferta adicional de fuera del Golfo Pérsico y las medidas discrecionales aprobadas para amortiguar el shock. A esto se suma el empuje que el desarrollo de la Inteligencia Artificial está dando tanto a la inversión, la producción y el comercio mundial, sobre todo de las potencias asiáticas que lideran la cadena de suministros.

Pero, en el horizonte, la duración del conflicto en Oriente Medio marcará la evolución futura, con unos precios de la energía que se han acelerado en las últimas semanas, conforme la situación en Irán, lejos de mejorar, empeora. Además, la previsión de que El Niño sea este año más grave que en los anteriores, junto a un clima que ya ha sido extremo, ha provocado una presión adicional en los productos agrícolas.

Otro de los riesgos que aprecia la OCDE es que los tipos de interés a largo plazo se han elevado a sus niveles más elevados en más de quince años, presionado, además de por la incertidumbre económica, por las emisiones millonarias de bonos de las grandes tecnológicas para financiar el desarrollo de la IA. “Incrementos mayores en las rentabilidades de los bonos soberanos o unos rendimientos de las inversiones en IA que no cumplan con las expectativas podrían provocar una corrección en los mercados de valores y debilitar las proyecciones de crecimiento”, advierte el documento que, en una nota positiva, reconoce que una inyección de productividad gracias a la tecnología también podría acelerarlo.

Sobre las medidas por la guerra en Irán, la OCDE reconoce a España, de nuevo, como líder en el despliegue de ayudas: 15, en concreto, según su conteo, por delante de otros países como España o Francia. En este sentido, hasta agosto, los precios de la gasolina y el diésel habían subido en nuestro país menos que en el resto de economías desarrolladas: un 15% y un 30%, en concreto. Lejos del 30% y el 40% que han subido su precio ambos carburantes en Alemania, o de los avances del 25% y el 45%, respectivamente, de Estados Unidos.

Después de los catastróficos resultados del informe PISA, que también elabora esta institución, la OCDE recomienda a los países que elaboren “políticas que aseguren que los trabajadores tengan habilidades adecuadas y flexibles que también reforzarán la resiliencia y las perspectivas de crecimiento”. Sobre los datos educativos, que muestran una caída de las capacidades en ciencia, lectura y matemáticas en muchos países, recomiendan aumentar los profesores y asegurar que escuelas y estudiantes con desventajas cuentan con los recursos suficientes.

¿Es posible accionar el freno de mano en plena carrera global para desarrollar la Inteligencia Artificial (IA) para evitar que un agente renegado ponga a la humanidad al borde de la destrucción? La denuncia apocalíptica de un exinvestigador de Anthropic y OpenAI, dos de las compañías punteras que están liderando esta tecnología, junto con el llamado de los principales CEO del sector a ralentizar la marcha, han puesto a los mercados, los gobiernos y la sociedad civil en alerta. Pero no solo por las consecuencias éticas: también por las económicas.

Las inversiones en IA y tecnología han sido el salvavidas que ha permitido mantener a flote buena parte de la economía mundial, a pesar del conflicto comercial desatado por Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca y de las consecuencias de su guerra contra Irán, que promete extenderse al resto de Oriente Medio.

Todas las instituciones internacionales coinciden: las ingentes inversiones destinadas a la carrera por la IA han servido de viento de cola para evitar un golpe económico aún mayor. “La modesta ralentización refleja que los efectos de la guerra en Oriente Medio han sido parcialmente compensados por la aceleración de la demanda en el ciclo tecnológico global, gracias a los avances en la IA y en su adopción”, apuntaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última edición de sus Perspectivas Económicas Mundiales, en julio. Un diagnóstico que también hizo la OCDE, que subrayó en su informe de proyecciones que, frente a “la impredecible evolución del conflicto”, “el auge de las inversiones relacionadas con la tecnología y las condiciones financieras y políticas fiscales ampliamente favorables, deberían apoyar el crecimiento a corto plazo”.

Las cifras son inabarcables por su magnitud. Según estimaciones del Banco Mundial, el capex (es decir, el capital destinado a inversión) de Google, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle ya se situaba en los 775.000 millones de dólares hasta mayo de este año, prácticamente el doble de la cifra destinada en todo 2025 (412.000 millones) y muy lejos de los 154.000 millones que destinaron en 2023, cuando la primera versión de ChatGPT acababa de llegar al mercado. En puridad, estas cifras no se destinan únicamente a la puesta en marcha de modelos de IA, sino que abarcan las cadenas de valor e inversiones en semiconductores, cloud y software.

La consultora McKinsey, en un documento de principios de año, ampliaba este análisis a la taiwanesa TSMC, la mayor compañía de desarrollo de chips y semiconductores del mundo, y a la estadounidense Nvidia. La inversión conjunta, sumando a estos dos gigantes, suponía unos 750.000 millones de dólares a cierre del año pasado. Y la estimación es que este año la cifra podría superar el billón de dólares, en línea con los datos del Banco Mundial.

Un riesgo “triple y encadenado”

Y ahora pensar en si frenar o no la IA puede pinchar ese salvavidas en el que muchos quieren ver una burbuja. La investigadora principal para Economía y Tecnología del Real Instituto Elcano, Judith Arnal, lo resume con una metáfora: la economía está “colgada de un chip”, lo que supone un riesgo “triple y encadenado”: “índices bursátiles que dependen de un puñado de compañías, ahorradores minoristas cada vez más expuestos a ellas y un crecimiento que necesita que esa inversión continúe”.

Las empresas, apunta la experta, ya no son quienes asumen todos los peligros, porque ya no son capaces de hacer frente con sus propios recursos a estas inversiones milmillonarias: “Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Oracle y NVIDIA han emitido 216.000 millones de dólares en bonos entre enero y agosto, el doble que en todo 2025”, explica a preguntas de elDiario.es. Esta millonaria emisión de deuda extiende el riesgo a los acreedores, en un momento en el que “financiarse sale cada vez más caro, con la Reserva Federal subiendo tipos y el bono estadounidense a 10 años en el entorno del 5%”.

La reacción de las bolsas al posible ‘freno’ fue inmediata, con caídas en índices como el surcoreano Kospi que “mide hoy más el apetito mundial por los chips de IA que la marcha de la economía coreana”, en palabras de la economista del RIEL. Valores españoles vinculados a la industria de los centros de datos, como la constructora ACS o la compañía de renovables Solaria se desplomaron en los mercados y, aunque han recuperado aliento, aún cerraron este viernes por debajo del precio registrado hace una semana.

Sin embargo, tanto la bolsa surcoreana como el índice tecnológico Nasdaq en Nueva York se recuperaban de sus pérdidas del lunes. El departamento de análisis del Bank of America apuntaba esta semana que más que un colapso en los mercados vinculados a la IA, se produjo una “rotación” entre títulos. “A nuestro juicio, si los laboratorios que lideran la tecnología más puntera realmente creen que la IA es lo suficientemente potente como para representar una amenaza existencial, entonces también debe serlo para resolver algunos de los mayores problemas de la humanidad (por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stoker)”, detallaban en su nota de mercado.

Así, la entidad americana subraya que “el potencial de la IA crece tan rápido como sus ingresos” y recomendaba a sus clientes una “exposición alcista” a estos títulos.

Pero si bien el foco permanece anclado en la bolsa, Arnal apunta que el mercado de la renta fija también va a estar influido por las grandes emisiones de deuda de estas compañías para financiar su desarrollo. El Banco Internacional de Pagos, presidido por el ex gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, subrayó esta semana que los inversores cada vez están exigiendo mayores compensaciones por los títulos que emiten las tecnológicas. 

“Entre enero y agosto, los bonos de Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Oracle y NVIDIA equivalen al 35% de lo que el Tesoro de Estados Unidos ha subastado a 10, 20 y 30 años, cuando en 2024 apenas llegaban al 1%. Compiten por el mismo ahorro que unos Estados que ya se financian a rentabilidades crecientes”, advierte la experta. 

Algunos ganan y otros se quedan fuera 

El crecimiento económico, reconocen todos los organismos internacionales, se ha visto impulsado por las inversiones tecnológica, pero es cierto que, de momento, se está concentrando en un puñado de economías. Por ejemplo, Taiwán, que anunció esta semana una revisión al alza de su proyección de crecimiento del PIB hasta el 11,5%. Esta es una de las naciones más beneficiadas por las exportaciones relacionadas con el hardware, como Corea del Sur, Tailandia o Malasia.

También China está viendo en la carrera por la IA una especie de salida a la crisis inmobiliaria que sigue pasando factura a su economía. El FMI señalaba que el avance económico del país estaba siendo impulsado por las infraestructuras públicas y por “un fuerte aumento de la manufactura de alta tecnología y de las exportaciones, aun cuando el consumo interno se mantuvo débil”. Aunque ya está viendo cerca su techo: Huawei, una de sus compañías punteras, reconoció esta semana que apenas podía hacer frente a la propia demanda interna de equipos para la IA.

Pero, sobre todo, la clave económica pasa por Estados Unidos, cuyo presidente no deja de ponerse palos en las ruedas: primero con los aranceles y, después, con la guerra en Irán que ha llevado el precio de la gasolina a máximos nunca vistos. En el primer trimestre de 2026 su PIB crecía a un ritmo del 2,1% interanual, de acuerdo con los datos del FMI, gracias a las inversiones en productos de la propiedad intelectual y en equipamientos, y a pesar de que las grandes operaciones de las tecnológicas también pasan por un aumento de las importaciones que, por definición, ‘restan’ a la economía. 

“Según la Reserva Federal de San Luis, la inversión ligada a la IA ha llegado a explicar cerca del 40% del crecimiento de Estados Unidos, y los cálculos más recientes siguen por encima de un tercio, incluso descontando los chips y servidores importados”, detalla Arnal. Pero el problema en el país no vendría tanto de que se gripe el motor del crecimiento, apunta la experta, sino que sería más relevante el “efecto riqueza”, ya que los hogares tienen mitad de sus activos financieros en acciones. Un crack en los mercados llevaría a muchas familias estadounidenses a serios apuros.

De momento, el único freno al que se ha llegado hasta ahora es el de la salida a bolsa de OpenAI, que ya ha descartado debutar en el parqué este año. Más avanzada está una potencial salida al Nasdaq de Anthropic, que podría ser en el mes de octubre, en una operación con la que la compañía pretende captar 100.000 millones de dólares y alcanzar una valoración cercana a los 2 billones, según el Wall Street Journal.

Por eso llama la atención que sea precisamente el CEO de esta última, Dario Amodei, quien esté liderando el movimiento para tratar de ralentizar la carrera. ¿Es solo una maniobra publicitaria? Arnal cree que no es lo único que hay detrás: “Decir que tu producto es tan potente que hay que frenarlo es el mejor anuncio posible en pleno debate sobre la burbuja, y más con las salidas a bolsa de OpenAI y Anthropic en preparación. Hay otros incentivos: salir de una carrera de costes crecientes, autorregularse antes de que llegue la ley y fijar estándares que a los pequeños les costará cumplir”. 

El salvavidas, con todo, no parece estar aterrizando de momento en Europa ni mucho menos en España, aunque aquí empieza a haber una industria cada vez más puntera y las inversiones en centros de datos se multiplican por la geografía española, atraídos por la energía renovable barata. El Gobierno está trabajando junto a empresas del sector privado como Santander o ACS para implantar aquí una de las gigafactorías de IA de la UE. Si nuestro país se convierte en un eslabón clave de la cadena de valor de la IA aún está por verse. Todo depende de cuánto se apriete el freno y si el flotador no se desinfla.

Los datos macroeconómicos han vuelto a mostrar este viernes que la economía vasca mantiene un “crecimiento sólido” en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Los datos publicados por el Eustat referidos al segundo trimestre de este año muestran que el Producto Interior Bruto (PIB) vasco ha crecido un 2,3%, lo que supone tres décimas por encima de lo que estaba previsto el pasado mes de julio. Euskadi crece, y, además, con un sector industrial que deja los números rojos del trimestre anterior y con un impulso del consumo, pese a la inflación que va claramente en aumento y que puede dar al traste con muchas de las previsiones económicas.

Quizá por eso, la valoración de estos datos que ha realizado el vicelehendakari Mikel Torres ha sido de satisfacción contenida y de llamamiento a la prudencia. “Debemos seguir siendo prudentes. Hay riesgos que tenemos que anticipar y seguir de cerca”, ha señalado el también consejero de Economía, Trabajo y Empleo, recordando que la inflación se ha situado en agosto en el 4,5%, que continúan las tensiones en Oriente Medio, con posibles efectos sobre los precios energéticos, y que se mantiene la incertidumbre comercial derivada de los aranceles impuestos por Estados Unidos. “Si estas tensiones se prolongan, podrían terminar afectando a nuestra industria y al poder adquisitivo de las familias, por lo que debemos estar atentos a su evolución”, ha señalado Torres.

Con todo, ha valorado que las cuentas del segundo trimestre confirman un “crecimiento sólido” de la economía vasca, apoyado en el consumo, la inversión y la creación de empleo, con una estabilización de la industria, “aunque todavía incipiente”. A la consolidación industrial puede contribuir la mejora en el entorno europeo, con crecimientos del 1,2% respecto al año anterior. Es uno de los destinos fundamentales de las exportaciones vascas. “Para Euskadi resulta especialmente relevante la recuperación de Alemania, con la que mantenemos estrechos vínculos industriales y comerciales. Aunque su crecimiento sigue siendo moderado”, ha señalado Torres.

En concreto, el PIB vasco ha crecido entre abril y junio un 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior y un 0,7% en comparación con el trimestre precedente. Pero más allá del crecimiento puntual, los datos muestran una evolución positiva que se mantiene en el tiempo, con 22 trimestres consecutivos con avances superiores al 2%, según han recordado desde el Economía. “Confirman la capacidad de resiliencia de Euskadi en un contexto económico internacional exigente”, ha afirmado el vicelehendakari.

El consumo y la inversión han sido los que han impulsado el crecimiento, con un aumento del 2,9% interanual en el consumo de los hogares, pese al repunte de la inflación, y un 3,7% en el consumo público. También avanza la inversión con hasta un aumento del 4,5% en la realizada en bienes de equipo.

Por sectores, hay una recuperación de la industria, aunque de momento muy ligera. La industria manufacturera creció un 0,7% el segundo trimestre frente a la caída del 0,2% del anterior, y la industria en general aumentó un 0,5%. Pese a la buena noticia de este incremento, el motor del crecimiento del PIB se mantiene en el sector servicios, con un aumento del 3%.

El saldo exterior ha contribuido de forma negativa a la evolución interanual del conjunto de la economía vasca durante el segundo trimestre. En concreto, las exportaciones de bienes y servicios han ascendido un 0,9% en términos interanuales, mientras que las importaciones han sido un 2,3% superiores a las observadas el segundo trimestre del año anterior.

En cuanto al empleo, ha crecido un 1,3% en relación con el segundo trimestre de 2025, tras un ascenso del 0,4% respecto al trimestre precedente. El departamento ha destacado que esto supone que se han creado 13.238 empleos en este año, además con un aumento de la productividad por puesto de trabajo de un 1%, “consolidando una senda de mejora de la eficiencia económica”.

El golpe de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y la guerra arancelaria desatada por su Administración sobre la economía española fueron superiores a los estimados con anterioridad. El producto interior bruto (PIB) de nuestro país creció en 2025 menos de lo que se había previsto, un 2,6%, dos décimas menos, un dinamismo más lento que se compensa porque 2024 fue mejor de lo esperado.

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado este viernes los resultados de la Contabilidad Nacional Anual, la revisión que hacen cada septiembre de los datos de crecimiento económico de los tres ejercicios previos. En este caso, de 2023, 2024 y 2025, los tres años marcados por una crisis inflacionaria que no terminaba de despegarse, el despliegue de los fondos europeos, las mayores inversiones en Defensa y el conflicto comercial lanzado por Estados Unidos.

Así, el INE ha confirmado que en 2023 la economía creció un 2,4% (una décima menos), pero el rebote en 2024 fue superior al estimado, un 3,7%, dos décimas más. Esa aceleración en aquel ejercicio fue clave y compensa el menor crecimiento del estimado en 2025, en plena guerra arancelaria.

En total, el PIB se situó a cierre de 2025, a precios corrientes, en 1.690.012 millones de euros, unos 2.820 millones más de lo que había estimado inicialmente Estadística.

Con los nuevos datos incorporados (Encuesta de Presupuestos Familiares, datos de agricultura, comercio exterior y cuentas de las Administraciones Públicas), el INE destaca que en 2025 la fortaleza de la demanda interna –el motor de la economía española– fue inferior a la prevista (3,4 puntos porcentuales, una décima menos), mientras que el sector exterior restó más crecimiento del anticipado (0,8%), con unas exportaciones de bienes y servicios que fueron menos vigorosas de lo calculado con anterioridad.

Si bien el consumo fue menos fuerte de lo esperado, sobre todo el de las familias (3,1%, tres décimas inferior a lo avanzado) a pesar de la fortaleza del mercado laboral, la inversión creció un poco más, una nota positiva, gracias a la revisión de las existencias.

Por el lado de la oferta, las cuentas del sector primario permiten ver que tuvieron un dinamismo mucho mayor del anticipado (11,9%, frente al 1,2%), pero la industria y los servicios crecieron a un ritmo más lento (0,6% y 2,5%, respectivamente). La construcción, eso sí, aportó más de lo previsto, con un crecimiento del 6%.

La Renta Nacional Bruta de la economía española, que incluye los flujos procedentes del extranjero, se situó en 1.693.738 millones de euros, ligeramente por encima de lo estimado.

En lo referente al empleo, la productividad por hora trabajada creció un 0,6%, una décima menos, ya que las horas trabajadas avanzaron en menor medida de lo anticipado (2%, una décima menos).

En 2024 se invirtió más

La sorpresa positiva en la revisión de estos tres años ha venido del ejercicio 2024, en el que la economía avanzó más de lo esperado. El PIB de aquel año creció un 3,7%, dos décimas por encima de la revisión que se hizo hace un año.

La demanda interna aportó más al crecimiento (3,4 puntos), gracias a un avance superior al estimado del consumo público, y también lo hizo el sector exterior, con unas ventas al extranjero que fueron mejores de lo que el INE había previsto.

En cuanto a los sectores, la industria y las ramas primarias fueron sorpresas positivas, con crecimientos superiores a lo avanzado (15% y 5,6%), pero la construcción no terminó de arrancar en 2024 y, de hecho, la rama decreció un 0,9%. Un factor motivado fundamentalmente por el precio y los costes de la vivienda.

La última revisión que hace el INE es la del dato de crecimiento de 2023, que fue ligeramente inferior al anticipado (2,4%, frente al 2,5%).

Los investigadores Miguel Artola y Francisco Melis ya habían adelantado una revisión al alza de los datos, una constante desde que la pandemia de COVID-19 desbarató por completo la medición de la economía. En su artículo, publicado en elDiario.es, apuntaban a una notable revisión del PIB nominal (es decir, a precios corrientes e incluido el efecto de la inflación) de entre 15.000 y 30.000 millones de euros, en base a fuentes como la Estadística Estructural de Empresas del INE o los datos de la Agencia Tributaria.

Artola y Melis apuntaban que estas revisiones indican que, a pesar del avance notable de la población española impulsada por los movimientos migratorios, la economía está ganando productividad y el crecimiento no es únicamente “extensivo”, por un aumento de de la demanda de ese mayor número de personas.

La revisión del PIB obliga también a recalcular numerosas referencias que se hacen en relación al tamaño de la economía. Por ejemplo, el déficit público o la deuda pública. Los investigadores apuntaban a que el nuevo cómputo ya permitiría que el endeudamiento del Estado se situase por debajo de la barrera psicológica del 100% del PIB. Algo que ya se ha conseguido, el pasado mes de julio, a pesar de utilizar todavía una base de PIB sin actualizar.

Los ejercicios 2024 y 2025 experimentarán una última revisión el año que viene, junto con la nueva estimación de 2026. Además, el INE ha avanzado que habrá un recálculo extraordinario el año próximo “debido, principalmente, a la incorporación de datos sobre reservas transversales (establecidas por la Comisión Europea a todos los países de la UE en el mismo plazo) y a cambios metodológicos en fuentes de información”.

La deuda pública española cerró julio en el 99,9% del producto interior bruto (PIB), la ratio más baja desde febrero de 2020, justo antes del estallido de la pandemia de COVID-19 que disparó el endeudamiento de las administraciones y que llevó esta referencia a superar el 120% del tamaño de la economía.

Por primera vez en un lustro, el endeudamiento público es ligeramente inferior al tamaño de la economía española. Es apenas una décima, pero supone rebajar la barrera psicológica del 100%, que se superó por primera vez en 2013. Solo en dos años desde el estallido de la crisis financiera el pasivo del Estado se situó por debajo del 100%: en 2018 y en 2019.

Si bien la ratio sobre el tamaño de la economía se situó por debajo del 100%, en términos nominales la deuda pública alcanzó otro récord al situarse en 1,744 billones de euros, un 3,8% más que hace un año.

El dato publicado este jueves es un avance elaborado por el Banco de España, pero muestra que la economía española ya se ha recuperado prácticamente por completo del golpe de la pandemia. En febrero de 2020, antes de los millonarios gastos que supusieron los ERTE, la sanidad y todas las medidas para preservar la economía, la deuda pública cerró en el 98,7%. A partir de entonces se disparó hasta alcanzar el 126,1% en mayo de 2021, debido no solo al incremento de la deuda, sino también al derrumbe del PIB.

Según destaca el Banco de España, la deuda del Estado (es decir, la Administración central) fue de 1,589 billones de euros, un 4,2% más que hace un año y un 91% en relación con el PIB. La Seguridad Social registró un pasivo en julio del 136.180 millones, un 7,9% que en el mismo mes de 2025, y un 7,8% del PIB.

En lo que respecta a las Administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas se situó en 349.300 millones de euros (un 20% del PIB), un 2,7% más que hace un año, mientras que las Corporaciones Locales registraron un endeudamiento de 21.630 millones de euros (1,2% del PIB), un 7,9% menos que hace un año.

La entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta ha vuelto a poner el foco en los movimientos migratorios. Sin embargo, el debate público se ha desplazado rápidamente hacia el grado de responsabilidad de las autoridades en el evento y también hacia la gestión de la crisis humanitaria consecuente. Eso ha dejado de lado lo que tiene más importancia estructural: ¿por qué tanta gente trata continuamente de irse de Marruecos y otros países para acceder a España y la Unión Europea?

Según los datos de Frontex, de todas las entradas registradas durante los primeros cinco meses de 2026, el 30% de los inmigrantes procedía de Argelia y el 20% de Marruecos, mientras que el resto venía desde países subsaharianos. Estas cifras cambian cada año, dependiendo de las características de las tres rutas principales hacia España. Lo que no cambia, incluso aunque se endurezcan y militaricen las fronteras, es la pulsión por llegar a territorio europeo. Por ejemplo, de acuerdo con los datos del barómetro árabe para 2024, el 35% de la población marroquí ha considerado migrar, y ese porcentaje sube al 55% entre jóvenes de 18 a 29 años. La pregunta realmente importante es: ¿qué ocurre en un país del que más de la mitad de sus jóvenes plantea irse?

Los salarios bajos de Marruecos

La semana pasada vimos que los modelos más básicos de economía predicen que la enorme diferencia de nivel de desarrollo y, dentro de ella, el diferencial de ingresos y oportunidades laborales, constituye el principal telón de fondo económico de estos movimientos. Si tomamos el PIB por habitante como un indicador del nivel de vida, podemos comparar entre países y mostrar en qué momento temporal tuvo España el “nivel de vida” actual de los principales países emisores de migrantes. Y, como se ve en el siguiente gráfico, Marruecos tiene el PIB por habitante de España en 1967, mientras que Senegal y Gambia se encuentran donde estaba España en 1938 y 1871 respectivamente.

Se objetará, y con razón, que no es el PIB por habitante en lo que se fijan los migrantes sino, más bien, el diferencial salarial. El problema es que no existen indicadores salariales fiables para la mayoría de los países de origen. No obstante, podemos usar la contabilidad nacional para aproximarnos a algo parecido a un salario medio: la renta por ocupado. Con esos datos, y como podemos ver en el siguiente gráfico, igualmente existe una diferencia considerable. Además, podemos apreciar también que sólo Marruecos parece haber convergido ligeramente en los últimos años con el nivel de referencia de España, que, por otro lado, aparece básicamente estancado para todo el período (1999-2019).

Con estos datos, podemos resaltar que España tiene un PIB por habitante cinco veces mayor que el de Marruecos, pero su producto por ocupado es solo 3,8 veces mayor. La diferencia está en cuánta gente trabaja, ya que en Marruecos tiene empleo el 31,6% de la población total, frente al 42,5% en España, de modo que a cada trabajador marroquí le toca sostener a bastantes más personas. Eso significa que incluso aunque el trabajo marroquí fuese igual de productivo que el español, su producto tendría que repartirse entre más gente y conduciría a una renta por habitante inferior.

La brecha entre 'lo que se cobra' vuelve a abrirse hasta cuatro veces y media porque en Marruecos la parte del producto que acaba en manos de quien trabaja es más pequeña (48 de cada 100 unidades de valor añadido, frente a 56 en España). En definitiva, el trabajador marroquí no solo produce menos que el español, sino que además se queda con una porción menor de lo que produce. Todas esas condiciones no solo presionan a la baja el salario, sino que justifican la búsqueda de nuevos horizontes con más esperanza; y están a pocos kilómetros, en España.

Una economía que no absorbe a su población

Si nos limitamos a un análisis convencional, comprobaremos que actualmente la tasa de desempleo de Marruecos oscila entre el 9% (Banco Mundial) y el 13% (HCP, el INE marroquí). No son cifras excesivamente elevadas, y la de España está en el mismo rango (9,87%). Con estos datos podríamos deducir que la economía marroquí no deja a mucha gente fuera, pero sería una conclusión totalmente equivocada. Lo que ocurre es que hay un enorme “ejército de reserva” que no está recogido por las estadísticas convencionales. Vamos a ver por qué.

Como ya expliqué, Marx consideraba que los salarios de los trabajadores eran empujados a la baja por la presión que ejercía la presencia de un conjunto de personas que se encontraban en la frontera del mercado laboral. A ese instrumento lo llamó “ejército de reserva” o “sobrepoblación”, con lo que se refería no a que sobrara gente en un determinado territorio, sino a que sobraba gente porque la dinámica capitalista no podía absorberla dentro del mercado laboral formal. Este ejército no estaba compuesto solo por desempleados sino también por otro tipo de posiciones de gran vulnerabilidad, como los precarios o incluso los que esperaban la aparición de trabajos mejores. Con las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se ven en el siguiente gráfico podemos aproximarnos a esa conceptualización y analizar mejor la estructura del mercado de trabajo en Marruecos.

Es muy importante que entendamos este gráfico, porque aporta claves esenciales. En primer lugar, vemos que el 40% de la población española tiene un empleo no vulnerable por un 20% de la población marroquí. En segundo lugar, en Marruecos los inactivos en edad de trabajar representan el 34,7% de toda la población, más del doble que en España. Eso significa que hay más de 13 millones de marroquíes en edad de trabajar y fuera del mercado laboral. No aparecen en las tasas de desempleo, pero están y son parte de ese enorme “ejército de reserva” en Marruecos. Y, desde el punto de vista de la capacidad de absorción del mercado laboral desarrollado, se constituye como población excedente, o sobrante.

Desagrarización sin industrialización

Según los modelos tradicionales de desarrollo, un país se moderniza cuando su población abandona el campo y se desplaza hacia sectores modernos, como la industria. En estas teorías, inspiradas en la experiencia de las primeras economías avanzadas, se entiende que es la industria la que absorbe progresiva y cíclicamente ese “ejército industrial” que sale del campo. Sin embargo, en Marruecos ha ocurrido algo distinto, como podemos ver en el siguiente gráfico. Lo que se observa es el primer paso de esa predicción, pero no el segundo: entre 1991 y 2025 el empleo agrario cayó efectivamente del 52% al 27,9% del total, pero la industria y la construcción juntas absorbieron sólo tres puntos. En este sentido Marruecos se está desagrarizando, pero sin industrializarse. Y curiosamente fueron los servicios los que absorbieron la inmensa mayoría de ese excedente salido del campo.

Una de las teorías más conocidas sobre este “momento del desarrollo” es la del economista Arthur Lewis, quien conceptualizaba el campo como una reserva de mano de obra ilimitada que trabajaba de modo altamente ineficiente (una productividad marginal cero o negativa). Por eso cuando esa mano de obra iba siendo absorbida por la industria, el resultado era que subía la productividad del sector agrario (misma producción con menos trabajadores). Pero la razón fundamental por la que la industria absorbería el excedente agrario es porque reinvierte beneficios y disfruta de productividades crecientes muy superiores a la del resto de sectores. En el caso de Marruecos sí se confirma que al abandonar los trabajadores el campo, la productividad del sector sube (aunque oscila porque también está afectada por cuestiones climáticas). Pero, contrariamente al modelo de Lewis, el sector que absorbe los trabajadores no muestra productividades crecientes ni gran capacidad de acumulación. Al contrario, durante casi 20 años la productividad de los servicios estuvo por debajo del nivel de 1991, y en 34 años solo ha ganado un 15%.

La explicación más sugerente es que el excedente de trabajo saliente del campo ha sido absorbido sencillamente donde cabía. El sector servicios es una especie de cajón de sastre, donde reina la informalidad y la precariedad. Las teorías del desarrollo predecían que mientras ese excedente no fuera absorbido por la industria, engrosaría las filas del desempleo formal. Lo que vemos, por el contrario, es que esa sala de espera es ahora el trabajo mal pagado del sector servicios. Y, dado que la economía nacional no genera un sector moderno capaz de absorber esa mano de obra, la movilidad geográfica es la alternativa. Y del mismo modo que antes iban del campo a la ciudad esperando una oportunidad, ahora el polo de atracción es el Norte Global.

Este “ejército de reserva” permite mantener bajos los salarios, a lo que ayuda un Estado autoritario con gran capacidad para frenar las aspiraciones de los trabajadores. Pero estos salarios bajos no son una estrategia suficiente. La razón es que un salario bajo no basta para atraer capital, porque si la productividad también lo es, el coste laboral unitario se come la ventaja. La solución marroquí ha sido crear enclaves que permiten a las multinacionales combinar tecnología avanzada con costes laborales muy bajos y capturar mayores márgenes. El automóvil es el caso más claro. Como vimos hace algunas semanas, esto ha permitido a Marruecos convertirse en uno los de los principales proveedores de vehículos de la Unión Europea, aunque en el segmento de menos valor añadido y poco preparado para la electrificación. Pero la ventaja de Marruecos entre los productores de vehículos es claramente el salario bajo, y según la consultora Oliver Wyman, la fabricación en Marruecos tiene un coste laboral por vehículo de 106 dólares, frente a los 273 dólares de Rumanía, los 305 dólares de México, los 414 dólares de Turquía, los 597 dólares de China y los 3.307 dólares de Alemania. Es obvio que la ventaja de Marruecos solo se sostiene mientras el salario no suba, y resulta que lo que impide que suba es exactamente el “ejército de reserva”, porque esa ventaja salarial difícilmente podría mantenerse sin una abundante oferta de trabajo que limite el poder de negociación de los trabajadores.

Los límites del modelo: necesidad de remesas

El problema central de este modelo de enclave es que tiene que importar casi todos los productos que luego ensambla y exporta. Eso explica por qué, en los siete primeros meses de 2026, Marruecos exportó bienes por 299.340 millones de dírhams e importó por 544.050 millones, lo que supone un enorme déficit comercial. Ese déficit debe compensarse mediante entradas de divisas de distinto tipo. Entre ellas, las remesas de los emigrantes ocupan un lugar central, porque equivalen al 7,7% del PIB y constituyen una fuente de financiación externa extraordinariamente estable. Estas remesas son, como se sabe, el dinero que los emigrantes envían a Marruecos (a sus familias) desde los países donde trabajan.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, estas remesas son un elemento económico indispensable para Marruecos, puesto que durante muchas décadas han ayudado a cubrir el déficit comercial. Para hacerse una idea de su importancia, cabe decir que es una partida siete veces superior a la inversión extranjera directa y superior incluso a los ingresos por turismo.

En términos humanos debemos añadir que el hijo emigrado es para la familia una suerte de seguro de futuro, en muchos casos más fiable que una pensión pública. Para una población acostumbrada a vivir en la informalidad y, por ende, en la subsistencia, las remesas procedentes de países donde hay derechos laborales son una regularidad milagrosa. Todo ello permite entender por qué tanto para el Estado como para las familias, la emigración es, en realidad, una salida altamente razonable.

La paradoja: remesas y control de la migración

A pesar de los discursos sobre modernización de Marruecos, lo cierto es que su modelo se basa en los bajos salarios. Marruecos intenta insertarse en la economía-mundo mediante una estrategia de atracción de las multinacionales, apoyándose a su vez en una inserción geopolítica favorable, incluida la relación privilegiada con Estados Unidos y el respaldo internacional a la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental (que le permite legitimar la propiedad de grandes depósitos de recursos naturales). En general, el modelo económico combina salarios bajos, enclaves exportadores que importan su propia técnica desde los países ricos y una restricción externa crónica; pero resulta que las tres piezas encajan solo si existe de forma permanente una población excedente. El modelo convive en tensión entre la necesidad de disponer de población sobrante que baje el nivel salarial y de que parte de esta se marche efectivamente al extranjero a trabajar.

Más paradójico es que Marruecos recibe dos rentas distintas de la misma población sobrante. La primera es son las remesas ya mencionadas. La segunda es la renta que se recibe por parte de países ricos a cambio de mantener al “ejército de reserva” en el propio país. Como ya hemos visto, la contención migratoria se ha convertido en una suerte de “exportación” a precio de mercado, ya que cuando hay pánico antiinmigración en Europa, sube el precio que cobran los países como Marruecos. Así, paradójicamente Marruecos cobra por tener emigración y por frenarla.

La cuestión es que Marruecos tampoco va camino de dejar de enviar emigrantes, ya que el modelo económico no está diseñado para absorber al “ejército de reserva” sino para reproducirlo. Durante la primera industrialización, Marx observó cómo el excedente de población del campo alimentaba el crecimiento de las ciudades industriales, y, décadas después, Lewis formalizó la intuición y estableció que la modernización consistiría en trasladar trabajadores desde sectores de baja productividad hacia otros capaces de absorberlos con mayor productividad. La peculiaridad de nuestro tiempo es que en buena parte de la periferia ese mecanismo se ha roto. Como hemos visto, Marruecos se desagrariza, pero no genera suficiente empleo industrial y productivo para absorber a la población que abandona el campo, y una parte de ese excedente queda atrapada en servicios precarios y otra busca su salida en el exterior.

Lo que la frontera medía es el hecho de que el excedente de trabajo marroquí no puede absorberse por su economía nacional pero sí por la demanda de trabajo de los países del Norte Global. Más allá del cinismo que rodea a todo este fenómeno, lo importante es asumir que el endurecimiento del acceso por la frontera europea no elimina ese excedente, y solamente decide dónde puede trabajar. Lo que antes se desplazaba del campo a la ciudad se desplaza ahora también de la periferia al centro. Y mientras esa enorme diferencia económica siga existiendo, ningún muro, ningún acuerdo policial y ninguna operación de control migratorio podrá hacer desaparecer el movimiento que produce.

La brecha de productividad entre España y Estados Unidos encadena tres décadas sin converger y el crecimiento de los últimos años está permitiendo que nuestro país no pierda posiciones... pero no es suficiente para cerrar las diferencias con las economías más eficientes.

Esa es una de las conclusiones de una jornada organizada este miércoles por Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE) sobre productividad de la economía española, un asunto en el que España cuenta con una desventaja crónica del 25% desde los años noventa.

El responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, ha señalado que la economía española recortó distancias con Europa “hasta mediados de los años noventa, pero posteriormente su posición relativa se estancó”. Si bien entre 2013 y 2019, coincidiendo con la salida de la crisis, hubo una ligera mejora, “el acercamiento volvió a frenarse después de la pandemia”. En los datos presentados por el economista, tomando Estados Unidos como base 100 y midiendo la productividad como PIB por hora trabajada, España se sitúa en torno al 75%, mientras que el grupo europeo formado por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia se aproxima al 97%. Esta diferencia, cercana a los 22 puntos, apenas se ha reducido durante las últimas tres décadas.

Uno de los factores detrás de esta menor eficiencia, además de la composición sectorial de la economía, es el tamaño empresarial. “Las grandes empresas españolas son aproximadamente dos veces más productivas que las microempresas, mientras que las compañías medianas y grandes presentan niveles de productividad similares a los de sus equivalentes europeas”, ha apuntado Doménech.

Es por esto que el experto ha planteado la necesidad de priorizar las inversiones basadas en el conocimiento, en capital físico productivo y en mejorar la formación tecnológica de los trabajadores. Entre otras áreas donde actuar para mejorar la productividad, el responsable de BBVA ha señalado las políticas laborales y educativas, así como una mejora del sistema fiscal y de la burocracia a la que hacen frente las empresas, que muchas veces actúan como freno para el crecimiento.

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha subrayado la importancia de recuperar productividad porque “una economía más productiva amplía nuestra capacidad para generar renta y financiar el bienestar futuro”. “España dispone de empresas, trabajadores, infraestructuras y tecnología, pero seguimos teniendo dificultades para combinar todos esos recursos y dirigirlos hacia los usos donde pueden generar una mayor productividad”, ha lamentado.

Por su parte, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, y al hilo de los datos del informe PISA conocidos este martes, ha destacado la necesidad de unas “políticas educativas efectivas”, de tal manera que la población cuente con herramientas clave y que se ponga “el acento en la oferta de conocimientos útiles para el sistema productivo”.

La extrema derecha alemana podrá gobernar en el Estado de Sajonia-Anhalt si consigue el apoyo de BSW, un partido ‘rojipardo’ fundado en 2023 como escisión de Die Linke —el equivalente a Izquierda Unida/Podemos en España—. El motivo de aquella ruptura es el mismo por el que sus líderes justifican ahora el posible apoyo a la ultraderecha: las políticas contra la inmigración. Durante los últimos años su carismática líder, Sahra Wagenknecht (las siglas de su nombre están en el nombre del partido), ha hecho bandera de las políticas antiinmigración con un discurso prácticamente indistinguible del de la extrema derecha. Yo la conocí en Berlín en 2014, durante un homenaje a la revolucionaria e internacionalista Rosa Luxemburgo que ahora se me antoja irónico; aunque por aquel entonces ella todavía era una dirigente alineada con la posición oficial de su entonces partido, que defendía políticas pro-inmigración.

Probablemente, el elemento central del discurso anti-inmigración de Wagenknecht y su partido es que sitúan la entrada de trabajadores extranjeros como un problema para los trabajadores nacionales. Según ellos, los inmigrantes presionan los salarios a la baja y ello conduce al incremento de los beneficios de las empresas; en consecuencia, la solución es limitar la entrada de inmigrantes para no empeorar las condiciones de la clase trabajadora alemana. Se trata de un discurso reconocible dentro de la familia de partidos de extrema derecha, especialmente aquellos que tienen como objetivo seducir a la clase trabajadora nacional que, se presupone, forma el granero de votos de la izquierda. Desde Jean-Marie Le Pen en los noventa hasta Vox en el presente, pasando por el vicepresidente y el presidente de Estados Unidos, todos ellos han defendido o defienden posiciones anti-inmigración sostenidas sobre el argumento de que los inmigrantes son responsables de, al menos, parte del estancamiento o incluso retroceso salarial de los trabajadores nacionales. Aunque tanto para las extremas derechas como para el rojipardismo el fenómeno de la inmigración es más amplio que la migración laboral, en este análisis vamos a analizar qué dicen los modelos económicos sobre esta relación y cuáles son las conclusiones y contradicciones que emergen.

La inmigración en la economía

Toda proposición política, como aquella que asegura que “los inmigrantes bajan los salarios”, depende de la forma en la que entiende el mundo quien la formula, y esto a su vez suele ser el legado, casi siempre no reconocido, de una teoría desarrollada por algún economista ya fallecido. Esta es la famosa tesis de J. M. Keynes sobre el papel de los economistas, y es totalmente válida aquí. Dicho de otra forma, los economistas trabajan continuamente con modelos que “simplifican” el mundo, y a partir de los cuales se extraen ciertas proposiciones políticas que después se divulgan y difunden hasta llegar al común de los mortales; la mayoría de las veces dotadas de la legitimidad que concede la apariencia de ciencia e incluso con el aura de un nuevo “sentido común”. Ser consciente de esto es importante siempre, pero veremos que lo es especialmente con el tema de la inmigración.

Para entender este punto es relevante comenzar con el trabajo del economista Paul Samuelson, quien en 1948 formalizó lo que se conoce como “teorema de igualación de precios de los factores”. Aquí nos interesa centrarnos en que, según este teorema, el libre comercio entre países tenderá a igualar el precio de los factores capital y trabajo, es decir, de la tasa de ganancia y del salario. Así, el teorema predice que si dos países con distintos niveles salariales deciden comenzar a comerciar entre ellos, los salarios del país más pobre subirán y los salarios del país más rico bajarán. Casi todo el debate posterior entre economistas gira en torno a por qué ese no es el resultado que observamos en la realidad; pero la mayoría de los economistas asume que ese es el mecanismo esencial del funcionamiento de la economía capitalista.

La intuición que difunden los partidos ‘rojipardos’ y de extrema derecha se inspira precisamente en esa forma de pensar el mundo. En ese mundo “idealizado” por los economistas sólo existen dos factores de producción, capital y trabajo, y según si se “permite” que se muevan libremente se producirá un resultado u otro. Por ejemplo, en los años noventa el economista George Borjas elaboró un modelo que suponía que el factor trabajo era libre (las personas podían ir de un país a otro sin problemas) pero el factor capital era fijo. Las conclusiones fueron que la entrada de inmigrantes producía una bajada de salarios de los trabajadores nativos y, además, elevaba los beneficios de las empresas. Como ocurre con todos los modelos, modificar un supuesto por otro cambia (mucho) las conclusiones: en los modelos donde además del trabajo el capital también se puede mover, la predicción es que el salario no bajará con la entrada de inmigración.

En un modelo completamente diferente, como el del marxista Arghiri Emmanuel, el mundo que se piensa es uno en el que el capital es el único factor que se puede mover entre países mientras que el trabajo está restringido por los controles anti-inmigración. En su modelo, el diferencial salarial entre los países ricos (el Norte) y los países pobres (el Sur) nunca puede cerrarse, y esa es la causa por la que el Norte explota al Sur mediante intercambios desiguales. La conclusión política de Emmanuel fue muy controvertida porque señalaba a los sindicatos de los países ricos como responsables y beneficiarios del mantenimiento de esa situación injusta (piénsese que Emmanuel creía también que, en condiciones de libre movilidad de factores, los salarios convergerían).

El marxismo y la inmigración

Emmanuel no es el único marxista cuyo trabajo asume que, en ausencia de obstáculos como las políticas de restricción de inmigrantes, existe una tendencia del sistema hacia la igualación del precio de los factores. El propio Marx reconoció ese mecanismo en varios de sus trabajos, aunque en él opera de una forma distinta a la de los economistas ortodoxos. Para el autor de El Capital, el salario depende fundamentalmente del poder de negociación de la clase trabajadora frente al capital, y la dinámica capitalista desgasta esa capacidad a través del “ejército industrial de reserva”, es decir, de una gran masa de desempleados creados por el capitalismo. Esa enorme mano de obra disponible para el empresario disciplina también a los trabajadores, dificultando su capacidad de organizarse y de negociar mejores salarios. Los inmigrantes serían, en este modelo, un volumen adicional al ejército industrial de reserva pero, en general, con muchos menos derechos y protecciones.

Lo curioso de Marx es que, aunque aceptaba el diagnóstico de que la inmigración presionaba a la baja los salarios de los trabajadores nacionales, nunca concluyó que la solución era restringir los movimientos de los trabajadores. Cuando analizó la inmigración irlandesa en Inglaterra, comprendió que existía “una clase obrera dividida en dos campos enemigos, proletarios ingleses y proletarios irlandeses” y reconoció que “el trabajador inglés común odia al trabajador irlandés como competidor que reduce el nivel de vida”. Para Marx era claro que el problema era la división de clase que impedía que irlandeses e ingleses, juntos, exigieran mejores condiciones de trabajo. Y el remedio no era profundizar esa división, excluyendo a los irlandeses, sino acabar con la opresión de Irlanda y del capitalismo que había empujado a la emigración a tantos trabajadores.

El texto al que me estoy refiriendo está escrito en 1870, pero podría ser actual. Marx veía con claridad que la oposición entre trabajadores inmigrantes y nacionales era sólo del interés de los capitalistas explotadores. Y, literalmente, reconocía que “este antagonismo se mantiene artificialmente despierto y se ve acentuado por la prensa, el púlpito, las revistas económicas, o sea, por todos los medios a disposición de las clases dominantes. Este antagonismo es el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de su organización”. Esta línea de pensamiento, por cierto, fue seguida por dirigentes como Lenin o Rosa Luxemburgo, para quienes la solución nunca pasó por el nacionalismo sino por la conciencia de clase. A diferencia de lo que sucede con toda la desviación rojiparda.

¡Son las instituciones!

Si Marx y los economistas liberales comparten que existe un mecanismo que iguala los salarios vía libre comercio, competencia o poder de negociación, ¿significa eso que es inevitable que la inmigración produzca bajadas salariales entre los trabajadores nacionales? La respuesta es que no. Porque igual que hemos visto que, dependiendo del supuesto del modelo se obtienen unos resultados u otros, el capitalismo no opera en el vacío, sino mediante instituciones, es decir, leyes, normas, tradiciones, costumbres… Lo que determina los resultados reales no son solo los precios, sino la combinación de instituciones y precios. Y son esas instituciones las que moldean la forma en la que se absorben impactos como el de la inmigración.

Por ejemplo, para Marx lo relevante no era la nacionalidad del trabajador, sino su estatus: procedía de un país donde los salarios eran más bajos porque la acumulación capitalista era más débil, contaba con menos derechos y estaba acostumbrado a un nivel de vida más modesto. De hecho, los inmigrantes presionan a la baja los salarios y condiciones más que los nacionales solo cuando sus condiciones laborales son inferiores. El perfil del inmigrante es, efectivamente, carne de cañón para ser superexplotados y para ser la parte más rocosa del ejército industrial de reserva.

Debido en gran parte al fracaso de los modelos económicos a la hora de predecir qué ocurre con los flujos migratorios, y la constatación de que en casi ninguna parte han convergido los salarios, el análisis de las últimas décadas sobre la inmigración y sus efectos se ha desplazado desde el enfoque puramente económico (sólo precios) a otro más institucional. Por ejemplo, hoy se acepta que los mercados están segmentados y que los inmigrantes apenas entran en competición directa con los trabajadores nacionales (los primeros suelen recalar en trabajos de poca cualificación que los nacionales ya no quieren hacer), que las condiciones jurídicas de los inmigrantes son altamente relevantes y que si cuentan con los mismos derechos el impacto negativo desaparece, y que el poder político de negociación es especialmente importante (particularmente en sectores con monopolio). La inmensa mayoría de los estudios que han evaluado todas estas cuestiones de forma más amplia han concluido que en promedio el salario de los nacionales no se ve afectado por la entrada de inmigrantes y que, cuando hay efectos negativos, están asimétricamente distribuidos (por ejemplo, sobre los sectores de baja cualificación y sectores más desprotegidos en general).

Conclusiones

Lo curioso es que los modelos sobre la inmigración son también modelos sobre el comercio. En 1957, el economista Robert Mundell subrayó que la entrada de inmigrantes de poca cualificación era equivalente a importar bienes producidos en países de bajos salarios a partir de trabajo poco cualificado. Eso significa asumir que la importación en masa de productos chinos es equivalente a la entrada de inmigración masiva china, y sus efectos sobre los empleos y salarios sería igual. Esto permite entender mejor por qué la pregunta “¿los inmigrantes bajan los salarios?” está mal planteada si se formula como una cuestión puramente económica. La respuesta depende de qué trabajadores compiten con cuáles, de cuánto capital se acumula, de cómo reaccionan las empresas, de qué sectores crecen, de qué instituciones regulan el mercado laboral y, sobre todo, de cuál sea el poder de negociación de los trabajadores. No existe una ley económica que diga que la llegada de inmigrantes tiene necesariamente que traducirse en una reducción generalizada de los salarios nacionales. Eso es naturalizar un estado de las cosas (el del capitalismo realmente existente) que es históricamente específico.

Si contratar a un trabajador recién llegado y descargar un contenedor procedente de Asia son, desde el punto de vista del salario nacional, la misma operación, entonces cerrar la frontera a las personas no elimina la competencia y únicamente la desplaza. El empresario que no puede traer al trabajador se traslada él, o le encarga la pieza a un proveedor que ya está allí. Es, literalmente, lo que ha ocurrido durante las últimas cuatro décadas. Esto es lo que nombra la expresión actualizada de “ejército mundial de reserva”, que acostumbra a usar el marxista John Bellamy Foster. Y lo cierto es que la masa de trabajadores disponible para disciplinar salarios dejó de ser nacional hace mucho tiempo. La clave es que el capital no necesita que esa masa cruce la frontera, porque puede cruzarla él.

Todo esto va mucho más allá que una cuestión meramente teórica. Como dije al principio, las teorías de los economistas muertos resuenan siempre en las proposiciones actuales. Y la actualidad está llena de esas proposiciones, por ejemplo de aquellas que plantean qué movilidades se proponen restringir y cuáles no. Porque ningún programa de extrema derecha —tampoco el rojipardo, más allá de la retórica— propone cerrar la movilidad del capital. En todas estas propuestas se criminaliza al trabajador, pero no al capital, lo que es sintomático del discurso de clase.

Volvamos entonces a la pregunta del título. ¿Bajan los inmigrantes los salarios? La respuesta que dan a la vez la mayoría de modelos modernos y la evidencia es que no lo hacen por ser inmigrantes, sino allí donde son trabajadores con menos derechos. Así que lo que presiona a la baja los salarios no es el pasaporte, sino el estatus. Y lo que propone la extrema derecha y los ‘rojipardos’ —recortar derechos y expulsar a una parte de la clase trabajadora— es exactamente la que abarata a los competidores de la otra parte. Es una política patronal formulada en el idioma de los obreros.

Ahora bien, la alternativa al discurso antiinmigración no consiste en negar que puedan existir efectos distributivos asociados a la inmigración. Tampoco consiste en repetir que “la inmigración siempre es buena” y cerrar el debate. Consiste en preguntar quién gana y quién pierde, en qué circunstancias, mediante qué mecanismos y bajo qué instituciones. Y hacer política con ello. Como he mostrado antes, Marx lo entendió en 1870 y lo resumió muy bien al decir que el antagonismo entre trabajadores ingleses e irlandeses era “el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de su organización”. Se puede levantar una alambrada o un muro alrededor de un país, pero no alrededor del mercado mundial. Frente a un ejército de reserva de dimensiones planetarias solo caben dos respuestas. La primera es competir todos a la baja en un terreno donde nadie tiene derechos, que es el proyecto de la extrema derecha en un contexto de crisis ecosocial. La segunda es extender los derechos hasta que la competencia deje de librarse por abajo. Esta última era la apuesta de aquella Rosa Luxemburgo a la que fuimos a homenajear a Berlín en 2014. La primera, doce años después, es lo que se está negociando en Sajonia-Anhalt.

Todos los meses de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza una revisión del PIB y del resto de las cuentas nacionales que permiten medir el comportamiento de la economía española. En los últimos años, estas revisiones han recogido variaciones al alza de notable envergadura, ya que las primeras estimaciones trimestrales —las que normalmente copan los titulares— se veían incrementadas al incorporarse nuevas fuentes de información y mejorar los métodos. En este año, todo invita a pensar que se va a producir una revisión al alza del PIB de 2024 de entre uno y dos puntos, es decir, que aflorarán entre 15.000 y 30.000 millones de euros.

¿Cómo podemos aventurar una noticia antes de que ocurra? Desde la recuperación económica de 2021, hemos considerado factible aproximar la evolución del PIB recurriendo a diversas estadísticas. Una opción consiste en acudir a la Estadística Estructural de Empresas, que elabora el propio INE, con los registros de miles de empresas referidos a sus ventas, compras, salarios y márgenes brutos para así estimar el valor añadido por ramas de actividad en la industria, la construcción y los servicios. Otra opción consiste en acudir a las bases imponibles referidas a salarios, alquileres, rentas de los autónomos y beneficios empresariales que publica la Agencia Tributaria para así estimar el PIB desde la perspectiva de las rentas. Para conocer mejor los detalles, remitimos al lector interesado a otras entregas publicadas en elDiario.es y a la nota metodológica al final de este artículo.

El gráfico adjunto muestra la comparación en las tasas de crecimiento del PIB según las series oficiales (en rojo) y estas dos alternativas (en azul). En general, siempre seguimos dos normas implícitas. La primera es centrar la atención en el crecimiento del PIB nominal, es decir, antes de ajustar por el cambio en precios. Es una lógica similar a la que siguen la mayoría de las personas con su economía: pensamos primero en la variación de nuestros ingresos con respecto al año anterior y luego consideramos el incremento del IPC para determinar nuestra renta real. Esto recuerda que el PIB nominal, antes de ajustar por el deflactor, contiene información muy relevante. La segunda norma es que es mejor obviar las pequeñas diferencias (digamos, de menos de un punto) que siempre se producen en las tasas en cualquier año entre la serie oficial y estas alternativas, principalmente por diferencias conceptuales. Sin embargo, cuando la brecha en la tasa de crecimiento es notable (de dos, tres o hasta cinco puntos, como ocurrió en 2021), es que tenemos una señal inequívoca de que algo no termina de cuadrar en las cuentas nacionales. La experiencia ha demostrado que, en estos casos, y tras muchas idas y venidas, el INE terminará por revisar las series del PIB.

Si se utilizan la información de la Estadística Estructural de Empresas referida al año 2024 se puede detallar el origen de estas diferencias por sectores, como recoge el cuadro adjunto. En 2024 el crecimiento nominal del PIB habría sido del 8,6% en lugar del 6,4% estimado hasta ahora, y la diferencia se explicaría fundamentalmente por un mayor aumento en sectores relativamente tradicionales –la construcción, el comercio, el transporte y la hostelería– pero también en aquellos más ligados a la nueva economía (como los servicios de información o las actividades profesionales). En tanto que los niveles de empleo apenas deberían verse afectados por estas revisiones, los nuevos datos inciden en que se está produciendo una mejora de la productividad.

La información referida a las rentas que proporciona la Agencia Tributaria arroja una perspectiva muy similar: el PIB nominal habría crecido un 8,2%, o 1,8 puntos más que la serie oficial del INE. La diferencia entre nuestras estimaciones y la serie oficial en el crecimiento de la masa de salarios es muy pequeña, pero no es así en el caso de los beneficios de las sociedades (un 10,8% en la renta bruta de explotación del Impuesto sobre Sociedades) y en las rentas de los autónomos y los alquileres que perciben los hogares, que crecen un 11,1% en el IRPF frente al año anterior. Así las nuevas cifran indican que el reparto de la tarta del PIB no ha sido tan favorable para los asalariados, principalmente porque se estaban infraestimando las rentas empresariales.

El boom económico en perspectiva

La próxima revisión de las cuentas nacionales arrojará, por tanto, un balance más positivo de la evolución de nuestra economía. Las estimaciones a partir de la oferta o de las rentas indicarían una subida cercana a los dos puntos. Aquellas que estiman el PIB desde la perspectiva del gasto, y que no hemos detallado por razones de espacio, serían algo más conservadoras (en torno a un punto). Un detalle que conviene ya adelantar es que la salud de las finanzas públicas mejorará de forma visible para seguramente situar la ratio de deuda pública sobre el PIB por debajo del 100%. Asimismo, el perfil de crecimiento económico acumulado desde 2019 se verá reforzado. Puedo que esto no sorprenda en exceso a la opinión pública, acostumbrada en los últimos años a que las noticias sobre la economía española sean positivas.

Sin embargo, también es cierto que estamos viviendo un fuerte crecimiento de la población de nuestro país, que ha pasado de 47 millones de habitantes en 2019 a 49,3 millones en 2025. De hecho, es previsible llegar al umbral de los 50 millones en 2027. Con estas cifras, para los escépticos resulta fácil menospreciar el crecimiento económico ocurrido en España con el argumento de que simplemente refleja la llegada de inmigrantes, que aumenta el empleo y la actividad, sin que ello recoja una mejora real en la renta per cápita o, por extensión, en el bienestar de las personas. Una revisión de los datos refleja, sin embargo, que la realidad dista de esta situación. En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento del PIB per cápita en España según la serie oficial del INE y también tomando la estimación alternativa que planteábamos con la perspectiva de las rentas declaradas a la Agencia Tributaria desde 2019. El efecto de esta revisión es notable en 2021, cuando creemos que el INE sigue infraestimando el crecimiento (como argumentamos aquí y aquí), y en 2024. En el resto de los años, las diferencias en términos netos son irrelevantes.

Los datos hablan casi por si solos. En primer lugar, la serie oficial del INE ya muestra de por sí un crecimiento acumulado del 5% del PIB real por habitante desde 2019, desmintiendo la percepción de que la mejora económica simplemente viene impulsada por la llegada de migrantes. La segunda idea es que, de acuerdo con nuestra revisión, el crecimiento del PIB per cápita doblaría la cifra oficial y alcanzaría el 9,4% acumulado desde 2019. Además, el gráfico permite comprobar que la senda de crecimiento del PIB por habitante en los años recientes es comparable a la registrada antes de la pandemia y permite recuperar la senda perdida tras la crisis inmobiliaria de 2008-2013. En suma, la mejora de la economía en los últimos seis años ha permitido cerrar definitivamente la enorme cicatriz que supuso aquella crisis y que todavía lastraba el sentir general de la opinión pública. La mejor prueba de que no estamos estancados es que buena parte de los problemas económicos sobre los que se debatía en el periodo 2014-2019 (el déficit público o la elevada temporalidad en el mercado de trabajo) han sido desplazados por nuevos retos (la vivienda).

La economía española desde la perspectiva europea

Un último ejercicio ayuda a comprender la magnitud del boom económico que estamos viviendo. Siguiendo una lógica análoga a la que describíamos antes, en el gráfico adjunto se representa el crecimiento acumulado del PIB per cápita (eje horizontal) y de la población (eje vertical) desde 2019 para los países de la Unión Europea. Además, se añade nuestra estimación alternativa del PIB per cápita en España a partir de las bases tributarias (el punto rojo) y también de Estados Unidos. La comparación es pertinente por dos razones. En Europa es cierto que España no es la única economía que está mostrando un crecimiento elevado, pues otros países como Croacia, Polonia, Bulgaria o Grecia están también recogiendo incrementos notables en el PIB per cápita. Sin embargo, si tomamos nuestra estimación del PIB, sí podemos decir que España tiene el mérito de que incrementa su PIB por habitante a un ritmo parecido al de la economía estadounidense (9,4% en nuestro país, 11,3% en EEUU), a la vez que es uno de los países europeos en los que más está aumentando la población (casi un 5% desde 2019). No parece que crecer en PIB per cápita y seguir una política relativamente abierta con respecto a la inmigración esté reñido.

El segundo punto de esta comparación es que sitúa en términos distintos el reciente debate sobre la brecha entre la economía europea y la estadounidense. El debate se inició hace unos meses cuando el Wall Street Journal publicó un artículo provocativo (¿Qué pasará cuando los europeos descubran lo pobres que son?) y que generó un debate entre economistas, como bien refleja una reciente noticia El País. Para este debate, la comparación es relevante porque nos muestra que lo que a menudo se denomina “Europa” en realidad se refiere a las economías de mayor tamaño (Alemania o Francia), que efectivamente han crecido menos estos años. Pero Europa también incluye a su periferia, como España y el resto de los países que se mencionaban, donde las mejoras han sido sustanciales. Entender estas diferencias dentro del viejo continente resulta fundamental porque las causas que a menudo se achacan para hablar del estancamiento europeo –la burocracia, la protección de los derechos laborales o el estado de bienestar– son más bien “hombres de paja” elegidos por quienes escriben, y no condiciones que realmente lastren el dinamismo de los países más pujantes de la Unión.

Nota metodológica: Los detalles sobre nuestras estimaciones hasta 2024 están recogidas en este documento.

El ‘día D’ ha llegado. Cinco años después de la puesta en marcha del programa millonario más ambicioso de la historia de la Unión Europea, los fondos europeos Next Generation EU, ha llegado la fecha marcada en rojo en el calendario. Este 31 de agosto tienen que estar todas las reformas e inversiones comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación ejecutadas para que el Gobierno pueda recibir el total de 100.000 millones de euros asignados.

España afronta ahora el día después, mientras prepara toda la documentación necesaria para solicitar el séptimo y último pago antes del 30 de septiembre. Cuando el presidente Pedro Sánchez y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron el 16 de junio de 2021 la aprobación de la primera versión del Plan de Recuperación, que entonces canalizaba cerca de 70.000 millones en transferencias, la fecha límite parecía muy lejana.

El país entonces encaraba la salida de la pandemia, que todavía daría sus últimos coletazos, y el objetivo era sacar del pozo a una de las economías más golpeadas por el COVID-19. En 2020, el producto interior bruto (PIB) se hundió un 10,9%. Cuando todo parecía encarrilado, la invasión rusa de Ucrania desató la mayor crisis inflacionaria en medio siglo. Donald Trump volvió a la Casa Blanca y lanzó la mayor ofensiva comercial en décadas. Y en febrero de este año, Estados Unidos e Israel atacaron Irán y provocaron el cierre del Estrecho de Ormuz, una vía crítica para el suministro mundial.

La situación en la que ha tenido que desarrollarse el Plan de Recuperación ha estado lejos de lo que proyectó en aquel momento el Gobierno. Pero si España hoy es la gran economía del euro que más crece, más de un 10% desde finales de 2019 y a gran distancia del estancamiento de Alemania, Francia o Italia; es gracias a los fondos europeos.

“Los datos confirman que la decisión, el establecimiento, la implantación, el diseño del plan han sido un éxito y esperamos, y así nos lo dicen los análisis, que este plan no solo tenga un efecto positivo a corto plazo, sino que vaya a tener un efecto duradero en nuestro tejido productivo y en nuestro modelo económico y social”, celebró el vicepresidente Carlos Cuerpo en su última comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la gestión del Plan de Recuperación.

Más de 2 puntos del PIB gracias al Plan

Aunque todavía es pronto para calcular el estímulo de las reformas e inversiones aprobadas desde 2020, un reciente estudio de Funcas apuntaba que solo las inversiones han aportado entre el 10 y el 14% del crecimiento anual del PIB entre 2021 y 2025. Es decir, entre 1,4 y 2,1 puntos porcentuales.

“La economía española ha sido la única de las cuatro grandes europeas donde la productividad real por hora se habría acelerado respecto a su tendencia previa, con un crecimiento adicional de 0,4 puntos, frente a las caídas de Alemania, Francia e Italia”, destaca la publicación. Con un pero: “Este avance es, sin embargo, modesto en términos absolutos y contrasta con la magnitud del estímulo recibido”.

La reforma laboral, uno de los hitos principales del Plan, ha permitido recortar la temporalidad a mínimos históricos al tiempo que ha disparado el empleo a máximos nunca vistos en el mercado español. Y el incremento de las horas trabajadas y de la productividad ha sido fundamental para sostener el buen crecimiento de los últimos años, como destacan los analistas de la Comisión Europea. El tejido productivo ya está notando los primeros cambios, como el avance en las profesiones más técnicas.

Sin embargo, la lentitud en el despliegue de los fondos, la baja demanda de algunos de sus programas o la excesiva concentración de la financiación en grandes empresas son algunos de los debes del Plan de Recuperación. Pero en el Gobierno, en su último balance, celebraron que los beneficiarios de las ayudas han superado los 1,5 millones, de los que el grueso han sido pymes y autónomos. Gracias, fundamentalmente, al Kit Digital, uno de sus mayores éxitos. Según BBVA Research, además, las inversiones se han concentrado en las comunidades autónomas con menores rentas per cápita, “lo que sugiere un cierto carácter redistributivo en el reparto de los fondos”, de acuerdo con su economista jefe para España, Miguel Cardoso.

¿Y ahora qué? El fondo España Crece

Sin embargo, la pregunta del ‘día D’+1, el 1 de septiembre, es: ¿y ahora qué? El Gobierno todavía tiene un mes para solicitar el último desembolso, por valor de 25.800 millones de euros y la Comisión tiene hasta el 31 de diciembre para evaluar y efectuar el pago. Pero la inyección millonaria desaparece y, los que han sido los verdaderos Presupuestos —hasta el momento— de Pedro Sánchez esta legislatura, se desvanecen. “Dada la magnitud de los recursos invertidos, la finalización del programa puede tener un impacto negativo a corto plazo sobre el PIB. En particular, en ausencia de estos recursos, se estima que la inversión en construcción no residencial sería un 8% inferior a la observada actualmente, lo que apunta a que el programa ha sustituido, en parte, gasto en capital que, de todas maneras, se habría realizado”, apunta Cardoso en su estudio.

El Gobierno lleva meses preparando ese escenario. A principios de año anunció la puesta en marcha de un instrumento que llamaron “fondo soberano”, España Crece, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y dotado con más de 10.000 millones procedentes de la financiación del Plan de Recuperación. El objetivo es movilizar 120.000 millones entre el sector público y el privado durante los próximos años para evitar el ‘efecto escalón’ de la desaparición del programa millonario. Y en junio aprobó, dentro del decreto de medidas por la guerra en Irán, una modificación para flexibilizar algunas inversiones para seguir gastando más allá de este 31 de agosto.

En un extenso documento para el ‘cierre’ del Next Generation EU elaborado por la consultora EY, el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, reclama aprender la experiencia pasada y enfocarse en aquellos proyectos “más prometedores” para la economía española. Las líneas de avales se han demostrado útiles sobre todo para permitir que la financiación llegue a las pymes, uno de los principales obstáculos que ha encontrado el Plan de Recuperación. “El problema radica en la elevada atomización del tejido productivo y en las barreras que obstaculizan el crecimiento de las empresas más eficientes”, dice en el mismo documento Rafael Doménech, jefe de Análisis Económico de BBVA Research. “Por ello, avanzar en reformas que faciliten el crecimiento empresarial, reduzcan cargas regulatorias innecesarias y favorezcan una asignación más eficiente de recursos constituye una prioridad”, abunda el economista.

La gestión de los fondos se ha llevado hasta el último día, prácticamente. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó, in extremis, el registro de lobbies mediante decreto ley, uno de los hitos necesarios para recibir los fondos. En julio, el ICO ya dio luz verde a la estrategia de inversión de España Crece. El reto de sustituir al Plan de Recuperación es gigantesco.

La economía española sufre después del calor extremo que ha azotado la Península Ibérica durante el verano, que ya promete ser el más cálido de la historia... Al menos hasta el que viene. Varios informes apuntan a que las altas temperaturas de los últimos meses ya han supuesto un coste cercano a los 20.000 millones de euros, mientras que los efectos en la productividad, los trabajadores o los sectores productivos de un fenómeno sin visos de mejora obligan, a marchas forzadas, a adaptarse.

A pesar de que los termómetros han dado una ligera tregua en gran parte del territorio, el peaje a pagar por los días tórridos y las noches infernales es cada vez mayor. Dos informes recientes de Allianz Research y de Triodos Bank apuntan a que el calor de estas semanas ha pasado una factura de entre un 1% y un 1,4% del producto interior bruto (PIB) de la economía española. Es decir, entre 17.000 y 24.000 millones de euros en solo una estación, de acuerdo con los niveles actuales.

“La subida del nivel del mar, la reducción de las cosechas, la menor producción de lácteos, la disponibilidad cada vez menor de agua dulce, la salud humana, la menor productividad y el aumento de la demanda energética son las principales vías por las que el cambio climático perjudica a la economía”, señala el documento elaborado por Triodos Bank. Los economistas de la entidad apuntan a que, a escala europea, el perjuicio económico alcanza el 1,1% del PIB de los Veintisiete (en torno a 200.000 millones), por la pérdida de cultivos, la restricción en la producción de energías de fuentes diversas (desde la solar a la nuclear) o las trabas en el transporte ferroviario o los ríos navegables.

Un ejemplo es el bajo caudal del Rin, una de las vías fundamentales para la actividad del centro de Europa, como señaló la pasada semana el Bundesbank alemán, que advirtió de que “la limitada disponibilidad de rutas de transporte en los principales ríos” va a condicionar la capacidad de crecer en una economía que lleva estancada prácticamente desde la pandemia. Un motor alemán gripado también repercute en la actividad en España.

Y en la vecina Francia, el ministro de Economía, Roland Lescure, vinculó este viernes la revisión a la baja del PIB de los últimos trimestres (en el primero, la actividad cayó algo más de lo previsto y en el segundo, se estancó) con el impacto “terrible” y “enorme” de las altas temperaturas. “Son las primeras consecuencias concretas del verano muy difícil que hemos vivido, con repetidos episodios de olas de calor, incendios y tormentas”, dijo el responsable galo.

Más de 2.500 euros por español

Aunque los efectos sobre la actividad son difíciles de medirse per se, más allá de estimaciones, la factura cada vez está más clara en las cuentas públicas. El think tank europeo Bruegel calcula que cuarenta años (1980-2024) de catástrofes vinculadas al cambio climático le han costado más de 2.500 euros a cada español, una de las cifras más elevadas de los países europeos, junto a Italia o Suiza. Y todo apunta a que va a ir a más.

Pero los “numerosos efectos” no se traducen únicamente en la destrucción: “Los eventos extremos reducen la recaudación porque la actividad económica cae, mientras los Gobiernos pagan más en concepto de prestaciones sociales o por desempleo y las autoridades han de redirigir otras partidas a ayudar a las regiones afectadas”, abunda el centro de estudios. La mayor inflación derivada de menores cosechas y precios energéticos más caros también afecta al gasto público y, al mismo tiempo, golpea a las tasas de interés de la deuda pública: “un mayor coste de la deuda es particularmente problemático cuando los niveles ya son elevados”, recuerdan, como es el caso de España.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el ‘pepito grillo’ de las cuentas públicas, ha cifrado en 65.085 millones de euros el coste de los eventos meteorológicos vinculados a la emergencia climática entre 2005 y 2025. Su última Opinión sobre riesgos fiscales, de este año, incluye algunos daños no completamente comparables (la erupción del volcán de La Palma en 2021 o la pandemia, por ejemplo), pero sí recoge los efectos devastadores de la dana de Valencia de 2024 sobre las cuentas públicas. Esto tuvo un coste de 8.000 millones de euros en aplicaciones del Fondo de Contingencia, así como 4.200 millones en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

“Estas cifras ponen de manifiesto que los riesgos ambientales constituyen una de las principales fuentes de materialización efectiva de riesgos fiscales en España”, incide la Autoridad Fiscal, que recomienda al Gobierno “una gestión activa de estos riesgos” ante la “elevada frecuencia” con la que van a tener lugar en un futuro.

El turismo, pendiente de los termómetros

Ese futuro, precisamente, es lo que más preocupa a los economistas consultados. Porque los efectos del calor, en presente, ya están arrastrando a uno de los tradicionales motores de la economía española: el turismo. Mientras el sector trabaja por la desestacionalización —es decir, que los visitantes no se concentren únicamente en los meses de verano y en actividades de bajo valor añadido como el tradicional ‘sol y playa’—, las olas de calor cazan a los destinos tradicionalmente frescos sin estar adaptados a las nuevas temperaturas más frecuentes. Y también condiciona la experiencia de los propios turistas.

Un estudio reciente de Caixabank Research, que cruzó datos de los pagos de tarjetas extranjeras en sus TPV con información climática del sistema europeo Copernicus, mostró que si un visitante experimenta un episodio de temperaturas muy elevadas, las probabilidades de que vuelva se recortan drásticamente. “España tiene un sector turístico muy competitivo que, además, en 2026 ve su demanda aupada por la redirección de flujos asociados al riesgo geopolítico en Oriente Medio y el este del Mediterráneo. Al mismo tiempo, vemos que el cambio climático es un riesgo para el sector y que los turistas expuestos a olas de calor extremas presentan una propensión a regresar a España de alrededor de un 15% inferior”, explica David César Heymann, economista de la entidad, a través de correo electrónico.

Por tanto, el riesgo para el sector —que este año afronta el reto de superar la barrera psicológica de los 100 millones de turistas— es claro. “Mantener el atractivo de España exigirá inversión para adaptar alojamientos, espacios públicos, horarios y actividades para preservar el confort térmico y la calidad de la experiencia”, detalla el economista. “Es importante que el turismo invierta en adaptarse a un clima más extremo en el futuro, y mantenga una oferta atractiva para los visitantes en condiciones climáticas más inciertas y adversas”, zanja.

Menos productividad y menos consumo

¿Se puede ser productivo cuando las temperaturas superan sistemáticamente los 30 grados y se acumulan las noches sin dormir? La literatura económica ha estudiado en profundidad cómo afectan las altas temperaturas a la productividad. No solo por sus efectos sobre la maquinaria o los trabajadores sobrecalentados. También sobre la propia demanda, algo sobre lo que las compañías tienen menor capacidad de adaptación. Una investigación del Banco Central Europeo publicada el año pasado tomaba datos de Italia entre 1999 y 2013 y apuntaba que un incremento de 2 °C de media al año suponía una caída del 1,7% en la productividad agregada, pero que con un avance del 4% la pérdida en la eficiencia se aceleraba hasta un 6,8%.

Fuera de lo macro, el Instituto Sindical Europeo (ETUI, por sus siglas en inglés), el brazo investigador de la Confederación Europea de Sindicatos, apunta en un documento de hace unos días que “el calor puede reducir la capacidad de los trabajadores de desempeñarse segura y efectivamente, interrumpir las jornadas, reducir la producción, aumentar las ausencias e interrumpir la actividad económica”. Esto se traduce en “menos horas pagadas, descansos no remunerados, turnos cancelados, menores pagas vinculadas a objetivos y mayor inseguridad en el trabajo”.

La estimación que hacen los autores, los economistas Marouane Laabbas-el-Guennouni y Andreas D. Flouris, es que en 2030 España será uno de los países más afectados por la pérdida de productividad debida a las altas temperaturas. No solo en el tercer trimestre, el veraniego, sino también durante las primaveras y los otoños más cálidos. “En el sur de Europa estas pérdidas de productividad pueden alcanzar el 20%, con caídas entre el 10-15% en el centro de Europa y de entre el 3-9% en la mayor parte del norte. Algunas partes de la Península Ibérica [en concreto, Extremadura y el oeste de Andalucía], Italia, Grecia y Chipre experimentarán pérdidas de productividad cercanas al 8% también en el segundo y cuarto trimestre del año”, advierten.

Sectores como el campo, la construcción, el transporte, la hostelería o el turismo se enfrentan a una transformación radical si no quieren verse afectados por las olas de calor cada vez más frecuentes y severas. Como nota positiva, BBVA Research apuntaba a principios de año que “las transiciones bien gestionadas pueden convertirse en vientos de cola”, a favor, e incluso generar crecimiento económico a partir de estos fenómenos adversos. Aunque difícilmente compensarán del todo la brecha del cambio climático, reconoce el centro de estudios. A futuro, un informe de la Caja de Ingenieros calcula que las pérdidas en 2040 serán cercanas al 2% del PIB y en 2060, del 3%. Por cada grado que aumenta la temperatura, la economía española ya no se calienta, sino que hierve.

La desaforada carrera competitiva por la hegemonía de la IA está reconfigurando las economías de las dos superpotencias hacia modelos más desiguales y trasladando sus variables geométricas de riqueza al resto del planeta. El crecimiento se ha distorsionado, los ciclos de negocios parecen no tener fin, pese a navegar por las turbulentas aguas de la estanflación, los mercados registran cotas de inversión y ganancias históricas bajo intensos episodios de volatilidad y elevados riesgos de correcciones y burbujas especulativas, y las rentabilidades de los bonos revelan rendimientos extraordinarios por el temor a un colapso en los pagos de las deudas soberanas.

EEUU y China muestran en sus coyunturas dos de los botones de muestra más nítidos de este fenómeno, surgido tras la gran pandemia a raíz del ciclo de negocios poscovid que se alumbró con billonarios estímulos fiscales y monetarios. Entonces, emergió la figura en K en los PIB, fruto de unas rúbricas productivas que se encaramaron de inmediato a un tren que aún mantiene una velocidad reducida, aunque de crucero.

El crecimiento (o recuperación) en forma de K ocurre cuando diferentes partes de la economía se mueven en direcciones opuestas después de una crisis. Mientras un grupo de sectores o personas prospera (el brazo superior, ascendente), el otro (el inferior) continúa empeorando.

Pero seis años después de su pistoletazo de salida, la metáfora del crecimiento en K ha adquirido un significado más profundo que la de una recuperación desigual entre sectores y hogares que remontaban el vuelo frente a los que se quedaban rezagados. Porque ha pasado de ser una mera descripción excepcional del inicio del ciclo —por el influjo de los extraordinarios despliegues presupuestarios, con tipos de interés cercanos a cero y programas de compra de deuda, tanto soberana como corporativa, a raudales— a conformar un patrón de comportamiento habitual.

Al menos, en las dos superpotencias. Aunque también, y en menor medida, en Europa. Las tres avanzan a distintos ritmos, pero bajo una resiliencia permanente, en términos agregados, que visibiliza al mismo tiempo unas industrias y empresas capaces de insertar la IA a sus cadenas de valor junto a sectores que no logran espolear su productividad. Precisamente el parámetro al que el algoritmo está llamado a catapultar.

Los expertos hablan de que, a diferencia de ciclos precedentes, el actual, en el que la IA parece haberse erigido en el Santo Grial, está protagonizando un auténtico cambio de paradigma. Con la construcción de nuevas arquitecturas productivas. Igual que ocurriera con la electricidad, el motor de combustión o internet, sus beneficios no se distribuyen de inmediato ni de una manera homogénea, sino que se concentran primero en empresas que exhiben capital, datos, talento y capacidad organizativa para transformar sus procesos. Y solo después, si el entorno institucional lo permite, esas ganancias se propagarían al resto de la economía.

Es la idea que defiende desde hace un lustro Erik Brynjolfsson, director del Digital Economy Lab de Stanford. A su juicio, la IA debe definirse como general purpose technology —una tecnología de propósito general— cuyo impacto real “depende menos de la calidad de los algoritmos que del poder de empresas e instituciones de remodelar por completo sus cadenas de valor”. En sus investigaciones detecta que los primeros estadios de esta revolución tecnológica suelen ampliar las brechas entre compañías líderes y rezagadas. “Mucho antes de que desvelen productividad agregada”, asegura.

La OCDE se une a este diagnóstico. Sus expertos auguran que la IA se convertirá en “el mayor motor de productividad en décadas”. Sin embargo, —advierten— también será un “amplificador” de brechas de eficiencia, rentabilidad e innovación entre empresas, regiones y sectores. El riesgo no reside tanto en que unas empresas “innoven más que otras”, sino que esos diferenciales “se expandan a la totalidad de sus economías”.

EEUU: la K de la productividad

El mayor PIB global (32,3 billones de dólares) sigue creciendo deprisa. Con permiso del español, al ritmo más intenso de las potencias de rentas altas. Pese a los aranceles, la polarización interna, las tensiones geopolíticas, los elevados tipos y la pérdida de fuelle del consumo se mantiene a un ritmo próximo al 2%, por encima del registro de sus socios industrializados, y con un músculo resiliente que sorprende al mercado. Aunque se dejó medio punto entre abril y junio.

Aun así, su senda de dinamismo oculta una transformación de calado. La economía de EEUU se mueve a impulsos. Con sectores que absorben el boom de la IA con presiones inflacionistas aún sin determinar, pero que ejercen de palancas de productividad, sin que, de momento, se pueda avanzar si destruirán o crearán realmente empleo neto. El mercado, en cualquier caso, asume que la agresiva etapa de inversiones en IA aporta cada trimestre 4 décimas al PIB americano.

Los datos de inversión ilustran esa divergencia. El gasto en centros de datos, chips avanzados y computación en la nube, o en software e infraestructuras digitales, repunta a dobles dígitos por el impulso de sus bigtechs. Pero esta devoción sin tregua por la IA contrasta con los reducidos flujos de capital, más prudentes, del resto del sector privado, donde los costes y las madejas normativas castigan su productividad.

Es lo que Brynjolfsson denomina la “curva en J de la IA”, que genera una fase inicial en la que las empresas más avanzadas amplían rápidamente su ventaja competitiva, mientras el resto sigue sin recoger beneficios. A este fenómeno, Michael Feroli, economista jefe de JP Morgan en EEUU, añade otra variable, la elevada crispación interna. La fortaleza de EEUU continúa siendo su poder de transformar innovación en riqueza por la combinación de mercados de capitales profundos, un ecosistema empresarial flexible y la movilidad de su talento. Pero la escalada arancelaria y las restricciones migratorias, junto a los caóticos cambios regulatorios de la versión Trump 2.0 acabarán rebajando el potencial de crecimiento. “Es un escenario que no altera los fundamentos de la economía, pero debilita su hegemonía tecnológica en el mundo”, explica.

En apoyo de su relato, The Economist calcula que la denominada MAGA tax -la combinación de proteccionismo, expulsión de inmigración cualificada e incertidumbre política- restó casi tres cuartos de punto porcentual al PIB americano en 2025. Sin ese lastre, la expansión habría rozado el 3%. O, dicho de modo sarcástico: “La economía más dinámica se auto arroja palos en las ruedas de los molinos que le confieren ventaja competitiva global”.

Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, avisa que “el verdadero impacto económico de la IA ”no dependerá tanto de cuántos empleos sustituya como de la rapidez con la que eleve la productividad de millones de trabajadores en actividades cotidianas. Si se acelera, EEUU podría protagonizar su mayor fase expansiva desde internet. Pero si se concentra en un reducido número de empresas, el PIB seguirá mostrando forma de K y creando una distribución desigual de riqueza.

La Fed de Nueva York asegura que el consumo se concentra desde 2023 en hogares de ingresos altos, debido a la revalorización de sus carteras de capital. En concreto, los del 1% más rico, que incrementaron sus desembolsos en un 25% en el último trienio y medio. A diferencia del aumento de un dígito del 40% de familias de rentas medias o bajas. Es decir, que la propensión al gasto de los más pudientes es la causante de que la inflación se sitúe en el 3,5% y dificulte cualquier rebaja de tipos de la Fed.

Wall Street, alertan desde Axios, se pregunta por interés bursátil, si este debate es real. Samuel Tombs, de Pantheon Macroeconomics, es de los que arroja tierra a esta narrativa al afirmar que la participación del 20% de hogares de ingresos altos en el consumo agregado apenas ha variado durante los últimos 25 años, situándose alrededor del 40%.

China y Europa, dos fórmulas de K

China simboliza una variante probablemente más compleja. También crece en K, aunque por un dilema sumamente complejo de superar. El gigante asiático navega entre dos aguas: una oferta industrial extraordinariamente dinámica y una demanda doméstica incapaz de seguir el mismo ritmo. El segundo PIB global (20,8 billones de dólares) sorprende por la intensidad de su aparato manufacturero y su rampante liderazgo en IA, robótica, semiconductores, vehículos eléctricos o baterías. Sin embargo, ese éxito industrial convive con unos hogares que continúan ahorrando más de lo que consumen, un mercado inmobiliario desestabilizado y una inversión privada que se mantiene en cautela.

Varias cifras ilustran esa fractura. Mientras la producción industrial crece en torno al 6% anual y las exportaciones registran tasas de dos dígitos por el ciclo mundial de inversión en IA, las ventas minoristas apenas aumentan alrededor del 2%, uno de los peores datos desde la Gran Pandemia. El PIB remontó un 4,3% entre abril y junio, el peor repunte en tres años.

Xiangrong Yu, economista para China de Citigroup, considera que “las divergencias en forma de K se amplían”. Su diagnóstico apunta a la estrategia de los últimos planes quinquenales de Pekín, especialmente vigilados por Xi Jinping que, en el último lustro, ha reorientado recursos públicos y privados hacia sectores estratégicos. Entre ellos, la IA, la robótica, la computación avanzada, las energías limpias o los semiconductores. Con objeto de corregir la dependencia tecnológica del exterior y consolidar la autosuficiencia industrial.

Esta reconversión ha arrojado leña a la productividad, a pesar de que la sociedad ha reducido su generación de renta disponible. Más eficiencia manufacturera, pero menos eficacia consumista.

Frederic Neumann, de HSBC, enfatiza que “la debilidad del gasto familiar no puede interpretarse ya como un daño temporal del interminable ajuste inmobiliario; es un colapso estructural del patrón de crecimiento chino”. Algo que suscribe Robin Xing, de Morgan Stanley, para quien la fortaleza de las exportaciones reduce la urgencia política de desplegar nuevos estímulos fiscales o monetarios a gran escala y perpetúa la anemia del consumo y, con él, el peligro deflacionista.

Europa también dibuja un escenario similar, aunque con una K difusa por sus complejos en torno a la IA. Es la crítica que trasladó hace dos años Mario Draghi al estamento comunitario. Para el salvador del euro, el vencedor de la carrera competitiva global “será la potencia que inyecte sus ganancias de productividad a su tejido productivo”, que creció un 1,2% en el segundo trimestre en el conjunto del mercado interior, 2 décimas por encima del repunte de su espacio monetario.

La geometría variable de la UE (con un PIB conjunto de 23 billones que desciende hasta los 19,4 entre los socios del euro) se vislumbra en el distanciamiento entre una élite empresarial capaz de absorber rápidamente la IA y un inmenso tejido de pymes cuya transformación digital avanza con lentitud. Draghi alerta de que Europa escala demasiado despacio a la cumbre tecnológica y Philip Lane, economista jefe del BCE, de que solo logrará avanzar en la carrera competitiva de la IA si rompe con sus “trabas regulatorias y burocráticas” y expande la economía del algoritmo más allá de sus multinacionales tecnológicas, hasta sus pymes y sectores rezagados. Mientras Enrico Letta, el otro ex primer ministro italiano al que Bruselas le encargó un informa para sacar a Europa de su letargo, se afana en reclamar “más capitales dirigidos a la digitalización, redes computacionales y energéticas y financiación empresarial”, porque “la revolución tecnológica corre el riesgo de confinarse en una parte relativamente reducida de la economía continental”.

A raíz de los incendios que están devastando el país he recordado una de las siete “cavilaciones” que componen el pequeño tomo Pequeñas heridas mortales, de la escritora Belén Gopegui. En ella, trae a colación un viejo artículo de Fernando Cembranos Díaz, en el que, bajo el descriptivo título de Pérdidas que hacen crecer el PIB, examina 14 destrozos que, de manera solo en apariencia paradójica, cuentan positivamente en el PIB. Entre ellos, sin ir más lejos, se encuentran los incendios. Si un río contaminado por la industria obliga a los habitantes de una aldea a comprar agua embotellada, y así favorecer el PIB, un bosque quemado contribuye igualmente más que uno vivo: se contratan medios de extinción, se pagan salarios a bomberos, se compra maquinaria, se desarrollan trabajos de limpieza y retirada de árboles quemados, se diseñan proyectos de reforestación, se construyen infraestructuras preventivas, etc. El PIB crece a costa de una enorme pérdida.

A pesar de ello, aún hoy el Producto Interior Bruto (PIB) es uno de los indicadores económicos más utilizados para medir la actividad económica de un país, ya que calcula el valor total de los bienes y servicios producidos durante un período determinado. Sin embargo, aunque resulta muy útil para comparar el tamaño de las economías o analizar su crecimiento, queda claro que no constituye el mejor indicador para medir la riqueza o el bienestar real de una sociedad.

Un aumento de la actividad económica puede ir acompañado de contaminación, agotamiento de recursos naturales o pérdida de biodiversidad, factores que reducen la riqueza futura de un país aunque incrementen el PIB en el presente

En primer lugar, el PIB no refleja cómo se distribuye la riqueza entre la población. Un país puede registrar un PIB muy elevado y, al mismo tiempo, presentar grandes desigualdades económicas, de modo que una parte importante de sus habitantes viva con escasos recursos. Por tanto, un crecimiento del PIB no implica necesariamente una mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Eso explica que cada vez que el Gobierno alardea de los buenos datos, mucha gente no entienda por qué no puede pagar, o siquiera encontrar, una vivienda.

Además, este indicador no tiene en cuenta actividades que generan valor social, pero que no pasan por el mercado, como el trabajo doméstico, el cuidado de familiares, el voluntariado, la cooperación en un centro social de gestión autónoma o las redes de solidaridad como las que hemos visto estos días en la crisis humanitaria de Ceuta. Estas tareas contribuyen al bienestar colectivo, aunque no aparezcan registradas en las estadísticas económicas.

Otra limitación importante es que el PIB ignora el impacto ambiental de la producción. Un aumento de la actividad económica puede ir acompañado de contaminación, agotamiento de recursos naturales o pérdida de biodiversidad, factores que reducen la riqueza futura de un país aunque incrementen el PIB en el presente. De nuevo lo vemos con los incendios de este año.

Para conocer el verdadero nivel de desarrollo y bienestar de una sociedad son necesarios indicadores que reflejen la distribución de la riqueza, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la población

Asimismo, el PIB tampoco mide aspectos fundamentales del bienestar, como la salud, la educación, la seguridad, la esperanza de vida o la satisfacción personal. Por ello, organizaciones internacionales complementan este indicador con otros, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que incorpora variables sociales además de las económicas.

En suma, medir la riqueza por el PIB no tiene sentido, y ya desde los años setenta lo vienen advirtiendo destacados economistas. Para conocer el verdadero nivel de desarrollo y bienestar de una sociedad son necesarios indicadores que reflejen la distribución de la riqueza, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la población.

Cuando lleguen las próximas elecciones el país seguirá ardiendo, en los bosques y en esas calles donde cada semana los especuladores de la vivienda expulsan a más y más personas. Pero no pasa nada, ya veréis como alguien del Gobierno nos dirá que España no deja de generar riqueza. Riqueza, sí, esa riqueza del PIB.

La economía europea ha dado una tímida alegría con un crecimiento del 0,5% en el segundo trimestre de 2026, mientras que en la zona euro el incremento del PIB fue del 0,4%, pese a las turbulencias sobre los precios que ha provocado la guerra de Irán. Hay que recodar que en los tres primeros meses del año, la UE solo alcanzó el 0,1% del PIB mientras que la eurozona no tuvo ningún crecimiento debido al impacto de los precios energéticos por el conflicto en Oriente Medio.

España volvió a liderar el crecimiento entre las grandes economías de la zona euro. Nuestro país creció un 0,7%, casi tres veces más que Alemania, Italia y Francia, cuyo PIB se incrementó 0,2%. La visión positiva es que pese a la guerra de Irán y su impacto en los precios del combustible las cuatro mayores economías de la eurozona mantuvieron una senda positiva.

Aunque los datos no son para muchas alegrías hay confianza en los Gobiernos de estos países para terminar el año con buen pie. El crecimiento de Alemania en el segundo trimestre se ha ralentizado, ya que en el primer trimestre comenzó con un aumento del 0,4%. Si en los tres primeros meses del año fue una grata sorpresa para la economía alemana, ahora se esperaba que la actividad, empujada por el incremento del gasto en infraestructuras y defensa, fuera más sólida. Sin embargo, el Ministerio de Economía alemán ha destacado que el clima empresarial es de optimismo y que se esperan mejores datos y una recuperación más sólida en lo que queda de año.

Francia ha vuelto al crecimiento en el segundo trimestre tras una caída del PIB del 0,1% en los tres primeros meses del año. Aunque la inversión se volvió a contraer en este periodo, el aumento del consumo de los hogares y el avance del comercio exterior han impulsado la actividad. El Ministerio de Economía de Francia mantiene las previsiones para acabar el año con un crecimiento del 0,7%.

Peores perspectivas tiene Italia, uno de los países más afectados por el incremento de los precios de la energía por la guerra de Irán. Aunque el Gobierno italiano mantiene las expectativas de acabar el año con un PIB del O,6%, la debilidad del consumo de los hogares y de la inversión más los problemas políticos internos y las dificultades para cumplir con las reglas fiscales de la UE auguran problemas para la primera ministra Georgia Meloni.

Entre los Estados miembros de los que ya se dispone de datos para el segundo trimestre de 2026, Irlanda registró el mayor crecimiento del PIB respecto al trimestre anterior, con un 3,9 %, seguida de Lituania (1,7%) y Suecia (1,4%). Las tasas de crecimiento más bajas correspondieron a Bélgica y Austria, donde la economía permaneció estancada (0,0%).

Rebaja en las previsiones económicas

En la última reunión del Banco Central Europeo, su presidenta Christine Lagarde, señaló que “la inflación reciente apunta a cierta mejora en el segundo trimestre” y que “la actividad en los servicios se ha recuperado parcialmente”, además de que “un mayor gasto en defensa está respaldando la industria manufacturera”. Sin embargo, pese a estas buenas noticias, la presidenta de la institución monetaria admitió que “el crecimiento seguirá siendo moderado a corto plazo”.

El BCE ya presentó en la reunión de junio nuevas previsiones económicas para la eurozona en las que apuntaba a una rebaja del crecimiento económico medio al 0,8% en 2026, del 1,2% en 2027 y del 1,5% en 2028, “reflejando un impacto más pronunciado de la guerra sobre los mercados de materias primas, las rentas reales y la confianza”.

La Comisión Europea también anunció que sus previsiones económicas de primavera de 2026 proyectan “una actividad económica más débil, ya que el conflicto en Oriente Medio desencadena un nuevo shock energético que reaviva la inflación y sacude la confianza económica”. De esta manera, se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025 (1,4%), mientras que las previsiones de crecimiento para la zona euro también se han revisado a la baja, hasta el 0,9% en 2026.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, fijar en 12.912.662,81 euros el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2027.

Esta cifra supone 769 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2026 y es la cantidad con la que cuenta el Gobierno de Canarias para dar respuesta a las necesidades de los canarios, principalmente para cubrir los servicios básicos de sanidad, dependencia, educación y acceso a la vivienda, a los que se destina de manera prioritaria la mayor parte de presupuesto, recoge una nota del Ejecutivo.

Cabe recordar que el Ejecutivo canario, de Coalición Canaria y el PP, ha dejado sin gastar, sin dar uso, en lo que va de legislatura a más de 3.300 millones de euros consignados en los presupuestos autonómicos, una inejecución presupuestaria que la consejera del ramo achaca siempre a la “incertidumbre”, que es también el motivo argumentado para no rebajar el IGIC (una promesa electoral incumplida de PP y CC) en los presupuestos aprobados hasta ahora.

Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto.

A partir de aquí, el Gobierno de Canarias inicia la elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.

Este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2027 en concepto de financiación afectada.

Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.

Otra vez la “incertidumbre”

Como viene siendo habitual, el Gobierno canario ha recurrido a la “incertidumbre” para justificar sus acciones en materia económica y presupuestaria. En esta ocasión, alega que “al no haberse aprobado la senda de estabilidad, el único marco de referencia disponible es el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) del Reino de España 2025-2028, validado por las instituciones europeas, que establece para el conjunto de las Administraciones Públicas un objetivo de déficit del 1,8% del PIB en 2027”.

Sin embargo, añade, “dicho plan no distribuye la capacidad necesidad de financiación entre los distintos subsectores de las administraciones pública”. En consecuencia, apunta el Ejecutivo, “la elaboración del límite de gasto no financiero se realiza en un contexto de elevada incertidumbre respecto del marco presupuestario y fiscal nacional aplicable”.

Hay que subrayar que el PFEMP no se aprobó por los votos en contra de Junts, Vox y el PP, que gobierna en Canarias junto a Coalición Canaria, que votó que sí a lo que habría supuesto 166 millones más para las Islas.

Cálculo del crecimineto del PIB

Por otra parte, el Gobierno canario insiste en que corresponde al Ministerio de Economía calcular la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española a tener en cuenta por la cada una de las comunidades autónomas en la elaboración de sus respectivos presupuestos.

El Informe de Situación de la Economía Española 2026 prevé una tasa de referencia del 4% en 2027, el 3,8% en 2028 y el 3,6% en 2029.

Para la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma se ha considerado el escenario central de los analizados por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias como el más plausible, que fija en un 2,9% el PIB nominal de la comunidad autónoma para 2027.

En este caso, se prevé un incremento del PIB real de Canarias en 2026 del 2%, equivalente a un aumento en términos nominales de 3.344 millones de euros. Para 2027, se prevé una moderación del crecimiento hasta una tasa del 1% para crecer un 0,9% en 2028.

Al no haberse efectuado aún la trasposición del nuevo marco fiscal europeo al ordenamiento jurídico español, cuyo plazo finalizó el 31 de diciembre de 2025, sigue en vigor la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Esta ley señala que la variación del gasto computable de la administración central, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

El informe de situación de la Economía Española de 2026, elaborado por el Ministerio de Economía, incluye la tasa de referencia nominal de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el período 2027-2029, y la sitúa en el 4% para 2027.

Por lo tanto, indica el Ejecutivo, resulta “obvia” la diferencia entre la previsión de ingresos del 8% y el 4%, que la comunidad autónoma podrá destinar a cubrir las necesidades de todos los canarios.

El límite del gasto no financiero de 2027 lo determina la regla de gasto, conllevando su aplicación a la obtención de un déficit o necesidad de financiación estimado en 65,74 millones de euros para 2027 que representa un -0,1% del PIB.

Con respecto a los ingresos procedentes del sistema de financiación, el Ministerio de Hacienda indicó que incrementarían más de un 8%, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación de 2025.

En este contexto, se ha considerado un total de 8.881,83 millones de euros, a la espera de que se comuniquen las cifras concretas.

Sobre el Bloque de Financiación Canario (BFC), la Agencia Tributaria Canaria realiza una proyección lineal de la recaudación y derechos reconocidos a junio de 2026.

Para estimar el ejercicio 2027 aplica las variables macroeconómicas calculadas por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización en su escenario central.

En relación a los fondos europeos, se contemplan las certificaciones necesarias para cumplir con la ficha financiera del programa operativo correspondiente al periodo 2021-2027.

Y con respecto a la financiación estatal afectada, se mantienen constantes los importes incluidos en el presupuesto de 2026.

Además, en el convenio de carreteras se han tenido en cuenta las anualidades previstas en la última adenda que asciende para el ejercicio 2027 a una cantidad de 215 millones de euros.

Asimismo, se incluye la anualidad correspondiente al nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030, en el que se incluye para el año 2027 una cantidad de 45.050.000 euros

Los principales resultados arrojados por 'La Cuenta Satélite del Turismo', instrumento estadístico internacional de referencia para medir el peso económico real del turismo, contabiliza más de dos millones de viajes a Navarra en 2024, un hito en cuanto a número de viajeros, y que supone una aportación al PIB de 1.500 millones de euros a la comunidad foral. Según los datos, el 9,4% del empleo total en Navarra lo genera la industria turística, siendo el servicio de comida y bebida el sector mayoritario (representando un 53,5% de la actividad turística total). Los alquileres solo representan el 0,7%. “Trabajamos por un turismo sostenible, en tres ámbitos principalmente, el social, el económico y el medioambiental y para ello es necesario conocer y medir el valor que tiene esta actividad en el territorio”, ha asegurado Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, Deporte y Turismo, durante la presentación de la herramienta.

La 'Cuenta Satélite del Turismo (CST)' se elabora siguiendo la metodología aprobada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y respaldada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), Eurostat y la OCDE, de forma que garantiza la comparabilidad de sus resultados con los de otras regiones y países. Tras la obtención de datos, Nastat, en colaboración con la Dirección General de Turismo, ha elaborado esta nueva operación estadística oficial de Navarra, pudiendo cuantificar con rigor la contribución del turismo al PIB, al empleo y a la estructura productiva de la Comunidad Foral, e incorpora una serie histórica correspondiente al período 2016-2024. Los datos de 2025 estarán disponibles a finales del presente año y, a partir de entonces, la estadística se actualizará con periodicidad anual.

“Esta cuenta nos va a permitir conocer su evolución, los puntos fuertes y las áreas de mejora de un sector que crece, se fortalece y se especializa para ofrecer a quienes nos visitan experiencias únicas de un destino, como es Navarra, que tiene una amplia y variada oferta de calidad”, ha asegurado la consejera Esnaola, resaltando también que disponer de esta herramienta “sitúa a Navarra en la vanguardia” en el ámbito de la “inteligencia turística” similar a las otras “elaboradas por el INE para el conjunto del Estado”.

Resultado de 2024

En 2024 el turismo representó el 5,5% del PIB de Navarra medido a través de la demanda final turística, lo que equivale a 1.509,6 millones de euros. La cifra supone un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto a 2023 y es la más elevada de la serie. Mientras que el valor añadido generado directamente por las industrias turísticas alcanzó los 541,7 millones de euros, es decir, el 2,7% del PIB foral total.

Respecto a las exportaciones, solo el turismo representó en nuestra comunidad el 5,4% de las exportaciones de Navarra en 2024. Además, el consumo turístico de los visitantes en Navarra ascendió a 1.642 millones de euros en 2024, un 26,3% más que el año anterior. El turismo receptor —personas procedentes de otras comunidades autónomas o del extranjero— fue el componente con mayor peso.

En lo que respecta al empleo, las industrias turísticas generaron 31.909 puestos de trabajo, un 2,0% más que en 2023, y el 9,4% del empleo total en Navarra. Y sobre la recaudación de impuestos, el turismo supuso en 2024 el 8,4% de la recaudación neta de impuestos para la Hacienda Foral.

Por último, la nueva Cuenta Satélite revela un hito en lo que a viajeros se refiere. Y es que, este dato coincide con la superación, también por primera vez, de los dos millones de viajeros registrados en Navarra en 2024, de los cuales el 37% procedieron del extranjero. Hablamos de viajeros alojados en establecimientos turísticos.

La serie 2016-2024 permite trazar la evolución del turismo navarro a lo largo de casi una década. El impacto de la pandemia de la covid-19 queda claramente reflejado en los datos: el turismo cayó del 4,7% al 3,1% del PIB foral en 2020, como consecuencia del confinamiento y las restricciones de movilidad. A partir de 2021 se inició una recuperación sostenida que ha culminado en el máximo histórico de 2024.

Exceltur mejora sus previsiones para el turismo español. La alianza, que agrupa a las principales empresas del sector, ha elevado del 2,5% al 2,7% su estimación de crecimiento del PIB turístico para 2026. Tras un segundo trimestre mejor de lo esperado que cerró con un crecimiento interanual del 3,4%, frente al 1,0% del primer trimestre y con la vista puesta en un verano que también prevé positivo. La organización sostiene que España está aprovechando su imagen de destino seguro y la incertidumbre en otros países del Mediterráneo para atraer más visitantes, aunque avisa de que el contexto sigue siendo volátil.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, ha asegurado que el sector ha mostrado una “gran resiliencia” y que el turismo volverá a crecer por encima del conjunto de la economía española, ampliando de nuevo la brecha frente a la media del resto de sectores (+2,4%). Con esta revisión, la patronal calcula que el turismo aportará 228.396 millones de euros de valor añadido bruto, el 12,9% del PIB, un porcentaje superior al último dato del INE (12,6%, referido a 2024) y que supondría un incremento de 27.697 millones de euros desde entonces.

Un segundo trimestre por encima de las previsiones

Entre abril y junio, la llegada de turistas internacionales aumentó un 6,4%, las pernoctaciones crecieron un 5,7% y el gasto turístico se incrementó un 8,2%, según los datos presentados por Exceltur. Las empresas del sector registraron un aumento medio de las ventas del 4,2%. Mientras tanto, otros competidores del Mediterráneo sufrieron caídas notables: Turquía retrocedió un 3,8% y Chipre un 18,3%.

Perelli explicó que buena parte de este comportamiento responde a la fortaleza de España como destino turístico y al cambio de planes de viajeros que inicialmente iban a desplazarse a países afectados por la inestabilidad en Oriente Medio o a otros competidores del Mediterráneo.

Su informe, Valoración turística empresarial, prespectivas para verano y el conjunto de 2026, precisa que el conflicto en la zona ha llegado a afectar a un mercado que el año pasado recibió 181 millones de turistas, 47 millones de ellos procedentes de los grandes mercados emisores europeos. A esto se suma otro dato que la patronal subraya: los viajes de negocios a España han crecido un 23%, algo que Perelli vincula a la generalización del teletrabajo, que permite a profesionales no residentes combinar estancias laborales con pequeñas escapadas.

Perelli también destacó el impacto de los grandes eventos, un motor cada vez más determinante tanto para el turismo extranjero como para los viajes de los españoles. Citó la visita del Papa a España, cuyo efecto ya se refleja en los datos de junio, y los conciertos multitudinarios de artistas como Bad Bunny, además de citas deportivas y otras propuestas culturales. Según el vicepresidente ejecutivo, cada vez más gente organiza sus vacaciones alrededor de un concierto, un partido o una cita cultural concreta, una tendencia que Exceltur espera que se mantenga también este verano.

La demanda nacional también mejoró respecto al inicio del año. Las noches contratadas por viajeros españoles crecieron un 2,6%, mientras que su gasto aumentó un 8,3%. Exceltur detecta además una polarización en el comportamiento del turista español: crecen tanto los hoteles de mayor categoría (pernoctaciones en 4 y 5 estrellas, +3,6%) como las fórmulas más económicas apartamentos (+9%), viviendas de uso turístico (+9,2% hasta marzo) y turismo rural.

Por territorios, en el segundo trimestre lideraron el crecimiento de ventas Castilla-La Mancha (+11,6%), Extremadura (+9,3%), la Comunitat Valenciana (+9%), Cataluña (+8,6%) y Baleares (+5,2%), mientras que Canarias (+1,3%) mostró una moderación que Exceltur vincula a la consolidación de la conectividad aérea.

Más actividad, pero menos margen

El crecimiento de la demanda no se ha traducido en una mejora equivalente de la rentabilidad. Exceltur advirtió de que los costes están aumentando por encima de las ventas y reduciendo los márgenes empresariales.

Según la patronal, los carburantes se encarecieron un 6,9%, la energía un 5,9% y los suministros en torno a un 6%, unos incrementos que atribuye al conflicto en el Estrecho de Ormuz. Las compañías aéreas son las más afectadas, con un incremento de costes del 15,7% pese a las coberturas contratadas. En el transporte aéreo, el precio del queroseno sigue muy por encima de los niveles previos al conflicto en Oriente Medio.

El empleo crece y preocupa el absentismo

El turismo también mantuvo un fuerte ritmo de creación de empleo. En junio había 71.045 afiliados más que un año antes en las actividades turísticas (+3,1%), un ritmo superior al del resto de sectores (+2,8%), y el 89,6% de los nuevos contratos fueron indefinidos.

No obstante, Exceltur situa el absentismo entre los principales problemas del sector. Según sus cálculos, el 6,6% de las horas de trabajo previstas no llegaron a realizarse por esta causa, con un coste anual de 5.959 millones de euros el 2,6% de la facturación de las empresas turísticas y el 16% del coste total del sistema. Canarias presenta la tasa más elevada, con un 12,1% de las horas de trabajo afectadas.

Buenas perspectivas para el verano

La patronal espera que el verano mantenga la tendencia positiva, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado que el registrado en primavera. Las empresas prevén incrementar sus ventas un 3,2%. Según la Encuesta de Confianza de Exceltur, el 54,5% de los empresarios espera aumentar sus ventas este verano, aunque el 90% considera que ese incremento será leve.

Exceltur anticipa una ligera desaceleración del turismo internacional, compensada por una mayor fortaleza de la demanda española. También espera un buen comportamiento de las actividades vinculadas al ocio (que pasarían de crecer un 3,2% a un 3,8%), las agencias de viaje (del 1,6% al 3,2%) y el transporte (del 3,9% al 4,3%), mientras que los hoteles moderarían su ritmo (del 4,8% al 2,9%).

Por territorios, las mejores previsiones para el verano corresponden a la Comunitat Valenciana (+12,5%), Madrid (+7,2%), Extremadura (+9,2%), Castilla-La Mancha (+7,9%), la Región de Murcia (+9,5%) y Cataluña (+5,9%), mientras que Baleares (+0,8%) y Canarias (+0,3%) repetirían cifras similares a las del verano de 2025, ya muy elevadas, y Andalucía anticipa un crecimiento más moderado (+1%).

El documento de perspectivas turísticas señala además un impasse regulatorio relevante: tras la derogación del registro único de viviendas de uso turístico que hasta mayo había reducido un 10% las plazas de VUT en las 25 principales ciudades españolas (-36.911 plazas), el sector queda con un vacío normativo pendiente de resolver.

Sin autocomplacencia

Pese a revisar al alza sus previsiones, Perelli pidió “evitar la autocomplacencia”. A su juicio, parte del crecimiento responde a factores coyunturales, como el desvío de turistas desde otros destinos afectados por la incertidumbre geopolítica.

Por ello, reclamó reforzar las infraestructuras de transporte, mejorar los servicios públicos en los destinos turísticos, contener el aumento de los costes empresariales y avanzar hacia un modelo de mayor valor añadido. Entre las medidas de corto plazo, Exceltur propone incluso activar una exención temporal de la regla europea ReFuelEU Aviation (que obliga a repostar el 90% del combustible en el aeropuerto de origen) y flexibilizar las obligaciones de consumo de SAF y del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, si se mantiene el riesgo asociado al cierre del Estrecho de Ormuz.

También defendió mantener la lucha contra la oferta ilegal de viviendas turísticas, posponer nuevos impuestos o recargos turísticos. Citando expresamente las propuestas en Cataluña (y el recargo de Barcelona), País Vasco, Baleares, Asturias y Galicia y acelerar la incorporación de la inteligencia artificial al sector para mejorar la gestión y la experiencia de los viajeros.

La economía extremeña creció un 2,3% en términos reales en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, según los datos estimados de Contabilidad Trimestral elaborados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).

Los sectores que registraron tasas de variación anual positivas fueron la construcción un 6,6%, los servicios con un 3,7% y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 1,2%.

Por contra, el sector industrial presentó una variación anual negativa del 2,1%, según ha informado este jueves el IEEx.

En relación con el trimestre anterior, el PIB regional registró un incremento del 0,4%.

Por sectores, anotaron tasas positivas la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1,1%), los servicios (0,7%) y la construcción (0,04%) mientras que la industria decreció un 0,7%.