Las previsiones de la Comisión Europea sobre el crecimiento económico de la UE mandan un claro mensaje político. España crece el doble que Europa gracias a políticas contrarias a las que pregona formaciones de ultraderecha como Vox. Tanto la inmigración como la transición verde están empujando el PIB de la economía española y le permite aguantar mejor el impacto del aumento de los precios energéticos por el conflicto de Oriente Medio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también destaca estos factores como “atenuantes” de la presión de los costes energéticos e “impulsores” del crecimiento.

La Comisión Europea volvió a subir las previsiones de crecimiento del PIB español al 2,4% en 2026, una décima más que las predicciones de Bruselas el pasado otoño, según el paquete económico de primavera que presentó la Comisión este jueves. España es el único país al que la Comisión eleva las previsiones de crecimiento para este año, mientras que se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025, lo que también ocurre con la economía de la zona euro, cuyo PIB se reduce al 0,9 % en 2026.

Para ver con más claridad la solidez de la economía española en el conjunto de la UE, la previsión de crecimiento del PIB en 2026 para Alemania es del 0,6%, para Francia es del 0,8% y para Italia, del 0,5%. Esto supone que la economía española se prevé que crecerá cuatro veces lo que Alemania o tres veces lo que Francia.

Mientras, el líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, arremete contra lo que denomina “la invasión migratoria” y dice sin aportar pruebas que “en contra de lo que nos dicen aquellos que sostienen que necesitamos mucha más inmigración, lo cierto es que cada vez hay un porcentaje mayor en España de inmigrantes legales en paro”. Los datos que aportan los economistas de la Comisión Europea dan una lectura muy diferente al papel que juegan los inmigrantes en la economía española.

La inmigración como impulso del crecimiento

Al hablar de las previsiones económicas de España, Bruselas asegura que “se prevé que el crecimiento económico esté impulsado principalmente por la demanda interna, respaldada por el sólido comportamiento del mercado laboral y por el crecimiento de la inversión”. En esta demanda interna tiene un importante papel el gasto de los consumidores, que “se beneficiará del crecimiento del empleo en un contexto de sostenida inmigración y de un endeudamiento de los hogares en mínimos históricos”.

En este buen comportamiento del mercado de trabajo “las fuertes entradas de inmigración se prevé que impulsen una nueva expansión de la población activa y fomenten la creación de empleo este año”, asegura la Comisión Europea en su informe sobre España.

“Entre los Estados miembros de mayor tamaño, España registró la revisión positiva más pronunciada por efecto arrastre, donde las sorpresas en materia de empleo añaden automáticamente 0,6 puntos porcentuales al crecimiento de 2026”, recalcan desde Bruselas.

El FMI ha publicado este viernes un informe con las principales conclusiones de su evaluación sobre la economía española en las que destaca que “el crecimiento reciente ha estado impulsado por el aumento de la fuerza laboral derivado de la inmigración, mientras que también se ha producido cierta aceleración del crecimiento de la productividad”.

“La inmigración contribuyó aproximadamente a tres cuartas partes del aumento acumulado del empleo entre 2022 y 2025. Los inmigrantes —casi tres cuartas partes de los cuales procedían del resto de Europa y de América Latina— han seguido sintiéndose atraídos por la situación económica relativamente favorable de España, el amplio uso del idioma y unas políticas migratorias más acogedoras en comparación con la mayoría de las demás economías avanzadas”, recalcan desde la institución financiera multilateral.

Este respaldo a la inmigración en España como fuente de riqueza y creación de empleo llega en un momento de crítica política por parte de la formación ultraderechista, e incluso del Partido Popular, tras la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del proceso de regularización de alrededor de 500.000 migrantes.

Otra de las políticas que están en el objetivo de la ultraderecha son aquellas que impulsan la transición ecológica. “Los ataques de la internacional reaccionaria contra el ecologismo no son una mera casualidad”, afirma el ex eurodiputado, Florent Marcellesi, que añade que “lo verde es uno de los principales campos de batalla cultural y política”.

En este sentido, el líder de la ultraderecha española insiste en sus discursos en hablar de “fanatismo climático” y de que los “pactos verdes han destruido la industria, la minería y las posibilidades de los ganaderos y agricultores”. Al igual que en su discurso contra la inmigración, sin ofrecer pruebas ni datos, Abascal asegura que el “fanatismo verde” contribuye “a la pérdida de bienestar de los ciudadanos”.

“Posición privilegiada” por las renovables

Sin embargo, un técnico de la Comisión Europea explica que “España está una posición relativamente sólida debido a su crecimiento robusto y a la diversificación de sus fuentes de energía. Esto le da una posición relativamente privilegiada para lidiar con el impacto del conflicto en Oriente Medio”.

En el informe de la Comisión se constata que “los precios de la electricidad están ahora menos estrechamente vinculados a las fluctuaciones de los combustibles fósiles, lo que refleja una mayor proporción de generación con costes marginales bajos, lo que debilita la transmisión de los choques energéticos hacia la inflación general”.

En la Comisión Europea insisten en que se ha aprendido la lección de la crisis de precios energéticos que provocó la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. En comparación con 1995, cada euro de producción económica de la UE requiere ahora, en promedio, un 44% menos de energía mientras que cada euro de producción industrial requiere un 50% menos. Más de un tercio de este progreso se ha producido desde 2019 gracias a las políticas climáticas desplegadas por la UE y los países europeos. “Aunque el fuerte aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio sigue constituyendo un importante choque de oferta negativo, su impacto habría sido mucho más grave sin la notable reducción del consumo energético en la UE”, destaca el informe económico realizado por la Comisión.

Este ajuste ha tenido lugar junto con un cambio progresivo hacia el abandono de los combustibles fósiles en el mix energético de la UE. En los últimos 35 años, la participación de las energías renovables en la energía bruta disponible se ha cuadruplicado, pasando del 5% en 1990 al 20% en 2024 y se ha triplicado en la generación de electricidad en las dos últimas décadas (hasta el 47,5% en 2024), según datos de la Comisión para la UE. Las energías eólica y solar generaron por primera vez en 2025 más electricidad que los combustibles fósiles en la UE. En España los datos son mejores: las renovables ya superan a la generación nuclear y fósil en más del 75% de los días

Con estos datos, Bruselas subraya que “este no es un momento para dar marcha atrás en las políticas, sino para acelerar la transición hacia una economía más resiliente y menos dependiente de los combustibles fósiles”.

En el mismo sentido, el FMI destaca como “factor atenuante” del efecto de la guerra de Irán sobre la economía española a “el impacto limitado del aumento de los precios del gas sobre los precios mayoristas de la electricidad, debido al creciente peso de las energías renovables en la matriz eléctrica”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa un frenazo económico de España en 2026 y 2027, junto con una inflación disparada cercana al 5%, en el peor de los escenarios de la guerra en Oriente Medio, en el que los precios del barril de petróleo se mantienen por encima de los 110 dólares y el gas natural se encarece más de un 200%.

La organización con sede en Washington ha publicado este viernes su informe sobre la economía española, el conocido Artículo IV, y ha mantenido las previsiones de referencia que publicó hace dos meses: un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,1% en 2026 y de un 1,8% el próximo año. En estos dos ejercicios, la inflación se situaría en el 3% y el en 2,3%, respectivamente.

Pero, por primera vez, la institución ha aplicado a la economía española el más grave de los supuestos que diseñó en abril, cuando en su Informe de Proyecciones Económicas Mundiales evitó diseñar un escenario base para la economía global y apostó por uno de referencia, que complementó con otros dos (adverso y severo) en función de la duración del conflicto en Oriente Medio. En este último (precios medios del crudo de 110 dólares en 2026 y 125 dólares en 2027, con el gas triplicando su coste y los alimentos disparándose un 5% y un 10% en cada año), la factura para España sería mucho más costosa de lo anticipado.

El fondo prevé que, en este escenario, la economía española se ralentizaría en 2026 hasta un crecimiento del 1,5% (0,6 puntos menos que en el supuesto base que presenta) y ahondaría en la desaceleración el próximo año con un tímido avance del 1,1% (siete décimas menos de su proyección oficial).

El impacto más notable se daría en los precios: la inflación media escalaría al 4,1% este año (1,1 puntos más) y se situaría en el 4,8% el que viene (2,5 puntos más), en cotas no vistas desde el estallido de la guerra en Ucrania.

El FMI avanza que las cuentas públicas también se verían seriamente afectadas, con un empeoramiento del déficit de tres décimas en cada año, estancándose en el 2,5%, y el endeudamiento de las Administraciones Públicas ralentizando su mejora. “Dados los elevados niveles de deuda pública y las presiones estructurales de gasto, un estímulo fiscal discrecional amplio no estaría garantizado en este escenario”, apunta el documento, que apostaría por evitar esas rebajas de impuestos generalizadas por “medidas temporales y no distorsionadoras de los precios enfocadas a los hogares y empresas vulnerables”.

Si bien el mayor riesgo es un conflicto duradero en Oriente Medio, una posible corrección de las bolsas o una intensificación de los conflictos geopolíticos y de las barreras comerciales podría afectar a la economía, sobre todo al impactar de lleno a los principales socios europeos, apunta el organismo.

La fragmentación política y las prórrogas presupuestarias

A la interna, el FMI también advierte de las dificultades del Gobierno para atar mayorías parlamentarias y de que la fragmentación política se ha intensificado en el último año, “forzando la tercera prórroga presupuestaria consecutiva”. Por el camino se han quedado reformas económicas relevantes, como la reducción de la jornada laboral o medidas para impulsar la oferta de vivienda (Ley del Suelo).

“Esto plantea preguntas relacionadas con la capacidad del Gobierno para conseguir los compromisos incorporados en su Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo y de implementar acciones decisivas para calmar a los mercados en el caso de un estrés financiero -como la preocupación por las elevadas deudas soberanas en otras economías del euro- que puedan trasladarse a España”, aduce el organismo.

En este sentido, ante la falta de Presupuestos y de un techo de gasto, el FMI espera que los compromisos fiscales se alcancen “en el contexto de otra prórroga de las Cuentas de 2023 y esté impulsada por un incremento sólido de la recaudación”.

La crisis de precios energéticos de la guerra de Irán no parece afectar a la economía española. La Comisión Europea ha vuelto a subir las previsiones de crecimiento del PIB español al 2,4% en 2026, es una décima más que las predicciones de Bruselas el pasado otoño, según el paquete económica de primavera que ha presentado la Comisión este jueves. La fortaleza de la economía española sorprende. Es el único país al que la Comisión eleva las previsiones de crecimiento para este año. Sí hay una rebaja para 2027, cuando la institución europea espera que el crecimiento de la economía española disminuya del 2% al 1,9%. También es destacable para España que el desempleo caiga por debajo del 10% en 2026, por primera vez desde 2008, situándose en el 9,9% y que descienda hasta el 9,6% en 2027.

La Comisión asegura sobre España que “a pesar del incierto entorno geopolítico y del lastre ejercido por los elevados precios de la energía, se prevé que la actividad económica se mantenga relativamente dinámica en 2026”, donde “la demanda interna está llamada a liderar el crecimiento económico en 2026 y 2027, impulsada principalmente por el crecimiento del consumo privado y de la inversión”.

El pasado mes de abril, el Gobierno mantuvo las previsiones de incremento del PIB en el 2,2%, entonces el vicepresidente de Economía, Carlos Cuerpo, comentó que el “escenario de enorme incertidumbre” provocado por el conflicto en Oriente Medio hacía muy difícil hacer previsiones para los próximos meses.

La situación del conjunto de Europa es muy diferente a la de España. La Comisión señala que las previsiones económicas de primavera de 2026 proyectan “una actividad económica más débil, ya que el conflicto en Oriente Medio desencadena un nuevo shock energético que reaviva la inflación y sacude la confianza económica”.

De esta manera, se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025 (1,4%). Posteriormente, se espera que el crecimiento del PIB repunte ligeramente hasta el 1,4 % en 2027. Las previsiones de crecimiento para la zona euro también se han revisado a la baja, hasta el 0,9 % en 2026 y el 1,2 % en 2027, frente al 1,2 % y el 1,4 % respectivamente.

Para ver con más claridad la solidez de la economía española en el conjunto de la UE, la previsión de crecimiento del PIB en 2026 para Alemania es del 0,6%, para Francia es del 0,8% y para Italia, del 0,5%. Esto supone que la economía española se prevé que crecerá cuatro veces lo que Alemania o tres veces lo que Francia.

Bruselas destaca que “la sólida situación financiera de las empresas no financieras, junto con la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia contribuirán previsiblemente a sostener la evolución positiva de la formación de capital fijo, especialmente en la construcción y en los activos intangibles”.

En el lado negativo, la Comisión coloca al sector exterior, ya que las exportaciones netas contribuirán negativamente al crecimiento del PIB en 2026, “reflejando la incierta evolución de las exportaciones de bienes antes de aportar una contribución prácticamente neutra en 2027”. Esta caída del comercio exterior se debe a la débil situación económica de los países europeos de nuestro entorno, que son los principales mercados donde las empresas españolas venden sus productos.

Como puntos negativos, Bruselas también añade “un posible debilitamiento de la actividad turística, afectando especialmente a la llegada de turistas procedentes de destinos de larga distancia debido al aumento de los costes de viaje”. Aunque precisamente el conflicto de Oriente Medio puede provocar que destinos turísticos de esa zona pierdan atractivo y llevé a los turistas a mirar a España como destino vacacional. La Comisión también apunta “al aumento de las tensiones también podría deteriorar aún más la confianza, dando lugar a un periodo prolongado de comportamiento precautorio por parte del sector privado, lo que afectaría negativamente a la inversión empresarial y al crecimiento del consumo privado”.

Paro por debajo del 10%

La Comisión señala que “las fuertes entradas migratorias sigan apoyando una expansión adicional de la fuerza laboral y fomenten la creación de empleo” en 2026, aunque avisan de que “tras los sólidos resultados de los últimos años, se espera que el mercado laboral pierda impulso”. De esta manera, se espera que el paro caiga por debajo del 10% en 2026 —por primera vez desde 2008— situándose en el 9,9%, y que descienda hasta el 9,6% en 2027.

Como dato curioso, España ya no será la campeona de Europa en desempleo porque Finlandia ocupará su lugar con un paro del 10,1% en 2026.

Respecto a los precios, se espera que la inflación en España se quede en el 3% “impulsada por el fuerte incremento de los precios de la energía y su transmisión gradual a los precios de los alimentos y de los bienes industriales” y “las continuas presiones inflacionarias en los servicios”. Aunque la Comisión espera que la inflación general disminuya hasta el 2,5% el próximo año.

Los precios no varían mucho entre España y Europa. La proyección de inflación en la UE es sel 3,1% en 2026, un punto porcentual completo por encima de lo previsto anteriormente, para volver a moderarse hasta el 2,4% en 2027. En la zona euro, la inflación también se ha revisado al alza hasta el 3% en 2026 y el 2,3 % en 2027, en comparación con las previsiones de otoño, que situaban estas cifras en el 1,9 % y el 2,0% respectivamente.

El peso de las energías renovables en España es uno de los factores que están permitiendo que la factura eléctrica no se dispare para ciudadanos y empresas. “Como importadora neta de energía, la economía de la UE es altamente vulnerable al shock energético provocado por el conflicto en Oriente Medio, el segundo de este tipo en menos de cinco años. El aumento de los precios de la energía implica facturas más elevadas para los hogares y un fuerte incremento de los costes empresariales, lo que reduce los beneficios de muchas industrias y, en la práctica, desvía ingresos fuera de la economía de la UE hacia los países exportadores de energía”, explican desde la Comisión.

“La guerra en Oriente Medio ha desencadenado un importante shock energético, poniendo aún más a prueba a Europa en un contexto geopolítico y comercial ya de por sí volátil. La Unión Europea debe aprender de las crisis pasadas manteniendo el apoyo fiscal como algo temporal y focalizado, y reduciendo aún más su dependencia de los combustibles fósiles importados —un cambio que ya ha fortalecido nuestra resiliencia”, ha comentado Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía.

Déficit estabilizado

Bruselas hace unas proyecciones en las que el déficit de España se estabilice en el 2,4%. La Comisión explica que “los ingresos procedentes de la tributación directa seguirán siendo sólidos, impulsados por el fuerte crecimiento de las ganancias de capital, el aumento diferido de los salarios públicos desde 2025 y la entrada en vigor del impuesto mínimo global para las empresas multinacionales”.

En este cálculo impacta “el IVA y los impuestos especiales se verán afectados por las medidas aprobadas en marzo para mitigar los efectos del conflicto en Oriente Medio. Estas acciones temporales incluyen reducciones del IVA sobre combustibles, electricidad y gas, la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (con un impacto total estimado del 0,2 % del PIB)”.

La proyección de la Comisión es bastante más elevada que la que hizo el Ejecutivo español. En abril, el vicepresidente económico proyectó el déficit en el 1,6% en 2026, “una vez ajustados los denominados ”one-offs“, es decir, gastos específicos asociados a un suceso, como, por ejemplo, la DANA”, que el equipo económico del Gobierno establece el 0,5%, con lo que el déficit nominal sería del 2,1%.

Deuda sobre el PIB por debajo del 100%

Donde hay más coincidencia es en la ratio deuda/PIB. Bruselas apunta que se espera que “siga descendiendo hasta el 99,6% en 2026, situándose por debajo del 100% por primera vez desde 2019, gracias a un crecimiento del PIB nominal que supera el coste del servicio de la deuda”.

La previsión del Gobierno, que anunció Cuerpo en abril, es que la ratio de deuda pública sobre el PIB se situará en el 99,3%, “con lo que se adelanta un año el objetivo fijado para final de legislatura de situarla por debajo del 100%”.

El bloqueo (doble) del Estrecho de Ormuz, la lengua de 40 kilómetros fundamental para el tránsito mundial de la energía, enfila ya el tercer mes de duración y acerca peligrosamente a la economía mundial a un punto de no retorno. Bancos de inversión como Goldman Sachs ya advierten de que los inventarios globales de petróleo apenas cubren 100 días más, el sector turístico teme la escasez del queroseno que alimenta los aviones y las reservas de gas europeas están en mínimos tras el invierno.

Los ataques combinados de Israel y Estados Unidos sobre Irán del pasado 28 de febrero, que en la Casa Blanca confiaban en que derivarían una rendición rápida del régimen de los ayatolás, han provocado la mayor crisis energética global de la historia reciente, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Solo por Ormuz pasaba, hasta el 28 de febrero, el 20% del petróleo y el gas natural que se consume en todo el mundo, así como fertilizantes y otros insumos fundamentales para la industria global.

Si bien en Europa queda muy reciente el colapso que provocó la invasión rusa de Ucrania, numerosos países asiáticos, los más expuestos, ya están racionando combustibles. El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, ha aumentado más de un 40%, desde los 70 dólares antes del conflicto al entorno de los 100 en el que se ha movido esta semana. Pero la cercanía del verano promete apretar la demanda de energía… y una subida inevitable de los precios.

“En ese sentido sí que creo que nos estamos acercando a un punto de no retorno”, apunta Jorge León, vicepresidente senior y jefe de Análisis Geopolítico de la consultora noruega Rystad Energy. El experto pone de ejemplo lo sucedido en 2022, al hilo de la crisis desatada en Europa por el corte del suministro del gas ruso, cuando los precios realmente comenzaron a repuntar no tanto al inicio del conflicto, sino con la subida de las temperaturas. “Si no vemos una solución en las próximas semanas, con la demanda estacional del verano es cuando realmente va a afectar a todo el sistema energético”, detalla en conversación con elDiario.es.

Los mercados, hasta ahora, descuentan un final relativamente próximo del conflicto, más aún después de los avances diplomáticos conocidos esta semana. Y a pesar del “golpecito cariñoso”, como definió el presidente Donald Trump los ataques cruzados entre tropas iraníes y estadounidenses en el estrecho de Ormuz durante la madrugada de este viernes. Para León, que en estas circunstancias el petróleo, fundamentalmente, se esté comportando de manera tan moderada indica que las expectativas de los inversores pasan por un acuerdo temprano, con una reapertura escalonada de la vía marítima y una progresiva recuperación de la circulación de crudo, gas natural y otras materias primas críticas.

Pero, de no haber acuerdo, apunta que el precio del barril de crudo podría dispararse hasta los 180 dólares, una cota nunca vista, que desencadenaría una espiral inflacionista, subidas de tipos de interés para frenar las alzas de precios… y ahogar un crecimiento que, en el caso de la zona euro, lleva varios trimestres –y años– siendo raquítico.

Reservas de gas en mínimos desde 2022

Funcas, uno de los principales centro de estudios del país, rebajó esta misma semana sus previsiones económicas para este año, hasta el 2,2% (dos décimas menos), pero disparó sus previsiones de inflación hasta el 3,3% a final de año, 0,8 puntos más de lo que estimaban en febrero, antes de la guerra. Un impacto comedido ante un conflicto que creen “puntual” y “transitorio”, pero que dejará notar sus secuelas durante meses. Calculan que el barril de petróleo, a finales de año, seguirá siendo un 30,7% más caro que en febrero, de acuerdo con las cotizaciones de los contratos a futuro.

“Esto significa que, incluso en el caso de una apertura temprana del Estrecho de Ormuz, hay efectos que van a permanecer porque se han destruido activos productivos en el Golfo Pérsico y esto va a seguir pesando, aunque cada vez menos, con esa hipótesis de que poco a poco se va resolviendo el conflicto”, detalló durante su presentación el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres.

Pero si la situación del petróleo es así, peor es en el caso del gas, un mercado en el que “la tensión sería todavía más duradera”, dicen los economistas del ‘think-tank', y donde los contratos de futuros anticipan un precio un 35% más caro hasta el próximo invierno.

Justo ahora, después de los meses más fríos, Europa se enfrenta al reto de llenar sus reservas estratégicas de cara al verano. Ahora mismo, los tanques de la Unión se encuentran al 34%, en las cifras más bajas de los últimos años. La situación del almacenamiento europeo es similar a la de 2022, aunque los precios todavía están muy lejos de las cotas alcanzadas tras el estallido de la guerra en Ucrania. Portugal (91%) y España (65,5%) son, de lejos, los países con una mejor situación en sus almacenamientos, pero potencias muy dependientes de esta fuente de energía como Alemania apenas tienen un cuarto (26,6%) de su capacidad total.

El verano presiona el gas y el queroseno

Y si la llegada de la primavera, con temperaturas más suaves y más horas de luz, restó presión al principio del conflicto, cuanto más se acerca el verano más se exacerban los temores de nuevas presiones energéticas. El Gobierno asegura que la economía española está más protegida, ya que las renovables marcan el precio el 84% de las horas en el mercado eléctrico (frente al 25% de 2019) y ejercen como “escudo” frente al impacto de la guerra.

Hasta el Banco Central Europeo (BCE) lo ha puesto en valor: “Un análisis del BCE de la crisis energética actual muestra que países con una cuota más elevada de electricidad generada de fuentes de combustible no fósiles, como España y Portugal, han estado más protegidos del aumento de los precios del gas”, dijo su presidenta, Christine Lagarde, a principios de semana.

Pero los picos de demanda para asegurar la climatización en los meses más cálidos van a provocar una subida de los precios que es casi inevitable, y ni siquiera el despliegue de energías renovables será capaz de frenarlo. “En Europa y en España el precio de la electricidad lo marca el marginal [el precio de la última tecnología en entrar en la generación] y ese, normalmente, es el gas. Si el gas es más caro, a pesar de que uses muy poco, necesariamente la electricidad va a ser más cara”, explica León.

Otra de las derivadas del conflicto viene por la escasez de queroseno, el combustible fundamental para los aviones. IAG, la matriz de Iberia, ha anunciado este viernes unos costes adicionales de 2.000 millones de euros por la subida de precios de este refino. Aerolíneas como Vueling o Volotea ya han anunciado posibles subidas en los billetes, en función de cómo evolucione este coste. En Estados Unidos, esta situación ya se ha llevado por delante a Spirit, una especie de Ryanair a la americana.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, trató de mandar un mensaje de calma tras reunirse con varios representantes de las gasistas y las petroleras. Aunque aseguró que estamos ante “la mayor crisis de nuestra historia” en términos energéticos, la titular de Energía subrayó que España cuenta con reservas de queroseno para 90 días y que trabajan en soluciones a escala europea para garantizar el combustible no solo para los vuelos españoles, sino para los que lleguen a nuestro país.

“El queroseno es el punto flaco de la situación para Europa”, apunta León, el experto en energía. “Y lo preocupante es que los vuelos que se están cancelando son los de, más o menos, de 2 a 3 horas de distancia, porque son los más ineficientes en cuanto al queroseno que se consume. Y el turismo a España viene más o menos del resto de Europa: Alemania, Austria, Reino Unido… Y esos son los vuelos que pueden estar más en peligro”, apunta.

Precisamente una de las razones por las que los expertos están manteniendo las previsiones de crecimiento de España es por la hipótesis de que, ante un conflicto en Oriente Medio, gran parte del turismo dirigido a esa zona apostará por destinos como nuestro país. Algo que podría torcerse en el caso de un conflicto más largo de lo estimado. Según Funcas, un conflicto enquistado podría restar todavía más crecimiento a la economía española (1,8% este año) y dispararía la inflación por encima del 4%.

Lo que es cierto es que ni en el mejor de los escenarios (una reapertura inmediata de Ormuz) la crisis pasará sin cicatrices. El precio de los fertilizantes ha aumentado un 50% y, de acuerdo con Torres, estos incrementos tardan unos seis meses en trasladarse al coste de los alimentos frescos. El golpe a los bolsillos está claro: la inflación en los productos más básicos podría escalar al 7% una vez pasado el verano.

Funcas ha recortado al 2,2% su proyección de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2026, dos décimas menos que en su previsión de febrero, y ha disparado la de inflación al 3,3% (0,8 puntos más) por los efectos de la guerra en Oriente Medio, un episodio que, consideran sus expertos, tendrá un carácter “puntual”.

El centro de estudios de la fundación de las antiguas cajas de ahorros ha actualizado este miércoles sus previsiones para este año y el que viene, bajo la hipótesis de que los precios energéticos seguirán altos durante todo este ejercicio y no volverán a sus niveles previos a la guerra hasta finales del año que viene, con una apertura del estrecho de Ormuz progresiva a partir del mes de junio.

En este sentido, no consideran que el impacto de la guerra vaya a ser duradero, pero sí incidirá en la desaceleración que viene experimentando la economía española en los últimos ejercicios. Este año el crecimiento será del 2,2% y, en 2027, del 1,8%.

La inflación se acelerará al 3,3% y se moderará al 2,4% el próximo, todavía tres décimas por encima de lo que estimaban hace tres meses. Con todo, el impacto en precios será desigual y los alimentos frescos podrían alcanzar subidas de precios del 7% hacia finales de año.

Desde Funcas creen que las medidas desplegadas por el Gobierno han compensado en tres décimas la subida de los precios y apuntan a que no se retirarán hasta octubre, dando por hecho que el Ejecutivo prolongará el paquete fiscal más allá del 30 de junio.

Un efecto prolongado si se alarga el conflicto

El escenario central que diseña Funcas –que no dista del que calculan organismos internacionales o nacionales, incluso el del Gobierno– podría agravarse si el conflicto no termina pronto. En este caso, el crecimiento del PIB se recortaría al 1,8% en 2026 y la inflación se elevaría hasta el 4%, niveles no vistos desde el estallido de la guerra en Ucrania.

Además del cierre del estrecho en Ormuz, el principal cuello de botella de la economía mundial, el estancamiento del crecimiento de la zona euro –de momento, evitan hablar de estanflación– también pesa en la actividad española. “España sigue creciendo muy por encima de lo que crece la zona euro, pero la mala es que no podemos seguir creciendo indefinidamente si los países a los que vendemos y con los que comerciamos no crecen”, ha apuntado el director general de Funcas, Carlos Ocaña.

A favor de España puede jugar el turismo, sobre todo por los flujos que escojan nuestro país en lugar de aquellos destinos más cercanos a Oriente Medio, afectados por la cercanía del conflicto. “Los indicadores apuntan a que van a venir más personas, pero no sabemos cuánto tiempo van a estar, cuánto van a gastar, si van si van a hacer uso de servicios más caros o van a intentar ahorrar”, ha subrayado Ocaña.

El crecimiento, además, estará sustentado por la demanda interna de la economía, impulsado por la dinámica del sector de la construcción, la creación de empleo y el consumo de los hogares.

La transitoriedad que prevén los expertos, ha dicho el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, permitirá compensar cierta pérdida de poder adquisitivo este año a través de un menor ahorro. “Si la crisis se percibiera como más permanente, la reacción sería distinta”, ha advertido.

La mitad de las ayudas desplegadas en Europa para hacer frente a la guerra en Oriente Medio tienen sello español. El plan de 5.000 millones de euros diseñado por La Moncloa –fundamentalmente, con rebajas fiscales en impuestos como el IVA– no solo ha sido de los primeros en ponerse en marcha, sino que es el más generoso hasta ahora, tanto en términos brutos, como en relación con el tamaño de la economía española.

El Gobierno ha hecho gala de la velocidad de su respuesta, como ya hicieron con la réplica a los aranceles de Donald Trump, aprobada solo un día después de que el presidente estadounidense los anunciara solemnemente con una cartulina en los jardines de la Casa Blanca. Desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero, hasta la aprobación de los dos Reales decretos-ley el 20 de marzo apenas pasaron tres semanas. Entre medias, el Gobierno se reunió con agentes sociales, grupos parlamentarios y sectores más afectados, alumbrando un paquete de ayudas articulado a través de rebajas en el IVA y otros impuestos a la energía que recibió la luz verde del Congreso.

El seguimiento que hace el ‘think-tank’ europeo Bruegel recoge, hasta ahora, 10.460 millones en medidas fiscales aprobadas por 12 países del entorno comunitario. Y solo las españolas ya suponen uno de cada dos euros en ayudas, triplicando a las de Alemania, que ha dado luz verde a una rebaja de los impuestos energéticos por valor de 1.600 millones. Mucho más lejos se encuentran, en este orden, los paquetes de Países Bajos (960 millones), Irlanda (760 millones) o Italia (520 millones), de cuantías y alcances inferiores.

La magnitud del esfuerzo español se ve mejor en términos relativos al producto interior bruto (PIB) de cada uno de los países, ya que permite una comparación mejor de lo que supone para sus cuentas públicas las medidas aprobadas. Así, España también lidera con un gasto del 0,3% del PIB, por encima del 0,2% de Bulgaria (225 millones) o infinitamente superior al 0,002% que ha aprobado Francia (70 millones), cuyas finanzas públicas distan de tener margen para grandes descuentos.

Rebajas generalizadas (y regresivas)

A pesar de la petición expresa de la Comisión Europea de apostar por ayudas dirigidas a los colectivos más vulnerables, la mayoría de países han hecho caso omiso de esa exigencia de Bruselas. El 80% del total de las medidas aprobadas (8.340 millones) se ha traducido en rebajas de impuestos indirectos, frente a 2.120 millones articulados a través de transferencias a los hogares o medidas a los sectores más afectados por la subida de costes, fundamentalmente el campo o el transporte. 

Estas rebajas, canalizadas a través de impuestos como el IVA, han sido criticadas por los expertos no solo por su abultado coste fiscal, sino también por ser regresivas y beneficiar más a las rentas más elevadas, que son las que tienen mayor capacidad de gasto.

Y, aunque el objetivo sigue siendo la descarbonización de la economía, la energía fósil concentra el grueso de las ayudas: 4.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del corte del Estrecho de Ormuz, que ha afectado directamente a los precios del petróleo y el gas, ya que por allí circula un 20% de la oferta de estas materias primas. 

El Gobierno lleva semanas defendiendo no solo la prontitud de su respuesta al conflicto en Oriente Medio, sino también la efectividad de unas medidas que han amortiguado el primer impacto de la subida de los precios en las gasolineras.

“Todas estas medidas están facilitando una menor traslación del shock a precios finales, sea vía rebaja del precio final (reducción de impuestos) o mediante bonificación de costes (ayudas a empresas)”, defendió el Ejecutivo en el Informe de Progreso Anual –el nuevo documento clave de las reglas fiscales– remitido la semana pasada a la Comisión Europea.

El efecto más claro se ha visto en la inflación adelantada de abril, que se moderó dos décimas, hasta el 3,2%, gracias a las bajadas en los precios de la electricidad, que más que compensaron la subida sostenida en el precio del petróleo. 

El Gobierno se ha cuidado mucho de confirmar si extenderá o no las rebajas fiscales, que expirarán el próximo 30 de junio. Al igual que con el impacto en la economía, el Ejecutivo insiste en aguardar a “aterrizar” los efectos de estas medidas sobre los precios. El espacio presupuestario con el que cuenta es limitado, haya o no Presupuestos, y La Moncloa ya ha trasladado a la Comisión que moderará el aumento del gasto público este ejercicio. 

De hecho, las propias medidas podrían morir de éxito. El Gobierno incorporó una disposición por la que tanto el IVA de la electricidad como el de los combustibles volvería a su tipo habitual (21%) en junio si sus precios subían menos del 15% en abril, en relación con el mismo mes del año pasado. Algo que podría cumplirse en el caso de la electricidad. Los datos definitivos se conocerán la próxima semana.

Mientras, el Gobierno defiende que es necesario avanzar en el despliegue de las energías renovables y apuesta por activar una 'cláusula de escape' similar a la que se ha puesto en marcha para las partidas militares. “Pero para ello, para ser capaces de avanzar en soberanía energética, necesitamos inversión y esta inversión tiene que priorizarse igual que estamos priorizando, por ejemplo, la inversión en defensa”, defendió este lunes el vicepresidente Carlos Cuerpo en Bruselas.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a moderar el crecimiento del gasto público en 2026 hasta el 4,2%, a pesar de las medidas extraordinarias por la guerra en Oriente Medio, y después de que en 2025 avanzara un 4,5% sin tener en cuenta las inversiones en Defensa. El Ejecutivo ha trasladado a la Comisión Europea que seguirán embridando las cuentas públicas, con una reducción del déficit y de la ratio de deuda pública. Este último indicador cerrará 2026 por debajo del 100% del producto interior bruto (PIB) por primera vez desde 2019.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han remitido este jueves, al filo de la medianoche, el Informe de Progreso Anual, el documento clave de las reglas fiscales europeas, en el que detallan el cumplimiento del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo que el Ejecutivo pactó con la Comisión Europea a finales de 2024.

Como ya avanzó el Ejecutivo el martes, el documento se reafirma en que España cumplió con la regla de gasto -la medida de referencia para el nuevo marco de gobernanza económica- en 2025. El año pasado el gasto público -una vez descontadas las medidas de ingresos, que compensan el avance de estos costes- creció un 4,5%, en el límite máximo fijado por Bruselas.

Esto se debe, como explica el documento enviado al Ejecutivo comunitario, a que el crecimiento potencial de la economía española -es una medida teórica de cuánto puede avanzar el PIB sin provocar desequilibrios- ha sido superior tanto en 2025 a las previsiones que se manejaron en la elaboración del Plan Fiscal Estructural. Si a finales de 2024 se estimaba que este avance potencial era del 2%, las últimas simulaciones lo sitúan entre el 2,6 y el 2,8%. Esto ha dado mayor margen de gasto al tiempo que se cumplen las reglas fiscales.

El vicepresidente Carlos Cuerpo confirmó el martes que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea activar la cláusula de escape del gasto en Defensa, un mecanismo puesto en marcha por Bruselas para impulsar las inversiones en seguridad, que permiten que estas partidas no computen a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Según el Informe, esto equivale 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable.

En términos acumulados, entre 2024 y 2025 el gasto creció un 8,7%, por debajo del margen permitido por las reglas fiscales. Si las previsiones del Gobierno se cumplen, con ese avance del 4,2% para este ejercicio, el gasto acumulado será del 13,3%, por debajo de las líneas rojas fijadas en la reforma de 2024.

El menor déficit en 20 años

Este menor crecimiento del gasto público redundará en una mejora de las cuentas públicas. El Gobierno estima que el déficit público cerrará el año en el 1,6% del PIB, una vez descontados los gastos extraordinarios a los que aún está haciendo frente el Gobierno por la DANA de 2024 y por las inundaciones de principios de este año. Esto supone una reducción de seis décimas desde el 2,2% notificado a Bruselas en 2025 y muy por debajo del objetivo que se fijó el Ejecutivo para este año, que era del 2,1%.

El Gobierno asegura que este año cerrará también con un superávit primario del 0,9% (esto es, la diferencia positiva entre ingresos y gastos públicos una vez descontado el coste de pagar los intereses de la deuda), lo que permitirá acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. En concreto, ya este año se situará en el 99,3% del PIB, la menor tasa desde 2019 y adelantando un año el objetivo fijado para el final de la legislatura.

Además, el Ejecutivo da por cumplida la reforma fiscal y cifra en 2.300 millones la recaudación extra en 2025 por no actualizar con la inflación los tramos del IRPF, unos ingresos 'extra' que suponen el 0,14% del PIB y que permiten al Ejecutivo cumplir con el objetivo de la reforma fiscal pactada con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación de los fondos europeos.

El Gobierno ha mantenido la previsión de crecimiento económico en el 2,2%, ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, pero calculan que los efectos de la guerra podrían costarle entre 0,1 y 0,4 puntos de PIB. Los datos de cierre de 2025, cuando España creció un 2,8% con una aceleración a final del ejercicio, y la robustez del principio de año (el PIB ha avanzado un 0,6%) sostienen esta proyección.

Sí prevén una mayor inflacion, medida por el deflactor del PIB, pero justifican que esta subida (al 3,1%) se debe a que el año pasado cerró por encima de lo que habían anticipado. Es decir, que tampoco incorpora el efecto de la subida de los precios del petróleo y el gas por la guerra.

La economía española ha aguantado el primer golpe de la guerra en Oriente Medio. A pesar de los fríos vientos de cara que proceden de Irán, y que ya está estancando algunas economías como la francesa, el producto interior bruto (PIB) español creció un sólido 0,6% en el primer trimestre, gracias a la fortaleza del consumo de los hogares y de la inversión productiva.

De acuerdo con los datos preliminares publicados este jueves por el INE, el crecimiento económico se ralentizó ligeramente en comparación con el cuarto trimestre de 2025, en el que avanzó un robusto 0,8%, pero en términos interanuales (es decir, comparando los tres primeros meses de 2026 con los del año pasado) se situó en el 2,7%, con una ligera aceleración en comparación con el final del ejercicio pasado.

Según destaca Estadística, de ese 0,6% que creció la economía en los tres primeros meses del año, 0,4 puntos se explicaron por la aportación de la demanda interna de la economía, en tanto que 0,2 fueron gracias al sector exterior.

En cuanto a la 'pata' interna de la economía, el consumo de los hogares avanzó un 0,6% y el de las administraciones públicas, un 0,2%, con una ligera ralentización en comparación con finales del año pasado.

La inversión productiva, medido a través de la Formación Bruta de Capital Fijo, creció un 0,4%, una ralentización notable si comparamos el avance de esta rúbrica en el último trimestre de 2025 (2,1%).

Del sector exterior, las exportaciones decrecieron ligeramente en el trimestre (0,5%), pero cayeron más las importaciones (1,2%). Este comportamiento menos dinámico de las compras al exterior del país es relevante a la hora de calcular el crecimiento, ya que que adquirir en otras economías 'resta' PIB, mientras que las ventas al extranjero suman.

Desde la óptica de la oferta, y por sectores, todas las ramas productivas crecieron en el primer trimestre del año: las primarias, vinculadas al campo, un 3,3%; la industria, un 0,4%; la construcción, un 0,1%; y los servicios, un 0,7%.

El crecimiento interanual se acelera

El crecimiento interanuales de la economía española se ha acelerado una décima, hasta el 2,7%, en comparación con el registrado a finales del año pasado, después de que el INE haya revisado ligeramente a la baja el cierre de 2025.

Si la economía española crece a un ritmo del 2,7% en comparación con le primer trimestre de 2025, 3,4 puntos se deben a la fortaleza interna de la economía, mientras que el sector exterior, aún sufriendo la convulsión arancelaria desatada por Donald Trump, restó 0,7.

El consumo de los hogares acelera al 3,2% (una décima más), que contrarresta ligeramente la desaceleración en el de las Administraciones Públicas (creció un 2%, cinco décimas menos que entre octubre y diciembre).

La inversión creció un 5,6%, con la construcción de vivienda (6%) y los productos de propiedad intelectual mostrando el mayor dinamismo (6,8%).

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía apunta a que esta cifra cierra una semana de “datos positivos”, tras la publicación de la Encuesta de Población Activa (que no fue tan buena, como suele ocurrir al iniciar el año) y de la inflación de abril, que se moderó ligeramente en relación con marzo.

“La economía española mantiene el pulso de crecimiento en este arranque de año marcado por la guerra de Irán”, señala el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que destaca que este “sólido” ritmo de la actividad permite que España siga “liderando entre las principales economías de la Unión Europea”.

Otro de los datos positivos que arroja la Contabilidad Nacional publicada este jueves es el repunte de la productividad por hora trabajada, que creció un 1% en el primer trimestre, en comparación con el precedente. Esto, dicen desde el Ejecutivo, consolida “un ciclo insólito de aumento de la productividad y creación récord de puestos de trabajo, que es el reflejo de la modernización de nuestro modelo de crecimiento económico”.

Estos datos son un primer avance de la Contabilidad trimestral, que se elabora con los indicadores disponibles, la mayor parte hasta febrero. El estallido de la guerra, en marzo, y sus efectos sobre otros indicadores se verían ya reflejados en la revisión que haga Estadística de sus cifras a finales de junio.

El Gobierno cumplió en 2025 con las reglas fiscales y el gasto público, una vez descontadas las medidas de ingresos, aumentó un 4,5%, el máximo permitido por la regla de gasto europea, y después de que el Gobierno haya solicitado a la Comisión Europea la activación de la cláusula de escape para evitar que la inversión en defensa compute en el corsé comunitario.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado en la rueda de prensa que solicitó este desahogo al Ejecutivo comunitario, una vez con los datos del cierre de la ejecución presupuestaria, y se suma a los 17 países comunitarios que ya lo reclamaron antes de que finalizara el ejercicio.

“España cumple con la evolución de la regla de gasto (...) En este gasto computable hay una serie de partidas que se eliminan de manera automática: intereses, gasto cíclico en desempleo... y algunas partidas de manera ad hoc pueden eliminarse, entre ella la evolución del gasto en Defensa desde 2024”, ha dicho el 'número dos' del Ejecutivo.

Esta cláusula de escape forma parte de la estrategia de la Unión Europea para aumentar el gasto en seguridad y defensa y permite a los países que se acojan a ella dedicar durante cuatro años un gasto adicional en este ámbito equivalente al 1,5 % del PIB y no se abrirá un expediente por incumplir las reglas fiscales siempre y cuando se demuestre que el desequilibrio se debe a estas áreas. Según fuentes del Ejecutivo, esta solicitud tendrá que recibir el aval del Consejo Europeo una vez estudiada por parte de la Comisión, por lo que no tiene que pasar por el Parlamento.

Con los datos de 2025, el Gobierno ha incurrido en un incremento de gasto acumulado del 8,8%, dos puntos por debajo del máximo permitido por las instituciones europeas.

Retrasa la actualización de las previsiones

El Gobierno ha optado por no incluir una actualización del cuadro macroeconómico en el Informe de Progreso Anual, el nuevo documento clave de las reglas fiscales europeas, y ha optado por diseñar varios escenarios económicos sobre el potencial impacto del conflicto en Oriente Medio.

El vicepresidente Cuerpo ha justificado en la incertidumbre sobre la duración de la guerra, que dificulta “asignar probabilidades” a cada uno de los escenarios, el hecho de que se hayan mantenido las previsiones “inalteradas”, a la espera de aterrizar sus efectos en una actualización completa del cuadro macroeconómico más adelante.

Así, Economía mantiene su previsión de que el producto interior bruto (PIB) avanzará un 2,2% en 2026, y en torno al 2,1% en 2027, pero contempla que, si la guerra se estanca o avanza hacia escenarios más severos, el impacto sobre el crecimiento podría ser de entre 0,1 a 0,4 puntos porcentuales para este año, y de hasta 0,2 puntos el que viene.

“Los datos de este primer trimestre mantienen un cierto pulso y una dinámica de la economía que, en ausencia de guerra, es probable que nos hubiera llevado a una revisión al alza [de las previsiones]. Desgraciadamente, no estamos en ese escenario”, ha dicho el vicepresidente.

El impacto del conflicto no se reflejará tanto en la evolución de la actividad como en los precios. Medidos a través del deflactor del PIB -es decir, la referencia que mide la inflación en toda una economía, más allá del IPC-, los precios avanzarán un 3,1%, un punto más que lo que preveía el Gobierno en noviembre del año pasado.

Sobre las cuentas públicas, el Gobierno anticipa que este año el déficit público -diferencia entre ingresos y gasto públicos- se situará en el 1,6%, desde el 2,2% en el que cerró el año pasado. Sería el mejor dato desde 2007, cuando España cerró con un superávit -más ingresos públicos que gastos- del 1,9%.

La economía española ha capeado el primer impacto de la guerra en Oriente Medio, a pesar de la subida de los precios de los combustibles, y el crecimiento, tras un muy buen final de 2025, apenas debería notar el efecto del conflicto en Irán durante el primer trimestre del año. Entre octubre y diciembre el producto interior bruto (PIB) se aceleró hasta el 0,8%, pero los modelos a tiempo real apuntan a un incremento de en torno al 0,6%, lejos de una debacle económica, sustentado por la firmeza del mercado laboral y el respiro de las renovables sobre el coste de la electricidad.

Los termómetros de distintas organizaciones, desde ‘think-tanks’ a instituciones oficiales como la AIReF, apuntan a que la economía mostrará un tono robusto, a pesar de la guerra, aunque los efectos podrían manifestarse más claramente conforme avance el año. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el primer dato de avance a finales de este mes, pero cifras relevantes como la afiliación a la Seguridad Social en marzo ya avanzan con solidez a pesar del conflicto.

“Nuestro modelo arroja un crecimiento del 0,6%, de momento, a caballo entre el 0,6 y el 0,7% de crecimiento intertrimestral, por lo que sería un ligero recorte en comparación con el cuarto trimestre de 2025”, explica al teléfono el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, Manuel Hidalgo, que apunta que solo el dato de afiliación de marzo (en el que el empleo rozó los 22 millones) anticiparía esta cifra. Similar a lo que creció la economía entre enero y marzo de 2025 (0,5%).

Hidalgo es uno de los autores del modelo de “nowcasting” (previsión a tiempo real) del centro de estudios de la escuela de negocios y detalla que, aunque puede variar en función de la aportación del sector exterior al crecimiento, “no suele haber mucha diferencia” con la cifra final que publica Estadística.

De la desaceleración por las lluvias, a la guerra

Desde la consultora británica Oxford Economics, su economista jefe para Europa, Ángel Talavera, coincide con Hidalgo en la cifra de crecimiento (0,6%), pero asegura que aún carece de datos que muestren el impacto de la guerra, más allá de la cifra concreta de la inflación. “Solo hay dos o tres indicadores de sentimiento, encuestas que en marzo han empezado a caer. Los datos aún están rezagados”, señala.

Talavera apunta a dos periodos diferenciados dentro del primer trimestre. Una primera desaceleración a principios de año, que podrían estar vinculadas al frío y a las lluvias que caracterizaron el arranque de 2026, y otro diferenciado a partir de marzo, cuando arrancó el conflicto. “Casi todos los datos en nuestro modelo muestran esos problemas de debilidad a principios de año. Los efectos de la guerra los veremos más en el segundo trimestre: el dato de empleo de marzo fue bueno, pero la inflación quizá afecte a las ventas por menor, a la producción industrial…”, detalla.

BBVA Research es más optimista y estiman que el crecimiento trimestral podría situarse en el 0,7%, apenas una décima inferior al ritmo registrado a finales de 2025, fundamentalmente gracias al vigor de los datos de la afiliación, como apuntó su responsable de Análisis Económico, Rafael Doménech, en una publicación de X. Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el MIPred –que suele ser algo pesimista– arroja un crecimiento del 0,3%, con el 66,7% de los datos del periodo. Por su parte, la herramienta de Analistas Financieros Internacionales (AFI) limita el avance al 0,1%.

“No creemos que vaya a ser tan negativo”, matiza al teléfono Marina García, analista de la firma. “Según nuestras previsiones oficiales, estaríamos en torno a un 0,2%-0,3% de crecimiento en el primer trimestre”, abunda, una proyección arrastrada por la bajada en las previsiones más contenidas de crecimiento del consumo y de la inversión. En el conjunto de 2026 anticipan un crecimiento del PIB del 2,1%.

Un crecimiento sólido pese a la guerra

Los datos del primer trimestre son fundamentales para el avance del ejercicio completo. “Suelo explicar que, aunque resulte curioso, gran parte del crecimiento de 2026 ya ha pasado”, apunta Hidalgo. Esto es así porque el “efecto arrastre” de finales del año pasado, cuando la economía aceleró, y el crecimiento sostenido en el primer trimestre ya te marcan el punto de partida para el año completo. “Un PIB del 0,6% o 0,7% nos llevaría a un crecimiento en el entorno del 2% en el año, salvo que la segunda mitad del año sea catastrófica”, dice el profesor de la UPO.

De momento la primera oleada de previsiones económicas ha rebajado el crecimiento para este año, pero aún seguirá siendo sólido, en comparación con nuestros pares. El FMI y la OCDE anticipan un avance del 2,1% para el ejercicio completo, mientras que el Banco de España calcula un 2,3%. La inflación se situará en el entorno del 3%, muy por encima del escenario previo al estallido bélico.

Lejos de lo que ha hecho el Gobierno alemán, por ejemplo, que ha recortado a la mitad (0,5%) su cálculo del PIB para 2026, en el Ministerio de Economía todavía tratan de “aterrizar” –como señaló el vicepresidente Carlos Cuerpo– cuál será el efecto para diseñar los números en los que se basará su presupuesto. “Estamos analizando cómo aterriza la incertidumbre. Es muy importante ir viendo cómo va evolucionando la situación porque la gran incógnita es la duración del conflicto”, aseguran fuentes del Ministerio de Economía.

En el Ejecutivo subrayan que el plan de 5.000 millones aprobado el mes pasado está permitiendo “amortiguar” el efecto de las primeras semanas del conflicto, pero aunque la guerra terminase esta misma semana se tardaría meses en recuperar la normalidad. De acuerdo con los cálculos del Banco de España, de las cuatro décimas de crecimiento económico que ha restado el conflicto, este pack de ayudas compensa tres. De los 0,8 puntos que sumará a la inflación, el Plan del Gobierno permite rebajar 0,5.

El día a día del bolsillo va a poner a prueba la resistencia del entorno macroeconómico. El precio del barril de petróleo brent volvió a situarse este jueves por encima de los 103 dólares, lo que anticipa una subida del precio del combustible en las gasolineras. Un mes después de la rebaja de impuestos, el litro de diésel ha caído 20 céntimos y 30 céntimos el de la gasolina. Gracias, en parte, al abaratamiento del crudo en las últimas semanas, pese a las idas y venidas sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Y la factura de la luz también será clave. De momento, el gran peso de las renovables en la generación eléctrica –el gas, más caro, solo ha marcado el precio del 16% de las horas en lo que llevamos de año– está librando el grueso de los efectos sobre el bolsillo. Pero la llegada del calor, que dispara el consumo energético, podría trastocarlo todo.

Hasta los recientes ataques iraníes con drones y misiles a territorio israelí, la narrativa económica dominante en el país hebreo era la de un patrón de crecimiento capaz de absorber shocks con notable rapidez. En la actualidad, sin embargo, la guerra abierta desatada contra Irán para afianzar el proyecto del Gran Israel que se ha propuesto imponer Benjamin Netanyahu ha mermado la confianza ciudadana, empresarial e inversora en el poder de resistencia de un PIB tasado en 666.400 millones de dólares, similar al de Argentina, Suecia o Singapur, que empieza a mostrar fisuras profundas y cada vez más estructurales.

El año de conflictividad geopolítica y militar para expandir el sueño del gubernamental Likud y de otros partidos ultraortodoxos en Oriente Próximo e instaurar la hegemonía israelí en la región ha dejado muestras de resiliencia, con un impactante repunte de la actividad del 3,1% en 2025. Muy por encima del 1% del ejercicio precedente, el peor dato en dos decenios, con la excepción de los primeros latidos del ciclo de negocios post-Covid surgido con fórceps monetarios y fiscales en todo el mundo para sacar a la economía global de su hibernación por la pandemia.

Pero el dinamismo israelí encierra un riesgo latente y cada vez más visible. El cheque militar de abordar dos misiones bélicas simultáneas –ocupación del sur de El Líbano y la aniquilación del régimen de los ayatolás en Irán, su enemigo irreconciliable dentro de la región más convulsa del planeta– empieza a alterar sus cuentas públicas.      

La alerta no procede de ningún agente antisemita. Ni de instituciones multilaterales de las que reniega Tel Aviv casi tanto como la Administración Trump. Es el propio Banco Central de Israel el que ha emitido las señales de alarma. El coste acumulado de la guerra equivale ya al 8,6% del PIB, unos 177.000 millones de shekels (57.000 millones de dólares). Pero, además, la coyuntura israelí deja un nítido desequilibrio. “La economía se ha asentado sobre el impulso reciente de su sector exterior, que sigue certificando un sólido rebote que contrasta con un consumo familiar y una inversión empresarial cada vez más débiles” aduce Nicholas Farr, de Capital Economics.

De modo que el PIB continúa instalado en una senda del crecimiento, aunque lo hace “de forma distorsionada, muy dependiente de factores ajenos a su dinámica doméstica y con la necesidad de recibir estímulos extraordinarios para afrontar sus ascendentes gastos en Defensa”, previene Farr.

El FMI, que acaba de rebajar dos décimas (desde febrero) su predicción de crecimiento global en 2026, hasta el 3,1% por “la contracción del flujo energético por Ormuz, daños a infraestructuras energéticas por el conflicto armado y disrupciones en las cadenas de valor y de suministro”, no ha pronosticado una valoración sobre los efectos de la guerra en la economía israelí, que fía a la revisión de los organismos oficiales del país. Pero resulta elocuente su visión previa al comienzo de las hostilidades. En febrero, el Fondo emitió su informe del Artículo VI –diagnósticos anuales a todos sus estados miembros– en el que auguraba un incremento del PIB del 3,5% con tendencia al alza, aunque “condicionada” a la inexistencia de conflictividad bélica regional.

En caso contrario –alertaban sus expertos bajo un escenario en el que la dialéctica geopolítica ya había elevado la tensión militar– “se producirán caídas temporales de inversión y empleo”, según la duración de contienda, y “aumentos graduales y, en ocasiones, exponenciales, del gasto por los costes asociados a la factura bélica”. También en los precios, que experimentarían repuntes desde una inflación “relativamente controlada” en el entorno del 2,6% antes de la guerra.

Economía tecnológicamente avanzada con fuga de talento

“El shock geopolítico mantiene el dinamismo israelí por debajo de su potencial de crecimiento”, al que contribuyen especialmente el alto componente tecnológico de su tejido productivo y su capital humano. El Fondo apostaba por un déficit del 3,9% en 2026, un objetivo loable, aunque insuficiente para reducir su deuda, del 67,2% del PIB al término de 2025, y que llegó a suponer el 99% del PIB al inicio del milenio.

En sintonía con el Banco de Israel, que proyectaba que la economía remontara un 5,2% este año para estabilizar el endeudamiento soberano. Su gobernador, Amir Yaron, avisa ahora de que el incremento del desequilibrio presupuestario y la revisión a la baja del vigor del PIB van a elevar “inevitablemente” la ratio de deuda. La reciente aprobación del gabinete de Netanyahu de un cheque extra de 13.000 millones de dólares para financiar la guerra refuerza esa tendencia.

Pero el conflicto armado no solo acarrea disfunciones fiscales contables. También pone en un brete la inserción internacional de Israel. El deterioro de las relaciones diplomáticas, en especial con ciertos socios europeos, tiene efectos tangibles en unas exportaciones que han descendido en 8 miembros de la UE más críticos con la ofensiva de Tel Aviv en la región. Ya en 2024, las ventas al mercado interior cayeron en 1.000 millones de dólares, mientras que el año pasado se contabilizaron 1.500 millones menos. El propio banco emisor israelí sugiere, no sin un poso de cautela, que “las posiciones políticas están influyendo en los volúmenes comerciales”.

Al desgaste externo, sostén de momento del dinamismo económico actual, se suman las dudas sobre la duración de la guerra con Irán. Las mismas incertidumbres que el FMI menciona con insistencia para justificar la fragilidad de las treguas, la provisionalidad de sus predicciones y los riesgos de que el colapso energético derive en una debacle financiera. Una nota de JP Morgan a clientes introduce una variable decisiva. “El impacto económico mundial y regional dependerá, sobre todo, del tiempo”. A partir del cual, sus analistas presentan un escenario base que varía a medida que el conflicto armado se prolonga e introduce variables como una escalada militar de mayor entidad en Oriente Próximo, cambios en los objetivos militares –como la renuncia tanto de la Casa Blanca como de Tel Aviv, forzado o no por las circunstancias, a un cambio de régimen en Irán– o, la más extendida en el calendario, una deriva hacia una guerra de desgaste.

Las perspectivas sobre este último horizonte son sombrías. Más movilización de reservistas, una mayor disrupción productiva, presiones alcistas sobre los precios y menor margen para recortes de tipos de interés. Con independencia del panorama, el banco de inversión ha reducido su meta el crecimiento para Israel en 2026 al 4,1%, mientras anticipa la implantación de una estrategia monetaria más restrictiva el resto del año. Por la “resiliencia operativa” para conservar su ritmo de actividad “parcialmente y bajo condiciones de guerra” por su rápida capacidad institucional, tecnológica y social a panoramas bélicos, con periodos de transición económica y de flexibilidad productiva adecuados a los cambios coyunturales.

No obstante, “esta resistencia activa contiene límites”, advierten en JP Morgan. Y son de calado estructural. Porque el cóctel de conflictividad duradera, tensiones diplomáticas y posibles fugas de talento preocupa cada vez más a las autoridades del país y amenaza con erosionar una arista esencial de su modelo económico: su marcado perfil innovador con una amplia inserción global.

El ecosistema de alta tecnología israelí es el motor de las exportaciones, el gancho de la inversión extranjera y el acicate de la notable productividad registrada por Tel Aviv en tiempos de paz. O, dicho de otro modo: es el gran amortiguador frente a inestabilidades externas. Una guerra sin cuartel, sin fecha de alto el fuego y con una permanente movilización de reservistas deteriora la fuerza laboral, altamente cualificada, y eleva el riesgo de los inversores internacionales, con los inmediatos efectos reputacionales, de fugas de talento y de corrosión de la ventaja competitiva labrada por Israel en los últimos años.

El banco central habla de amenaza de brain drain (fuga de cerebros) por la guerra en su último informe de situación. Es decir, de temor a salidas masivas de capital humano de alta cualificación técnico-profesional que traerían unos efectos destructivos multiplicadores. Entre otros, menor innovación, arritmias en el crecimiento, déficits fiscal y comercial estructurales, encarecimiento del dinero e impulso de la deuda. Una bomba de relojería que se encargaría de rebajar el atractivo financiero, poner en alerta a las agencias de ratings para reducir las calificaciones soberanas de Israel y limar la capacidad de respuesta gubernamental ante futuras crisis. “La resiliencia israelí tiene un umbral temporal a partir del cual el deterioro se acelerará de una forma no lineal, sino exponencial”, alertan en JP Morgan. Farr, por su parte, enfatiza el probable aumento de los costes crediticios si la tensión bélica y geopolítica se perpetúa. “Sería el detonante de una parálisis de la actividad”.

Privatizaciones en Defensa para costear la guerra

Este temor a la huida de talento y al agravamiento de las tensiones presupuestarias, financieras y tecnológicas por la escalada militar ha empujado ya al gabinete de Netanyahu a acometer una medida poco habitual en Israel. El país digitalmente más avanzado de la región ha decidido que tiene que competir fiscalmente por atraer y fidelizar la destreza profesional. Con incentivos para repatriar pericia tecnológica en plena carrera por la hegemonía de la IA y la economía del dato y el algoritmo. Toda vez que la fuga de trabajadores cualificados ha repuntado en un 45% desde 2023. Dror Bin, de la Autoridad de Innovación israelí, reconoce que “el capital humano es lo que hace que el sector tecnológico, que representa la sexta parte del PIB y más de la mitad del sector exterior, tenga éxito” 

El desgaste económico de la guerra también se vislumbra en el ámbito financiero. La Bolsa de Tel Aviv, tras un repunte inicial ante la expectativa de una guerra corta con Irán, ha perdido parte de las ganancias iniciales. El índice TA-125 ha retrocedido con fuerza en las últimas semanas, a pesar del pulso alcista de esta semana al calor de los vientos favorables a un acuerdo de alto el fuego. Más allá de comportamiento puntuales, los mercados de capital israelíes reflejan con una meridiana nitidez el contagio por el impacto del encarecimiento energético, la ralentización del turismo y los episodios de rampante incertidumbre global.

Aun así, subyacen comportamientos paradójicos como el de la divisa israelí. En general, el shekel ha resistido. Incluso se ha apreciado por momentos, llegando a registrar niveles superiores a las 3 unidades por dólar al comienzo de las operaciones militares. En gran medida, como fruto de la fortaleza de la confianza inversora en su industria tecnológica. Aunque también ha mostrado signos de debilidad. En función de las revelaciones sobre el coste de la guerra que han surgido a cuentagotas. La mayor caída del peso monetario del shekel se produjo en Semana Santa, cuando Tel Aviv admitió que el coste directo superaba ya varias decenas de miles de millones de dólares y que las pérdidas podrían rebasar los 9.000 millones de shekels semanales bajo una climatología adversa de movilización general.

La preocupación del equipo económico de Netanyahu ha llevado al gabinete a estudiar procesos de privatización de firmas estatales estratégicas como Israel Aerospace Industries. “La necesidad de obtener recursos adicionales para Defensa obliga a monetizar activos públicos”, justificaba hace varias jornadas Yali Rothenberg, alto cargo del Ministerio de Hacienda a Financial Times. Y a recibir críticas del mercado por la falta de previsibilidad del gobierno. Eran Yashiv, profesor en la Universidad de Tel Aviv detecta riesgo de erosión en el modelo de “startup nation” de Israel, de una economía abierta a otra más cerrada por falta de planificación de un gabinete al que le obsesiona la victoria militar a cualquier precio.  

En similares términos contesta Daniel Byman, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), para quien los conflictos en los que está involucrado Tel Aviv no se ganan solo en el plano militar. Irán -alerta- está logrando desplazar los costes al sistema global, encareciendo la energía y tensionando las economías. Incluso en un escenario de triunfo táctico-militar, “podría darse una derrota económica, aunque sea parcial, de Israel”.

Los hogares más humildes de España mejoraron sus rentas con mucha más intensidad que los más pudientes entre 2021 y 2023, gracias al buen momento del mercado laboral y el crecimiento económico y a pesar de las tensiones inflacionarias por la salida de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Un punto en el que coincidió con el desarrollo de políticas públicas como las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), el impulso del Ingreso Mínimo Vital o la revalorización de las pensiones con la inflación.

Los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), correspondiente a 2024 y elaborada por el Banco de España, arrojan que los hogares situados en el 20% inferior de la distribución –es decir, el quinto de las familias con menores ingresos– vieron incrementada su renta mediana en un 14,6% (en torno a un 7% de crecimiento anual), un ritmo que duplica el experimentado por el conjunto de los hogares españoles (7,8%). Esto confirma que, a diferencia de periodos anteriores, fueron las clases más desfavorecidas las que se beneficiaron del ciclo económico.

Como muestra el gráfico anterior, la renta mediana –más representativa que la media, al situarse en el centro de la distribución y dividir en dos mitades los ingresos de los hogares– de las familias inmediatamente por encima, que se sitúan en el segundo quintil (entre los percentiles 20-40%) avanzó a un ritmo del 4,6% anual (un acumulado del 9,4%), la del tercer quintil sumó un 3,8% cada año (7,8% total) y la del cuarto, lo hizo en un 2,6% por ejercicio (5,2%). Solo en los hogares en la parte alta de la tabla este crecimiento fue más moderado. El 10% de mayores ingresos hasta vio cómo estos se redujeron levemente en el mismo periodo.

Más ricos por estar menos endeudados

Pero esta mejora de las rentas de los hogares más desfavorecidos choca cuando hablamos de riqueza, es decir, de los bienes y activos en posesión de las familias. Así, en términos de riqueza bruta (es decir, sin restar el valor de los endeudamientos), la mitad de los hogares, los que se encuentran en la parte baja de la distribución, vieron como esta cayó un 3% cada año. En términos de riqueza neta, una vez restadas las cuantías de las deudas, esta avanzó un 2,6%.

Es decir, la mejora no se explica por una mayor acumulación de bienes, sino porque o bien se han desendeudado, o se han endeudado menos. Y aquí el factor clave es el acceso a la vivienda. Porque su capacidad para comprar una casa, aunque sea a través de un crédito hipotecario, es menor.

En el Banco de España señalan que una parte tiene que ver con esa “restricción” en el acceso al crédito, pero lo vinculan con una “dinámica” en el mercado de la vivienda que tiende hacia el alquiler. “Cuando miramos a la estructura de la deuda, los hogares de menor riqueza tienen este menor componente de deuda asociada a lo inmobiliario”, detalló el director general de Economía de la entidad, David López Salido, durante un encuentro con medios de comunicación para presentar los resultados del informe. En el supervisor ven como un elemento “positivo” que hace menos vulnerables a las familias a la hora de incorporarse al mercado de la vivienda, al reducir la carga de deuda asociada.

Cada vez menos hogares propietarios

Esta menor propensión a la compra de vivienda –o la falta de acceso– ha provocado que la proporción de hogares que son propietarios de su vivienda principal haya caído al 70,6%, el mínimo desde la puesta en marcha de la estadística, a principios de los 2000. La caída, sostenida, se produce desde 2011, cuando alcanzó su máximo en torno al 80%, y ha caído casi 10 puntos porcentuales desde entonces.

Pero al mismo tiempo, y al calor del mercado inmobiliario, el valor de la vivienda ha recuperado peso dentro de los activos reales (inmobiliario, joyas, negocios…) con los que cuentan los hogares, hasta representar un 54,2% del total. Es el primer incremento de la serie histórica, ya que el peso de la vivienda dentro de la riqueza de los hogares ha caído desde 2002, cuando representaba en torno al 67%.

En términos de deuda, el porcentaje de hogares con algún tipo de endeudamiento sigue cayendo (54%) y el valor mediano del apalancamiento se situó en mínimos, 29.900 euros. Este menor endeudamiento se produce sobre todo en los hogares de menor renta. Las hipotecas representan en torno al 80% de la deuda total, un mínimo histórico, y la carga financiera asociada a estos créditos ya supone solo el 55% de los pagos de deuda a los que hacen frente los hogares.

Menos dinero en cuentas corrientas y más inversión

El valor de los activos financieros ha cobrado más peso, hasta un 23% sobre el total, y en el Banco de España detectan una mayor “sofisticación” de estos. Disminuyó hasta el 30,1% la proporción de hogares que contaban con su dinero en cuentas corrientas, más expuestas al mordisco de la inflación, y aumentó la proporción de las cuentas de ahorro o con un ligero interés hasta el 9,4%.

Destaca también la subida de los hogares con tenencia de valores de renta fija, algo consistente con el 'boom' en el interés por las Letras del Tesoro, en un momento en el que los depósitos de los bancos apenas retribuían las cuantías de los hogares.

En total, el valor de los activos financieros se disparó hasta los 17.600 millones de euros, el máximo de la serie histórica, gracias al crecimiento económico y la revalorización experimentada por las bolsas en este periodo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado las previsiones de crecimiento de la economía mundial al 3,1% en 2026, dos décimas menos que en su estimación de enero, debido a los efectos de la guerra en Oriente Medio desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Y advierte que, en el peor de los escenarios de proyección, podría producirse una “recesión global” por primera vez desde la pandemia.

El organismo con sede en Washington ha publicado este martes su informe de Previsiones Económicas Mundiales, un documento que por primera vez incorpora los efectos económicos de la guerra. Los técnicos de la institución han decidido diseñar un “escenario de referencia” en lugar de uno “base”, como se hace habitualmente, dada la imprevisibilidad del conflicto, que definen como “la última culminación de una serie de eventos que han rediseñado” las relaciones mundiales. El documento incorpora dos ejercicios de previsión adicionales, uno con el caso de una evolución “adversa” de la economía y otro con una evolución “severa”.

El escenario de referencia –que prevé un conflicto de corta duración– fija un crecimiento del 3,1% del producto interior bruto (PIB) global en 2026, que habría sido del 3,4% de no haber estallado la guerra, y del 3,2% en 2027.

Sin embargo, en el caso de que la guerra dure más de lo estimado y los precios de la energía provoquen una espiral inflacionista, los daños podrían ser mucho mayores. El escenario adverso (con unos precios medios del petróleo de 100 dólares el barril en 2026 y 75 dólares en 2027 y subidas del gas del 160% en Europa y Asia) prevé una ralentización del crecimiento global hasta el 2,5%. Y en el severo (precios medios del crudo de 110 dólares en 2026 y 125 dólares en 2027, con el gas triplicando su coste y los alimentos disparándose un 5% y un 10% en cada año) la economía se situaría “al borde de una recesión global”, con un modesto avance del 2%, algo que solo ha sucedido en cuatro ocasiones desde 1980. La última, con el choque del COVID-19.

España crecerá un 2,1% y un 1,8% en 2026 y 2027

El FMI apunta que las economías avanzadas crecerán solo un 1,8% en 2026, con Estados Unidos (2,3%, una décima menos de los cálculos de enero) y España (2,1%, dos décimas menos) al frente. Para la zona euro prevén una ralentización hasta el 1,1% (dos décimas menos), con una proyección de crecimiento del 0,8% para Alemania, del 0,9% para Francia y del 0,5% para Italia.

“La guerra en Oriente Medio agravará los efectos persistentes del aumento de precios de la energía desde la invasión rusa de Ucrania, lo que arrastra al sector manufacturero, con la presión adicional de la apreciación del euro con respecto a los países que exportan productos similares”, dice el informe.

De cara a 2027, el organismo prevé una desaceleración en el crecimiento de España, hasta el 1,8%, que mejorará ligeramente en el caso de Alemania (1,2%) y se mantiene estable tanto para Francia (0,9%) como para Italia (0,5%). 

En todos estos escenarios predominan los riesgos a la baja en el escenario, particularmente si la guerra se enquista o si las tensiones geopolíticas desatan conflictos políticos internos. A la inversa, las inversiones en tecnología vinculadas a la inteligencia artificial, la firma de acuerdos comerciales para cerrar el conflicto arancelario desatado por la Casa Blanca, o la eventual adopción de reformas estructurales que favorezcan la productividad podrían ayudar a capear esos vientos de cola.

Mensaje a los bancos centrales: no se apresuren

El FMI advierte del coste para las cuentas públicas del conflicto, bien por la vía directa de las ayudas desplegadas para paliar los efectos económicos, bien por la ralentización económica o la subida de los costes de la deuda. “Las respuestas al conflicto en Oriente Medio deberían tener en cuenta las lecciones aprendidas del episodio [de la invasión rusa de Ucrania] e, idealmente, adherirse a los principios de limitar la distorsión de las señales de precios y mantener una combinación de política fiscal y monetaria consistente con la estabilidad de precios”, insisten los técnicos.

En este sentido, y sobre el papel de los bancos centrales, el FMI apunta que deben estar “preparados para actuar” para poner freno a la inflación, pero con cuidado de no sobreactuar antes de tiempo. 

Por su parte, a los países recomienda “reconstruir los espacios fiscales”, algo que es “crucial” por los “altos niveles de deuda pública, el espacio fiscal erosionado tras la secuencia de shocks globales y la incertidumbre alrededor del resultado del último conflicto”, junto con las presiones de gasto adicionales, como en Defensa o por el envejecimiento de la población.

España cerró 2025 con un déficit (diferencia entre ingresos y gastos públicos) del 2,2% del producto interior bruto (PIB), la menor tasa desde el estallido de la crisis financiera, y por debajo del objetivo fijado por el Gobierno para el ejercicio, que era del 2,5%. La mejora de este saldo se debe al buen ritmo de la recaudación, que se disparó más de un 10% hasta superar los 325.000 millones de euros.

El Gobierno ha publicado este martes los datos de la Ejecución presupuestaria del año 2025, que arrojan una mejora del saldo público de 8.811 millones y siete décimas menos en comparación con la cifra del 2024, que fue del 2,9%, una vez descontados los efectos en las cuentas públicas de la DANA. En total, esto supone que el Estado registró un déficit de 36.780 millones de euros.

Este 2,2% del déficit supone los menores números rojos en 18 años. El Estado acabó el 2007 con un superávit (es decir, más ingresos que gastos) del 1,9%. Pero la crisis financiera golpeó de lleno a las cuentas públicas en 2008, hundiendo el saldo hasta el -4,9% en solo un año.

El déficit tocó suelo en 2012, cuando registró un 11,5%, y de nuevo en 2020, por los efectos de la pandemia, cuando se hundió hasta el 9,9%. Desde entonces, ha mejorado en 7,7 puntos porcentuales, como subrayan desde el Ejecutivo.

Aun contando con los efectos fiscales de la DANA en las cuentas públicas de 2025, el déficit se sitúa en el 2,4%. Igualmente, la menor cifra desde 2007.

A solo 0,1 puntos del objetivo para 2026

Según destaca el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, esta es la sexta ocasión en la que el saldo presupuestario mejora el objetivo fijado por el Ejecutivo y, también, todas las previsiones de los organismos nacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF.

De hecho, la rebaja del déficit es tan acusada que casi cumple con el objetivo para 2026 (2,1%), lo que da un amplio margen fiscal para financiar las medidas de apoyo en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

La ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero ya avanzó hace unas semanas que el Gobierno había cumplido con el objetivo del 2,5%. Sin embargo, el adelanto electoral en Andaulcía, donde concurre como candidata, impidió que presentara los datos publicados este martes.

Su sustituto, el ministro Arcadi España, ha subrayado que “España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable”. “No solo es importante reducir nuestro déficit, sino también la forma en que lo hemos logrado. España está mejorando su saldo fiscal sin aplicar recortes sociales”, ha defendido.

Las cuentas públicas registraron un superávit primario (es decir, antes de incorporar el gasto en intereses de la deuda) del 0,21% del PIB, algo que tampoco sucedía desde 2007.

La recaudación del IVA roza los 100.000 millones

Los ingresos tributarios se dispararon un 10,4% el año pasado, lo que en el Ministerio de Hacienda vinculan con el buen ritmo de la economía y la creación de empleo el año pasado, con un mercado laboral que, por primera vez en más de una década, dejó la tasa de paro por debajo del 10%. En total fueron 325.356 millones de euros.

El IRPF fue, de nuevo, el gran impuesto recaudador, con 142.466 millones de euros, un 10,1% más que en el ejercicio 2024.

El IVA, después de recuperar la normalidad tras todas las rebajas fiscales que se aprobaron en respuesta a la crisis inflacionaria por la guerra en Ucrania, también despuntó un 9,9%, hasta rozar los 100.000 millones de recaudación (99.532 millones de euros).

El Impuesto de Sociedades superó en 2025 los 40.000 millones por primera vez desde 2007 y segunda ocasión en la historia de este tributo. Avanzó un 8,1%, hasta los 42.266 millones de euros, todavía por debajo del récord que fijó en 2007, antes de la crisis financiera.

Pero desde el Ministerio de Hacienda defienden que la inflación apenas jugó un papel determinante: apenas 1,3 puntos del 10,4% que avanzó la recaudación se explican por ese motivo.

El Gobierno central asumió todo el ajuste

Por subsectores, fue el Gobierno central quien asumió todo el ajuste de las cuentas públicas, al pasar de un déficit del 2,61% en 2024 al 1,86% en 2025. Los Fondos de la Seguridad Social también mejoraron sus números rojos, del 0,51% del PIB al 0,33% a cierre del año pasado.

Pero las comunidades autónomas empeoraron sus cifras, pasando de un déficit del 0,18% al 0,3%. En total, un desfase de 5.099 millones de euros.

Ocho comunidades autónomas registraron superávit (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco) por nueve que incurrieron en déficit (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunitat Valenciana).

En el caso de las corporaciones locales, que están obligadas a registrar superávit fiscal, este también se moderó ligeramente del 0,45% del PIB en 2024 al 0,31% en 2025.

La deuda pública se recorta al 100,7% del PIB

El Banco de España ha publicado este martes los datos de cierre de año y mejoran en una décima, hasta el 100,7% del PIB, su estimación inicial de hace unos meses.

En concreto, las Administraciones Públicas acabaron 2025 con una deuda pública de 1,698 billones de euros. En términos nominales, esto supone un 4,8% más que a cierre de 2024. Pero medido en ratio de PIB, supone su menor registro desde el primer trimestre de 2020, antes del estallido de la pandemia de COVID-19.

La deuda pública alcanzó su máximo en el primer trimestre de 2021, con un 124,2% del PIB. Desde entonces ha caído más de 23 puntos.

La economía española aceleró a finales del año pasado y sentó los cimientos para otro año de crecimiento diferencial. Hasta tal punto, que ya se veía como un objetivo al alcance de la mano el liderar a las grandes economías avanzadas por tercer año consecutivo. Pero un mes de guerra en Oriente Medio, desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán, ha sido suficiente para disipar los vientos de cola y prometer menos crecimiento y más inflación.

El INE dio este viernes el primer dato de inflación de la eurozona, por lo que todos los ojos estaban puestos en la evolución del IPC tras un mes de precios del petróleo disparados y su traslación a las gasolineras. Del 2,3% interanual que registró en febrero, al 3,3% en marzo. Un punto más explicado solamente por la guerra contra Irán.

“Aunque estaba previsto un acusado incremento debido a la subida de los precios del petróleo, esta cifra se sitúa por debajo del consenso, del 3,6%. Este es un desarrollo positivo en el escenario actual, particularmente el que la inflación núcleo permaneciera estable en el 2,7% interanual, ya que cualquier efecto de segunda ronda de los precios de la energía más altos sobre las presiones inflacionarias subyacentes tardarán tiempo en materializarse”, valoraban en una nota desde la consultora Oxford Economics.

La semana que ha estado en vigor el Plan anticrisis del Gobierno, con rebajas fiscales en los precios de los combustibles como medida estrella, ha sido suficiente para amortiguar unas décimas el mordisco al bolsillo que supone el encarecimiento del crudo. Y aunque las bajadas aún están lejos de los 30 céntimos que anticipó el Gobierno, desde el Ministerio de Economía lo achacan a “presiones por las cotizaciones internacionales, especialmente en el caso del diésel, debido a los mayores precios del petróleo (se mantiene cerca de los 100 dólares), los fletes y los márgenes de refino”.

El IPC adelantado este viernes –no conoceremos el definitivo hasta mediados de abril, por lo que todavía podrían bailar algunas décimas– es el primer dato oficial que mide el impacto de la guerra en la economía. Al menos, el primer dato macroeconómico, más allá de las cifras de los surtidores. 

Del FMI al Banco de España: menos avance del PIB y un IPC más elevado

El resto, son solo previsiones. Y como tal, están sujetas a la incertidumbre. Hasta finales del mes próximo no tendremos un primer avance de cómo ha afectado al producto interior bruto (PIB) del primer trimestre el conflicto. Pero tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco de España han publicado una primera tanda de proyecciones que ya recogen el impacto de la guerra.

El FMI, tras las consultas para el informe que elabora sobre la economía española, rebajó al 2,1% su previsión de avance del PIB para 2026 y al 1,8% en 2027. Los precios cerrarán 2026 con una subida media del 3% este año, que se ralentizará al 2,2% para el próximo.

Las de la OCDE son similares. En su caso, la actualización intermedia de sus proyecciones económicas incluye un escenario de desaceleración mundial y advierte de que el conflicto en Oriente Medio “pondrá a prueba la resiliencia de la economía global”. En cuanto a la proyección específica de España, recortan al 2,1% el avance del PIB en 2026 y al 1,7% en 2027. La inflación media será del 3% y el 2,2%, respectivamente.

Pero estos organismos internacionales carecen del músculo suficiente para un análisis de la economía española como el que elabora el Banco de España. En su caso, elevan la previsión de crecimiento al 2,3% para este año, una décima más de lo que anticiparon en diciembre, pero con varios fenómenos contrapuestos. Por un lado, el mayor vigor de la economía española en los últimos meses explicaba por sí misma una revisión al alza, pero la guerra y la subida de los precios recortaban el crecimiento. El efecto del Real Decreto-Ley anticrisis aprobado este jueves en el Congreso ha sido clave para compensar, al menos en parte, los efectos negativos del conflicto. Para el año que viene, estiman un avance del PIB del 1,7%. La inflación será del 3% este año y del 2,5% el que viene.

El Banco de España va más allá y diseña dos escenarios adicionales en función de la gravedad de la guerra en Oriente Medio. En el caso de ir al peor, con los precios de petróleo disparados y una disrupción de los mercados de materias primas, el crecimiento se frenaría al 1,9% este año y la inflación se dispararía al 5,9%. El próximo año, el PIB solo avanzaría un 1,1% y los precios subirían un 3,2%.

Antes del estallido de la guerra, en noviembre, el Gobierno elaboró el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado con la estimación de que la economía española crecería un 2,2% este año y un 2,1% el que viene. María Jesús Montero, hasta esta semana vicepresidenta y ministra de Hacienda, dejó las cuentas públicas ya preparadas para Arcadi España, su nuevo titular. Pero el nuevo vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, va a tener que rehacer los números detrás del Presupuesto, como confirmaron este viernes fuentes del Gobierno. El impacto de las medidas anticrisis y los posibles efectos económicos a futuro todavía están sin medir.

El Banco de España prevé que el peor escenario de la guerra en Oriente Medio suponga un frenazo en el crecimiento económico de España y una inflación disparada, por el efecto de la subida de los precios del petróleo y de las disrupciones en el comercio internacional en el caso de que el conflicto se estanque.

La entidad ha publicado este viernes sus proyecciones económicas de primavera que, en su escenario central –el que los técnicos creen más probable–, mejora las previsiones de diciembre en cuanto a la evolución del producto interior bruto (PIB). Así, la estimación oficial revisa al 2,3%, una décima más, el crecimiento para 2026 gracias a que el vigor de la actividad y el Plan anticrisis aprobado por el Gobierno compensarán los efectos más negativos de la guerra en Oriente Medio. La inflación, eso sí, se disparará al 3%, 0,9 puntos más de los previstos con anterioridad.

Esta estimación llega solo unos días después de que tanto el Fondo Monetario Internacional como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hayan rebajado las proyecciones de crecimiento para este año y el que viene. 

El Banco de España calculaba que la economía española avanzaría un 2,4% antes de desatarse el conflicto en Oriente Medio, gracias a su “dinamismo elevado y superior a lo previsto”, con un vigoroso comportamiento del consumo privado y de la inversión. Esto eran dos décimas más que en el escenario de diciembre, cuando apuntaron a un avance del 2,2%.

Pero la guerra y la subida de los precios energéticos ha trastocado la previsión. Según los cálculos de la dirección general de Economía, la guerra le costará 0,4 puntos al crecimiento del PIB. Un efecto que verá compensado, en parte (0,3 puntos), por el Real Decreto-Ley anticrisis que el Congreso avaló este jueves. 

El balance resulta positivo y arroja una revisión al alza, al citado 2,3%. Pero el Banco adelanta que el escenario está “sujeto a un grado de incertidumbre especialmente elevado como consecuencia del desarrollo del conflicto en Oriente Próximo”. Así, dibujan dos escenarios más: uno adverso, en el que las disrupciones se plantean como transitorias; y otro severo, con un conflicto más duradero y una interrupción de los flujos de materias primas energéticas hasta finales de año.

En el primero de ellos, los economistas apuntan a un recorte de una décima adicional, hasta el 2,2%. Pero en el peor de los casos podría ralentizarse el crecimiento hasta el 1,9%.

Anticipa una desaceleración en 2027

La entidad que dirige José Luis Escrivá sí anticipa un frenazo económico hacia delante, ya que rebaja al 1,7% la proyección de crecimiento de 2027, que caería al 1,1% en el peor de los casos. 

Donde se notará más el impacto del conflicto en Oriente Medio será en los precios, fruto del encarecimiento del petróleo y el gas. En concreto, el Banco de España calcula que la inflación será del 3% de media en 2026, 0,9 puntos más, de lo que estimaron en diciembre. En el escenario más grave, el dato general podría situarse en el 5,9%, cifras no vistas desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En cuanto a la tasa subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos por ser más volátiles, se situaría en el 2,7% en el escenario central, dos décimas más.

“Este mayor crecimiento de los precios previsto para 2026 refleja, fundamentalmente, la trayectoria reciente de la inflación, junto con el incremento de los precios energéticos a escala global, efectos que se verían compensados, parcialmente, por la reducción de la fiscalidad energética aprobada en marzo”, destaca la entidad.

En 2027, la tasa general y la subyacente se situarían en el 2,5% y el 2,7%, respectivamente, seis décimas por encima de lo previsto hace seis meses. Si la guerra se recrudece, la subida de los precios sería, de media, del 3,2%.

Por lo que respecta al mercado laboral, el Banco de España prevé que la creación de empleo siga siendo sólida en los próximos dos años, del 2,2% y del 1,3% en cuanto al número de ocupados, y del 2,2% y el 1,2% en lo referente a las horas trabajadas. De esta manera, el paro cerrará este año, de media, en el 9,9%, que será el 9,6% el ejercicio que viene.

De las cuentas públicas, el Banco de España empeora ligeramente las cifras de déficit para este año hasta el 2,3% (dos décimas más), por las medidas fiscales aprobadas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra. Con todo, el endeudamiento se situará en el 99,2% a final del 2026, por primera vez desde 2019 por debajo del umbral del 100% del PIB.

La OCDE ha recortado en una décima, hasta el 2,1%, la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España en 2026 y en otra décima, hasta el 1,7%, el previsto para 2027, debido a los efectos del conflicto en Oriente Medio, que “pondrá a prueba a la resiliencia de la economía global”.

La organización ha publicado este jueves la actualización de sus proyecciones económicas que ya anticipan una ralentización de la actividad en todo el planeta, arrastrada por la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán y unos precios elevados que reducirán el crecimiento

En el caso de España, si bien las primeras cifras muestran un efecto contenido sobre el crecimiento, la previsión de inflación cambia drásticamente. La OCDE estima que los precios subirán un 3% en 2026, siete décimas más que lo que anticiparon en diciembre, y se ralentizarán hasta el 2,2% en 2027 (0,4 puntos porcentuales más).

La inflación subyacente, que es la que excluye de su cálculo a la energía y a los alimentos frescos por ser más volátiles, también se verá afectada por el conflicto. Este dato es el que los economistas denominan como inflación ‘núcleo’ del sistema productivo y ya estaba siendo muy ‘pegajosa’ para la actividad productiva antes del conflicto. Lo será más tras el estallido de la guerra: el 2,7% en 2026 (0,5 puntos más) y el 2,1% en 2027 (0,3 más).

Las previsiones publicadas este jueves se suman a las del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la semana pasada, que ya apuntó a un recorte de dos décimas del crecimiento este año, también hasta el 2,1%, pese al comportamiento “firme” de la economía española.

“La amplitud y la duración del conflicto son muy inciertos, pero un periodo prolongado de precios de la energía altos elevará notablemente los costes para las empresas y subirá la inflación en los precios al consumidor, con consecuencias negativas para el crecimiento”, señala el informe publicado este jueves. “Un periodo prolongado de disrupción también podría dar lugar a significativos desabastecimientos energéticos que podrían rebajar aún más el crecimiento”, incide.

La guerra contrarresta los “vientos de cola” de la IA

La OCDE apunta que el crecimiento mundial se va a desacelerar en 2026 al 2,9%, desde el 3,3% que avanzó en 2025, debido a los efectos negativos del conflicto bélico, que contrarrestará los “vientos de cola” de las inversiones en tecnología, la bajada de los aranceles efectivos de Estados Unidos tras la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó buena parte de estas tarifas, así como del arrastre para la economía del vigor que demostró la economía el año pasado. De no haber sido por el conflicto, dice el documento, habría actualizado al alza el crecimiento global.

La rebaja de previsiones no afecta solo a España. En el caso de la eurozona, el recorte es de cuatro décimas y la OCDE prevé que el crecimiento sea raquítico este año, del 0,8% en 2026. El mismo porcentaje que crecerán Alemania y Francia, ambas con una rebaja de 0,2 puntos con respecto a la anterior proyección, mientras que Italia avanzará un 0,4%.

Como señala la OCDE, la economía mundial estaba mostrando una solidez notable antes del estallido del conflicto, gracias a la fuerza de la inversión, del consumo de las familias y de las inversiones en el área de la tecnología, fundamentalmente para el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Y a pesar de la volatilidad comercial de los aranceles impuestos por la Casa Blanca. 

El organismo sí alerta de las consecuencias que puede tener el conflicto sobre las cadenas de suministro globales. “Los fertilizantes son un riesgo particular, ya que el Golfo Pérsico supone un 34% de las exportaciones mundiales de urea y en torno al 20% de las exportaciones de fosfato diamónico y amoníaco anhidro en 2024”, dice el documento, que subraya que los precios se han disparado un 40% desde mediados de febrero, lo que puede tener un efecto directo sobre las cosechas y el coste de la alimentación de cara a 2027. Pero la zona es fundamental, también, para la producción de aluminio, el suministro de helio (clave para la producción de chips), el turismo…

Prevé que el BCE suba los tipos de interés

La OCDE recomienda a los bancos centrales que permanezcan “vigilantes” ante posibles repuntes en la inflación, pero que sean “cuidadosos” en cuanto a los efectos que puedan tener potenciales subidas de los tipos de interés sobre el crecimiento económico. De hecho, el organismo cree que, a diferencia de las proyecciones anteriores, el Banco Central Europeo llevará a cabo un “modesto incremento” de las tasas en el segundo trimestre “para ayudar a asegurar que las expectaciones de inflación permanezcan bien ancladas pese a los mayores precios de la energía”.

Sobre las medidas de emergencia para mitigar estos repuntes, la OCDE apunta que cualquier medida discrecional “deberían estar enfocadas a los hogares con mayor necesidad y a las empresas viables, perservar los incentivos para rebajar el uso energético y tener mecanismo claros de expiración”. En este sentido, y sobre subsidios y rebajas fiscales -como las que este jueves se votan en el Congreso- señala que si bien son fáciles de implementar, “tendrá costes fiscales más altos” y desincentiva el ahorro energético. “También es más probable que requieran de reducciones compensatorias en otras áreas de gastos si el espacio presupuestario es estrecho”, destaca. Todo esto, en un momento en el que en gasto en defensa, el envejecimiento poblacional y el cambio climático van a poner a prueba las cuentas públicas de decenas de países.

De hecho, la organización insiste en la necesidad de recuperar la sostenibilidad de las cuentas públicas, con revisiones del gasto público y potenciales subidas de impuestos en aquellos tributos donde aún hay margen de recaudación.

La economía española aceleró al cierre de 2025 y permitió que el año se zanjase con un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,8%, una cifra que supone doblar el avance registrado en el conjunto de la zona euro (1,4%) y que confirma a España como la economía avanzada líder por segundo año consecutivo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves el dato que adelantó a finales del mes de enero, cuando informó de que el PIB había aumentado en el cuarto trimestre un 0,8%, la mayor tasa del año. Ese acelerón registrado entre octubre y diciembre coloca a la economía española en un punto muy positivo para 2026, a pesar de los efectos de la guerra en Oriente Medio, ya que el 'efecto arrastre' implica que el tejido productivo ya crece a un ritmo del 1,1%.

El crecimiento en 2025 descansó en tres ejes: por un lado, el consumo de los hogares, que avanzó un 3,3%; por otro, la inversión productiva, medida a través de la formación bruta de capital fijo, que registró un crecimiento del 5,8%; y la productividad por hora trabajada, que se incrementó en un 0,7% en todo el ejercicio.

Según ha destacado el Ministerio de Economía en una valoración remitida a los medios de comunicación, el vigor del gasto de las familias está sostenido por el buen momento del mercado laboral y por la recuperación de poder adquisitivo de las familias, que se mantuvo en 2025. La cartera que dirige Carlos Cuerpo también destaca el “ciclo de crecimiento inédito en el que la creación de empleo récord va acompañada de ganancias de eficiencia, otra señal de la modernización de nuestra economía”.

De hecho, es la propia fuerza interna de la economía la que sostuvo el crecimiento económico, después de la guerra comercial lanzada por la Casa Blanca. La demanda nacional sumó 3,6 puntos al crecimiento, en tanto que el sector exterior restó 0,7 puntos. Con todo, las exportaciones de servicios no turísticos mostraron un gran dinamismo, como destaca Estadística, ya que avanzaron un 11,1%, mientras que, por la parte de las las importaciones, creció el gasto de hogares residentes en el resto del mundo un 12,6%. Cuatro veces superior al de los hogares no residentes en el territorio económico (4,4%).

El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año 2025 se situó en 1.687.152 millones de euros, un 5,8% superior al de 2024.

La demanda interna se mantiene vigorosa

En términos trimestrales, el PIB creció un 0,8% entre octubre y diciembre, dos décimas más que en los tres meses anteriores. De nuevo, fue la demanda nacional (0,9 puntos) la que explicó este aumento, mientras que la exterior restó crecimiento a la economía, por un aumento mayor de las importaciones que de las exportaciones.

La parte interna de la economía estuvo azuzada por el gasto de los hogares, que creció un 0,9%, frente al 0,2% que sumó el de las Administraciones Públicas. La inversión avanzó un 2,4%, la mayor tasa registrada en el año. En concreto, aquella en vivienda y construcción creció un 2,9%, el ritmo más rápido desde principios de 2024.

En cuanto a los datos interanuales, en el cuarto trimestre la economía española se situó un 2,7% por encima del mismo periodo de 2024, una décima por encima de lo avanzado y al mismo ritmo que en el tercero. El gasto en el consumo final de los hogares creció un 3,1% y la formación bruta de capital fijo, un 6,4%. La inversión inmobiliaria y en infraestructuras avanzó un 7,8%.

Por la parte de la oferta -es decir, por sectores económicos- las ramas vinculadas al campo cayeron un 0,6% en el cuarto trimestre, en comparación con el año anterior. La industria creció un 2,6% y la Construcción, un 7,2%. El sector servicios creció un 3%.

El INE también destaca que la remuneración de los asalariados creció un 7,8% en el cuarto trimestre en tasa interanual, mientras que el excedente bruto de explotación -la medida que se aproxima a los beneficios empresariales- lo hizo a un ritmo del 4,2%.

El número de horas efectivamente trabajadas creció un 2,2% interanual y los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, un 2,8%. La productividad por hora trabajada sumó un 0,5%.

La economía de Castilla y León creció un 3,3% en 2025, que son dos décimas menos que en 2024, empujada principalmente por la industria (+3,8 %), la agricultura (4,6 %) y servicios (3,4 %), que experimentaron un crecimiento “uniforme”, aunque ya se vislumbra una “retracción” en la economía debido a la guerra de Irán y sus consecuencias.

Así lo ha asegurado el consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en una rueda de prensa en la que ha presentado los datos de la contabilidad regional de cierre de año y los del último trimestre de 2025, donde Castilla y León creció un 0,7 por ciento, un 1,1 por ciento menos que el trimestre precendente.

Como ha explicado el también portavoz de la Junta, este dato de crecimiento en 2025 es mayor al esperado cuando comenzó el año y superior también a la revisión que hizo el Ejecutivo autonómico en octubre, lo que demuestra la “buena evolución” que ha experimentado la economía de la Comunidad en el cierre del pasado año.

“El crecimiento se sigue manteniendo en niveles muy altos, especialmente en sectores como la industria y en la agricultura, que han superado las expectativas”, ha expresado Carriedo, que ha destacado cómo el sector primario ha incrementado su crecimiento a pesar de venir de un año “muy bueno” como fue 2024, cuando ya creció un 11,2 por ciento.

Asimismo, el consejero ha indicado que este crecimiento hubiera sido mayor de no ser por un contexto internacional “desfavorable”, marcado por la imposición de los aranceles de la administración estadounidense de Donald Trump, que ha tenido un impacto en el comercio exterior, especialmente en comunidades exportadoras como Castilla y León, ha detallado.

“Si no fuera por ese factor, el saldo exterior hubiera crecido”, ha argumentado Carriedo, que ha explicado que tanto las exportaciones como las importaciones descendieron en 2025, concretamente, un -0,3 y un -0,2 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la construcción, esta creció en 2025 una décima menos que en el año anterior, un 2,1 por ciento y un 2,2 por ciento, respectivamente.

Sobre el consumo final, este creció un 2,6 por ciento en 2025 (3,1 % en 2024) con un mayor aumento del gasto en hogares (3,1 % en 2025 y 2,8 % en 2024) y menor incremento de las administraciones públicas (1,7 % y 2,4 %, respectivamente).

En cuanto al cuarto trimestre de 2025, la disminución en el crecimiento del consumo de los hogares y de las administraciones públicas afectó a su evolución, con un descenso en comparación al trimestre previo del 0,3 y el 1,4 por ciento, respectivamente.

El impacto de la guerra de Irán

En cuanto a las perspectivas económicas de este año, el portavoz de la Junta ha recordado que el escenario de crecimiento previsto es del 2,2 por ciento, lo que ya supone un crecimiento menor que en 2025, aunque “los últimos trimestres animan a pensar en una retracción” de la economía ha expresado Carriedo.

“Todo dependerá de la profundidad de esta situación (guerra de Irán) y de su duración, pero puede restar algunas décimas en una Comunidad claramente exportadora”, ha afirmado.

Sobre las medidas aplicadas por el Gobierno para mitigar esta situación, el consejero ha cifrado en 191 millones de euros lo que dejará de ingresar la Comunidad por la rebaja tributaria de los impuestos de hidrocarburos, generación eléctrica y la disminución del IVA.

De ellos 117,2 millones serán los que deje de aportar la Junta de Castilla y León y 73,8 el Estado, ha concretado Carriedo, que ha indicado que la Junta está valorando estas medidas, que tendrán un efecto de 35 millones de euros al mes, por si tuviera que implementar alguna ayuda propia a nivel autonómico.

Creación de 1,7 millones de puestos de trabajo, pleno empleo (5,1%, la menor tasa de paro desde 2012), récord histórico de la capacidad adquisitiva per cápita mensual (3.613 reales, unos 600 euros), crecimiento económico (2,3% en 2025), inflación controlada (3,99%), inversión extranjera directa sólida (15.000 millones de dólares), déficit de las cuentas públicas bajo control (0,4%). Por si fuera poco, la bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). La economía brasileña toca el cielo en el cuarto año de gobierno de Lula da Silva. El legado del ministro de economía Fernando Haddad, que acaba de dejar su cargo para ser candidato a gobernador de São Paulo en las elecciones de octubre, ha sorprendido incluso a sus detractores del mercado financiero, que auguraban la hecatombe económica si la izquierda volvía a gobernar.

Sin embargo, el pesimismo económico de los brasileños cotiza al alza. La última encuesta de Datafolha revela que el 46% de los brasileños consideran que la economía ha empeorado en los últimos meses, frente al 24% que piensa que ha mejorado y el 28% que estima que todo sigue igual.

¿Cómo se explica el aumento del pesimismo de los brasileños si su poder adquisitivo toca techo? André Braz, coordinador de los Índices de Precios del Instituto Brasileiro de Economía (FGV IBRE), explica en conversación con elDiario.es, que el pesimismo económico de los brasileños está relacionado con el aumento acumulado del precio de los alimentos. “Desde 2020, varios eventos han presionado mucho el precio de los alimentos, que subieron el doble que la inflación. Aunque en 2025, su precio fue estable, no borra lo que ocurrió estos años. Esto explica el malestar de las familias, incluso con indicadores económicos tan buenos”, afirma Braz.

El experto argumenta, además, que el cambio climático disparó la demanda mundial y afectó directamente al precio del café, del cual Brasil es el principal exportador mundial: “El clima no fue bueno y el grano no creció satisfactoriamente. Tuvimos una reducción de oferta nacional fuerte y eso provocó un aumento del precio”. No es casual que la encuesta de Datafolha muestre que el 33% de los entrevistados consideran que su economía personal empeoró en los últimos meses (en diciembre era apenas un 26%).

Por otro lado, aunque el trabajo informal se ha reducido a un mínimo histórico (37,2%), todavía 38,7 millones de brasileños no tienen empleo formal. La tasa de informalidad sube hasta un 71,1% entre el sector de entregadores de moto (conocidos en Brasil como motoboys), según un informe de ESG Insights. Al mismo tempo, el 57,3% de los trabajadores y el 68% de los jóvenes entre 18 y 24 años relatan dificultades para encontrar empleo, segundo dados del informe Sondagem do Mercado de Trabalho.

¿Son suficientes estos factores para explicar el pesimismo económico de los brasileños en el momento más dorado de su economía? La letra pequeña de la encuesta de Datafolha sugiere que la principal explicación está en otro lugar: en la polarización política.

La ceguera económica de la polarización

La última encuesta de Datafolha revela que el 77% de quienes van a votar al candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre piensa que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 14% de los votantes del izquierdista Lula.

Para 35% de los entrevistados, la economía va a empeorar en los próximos meses. En este punto, la polarización también marca la tendencia perceptiva: el 51% de los electores de Lula prevén una mejora de la economía, frente al 14% dos que pretenden votar a Flávio Bolsonaro.

El pesimismo también predomina entre la derecha tradicional (solo el 16% de los votantes de Romeu Zema (Novo) y 17% entre los de Ratinho Junior confían en una mejora económica). Además, la percepción negativa de la economía es del 57% entre votantes evangelistas (más inclinados a votar a la derecha), frente al 41% de los católicos.

No obstante, ni siquiera en un país en el que el 90% admite haber creído en fake news y en el que la extrema derecha las produce en tamaño industrial, la polarización política no acaba de explicar del todo el pesimismo económico.

El punto de inflexión de la percepción económica ocurrió en julio de 2025, después de que Donald Trump anunciase un tarifazo del 50% a Brasil. La encuesta realizada por Datafolha los días 29 y 30 de julio de 2025, tras el anuncio del tarifazo estadounidense, recogía que el 45% de los brasileños consideraba que la economía iba a empeorar. Unos días antes, Eduardo Leite, gobernador del estado de Rio Grande do Sul, uno de los más ricos de Brasil, afirmaba que las “tarifas del 50% que los Estados Unidos aplicaron a Brasil son el reflejo de una polarización, que solo nos divide”. Leite, del sector de la derecha tradicional, echó la culpa al gobierno Lula: “(la polarización) también es consecuencia de un gobierno brasileño que siempre apostó en la misma polarización”.

A pesar de la percepción económica de la derecha y la extrema derecha, el gobierno Lula ha conseguido el mejor desempeño de la economía de la última década. El ministro saliente Fernando Haddad ha realizado la proeza de eximir de pagar impuestos a quienes ganan menos de 5.000 reales al mes (unos 850 euros), de aprobar el Impuesto sobre Operacões Financeiras (IOF) y de aumentar un 10% los impuestos a los más ricos.