Ya hay nuevas convocatorias para 2026 de las ayudas de emergencia social que convoca cada año el Gobierno de Castilla-La Mancha y para la renovación del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) que también gestiona el Ejecutivo regional, según publica hoy el Diario Oficial (DOCM).

En cuanto a las ayudas de emergencia social , la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 2 de enero de 2026 hasta el final del ejercicio o el agotamiento del crédito si es anterior.

Pueden concurri las personas que se encuentren en situación de emergencia social, y cumplan los requisitos generales establecidos. La cuantía estimada máxima destinada a esta convocatoria es de 10.480.070 euros.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática con firma electrónica, mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección http://www.jccm.es, que quedará anotado en el registro electrónico.

Para facilitar la tramitación electrónica del expediente, la persona solicitante se dará de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección: https://notifica.jccm.es/notifica. También se pueden solicitar en el registro de los servicios centrales de la Consejería de Bienestar Social o en el de sus delegaciones provinciales.

Renovación del Ingreso Mínimo de Solidaridad

En cuanto al Ingreso Mínimo de Solidaridad, el DOCM publica los procedimientos de renovación y de renovación excepcional, destinados a las personas que ya son beneficiarias de esta ayuda.

Pueden concurrir a esta convocatoria las personas físicas que tengan reconocido este ingreso con anterioridad a la publicación de esta resolución y que cumplan los requisitos establecidos en las bases séptima y octava de la Orden de 29 de diciembre de 2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, y en esta convocatoria.

La cuantía estimada máxima destinada a esta convocatoria es de 860.000 euros. El importe máximo de estas ayudas económicas es de 6.300 euros anuales, dividida en doce mensualidades, para una unidad familiar de un solo miembro, incrementándose en 15% para el primer miembro adicional y en un 10% para el resto de los miembros adicionales de la unidad familiar hasta un máximo total de cinco miembros adicionales.

Al igual que con las ayudas de emergencia social, el plazo de presentación de solicitudes de renovación y renovación excepcional estará abierto desde el día 2 de enero de 2026 hasta el final del ejercicio o el agotamiento del crédito si es anterior.

El Instituto Riojano de la Juventud ha puesto en marcha el programa ‘En la piel de los jóvenes’, una nueva iniciativa itinerante que recorrerá distintos municipios de La Rioja a lo largo del mes de noviembre y diciembre con el objetivo de hacer reflexionar a la juventud sobre los desafíos sociales más urgentes que afectan a su generación. Para ello, se utilizará tecnología de realidad virtual que permitirá a los participantes experimentar en primera persona situaciones vinculadas a los trastornos de imagen corporal y alimentarios, bullying, las relaciones tóxicas o las adicciones, entre otras problemáticas.

El proyecto ha sido presentado hoy, 27 de octubre, por el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, acompañado por representantes de los distintos municipios y entidades que albergarán esta iniciativa. Alcaide ha destacado que esta propuesta itinerante “busca hacer reflexionar a la juventud sobre los desafíos actuales sociales más urgente que afectan a toda la población, pero especialmente a su generación”. 

De esta forma, el proyecto propone “un recorrido experimental, a través de un enfoque metodológico completamente innovador, con gafas de realidad virtual que sumerge a cada participante en cuatro vídeos, en escenarios verosímiles, inspirados en situaciones reales”. La finalidad, ha subrayado Alcaide, es “activar miradas críticas y comprometidas ante realidades que muchos desconocen o normalizan. Los participantes podrán ”experimentar en primera persona situaciones vinculadas a cuatro problemas muy presentes desgraciadamente en la actualidad, que nos deben hacer pensar en qué soluciones debemos aportar para que no haya ni una víctima más“. 

Así, ha continuado, la iniciativa “no busca concienciar desde el discurso, sino desde la vivencia real”, permitiendo que los jóvenes “sientan, comprendan y reaccionen desde la empatía, poniéndose en la piel del otro. Queremos activar miradas críticas y comprometidas ante realidades que muchos desconocen o que otros normalizan. Este proyecto puede ser una buena herramienta para que las familias, que en ocasiones ven problemas en sus hijos y no saben cómo abordarlos, les inviten a participar e implicarse en este proyecto cómo fórmula para ayudarles a reflexionar y si es necesario para pedir ayuda”. Este proyecto “se une a los servicios gratuitos que propone el Gobierno de La Rioja, a través del IRJ, como el programa R-HAZ-T, siendo la salud mental un asunto prioritario”.

Como ha explicado Juanjo Lázaro, responsable de la empresa riojana 361 encargada de desarrollar el proyecto, “para llevarlo adelante hemos contado con un equipo de profesionales, todos ellos riojanos: guionista, técnicos, diseñadores, actores, especialistas en postproducción, programación y difusión”. Tras establecer la temática y guiones de los vídeos, “estas historias se adaptaron audiovisualmente al formato 360, recreando escenas crudas e incluso violentas, con el objetivo de que sirvieran como punto de inflexión para que los jóvenes reaccionen y busquen ayuda”, ha incidido.

‘En la piel de los jóvenes’ plantea un recorrido experiencial a través de gafas de realidad virtual que sumerge a cada participante en escenarios verosímiles inspirados en situaciones reales. Se trabaja de forma individual, con una duración aproximada de cinco minutos por experiencia, seguidos de un breve proceso de reflexión guiada. Como ha explicado Alcaide, “la iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 14 y 35 años y se desarrollará en espacios municipales accesibles y cercanos a su entorno cotidiano, especialmente centros jóvenes y equipamientos culturales”.

Calendario de sesiones del programa ‘En la piel de los jóvenes’ 

Todas las jornadas se celebrarán los sábados y domingos, de 9.00 a 14.00 horas, con acceso libre hasta completar aforo:

· 8 de noviembre · Calahorra — Ermita de la Concepción

· 9 de noviembre · Alfaro — Espacio Joven

· 15 de noviembre · Arnedo — Centro Joven (17.00–21.00 h)

· 16 de noviembre · Cervera del Río Alhama — Casa de la Cultura

· 22 de noviembre · Haro — Centro Joven

· 23 de noviembre · Santo Domingo de la Calzada — Sala Gustavo Bueno

· 29 de noviembre · Nájera — Sala anexa Cines Doga

· 30 de noviembre · Torrecilla en Cameros

· 13 de diciembre · C.C. Berceo de Logroño

· 14 de diciembre · C.C. Experience Parque Rioja

Además, como ha anunciado Alcaide, “todos los participantes en el programa podrán participar en el sorteo de una gafas de realidad virtual de última generación, para ello solo tendrán que rellenar un formulario, que además les invitará a reflexionar sobre los vídeos y la experiencia vivida con el programa”.

Entre los años 2022 y 2024 1.636 personas residentes en Bilbao llamaron a SOS Deiak 112 para pedir ayuda por conductas autolíticas, es decir, que temían hacerse daño a sí mismos. 537 de ellas lo hicieron en el año 2022, 537 en 2023 y 562 en 2024. En total, 43 de ellas, un 2,3% acabaron muriendo, mientras que el resto pese a las tentativas, autolesiones o ideaciones comunicadas, consiguieron salvarse. El 82% de las llamadas las hicieron personas en crisis que de forma explícita pidieron ayuda porque consideraban que la necesitaban.

Los trabajadores del servicio recogieron este tipo de llamadas de esta forma: “Primero pedía una patrulla, pero no quería decir el motivo, finalmente indicó que estaba envuelto en un problema y que iba a hacer cualquier cosa”, fue uno de los casos detallados. En otro, la persona confesaba directamente que tenía “una cuchilla encima de la mesa” y estaba sola en el domicilio. “Quería hablar con alguien porque tenía la idea de hacerse daño. Indicó que quería ayuda y que abriría la puerta de casa y se dejaría atender. Señaló que había ingerido pastillas por la muerte de su hermano hacía un mes”, recogen los trabajadores del 112. Se trata de información recabada y presentada este miércoles en Bilbao por Cristina Blanco (doctora en Ciencias Políticas y Sociología, presidenta de Aidatu – Asociación Vasca de Suicidología) junto a los bomberos de Bilbao Beñat Madariaga y Ander Iturriaga (especialistas en Suicidología por la UPV/EHU) en un estudio que realiza una radiografía de los casos de suicidios y autolesiones en la ciudad.

Otro tipo de llamadas son aquellas en las que se denuncia algún tipo de situación, aunque la investigación sostiene que son pocas las situaciones en la que esto ha ocurrido en la capital vizcaína, 15 concretamente. En algunos casos se trata de una denuncia de carácter social o lo que entienden por maltrato institucional. En estos casos en los registros recogen personas que llaman para quejarse de que les han llevado al hospital y les han dicho que no les pueden ingresar o personas que directamente se despiden del psiquiatra diciéndole que se iban a suicidar. “Hay casos de personas que dicen que se van a tirar del balcón porque nadie les hace caso o que quieren denunciar a Osakidetza porque no son atendidos como consideran que necesitan”. “Me voy a matar porque el sistema no funciona”, detalla la investigación.

“En las llamadas recogidas hay personas que quieren quitarse la vida porque no pueden más. No les atienden los servicios sociales y piden hablar con un asistente social o psiquiatra. También hay personas que llaman diciendo que no tienen dinero, que si tuvieran una pistola se pegarían un tiro, que son capaces de tirarse a la ría si nadie les ayuda o que viven en condiciones infrahumanas”, señala el documento elaborado por dos de los bomberos que participan en las primeras intervenciones tras estas llamadas.

Hay casos de personas que dicen que se van a tirar del balcón porque nadie les hace caso o que quieren denunciar a Osakidetza porque no son atendidos

Muchas de estas situaciones están acompañadas por desafectos familiares, sentimientos de abandono o soledad. “Se trata de situaciones dolorosas que les pesan demasiado, dicen que si sus hijos no van a verles se quitan la vida, que nadie les ayuda. En estos casos tampoco piden ayuda de forma expresa, pero el hecho de avisar a emergencias quizá esconda la esperanza de que alguien pueda ayudar a revertir la situación familiar; o no, y simplemente informan del motivo por el que quieren quitarse la vida. La transcripción no permite concluir con seguridad si la llamada es para pedir ayuda o no, pero sí queda clara la denuncia de una situación dolorosa que quizá podría ser canalizada con el tiempo y con ayuda”, indica la investigación.

Entre las llamadas, el menor número de casos encontrados, un total de 10, son aquellos en los que la persona realmente no quiere ayuda, poniendo dificultades para su localización, rescate o simplemente atención telefónica para afrontar la crisis. Un ejemplo de ello es una persona que llama diciendo que ha tomado pastillas con intención de morir y que no la van a encontrar, sin aportar datos de su persona ni ubicación.

“Los avisos por conducta autolíticas recibidos en Bilbao son, en su gran mayoría, situaciones en las que

una persona comunica su idea de autolesionarse o de producirse la muerte, pero sin llegar a realizar ningún acto en este sentido. Normalmente esta falta de paso al acto es por iniciativa propia, si bien los motivos no podemos conocerlos. Simplemente, se puede decir, a efectos descriptivos cuantificables, que la mayoría de los avisos analizados (45%) se refieren a ideaciones comunicadas sin ejecutar. Con la precaución del corto período de tiempo manejado, vemos que este tipo de conductas ganan peso a lo largo del tiempo en el conjunto de avisos por incidentes de conducta autolítica en Bilbao, constituyendo el 39,9% de los avisos de 2022, el 43,4% en 2023 y el 52,3% en 2024. En segunda posición por volumen se encuentran las tentativas con lesión (30%): 496 avisos estuvieron referidos a situaciones en las que la persona había realizado un acto con un resultado lesivo, no sabiendo el motivo de no alcanzar un desenlace fatal. Un análisis pormenorizado de cada caso, a través de la narración recogida por los servicios telefónicos de emergencias, podría ofrecernos más información, si bien hemos constatado que la información recogida en cada caso es muy desigual, por lo que es difícil sacar conclusiones con una mínima base empírica“, sostiene el estudio.

Diferencias entre hombres y mujeres y la problemática de la Ría de Bilbao

A pesar de que el volumen de avisos de este tipo de conductas autolíticas entre hombres y mujeres es similar, ya que los avisos proceden casi tanto de hombres (47%) como de mujeres (53%), ambos grupos presentan un patrón de conductas ligeramente diferente. Según estos datos, los hombres sobre los que se ha alertado en los avisos analizados presentan una mayor proporción de conductas sin consecuencias lesivas (excepto en el caso de muerte): comunicación de la intención de suicidarse y tentativa sin lesión. Las mujeres, sin embargo, presentan más tentativas con lesiones que los hombres, aunque las muertes están más presentes en hombres. En el caso de las autolesiones sin intención suicida, ambos géneros presentan una proporción similar de casos.

La investigación también ahonda en los métodos concretos que utilizan las personas para suicidarse o para intentarlo. Los principales son la ingesta de fármacos (acompañados o no de sustancias tóxicas como drogas, alcohol, etc.) que se registra en un 23% de los avisos y la precipitación (21,1% de avisos). En el caso de las personas que optan por precipitarse, los bomberos especialistas en Suicidología han detectado, a diferencia de lo que creían que los principales hotspots o puntos calientes, no son los trenes o metros, sino la Ría de Bilbao. “Esta es una de las cuestiones que nos ha sorprendido y también que entraña una mayor dificultad, además de porque la Ría es muy amplia y puede haber precipitaciones en distintos puntos, porque una vez que se nos avisa de que hay un cuerpo en el agua y debemos llevar a cabo un rescate, no sabemos con certeza si esa persona ha sufrido un accidente o se ha lanzado de forma voluntaria, por lo que no siempre somos conscientes de que estamos rescatando a una persona con conductas autolíticas”, han explicado los bomberos a preguntas de este periódico durante la presentación de los resultados de su informe.

La Ría es muy amplia y puede haber precipitaciones en distintos puntos, pero cuando hay un cuerpo en el agua y debemos llevar a cabo un rescate, no sabemos si ha sufrido un accidente o se ha lanzado

Un tercer método elegido es el arma blanca, pero con mucha diferencia con respecto a los anteriores (12% de avisos). El resto de métodos son minoritarios, no suponiendo ni el 2,5% de los avisos cada uno: arrollamiento, ahorcamiento, sustancias tóxicas (sin fármacos), armas de fuego, ahogamiento u otros.

Más allá de los datos registrados, el trabajo recoge una serie de recomendaciones ante las dificultades que los propios bomberos se han encontrado en su día a día salvando vidas de personas que llaman al 112 con conductas suicidas. Estas propuestas se articulan en torno a cinco ejes estratégicos: información, formación, investigación, prevención comunitaria y coordinación institucional. Según han criticado, “ninguna medida será eficaz sin una coordinación real entre instituciones”, debido a que cuando los bomberos llegan a la escena, en muchas ocasiones no son conocedores de los protocolos de otros agentes, como pueden ser los sanitarios o las diferentes policías y eso entorpece su trabajo. Por ello proponen establecer protocolos claros de derivación y seguimiento entre emergencias, Osakidetza, servicios sociales y ayuntamientos y crear “mesas interinstitucionales permanentes” que permitan compartir datos, experiencias y diseñar estrategias conjuntas.

El estudio concluye que el número de incidencias aumenta año a año, y aunque la progresión no es desmesurada, es lo suficientemente elevada y estructural para exigir medidas de acción. “Queremos que este trabajo sea útil, y que pueda servir para que las administraciones, de las que dependen esos profesionales de primera intervención, vean la necesidad de implantar formaciones periódicas y de calidad sobre la conducta suicida para su personal. Lo ideal es que tanto bomberas y bomberos, policías, personal sanitario de emergencias como operadoras del 112 recibiéramos formación de calidad con la que poder entender mejor la conducta suicida, para poder así atender mejor a esas personas que están sufriendo. De hecho, consideramos que una formación y un procedimiento conjunto para todos ellos es primordial”, han concluido los bomberos de Bilbao y coautores del estudio Beñat Madariaga y Ander Iturriaga.

Barcelona ha presentado una nueva estrategia para descongestionar los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU), el servicio pensado para personas o familias vulnerables que han sufrido un desahucio y que no disponen de red ni de alternativa habitacional.

Se trata de habitaciones en pensiones u hostales que acogen a unas 2.770 personas y que, aunque están pensados para ser una ayuda que no dure más de seis meses, actualmente el 63% de los usuarios supera este máximo. Para evitarlo, el Ayuntamiento ha decidido cambiar el enfoque y priorizar las prestaciones económicas para que las familias afectadas “recuperen su autonomía” y puedan encontrar un lugar propio en el que vivir.

A este efecto, el consistorio ha creado una nueva ayuda que arrancará este julio como prueba piloto con 400 casos. Equivale a un ingreso mensual durante un año de 800€ para personas solas o parejas y de 1.500 para familias con uno o más hijos. “Queremos ofrecer oportunidades para que desarrollen un itinerario propio”, ha expresado la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento, Sonia Fuertes.

Los beneficiarios serán las personas que lleven más de seis meses en un ATU, que sean solicitantes de una Vivienda de Protección Oficial y acepten un acompañamiento por parte de los Servicios Sociales. Esta última parte es clave para el Ayuntamiento porque, aseguran, para que esta “empancipación” funcione, se deben tener en cuenta las especificidades de cada perfil. “Hay gente que sí puede mantener una vivienda propia, pero necesitan un pequeño empujón para encontrar un buen lugar y saber gestionar los ingresos”, añade Fuertes.

De hecho, el acompañamiento es tan central que no acabará cuando se agote la prestación, de tal manera que la familia seguirá contando con ayuda de Servicios Sociales para poder organizarse y seguir pagando el alquiler una vez deje de recibir el insumo. Además, se contempla que tanto la prestación como la asistencia profesional sigan aunque la persona beneficiaria encuentre una vivienda fuera de la ciudad de Barcelona.

Ahora bien, el Ayuntamiento reconoce que no todas las personas que viven en alojamientos de urgencia son capaces de gestionar una ayuda económica que les permita ser autónomos. Para esos casos, se priorizará la derivación a los Centros de Estancias Breves. Se trata de equipamientos con equipos socioeducativos especializados y acompañamiento continuado.

“Están pensados para personas solas o parejas sin hijos que tienen riesgo de caer en situaciones de soledad no deseada o dificultades sociales. Para ellas, estar temporalmente en un centro, con espacios comunes y profesionales, pueda ayudarles a ganar autonomía”, aseguran desde el consistorio.

Servicio “colapsado” y listas de espera

Estas medidas se suman al presupuesto de 38 millones con el que está dotado el servicio de urgencia habitacional del Ayuntamiento de Barcelona, que desde hace dos años ha aumentado en un 50% el monto dedicado a ayudas y prestaciones. Con este cambio se busca descongestionar la vía de los ATU, un servicio “básico” pero “colapsado”, según reconocen fuentes municipales.

Los alojamientos de urgencia actualmente acogen a 2.770 personas y cada mes tienen una lista de espera de unas 48 nombres. A ellas habría que sumar otros colectivos que viven en situación de calle o infravivienda, así como personas que han sido desahuciadas pero, a pesar de estar en situación de vulnerabilidad, no cumplen los requisitos de los ATU. En total, el Síndic de Greuges (Defensor del pueblo) de Barcelona calcula que son 2.860 personas. Es decir, más de las que actualmente acceden a este servicio.

A medidados de junio, este organismo publicó un informe en el que apuntaba a la necesidad revistar este servicio de urgencia y de crear más plazas. Para ello, proponía usar parte de los pisos turísticos que en 2028 se quedarán sin licencia, así como invertir la tasa turística para aumentar su financiación y mejorar sus instalaciones.

En esta línea, aseguraba que su estado es “deficiente, con costes elevados y baja calidad”. Esta es una de las mayores quejas de los usuarios de ATU, que remiten a que los alojamientos son, en realidad, habitaciones de pensiones u hostales que, en la mayoría de casos, no tienen cocina e, incluso, a veces ni baño privado.

Esto, según el Síndic, es “especialmente grave” si se atiende a la composición de los usuarios de ATU: en el 64% de ellos hay presencia de menores, en el 33% hay casos de discapacidad o dependencia moderada y en el 16% problemas de salud mental.

Además, el Síndic también critica su gestión que, ahora mismo, depende de operadores turísticos que tienen la propiedad de las pensiones u hostales. Y estos, a su vez, se deben coordinar con el Ayuntamiento o las entidades del tercer sector que hacen el seguimiento de los usuarios. Con todo, el Defenso del Pueblo asegura que la situación no cumple los requisitos mínimos indispensables.

Desde el Ayuntamiento coinciden en parte con ese diagnóstico y reconocen que el servicio tiene un “tensionamiento alto” y que, ante la falta de alternativas habitacionales efectivas, hay familias que están en alojamientos de urgencia desde hace más de 4 años. Aseguran que estos plazos “vulneran los principios de temporalidad, dignidad, promoción y autonomía que debería inspirar cuaquier servicio de alojamiento público”.

Pero, a la vez, alertan de que la “intensificación sin precedentes de la crisis de la vivienda”, que el año pasado acabó provocando 1.331 desahucios en Barcelona, el número de personas que necesitan este servicio “no se van a reducir” en el corto plazo.

Es por eso que, en lugar de apostar por abrir más plazas, el consistorio va a apostar por la “autonomía de los usuarios” otorgándoles prestaciones económicas. Una vía que, aseguran, “genera mejoras substanciales en el bienestar y en la reducción de la dependencia institucional” y, además, “son más económicas que una plaza de urgencia”.

Un grupo de profesores de Secundaria del instituto de uno de los barrios más castigados socialmente de Catalunya ha dicho basta contra la inestabilidad histórica que padecen los educadores e integradores sociales. Desde el corazón de los bloques de La Florida, en L’Hospitalet de Llobregat, la plantilla del centro Eduard Fontserè ha ido este martes a la huelga para exigir que estos profesionales –dos, en su caso– ocupen plazas fijas en el sistema educativo.

La educadora Tània Moriana y la integradora Elena Aracil son las dos técnicas del equipo social cuyo futuro pende de un hilo. Explican que durante tres años se han podido ganar la confianza de los adolescentes, que mayoritariamente pertenecen a familias vulnerables, y han contribuido a reducir lacras como el absentismo escolar o la conflictividad casi caso por caso, alumno por alumno. Pero el año que viene se ven fuera del Fontserè.

Su contratación forma parte del Plan de Mejora para las Oportunidades Educativas (POEM) impulsado por la Generalitat tras el covid y que finaliza este verano. El Departament de Educación asegura que está diseñando un nuevo programa, de nuevo temporal y ahora para dos cursos, para mantener estos apoyos educativos. Pero no será con los mismos profesionales, ya que las plazas no son estructurales. Y esto es lo que ha rebelado a la plantilla del instituto Eduard Fontserè.

“Conseguir que los chavales o sus familias se abran y confíen en ti requiere tiempo, un trabajo de lluvia fina cada día, y para conseguirlo los profesionales tenemos que consolidarnos en los centros”, denunciaban Moriana y Aracil este martes desde la Plaza de los Bloques del barrio, conocida en los últimos tiempos por ser escenario de los vídeos del rapero Morad. Allí han trasladado los docentes y el personal de administración del centro la protesta, en la que han participado también sindicatos, partidos y la asociación de vecinos.

Con unas 30 nacionalidades distintas entre su alumnado, en el barrio más densamente poblado de Europa (30.000 habitantes en 0,4 km2), el Eduard Fontserè es un instituto de “máxima complejidad” que no es ajeno a la emergencia social de su entorno. Algunos de sus profesores participan además en una plataforma antidesahucios como las de otras ciudades catalanas. “Esta semana hay tres o cuatro; ayer ejecutaron uno, y en todos había menores”, señala Gerard de Josep, profesor del centro.

De Josep defiende que educadores e integradores sociales puedan trabajar a largo plazo en institutos como el suyo, no solo para conocer a alumnos y familias, sino también los recursos del barrio. “Hay procesos de urgencia que no se pueden abordar con eficacia si no conoces los recursos, que es lo que te permite tirar de un hilo u otro para atender las problemáticas que aparecen”, señala este docente.

Para el claustro, el equipo social –que forman Aracil, Moriana y una tercera integradora que sí es fija– es fundamental para descargarles de todas aquellas atenciones que no son académicas y que se comerían gran parte de su día a día. “Si atiendes solo a lo urgente, a la vida material y emocional de tus alumnos, la tarea docente acaba siendo asistencial y se perpetúan las desigualdades”, señala De Josep.

En negociaciones para mantener el programa

El Eduard Fontserè ha sido el único por ahora que ha levantado la voz, pero hay más centros de Primaria y Secundaria en su misma situación. Como mínimo unos ochenta, al rededor de toda Catalunya, en los que se crearon las 85 plazas de educadores sociales que ahora hay que renovar. Todos ellos colegios de máxima complejidad.

El caso se remonta al curso 2020-2021, el primero tras el confinamiento por el covid. El Departament de Educación –entonces en manos de ERC– puso en marcha el Plan de Mejora de Oportunidades Educativas (POEM) con el que lanzó varias medidas de refuerzo para alumnos de entornos desfavorecidos, desde formación a familias a programas de acogida para recién llegados. También la contratación de educadores e integradores.

Con financiación de los Fondos Next Generation, la incorporación de estos profesionales se hizo para tres años. Y hay que renovar el programa antes de septiembre. Educación, ahora en manos del PSC, celebrará una reunión el próximo 1 de julio con el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya para abordarlo. “Se están haciendo los trámites para que pueda aprobarse con acuerdo de Govern la puesta en marcha de un nuevo programa, ya que el anterior no se podía prorrogar”, apuntan fuentes de Educación.

De cara a ese encuentro, y en la línea de lo que piden los profesores de l’Hospitalet, el Colegio de Educadores exigirá que las plazas no sean solo de dos años más, sino permanentes. “La estabilidad mejora el servicio y la atención educativa”, proclama Olga Giner, de la junta de la entidad. “No tiene sentido que los profesionales se tengan que marchar justo cuando han creado el vínculo con alumnado, claustro, familias y entidades”, argumenta.

Además, recuerda que la Generalitat ya ha contratado a educadores sociales con plaza fija recientemente. Se trata de las 52 dotaciones anunciadas por el Govern el pasado mes de enero para combatir el abandono escolar prematuro con alumnos de 4º de la ESO.

Más convivencia y menos absentismo

El día a día de Moriana y Aracil es difícil de describir hasta para ellas mismas, reconocen. Cada jornada puede ser distinta, igual que son diversos los problemas que pueden atenazar a los alumnos. Pero hay dos ejes en los que están especialmente orgullosas de haber intervenido: la reducción del absentismo escolar y la mejora de la convivencia.

El equipo social forma parte de la comisión de convivencia, que es la que se encarga de prevenir y mediar en conflictos. “Muchas veces detectamos mucho malestar emocional, ya sea en alumnos recién llegados, que cargan una mochila importante y no saben gestionarlo, o sencillamente porque la adolescencia es un momento vital de mucha efervescencia”, apuntan.

En este sentido, los adolescentes agradecen tener figuras y espacios que consideran “seguros”, en los que poder hablar de sus miedos. Pero de nuevo hace falta tiempo para construirlo. “Esto no consiste en apretar un botón y hala, a hablar de lo que te pasa. Esto lo tienes que crear poco a poco”, advierten.

En cuanto al absentismo, también han conseguido reconectar con el centro a alumnos que se habían desvinculado. “Eran jóvenes que no venían, en familias en las que no daban valor a la educación, y hemos trabajado conjuntamente con ellas para que vean que es importante que vengan al centro y echen raíces”, concluyen.

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Iván Reinares, ha denunciado este martes que Conrado Escobar, en sus dos años de gobierno, “ha dejado de ejecutar casi un millón de euros” que tenía que ir destinado a la tramitación de ayudas de emergencia social.  Reinares ha informado que esa cantidad se ha quedado “en los remanentes con los que hoy el Equipo de Gobierno amortiza deuda para equilibrar su desfase presupuestario”. 

Según el concejal del PSOE, en el año 2023, el PP “dejó sin ejecutar 431.562,60 euros” y en el año 2024 “otros 460.848,92 euros se quedaron sin usar”. En este sentido ha recordado: “Con el PSOE en el Gobierno de Logroño se ejecutó el 97 por ciento del presupuesto previsto frente al 73 por ciento que utiliza el PP de Escobar”.

Mientras tanto, ha resaltado Reinares, “crece la necesidad” y “uno de cada cuatro riojanos vive en situación de pobreza o exclusión”. Además,  Además, el concejal ha criticado que el Ayuntamiento lleve “más de 20 días sin que se apruebe ningún nuevo lote de ayudas, expediente y resolución”. 

Con todo, Iván Reinares ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista reclamará al PP de Escobar mediante una moción en el Pleno de este jueves, que se tomen “todas las medidas urgentes que sean necesarias para restablecer el nivel de ejecución de las ayudas de emergencia social”. Así mismo, solicitarán en pleno que se dé cuenta de las medidas adoptadas, las personas beneficiadas y las ayudas concedidas.

La continua subida de los precios del alquiler en Galicia y las dificultades de las familias para afrontar el pago de los mismos no han llevado a la Xunta a tomar medidas para tratar de corregir esta situación que la asociación Provivienda califica de “emergencia social”. Las ayudas para el alquiler destinadas a personas con menos recursos que se concedieron el año pasado no tendrán una nueva convocatoria este año y solo se prevé la renovación de las ya concedidas. Sí que existen ayudas para personas menores de 36 años a través del Bono Aluguer Mocidade –financiadas con fondos estatales–, pero la propia Xunta las califica de insuficientes para la alta demanda existente.

En la convocatoria de ayudas al alquiler publicada a principios del año pasado solo se concedieron 4.482 subvenciones (26,8%) del total de 16.740 solicitadas. La Consellería de Vivenda asegura que muchas solicitudes “no cumplían los requisitos” –entre ellos estaban que las rentas de la unidad de convivencia no superen tres veces el IPREM–. Pero al mismo tiempo reconoce que hay necesidades que no se cubren. De ello, sin embargo, culpa al Gobierno central por no destinar más presupuesto a estas subvenciones, que podrán renovarse este año, y cuentan con un importe total de 20 millones de euros, cofinanciados al 50% por Xunta y Gobierno central.

Mientras descarga la responsabilidad en el Gobierno central, la Consellería de Vivenda señala que no tiene previsto destinar fondos propios para cubrir esta necesidad, pese a contar con competencias para ello. “La Xunta lleva años demandando del Gobierno coordinación a la hora de diseñar las ayudas para evitar duplicidades, que lo único que causan son problemas de gestión. Pero, de momento, la actitud del Gobierno ha sido crear las ayudas que les han interesado y cuando les ha interesado, sin tener en cuenta las propuestas y aportaciones de las comunidades autónomas”, sostiene el departamento que dirige María Martínez Allegue en respuesta a preguntas de elDiario.es.

Ana Pardo, responsable territorial de Provivienda en Galicia, recalca que muchas personas que cobran el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas se han quedado fuera de estas ayudas a pesar de que cumplen los requisitos para recibirlas. El motivo es el propio sistema de reparto diseñado: “El acceso a la vivienda de alquiler está en una situación de emergencia social porque muchas personas vulnerables no acceden a esas ayudas. Se conceden por orden de solicitud y no hay una valoración social de los solicitantes. El propio sistema de solicitud premia a los que las presentan de forma digital y la mayoría de las personas en situación vulnerable no pueden hacerlo así”. Pardo apunta a otro problema: las ayudas se resuelven tarde y eso hace que algunas personas no puedan afrontar el pago de la renta durante el tiempo de espera y acaben teniendo deudas, que es uno de los motivos para denegar estos apoyos económicos.

A la pregunta de si la Xunta piensa tomar alguna medida para corregir esta situación en 2025, Vivenda responde que solo se hace cargo de las ayudas que gestiona en solitario (las que están ahora en vigor están financiadas o cofinanciadas por el Estado) y señala que a finales de 2024 se envió al Gobierno central la propuesta para el próximo Plan de Vivienda Estatal que entrará en vigor a partir de 2026. Es decir, no hay previsiones de ayudas para este año pese a que la escalada del precio en los alquileres continúa y las previsiones de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) es que alcance en Galicia un 10% en 2025, por encima de la media estatal, que tendrá un aumento del 8,6 %, según estas previsiones.

Precios descontrolados

Los propios datos del Observatorio de Vivenda de la Xunta indican que los precios del mercado de alquiler están descontrolados. El precio medio en Galicia en 2025 se sitúa en 560 euros, lo que supone un 54 % más que hace una década. La situación es especialmente preocupante en las grandes ciudades, donde la escasez de oferta y el alza de precios complican el acceso a una vivienda, sobre todo para los colectivos con rentas más bajas. En este contexto, la Xunta critica la figura de las zonas tensionadas que recoge la normativa estatal y que ha dado frutos en otras áreas. No obstante, el Gobierno gallego asegura que tramitará las peticiones en este sentido que le lleguen de los ayuntamientos. En Galicia, por el momento, hay dos ciudades finalizando los trámites para registrar la solicitud: Santiago de Compostela y A Coruña.

Precisamente desde Provivienda consideran que uno de los factores clave para poder corregir esta situación es que haya una mayor colaboración entre Xunta y ayuntamientos. “Estamos pidiendo, entre otras cosas, que se abran oficinas de información sobre ayudas en los ayuntamientos, ya que muchas veces ni los propietarios ni los inquilinos tienen acceso a la información necesaria sobre las ayudas existentes. Por ejemplo, el programa Realuga de la Xunta no está teniendo mucha respuesta por parte de los grandes ayuntamientos, solo han colaborado los pequeños y los medianos”, señala Ana Pardo.

La situación de encarecimiento de los alquileres se produce en Galicia pese a que, según datos de consumo eléctrico recogidos por el INE, en 2021 había más de medio millón de viviendas vacías en la comunidad autónoma, de las que 90.000 están en las grandes ciudades.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado la nueva convocatoria de subvenciones de concesión directa para financiar proyectos de Acción Humanitaria y Emergencia, que este año 2025 cuenta con un presupuesto de 427.390 euros. Dicha convocatoria, en palabras de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, tiene como fin financiar y desarrollar proyectos sociales.

Durante el año 2024 se han puesto en marcha un total de 17 proyectos destinados en aquellos países, principalmente, donde las entidades entienden que están las emergencias y donde hay que poner un mayor foco de atención como Malí, El Líbano o África Subsahariana.

En este sentido, García Torijano ha afirmado que “desde el Gobierno de Castilla-La Mancha somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando en materia de cooperación para seguir incrementando la ayuda en aquellos países que están en vías de desarrollo y donde tenemos que seguir aportando para proteger y mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en ellos”.

Las entidades ya pueden presentar sus proyectos de forma telemática mediante el modelo habilitado al afecto en la sede electrónica de las Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La subvención máxima para conceder podrá ser del 100 por 100 del coste total del proyecto y el importe máximo individualizado por cada proyecto subvencionado no excederá de 30.000 euros por solicitud.

Una advertencia antes de empezar: hoy hemos preparado un podcast que puede ser algo delicado, va sobre el suicidio. Lo abordamos desde una perspectiva de prevención, pero si crees que va a ser demasiado duro para ti, no escuches el episodio.

En España unas cuatro mil personas se suicidan cada año y solo una de cada cinco había sido atendida por un especialista en salud mental. Hasta hace poco, no se hablaba nada sobre suicidios. Por eso tampoco hablábamos mucho de la formación psicológica necesaria cuando suena la alarma y no es un fuego, sino un posible suicidio.

El Ministerio de Sanidad ha creado el primer plan contra el suicido en España. Y mientras la política va tomando decisiones, la sociedad se mueve. Por ejemplo: la Asociación Internacional de Bomberos y Psicólogos de Emergencia. Esta asociación hace formaciones para intervenciones en emergencias de tentativas de suicidio. Formaciones para bomberos como Ibai Navidad, con el que hablamos en este episodio. Además, Marcos García Santonja ha hablado con Sara Laguna, una de las psicólogas de estos cursos de formación.

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La Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales ha certificado la convocatoria, para el año 2025, de las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 2 de enero de 2025 hasta el final del ejercicio o el agotamiento del crédito.

A la convocatoria podrán concurrir las personas que se encuentren en situación de emergencia social, y cumplan los requisitos generales establecidos en la Orden de 1 de junio de 2012, de la entonces Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.

Están destinadas a atender situaciones de urgente y grave necesidad, excepcionales y previsiblemente irrepetibles, que no pueden ser atendidas a través de ningún otro recurso, con el fin de prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y favorecer la integración de las personas.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática con firma electrónica, mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es, que quedará anotado en el registro electrónico.

Los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la ayuda se deberán digitalizar y presentar como anexos en la sede electrónica. Las personas solicitantes se deberán dar de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica.

También se podrán presentar en el registro de los servicios centrales de la Consejería de Bienestar Social o en el de sus delegaciones provinciales, así como en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

“No son albergues, son centros resilientes para personas que se encuentran en un nivel avanzado en su proceso de inclusión social”. Con esta aclaración, el delegado municipal de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, José Luis García, ha arrancado la presentación de los dos proyectos residenciales para personas en situación de emergencia social que se van a construir en San Jerónimo y en el Polígono Sur.

La necesidad de comenzar con esa distinción parte del revuelo que ha provocado la noticia entre los vecinos de ambos barrios, que ya se han movilizado en contra del planteamiento municipal de descentralizar los servicios asistenciales que concentra el barrio de la Macarena. Allí las entidades vecinales llevan años denunciando problemas de convivencia, seguridad y limpieza en torno a los albergues para personas sin hogar.

El temor a que los nuevos espacios que está proyectando el Ayuntamiento hispalense terminen degradando unos barrios ya de por sí “pobres y con muchas carencias” ha llevado a los vecinos a rechazar la propuesta, al entender que “no solo contribuye a la estigmatización de la zona, sino que también degrada su imagen”, como ha manifestado la asociación vecinal de San Jerónimo a través de sus redes sociales. La plataforma de afectados por los albergues en la Macarena ha respaldado la protesta vecinal emergente, condenando que “hay 11 distritos y siempre sufren los mismos”.

Sin embargo, el delegado de Derechos Sociales ha querido lanzar “un mensaje de tranquilidad” a la población, con el que “desmentir” los comentarios cargados de “aporofobia y xenofobia” que se han propagado, después de trascender la intención de construir estos dos nuevos recursos sociales destinados a personas en exclusión social severa. Para ello, ha explicado que uno de los centros va a estar dedicado a “atender exclusivamente a mujeres víctimas de violencia de género o de trata” y el otro, “a personas convalecientes”.

Diferencia entre albergues y centros de resiliencia

Acompañado por representantes de 16 entidades que trabajan a diario con personas en situación de emergencia social (Solidarios, Hermanas de la Caridad, Cruz Roja, Prolibertas, Hogar Sí, Provivienda u Orden de Malta, entre otras), José Luis García ha detallado las diferencias entre los centros de acogida que se conocen como albergues y los “centros de resiliencia” que se están proyectando ahora para San Jerónimo y Polígono Sur, pero que se pretenden instalar en cada distrito para mediados de 2027.

“Es un modelo totalmente diferente, que no tiene nada que ver con el modelo de macrocentro que hay actualmente instalado en la Macarena, heredado de los años 80”, ha indicado el delegado de Derechos Sociales. La diferencia principal radica, por tanto, en su tamaño y su finalidad: “Estos centros no son de puertas abiertas, sino que son centros residenciales para un máximo de 25 personas que vendrán derivadas de los servicios sociales y en los que los residentes recibirán una atención personalizada que les permita dar el salto a la vida independiente”, ha señalado García.

Para ello, cada usuario tendrá asignado un técnico de referencia que desempeñará una labor de “acompañamiento integral”, desde prestar asistencia psicológica hasta orientar en la búsqueda de empleo. “Es un modelo basado en la persona y no en la caridad, porque creemos en la intervención integral y directa para transformar proyectos vitales”, ha defendido el delegado de Derechos Sociales. De paso, ha recordado que este tipo de recursos sociales se enmarcan en la estrategia de la normativa europea, nacional y autonómica, así como en el “compromiso que adquirimos todas las fuerzas políticas del pleno municipal en el anterior mandato durante la comisión contra la exclusión social”.

Con el afán de tranquilizar a los vecinos, ha informado de que ya existen dos modelos de “pequeños centros residenciales” funcionando en otros distritos de la ciudad, mediante un convenio de colaboración con entidades sociales, y que “se han integrado en sus zonas completamente sin generar ningún problema de convivencia”. En este punto, José Luis García ha hecho un llamamiento a la empatía y a romper con los “estereotipos de las personas sin hogar”, vinculados a indigentes conflictivos y con problemas de drogadicción. “Cualquiera puede terminar en la calle”, ha recordado.

¿Que va a significar abrir un centro para 20 personas?

A continuación, ha tomado la palabra Carmen Tamayo, trabajadora social de la organización Solidarios y directora del proyecto Mujereando, que lleva más de diez años trabajando con personas en situación de emergencia social. “A lo largo de estos años de experiencia, el perfil de las personas sin hogar ha ido cambiando y por eso deben cambiar también las respuestas a esas necesidades”, ha proclamado esta profesional, que define el colectivo de personas sin hogar como “muy heterogéneo y diverso”.

“Todos los días escucho historias de vida de personas que dicen que jamás se habrían imaginado terminar en la calle”, ha asegurado Tamayo, remarcando que “hablamos de personas que se encuentran en situación de exclusión social severa y que lo único que tienen en común es la falta de hogar y que lo están pasando muy mal”.

Frente a la alarma social que ha despertado la noticia entre los vecinos en barriadas como Cerro del Águila, donde se llegó a boicotear el pregón de la Velá del barrio en señal de protesta, las entidades han asegurado estar “muy felices” por la noticia. “Tenemos que preguntarnos qué significa abrir en Sevilla un centro para 20 o 25 personas en cualquier barrio”, ha abogado la trabajadora social de Solidarios.

“Yo misma me lo he preguntado y me he respondido: va a significar integración, comunidad, vecindad y, sobre todo, humanidad, porque no olvidemos nunca que, con o sin hogar, todos somos personas y todos necesitamos una segunda oportunidad”, ha expresado Carmen Tamayo, reivindicando “el valor de la empatía, de acompañar a las personas cuando más lo necesitan porque se puede salir de la calle”.

Huertos y salas veterinarias para las mascotas

Por esa razón, las organizaciones sociales han celebrado que las instituciones promuevan este tipo de iniciativas en la ciudad, donde el último censo contabilizó a 765 personas sin techo (ya sea viviendo en la calle, en infraviviendas, en centros de acogida o insertos en programas de emergencias sociales). La intención del gobierno local es “desconcentrar el distrito Macarena con estos dos nuevos proyectos y otros que van a llegar para que haya centros resilientes en cada distrito de la ciudad”.

Por el momento, el Ayuntamiento está terminando de redactar los proyectos de los centros que se van a ubicar en una parcela situada en la calle José Galán Merino, en el barrio de San Jerónimo (próxima a la sede de la Agencia Espacial Española y las Naves de Renfe), y en la calle Portobelo, que pertenece al Polígono Sur y colinda con el polígono Hytasa, zona donde el anterior gobierno socialista proyectó un albergue para personas sin hogar que se frustró finalmente por la presión vecinal.

Ahora, el gobierno de José Luis Sanz retoma la iniciativa que refrendó el pleno e impulsa la construcción de dos servicios sociales con características similares: ambos se insertan en un solar de unos 3.776 metros cuadrados, de los cuales el edificio ocupará una superficie de menos de 700 metros. “No hay que tener miedo porque no tiene nada que ver con un macrocentro, las edificaciones van a ocupar menos de un tercio de la parcela”, ha explicado el delegado, detallando que estos espacios residenciales van a contar con servicio de huertos comunitarios y con una sala veterinaria para que los usuarios que tienen animales de compañía no tengan que abandonar a sus mascotas cuando se incorporen al centro, como pasaba hasta ahora.

Para la construcción de esos dos primeros “microcentros” de “atención personalizada” el Ayuntamiento hispalense ha destinado una inversión que ronda los tres millones de euros, financiados en parte con una subvención de la Junta de Andalucía (a partir de un proyecto premiado por la Unión Europea) y el resto aportado por la Gerencia de Urbanismo. La previsión es que el proyecto se licite en la primavera del año próximo y los centros estén ya en marcha a finales de 2026.

Objetivo: Umies y microcentros en todos los distritos

El delegado de Derechos Sociales confía en que los dos nuevos espacios residenciales para mujeres y personas convalecientes en San Jerónimo y Polígono Sur ayuden a aliviar la carga que soporta el resto de recursos para personas sin hogar de la ciudad.

Augura así que el cambio va a ser muy significativo en el distrito Macarena, no solo gracias a la construcción de estos dos centros que ha tildado de “pioneros” –en alusión a que solo hay un precedente similar de intervención individualizada “24 horas” en Madrid–, sino también a la creación de unidades municipales de Intervención en Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies) en todos los distritos. Una acción que se espera culminar para diciembre de este mismo año con la incorporación de 40 técnicos más, tras el aumento de la partida dedicada a Emergencias Sociales, pasando de ocho millones en el anterior mandato a 18 en los últimos presupuestos, según los datos aportados por la Delegación de Derechos Sociales.

En definitiva, si bien el delegado entiende que “lo desconocido puede generar miedo”, con el apoyo de las entidades que trabajan a diario con personas sin hogar y el testimonio de profesionales como Carmen Tamayo, el Ayuntamiento ha tratado de transmitir el mensaje de que estos centros de atención para personas en situación de exclusión social “transforman vidas”, gracias a los profesionales que los acompañan en su vuelta a la vida.

Uno de los motivos repetidos por Alfonso Rueda cuando se le preguntaba por la fecha elegida para las elecciones autonómicas -fueron el pasado febrero, un adelanto de casi cinco meses- era que había esperado a que estuviesen aprobados los presupuestos para 2024, de modo que no hubiese parones en la gestión. Desde entonces ha dicho con frecuencia que su equipo no ha dejado de trabajar en estos meses, pese a los cambios de nombres y competencias acometidos tras el proceso electoral, y que esa es “una de las ventajas” de tener las cuentas en vigor. Pero las decisiones para confeccionar su nuevo gabinete sí han tenido impactos negativos y la Xunta admite un retraso en el pago del bono social térmico, dirigido a personas vulnerables, debido precisamente a que ha pasado de depender de la Consellería de Política Social a la de Economía.

Una persona perceptora cuenta a esta redacción que el retraso es de casi tres meses y las dificultades que les supone a estos hogares. “Puede parecer poca cosa, pero para muchas familias vulnerables es importante”, dice. En 2023 la Xunta anunció el pago del bono social térmico, que tiene como objetivo cubrir gastos de calefacción, cocina y agua caliente, a finales de abril. El presidente indicó, tras una reunión del Consello, que se abonarían hacia mediados de mayo el bono y el complemento autonómico de 150 euros a algo más de 74.000 hogares, de los que 44.000 tenían en ese momento consideración de personas en situación de vulnerabilidad severa.

Los fondos destinados al complemento -el bono es una medida estatal, pero la Xunta aporta una cantidad extra- fueron 11,2 millones de euros en 2023. Rueda recalcó con el anuncio del año pasado que la medida es “importante para seguir garantizando la protección de los ciudadanos más vulnerables y que más precisan la ayuda de la Administración”. Los hogares que reciben este bono son los mismos que ya tienen concedido el bono social eléctrico del Gobierno central. Para el cobro no se requiere hacer ningún trámite adicional.

Este año las cantidades siguen sin haber llegado a las cuentas de estas personas. La Consellería de Economía responde a las preguntas al respecto que el motivo del retraso es que, con la constitución del nuevo gobierno gallego, se reorganizó la tramitación de esta ayuda y se cambió de consellería. Este cambio, añade, “responde a criterios de eficacia y eficiencia en aras de una mayor agilidad de cara al futuro”. Cuando se haya completado esa reestructuración se abonará la ayuda, pero la Xunta no ha dado una fecha concreta. Será, dice, “en las próximas semanas”.

La Xunta de Galicia acumula reprimendas de la Valedora de Pobo -el órgano análogo al Defensor del Pueblo en Galicia- por su opacidad. Y acaba de recibir una más por no facilitar los datos sobre el número y la ubicación de las viviendas para emergencia social de las que dispone a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). En este caso, la amonestación es doble: por haber denegado el acceso público a esa información y por ni siquiera haber remitido a la Comisión de Transparencia -que depende de la Valedora- el informe que le requirió sobre el asunto.

El proceso se deriva de una pregunta enviada por esta redacción, que pidió, al amparo de las leyes de transparencia -hay una estatal de 2013 y otra autonómica de 2016- datos que la Xunta se resiste a dar incluso a las asociaciones que trabajan precisamente para que las personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a una vivienda. El 17 de enero de este año, una consulta pedía conocer cuántas viviendas tiene el IGVS, en qué ayuntamientos, en qué estado -habitables o necesitadas de reforma- y el número destinado a los casos de emergencia social.

La respuesta llegó un mes después, el 20 de febrero. Denegaba el acceso a esa información con el argumento de que ponía en riesgo la seguridad de los datos de estas personas, pese a que en las preguntas no se pedía conocer ningún elemento ni sobre localizaciones exactas ni sobre identidades. La Xunta se remite en su respuesta a los objetivos del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, que son facilitar el acceso a quienes tienen menos recursos y dar soluciones habitacionales “lo más inmediatas posible” a víctimas de violencia de género, personas desahuciadas de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, todo ello a través de ayudas directas al alquiler y para gastos de suministro y de comunidad

El IGVS razona que los datos a los que tiene acceso para gestionar estos casos podrían tener la consideración de “especialmente protegidos” porque las viviendas tienen como destino “esencialmente personas especialmente vulnerables”. Por ello, agrega, “debe aplicar una serie de medidas técnicas y organizativas que garanticen el máximo nivel de protección y cuidado de estos datos”. Insiste en que debe tomar medidas “para prevenir incidentes de seguridad y posibles accesos no autorizados o un uso indebido” de los datos, que podría acarrear “consecuencias negativas para los derechos y libertades fundamentales de sus titulares usuarios presentes y futuros”. Con estos argumentos rechaza revelar el número de viviendas de las que dispone la administración pública gallega.

La Valedora do Pobo, en una resolución firmada el 2 de mayo, rechaza las razones dadas por la Xunta: “No puede aceptarse que el acceso a dicho dato sea una información protegida, ya que de la dicha información no es posible identificar a persona alguna que se encuentre en situación de vulnerabilidad”. “No se considera justificada la denegación del acceso a la información solicitado”, zanja. Le pide al IGVS que proporcione los datos en un plazo de 10 días hábiles.

Un informe sin remitir

Pero no es lo único que le recrimina la Comisión de Transparencia a este ente de la Xunta, adscrito a la Consellería de Infraestruturas en el momento en el que se enviaron las preguntas y que ahora depende del departamento de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. Ante la negativa a responder del IGVS, este diario pidió amparo a la Comisión de Transparencia, que depende de la Valedora do Pobo. El procedimiento habitual de esa comisión es pedir un informe sobre el caso al órgano interpelado para que justifique su postura. “Se solicitó al IGVS la aportación de su criterio mediante la remisión de informe y copia del expediente, que no se recibió”, expone en su resolución. Este hecho, continúa, “dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada” a la Comisión porque le priva de “los elementos de juicio necesarios” para llegar a la conclusión de si procede o no denegar la información.

Le recuerda a la Xunta que la ley gallega de transparencia la obliga a remitir los informes requeridos, pero razona que esa falta de respuesta “no puede afectar a la eficacia del ejercicio de un derecho que rango constitucional como es el derecho de acceso a la información pública”. Sobre los datos pedidos insiste en que “lo cierto” es que no se pide tener acceso a datos “identificativos”, sino “al número de viviendas, si estado y el Ayuntamiento en el que se encuentran”. Por ese motivo, exige que se haga pública la información.

Nuevas ayudas sociales aprobadas en Castilla-La Mancha, esta vez para familias numerosas y también para paliar situaciones de emergencia. El Consejo de Gobierno ha aprobado dos paquetes de ayuda con un presupuesto de más de 15 millones de euros. Por un lado, 6,5 millones de euros para familias numerosas y 9,3 millones de euros para necesidades de urgencia.

En el primer caso, la convocatoria está abierta a unas 13.000 familias de la región, si se cumplen requisitos muy sencillos. Por un lado, los hijos deben ser menores de 18 años, estar escolarizados y no incurrir en absentismo escolar. La familia debe tener también su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, y tener una antigüedad de residencia en la región de más de dos años. Si se cumplen estas condiciones, se podrá acceder a una ayuda de entre 15 y 28,75 euros al mes. Las ayudas tendrán una vigencia de dos años, y deberán renovarse seis meses antes de su vencimiento, de forma telemática o presencial en la sede de la Consejería de Bienestar Social.

El abono de las ayudas se realizará en dos pagos semestrales, para poder aumentar la “protección” de estos núcleos y compensar así sus rentas familiares y también para apoyar la conciliación de la vida familiar y laboral, así como su inclusión social, según señaló la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

Casi diez millones de euros para ayudas de emergencia

Por otro lado, se ha aprobado un crédito para ayudas de emergencia de 9,3 millones de euros, destinadas a situaciones de necesidad y urgencia de las familias, como puede ser alimentación, vestido o mantenimiento de las viviendas, en el caso de algún “imprevisto”. El Gobierno regional ha concedido, hasta octubre de este año, más de 4.000 ayudas de emergencia que han llegado a más de 10.000 personas.

Torijano ha defendido que estas ayudas “deben ser consideradas” como un instrumento de intervención social y no como un fin. Por eso, ha señalado que deben estar acompañadas por un análisis completo de la situación de las familias y también de forma individual. De este modo, podrán ser beneficiarias de estas ayudas las familias que se encuentren en una situación de emergencia social acreditada a través de un informe social emitido por los servicios sociales de atención primaria municipal de su localidad.

La consejera de Bienestar Social ha señalado que durante 2023 estas ayudas han disminuido con relación a las registradas el año pasado, y ha vinculado esta caída al Ingreso Mínimo Vital, que ya llega a las 29.000 prestaciones en Castilla-La Mancha.

Finalmente, García Torijano ha felicitado a la nueva delegada de Gobierno en la región, Milagros Tolón, y ha resaltado que la comunicación entre ambas administraciones será “fluida y colaborativa”.

En las primeras 48 horas de apertura de plazo del cheque de 200 euros para personas con rentas inferiores a 27.000 euros, se registraron 37.370 solicitudes en Castilla-La Mancha. En total, la web de la Agencia Tributaria ha registrado 885.654 solicitudes en toda España en los dos primeros días de plazo.

La ayuda tiene como objetivo aliviar la cesta de la compra y proteger a los colectivos más vulnerables. La ayuda se concreta en un pago único de 200 euros para trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo en 2022 que el pasado año no superasen los 27.000 euros brutos de renta y cuyo patrimonio –descontando la vivienda habitual– no rebasara los 75.000 euros. 

Toledo ha sido la provincia en la que más solicitudes se han registrado, con más de 13.600. Le sigue Ciudad Real con 9.506, Albacete con 6.970, Guadalajara con 4.769 y Cuenca con 2.663.

Los contribuyentes con ingresos inferiores a 27.000 euros anuales pueden solicitar desde este miércoles y hasta el 31 de marzo el cheque de 200 euros para familias vulnerables en la página web de la Agencia Tributaria. Sin embargo, no tendrán derecho a la ayuda los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV) ni los pensionistas. El BOE señala además que tampoco podrán solicitar la ayuda, independientemente de la valoración del patrimonio neto, las personas que ellas mismas o sus cónyuges fueran administradores de derecho de una sociedad mercantil que no hubiese cesado su actividad a 31 de diciembre o fuesen titulares de valores representativos de la participación en los fondos propios de una sociedad mercantil no cotizada.

El Consejo de Gobierno ha aprobadovarios expedientes que suponen una inversión de 11,1 millones de euros destinada a la protección social de la población más vulnerable a través de un decreto de concesión directa de ayudas a personas afectadas por el conflicto de Ucrania, un programa de refuerzo temporal de empleo para agilizar su tramitación y la convocatoria de Ayudas de Emergencia Social para 2023.

Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha comparecido junto a la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández.

En relación al primero de los asuntos, las ayudas directas a personas afectadas por la crisis de Ucrania en Castilla-la Mancha, la consejera ha explicado que la cuantía recibida por parte del Gobierno de España asciende a 1,6 millones de euros para “dar respuesta a esas situaciones de vulnerabilidad que puedan tener todavía las personas que huyeron del conflicto de Ucrania, desde que empezó hasta el verano, para poder atender a sus necesidades básicas e insertarse en la población y en la Comunidad Autónoma”.

El decreto se publicará en el Diario Oficial de la región antes de que acabe el año y viene a dar una respuesta modulada a la situación actual que presenta la población ucraniana que se ha asentado en el territorio regional tras los primeros meses del conflicto.

Se trata de una ayuda de 400 euros al mes por cada adulto que la solicite, más 100 euros adicionales por cada menor a su cargo. Se solicitan a través de los servicios sociales, tendrán una duración de seis meses y se estima que se podrán conceder unas 600 ayudas que se abonarán mensualmente a los beneficiarios, que han de estar empadronados en Castilla-La Mancha, bajo régimen de Protección Temporal, que acrediten carencia de medios económicos y no sean beneficiarios de plazas ni recursos del dispositivo de emergencia.

Atención a la Emergencia de Ucrania en Castilla-La Mancha

La titular de Bienestar Social ha manifestado que, hasta ahora, todas estas situaciones de vulnerabilidad se han ido respondiendo con las Ayudas de Emergencia, en concreto, se han resuelto 172 ayudas, con una inversión de 281.450 euros.

Desde que comenzó el conflicto, son cerca de 130.000 personas las que han llegado a España desplazadas por la crisis bélica. En Castilla-La Mancha, hasta la fecha, son 2.799 personas las que han solicitado la protección temporal en la región “a las que hemos dado respuesta desde el principio a todas las necesidades que tenían para que tuviesen una vida normalizada y poder reconstruir su proyecto de vida cuando, además, salen de su país con unas circunstancias tan dolorosas como las que han sufrido estas personas”, ha dicho García Torijano.

Asimismo, ha repasado otras cifras que dan muestra de la atención que se ha ofrecido en relación a este conflicto, como las 1.612 personas que han sido atendidas por los servicios sociales; la emisión de 2.774 tarjetas sanitarias y los 849 menores escolarizados en centros no universitarios de la región.

“Una respuesta por parte de las administraciones que ha sido reflejo de la que ha dado la sociedad castellanomanchega, que está altamente sensibilizada con la problemática de estas personas vulnerables”, ha insistido.

Programa temporal de refuerzo para agilizar la tramitación de las ayudas

Unido al Decreto de Ayudas a familias ucranianas, también se ha dado luz verde a un programa temporal de contratación de cinco funcionarios interinos que refuercen la gestión y el trámite de estas prestaciones desde el 16 de enero al 31 de diciembre de 2023.

“Estamos hablando de 165.000 euros que se ponen en marcha para poder contratar a un trabajador social, dos técnicos administrativos y dos auxiliares administrativos, que se van a dedicar solo y exclusivamente a poder tramitar todas las ayudas que, a través de los servicios sociales de Atención Primaria, nos hagan llegar para agilizar el programa”.

Emergencia Social en 2023

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado 9,3 millones de euros de la convocatoria de Ayudas de Emergencia Social para 2023. Tal y como ha explicado la titular de Bienestar Social, “se trata de ayudas que van dirigidas a cubrir necesidades básicas de alimentación, vestido, mantenimiento de suministros en el hogar, cuando en un momento dado, de una forma sobrevenida, una familia no pueda hacer frente a esos pagos, así como para la adecuación y dignificación de la vivienda”. El periodo de solicitud de las mismas se abre el 2 de enero y permanecerá abierto todo el ejercicio o hasta agotar el crédito disponible.

Las ayudas de emergencia en 2022 han disminuido con respecto al año 2021. Así lo ha afirmado la consejera al realizar el repaso y balance de esta convocatoria en esta legislatura, en la que se han concedido 20.614 ayudas de emergencia social a las que se han destinado más de 20 millones de euros.

“Esto también es una respuesta a lo bien que está respondiendo en estos momentos el Ingreso Mínimo Vital, donde estamos llegando casi a las 20.000 prestaciones en nuestra Comunidad Autónoma y también a todos los recursos y programas que ponemos en marcha desde la Consejería de Bienestar Social y el resto de áreas de Gobierno para paliar las situaciones de vulnerabilidad social en la región”, ha concluido Bárbara García.

En los últimos años, han surgido múltiples organizaciones de la sociedad civil que reivindican desde abajo un mayor respeto a los derechos fundamentales en el terreno digital. Su trabajo ha espoleado a las instituciones para regular esos espacios, así como servido de ejemplo para lanzar iniciativas que defiendan esa misma bandera en otros foros a veces vedados a las asociaciones que trabajan desde la base.

Una de esas iniciativas es Digital Future Society, una colaboración entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital con la Fundación Mobile World Capital Barcelona. Creada en 2018 como una iniciativa de promoción de los derechos digitales y “humanismo tecnológico”, ambas instituciones acaban de renovar el acuerdo para mantenerla activa otros dos años y medio por 7 millones de euros.

Su directora, Cristina Colom, ha sido una de las únicas españolas presentes en la reciente reunión del Foro Económico Mundial (Foro de Davos) centrada en gobernanza y tecnología. Allí ha defendido la necesidad de que “la inclusión digital debe ser una prioridad en todas las agendas”, explica en esta entrevista con elDiario.es. “Hay que mitigar los impactos negativos de esta transformación digital, como la brecha digital. No solo la de acceso, sino también la que se da por razones de género, edad o capacidades. Tenemos que hacer que la tecnología nos beneficie a todos y sobre todo, no deje a nadie atrás”, dice.

¿Qué se trata en reuniones como la del Foro Económico Mundial en la que ha participado?

Se organizan distintos comités asesores. En el que yo he participado, sobre el mundo conectado, engloba todo aquello que llamamos el Internet de las Cosas. Empezó siendo un comité más tecnólogo, pero ha pasado a ser más humanista en el sentido de ya no trabaja desde la perspectiva “qué bien, tenemos nuevos gadgets” o “el Internet de las Cosas va a traer disrupciones tecnológicas”, sino cómo diseñamos y cómo implementamos esas tecnologías pensando en el ciudadano.

El último día del evento, trató sobre todo qué va a pasar las nuevas tecnologías que se engloban dentro de lo que ahora llamamos metaverso o realidades inmersivas. ¿Cómo podemos hacer que el diseño sea inclusivo y sostenible? Este era un poco el leitmotiv. En el encuentro participamos unas 250 personas de todo el mundo para debatir, como digo, esos casos de uso.

¿Podría poner ejemplos de cómo las decisiones que se toman en esos espacios afectan a la población?

La cuestión es cómo hacer que la tecnología ayude a resolver situaciones de crisis que estamos viviendo, como pueden ser cosas tan elementales como los incendios que está habiendo en zonas de mucha sequía, como toda la zona del Mediterráneo, Turquía o California. A través del uso de los datos, se puede hacer una prevención de incendios y como trabajar en pruebas piloto a través de las cuales la tecnología sea utilizada para un bien común.

¿No cree que desde las instituciones a veces se pone el foco en encontrar soluciones tecnológicas a problemas que se arreglarían con más recursos? En el caso de los incendios, de prevención y de personal.

Hay que trabajar en paralelo y cada institución tiene que tener su rol. Por ejemplo, cuando nos confinamos por la pandemia, evidentemente era importante que nuestros hijos fueran alimentados y tuvieran vivienda. Pero también era importante que pudieran seguir estudiando. Nuestro mensaje aquí es que esta transformación digital es imparable y lo que está provocando es una división de la sociedad entre aquellos que viven en un mundo conectado y aquellos que viven en un mundo desconectado.

La inclusión digital debe ser una prioridad en todas las agendas políticas, ya sea de gobiernos locales, regionales, estatales o supranacionales. Mi perspectiva es que vivimos en lo que yo llamo una emergencia digital que nos afecta en todas las esferas de nuestra vida cotidiana, desde cómo nos movemos por la ciudad, el teletrabajo, cómo nos comunicamos, la falta de materiales, el consumo de energía de las empresas de tecnología, la digitalización está en todo.

Si podemos llegar a hacer que esa predicción de datos se use también para servicios comunes, hay que empezar a trabajar y creo que tenemos capacidad como manos para llegar a todo. Haya que mitigar los impactos negativos de esta transformación digital, como la brecha digital. No solo la de acceso, si también la que se da por razones de género, edad o capacidades. Tenemos que hacer que la tecnología nos beneficie a todos y sobre todo, no deje a nadie atrás.

¿Cree que los gobiernos ya han tomado conciencia de los problemas que lleva aparejada la digitalización?

Es verdad que hace unos años nadie estaba priorizando abordar estos dilemas como la brecha digital, la discriminación algorítmica, la desigualdad de oportunidades por cuestiones de tecnología, todos estos desafíos que ahora se han amplificado. No digo que nadie los abordara, que quede claro, pero no eran prioritarios. Todos somos muy conscientes que con la pandemia hemos tenido que no solo digitalizar. Es mucho más rápido desde el sector público, evidentemente la pequeña y mediana empresa, pero también como ciudadano para seguir con nuestra actividad mínimamente cotidiana

Esa preocupación está llegando a unas instituciones que hasta hace relativamente poco no abordaban el tema de la inclusión digital. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, la tecnología te discrimine por ser mujer, o por ser de otro color de piel, o por tener una cierta creencia religiosa. Como eso está pasando, creo que hay que actuar porque es que si no, quizá sí que resolveremos el tema de los bomberos en un momento determinado, pero a largo plazo los desafíos serán inabordables.

La emergencia digital es una realidad que además, si la sabemos solventar, podemos resolver otras emergencias como la propia emergencia climática. Detrás de la responsabilidad tecnológica también hay una responsabilidad en la sostenibilidad del planeta. Como el tema de los materiales, que es esencial, pero también por el consumo energético del sector tecnológico que es muy elevado. Es algo que la propia tecnología puede revertir siendo más eficiente y trabajando hacia la economía circular, hacia el uso de las energías renovables, etc. En la tecnología está el riesgo y la oportunidad para reducir el impacto del cambio climático.

Ha mencionado que en el encuentro del Foro Económico Mundial también se trabajó sobre el metaverso. Es un término que recibe muchas críticas por usarse para vender proyectos que están aún muy lejos de materializarse.

Totalmente. A veces las palabras no hacen justicia, ya que se está utilizando el nombre de metaverso para meter muchas tecnologías en un mismo saco. Al final son estas nuevas tendencias tecnológicas que tienen que ver con la realidad inmersiva, realidad aumentada y evidentemente, el metaverso, del que todavía no sabemos lo que va a llegar. En el encuentro hubo una exhibición de dispositivos, desde mi perspectiva, espectaculares, de todo aquello que puede ser esa realidad inmersiva. Lo trabajaron mucho con el mundo empresarial más americano y académico-universitario, con unos estudiantes de Harvard que mostraron distintos dispositivos en los que estaban trabajando. En ningún caso era una exhibición del cachivache, sino sobre todo de hasta dónde pueden llegar con ellos y de la necesidad de discutir hoy de la ética y la responsabilidad que hay en el en el diseño de ese metaverso.

Lo experimenté en primera persona. Nos mostraron realidades inmersivas para volar, para caer por un precipicio, para interactuar con personajes digitales. Pero también me mostraron cómo me atacaba un señor y hacía un acoso virtual, con palabras malsonantes y agresiones. Me sentí agredida y viví esa experiencia que personalmente yo no he vivido en redes, pero que todos hemos visto cómo funciona. Lo hacían para que fueras consciente del daño y los perjuicios que puede haber también en ese metaverso. Es necesario reflexionar sobre los límites y sus códigos éticos, que no sólo se hable de estándares técnicos.

¿Qué opina de las críticas que inciden en que es una tecnología que ampliará la extracción de datos personales con propósito comercial?

Tenemos que ser conscientes del uso que las empresas hacen de nuestros datos y creo que la pandemia ha ayudado algo en ese objetivo. Es muy recomendable la lectura de libros como el de Carissa Véliz. Yo intento siempre verlo desde el lado positivo positiva y creo que ahora es mucho más frecuente que la gente se niegue a dar sus datos personales, cuando antes era un problema que nadie se planteaba. Dábamos todos nuestros datos y los dábamos todos. Hasta el carnet de identidad.

Toda esta información es lo que se ha utilizando de forma poco ética, esa es una realidad y por ello ha sido necesaria una nueva regulación. Creo que Europa, dentro de todo el escenario, ha avanzado mucho en la protección de datos, que por cierto, estados como California o la India están tomando como referente para sus propias normativas de privacidad. El objetivo es no volver a ir tarde como nos ha pasado con los desarrollos actuales.

Pero también hay que recordar que hay ejemplos del uso de datos en sentido contrario, como los datos médicos, que han servido para mejorar enormemente la medicina. También hay otros ejemplos como Blablacar, que ha trabajado en la dirección que utilizar los datos de forma absolutamente transparente y no con un modelo estrictamente de monitorización de nuestra información.

La inflación y la guerra en Ucrania provocarán un repunte del 20% en el número de personas que acude a los bancos de alimentos en busca de ayuda, según las previsiones para 2022 de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Este colectivo alerta de un nuevo escenario de emergencia social: la escalada de los precios se ha solapado con la pandemia y está “cronificando” la situación de pobreza alimentaria que ya sufrían muchas personas en España. La cifra actual se mantiene cerca de los 1,5 millones de usuarios registrados.

Además, la nueva crisis no solo está afectando a miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, sino también a los propios bancos de alimentos de todo el país y a las entidades sociales encargadas de repartir comida en los barrios. Por culpa de la subida de precios, cada vez reciben menos donativos y excedentes para abastecer sus almacenes de provisiones y han tenido que reducir más de un 10% la cantidad de alimentos que distribuyen. También les ha afectado el retraso en la llegada de los fondos europeos de 2022 previstos para entidades.

Tras dos años de emergencia social derivada de la COVID-19, en los últimos meses se ha producido un aumento generalizado de los precios y una gran pérdida de poder adquisitivo para muchas familias. La Federación esgrime los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para observar una subida interanual del 8,4% en el Índice de Precios de Consumo (IPC) en el mes de abril.

Cesta de la compra

El dato continúa encendiendo las alarmas pese a ser ligeramente inferior al de marzo, cuando se alcanzó un 9,8% tras trece meses de escalada ininterrumpida. En esta misma línea, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicado a principios de abril, 5 de cada 6 productos del supermercado salen más caros que hace un año, y el coste de la cesta de la compra ha subido un 10% respecto a 2021. De seguir así, explica la OCU, en 2022 cada hogar gastará 500 euros más solo en alimentos básicos.

Ante este contexto de alta inflación, desde FESBAL alertan de que muchos de los nuevos usuarios que necesitarán ayuda alimentaria en los próximos meses serán personas con trabajo y familias de rentas bajas y medias que ya no llegan a fin de mes por culpa de la subida de los precios. También esperan atender a muchos de los refugiados ucranianos que han llegado a España por culpa del conflicto bélico en su país.

Con el objetivo de hacer frente a esta situación de emergencia, la Fundación “la Caixa” y CaixaBank impulsan la tercera edición de la campaña solidaria “Ningún Hogar Sin Alimentos”.

Campaña de donaciones

Esta iniciativa recaudó un total de 5,5 millones de euros entre los años 2020 y 2021, marcados por un aumento en la demanda de ayuda alimentaria del 50% debido a la pandemia. Gracias a esos donativos se consiguieron 5.986 toneladas de alimentos básicos que fueron distribuidos entre los 54 Bancos de Alimentos asociados a FESBAL, para que llegaran a las personas que más lo necesitaban, a través de casi 9.000 entidades sociales colaboradoras. En Castilla-La Mancha, entre 2020 y 2021, la campaña recaudó 118.902 euros en favor de los Bancos de Alimentos de la comunidad autónoma.

A partir del 16 de mayo, se podrán hacer donaciones a través de la red de cajeros automáticos de CaixaBank, la red más extensa de todo el país; a través de CaixaBank NOW, tanto en la app como en la web; y por medio del portal corporativo www.caixabank.es, para los que no son clientes de la entidad.Otra opción de colaboración es a través de Bizum, enviando undonativo a la causa 38014.La cuantía total de las donaciones se distribuirá entre los 54 bancos de alimentos asociados a la FESBAL.

Tanto FESBAL, como CaixaBank y la Fundación “la Caixa” hacen un llamamiento a las empresas y a la sociedad española para que continúen mostrando solidaridad con quienes más la necesitan. Toda la información de la campaña y de las distintas formas de colaboración se puede encontrar en la página www.ningunhogarsinalimentos.org.

La Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales ha publicado el crédito presupuestario disponible durante 2022 para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones para financiar proyectos de acción humanitaria y de emergencia que asciende a 371.390 euros. Las ayudas se podrán solicitar a partir de este miércoles.

Se trata de la convocatoria que anunció la Consejería de Bienestar Social y donde pueden incluirse proyectos de ayuda humanitaria a Ucrania porque las ayudas se dirigen a acciones “en aquellos países o territorios en los que acontezca un desastre que exija una respuesta inmediata ante la situación de emergencia, que el país no tenga capacidad para afrontar la crisis y exista llamamiento de ayuda internacional”. Esta convocatoria sale todos los años y este año se incrementa su importe en un 45%

Así consta en la resolución de dicha Viceconsejería que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) en la que se indica que podrán concurrir a la convocatoria de estas ayudas las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

La subvención máxima a conceder podrá ser del 100% del coste total del proyecto y el importe máximo individualizado por cada proyecto subvencionado no excederá de 30.000 euros por solicitud.

El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará este miércoles y finalizará el 31 de octubre de 2022. Las solicitudes, debidamente firmadas de forma electrónica, se dirigirán a la persona titular de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales y deberán presentarse mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección http://www.jccm.es, que quedará anotada en el registro electrónico. 

 El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé beneficiar a más de 6.200 familias de la región gracias a los 5,7 millones de euros de presupuesto de la convocatoria de Ayudas de Emergencia Social 2022, que supone un incremento del 21 por ciento con respecto a la cuantía inicial del año en curso.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la resolución de la Consejería de Bienestar Social “destinada a personas o familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad por una situación sobrevenida con carácter urgente, y para la atención de las necesidades básicas de la vida, que no se puedan atender de manera individual o familiar, por una situación perentoria”, ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.

En base a estos objetivos, las ayudas de emergencia social tienen dos líneas de actuación diferenciadas, como son, por un lado, las ayudas de emergencia social para necesidades básicas vinculadas a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad (5,5 millones de euros), y por otro, las ayudas de emergencia social de adecuación de la vivienda, de forma que ésta alcance los niveles mínimos exigibles para la dignidad de sus moradores y moradoras (200.000 euros).

Prevenir o paliar situaciones de exclusión social

En el primero de los casos, se trata de una prestación económica no periódica, destinadas a atender situaciones de urgente y grave necesidad, excepcionales y previsiblemente irrepetibles, que no pueden ser atendidas a través de ningún otro recurso, con el fin de prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y favorecer la integración de las personas.

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo regional ha puesto algunos ejemplos como la atención a necesidades básicas de alimentación, vestido y mantenimiento de la vivienda, y dentro de estas ayudas se incluyen las destinadas a cubrir necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, entendiendo como tales las ayudas para prevenir o evitar la pérdida de vivienda, corte de suministros y otras situaciones especiales acreditadas en el informe social emitido por el trabajador o la trabajadora social de los servicios sociales de atención primaria.

Cubrir necesidades de adecuación de la vivienda

Y por lo que respecta al segundo caso, el objetivo pasa por cubrir la necesidad de hacer frente a la adecuación de la vivienda, su adaptación, rehabilitación o acondicionamiento, de manera que alcance los niveles mínimos exigibles para la dignidad de sus moradores en el medio que les rodea.

Para ello existen dos modalidades de actuación: paliar las consecuencias de siniestros o daños que tengan el carácter de extraordinario o en su caso fortuito o imprevisible, siempre que el inmueble carezca de protección asegurada; y cooperar mediante la adecuación de la vivienda a la integración social de personas o familias a través de una urgente intervención social.

A modo de recapitulación, Blanca Fernández ha resaltado que el motivo por el que se materializan estas ayudas es para hacer frente a gastos específicos y de carácter básico referidos a la atención de necesidades alimenticias, así como la adecuación, mantenimiento y equipamiento de la vivienda habitual provocados por situaciones excepcionales.

Presupuesto abierto

Para finalizar, la consejera ha subrayado que este presupuesto “siempre está abierto a incrementarse dependiendo de las solicitudes y de la necesidad real”, y ha puesto un ejemplo al respecto en relación con el año 2020, cuando se aprobaron 4,7 millones de euros y se acabaron ejecutando 9,5 millones para atender situaciones sobrevenidas que tuvieron mucho que ver con la crisis provocada por la COVID.

Por tanto, ha concluido la consejera, aunque el presupuesto de este año está previsto para atender a unas 6.200 familias de la región, “si fueran más las familias o las personas que a título individual la necesitarán, la tendrían porque incrementaríamos el presupuesto”.