Miles de médicos residentes se han incorporado a sus plazas durante estos días. En las unidades de los hospitales y los centros de salud a los que entraron entre el jueves y el viernes pasarán buena parte de los próximos años, obteniendo la especialización que les da acceso a ejercer la medicina en el Sistema Nacional de Salud. María Ochoa es una de esas nuevas doctoras. Fue la número 109 en elegir destino y optó por medicina de familia y comunitaria en una zona rural de Jaén.

Cada año, cuando llega la elección de plazas MIR se repiten algunas dinámicas. Especialidades como dermatología y cirugía plástica se agotan rápidamente, en los primeros turnos de elección, mientras medicina de familia es una opción hasta el final, alimentando el relato de que nadie quiere ser médico de Atención Primaria, contra el que se revuelven las sociedades médicas. “Mucha gente me decía que no desaproveche el número [de elección de plaza], pero no quería guiarme por eso, sino por lo que siempre he querido hacer. No estoy desaprovechando nada, pero esos comentarios te los tienes que tragar”, lamenta la joven, de 24 años.

Los números tienen varias lecturas, en uno y otro sentido, pero hay evidencias que desmienten que nadie quiera ser médico de familia. De las 9.275 plazas ofertadas, el 27,5% eran para esta especialidad. Ninguna de las 2.544 disponibles quedó desierta. “Somos la especialidad que más médicos atrae a lo largo de los años y, cuando se mira a otras médicas, es de las que antes se eligen. Habría que ver si teniendo 2.500 plazas de cualquier otra especialidad se iban a cubrir”, plantea el vocal de docencia de la Sociedad Española de Medicina Familias y Comunitaria (Semfyc), Jorge Lema.

El siguiente gráfico muestra cómo se cubrieron las especialidades del MIR en 2026, caso a caso. Aunque se aprecia que familiar y comunitaria tuvo más adeptos en los últimos turnos, la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo, pide poner las cifras “en perspectiva y con números totales”. Por ejemplo, cuando cirugía cardiovascular (24 plazas), pediátrica (20), torácica (22), angiología y cirugía vascular (57) o urología (161) agotaron sus cupos en el octavo turno de elección, ya habían elegido medicina familiar y comunitaria 209 personas.

Las plazas que se demandan más rápido son las habituales de dermatología (140) y cirugía plástica (53), que se agotaron en el primer turno. Oftalmología adjudicó sus 229 plazas al tercero y endocrinología y nutrición, sus 115 al cuarto.

En cualquier caso, Rodríguez Ledo defiende que el examen MIR es distributivo. “Nos preocupa bastante poco el número, porque no sabe más el número 1 que el número 50”, aclara, “pero sí que haya gente que no opte al MIR como sistema para desempeñar su función como médico de familia”. “Es positivo que los compañeros que están siendo contratados sin título ocupen estas plazas, que les dan el marco y el amparo de un modelo que funciona”, reclama.

Entre los años 2021 y 2023, las plazas MIR desiertas en esta especialidad preocupaban a las administraciones y los profesionales sanitarios, pendientes de un relevo generacional que debería haberse ido produciendo, pero que se ha retrasado. En esos tres años, se perdieron 470 plazas acreditadas. La tendencia se ha revertido en los dos últimos procesos de elección, gracias a un cambio en el sistema, que eliminaba la nota de corte en el examen.

Si se echa la vista atrás, se aprecia un incremento notable en el número de plazas ofertadas, que proporcionalmente ha ido descendiendo respecto a las de hace 23 años, de un 31 a un 27%. Y, con vaivenes, se ve también que el número de personas que eligen la especialidad por debajo del número 4.000 ha descendido de los casi 500 en 2003 y 2004, a los 90 la semana pasada.

“El problema no está en la especialidad, sino en la cuestión laboral. Lo que está en crisis es la atención primaria”, señala Lema. Los profesionales de esa puerta de entrada al sistema sanitario llevan años denunciando una “presión asistencial brutal, falta de personal y poco acceso a realizar pruebas diagnósticas”, entre otras carencias, verbaliza este médico. Un análisis en el que coincide su colega Rodríguez Ledo: “Tal y como están las cosas en primaria, bastante vocación hay”.

Paliar estos problemas pasa también por una planificación a largo plazo. “En formar a un médico se tarda 11 o 12 años, por lo que no podemos tener una visión a cuatro años”, apunta el médico jubilado y coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, Vicente Matas, que elabora anualmente un informe sobre este asunto. Para el especialista, el aumento de plazas MIR para familia ha llegado “tarde”, lo que ha derivado en un “déficit muy importante y con muchas plazas sin cubrir”.

No es que el problema no se viera venir. En 2007, el propio Matas publicó un artículo en el que advertía que “dentro de unos 15 años llegarán a la edad de jubilación los médicos que terminaron a comienzos de los 80 unas promociones con cuatro o cinco veces más médicos” de las que había entonces en las facultades. “Debe tenerse en cuenta en la planificación de las necesidades futuras de profesionales”, apuntaba. Sin embargo, no hubo una apuesta decidida por aumentar el número de plazas MIR para esta especialidad hasta el curso 2018/19.

El 'Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035', del Ministerio de Sanidad, publicado en 2022, estimaba que 2027 sería el “punto de inflexión”, con un déficit global de 9.000 médicos, “sobre todo por la falta de médicos de medicina familiar y comunitaria”. “Empezamos a cubrir plazas, pero sigue habiendo un déficit importante, que dentro de cuatro o cinco años se equilibrará. Como no corrijamos errores del pasado, estaremos en el otro polo y empezarán a sobrar en unas especialidades y a hacer falta en otras”, advierte Rodríguez Ledo.

Desde las Sociedades médicas reclaman también una mayor presencia de esta especialidad en los planes de estudio. “No puede ser que se ofrezcan 2.500 plazas y muchas facultades no hayan tenido más de 15 días de contacto con Atención Primaria”, denuncia Lema. Por eso, trabajan con los decanos para incorporar la asignatura de forma transversal. María, que estudió en la Universidad de Navarra, sí la cursó, aunque en su caso el contacto con la profesión lo tuvo en casa: “Mi madre es médica de familia y me gusta la cercanía de la especialidad. Soy de un pueblo y estoy acostumbrada a este tipo de medicina”.

Matas insiste en mejorar las condiciones laborales, bajar las ratios de pacientes y mejorar las plantillas. Porque, apunta, la retención de talento no finaliza cuando los residentes llegan al centro de salud. “Necesitaremos tiempo y que las condiciones del ejercicio de la profesión, las retributivas y las cargas de trabajo mejoren, para que al terminar acepten los contratos que se les ofrecen y no se vayan a urgencias, a la privada, a Francia o a Alemania o a otros sitios donde se les valora más”.

Hace un siglo, una epidemia de gripe asolaba la localidad de Carcelén, amenazando la vida de una población que rozaba en su censo los 1.600 habitantes. Con el médico titular enfermo y el desconcierto llamando a la puerta, el destino de esta localidad de la Manchuela albaceteña cambió para siempre con la llegada de una mujer, la doctora Concha Criado, considerada la primera médica rural de España.

Para que Concepción Criado Máñez –nacida el 22 de enero de 1897 en Villanueva del Grao, en Valencia, e hija de los comerciantes de vino Indalecio y Concepción– escribiera a partir de 1926 esta importante página de la historia de la medicina española, se dieron una serie de circunstancias. La más important fue que la gripe se desbocara y que el médico titular cayera enfermo; pero también que su hermana, María del Olvido, ya ejerciera de maestra en Carcelén, y que Concha acudiera una temporada para hacerle compañía.

Debió ser su don de gentes o su exquisita educación –fue una destacada alumna, tanto cuando cursó Magisterio en la Escuela Normal de Valencia como cuando obtuvo la licenciatura de Medicina en la capital levantina, a los 26 años, con 21 sobresalientes y, de ellos, siete matrículas de honor–, pero el alcalde de Carcelén en aquellos tiempos, Esteban Sarría Gómez, decidió contar con la joven y prometedora doctora, quien además era oftalmóloga, especialidad que logró tras trasladarse a Madrid –donde pasó por la 'Residencia de Señoritas'– y a Burdeos.

Con sus títulos bajo el brazo, la doctora, armada de valor, vocación y paciencia, se presentó en Carcelén. “Vine, conseguí dominar la enfermedad y quedaron tan contentos que las autoridades, los vecinos, hasta el médico, que era un muchacho joven que quería irse, todo el mundo me pidió que aceptase la plaza titular. Y acepté”.

Así lo confesó en una entrevista que le dedicó Estampa, la revista gráfica dirigida por Luis Montiel en su edición de 26 de marzo de 1929, cuando Concha Criado ya llevaba tres años en el pueblo y era considerada una vecina más, una autoridad junto con el alcalde, el cura, el maestro y los representantes del orden.

No lo tuvo fácil porque “no todo el camino ha sido llano”

No lo tuvo fácil. Una mujer, en un pequeño pueblo, ejerciendo de médica. “No todo el camino ha sido llano. He tenido mis disgustillos, mis tropiezos. Me ha ocurrido, por ejemplo, que un compañero viejo y malhumorado se negara a celebrar consulta conmigo, o cosas que, si a mano viene, ni siquiera tienen bulto. Pero toparse con algún que otro antifeminista es lo de menos que le puede pasar a una. Ya se cuenta con eso cuando se pone uno a trabajar”, confesaba. Y es que, en una ocasión, tuvo que tirar de un colega, el médico de Pozo Lorente, José Albalat García, para la revisión de los quintos, los jóvenes que, al cumplir la mayoría de edad, pasaban a estar disponibles para hacer el servicio militar obligatorio.

Pero esas incomprensiones se vieron compensadas con otras muchas satisfacciones, como cuando el Ayuntamiento aceptó sus propuestas para arreglar las conducciones de agua potable, que eran muy defectuosas y antiguas, o para reformar la escuela, que carecía de ventilación y de luz adecuada. Ambas peticiones fueron llevadas a cabo, con lo que se estaban aplicando medidas preventivas para mejorar la calidad de vida, y con ello, la salud, de sus vecinos y vecinas.

La galena salía a la calle cargada con su maletín, que muchos confundían con un simple bolso. Visitaba a sus pacientes casa por casa para recetarles la pastilla de rigor o para auscultarles, y hasta para atender de correprisas un parto. Y era muy respetada y admirada por los carceleneros y carceleneras, en especial, por la chiquillería.

Además, no ponía inconveniente a la hora de subirse a lomos de una mula para visitar a un enfermo a una hora de camino. Así era Concha Criado, quien no descuidaba su especialidad, la de oftalmóloga, hasta tal punto que puso en marcha en el pueblo una clínica, un “gabinete dotado de aparatos científicos, los más modernos” y hasta de una “sala de operaciones”, rezaba la publicidad aparecida en la prensa local. De hecho, según ha recogido Rafael Romero Doñate, director de la revista Valencia Médica, se especializó en las operaciones de cataratas, lo cual se le agradeció sobremanera entre la ancianidad del pueblo y más allá.

Pionera también al volante

La mula en la que atendía alguna que otra urgencia dio paso con el tiempo a un automóvil, en concreto, un Renault Torpedo, puesto que también estuvo entre las pioneras a la hora de ponerse al volante. Según los documentos de la Jefatura de Obras Públicas de Albacete, ya tenía carné de conducir, el número 1845, en 1927.

Apenas ocho meses después de que Estampa la hiciera popular en toda España, Concha Criado abandonó Carcelén. Así lo publicó La Correspondencia de Valencia el 29 de octubre de 1929, cuando fue nombrada médica titular de Chirivella, “el primer caso en que recae un nombramiento de esta índole en persona del sexo femenino”, informó el periódico levantino.

Se da la circunstancia de que, con el tiempo, aquel médico que le echó una mano ante los reparos de los mozalbetes del pueblo para pasar la revisión previa a la mili, el doctor Albalat, terminó siendo su esposo. Cuando ya era titular de su plaza se casó en Buñol y tuvo dos hijas, una de ellas también médica, Concha Albalat Criado, especialista en medicina del trabajo y que fue directora de la Fundación Valenciana de estudios avanzados y promotora de los premios Rei Jaume I.

Pero el legado que dejó la doctora Criado en Carcelén y en toda la provincia fue mucho, tanto como su popularidad. Sus idas y venidas a Albacete, Madrid y otras ciudades eran contadas por los periódicos manchegos, así como su presencia en actos sociales y hasta en el entierro de Juan García Más, figura política y periodística clave en la provincia durante el primer cuarto del siglo XX.

Según ha narrado Rafael Romero Doñate, durante los oscuros años de la Guerra Civil la familia resistió en el municipio de Xirivella. Fue en ese complicado escenario donde se intentó trasladar a las hijas del matrimonio a Rusia, un destino habitual en la época para los conocidos niños de la guerra enviados al exilio. Aquel plan, no obstante, se frustró debido a la oposición de doña Concha, quien impidió que se llevaran a las niñas, protegiendo así el núcleo familiar en medio del conflicto provocado por el golpe de Estado franquista.

Tras el final de la Guerra Civil, el matrimonio se trasladó a Valencia. Allí, la doctora abrió su consulta de Oftalmología, donde ejerció de forma incansable hasta su jubilación. Pero, además, durante décadas, compaginó con maestría su propia práctica médica con la ayudantía quirúrgica de su esposo, quien fuera cirujano digestivo del Hospital General de Valencia y profesor de la Facultad de Medicina.

De aquella pionera a la medicina rural del siglo XXI

La doctora Criado falleció en Valencia en 1990, a los 93 años, aunque fue enterrada en Buñol. Hoy en día, un mural la recuerda en Carcelén, donde otra mujer, Pilar Hernández Cano, ejerce como médica rural. Licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), inició la residencia en Palma. Después colaboró con Médicos del Mundo en Bosnia para pasar a ejercer en Atención Primaria y en Urgencias Hospitalarias en Mallorca; posteriormente trabajó en el Centro de Salud Zona 4 de Albacete hasta que consiguió su plaza fija en Carcelén en mayo de 2009.

“Llegué por primera vez a Carcelén tras haber aprobado la oposición. Estuve allí hasta febrero de 2012. En ese momento decidí trabajar temporalmente en Albacete en un puesto de coordinación de la Gerencia de Atención Primaria hasta 2014, entonces, hasta 2018, regresé de nuevo a la atención médica en el Centro de Salud Zona 1 de Albacete”, explica quien ahora cumple ocho años en el consultorio de Carcelén, y hasta donde se traslada a diario desde Albacete de lunes a viernes.

Fue una iniciativa del Ayuntamiento de Carcelén, presidido entonces por María Dolores Gómez Piqueras, la que le permitió conocer la figura y la historia de doña Concha. “Hace unos años, en 2020, se decidió encargar un grafiti a Juanga Jerez, una imagen de gran tamaño de la doctora Criado en la parte posterior del consultorio antiguo del médico. Me pareció un detalle muy enriquecedor y una forma de indagar en la historia de esta figura femenina como una de las personas importantes que pasaron por aquí y que ayudaron a mejorar la situación de salud pública e individual de la población”, señala.

No obstante, más allá de ese mural, todavía hay vecinos y vecinas mayores que tienen un recuerdo, aunque leve, de una doctora “muy buena” de la que les hablaban sus padres, e incluso, “también la madre de una paciente me contó que su madre le hablaba de ella como una médica excepcional y muy buena persona que, además, la atendió en su parto”.

Reconoce las dificultades a las que se tuvo que enfrentar su homóloga. “Es una de las reflexiones más alucinantes que rondan por mi cabeza cuando pienso en ella y cómo tuvo que ser su ambiente de trabajo teniendo en cuenta los pocos recursos técnicos y humanos que había entonces”, afirma, mientras que reconoce que se la imagina caminando por las calles embarradas del pueblo en invierno, “dirigiéndose a los domicilios de los pacientes con dificultades para moverse, incluso en lugares inhóspitos fuera del pueblo, en burro a veces o en coche otras veces, con los escasos o nulos medios técnicos y farmacológicos que existían, aun no se había descubierto la penicilina, con los pocos avances existentes en materia de salud pública”.

Entonces no se trabajaba con enfermería. “La figura del practicante era un elemento independiente y eso debió ser otra dificultad añadida a las que tenemos ahora. Ahora trabajamos junto con enfermería y eso nos da un apoyo muy interesante en nuestro día a día”. Tampoco aquellos desplazamientos a lomos de una mula tienen que ver con los actuales, puesto que hoy incluso participa en traslados medicalizados en helicóptero cuando la situación lo requiere.

Estos detalles y toda la épica que rodea la carrera de la doctora Criado llevan a Pilar Hernández Cano a profesarle una gran admiración, “por su gran valentía, inteligencia y bondad, además de que al principio no debió ser muy bien recibida por el hecho de ser mujer por las connotaciones machistas de la época. Tuvo que ser muy duro, pero a la vez muy gratificante como persona y como mujer, hizo una gran labor en aquella época de epidemias de gripe y tifus”.

Al principio no debió ser muy bien recibida por el hecho de ser mujer por las connotaciones machistas de la época. Tuvo que ser muy duro, pero a la vez muy gratificante como persona y como mujer, hizo una gran labor en aquella época de epidemias de gripe y tifus

Pilar Hernández Cano — Médica de Atención Primaria en Carcelén

A este respecto, señala que una mujer ejerciera hace un siglo la medicina rural se lo imagina como una “historia real de ciencia ficción”.

Por un lado, asevera, desde el punto de vista del personaje de la mujer médica “con la valentía y la decisión que debía tener una mujer como ella, orgullosa, abriendo camino a las generaciones posteriores. Satisfecha de su vocación y su trabajo entregado a las gentes del lugar, pero también me la imagino con momentos de soledad y aislamiento al ser una minoría extrema sin redes de apoyo laboral donde refugiarse, me pregunto cómo gestionaría sus incertidumbres y sus errores cuando sabía que algún fallo sería usado como elemento de juicio contra ella por ser mujer. Incluso algunas mujeres debían dudar de su profesionalidad debido a que el machismo debía estar demasiado interiorizado en ellas, asociando la autoridad científica exclusivamente al género masculino”.

Ahora, los prejuicios hacia las mujeres como médicas en el medio rural “en general no los hay; de vez en cuando de forma puntual se ve algún paciente que no consulta por determinados temas más íntimos, pero cada vez se va normalizando más el hecho de que la mujer sea la médico”.

Si la gripe llevó a la doctora Criado a Carcelén, esa rutina clínica nada tiene que ver con la asistencia que se presenta en el consultorio médico en la actualidad. “Mi trabajo no es ni monótono ni aburrido; las patologías son múltiples y variadas en adultos, niños y ancianos. Pueden ser agudas o crónicas; aunque lo más habitual son enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, diabetes, dislipemias, obesidad, o tabaquismo”, a lo que hay que sumar otros muchos trastornos psiquiátricos, cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, digestivos, urinarios, hematológicos, infecciosos, osteomusculares, oftalmológicos, dermatológicos o alérgicos.

Esta diversidad de casos se complementa con programas de prevención y la gestión de tareas administrativas esenciales para el cuidado continuo. “Es una labor poco monótona y muy variada. Es lo que más me gusta de esta especialidad y sobre todo la relación que se establece con el paciente de respeto y confianza mutuas”, explica con contundencia la doctora Hernández Cano.

La percepción “errónea” del médico (o la médica) rural

Y es que el papel de médica rural es muy amplio. “Me consta que algunas personas tienen una percepción errónea sobre lo que realmente implica la labor médica en un entorno rural. ¡Muchos creen que solo hacemos recetas!”, añade, que va más allá y especifica, como defensora a ultranza de su labor, que se trata de una práctica integral que requiere habilidades clínicas profundas, capacidad de resolución inmediata y un conocimiento amplio del paciente en su contexto biopsicosocial.

“Somos quienes atendemos desde un resfriado hasta emergencias graves; quienes acompañamos en momentos clave de la vida, como el nacimiento o el final de la misma. En muchos casos, somos la primera y única línea de atención disponible, lo que nos obliga a tomar decisiones rápidas, muchas veces sin medios humanos ni técnicos y gestionando de forma prudente la incertidumbre”, reivindica.

Además, en el ámbito rural se construye una relación humana única con los pacientes y sus familias. “Conocemos no solo su historia clínica, sino también su entorno, sus preocupaciones, y las dinámicas que influyen en su salud. Esto nos permite ejercer una medicina más cercana, preventiva y humanista, que no siempre es posible en otros escenarios”, espeta, y concluye a este respecto afirmando: “Ser médica de familia en un entorno rural no es solo una profesión, es una vocación que exige dedicación, conocimientos sólidos y una entrega constante. Nuestra labor no se reduce a simples trámites; es el pilar fundamental que sostiene la salud de las comunidades más vulnerables. Y, aunque a veces no sea plenamente reconocido, quienes ejercemos esta labor sabemos con prudencia y humildad que nuestro trabajo cuenta en la vida de estas personas, con ello nos basta”.

Por otro lado, reconoce que, aunque la despoblación rural es un proceso social multifactorial, la presencia de profesionales de la medicina y la enfermería es muy importante para la tranquilidad de la sociedad, “pero junto con otros recursos, como colegios, potenciar el transporte público, mejorar las líneas de Internet para facilitar el teletrabajo, mantener las farmacias…”.

Afirma que, junto con la vocación, un profesional de la medicina sea en el medio rural o en el medio urbano, es una cualidad imprescindible, “pero también añadiría un requisito humano importante para nuestra profesión, la humildad, que más allá de una virtud, la considero una necesidad ética”.

El 'cuartel' para coordinar la medicina rural y la dificultad para cubrir plazas

Todos estos argumentos son los que maneja otra defensora a ultranza de la medicina rural, María Cruz Muñoz Sánchez, coordinadora de Equipo de Atención Primaria del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (Sescam) en Albacete, responsabilizándose de los equipos rurales y, además, médica titular de Robledo y Los Chospes, puesto que no ocupa en la actualidad.

En su despacho, en el centro de salud del barrio de Medicina, en la capital, y tras su mesa, una pizarra de color blanco muestra a golpe de vista un sinfín de nombres y pueblos escritos en colores azul y rojo. Ese es el 'cuartel' desde el que coordina la medicina rural de toda la provincia y más allá.

Y es que el servicio funciona por zonas básicas de salud, un total de 14, desde Alcaraz a Alcadozo, pasando por Bogarra, Casas de Juan Núñez, Chinchilla, La Roda, Madrigueras, Tarazona de la Mancha y Villamalea, en la provincia, además de otras tres en Cuenca, Casasimarro, Quintanar e Iniesta.

En esas localidades es donde se ubica el centro de salud de cabecera, que además es el Punto de Atención Continuada (PAC), que funciona 24 horas al día, 365 días al año. Además, cada zona dispone de diferentes consultorios; María Cruz Muñoz está pendiente de 93 consultorios.

Pues bien, en la zona que coordina la doctora Muñoz Sánchez ejercen 134 profesionales de la medicina, de los que el 59% son mujeres y el 41% hombres. “¡Cómo ha cambiado la historia desde los tiempos de la doctora Criado!”, afirma quien también reconoce la valentía y la vocación de esta mujer valenciana que aceptó ser la médica de Carcelén hace un siglo.

Reconoce que, como consecuencia de la falta de profesionales, no es fácil cubrir las plazas en el medio rural cuando un médico o una médica se jubila a pesar de que ahora existe un número inferior de tarjetas sanitarias y de la progresiva incorporación de médicos y médicas procedentes de otros países, “y de ahí que ahora resulte necesario unir varios pueblos”. Y se refiere en concreto al caso de Carcelén, que hace un siglo contaba con más de 1.500 habitantes “y ahora tiene asignadas 456 tarjetas sanitarias, es decir, pacientes”.

De ahí que puede darse el caso de que los médicos atiendan dos poblaciones cercanas en la misma mañana o se distribuyan por días; lunes, miércoles y viernes a una, y martes y jueves a la localidad de al lado. Es como los curas en los pueblos, que comparten varias parroquias.

En el caso de Carcelén, pertenece a la zona de Casas de Juan Núñez, junto con Villavaliente, Pozo Lorente, La Felipa, Jorquera y La Recueja. “Tratamos de que la organización sea eficiente para no perder tiempo y reducir al máximo el riesgo en la carretera”.

Hay mucha gente mayor que vive sola, son personas que no están para vivir solas, pero quieren seguir en el pueblo, y ahí nos coordinamos con trabajadores sociales, y además, tratamos mucho la salud mental, la ansiedad, la depresión

María Cruz Muñoz Sánchez — Coordinadora del Equipo de Atención Primaria en la provincia de Albacete

Reconoce la doctora Muñoz Sánchez que más allá de todo tipo de enfermedades, el papel de la medicina rural trabaja ampliamente el ambiente social. “Hay mucha gente mayor que vive sola, son personas que no están para vivir solas, pero quieren seguir en el pueblo, y ahí nos coordinamos con trabajadores sociales, y además, tratamos mucho la salud mental, la ansiedad, la depresión”.

En cuanto al trato, y como le sucedía a la doctora Criado en los lejanos años 20 del pasado siglo, en el medio rural se da un trato más cercano. “Conoces a la familia y al entorno, hay una confianza estrecha; el consultorio se convierte en el centro social del pueblo, junto con la tienda y el bar; de ahí que, a veces, los alcaldes protesten si el médico falta, porque el consultorio abierto es un aliciente contra la despoblación, incluso la sala de espera sirve para relacionarse socialmente”.

Aunque ya no tiene la autoridad que la propia población otrora les concedía a los médicos, “es indudable que los y las profesionales de la medicina nos sentimos más valorados en el medio rural. Por mi experiencia, en la ciudad a veces te sientes un administrativo, despachando volantes para especialistas; en el pueblo confían en tu criterio, me ha pasado mandar a alguien al cardiólogo y que el paciente vuelva diciendo que hasta que yo no lo viera no se tomaba el tratamiento que le habían puesto y, además, seguimos haciendo muchos domicilios, ver cómo vive el paciente te da una información sanitaria muy valiosa”, asegura María Cruz Muñoz.

¿Y ser mujer y médica rural? Reconoce la coordinadora de la medicina rural albaceteña que “Concha Criado fue una pionera y una valiente al introducirse en un mundo de hombres. Tuvo problemas con colegas hombres, pero eso ya está superado. Yo empecé en 2011 y aunque al principio, siendo joven, algún paciente mayor me decía Niña, ¿cuándo viene el médico?, ahora ya no sucede”. Responsabilidad y compromiso fueron las cualidades de la doctora Criado, “unas cualidades que creo que deben repetirse en la actualidad en este trabajo, junto con la empatía, la humildad y los valores personales”.

A pesar del sobreesfuerzo que supone la práctica de la medicina rural, del sacrificio a la hora de la conciliación familiar y de los cientos de kilómetros que recorren cada semana, María Cruz Muñoz está convencida de que cualquier profesional de la medicina debería pasar por el medio rural. “Normalmente la gente que empieza en el medio rural quiere quedarse, en mi caso, ahora estoy en este puesto de gestión, pero tengo mi plaza en Robledo y Los Chospes, aunque por mis circunstancias, realizo guardias en Bogarra; yo ya podría haber movido mi plaza para acercarme, pero no lo he hecho”, prueba irrefutable de que ser médico o médica de pueblo engancha.

Destaca a grandes profesionales de la medicina rural, como los ya jubilados Antonio Divisón Garrote, que fue casi medio siglo prestando servicio en Fuentealbilla, o Antonio González Cabrera, ahora jubilado pero con cuatro décadas en San Pedro, y subraya la dureza de las urgencias, el reto de la conciliación y, sobre todo, la crisis de la Covid–19.

Queda claro. La historia de la medicina rural también es la historia de la valentía femenina. Y es que, un siglo después de la llegada de Concha Criado a Carcelén, una mayoría de mujeres continúa recorriendo carreteras, pueblos y consultorios para sostener la sanidad en la provincia vaciada. Se ha pasado de los caminos embarrados y las visitas a lomos de una mula a los traslados medicalizados en ambulancia o en helicóptero. Pero la vocación y el compromiso es idéntico.

Como dejó escrito la médica Elizabeth Blackwell, primera mujer en obtener el título en Estados Unidos, “si la sociedad no reconoce la libertad de la mujer, no puede progresar”.

Aragón ha completado ya las 271 plazas MIR ofertadas para la convocatoria de 2026, incluidas las de Medicina Familiar y Comunitaria, que un año más han sido las últimas en adjudicarse dentro del proceso ordinario. Las dos únicas vacantes que seguían libres al cierre del martes correspondían a los sectores sanitarios de Alcañiz y Calatayud. Ambas se han cubierto durante la mañana de este miércoles y la última en elegirse ha sido la de Calatayud, adjudicada poco después de las 10:20.

La Comunidad había aumentado este año su oferta de formación sanitaria especializada y Medicina Familiar concentraba buena parte de las plazas, con 84 puestos disponibles, dos más que en la convocatoria anterior. Precisamente esta especialidad ha vuelto a marcar el ritmo final de la adjudicación, después de varios días en los que todavía quedaban vacantes en distintos sectores sanitarios.

En la recta final del proceso, sin embargo, las plazas comenzaron a elegirse con más rapidez. Durante la jornada del martes terminaron de completarse destinos como Barbastro y Teruel, quedando únicamente pendientes Alcañiz y Calatayud hasta primera hora de este miércoles.

La cobertura total de las plazas supone una buena noticia para el sistema sanitario aragonés, especialmente en atención primaria y en zonas con mayores dificultades para atraer profesionales. La falta de médicos de familia, sobre todo en entornos rurales, sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sanidad pública.

Más allá de Medicina Familiar, otras especialidades agotaron sus plazas mucho antes. Entre las más demandadas volvieron a situarse Dermatología, Cardiología, Oftalmología o Cirugía Plástica. También ha sido una de las novedades de esta convocatoria la incorporación de Medicina de Urgencias y Emergencias como nueva especialidad MIR. Aragón ofertaba tres plazas y todas quedaron cubiertas la pasada semana.

Con la adjudicación prácticamente cerrada, los futuros residentes deberán contactar ahora con sus unidades docentes para realizar el reconocimiento médico previo a la incorporación. La toma de posesión está prevista para los días 4 y 5 de junio y el inicio oficial de la residencia será el 5 de junio en toda España. En caso de que se produzcan renuncias o haya adjudicatarios que finalmente no se incorporen, el Ministerio podría abrir más adelante un proceso extraordinario para volver a ofertar esas plazas vacantes.

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha activado un plan de contingencia temporal en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado con el objetivo de garantizar en todo momento la continuidad asistencial y la adecuada atención a los pacientes.

La adopción de estas medidas responde a la acumulación de bajas registradas entre facultativos del Servicio de Urgencias durante los últimos días, y coincide además con la celebración en la ciudad de las Fiestas de San Isidro, que visita un elevado número de personas.

La situación que ha obligado a reorganizar de manera temporal la actividad asistencial ante la proximidad, precisamente, de este periodo festivo. Fuentes sindicales consultadas apuntan a que habría hasta nueve facultativos de baja laboral, un tercio del total, y el SESCAM confirma el dato. La plantilla de este servicio ronda la treintena.

Para asegurar la atención sanitaria, la Gerencia ha puesto en marcha distintas medidas organizativas coordinadas con la Dirección General de Asistencia Sanitaria, la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) y otros dispositivos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Se han reorganizado recursos de Primaria para apoyar al hospital

Entre las actuaciones adoptadas se encuentra el refuerzo de la atención urgente desde distintos servicios hospitalarios con actividad continuada, así como la reorganización de recursos asistenciales de Atención Primaria para apoyar la actividad del Servicio de Urgencias Hospitalarias.

Asimismo, y siempre bajo criterio clínico y coordinación de los profesionales de emergencias, determinados casos procedentes de zonas limítrofes podrán ser derivados puntualmente a otros centros hospitalarios de la red pública sanitaria regional.

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera quiere trasladar un mensaje de “tranquilidad” a la ciudadanía y agradecer “el esfuerzo, compromiso y colaboración de todos los profesionales que están contribuyendo a mantener la actividad asistencial y la atención sanitaria durante estos días”.

La situación será evaluada de manera permanente con el fin de adaptar las medidas organizativas en función de las necesidades asistenciales y garantizar la mejor atención posible a los pacientes.

El mismo día en que ha nacido un nuevo colectivo en Cantabria para “concienciar a la sociedad urbana y rural del retroceso que está sufriendo” que está sufriendo la atención sanitaria, ha arrancado un congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), en el Seminario Mayor de Comillas.

El sexto congreso de Medicina Rural, junto con las octavas Jornadas Interautonómicas de Asturias, Cantabria y Castilla y León, se ha presentado este jueves en un “momento crítico” para la medicina rural. El presidente de Semergen, José Polo, ha defendido que hablar de medicina rural “es hablar de equidad real, de cercanía auténtica y de un compromiso inquebrantable con los pacientes, independientemente de dónde vivan”.

Además, ha subrayado que “reforzar la Atención Primaria no es una opción”, sino “una obligación urgente si queremos sostener el sistema sanitario”, ha dicho Polo, cuya sociedad demanda un estatuto médico propio, frente al estatuto marco que defienden otros profesionales para toda la profesión.

El Congreso, que se prolongará este viernes y sábado, abordará cuestiones de la atención sanitaria en entornos rurales, como el déficit de profesionales, la transición demográfica, la limitación de recursos o las dificultades de cobertura, como ha sucedido en Cantabria en el caso de la pediatra de Potes, donde el consejero de Salud, César Pascual, cuestionó que se mantuvieran las protestas sociales, aunque la cobertura estaba limitada a cuatro días a la semana.

En este sentido, el presidente del comité organizador del evento y de Semergen Cantabria, Javier Bustamante, ha señalado que los profesionales que trabajan en el medio rural viven cada día “situaciones de alta exigencia, con menor apoyo estructural y en entornos de gran dispersión geográfica”, ha señalado el portavoz en Cantabria, donde la contratación de seguros privados de salud se ha multiplicado por tres en los últimos años, en paralelo al deterioro de la calidad de la sanidad pública que tiene dificultades para cubrir plazas de médicos en atención primaria y acumula listas de espera.

Tras arrancar este jueves con varios cursos, la inauguración será este viernes a las 12.30 horas, y contará con la asistencia del consejero de Salud, César Pascual, y la alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda.

Las últimas tormentas han provocado inundaciones en el centro de salud de Alberite. Una situación que acrecienta el ya “lamentable estado”, según ha denunciado SATSE, de este centro de salud y que ya está teniendo consecuencias. El pasado fin de semana una enfermera sufrió un accidente laboral al caerse y tuvo que ser reemplazada en mitad de la guardia por otra compañera. 

El centro de salud de Alberite es además un Punto de Atención Continuada que atiende a la población de la zona las 24 horas del día. “Es inadmisible que nadie ponga solución a un problema que cada año que pasa va a peor”, señala Patricia Mogena, secretaria autonómica de SATSE, que subraya además “que las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para prestar una atención de calidad a la población y ponen en riesgo la salud de profesionales y usuarios”. 

“Goteras e inundaciones cada vez que llueve, humedades y filtraciones, puertas que no cierran, baños no adaptados…”, relata SATSE de las deficiencias que urge solucionar. En este sentido, el sindicato reclama que tanto el Ayuntamiento de Alberite como el Gobierno de La Rioja se unan para paliar este problema mientras no se ponga en marcha el nuevo centro de salud tantas veces prometido y que no termina de ver la luz. 

Ni los fondos que destina la Xunta a la atención primaria son suficientes ni ha puesto remedio al problema de la falta de personal o de la temporalidad ni ha conseguido que la demora para ir al médico de familia sea de menos de 48 horas. El Consello de Contas confirma que esta área de la sanidad se ha deteriorado drásticamente: recibe el 12% del gasto sanitario, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda más del doble -un 25%-; solo la Comunidad de Madrid le destina menos; el 40% de los ayuntamientos no tienen pediatra y otro 30% lo comparte con otros territorios; el 28% de las plazas están vacantes y las demoras para ver al médico de familia se han incrementado. El informe analiza estos datos de espera solo en las áreas sanitarias de Pontevedra y Ferrol, pero recalca que los pacientes tienen que aguardar más de cinco días en el 39% de los casos en Pontevedra y en el 30% de las ocasiones en Ferrol.

El análisis de Contas -el ente que fiscaliza a las administraciones públicas en Galicia- llega en medio de protestas nunca desactivadas por la situación de la sanidad pública, en una jornada de huelga convocada por el sindicato CIG, cuando la Xunta anuncia una reforma de la atención primaria y con el debate abierto por el plan para limitar las bajas laborales. En este contexto, el informe hace una fotografía de la situación y señala que ese 12% del gasto destinado a primaria está por debajo también de la media estatal, que es del 14%

El documento añade que hubo, entre 2013 y 2023, una disminución de la población gallega y, a la vez, un envejecimiento, de modo que los mayores de 85 años aumentaron un 32%. Estos cambios, sumados a la dispersión de la población, “inciden directamente en las necesidades de la asistencia en atención primaria”. Pese a ello, el incremento en el gasto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) -que fue del 27,5% entre 2019 y 2023- se dirigió sobre todo a atención hospitalaria y gasto farmacéutico. Para las consultas especializadas se destinó el 62% del gasto sanitario.

El análisis se refiere también al equipo humano en atención primaria, en donde están vacantes el 28% de las plazas. La falta de profesionales es, añade, “uno de los principales problemas estructurales”, reconocido por la propia Xunta. La cuestión se agudiza en medicina de familia y pediatría, recalca Contas, que indica que hay 120 ayuntamientos gallegos (el 40% del total) en los que los niños no tienen un especialista propio que los atienda y otros 96 en los que comparten pediatra, según los datos actualizados en octubre de 2025. En estos casos, los menores son derivados al médico de primaria, pero se pone de manifiesto “una cobertura insuficiente y desigual, especialmente en las zonas rurales”.

El personal sanitario tenía una tasa de temporalidad del 28%, según datos de principios de 2023. Hay una reducción tras la convocatoria de 468 plazas lanzada ese año, pero sigue sin alcanzarse el objetivo de que esa tasa se sitúe por debajo del 8% en todas las categorías profesionales.

Los documentos publicados este jueves son varios y se refieren, además de a la atención primaria y al Sergas, a las cuentas generales de la Xunta de Galicia en 2024 y al sector instrumental, es decir, entes que dependen de la administración autonómica o empresas en las que tiene una participación mayoritaria. Sobre estos puntos, Contas pone varios reparos. Señala que el Gobierno gallego incumplió la regla de gasto -que se determina cuánto puede aumentar el gasto de una administración teniendo en cuenta sus ingresos-, con un aumento del 9,1%, por encima de la media de las comunidades autónomas, que fue del 7% y del 2,6% que se había marcado.

Contratos sin concurrencia competitiva

El Consello de Contas señala que las rebajas fiscales aplicadas se incrementaron un 15,9% y representan 686 millones de euros que se dejan de recaudar. Estos beneficios fiscales, añade, equivalen al 0,66% del producto interior bruto (PIB) gallego, mientras que las normas que implican subir impuestos equivalen a solo el 0,27% del PIB.

El ente fiscalizador vuelve a poner el foco en la contratación, en la que el 42% del gasto -2.941 millones de euros- se tramita con procedimientos sin concurrencia competitiva entre varios candidatos. También afea que haya gastos corrientes registrados incorrectamente como inversiones, lo que “contribuye a proporcionar una imagen sobredimensionada del esfuerzo inversor de la administración”. Entre las partidas que no se pueden considerar inversiones cita las destinadas a la defensa contra incendios, la publicidad realizada en medios de comunicación y el contrato de seguimiento y gestión del plan de transporte público. Esta cuestión, recuerda Contas, se pone de manifiesto año tras año en sus controles.

Otra de las críticas se refiere a la falta de transparencia sobre entidades como la empresa público-privada Impulsa Galicia (disuelta en 2025 y a través de la que se promovió el proyecto de Altri y mediante la que se firmó un memorándum de entendimiento secreto con la empresa portuguesa) o la sociedad Recursos de Galicia. Contas señala que no se ha aprobado un marco normativo que aumente el nivel de supervisión sobre las mismas.

La Generalitat de Catalunya da marcha atrás y retirará los polémicos incentivos económicos a los centros de atención primaria (CAP) para que los médicos acortaran las bajas laborales, una medida que había encendido a los socios de izquierdas del Govern en el Parlament y a los colectivos sanitarios.

Tal y como ha adelantado El País y han confirmado fuentes de la conselleria de Salud a ElDiario.es, el departamento formalizará en los próximos días los recursos que recibe cada ambulatorio sin que se incluyan las pruebas voluntarias que iban a comportar incentivos para los centros que acortaran la duración de las bajas resolviendo más rápidamente el diagnóstico de los pacientes.

La conselleria ya había empezado a informar a los CAP de este escenario, ahora rectificado, en el que centro iba a mantener su presupuesto y, en todo caso, recibiría un suplemento del 5% si se alcanzaban los objetivos fijados.

Aunque el Govern había defendido que las incapacidades temporales se concederían siempre bajo criterio médico, el plan de incentivos económicos había encendido las alarmas de las formaciones socias del Ejecutivo en el Parlament, así como de los sindicatos de médicos.

ERC y los Comuns se habían mostrado muy beligerantes contra la medida. En un debate en el Parlament el pasado marzo, el portavoz de los Comuns, David Cid, advirtió de que el voto de su grupo a los presupuestos de la Generalitat para 2026 dependería de que el Govern no condicionara las bajas a criterios económicos.

Por su lado, la portavoz de ERC, Capella consideró una “mala praxis” el hecho de “incentivar” que los médicos diesen altas a los trabajadores “antes de hora”, aunque se mostró convencida de que el Ejecutivo acabaría retirando el plan.

La medida también había generado críticas entre los sanitarios. “Usar criterios estadísticos para calcular los días que debe durar una baja es simplista y deja de lado nuestra responsabilidad como facultativos”, señaló Mireia Prat, presidenta de Atención Primaria de Metges de Catalunya. La sanitaria también alertó que el plan podía contravenir el código deontológico y dañar la confianza entre médico y paciente.  

El alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández (PRC), ha exigido “soluciones urgentes” al consejero de Salud, César Pascual (PP), ante la falta de médicos en los consultorios de Liaño y La Concha, que ha provocado la llegada de “un aluvión de quejas vecinales” al Ayuntamiento.

En un escrito remitido al consejero, Fernández ha detallado que el consultorio de Liaño lleva más de 20 días sin médico y está asistido únicamente por una enfermera, mientras que La Concha sufre la misma situación desde hace una semana.

“Son cerca de 4.000 vecinos de Liaño, La Concha, Villanueva y Obregón los que se encuentran en este momento sin una atención médica adecuada”, ha lamentado el regidor en una nota de prensa.

Asimismo, ha advertido de las dificultades de la población de Villaescusa para acceder a una cita médica, tanto por vía telefónica como a través de la aplicación del Servicio Cántabro de Salud.

Para el alcalde, esta situación resulta “inconcebible” en pleno siglo XXI y supone “una auténtica barrera a la hora de acceder al servicio médico” para muchos vecinos de un municipio que también soporta un servicio de transporte público “muy deficiente” en la conexión con Astillero.

“Hay mucha gente mayor y con movilidad reducida que se ve obligada a pedir favores a familiares y amigos para llegar al servicio médico más cercano”, ha lamentado.

Fernández ha denunciado también el “incumplimiento” del compromiso asumido por el Servicio Cántabro de Salud para advertir a los usuarios de las ausencias de los médicos en los consultorios, una responsabilidad que “se ve obligado a asumir el Ayuntamiento, pese a no tener ninguna competencia en la materia”.

Por ello, en el escrito remitido al consejero de Salud, el alcalde de Villaescusa urge una solución para “normalizar la atención médica en ambos consultorios y garantizar una atención sanitaria adecuada en el municipio”.

Memorias de un médico rural en un pequeño pueblo de Albacete durante medio siglo. Una reflexión narrativa sobre la realidad de los pueblos vacíos, la labor sanitaria y la importancia de la empatía y el cuidado comunitario.

El médico que llegó del sur (Almud Ediciones, 2026) es todo eso y mucho más. En algo más de un centenar de breves capítulos- fragmentos de la memoria- Antonio González Cabrera (El Carpio. Córdoba, 1955) hilvana su trayectoria personal y profesional con el devenir de España desde la Transición hasta nuestros días, en un pueblo con nombre ficticio que es, en realidad, San Pedro, en Albacete.

“Estas memorias son el grito de los pueblos que pierden pulso y memoria”. Es un texto híbrido que navega entre la autobiografía, la crónica política, la historia sanitaria y el memorial rural, escriben Concha Vázquez Sánchez, profesora de Literatura, y Juan Sisinio Pérez Garzón, profesor de Historia y exconsejero de Educación en Castilla-La Mancha, en el prólogo.

Ellos lo definen como un “ejercicio de responsabilidad moral con las gentes con las que se han compartido esperanzas y angustias, conflictos y acuerdos”. Es, añaden, “el latido humanista de un médico y un político comprometido con una España rural”.

Escribir su historia se lo sugirió un amigo coincidiendo con su jubilación, a los 70 años y porque no le quedó otra. Había pasado décadas en el consultorio y durante 24 años lo compaginó con labores en el ayuntamiento donde fue alcalde entre 1991 y 2007. “El último día se presentaron en la puerta unas 300 personas a decirme adiós”, recuerda emocionado. Muchas de ellas aparecen reflejadas en un libro que relata desde la llegada de la primera Ley de Sanidad (1986) aprobada por el ministerio de Ernest Lluch, durante el gobierno de Felipe González, para sustituir a un sistema de “igualas médicas”- una especie de contrato informal entre el médico y los pacientes, “sin tinta ni firma”-, por el que una familia pagaba una pequeña cuota mensual al médico y al practicante (enfermero) para garantizar una asistencia sanitaria básica a domicilio.

Con la democracia y el primer gobierno socialista se implantó el concepto de sanidad pública universal y gratuita y el Estado asumió la protección de la salud de todas las personas de cualquier clase y condición. Poco antes de eso Antonio González Cabrera llegó hasta San Pedro por casualidad. “Era jugador de rugby y vine para ver si jugaba en el Valencia, pero allí no había posibilidad de trabajar como médico así que me planteé colegiarme en alguna provincia limítrofe”.

Lo hizo en Albacete en octubre de 1979 y ha terminado jubilándose en San Pedro, el pueblo en el que ha desarrollado toda su carrera médica. Claro que antes, mientras estudiaba Medicina, ejerció como celador en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y después fue enfermero en la población de Iznájar. De ahí, se marchó a la ‘mili’ y terminó recalando en Albacete para trabajar en la sanidad rural.

“Al llegar tuve la sensación de estar entrando en un sitio donde el tiempo aún dormía la siesta desde 1955”. Era el mes de enero de 1980. Allí, cuenta el libro, el joven doctor se encontró en una sala donde no había ni fonendoscopio, ni tensiómetro, ni ningún otro instrumental médico profesional. Lo único que halló sobre la mesa de madera fue un bolígrafo BIC azul y todo lo que el consultorio tenía era un infernillo colocado en el poyete de la ventana y unas jeringas y agujas de diversos tamaños y calibres que usaba el practicante (nuestro enfermero o enfermera de hoy).

Este doctor especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en el estudio de la Diabetes Tipo 2 pasó de mejorar “algunas cosas en el consultorio” a intentar transformar el pueblo que le acogió, pero desde el ámbito político. “No teníamos de nada: el alumbrado público era de pena, muchas calles no estaban asfaltadas y había despoblamiento. El pueblo llegó a tener 3.000 habitantes, pero cuando llegué no llegaba a los 1.500”.

No fue fácil intentar cambiar las costumbres arraigadas, a veces impuestas por “las fuerzas vivas” locales. Ni siquiera era común, cuenta, “que el médico no estuviera en el club de toda la vida: el cura, el cabo [de la Guardia Civil] y el alcalde”.

Antonio González Cabrera procedía del Sindicato de Estudiantes, se había fajado en las luchas estudiantiles entre el final del franquismo y el inicio de la Transición. “Yo allí no pegaba mucho, pero pensé que ellos tampoco, así que llegué a la Alcaldía donde cambié todo lo que pude: mi pueblo tiene ahora piscina, centro de día, biblioteca, casa de cultura y hasta plaza de toros que se utiliza para eventos deportivos”.

Para ser alcalde se comió “muchos marrones” porque no se lo pusieron fácil. “Sufrí desde amenazas de muerte hasta que entraran el consultorio e hicieran pintadas”, rememora, pero se muestra orgulloso de su trayectoria en la “España profunda de aquellos años” porque nunca ha tirado la toalla, ni en lo sanitario ni en lo político. “Esto no va de quién es el más rápido, sino de quién es el que más aguanta. Cuando he necesitado una cosa para mi pueblo, he machacado hasta que alguien se ha rendido. Como alcalde de pueblo pequeño es una técnica que nunca falla. Aunque sea para que no vayas más a pedir”.

Yo allí no pegaba mucho, pero pensé que ellos [las fuerzas vivas herencia del franquismo] tampoco, así que llegué a la Alcaldía donde cambié todo lo que pude: mi pueblo tiene ahora piscina, centro de día, biblioteca, casa de cultura y hasta plaza de toros que se utiliza para eventos deportivos

Su trayectoria vital y profesional marca el ritmo del libro que es, además, un recorrido por la historia de España (y de la medicina) desde la Transición hasta nuestros días, y cómo lo vivieron en un pequeño pueblo. Algunos episodios quedaron muy marcados en su memoria. Desde el intento de golpe de Estado en 1981 - con horas angustiosas, recuerda, al expresar que “nunca es un país tan frágil como cuando se olvida del precio que le costó su libertad”-, el Mundial de Fútbol de 1982 en España, la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en agosto de ese mismo año, el ingreso en la OTAN, el terrorismo de ETA, la llegada del AVE... Después, la crisis financiera de 2008 o los desafíos en la Sanidad pública por los recortes en 2012, la pandemia de la COVID-19 o la actual polarización social y política. Y todo eso combinado con cientos de historias humanas en el consultorio y con la gestión de un ayuntamiento.

El doctor habla con pasión de la medicina rural para la que reclama ciertos aspectos “imprescindibles”. Defiende la cercanía con los pacientes y la “longitudinalidad” en la asistencia porque el cambio constante de médico, cuenta durante la conversación, “es negativo no solo para el paciente sino para el sistema sanitario y no sabes la de tiempo que ahorra saber quién entra por la puerta y de qué pie cojea”. Muchos de los pacientes de Antonio lo fueron desde niños. “En el medio rural español, los médicos de familia hemos tenido que asumir tradicionalmente la asistencia pediátrica”, escribe en el libro.

Cree que la Atención Primaria en el medio rural es aquella que “permite contar al paciente cosas que no son solo de medicina orgánica”. Él es un gran conversador, pero sobre todo escuchó a quienes pasaron por su despacho durante décadas. “Un buen tanto por ciento de las patologías son consecuencia de la soledad de mucha gente”. La Medicina va más allá de la ciencia e implica empatía y acompañamiento humano.

Los médicos rurales son quienes tienen que defender la sanidad pública a vida o muerte porque ¿quién va a ir allí a prestarte servicios que no son rentables? Nadie

Los médicos rurales pasaron del rol paternalista a ser parte activa del tejido social, por eso resalta la importancia de “acompañar en los silencios” tras una pérdida. “Lo que hay que hacer es sentarse a su lado, sin hablar, porque… ¿qué vas a decir? Y acompañar en las situaciones de miedo ante enfermedades como el cáncer. Muchas veces he tirado de teléfono para que mis pacientes no tuvieran que pasar 15 días con el volante ‘acojonaos’ y se les atendiera. Esa es una labor que tenía que hacer”.

Después, subraya, esos mismos médicos rurales “son quienes tienen que defender la sanidad pública a vida o muerte porque ¿quién va a ir allí a prestarte servicios que no son rentables? Nadie. A los pueblos pequeños internet llega lo último. Todavía los hay sin cobertura móvil. Seamos claros, no hay negocio”.

En su opinión, “la defensa de la sanidad pública es también la defensa de la dignidad de los ciudadanos rurales. Esa ha sido mi pelea eterna desde que estoy en esto”. Las historias médicas y las circunstancias de las personas que atendió le dejaron huella. “Hay quien vino a decirme que quería abortar, que sufría malos tratos, que quería adelgazar o que era víctima de acoso”.

“Si se pudiera teletrabajar, habría muy poca gente en las ciudades”

El libro de Antonio González Cabrera tiene mucho de homenaje a aquellos municipios a los que enmudeció el despoblamiento. De hecho, el texto arranca con un poema dedicado a los pueblos vacíos y el autor les confiesa su “amor” porque “aunque vaciados, permanecen llenos de sentido para quienes no hemos olvidado qué significa la pertenencia”.

La España Vaciada no le es desconocida a quien, además de alcalde, fue diputado provincial y presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (también lo fue de su homóloga europea). Hoy se muestra escéptico con las medidas para evitar la despoblación que no tengan que ver con “poner trabajo, educación y sanidad para mantener vivos los pueblos”.

Lo dice porque lo intentó. “Pusimos en marcha proyectos de repoblación. La gente se fue a vivir a los pueblos y a los cinco años se marchó por la falta de servicios. Era el mismo problema por el que los oriundos se habían ido antes”. Conoce bien la situación porque San Pedro llegó a tener 3.000 habitantes y hoy no llega a los 1.200.

No puedes hacer una casa de cultura para 400 personas en un pueblo de 60 habitantes y aquí en Castilla-La Mancha encontramos unas cuantas. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para el baile en verano? Con una carpa sale más barato

González Cabrera también estuvo al frente del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y fue vicepresidente de la desaparecida Asociación de Centros de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (CEDERCAM). Cuando le preguntamos por las políticas para frenar la despoblación en Castilla-La Mancha insiste en que lo primero es apostar por los servicios esenciales y también por el transporte público. “No puedes hacer una casa de cultura para 400 personas en un pueblo de 60 habitantes y aquí en Castilla-La Mancha encontramos unas cuantas. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para el baile en verano? Con una carpa sale más barato”. Se trata, dice, de “priorizar”.

Ve en el servicio de ayuda a domicilio para los mayores o en la acción de reconocer la Dependencia a quienes viven en el medio rural como una forma de generar empleo y, sin embargo, critica que se esté siendo “cicatero” en cuestiones como estas. “En algunos casos la despoblación se ha revertido, no porque hayamos hecho el mundo rural más atractivo, sino porque en el mundo urbano no se puede vivir, así que te vas donde puedas comprar una casa y vivir tranquilo. Si se pudiera teletrabajar, habría muy poca gente en las grandes ciudades”.

Las reivindicaciones médicas

Hace casi seis años que recibió el Premio de Política, Economía y Ciencias Sociales que otorga la Fundación de Estudios Rurales de la Unión de Pequeños Agricultores de España por ser un “luchador incansable por la sanidad pública rural”, y muy especialmente, de la Atención Primaria.

Le preguntamos por las reivindicaciones de sus colegas médicos que reclaman un Estatuto Marco. Él responde con otra pregunta: “¿Por qué es más importante que los médicos tengan un Estatuto frente al hecho de que lo tengan los enfermeros, los celadores y hasta los auxiliares de clínica?”. No rechaza la reivindicación, pero introduce matices. “Un Estatuto Marco específico los médicos me suena a tener mi parcelica de poder y dependiendo del gobierno que haya, me peleo más o menos. Es mi sensación”.

Por eso apuesta por “recoger todas las reivindicaciones de los sanitarios dentro de un marco general del sistema asistencial. Si nos dividimos, morimos todos”. Y aquí entra también la atención en los pueblos. “Tienen que recoger las reivindicaciones de lo rural. No es lo mismo ser médico a 30 kilómetros de Albacete que a 150 kilómetros. ¿Cuánto vale la dispersión poblacional? ¿Cómo se aborda la conciliación familiar de los profesionales? ¿Y los servicios?”, se pregunta.

Sobre la carrera profesional que reclaman los sanitarios en la comunidad autónoma dice no entender la postura del Gobierno de Emiliano García-Page después de una década al frente de la Presidencia regional. “Ya son ganas de tener al sector sanitario en pie de guerra. Es la única comunidad autónoma sin la carrera profesional sanitaria. A mí no me afecta, yo saqué el grado 4, pero es un agravio comparativo”.

Recuerda cómo durante su primer mes en el consultorio los pacientes le recibieron con víveres. “Me traían a veces tomates, otras, habas o pepinos, una me llevo una empanada, otra hasta me tejió una bufanda porque un día que fue me vio con frío”. Una situación muy alejada de algo que nunca ha vivido en carnes propias: las agresiones en el ámbito sanitario. Él cree que “la tranquilidad y la paciencia” del profesional pueden prevenirlas, e incluso evitarlas en muchos casos, aunque reconoce que “no hay una varita mágica” para el problema.

González Cabrera ha querido también dejar un guiño en el libro a la figura de los visitadores médicos para dejar caer la falta de interés de la administración pública por reciclar a sus médicos rurales. “Más allá de las cuatro iniciativas que llegan de lo público, la formación que recibimos depende en buena medida de los laboratorios. Acaban condicionando nuestra prescripción de medicamentos, sí. Ellos llevan su liebre, sí, pero mantenerte actualizado muchas veces depende de eso”.

Hace unas semanas presentó el libro en su pueblo y el próximo 29 de abril lo hará en la Librería Popular de Albacete. No es un epílogo porque sigue escribiendo, aunque el libro sí tenga un cierre claro en el que expresa sus preocupaciones. “¿Cómo podíamos imaginar que alguien iba a ir con una gorra de beisbol a un entierro de soldados? ¿Y un presidente con una motosierra? Esto no es normal”.

La publicación es también una reflexión sobre la desigualdad, la pérdida de libertad y la crisis del sistema democrático y social en el contexto actual. No es de los que creen que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero reconoce la “impotencia” ante lo que considera una evidencia: “La libertad ya no es un derecho sino un artículo de lujo, con propietario registrado y etiqueta dorada” y lamenta que en su nombre se cometan tropelías. “La receta del momento viene servida en tres tiempos: victimismo de aperitivo, bulo como plato fuerte y censura de postre, todo adornado con un envoltorio rutilante al que se bautiza cómo libertad”. Su filosofía es bien distinta: “Con lo bonito que es llevarse bien”.

En mayo, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) pondrá en marcha los servicios especializados para personas trans en su red de atención primaria. Habrá uno por cada territorio histórico. Estará disponible en el centro de salud del Casco Viejo de Donostia, en Gipuzkoa; en el ambulatorio de Deusto de Bilbao, en Bizkaia; y en el centro de salud Lakua-Arriaga de Vitoria, en Álava. Se trata de una de las medidas incluidas en la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi, presentada este jueves.

Este servicio ya había sido anunciado hace un año, el 31 de marzo de 2025, Día Internacional de la Visibilidad Trans. En aquel momento se indicó que se pondría en marcha a lo largo de 2025, sin concretar fechas. Hasta ahora, la atención sanitaria a personas trans se concentra en la Unidad de Identidad de Género (UIG) del hospital de Cruces, en Barakaldo.

El médico especialista Oskar Ayerdi ha explicado que el servicio permitirá realizar dos consultas iniciales con profesionales de enfermería y psicología. Estas tendrán como objetivo garantizar y planificar “un acompañamiento que respete las diversidades, la autodeterminación y las distintas necesidades que cada persona manifieste”.

Junto a este servicio, se plantea una “descentralización progresiva de determinados procedimientos”, entre los que destacan la terapia hormonal, algunas intervenciones quirúrgicas y la reproducción asistida. La unidad de Cruces se mantendrá como referencia para los casos de mayor complejidad.

La directora general de Osakidetza, Lorea Bilbao, ha señalado este jueves que la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi busca ofrecer un servicio “integral”. Para ello, se ha contado con más de 40 redactores: asociaciones, profesionales sanitarios y personas trans junto a sus familias. El documento tiene como objetivo que la Sanidad pública sea un espacio donde estas personas se sientan “escuchadas, respetadas y seguras”.

Ayerdi ha detallado que la guía incluye un recorrido histórico del tratamiento sanitario a las personas trans en Euskadi, una fotografía actual del servicio y un plan de acción. Ha señalado que el documento responde a las “necesidades de una sociedad cambiante” y que constituye “una forma de consolidar la unidad y la red”, facilitando la distribución de tareas.

La guía responde al artículo 22 de la ley aprobada en 2024 por el Parlamento Vasco. Precisamente esta misma semana se ha anunciado también que, al calor de ese texto, se ha decretado el 20 de noviembre como día de la memoria trans. La ley fijó que Osakidetza debería arbitrar “medidas adecuadas”, en colaboración con asociaciones, profesionales de la salud, personas trans y sus familias, “para asegurar el derecho del personal profesional a recibir formación específica en materia trans”. Y siempre desde el enfoque de la despatologización.

El 51,6% de la población a nivel nacional ha mantenido una valoración positiva del funcionamiento del sistema sanitario público. No obstante, este promedio esconde una marcada desigualdad territorial. Así, Cantabria ha liderado la valoración con un 66,4% de opiniones favorables, situándose 14,8 puntos por encima de la media. En el extremo opuesto, Andalucía registra el índice más bajo con un 38,8%, lo que supone una brecha de 27,6 puntos porcentuales entre ambas comunidades.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en una nota, los resultados del Barómetro Sanitario 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), han confirmado que la opinión de la ciudadanía sobre el sistema sanitario está “profundamente” ligada al desempeño de cada comunidad autónoma. En un sistema donde las competencias están transferidas, el informe ha evidenciado “diferencias territoriales” en la percepción del funcionamiento del sistema sanitario.

Respecto a la atención primaria, el servicio más utilizado por la población (80,8%), el 80,4% de los usuarios ha calificado la atención recibida como buena o muy buena. Sin embargo, el análisis por comunidades ha revelado una distribución muy heterogénea. En el extremo superior, han destacado Cantabria y el País Vasco, donde los niveles de satisfacción positiva alcanzan el 90%, mientras que en los niveles más críticos,se sitúan Andalucía, Valencia y, especialmente, Galicia, que registra el porcentaje más bajo de satisfacción de todo el territorio, situándose por debajo del 73%.

Los andaluces, los que más esperan para una cita en primaria

Esta disparidad también se ha reflejado en los tiempos de espera para acceder al médico de familia. Frente a una demora media nacional de 9,15 días para quienes no obtienen cita el mismo día o al siguiente, el País Vasco se sitúa como la comunidad con menos demora, con sólo 4,91 días. En el lado opuesto, los residentes en Andalucía sufren la espera “más prolongada del país”, alcanzando una media de 11,16 días, seguida por Cataluña con 10,59 días.

En cuanto al ingreso hospitalario, la sanidad pública ha registrado una valoración del 81,4% de los pacientes, con una nota media de 7,02 puntos sobre 10, consolidándose como “uno de los servicios mejor valorados del sistema”. En este servicio, Cantabria encabeza los niveles de excelencia con una nota de 7,64 puntos, seguida de Asturias (7,55) y el País Vasco (7,53), mientras la valoración desciende hasta los 6,62 puntos en Canarias y las ciudades autónomas.

Por otro lado, la coordinación entre los servicios de atención primaria y el ámbito hospitalario ha contado con una valoración del 49,4% de la población a nivel nacional. Por comunidades, el País Vasco ha registrado la mayor valoración, con un 65,8% de ciudadanos que aprueban la comunicación entre niveles asistenciales. En contraste, Canarias ha registrado el punto más bajo del país con un 39,6% de opiniones favorables.

Servicios de urgencias y salud mental

Respecto a los servicios de urgencias, el 48,7% de la población española ha recurrido a la red pública en el último año. Aunque la atención ha sido valorada positivamente por el 72,4% de los usuarios a nivel nacional, la forma en que se accede a este servicio depende “estrechamente” de la organización en cada comunidad autónoma.

Así, mientras que la Comunidad de Madrid ha registrado el mayor uso de urgencias hospitalarias de España (68,6%), en regiones como Canarias o Extremadura ha sido la atención primaria la que ha absorbido la mayoría de los casos (más del 55%), “aliviando la presión sobre los hospitales”.

En cuanto a la calidad percibida, los servicios de emergencias 061 y 112 se han consolidado como los mejores valorados del sistema con una nota media nacional de 7,26 puntos, destacando especialmente el liderazgo de Castilla-La Mancha, con una puntuación de 7,90. Por su parte, las urgencias hospitalarias han obtenido sus valoraciones más altas en Cantabria y el País Vasco (6,71), frente a la percepción más crítica de Ceuta (5,05).

Preferencia por la sanidad pública

En relación con la salud mental, el informe ha revelado que el 19,9% de la población (prácticamente una de cada cinco personas) ha necesitado consultar a un profesional por un problema de salud o malestar emocional en el último año. De este grupo, el 51,1% fue atendido principalmente en el sistema público, donde el servicio recibe una valoración positiva del 56% por parte de sus usuarios.

Por otro lado, y a pesar de la variabilidad territorial detectada en otros indicadores, se ha mantenido una “sólida” y “mayoritaria preferencia” por la hospitalización pública, que elegiría el 73,9% de los ciudadanos frente al 23,9% que optaría por la sanidad privada.

Por último, esta confianza en el sistema público para los casos de “mayor complejidad” ha experimentado un crecimiento sólido de once puntos desde el año 2015, reafirmando que “la seguridad y los medios de los hospitales públicos siguen siendo el eje vertebrador y la opción de referencia para la población española”.

Galicia es la comunidad autónoma que registra el porcentaje más bajo en satisfacción de toda España en cuanto al servicio de atención primaria, el más utilizado por la población a nivel nacional (80,8%), según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes.

En los niveles “más críticos” se sitúan Andalucía, Valencia “y especialmente Galicia”, señala el documento, que asegura que la comunidad autónoma gallega “registra el porcentaje más bajo de satisfacción de todo el territorio, situándose por debajo del 73 por ciento”, recoge Europa Press. En contraposición, en Cantabria y el País Vasco los niveles alcanzan el 90%.

En Galicia, en lo que se refiere a las consultas de atención primaria, un 23,7% dijo estar totalmente satisfecho, frente a un 3,5% totalmente insatisfecho. Respecto al sistema sanitario, el documento revela que el 12,8% de los encuestados cree que, en general, funciona bastante bien, mientras un 44,3% apunta que funciona bien aunque son necesarios algunos cambios.

Sobre si han tenido algún problema para consultar por síntomas o enfermedades con su médico en Galicia, un 23,3% indica que alguna vez ha necesitado hacerlo y no lo ha conseguido y un 63,4 % asegura que cuando lo ha precisado ha podido hacerlo. Así, la atención que han recibido por su médico de cabecera ha sido buena en un 44,6% y mala en un 0,7% de los casos. En el especialista, un 52,6% la considera buena y un 2,4%, mala.

El análisis por comunidades confirma que la opinión de la ciudadanía sobre el sistema sanitario está “profundamente ligada al desempeño de cada comunidad autónoma”.

A nivel nacional, el 51,6% de la población mantiene una valoración positiva del funcionamiento del sistema sanitario público. No obstante, este promedio esconde una marcada desigualdad territorial, ya que Cantabria lidera la valoración con un 66,4% de opiniones favorables, situándose 14,8 puntos por encima de la media. En el extremo opuesto, Andalucía registra el índice más bajo con un 38,8 por ciento.

En el ámbito del ingreso hospitalario, la sanidad pública registra una valoración del 81,4% de los pacientes, con una nota media de 7,02 puntos sobre 10. Por otro lado, la coordinación entre los servicios de Atención Primaria y el ámbito hospitalario cuenta con una valoración del 49,4% de la población a nivel nacional.

En relación con la salud mental, el informe revela que el 19,9% de la población (prácticamente una de cada cinco personas) ha necesitado consultar a un profesional por un problema de salud o malestar emocional en el último año. De este grupo, el 51,1% fue atendido principalmente en el sistema público, donde el servicio recibe una valoración positiva del 56% por parte de sus usuarios.

Por otro lado, y a pesar de la variabilidad territorial detectada en otros indicadores, se mantiene una sólida y mayoritaria preferencia por la hospitalización pública, que elegiría el 73,9% de los ciudadanos frente al 23,9% que optaría por la sanidad privada.

Hoy en Exfiliana y mañana en Purullena. Así es la vida de los sanitarios de la comarca de Guadix en Granada. No saben, y cada vez con menos frecuencia, cuándo y dónde tendrán que trabajar puesto que, según denuncian, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se les utiliza como “comodines” para cubrir huecos ante la falta de personal. Esta circunstancia, que impacta de lleno en los profesionales de los centros de salud periféricos de esta zona de la provincia, provoca a su vez que los ciudadanos de los municipios en los que están destinados se queden en ocasiones sin atención médica o vean cómo se les anulan citas sin previo aviso.

Así, los problemas se multiplican ante la falta de una operativa que funcione de forma coordinada y que respete no solo a los profesionales médicos, sino a los pacientes que necesitan de su sanidad pública. Pues los sanitarios son llamados de improviso en muchas ocasiones para que acudan a otras localidades, pese a que estas estén muy dispersas geográficamente. Una tónica demasiado habitual, lamentan, porque se están perdiendo sanitarios en todo el sistema público, pero con especial incidencia en los entornos rurales.

Cansados de esta situación, los profesionales afectados han redactado una batería de quejas que han hecho llegar a este medio. En ella, señalan todo tipo de problemas a la hora de poder ejercer su trabajo desde la dignidad y el respeto a los usuarios. Mientras la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía niega cualquier problema y habla de una asistencia sanitaria que opera con “normalidad”, en el escrito los sanitarios advierten de que esta dinámica organizativa está teniendo consecuencias directas tanto en la calidad asistencial como en sus propias condiciones laborales.

Consultorios sin médicos

“Se nos utiliza como comodín para cubrir necesidades estructurales de la zona”, explican, lo que implica que con frecuencia deben abandonar sus consultas para cubrir bajas, salientes o consultas saturadas en otros centros. El resultado, denuncian, es que los consultorios de los pueblos en los que están destinados pueden quedarse durante horas o incluso jornadas completas sin médico. Los profesionales cuentan que se ven obligados a hacer desplazamientos constantes entre municipios, a menudo de decenas de kilómetros, y en muchos casos utilizando sus propios vehículos. A ello se suma la falta de previsión con la que se producen estos cambios. “En muchas ocasiones se nos comunica con muy poca antelación”, señalan, lo que obliga a modificar o cancelar consultas ya programadas y altera por completo la planificación de la jornada.

La consecuencia más visible de esta situación recae en los pacientes. Según explican los médicos, las agendas se llenan con más personas de las que sería deseable y con menos tiempo disponible para cada consulta. Además, muchos profesionales deben atender a pacientes que no pertenecen a su cupo habitual, lo que dificulta el seguimiento continuado de los casos clínicos. “Más pacientes y menos tiempo para cada uno en centros sanitarios diferentes”, resumen.

Los sanitarios denuncian que este modelo organizativo también tiene consecuencias directas en la seguridad asistencial en los municipios más pequeños. En algunos consultorios, explican, las enfermeras se quedan solas durante gran parte de la mañana cuando el médico es desplazado a otro centro. “El equipo mínimo para atender una emergencia es un médico y una enfermera”, recuerdan.

La situación se complica especialmente en localidades alejadas del hospital o de los recursos de emergencias. Algunos de estos consultorios se encuentran a más de media hora del hospital o de la ambulancia más cercana. A ello se suma que, según indican los profesionales, durante las mañanas solo hay un equipo móvil de emergencias para cubrir una amplia zona que incluye Guadix, Purullena, el Marquesado y Benalúa. Los médicos dicen además que esta forma de reorganizar la asistencia ha dejado de ser algo puntual. “Es importante remarcar que ha dejado de ser excepcional”, señalan en su escrito. A su juicio, se trata de una práctica que responde a déficits estructurales de plantilla y que termina repercutiendo tanto en la atención sanitaria como en el desgaste profesional de los trabajadores.

Usuarios afectados

Las consecuencias de estas reorganizaciones también las perciben los vecinos de la comarca. Elena, residente en la zona, relata a este medio cómo su marido se quedó sin consulta tras esperar durante días su cita médica. “Tenía cita a las 13.20 después de quince días esperando. Estaba allí desde las 12.50 y cuando preguntó en el mostrador le dijeron que el médico se había ido”, explica.

El problema no terminó ahí. Al no haber sido atendido por el facultativo, tampoco pudo obtener un justificante médico para el trabajo. “Pidió un justificante y le dijeron que no podían dárselo porque no lo había visto el médico”, cuenta. Finalmente, la consulta tuvo que aplazarse y la nueva cita se la han dado para varios días después. Y es que situaciones similares se repiten en otros municipios de la comarca. Encarni, vecina de Exfiliana, explica que conseguir cita con el médico de cabecera se ha convertido en una tarea complicada para muchos vecinos. “Aquí nunca hay cita para el médico”.

Según cuenta, en su localidad el consultorio dispone de médico únicamente tres días a la semana. “Hay consulta lunes, miércoles y viernes”, explica. Sin embargo, el horario real suele ser menor. “Los miércoles solo pasan consulta hasta las once porque tienen que ir a la residencia y los viernes muchas veces directamente no vienen”. Cuando el médico sí acude, la consulta suele estar saturada. “Está llena de gente y cuesta mucho que atiendan”, describe. Muchos vecinos terminan recurriendo a urgencias ante la imposibilidad de conseguir una cita en atención primaria.

En su caso, la situación ha tenido consecuencias directas en la atención sanitaria de su familia. Su madre lleva meses arrastrando problemas de salud sin un diagnóstico definitivo. “Desde agosto está mala con dolores en los riñones y el estómago y todavía no le han dado diagnóstico”, relata. Entre pruebas, citas y nuevas derivaciones, el proceso se ha prolongado ya más de medio año.

Pese a las dificultades, la vecina insiste en que los profesionales sanitarios están haciendo todo lo posible por atender a los pacientes. “Los vemos muy saturados, van de un lado a otro y se desdoblan todo lo que pueden”, asegura. Los propios médicos advierten de que este modelo también está afectando a la formación de los residentes que realizan su especialidad en la zona. Al no poder mantener consultas estables ni hacer seguimiento de pacientes en el tiempo, los profesionales en formación pierden una parte esencial del aprendizaje en atención primaria: la continuidad asistencial.

En su escrito, los sanitarios consideran que esta situación refleja un problema más amplio relacionado con la atención sanitaria en el medio rural. “Nos sentimos profesionales de segunda y, por extensión, la población a la que atendemos también”, señalan. A su juicio, el cierre temporal de consultorios o la reducción de la atención en los pueblos termina generando desigualdades territoriales en el acceso a la sanidad pública. Además, advierten de que el desgaste laboral ya está teniendo consecuencias en la plantilla. Algunos profesionales han abandonado sus puestos y otros se plantean hacerlo, lo que podría agravar aún más la falta de médicos en zonas consideradas de difícil cobertura.

Los sanitarios defienden que existen alternativas organizativas para evitar que los consultorios periféricos se conviertan en la “moneda de cambio” para compensar los déficits de personal en otras zonas más pobladas. Entre ellas, mencionan la posibilidad de recurrir a continuidades asistenciales voluntarias o refuerzos en los centros con mayor demanda.

Sin problemas, según la Junta

Por su parte, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía asegura que la asistencia sanitaria en la comarca está garantizada. Fuentes oficiales señalan que la cartera de servicios se mantiene con normalidad tanto en el Hospital de Guadix como en los centros de atención primaria.

La Junta sostiene además que el número de profesionales en el área ha aumentado un 2,15%, alcanzando los 1.280 trabajadores en 2025. Según los datos facilitados por la administración sanitaria, durante ese año se realizaron 112.391 consultas, casi un 5% más que el ejercicio anterior. Desde la Consejería reconocen que pueden producirse reorganizaciones puntuales del personal. “Como ocurre en cualquier organización sanitaria, pueden darse situaciones derivadas de bajas laborales, reducciones de jornada u otras circunstancias sobrevenidas que obligan a reorganizar temporalmente la atención entre distintos centros”, indican.

El Gobierno regional quiere enviar “un mensaje de tranquilidad y confianza en el funcionamiento del sistema sanitario público”, al tiempo que reconoce el compromiso de los profesionales que trabajan en la comarca para garantizar la atención a los pacientes. Un optimismo que no comparten ni profesionales ni usuarios.

Este sábado, día 14 de marzo, la plataforma 'Toledo por la Sanidad Pública' convoca a la ciudadanía a una concentración en defensa de este servicio para que sea “cien por cien público, universal y de calidad”, y en contra de las listas de espera, la “privatización” y las “reducciones presupuestarias”. La protesta comenzará a las 12.00 horas y tendrá lugar en el Paseo Federico García Lorca, frente al Centro de Salud del Polígono de Toledo.

“No nos podemos quedar parados ante la constante agresión a nuestra sanidad por parte de instituciones públicas y empresas privadas. Las listas de espera en progresión al alza y continua, la privatización descarada de servicios sanitarios y no sanitarios, la reducción de los presupuestos públicos en este ámbito y demás agresiones al sistema sanitario público, no conllevan más que un retroceso en nuestros derechos sociales duramente conseguidos y un peligro para la salud colectiva e individual. Un deterioro que tiene por objetivo último el beneficio económico para el sistema privado sanitario”, señala este colectivo.

En su manifiesto, la plataforma acusa al Gobierno regional de la “mala gestión, descoordinación y desinterés” por la sanidad pública, cuyo “deterioro” atribuye a las mencionadas “privatizaciones” y también a “subcontrataciones” en todos los aspectos, desde el mantenimiento de las instalaciones, la comida o la limpieza, hasta la atención sanitaria.

“Si para algo nos sirve la memoria, es para recordar esos casos de contagios mundiales como el ébola, gripe aviar, o la pandemia de Covid, contra los que no se puede luchar sin medidas sanitarias generales, y no podemos caer en la indiferencia ante la falta de recursos económicos de los enfermos”, apunta.

Los protocolos de atención “no funcionan”

Por eso destaca la necesidad de “mejorar la calidad y adaptarse a las nuevas necesidades” y resalta como uno de los mayores problemas que los protocolos de atención “no funcionan en muchos casos” y originan unas listas de espera “que afectan a la calidad y a la buena atención de nuestras enfermedades”. De hecho, alerta de que la falta de asistencia a tiempo “derivará en agravar las consecuencias de nuestros males o incluso la muerte de enfermos por no haber sido atendidos en el momento adecuado”.

Otro problema que enumera es la dificultad para conseguir una cita en Atención Primaria a través del teléfono, donde “puedes esperar durante horas” o “te derivan a una centralita”. Esto provoca que la gente tenga que acudir a los centros de salud continuamente, “colapsando el departamento administrativo”.

Posteriormente, añade, una vez conseguida la cita, los plazos de esa atención “pueden ser de más de quince días”. “O en caso de ser urgente o que no puedas esperar ese tiempo, debas acudir directamente a las urgencias, sobrecargando este nivel, y recibiendo una atención que debería ser prestada por tu médico de familia, conocedor de tu historial”, concluye.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado la resolución por la que se crea la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Castilla-La Mancha (UICAM). Es la primera iniciativa de este tipo dedicada exclusivamente a la realización de ensayos clínicos en la comunidad autónoma.

La nueva Unidad surge de un proyecto impulsado por el Instituto de Investigación Sanitaria de la región (IDISCAM) que ha obtenido financiación en una convocatoria pública competitiva del Instituto de Salud Carlos III, y estará físicamente ubicada en el Hospital Universitario de Toledo, con una vocación claramente regional, permitiendo coordinar la investigación clínica que se desarrolla en el conjunto de los hospitales de Castilla-La Mancha.

Según la resolución, con su establecimiento se persigue la instauración de una estructura organizativa que armonice, coordine e impulse la investigación en la Atención Primaria, ordenando y dando sentido a las actuaciones de excelencia que en este ámbito se han venido desarrollando en la región.

El Gobierno castellanomanchego explica que los sistemas sanitarios se enfrentan, entre otros, al “desafío de adecuarse al continuo avance científico que experimenta el sector”, adecuación que tiene multitud de variantes tanto en lo relativo a la inversión como a la adaptación y construcción de infraestructuras o a la capacitación del conjunto de profesionales.

En este sentido, la investigación constituye “uno de los ámbitos estratégicos para este acompasamiento entre la evolución de la ciencia y la cada vez mayor preparación de los integrantes del sistema”.

Una nueva apuesta

Por otro lado, apunta que la Atención Primaria se ha configurado como el ámbito asistencial que actúa como eje, “superando concepciones tradicionalmente mantenidas como puerta de entrada o complemento de la atención especializada”.

“La apuesta por una mayor resolutividad debe ir necesariamente acompañada por una doble actuación: una consolidadora que cristalice las mejoras en las condiciones laborales de sus profesionales y otra transformadora que impulse y maximice la adquisición de nuevas capacidades y competencias por parte de aquellos, para coadyuvar, en suma, al refuerzo y avance de este nivel y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en su conjunto”.

En Castilla-La Mancha se ha contemplado en las diferentes estrategias a nivel general sanitario diversas acciones tanto en materia de investigación como de situar a la atención primaria en el centro del sistema. De hecho, en el Plan de Salud H3.0, actualmente en fase de elaboración, ambos campos de actuación cuentan con un renovado protagonismo.

En este sentido, el Plan de Atención Primaria de Castilla-La Mancha y la Red de Expertos y Profesionales de Investigación constituyen dos de las puntas de lanza más significativas.

La inversión total supera los 800.000 euros, financiados de manera conjunta por el Instituto de Salud Carlos III y el propio SESCAM, y se prevé que la actividad clínica con los primeros ensayos se inicie antes de que finalice el año 2026.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hace algo más de un mes la “incorporación inmediata” de 21 psicólogos clínicos en atención primaria en Galicia, pero el proceso no está siendo todo lo rápido que prometió: en la provincia de Ourense no han conseguido contratar a ninguno de los tres previstos en estas semanas. Como adelantó el diario La Voz de Galicia, la jefa de Psiquiatría del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, María Tajes, ha recurrido a publicar a través de sus redes sociales (en Linkedin) un anuncio en el que expone que lo que se ofrecen son contratos de interinidad sujetos a llamamiento según la normativa para el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

La Consellería de Sanidade explica que en Ourense llegó a haber dos profesionales interesados en los puestos, pero en el momento de la incorporación renunciaron ambos a la plaza, de modo que las vacantes siguen siendo tres. “Se está en una búsqueda activa para poder cubrir e incorporar en el plazo más breve posible a los tres psicólogos clínicos, teniendo en cuenta que se trata de una especialidad deficitaria”, justifica el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño.

La de incorporar psicólogos clínicos a la atención primaria es una promesa que el actual presidente de la Xunta lanzó en el debate sobre el estado de la autonomía de octubre de 2023. No se concretó hasta el pasado 2 de febrero, cuando informó, tras la reunión del Consello, de los planes de Sanidade para sumar 21 profesionales a los siete que ya estaban trabajando en atención primaria. Consideraba que, de esta forma, quedaba constituida la red gallega de psicólogos clínicos en este nivel asistencial, integrada por 28 trabajadores, de los que ahora mismo están contratados 25. La Consellería indica que el problema de las plazas sin ocupar afecta solo al área de Ourense y que en el resto sí se han formalizado los contratos.

Cuando hizo el anuncio, Rueda añadió que la pretensión es que estos psicólogos pasen consulta, pero también que diseñen actividades preventivas. Y dijo que el objetivo es llegar a 50 antes de 2030. Las 21 nuevas contrataciones implican un desembolso de 1,5 millones de euros.

Entonces, la Xunta desglosó los centros de salud en los que iban a estar destinados estos psicólogos. En el área sanitaria de A Coruña y Cee son cinco: uno se va a ocupar de Abegondo/Curtis/Teixeiro; otro de Miño/Sada; otro más de A Laracha/Cerceda; un cuarto de Os Rosales/Labañou y el último de Vimianzo/Cee. Los tres profesionales incorporados en Santiago e Barbanza cubren Muros; Melide/Arzúa y Rianxo. En Vigo también son cinco: centro integral de saúde Olimpia Valencia, Navia, Ponteareas, Redondela y Moaña. En Pontevedra y O Salnés se ha incorporado a un profesional que se ocupará de los centros de salud Virxe Peregrina y de Sanxenxo.

En el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte se suman tres psicólogos: uno para Viveiro, otro para Sarria y uno más para el centro de salud Praza de Ferrol de Lugo. En Ferrol hay un nuevo psicólogo en el centro de salud Fontenla Maristany. Y en Ourense la intención era incorporar uno para cubrir Valle Inclán/Puente/O Carballiño; otro para Novoa-Santos/O Couto/Mariñamansa/Ribadavia y uno más para O Barco de Valdeorras/Viana do Bolo.

Los más de 350 Centros de Atención Primaria (CAP) en Catalunya tendrán este 2026 un nuevo y polémico plus de financiación. A la lista de contraprestaciones económicas que reciben en función de sus objetivos se ha añadido una que afecta a las bajas laborales. Si se reducen los tiempos considerados –sobre el papel– excesivos en determinadas incapacidades temporales, el centro de salud recibirá una partida adicional. 

Este incentivo, que ha trascendido en plena huelga de médicos, se aplicará de momento a los diagnósticos de dolencias osteomusculares y a las de salud mental, que son las que más días de incapacidades temporales acumulan en Catalunya: el 56% del total. 

Será un dinero añadido que recibirán los centros de salud, no los médicos, pero la puesta en marcha de la medida no va a ser apacible. Los sindicatos la rechazan, genera inquietud entre los facultativos y algunos partidos de la oposición ya han exigido a la consellera de Salut, Olga Pané, que rectifique. 

La consellera pone el ojo en las bajas

Desde que asumió sus funciones al frente de Salut del Govern de Salvador Illa, Pané se ha fijado como objetivo reducir la prevalencia de las incapacidades temporales. Uno de sus argumentos es que Catalunya es de las comunidades donde más bajas se expiden (618 por cada 1.000 afiliados en 2024), y también donde más ha crecido esta realidad en la última década (un 63% desde 2016). 

En su afán por reducirlo, Pané no ha temido entrar en polémicas. Primero, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) estudió un incentivo para que los médicos firmaran más altas, en concreto el 50% o más de las que les trasladan las mutuas. Pero Salut lo descartó al cabo rápidamente. También fue muy criticada por los sindicatos su campaña en los centros de salud que pedía hacer un “buen uso” de las bajas. “Catalunya tiene el 17% de los afiliados a la Seguridad Social del Estado español, pero acumula el 25% de las bajas laborales” , advertía el cartel, que también acabó retirado.

Con todo, y sin ser tan llamativo, fue en enero de 2025 cuando Salut firmó un convenio con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para el “control” de las incapacidades temporales, un acuerdo que ha servido de marco para aprobar los actuales incentivos. En ese documento, que por ahora han firmado solo Catalunya, Asturias y Illes Balears, se incluyen entre otros los deberes de los médicos de los CAP.

El convenio menciona directamente “incentivos económicos” a los médicos para “adecuar la duración” de las bajas “a los días estrictamente necesarios” para la recuperación de los trabajadores. Pero finalmente Salut lo ha convertido en un plus económico para el propio CAP. El cumplimiento de todos los objetivos (17 en el caso de la Atención Primaria) supone recibir un 5% más del presupuesto previsto de base. 

Los tiempos “óptimos” para cada enfermedad están descritos en un manual del INSS, en función de la edad o la profesión, pero lo que no queda claro es hasta qué punto los médicos deberán ceñirse a ellos para considerar que cumplen con el requisito. 

Advierten de la pérdida de confianza del paciente

“Es una dinámica perversa y una medida de presión económica que va en contra de la ética profesional”, denuncia Eva Segura, médica de familia en el CAP Manso de Barcelona. “Me están coaccionando para ajustarme a unos tiempos estandarizados y si no, perjudico al resto del equipo”, se queja. 

Esta facultativa advierte de los problemas de aplicar un incentivo de este tipo. Por ejemplo, se encuentran a menudo con pacientes que no encajan en una categoría profesional concreta. “Nos llegan muchos moderadores de contenido de redes sociales con problemas de salud mental, pero no tienen epígrafe profesional, ¿cómo lo calculamos en su caso?”, plantea. Algo parecido ocurre con diagnósticos difíciles de encuadrar: “No es lo mismo una baja por artrosis en la rodilla que si está asociada a una tendinitis y con lumbalgia irradiada”. 

Viciano pertenece a Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP), que ha dado la voz de alerta sobre la nueva medida, pero también la rechazan por ahora sindicatos como Metges de Catalunya, CCOO y UGT. 

“Usar criterios estadísticos para calcular los días que debe durar una baja es simplista y deja de lado nuestra responsabilidad como facultativos”, advierte Mireia Prat, presidenta de Atención Primaria de Metges de Catalunya, que asegura que esto puede contravenir el código deontológico y dañar la confianza entre médico y paciente.  

Salut defiende que agilizará diagnósticos

Desde el Departament de Salut han salido al paso de las críticas asegurando que no persiguen acortar las bajas, sino evitar que se alarguen “innecesariamente” por “problemas organizativos”, “retrasos en pruebas” o “dificultades de acceso a los especialistas”.

Sostienen que hay bajas que a veces se alargan sin motivos clínicos claros, a la espera de pruebas que no llegan por las largas listas de espera, y que ello perjudica tanto al trabajador como al sistema sanitario, que sufre una sobrecarga evitable. 

Desde Salut defienden además que el dinero extra que reciban los centros serán para invertir en resolver antes estos casos. Y enumeran: “reforzar circuitos, agilizar pruebas, mejorar la coordinación, implementar herramientas de seguimiento o reforzar determinados dispositivos y fomentar la buena gestión en toda la vertiente de calidad asistencial”.

Uno de los médicos de familia que ve potencial en la medida es Jaume Sellarès, vicepresidente del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), aunque se muestra preocupado por una “mala comunicación” del incentivo de la Generalitat.

Sellarès coincide con Salut en que los CAP pueden incorporar procesos o profesionales especialistas para avanzar diagnósticos. “No estamos hablando de pagar a un médico para dar altas, sino quizás de tener a alguien en el CAP que puede hacer infiltraciones en casos de tendinitis, o una resonancia en el caso de un joven que se ha hecho daño esquiando…”, ejemplifica. 

También en pacientes con problemas de la salud mental, sobre todo en aquellos malestares menos graves, plantea facilitar el acceso a profesionales de la psicología o la psiquiatría que puedan hacer una intervención rápida desde el centro de salud.

A la espera de ver cómo los médicos lo acogen en su día a día tras las quejas iniciales, en el ámbito político también ha habido protestas. Los partidos de izquierdas han acusado en más de una ocasión a la consellera Pané de querer instalar la idea de que se hace un mal uso de las bajas en Catalunya. 

En esta ocasión, ERC, Comuns y CUP han exigido a Pané que rectifique y han reclamado la comparecencia de los secretarios generales de Salud y de Empresa y Trabajo. “La propuesta supone desplazar el foco asistencial de la salud y el bienestar de las personas al control del gasto”, lamentan.

El Govern catalán ha trasladado a los Centros de Atención Primaria (CAP) que una parte de su presupuesto estará condicionado a la duración de las bajas laborales que se concedan. Según ha adelantado la cadena SER, la Generalitat concederá incentivos económicos para que las bajas relacionadas con la salud mental y las lesiones osteomusculares no se alarguen más de lo debido.

Tras la publicación de la noticia, el Govern ha asegurado que se trata de una “prueba piloto” para “mejorar la gestión” de las bajas laborales en los CAP. Según el Departament de Salut, se trata de pruebas voluntarias que no conllevarán penalización en la financiación de los CAP y cuyo objetivo es “reducir el tiempo de diagnóstico” de las personas en situación de incapacidad temporal.

El Govern ha precisado que los incentivos serán para los centros que consigan acortar la duración de estas bajas resolviendo más rápidamente el diagnóstico de los pacientes. El Ejecutivo catalán defiende que así se quieren evitar situaciones como tener que pasar cinco meses de baja para obtener un diagnóstico en situaciones no graves. También añade que, en cualquier caso, las incapacidades temporales se concederán “siempre bajo criterio médico”.

“El objetivo es evitar bajas sin diagnóstico y demoras en visitas”, ha señalado el Departament de Salut en un comunicado. “Ahora, muchas personas están de baja durante meses porque las pruebas tardan demasiado”.

La conselleria ya ha empezado a informar a los CAP de este escenario, cada centro mantendrá su presupuesto y, en todo caso, recibirá un suplemento del 5% si se alcanzan los objetivos fijados. La duración óptima de las bajas, subraya la Generalitat de Catalunya, viene marcada por el Gobierno estatal a través de la Seguridad Social.

Izquierda Unida de Cantabria ha advertido este jueves de que la falta de pediatras en Atención Primaria se ha convertido en “un problema estructural” que compromete la igualdad de acceso a la sanidad pública en distintos municipios rurales.

La formación recuerda el caso de Potes, que ha permanecido más de dos años sin pediatra y que solo recientemente ha recuperado este servicio tras “meses de movilizaciones vecinales”. Según IU, situaciones similares podrían reproducirse en Reocín o San Vicente de la Barquera, algo que, subrayan, ha sido reconocido por el propio consejero de Salud, César Pascual.

El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, sostiene que esta carencia responde a un vaciamiento progresivo de la Atención Primaria, ya que muchos pediatras recién formados optan por el ámbito hospitalario ante la existencia de mejores condiciones laborales y mayor estabilidad.

En este sentido, IU apunta que la plantilla del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) estaría sobredimensionada respecto a las necesidades reales de hospitalización infantil, reforzando un modelo “hospitalocéntrico” que, a su juicio, debilita la medicina comunitaria.

La coalición insiste en que la pediatría de Atención Primaria no solo aborda la enfermedad aguda, sino que desempeña funciones esenciales como el seguimiento del desarrollo, la vacunación, la prevención, la detección precoz de patologías y el trabajo comunitario con las familias. “Cuando la Atención Primaria falla, se resiente toda la sanidad pública y se rompen las condiciones de igualdad territorial”, advierten, y añaden que sustituir pediatras por médicos de familia “no soluciona el problema de fondo”.

Carrera profesional e incentivos

Izquierda Unida sostiene que captar y fidelizar pediatras requiere algo más que incentivos económicos. Considera imprescindible ofrecer una carrera profesional estable, reconocimiento, formación continuada, participación en docencia e investigación y condiciones laborales que permitan conciliar vida laboral y familiar.

IU propone cubrir de manera inmediata las vacantes y sustituciones, establecer incentivos profesionales y de carrera para las plazas rurales o de difícil cobertura, reequilibrar las plantillas entre el ámbito hospitalario y los centros de salud priorizando la Atención Primaria, garantizar equipos completos que incluyan enfermería pediátrica y los recursos diagnósticos necesarios, y ampliar el tiempo de rotación de los MIR en Atención Primaria y en zonas rurales. “IU seguirá exigiendo medidas estructurales que garanticen que la salud infantil sea un derecho y no un negocio”, concluye la organización.