Ni los fondos que destina la Xunta a la atención primaria son suficientes ni ha puesto remedio al problema de la falta de personal o de la temporalidad ni ha conseguido que la demora para ir al médico de familia sea de menos de 48 horas. El Consello de Contas confirma que esta área de la sanidad se ha deteriorado drásticamente: recibe el 12% del gasto sanitario, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda más del doble -un 25%-; solo la Comunidad de Madrid le destina menos; el 40% de los ayuntamientos no tienen pediatra y otro 30% lo comparte con otros territorios; el 28% de las plazas están vacantes y las demoras para ver al médico de familia se han incrementado. El informe analiza estos datos de espera solo en las áreas sanitarias de Pontevedra y Ferrol, pero recalca que los pacientes tienen que aguardar más de cinco días en el 39% de los casos en Pontevedra y en el 30% de las ocasiones en Ferrol.

El análisis de Contas -el ente que fiscaliza a las administraciones públicas en Galicia- llega en medio de protestas nunca desactivadas por la situación de la sanidad pública, en una jornada de huelga convocada por el sindicato CIG, cuando la Xunta anuncia una reforma de la atención primaria y con el debate abierto por el plan para limitar las bajas laborales. En este contexto, el informe hace una fotografía de la situación y señala que ese 12% del gasto destinado a primaria está por debajo también de la media estatal, que es del 14%

El documento añade que hubo, entre 2013 y 2023, una disminución de la población gallega y, a la vez, un envejecimiento, de modo que los mayores de 85 años aumentaron un 32%. Estos cambios, sumados a la dispersión de la población, “inciden directamente en las necesidades de la asistencia en atención primaria”. Pese a ello, el incremento en el gasto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) -que fue del 27,5% entre 2019 y 2023- se dirigió sobre todo a atención hospitalaria y gasto farmacéutico. Para las consultas especializadas se destinó el 62% del gasto sanitario.

El análisis se refiere también al equipo humano en atención primaria, en donde están vacantes el 28% de las plazas. La falta de profesionales es, añade, “uno de los principales problemas estructurales”, reconocido por la propia Xunta. La cuestión se agudiza en medicina de familia y pediatría, recalca Contas, que indica que hay 120 ayuntamientos gallegos (el 40% del total) en los que los niños no tienen un especialista propio que los atienda y otros 96 en los que comparten pediatra, según los datos actualizados en octubre de 2025. En estos casos, los menores son derivados al médico de primaria, pero se pone de manifiesto “una cobertura insuficiente y desigual, especialmente en las zonas rurales”.

El personal sanitario tenía una tasa de temporalidad del 28%, según datos de principios de 2023. Hay una reducción tras la convocatoria de 468 plazas lanzada ese año, pero sigue sin alcanzarse el objetivo de que esa tasa se sitúe por debajo del 8% en todas las categorías profesionales.

Los documentos publicados este jueves son varios y se refieren, además de a la atención primaria y al Sergas, a las cuentas generales de la Xunta de Galicia en 2024 y al sector instrumental, es decir, entes que dependen de la administración autonómica o empresas en las que tiene una participación mayoritaria. Sobre estos puntos, Contas pone varios reparos. Señala que el Gobierno gallego incumplió la regla de gasto -que se determina cuánto puede aumentar el gasto de una administración teniendo en cuenta sus ingresos-, con un aumento del 9,1%, por encima de la media de las comunidades autónomas, que fue del 7% y del 2,6% que se había marcado.

Contratos sin concurrencia competitiva

El Consello de Contas señala que las rebajas fiscales aplicadas se incrementaron un 15,9% y representan 686 millones de euros que se dejan de recaudar. Estos beneficios fiscales, añade, equivalen al 0,66% del producto interior bruto (PIB) gallego, mientras que las normas que implican subir impuestos equivalen a solo el 0,27% del PIB.

El ente fiscalizador vuelve a poner el foco en la contratación, en la que el 42% del gasto -2.941 millones de euros- se tramita con procedimientos sin concurrencia competitiva entre varios candidatos. También afea que haya gastos corrientes registrados incorrectamente como inversiones, lo que “contribuye a proporcionar una imagen sobredimensionada del esfuerzo inversor de la administración”. Entre las partidas que no se pueden considerar inversiones cita las destinadas a la defensa contra incendios, la publicidad realizada en medios de comunicación y el contrato de seguimiento y gestión del plan de transporte público. Esta cuestión, recuerda Contas, se pone de manifiesto año tras año en sus controles.

Otra de las críticas se refiere a la falta de transparencia sobre entidades como la empresa público-privada Impulsa Galicia (disuelta en 2025 y a través de la que se promovió el proyecto de Altri y mediante la que se firmó un memorándum de entendimiento secreto con la empresa portuguesa) o la sociedad Recursos de Galicia. Contas señala que no se ha aprobado un marco normativo que aumente el nivel de supervisión sobre las mismas.

La Generalitat de Catalunya da marcha atrás y retirará los polémicos incentivos económicos a los centros de atención primaria (CAP) para que los médicos acortaran las bajas laborales, una medida que había encendido a los socios de izquierdas del Govern en el Parlament y a los colectivos sanitarios.

Tal y como ha adelantado El País y han confirmado fuentes de la conselleria de Salud a ElDiario.es, el departamento formalizará en los próximos días los recursos que recibe cada ambulatorio sin que se incluyan las pruebas voluntarias que iban a comportar incentivos para los centros que acortaran la duración de las bajas resolviendo más rápidamente el diagnóstico de los pacientes.

La conselleria ya había empezado a informar a los CAP de este escenario, ahora rectificado, en el que centro iba a mantener su presupuesto y, en todo caso, recibiría un suplemento del 5% si se alcanzaban los objetivos fijados.

Aunque el Govern había defendido que las incapacidades temporales se concederían siempre bajo criterio médico, el plan de incentivos económicos había encendido las alarmas de las formaciones socias del Ejecutivo en el Parlament, así como de los sindicatos de médicos.

ERC y los Comuns se habían mostrado muy beligerantes contra la medida. En un debate en el Parlament el pasado marzo, el portavoz de los Comuns, David Cid, advirtió de que el voto de su grupo a los presupuestos de la Generalitat para 2026 dependería de que el Govern no condicionara las bajas a criterios económicos.

Por su lado, la portavoz de ERC, Capella consideró una “mala praxis” el hecho de “incentivar” que los médicos diesen altas a los trabajadores “antes de hora”, aunque se mostró convencida de que el Ejecutivo acabaría retirando el plan.

La medida también había generado críticas entre los sanitarios. “Usar criterios estadísticos para calcular los días que debe durar una baja es simplista y deja de lado nuestra responsabilidad como facultativos”, señaló Mireia Prat, presidenta de Atención Primaria de Metges de Catalunya. La sanitaria también alertó que el plan podía contravenir el código deontológico y dañar la confianza entre médico y paciente.  

El alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández (PRC), ha exigido “soluciones urgentes” al consejero de Salud, César Pascual (PP), ante la falta de médicos en los consultorios de Liaño y La Concha, que ha provocado la llegada de “un aluvión de quejas vecinales” al Ayuntamiento.

En un escrito remitido al consejero, Fernández ha detallado que el consultorio de Liaño lleva más de 20 días sin médico y está asistido únicamente por una enfermera, mientras que La Concha sufre la misma situación desde hace una semana.

“Son cerca de 4.000 vecinos de Liaño, La Concha, Villanueva y Obregón los que se encuentran en este momento sin una atención médica adecuada”, ha lamentado el regidor en una nota de prensa.

Asimismo, ha advertido de las dificultades de la población de Villaescusa para acceder a una cita médica, tanto por vía telefónica como a través de la aplicación del Servicio Cántabro de Salud.

Para el alcalde, esta situación resulta “inconcebible” en pleno siglo XXI y supone “una auténtica barrera a la hora de acceder al servicio médico” para muchos vecinos de un municipio que también soporta un servicio de transporte público “muy deficiente” en la conexión con Astillero.

“Hay mucha gente mayor y con movilidad reducida que se ve obligada a pedir favores a familiares y amigos para llegar al servicio médico más cercano”, ha lamentado.

Fernández ha denunciado también el “incumplimiento” del compromiso asumido por el Servicio Cántabro de Salud para advertir a los usuarios de las ausencias de los médicos en los consultorios, una responsabilidad que “se ve obligado a asumir el Ayuntamiento, pese a no tener ninguna competencia en la materia”.

Por ello, en el escrito remitido al consejero de Salud, el alcalde de Villaescusa urge una solución para “normalizar la atención médica en ambos consultorios y garantizar una atención sanitaria adecuada en el municipio”.

Memorias de un médico rural en un pequeño pueblo de Albacete durante medio siglo. Una reflexión narrativa sobre la realidad de los pueblos vacíos, la labor sanitaria y la importancia de la empatía y el cuidado comunitario.

El médico que llegó del sur (Almud Ediciones, 2026) es todo eso y mucho más. En algo más de un centenar de breves capítulos- fragmentos de la memoria- Antonio González Cabrera (El Carpio. Córdoba, 1955) hilvana su trayectoria personal y profesional con el devenir de España desde la Transición hasta nuestros días, en un pueblo con nombre ficticio que es, en realidad, San Pedro, en Albacete.

“Estas memorias son el grito de los pueblos que pierden pulso y memoria”. Es un texto híbrido que navega entre la autobiografía, la crónica política, la historia sanitaria y el memorial rural, escriben Concha Vázquez Sánchez, profesora de Literatura, y Juan Sisinio Pérez Garzón, profesor de Historia y exconsejero de Educación en Castilla-La Mancha, en el prólogo.

Ellos lo definen como un “ejercicio de responsabilidad moral con las gentes con las que se han compartido esperanzas y angustias, conflictos y acuerdos”. Es, añaden, “el latido humanista de un médico y un político comprometido con una España rural”.

Escribir su historia se lo sugirió un amigo coincidiendo con su jubilación, a los 70 años y porque no le quedó otra. Había pasado décadas en el consultorio y durante 24 años lo compaginó con labores en el ayuntamiento donde fue alcalde entre 1991 y 2007. “El último día se presentaron en la puerta unas 300 personas a decirme adiós”, recuerda emocionado. Muchas de ellas aparecen reflejadas en un libro que relata desde la llegada de la primera Ley de Sanidad (1986) aprobada por el ministerio de Ernest Lluch, durante el gobierno de Felipe González, para sustituir a un sistema de “igualas médicas”- una especie de contrato informal entre el médico y los pacientes, “sin tinta ni firma”-, por el que una familia pagaba una pequeña cuota mensual al médico y al practicante (enfermero) para garantizar una asistencia sanitaria básica a domicilio.

Con la democracia y el primer gobierno socialista se implantó el concepto de sanidad pública universal y gratuita y el Estado asumió la protección de la salud de todas las personas de cualquier clase y condición. Poco antes de eso Antonio González Cabrera llegó hasta San Pedro por casualidad. “Era jugador de rugby y vine para ver si jugaba en el Valencia, pero allí no había posibilidad de trabajar como médico así que me planteé colegiarme en alguna provincia limítrofe”.

Lo hizo en Albacete en octubre de 1979 y ha terminado jubilándose en San Pedro, el pueblo en el que ha desarrollado toda su carrera médica. Claro que antes, mientras estudiaba Medicina, ejerció como celador en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y después fue enfermero en la población de Iznájar. De ahí, se marchó a la ‘mili’ y terminó recalando en Albacete para trabajar en la sanidad rural.

“Al llegar tuve la sensación de estar entrando en un sitio donde el tiempo aún dormía la siesta desde 1955”. Era el mes de enero de 1980. Allí, cuenta el libro, el joven doctor se encontró en una sala donde no había ni fonendoscopio, ni tensiómetro, ni ningún otro instrumental médico profesional. Lo único que halló sobre la mesa de madera fue un bolígrafo BIC azul y todo lo que el consultorio tenía era un infernillo colocado en el poyete de la ventana y unas jeringas y agujas de diversos tamaños y calibres que usaba el practicante (nuestro enfermero o enfermera de hoy).

Este doctor especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en el estudio de la Diabetes Tipo 2 pasó de mejorar “algunas cosas en el consultorio” a intentar transformar el pueblo que le acogió, pero desde el ámbito político. “No teníamos de nada: el alumbrado público era de pena, muchas calles no estaban asfaltadas y había despoblamiento. El pueblo llegó a tener 3.000 habitantes, pero cuando llegué no llegaba a los 1.500”.

No fue fácil intentar cambiar las costumbres arraigadas, a veces impuestas por “las fuerzas vivas” locales. Ni siquiera era común, cuenta, “que el médico no estuviera en el club de toda la vida: el cura, el cabo [de la Guardia Civil] y el alcalde”.

Antonio González Cabrera procedía del Sindicato de Estudiantes, se había fajado en las luchas estudiantiles entre el final del franquismo y el inicio de la Transición. “Yo allí no pegaba mucho, pero pensé que ellos tampoco, así que llegué a la Alcaldía donde cambié todo lo que pude: mi pueblo tiene ahora piscina, centro de día, biblioteca, casa de cultura y hasta plaza de toros que se utiliza para eventos deportivos”.

Para ser alcalde se comió “muchos marrones” porque no se lo pusieron fácil. “Sufrí desde amenazas de muerte hasta que entraran el consultorio e hicieran pintadas”, rememora, pero se muestra orgulloso de su trayectoria en la “España profunda de aquellos años” porque nunca ha tirado la toalla, ni en lo sanitario ni en lo político. “Esto no va de quién es el más rápido, sino de quién es el que más aguanta. Cuando he necesitado una cosa para mi pueblo, he machacado hasta que alguien se ha rendido. Como alcalde de pueblo pequeño es una técnica que nunca falla. Aunque sea para que no vayas más a pedir”.

Yo allí no pegaba mucho, pero pensé que ellos [las fuerzas vivas herencia del franquismo] tampoco, así que llegué a la Alcaldía donde cambié todo lo que pude: mi pueblo tiene ahora piscina, centro de día, biblioteca, casa de cultura y hasta plaza de toros que se utiliza para eventos deportivos

Su trayectoria vital y profesional marca el ritmo del libro que es, además, un recorrido por la historia de España (y de la medicina) desde la Transición hasta nuestros días, y cómo lo vivieron en un pequeño pueblo. Algunos episodios quedaron muy marcados en su memoria. Desde el intento de golpe de Estado en 1981 - con horas angustiosas, recuerda, al expresar que “nunca es un país tan frágil como cuando se olvida del precio que le costó su libertad”-, el Mundial de Fútbol de 1982 en España, la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en agosto de ese mismo año, el ingreso en la OTAN, el terrorismo de ETA, la llegada del AVE... Después, la crisis financiera de 2008 o los desafíos en la Sanidad pública por los recortes en 2012, la pandemia de la COVID-19 o la actual polarización social y política. Y todo eso combinado con cientos de historias humanas en el consultorio y con la gestión de un ayuntamiento.

El doctor habla con pasión de la medicina rural para la que reclama ciertos aspectos “imprescindibles”. Defiende la cercanía con los pacientes y la “longitudinalidad” en la asistencia porque el cambio constante de médico, cuenta durante la conversación, “es negativo no solo para el paciente sino para el sistema sanitario y no sabes la de tiempo que ahorra saber quién entra por la puerta y de qué pie cojea”. Muchos de los pacientes de Antonio lo fueron desde niños. “En el medio rural español, los médicos de familia hemos tenido que asumir tradicionalmente la asistencia pediátrica”, escribe en el libro.

Cree que la Atención Primaria en el medio rural es aquella que “permite contar al paciente cosas que no son solo de medicina orgánica”. Él es un gran conversador, pero sobre todo escuchó a quienes pasaron por su despacho durante décadas. “Un buen tanto por ciento de las patologías son consecuencia de la soledad de mucha gente”. La Medicina va más allá de la ciencia e implica empatía y acompañamiento humano.

Los médicos rurales son quienes tienen que defender la sanidad pública a vida o muerte porque ¿quién va a ir allí a prestarte servicios que no son rentables? Nadie

Los médicos rurales pasaron del rol paternalista a ser parte activa del tejido social, por eso resalta la importancia de “acompañar en los silencios” tras una pérdida. “Lo que hay que hacer es sentarse a su lado, sin hablar, porque… ¿qué vas a decir? Y acompañar en las situaciones de miedo ante enfermedades como el cáncer. Muchas veces he tirado de teléfono para que mis pacientes no tuvieran que pasar 15 días con el volante ‘acojonaos’ y se les atendiera. Esa es una labor que tenía que hacer”.

Después, subraya, esos mismos médicos rurales “son quienes tienen que defender la sanidad pública a vida o muerte porque ¿quién va a ir allí a prestarte servicios que no son rentables? Nadie. A los pueblos pequeños internet llega lo último. Todavía los hay sin cobertura móvil. Seamos claros, no hay negocio”.

En su opinión, “la defensa de la sanidad pública es también la defensa de la dignidad de los ciudadanos rurales. Esa ha sido mi pelea eterna desde que estoy en esto”. Las historias médicas y las circunstancias de las personas que atendió le dejaron huella. “Hay quien vino a decirme que quería abortar, que sufría malos tratos, que quería adelgazar o que era víctima de acoso”.

“Si se pudiera teletrabajar, habría muy poca gente en las ciudades”

El libro de Antonio González Cabrera tiene mucho de homenaje a aquellos municipios a los que enmudeció el despoblamiento. De hecho, el texto arranca con un poema dedicado a los pueblos vacíos y el autor les confiesa su “amor” porque “aunque vaciados, permanecen llenos de sentido para quienes no hemos olvidado qué significa la pertenencia”.

La España Vaciada no le es desconocida a quien, además de alcalde, fue diputado provincial y presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (también lo fue de su homóloga europea). Hoy se muestra escéptico con las medidas para evitar la despoblación que no tengan que ver con “poner trabajo, educación y sanidad para mantener vivos los pueblos”.

Lo dice porque lo intentó. “Pusimos en marcha proyectos de repoblación. La gente se fue a vivir a los pueblos y a los cinco años se marchó por la falta de servicios. Era el mismo problema por el que los oriundos se habían ido antes”. Conoce bien la situación porque San Pedro llegó a tener 3.000 habitantes y hoy no llega a los 1.200.

No puedes hacer una casa de cultura para 400 personas en un pueblo de 60 habitantes y aquí en Castilla-La Mancha encontramos unas cuantas. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para el baile en verano? Con una carpa sale más barato

González Cabrera también estuvo al frente del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y fue vicepresidente de la desaparecida Asociación de Centros de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (CEDERCAM). Cuando le preguntamos por las políticas para frenar la despoblación en Castilla-La Mancha insiste en que lo primero es apostar por los servicios esenciales y también por el transporte público. “No puedes hacer una casa de cultura para 400 personas en un pueblo de 60 habitantes y aquí en Castilla-La Mancha encontramos unas cuantas. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para el baile en verano? Con una carpa sale más barato”. Se trata, dice, de “priorizar”.

Ve en el servicio de ayuda a domicilio para los mayores o en la acción de reconocer la Dependencia a quienes viven en el medio rural como una forma de generar empleo y, sin embargo, critica que se esté siendo “cicatero” en cuestiones como estas. “En algunos casos la despoblación se ha revertido, no porque hayamos hecho el mundo rural más atractivo, sino porque en el mundo urbano no se puede vivir, así que te vas donde puedas comprar una casa y vivir tranquilo. Si se pudiera teletrabajar, habría muy poca gente en las grandes ciudades”.

Las reivindicaciones médicas

Hace casi seis años que recibió el Premio de Política, Economía y Ciencias Sociales que otorga la Fundación de Estudios Rurales de la Unión de Pequeños Agricultores de España por ser un “luchador incansable por la sanidad pública rural”, y muy especialmente, de la Atención Primaria.

Le preguntamos por las reivindicaciones de sus colegas médicos que reclaman un Estatuto Marco. Él responde con otra pregunta: “¿Por qué es más importante que los médicos tengan un Estatuto frente al hecho de que lo tengan los enfermeros, los celadores y hasta los auxiliares de clínica?”. No rechaza la reivindicación, pero introduce matices. “Un Estatuto Marco específico los médicos me suena a tener mi parcelica de poder y dependiendo del gobierno que haya, me peleo más o menos. Es mi sensación”.

Por eso apuesta por “recoger todas las reivindicaciones de los sanitarios dentro de un marco general del sistema asistencial. Si nos dividimos, morimos todos”. Y aquí entra también la atención en los pueblos. “Tienen que recoger las reivindicaciones de lo rural. No es lo mismo ser médico a 30 kilómetros de Albacete que a 150 kilómetros. ¿Cuánto vale la dispersión poblacional? ¿Cómo se aborda la conciliación familiar de los profesionales? ¿Y los servicios?”, se pregunta.

Sobre la carrera profesional que reclaman los sanitarios en la comunidad autónoma dice no entender la postura del Gobierno de Emiliano García-Page después de una década al frente de la Presidencia regional. “Ya son ganas de tener al sector sanitario en pie de guerra. Es la única comunidad autónoma sin la carrera profesional sanitaria. A mí no me afecta, yo saqué el grado 4, pero es un agravio comparativo”.

Recuerda cómo durante su primer mes en el consultorio los pacientes le recibieron con víveres. “Me traían a veces tomates, otras, habas o pepinos, una me llevo una empanada, otra hasta me tejió una bufanda porque un día que fue me vio con frío”. Una situación muy alejada de algo que nunca ha vivido en carnes propias: las agresiones en el ámbito sanitario. Él cree que “la tranquilidad y la paciencia” del profesional pueden prevenirlas, e incluso evitarlas en muchos casos, aunque reconoce que “no hay una varita mágica” para el problema.

González Cabrera ha querido también dejar un guiño en el libro a la figura de los visitadores médicos para dejar caer la falta de interés de la administración pública por reciclar a sus médicos rurales. “Más allá de las cuatro iniciativas que llegan de lo público, la formación que recibimos depende en buena medida de los laboratorios. Acaban condicionando nuestra prescripción de medicamentos, sí. Ellos llevan su liebre, sí, pero mantenerte actualizado muchas veces depende de eso”.

Hace unas semanas presentó el libro en su pueblo y el próximo 29 de abril lo hará en la Librería Popular de Albacete. No es un epílogo porque sigue escribiendo, aunque el libro sí tenga un cierre claro en el que expresa sus preocupaciones. “¿Cómo podíamos imaginar que alguien iba a ir con una gorra de beisbol a un entierro de soldados? ¿Y un presidente con una motosierra? Esto no es normal”.

La publicación es también una reflexión sobre la desigualdad, la pérdida de libertad y la crisis del sistema democrático y social en el contexto actual. No es de los que creen que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero reconoce la “impotencia” ante lo que considera una evidencia: “La libertad ya no es un derecho sino un artículo de lujo, con propietario registrado y etiqueta dorada” y lamenta que en su nombre se cometan tropelías. “La receta del momento viene servida en tres tiempos: victimismo de aperitivo, bulo como plato fuerte y censura de postre, todo adornado con un envoltorio rutilante al que se bautiza cómo libertad”. Su filosofía es bien distinta: “Con lo bonito que es llevarse bien”.

En mayo, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) pondrá en marcha los servicios especializados para personas trans en su red de atención primaria. Habrá uno por cada territorio histórico. Estará disponible en el centro de salud del Casco Viejo de Donostia, en Gipuzkoa; en el ambulatorio de Deusto de Bilbao, en Bizkaia; y en el centro de salud Lakua-Arriaga de Vitoria, en Álava. Se trata de una de las medidas incluidas en la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi, presentada este jueves.

Este servicio ya había sido anunciado hace un año, el 31 de marzo de 2025, Día Internacional de la Visibilidad Trans. En aquel momento se indicó que se pondría en marcha a lo largo de 2025, sin concretar fechas. Hasta ahora, la atención sanitaria a personas trans se concentra en la Unidad de Identidad de Género (UIG) del hospital de Cruces, en Barakaldo.

El médico especialista Oskar Ayerdi ha explicado que el servicio permitirá realizar dos consultas iniciales con profesionales de enfermería y psicología. Estas tendrán como objetivo garantizar y planificar “un acompañamiento que respete las diversidades, la autodeterminación y las distintas necesidades que cada persona manifieste”.

Junto a este servicio, se plantea una “descentralización progresiva de determinados procedimientos”, entre los que destacan la terapia hormonal, algunas intervenciones quirúrgicas y la reproducción asistida. La unidad de Cruces se mantendrá como referencia para los casos de mayor complejidad.

La directora general de Osakidetza, Lorea Bilbao, ha señalado este jueves que la nueva guía sanitaria para personas trans en Euskadi busca ofrecer un servicio “integral”. Para ello, se ha contado con más de 40 redactores: asociaciones, profesionales sanitarios y personas trans junto a sus familias. El documento tiene como objetivo que la Sanidad pública sea un espacio donde estas personas se sientan “escuchadas, respetadas y seguras”.

Ayerdi ha detallado que la guía incluye un recorrido histórico del tratamiento sanitario a las personas trans en Euskadi, una fotografía actual del servicio y un plan de acción. Ha señalado que el documento responde a las “necesidades de una sociedad cambiante” y que constituye “una forma de consolidar la unidad y la red”, facilitando la distribución de tareas.

La guía responde al artículo 22 de la ley aprobada en 2024 por el Parlamento Vasco. Precisamente esta misma semana se ha anunciado también que, al calor de ese texto, se ha decretado el 20 de noviembre como día de la memoria trans. La ley fijó que Osakidetza debería arbitrar “medidas adecuadas”, en colaboración con asociaciones, profesionales de la salud, personas trans y sus familias, “para asegurar el derecho del personal profesional a recibir formación específica en materia trans”. Y siempre desde el enfoque de la despatologización.

El 51,6% de la población a nivel nacional ha mantenido una valoración positiva del funcionamiento del sistema sanitario público. No obstante, este promedio esconde una marcada desigualdad territorial. Así, Cantabria ha liderado la valoración con un 66,4% de opiniones favorables, situándose 14,8 puntos por encima de la media. En el extremo opuesto, Andalucía registra el índice más bajo con un 38,8%, lo que supone una brecha de 27,6 puntos porcentuales entre ambas comunidades.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en una nota, los resultados del Barómetro Sanitario 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), han confirmado que la opinión de la ciudadanía sobre el sistema sanitario está “profundamente” ligada al desempeño de cada comunidad autónoma. En un sistema donde las competencias están transferidas, el informe ha evidenciado “diferencias territoriales” en la percepción del funcionamiento del sistema sanitario.

Respecto a la atención primaria, el servicio más utilizado por la población (80,8%), el 80,4% de los usuarios ha calificado la atención recibida como buena o muy buena. Sin embargo, el análisis por comunidades ha revelado una distribución muy heterogénea. En el extremo superior, han destacado Cantabria y el País Vasco, donde los niveles de satisfacción positiva alcanzan el 90%, mientras que en los niveles más críticos,se sitúan Andalucía, Valencia y, especialmente, Galicia, que registra el porcentaje más bajo de satisfacción de todo el territorio, situándose por debajo del 73%.

Los andaluces, los que más esperan para una cita en primaria

Esta disparidad también se ha reflejado en los tiempos de espera para acceder al médico de familia. Frente a una demora media nacional de 9,15 días para quienes no obtienen cita el mismo día o al siguiente, el País Vasco se sitúa como la comunidad con menos demora, con sólo 4,91 días. En el lado opuesto, los residentes en Andalucía sufren la espera “más prolongada del país”, alcanzando una media de 11,16 días, seguida por Cataluña con 10,59 días.

En cuanto al ingreso hospitalario, la sanidad pública ha registrado una valoración del 81,4% de los pacientes, con una nota media de 7,02 puntos sobre 10, consolidándose como “uno de los servicios mejor valorados del sistema”. En este servicio, Cantabria encabeza los niveles de excelencia con una nota de 7,64 puntos, seguida de Asturias (7,55) y el País Vasco (7,53), mientras la valoración desciende hasta los 6,62 puntos en Canarias y las ciudades autónomas.

Por otro lado, la coordinación entre los servicios de atención primaria y el ámbito hospitalario ha contado con una valoración del 49,4% de la población a nivel nacional. Por comunidades, el País Vasco ha registrado la mayor valoración, con un 65,8% de ciudadanos que aprueban la comunicación entre niveles asistenciales. En contraste, Canarias ha registrado el punto más bajo del país con un 39,6% de opiniones favorables.

Servicios de urgencias y salud mental

Respecto a los servicios de urgencias, el 48,7% de la población española ha recurrido a la red pública en el último año. Aunque la atención ha sido valorada positivamente por el 72,4% de los usuarios a nivel nacional, la forma en que se accede a este servicio depende “estrechamente” de la organización en cada comunidad autónoma.

Así, mientras que la Comunidad de Madrid ha registrado el mayor uso de urgencias hospitalarias de España (68,6%), en regiones como Canarias o Extremadura ha sido la atención primaria la que ha absorbido la mayoría de los casos (más del 55%), “aliviando la presión sobre los hospitales”.

En cuanto a la calidad percibida, los servicios de emergencias 061 y 112 se han consolidado como los mejores valorados del sistema con una nota media nacional de 7,26 puntos, destacando especialmente el liderazgo de Castilla-La Mancha, con una puntuación de 7,90. Por su parte, las urgencias hospitalarias han obtenido sus valoraciones más altas en Cantabria y el País Vasco (6,71), frente a la percepción más crítica de Ceuta (5,05).

Preferencia por la sanidad pública

En relación con la salud mental, el informe ha revelado que el 19,9% de la población (prácticamente una de cada cinco personas) ha necesitado consultar a un profesional por un problema de salud o malestar emocional en el último año. De este grupo, el 51,1% fue atendido principalmente en el sistema público, donde el servicio recibe una valoración positiva del 56% por parte de sus usuarios.

Por otro lado, y a pesar de la variabilidad territorial detectada en otros indicadores, se ha mantenido una “sólida” y “mayoritaria preferencia” por la hospitalización pública, que elegiría el 73,9% de los ciudadanos frente al 23,9% que optaría por la sanidad privada.

Por último, esta confianza en el sistema público para los casos de “mayor complejidad” ha experimentado un crecimiento sólido de once puntos desde el año 2015, reafirmando que “la seguridad y los medios de los hospitales públicos siguen siendo el eje vertebrador y la opción de referencia para la población española”.

Galicia es la comunidad autónoma que registra el porcentaje más bajo en satisfacción de toda España en cuanto al servicio de atención primaria, el más utilizado por la población a nivel nacional (80,8%), según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes.

En los niveles “más críticos” se sitúan Andalucía, Valencia “y especialmente Galicia”, señala el documento, que asegura que la comunidad autónoma gallega “registra el porcentaje más bajo de satisfacción de todo el territorio, situándose por debajo del 73 por ciento”, recoge Europa Press. En contraposición, en Cantabria y el País Vasco los niveles alcanzan el 90%.

En Galicia, en lo que se refiere a las consultas de atención primaria, un 23,7% dijo estar totalmente satisfecho, frente a un 3,5% totalmente insatisfecho. Respecto al sistema sanitario, el documento revela que el 12,8% de los encuestados cree que, en general, funciona bastante bien, mientras un 44,3% apunta que funciona bien aunque son necesarios algunos cambios.

Sobre si han tenido algún problema para consultar por síntomas o enfermedades con su médico en Galicia, un 23,3% indica que alguna vez ha necesitado hacerlo y no lo ha conseguido y un 63,4 % asegura que cuando lo ha precisado ha podido hacerlo. Así, la atención que han recibido por su médico de cabecera ha sido buena en un 44,6% y mala en un 0,7% de los casos. En el especialista, un 52,6% la considera buena y un 2,4%, mala.

El análisis por comunidades confirma que la opinión de la ciudadanía sobre el sistema sanitario está “profundamente ligada al desempeño de cada comunidad autónoma”.

A nivel nacional, el 51,6% de la población mantiene una valoración positiva del funcionamiento del sistema sanitario público. No obstante, este promedio esconde una marcada desigualdad territorial, ya que Cantabria lidera la valoración con un 66,4% de opiniones favorables, situándose 14,8 puntos por encima de la media. En el extremo opuesto, Andalucía registra el índice más bajo con un 38,8 por ciento.

En el ámbito del ingreso hospitalario, la sanidad pública registra una valoración del 81,4% de los pacientes, con una nota media de 7,02 puntos sobre 10. Por otro lado, la coordinación entre los servicios de Atención Primaria y el ámbito hospitalario cuenta con una valoración del 49,4% de la población a nivel nacional.

En relación con la salud mental, el informe revela que el 19,9% de la población (prácticamente una de cada cinco personas) ha necesitado consultar a un profesional por un problema de salud o malestar emocional en el último año. De este grupo, el 51,1% fue atendido principalmente en el sistema público, donde el servicio recibe una valoración positiva del 56% por parte de sus usuarios.

Por otro lado, y a pesar de la variabilidad territorial detectada en otros indicadores, se mantiene una sólida y mayoritaria preferencia por la hospitalización pública, que elegiría el 73,9% de los ciudadanos frente al 23,9% que optaría por la sanidad privada.

Hoy en Exfiliana y mañana en Purullena. Así es la vida de los sanitarios de la comarca de Guadix en Granada. No saben, y cada vez con menos frecuencia, cuándo y dónde tendrán que trabajar puesto que, según denuncian, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se les utiliza como “comodines” para cubrir huecos ante la falta de personal. Esta circunstancia, que impacta de lleno en los profesionales de los centros de salud periféricos de esta zona de la provincia, provoca a su vez que los ciudadanos de los municipios en los que están destinados se queden en ocasiones sin atención médica o vean cómo se les anulan citas sin previo aviso.

Así, los problemas se multiplican ante la falta de una operativa que funcione de forma coordinada y que respete no solo a los profesionales médicos, sino a los pacientes que necesitan de su sanidad pública. Pues los sanitarios son llamados de improviso en muchas ocasiones para que acudan a otras localidades, pese a que estas estén muy dispersas geográficamente. Una tónica demasiado habitual, lamentan, porque se están perdiendo sanitarios en todo el sistema público, pero con especial incidencia en los entornos rurales.

Cansados de esta situación, los profesionales afectados han redactado una batería de quejas que han hecho llegar a este medio. En ella, señalan todo tipo de problemas a la hora de poder ejercer su trabajo desde la dignidad y el respeto a los usuarios. Mientras la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía niega cualquier problema y habla de una asistencia sanitaria que opera con “normalidad”, en el escrito los sanitarios advierten de que esta dinámica organizativa está teniendo consecuencias directas tanto en la calidad asistencial como en sus propias condiciones laborales.

Consultorios sin médicos

“Se nos utiliza como comodín para cubrir necesidades estructurales de la zona”, explican, lo que implica que con frecuencia deben abandonar sus consultas para cubrir bajas, salientes o consultas saturadas en otros centros. El resultado, denuncian, es que los consultorios de los pueblos en los que están destinados pueden quedarse durante horas o incluso jornadas completas sin médico. Los profesionales cuentan que se ven obligados a hacer desplazamientos constantes entre municipios, a menudo de decenas de kilómetros, y en muchos casos utilizando sus propios vehículos. A ello se suma la falta de previsión con la que se producen estos cambios. “En muchas ocasiones se nos comunica con muy poca antelación”, señalan, lo que obliga a modificar o cancelar consultas ya programadas y altera por completo la planificación de la jornada.

La consecuencia más visible de esta situación recae en los pacientes. Según explican los médicos, las agendas se llenan con más personas de las que sería deseable y con menos tiempo disponible para cada consulta. Además, muchos profesionales deben atender a pacientes que no pertenecen a su cupo habitual, lo que dificulta el seguimiento continuado de los casos clínicos. “Más pacientes y menos tiempo para cada uno en centros sanitarios diferentes”, resumen.

Los sanitarios denuncian que este modelo organizativo también tiene consecuencias directas en la seguridad asistencial en los municipios más pequeños. En algunos consultorios, explican, las enfermeras se quedan solas durante gran parte de la mañana cuando el médico es desplazado a otro centro. “El equipo mínimo para atender una emergencia es un médico y una enfermera”, recuerdan.

La situación se complica especialmente en localidades alejadas del hospital o de los recursos de emergencias. Algunos de estos consultorios se encuentran a más de media hora del hospital o de la ambulancia más cercana. A ello se suma que, según indican los profesionales, durante las mañanas solo hay un equipo móvil de emergencias para cubrir una amplia zona que incluye Guadix, Purullena, el Marquesado y Benalúa. Los médicos dicen además que esta forma de reorganizar la asistencia ha dejado de ser algo puntual. “Es importante remarcar que ha dejado de ser excepcional”, señalan en su escrito. A su juicio, se trata de una práctica que responde a déficits estructurales de plantilla y que termina repercutiendo tanto en la atención sanitaria como en el desgaste profesional de los trabajadores.

Usuarios afectados

Las consecuencias de estas reorganizaciones también las perciben los vecinos de la comarca. Elena, residente en la zona, relata a este medio cómo su marido se quedó sin consulta tras esperar durante días su cita médica. “Tenía cita a las 13.20 después de quince días esperando. Estaba allí desde las 12.50 y cuando preguntó en el mostrador le dijeron que el médico se había ido”, explica.

El problema no terminó ahí. Al no haber sido atendido por el facultativo, tampoco pudo obtener un justificante médico para el trabajo. “Pidió un justificante y le dijeron que no podían dárselo porque no lo había visto el médico”, cuenta. Finalmente, la consulta tuvo que aplazarse y la nueva cita se la han dado para varios días después. Y es que situaciones similares se repiten en otros municipios de la comarca. Encarni, vecina de Exfiliana, explica que conseguir cita con el médico de cabecera se ha convertido en una tarea complicada para muchos vecinos. “Aquí nunca hay cita para el médico”.

Según cuenta, en su localidad el consultorio dispone de médico únicamente tres días a la semana. “Hay consulta lunes, miércoles y viernes”, explica. Sin embargo, el horario real suele ser menor. “Los miércoles solo pasan consulta hasta las once porque tienen que ir a la residencia y los viernes muchas veces directamente no vienen”. Cuando el médico sí acude, la consulta suele estar saturada. “Está llena de gente y cuesta mucho que atiendan”, describe. Muchos vecinos terminan recurriendo a urgencias ante la imposibilidad de conseguir una cita en atención primaria.

En su caso, la situación ha tenido consecuencias directas en la atención sanitaria de su familia. Su madre lleva meses arrastrando problemas de salud sin un diagnóstico definitivo. “Desde agosto está mala con dolores en los riñones y el estómago y todavía no le han dado diagnóstico”, relata. Entre pruebas, citas y nuevas derivaciones, el proceso se ha prolongado ya más de medio año.

Pese a las dificultades, la vecina insiste en que los profesionales sanitarios están haciendo todo lo posible por atender a los pacientes. “Los vemos muy saturados, van de un lado a otro y se desdoblan todo lo que pueden”, asegura. Los propios médicos advierten de que este modelo también está afectando a la formación de los residentes que realizan su especialidad en la zona. Al no poder mantener consultas estables ni hacer seguimiento de pacientes en el tiempo, los profesionales en formación pierden una parte esencial del aprendizaje en atención primaria: la continuidad asistencial.

En su escrito, los sanitarios consideran que esta situación refleja un problema más amplio relacionado con la atención sanitaria en el medio rural. “Nos sentimos profesionales de segunda y, por extensión, la población a la que atendemos también”, señalan. A su juicio, el cierre temporal de consultorios o la reducción de la atención en los pueblos termina generando desigualdades territoriales en el acceso a la sanidad pública. Además, advierten de que el desgaste laboral ya está teniendo consecuencias en la plantilla. Algunos profesionales han abandonado sus puestos y otros se plantean hacerlo, lo que podría agravar aún más la falta de médicos en zonas consideradas de difícil cobertura.

Los sanitarios defienden que existen alternativas organizativas para evitar que los consultorios periféricos se conviertan en la “moneda de cambio” para compensar los déficits de personal en otras zonas más pobladas. Entre ellas, mencionan la posibilidad de recurrir a continuidades asistenciales voluntarias o refuerzos en los centros con mayor demanda.

Sin problemas, según la Junta

Por su parte, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía asegura que la asistencia sanitaria en la comarca está garantizada. Fuentes oficiales señalan que la cartera de servicios se mantiene con normalidad tanto en el Hospital de Guadix como en los centros de atención primaria.

La Junta sostiene además que el número de profesionales en el área ha aumentado un 2,15%, alcanzando los 1.280 trabajadores en 2025. Según los datos facilitados por la administración sanitaria, durante ese año se realizaron 112.391 consultas, casi un 5% más que el ejercicio anterior. Desde la Consejería reconocen que pueden producirse reorganizaciones puntuales del personal. “Como ocurre en cualquier organización sanitaria, pueden darse situaciones derivadas de bajas laborales, reducciones de jornada u otras circunstancias sobrevenidas que obligan a reorganizar temporalmente la atención entre distintos centros”, indican.

El Gobierno regional quiere enviar “un mensaje de tranquilidad y confianza en el funcionamiento del sistema sanitario público”, al tiempo que reconoce el compromiso de los profesionales que trabajan en la comarca para garantizar la atención a los pacientes. Un optimismo que no comparten ni profesionales ni usuarios.

Este sábado, día 14 de marzo, la plataforma 'Toledo por la Sanidad Pública' convoca a la ciudadanía a una concentración en defensa de este servicio para que sea “cien por cien público, universal y de calidad”, y en contra de las listas de espera, la “privatización” y las “reducciones presupuestarias”. La protesta comenzará a las 12.00 horas y tendrá lugar en el Paseo Federico García Lorca, frente al Centro de Salud del Polígono de Toledo.

“No nos podemos quedar parados ante la constante agresión a nuestra sanidad por parte de instituciones públicas y empresas privadas. Las listas de espera en progresión al alza y continua, la privatización descarada de servicios sanitarios y no sanitarios, la reducción de los presupuestos públicos en este ámbito y demás agresiones al sistema sanitario público, no conllevan más que un retroceso en nuestros derechos sociales duramente conseguidos y un peligro para la salud colectiva e individual. Un deterioro que tiene por objetivo último el beneficio económico para el sistema privado sanitario”, señala este colectivo.

En su manifiesto, la plataforma acusa al Gobierno regional de la “mala gestión, descoordinación y desinterés” por la sanidad pública, cuyo “deterioro” atribuye a las mencionadas “privatizaciones” y también a “subcontrataciones” en todos los aspectos, desde el mantenimiento de las instalaciones, la comida o la limpieza, hasta la atención sanitaria.

“Si para algo nos sirve la memoria, es para recordar esos casos de contagios mundiales como el ébola, gripe aviar, o la pandemia de Covid, contra los que no se puede luchar sin medidas sanitarias generales, y no podemos caer en la indiferencia ante la falta de recursos económicos de los enfermos”, apunta.

Los protocolos de atención “no funcionan”

Por eso destaca la necesidad de “mejorar la calidad y adaptarse a las nuevas necesidades” y resalta como uno de los mayores problemas que los protocolos de atención “no funcionan en muchos casos” y originan unas listas de espera “que afectan a la calidad y a la buena atención de nuestras enfermedades”. De hecho, alerta de que la falta de asistencia a tiempo “derivará en agravar las consecuencias de nuestros males o incluso la muerte de enfermos por no haber sido atendidos en el momento adecuado”.

Otro problema que enumera es la dificultad para conseguir una cita en Atención Primaria a través del teléfono, donde “puedes esperar durante horas” o “te derivan a una centralita”. Esto provoca que la gente tenga que acudir a los centros de salud continuamente, “colapsando el departamento administrativo”.

Posteriormente, añade, una vez conseguida la cita, los plazos de esa atención “pueden ser de más de quince días”. “O en caso de ser urgente o que no puedas esperar ese tiempo, debas acudir directamente a las urgencias, sobrecargando este nivel, y recibiendo una atención que debería ser prestada por tu médico de familia, conocedor de tu historial”, concluye.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado la resolución por la que se crea la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Castilla-La Mancha (UICAM). Es la primera iniciativa de este tipo dedicada exclusivamente a la realización de ensayos clínicos en la comunidad autónoma.

La nueva Unidad surge de un proyecto impulsado por el Instituto de Investigación Sanitaria de la región (IDISCAM) que ha obtenido financiación en una convocatoria pública competitiva del Instituto de Salud Carlos III, y estará físicamente ubicada en el Hospital Universitario de Toledo, con una vocación claramente regional, permitiendo coordinar la investigación clínica que se desarrolla en el conjunto de los hospitales de Castilla-La Mancha.

Según la resolución, con su establecimiento se persigue la instauración de una estructura organizativa que armonice, coordine e impulse la investigación en la Atención Primaria, ordenando y dando sentido a las actuaciones de excelencia que en este ámbito se han venido desarrollando en la región.

El Gobierno castellanomanchego explica que los sistemas sanitarios se enfrentan, entre otros, al “desafío de adecuarse al continuo avance científico que experimenta el sector”, adecuación que tiene multitud de variantes tanto en lo relativo a la inversión como a la adaptación y construcción de infraestructuras o a la capacitación del conjunto de profesionales.

En este sentido, la investigación constituye “uno de los ámbitos estratégicos para este acompasamiento entre la evolución de la ciencia y la cada vez mayor preparación de los integrantes del sistema”.

Una nueva apuesta

Por otro lado, apunta que la Atención Primaria se ha configurado como el ámbito asistencial que actúa como eje, “superando concepciones tradicionalmente mantenidas como puerta de entrada o complemento de la atención especializada”.

“La apuesta por una mayor resolutividad debe ir necesariamente acompañada por una doble actuación: una consolidadora que cristalice las mejoras en las condiciones laborales de sus profesionales y otra transformadora que impulse y maximice la adquisición de nuevas capacidades y competencias por parte de aquellos, para coadyuvar, en suma, al refuerzo y avance de este nivel y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en su conjunto”.

En Castilla-La Mancha se ha contemplado en las diferentes estrategias a nivel general sanitario diversas acciones tanto en materia de investigación como de situar a la atención primaria en el centro del sistema. De hecho, en el Plan de Salud H3.0, actualmente en fase de elaboración, ambos campos de actuación cuentan con un renovado protagonismo.

En este sentido, el Plan de Atención Primaria de Castilla-La Mancha y la Red de Expertos y Profesionales de Investigación constituyen dos de las puntas de lanza más significativas.

La inversión total supera los 800.000 euros, financiados de manera conjunta por el Instituto de Salud Carlos III y el propio SESCAM, y se prevé que la actividad clínica con los primeros ensayos se inicie antes de que finalice el año 2026.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hace algo más de un mes la “incorporación inmediata” de 21 psicólogos clínicos en atención primaria en Galicia, pero el proceso no está siendo todo lo rápido que prometió: en la provincia de Ourense no han conseguido contratar a ninguno de los tres previstos en estas semanas. Como adelantó el diario La Voz de Galicia, la jefa de Psiquiatría del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, María Tajes, ha recurrido a publicar a través de sus redes sociales (en Linkedin) un anuncio en el que expone que lo que se ofrecen son contratos de interinidad sujetos a llamamiento según la normativa para el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

La Consellería de Sanidade explica que en Ourense llegó a haber dos profesionales interesados en los puestos, pero en el momento de la incorporación renunciaron ambos a la plaza, de modo que las vacantes siguen siendo tres. “Se está en una búsqueda activa para poder cubrir e incorporar en el plazo más breve posible a los tres psicólogos clínicos, teniendo en cuenta que se trata de una especialidad deficitaria”, justifica el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño.

La de incorporar psicólogos clínicos a la atención primaria es una promesa que el actual presidente de la Xunta lanzó en el debate sobre el estado de la autonomía de octubre de 2023. No se concretó hasta el pasado 2 de febrero, cuando informó, tras la reunión del Consello, de los planes de Sanidade para sumar 21 profesionales a los siete que ya estaban trabajando en atención primaria. Consideraba que, de esta forma, quedaba constituida la red gallega de psicólogos clínicos en este nivel asistencial, integrada por 28 trabajadores, de los que ahora mismo están contratados 25. La Consellería indica que el problema de las plazas sin ocupar afecta solo al área de Ourense y que en el resto sí se han formalizado los contratos.

Cuando hizo el anuncio, Rueda añadió que la pretensión es que estos psicólogos pasen consulta, pero también que diseñen actividades preventivas. Y dijo que el objetivo es llegar a 50 antes de 2030. Las 21 nuevas contrataciones implican un desembolso de 1,5 millones de euros.

Entonces, la Xunta desglosó los centros de salud en los que iban a estar destinados estos psicólogos. En el área sanitaria de A Coruña y Cee son cinco: uno se va a ocupar de Abegondo/Curtis/Teixeiro; otro de Miño/Sada; otro más de A Laracha/Cerceda; un cuarto de Os Rosales/Labañou y el último de Vimianzo/Cee. Los tres profesionales incorporados en Santiago e Barbanza cubren Muros; Melide/Arzúa y Rianxo. En Vigo también son cinco: centro integral de saúde Olimpia Valencia, Navia, Ponteareas, Redondela y Moaña. En Pontevedra y O Salnés se ha incorporado a un profesional que se ocupará de los centros de salud Virxe Peregrina y de Sanxenxo.

En el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte se suman tres psicólogos: uno para Viveiro, otro para Sarria y uno más para el centro de salud Praza de Ferrol de Lugo. En Ferrol hay un nuevo psicólogo en el centro de salud Fontenla Maristany. Y en Ourense la intención era incorporar uno para cubrir Valle Inclán/Puente/O Carballiño; otro para Novoa-Santos/O Couto/Mariñamansa/Ribadavia y uno más para O Barco de Valdeorras/Viana do Bolo.

Los más de 350 Centros de Atención Primaria (CAP) en Catalunya tendrán este 2026 un nuevo y polémico plus de financiación. A la lista de contraprestaciones económicas que reciben en función de sus objetivos se ha añadido una que afecta a las bajas laborales. Si se reducen los tiempos considerados –sobre el papel– excesivos en determinadas incapacidades temporales, el centro de salud recibirá una partida adicional. 

Este incentivo, que ha trascendido en plena huelga de médicos, se aplicará de momento a los diagnósticos de dolencias osteomusculares y a las de salud mental, que son las que más días de incapacidades temporales acumulan en Catalunya: el 56% del total. 

Será un dinero añadido que recibirán los centros de salud, no los médicos, pero la puesta en marcha de la medida no va a ser apacible. Los sindicatos la rechazan, genera inquietud entre los facultativos y algunos partidos de la oposición ya han exigido a la consellera de Salut, Olga Pané, que rectifique. 

La consellera pone el ojo en las bajas

Desde que asumió sus funciones al frente de Salut del Govern de Salvador Illa, Pané se ha fijado como objetivo reducir la prevalencia de las incapacidades temporales. Uno de sus argumentos es que Catalunya es de las comunidades donde más bajas se expiden (618 por cada 1.000 afiliados en 2024), y también donde más ha crecido esta realidad en la última década (un 63% desde 2016). 

En su afán por reducirlo, Pané no ha temido entrar en polémicas. Primero, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) estudió un incentivo para que los médicos firmaran más altas, en concreto el 50% o más de las que les trasladan las mutuas. Pero Salut lo descartó al cabo rápidamente. También fue muy criticada por los sindicatos su campaña en los centros de salud que pedía hacer un “buen uso” de las bajas. “Catalunya tiene el 17% de los afiliados a la Seguridad Social del Estado español, pero acumula el 25% de las bajas laborales” , advertía el cartel, que también acabó retirado.

Con todo, y sin ser tan llamativo, fue en enero de 2025 cuando Salut firmó un convenio con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para el “control” de las incapacidades temporales, un acuerdo que ha servido de marco para aprobar los actuales incentivos. En ese documento, que por ahora han firmado solo Catalunya, Asturias y Illes Balears, se incluyen entre otros los deberes de los médicos de los CAP.

El convenio menciona directamente “incentivos económicos” a los médicos para “adecuar la duración” de las bajas “a los días estrictamente necesarios” para la recuperación de los trabajadores. Pero finalmente Salut lo ha convertido en un plus económico para el propio CAP. El cumplimiento de todos los objetivos (17 en el caso de la Atención Primaria) supone recibir un 5% más del presupuesto previsto de base. 

Los tiempos “óptimos” para cada enfermedad están descritos en un manual del INSS, en función de la edad o la profesión, pero lo que no queda claro es hasta qué punto los médicos deberán ceñirse a ellos para considerar que cumplen con el requisito. 

Advierten de la pérdida de confianza del paciente

“Es una dinámica perversa y una medida de presión económica que va en contra de la ética profesional”, denuncia Eva Segura, médica de familia en el CAP Manso de Barcelona. “Me están coaccionando para ajustarme a unos tiempos estandarizados y si no, perjudico al resto del equipo”, se queja. 

Esta facultativa advierte de los problemas de aplicar un incentivo de este tipo. Por ejemplo, se encuentran a menudo con pacientes que no encajan en una categoría profesional concreta. “Nos llegan muchos moderadores de contenido de redes sociales con problemas de salud mental, pero no tienen epígrafe profesional, ¿cómo lo calculamos en su caso?”, plantea. Algo parecido ocurre con diagnósticos difíciles de encuadrar: “No es lo mismo una baja por artrosis en la rodilla que si está asociada a una tendinitis y con lumbalgia irradiada”. 

Viciano pertenece a Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP), que ha dado la voz de alerta sobre la nueva medida, pero también la rechazan por ahora sindicatos como Metges de Catalunya, CCOO y UGT. 

“Usar criterios estadísticos para calcular los días que debe durar una baja es simplista y deja de lado nuestra responsabilidad como facultativos”, advierte Mireia Prat, presidenta de Atención Primaria de Metges de Catalunya, que asegura que esto puede contravenir el código deontológico y dañar la confianza entre médico y paciente.  

Salut defiende que agilizará diagnósticos

Desde el Departament de Salut han salido al paso de las críticas asegurando que no persiguen acortar las bajas, sino evitar que se alarguen “innecesariamente” por “problemas organizativos”, “retrasos en pruebas” o “dificultades de acceso a los especialistas”.

Sostienen que hay bajas que a veces se alargan sin motivos clínicos claros, a la espera de pruebas que no llegan por las largas listas de espera, y que ello perjudica tanto al trabajador como al sistema sanitario, que sufre una sobrecarga evitable. 

Desde Salut defienden además que el dinero extra que reciban los centros serán para invertir en resolver antes estos casos. Y enumeran: “reforzar circuitos, agilizar pruebas, mejorar la coordinación, implementar herramientas de seguimiento o reforzar determinados dispositivos y fomentar la buena gestión en toda la vertiente de calidad asistencial”.

Uno de los médicos de familia que ve potencial en la medida es Jaume Sellarès, vicepresidente del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), aunque se muestra preocupado por una “mala comunicación” del incentivo de la Generalitat.

Sellarès coincide con Salut en que los CAP pueden incorporar procesos o profesionales especialistas para avanzar diagnósticos. “No estamos hablando de pagar a un médico para dar altas, sino quizás de tener a alguien en el CAP que puede hacer infiltraciones en casos de tendinitis, o una resonancia en el caso de un joven que se ha hecho daño esquiando…”, ejemplifica. 

También en pacientes con problemas de la salud mental, sobre todo en aquellos malestares menos graves, plantea facilitar el acceso a profesionales de la psicología o la psiquiatría que puedan hacer una intervención rápida desde el centro de salud.

A la espera de ver cómo los médicos lo acogen en su día a día tras las quejas iniciales, en el ámbito político también ha habido protestas. Los partidos de izquierdas han acusado en más de una ocasión a la consellera Pané de querer instalar la idea de que se hace un mal uso de las bajas en Catalunya. 

En esta ocasión, ERC, Comuns y CUP han exigido a Pané que rectifique y han reclamado la comparecencia de los secretarios generales de Salud y de Empresa y Trabajo. “La propuesta supone desplazar el foco asistencial de la salud y el bienestar de las personas al control del gasto”, lamentan.

El Govern catalán ha trasladado a los Centros de Atención Primaria (CAP) que una parte de su presupuesto estará condicionado a la duración de las bajas laborales que se concedan. Según ha adelantado la cadena SER, la Generalitat concederá incentivos económicos para que las bajas relacionadas con la salud mental y las lesiones osteomusculares no se alarguen más de lo debido.

Tras la publicación de la noticia, el Govern ha asegurado que se trata de una “prueba piloto” para “mejorar la gestión” de las bajas laborales en los CAP. Según el Departament de Salut, se trata de pruebas voluntarias que no conllevarán penalización en la financiación de los CAP y cuyo objetivo es “reducir el tiempo de diagnóstico” de las personas en situación de incapacidad temporal.

El Govern ha precisado que los incentivos serán para los centros que consigan acortar la duración de estas bajas resolviendo más rápidamente el diagnóstico de los pacientes. El Ejecutivo catalán defiende que así se quieren evitar situaciones como tener que pasar cinco meses de baja para obtener un diagnóstico en situaciones no graves. También añade que, en cualquier caso, las incapacidades temporales se concederán “siempre bajo criterio médico”.

“El objetivo es evitar bajas sin diagnóstico y demoras en visitas”, ha señalado el Departament de Salut en un comunicado. “Ahora, muchas personas están de baja durante meses porque las pruebas tardan demasiado”.

La conselleria ya ha empezado a informar a los CAP de este escenario, cada centro mantendrá su presupuesto y, en todo caso, recibirá un suplemento del 5% si se alcanzan los objetivos fijados. La duración óptima de las bajas, subraya la Generalitat de Catalunya, viene marcada por el Gobierno estatal a través de la Seguridad Social.

Izquierda Unida de Cantabria ha advertido este jueves de que la falta de pediatras en Atención Primaria se ha convertido en “un problema estructural” que compromete la igualdad de acceso a la sanidad pública en distintos municipios rurales.

La formación recuerda el caso de Potes, que ha permanecido más de dos años sin pediatra y que solo recientemente ha recuperado este servicio tras “meses de movilizaciones vecinales”. Según IU, situaciones similares podrían reproducirse en Reocín o San Vicente de la Barquera, algo que, subrayan, ha sido reconocido por el propio consejero de Salud, César Pascual.

El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, sostiene que esta carencia responde a un vaciamiento progresivo de la Atención Primaria, ya que muchos pediatras recién formados optan por el ámbito hospitalario ante la existencia de mejores condiciones laborales y mayor estabilidad.

En este sentido, IU apunta que la plantilla del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) estaría sobredimensionada respecto a las necesidades reales de hospitalización infantil, reforzando un modelo “hospitalocéntrico” que, a su juicio, debilita la medicina comunitaria.

La coalición insiste en que la pediatría de Atención Primaria no solo aborda la enfermedad aguda, sino que desempeña funciones esenciales como el seguimiento del desarrollo, la vacunación, la prevención, la detección precoz de patologías y el trabajo comunitario con las familias. “Cuando la Atención Primaria falla, se resiente toda la sanidad pública y se rompen las condiciones de igualdad territorial”, advierten, y añaden que sustituir pediatras por médicos de familia “no soluciona el problema de fondo”.

Carrera profesional e incentivos

Izquierda Unida sostiene que captar y fidelizar pediatras requiere algo más que incentivos económicos. Considera imprescindible ofrecer una carrera profesional estable, reconocimiento, formación continuada, participación en docencia e investigación y condiciones laborales que permitan conciliar vida laboral y familiar.

IU propone cubrir de manera inmediata las vacantes y sustituciones, establecer incentivos profesionales y de carrera para las plazas rurales o de difícil cobertura, reequilibrar las plantillas entre el ámbito hospitalario y los centros de salud priorizando la Atención Primaria, garantizar equipos completos que incluyan enfermería pediátrica y los recursos diagnósticos necesarios, y ampliar el tiempo de rotación de los MIR en Atención Primaria y en zonas rurales. “IU seguirá exigiendo medidas estructurales que garanticen que la salud infantil sea un derecho y no un negocio”, concluye la organización.

Una mujer que no supo que tenía cáncer hasta que una amiga suya le permitió “colarse” para que le hiciesen una prueba, un vecino que lleva meses esperando a que le vea su especialista o una esposa que perdió a su marido por el diagnóstico tardío de su cáncer de pulmón. Tres historias que sintetizan algunos de los males de la situación de la sanidad pública en Andalucía y que se muestran, a través de sus protagonistas, en “Salud No Responde”, un documental dirigido por Pablo Coca e impulsado por Marea Blanca que radiografía lo que es, a juicio de este movimiento asociativo, la “privatización” y el “desmantelamiento” de este servicio público.

Durante algo más de una hora, este reportaje recorre la geografía de Andalucía para conocer a los ciudadanos y a los sanitarios que están padeciendo y soportando un modelo de salud que hace aguas. “Entendemos este documental como una herramienta de denuncia y por eso le damos tanto valor a los testimonios de todas las partes implicadas”, explica Pablo Coca, director del film que pone el dedo en la llaga de la sanidad andaluza. “Sirve como termómetro de lo que está sucediendo ahora mismo”.

Esta pieza audiovisual, que ya ha empezado su recorrido en diferentes salas y centros cívicos de toda Andalucía, ha sido posible gracias al impulso de Marea Blanca, que llevó a cabo un crowdfunding para poder sufragar el proyecto. Así, en apenas unas semanas, consiguieron reunir 43.363 euros, de los que algo más de 30.000 se han empleado en el rodaje y la posproducción del documental. El resto se ha utilizado para la promoción y divulgación de un reportaje que no busca simplemente contar, sino transformar. Y con esa ambición ha encarado Coca su realización.

El origen del documental es, de hecho, profundamente militante. Fue la propia Marea Blanca la que contactó con el cineasta tras conocer su trayectoria en el documental social, con trabajos como “De espalda al sol”, sobre La Desbandá, o “El mapa de Carlos”, centrado en la figura de Carlos Cano. “Tenía ganas de meterle mano a temas como la sanidad o la educación, porque son cosas básicas, estructurales”, explica Coca. “La salud es como el aire o como el agua. Algo que damos por hecho hasta que empieza a faltar”.

De Cazorla a Huelva

El primer rodaje le llevó hasta Cazorla, en la provincia de Jaén, y fue ahí donde el director tomó conciencia de la magnitud del conflicto. “Cuando llegué, el pueblo estaba empapelado de pancartas. Habían sacado el centro de salud fuera, los servicios no funcionaban y la gente estaba muy rebotada. Todo el mundo quería hablar”, recuerda. Esa escena, que se repitió después en otros puntos de Andalucía, marcó el enfoque del documental.

Salud No Responde huye deliberadamente de una narración en tercera persona o de una voz en off que explique la realidad desde fuera. Son los propios protagonistas quienes construyen el relato a través de entrevistas y conversaciones colectivas en las que dialogan pacientes, profesionales sanitarios y activistas. “No quería contar un cuento desde arriba, sino que fueran ellos y ellas quienes desgranaran lo que está pasando”, cuenta Coca.

El resultado es un mosaico de experiencias que conecta comarcas y provincias distintas, desde Cazorla a Huelva o de Sevilla a Granada, pero atravesadas por problemas comunes: listas de espera interminables, diagnósticos tardíos, servicios cerrados, falta de personal y profesionales exhaustos. “El documental recoge, por un lado, el desamparo de la gente, esa sensación de orfandad ante una sanidad que parecía garantizada”, señala el director. “Y por otro, el hartazgo de los profesionales, el no poder más, el maltrato y la emigración constante de sanitarios, especialmente enfermeras, que se van a otras comunidades o a otros países”.

Junto a ese diagnóstico, el documental dedica una parte central a la propia Marea Blanca, su implantación territorial y su capacidad para articular una respuesta colectiva. Para Coca, una de las claves del movimiento ha sido saber canalizar el malestar social y convertirlo en una red organizada. “Hay una inteligencia colectiva muy potente. Han sabido coordinar luchas locales y construir algo común a escala andaluza”, afirma.

Una herramienta para salvar la sanidad

Desde el punto de vista audiovisual, el film introduce también elementos simbólicos y poéticos que dialogan con los testimonios: paisajes andaluces, imágenes que evocan la fragilidad o metáforas visuales que refuerzan el impacto emocional de los relatos. Todo ello sin perder de vista el objetivo central: visibilizar una realidad que, según denuncian quienes participan en el documental, no es coyuntural, sino el resultado de decisiones políticas sostenidas en el tiempo.

Tras su estreno, “Salud No Responde” ha comenzado un recorrido por cines, centros cívicos y espacios sociales de distintas provincias andaluzas, al tiempo que inicia su camino por festivales. Para su director, la película no se entiende como un producto cerrado, sino como una herramienta viva. “Ahora mismo se está utilizando para difundir, para concienciar y para defender la sanidad pública”, explica. “Si sirve para que la gente entienda que lo que está en juego es algo tan básico como su propia salud, habrá cumplido su función”.

En un contexto de movilizaciones recurrentes y protestas continuas en defensa del sistema sanitario, el documental se suma así al debate público con un relato construido desde abajo, apoyado en experiencias reales y con una voluntad clara de incidencia social. Una radiografía incómoda de una sanidad pública que, según quienes la viven y la defienden, ya no responde.

El gasto sanitario público, gestionado mayoritariamente por las comunidades autónomas, presenta una buena relación coste-eficiencia en comparación europea, aunque enfrenta problemas crecientes relacionados con listas de espera, envejecimiento del personal sanitario y financiación insuficiente.

España destina alrededor del 7,2-7,4% del PIB al gasto sanitario público, por debajo de la media de la zona euro (~8,9 % del PIB) y de muchos países de la OCDE. El gasto por habitante también es inferior al promedio europeo (unos 1.800 euros vs ~ 3.400 euros en la eurozona). Esto indica una financiación relativamente moderada frente a otros sistemas comparables, lo que condiciona la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Según diversos informes, la inversión pública en sanidad ha bajado ligeramente respecto a años anteriores y no crece de forma sostenida como recomiendan organismos internacionales ante las mayores necesidades sanitarias derivadas del envejecimiento demográfico.

Por su parte, la atención primaria, clave para la prevención y gestión de cronicidad, sigue con niveles de inversión muy por debajo de los previos a la crisis de 2009, de manera que la falta de inversión estratégica afecta a la accesibilidad y a los resultados sociosanitarios a largo plazo.

Diferencias importantes entre comunidades autónomas

Por otra parte, la descentralización del Sistema Nacional de Salud (SNS) genera diferencias importantes entre comunidades autónomas en gasto por habitante, tiempos de espera, acceso a especialidades y recursos disponibles lo que se traduce en inequidades en la atención sanitaria dependiendo de dónde viva cada persona.

Si analizamos el gasto sanitario en porcentaje sobre PIB, según la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) del Ministerio de Sanidad, las comunidades con mayor peso sanitario en proporción al PIB regional son Extremadura con un 9,1% y Murcia y Canarias con un 8,4%. Por otro lado, las comunidades con menos peso del gasto sanitario en proporción al PIB regional son Madrid (4,2%) y Cataluña (5,7%). El gasto sanitario público de Castilla-La Mancha en relación con su PIB regional se sitúa en torno al 6,9 % del PIB, con un gasto por habitante de unos 1.800€, frente a los 1770€ de media nacional.

Estas cifras señalan que existe una gran variación entre comunidades tanto en gasto per cápita como en proporción al PIB. Las regiones con más envejecimiento o menor densidad tienden a gastar más por habitante. Las comunidades más pobladas concentran la mayor parte del gasto total, aunque no siempre con el mayor gasto por persona.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha declarado como plazas sanitarias de difícil cobertura determinados puestos facultativos en Atención Primaria y en los hospitales públicos de la comunidad, con el objetivo de garantizar la calidad asistencial, reforzar la estabilidad de las plantillas y dar respuesta a las necesidades reales del sistema sanitario riojano.

Las resoluciones han sido publicadas este miércoles, día 28, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y se enmarcan en lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 9/2025, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2026. Esta medida responde a la dificultad persistente para cubrir determinados puestos facultativos, una problemática compartida por el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Atención Primaria y hospitales

En el ámbito de la Atención Primaria, se declaran de difícil cobertura las plazas de Facultativo Especialista de Área en Medicina Familiar y Comunitaria, vinculadas a puestos de Médico de Familia de Refuerzo en los Equipos de Atención Primaria, que resultan esenciales para sostener la asistencia en el primer nivel del sistema sanitario.

En el Hospital Universitario San Pedro, la declaración afecta a las plazas de Médico de Urgencias Hospitalarias, un servicio estratégico que requiere estabilidad y continuidad para garantizar una atención segura, eficaz y de calidad a la ciudadanía.

Por su parte, en el Hospital Universitario de Calahorra, se declaran de difícil cobertura plazas de Médico de Urgencias Hospitalarias y de Facultativos Especialistas de Área en especialidades consideradas clave para el funcionamiento del centro, entre ellas Cardiología, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Traumatología, Urología, Aparato Digestivo u Oftalmología, entre otras.

Medidas extraordinarias para facilitar la cobertura

La declaración de estas plazas como de difícil cobertura permitirá su provisión mediante procesos selectivos específicos por el sistema de concurso, como medida extraordinaria y por un periodo de tres años. Entre los incentivos previstos, se contempla el cómputo triple de la puntuación por cada mes de servicios prestados en estas plazas, así como ventajas en materia de formación, investigación y desarrollo de la carrera profesional.

Las personas que obtengan una plaza declarada de difícil cobertura deberán incorporarse de manera efectiva y permanecer en servicio activo durante un periodo mínimo e ininterrumpido de tres años, requisito necesario para adquirir la condición de personal estatutario fijo.

Las condiciones asociadas a esta declaración tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que permitirá una planificación ordenada y eficaz de la cobertura de estos puestos estratégicos.

Desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales se subraya que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema sanitario público riojano, mejorar la planificación de los recursos humanos y garantizar una atención sanitaria equitativa y de calidad en todo el territorio, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

Además, esta medida se complementa con el Programa de Fidelización de Residentes y Captación de Talento impulsado por el Servicio Riojano de Salud en esta legislatura, con excelentes resultados, orientado a retener a los profesionales formados en el sistema sanitario público riojano y facilitar su incorporación estable al SERIS. El programa articula medidas específicas de acompañamiento, desarrollo profesional, formación y reconocimiento, reforzando el atractivo del sistema sanitario de La Rioja y contribuyendo a consolidar plantillas estables, especialmente en aquellos ámbitos y puestos con mayores dificultades de cobertura.

Sonia, Ana, Teresa, José Miguel, Genoveva, Antonio o Carmen son los nombres tras los datos que evidencian que la situación de la atención primaria en Almería está desbordada. Ellos, como más de 36.000 ciudadanos que viven en la periferia de la capital almeriense, padecen a diario la falta de recursos que hacen que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tenga un tapón que afecta a los ambulatorios y que deja sin una atención eficaz a los vecinos. Algo que reconoce, con matices, la propia Junta de Andalucía.

Cansados de la situación, un grupo de ellos, encabezados por Antonio Galdeano, han recogido más de 3.000 firmas y se han personado ante la Delegación de Salud de Almería para que escenas y situaciones impropias del año 2025 dejen de producirse en atención primaria. Consultorios que no abren desde hace meses por problemas en la infraestructura, personas con movilidad reducida que deben trasladarse muy lejos de sus domicilios o el problema común al del resto de Andalucía: la demora para ser simplemente atendidos por el médico de cabecera que se va a más de una semana de espera en la mayor parte de los casos.

Sonia lo intentó la semana pasada. La aplicación le avisó de que alguien la llamaría “en un máximo de 72 horas”. La llamada llegó, sí, pero para decirle que fuera a las siete de la mañana y que hiciera cola porque sólo había cuatro citas disponibles para ese día. “Y luego las salas de espera están vacías. Pero vacías del todo. No lo entiende nadie”, lamenta. Una situación que se repite una y otra vez: pedir cita, esperar entre 10 y 14 días y, si la cosa se complica, acabar en urgencias. Todo mientras la Consejería de Salud había prometido que las citas se darían en menos de 72 horas.

Caos asistencial

Pero la realidad, según denuncian en Marea Blanca Almería, es otra muy distinta: “Nunca se encuentran citas en menos de 7-10 días”, señalan, con ejemplos de demoras que alcanzan los 14-20 días en varios centros de la capital. En los barrios y pueblos que rodean Almería, la situación se agrava aún más. A San José sólo llega una médica por las mañanas y el retraso mínimo en obtener cita es de una semana. En El Pozo de los Frailes, dos días de consulta por semana implican dos semanas de demora.

Y en localidades como El Barranquete, Albaricoques, Los Escullos o La Isleta del Moro, el médico sólo pasa una vez cada siete días. Si alguien sufre una urgencia fuera del horario establecido, debe esperar a que una ambulancia llegue desde El Toyo o Níjar. En una población envejecida, esto no es sólo un problema de gestión: es un riesgo para la salud, según denuncian los vecinos de la zona.

José Miguel, uno de los lugareños afectados por la falta de medios, lo resume: “Somos pueblos pequeños, sí, pero también somos personas. Y aquí la sanidad se ha quedado sin sitio”. En Albaricoques, el consultorio se cerró hace más de seis meses tras derribar el edificio anterior. No hay alternativa habilitada. La única atención primaria con la que cuentan es con la de un número de teléfono que no siempre se coge a tiempo.

Mientras todo esto ocurre, los hospitales viven su propio colapso. Un joven de 29 años, con un sinus pilonidal infectado y drenado en dos ocasiones, tenía programada una cirugía. Sin embargo, se suspendió porque no había tiempo en quirófano debido al retraso acumulado en intervenciones previas: “Se suspende intervención quirúrgica por prolongación de quirófanos previos que ocasiona una falta de tiempo para la correcta realización”, reza el parte médico al que ha tenido acceso este medio. Un caso más que ilustra que el tapón empieza en los centros de salud y termina en los hospitales.

Agotamiento vecinal

Antonio Galdeano explica que la plataforma vecinal que se está plantando contra la Junta de Andalucía surgió porque “esto se ha vuelto continuo y permanente”. Falta de cobertura de bajas, rotación constante de médicos sustitutos o cupos desbordados. Cabo de Gata ronda las 1.900 tarjetas por médico, Retamar llega a las 2.000, muy por encima de la recomendación legal de 1.200. El resultado: un médico de familia que ya no es “el de siempre”, el que conoce tu historial, sino un profesional distinto cada vez y, demasiadas veces, lejano y desconocido.

Desde el Distrito Sanitario de Almería, sin embargo, rechazan que la raíz del problema esté en la falta de personal. Aseguran que la plantilla está “cubierta y reforzada en los últimos años” y que las demoras responden a un “nuevo modelo asistencial” que reduce las consultas por médico -de 60 a 35 al día- para una atención “más personalizada y de calidad”. También anuncian futuras ampliaciones de consultorios y desdoblamientos de cupos en La Cañada, Retamar y Cabo de Gata, con la promesa de ir “de la mano de vecinos y profesionales” para lograr una atención “cercana, equitativa y de calidad”.

Pero los vecinos insisten: llevan desde julio pidiendo una reunión con la Delegación de Salud. La solicitud se reiteró en septiembre. “Silencio total”, denuncia Antonio. Y mientras esperan esa respuesta que no llega, siguen sumando firmas, siguen levantando la voz y siguen recordando que la sanidad pública no debería depender de madrugar para hacer cola, vivir cerca de un consultorio que permanezca abierto o tener la suerte de que ese día haya médico.

Porque para Sonia, Ana, Teresa, José Miguel, Genoveva y tantas otras personas, no hay nada más básico que saber que, si un día se levantan con dolor, su centro de salud va a estar ahí. Y que va a responder.

De las cerca de 436.000 citas que Osakidetza dio con el médico de cabecera en Vitoria entre enero y septiembre de 2025, 136.000 fueron concedidas para antes de que transcurrieran 24 horas, mientras que los pacientes de las otras 300.000 tuvieron que esperar más de un día. El 68,8% de las citas concedidas en los quince centros de salud de la capital alavesa no fueron para el día. En el caso de la enfermería, el porcentaje de las personas que tuvieron que esperar más de un día para ser atendidos por un profesional desciende en diez puntos, hasta el 59%. Fueron 104.500 con más de un día de espera y 72.600 en un plazo de menos de 24 horas.

Los datos los ha aportado ante el Parlamento Vasco el consejero de Salud, Alberto Martínez, tras una solicitud de información presentada por Rebeka Ubera, de EH Bildu. Junto a la documentación aportada, hay una nota en la que Salud matiza que “frecuentemente, es la propia persona quien solicita la cita para una fecha más a largo plazo; ocurre también que, tras la primera visita, el o la profesional de referencia fija una segunda cita más a largo plazo; finalmente, hay que destacar que a aquellos casos que demandan ser atendidos en el mismo día, se les da respuesta mediante gestión interna de manera telefónica o presencial”. ¿Cómo? “Para este tipo de cita en el día se reservan varios huecos en agendas que permiten ofrecer dicha asistencia”, abunda el consejero Martínez.

La documentación pone números al volumen de citas en la atención primaria de Vitoria. Entre enero y septiembre, el ambulatorio de Olaguíbel fue el que más citas con el médico de cabecera acumuló, 58.870, seguido de San Martín (con 49.704) y Lakuabizkarra (con 39.295). En el otro extremo, Abetxuko (con apenas 7.580) registró el número más bajo. Las 177.181 citas de enfermería se repartieron en un orden similar, con Olaguíbel a la cabeza con 21.114 y Abetxuko a la cola con 3.391. Por fechas, el mes de agosto se dibuja como un profundo valle frente al resto de meses y sobre todo en comparación con los tres primeros del año. Así, si en agosto se concedieron en total 32.648 citas de medicina familiar en Vitoria, enero, febrero y marzo no bajaron de las 53.000.

Médicos de toda España han convocado una huelga para esta semana como protesta ante el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Una huelga que se produce a pocos días de empezar la Navidad y con las urgencias de todos los centros hospitalarios colapsadas por los efectos de la gripe. En la Región de Murcia, además, el paro tiene como objetivo poner sobre la mesa las reclamaciones de los sanitarios para reforzar el sistema de Atención Primaria y Urgencias. Los paros están previstos también para los días 10, 11 y 12 de diciembre.

En la huelga de este martes, ante las puertas de la Consejería de Salud murciana, se han escuchado gritos de dimisión tanto contra la ministra, Mónica García, como contra el consejero, Juan José Pedreño. Según el Sindicato Médico de la Región de Murcia (CESM), cerca de 250 médicos han acudido al llamamiento. Las protestas contemplan concentraciones estos días a las puertas de la Consejería de Salud, así como de la Delegación del Gobierno.

Los dos sindicatos convocantes, Avanza y el Sindicato Médico de la Región de Murcia (CESM), han hecho varios llamamientos. Mientras que Avanza ha puesto el acento en una concentración este viernes a las 09:30 en Consejería de Sanidad; el Sindicato Médico CESM ha convocado al personal hasta este viernes a las 9.00 en la Consejería, a lo que se suma otra convocatoria el jueves a las 11.00 frente a la Delegación.

En un comunicado del sindicato médico Avanza han denunciado que la jornada real de los médicos supera habitualmente las 48 horas semanales, una cifra fijada en 1919 y que sobrepasa el límite de la normativa europea, “sin que jamás se haya pedido el consentimiento legal exigido”; que la 'jornada complementaria' y las guardias no se reconocen como tiempo efectivo a efectos de jubilación, “ni se retribuyen, si quiera, al mismo valor que la jornada ordinaria”, o que el colectivo médico carece de órganos propios de negociación y representación, “lo que impide defender condiciones específicas de la profesión”.

Asimismo, han señalado que la actualización del Borrador del Estatuto Marco, de diciembre de 2025, “no supone un avance e incluso podría suponer un retroceso para nuestra profesión”.

Y reclaman una jornada de 35 horas/semana para todo el personal médico y facultativo, igual que el resto de los empleados públicos regionales; la eliminación de la 'jornada complementaria'; que las guardias se reconozcan como tiempo trabajado; una retribución y descansos justos en guardias; una Mesa Sectorial propia y Juntas de Personal exclusivas; un Estatuto Marco Propio; proteger la conciliación; una planificación transparente o el respeto de las agendas en Atención Primaria. Por último, han pedido que se reconozca el trabajo de los MIR, mejorando su salario base acorde con la responsabilidad en el proceso asistencial “incluyendo la remuneración adecuada de sus guardias y mejora de los descansos y jornada en los mismos términos que los adjuntos”.

Origen del conflicto

Desde el Sindicato Médicos CESM han recordado que el conflicto contra el borrador de Estatuto Marco “se remonta al mes de enero, cuando se hizo público el primer documento propuesto por el Ministerio de Sanidad, el cual contó con el rechazo inicial y frontal de todas las organizaciones profesionales médicas al unísono”.

Desde entonces, han continuado, ha habido varias protestas, concentraciones, manifestaciones “y la convocatoria de tres paros nacionales: el 13 de junio, el 3 de octubre y ahora los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre”. Las convocatorias de junio y octubre, han concretado, “contaron con el seguimiento masivo de los profesionales en la Región de Murcia”.

Desde CESM reclaman, entre otras demandas, la protección económica de los profesionales en situación de Incapacidad Temporal y en todas las situaciones vinculadas a la maternidad y la paternidad y piden equiparar “la retribución de la jornada complementaria con la jornada ordinaria, así como un nuevo acuerdo de sustituciones para todos los médicos y el cumplimiento inmediato de los acuerdos suscritos en los ámbitos de Atención Primaria, Urgencias y Atención Hospitalaria”. Por otra parte, reclaman igualar la jornada anual en el ámbito de las urgencias hospitalarias y las urgencias extra hospitalarias, y un carácter voluntario y negociado de la movilidad.

El presidente del Sindicato CESM, Clemente Casado, ha recordado este martes durante las movilizaciones que “no tiramos la toalla, no damos este conflicto por perdido porque seguimos creyendo firmemente en que podemos alcanzar soluciones para todos los problemas que arrastra la Sanidad desde hace tiempo”.

Casado ha reivindicado también una mesa técnica de negociación del personal médico y facultativo y el apoyo del Ejecutivo regional “a la aprobación, en el ámbito nacional, de un estatuto propio de nuestra profesión, para que seamos los médicos los que planteemos y solucionemos los problemas de los médicos”.

El presidente del CESM ha confiado en “tener una rápida y positiva respuesta de la Administración y no tener que continuar con más movilizaciones, quizá más contundentes, a partir del mes de enero, porque, de no conseguir avances significativos para los profesionales y para los pacientes, anunciamos que el calendario de movilizaciones continuará”.

El sistema nacional de salud tiene un problema “serio”

Por su parte, el consejero de Salud regional, Juan José Pedreño, ha calificado de falta de rigor la elaboración del Estatuto Marco: “No hay una memoria jurídica, ni financiación del sistema sanitario”. En palabras de Pedreño, “hay que adaptar las condiciones laborales de los trabajadores a los nuevos tiempos, en una sociedad con mayor esperanza de vida pero mayor cronicidad de las enfermedades”. El consejero ha señalado, en este sentido, a la ministra y le ha pedido que “no traslade el problema a las comunidades autónomas”.

El sistema nacional de salud tiene un problema “serio”, ha dicho Pedreño, “que es la falta de especialistas, no solo facultativos, también de psicólogos clínicos y otras especialidades”. Y ha insistido en el rechazo de la Región al borrador, “es necesario reunirse con las personas implicadas para establecer un consenso para un estauto moderno y adaptado”. Concretando en la comunidad de Murcia, ha afirmado, “tenemos una falta de profesionales a la que no se está poniendo remedio, hay 54 plazas sin cubrir en Atención Primaria y es reponsabilidad del Ministerio la formación sanitaria especializada, las plazas MIR y crear recursos humanos para cubrir las necesidades actuales y del futuro”.