Incentivos para los centros que acorten bajas laborales: qué se sabe del plan que preocupa a los médicos en Catalunya

Los más de 350 Centros de Atención Primaria (CAP) en Catalunya tendrán este 2026 un nuevo y polémico plus de financiación. A la lista de contraprestaciones económicas que reciben en función de sus objetivos se ha añadido una que afecta a las bajas laborales. Si se reducen los tiempos considerados –sobre el papel– excesivos en determinadas incapacidades temporales, el centro de salud recibirá una partida adicional. 

Este incentivo, que ha trascendido en plena huelga de médicos, se aplicará de momento a los diagnósticos de dolencias osteomusculares y a las de salud mental, que son las que más días de incapacidades temporales acumulan en Catalunya: el 56% del total. 

Será un dinero añadido que recibirán los centros de salud, no los médicos, pero la puesta en marcha de la medida no va a ser apacible. Los sindicatos la rechazan, genera inquietud entre los facultativos y algunos partidos de la oposición ya han exigido a la consellera de Salut, Olga Pané, que rectifique. 

La consellera pone el ojo en las bajas

Desde que asumió sus funciones al frente de Salut del Govern de Salvador Illa, Pané se ha fijado como objetivo reducir la prevalencia de las incapacidades temporales. Uno de sus argumentos es que Catalunya es de las comunidades donde más bajas se expiden (618 por cada 1.000 afiliados en 2024), y también donde más ha crecido esta realidad en la última década (un 63% desde 2016). 

En su afán por reducirlo, Pané no ha temido entrar en polémicas. Primero, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) estudió un incentivo para que los médicos firmaran más altas, en concreto el 50% o más de las que les trasladan las mutuas. Pero Salut lo descartó al cabo rápidamente. También fue muy criticada por los sindicatos su campaña en los centros de salud que pedía hacer un “buen uso” de las bajas. “Catalunya tiene el 17% de los afiliados a la Seguridad Social del Estado español, pero acumula el 25% de las bajas laborales” , advertía el cartel, que también acabó retirado.

Con todo, y sin ser tan llamativo, fue en enero de 2025 cuando Salut firmó un convenio con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para el “control” de las incapacidades temporales, un acuerdo que ha servido de marco para aprobar los actuales incentivos. En ese documento, que por ahora han firmado solo Catalunya, Asturias y Illes Balears, se incluyen entre otros los deberes de los médicos de los CAP.

El convenio menciona directamente “incentivos económicos” a los médicos para “adecuar la duración” de las bajas “a los días estrictamente necesarios” para la recuperación de los trabajadores. Pero finalmente Salut lo ha convertido en un plus económico para el propio CAP. El cumplimiento de todos los objetivos (17 en el caso de la Atención Primaria) supone recibir un 5% más del presupuesto previsto de base. 

Los tiempos “óptimos” para cada enfermedad están descritos en un manual del INSS, en función de la edad o la profesión, pero lo que no queda claro es hasta qué punto los médicos deberán ceñirse a ellos para considerar que cumplen con el requisito. 

Advierten de la pérdida de confianza del paciente

“Es una dinámica perversa y una medida de presión económica que va en contra de la ética profesional”, denuncia Eva Viciano, médica de familia en el CAP Manso de Barcelona. “Me están coaccionando para ajustarme a unos tiempos estandarizados y si no, perjudico al resto del equipo”, se queja. 

Esta facultativa advierte de los problemas de aplicar un incentivo de este tipo. Por ejemplo, se encuentran a menudo con pacientes que no encajan en una categoría profesional concreta. “Nos llegan muchos moderadores de contenido de redes sociales con problemas de salud mental, pero no tienen epígrafe profesional, ¿cómo lo calculamos en su caso?”, plantea. Algo parecido ocurre con diagnósticos difíciles de encuadrar: “No es lo mismo una baja por artrosis en la rodilla que si está asociada a una tendinitis y con lumbalgia irradiada”. 

Viciano pertenece a Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP), que ha dado la voz de alerta sobre la nueva medida, pero también la rechazan por ahora sindicatos como Metges de Catalunya, CCOO y UGT. 

“Usar criterios estadísticos para calcular los días que debe durar una baja es simplista y deja de lado nuestra responsabilidad como facultativos”, advierte Mireia Prat, presidenta de Atención Primaria de Metges de Catalunya, que asegura que esto puede contravenir el código deontológico y dañar la confianza entre médico y paciente.  

Salut defiende que agilizará diagnósticos

Desde el Departament de Salut han salido al paso de las críticas asegurando que no persiguen acortar las bajas, sino evitar que se alarguen “innecesariamente” por “problemas organizativos”, “retrasos en pruebas” o “dificultades de acceso a los especialistas”.

Sostienen que hay bajas que a veces se alargan sin motivos clínicos claros, a la espera de pruebas que no llegan por las largas listas de espera, y que ello perjudica tanto al trabajador como al sistema sanitario, que sufre una sobrecarga evitable. 

Desde Salut defienden además que el dinero extra que reciban los centros serán para invertir en resolver antes estos casos. Y enumeran: “reforzar circuitos, agilizar pruebas, mejorar la coordinación, implementar herramientas de seguimiento o reforzar determinados dispositivos y fomentar la buena gestión en toda la vertiente de calidad asistencial”.

Uno de los médicos de familia que ve potencial en la medida es Jaume Sellarès, vicepresidente del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), aunque se muestra preocupado por una “mala comunicación” del incentivo de la Generalitat.

Sellarès coincide con Salut en que los CAP pueden incorporar procesos o profesionales especialistas para avanzar diagnósticos. “No estamos hablando de pagar a un médico para dar altas, sino quizás de tener a alguien en el CAP que puede hacer infiltraciones en casos de tendinitis, o una resonancia en el caso de un joven que se ha hecho daño esquiando…”, ejemplifica. 

También en pacientes con problemas de la salud mental, sobre todo en aquellos malestares menos graves, plantea facilitar el acceso a profesionales de la psicología o la psiquiatría que puedan hacer una intervención rápida desde el centro de salud.

A la espera de ver cómo los médicos lo acogen en su día a día tras las quejas iniciales, en el ámbito político también ha habido protestas. Los partidos de izquierdas han acusado en más de una ocasión a la consellera Pané de querer instalar la idea de que se hace un mal uso de las bajas en Catalunya. 

En esta ocasión, ERC, Comuns y CUP han exigido a Pané que rectifique y han reclamado la comparecencia de los secretarios generales de Salud y de Empresa y Trabajo. “La propuesta supone desplazar el foco asistencial de la salud y el bienestar de las personas al control del gasto”, lamentan.