La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y principal proveedor de contenidos de Canal Sur, ha celebrado este jueves las primeras elecciones sindicales en 11 años (2015) para dotarse de un comité de empresa que represente los derechos de sus trabajadores.

Es “una anomalía” que una compañía semipública que había acreditado una plantilla de más de 250 trabajadores ante el Ministerio de Trabajo haya funcionado más de una década sin un comité de empresa, advierten los sindicatos de RTVA, vigilantes del procedimiento interno de ADM.

La votación ha estado abierta desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde, y la participación ha sido del 69,6% de un censo de 135 trabajadores.

Se presentaban dos listas, una de CCOO y otra del SPA (Sindicato de Periodistas de Andalucía). Ha habido 100 votos, 94 válidos: 54 hombres y 40 mujeres. El SPA ha ganado con 63 papeletas frente a 30 de CCOO, un voto blanco y seis nulos. El comité de empresa de la principal productora de Canal Sur tendrá nueve miembros, seis del SPA y tres de CCOO.

Estas no eran unas elecciones sindicales más de una empresa cualquiera, dada la importancia estratégica que tiene la compañía audiovisual para el Gobierno de Moreno y para la propia RTVA.

La plantilla de ADM se ha movilizado masivamente después de que la productora, referente en el sector audiovisual andaluz, se viera salpicada por una serie de escándalos denunciados desde dentro por las trabajadoras y publicados por este periódico hace cuatro meses.

La chispa fue la noticia, publicada el 9 de junio, de que un jun juez de Violencia de Género de Sevilla había imputado al director general de la compañía, Gustavo Fuentes, por agresión sexual y acoso sexual a una reportera. Fuentes había sido denunciado en febrero, citado a declarar como imputado desde el 25 de marzo, pero no fue hasta la publicación de la noticia cuando el Gobierno andaluz, accionista mayoritario de ADM, aprueba su cese fulminante.

La investigación judicial contra Fuentes, que entonces presidía el Clúster Audiovisual de Andalucía, destapó otras situaciones de acoso laboral en la productora (algunas denunciadas, otras no) y animó a otras trabajadoras a hacer pública la situación “irrespirable” que se vivía en la empresa y el comportamiento “tiránico” del CEO y su núcleo duro con la plantilla.

Al poco, elDiario.es reveló que la productora de Canal Sur había falseado presuntamente su Plan de Igualdad en diciembre de 2025, sólo un mes antes de que la reportera denunciara a Gustavo Fuentes y de que un juez de Violencia de Género le imputase por estos delitos.

El Plan de Igualdad, cuyo objeto es precisamente prevenir situaciones de acoso sexual en la empresa (entre otros), es un documento obligatorio para todas las compañías con más de 50 empleados, que debe ser negociado y aprobado entre la dirección y sus trabajadores.

ADM acreditaba entonces 258 empleados ante el Ministerio de Trabajo, es decir, legalmente le correspondía tener un comité de empresa que velara por los derechos de la plantilla. Sin embargo, en el momento de fimar el Plan de Igualdad y registrarlo en el Ministerio, sólo contaba con dos delegados sindicales: uno llevaba más de cuatro años fuera de la empresa, en situación de excedencia voluntaria, sin empleo ni sueldo; y el otro era un directivo de la empresa próximo a Fuentes.

Cuando elDiario.es hizo públicas estas anomalías, el primero renunció a su excedencia y dejó la productora, y el segundo renunció a seguir siendo delegado sindical.

A raíz de la publicación, dos sindicatos de la RTVA denunciaron que ninguna de sus dos firmas, como miembros de la “comisión negociadora”, era válida para dotar de legalidad el Plan de Igualdad de la productora inscrito en el registro del Ministerio.

La Inspección de Trabajo abrió un expediente a ADM para investigar “la legitimidad para negociar el Plan de Igualdad del delegado sindical” de la productora que firmó y avaló el documento ante el Ministerio de Trabajo, en diciembre de 2025, a pesar de llevar más de cuatro años en excedencia.

Los inspectores notificaron a la compañía el motivo que justifica el acta de infracción y dieron un plazo para corregirlo o presentar alegaciones. Tras la renuncia de los dos delegados sindicales señalados, los trabajadores empezaron a movilizarse para exigir la convocatoria de elecciones sindicales.

Gran parte de los problemas laborales que acumula la productora de Canal Sur tiene que ver con la “falta de cultura sindical” de una plantilla de periodistas, “más volcada en contar los problemas de los demás” que en “defender sus propios derechos”. “ADM siempre ha sido una subcontrata de Canal Sur, una especie de empresa pantalla, donde los reporteros hacen lo mismo que los periodistas de la RTVA, pero cobran menos, tienen peores condiciones y, además, no están protegidos ante situaciones de acoso tan graves como las que vivió la compañera que denunció al CEO”, explica un directivo de la compañía, que pide preservar su anonimato.

La realidad laboral de ADM es una anomalía dentro del sector audiovisual andaluz por muchas razones: se trata de una empresa semipública, propiedad del Gobierno andaluz al 48% y asociada a la Radio Televisión Andaluza (RTVA), es decir, en cierta manera se vende contenido audiovisual a sí misma (tanto programas que son insignia de Canal Sur, como Andalucía Directo que lleva 25 años en antena; como vídeos promocionales de varias consejerías de la Junta).

El Ejecutivo de Moreno tiene la participación mayoritaria de esta productora a través de Sandetel (Agencia de Telecomunicaciones de la Junta). Sin embargo, el resto de accionistas son empresas privadas que, juntos, suman un 2% más que el accionariado público, y esto le permite sortear la fiscalización directa del Parlamento andaluz y del Consejo de la Transparencia.

El CEO de Sandetel, alto cargo de la Junta, es también el presidente del Consejo de Administración de ADM, Sergio Gómez Rojas, y se ha negado a hacer públicas las actas de la reunión de accionista del pasado mes de junio, en la que se acordó el cese (primero provisional, luego definitivo) del entonces director general de la productora, Gustavo Fuentes, tras destapar este periódico que un Juzgado de Violencia de Género le investiga por “agresión sexual” y “acoso sexual continuado” a una reportera.

El pasado 14 de mayo, tres días después de que el ex CEO de la productora ADM fuera citado a declarar ante el juez como imputado por delitos sexuales, Gómez Rojas le llamó para alertarle de que había otra denuncia interpuesta contra él ante la Policía Nacional por “amenazas y coacciones” a la testigo clave de la causa en la que estaba siendo investigado, a través de su cuenta de Instagram.

La llamada del CEO de Sandetel, empresa adscrita a la Consejería de Industria, permitió a Gustavo Fuentes anticipar su defensa: el mismo día que recibió el aviso de Gómez Rojas, acudió a una comisaría de Policía para interponer una 'contradenuncia', asegurando que su móvil había sido “hackeado” y que él no había enviado ningún mensaje amenazante a la testigo clave del caso. Luego envió una copia de su denuncia al juez Francisco José de Córdoba, que le investiga por tres supuestas agresiones sexuales a una reportera, adjuntando un escrito en el que confirma que el presidente de ADM le había puesto en sobreaviso de la segunda denuncia contra él.

Las elecciones sindicales en la productora del Gobierno andaluz se han celebrado después de un amago de la actual dirección por convocar una asamblea para nombrar a otro delegado sindical, tras la renuncia de los dos últimos. La intermediación de los sindicatos de la RTVA empujó a ADM a abrir el proceso interno, primero en la sede de Málaga, donde fue elegido un representante antes de verano, y ahora en Sevilla.

Las primeras elecciones sindicales desde 2015 también han hecho aflorar el censo de trabajadores en una empresa donde la rotación es muy frecuente, con entradas y salidas de empleados según los programas contratados. El primer censo superaba los 250 trabajadores, incluidos fijos discontinuos, luego se corrigió hasta dejarlo en 137.

También es la primera vez que afloran los nombres de algunos contratados a dedo por la dirección de ADM, allegados a miembros del Gobierno de Moreno, directivos de la RTVA o presentadores de la cadena que, según denuncian sus compañeros, “entraron enchufados, sin una función clara y, en algunos casos, a costa del despido de otros compañeros”. La compañía lleva buscando candidato para sustituir a Gustavo Fuentes como director general desde el pasado mes de junio.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha decidido acelerar la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la RTVA, del Consejo Audiovisual, del Consejo de la Transparencia y de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, esta última caducada desde hace dos años (septiembre de 2024).

La renovación de los órganos de extracción parlamentaria para adaptar su composición al nuevo reparto de fuerzas de los partidos surgido del resultado de las elecciones del 17 de mayo “no era una prioridad” hasta hace un mes, según admitieron entonces fuentes del Ejecutivo andaluz y del PP-A. Legalmente tenían de plazo un año para llevar los nuevos nombres al Parlamento, y los de Moreno querían tomarse su tiempo para naturalizar la alianza con sus nuevos socios de Vox, que venía de prometer “el cierre de Canal Sur”.

Pero la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre parece haber precipitado el escenario político. La Mesa de la Cámara, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha acordado este miércoles comunicar a los grupos políticos un plazo para presentar a sus candidatos a consejeros en los órganos de extracción -hasta el próximo 13 de octubre- permitiendo así que los candidatos se sometan a la Comisión de Nombramientos el día 20 de octubre y sean elegidos en el Pleno del 21 de octubre (todos excepto el nuevo Defensor del Pueblo, que tiene un plazo legal de tramitación distinto y se dejaría para el mes de noviembre).

De cumplirse este calendario, la renovación de los órganos de extracción estaría allanada justo antes de la elaboración de las listas electorales de los partidos en las ocho provincias andaluzas. Entre el 21 y el 26 de octubre, las formaciones políticas tienen que cerrar sus candidaturas a las generales.

Fuentes del PP aseguran que el adelanto de las legislativas no ha condicionado la decisión de Moreno de aprobar ahora los cambios de consejeros en la dirección de la RTVA y el resto de órganos. Desde el PSOE, sin embargo, sostienen que se ha precipitado la negociación entre PP y Vox “por si el resultado de las generales no es el que esperan”, esto es, en previsión de que el 29N no alumbre un Gobierno de coalición de Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal.

Otra mayoría absoluta del PP

La propuesta para el nuevo reparto de consejeros elegidos por los partidos en cada órgano de extracción parlamentaria se ha hecho a partir de una “división proporcional”, según el número de diputados que cada grupo logró el 17M: cuatro consejeros para el PP, dos para el PSOE, uno para Vox, uno para Adelante Andalucía y uno para la coalición Por Andalucía, explican fuentes parlamentarias.

Los socialistas no están de acuerdo con esa distribución, porque con 28 diputados les corresponde un sillón más que a Por Andalucía, que ocupa cinco escaños. Pero las fuerzas conservadoras tienen mayoría en el Parlamento.

Esta distribución de sillones implica que los de Moreno pierden la mayoría absoluta que tenían en dichos órganos la pasada legislatura, aunque la conservarían si se suma al consejero de Vox. Los populares tienen 53 escaños [la absoluta son 55] y han perdido así el peso decisivo en los órganos de extracción parlamentaria del que disfrutaron en el mandato anterior, cuando tenían 58 diputados, aunque cabría la posibilidad de que sus socios de Vox exijan un miembro más en su cuota.

Sin embargo, el pasado mes de julio, el pacto de Gobierno PP-Vox incluyó una reconfiguración de la Mesa del Parlamento andaluz. Entonces la ultraderecha optó por quedarse con un solo asiento y no reclamó uno más, dejando así que el PP siga disfrutando de una mayoría absoluta en el órgano que controla los tiempos y las prioridades del debate político en toda la legislatura.

La decisión de activar ya la renovación de los órganos de extracción, sobre todo el Consejo de la RTVA y el Defensor del Pueblo andaluz, emana directamente del presidente de la Junta y líder del PP-A. Los candidatos que van a dirigir ambas instituciones necesitan una mayoría de tres quintos de la Cámara para salir adelante, de modo que precipitar la renovación justo antes de las elecciones generales lleva a pensar que PP y Vox ya han cerrado un acuerdo tanto sobre el reparto de sillones como de los nombres para la dirección de Canal Sur, el Defensor del Pueblo, el Consejo Audiovisual y el Consejo de Transparencia.

Los socios de Gobierno, que suman 68 de 109 diputados, ya cuentan con la mayoría de tres quintos necesaria para imponer a sus candidatos, aunque los grupos de izquierdas los rechacen en la votación del Pleno. Lo habitual es que los grupos acuerden previamente un pacto de no agresión respecto al nombre de los consejeros, que son votados por toda la Cámara. Pero el candidato a director general de la RTVA y para Defensor del Pueblo Andaluz se decide en una votación aparte, y ahí sí puede haber una fractura entre las derechas y las izquierdas.

En la pasada legislatura, hace apenas un año, PP y Vox iniciaron una negociación para renovar al director de la Oficina Antifraude del Parlamento y al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que llevaba dos años en funciones. La Cámara aprobó el nombramiento del juez Francisco de Paula Sánchez Zamorano -expresidente de la Audiencia de Córdoba- como nuevo director de la Oficina Antifraude, pero en el último momento el PP retiró en nombre de su candidata a la Defensoría, la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, porque no contaba con el respaldo de Vox. La ultraderecha acusa a Cruz Roja y otras ONGs de colaborar con las mafias en el traslado de inmigrantes usando “taxis patera”.

La dirección de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha puesto en marcha una investigación interna para esclarecer el origen de la filtración del temario de las oposiciones de Canal Sur antes de su publicación oficial, revelada por elDiario.es Andalucía.

Así lo ha afirmado este martes el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, durante su comparecencia en la comisión de control de RTVA en el Parlamento andaluz. Tras ser preguntado por la oposición, ha explicado que la dirección ya ha iniciado el procedimiento para nombrar a un juez instructor que investigue de dónde salió la documentación que comenzó a circular, al menos, tres semanas antes de que la convocatoria fuese publicada oficialmente, y “quién o quiénes” pudo haberla filtrado.

“Lo tenían muy pocas personas”, ha avanzado el director general, quien ha apuntado a que el foco de sospecha está “más acotado de lo que la gente se piensa”. A los documentos filtrados solo tenían acceso los miembros del Consejo de Administración de RTVA y los sindicatos que participan en la mesa de contratación. Las organizaciones sindicales ya reclamaron a la dirección que iniciara una investigación en la última reunión de la mesa celebrada el pasado 23 de septiembre.

Los servicios jurídicos no ven motivos para anular las oposiciones

Pese a calificar los hechos de “muy graves”, Mellado ha señalado que, según el análisis realizado por los servicios jurídicos de la RTVA, la filtración del temario no supone por sí misma la invalidez ni la nulidad del procedimiento selectivo. “Desde el punto de vista jurídico, no se aprecia que la difusión anticipatoria determine por sí mismo la nulidad del proceso”, ha explicado el director general, quien se ha mostrado confiado en que las oposiciones seguirán adelante y se celebrarán como estaba previsto.

La dirección considera que tampoco se ha producido, con la información de la que dispone actualmente, una vulneración de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que, por normativa, rigen el acceso al empleo público en Andalucía. “No consta que se hayan filtrado las preguntas del examen ni el contenido de la futura prueba”, ha señalado Mellado, concluyendo que la difusión anticipada del temario no genera “una ventaja competitiva” para los aspirantes que tuvieron acceso a la documentación semanas antes de que la convocatoria se publicara finalmente en el BOJA el pasado 24 de septiembre.

Mellado ha afirmado que no ha existido “merma en la competitividad de las personas porque la habían conocido un día antes”, en referencia a la decisión de RTVA de difundir las bases de la convocatoria entre la plantilla a través de la intranet 24 horas después de que elDiario.es revelara la filtración. Sin embargo, esa explicación no aborda el periodo anterior a esa difusión: el documento interno al que tuvo acceso este periódico llevaba en posesión de trabajadores, al menos, desde comienzos de septiembre, varias semanas antes de que la dirección hiciera públicas las bases y de que estas fueran publicadas oficialmente en el BOJA, dos días después.

Además, el director general de RTVA ha señalado que el temario que deberán prepararse los aspirantes es “común” al de otras oposiciones del sector audiovisual y presenta pocas diferencias respecto al de otras televisiones públicas.

A la espera de los resultados de la investigación

Con todo, Mellado ha insistido en que la filtración constituye un hecho “muy grave” y ha defendido la necesidad de esclarecer su origen. “Las personas que lo hayan filtrado no son conscientes del daño que pueden hacer a las personas que están esperando”, ha señalado. Las oposiciones de Canal Sur contemplan 228 plazas de personal laboral fijo y constituyen la primera gran convocatoria de este tipo en la RTVA desde 2008. La expectación entre la plantilla y los profesionales del sector audiovisual andaluz ha sido especialmente elevada después de casi dos décadas sin una convocatoria de estas características.

La dirección de RTVA sostiene ahora que la filtración no compromete la celebración de las pruebas, pero considera necesario esclarecer cómo una documentación que estaba en manos de “muy pocas personas” terminó circulando dentro y fuera de la empresa semanas antes de su publicación oficial. “Lo que sí sabemos es que los documentos que se filtraron los tenían muy pocas personas, porque aparecían sin la fecha y sin la firma de la Dirección General”, ha avanzado Mellado.

Para terminar, el director general ha concluido que “lo importante es que se van a celebrar las oposiciones, que es un hito desde el año 2008” y ha confiado en que “todos los que intervienen en ese proceso piensen en el futuro de Canal Sur y no en otros intereses”. La investigación interna deberá determinar ahora el origen de la filtración y los posibles responsables de difundir una documentación a la que tuvieron acceso durante la tramitación de las bases.

La dirección de la RTVA se ha comprometido este martes a abrir un expediente para investigar el origen de la filtración de las bases y el temario de las oposiciones de Canal Sur, según han trasladado a este periódico representantes sindicales presentes en la reunión de la mesa de contratación celebrada entre los miembros del Consejo de Administración de RTVA y los sindicatos.

La investigación era precisamente la principal reivindicación con las que los sindicatos acudieron a la reunión de este martes, después de que elDiario.es Andalucía revelara que la documentación de la convocatoria había circulado dentro y fuera de la empresa desde, al menos, comienzos de septiembre, semanas antes de su publicación oficial.

Según las fuentes sindicales consultadas, la dirección compartía esa misma propuesta y también la ha puesto sobre la mesa para tratar de esclarecer de dónde partió la filtración y cómo pudo salir de los ámbitos que tenían acceso a la documentación durante la tramitación de las bases. La empresa, sin embargo, no ha informado públicamente por el momento de la apertura del expediente ni de los términos en los que se desarrollará la investigación.

Los sindicatos reclamaban esclarecer el origen de la filtración

La petición de investigar el origen de la filtración ya había sido planteada por las organizaciones sindicales antes de la reunión de este martes. Los representantes de los trabajadores habían reclamado explicaciones a la dirección después de conocer que las bases y los anexos relativos al temario y los requisitos llevaban semanas en posesión de los trabajadores que se van a presentar a las oposiciones.

La preocupación de los sindicatos se centra en las condiciones de confidencialidad con las que se negociaron las bases. La documentación había sido manejada durante su tramitación por los miembros del Consejo de Administración y por las organizaciones sindicales que participaban en la negociación, según había trasladado previamente la Consejería de Presidencia.

Las organizaciones sindicales han defendido durante los últimos días que la investigación debe permitir determinar quién tuvo acceso a la documentación, en qué momento salió de los ámbitos de negociación y cómo llegó a trabajadores y personas ajenas a la empresa antes de que la convocatoria fuera publicada oficialmente.

La apertura de esta investigación se produce después de que la dirección de RTVA difundiera este lunes las bases ya firmadas a través de la intranet de la empresa y del Portal de Transparencia, adelantándose a la publicación prescriptiva en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El documento coincide sustancialmente con el que llevaba semanas circulando y solo incorpora, respecto a la versión a la que tuvo acceso este periódico, la fecha de la resolución y la firma del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

Las primeras oposiciones de Canal Sur en casi 20 años contemplan 228 plazas y han generado una gran expectación entre los trabajadores y profesionales del sector audiovisual andaluz. La filtración de las bases y el temario antes de su publicación oficial ha provocado dudas y malestar entre la plantilla y las organizaciones sindicales, que lo han calificado de “escándalo”.

Ahora, con el compromiso de abrir una investigación, los sindicatos esperan que la dirección determine el origen de la filtración y aclare si se produjo una difusión de documentación desde alguno de los ámbitos que tuvieron acceso a las bases durante su elaboración y aprobación.

Un día después de que elDiario.es revelara la filtración del temario de las oposiciones de Canal Sur, la dirección de la RTVA ha difundido a primera hora de este lunes la convocatoria ya firmada a través de la intranet de la empresa. Horas después, la ha subido también al Portal de Transparencia. El documento, al que ya tienen acceso todos los trabajadores del ente público, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

RTVA se ha adelantado así a la publicación de las bases en el BOJA, que constituye la apertura oficial del procedimiento, según explican expertos en Derecho Administrativo. La dirección ha eludido responder, a preguntas de este periódico, cuál es el motivo por el que se ha optado por difundir la convocatoria este lunes, sin esperar a que estas sean accesibles a través del boletín oficial.

La versión ahora difundida coincide sustancialmente con el documento interno al que tuvo acceso este periódico y que llevaba en posesión de trabajadores desde, al menos, comienzos de septiembre. La principal diferencia es que el definitivo incorpora la fecha de la resolución –15 de septiembre– y la firma del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

La decisión de hacer pública la convocatoria antes de su publicación en el BOJA ha generado dudas entre los representantes sindicales, que siguen reclamando explicaciones a la dirección después de que trascendiera que las bases y el temario de las primeras oposiciones de Canal Sur en casi 20 años llevaban semanas circulando dentro y fuera del ente público. Desde el Comité Intercentros cuestionan la gestión de la empresa dada la “incertidumbre” que ha suscitado.

Los sindicatos no se explican por qué, si la empresa podía difundir por adelantado la convocatoria en el Portal de Transparencia, la dirección ha esperado hasta ahora para hacer pública una documentación que ya estaba firmada desde hace una semana. Fuentes sindicales atribuyen la decisión a un intento de “acallar” el revuelo interno provocado por la filtración del temario antes de su publicación oficial, y esperan poder aclarar las incógnitas en la reunión de la mesa de contratación prevista para este martes 22 de septiembre.

Cronología: un anuncio que coincidió con la filtración

El Consejero de Presidencia, Antonio Sanz, anunció la convocatoria para cubrir 228 plazas en la cadena pública el 7 de septiembre en una entrevista en Canal Sur. El anuncio, que despertó gran espectación en el sector audiovisual andaluz, coincidió con que las bases habían sido remitidas al Consejo de Administración de RTVA para su aprobación.

Al día siguiente, el director general de la RTVA informó que, esa misma semana, el Consejo de Administración aprobaría los documentos que se habían acordado con los sindicatos en la última reunión de la mesa de contratación, celebrada el pasado 30 de julio. A dicha documentación solo podían acceder los miembros del Consejo y las organizaciones sindicales que participan en la negociación. Pero por esas fechas de principios de septiembre, las bases –junto con los anexos relativos al temario y los requisitos– ya estaban circulando dentro y fuera de la empresa.

Una semana después, el 16 de septiembre, Juan de Dios Mellado firmó el documento para su publicación oficial en el BOJA. El documento, ya fechado y firmado por el director general, se ha incorporado a la intranet de la empresa y al Portal de Transparencia la mañana de este lunes, 24 horas después de la información destapada por elDiario.es Andalucía.

Este periódico ha preguntado a la Consejería de Presidencia si la filtración de las bases conlleva alguna consecuencia que pueda perjudicar el procedimiento; si la Consejería o la RTVA han pausado la convocatoria cuando supieron que los temarios se habían filtrado a principios de septiembre; si se han tenido que rehacer algunos documentos tras hacerse públicos y si temen que la convocatoria pueda ser impugnada. Desde el departamento que dirige Antonio Sanz han contestado: “Pregunta a quien lo haya filtrado”.

Dudas en torno a la impugnación

Las consecuencias que puede tener la difusión de unos documentos internos que todavía no se han publicado oficialmente genera dudas entre sindicatos y trabajadores. Algunos representantes sindicales temen que pueda ser motivo de impugnación, mientras que otros van a exigir que se paralice la publicación hasta que se investigue y esclarezca el episodio de la filtración.

En cuanto al hecho de que la RTVA se haya anticipado a la publicación, expertos en Derecho Administrativo consultados por este periódico explican que el organismo público puede adelantar la publicación en su correspondiente Portal de Transparencia sin que ello “vicie de nulidad el procedimiento”, siempre que vaya seguido de la publicación en el boletín oficial.

Otra experta en Función Pública consultada indica que la convocatoria solo adquiere validez con su publicación en el boletín oficial y que es entonces cuando puede ser objeto de impugnación. Respecto a la difusión anticipada de RTVA, considera que “no es lo habitual” y que éticamente es cuestionable, aunque no necesariamente incumpla la legalidad si ha pasado el procedimiento negociador con las organizaciones sindicales.

La filtración del temario plantea, sin embargo, una cuestión diferente. Según los expertos consultados, el acceso anticipado a los contenidos podría tener relevancia si quienes conocieron las bases con semanas de antelación disponen de más tiempo para preparar los ejercicios que el resto de aspirantes. En ese caso, si el plazo entre la publicación oficial y la celebración de los exámenes fuera reducido, podría plantearse si se han garantizado las mismas condiciones de igualdad para todos los participantes.

La dirección de la RTVA publicó los documentos oficiales en la intranet a primera hora de la mañana del lunes —sobre las 8:30, según fuentes de la plantilla—. Unas horas después, pasado el mediodía, los trabajadores se percataron de que también figuraban ya en el Portal de Transparencia de la RTVA.

Este movimiento ha vuelto a plantear dudas sobre las garantías en el procedimiento y en el acceso a la información entre los trabajadores de Canal Sur y el resto de aspirantes a las 228 plazas convocadas. Dudas que los sindicatos van a poner sobre la mesa en la reunión de este martes.

El temario para las próximas oposiciones de Canal Sur —las primeras que se convocan en 18 años— se ha filtrado antes de que la convocatoria aparezca publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), según denuncian organizaciones sindicales y trabajadores de la cadena pública que optan a una de las 228 plazas ofertadas.

elDiario.es/Andalucía ha tenido acceso a dicha documentación, que lleva al menos dos semanas en posesión de trabajadores del ente público que se presentarán a las oposiciones. Además, este periódico ha podido comprobar que las bases de la convocatoria, junto con los anexos relativos al temario y a los requisitos, están circulando dentro y fuera de la empresa desde, al menos, el 7 de septiembre.

Se trata de documentación interna que, según fuentes de la Consejería de Presidencia, solo manejan los miembros del Consejo de Administración de RTVA y las organizaciones sindicales que participan en la mesa de contratación. Las mismas fuentes insisten en que estos documentos carecen de carácter oficial hasta que la convocatoria se publique en el BOJA.

La directiva de la RTVA ha eludido confirmar o desmentir que se trate de los documentos oficiales. A preguntas de este medio, fuentes de la dirección niegan tener constancia de que estos documentos hayan llegado a manos externas. Sin embargo, desde el Comité Intercentros de RTVA y Canal Sur indican que el pasado martes pusieron en conocimiento de la dirección de la empresa que, “desde comienzos de septiembre”, había documentación interna circulando “para que pusiera medidas”.

Desde el máximo órgano unitario de representación de la plantilla explican que la última reunión en la que se aprobaron las bases tuvo lugar el 30 de julio. El Consejo de Administración dio su visto bueno hace “un par de semanas”, como lo anunció el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado. Desde entonces, están a la espera de la publicación de la convocatoria en el BOJA. “Nos preocupa la gestión de los tiempos y la confidencialidad que está haciendo la RTVA”, trasladan desde el comité.

Fuentes sindicales califican la filtración de “escándalo” y denuncian que hay academias y preparadores que ya están trabajando con estos mismos temarios, aunque no está confirmado que la documentación difundida se corresponda con la versión definitiva de las bases, que han sufrido varias modificaciones durante su tramitación, hasta que se aprobaron definitivamente el 30 de julio.

Ante la “gravedad” de los hechos, sindicatos como la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur (AT) avanzan que en la próxima reunión de la mesa, prevista para este martes 22, van a pedir a la dirección que inicie una investigación para que se esclarezca “de dónde ha partido la filtración y si los temarios que están circulando por ahí se corresponden con el contenido exacto de la convocatoria”.

Las oposiciones, en juego

A juicio de los sindicatos lo “grave” de la situación es que las personas que participan en la negociación de las bases están sometidas a medidas de sigilo y han firmado documentos de confidencialidad sobre la información que se aborda en esas reuniones. Varios representantes sindicales trasladan su estupor e indignación y advierten de las consecuencias que podría tener este episodio para el proceso: “Nos jugamos que se impugnen las oposiciones”.

Cabe mencionar que en torno a esta convocatoria existe mucha expectación dentro del sector audiovisual, pues no se publican oposiciones en la radiotelevisión pública andaluza desde 2008. Cuando el propio consejero de Presidencia, Antonio Sanz, anunció las oposiciones para cubrir 228 plazas en la cadena pública, calificó la convocatoria de “histórica y muy importante para los grandes profesionales de la RTVA”. Lo dijo el 7 de septiembre. Al menos desde ese día ya estaban circulando los documentos, según ha podido comprobar este periódico.

Los sindicatos lamentan que el episodio de la filtración pueda empañar un proceso en el que, aseguran, llevan invirtiendo “mucho esfuerzo” y siendo “pulcros para que sea transparente y justo”. En ese sentido, se muestran confiados en que la filtración no ha partido de las organizaciones sindicales y recuerdan que la documentación también está al alcance del Consejo de Administración.

Ni la Consejería ni la dirección aclaran cuáles pueden ser las consecuencias de la difusión de unos documentos que todavía no se han publicado oficialmente. Los sindicatos consideran que la filtración de contenido confidencial en torno a un proceso de oposiciones compromete los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que, por normativa, rigen el acceso al empleo público en Andalucía.

“Algunos compañeros dicen que puede ser material de impugnación”, apuntan fuentes sindicales. La preocupación se extiende también a la posibilidad de que una filtración pueda afectar a otras fases del proceso. En este punto, distinguen entre la difusión de las bases y una eventual filtración de las preguntas del examen, como sucedió con las oposiciones de RTVE en septiembre de 2024, cuando la prueba quedó suspendida por la filtración del examen, afectando a unas 5.000 personas convocadas. 

Preocupación entre los trabajadores

La filtración también ha generado indignación entre los trabajadores que optan a una de las plazas y que se muestran preocupados por el impacto que pueda tener en el desarrollo del procedimiento. Profesionales de Canal Sur lamentan que las oposiciones estén “viciadas antes de nacer” y sostienen que la circulación de las bases previa a su publicación oficial “mina la credibilidad y confianza” en la empresa y genera dudas sobre las garantías de igualdad y transparencia de la convocatoria.

Los representantes sindicales consultados coinciden en que difundir el temario antes de la convocatoria oficial es un hecho “muy grave”, por cuanto supone incumplir el compromiso de discrecionalidad, secreto y confidencialidad con el que se desarrollan las reuniones en las que se negocian las bases. La cuestión, aseguran, se ha convertido en “un clamor” dentro del ente público, de ahí que vayan a abordar el asunto en la reunión de esta semana, sin descartar emprender otras medidas.

Con las bases todavía pendientes de publicación en el BOJA y sin confirmación sobre si la documentación que circula se corresponde con la versión definitiva, sindicatos y representantes de los trabajadores exigen ahora esclarecer el origen de la filtración y reforzar las garantías de confidencialidad de una convocatoria ampliamente esperada por los profesionales del sector.

El nombre del presidente de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y alto cargo del Gobierno de Juanma Moreno aparece en la causa judicial que instruye el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 contra Gustavo Fuentes, investigado por agresión sexual y acoso sexual continuado a una trabajadora.

En un escrito remitido al juez, el propio acusado revela que Sergio Gómez Rojas le avisó con antelación de que la testigo clave del caso le había denunciado por “coacción” y por un mensaje “amenazante” enviado desde su cuenta de Instagram. La llamada de ese alto cargo de la Junta le permitió armar una defensa -un supuesto “hackeo” del móvil- y hacérsela llegar al magistrado que le estaba investigando antes, incluso, de que tuviera noticia de la denuncia de la testigo.

Gómez Rojas es el director gerente de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), una empresa pública adscrita a la Agencia Digital de Andalucía (ADA), que ha pasado por tres consejerías en menos de dos años: Presidencia, que comanda el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz; Industria, que lleva Jorge Paradela; y actualmente en la cartera de Inteligencia Artificial, de reciente creación, que ha recaído en el consejero José Antonio Nieto.

A preguntas de este periódico sobre la implicación de Gómez Rojas en el embrollo judicial del ex CEO de ADM, el primero ha derivado la responsabilidad sobre Sandetel en el segundo; el segundo en el tercero, y éste, que acaba de recibir las competencias digitales, también ha escurrido el bulto: “No tenemos nada que decir sobre este tema”.

La vicepresidenta y portavoz de la Junta, Carolina España, tampoco ha querido responder este jueves por sus compañeros en el Consejo de Gobierno: “Pregúntele a Nieto”, dijo, tras subrayar que el tema está “judicializado” y, por tanto, “máximo respeto a la justicia”.

Para conocer la implicación y el papel que ha tenido el Gobierno andaluz en todo el escándalo sexual que rodea a Gustavo Fuentes y la productora ADM, una empresa participada al 47,8% por la Junta, este periódico ha recurrido también al Portal de Transparencia.

Pero ha sido el propio Gómez Rojas, en calidad de director gerente de Sandetel y presidente de ADM, quien ha rehusado dar explicaciones también por esta vía, asegurando que la principal productora de Canal Sur no está sometida a la Ley de Transparencia, en tanto que es una sociedad mercantil con más accionistas privados que públicos. Concretamente un 4,4% más de capital privado. Aunque el accionista mayoritario siga siendo el Gobierno andaluz, la empresa esté asociada estratégicamente a la RTVA, y el presidente del Consejo de Administración sea el propio Gómez Rojas, designado por la Junta.

“ADM es una entidad en la que la participación pública, directa e indirecta, no alcanza el 50% de su capital social; por tanto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, está excluido del ámbito subjetivo marcado por la norma para la aplicabilidad de las obligaciones en la misma contempladas”, reza la respuesta escrita a través del Portal de la Junta, cuando elDiario.es requirió las actas del Consejo de Administración que aprobó la “cesión temporal de las funciones” del CEO de la productora, 18 horas después de que este periódico publicase que llevaba casi tres meses imputado por delitos sexuales.

Todas las deliberaciones del Consejo de la principal productora de Canal Sur están sujetas a la “confidencialidad” y toda la documentación que manejan es “de naturaleza privada”, defiende Gómez Rojas. La Ley estatal de Transparencia, en su artículo 2.g, obliga a “las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100”.

No obstante, varios expertos consultados remiten a algunas resoluciones del Consejo de Transparencia que recogen supuestos en los que la ley también afectaría a empresas con un porcentaje inferior, si se demuestra que la Administración pública tiene el “control” de la empresa, por ejemplo, “si dispone de la mayoría de los derechos de voto o ha designado a la mayor parte de los miembros del consejo de administración, o puede disponer de la mayoría de los votos en virtud de acuerdos con terceros”.

En 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España presentó un “criterio interpretativo” para clarificar el ámbito subjetivo de la Ley de Transparencia. Inicialmente la norma se refería sólo a sociedades mercantiles donde la Administración podía ostentar una participación superior al 50% del capital social, pero el nuevo criterio amplió la definición para adaptarla a una legislación posterior, que considera que existe “control” sobre esa empresa cuando una o varias entidades públicas pueden ejercer una “influencia dominante”.

El aviso del 14 de mayo, tres días antes de las andaluzas

De acuerdo a la documentación que Gustavo Fuentes ha remitido al juez que le investiga, el presidente de la productora ADM y alto cargo del Gobierno andaluz le llamó el pasado 14 de mayo, tres días antes de las elecciones andaluzas, para avisarle de que la testigo clave en la causa acababa de denunciarle ante la Policía por “coacciones y amenazas”, como adelantó elDiario.es.

Tres días antes, el 11 de mayo, el CEO de la productora y esa misma testigo -que había sido su número dos en la empresa- estaban citados a declarar ante el juez: él como investigado y ella como testimonio propuesto por la víctima de agresiones sexuales.

La declaración se anuló en el último momento y, ya por la tarde, la testigo recibió un vídeo de tono “amenazante” desde la cuenta personal de la red social Instagram de Gustavo Fuentes: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”, se escuchaba en el vídeo. Ese mismo día interpuso una denuncia ante la Policía por coacciones contra su antiguo jefe, y remitió una copia al juzgado que le estaba investigando por agresión sexual a su excompañera.

El ex CEO de la principal productora de Canal Sur se enteró de todo esto tres días después, por una llamada del alto cargo del Gobierno andaluz, que le avisó de la segunda denuncia contra él antes de que se lo notificase la Policía o un juez. Esto permitió a Gustavo Fuentes anticipar su defensa y, ese mismo día, denunció también que su móvil había sido “hackeado” y que no había enviado ningún mensaje amenazante a la testigo clave del caso.

El 21 de mayo, envió una copia de su denuncia al juez Francisco José de Córdoba, que le investiga por tres supuestas agresiones sexuales y el acoso sexual a una reportera, junto a un escrito contándole que se había enterado por Gómez Rojas.

El director gerente de Sandetel ha eludido responder a este periódico varias preguntas, entre ellas: desde cuándo estaba al corriente de que el CEO de su productora, una empresa semipública, estaba siendo investigado por un juzgado de violencia de género, y si contribuyó a la defensa de Gustavo Fuentes con aquella llamada del 14 de mayo, avisándole de que la testigo clave del caso le había denunciado por coacciones.

Cronología de los hechos: de enero a junio

Una reportera de la productora ADM, copropiedad de la Junta y asociada a la RTVA, denunció a Gustavo Fuentes por “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral” el pasado enero. En febrero un juez de violencia de género de Sevilla abrió diligencias.

El 25 de marzo tomó declaración a la víctima y, acto seguido, citó a declarar a su jefe como imputado para el día 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas, pero logró aplazarla tras cambiar de abogado en el último momento. El martes 7 de abril, justo después de Semana Santa, “llegó eufórico a la oficina, contando que acababa de estar con Antonio Sanz en el bar José Luis, de la Plaza de Cuba, que le había contado su situación y que estaba tranquilo: 'Quien tiene que saberlo ya lo sabe', dijo”, según varios trabajadores presentes. Ni Sanz ni ningún portavoz del Gobierno andaluz ha confirmado ni desmentido este encuentro.

Dos meses después, la mañana del martes 9 de junio, elDiario.es reveló que un juez de violencia de género investigaba a Gustavo Fuentes por delitos sexuales contra una reportera y estaba citado a declarar como imputado. La dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) se reunió de urgencia y, después de muchas horas, emitió un comunicado a las 21.30 horas descartando la dimisión de Fuentes y advirtiendo de que tampoco podía activar el protocolo antiacoso del ente público -no porque la denunciante pertenezca a una empresa asociada, la productora ADM-, sino porque ella decidió acudir a la vía judicial, sin denunciar primero internamente el caso. Ni ante la dirección de ADM ni ante Canal Sur, su principal cliente.

El Consejo de Administración de ADM, presidido por Gómez Rojas, estuvo reunido en secreto y de manera “extraordinaria” durante 18 horas. Próximo a la medianoche, difundió un comunicado anunciando el “cese temporal de las funciones” del CEO de la empresa hasta que se resolviera su situación judicial. A la mañana siguiente, los directivos de la compañía anunciaron que el cese de Gustavo Fuentes era “definitivo e irrevocable”.

24 horas después de la declaración judicial de Gustavo Fuentes, imputado por agresión y acoso sexual a una reportera de su empresa -la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM)-, el grupo Adelante Andalucía ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del Gobierno de Juanma Moreno, accionista mayoritario de la empresa, y del director general de la RTVA, asociada a la misma.

El portavoz del grupo andalucista, José Ignacio García, ha anunciado este miércoles que llevarán este asunto a la primera comisión parlamentaria de la RTVA, prevista ya para después del verano, para preguntar al vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y al director general del ente público, Juan de Dios Mellado, desde cuándo sabían que el ya exCEO de la productora había sido denunciado por una trabajadora delitos sexuales -avalada por el testimonio de otros siete compañeros, incluido un exdirectivo- y desde cuándo sabían que estaba imputado por un juzgado de violencia de género.

“¿Desde cuándo lo sabía la Junta? ¿Cuándo supo de los saraos y los canapés de este hombre con muchos políticos? ¿Desde cuándo conocían los desmanes en este sector y qué planes tienen para que esto no se vuelva a repetir ni en esta productora ni en otras, y por supuesto en la propia RTVA?”, ha preguntado García.

Dos diputadas de Adelante Andalucía estuvieron presentes el martes en la concentración de apoyo a la reportera que denunció al directivo de ADM, a las puertas de los juzgados de Violencia contra la Mujer de Sevilla, donde estaba citado a declarar Gustavo Fuentes en calidad de investigado, y dos testigos a propuesta de la acusación, una exdirectiva, que fue su número dos en la empresa, y una amiga de la víctima, que conoció de las agresiones sexuales denunciadas el mismo día en el que se produjeron.

El caso de Gustavo Fuentes ha salpicado al Gobierno de Moreno y a la dirección de la RTVA, por ser el principal responsable de una empresa semipública, participada al 48% por la Junta de Andalucía, asociada al ente público y principal proveedor de contenidos de Canal Sur Televisión, incluido el programa buque insignia de la cadena, Andalucía Directo, con 26 años en antena.

El CEO fue denunciado el pasado mes de enero, un juez de violencia de género abrió diligencias en febrero, tomó declaración a la reportera el 25 de marzo y, ese mismo día, cito a declarar a Fuentes como imputado por un delito contra la libertad sexual y otro de acoso sexual continuado, castigado con pena de prisión de uno a cuatro años (en el primer caso) y de cinco a siete meses (en el segundo, cuando existe “prevalimiento de autoridad o superioridad laboral”).

La primera citación judicial estaba prevista para el pasado 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas, pero se aplazó en el último momento porque tres días antes el acusado cambió de abogado.

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

La apertura de la investigación judicial fue revelada por elDiario.es Andalucía el pasado 9 de junio. 18 horas después, el Consejo de Administración de ADM anunció el “cese temporal de sus funciones” hasta que se aclarase el asunto. A la mañana siguiente se comunicó a los directivos de la empresa que la destitución de Gustavo Fuentes era “definitiva e irrevocable”.

Desde entonces, y al margen del procedimiento judicial, los sindicatos en Canal Sur y las fuerzas políticas en la oposición han puesto el foco en la implicación de la dirección de la RTVA y del consejero de Presidencia, persona de la estrecha confianza del exCEO imputado. Desde 2023, Gustavo Fuentes ostentaba también el cargo de presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

A preguntas de este periódico, el exdirectivo de la productora ha negado tajantemente los hechos, ha declarado que se trata de una “denuncia falsa”, y ha asegurado que tiene “bastantes datos para corroborar mi inocencia”. Este periódico le llamó el pasado 8 de junio, antes de publicar la noticia, en ese momento se encontraba en su despacho del edificio de la sede central de ADM, en la isla de la Cartuja, en Sevilla.

Según personas presentes, salió de su despacho e informó a otros directivos de la productora que “la noticia ya va a salir”. “Llevaba semanas esperándola. En la oficina ya se sabía, todo el mundo lo sabía. Él ya nos había contado que estaba citado a declarar como investigado [el 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas]”, cuenta un ejecutivo de ADM, corroborado por otros tres trabajadores.

“El martes 7 de abril, justo después de Semana Santa, llegó eufórico a la oficina, contando que acababa de estar con Antonio Sanz en el bar José Luis, de la Plaza de Cuba, que le había contado su situación y que estaba tranquilo: 'Quien tiene que saberlo ya lo sabe', dijo”, según estas fuentes. Nadie en el Gobierno andaluz ha aclarado desde cuándo sabía que el CEO de esta empresa semipública estaba denunciado, primero, e investigado, después, por delitos sexuales a una trabajadora.

Al día siguiente de la publicación, la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, reconoció que no sabía “exactamente” cuándo, pero acto seguido recordó que las dos empresas públicas afectadas por este caso (la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y la RTVA) son competencia “de dos consejeros diferentes”, a los que citó por sus nombres: “están el consejero Paradela [Jorge; consejero de Industria] y el consejero Sanz [Antonio; consejero de Presidencia], no sé exactamente cómo se han enterado, no he hablado con ellos directamente”.

A preguntas de los periodistas, Paradela aseguró que la fecha clave fue el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones”, aseguró. El problema es que la imputación de Gustavo Fuentes desencadena toda una serie de denuncias y testimonios -algunos firmados por escrito para este periódico- que dan cuenta de un “modus operandi” con sus trabajadores (sobre todo las mujeres) “déspota, cruel y violento”, que era “vox populi en el sector”.

Este martes, Gustavo Fuentes declaró durante una hora ante el juez Francisco José de Córdoba, titular del juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla, asegurando que nunca agredió ni acosó sexualmente a una de sus empleadas –delitos por los que está imputado–, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado”, pero siempre “consentido”.

Media hora antes, dos testigos habían ratificado ante el juez la “obsesión” que Fuentes sentía hacia la trabajadora que lo ha denunciado, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial, según fuentes presentes en el interrogatorio celebrado este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.

La testigo “fundamental” para la acusación había sido número dos del exCEO en la productora, con una relación directa con él, y declaró a preguntas del juez que el acusado llegó a pedirle “que la despidiera porque se la estaba follando otro compañero”.

El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la ideoneidad de los nueve candidatos propuestos por PP, PSOE y Vox como senadores por designación autonómica, que serán nombrados este jueves en el primer Pleno de la legislatura y el último de este periodo de sesiones. Cuatro serán populares, tres socialistas y dos de Vox (uno cedido por los de Juanma Moreno, tras firmar el pacto de Gobierno de coalición).

Este procedimiento solía ser un trámite pactado previamente por los grandes partidos, en el que los aspirantes elegidos por cada grupo comparecían ante la comisión parlamentaria de Nombramientos sin que el rival político les cuestionara ni les hiciera preguntas incómodas.

Pero no ha ocurrido así hoy, sobre todo con los candidatos propuestos por Vox, en especial cuando ha llegado el turno de Álvaro Zancajo, que está siendo investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude por supuesta incompatibilidad de su puesto como miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y su rol de jefe de comunicación del lider nacional de Vox, Santiago Abascal.

Adelante Andalucía es quien interpuso esa denuncia hace meses y hoy su portavoz, José Ignacio García, llevaba preparadas las preguntas para zamarrear a Zancajo. También el PSOE y Por Andalucía cuestionaban públicamente su designación para el Senado, partiendo de una “incompatibilidad manifiesta” por su papel en la RTVA, donde ha cobrado un sueldo público de 60.000 euros los últimos cuatro años.

Sin embargo, ha sido el propio Zancajo quien ha admitido en su exposición inicial que siendo miembro del Consejo de Administración de Canal Sur ha estado “trabajando para Vox”, porque fue designado “a propuesta de Vox”.

En la breve presentación de su experiencia profesional ha terminado diciendo: “Luego comencé a trabajar aquí, de nuevo, en Andalucía, en Vox. Primero como responsable de comunicación en la campaña electoral de hace cuatro años y después como responsable de comunicación del grupo parlamentario Vox en Andalucía de la mano del entonces portavoz, Manolo Gavira, actual vicepresidente de la Junta. Posteriormente, como saben, seguí trabajando para Vox, volviendo a la Radio Televisión Pública Andaluza como miembro del Consejo de Administración de la RTVA, de Canal Sur, a propuesta de Vox y, por tanto, trabajando para Vox”.

Esa incompatibilidad -trabajar para un organismo público designado por el Parlamento andaluz y, a la vez, para un partido político- es lo que está investigando ahora la Oficina Antifraude. Lo que ha declarado hoy Zancajo ante la comisión de idoneidad de la Cámara no encaja con lo establecido en el artículo 15.6 de la Ley que regula la agencia pública empresarial de la RTVA: “La condición de miembro del Consejo de Administración y de representante de los trabajadores en este es incompatible con cualquier vinculación directa o indirecta con empresas publicitarias, editoriales, periodísticas, de telecomunicaciones, informáticas, de servicios de la sociedad de la información, empresas cinematográficas y agencias y gabinetes de prensa, con empresas de producción de programas, discográficas o con cualquier tipo de entidad relacionada con el suministro o la dotación de material o de programas audiovisuales, servicios conexos e interactivos a la RTVA o a sus sociedades filiales y con todo tipo de prestación de servicios o de relación laboral en activo con la RTVA o con otras entidades de radio y televisión de cualquier tecnología y ámbito de cobertura, salvo la laboral que el representante de los trabajadores ya tuviera con la RTVA al adquirir tal condición”, reza la ley.

Y remata: “Los miembros del Consejo de Administración estarán sometidos al régimen propio de las incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, serán incompatibles con la condición de Diputado o Diputada del Parlamento de Andalucía”.

El consejero designado por Vox en la RTVA no es el único que compagina su puesto, con salario público, con el trabajo que realiza para su partido político. También lo hacen los miembros designados por el PP y por el PSOE, aunque no se han dejado ver públicamente en cada comparecencia de su líder ante los medios, como hizo Zancajo acompañando a Abascal en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Él es el único denunciado por incompatibilidad ante la Oficina Antifraude.

“Un fraude a los andaluces”; “un currículum brillante”

La declaración de Zanjado en la comisión parlamentaria ha soliviantado aún más a los portavoces de los grupos de izquierda. El socialista Mario Jiménez ha calificado su designación como senador por la comunidad como “un fraude a los andaluces” y ha añadido: “Veremos si más adelante no es este Parlamento el que le quita la idoneidad, sino otra instancia política porque usted hoy clara y abiertamente ha hecho una manifestación pública que constará en el acta de esta comisión de un caso flagrante de incompatibilidad manifiesta”.

La notificación de la admisión a trámite de la denuncia de Adelante Andalucía contra Zancajo ante la Oficina Antifraude es del pasado 23 de abril (antes de las elecciones andaluzas), y está firmada por el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Durante la campaña electoral, el candidato de Adelante Andalucía ya acusó a Zancajo de “no dedicar ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, y exigió su cese en el ente público. También amagó con elevar su denuncia ante la Fiscalía si la Oficina Andaluza Antifraude “no actúa”, denunciando una “presunta financiación ilegal” de Vox.

En la denuncia, la formación andalucista señaló que la labor de Álvaro Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio Consejo. Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, y dos años después, en 2024, empezó a desempeñar su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

García le ha preguntado hoy si se marcha al Senado para “evitar” la investigación que pesa sobre él y Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, también ha denunciado la incompatibilidad de su puesto en el partido con la RTVA, añadiendo que tampoco “tiene en absoluto la idoneidad para representar a esta comunidad”.

El diputado de Vox Ricardo López Olea ha reprochado a las izquierdas que traigan asuntos “ideológicos” a esta comisión y ha defendido que Zancajo es un “profesional brillantísimo”, por eso recibe los “ataques” de la oposción. El candidato al Senado de la ultraderecha no ha respondido a las preguntas de estos grupos, que ha calficado de “campañitas” y “falsos relatos” de la izquierda. “Esto no tiene absolutamente nada que ver con el objeto de esta comparecencia”, ha sentenciado.

El Parlamento también ha aprobado, sin unanimidad de los grupos, la idoneidad como senadores del expresidente del PP andaluz Javier Arenas, de los exsecretarios generales del PSOE andaluz Juan Espadas y Susana Díaz, expresidenta de la Junta; de la abogada María Pastor, a propuesta de Vox, que desde abril dirigía la Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla con un discurso abiertamente antiabortista; y los populares Virginia Pérez y Francisco Javier Oblaré (diputados autonómicos en la anterior legislatura).

Ante la comisión consultiva de nombramientos sólo tienen que comparecer los candidatos que no sean diputados del Parlamento andaluz, lo que excluye de este trámite a Jesús Aguirre --parlamentario por Córdoba--, y a María Jesús Montero, con escaño por la provincia de Sevilla.

Gustavo Fuentes, vestido con una guayabera celeste y “aparentemente tranquilo”, declaró este martes ante un juez de violencia de género que nunca agredió ni acosó sexualmente a una de sus empleadas –delitos por los que está imputado–, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre ”consentido“.

El exCEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) –empresa asociada a RTVA, copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur– compareció durante casi una hora, respondiendo a las preguntas del juez titular, Francisco José de Córdoba, de la fiscal y de su propio abogado. Se negó a contestar las preguntas del letrado de la reportera que lo ha denunciado por tres agresiones sexuales –en 2013, 2022 y 2023–, por acoso sexual continuado y acoso laboral (mobbing) y quedó en libertad sin medidas cautelares.

Media hora antes, dos testigos habían ratificado ante el juez la “obsesión” que Fuentes sentía hacia la trabajadora que lo ha denunciado, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial, según fuentes presentes en el interrogatorio celebrado este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.

La testigo “fundamental” para la acusación había sido número dos del exCEO en la productora, con una relación directa con él, y declaró a preguntas del juez que el acusado llegó a pedirle “que la despidiera porque se la estaba follando otro compañero”.

Tanto la exdirectiva como la otra testigo –una amiga a la que confesó las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron– coincidieron también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la periodista con el estado de “miedo” y “ansiedad” que experimentó durante los años que trabajó bajo las órdenes del directivo imputado.

“Contradicciones” en línea de defensa del acusado

La estrategia de defensa de Gustavo Fuentes, según personas presentes en el interrogatorio, pasa por intentar demostrar que siempre hubo “consentimiento” de la denunciante, y para ello buscó desmontar una de las pruebas más sólidas de la acusación: las 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono del ex director general de la productora a la víctima entre 2018 y la actualidad.

Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa, como recordó ayer el propio magistrado durante el interrogatorio. Sin embargo, el abogado de Fuentes trató de exponer que en esas conversaciones entre su cliente y la reportera hay periodos en blanco, en los que aparecen transcritos los mensajes de él, pero se han borrado las respuestas de ella, en teoría, “porque se habrían activado los mensajes temporales de WhatsApp”.

Se trata de una función de privacidad que hace que los mensajes de un chat desaparezcan automáticamente después de un tiempo determinado: 24 horas, 7 días o 90 días, y solo afectan a los mensajes nuevos, no a los enviados antes de activarlos. La representación legal de Gustavo Fuentes intenta probar ante el juez que la denunciante borró las respuestas para ocultar que, en realidad, ella consentía ese tipo de mensajes “de índole sexual” y la relación que mantenía con su superior jerárquico. Con todo, el magistrado le reiteró que los mensajes aportados como prueba por parte de la acusación ya han sido validados judicialmente.

Las mismas fuentes apuntan a que el acusado incurrió en “contradicciones” a lo largo de su declaración. Primero habría señalado que su relación con la denunciante era “estrictamente laboral”, llegando a esgrimir que por su condición de presentadora apenas frecuentaba la sede de la productora. Pero, al final de su declaración habló ya de “un tonteo mutuo, pero no consumado”.

Las testigos salieron de los juzgados a pie, acompañadas por responsables del SAVA (Servicio de Atención a las Víctimas) que atienden en los casos de violencia de género. El acusado abandonó los juzgados en coche, saliendo del parking del edificio, tras una autorización de la Guardia Civil por “por razones de seguridad”, explican fuentes del TSJA, porque había una concentración convocada a las puertas del edificio por parte del Sindicato de Periodistas para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima.

Una “espinita clavada” con la víctima

En todo momento, el juez Francisco José de Córdoba trató de ceñir el interrogatorio a los hechos concretos que se investigan en la causa, formulando preguntas en torno a fechas y lugares muy específicos. Dado el momento procesal incipiente de la causa, el magistrado perimetró mucho tanto las preguntas de la acusación y la defensa como las respuestas, evitando elucubraciones, juicios de valor, incluso contextualización de los hechos por los que se interrogaba.

Por ejemplo, a la exdirectiva de ADM le preguntó si había escuchado a su jefe decir en una ocasión concreta, en un restaurante específico, que “tenía una espinita clavada” por no haber podido mantener una relación íntima con la víctima. La testigo declaró que si bien no recordaba exactamente si lo había dicho ese día ni en ese sitio, confirmó que la frase se la había escuchado “muchas veces, recurrentemente, y delante de un montón de gente”.

La testigo clave ratificó así el relato de la reportera denunciante. La propia denuncia recoge que, tras sentirse rechazado continuamente en sus insinuaciones a la reportera, este llegó a “jactarse ante otros directivos y compañeros” de que era “la única mujer” que se le “ha resistido” y “la única tía” que le ha “hecho la cobra”, durante una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur.

Las dos testigos también confirmaron ante el juez que tenían conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Preguntada por esta cuestión, la amiga íntima de la denunciante consultó al magistrado si quería que entrara en detalles “desagradables”, tal y como se lo había contado en su momento la víctima y, con el visto bueno del juez, describió de manera explícita el “manoseo y baboseo” que le había trasladado su amiga con respecto al comportamiento de su jefe.

“Le babeaba encima, le chupaba con la lengua”, detalló la testigo durante su declaración, en alusión a dos de los episodios recogidos en la denuncia. Uno sufrido en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y el último en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

Aunque la exdirectiva de ADM no estuvo presente durante la grabación de esos programas, donde habrían ocurrido las agresiones, sí explicó al juez que la reportera le había contado que se había sentido “muy incómoda” ante la presencia del director general cuando se personaba en los rodajes. “Me preguntaba de forma recurrente dónde estaba físicamente” la denunciante, explicó.

En un momento del interrogatorio, el magistrado le preguntó por su poder de influencia y decisión sobre el personal de la empresa, dada su condición de número dos de la productora, pero ella aseguró que sólo era sobre el papel, “la realidad es que él lo controlaba todo y decidía quién entraba y quién se marchaba de la empresa”, advirtió.

El consentimiento

La cuestión del consentimiento de la reportera que trata de demostrar la defensa de Gustavo Fuentes ya aparecía anticipada en la denuncia presentada por ella el pasado enero. En esta explica de forma reiterada por qué no denunció antes a su jefe y por qué mantuvo una comunicación aparentemente cordial con él pese a las agresiones y el acoso que describe. Si respondía a los mensajes de WhatsApp con una “cortesía forzada” hacia su superior jerárquico, sostiene el escrito, no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye el texto. Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La defensa del exdirector general de ADM ha tratado de desacreditar esa tesis. Además de sostener ante el juez que la relación fue consentida, la representación legal del acusado solicitó una copia de los informes clínicos de la denunciante, ya obrantes en el procedimiento, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad”, así como una “pérdida de diez kilos” de peso. Su estrategia pasa por vincular ese deterioro físico y psicológico con el fallecimiento repentino de la madre de la víctima, al coincidir temporalmente con parte de los hechos denunciados.

Esa fue una de las cuestiones sobre las que el juez interrogó a las dos testigos. Quiso saber si conocían que la reportera recibía atención psiquiátrica y si el origen de esa terapia guardaba relación con la muerte de su madre. Ambas respondieron que el tratamiento estaba motivado por la situación de acoso sexual que, según les había trasladado la propia denunciante, sufría en su entorno laboral. “Como yo la he visto sufriendo con este hombre no la había visto nunca”, declaró su amiga.

En el mismo sentido se pronunció la que fuera número dos de Gustavo Fuentes. “Cuando la conocí era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, afirmó al describir el progresivo deterioro de la reportera bajo la “presión sexual” que, según dijo, ejercía el entonces CEO y el “miedo absoluto” que ella llegó a sentir hacia quien era su superior jerárquico en la empresa donde trabajaba.

Sobre esta respuesta, el abogado del acusado protestó y el juez consintió en que “no procede”. Tras la declaración de las testigos y el acusado, el magistrado (y el Ministerio Fiscal) decidirán en los próximos días el siguiente paso del procedimiento judicial por delitos sexuales contra Gustavo Fuentes, castigados con penas de hasta siete años de cárcel.

“Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita” bajo la “presión sexual” de él y el “miedo absoluto que le tenía”. Dos testigos han ratificado este martes ante el juez la “obsesión” que el exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, sentía hacia la reportera que lo ha denunciado por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral.

Se trata de una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del entonces CEO de la productora, y de una amiga a la que reveló las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron. Según fuentes presentes en el interrogatorio, las dos han confirmado ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla tener conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Ambas han coincidido también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la reportera con el estado de “miedo” y “ansiedad” que atravesó durante su etapa en ADM.

Tras las dos testigos propuestas por la víctima, ha declarado el propio Fuentes, quien llegó a los juzgados de violencia contra la mujer cuatro horas antes de la hora a la que estaba citado a declarar (12.15) en calidad de imputado por agresión sexual y acoso sexual. El abogado de la denunciante había solicitado al juez que citase a las testigos y al acusado en días distintos, para evitar que se cruzasen en el juzgado, pero el magistrado rechazó la petición. Como Gustavo Fuentes se adelantó tanto a la hora de su citación, ya se encontraba en la sala de espera, contigua al juzgado número 5, cuando las testigos llegaron por separado para declarar antes que él.

Después de responder a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su abogado, Fuentes abandonó el edificio poco antes de las 14:00. Lo hizo en coche directamente desde el garaje, evitando así enfrentarse a los medios que aguardaban en la puerta principal y a los miembros de la Asociación de la Prensa de Sevilla, del sindicato SPA y del comité intercentros de Canal Sur, que se concentraron frente al juzgado para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima y animar a denunciar situaciones de acoso sexual y laboral como la que hoy pesa sobre el exdirector general de ADM.

Interrogatorio acotado a los hechos investigados

La expectación mediática que ha generado esta citación judicial se debe a que el productor acusado de delitos sexuales no era un ejecutivo al uso, y tampoco la compañía que dirigía. ADM es una empresa semipública, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía (al 48%), asociada a la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y principal proveedora de contenidos de Canal Sur, cuyo buque insignia es uno de sus programas en antena desde hace 26 años (Andalucía Directo).

Según fuentes presentes en la sala, durante las declaraciones de las testigos se ha escuchado reiteradamente la palabra “improcedente” por parte del juez Francisco José de Córdoba, que, siendo garantista, trató de acotar el interrogatorio para ceñirse a los hechos concretos que se investigan. El magistrado interrumpió así en varias ocasiones, tanto las preguntas de la acusación como las repuestas de las testigos, cuando entendía que se alejaban del objeto de la causa para adentrarse en el contexto laboral o en la “posición de poder” del acusado.

Cabe recordar que el magistrado dejó fuera del procedimiento el delito de acoso laboral que también denunciaba la reportera, al considerar que excedía de las competencias de un tribunal de Violencia de Género.

Tres agresiones denunciadas

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

El juez ha sido muy específico en sus interrogantes y ha preguntado a las testigos por fechas exactas. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, la defensa también ha llevado un documento extenso con páginas de WhatsApp impresas.

“Basta de acoso en los medios”

Mientras Gustavo Fuentes declaraba ante el juez, decenas de profesionales del sector audiovisual se concentraron a las puertas de los juzgados, al grito de “No al acoso, sexual o laboral” y “Basta de acoso en los medios”. Con estos lemas trasladaron su respaldo y “solidaridad” a la reportera que denunció al exCEO de ADM, poniendo fin a años de silencio y “sometimiento”.

En el manifiesto leído durante la concentración, el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión ha advertido de que “no podemos permanecer impasibles ante situaciones de abuso y agresión como las descritas por la compañera denunciante, menos aún cuando quien las sufre trabaja en una empresa con participación pública cuyo principal cliente es Canal Sur”, como apunta el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza.

Los convocantes han vinculado ese silencio al temor a las represalias en un sector tan atomizado como el audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”. Ese “miedo a no volver a trabajar en una empresa audiovisual en Andalucía” hace que muchas personas permanezcan “calladas” ante situaciones de acoso sexual o laboral, han señalado durante la lectura del manifiesto.

Precisamente por ello, la concentración —respaldada también por las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión y por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS)— ha querido lanzar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares para que no se sientan solas y se animen a denunciar. “No podemos permitir que el miedo, el silencio, el ninguneo o el abuso de poder se conviertan en la norma en nuestros centros de trabajo”, sostiene el Sindicato de Periodistas de Andalucía, que ha reclamado “erradicar de nuestro sector la precariedad y el machismo estructural”, como “caldo de cultivo que alimenta los abusos”.

La protesta ha contado con el respaldo de formaciones políticas con representación parlamentaria como Adelante Andalucía y Por Andalucía. Desde Adelante avanzan que van a pedir la comparecencia en el Parlamento andaluz del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de estrecha confianza de Fuentes, así como que se aborde la cuestión de la denuncia directamente en la comisión de RTVA. La portavoz de Igualdad de Adelante, Leticia Blanco, considera “horrible” que no exista plan de igualdad en cualquier subcontrata, “pero que no lo haya en una empresa con participación pública es inaceptable”, añade en declaraciones a elDiario.es

En septiembre de 2010, durante la gala de presentación de la nueva programación de Giralda Televisión y en presencia de trabajadores y directivos de la cadena local de Sevilla, Gustavo Fuentes “extendió un cheque de 500 euros” a nombre de una joven periodista allí presente: “Ella es mía y vale mucho. Si no le pagáis la gala, se la pago yo”.

La denuncia que interpuso, 15 años después, aquella joven contra su jefe por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral arranca con aquel primer episodio “especialmente humillante”, que “sentó las bases de una dinámica de poder y control que se prolongaría en el tiempo hasta hacerse insoportable y llegar al extremo de socavar por completo su integridad física y psíquica”.

Gustavo Fuentes, ex director general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), comparece este martes ante un juez de violencia de género de Sevilla imputado por un delito contra la libertad sexual y otro de acoso sexual continuado, castigado con pena de prisión de uno a cuatro años (en el primer caso) y de cinco a siete meses (en el segundo, cuando existe “prevalimiento de autoridad o superioridad laboral”).

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

“La única tía que me ha hecho la cobra”

“Yo voy a hacer abuelo a tu padre”, le dijo tras intentar besarla a la fuerza aquella primera vez, en 2013, según consta en la denuncia. Otros momentos descritos ocurrieron en presencia de testigos que aparecen, con nombres y apellidos, y pueden ser citados por el juez. En una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur, Fuentes “se jactaba ante otros directivos y compañeros” de que [la víctima] era “la única mujer que se me ha resistido”, “la única tía que me ha hecho la cobra”, comentarios que ella tilda de “vejación sexual, humillación constante y degradación”, por hacerlos además “con carácter público”.

La apertura de la investigación judicial fue revelada por elDiario.es Andalucía el pasado 9 de junio, pero la denuncia de la reportera se registró en enero, la apertura de diligencias es de febrero y la citación judicial como imputado es del 25 de marzo, el mismo día que tomó declaración a la víctima. Hasta que se hizo público, Gustavo Fuentes tenía una de las mejores huellas digitales del sector audiovisual andaluz y nacional: aparecía en docenas de entrevistas como un “visionario” del mundo audiovisual, preconizando el futuro de la televisión, el cine y las plataformas de streaming; reconocido por liderar alianzas de la industria andaluza con los gigantes del sector, como Netflix o Movistar.

“Gustavo Fuentes, el Messi sevillano tras las cámaras”, rezaba el titular de un perfil en el medio Extradigital, en noviembre de 2023, con una foto suya junto al director general de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado. En 2023, el Gobierno de Juanma Moreno facilitó su nombramiento como presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su confianza.

“Organizaba eventos y fiestas muy vistosas, traía a gente muy potente y proyectaba una Andalucía moderna, de cine. A él le gustaba rodearse de la gente que manda y hacer ostentación de su cercanía con el poder. Pero él mandaba mucho y a los políticos les encantaba verse en sus saraos”, dice hoy uno de sus estrechos colaboradores. Ese estatus de Gustavo Fuentes es el telón de fondo tras las agresiones y las situaciones de acoso sexual y laboral que describe la denuncia. “Es preciso tomar consciencia de su posición de poder, no sólo en el sector audiovisual andaluz, sino incluso en esferas políticas institucionales de la comunidad autónoma”, subraya el texto de forma insistente.

El hoy vicepresidente primero de la Junta es el gran protagonista del álbum de fotos de Gustavo Fuentes, donde aparece prácticamente todo el Consejo de Gobierno y el staff de la RTVA. “Está muy bien relacionado dentro del sector, pero sobre todo con la cúpula de la Junta, del PP andaluz y de la dirección de la RTVA”, explican fuentes del ente público.

La reportera que terminó denunciando a su jefe en los tribunales, junto a otras cinco trabajadoras de la misma productora, habían pedido amparo seis meses antes a CCOO, describiendo al detalle las agresiones y situaciones de acoso. La denuncia muestra cómo, de manera insistente, trata de justificar el no haber sido capaz de denunciar antes a Gustavo Fuentes por miedo, no sólo a perder su empleo, sino a que su jefe usara sus contactos para ahogar cualquier posibilidad de encontrar trabajo en el muy atomizado sector audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”.

“El director general de ADM no actúa únicamente como superior jerárquico interno, sino como máximo responsable de una de las escasas estructuras empresariales con verdadera capacidad de absorción de empleo, producción y continuidad profesional en el audiovisual andaluz, así como de los empresarios más influyentes de todo el sector”, advierte la denuncia.

En las quinielas para entrar en el Gobierno andaluz

El pasado 7 de junio, dos días antes de revelar la imputación del CEO de ADM por delitos sexuales, en el entorno del presidente Juanma Moreno situaban al “superproductor” en las quinielas para dirigir la RTVA, sustituyendo a Mellado, e incluso como consejero de la nueva cartera de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital.

18 horas después de publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aprobó la “suspensión temporal” de todas sus funciones. A la mañana siguiente, se informó internamente a los directivos de la productora de que Gustavo Fuentes “no iba a volver”, y que su cese era “definitivo e irrevocable”. El terremoto que provocaron los detalles más escabrosos de la denuncia de la reportera cimbrearon los cimientos del Gobierno de Moreno, copropietario de la productora ADM (con un 48% de participación), y de Canal Sur, su principal proveedor (con una facturación anual en torno a los cinco millones de euros).

“Es una denuncia falsa. No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, había explicado el propio Fuentes a este periódico, el día antes de publicarse la noticia. Tras esa llamada, salió de su despacho e informó a otros directivos de la productora que “la noticia ya va a salir”. “Llevaba semanas esperándola. En la oficina ya se sabía, todo el mundo lo sabía. Él ya nos había contado que estaba citado a declarar como investigado [el 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas]”, cuenta un ejecutivo de ADM, corroborado por otros tres trabajadores.

“El martes 7 de abril, justo después de Semana Santa, llegó eufórico a la oficina, contando que acababa de estar con Antonio Sanz en el bar José Luis, de la Plaza de Cuba, que le había contado su situación y que estaba tranquilo: 'Quien tiene que saberlo ya lo sabe', dijo”, según estas fuentes. Nadie en el Gobierno andaluz ha aclarado desde cuándo sabía que el CEO de esta empresa semipública estaba denunciado, primero, e investigado, después, por delitos sexuales a una trabajadora.

Al día siguiente de la publicación, la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, reconoció que no sabía “exactamente” cuándo, pero acto seguido recordó que las dos empresas públicas afectadas por este caso (la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y la RTVA) son competencia “de dos consejeros diferentes”, a los que citó por sus nombres: “están el consejero Paradela [Jorge; consejero de Industria] y el consejero Sanz [Antonio; consejero de Presidencia], no sé exactamente cómo se han enterado, no he hablado con ellos directamente”.

A preguntas de los periodistas, Paradela aseguró que la fecha clave fue el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones”, aseguró. El problema es que la imputación de Gustavo Fuentes desencadena toda una serie de denuncias y testimonios -algunos firmados por escrito para este periódico- que dan cuenta de un “modus operandi” con sus trabajadores (sobre todo las mujeres) “déspota, cruel y violento”, que era “vox populi en el sector”.

Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación, que remite a otras denuncias y acuerdos prejudiciales por acoso laboral en la productora.

“Reserva para unos mimos; tengo ganas de ti”

El juez Francisco José de Córdoba, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla (de reciente creación), ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

Este martes ha citado primero a dos testigos propuestas por la víctima: una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Luego tendrá que declarar Fuentes, en presencia de su abogado, el de la acusación y de la Fiscalía, que aún no ha ejercido ninguna actuación relevante en este procedimiento.

El acusado se enfrenta también a sus propios mensajes de WhatsApp, los que envió a la reportera con insistentes propuestas de encuentros privados, y que ella han sido “validados” como prueba de la acusación por el juez: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Reserva para unos mimos”; “Tú me debes una noche loca”; “Lo nuestro parece imposible, ojalá volviéramos a hace 10 años”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”; “Bueno, si tú te vienes, a ver si te dejo irte otra vez jajaja”.

La víctima ya declaró ante el juez para explicar la situación de “sometimiento” que sufría y que “se retroalimentaba constantemente de la relación de jerarquía respecto del denunciado”. “La impunidad con la que actúa el señor Fuentes genera en su entorno laboral una sensación de que cualquier rechazo frontal al mismo puede ser el fin de una carrera profesional, la única opción posible es intentar evitarlo, siendo ello imposible por la propia naturaleza laboral jerárquica existente”, subraya la denuncia, que describe una “situación cronificada de acoso” que empujó a la víctima a un “cuadro depresivo” del que aún se está recuperando.

La denuncia adjunta un informe clínico de la mutua y otro informe psicológico privado, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad” y “pérdida de diez kilos”.

Entre la primera agresión que consta en la denuncia y la última transcurrieron diez años. De aquel primer comentario “humillante” (“Yo voy a hacer abuelo a tu padre”) al acoso laboral descrito, cuando el CEO de la productora sabe que ha empezado una relación sentimental con un cámara de su propia empresa (“Para que se la folle otro que se vaya a la puta calle”), que consta en una de las declaraciones juradas.

Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Esos años en los que compartió un espacio de trabajo con su jefe sin denunciarlo parecen obligarla a justificarse una y otra vez en la denuncia, tratando desesperadamente de explicar que si respondía a aquellos mensajes con “cortesía forzada” a su superior jerárquico no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye la denuncia.

El actual miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA) Álvaro Zancajo y la directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla, María Pastor Pérez-Angulo, serán los senadores de Vox en representación de la comunidad.

Zancajo, investigado por la Oficina Antifraude después de que se admitiera la denuncia presentada por Adelante Andalucía, compagina su puesto como director de comunicación del partido de ultraderecha con el percibimiento de un sueldo público de 60.000 euros correspondiente al Consejo de Administración de RTVA. Por tanto, los andalucistas le acusaban de “no cumplir con el reglamento de incompatibilidad” debido a sus funciones en el acompañamiento y asesoría a Santiago Abascal.

Vox ha registrado este lunes el escrito proponiendo a Zancajo como senador en representación de la comunidad y, en el documento que ha tenido acceso este medio, Zancajo declara que “cumple los requisitos exigidos” en la ley y, a su vez, admite que “no se encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad”.

De acuerdo con los resultados de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, al PP-A le correspondían cinco senadores; al PSOE-A, tres, y a Vox, uno, como en la anterior legislatura. No obstante, el PP-A se quedará finalmente con cuatro porque cede uno a Vox, en virtud del acuerdo de gobierno suscrito por ambas formaciones. El plazo para la presentación, en el registro del Parlamento andaluz, de propuestas a senadores en representación de la comunidad en la XIII legislatura ha finalizado este lunes.

Propuesta del PP

Por otro lado, Vox contará como senadora con María Pastor Pérez-Angulo, que ha sido candidata del partido en listas a autonómicas, municipales y generales y que actualmente ejerce como directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Este nombre no ha sido registrado formalmente por Vox, sino que lo ha hecho el PP-A en su propuesta de cinco senadores, de los que uno es cedido a dicha formación. En la anterior legislatura Vox contaba con Paloma Gómez como senadora por la comunidad.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha convocado una concentración el próximo martes 21 de julio frente a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla para respaldar a la reportera que denunció al exCEO de la principal productora de Canal Sur, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual, como desveló elDiario.es.

La movilización, convocada en “apoyo a la compañera denunciante”, coincide con la declaración judicial de Fuentes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla. La comparecencia del exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y de dos testigos había sido aplazada en dos ocasiones, la última el pasado 25 de junio.

Bajo el lema “por nuestra dignidad: fin a los abusos y a la precariedad en los medios de comunicación”, el SPA quiere mostrar su “apoyo absoluto” y “solidaridad” con la periodista “que ha denunciado valientemente haber sufrido abusos” en ADM, productora participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y principal proveedora de contenidos de Canal Sur.

A la convocatoria se han sumado las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión, el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza. “

Exigimos que los entornos laborales de los medios de comunicación andaluces sean espacios seguros, libres de cualquier tipo de acoso, violencia machista o abuso de poder“, señala la convocatoria, que también denuncia la ”grave situación de precariedad estructural que arrastra“ el sector audiovisual andaluz. Los convocantes apuntan directamente a ”la externalización sistemática de servicios de la RTVA en productoras privadas que, a menudo, imponen condiciones laborales abusivas, salarios de miseria y jornadas interminables, deteriorando la calidad del servicio público y la salud de sus profesionales“.

Un plan de igualdad presuntamente falseado

La convocatoria se produce mientras continúa la investigación judicial en torno a la denuncia presentada por la reportera contra Gustavo Fuentes. Como publicó elDiario.es, ADM carecía de un protocolo de prevención del acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que la periodista decidiera acudir a los tribunales.

Asimismo, este periódico reveló que la empresa habría falseado su Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas un mes antes de que la trabajadora denunciara al entonces CEO por agresión y acoso sexual y de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer abriera diligencias contra él.

La imputación de Fuentes, también adelantada por este periódico, provocó su cese como CEO de la compañía y su salida de la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, entidad impulsada con apoyo de la Junta dentro de la estrategia digital promovida por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

La denuncia de la reportera describe tres presuntas agresiones sexuales ocurridas en distintos momentos entre 2013 y 2023. El escrito aporta fechas, lugares y testimonios de personas a las que la periodista relató los hechos cuando ocurrieron o poco después. También aporta pruebas y testimonios que acreditan el “continuo” acoso sexual que sufrió durante años en la compañía.

La respuesta de la Junta y de la empresa

Desde que trascendió la investigación judicial, el Gobierno de Juanma Moreno —accionista mayoritario de ADM a través de la empresa pública Sandetel— ha insistido en que la trabajadora no utilizó los canales internos de la empresa antes de acudir a los tribunales.

Lo cierto es que unas semanas antes de acudir al juzgado, esos canales internos no estaban “actualizados” y, cuando finalmente se registraron ante la autoridad laboral, el protocolo quedó bajo la responsabilidad de una directiva considerada la mano derecha del ejecutivo posteriormente denunciado.

La reportera ha explicado que no recurrió a los mecanismos internos por “miedo a represalias”. Por su parte, Gustavo Fuentes ha negado las acusaciones en declaraciones a este periódico, calificándolas de “denuncia falsa” y asegurando que “nadie ha activado en cinco años” el protocolo interno que permite denunciar de forma anónima.

La periodista presentó la denuncia el 26 de enero. El juzgado abrió diligencias en febrero y tomó declaración a la víctima el 25 de marzo. Posteriormente citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, aunque la comparecencia fue suspendida después de que el acusado modificara la relación de testigos apenas tres días antes.

Tras publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aseguró que conocía la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Fuentes próximas al exCEO de la productora coinciden en que Fuentes le trasladó su situación judicial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en abril.

Pese a ello, ni el Gobierno andaluz ni la dirección de la RTVA apartaron al directivo de la principal productora de Canal Sur hasta que elDiario.es hizo pública la investigación, el pasado 9 de junio.

Exigencia de responsabilidades

El Sindicato de Periodistas de Andalucía reclama ahora “responsabilidades políticas y empresariales”, así como “el cumplimiento estricto de los convenios colectivos” y la implantación de protocolos “eficaces y externos frente al acoso en todas las empresas del sector” audiovisual.

Por su parte, el Comité Intercentros de la RTVA añade la exigencia de que la radiotelevisión pública “asuma y garantice la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas prestadoras de servicios”, además de velar por el respeto a los convenios colectivos y a la legislación en materia de igualdad.

La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) está investigando al jefe de prensa nacional de Vox, el periodista Álvaro Zancajo, por compaginar este trabajo con su puesto en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA).

El órgano de fiscalización, adscrito al Parlamento andaluz, admitió a trámite la denuncia registrada por el grupo Adelante Andalucía, que acusó a Zancajo de cobrar un sueldo público de unos 60.000 euros al año mientras trabajaba para la formación ultraderechista y acompañaba a Santiago Abascal en su atención a medios por toda España.

La notificación de la admisión a trámite, a la que ha tenido acceso este periódico, es del pasado 23 de abril (antes de las elecciones andaluzas), y está firmada por el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Durante la campaña electoral, el candidato y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ya acusó a Zancajo de “no dedicar ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, y exigió su cese en el ente público. También amagó con elevar su denuncia ante la Fiscalía si la Oficina Andaluza Antifraude “no actúa”, denunciando una “presunta financiación ilegal” de Vox.

En la denuncia, la formación andalucista señaló que la labor de Álvaro Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio Consejo. Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, y dos años después, en 2024, empezó a desempeñar su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

El reglamento también aclara que un consejero “tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles”. La incompatibilidad de su labor como consejero de la RTVA y jefe de prensa de Vox, denuncia Adelante Andalucía, “puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público”.

El escrito de la formación andalucista pedía “actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo”.

Este miércoles, García ha hecho pública la apertura de investigación por parte de la Oficina Antifraude y ha afeado a Vox que empezase prometiendo que “iban a cerrar Canal Sur” y han acabado “llevándoselo calentito y pidiendo más paguitas” de Canal Sur. El grupo ultraderechista ha tenido a Zancajo como miembro del Consejo de Administración de la RTVA durante la pasada legislatura, aunque el periodista ha estado acompañando a Abascal en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El portavoz nacional de Vox confirmó hace unos días que existe un acuerdo paralelo entre el PP de Juan Manuel Moreno y la ultraderecha, al margen del pacto suscrito y anunciado para formar Gobierno en Andalucía. En ese segundo acuerdo estarían pactando una mayor presencia de Vox en los órganos de extracción parlamentaria, singularmente en el Consejo de la RTVA. El portavoz andaluz de la extrema derecha y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, no ha querido confirmar las palabras del dirigente nacional y ha apelado a la “discreción” de las negociaciones con el PP de Moreno, sin descartar que exista ese “acuerdo oculto”, como lo ha llamado.

Álvaro Zancajo, periodista vinculado a los informativos de Antena 3, fue director del Canal 24 Horas de TVE hasta la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y el nombramiento de Rosa María Mateo al frente del ente público. Mateo destituyó a Zancajo y este denunció a RTVE en los tribunales. En primera instancia, la cadena pública fue condenada a indemnizarle con 25.000 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anularía el fallo más tarde, dando la razón a la dirección de RTVE.

En 2020, el primer Gobierno de Juanma Moreno, en coalición con Ciudadanos y apoyado desde fuera por Vox, nombró a Zancajo jefe de informativos de Canal Sur, aunque no pertenecía al ente público. Antes de un año, el 28 de diciembre de 2020, fue destituido por el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz y principal cliente de Canal Sur, carecía de un protocolo de prevención de acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que una de sus reporteras denunciase al CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual ante un Juzgado de Violencia de Género de Sevilla.

Desde 2022, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad y registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON). El protocolo antiacoso es obligatorio para todas las compañías (independientemente de su volumen) desde la Ley de Igualdad de 2007, aunque en este caso registrarlo no es preceptivo.

La productora ADM registró su II Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas unos días antes de la denuncia de una trabajadora contra el director general de la compañía por delitos sexuales, que derivó en la imputación judicial y el posterior cese de Gustavo Fuentes.

El Consejo de Administración de la compañía, cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, nombró en su lugar (y de manera “provisional”) a su número dos, el director financiero y de Recursos Humanos, Óscar González-Barba, actual CEO de la compañía. González-Barba, según el protocolo antiacoso de ADM que aprobó el propio Fuentes, era (y es) el responsable de “la recepción de las denuncias” internas por acoso sexual. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, establece que las denuncias al canal antiacoso “no podrán ser anónimas”.

“No se han registrado casos de acoso sexual”

El 18 de diciembre de 2025, la productora principal de Canal Sur inscribió en el REGCON su II Plan de Igualdad, que reconoce que “la empresa no dispone actualmente de un Protocolo interno actualizado” para la “prevención del acoso sexual y por razón de sexo”. Aun así, el diagnóstico previo que aparece en ese documento señala que “no se han registrado casos de acoso sexual o por razón de sexo durante el periodo analizado”, que abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, según el documento.

En ese periodo, no sólo tuvieron lugar algunas de las situaciones de acoso laboral que describe la reportera en su denuncia, también otra supuesta agresión sexual de Fuentes -que una extrabajadora relató a CCOO en junio de 2025, aunque no llegó a interponer denuncia en los juzgados- y otros supuestos de acoso laboral denunciados por algunos exempleados.

En los anexos al II Plan de Igualdad de la principal productora de Canal Sur se incluye el nuevo “Protocolo de actuación para la prevención e intervención frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual e identidad de género”. El documento incluye el nombre de las dos personas que formaron parte de la “Comisión Negociadora” -una en nombre de la empresa y otro en nombre de los trabajadores.

Sobre el papel, esas dos personas pactaron, elaboraron y firmaron el Plan, pero el delegado sindical que aparece en el documento, Francisco de Asis Miguélez, llevaba casi cinco años fuera de la empresa, en situación de excedencia, y trabaja desde entonces como técnico especialista para la Universidad de Cádiz (UCA). “Yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga alguna validez. Si me pregunta un juez si estaba ahí, yo le digo: No. Estoy en la UCA, aquí está mi contrato”, le confesó a un excompañero de ADM, un una conversación telefónica revelada por este periódico.

“Por escrito y no podrán ser anónimas”

Según el documento, firmado por el CEO de la compañía Gusavo Fuentes tres meses antes de ser imputado por agresión sexual y acoso, la empresa creó un “comité de asesoría confidencial”, encargado de “la recepción de las denuncias” de las víctimas, y nombró responsable a su número dos, Óscar González-Barba, junto a su mano derecha en Recursos Humanos, Elena Anguita. Elena Anguita es la persona designada por la empresa en la Comisión Negociadora del II Plan de Igualdad, junto a Miguélez, aunque éste nunca participó de la elaboración del documento.

“Las denuncias y quejas se realizarán por escrito y no podrán ser anónimas”, reza el Protocolo Antiacoso de ADM, que debía gestionar personalmente el director de Recursos Humanos y actual CEO de la compañía. El nombre de González-Barba aparece citado por los testimonios de algunas extrabajadoras que han corroborado ante el juez la denuncia de la reportera. Una de ellas habla de una conversación entre el ya ex CEO y su director financiero, persona de su estrecha confianza, al que encargaba la organización de fiestas y eventos: “Con suerte me la follo de una vez, que haya mucho alcohol Osquita, que eso es cosa tuya”, señala su testimonio.

Otros trabajadores de la productora, en cambio, subrayan que González-Barba “jamás” trató a la plantilla como lo hacía Fuentes, y que él mismo fue una “víctima” del trato “vejatorio y humillante” al que sometía a la gente. “Incluso siendo uno de sus pretorianos, como él lo llamaba, cuando entraba en cólera le trataba a patadas delante del resto de los trabajadores”, coinciden varios testigos.

El pasado 9 de junio, tras revelar elDiario.es la imputación de Gustavo Fuentes por delitos sexuales, el Consejo de Administración de ADM se reunió “con carácter extraordinario” y, tras 18 horas, anunció la “suspensión temporal” del CEO de la compañía. En el mismo comunicado delegó en González-Barba algunas de las competencias que hasta entonces gestionaba su jefe, algo que, aun siendo “provisional”, provocó “indignación” en parte de la plantilla, que conoció la decisión a la mañana siguiente.

Una semana después, el Consejo de ADM confirmaba el cese “definitivo” del director general, reculaba en su decisión de dejar la empresa en manos de sus directivos afines y anunciaba un proceso de selección para buscar un nuevo CEO.

“Miedo a represalias”

Desde que estalló la noticia, el Gobierno de Juan Manuel Moreno, accionista mayoritario de ADM a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel, ha reaccionado al escándalo por la imputación de Fuentes subrayando que la víctima no había usado los canales internos para denunciar las agresiones y el acoso sexual del que acusó a su jefe ante un juez. Lo cierto es que unas semanas antes de acudir al juzgado, esos canales internos no estaban “actualizados” y, cuando finalmente se registraron ante la autoridad laboral, la empresa había dejado ese protocolo en manos de la mano derecha del jefe al que iba a denunciar por agresión sexual y acoso.

La reportera aduce “miedo a represalias” para explicar por qué no usó las herramientas internas de la empresa para denunciar a Gustavo Fuentes, y el denunciado, en conversación con este periódico, aseguró que se trata de una “denuncia falsa”, y que “nadie ha activado en cinco años” el protocolo antiacoso que permite a los trabajadores denunciar “anónimamente”.

La periodista denunció al CEO de la compañía el pasado 26 de enero. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, el 25 de marzo el juez tomó declaración a la víctima y acto seguido citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, una semana antes de las elecciones andaluzas. Pero la declaración no tuvo lugar ese día, porque tres días antes, el 8 de mayo, el acusado cambió de testigo y su citación se aplazó.

Tras publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aseguró en un comunicado que conocía la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Fuentes próximas al ex CEO de la productora coinciden en que éste le trasladó su situación judicial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en abril, “poco después de la Semana Santa”.

En cualquier caso, ni el Gobierno andaluz ni la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) hicieron nada por apartar al directivo de su principal productora audiovisual hasta que este periódico lo hizo público, el pasado 9 de junio.

“La denuncia se produjo el 7 de mayo, si no recuerdo mal. Fue una denuncia directa por parte de la denunciante al directivo, que no había estado anticipada por ningún tipo de procedimiento previo de ámbito interno, a través de esos canales de comunicación interna que tienen hoy día las empresas, y que ADM también tiene”, explicó la semana pasada el consejero de Industria, Jorge Paradela, responsable de Sandetel, accionista mayoritario de la productora.

Paradela y Sanz son los responsables políticos de las empresas públicas vinculadas con ADM, el primero por la gestión de Sandetel, y el segundo por la RTVA. El responsable de Industria aseguró, a preguntas de los periodistas en Jaén, que la fecha clave es el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones, que han sido asumidas por el Consejo de Administración, y se ha puesto en marcha un proceso de selección para un nuevo director general”, dijo Paradela. En realidad el cese definitivo se confirmó en un comunicado del Consejo de Administración el 17 de junio.

Los “pretorianos”

Gustavo Fuentes solía llamar a los dos directivos de su estrecha confianza “pretorianos”, uno era González-Barba, y el otro José Ramón García Japón [Joserra], subdirector general de ADM. Tras el cese fulminante del CEO, ambos reunieron a los trabajadores que estaban en la sede de La Cartuja, unas 45 personas, incluidos los miembros de Andalucía Directo– para anunciar “una nueva etapa, con una dirección más amigable”.

También se dirigió a la plantilla José Antonio Jiménez de León, que ejerce la figura del Compliance [director legal y de cumplimiento de la empresa] , para animar a todos a usar el canal antiacoso de la web de ADM para denunciar cualquier situación de acoso que haya sufrido por Fuentes, ahora que ya no está. Uno de los primeros mensajes que anunció la nueva directiva fue admitir que el protocolo antiacoso de la empresa no había funcionado, que la investigación interna e “independiente” que el propio Fuentes había encargado al Compliance sobre su denuncia por acoso sexual se había cerrado en falso, contando con la versión del CEO, pero no de la víctima ni de testigos que corroboran su versión. 

La figura del Compliance aparece también en el Protocolo antiacoso adjunto al II Plan de Igualdad de ADM, registrado un mes antes de que la reportera denunciase a Gustavo Fuentes. Forma parte de la Comisión Instructora y de Seguimiento, segunda pata del llamado Comité de Prevención del acoso en la empresa. Junto a Jiménez de León está también Elena Anguita, número dos de González-Barba. Su función es “estudiar y valorar cada caso, tener derecho de acceso a toda la información y documentación para la resolución de las denuncias”.

La compañía quiere ahora revisar aquel informe sobre la denuncia contra Fuentes, pero ya no podrá contactar con la denunciante porque ésta ha iniciado la vía penal y “la empresa no puede interferir ni perjudicar el procedimiento judicial en curso”. Con todo, en la primera reunión con la plantilla tras la destitución de su director general, se animó a todos los trabajadores a denunciar por unos canales internos y anónimos en la web de ADM.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), una empresa semipública, copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y asociada a la RTVA, maniobró para sortear la Ley de Igualdad un mes antes de que su CEO, Gustavo Fuentes, fuera denunciado por agresión sexual y acoso a una reportera.

Fuentes está imputado por delitos sexuales por un juez de Violencia de Género desde el 25 de marzo y fue cesado de todos sus cargos cuando elDiario.es lo hizo público, el pasado 9 de junio. Pero la Junta de Andalucía no ha aclarado aún desde cuándo lo sabía y por qué, como accionista mayoritaria de la principal productora de Canal Sur, no pidió su destitución antes.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha pasado de presentarse junto a Gustavo Fuentes en todos los eventos públicos de la productora -y de asistir a sus fiestas privadas- a eludir cualquier tipo de explicación. Y el consejero de Industria, Jorge Paradela, responsable de la empresa pública Sandetel (accionista mayoritario de ADM), ha puesto el acento en que la denuncia penal de la reportera “no estuvo anticipada por ningún procedimiento previo, a través de los canales de comunicación interna de ADM”.

Lo cierto es que la empresa no tenía actualizados ni aprobados esos procedimientos internos contra el acoso sexual un mes antes de que la reportera acudiese a denunciar a su jefe en los tribunales, según consta en el II Plan de Igualdad de la productora, al que ha tenido acceso este periódico.

En el último trimestre de 2025, a ADM le “urgía” renovar su Plan de Igualdad para cumplir con la ley, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a dotarse de un protocolo contra el acoso sexual y registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo.

Para que ese documento tenga validez, debe estar pactado y participado por una “Comisión Negociadora” paritaria, formada por una persona que represente a la compañía y otra a los trabajadores. Pero la principal productora de Canal Sur Televisión, una empresa semipública propiedad al 47,8% del Gobierno andaluz y con 258 empleados en plantilla, no tenía ni comité de empresa ni secciones sindicales.

Tiene dos delegados de personal, uno adscrito a la sede central, en Sevilla, pero llevaba casi cinco años de excedencia y actualmente trabaja con un contrato de técnico especialista para la Universidad de Cádiz (Francisco de Asís Miguélez Martínez, que se presentó por UGT). Y otro en la sede de Málaga, que figura como “independiente”, pero también es director técnico de la empresa (David Pérez), y la plantilla le identifica como “un hombre de la dirección”.

El primero fue elegido en las últimas elecciones sindicales que se celebraron en las oficinas centrales de ADM hace 11 años, y el segundo en 2017, en un proceso interno del que la mitad de la plantilla “no se enteró ni acudió a votar”, explican trabajadores de la sede de Málaga.

La productora ADM, una de las grandes del sector audiovisual andaluz por volumen de facturación, necesitaba validar ante la autoridad laboral su Plan de Igualdad para conservar sus contratos públicos con Canal Sur, que le factura más de cinco millones de euros al año, según fuentes del sector.

El 28 de octubre de 2025, el CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, firmó “un compromiso expreso” de la productora para “impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad “junto a la Comisión Negociadora, que cuenta con la representación legal de los trabajadores”, según consta en una carta, a la que ha tenido acceso este periódico.

Sin embargo, en ese momento ADM aún no tenía la firma del delegado sindical y es entonces cuando la dirección de la empresa decide llamar a Miguélez, que llevaba fuera casi cinco años, para que firme el II Plan de Igualdad de ADM como representante de los trabajadores, “a sabiendas de que su firma podía no tener validez”, explican a este periódico dos ejecutivos que piden anonimato.

El nombre de Miguélez aparece en el documento como miembro de la Comisión Negociadora del Plan y consta que participó en el diagnóstico previo de la compañía [que está fechado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024; con el análisis de muestras entre octubre y noviembre de 2025] y en la elaboración de las propuestas de mejora, aunque en ese periodo trabajaba ya para la Universidad de Cádiz.

elDiario.es Andalucía ha tenido acceso a la grabación de una conversación telefónica, fechada el 15 de diciembre de 2025 [tres días antes de que ADM registrase su II Plan de Igualdad ante el Ministerio de Trabajo], entre el antiguo delegado sindical y un extrabajador de la empresa, al que le confiesa su estupor por lo que acaba de pedirle un directivo de la compañía.

De entrada, Miguélez no sabe si le están pidiendo que firme el Plan de Igualdad anterior, para darle carta de naturaleza a un procedimiento legal en el que él no había participado, y su interlocutor le advierte de que tenga cuidado de no firmar “un papel sin fecha”. “He estado hablando con mi abogado de que te ha llamado José Ramón [García-Japón] para que firmes los papeles esos del comité de Igualdad... me ha dicho que tengas cuidado a la hora de firmar, porque lo mismo te da un papel sin fecha”.

“Ten cuidado al firmar. Lo mismo te dan un papel sin fecha”

La conversación grabada con Miguélez la realiza un antiguo cámara de ADM, David Lobo, que actualmente está en litigio judicial con la empresa, tras ser despedido por la denuncia interna de cuatro compañeras por “acoso laboral”. La productora le despidió en 2024 echando mano precisamente del anterior Protocolo Antiacoso, usando el testimonio de esas cuatro trabajadoras -más un quinto informe de un superior- que acusaban a Lobo de incumplir sus obligaciones laborales y de trato y comentarios “vejatorios y humillantes” a sus compañeras.

El cámara denunció a la empresa por “vulnerar sus derechos de representación sindical”, convencido de que le habían echado a la calle por intentar montar un sindicato en 2023 junto a otros seis compañeros. Este conflicto es el que se cruza con las maniobras de la productora, a finales de 2025, para sortear sus obligaciones con la Ley de Igualdad.

Lobo le había pedido a Miguélez que testificase a su favor en el juicio por despido y éste había accedido. La citación judicial del antiguo delegado sindical (aunque terminaría aplazándose) estaba prevista para noviembre de 2025, justo cuando la dirección de la empresa volvió a contactar con él para que firmase el II Plan de Igualdad.

Lobo sospechó que ADM buscaba llegar a algún tipo de acuerdo con Miguelez para perjudicarle y, muy escamado, decidió llamarle y grabar la conversación.

“Yo esa copia no la voy a firmar, que me manden el original”

La llamada que recibe Miguélez de la dirección de ADM proviene de José Ramón García-Japón (Joserra), subdirector general de la empresa y número dos de Gustavo Fuentes, según explica en la conversación telefónica. En la grabación cuenta que una reportera de ADM de Málaga, Cristina Guil, es quien le había enviado una copia del II Plan de Igualdad dos días antes, el 13 de diciembre. Preguntada por esto, la reportera lo niega y asegura que “no conoce de nada” a Miguélez. “No le pongo ni cara”, dice.

García-Japón sí ha confirmado a este periódico que fue él quien contactó con el antiguo delegado sindical y que, en efecto, era consciente de que se trataba de “una persona en excedencia, que tiene un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo”, pero que “sigue cubriendo la representación de los trabajadores”, aclara. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, explica.

Con todo, García-Japón advierte de que él se limitó a contactar con Miguélez para que firmase el II Plan de Igualdad, pero subraya que él “no es legalista”, que es “al que le toca gestionar los marrones”, y emplaza a hablar con “algún representante jurídico de la empresa”. elDiario.es ha preguntado a ADM si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico coinciden en que “una persona sin relación laboral con la empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato haya designado expresamente a esa persona (que no es el caso). “Esta situación es claramente irregular”, coinciden desde CCOO y UGT.

Los sindicatos con representación en la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), asociada a la productora ADM y su principal comprador institucional, han exigido este jueves explicaciones al director general, Juan de Dios Mellado, tras la publicación de elDiario.es.

Desde la dirección de la productora sostienen que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”.

El Ministerio de Trabajo alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte para los planes de igualdad, pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no. La Consejería de Empleo no ha respondido aún si esta situación es irregular ni si ha abierto una investigación al respeto ni cuándo fue la última inspección de trabajo en la productora.

“Dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor”

Cuando recibe la llamada del subdirector de ADM, Miguélez llevaba años desvinculado de la productora y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA), y expresa sus “dudas” de que su firma, “estando en excedencia, tenga algún valor”. “El Plan de Igualdad caduca cada cuatro años, tienen que renovarlo y como no hay elecciones [sindicales] están cogidos por los huevos. No quieren convocarlas ellos y como ningún compañero se moja, habrán dicho: pues que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma estando en excedencia tenga algún valor. Además, ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?...”, le cuenta a su excompañero.

El Ministerio de Trabajo tiene constancia del II Plan de Igualdad de ADM desde el 18 de diciembre de 2025, tres días después de la conversación telefónica entre Miguélez y Lobo. El documento incluye un “diagnóstico de situación” del ambiente laboral en ADM que se realizó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, aunque los datos recabados en ese periodo se analizaron entre octubre y noviembre de 2025.

Según el documento registrado ante el Ministerio, Miguélez formó parte de la Comisión Negociadora, participó en la elaboración de ese diagnóstico y en el el desarrollo posterior de las medidas propuestas para mejorar, aunque durante esas fases de análisis y elaboración del Plan él estaba trabajando para la Universidad de Cádiz.

Tres días antes, al teléfono con Lobo, se había mostrado convencido de que la firma que le estaba pidiendo el subdirector general de ADM no se ajusta a la ley, y admite que el Plan de Igualdad anterior de la empresa tampoco recogía “ni mi firma ni el cargo ni yo estuve en ninguna reunión”.

Así, entiende que la empresa no puede esgrimir el Plan de Igualdad ni el Protocolo Antiacoso para despedir a alguien, como hizo en el caso de Lobo, porque el documento no fue negociado ni firmado por él como representante único de los trabajadores. La misma situación, dice, se repite ahora con ese II Plan de Igualdad que le están pidiendo firmar estando en excedencia. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”.

“El juez me va a preguntar: ¿Estabas ahí? Y yo diré: no. Estoy en la UCA”

Según el II Plan de Igualdad de ADM, al que ha tenido acceso este periódico, los responsables de la Comisión Negociadora eran dos: por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (persona muy próxima a Gustavo Fuentes y CEO “provisional” de la empresa), y Miguélez como “representación legal de los trabajadores”.

Junto a ellos intervino en la elaboración del Plan una “consultora especializada en igualdad”, de la empresa BoxTalent, que ejerció de “asesoramiento externo”, Andrea Laura Martínez Díaz. Su nombre aparece en el documento, pero Martínez Díaz no recuerda haber hablado nunca con el representante de los trabajadores ni conserva contacto alguno con Miguélez en su teléfono móvil. “Yo trabajé con Elena [Anguita], que era de Recursos Humanos, pero de esa otra persona no me acuerdo”.

Antes de cortar la llamada, David Lobo quiere cerciorarse de que la persona que pidió a Miguélez firmar el II Plan de Igualdad fue García-Japón, y éste se reafirma. “Sí, sí. Me llamó José Ramón, muy breve, me explicó esto y me dijo: te va a llamar Óscar [González-Barba], el Óscar este no me ha llamado, y la que me ha mandado los papeles es Cristina Guil”.

“Me llamó José Ramón y me dijo: te va a llamar Óscar”

La validez legal de un Plan de Igualdad depende de que haya sido fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, según establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

El incumplimiento del Real Decreto expone a las empresas a sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, a la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y a la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admiten fuentes próximas al Consejo de Administración.

“Se han adoptado las medidas correspondientes”. Sin entrar en mucha profundidad, la portavoz en funciones del Gobierno andaluz, Carolina España, considera que se ha actuado correctamente ante la imputación de Gustavo Fuentes, CEO de ADM, la principal productora de Canal Sur, por agresión y acoso sexual a una reportera, pero no ha aclarado ni cuándo ni cómo se tuvo constancia de los hechos. Eso sí, ha apuntado que la cuestión afecta a las competencias de dos consejeros, a los que ha señalado explícitamente: Antonio Sanz, titular de Presidencia, y Jorge Paradela, máximo responsable de Industria.

Ante la pregunta de cómo se enteró la Junta de Andalucía de esta situación y si considera que la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha actuado con la suficiente determinación, España ha señalado que no sabe “exactamente” cómo ha sido el proceso. Pero a renglón seguido ha recordado que las dos empresas públicas afectadas por este caso (la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y la RTVA) son competencia “de dos consejeros diferentes, están el consejero Paradela y el consejero Sanz, no sé exactamente cómo se han enterado, no he hablado con ellos directamente”.

Tras publicar, el martes por la mañana, que un juez de Violencia de Género investiga desde hace dos meses al CEO de la principal productora de Canal Sur por delitos sexuales contra una reportera, este periódico pidió explicaciones tanto a Presidencia como a Industria, que eludieron valorar la denuncia y la imputación de Fuentes.

ADM (Andalucía Digital Multimedia SA) es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, ya que controla un 47,81% del accionariado a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel, adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas que dirige Jorge Paradela, máximo responsable también de ADA. ADM es la principal productora de Canal Sur –es por ejemplo responsable de uno de sus programas más destacados, Andalucía Directo–, de ahí que la imputación de Fuentes salpique también a la RTVA, que depende de Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

No pertenecen a la Junta

Carolina España ha subrayado que ADM “no es una entidad de la Junta de Andalucía”, aunque considera que “se han adoptado las medidas correspondientes” en su consejo de administración, que ha acordado la “suspensión temporal de funciones” de Fuentes, asimismo presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND). Este puesto también ha dejado de ejercerlo de manera “temporal”, mientras que la dirección de Canal Sur ha descartado tomar cartas en el asunto con el argumento de que ya está abierta una vía judicial.

LAND es un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta que nació en el marco de la estrategia digital impulsada en su momento por Antonio Sanz, aunque estas competencias corresponden ahora a Paradela, a cuya consejería está adscrita la Agencia Digital de Andalucía.

Este periódico requirió el martes explicaciones a estas dos consejerías así como a la RTVA, que se pasaron la pelota el uno al otro, aunque desde Canal Sur se incidió en que es Sandetel la máxima responsable de ADM. La dirección de RTVA tardó casi 15 horas en lanzar un comunicado, para anunciar que no podía “actuar” contra Fuentes, porque ya existía un procedimiento judicial abierto. El Consejo de Administración de ADM, presidido por el director general de Sandetel, se reunió en secreto y tardó 18 horas en comunicar, próximo a la medianoche, que “suspendía temporalmente” al CEO de la productora.

La respuesta de la portavoz de la Junta en funciones, señalando directamente por sus nombres a Sanz y a Paradela, ha sorprendido dentro del propio Ejecutivo andaluz, donde es “un secreto a voces” la mala relación de la malagueña con el titular de Presidencia. Ambos son las personas más próximas al presidente Juanma Moreno que, en los próximos días, debe renovar su confianza (o no) en ellos para formar nuevo Gobierno, previo acuerdo político con Vox.

Tras las decisiones adoptadas por ADM y el Clúster, España ha zanjado este asunto con esta frase: “esperemos que la Justicia haga su trabajo también y que llegue hasta el final”. “Respeto absoluto a la Justicia y que se llegue al final”, además de trasladar el “total rechazo” del Gobierno andaluz “a cualquier abuso o cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas”. Y ha insistido en más de una ocasión en que ADM “es de mayoría privada” y que, como el Clúster, son entidades “independientes” que cuelgan del organigrama de la Junta.

Una situación conocida

Por su parte, Gustavo Fuentes ha insistido este miércoles a Europa Press en su inocencia, con el argumento de que en sus más de 30 años de carrera profesional “nunca he tenido una conducta inapropiada de ningún tipo, especialmente de la tipología de la denunciada”. Asimismo, ha afirmado tener “plena confianza en la justicia, con la tranquilidad de quien no ha hecho nada, confiando en el esclarecimiento de los hechos a la mayor brevedad”.

También este miércoles han continuado las reacciones políticas. En este sentido, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado que por parte de ADM y de Canal Sur “no se haya querido actuar anticipadamente” ante esta denuncia por acoso sexual a una reportera.

“Parece que esta situación se conocía por parte de la empresa de la productora y de Canal Sur, no sé si también por parte del Gobierno de Andalucía, desde hace tiempo y no se había hecho absolutamente nada”, ha señalado Montero, que ha calificado de insuficiente la “suspensión temporal de funciones” de Fuentes acordada por ADM. “Aquí parece que habido un tapar, una dejación de funciones y ponerse de perfil”, ha subrayado.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que llevará a la primera comisión de la RTVA en el Parlamento una petición de explicaciones acerca del conocimiento que pudiese haber tenido la entidad acerca de este caso. “Queremos que se llegue hasta el final y queremos que se repare a esta mujer, a esta compañera”, además de lamentar que el se haya producido en una empresa que “tiene de mayoría en el accionariado la Junta de Andalucía”. “Es vergüenza”, ha subrayado García quien ha mostrado su apoyo tanto a la víctima como a la plantilla de la empresa.

Las trabajadoras y los trabajadores de Grupo Audiovisual Digital Multimedia (ADM) han emitido este miércoles un comunicado tras la imputación de su CEO, Gustavo Fuentes, por presuntos delito de acoso sexual y contra la libertad sexual, en el que afirman sentir “una enorme indignación ante la posibilidad de que unos hechos de esta gravedad hayan podido producirse en nuestro entorno de trabajo”.

La plantilla explica que, una vez recibida la información oficial por parte del Consejo de Administración de ADM la pasada noche, quieren expresarse “desde el máximo respeto al derecho a la presunción de inocencia y a los procedimientos legales que deberán esclarecer lo sucedido”.

“Expresamos todo nuestro apoyo, solidaridad y cercanía a las compañeras que hayan podido verse afectadas por estos graves y repugnantes hechos denunciados. Estamos profundamente consternados y sentimos una enorme indignación ante la posibilidad de que unos hechos de esta gravedad hayan podido producirse en nuestro entorno de trabajo”, apuntan.

Los trabajadores de ADM “llevamos años construyendo, con esfuerzo, dedicación y rigor, una empresa que es referente del sector audiovisual andaluz y responsable de algunos de los programas más queridos por la audiencia de nuestra comunidad”.

Ante los hechos desvelados por elDiario.es Andalucía, la plantilla manifiesta “con absoluta claridad” que “no permaneceremos indiferentes ante ninguna conducta de esta naturaleza y del mismo modo, exigimos que los hechos se esclarezcan hasta sus últimas consecuencias”.

Después de muchas horas reunidos, la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) ha emitido un comunicado este martes, a las 21.30 horas, para posicionarse por primera vez sobre la noticia adelantada por elDiario.es, que esta mañana reveló que un juzgado de Violencia de Género de Sevilla lleva dos meses investigando a Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM) y presidente del Clúster audiovisual de Andalucía, a raíz de la denuncia interpuesta por una reportera de la empresa por delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral”.

La dirección de la RTVA descarta pedir la dimisión de Fuentes y advierte en el comunicado de que tampoco puede activar el protocolo antiacoso del ente público -no porque la denunciante pertenezca a una empresa asociada, la productora ADM-, sino porque ella decidió acudir a la vía judicial, sin denunciar primero internamente el caso. Ni ante la dirección de ADM ni ante Canal Sur, su principal cliente.

La RTVA, como cualquier empresa con más de 50 trabajadores, está obligada por ley a tener un Plan de Igualdad y un protocolo antiacoso para actuar en casos de violencia sexual en la empresa, y “también a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas o proveedoras que presten servicio a Canal Sur Radio y Televisión”, como es el caso de ADM.

“En el presente caso”, dice el comunicado del ente público, “no consta en la RTVA la presentación de denuncia interna alguna en relación con los hechos objeto de las informaciones publicadas” y “dado que existen actuaciones judiciales abiertas, cualquier eventual actuación interna deberá ajustarse a lo previsto en el Protocolo, que contempla la suspensión de la tramitación respecto de los mismos hechos cuando exista un procedimiento judicial en curso, sin perjuicio de las medidas preventivas temporales que, en su caso, pudieran corresponder”.

La dirección de la RTVA, pilotada por el director general Juan de Dios Mellado, no cita ninguna “medida preventiva temporal” con respecto al CEO de ADM, que de momento seguirá en su puesto al frente de la productora, aunque este martes ha sido apartado de de la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, y próximo a la medianoche, el Consejo de Administración de la productora aprobó la “suspensión temporal de sus funciones” (...) “hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia”

Lo que sí ha hecho la directiva, a petición de los sindicatos, es convocar con carácter urgente para el próximo jueves una reunión de la Comisión de Igualdad, órgano en el que se encuentran representadas tanto la empresa como la plantilla, “a fin de valorar las actuaciones que pudieran corresponder conforme a la normativa interna aplicable”. Fuentes que participan en dicha comisión advierten, de antemano, que el objeto de esta reunión es analizar la situación del CEO de ADM, su repercusión para Canal Sur, y pedir explicaciones a la dirección, “pero no se espera que puedan adoptar ninguna actuación, más allá de informar”.

ADM, una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz, es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la Junta de Andalucía, y que está asociada a la RTVA, su principal comprador institucional de contenidos. La imputación del director general por delitos sexuales a una trabajadora ha zamarreado tanto la dirección del ente público, como del Gobierno de Juanma Moreno, cuyo gran valedor hasta hace pocas horas era el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Este periódico ha preguntado al departamento de Sanz, a la Consejería de Igualdad, que dirige Loles López, y al departamento de Industria, de Jorge Paradela, que actualmente tiene las competencias sobre la empresa de telecomunicaciones Sandetel, accionista mayoritario de la productora ADM, pero ninguno de los tres ha querido valorar la imputación del director general por acoso y agresión sexual a una trabajadora.

Varias fuentes dentro de ADM apuntan a que el presidente del Consejo de Administración de la compañía, Sergio Gómez Rojas, había convocado a los miembros a una reunión urgente, en la sede de Sandetel, para abordar la continuidad de Gustavo Fuentes al frente de la productora. Preguntado sobre este asunto, ninguna de las dos consejerías ha querido confirmar o desmentirlo. Este periódico también se ha puesto en contacto con Gómez Rojas, presidente de ADM, que ha eludido responder desde cuándo conocía que el CEO de la compañía estaba imputado por delitos sexuales.

La productora ADM es responsable de algunos de los programas de referencia de Canal Sur, entre ellos su buque insignia, Andalucía Directo, que lleva 25 años en antena. Algunos reporteros de Andalucía Directo y de la propia ADM han publicado este martes mensajes en sus redes sociales cargando contra el CEO de la compañía, y denunciando otras situaciones de acoso laboral.

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han exigido este martes explicaciones a la Junta y a la RTVA por sus vínculos con la empresa de Fuentes, tras su imputación por delitos sexuales. La socialista María Jesús Montero ha exigido la comparecencia urgente de Sanz y de Mellado en el Parlamento para aclarar desde cuándo conocían la situación procesal del CEO de ADM.

El juez Francisco José de Córdoba -nuevo titular del quinto tribunal de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, de reciente creación- abrió diligencias en febrero, a raíz de la denuncia de la reportera, la citó a declarar el 25 de marzo y, ese mismo día, dictó un auto citando a declarar en calidad de imputado a Gustavo Fuentes por acoso sexual y contra la libertad sexual de la trabajadora.

El directivo tendrá que acudir a los juzgados el próximo 25 de junio, junto a dos testigos “fundamentales”, según al denuncia, una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Además, el juez ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

La denuncia de la periodista va acompañada de las declaraciones juradas de siete extrabajadores de ADM (algunos con cargos directivos) que corroboran las situaciones de acoso sexual y laboral, así como las tres agresiones sexuales descritas (una en 2013, otra en 2022 y la tercera en 2023).

También se adjuntan 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connnotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.