La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) está investigando al jefe de prensa nacional de Vox, el periodista Álvaro Zancajo, por compaginar este trabajo con su puesto en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA).

El órgano de fiscalización, adscrito al Parlamento andaluz, admitió a trámite la denuncia registrada por el grupo Adelante Andalucía, que acusó a Zancajo de cobrar un sueldo público de unos 60.000 euros al año mientras trabajaba para la formación ultraderechista y acompañaba a Santiago Abascal en su atención a medios por toda España.

La notificación de la admisión a trámite, a la que ha tenido acceso este periódico, es del pasado 23 de abril (antes de las elecciones andaluzas), y está firmada por el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Durante la campaña electoral, el candidato y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ya acusó a Zancajo de “no dedicar ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, y exigió su cese en el ente público. También amagó con elevar su denuncia ante la Fiscalía si la Oficina Andaluza Antifraude “no actúa”, denunciando una “presunta financiación ilegal” de Vox.

En la denuncia, la formación andalucista señaló que la labor de Álvaro Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio Consejo. Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, y dos años después, en 2024, empezó a desempeñar su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

El reglamento también aclara que un consejero “tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles”. La incompatibilidad de su labor como consejero de la RTVA y jefe de prensa de Vox, denuncia Adelante Andalucía, “puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público”.

El escrito de la formación andalucista pedía “actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo”.

Este miércoles, García ha hecho pública la apertura de investigación por parte de la Oficina Antifraude y ha afeado a Vox que empezase prometiendo que “iban a cerrar Canal Sur” y han acabado “llevándoselo calentito y pidiendo más paguitas” de Canal Sur. El grupo ultraderechista ha tenido a Zancajo como miembro del Consejo de Administración de la RTVA durante la pasada legislatura, aunque el periodista ha estado acompañando a Abascal en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El portavoz nacional de Vox confirmó hace unos días que existe un acuerdo paralelo entre el PP de Juan Manuel Moreno y la ultraderecha, al margen del pacto suscrito y anunciado para formar Gobierno en Andalucía. En ese segundo acuerdo estarían pactando una mayor presencia de Vox en los órganos de extracción parlamentaria, singularmente en el Consejo de la RTVA. El portavoz andaluz de la extrema derecha y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, no ha querido confirmar las palabras del dirigente nacional y ha apelado a la “discreción” de las negociaciones con el PP de Moreno, sin descartar que exista ese “acuerdo oculto”, como lo ha llamado.

Álvaro Zancajo, periodista vinculado a los informativos de Antena 3, fue director del Canal 24 Horas de TVE hasta la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y el nombramiento de Rosa María Mateo al frente del ente público. Mateo destituyó a Zancajo y este denunció a RTVE en los tribunales. En primera instancia, la cadena pública fue condenada a indemnizarle con 25.000 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anularía el fallo más tarde, dando la razón a la dirección de RTVE.

En 2020, el primer Gobierno de Juanma Moreno, en coalición con Ciudadanos y apoyado desde fuera por Vox, nombró a Zancajo jefe de informativos de Canal Sur, aunque no pertenecía al ente público. Antes de un año, el 28 de diciembre de 2020, fue destituido por el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz y principal cliente de Canal Sur, carecía de un protocolo de prevención de acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que una de sus reporteras denunciase al CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual ante un Juzgado de Violencia de Género de Sevilla.

Desde 2022, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad y registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON). El protocolo antiacoso es obligatorio para todas las compañías (independientemente de su volumen) desde la Ley de Igualdad de 2007, aunque en este caso registrarlo no es preceptivo.

La productora ADM registró su II Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas unos días antes de la denuncia de una trabajadora contra el director general de la compañía por delitos sexuales, que derivó en la imputación judicial y el posterior cese de Gustavo Fuentes.

El Consejo de Administración de la compañía, cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, nombró en su lugar (y de manera “provisional”) a su número dos, el director financiero y de Recursos Humanos, Óscar González-Barba, actual CEO de la compañía. González-Barba, según el protocolo antiacoso de ADM que aprobó el propio Fuentes, era (y es) el responsable de “la recepción de las denuncias” internas por acoso sexual. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, establece que las denuncias al canal antiacoso “no podrán ser anónimas”.

“No se han registrado casos de acoso sexual”

El 18 de diciembre de 2025, la productora principal de Canal Sur inscribió en el REGCON su II Plan de Igualdad, que reconoce que “la empresa no dispone actualmente de un Protocolo interno actualizado” para la “prevención del acoso sexual y por razón de sexo”. Aun así, el diagnóstico previo que aparece en ese documento señala que “no se han registrado casos de acoso sexual o por razón de sexo durante el periodo analizado”, que abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, según el documento.

En ese periodo, no sólo tuvieron lugar algunas de las situaciones de acoso laboral que describe la reportera en su denuncia, también otra supuesta agresión sexual de Fuentes -que una extrabajadora relató a CCOO en junio de 2025, aunque no llegó a interponer denuncia en los juzgados- y otros supuestos de acoso laboral denunciados por algunos exempleados.

En los anexos al II Plan de Igualdad de la principal productora de Canal Sur se incluye el nuevo “Protocolo de actuación para la prevención e intervención frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual e identidad de género”. El documento incluye el nombre de las dos personas que formaron parte de la “Comisión Negociadora” -una en nombre de la empresa y otro en nombre de los trabajadores.

Sobre el papel, esas dos personas pactaron, elaboraron y firmaron el Plan, pero el delegado sindical que aparece en el documento, Francisco de Asis Miguélez, llevaba casi cinco años fuera de la empresa, en situación de excedencia, y trabaja desde entonces como técnico especialista para la Universidad de Cádiz (UCA). “Yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga alguna validez. Si me pregunta un juez si estaba ahí, yo le digo: No. Estoy en la UCA, aquí está mi contrato”, le confesó a un excompañero de ADM, un una conversación telefónica revelada por este periódico.

“Por escrito y no podrán ser anónimas”

Según el documento, firmado por el CEO de la compañía Gusavo Fuentes tres meses antes de ser imputado por agresión sexual y acoso, la empresa creó un “comité de asesoría confidencial”, encargado de “la recepción de las denuncias” de las víctimas, y nombró responsable a su número dos, Óscar González-Barba, junto a su mano derecha en Recursos Humanos, Elena Anguita. Elena Anguita es la persona designada por la empresa en la Comisión Negociadora del II Plan de Igualdad, junto a Miguélez, aunque éste nunca participó de la elaboración del documento.

“Las denuncias y quejas se realizarán por escrito y no podrán ser anónimas”, reza el Protocolo Antiacoso de ADM, que debía gestionar personalmente el director de Recursos Humanos y actual CEO de la compañía. El nombre de González-Barba aparece citado por los testimonios de algunas extrabajadoras que han corroborado ante el juez la denuncia de la reportera. Una de ellas habla de una conversación entre el ya ex CEO y su director financiero, persona de su estrecha confianza, al que encargaba la organización de fiestas y eventos: “Con suerte me la follo de una vez, que haya mucho alcohol Osquita, que eso es cosa tuya”, señala su testimonio.

Otros trabajadores de la productora, en cambio, subrayan que González-Barba “jamás” trató a la plantilla como lo hacía Fuentes, y que él mismo fue una “víctima” del trato “vejatorio y humillante” al que sometía a la gente. “Incluso siendo uno de sus pretorianos, como él lo llamaba, cuando entraba en cólera le trataba a patadas delante del resto de los trabajadores”, coinciden varios testigos.

El pasado 9 de junio, tras revelar elDiario.es la imputación de Gustavo Fuentes por delitos sexuales, el Consejo de Administración de ADM se reunió “con carácter extraordinario” y, tras 18 horas, anunció la “suspensión temporal” del CEO de la compañía. En el mismo comunicado delegó en González-Barba algunas de las competencias que hasta entonces gestionaba su jefe, algo que, aun siendo “provisional”, provocó “indignación” en parte de la plantilla, que conoció la decisión a la mañana siguiente.

Una semana después, el Consejo de ADM confirmaba el cese “definitivo” del director general, reculaba en su decisión de dejar la empresa en manos de sus directivos afines y anunciaba un proceso de selección para buscar un nuevo CEO.

“Miedo a represalias”

Desde que estalló la noticia, el Gobierno de Juan Manuel Moreno, accionista mayoritario de ADM a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel, ha reaccionado al escándalo por la imputación de Fuentes subrayando que la víctima no había usado los canales internos para denunciar las agresiones y el acoso sexual del que acusó a su jefe ante un juez. Lo cierto es que unas semanas antes de acudir al juzgado, esos canales internos no estaban “actualizados” y, cuando finalmente se registraron ante la autoridad laboral, la empresa había dejado ese protocolo en manos de la mano derecha del jefe al que iba a denunciar por agresión sexual y acoso.

La reportera aduce “miedo a represalias” para explicar por qué no usó las herramientas internas de la empresa para denunciar a Gustavo Fuentes, y el denunciado, en conversación con este periódico, aseguró que se trata de una “denuncia falsa”, y que “nadie ha activado en cinco años” el protocolo antiacoso que permite a los trabajadores denunciar “anónimamente”.

La periodista denunció al CEO de la compañía el pasado 26 de enero. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, el 25 de marzo el juez tomó declaración a la víctima y acto seguido citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, una semana antes de las elecciones andaluzas. Pero la declaración no tuvo lugar ese día, porque tres días antes, el 8 de mayo, el acusado cambió de testigo y su citación se aplazó.

Tras publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aseguró en un comunicado que conocía la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Fuentes próximas al ex CEO de la productora coinciden en que éste le trasladó su situación judicial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en abril, “poco después de la Semana Santa”.

En cualquier caso, ni el Gobierno andaluz ni la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) hicieron nada por apartar al directivo de su principal productora audiovisual hasta que este periódico lo hizo público, el pasado 9 de junio.

“La denuncia se produjo el 7 de mayo, si no recuerdo mal. Fue una denuncia directa por parte de la denunciante al directivo, que no había estado anticipada por ningún tipo de procedimiento previo de ámbito interno, a través de esos canales de comunicación interna que tienen hoy día las empresas, y que ADM también tiene”, explicó la semana pasada el consejero de Industria, Jorge Paradela, responsable de Sandetel, accionista mayoritario de la productora.

Paradela y Sanz son los responsables políticos de las empresas públicas vinculadas con ADM, el primero por la gestión de Sandetel, y el segundo por la RTVA. El responsable de Industria aseguró, a preguntas de los periodistas en Jaén, que la fecha clave es el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones, que han sido asumidas por el Consejo de Administración, y se ha puesto en marcha un proceso de selección para un nuevo director general”, dijo Paradela. En realidad el cese definitivo se confirmó en un comunicado del Consejo de Administración el 17 de junio.

Los “pretorianos”

Gustavo Fuentes solía llamar a los dos directivos de su estrecha confianza “pretorianos”, uno era González-Barba, y el otro José Ramón García Japón [Joserra], subdirector general de ADM. Tras el cese fulminante del CEO, ambos reunieron a los trabajadores que estaban en la sede de La Cartuja, unas 45 personas, incluidos los miembros de Andalucía Directo– para anunciar “una nueva etapa, con una dirección más amigable”.

También se dirigió a la plantilla José Antonio Jiménez de León, que ejerce la figura del Compliance [director legal y de cumplimiento de la empresa] , para animar a todos a usar el canal antiacoso de la web de ADM para denunciar cualquier situación de acoso que haya sufrido por Fuentes, ahora que ya no está. Uno de los primeros mensajes que anunció la nueva directiva fue admitir que el protocolo antiacoso de la empresa no había funcionado, que la investigación interna e “independiente” que el propio Fuentes había encargado al Compliance sobre su denuncia por acoso sexual se había cerrado en falso, contando con la versión del CEO, pero no de la víctima ni de testigos que corroboran su versión. 

La figura del Compliance aparece también en el Protocolo antiacoso adjunto al II Plan de Igualdad de ADM, registrado un mes antes de que la reportera denunciase a Gustavo Fuentes. Forma parte de la Comisión Instructora y de Seguimiento, segunda pata del llamado Comité de Prevención del acoso en la empresa. Junto a Jiménez de León está también Elena Anguita, número dos de González-Barba. Su función es “estudiar y valorar cada caso, tener derecho de acceso a toda la información y documentación para la resolución de las denuncias”.

La compañía quiere ahora revisar aquel informe sobre la denuncia contra Fuentes, pero ya no podrá contactar con la denunciante porque ésta ha iniciado la vía penal y “la empresa no puede interferir ni perjudicar el procedimiento judicial en curso”. Con todo, en la primera reunión con la plantilla tras la destitución de su director general, se animó a todos los trabajadores a denunciar por unos canales internos y anónimos en la web de ADM.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), una empresa semipública, copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y asociada a la RTVA, maniobró para sortear la Ley de Igualdad un mes antes de que su CEO, Gustavo Fuentes, fuera denunciado por agresión sexual y acoso a una reportera.

Fuentes está imputado por delitos sexuales por un juez de Violencia de Género desde el 25 de marzo y fue cesado de todos sus cargos cuando elDiario.es lo hizo público, el pasado 9 de junio. Pero la Junta de Andalucía no ha aclarado aún desde cuándo lo sabía y por qué, como accionista mayoritaria de la principal productora de Canal Sur, no pidió su destitución antes.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha pasado de presentarse junto a Gustavo Fuentes en todos los eventos públicos de la productora -y de asistir a sus fiestas privadas- a eludir cualquier tipo de explicación. Y el consejero de Industria, Jorge Paradela, responsable de la empresa pública Sandetel (accionista mayoritario de ADM), ha puesto el acento en que la denuncia penal de la reportera “no estuvo anticipada por ningún procedimiento previo, a través de los canales de comunicación interna de ADM”.

Lo cierto es que la empresa no tenía actualizados ni aprobados esos procedimientos internos contra el acoso sexual un mes antes de que la reportera acudiese a denunciar a su jefe en los tribunales, según consta en el II Plan de Igualdad de la productora, al que ha tenido acceso este periódico.

En el último trimestre de 2025, a ADM le “urgía” renovar su Plan de Igualdad para cumplir con la ley, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a dotarse de un protocolo contra el acoso sexual y registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo.

Para que ese documento tenga validez, debe estar pactado y participado por una “Comisión Negociadora” paritaria, formada por una persona que represente a la compañía y otra a los trabajadores. Pero la principal productora de Canal Sur Televisión, una empresa semipública propiedad al 47,8% del Gobierno andaluz y con 258 empleados en plantilla, no tenía ni comité de empresa ni secciones sindicales.

Tiene dos delegados de personal, uno adscrito a la sede central, en Sevilla, pero llevaba casi cinco años de excedencia y actualmente trabaja con un contrato de técnico especialista para la Universidad de Cádiz (Francisco de Asís Miguélez Martínez, que se presentó por UGT). Y otro en la sede de Málaga, que figura como “independiente”, pero también es director técnico de la empresa (David Pérez), y la plantilla le identifica como “un hombre de la dirección”.

El primero fue elegido en las últimas elecciones sindicales que se celebraron en las oficinas centrales de ADM hace 11 años, y el segundo en 2017, en un proceso interno del que la mitad de la plantilla “no se enteró ni acudió a votar”, explican trabajadores de la sede de Málaga.

La productora ADM, una de las grandes del sector audiovisual andaluz por volumen de facturación, necesitaba validar ante la autoridad laboral su Plan de Igualdad para conservar sus contratos públicos con Canal Sur, que le factura más de cinco millones de euros al año, según fuentes del sector.

El 28 de octubre de 2025, el CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, firmó “un compromiso expreso” de la productora para “impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad “junto a la Comisión Negociadora, que cuenta con la representación legal de los trabajadores”, según consta en una carta, a la que ha tenido acceso este periódico.

Sin embargo, en ese momento ADM aún no tenía la firma del delegado sindical y es entonces cuando la dirección de la empresa decide llamar a Miguélez, que llevaba fuera casi cinco años, para que firme el II Plan de Igualdad de ADM como representante de los trabajadores, “a sabiendas de que su firma podía no tener validez”, explican a este periódico dos ejecutivos que piden anonimato.

El nombre de Miguélez aparece en el documento como miembro de la Comisión Negociadora del Plan y consta que participó en el diagnóstico previo de la compañía [que está fechado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024; con el análisis de muestras entre octubre y noviembre de 2025] y en la elaboración de las propuestas de mejora, aunque en ese periodo trabajaba ya para la Universidad de Cádiz.

elDiario.es Andalucía ha tenido acceso a la grabación de una conversación telefónica, fechada el 15 de diciembre de 2025 [tres días antes de que ADM registrase su II Plan de Igualdad ante el Ministerio de Trabajo], entre el antiguo delegado sindical y un extrabajador de la empresa, al que le confiesa su estupor por lo que acaba de pedirle un directivo de la compañía.

De entrada, Miguélez no sabe si le están pidiendo que firme el Plan de Igualdad anterior, para darle carta de naturaleza a un procedimiento legal en el que él no había participado, y su interlocutor le advierte de que tenga cuidado de no firmar “un papel sin fecha”. “He estado hablando con mi abogado de que te ha llamado José Ramón [García-Japón] para que firmes los papeles esos del comité de Igualdad... me ha dicho que tengas cuidado a la hora de firmar, porque lo mismo te da un papel sin fecha”.

“Ten cuidado al firmar. Lo mismo te dan un papel sin fecha”

La conversación grabada con Miguélez la realiza un antiguo cámara de ADM, David Lobo, que actualmente está en litigio judicial con la empresa, tras ser despedido por la denuncia interna de cuatro compañeras por “acoso laboral”. La productora le despidió en 2024 echando mano precisamente del anterior Protocolo Antiacoso, usando el testimonio de esas cuatro trabajadoras -más un quinto informe de un superior- que acusaban a Lobo de incumplir sus obligaciones laborales y de trato y comentarios “vejatorios y humillantes” a sus compañeras.

El cámara denunció a la empresa por “vulnerar sus derechos de representación sindical”, convencido de que le habían echado a la calle por intentar montar un sindicato en 2023 junto a otros seis compañeros. Este conflicto es el que se cruza con las maniobras de la productora, a finales de 2025, para sortear sus obligaciones con la Ley de Igualdad.

Lobo le había pedido a Miguélez que testificase a su favor en el juicio por despido y éste había accedido. La citación judicial del antiguo delegado sindical (aunque terminaría aplazándose) estaba prevista para noviembre de 2025, justo cuando la dirección de la empresa volvió a contactar con él para que firmase el II Plan de Igualdad.

Lobo sospechó que ADM buscaba llegar a algún tipo de acuerdo con Miguelez para perjudicarle y, muy escamado, decidió llamarle y grabar la conversación.

“Yo esa copia no la voy a firmar, que me manden el original”

La llamada que recibe Miguélez de la dirección de ADM proviene de José Ramón García-Japón (Joserra), subdirector general de la empresa y número dos de Gustavo Fuentes, según explica en la conversación telefónica. En la grabación cuenta que una reportera de ADM de Málaga, Cristina Guil, es quien le había enviado una copia del II Plan de Igualdad dos días antes, el 13 de diciembre. Preguntada por esto, la reportera lo niega y asegura que “no conoce de nada” a Miguélez. “No le pongo ni cara”, dice.

García-Japón sí ha confirmado a este periódico que fue él quien contactó con el antiguo delegado sindical y que, en efecto, era consciente de que se trataba de “una persona en excedencia, que tiene un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo”, pero que “sigue cubriendo la representación de los trabajadores”, aclara. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, explica.

Con todo, García-Japón advierte de que él se limitó a contactar con Miguélez para que firmase el II Plan de Igualdad, pero subraya que él “no es legalista”, que es “al que le toca gestionar los marrones”, y emplaza a hablar con “algún representante jurídico de la empresa”. elDiario.es ha preguntado a ADM si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico coinciden en que “una persona sin relación laboral con la empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato haya designado expresamente a esa persona (que no es el caso). “Esta situación es claramente irregular”, coinciden desde CCOO y UGT.

Los sindicatos con representación en la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), asociada a la productora ADM y su principal comprador institucional, han exigido este jueves explicaciones al director general, Juan de Dios Mellado, tras la publicación de elDiario.es.

Desde la dirección de la productora sostienen que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”.

El Ministerio de Trabajo alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte para los planes de igualdad, pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no. La Consejería de Empleo no ha respondido aún si esta situación es irregular ni si ha abierto una investigación al respeto ni cuándo fue la última inspección de trabajo en la productora.

“Dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor”

Cuando recibe la llamada del subdirector de ADM, Miguélez llevaba años desvinculado de la productora y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA), y expresa sus “dudas” de que su firma, “estando en excedencia, tenga algún valor”. “El Plan de Igualdad caduca cada cuatro años, tienen que renovarlo y como no hay elecciones [sindicales] están cogidos por los huevos. No quieren convocarlas ellos y como ningún compañero se moja, habrán dicho: pues que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma estando en excedencia tenga algún valor. Además, ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?...”, le cuenta a su excompañero.

El Ministerio de Trabajo tiene constancia del II Plan de Igualdad de ADM desde el 18 de diciembre de 2025, tres días después de la conversación telefónica entre Miguélez y Lobo. El documento incluye un “diagnóstico de situación” del ambiente laboral en ADM que se realizó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, aunque los datos recabados en ese periodo se analizaron entre octubre y noviembre de 2025.

Según el documento registrado ante el Ministerio, Miguélez formó parte de la Comisión Negociadora, participó en la elaboración de ese diagnóstico y en el el desarrollo posterior de las medidas propuestas para mejorar, aunque durante esas fases de análisis y elaboración del Plan él estaba trabajando para la Universidad de Cádiz.

Tres días antes, al teléfono con Lobo, se había mostrado convencido de que la firma que le estaba pidiendo el subdirector general de ADM no se ajusta a la ley, y admite que el Plan de Igualdad anterior de la empresa tampoco recogía “ni mi firma ni el cargo ni yo estuve en ninguna reunión”.

Así, entiende que la empresa no puede esgrimir el Plan de Igualdad ni el Protocolo Antiacoso para despedir a alguien, como hizo en el caso de Lobo, porque el documento no fue negociado ni firmado por él como representante único de los trabajadores. La misma situación, dice, se repite ahora con ese II Plan de Igualdad que le están pidiendo firmar estando en excedencia. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”.

“El juez me va a preguntar: ¿Estabas ahí? Y yo diré: no. Estoy en la UCA”

Según el II Plan de Igualdad de ADM, al que ha tenido acceso este periódico, los responsables de la Comisión Negociadora eran dos: por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (persona muy próxima a Gustavo Fuentes y CEO “provisional” de la empresa), y Miguélez como “representación legal de los trabajadores”.

Junto a ellos intervino en la elaboración del Plan una “consultora especializada en igualdad”, de la empresa BoxTalent, que ejerció de “asesoramiento externo”, Andrea Laura Martínez Díaz. Su nombre aparece en el documento, pero Martínez Díaz no recuerda haber hablado nunca con el representante de los trabajadores ni conserva contacto alguno con Miguélez en su teléfono móvil. “Yo trabajé con Elena [Anguita], que era de Recursos Humanos, pero de esa otra persona no me acuerdo”.

Antes de cortar la llamada, David Lobo quiere cerciorarse de que la persona que pidió a Miguélez firmar el II Plan de Igualdad fue García-Japón, y éste se reafirma. “Sí, sí. Me llamó José Ramón, muy breve, me explicó esto y me dijo: te va a llamar Óscar [González-Barba], el Óscar este no me ha llamado, y la que me ha mandado los papeles es Cristina Guil”.

“Me llamó José Ramón y me dijo: te va a llamar Óscar”

La validez legal de un Plan de Igualdad depende de que haya sido fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, según establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

El incumplimiento del Real Decreto expone a las empresas a sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, a la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y a la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admiten fuentes próximas al Consejo de Administración.

“Se han adoptado las medidas correspondientes”. Sin entrar en mucha profundidad, la portavoz en funciones del Gobierno andaluz, Carolina España, considera que se ha actuado correctamente ante la imputación de Gustavo Fuentes, CEO de ADM, la principal productora de Canal Sur, por agresión y acoso sexual a una reportera, pero no ha aclarado ni cuándo ni cómo se tuvo constancia de los hechos. Eso sí, ha apuntado que la cuestión afecta a las competencias de dos consejeros, a los que ha señalado explícitamente: Antonio Sanz, titular de Presidencia, y Jorge Paradela, máximo responsable de Industria.

Ante la pregunta de cómo se enteró la Junta de Andalucía de esta situación y si considera que la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha actuado con la suficiente determinación, España ha señalado que no sabe “exactamente” cómo ha sido el proceso. Pero a renglón seguido ha recordado que las dos empresas públicas afectadas por este caso (la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y la RTVA) son competencia “de dos consejeros diferentes, están el consejero Paradela y el consejero Sanz, no sé exactamente cómo se han enterado, no he hablado con ellos directamente”.

Tras publicar, el martes por la mañana, que un juez de Violencia de Género investiga desde hace dos meses al CEO de la principal productora de Canal Sur por delitos sexuales contra una reportera, este periódico pidió explicaciones tanto a Presidencia como a Industria, que eludieron valorar la denuncia y la imputación de Fuentes.

ADM (Andalucía Digital Multimedia SA) es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, ya que controla un 47,81% del accionariado a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel, adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas que dirige Jorge Paradela, máximo responsable también de ADA. ADM es la principal productora de Canal Sur –es por ejemplo responsable de uno de sus programas más destacados, Andalucía Directo–, de ahí que la imputación de Fuentes salpique también a la RTVA, que depende de Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

No pertenecen a la Junta

Carolina España ha subrayado que ADM “no es una entidad de la Junta de Andalucía”, aunque considera que “se han adoptado las medidas correspondientes” en su consejo de administración, que ha acordado la “suspensión temporal de funciones” de Fuentes, asimismo presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND). Este puesto también ha dejado de ejercerlo de manera “temporal”, mientras que la dirección de Canal Sur ha descartado tomar cartas en el asunto con el argumento de que ya está abierta una vía judicial.

LAND es un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta que nació en el marco de la estrategia digital impulsada en su momento por Antonio Sanz, aunque estas competencias corresponden ahora a Paradela, a cuya consejería está adscrita la Agencia Digital de Andalucía.

Este periódico requirió el martes explicaciones a estas dos consejerías así como a la RTVA, que se pasaron la pelota el uno al otro, aunque desde Canal Sur se incidió en que es Sandetel la máxima responsable de ADM. La dirección de RTVA tardó casi 15 horas en lanzar un comunicado, para anunciar que no podía “actuar” contra Fuentes, porque ya existía un procedimiento judicial abierto. El Consejo de Administración de ADM, presidido por el director general de Sandetel, se reunió en secreto y tardó 18 horas en comunicar, próximo a la medianoche, que “suspendía temporalmente” al CEO de la productora.

La respuesta de la portavoz de la Junta en funciones, señalando directamente por sus nombres a Sanz y a Paradela, ha sorprendido dentro del propio Ejecutivo andaluz, donde es “un secreto a voces” la mala relación de la malagueña con el titular de Presidencia. Ambos son las personas más próximas al presidente Juanma Moreno que, en los próximos días, debe renovar su confianza (o no) en ellos para formar nuevo Gobierno, previo acuerdo político con Vox.

Tras las decisiones adoptadas por ADM y el Clúster, España ha zanjado este asunto con esta frase: “esperemos que la Justicia haga su trabajo también y que llegue hasta el final”. “Respeto absoluto a la Justicia y que se llegue al final”, además de trasladar el “total rechazo” del Gobierno andaluz “a cualquier abuso o cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas”. Y ha insistido en más de una ocasión en que ADM “es de mayoría privada” y que, como el Clúster, son entidades “independientes” que cuelgan del organigrama de la Junta.

Una situación conocida

Por su parte, Gustavo Fuentes ha insistido este miércoles a Europa Press en su inocencia, con el argumento de que en sus más de 30 años de carrera profesional “nunca he tenido una conducta inapropiada de ningún tipo, especialmente de la tipología de la denunciada”. Asimismo, ha afirmado tener “plena confianza en la justicia, con la tranquilidad de quien no ha hecho nada, confiando en el esclarecimiento de los hechos a la mayor brevedad”.

También este miércoles han continuado las reacciones políticas. En este sentido, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado que por parte de ADM y de Canal Sur “no se haya querido actuar anticipadamente” ante esta denuncia por acoso sexual a una reportera.

“Parece que esta situación se conocía por parte de la empresa de la productora y de Canal Sur, no sé si también por parte del Gobierno de Andalucía, desde hace tiempo y no se había hecho absolutamente nada”, ha señalado Montero, que ha calificado de insuficiente la “suspensión temporal de funciones” de Fuentes acordada por ADM. “Aquí parece que habido un tapar, una dejación de funciones y ponerse de perfil”, ha subrayado.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que llevará a la primera comisión de la RTVA en el Parlamento una petición de explicaciones acerca del conocimiento que pudiese haber tenido la entidad acerca de este caso. “Queremos que se llegue hasta el final y queremos que se repare a esta mujer, a esta compañera”, además de lamentar que el se haya producido en una empresa que “tiene de mayoría en el accionariado la Junta de Andalucía”. “Es vergüenza”, ha subrayado García quien ha mostrado su apoyo tanto a la víctima como a la plantilla de la empresa.

Las trabajadoras y los trabajadores de Grupo Audiovisual Digital Multimedia (ADM) han emitido este miércoles un comunicado tras la imputación de su CEO, Gustavo Fuentes, por presuntos delito de acoso sexual y contra la libertad sexual, en el que afirman sentir “una enorme indignación ante la posibilidad de que unos hechos de esta gravedad hayan podido producirse en nuestro entorno de trabajo”.

La plantilla explica que, una vez recibida la información oficial por parte del Consejo de Administración de ADM la pasada noche, quieren expresarse “desde el máximo respeto al derecho a la presunción de inocencia y a los procedimientos legales que deberán esclarecer lo sucedido”.

“Expresamos todo nuestro apoyo, solidaridad y cercanía a las compañeras que hayan podido verse afectadas por estos graves y repugnantes hechos denunciados. Estamos profundamente consternados y sentimos una enorme indignación ante la posibilidad de que unos hechos de esta gravedad hayan podido producirse en nuestro entorno de trabajo”, apuntan.

Los trabajadores de ADM “llevamos años construyendo, con esfuerzo, dedicación y rigor, una empresa que es referente del sector audiovisual andaluz y responsable de algunos de los programas más queridos por la audiencia de nuestra comunidad”.

Ante los hechos desvelados por elDiario.es Andalucía, la plantilla manifiesta “con absoluta claridad” que “no permaneceremos indiferentes ante ninguna conducta de esta naturaleza y del mismo modo, exigimos que los hechos se esclarezcan hasta sus últimas consecuencias”.

Después de muchas horas reunidos, la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) ha emitido un comunicado este martes, a las 21.30 horas, para posicionarse por primera vez sobre la noticia adelantada por elDiario.es, que esta mañana reveló que un juzgado de Violencia de Género de Sevilla lleva dos meses investigando a Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM) y presidente del Clúster audiovisual de Andalucía, a raíz de la denuncia interpuesta por una reportera de la empresa por delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral”.

La dirección de la RTVA descarta pedir la dimisión de Fuentes y advierte en el comunicado de que tampoco puede activar el protocolo antiacoso del ente público -no porque la denunciante pertenezca a una empresa asociada, la productora ADM-, sino porque ella decidió acudir a la vía judicial, sin denunciar primero internamente el caso. Ni ante la dirección de ADM ni ante Canal Sur, su principal cliente.

La RTVA, como cualquier empresa con más de 50 trabajadores, está obligada por ley a tener un Plan de Igualdad y un protocolo antiacoso para actuar en casos de violencia sexual en la empresa, y “también a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas o proveedoras que presten servicio a Canal Sur Radio y Televisión”, como es el caso de ADM.

“En el presente caso”, dice el comunicado del ente público, “no consta en la RTVA la presentación de denuncia interna alguna en relación con los hechos objeto de las informaciones publicadas” y “dado que existen actuaciones judiciales abiertas, cualquier eventual actuación interna deberá ajustarse a lo previsto en el Protocolo, que contempla la suspensión de la tramitación respecto de los mismos hechos cuando exista un procedimiento judicial en curso, sin perjuicio de las medidas preventivas temporales que, en su caso, pudieran corresponder”.

La dirección de la RTVA, pilotada por el director general Juan de Dios Mellado, no cita ninguna “medida preventiva temporal” con respecto al CEO de ADM, que de momento seguirá en su puesto al frente de la productora, aunque este martes ha sido apartado de de la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, y próximo a la medianoche, el Consejo de Administración de la productora aprobó la “suspensión temporal de sus funciones” (...) “hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia”

Lo que sí ha hecho la directiva, a petición de los sindicatos, es convocar con carácter urgente para el próximo jueves una reunión de la Comisión de Igualdad, órgano en el que se encuentran representadas tanto la empresa como la plantilla, “a fin de valorar las actuaciones que pudieran corresponder conforme a la normativa interna aplicable”. Fuentes que participan en dicha comisión advierten, de antemano, que el objeto de esta reunión es analizar la situación del CEO de ADM, su repercusión para Canal Sur, y pedir explicaciones a la dirección, “pero no se espera que puedan adoptar ninguna actuación, más allá de informar”.

ADM, una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz, es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la Junta de Andalucía, y que está asociada a la RTVA, su principal comprador institucional de contenidos. La imputación del director general por delitos sexuales a una trabajadora ha zamarreado tanto la dirección del ente público, como del Gobierno de Juanma Moreno, cuyo gran valedor hasta hace pocas horas era el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Este periódico ha preguntado al departamento de Sanz, a la Consejería de Igualdad, que dirige Loles López, y al departamento de Industria, de Jorge Paradela, que actualmente tiene las competencias sobre la empresa de telecomunicaciones Sandetel, accionista mayoritario de la productora ADM, pero ninguno de los tres ha querido valorar la imputación del director general por acoso y agresión sexual a una trabajadora.

Varias fuentes dentro de ADM apuntan a que el presidente del Consejo de Administración de la compañía, Sergio Gómez Rojas, había convocado a los miembros a una reunión urgente, en la sede de Sandetel, para abordar la continuidad de Gustavo Fuentes al frente de la productora. Preguntado sobre este asunto, ninguna de las dos consejerías ha querido confirmar o desmentirlo. Este periódico también se ha puesto en contacto con Gómez Rojas, presidente de ADM, que ha eludido responder desde cuándo conocía que el CEO de la compañía estaba imputado por delitos sexuales.

La productora ADM es responsable de algunos de los programas de referencia de Canal Sur, entre ellos su buque insignia, Andalucía Directo, que lleva 25 años en antena. Algunos reporteros de Andalucía Directo y de la propia ADM han publicado este martes mensajes en sus redes sociales cargando contra el CEO de la compañía, y denunciando otras situaciones de acoso laboral.

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han exigido este martes explicaciones a la Junta y a la RTVA por sus vínculos con la empresa de Fuentes, tras su imputación por delitos sexuales. La socialista María Jesús Montero ha exigido la comparecencia urgente de Sanz y de Mellado en el Parlamento para aclarar desde cuándo conocían la situación procesal del CEO de ADM.

El juez Francisco José de Córdoba -nuevo titular del quinto tribunal de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, de reciente creación- abrió diligencias en febrero, a raíz de la denuncia de la reportera, la citó a declarar el 25 de marzo y, ese mismo día, dictó un auto citando a declarar en calidad de imputado a Gustavo Fuentes por acoso sexual y contra la libertad sexual de la trabajadora.

El directivo tendrá que acudir a los juzgados el próximo 25 de junio, junto a dos testigos “fundamentales”, según al denuncia, una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Además, el juez ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

La denuncia de la periodista va acompañada de las declaraciones juradas de siete extrabajadores de ADM (algunos con cargos directivos) que corroboran las situaciones de acoso sexual y laboral, así como las tres agresiones sexuales descritas (una en 2013, otra en 2022 y la tercera en 2023).

También se adjuntan 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connnotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

El comité de huelga de Canal Sur ha rechazado las propuestas presentadas por escrito por la dirección de la cadena para tratar de alcanzar un acuerdo que evitara los tres paros convocados para los días 11, 12 y 14 de mayo, en plena campaña electoral a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Según RTVA, estas movilizaciones podrían afectar, entre otros espacios electorales, a la celebración del debate entre los candidatos previsto para este lunes día 11.

En concreto, la huelga consistirá en paros parciales de cuatro horas durante esas tres jornadas de campaña electoral. Según la corporación, esta situación podría alterar el normal desarrollo del Plan de Cobertura Electoral aprobado por el consejo de administración de la RTVA, así como el derecho de los andaluces a recibir información sobre las propuestas de las distintas formaciones políticas, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Además, la dirección considera que los paros podrían perjudicar el servicio público que Canal Sur tiene legalmente encomendado.

En este contexto, Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha informado en una nota de que UGT-RTVA se ha desvinculado de la convocatoria al considerar que parte de las reivindicaciones planteadas por el comité de huelga generan dudas sobre su encaje dentro del marco legal.

Discrepancias entre la dirección y el comité de huelga

Según ha informado la dirección de Canal Sur, esta semana se han mantenido tres reuniones con el comité de huelga para estudiar sus propuestas. La dirección dice haber presentado por escrito distintas alternativas, que han sido rechazadas por el comité de huelga pese a que la dirección aceptaba trabajar en una buena parte de sus reivindicaciones.

El principal punto de fricción es la petición del comité de huelga –del que se salió UGT al no estar de acuerdo con la postura de los demás sindicatos– de obligar a la empresa a que reserve 57 plazas como “mínimo” del futuro concurso oposición para que accedan a Canal Sur trabajadores que actualmente tienen un contrato temporal plenamente conforme a la legalidad vigente, mediante concurso libre sin examen, fuera del procedimiento ordinario previsto en el convenio colectivo (no pasando por las fases de traslado ni promoción interna).

La dirección de la empresa, que se había comprometido por escrito a analizar con la Junta de Andalucía su viabilidad jurídica, defiende que para reservar puestos para esos trabajadores temporales hay que garantizar la seguridad jurídica, de ahí su rechazo a “reservar plazas al margen de lo que dice el propio convenio colectivo de la RTVA”.

Por su parte, el comité de huelga lamenta que “desde el martes que se recibió la propuesta de servicios mínimos la dirección ha obviado su negociación y aplicación hasta el punto de que mientras estábamos reunidos en la mañana del viernes y sin información alguna previa se han impuesto unos servicios mínimos totalmente desproporcionados y abusivos (en algunos centros y departamentos al 100%)”. La dirección insiste en que solo exigía que existiera una “garantía jurídica” y considera que las “plazas no se obtienen bajo las amenazas de huelgas y paros”.

Reivindicaciones del comité de huelga

Entre sus principales reivindicaciones, el comité de huelga solicita la puesta en marcha de un plan de empleo que garantice la prestación del servicio público, la cobertura del 120% de las vacantes generadas desde 2020 y el refuerzo de los centros territoriales. También reclama la negociación del acceso a la jubilación parcial, una planificación de los recursos humanos, la creación de una mesa paritaria para la producción propia, la internalización de determinados servicios, la recuperación de derechos laborales y sociales, así como el impulso de la negociación colectiva.

Al interrumpirse las negociaciones, el comité ha anunciado que la huelga se llevará a efecto en forma de paros parciales los días 11 de mayo (de 12h a 14h y de 18h a 20h), 12 (de 08h a 10h y de 15h a 17h) y 14 de mayo (de 08h a 10h y de 18h a 20h). Y ha animado a la plantilla y a la ciudadanía en general a participar en la concentración en defensa del Servicio Público de la RTVA del lunes 11 de mayo, a las 20h, frente al Pabellón de Retevisión.

Entretanto, la dirección de la empresa ha lamentado que los sindicatos, analizadas sus reclamaciones y considerando la empresa que “no existe una causa grave que justifique los paros en plena campaña electoral, alteren el normal funcionamiento informativo y democrático en un servicio público esencial como es Canal Sur y que los andaluces, que son los que financian con sus impuestos a la RTVA, sean los verdaderos perjudicados”.

En la concentración masiva que tuvo lugar el domingo ante las puertas del Palacio de San Telmo de Sevilla -sede de la Junta de Andalucía- miles de manifestantes exigían a gritos la dimisión del presidente Juan Manuel Moreno por la crisis de los cribados de cáncer de mama, que tiene en jaque al Gobierno andaluz desde hace un mes. Uno de los gritos de protesta que lanzaba la multitud iba dirigido a la Radio Televisión pública de Andalucía (RTVA): “¿Dónde está Canal Sur? ¿Dónde está Canal Sur?”

Días antes de la protesta, un grupo de trabajadores de la RTVA había tratado de responder a esa pregunta promoviendo un manifiesto donde vuelcan su “malestar” por el tratamiento informativo que ha dado la cadena pública a la mayor crisis sanitaria y política que ha vivido Andalucía desde la pandemia de Covid-19.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, es una carta firmada por periodistas de Canal Sur con nombre, apellidos y DNI, que han enviado este lunes a la presidenta de la asociación que destapó el escándalo (Amama), Ángela Claverol: “Consideramos que nuestra empresa no ha estado a la altura como medio público andaluz impidiendo a los profesionales realizar su trabajo para garantizar una información libre, plural e independiente a las andaluzas y los andaluces. Le aseguramos que muchos profesionales de la radio y la televisión pública nos sentimos abochornados”.

Un grupo de profesionales de Canal Sur empezó a mover el manifiesto en la redacción central la semana pasada, al principio, al margen del Comité Intercentros de la RTVA, donde están representadas las cinco secciones sindicales mayoritarias: Agrupación de Trabajadores de Canal Sur, CCOO, UGT, Sindicato de Periodistas de Andalucía y CGT.

La iniciativa, según fuentes del Comité Intercentros, nació del “boca a boca” en una redacción “muy dolida” con la cobertura de la crisis de los cribados, entre otras cosas, porque “hay redactoras y trabajadoras de esta casa que están entre las afectadas por los diagnósticos tardíos de cáncer”.

El sábado, un día antes de la concentración ante San Telmo, se habían recogido casi 200 firmas de periodistas “en el documento original en papel”, y entonces deciden mover el manifiesto a través de WhatsApp entre los compañeros, habilitar un correo electrónico para recepcionar todas las firmas (radiotelevisiondeandalucia@gmail.com) y convertirlo en una “carta” para enviárselo a la presidenta de Amama.

La iniciativa se ha filtrado este lunes a algunos medios, de modo que los promotores decidieron enviarle ya el documento a Claverol con las firmas que por ahora han suscrito la protesta contra la dirección de Informativos: unos 200 trabajadores, según datos facilitados por los responsables. A 1 de enero de 2025, la plantilla de la RTVA ascendía a 1.345 trabajadores, de los cuales 343 son redactores, según las cifras aportadas por Recursos Humanos para las últimas elecciones sindicales.

La dirección general de la RTVA, “sorprendida”

Preguntada sobre la carta que los periodistas de Canal Sur han dirigido a Amama, la dirección general de la RTVA ha evitado pronunciarse porque “desconoce” el documento y porque “no nos ha llegado carta alguna”. “Esta dirección se ha visto sorprendida al saber que, al parecer, hay una carta que no han remitido a la empresa. Desconocemos su contenido y el número de profesionales de la casa que la firman. Sin tener estos datos que nos permitan analizar el grado de malestar, el número de profesionales que sustentan esta carta y los motivos concretos de esta iniciativa, ni podemos ni debemos pronunciarnos, puesto que sería una grave imprudencia entrar en una polémica con un grupo de trabajadores sin datos y por una vía externa impropia de los sistemas internos y formales que tiene la empresa para gestionar estos asuntos”.

El Comité Intercentros de la RTVA no ha hecho un “mailing” para hacer llegar la carta a todos los trabajadores de la plantilla y tampoco ha informado de la iniciativa a la dirección de la empresa porque, dicen, “partió de un grupo de periodistas y enseguida creció mucho y se decidió enviárselo como carta a Amama”.

En origen se trataba de una propuesta que sí se aprobó en noviembre de 2023 en el Comité Intercentros, que consistía en ponerse en contacto vía mail con organizaciones y movimientos asociativos cuyas actividades o denuncias “estaban siendo silenciadas” por los informativos de Canal Sur, “para hacerles llegar el desacuerdo de los periodistas con la dirección”. “El ninguneo de Amama en medio de esta crisis de cribado fue tan gordo, que se decidió dar un paso más y enviar una carta firmada con nombres y apellidos por nuestros redactores, y que no fuera sólo un comunicado institucional de los sindicatos”, advierten estas fuentes.

Entre 30.000 y 8.500 manifestantes ante San Telmo

La manifestación del domingo ante la sede del Ejecutivo andaluz convocó a miles de mujeres y hombres: unas 30.000 según los organizadores; en torno a 8.500 según la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla, que desplegó a la Policía Nacional para controlar la protesta.

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, decidió dar su propia cifra de participación, de manera inusual, usando como fuente la Policía Local, aunque entre sus competencias no está el seguimiento de una acción de protesta. El Consistorio que dirige José Luis Sanz hizo el cálculo más bajo, en torno a 4.500 manifestantes, que fue la cifra a la que se aferró el PP andaluz para tildar de “rotundo fracaso” la protesta.

La presidenta de Amama ya había denunciado públicamente que Canal Sur tardó “tres días” en ponerse en contacto con la asociación desde que estalló la crisis de los cribados, cuando ya era noticia de ámbito nacional y había salido en todos los medios. La carta que le envían los profesionales del ente público incide en esta misma denuncia: “No compartimos los criterios impuestos desde la dirección de informativos. Entendemos que el tardar 72 horas y 19 minutos en dar la primera información sobre el tema, no obedece al criterio de actualidad”, dice el escrito.

La iniciativa de denunciar el tratamiento informativo ante la asociación que representa a las víctimas de la crisis de los cribados parte de la propia plantilla, en un momento en el que su representación está descabezada tras la dimisión del Consejo Profesional de la RTVA, cuyo mandato ya había caducado, pero no se había iniciado el proceso interno para su renovación.

En el escrito, los trabajadores de Canal Sur se quejan también de que su empresa “no haya contado todavía” con Claverol ni nadie de Amama “en directo”, “cuando ha sido entrevistada en todas las televisiones del país”. “Esto no obedece al criterio de interés. Dedicar cinco veces más tiempo en un día a la presentación del Plan de Choque de la Junta que a las protestas de las mujeres andaluzas por los errores en los cribados de cáncer de mama en una semana, no obedece al criterio de relevancia”, dice el texto, que añade: “La ocultación deliberada, siguiendo un plan, para contrarrestar la indignación social creada, no obedece al criterio de imparcialidad. Sin respeto a los criterios de actualidad, interés, relevancia e imparcialidad, sabemos que no existe la buena práctica del periodismo”.

En primera página desde el 1 de octubre

Las denuncias de Amama por los diagnósticos tardíos de cáncer de mama saltaron al debate público con una primera información de la Cadena Ser, el pasado 1 de octubre. La entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, respondió que se trataba de “cuatro casos aislados”, pero 48 horas después elevaría la cifra a 2.000 afectadas. Mujeres que se habían hecho una mamografía meses o años atrás y no les habían informado de la detección de un hallazgo “sospechoso” o “no concluyente” que, en algunos casos, degeneró en un tumor maligno por falta de tratamiento.

Hernández dimitió el 8 de octubre, una semana después, cuando el presidente de la Junta ya había pedido disculpas públicas y admitido el “error” en el protocolo de cribados de cáncer de mama. Ese mismo día, miles de mujeres ya salieron por primera vez a la calle a manifestarse, a las puertas del SAS, exigiendo la dimisión de Moreno. Desde entonces, el escándalo de los cribados ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación -incluido Canal Sur- y se ha convertido en centro del debate político, dentro y fuera de Andalucía.

El Ejecutivo de Moreno y el PP andaluz acusan a las izquierdas de “manipular” a las mujeres con cáncer y han afeado al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llevara el asunto a la última sesión de control en el Congreso.

Con los días, la Junta también ha tensado la cuerda con la propia asociación que destapó el asunto, acusándola de lanzar “infundios” cuando decidió denunciar ante la Fiscalía la supuesta manipulación y desaparición de historiales clínicos en las plataformas digitales del SAS, algo que ha motivado la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.

Sobre esto último, los trabajadores de Canal Sur también acusan a la dirección de Informativos de “esconder el error informático por el que desaparecieron las pruebas del portal del SAS y dar voz al consejero que les acusaba de lanzar infundios”. La televisión pública tildó la denuncia de Amama ante la Fiscalía de “escrito” -en los rótulos que acompañaban a la noticia-, algo que rompe “el principio de imparcialidad y de veracidad”, dice el escrito, que también reprocha que se hayan “ocultado” los movimientos judiciales del caso o las dimisiones de responsables.

“Sin independencia, objetividad, veracidad, rigor o pluralismo se quiebra nuestra obligación de servicio público a la hora de garantizar el derecho a la información de los andaluces”, concluye la carta de los trabajadores de Canal Sur a Amama.

La Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A (Canal Sur) tienen a la vista otro juicio por otra posible vulneración del derecho fundamental de huelga durante el Día Internacional de la Mujer. La vista oral se iba a celebrar este pasado miércoles en la Sala de lo Social de Sevilla del TSJA, precisamente a las puertas del 8M, pero finalmente se ha aplazado.

El ente público ya ha sido condenada por hechos análogos relacionados a las convocatorias de huelga de CGT con motivo del 8 de marzo, concretamente en los años 2021 y 2022, de las que ha venido informando este periódico. Ambas se referían al mismo centro territorial de Córdoba, y el nuevo caso no es una excepción. El pasado 10 de enero, Canal Sur admitió en directo que vulneró el derecho fundamental de huelga de una empleada el Día Internacional de la Mujer.

Los nuevos hechos denunciados se refieren al año pasado, 2024. CGT había llamado a una huelga “con un contenido reivindicativo marcadamente feminista” en una convocatoria que se viene repitiendo en la misma fecha en años anteriores. Fuentes de la RTVA consultadas por este periódico no han querido pronunciarse respecto a este nuevo procedimiento judicial en curso.

Una huelga para “evidenciar la importancia sociolaboral de las trabajadoras”

Explica la demanda que en el centro de trabajo territorial de Córdoba se realiza una previsión de turnos con carácter mensual que atiende a las diferentes categorías y operarios que deberán laborar a fin de atender los servicios. Así las cosas, en el turno de tarde del 8 de marzo de 2024 estaba prevista únicamente la asistencia de un redactor, de conformidad con los servicios mínimos. Ese día, el informativo de la tarde (El mirador de Andalucía, las Noticias de Córdoba) fue realizado por otra redactora, que trabajó “en virtud de horas extraordinarias, por cuanto que su turno ordinario asignado para esa jornada fue de 8.00 a 15.00 horas”.

La realización de esas horas extraordinarias durante la jornada de huelga “fue una decisión adoptada por la dirección de la empresa”, argumenta CGT, que considera que con esa “medida patronal” y “con el ejercicio de poder organizativo encaminado a suplir a los trabajadores huelguistas e incumplir con los servicios mínimos se merma el derecho de huelga de una convocatoria que pretende precisamente evidenciar la importancia sociolaboral de las trabajadoras y la transcendencia de su ausencia en la realización de sus actividades profesionales habituales”.

Se trata, según CGT, de un supuesto de lo que se ha dado en denominar esquirolaje interno, en este caso “haciendo uso de horas extraordinarias sin causa ni motivo que habilite a ello”. El esquirolaje interno se produce cuando, en el periodo de huelga en una empresa, el empresario utiliza a trabajadores no huelguistas de la propia empresa, modificando sus condiciones de lugar, tiempo y modo de trabajo para que realicen los trabajos que se han quedado paralizados durante la huelga, con el fin de reducir los efectos de la huelga. Hay casos que ya ha visto el Tribunal Supremo, cuyos jueces declararon que los trabajadores de una empresa asentada en Navarra vieron vulnerado su derecho a huelga en una protesta de 2017 porque varios jefes de departamento se pusieron a trabajar sustituyendo a los huelguistas.

Un derecho fundamental “lesionado”

Añade la demanda que “el esquirolaje interno está declarado ilegal a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 de septiembre, máxime cuando –como ocurre en el presente caso- la intención empresarial que tienen esos cambios es eliminar las consecuencias de la huelga”.

Por todo ello CGT solicita mediante “que se declare lesionado el derecho fundamental a la huelga”, reclamando una indemnización de 60.000 euros en concepto de reparación de los daños morales y materiales, pérdida de imagen, afiliación y perspectivas de afiliación del sindicato así como los costes del procedimiento judicial.

También pide CGT que se le indemnice en 18.000 euros, que se declare la nulidad de las decisiones y actuaciones, “ordenándose el cese inmediato de la conducta lesiva de los derechos fundamentales”, y “que se reparen los daños y perjuicios causados, procediendo a realizar una emisión televisiva en idéntica franja horaria preferente centrada exclusivamente en la sentencia que se dicte”, de forma similar a la que se vio obligada a emitir de acuerdo a una de las referidas sentencias ya emitidas y ratificadas por el Tribunal Supremo.

La Dirección de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y su sociedad filial, Canal Sur Radio y Televisión S.A., ha cerrado un acuerdo con el comité para la desconvocatoria de la jornada de huelga general convocada para el próximo viernes 28 de Febrero, Día de Andalucía.

Según informa la propia RTVA en un comunicado, el acuerdo suscrito por la dirección con el comité de huelga recoge el compromiso de “seguir trabajando en mejorar la dotación y condiciones de trabajo del colectivo de los cámaras, al igual que en su estabilidad”.

Las principales medidas acordadas son sumar diez nuevos puestos de operador de cámara a los ya cubiertos según un calendario pactado entre ambas partes; recuperar la escuela de espalda para prevenir lesiones musculoesqueléticas y seguir reforzando tecnológicamente al departamento “contando con la opinión del colectivo de trabajadores a la hora de hacer las inversiones”.

La dirección de la RTVA “felicita a todas las partes implicadas y agradece el esfuerzo y el ejercicio de responsabilidad para llevar a buen puerto las negociaciones” que permite desconvocar la huelga y “realizar en el día de todos los andaluces su labor de servicio público como viene haciendo durante más de tres décadas”.

El director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, ya expresó su confianza en la mañana de este martes en alcanzar un acuerdo para la desconvocatoria de la huelga prevista este 28F para poder “cumplir con su obligación de servicio público” en un día como el 28F, e incluso poder seguir con “cierta normalidad una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestra tierra, como es el Carnaval de Cádiz”.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha requerido a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur), para que dé cumplimiento al fallo de la sentencia del pasado mes de julio, ratificada en octubre por el Tribunal Supremo, “procediendo a la lectura” de la sentencia “en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión que se emite para toda Andalucía” y en la que se condenaba a la cadena pública por la vulneración de un derecho fundamental como el del derecho a huelga.

“Canal Sur ha recibido esta mañana de 10 de enero la providencia a la que se refiere y, en el CSN2 de esta noche, en cadena, se dará lectura al fallo”, aseguran a elDiario.es Andalucía fuentes del ente público.

La emisora, según los tribunales, había vulnerado el derecho a huelga de una de sus trabajadoras del centro territorial de Córdoba durante el Día Internacional de la Mujer de 2022, en el que CGT había convocado formalmente un paro general a nivel autonómico. La organización de trabajadores había advertido en diciembre al TSJA que no se había cumplido el fallo puesto que Canal Sur había dado lectura al fallo en un informativo de Canal Sur TV Córdoba, como así fue el pasado 19 de diciembre (a partir del minuto 6.00).

Era, según la cadena pública, “el informativo afectado por la Huelga del día 8 de marzo de 2022 y en cuyo turno se encontraba asignada” la delegada de CGT que ejerció su derecho de huelga y cuya sustitución motivó la demanda“, argumentó la RTVA. Pero, según las alegaciones de CGT, el ámbito de la huelga convocada el 8 de marzo de 2022 correspondía a la comunidad autónoma andaluza y, además, es coincidente con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, la trabajadora afectada es representante de CGT en la empresa forma parte del Comité Intercentros, por lo que ”su ámbito de representación alcanza a todos los centros de trabajo“.

Recordaba CGT que “la emisión exclusiva en la desconexión provincial de Córdoba supone una limitación que establece de manera interesada y unilateral la parte condenada” tras haber sido, además, desestimado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo. “No se establece en la sentencia ninguna limitación ni invitación alguna a limitar el efecto de la sentencia”, argumento CGT, que añadía que debía tenerse en consideración que “estamos ante un supuesto de reincidencia por cuanto que la empresa también ha resultado condenada por un asunto análogo relativo a la convocatoria de huelga de 8 de marzo de 2021”, como también informó elDiario.es Andalucía.

La demandante, como acoge ahora el TSJA, interesaba “que se prosiga con la ejecución interesada en sus justos términos y se requiera a la parte condenada a que realice la emisión en el informativo de la tarde autonómico”. La providencia del alto tribunal andaluz, fechada este 9 de enero y contra la que cabe recurso de reposición, obliga a que se lea la sentencia por vulneración del derecho a huelga en un informativo de tarde a nivel autonómico.

La sentencia del Supremo

La sentencia del Supremo, de 30 de octubre, desestimó el recurso de casación de RTVA y Canal Sur, como pedía el Ministerio Fiscal, y declara la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA (de julio de 2022) que ya declaró vulnerado el derecho de huelga de una operadora/montadora de vídeo, delegada de CGT, como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para el 8 de marzo de 2022.

Relataba el Supremo que Canal Sur entrega a los trabajadores, aproximadamente el día 25 de cada mes, los cuadrantes de turnos de trabajo del mes siguiente. Los hechos acreditados, que ya fueron probados en primera instancia, señalan que en el cuadrante del mes de marzo de 2022, el 8 de marzo la trabajadora figuraba en el turno de tarde, estando además, previstos dos turnos especiales (de 12.30 a 21.30 horas) adjudicados a otra operadora/montadora de vídeo y a un técnico electrónico que suele realizar también funciones de montaje.

La empleada que protagoniza este caso y una redactora secundaron la huelga del 8 de marzo en el centro territorial de Canal Sur en Córdoba. En 2021, la operadora no secundó la huelga, sin que consten las circunstancias concurrentes, pero su huelga en 2022 “no tuvo incidencia alguna en el montaje de los informativos”, ya que “la duración del turno especial, que cubre parte de la mañana y parte de la tarde, permitía el montaje de ambos informativos por las personas que realizaron tales turnos”.

En la empresa demandada hay previstos varios turnos especiales a los que se acude con “habitualidad y normalidad”, y que suelen hacer frente tanto a ausencias de personal por razones variadas, como a cualquier acontecimiento o hecho especial que se pueda producir, y tanto el TSJA como ahora el Supremo han considerado que se vulneró el derecho de huelga de la operadora/montadora de vídeo como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para aquel 8 de marzo de 2022.

“El militar que gobernó España durante casi 40 años”. Así ha definido al dictador Francisco Franco un presentador de informativos de Canal Sur Televisión, algo que el Consejo Profesional de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha considerado “muy grave” por “el blanqueamiento de la figura de Franco” por parte de la Dirección de Informativos.

El presentador daba paso a una pieza en la que se informaba de la obra del dibujante malagueño José Pablo García, que ha llevado al cómic la biografía de Francisco Franco apoyándose en textos de Paul Preston. El redactor y locutor de la noticia se refiere a Franco como “el dictador” y alude a él, recogiendo la valoración del autor del libro, como un hombre con una “personalidad compleja que siempre se preocupó por su propia imagen”.

“Los profesionales defendemos el compromiso de nuestra televisión con la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos”, apunta un mensaje en X el Consejo Profesional de la RTVA, que denuncia el “blanqueamiento” del dictador “en el paso y rótulo” del vídeo, en el que se la cita como “el general Franco”.

Este periódico, al ver el mencionado mensaje en X, ha contactado con la cadena por si quería hacer algún comentario al respecto. En ese sentido, fuentes de la RTVA niegan “rotundamente” que se diera “indicación ni instrucción” en ese sentido “como afirma el Consejo Profesional” y que tanto el texto como el rótulo fueron respetados “tal cual fueron enviados” por parte del periodista que cubrió la información.

El Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla ha declarado la nulidad del despido de un trabajador de Canal Sur y ha condenado a la empresa a readmitirlo y a pagarle 25.000 euros de indemnización por daños morales. Se trata de Ricardo Santos, miembro de Podemos en Sevilla y con una “actividad sindicalista intensa” en el seno de la empresa, de acuerdo a la sentencia, que considera que aquel despido en noviembre de 2020, ejecutado durante su período de prueba, era “manifiestamente inconstitucional”.

La sentencia, que estima la demanda del trabajador, afiliado a CCOO en Andalucía y cuyos servicios jurídicos le han asistido durante el proceso judicial, señala que de la prueba practicada se deduce que la decisión de la extinción contractual provino de quien por entonces asumía la dirección de informativos, Álvaro Zancajo, que saldría de la cadena antes de acabar 2020 tras casi un año ocupando un puesto en el que recibió muchas denuncias por manipulación interpuestas por trabajadores, sindicatos, organismos y asociaciones. En mayo de 2022, Zancajo fichó por Vox como dircom de Macarena Olona de cara a las elecciones andaluzas de 19 de junio, y antes había sido director de informativos de Antena 3 (hasta julio de 2016) y director de Canal 24 Horas de TVE (desde diciembre de 2016 a septiembre de 2018).

El trabajador, por su parte, dentro de Podemos Sevilla participó en varios órganos como el Círculo de Triana en 2015 y fue responsable ante la Junta Electoral Central en las Europeas. También fue contratado en la comisión de comunicación andaluza para realizar tareas audiovisuales en las campañas electorales de Podemos en las autonómicas de 2015 y en las generales del 26 junio de 2016. A nivel local, fue fundador de la candidatura ciudadana municipal Participa Sevilla para las municipales de 2015, y fue responsable del Área de Análisis Político del Consejo Ciudadano de Sevilla entre 2018 y 2020, que compaginó con tareas de comunicación para la coalición electoral Adelante Sevilla de cara alas municipales de 2019.

La empresa negó discriminación

Aunque la demanda no se dirigió contra Zancajo, que actualmente forma parte del Consejo de Administración de RTVA a propuesta de Vox, eso “no exime a RTVA de sus responsabilidades pues, aun cuando se pudiera alegar que la decisión fue sugerida, instada o incluso impuesta por el Sr. Zancajo, fueron sus órganos directivos quienes la adoptaron”. “Dos directivos de RTVA reconocen que el Sr. Zancajo estaba detrás de la decisión adoptada”, dice la sentencia en uno de sus pasajes al exponer los fundamentos jurídicos.

La empresa negó en el juicio, celebrado el pasado 6 de septiembre, la existencia de cualquier tipo de discriminación, indicando que el demandante disfrutó de permiso para participar en una campaña electoral y que, con posterioridad a la extinción impugnada, fue contratado de nuevo, de hecho hasta en cuatro ocasiones entre 2022 y 2024. Actualmente, trabaja como operador de cámara en Málaga a media jornada en virtud de un relevo del 1 de agosto de 2024 al 11 de octubre de 2026. Martín Santos, efectivamente, pidió a Canal Sur en mayo de 2009 un permiso de 15 días para participar en la campaña electoral de las Elecciones Europeas al ser candidato en la lista de Izquierda Anticapitalista-Revolta Global, y al que la empresa accedió.

Fuentes de la RTVA consultadas por este periódico acerca de la sentencia señalan que no van a pronunciarse sobre la misma ni si van a presentar recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJA.

“La empresa no ha logrado probar ninguno de los hechos alegados en la carta de extinción ni en la contestación a la demanda”, dice la sentencia que, aunque reconoce que la facultad de despedir durante el período de prueba es una facultad unilateral de la empresa que no tiene que responder a causa justificada específica, “en casos como el presente, en que existen indicios de que la toma de decisión pudiera estar viciada por una vulneración de derechos fundamentales, debe acreditarse la razonabilidad y proporcionalidad de la medida”. Además, “RTVA es una agencia pública de forma que el respeto por los derechos fundamentales en el seno de su organización debe ser observado con la mayor de las diligencias”.

El empleado readmitido, que argumentó en la vista oral que el motivo de haber sido contratado de nuevo obedecía a pertenecer a la bolsa de empleo, había encadenado desde 2004 una veintena de contratos (en su mayoría de interinidad por sustitución) hasta que, en octubre de 2020, fue llamado para un contrato de tres meses de duración, prorrogable a otros tres. Se trataba de puesto de Ayudante Técnico Mezclador, a tiempo completo en las instalaciones en la RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), estableciéndose un periodo de prueba de dos meses conforme establece el convenio colectivo de empresa.

En declaraciones a este periódico, Ricardo Martín Santos considera que la sentencia para él “es muy grata en el sentido de que es una restitución moral en toda regla,” porque “la empresa me discriminó ideológicamente”. “No es la primera vez que Zancajo ha tenido una polémica con los trabajadores les intentaba amordazar o les intentaba presionar para que hicieran manipulación informativa en Antena 3 o en el Canal 24 horas, igualmente que le pasó en Canal Sur, porque su paso ese año fue un tornado porque levantó muchas ampollas que terminaron en una huelga de dos días a negro, algo que no se había visto nunca en Canal Sur”, recuerda.

“Opuestos” ideológicamente

Ricardo Martín y Álvaro Zancajo, reflexiona la sentencia, “pertenecen o tienen estrecha vinculación con partidos políticos opuestos”. “La distancia ideológica entre Podemos (o en su caso Izquierda Anticapitalista-Revolta Global) y Vox es notoria. Es evidente que la simple pertenencia o relación con partidos ideológicamente distintos no constituye, per se, indicio de ningún tipo de discriminación, pero puede permitir contextualizar la toma de decisiones si se acompaña de otros hechos objetivos”.

Además de que “no consta” que ambos se conocieran personalmente, “por lo que cabe descartar cualquier enemistad o enfrentamiento por otro motivo que pudiera haber afectado a la decisión extintiva”, el ámbito laboral en que se desarrolla el asunto es “el departamento de informativos de una cadena de televisión pública, donde la presencia de la política es intensa y permanente”. “No sólo el objeto de la noticia está marcado por la política sino que el consejo de administración de RTVA está compuesto por personas propuestas por los partidos políticos” (de hecho Zancajo forma actualmente parte del mismo a propuesta de Vox)

En ese sentido los jueces consideran “evidente” que “el matiz ideológico tiene una relevancia mayor que en otros ámbitos” y que “debe tenerse en cuenta no sólo la pertenencia o relación con partidos políticos sino que, además, ésta es pública, activa y ha condicionado la carrera de ambos”. La sentencia, fechada el 31 de octubre, contextualiza su reflexión y dice que son coetáneas a la misma “las noticias sobre RTVE que corroboran la especial trascendencia política del ámbito enjuiciado”.

En programas de máxima audiencia

Así, Ricardo Martín fue adscrito durante aquel contrato de otoño de 2020 a programas de máxima audiencia en directo como el noticiario de la noche o Andalucía Directo, participando paralelamente en un curso de operación y gestión de mesas de mezclas en el ámbito productivo de la cadena. Un mes después de suscribir ese contrato, concretamente el 23 de noviembre de 2020 la empresa le envió un burofax comunicándole que no había superado “en absoluto” el periodo de prueba, abonándole 868,65 euros en concepto de liquidación de contrato por partes proporcional de pagas extras y vacaciones no disfrutadas.

La presidenta del Comité Intercentros, también de CCOO, acudió en ese tiempo al despacho del director de producción y diseño para informarse de los motivos de la extinción de esa relación laboral. Aunque inicialmente manifestó que había recibido quejas, cuando se le volvió a preguntar manifestó que el trabajador no gustaba al director de informativos, Álvaro Zancajo.

Respecto a esas “quejas” sobre el trabajador dice la sentencia que “no se ha declarado como hecho probado que existieran quejas por parte de coordinadores de mezclas y de realización de informativos al no existir ninguna prueba sobre el particular, ni en relación con la actitud ni con la aptitud” del trabajador. “Las pruebas presentadas al efecto fueron un documento carente de autor, firma y fecha que no fue admitido al carecer de los elementos necesarias para considerar prueba documental y la testifical” del director de producción a la que antes se aludió y que “careció de concreción”.

Una testifical “reveladora”

Precisamente por ese motivo los jueces califican de “reveladora” esa testifical del director de producción “en relación con la existencia de indicios de discriminación” ya que “no fue capaz de concretar ninguna queja en concreto ni quién la había efectuado sino que se limitó a afirmar generalidades sobre la supuesta ineptitud del trabajador”, recuerda la sentencia. “Se insistió en el interrogatorio sobre la identidad de las personas que habían formulado quejas y se limitó a contestar que 'algún compañero y gente de coordinación y realización'”.

Ese directivo sí que hizo referencia a la recepción del documento anónimo al que antes se ha hecho referencia señalando que le fue entregado por los coordinadores de realización, los cuales “no han sido identificados ni llamados a declarar a pesar de tratarse, supuestamente, de prueba primordial para acreditar la supuesta ineptitud del trabajador y la realidad de la no superación del período de prueba”.

“El testigo indicó que 'no daba el nivel' pero no especificó qué funciones no realizó o qué incidencias provocó su quehacer en la cadena. Es más, resultó incoherente lo manifestado al final de su declaración según la cual resultaba imposible que en el plazo de un mes una persona pueda tener la aptitud para ese puesto cuando fue la propia cadena quien lo llamó, sabedora de su cualificación y experiencia para desempeñarlo. De hecho, según lo manifestado, estaría en fase de formación, resultando quimérico el período de prueba. Igualmente, manifestó tener el convencimiento de que volvería a ser contratado al 'tratarse de una persona válida y muy arriba en la bolsa'”.

Dijo recordar que una representante de los trabajadores fue a preguntarle por los motivos del cese de Martín Santos y “si la decisión vino del Sr. Zancajo, y no fue hasta ese momento cuando declaró que era el motivo”, dice la sentencia. La presidenta del Comité Intercentros, también testigo, relató ese episodio en el despacho del director de producción, quien manifestó 'que no le gustaba al director de informativos' porque 'tú ya sabes como es' según se relata en la resolución judicial.

Otros testigos también indicaron que no se había producido ninguna incidencia por parte del trabajador y que podía comprobarse técnicamente, algo que “pudo ser acreditado por la empresa”. En la sentencia se reconoce que esos testigos son miembros del comité de empresa, de CCOO, “pero, además de que su declaración resultó bastante espontánea, los datos ofrecidos resultan coherentes con los datos objetivos obrantes en el procedimiento”, así como con la declaración del director de producción que “fue mucho más vaga”.

Para Ricardo Martín, según relata él mismo a este medio, “le vendieron a muchos compañeros que yo era un inepto, que no daba la talla, que no sabía manejarme en el puesto, y ahora el hecho de que en una sentencia se cambie esa versión y se demuestre que no era cierta me da felicidad, porque fue un sufrimiento para mí que muchos compañeros y compañeras de Canal Sur creyeran en esa versión”.

A su juicio, no se trató de algo “simple” como que hubo un despido porque “Zancajo era de derechas y yo de izquierdas”. “La cuestión era más profunda. Él sabía que venía una huelga en diciembre, que yo era parte de la acción sindical, y que había una lucha contra los trabajadores que estaban por mantener la cadena, mientras que él tenía el propósito de intentar cargarse la cadena como un ente público. Y ahí fue donde se encuadra mi despido. No fue gratuito, porque creo que quiso decirle a la gente que estaba dispuesto a echar a trabajadores si hacía falta”, concluye el empleado readmitido.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado la segunda sentencia en menos de dos semanas contra la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur) por vulnerar el derecho a huelga de una de sus trabajadoras del centro territorial de Córdoba durante el Día Internacional de la Mujer, en este caso de 2022, en el que la organización CGT había convocado formalmente un paro general a nivel autonómico.

La sentencia, de 30 de octubre, desestima el recurso de casación de RTVA y Canal Sur, como pedía el Ministerio Fiscal, y declara la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA (de julio de 2022) que ya declaró vulnerado el derecho de huelga de una operadora/montadora de vídeo, delegada de CGT, como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para el 8 de marzo de 2022.

Es la segunda sentencia, en menos de dos semanas, en la que el Alto Tribunal falla contra la RTVA en los mismos términos después de la que avanzó este periódico, en la que la sustitución de la habitual conductora de un programa de la radio pública en Córdoba obedeció a “una decisión empresarial claramente dirigida a menoscabar el legítimo ejercicio del derecho de huelga para visualizar ante terceros y el público en general la menor incidencia de la protesta laboral manteniendo en antena la emisión del programa”. Precisamente este pasado lunes la emisora tuvo que dar lectura el fallo en directo, como así le obligaba la sentencia:

La sentencia ratificada por el Supremo en este segundo caso ya condenó a las demandadas a abonar a CGT, asesorada jurídicamente por la cooperativa andaluza Autonomía Sur, una indemnización por daño moral de 7.500 euros a la propia CGT y también a proceder a la lectura del fallo en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión, algo que se producirá previsiblemente en próximas fechas. Ahora, se condena además a RTVA y Canal Sur al pago de las costas de su recurso por la cantidad de 1.500 euros.

Su huelga “no tuvo incidencia alguna en el montaje”

Canal Sur entrega a los trabajadores, aproximadamente el día 25 de cada mes, los cuadrantes de turnos de trabajo del mes siguiente. Los hechos acreditados, que ya fueron probados en primera instancia, señalan que en el cuadrante del mes de marzo de 2022, el 8 de marzo la trabajadora figuraba en el turno de tarde, estando además, previstos dos turnos especiales (de 12.30 a 21.30 horas) adjudicados a otra operadora/montadora de vídeo y a un técnico electrónico que suele realizar también funciones de montaje.

La empleada que protagoniza este caso y una redactora secundaron la huelga del 8 de marzo en el centro territorial de Canal Sur en Córdoba. En 2021, la operadora no secundó la huelga, sin que consten las circunstancias concurrentes, pero su huelga en 2022 “no tuvo incidencia alguna en el montaje de los informativos”, ya que “la duración del turno especial, que cubre parte de la mañana y parte de la tarde, permitía el montaje de ambos informativos por las personas que realizaron tales turnos”.

En la empresa demandada hay previstos varios turnos especiales a los que se acude con “habitualidad y normalidad”, y que suelen hacer frente tanto a ausencias de personal por razones variadas, como a cualquier acontecimiento o hecho especial que se pueda producir, y tanto el TSJA como ahora el Supremo han considerado que se vulneró el derecho de huelga de la operadora/montadora de vídeo como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para aquel 8 de marzo de 2022.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado y declarado la firmeza de una sentencia que condena a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur) por vulnerar el derecho de huelga de la presentadora de un programa de radio el 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, al ser sustituida por un compañero que estaba en servicios mínimos y mantener la emisión del programa de radio que habitualmente conducía.

El fallo de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó al ente público a abonar una indemnización de daño moral por importe de 7.500 euros a la Confederación General del Trabajo (CGT) de Andalucía, que interpuso la demanda. El Supremo, como pedían la CGT y el Ministerio Fiscal, desestima ahora el recurso de casación interpuesto por la RTVA y por Canal Sur, que deberá dar lectura del fallo de esta sentencia, como noticia, en el programa Canal Sur Mediodía Córdoba que habitualmente presentaba la trabajadora huelguista, que aquel día vio conculcado uno de sus derechos fundamentales, según acaba de ratificar el Supremo en una sentencia contra la que no cabe recurso y que impone además unas costas de 1.800 euros a las demandadas recurrentes.

RTVA y Canal Sur habían sostenido en su recurso que no se había vulnerado el derecho de huelga porque el programa de radio en cuestión carecía en realidad de un presentador habitual, en tanto que tales funciones podían ser realizadas por cualquiera de los diferentes redactores del mismo, de tal manera que la decisión de la empresa de encomendar la presentación del programa a otro de los redactores que no estaba en huelga se enmarcaba dentro del ejercicio ordinario de su poder de organización.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, recuerda que CGT había convocado huelga general de 24 horas para la jornada del 8 de marzo de 2021 mediante escrito registrado en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. La trabajadora, que prestaba servicios en el centro de trabajo de RTVA en Córdoba, era la presentadora habitual del programa informativo de radio Canal Sur Mediodía Córdoba, que se emite de 11.55 a 13.00 horas de lunes a viernes, y en aquella fecha “ejerció su derecho de huelga, secundando la convocatoria de CGT-A”. “Muy ocasionalmente, el programa lo pueden presentar otros redactores del mismo que la sustituyen, cuando ella no trabaja por encontrarse de vacaciones u otra circunstancia análoga”, detallaba la sentencia de primera instancia entre los hechos probados tras el juicio celebrado el 7 de marzo de 2022.

“Una decisión absolutamente extraordinaria”

Pese a los argumentos de las demandadas, el Supremo ahora es tajante: “No se trataba de un supuesto de sustitución ordinaria en el que pudiere concurrir cualquier circunstancia excepcional que justificase el cambio de presentador, por razones incluso ajenas a la voluntad de la presentadora habitual, sino de una decisión empresarial claramente dirigida a menoscabar el legítimo ejercicio del derecho de huelga para visualizar ante terceros y el público en general la menor incidencia de la protesta laboral manteniendo en antena la emisión del programa”.

“Una decisión absolutamente extraordinaria, con una concreta y determinada finalidad claramente dirigida a perjudicar el ejercicio del derecho de huelga”, zanja el Supremo a raíz de la actuación de la RTVA y Canal Sur en aquella fecha. Fuentes de la cadena pública consultadas por este periódico no han querido hacer comentario alguno respecto a la sentencia del alto tribunal.

Según la sentencia del TSJA, confirmada ahora, la dirección de la empresa, a través del director territorial del centro de Córdoba, “cinco minutos antes de empezar la emisión” del programa de aquel 8M “le fue dada la orden” a un redactor del programa, que se encontraba de servicios mínimos, de presentar el informativo, lo que normalmente no hacía. No consta que ese año dicho trabajador lo hubiera hecho en alguna ocasión, aunque sí lo hizo en 2020, en un momento temporal coincidente con una baja médica precisamente de la trabajadora afectada que, según insiste la sentencia, es “la presentadora habitual” del programa.

Los jueces del TSJA no accedieron ya en su momento a la petición de que se emitiera un programa de la misma duración que el informativo Canal Sur Mediodía Córdoba. “Es compresible” el interés de la trabajadora en que se conozca el contenido de la sentencia que declara vulnerado su derecho de huelga, pero “es suficiente con que se divulgue la noticia”. “No es necesario un programa de radio de más de una hora de duración”, de manera que “se concreta la condena en que se dé cuenta de la noticia en el programa, en día de la semana lunes, dado que el día 8 de marzo de 2021 era lunes, con lectura del fallo de esta sentencia”.

7.500 euros de indemnización

En cuanto a la indemnización, CGT solicitaba 18.000 euros “pero no se cuantifica, por separado perjuicio material y daño moral, y dado que no se han acreditado perjuicios materiales, ha de entenderse que se reclama solo el daño moral”. Explicó la primera sentencia que “la indemnización no solo cumple una función resarcitoria o reparadora del daño causado, sino también la de prevención y disuasoria de comportamientos vulneradores”, por lo que se fija la indemnización, de acuerdo a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) “para las faltas muy graves” en 7.500 euros.

Relacionado con esta materia, cabe recordar que la Junta de Andalucía ha sido condenada en numerosas ocasiones por vulnerar el derecho a huelga durante diferentes 8M. Ya van una veintena de resoluciones judiciales en las que los jueces, sucesivamente, siguen considerando que establecer el 100% de los servicios que se prestan en situación de normalidad es contrario al ordenamiento jurídico, si bien los tribunales dejan penalmente impunes las condenas alcanzadas por CGT en el orden social y contencioso-administrativo.

En los últimos seis meses, los informativos de Canal Sur TV han dedicado cien veces más tiempo a hablar sobre la ley de amnistía que sobre las listas de espera en el Sistema Andaluz de Salud (SAS). Esa es una de las conclusiones recogidas en el último informe del Consejo Profesional de la Radio y la Televisión de Andalucía (RTVA), en el que se detallan “350 ejemplos de malas prácticas periodísticas”.

El documento analiza, a lo largo de 44 páginas, la cobertura de los informativos más seguidos de Canal Sur TV (Noticias 1 y Noticias 2) desde octubre de 2023 a marzo de 2024. Tiempo durante el cual se debatió y aprobó la polémica ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Y también durante este periodo el Gobierno de Juan Manuel Moreno actualizó los datos de pacientes en listas de espera, que ocultaban un aumento del 227% de andaluces fuera del plazo legal para operarse, tras un año y medio sin publicarse el listado.

Aunque la amnistía figura en el puesto número 39 de los problemas que preocupan a los andaluces según el CENTRA, este ha sido el asunto que ha “monopolizado” las noticias de la cadena pública andaluza en el semestre analizado, acumulando un total de 605 minutos y 54 segundos, frente a los 6 minutos dedicados a informaciones relativas a las listas de espera sanitarias. La citada ley también multiplica por 100 el tiempo dedicado al problema de la vivienda –situado como sexta preocupación de la ciudadanía– y triplica el tiempo invertido en conjunto a la sanidad en Andalucía (183 minutos y 57 segundos), siendo este el segundo tema que más preocupa a los andaluces.

Por todo ello, el órgano encargado de velar por la independencia y las buenas prácticas periodísticas en la RTVA considera que “Andalucía y los andaluces se han visto desplazados de los informativos de la televisión pública”. Siguiendo esta línea, el Consejo Profesional acusa a la Dirección de Informativos de Canal Sur de haber “impuesto una línea ideológica por encima de los intereses de los andaluces y del servicio público al que obligan el Estatuto de Autonomía, la Ley de la RTVA” y el resto documentos oficiales “que definen la única línea editorial a la que se debe Canal Sur”. elDiario.es Andalucía ha contactado con el ente público para recoger su valoración respecto al informe, pero RTVA ha optado por no hacer declaraciones.

Casos de “sesgo ideológico” y “desequilibrio informativo”

Tras analizar los informativos del pasado semestre, el Consejo Profesional de RTVA reafirma que “la falta de independencia, la ausencia de pluralismo, la quiebra de la neutralidad y la imparcialidad, y la falta de rigor y veracidad en las informaciones para poner los informativos de Canal Sur al servicio de intereses ideológicos ha quebrado la obligación de servicio público encomendado a la RTVA”.

Como ejemplo del “sesgo ideológico” que le achacan a la cadena pública andaluza, el informe indica que de los 605 minutos dedicados a la amnistía en los últimos seis meses, “más de 500” han versado sobre “críticas y testimonios contrarios a la ley”.

Otra muestra de “desequilibrio informativo” recogida en el último informe es el tiempo dedicado al caso Koldo: un total de 139 minutos y 33 segundos entre febrero y marzo. Esto es, “200 veces más tiempo, solo en dos meses, que el dedicado a las sentencias del caso Gürtel en Canal Sur TV los últimos cuatro años”, según puntualizan desde el Consejo Profesional de RTVA. En cambio, a las imputaciones del novio de Ayuso por delitos fiscales “se le han dedicado tan solo 4 minutos y 11 segundos”, desde el 12 de marzo en que estalla el escándalo hasta el 31 de marzo en que concluye el análisis.

Junto a estos casos concretos, el informe menciona otros ejemplos de cómo se excluyen de los informativos temas que comprometen al Partido Popular (como pueden ser las protestas de los jóvenes afectados por el retraso del bono del alquiler o los vínculos familiares de la alcaldesa de Marbella con el tráfico de drogas), mientras que los temas que repercuten al PSOE adquieren en las noticias de Canal Sur un “sobredimensionamiento mediático” (como en el caso Koldo).

En este sentido, el análisis del último semestre sostiene que el tono de las informaciones sobre Juan Manuel Moreno “siempre es elogioso” –tanto es así que se afirma no haber encontrado “ninguna información que pudiera perjudicar la imagen del presidente andaluz”– y, sin embargo, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez “siempre se le vincula a noticias negativas o polémicas”.

Temas de sanidad edulcorados

Entre los 350 ejemplos de “malas prácticas” que recoge el informe, se destaca el tratamiento de la sanidad andaluza en los informativos de Canal Sur TV. A ojos del Consejo Profesional de RTVA, de los casi 184 minutos que se dedican a este bloque temático, la gran mayoría (160) se corresponde con noticias “más cercanas a la propaganda que a la información”. Avances médicos, nuevos tratamientos, congresos, anuncios gubernamentales o el día del cáncer entre otras enfermedades copan el espacio que se dedica en N1 y N2 a la sanidad, el tema más controvertido para el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

A modo de ejemplo, el informe señala que el 22 de noviembre, día en que trascienden los datos actualizados de las listas de espera en el SAS, el informativo N1 de Canal Sur apenas dedica 3 minutos al final del programa a informar sobre el tema, mientras que el de N2 ni si quiera lo menciona. En cuanto al desarrollo de la información, se dedican 2 minutos y 16 segundos a la defensa del Gobierno andaluz y 45 segundos a las críticas de los partidos de la oposición, sin aludir a que Andalucía lidera las listas de espera a nivel nacional y que en un año han aumentado un 227% los andaluces por encima del plazo legal. Además, la noticia aparece en el minuto 26 de 30 de informativo, “por detrás de la detención de un gurú budista o el 60 aniversario del asesinato de John F. Kennedy”.

Un mes después, el 21 de diciembre, diferentes medios se hacen eco de la información que publicó en exclusiva elDiario.es Andalucía sobre el repunte del 55% de las listas de espera tras revelarse que los contratos de la Junta para derivar pacientes a la privada no tienen anclaje legal. El informe del Consejo Profesional de RTVA reprocha que esta información no figura esa jornada en las escaletas de Canal Sur TV. 

Igualmente, las dimisiones en el SAS del 27 de diciembre –que se interpretaron como un síntoma de la crisis en la gestión de la sanidad pública andaluza que atravesaba el Gobierno andaluz– “fueron camufladas en los informativos de Canal Sur TV como un revulsivo y el inicio de una nueva etapa”, como indica el informe.

Conclusiones

Amparándose en los datos recopilados, el Consejo Profesional de RTVA concluye que las “350 malas prácticas periodísticas” detectadas en los últimos seis meses constatan “la preocupante situación por la que pasan los servicios informativos de la cadena pública andaluza y la peligrosa deriva, de la que ya avisábamos en anteriores informes, y que ahora muestra toda su crudeza en sus espacios de noticias”.

Para demostrar que la Dirección de Canal Sur TV incurre en una “instrumentalización política de la información” y en el incumplimiento de los documentos a los que se debe, el documento finaliza recordando que “el Estatuto Profesional de la RTVA establece el pluralismo como principio fundamental de los servicios informativos de Canal Sur” y, añade, “no se cumple con ese pluralismo cuando se dedica más tiempo al presidente de la Junta en seis meses que toda la información ofrecida sobre sanidad, educación y dependencia”.

Asimismo, subraya que “la Ley de la RTVA establece en su artículo 2 la obligación de servicio público encomendada a la radio y la televisión de Andalucía”, pero, apostilla, “no es servicio público dedicar 300 veces más tiempo a la amnistía que a las tasas de pobreza en Andalucía”.

En definitiva, el órgano que representa a los trabajadores de Canal Sur entiende que con este último informe se vuelve a poner sobre la mesa “no ya que la manipulación se haya cronificado en los espacios de noticias” de la cadena pública andaluza, “sino que esa manipulación se ha convertido en la herramienta de la Dirección de Informativos, con el consentimiento y la complicidad de la Dirección General y de la mayoría del Consejo de Administración, para imponer una línea editorial incompatible con el carácter público de la RTVA y el servicio que está obligada a prestar a todos los andaluces y andaluzas”, según remata el informe.

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ha reprobado a Canal Sur por vulnerar el código deontológico de la profesión periodística en una de sus informaciones. La resolución, que el organismo ha dado a conocer este mismo jueves, parte de una queja presentada el pasado junio por el Consejo Profesional de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), alegando que una pieza emitida en los servicios informativos del ente público relacionada con Doñana faltaba “a los principios de verdad e independencia, y al compromiso con la búsqueda de la verdad”, según los denunciantes.

En concreto, el objeto de denuncia lo constituye un panel emitido el 20 de abril de 2023 en el espacio 'Desmontando bulos' del informativo N2 de Canal Sur, en el contexto de la campaña electoral de las municipales que se celebraron el pasado 28 de mayo. La presentadora de esta espacio informativo trataba de desmentir supuestas fake news relacionadas con la polémica proposición de ley de ampliación de los regadíos junto a Doñana.

Tras analizar el caso, este órgano ético de la profesión a nivel nacional ha concluido que “se han vulnerado” principios generales de la deontología del periodismo, dado que la pieza informativa analizada “resulta incompleta, carente de la fundamentación y atribución propias de una información periodística rigurosa”. Además, la resolución contempla que se han infringido otros preceptos de la práctica periodística como “la necesaria contrastación de las afirmaciones”, “la pluralidad” o “el respeto a la verdad”.

La Junta Electoral Central ya apercibió por estos hechos a la cadena pública andaluza, entendiendo que el enfoque del panel suponía “posicionarse con una de las partes de esta controversia, asumiendo una posición partidista que resulta contraria a las exigencias de neutralidad que el artículo 66.1 de la LOREG exige de los medios de comunicación de titularidad pública durante los periodos electorales”. Por todo ello, instó a Canal Sur Radio Televisión S.A. a mantener en el futuro “una posición de estricta neutralidad en controversias con connotaciones partidistas como la que constituye el objeto de este expediente”.

Hechos denunciados

De acuerdo con el escrito de reclamación presentado por los representantes de los trabajadores de Canal Sur, el panel contenía “algunas de las quejas vertidas desde los grupos políticos de la oposición en Andalucía, las asociaciones ecologistas o la comunidad científica contra la ley”, recogidas bajo el rótulo “Doñana: informaciones falsas”.

Junto a cuatro afirmaciones –la ley afecta a terrenos del Parque Nacional de Doñana, declara una amnistía a pozos o cultivos ilegales, otorga derechos de riego a 1.500 hectáreas y pone en peligro el acuífero y el parque–, “se dibuja un gigantesco FALSO en pantalla sin aclarar las fuentes de información utilizadas, ni el origen de los bulos ni de su supuesto desmentido”, según figura en los hechos denunciados por el órgano de representación de los trabajadores, que ha denunciado en numerosas ocasiones las “asfixiantes injerencias políticas” que dicen sufrir en su rutina diaria por parte de la dirección desde 2020.

Por su parte, la representación de Canal Sur Radio y Televisión se ha defendido de las acusaciones, esgrimiendo que “trabajar en un medio público no significa trabajar para un partido político”. En cuanto a la pieza informativa denunciada, la directora de los servicios informativos del ente público en Andalucía consideraba “un ejercicio de escaso rigor analizar esta pieza informativa de forma descontextualizada” sin ver el informativo completo “para conocer qué informaciones se emiten antes y después, y que complementan esos datos”, como consta en su escrito de alegaciones.

Principios de la FAPE vulnerados

No obstante, una vez analizado el caso, la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ha coincidido con los denunciantes en que el espacio informativo en cuestión vulnera algunas de las normas que conforman el Código Deontológico de referencia en la profesión periodística, el de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Concretamente, este organismo deontológico considera que se atenta contra el “respeto a la verdad” recogido en el apartado de Principios Generales, toda vez que “de las 12 afirmaciones contenidas en el panel no se aporta evidencia alguna, salvo de una de ellas”. Asimismo, defiende que también se han transgredido Principios de Actuación, que exigen al profesional del periodismo “informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado”.

De esta forma, la Comisión vinculada a la FAPE resuelve que la pieza de Canal Sur TV “está elaborada sin atender a la necesaria contrastación de las afirmaciones y a la pluralidad de puntos de vista acordes a la complejidad de la cuestión en juego y sin dar oportunidad de manifestarse a quienes, sin citarlos, se les atribuye la condición de difusores de bulos”.

Con esta resolución del organismo deontológico del periodismo, la cadena pública andaluza suma un nuevo apercibimiento por cuestiones relacionadas con la falta de neutralidad en sus informativos. También el órgano de representación de los trabajadores de Canal Sur documentó el año pasado 250 ejemplos de “sesgo ideológico, técnicas de manipulación y propaganda” en noticias minutadas entre abril y septiembre de 2023, incluidas en su último informe sobre las “malas prácticas periodísticas” en los informativos del ente público.

El Parlamento andaluz ha acogido la tarde de este lunes una nueva comisión de control de la Radio y Televisión Pública Andaluza, en la que ha comparecido el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, pero no así el Consejo Profesional de RTVA, órgano que representa a sus trabajadores y que se ha quedado fuera de la mesa al contar con los votos en contra del Partido Popular y Vox. Aun así, “la voz de los profesionales” de este ente público ha logrado colarse en la casa de los andaluces con la celebración de un acto previo al que estaban invitados todos lo grupos parlamentarios, aunque sólo se han presentado PSOE y Por Andalucía.

Desde la sala 1 del antiguo hospital de las Cinco Llagas, los representantes de los trabajadores de Canal Sur han lanzado su particular “basta ya” contra las “asfixiantes injerencias políticas” que dicen sufrir en su rutina diaria desde 2020, tras la llegada de Álvaro Zancajo como director de Informativos (que fue cesado en diciembre de ese año por las graves denuncias de manipulación interpuestas por los propios trabajadores y sindicatos) y su sucesora, Carmen Torres, “con quien la degradación del servicio público ha seguido y aumentado”, según sostienen los miembros del Consejo Profesional de RTVA. No obstante, durante su intervención en la comisión, Mellado ha defendido la gestión de estos cuatro años y su apuesta por mejorar la cadena autonómica, negando que se impongan criterios que difieran de los estrictamente periodísticos.

En cambio, horas antes, además de presentar los datos del último informe publicado sobre las “malas prácticas periodísticas” en los informativos del ente público entre los meses de abril y septiembre de este año, los representantes de los trabajadores de Canal Sur han compartido testimonios y relatado episodios que atestiguan “cómo se está deteriorando el servicio público esencial que tenemos encomendado prestar”, a tenor de “la manipulación, la falta de rigor o la desaparición de la sociedad andaluza en los informativos”, de los que ha advertido la presidenta del Consejo Profesional del ente público, María José Gutiérrez, al término del encuentro.

“Que cesen las injerencias”

Precisamente, el órgano de representación de los profesionales de Canal Sur ha denunciado durante la reunión que los principios de independencia, neutralidad y pluralismo que deberían regir la radio y televisión públicas de Andalucía “se han sustituido por propaganda e ideología”. En ese sentido, acusan a la actual dirección de la RTVA de “vulnerar” el sustento legal sobre el que se cimenta este servicio público esencial, como son el Estatuto de Autonomía, la Ley de la RTVA, el Contrato Programa, el Estatuto Profesional de la RTVA y la Carta de Servicio Público, que está pendiente de renovación y cuya propuesta para el sexenio 2024-2029 se ha presentado este lunes en la segunda parte de la comisión como paso previo a su tramitación parlamentaria.

Más allá de denunciar “sesgo ideológico, técnicas de manipulación y propaganda” (avalados por los 250 ejemplos de noticias minutadas en los últimos seis meses que recoge el informe), el Consejo Profesional de RTVA ha condenado la falta de pluralismo y de libertad con la que tienen que lidiar los profesionales en las redacciones diariamente. En el caso de la delegación de Madrid, los periodistas (algunos con más de 30 años de trayectoria profesional) ejercen como “amanuenses o secretarios personales de la delegada”, en tanto que su función se ha visto limitada a “seguir las señales” que dicta la responsable. De su lado, en las delegaciones provinciales, el trabajo de los redactores ha quedado relegado a un papel “testimonial”, que se limita a trasladar la información en bruto a la central para que desde allí se procese “según convenga o no a San Telmo”.

Por todo ello, critican que la actual dirección de RTVA “desprecie” a los profesionales, al desechar o cambiar sus textos, imponer criterios políticos en lugar de periodísticos e impedir que cumplan con su función de “vertebrar el territorio”, mientras dedican tiempo del informativo local a temas de carácter regional o nacional marcados por la agenda política y no por la social. De ahí que Pedro Lázaro, uno de los miembros del órgano encargado de velar por la independencia y las buenas prácticas periodísticas en la RTVA, haya dicho “basta ya” en nombre de sus compañeros de Canal Sur, exigiendo a los responsables públicos “que nos dejen trabajar” y “cesen las injerencias políticas en el trabajo de los profesionales” de los medios públicos andaluces.

Información “en mal estado”

A continuación, en aras de trasladar “la preocupación por la degradación” que siente la plantilla, Lázaro ha hecho un paralelismo entre el clima que se respira en la trastienda del ente público y las negligencias que se podrían dar en otros ámbitos. “Si un camarero sirve comida en mal estado, se intervendría el restaurante; si una farmacia dispensara fármacos caducados, se abriría una investigación; pues Canal Sur está poniendo en las radios, televisiones, móviles y ordenadores de los andaluces información en mal estado”, ha alertado con el afán de exigir “remedios” para garantizar que los profesionales tengan “las manos libres” y puedan cumplir “con criterios periodísticos ese servicio público esencial para la ciudadanía que vertebra Andalucía y respeta el derecho de información de los andaluces”.

Tras escuchar la voz de los profesionales de la RTVA, la portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha acusado al Partido Popular de deteriorar la democracia imponiendo el “veto” a cualquier voz “que no sea la suya”. “Cada vez que alguien molesta con la realidad que vivimos los andaluces y andaluzas todos los días, se veta en este Parlamento”, ha criticado la diputada socialista, quien ha asegurado que desde su formación política van a “seguir denunciando esta manipulación y pérdida de calidad democrática” que se refleja en el “uso partidista” de la radio y televisión públicas, que considera “tan importantes” como otros servicios públicos como la sanidad o la educación.

En línea similar se ha expresado el portavoz adjunto del grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, quien ha reprochado al Gobierno de Juan Manuel Moreno que permita al presidente de la Federación Andaluza de Caza comparecer en una comisión parlamentaria (como lo hará el próximo jueves), pero “vete” a quienes “tienen miedo porque vienen a contar verdades contrastadas”, como los representantes de los trabajadores de Canal Sur o los científicos y agricultores críticos con la ley de regadíos en Doñana. Por eso, ha acusado al presidente andaluz de “corrupción política” con los medios públicos y le ha exigido que “devuelva el servicio a la ciudadanía”.

Comparecencia del director general de RTVA

Horas después, ha arrancado la comisión de control de la RTVA, en la que el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha presentado la propuesta de Carta del Servicio Público para el sexenio 2024-2029. Pero antes, el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, se ha sometido a las preguntas de los grupos que forman el arco parlamentario andaluz.

Mientras que desde el PP se ha puesto en valor la inversión y el trabajo que ha desempeñado Mellado los últimos cuatro años para “corregir la herencia” recibida de la etapa socialista, la izquierda representada por los diputados Mario Jiménez (PSOE) y Alejandra Durán (Por Andalucía) ha trasladado las voces críticas de los trabajadores con los que se habían reunido por la mañana.

A preguntas del grupo socialista, el director general de Canal Sur ha aseverado que la radio y televisión públicas se guían por los mismos “criterios profesionales y periodísticos” de independencia, neutralidad, pluralidad e imparcialidad que “cualquier manual de periodismo”. De esta forma, Mellado ha negado las acusaciones del Consejo Profesional de la RTVA (escogido por los propios trabajadores). “Puede que haya una palabra, un caso concreto que a alguien no le guste, pero no se pueden cuestionar cientos de horas de informativos por un caso puntual”, ha declarado el director general de Canal Sur para minimizar el discurso del órgano de representación de la plantilla.

No obstante, los grupos de la oposición presentes en la reunión de la mañana se han recordado al responsable de la RTVA las protestas de sus trabajadores, apelando a los datos del informe relativos a cuota de pantalla, así como a los testimonios de los profesionales que avalan, según Alejandra Durán, que los medios públicos en Andalucía se han convertido en una “herramienta de comunicación política e institucional” al servicio del Ejecutivo andaluz.

Por su parte, su homólogo del grupo socialista ha puesto sobre la mesa de la comisión el caso de la delegación de Madrid como “epítome” de las prácticas de coacción y restricción de la libertad de los profesionales a quienes dictan “cómo tienen que hacer su trabajo”. En su turno de réplica, Mellado ha dicho que tales denuncias tienen “mil matices” y ha defendido a la coordinadora de la delegación en la capital española como responsable que “también sufre presión y se le acusa de falta de profesionalidad”.

Amenaza de “reprobación”

El tono de la comisión se ha elevado cuando el diputado Mario Jiménez ha manifestado que no descarta solicitar en el Parlamento la “reprobación” del director general de la RTVA, en caso de que se demuestre que se corrigió la “baja presencia” de Vox en los informativos de Canal Sur, tal y como desveló la formación ultraderechista al transmitirle su agradecimiento durante una sesión anterior de la comisión parlamentaria de control de la cadena autonómica.

“Metió la pata hasta el corvejón y reconoció públicamente que manipulan los informativos con intereses políticos”, ha espetado Jiménez a Mellado, subrayando que “estamos ante un hecho muy grave”. Después de pedirle explicaciones “convincentes”, el diputado del PSOE andaluz ha avanzado que desde su formación van a plantearse “muy seriamente si debe seguir al frente de la RTVA”. “Si no es capaz de hacer cumplir la norma del papel que [Canal Sur] tiene que jugar, no merece estar al frente” de un ente, ha dicho el diputado socialista, que ha subrayado que “no es un medio más”, sino “un servicio público que nos afecta a todos los andaluces”.

La programación provincial en la televisión y en la radio pública de Andalucía se verá suprimida a partir del mes de julio cuando arranque la campaña electoral para los comicios del 23 de julio. “Es la primera vez que no habría desconexiones provinciales en unas elecciones que tienen circunscripción provincial”, indican fuentes del Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur. Apoyado por el Consejo Profesional, el Comité Intercentros rechaza “rotundamente” la “decisión unilateral” de la dirección de eliminar “la perspectiva local de la información y del debate político, en unas elecciones donde la circunscripción es provincial y esta visión es fundamental para mantener la cercanía que nos reclama la sociedad”.

En Andalucía, donde está prohibido por ley convocar comicios autonómicos en meses veraniegos por las altas temperaturas, es la primera vez que se da una circunstancia tan particular debido a la fecha elegida por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que puede tener efectos disuasorios para la participación. Al margen de ello, el Comité Intercentros denuncia “la intención de centralizar la información electoral de los comicios generales del próximo 23 de julio”.

Según han lamentado en un comunicado, los argumentos de la dirección son “simplistas” y “no convencen” a los empleados. “Ni la culpa es de la plantilla que solicita sus vacaciones en tiempo y forma, ni es de la convocatoria de elecciones. El problema de fondo es la escasa contratación y previsión de los recursos humanos, que no se sustituyan las vacaciones o que los contratos realizados sean precarios y demasiado cortos en el tiempo”.

Además, las vacaciones solicitadas en todos los centros “posibilitan que las desconexiones provinciales se realicen hasta mediados de julio, pues así estaba previsto”. “Para cubrir el restante periodo electoral, o sea una semana más, sin afectar a las desconexiones de televisión o radio, solo hace falta voluntad”, comentan.

El Comité Intercentros, que ha convocado concentraciones este jueves en todos los centros de trabajo para denunciar esta coyuntura, ha ofrecido al director general, Juan de Dios Mellado, negociar un pacto de trabajo que, desde la voluntariedad de quienes se adhieran, permita cubrir las elecciones desde todos los centros y delegaciones territoriales. “Hasta ahora la respuesta de la dirección ha sido negativa”.

Fuentes oficiales de la RTVA consultadas por este periódico han declinado pronunciarse acerca de este asunto.

Informar con veracidad

Por su parte, para el Consejo Profesional eliminar las desconexiones provinciales durante el mes de julio en radio y televisión “menoscaba la credibilidad de Canal Sur” y “redunda en el progresivo deterioro del servicio público que venimos denunciando”. “Hasta en dos ocasiones hemos interpelado a los responsables de la empresa sobre este plan y en ninguna hemos obtenido respuesta”, lamentan.

“La decisión de suprimir toda la programación local durante la campaña electoral va en contra del artículo 5 de la Carta de Servicio Público, el punto 9 del Contrato Programa, del artículo 32 de la Ley de la RTVA y el artículo 4 del Estatuto Profesional, cuyo espíritu recoge la idea de que Canal Sur debe estar dotado con los medios suficientes para actuar como agente vertebrador y cohesionador social y territorial de Andalucía y ayudar a la libre formación de la opinión pública al informar con veracidad sobre los acontecimientos de relevancia”, informa el Consejo Profesional.

Añaden que “una campaña electoral supone un gran esfuerzo de recursos humanos y materiales, como otros despliegues especiales de Canal Sur”, pero “la obligación de la dirección de la empresa es proporcionar y organizar los medios necesarios para que podamos hacer nuestro trabajo”. “Nos parece una falta de respeto a los y las profesionales de esta casa que la dirección general intente justificar la decisión de suprimir las desconexiones alegando que la plantilla se coge vacaciones”.

Denuncia del PSOE

El Grupo Parlamentario Socialista, por su parte, ha solicitado la convocatoria extraordinaria de la comisión de control de la RTVA y sus sociedades filiales del Parlamento andaluz para que comparezca Juan de Dios Mellado e informe de la cuestión. Según su portavoz, Ángeles Férriz, en Andalucía se están viendo cosas “verdaderamente escandalosas” durante la etapa de gobierno de Juan Manuel Moreno, al que ha acusado de cometer una “cacicada” con la decisión de suprimir los informativos en julio.

Férriz ha aseverado que eso no había ocurrido antes “en la historia de la democracia de Andalucía”, y lo ha vinculado a la “manipulación” y al “control político” que, a su juicio, quiere ejercer el PP-A para esta campaña electoral, en la que “sus comisarios políticos de Sevilla son los que van a marcar la censura y la manipulación para seguir haciendo lo que han hecho durante todos estos años con Canal Sur, un instrumento político al servicio electoral del PP sin ningún pudor, sin ninguna ética y sin ninguna decencia”, según ha sostenido.

Las asociaciones de la prensa andaluzas, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía junto a las facultades de Comunicación de Sevilla y Granada, y la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Loyola han trasladado a la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) una serie de “objeciones” a la última convocatoria de bolsas de trabajo externas aprobada para las categorías de redacción, ayudantes de realización, operador/a de sonido y eléctrico de iluminación.

Después de valorar “positivamente” que se convoque una oferta “esperada y demandada desde hace años” por el sector, las citadas entidades académicas y profesionales del Periodismo y de la Comunicación expresan su disconformidad con “algunos de los requisitos y baremaciones” que se contemplan. En primer lugar, condenan que “se excluya” para el puesto de redactor/a “la titulación y el grado de Comunicación Audiovisual como requisito específico cuando los puestos a cubrir serán de radio y televisión” y se contemple sólo el grado en Periodismo “y equivalente”.

“Rechazamos esa discriminación, como también la que se hace de las licenciaturas y grados en Periodismo en los requisitos de otras categorías laborales que están previstas para posibles nuevas bolsas de trabajo”, continúan apuntando desde el gremio en lo relativo al apartado de requisitos, que “según la dirección de Recursos Humanos de la RTVA, son los fijados en el reglamento de la Mesa de Contratación y que fueron acordados, en 2020, por la empresa y una mayoría de sindicatos”, como se recoge en el escrito.

Cursos por delante de un doble grado

En cuanto a los criterios de baremación de la formación, las asociaciones andaluzas rechazan “que no se haya tenido en cuenta la existencia de los dobles grados en Periodismo y Comunicación Audiovisual, como mérito adicional y que, en cambio, otros cursos relacionados con el puesto de trabajo con bastantes menos horas que un grado sí puntúen”. Igualmente critican que “no se valoren las titulaciones oficiales de idiomas”.

Por todo ello, instan a la dirección de RTVA que “se modifiquen los requisitos y baremaciones de la actual convocatoria, que tantas expectativas han generado entre los profesionales de la información”, en un mercado laboral “seriamente afectado por una serie de crisis sistémicas encadenadas”, como recuerdan las entidades firmantes.

“También pedimos que para futuras bolsas de trabajo externas se valoren debidamente las licenciaturas y grados de Periodismo y de Comunicación Audiovisual, y los dobles grados, para que puedan acceder a todas las categorías laborales que son propias de estas titulaciones y de las que se les excluye, considerando como méritos preferentes uno u otro título, según los casos específicos del puesto al que opten”, concluye el escrito.