En Triana, Sevilla, han encontrado a una mujer de 70 años muerta en un trastero. Según publican medios andaluces, llevaba meses pagando un alquiler por vivir allí. Que esto haya podido pasar responde a varios motivos. El primero: la situación de la vivienda es tal ahora mismo que una persona de 70 años puede verse obligada a pagar alquiler por un trastero (¿Tendría siquiera baño? ¿Un lavabo?), sencillamente porque no encuentra nada más barato donde vivir. El segundo: existe un mercado (y un vacío legal) que permite que alguien alquile un trastero para vivir, sin que nada lo impida. Y el tercero: hablamos de un barrio que concentra unas 1.800 viviendas de uso turístico (según estimaciones del sector), lo que da una idea muy evidente de a qué se ha destinado el parque de vivienda que antes ocupaban vecinas como ella.

En paralelo a esta noticia, la OCU publicaba hace unos días que los alimentos acumulan una subida del 35% en los últimos tres años. Lo notamos el común de los mortales con echar algo de carne y verdura al carrito, pero esta obviedad parece extraordinariamente difícil de trasladar a un discurso político que se limita a hablar de la moderación de los precios, del mismo modo que parece imposible trasladar el drama de la vivienda a una política verdaderamente efectiva.

¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues a que cuanto más insiste el Gobierno en que la economía va extraordinariamente bien sin incorporar inmediatamente después la cuestión del coste de la vida, mayor seguirá siendo y será la distancia entre su relato y la experiencia de la gente, hasta que la reivindicación legítima de unos buenos datos macroeconómicos termine sonando casi que a burla. Un gobierno puede sobrevivir a un escándalo de corrupción, incluso a más, puede sobrevivir a una crisis migratoria, incluso con la dimensión de la de Ceuta, pero creo que es difícil que sobreviva a la percepción de que la vida se ha vuelto dificilísima mientras se proclama que todo marcha estupendamente.

Ahora mismo hay miles de estudiantes barriendo Idealista de cabo a rabo para tratar de encontrar un techo bajo el que poder comenzar el curso en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Salamanca. Donde antes compartías piso con un colega por 600 euros en total, ahora pagas la misma cantidad por habitación, sin gastos. Familias de todas partes están haciendo cálculos imposibles para que sus hijos puedan estudiar fuera, y no pocas están desistiendo directamente de la idea de una carrera universitaria lejos de casa porque no se puede con todo.

Y por ahí anda ya el Círculo de Empresarios afilando los colmillos y la motosierra, pidiendo directamente un nuevo mandato electoral para aplicar reformas. Vamos, para abaratar el despido, alargar la jubilación a los 72 años, bajar las cotizaciones a las grandes empresas o recuperar la contratación temporal. Avisar avisan, hay que concederles el mérito de la honestidad, mientras el malestar de las clases medias y trabajadoras sigue alimentando opciones políticas que van a terminar empeorando todavía más su propia situación.

Ese desajuste entre la bonanza de los datos macroeconómicos y la experiencia propia es posiblemente el combustible político más potente de esta década, y se está regalando casi gratis a quienes prometen soluciones simples a problemas muy complejos. Puedes explicar hasta la extenuación que crece el PIB o que mejora el empleo, pero si alguien abre la app del banco y ve que a día uno de mes se le ha ido un 80% del sueldo en alquiler difícilmente va a emocionarse con el cuadro macroeconómico. Ahora que ya parece que estamos en campaña electoral sin estarlo oficialmente, está bien recordar que la macroeconomía nunca será un argumento político autosuficiente.

Había llegado, como otras tantas veces, el día de la transferencia embrionaria. Diego y Virginia llevaban seis años tratando de ser padres. Tenían ya 39 y 40 años, respectivamente. Como tantas otras veces, mientras a Virginia le introducían la cánula, ellos observaban, pacientes, la pantalla de la ecografía. Pero algo nuevo sucedió ese día: cuando lanzaron el embrión hacia el útero, apareció en escena como si de un fuego artificial se tratase. Para Diego —explica por videollamada casi cuatro años después— ese fue el momento en el que realmente sintió que ese embarazo sí iba a funcionar. 

“Porque salió bien, que si llega a salir mal ni lo recordaríamos”, dicen ambos entre risas al echar la vista atrás. Su hija, que ya tiene tres años, está sentada en el regazo de él, intentando contener su impaciencia. Para ello, sus padres le han sugerido hacer un puzle. A ella le ha parecido bien y se ha puesto manos a la obra.

España está entre los países con la fecundidad más baja de Europa y también entre los que tienen la maternidad más tardía. “En el 2024, la edad media del primer hijo para las mujeres era 31,5 años y para los hombres se acercaba a los 35. A veces se centra el debate en el retraso de ellas, pero el de los hombres es igual o mayor”, señala Teresa Castro, doctora en Sociología especializada en baja fecundidad y profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Por primera vez, el número de nacimientos asociados a madres de 40 años o más ha alcanzado el 10% en España

Virginia es ese “1 de cada 10” que ha reflejado el INE en su última actualización de los datos sobre natalidad: Por primera vez, el número de nacimientos asociados a madres de 40 años o más ha alcanzado el 10% en nuestro país. Los motivos son diversos y suelen estar entrelazados.

La treintena, donde más se concentran los nacimientos

Virginia y Diego comenzaron a intentar ser padres en 2016, casi tres años después de empezar su relación. Tenían 33 y 34. “Lo intentamos de manera natural y no llegaba. Empezamos con tratamientos de fecundación in vitro en 2019. Finalmente, lo conseguimos a los 40. No imaginábamos que iba a ser tan complicado, que lo íbamos a tener que posponer tantísimo”, explican.

Precisamente, una de las explicaciones a ese histórico “1 de cada 10” que subraya el INE es el hecho de que ahora los embarazos suelen aglutinarse en la treintena, y ello hace que sea más fácil que se acaben demorando hasta la siguiente década —entre otras cosas, porque la fertilidad empieza a decaer gradualmente en esta franja de edad—. Los avances en la reproducción asistida, así como en los métodos anticonceptivos, también han jugado su papel: Las mujeres que congelan sus óvulos se han multiplicado casi por 30 en una década en España.

Los expertos explican que el “reloj social” ha cambiado pese a que el “biológico” haya permanecido inmóvil. “Ahora, en general, la gente ya no quiere ser padre o madre, por ejemplo, a los veintidós. Yo mismo tengo una hija de esa edad y le digo: ‘Vive la vida: viaja, estudia. No te pongas en ese rol’, dice Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos (CED). ”No siempre se retrasa el embarazo a estas edades por elección, sino que también hay barreras para no tenerlo antes“, señala Castro.

Cuando empiezas con los tratamientos de fertilidad, es muy difícil parar y todo gira en torno a eso

Virginia — Madre de 43 años

“Cuando empiezas con los tratamientos de fertilidad, es muy difícil parar, y todo gira en torno a eso. Mi hermana, que es madre, siempre me decía: ‘Conocerás lo que es el miedo cuando seas madre’, y yo ahora le digo: ‘Yo conocí el miedo hasta ser madre’. Fue un desgaste físico y emocional horroroso. Tenía la sensación de que mi vida se había detenido y la de todo el mundo continuaba”, cuenta ella. 

La pareja anima a todos aquellos que estén en un proceso similar a que pidan ayuda si la necesitan y a “que no se sientan culpables” por los pasos que decidan dar. “Que habéis pedido un crédito para otro tratamiento, pues ya está. Que queréis parar ya de intentarlo, pues, de verdad, también está perfecto”, apuntan.

Sin vivienda y sin la pareja adecuada

Arancha (46 años y residente en Madrid) aún no había cumplido los treinta cuando su relación de pareja se rompió. “Si hubiéramos seguido juntos, quizás lo hubiéramos intentado en torno a los treinta. No lo sé”, dice. Pese a esta nueva situación, ella estaba decidida a ser madre, aunque fuese sola. Pero había un problema: ahora vivía en un piso compartido. “Iban pasando por él distintas compañeras de piso. Evidentemente, no era el momento”, dice. 

La tardía emancipación económica y residencial de los jóvenes en España, explica el demógrafo, es otro de los factores que retrasan la formación de una familia. Los españoles se emancipan, de media, a los 30 años. Muy por detrás de, por ejemplo, algunos países nórdicos, donde lo hacen a los 22. Esto, claro, también provoca que se retrase la convivencia en pareja. “Es como una cadena de retrasos”, resume, por su parte, la doctora en Sociología.

Mi hermana se quedó embarazada. Le preparé una especie de tarta de pañales y le hice una foto. Justo al lado estaba mi montaña de medicación. Para mí es una foto dura, pero ha tenido final feliz

Arancha — 46 años

Por aquel entonces, Arancha se había abierto una cuenta vivienda —una ayuda fiscal que existió hasta 2013 orientada a facilitar la adquisición de una vivienda—, por lo que a los treinta y tres compró un piso en una cooperativa —las opciones de mercado libre eran inabordables para ella como persona soltera— e hizo dos ciclos de congelación de óvulos para preservar la fertilidad.

En esos años comenzó otra relación y quisieron esperar a obtener la vivienda antes de que ella se quedase embarazada. Sin embargo, hubo un problema administrativo con el suelo del barrio —que estaba en desarrollo— y se retrasó la construcción. Pese a que siempre se sentían a las puertas de ello (las previsiones eran siempre de meses), no podían imaginar que llegarían a tardar hasta seis años en conseguirla. Para ese momento, Arancha tenía 39.

Comenzó entonces con los tratamientos en la clínica en la que había congelado sus óvulos. Pasó un año, y otro, y otro, y nada. Lo duro que fue el proceso pasó factura en la relación y, a los 43 años, terminaron dejándolo. Tres meses después, ella siguió intentándolo sola. Finalmente, seis años después de aquel primer intento, se quedó embarazada. Ahora su hijo tiene dos años.

Resume, emocionada, lo difícil que fue aquella larga etapa con una imagen: “Mi hermana se quedó embarazada. Le preparé una especie de tarta de pañales y le hice una foto. Justo al lado estaba mi montaña de medicación. Para mí es una foto dura, pero ha tenido final feliz”.

Inestabilidad económica

Con 33 años, la vida les unió. “Nos conocimos ya mayores, y hasta que ves que con esa persona funciona… No deberías ponerte a tener hijos con cualquiera” dice Vicky (40). Dani, de la misma edad, está de acuerdo. Ella le mira y le dice: “Si tú hubieras sido una persona que no te haces cargo, y hubiese tenido claro que toda la responsabilidad caería en mí, seguramente yo no me hubiera planteado tener hijos”. “Es que el reparto de las tareas es algo fundamental”, afirma él.

El reparto de las tareas es algo fundamental

Dani y Vicky — Padres de 40 años

Esa interacción de Vicky y Dani resume a la perfección lo que los sociólogos llevan un tiempo observando. “En las encuestas que hacemos sale mucho el no tener la pareja adecuada. Tienen que coincidir en un momento en que las dos partes quieran ser padres o madres y las mujeres heterosexuales, además, andan buscando un perfil de hombre ‘cuidador’, que esté en sintonía con la idea de ellas de lo que es una pareja igualitaria”, apunta Castro. Este es, de hecho, el factor que más peso tiene.

“Hemos tenido suerte con el tema de la vivienda, porque el piso donde vivimos es heredado, pero ninguno de los dos teníamos un trabajo del todo estable. Nosotros, pese a tener que ajustarnos a veces, salíamos adelante, pero tener una persona a nuestro cargo era otra cosa”. Y sí, lo es: tener un hijo en España cuesta, de media, 758 euros al mes y aumenta un 70% la probabilidad de quedar bajo el umbral de la pobreza. 

“Yo pensaba: ‘No quiero tener que decirle a mi hijo que no puede ir a clases extraescolares o que no puedo comprar carne porque no me lo puedo permitir’”, dice ella. Cuando alcanzaron esa estabilidad, comenzaron a intentarlo. Tenían 37. Tardaron tres años en lograrlo, en su caso, de forma natural. Su bebé tiene ahora nueve meses. Las ventajas de ser padres a esa edad, sostiene Dani, es que “tienes otro grado de responsabilidad con la vida”: “En vez de amoldarse él a nosotros, nos amoldamos nosotros a él”.

Sin posibilidad de conciliar

La hija de Carme será uno de los bebés de madres de más de 50 años que figurarán en los datos que el INE publicará a finales de año sobre 2025, una cifra que se ha cuadruplicado en poco más de una década. En 2024 marcó récord: 313 nacimientos. Ella tiene 51 y su hija, un año. “Siempre había tenido la intención de ser madre, pero nunca me habría imaginado que sería así”, afirma. 

Hace siete años, la pareja de Carme falleció. Llevaban 22 años juntos. Antes de la terrible tragedia, ambos trabajaban en la misma empresa y tenían un empleo que no les permitía conciliar. Viajaban mucho. “Era muy difícil renunciar a ese trabajo, porque gracias a él podíamos tener la casa. Además, tenía un jefe que me decía que mejor una mujer que estuviese sola, sin marido, ni pareja, ni hijos. Una mujer que no estuviera atada a nada”, cuenta.

Cuando su pareja murió, ella empezó en otro trabajo. Le costó volver a estabilizarse económicamente. Hizo la solicitud para adoptar, pero le dijeron que se demoraría alrededor de cinco años. “Probé con un tratamiento de reproducción asistida mediante doble donación y fue bien”, explica.

Ahora está en paro porque, sostiene, tras “hacerle la vida imposible durante su embarazo”, la despidieron una vez finalizó su baja. “Yo pensaba que ya no pasaban estas cosas, pero sí que pasan”, afirma. A Arancha también la despidieron en una situación similar, ante lo que un antiguo jefe la volvió a contratar. En una encuesta realizada a 95.000 mujeres, el 22% aseguraron haber perdido su empleo al ser madres: una desigualdad de género que persiste y que también pesa a la hora de decidir (o no) quedarse embarazada. 

Castro explica que también existe un grupo de población que cree que la fertilidad “se mantiene más o menos igual hasta los cuarenta, y se llevan una sorpresa. Hay otro grupo que desconoce que la garantía de éxito de la reproducción asistida no es del 100%”. 

Los dos expertos creen que la maternidad y la paternidad después de los 40 va a seguir en aumento, pero de forma gradual, moderada, y están expectantes sobre cuándo tocará techo. “Estas tendencias son muy difíciles de revertir, porque todas las causas sociales y económicas que hay detrás son muy difíciles de cambiar”, aclara ella.

Tiene 35 años, trabaja en una agencia de marketing en la que cobra más bien poco y comparte piso con otras dos personas a las que evita en el pasillo para no tener que dar explicaciones sobre por qué vuelve a cenar cereales.

La semana pasada recibió la invitación para la boda de una antigua compañera de instituto y, el mismo día, el aviso de que su propietario le subirá el alquiler al finalizar el contrato. En la comida familiar del domingo pasado, su padre le preguntó cómo iba con lo de encontrar pareja.

Es posible que unos cuantos lectores se sientan identificados con lo que acaban de leer. Los estándares que definían la entrada en la adultez a finales del siglo pasado hace tiempo que saltaron por los aires. En la actualidad, la edad media del primer comprador de vivienda supera los 40 años, las mujeres tienen en promedio su primer hijo entre los 32 y los 33 años y la precariedad laboral impide trazar planes a medio plazo que impliquen grandes inversiones económicas.

Las condiciones socioeconómicas de los jóvenes adultos les ponen muy difícil cumplir con los viejos ritos de paso. No obstante, la exigencia interna de alcanzarlos permanece intacta.

La trampa del ‘empresario de ti mismo’ y la culpa individual

Resulta llamativo que el malestar derivado de no “llegar a tiempo” rara vez se ha canalizado hacia la protesta social. Por el contrario, suele traducirse, en muchos casos, en un descenso pronunciado de la propia autoestima. Este fenómeno responde a una lógica cultural profundamente arraigada en las últimas décadas.

“Esta persona que lo hace todo bien es la ficción ultraconservadora del empresario de sí mismo”, explica el filósofo y ensayista Eudald Espluga, autor del libro No seas tú mismo y del más reciente Imaginar el fin (ambos en Paidós). “El neoliberalismo no es solo un modelo económico centrado en privatizaciones, precarización y reducción de prestaciones sociales, sino que va aparejado a un modelo de subjetividad donde cada sujeto debe gobernarse a sí mismo. Este individuo tiene que aplicar la lógica empresarial a toda su existencia, desde la alimentación o el ejercicio físico hasta las relaciones personales, convirtiendo el conocimiento o los amigos en capital explotable”.

Así, cuando muchas veces este engranaje de optimización constante choca contra la realidad del mercado laboral o inmobiliario, el colapso se percibe como una falta de capacidad personal. “En la medida en que se asume que el sujeto es la medida de todas las cosas, cuando esa felicidad o estabilidad no se consiguen, la responsabilidad pertenece solo al individuo”, apunta Espluga. “Por eso las soluciones no pasan por afiliarse al Sindicato de Inquilinas o plantear un urbanismo diferente, sino por preguntarse qué puede hacer uno para ser un mejor empresario de sí mismo en lugar de cambiar las condiciones que lo llevan a sentirse un fracasado”.

Siempre imaginé que a esta edad habría encontrado a un compañero de vida. Eso, sumado a la caída de ingresos, me produce mucha frustración al sentir que no tengo control sobre aspectos fundamentales de mi vida y que estoy retrocediendo

Brenda, 37 años — diseñadora freelance

Esta lectura individualista impregna incluso a quienes ejercen un análisis crítico de la coyuntura social. La psiquiatra Marta Carmona, coautora del ensayo Malestamos (Capitán Swing, 2022), subraya la brecha existente entre la teoría y la vivencia personal. “Aunque tengas el mayor análisis macro del mundo, entiendas las condiciones estructurales y sepas perfectamente que no te emancipas porque el coste de la vivienda ha crecido mientras los salarios están estancados, a la hora de analizar tu caso concreto siempre tiendes a pensar que es culpa tuya”, explica. “Ocurre incluso en politólogos o sociólogos que se saben la teoría al dedillo: en lo macro entienden cómo opera lo estructural, pero hacia adentro la lectura sigue siendo 'soy un fracaso de persona’”.

La disociación entre la madurez mental y la realidad material

La experiencia de “ir por detrás” genera un desgaste psíquico particular debido al desencuentro entre el desarrollo vital interno y las posibilidades reales de ejecutarlo.

“Ocurre una disrupción grave cuando la demora en sentirse adulto se debe únicamente a factores materiales”, asegura Carmona. “Hay una disociación muy fuerte entre tu madurez mental, tu proceso sobre cómo entiendes el mundo y tu vivencia del momento vital respecto a tu realidad material”.

Esta brecha se traduce en situaciones cotidianas que erosionan la percepción de independencia. “Existe una conciencia constante de 'yo no debería estar aquí' o 'esto no debería ser lo que me pasa', que genera una frustración inmensa”, apunta la experta.

Pensar que nos estamos quedando atrás implica comprar un discurso sobre modelos de vida y cronologías ligadas a la productividad y a expectativas biológicas conservadoras

Eudald Espluga — filósofo y ensayista

Para quienes rondan la treintena o la cuarentena, las secuelas de este desfase se reflejan en testimonios como el de Brenda, diseñadora freelance de 37 años: “En el último año he sentido que he perdido el propósito en mi vida laboral. Llevo muchos años trabajando en un sector que ya no me llena y que no encaja con mi visión de futuro, pero haber invertido tanto tiempo en esta carrera hace que cambiar de rumbo me dé mucho miedo”, explica. “En lo personal, siempre imaginé que a esta edad habría encontrado a un compañero de vida, pero mi última relación acaba de terminar. Eso, sumado a la caída de ingresos que llevo notando hace tiempo, me produce mucha frustración al sentir que no tengo control sobre aspectos fundamentales de mi vida y que estoy retrocediendo”.

La teletienda fragmentada de las redes

Por si la situación real no fuera ya suficientemente compleja, la exposición continua a supuestas vidas ajenas a través de plataformas digitales actúa como un catalizador de la ansiedad por comparación. La observación de los logros de otras personas genera un sentimiento de frustración muy difícil de desactivar.

“Las redes sociales están jugando un papel muy importante en este aspecto”, analiza Espluga. “Hoy en día, estamos en un momento en el que casi todo el mundo ‘es influencer’ y produce contenido publicitario para vender productos. Instagram o TikTok se han convertido en una especie de teletienda muy fragmentada donde tus propios amigos o conocidos anuncian cosas o muestran estilos de vida idealizados. Al democratizarse la figura del influencer, el modelo ejerce mucha más presión porque todos creemos que podemos llegar a ese punto. La comparación entre la propia vida y la vida que supuestamente podríamos llevar adquiere un peso mucho más determinante”.

Blanca, de 36 años, evoca el impacto de medir su evolución vital frente a otros profesionales de su campo: “Estudié Comunicación Audiovisual y luego un grado de arte, pero no terminé ninguna de las dos carreras y eso me dejó una gran sensación de fracaso”, recuerda. “Cuando algunos antiguos compañeros de estudios aparecieron por mi provincia para dar un taller sobre la productora que habían montado, entré en un estado de angustia y ansiedad. Sentía que tenía que estar justificándome por no estar donde estaban ellos, como si yo no hubiese evolucionado nada. Más tarde, al cumplir los treinta, escuché a una dibujante explicar que sentía que no era lo que se esperaba de ella, pero yo pensaba que al menos ella había construido algo visible, mientras que yo no tenía ni un trabajo estable”.

Blanca recuerda haber encontrado una nota antigua en sus diarios que retrata la precocidad con la que se asimilan estas exigencias: “A los 21 años escribí que sentía que se me había pasado el arroz porque creía que debía haber demostrado una genialidad absurda desde mucho antes”, explica. “Una amiga me dijo una vez que ella estaba donde estaba porque sus decisiones la habían llevado allí y que volvería a elegir lo mismo. A mí eso me hizo sentir humillada, porque no todo el mundo decide desde el mismo lugar de claridad”.

Cuando veo a niños, siento la urgencia de tener un hijo sin ser demasiado mayor para tener la energía suficiente durante su infancia. Ahora sé que voy tarde para ese esquema

Antonio, 40 años

La fractura de los ritos de paso y el 'reloj biológico'

El retraso en el cumplimiento de las etapas tradicionales impacta de lleno en la reestructuración de los ritos de paso que históricamente señalaban el paso a la vida adulta. Sin embargo, la brecha más aguda se produce cuando la realidad social colisiona con límites biológicos insalvables.

Para Antonio, periodista de 40 años, la ruptura sentimental tras una relación larga le provocó un debate interno sobre la paternidad a una edad en la que esperaba tener esos asuntos resueltos. “Tras romper con mi pareja, me mudé de ciudad para cambiar de aires y empezar de nuevo”, relata. “Entonces me di cuenta de que encontrar una pareja con el nivel de complicidad que tenía antes resulta más complejo ahora. A mí me gustaría mucho tener hijos. Cuando veo a niños, siento la urgencia de tener un hijo sin ser demasiado mayor para tener la energía suficiente durante su infancia. Ahora sé que voy tarde para ese esquema”.

Redefinir el éxito fuera del mandato de rendimiento

Frente a la inercia de la culpa y la recomendación habitual de gestionar las expectativas a nivel privado, los expertos consultados plantean la necesidad de liberarse del concepto mismo de “retraso”.

Lo difícil es pensar en soluciones colectivas porque a todos nos cuesta no quedarnos en el análisis personal de 'hay gente de mi edad que lo ha conseguido', omitiendo que suelen contar con un poder adquisitivo o un respaldo familiar infinitamente mayor

Marta Carmona — psiquiatra

“Lo primero que debemos hacer es desechar las narrativas sobre los roles tradicionales y sobre lo que significa ir con retraso”, sostiene Espluga. “Pensar que nos estamos quedando atrás implica comprar un discurso sobre modelos de vida y cronologías ligadas a la productividad y a expectativas biológicas conservadoras. Solo cuando rompemos con ese molde que nos lleva a privatizar los malestares podemos empezar a imaginar el florecimiento en colectivo, trabajando para cambiar las condiciones de vida en lugar de lamentarnos por no haber cumplido el calendario”.

Por su parte, Carmona concluye que “lo difícil es pensar en soluciones colectivas porque a todos nos cuesta no quedarnos en el análisis personal de 'hay gente de mi edad que lo ha conseguido', omitiendo que suelen contar con un poder adquisitivo o un respaldo familiar infinitamente mayor”.

Y añade: “Al final, si no cambiamos la conversación, todo se reduce a un 'búscate la vida y apáñatelas', donde si aciertas en una serie de decisiones te irá bien y si no, será tu responsabilidad. Hasta que no abandonemos esa narrativa, será imposible construir alternativas reales para una generación a la que le han cambiado las reglas del juego a mitad de partida”.

“He llegado a un punto en que empieza a darme igual y comprendo que el no llegar también te libera”, reflexiona Blanca tras años de terapia. “Si no has llegado, pues ya está, es lo que hay. Al menos he aceptado mi contexto y me siento agradecida por las cosas que sí he vivido, sin la obligación de tener que demostrar nada a nadie”.

Quedarse en agosto de vacaciones en Madrid, como me ha pasado en los últimos años, sigue siendo un mal plan. También lo es en otras grandes ciudades de España y de Europa. El calor sofocante sin tregua con poco árbol y poca agua, los cierres del comercio, la limitación de los servicios y el vacío un poco inquietante no se ven compensados por la ausencia de atascos, el desahogo de los sitios abiertos y los minutos –desde luego, emocionantes– del eclipse al 99,9%. Pero nada de eso es lo que más destaca.

Pasear, o intentarlo, es ver a más personas dormitando en medio del calor extremo en un banco desconchado o entre cartones en una esquina donde a lo mejor hay algo de corriente. Es ver a más mujeres mayores solas, o las más afortunadas, acompañadas por una cuidadora, renqueando en medio del polvo de las obras o sentadas en un Corte Inglés de oportunidades durante horas buscando aire acondicionado o un poco de conversación.

Madrid en agosto es, sobre todo, pobreza y soledad. No son males estacionales, pero de un lado son más evidentes y del otro están agravados por la falta de servicios y el calor extremo que todo lo empeora. Puede que simplemente mirar para otro lado sea más difícil en agosto que en septiembre entre el bullicio del nuevo curso.

Las personas sin hogar y con menos opciones de refugio o de ayuda, sobre todo de voluntarios y asociaciones cívicas, merodean por calles vaciadas por los locales cerrados y el calor insoportable. Desde luego, no es algo que pase solo en Madrid. Es una escena común en ciudades europeas de todos los tamaños.

En Oxford, ciudad universitaria sin estudiantes hasta octubre y calor también extraordinario este verano, hay más personas sentadas en la acera pidiendo unas monedas o intentando dormir. En el caso británico, se añade el alcohol que degenera en tensión y peleas.

Uno de los primeros propósitos de Andy Burnham, el nuevo primer ministro británico, es acabar con la crisis que lleva a miles de personas a dormir en la calle. Se ha puesto como objetivo que no haya nadie durmiendo en Inglaterra en la calle para Navidad. Él mismo reconoce que el Gobierno no tiene recursos suficientes para hacerlo solo y que los problemas subrayacentes son complejos. Las causas requieren muchos años de esfuerzo, para entender y paliar la indigencia, la soledad y el abuso de drogas y alcohol. En Manchester, cuando Burnham era alcalde, consiguió reducir el número de personas que dormían en la calle, pero luego la cifra volvió a subir hasta niveles parecidos a cuando llegó. Lo pone como una cuestión incluso de identidad frente a la indiferencia habitual: “Esto no es lo que no somos, esto no es lo que debemos ser, nadie debe dormir en las calles británicas”, dijo Burnham esta semana.

Es, sin duda, difícil y hay muchas dudas de que Burnham vaya a lograr tan siquiera acercarse a ese objetivo ambicioso, pero que un primer ministro lo presente como prioridad nacional nada más llegar es una buena noticia de la que podríamos aprender en España. Para que cuando llegue septiembre no dejemos de mirar.

La vaga al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus, prevista per a partir del 24 d'agost, continua endavant després de no assolir-se un acord entre les parts en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears (Tamib).

En un comunicat, el sindicat UGT ha lamentat que no s'hagi pogut desbloquejar la situació. “Fa mesos que denunciam la precarietat en tots els seus aspectes, salarials, en matèria de prevenció de riscos laborals, i absolutament ningú ha fet ni solucionat res”, ha indicat un treballador afectat.

L'organització sindical ha considerat “frustrant” que cap de les parts implicades --Ajuntament i empresa-- assumeixin les seves responsabilitats per buscar una solució i acabar amb un conflicte que hauria “d'avergonyir ambdues”.

Així, han alertat que hi ha treballadors realitzant un servei especialitzat i essencial, cobert per 24 hores al dia, set dies a la setmana, durant tot l'any, per a penes el salari mínim, sense aigua potable per al seu consum al lloc de treball.

El sindicat ha qualificat de “complicat” poder assolir un acord abans de l'inici de la vaga, previst per dilluns a les 14.00 hores.

La huelga en el Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus, prevista para a partir del 24 de agosto, sigue adelante tras no alcanzarse un acuerdo entre las partes en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Balears (Tamib).

En un comunicado, el sindicato UGT ha lamentado que no se haya podido desbloquear la situación. “Llevamos meses denunciando la precariedad en todos sus aspectos, salariales, en materia de prevención de riesgos laborales, y absolutamente nadie ha hecho ni solucionado nada”, ha indicado un trabajador afectado.

La organización sindical ha considerado “frustrante” que ninguna de las partes implicadas --Ayuntamiento y empresa-- asuman sus responsabilidades para buscar una solución y terminar con un conflicto que debería “avergonzar a ambas”.

Así, han alertado que hay trabajadores realizando un servicio especializado y esencial, cubierto por 24 horas al día, siete días a la semana, durante todo el año, por apenas el salario mínimo, sin agua potable para su consumo en el puesto de trabajo.

El sindicato ha calificado como “complicado” poder alcanzar un acuerdo antes del inicio de la huelga, previsto para el lunes a las 14.00 horas.

Más de dos millones de jóvenes de entre 16 y 29 años —el 27% del total— están en riesgo de pobreza y exclusión social. Y uno de cada cinco vive por debajo del umbral de la pobreza, según el XVI Informe El Estado de la pobreza, que elabora cada año la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES).

En este informe, que recoge datos de 2025, el grupo de edad de 16 a 29 años es el único donde incrementa la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) respecto al año anterior. Este ha aumentado en 0,8 puntos porcentuales, del 26,2 al 27%.

Hay varias causas que explican estos datos, según la red. Este grupo de edad sufre una mayor tasa de desempleo (18,6%) que la población general (10,5%) pero, incluso para aquellos que tienen un puesto de trabajo, este no asegura salir del riesgo de pobreza. La temporalidad se sitúa en el 33,7% y la parcialidad, en l 26,3%. Además, “una cuarta parte de los jóvenes desempeñan trabajos por debajo de su nivel formativo”, señala el informe.

Entre los jóvenes que logran emanciparse, el riesgo de pobreza alcanza el 23,9%. Uno de los factores que tensan la estabilidad económica es la vivienda, a la que dedican casi la mitad de sus ingesos. Según un informe de CCOO, publicado esta semana, desde 2018, los salarios de los trabajadores de entre 25 y 29 son los que más han aumentado desde 2018, pero se lo come el aumento del precio del alquiler y la compraventa. “La cuestión fundamental es si los salarios de los jóvenes son suficientes para poder vivir”, plantea el sindicato.

El informe de la EAPN-ES señala también una “transmisión intergeneracional de la pobreza”. Es decir, la brecha que se genera entre aquellos jóvenes que no cuentan con apoyo o patrimonio familiar y los que sí. Por eso, “la pobreza juvenil no puede entenderse como una situación puntual ni como una etapa de transición, sino como la consecuencia de desigualdades que comienzan mucho antes de la juventud y que se van acumulando a lo largo del ciclo vital”, indica el trabajo.

Este miércoles, 12 de agosto, es el Día Internacional de la Juventud y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES), reclama políticas públicas que actúen ante la situación de pobreza en la que se encuentran los jóvenes en España.

Un cóctel que amenaza la salud mental de los jóvenes

Por ello, y coincidiedo con el Día Internacional de la Juventud, que se celebra este miércoles, la EAPN-ES solicita una ampliación del parque de vivienda pública asequible —en línea con otras entidades, como el Consejo de la Juventud de España—, empleos de calidad, un refuerzo de la protección social y la garantía de ingresos. Asimismo, entre sus objetivos se encuentran la atención a la salud mental y la erradicación de la aporofobia.

El estado de incertidumbre económica y la falta de estabilidad en áreas como la vivienda o el empleo, tiene consecuencias directas en la salud mental y en el bienestar de los jóvenes. La EAPN-ES asegura que estas circunstancias incrementan el malestar psicológico en los jóvenes afectados por ellas: “La juventud no es el futuro de la lucha contra la pobreza; es el presente de sus consecuencias. Romper el ciclo de la pobreza exige escuchar a quienes la viven y construir respuestas públicas junto a ellas”.

La UGT Serveis Públics ha registrat la convocatòria de vaga indefinida a partir del 24 d'agost al centre sanitari animal de Son Reus davant la “falta absoluta” de solució per la “greu precarietat laboral i inseguretat”.

El sindicat ha lamentat en una nota de premsa que l'empresa responsable del servei i l'Ajuntament de Palma han “ignorat” les seves demandes, malgrat els múltiples comunicats que els han fet arribar.

Entre altres qüestions, des d'UGT han criticat que es mantinguin les nòmines dels professionals en el salari mínim interprofessional (SMI) i que les seves condicions en matèria de prevenció de risc i salut laboral “continuen sense ser millorades”.

Segons el seu parer, és “inhòspit” que el personal no tingui a disposició “ni aigua per beure en ple 2026”. “Això és ridícul”, han subratllat.

Així, han advertit els responsables polítics que mentre els treballadors “pateixin unes condicions de treball segures i dignes”, resulta “materialment impossible” garantir que la cura dels animals compleixi amb els estàndards mínims de qualitat i amb la legislació vigent en matèria de benestar animal.

La UGT va formalitzar una proposta per impulsar el I Conveni Col·lectiu del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal, sobre la qual continua esperant resposta.

UGT Servicios Públicos ha registrado la convocatoria de huelga indefinida a partir del 24 de agosto en el centro sanitario animal de Son Reus ante la “falta absoluta” de solución por la “grave precariedad laboral e inseguridad”.

El sindicato ha lamentado en una nota de prensa que la empresa responsable del servicio y el Ayuntamiento de Palma han “ignorado” sus demandas, a pesar de los múltiples comunicados que les han hecho llegar.

Entre otras cuestiones, desde UGT han criticado que se mantengan las nóminas de los profesionales en el salario mínimo interprofesional (SMI) y que sus condiciones en materia de prevención de riesgo y salud laboral “siguen sin ser mejoradas”.

A su entender, es “inhóspito” que el personal no tenga a disposición “ni agua para beber en pleno 2026”. “Esto es ridículo”, han subrayado.

Así, han advertido a los responsables políticos que mientras los trabajadores “carezcan de unas condiciones de trabajo seguras y dignas”, resulta “materialmente imposible” garantizar que el cuidado de los animales cumpla con los estándares mínimos de calidad y con la legislación vigente en materia de bienestar animal.

UGT formalizó una propuesta para impulsar el I Convenio Colectivo del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal, sobre la cual sigue esperando respuesta.

Comisiones Obreras (CCOO) ha llamado a que los “buenos” datos económicos de los últimos años, marcados por la mejora del empleo, “no eclipsen” la situación de “precariedad” en la que se encuentran los jóvenes cántabros. Según ha advertido este jueves el sindicato, para poder acceder a una vivienda para poder acceder a una vivienda de 80 metros cuadrados, los jóvenes tienen que destinar el equivalente a 10,9 años de su salario íntegro, cuya media se sitúa en 1.570 euros brutos al mes en el caso de los menores de 35 años.

Así lo ha manifestado la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, este miércoles en rueda de prensa, que ha presentado el informe 'Situación Sociolaboral de la Juventud 2026', junto a la secretaria de Jóvenes, Andrea Garay.

CCOO ha subrayado que la banca exige 50.904 euros de ahorros para poder acceder a una hipoteca, por lo que los jóvenes necesitan de ayuda familiar.

Según ha señalado el sindicato, en el caso de los menores de 30 años, los contratos temporales representan el 73,2%, casi el 24% trabaja a tiempo parcial, el pluriempleo se ha disparado un 120,7%, el 83% del empleo se concentra en el sector servicios y existen brechas de género en todos los indicadores, con peores datos para las mujeres; a lo que se suma que la vivienda es “inaccesible”.

Así lo ha manifestado la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, este miércoles en rueda de prensa, que ha presentado, junto a la secretaria de Jóvenes, Andrea Garay, el informe 'Situación Sociolaboral de la Juventud 2026', que pone de manifiesto que la mejora del empleo juvenil todavía no se ha traducido en la posibilidad de construir un proyecto de vida autónomo.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, Mantecón ha destacado que el empleo y el desempleo han tenido mejoras “relevantes” para este sector, con 35.450 personas jóvenes trabajando en 2025 (4.400 más que el año anterior), una tasa de empleo que supera el 44% y un paro que se sitúa en el 11%.

En este punto, ha subrayado que prácticamente una de cada cuatro personas jóvenes trabaja a tiempo parcial (un 23,7%, más de 13 puntos por encima de la media), mientras que el pluriempleo se ha más que duplicado en el último año y afecta a 927.

Asimismo, ha lamentado que, debido a la escalada de los precios de la vivienda -cuyo precio de compra alcanzó los 2.121 euros por metro cuadrado a finales de 2025-, la emancipación es una “misión imposible” y cuando los jóvenes consiguen independizarse el precio de la vivienda les lleva el sueldo.

Todo esto hace que el acceso a la vivienda sea el “gran desafío” de la juventud de Cantabria, donde “solo” el 14,5% de las personas jóvenes están independizadas (uno de cada siete), según datos de 2024.

Por su parte, Garay ha coincidido con Mantecón en que el principal “cuello de botella” sigue siendo la vivienda. “La juventud de Cantabria está mejorando en el mercado laboral, pero todavía no consigue convertir esa mejora laboral en un proyecto de vida autónomo”, ha concluido la sindicalista, que ha reclamado empleo de calidad y vivienda asequible para que una generación pueda “trabajar, emanciparse, formar un hogar y desarrollar su proyecto de vida en Cantabria”.

El cor de la zona turística de Cala de Bou té, des de fa anys, un halo fantasmagòric. La decadència d’aquest tram del litoral sud-oest de l’illa d’Eivissa ha estat progressiva: bars i negocis van anar abaixant la persiana quan un altre model turístic, menys vinculat al turisme de masses i de famílies, va començar a triomfar. L’antic terreny que acollia el Gorila Hippy Market n’és un símbol. Aquesta sensació de declivi no abandona el barri, que fa tot just tres setmanes va viure el desallotjament d’una desena de treballadors que malvivien en una estructura abandonada i plena de grafits, que ja forma part del paisatge ruïnós de Punta Xinxó.

Es tracta d’un terreny que va servir d’allotjament a més d’un centenar de treballadors de la indústria turística i que s’ha posat a la venda per 35 milions d’euros -a través d’un portal immobiliari digital- mentre que la mercantil Cala Xinxó S.L. litiga amb l’Ajuntament per obtenir la llicència que li permeti acabar de construir l’hotel. La societat ha declinat fer declaracions sobre la situació de l’edifici o el procés judicial. D’altra banda, una desena dels desallotjats de Punta Xinxó han migrat ara a l’espai de 10.000 metres quadrats que fins fa deu anys constituïa una atracció turística, encara que de curta vida.

En un matí enganxós d’agost, dos d’ells resen sobre unes estoretes que han estès a terra. No arriben a la mitja dotzena, tot i que al migdia és probable que la majoria siguin als seus llocs de treball. Aquest diari ha intentat parlar amb alguns per preguntar-los per la situació en què viuen. Tanmateix, prefereixen no fer cap comentari al respecte, al·legant que es tracta d’una propietat privada. Es mostren visiblement nerviosos i molestos pel fet d’estar, una vegada més, en el focus mediàtic, ja que cada vegada que es desmantella un assentament se’n construeix un altre perquè la qüestió de fons -la crisi residencial- continua sense resoldre’s.

Una veïna de la zona, que prefereix no ser identificada, explica que a l’antic mercadet hippie hi viuen una vintena de persones i que les primeres van començar a arribar-hi fa uns quatre mesos, abans del desallotjament de Punta Xinxó. Afirma que no hi ha problemes de convivència, ni de cap altre tipus, amb els residents. El problema, assenyala, és que el recinte funciona des de fa anys com a abocador il·legal.

Els desallotjats que viuen en un antic mercadet

“Sí, són d’origen senegalès, van entrar quan van desallotjar l’hotel de Punta Xinxó, però no donen problemes”, assenyala una treballadora d’un establiment de records dels voltants, sense aprofundir gaire en la qüestió. El juliol del 2013, i durant només uns anys, el recinte va començar a funcionar com a mercadet hippie, després que la mercantil Fifty, S.L. obtingués els permisos municipals per explotar a la parcel·la un bar-restaurant, un cafè-concert, una sala de festes sense atraccions i dos locals destinats a la venda de productes artesanals. Tanmateix, fa una dècada que a la propietat s’hi acumulen vehicles abandonats, materials i altres objectes pesants que han portat els veïns, preocupats, a denunciar la situació a través de la Línia Verda de l’Ajuntament de Sant Josep.

Chris Langley, que fa més de quatre dècades que resideix a Cala de Bou, a Sant Josep de sa Talaia, creu que l’Ajuntament -per resoldre la situació de Punta Xinxó i del Gorila Hippy Market- podria “adquirir ambdues propietats a preu de mercat utilitzant fons europeus i estatals”. “Així se solucionaria el problema d’arrel i es podrien crear instal·lacions públiques i zones verdes”, afegeix a aquest diari. En aquest sentit, considera que la crisi d’habitatge dels treballadors de temporada es podria mitigar si l’Ajuntament cedís sòl públic de la seva propietat “per crear espais de convivència i llogar habitacions a un preu mínim” d’uns 300 euros.

Chris Langley, veí de Cala de Bou, considera que la crisi d’habitatge dels treballadors de temporada es podria mitigar si l’Ajuntament cedís sòl públic de la seva propietat “per crear espais de convivència i llogar habitacions a un preu mínim” d’uns 300 euros

Chris Langley — Veí de Cala de Bou

“Com a mesura d’emergència, es podrien instal·lar mòduls prefabricats amb habitacions individuals, cuina comunitària, banys i una sala comuna”, sosté aquest veí, que opina que l’Ajuntament només hauria d’aportar el terreny i comptar amb el suport de l’IBAVI -Institut Balear de l’Habitatge, que depèn del Govern- per finançar la instal·lació “aprofitant els fons europeus o els plans autonòmics que ja existeixen per a habitatge”.

L’alcalde parla d’“alberg il·legal”

L’alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, explica, en declaracions a elDiario.es, que en el passat alguns dels treballadors van demanar ajuda econòmica per abandonar l’illa, i que l’Ajuntament els la va proporcionar. Així respon quan se li pregunta si els Serveis Socials de l’Ajuntament han facilitat algun tipus de prestació als desallotjats de l’hotel de Punta Xinxó, alguns dels quals han acabat a l’antic mercadet hippie. A més, aclareix que no es tracta de persones sense recursos i que el consistori fa el que pot en funció de les competències que té -i entre les quals no hi ha l’habitatge-. “Tothom té feina, tothom té ingressos”, afirma sobre el perfil dels residents.

D’altra banda, nega que el que està passant al Gorila Hippy Market sigui un nou assentament de barraques, sinó que probablement es tracta d’un “alberg il·legal”. “No hi ha un assentament: hi ha una persona que s’està aprofitant d’una situació que tenim avui dia d’escassetat d’habitatge”, afirma. Roig explica que han parlat amb els nous ocupants de l’espai i que tots els han comunicat que “estan pagant un lloguer, de manera que crec que el que s’està fent és aprofitar una circumstància”. “Si no és així, ens agradaria que la propietat desallotgés aquesta zona”.

No hi ha un assentament: hi ha una persona que s’està aprofitant d’una situació que tenim avui dia d’escassetat d’habitatge

Vicent Roig — Alcalde de Sant Josep de sa Talaia

En aquest sentit, argumenta que estan actuant per dues vies: la urbanística i la d’activitats. Aquesta última via és la que permetria desallotjar el recinte en cas que estigui funcionant com a alberg il·legal, aclareix l’alcalde. El propietari ha dit que els residents disposen fins i tot de dutxes, així com de diferents espais, afegeix Roig, en referència a unes declaracions fetes al Periódico de Ibiza y Formentera.

Així mateix, l’alcalde opina que els mateixos empresaris del sector turístic, a vegades, intenten mitigar la crisi d’habitatge oferint allotjament als seus treballadors. “És important tenir-ho en compte”, assegura, i afegeix que alguns d’aquests treballadors amb qui han parlat reconeixen que els han ofert llogar habitacions per un preu d’entre 300 i 400 euros al mes. “Qui rebutja o no vol aquestes opcions crec que no té cabuda a l’illa en aquest moment”, conclou Roig.

Acampats en un bosc

A poc més d’un quilòmetre d’aquesta zona s’ha format un petit assentament de barraques, a la zona costanera entre Cala de Bou i Port des Torrent. Una treballadora d’una botiga explica que a la zona hi viuen treballadors sahrauís, però que això ja passava abans del desallotjament de l’hotel abandonat de Punta Xinxó.

Ahmed té vint anys i fa tot just tres dies que ha arribat a Eivissa per començar una temporada més treballant en el sector de l’hostaleria. Durant els pròxims mesos atendrà els clients del buffet de l’Ibiza Gran Hotel, un dels establiments de luxe de Marina Botafoc, mentre dorm en una tenda de campanya al costat d’una quinzena més de treballadors del mateix origen, en aquesta zona boscosa propera a Port des Torrent.

Ahmed té vint anys i fa tot just tres dies que ha arribat a Eivissa per començar una temporada més treballant en el sector de l’hostaleria. Durant els pròxims mesos atendrà els clients del bufet de l’Ibiza Gran Hotel, un dels establiments de luxe de Marina Botafoc, mentre ell dorm en una tenda de campanya al costat d’una quinzena més de treballadors sahrauís

Ve d’Elx i a l’octubre, quan acabi l’estiu, tornarà a la seva terra. És un dels centenars de treballadors procedents del Sàhara Occidental que, segons explica, han arribat els darrers anys a l’illa per treballar principalment en el sector de l’hostaleria i que ara es troben amb una temporada més en què l’allotjament s’ha convertit en un problema.

No és la primera vegada que aquest jove sahrauí es trasllada per treballar a la Pitiüsa. Des de fa uns anys torna per ocupar el seu lloc de treball als voltants de l’anomenada ‘milla d’or’ d’Eivissa, per la concentració de negocis i urbanitzacions de luxe. Al bosc on s’han instal·lat, fa temps que els empleats dels negocis dels voltants són testimonis que hi ha persones vivint-hi. La responsable d’un restaurant proper assegura que viuen en furgonetes i tendes de campanya, tot i que sense molestar els veïns.

Ahmed confessa que podria accedir a una de les habitacions que els ofereixen a l’establiment hoteler on treballa per uns 400 euros mensuals, però també explica que aquest import, al cap dels mesos, és «molts diners». Totes les persones allotjades en aquesta parcel·la de pins i savines, en habitatges precaris construïts amb lones i tendes de campanya, tenen la necessitat d’estalviar per, quan tornin a casa, ajudar les seves famílies.

Una illa sense lloc per als seus treballadors

Anteriorment, els temporers d’origen sahrauí solien establir-se en uns terrenys situats a sa Carroca -a prop de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep- i en els situats just darrere de la ITV del Recinte Firal, a la perifèria de Vila (com es coneix la ciutat d’Eivissa). Però les actuacions dels equips de govern per fer desaparèixer la imatge de barraquisme dels municipis que governen han provocat que el sector més precari de la població busqués altres alternatives. Una precarietat que els ha portat a viure en condicions infames per la manca d’habitatge, malgrat la demanda de mà d’obra a la indústria turística.

Pel que sembla, el petit assentament de barraques del carrer de Conca ja existia abans que l’Ajuntament de Sant Josep desallotgés, a finals de juliol, l’esquelet en ruïnes del que podria haver estat un complex hoteler de luxe a Punta Xinxó. L’ocupació de la construcció sí que va generar malestar i queixes entre els veïns i els propietaris i treballadors dels comerços contigus per les males olors que desprenia el terreny.

El petit assentament de barraques del carrer de Conca ja existia abans que l’Ajuntament de Sant Josep desallotgés, a finals de juliol, l’esquelet en ruïnes del que podria haver estat un complex hoteler de luxe a Punta Xinxó

Van ser les persones que hi vivien les que es van anar traslladant cap a la propietat privada del Gorila Hippy Market després de sentir els tambors del desallotjament, en un espai on al llarg dels anys s’han intentat desenvolupar diversos projectes empresarials sense que cap arribés a quallar.

L’actual propietari del terreny ja protestava el 2021 perquè no entenia les queixes dels veïns i assegurava que netejava el terreny “un cop al mes”, segons declaracions al Periódico de Ibiza y Formentera. Entre els seus plans hi havia de construir-hi un Parc Hotel, per al qual va començar a tramitar els permisos necessaris amb l’Ajuntament, tot i que va reconèixer que vendre el terreny també era una opció que tenia sobre la taula. El propietari ha declinat fer valoracions per a aquest reportatge.

Pel que fa a la presència de turismes abandonats, l’empresari va culpar un antic empleat que s’encarregava de cuidar les instal·lacions, segons publicava el mateix mitjà local. Fins i tot va arribar a acusar aquest treballador de cobrar diners “a esquena seva”, motiu pel qual va acabar acomiadant-lo i pel qual alguns dels vehicles es van quedar a la propietat. En aquell moment, ja hi havia persones vivint a l’espai que la figura de King Kong, que donava nom a l’extint mercadet, continua presidint. Pel que fa als residents, el propietari va assegurar que n’estava “plenament al corrent” i va especificar que es tractava d’empleats seus que cuidaven la zona davant de possibles ocupacions o robatoris.

Durant anys, els projectes per donar un ús a la finca han topat amb les queixes dels veïns d’una de les urbanitzacions contigües, segons fonts properes a empresaris de la zona. L’alcalde de Sant Josep assegura que la propietat estaria llogant l’espai als assentats, la majoria d’origen senegalès, perquè hi visquin. En cas que no fos així, demana al propietari que desallotgi el recinte.

Durant anys, els projectes per donar un ús a la finca han topat amb les queixes dels veïns d’una de les urbanitzacions contigües. L’alcalde de Sant Josep assegura que la propietat estaria llogant l’espai als assentats perquè hi visquin. En cas que no fos així, demana al propietari que desallotgi el recinte

Assenyala, així mateix, que “la falta de col·laboració” dels propietaris dels terrenys facilita que aquests assentaments es mantinguin en el temps. Una situació que també atribueix a Paquita ‘Marsan’, la casera dels famosos, i propietària dels terrenys boscosos de Port des Torrent a través d’una de les seves societats. Així, l’alcalde considera necessari que les administracions, les empreses i els propietaris dels terrenys col·laborin per evitar que les persones expulsades d’un assentament acabin ocupant-ne un altre. Tant el Gorila Hippy Market com el terreny boscós del carrer de Conca són dos dels punts on s’ha reproduït aquesta situació. Paquita ‘Marsan’ no ha respost a les preguntes d’aquest diari sobre quina és la situació del terreny del carrer de Conca.

Però més enllà de les situacions particulars de cadascú, el desallotjament judicial d’un assentament és, en molts casos, l’avantsala de l’ocupació d’un altre, perquè les causes estructurals -l’escassetat d’habitatge i els preus elevats del lloguer- que empenyen les persones a viure en condicions de precarietat residencial es mantenen intactes. En els darrers anys, especialment després de la pandèmia, s’ha produït un fenomen nou a Eivissa: la proliferació d’assentaments de barraques. Els assentaments de l’illa comparteixen una mateixa contradicció: en un lloc on cada vegada més espais es transformen per atraure inversions i visitants amb un alt poder adquisitiu, les persones que treballen i sostenen l’economia local tenen cada vegada més dificultats per trobar un lloc digne on viure.

El corazón de la zona turística de Cala de Bou, tiene, desde hace años, un halo fantasmagórico. La decadencia de este tramo del litoral suroeste de la isla de Eivissa ha sido progresivo: bares y negocios fueron echando el cerrojo cuando otro modelo turístico, menos vinculado al turismo de masas y de familias, empezó a triunfar. El antiguo terreno que albergaba el Gorila Hippy Market es un símbolo de ello. Esa sensación de declive no se deshace del barrio, que vivió hace apenas tres semanas el desalojo de una decena de trabajadores que malvivían en una estructura abandonada y grafiteada que ya forma parte del ruinoso paisaje en Punta Xinxó.

Se trata de un terreno que sirvió como morada de más de un centenar de trabajadores de la industria turística, y que se ha puesto a la venta por 35 millones de euros -a través de un portal inmobiliario digital- mientras que la mercantil Cala Xinxó S.L. litiga con el Ayuntamiento para obtener la licencia que le permita terminar de construir el hotel. La sociedad ha declinado hacer declaraciones sobre la situación del edificio o el proceso judicial. Por otro lado, una decena de los desalojados en Punta Xinxó han migrado ahora al espacio de 10.000 metros cuadrados que hasta hace diez años constituía una atracción turística, aunque de corta vida.

En una pegajosa mañana de agosto, dos de ellos oran sobre unas esterillas que han extendido en el suelo. No suman más de media docena, aunque a pleno mediodía probablemente la mayoría se encuentren en sus puestos de trabajo. Este diario ha intentado hablar con algunos de ellos para preguntarles por la situación en la que viven. Sin embargo, prefieren no hacer ningún comentario al respecto, alegando que se trata de una propiedad privada. Se encuentran visiblemente nerviosos y molestos por estar, una vez más, en el foco mediático, pues cada vez que se desmantela un asentamiento se erige otro debido a que la cuestión de fondo –la crisis habitacional– sigue sin resolverse.

Una vecina de la zona, que prefiere no ser identificada, explica que en el antiguo mercadillo hippie residen una veintena de personas, y que las primeras empezaron a llegar hace unos cuatro meses, antes del desalojo de Punta Xinxó. Afirma que no hay problemas de convivencia, ni de ningún otro tipo, con los moradores. El problema, señala, es que el recinto funciona desde hace años a modo de vertedero ilegal.

Los desalojados que moran en un antiguo mercadillo

“Sí, son de origen senegalés, entraron cuando desalojaron el hotel de Punta Xinxó, pero no dan problemas”, señala una trabajadora de un souvenir de los alrededores, sin ahondar mucho en la cuestión. En julio de 2013, durante apenas unos años, el recinto empezó a funcionar como un mercadillo hippie, después de que la mercantil Fifty, S.L. obtuviera los permisos municipales para explotar en la parcela un bar-restaurante, un café-concierto, una sala de fiestas sin atracciones y dos locales destinados a la venta de productos artesanales. Sin embargo, hace una década que en la propiedad se acumulan vehículos abandonados, materiales y otro tipo de objetos pesados que han conducido a los vecinos, preocupados, a denunciar la situación a través de la Línea Verde del Ayuntamiento de Sant Josep.

Chris Langley, quien lleva más de cuatro décadas residiendo en Cala de Bou, en Sant Josep de Sa Talaia, cree que el Ayuntamiento –para resolver la situación de Punta Xinxó y el Gorila Hippy Market– podría “adquirir ambas propiedades a precio de mercado utilizando fondos europeos y estatales”. “Así se solucionaría el problema de raíz y se podrían crear instalaciones públicas y zonas verdes”, añade a este diario. En este sentido, valora que la crisis de vivienda de los trabajadores de temporada se podría mitigar si el Ayuntamiento cediera suelo público de su propiedad “para crear espacios de convivencia y alquilar habitaciones a un precio mínimo” de unos 300 euros.

Chris Langley, vecino de Cala de Bou, valora que la crisis de vivienda de los trabajadores de temporada se podría mitigar si el Ayuntamiento cediera suelo público de su propiedad “para crear espacios de convivencia y alquilar habitaciones a un precio mínimo” de unos 300 euros

Chris Langley — Vecino de Cala de Bou

“Como medida de emergencia, se podrían instalar módulos prefabricados con habitaciones individuales, cocina comunitaria, baños y un salón común”, sostiene este vecino, que opina que el Ayuntamiento solo tendría que aportar el terreno y apoyarse en el IBAVI –Instituto Balear de la Vivienda, que depende del Govern– para costear la instalación “aprovechando los fondos europeos o los planes autonómicos que ya existen para vivienda”.

El alcalde habla de “albergue ilegal”

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, explica, en declaraciones a elDiario.es, que en el pasado algunos de los trabajadores pidieron ayuda económica para abandonar la isla, y que el Ayuntamiento se la proporcionó. Así responde al ser consultado sobre si Servicios Sociales del Ayuntamiento ha facilitado algún tipo de prestación a los desalojados del hotel de Punta Xinxó, algunos de los cuales han terminado en el antiguo mercadillo hippie. Además, aclara que no se trata de personas sin recursos y que el Consistorio hace lo que puede en base a las competencias que tiene -y en las que no entra vivienda-. “Todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo tiene ingresos”, asevera sobre el perfil de los moradores.

Por otro lado, niega que lo que está sucediendo en el Gorila Hippy Market sea un nuevo poblado chabolista sino que se trata probablemente de un “albergue ilegal”. “No hay un asentamiento: hay una persona que se está aprovechando de una situación que tenemos hoy por hoy de escasez de vivienda”, afirma. Roig explica que han hablado con los nuevos ocupantes del espacio, y que todos ellos les han comunicado que “están pagando un alquiler, con lo cual, creo que lo que se está haciendo es aprovechar una circunstancia”. “Si no es así, nos gustaría que la propiedad desalojara esta zona”.

No hay un asentamiento: hay una persona que se está aprovechando de una situación que tenemos hoy por hoy de escasez de vivienda

Vicent Roig — Alcalde de Sant Josep de sa Talaia

En este sentido, argumenta que están actuando por dos vías: urbanística y de actividades. Esta última vía es la que permitiría desalojar el recinto en caso de que esté funcionando como albergue ilegal, aclara el alcalde. El propietario ha dicho que los moradores disponen incluso de duchas, así como de diferentes espacios, añade Roig, en referencia a declaraciones realizadas a Periódico de Ibiza y Formentera.

Asimismo, el alcalde opina que los propios empresarios del sector turístico, en ocasiones, intentan mitigar la crisis de vivienda ofreciendo alojamiento a sus trabajadores. “Es importante tenerlo en cuenta”, asegura y añade que algunos de estos trabajadores con los que han hablado reconocen que les han ofrecido el alquiler de habitaciones por un precio de entre los 300 y 400 euros al mes. “Quien rechaza o no quiere estas opciones creo que no tiene cabida en la isla en este momento”, zanja Roig.

Acampados en un bosque

A pocos más de un kilómetro de esta zona se ha formado un pequeño poblado chabolista, en la zona costera entre Cala de Bou y Port des Torrent. Una trabajadora de una tienda explica que en la zona viven trabajadores saharauis, pero que ello ya ocurría antes del desalojo del hotel abandonado en Punta Xinxó.

Ahmed tiene 20 años y hace apenas tres días que ha llegado a Eivissa para empezar una temporada más trabajando en la hostelería. Durante los próximos meses atenderá a los clientes del buffet del Ibiza Gran Hotel, uno de los establecimientos de lujo de Marina Botafoch, mientras él duerme en una tienda de campaña junto a otra quincena de trabajadores del mismo origen, en esta área boscosa próxima a Port des Torrent.

Ahmed tiene 20 años y hace apenas tres días que ha llegado a Eivissa para empezar una temporada más trabajando en la hostelería. Durante los próximos meses atenderá a los clientes del buffet del Ibiza Gran Hotel, uno de los establecimientos de lujo de Marina Botafoch, mientras él duerme en una tienda de campaña junto a otra quincena de trabajadores saharauis

Viene de Elche y en octubre, cuando termine el verano, regresará a su tierra. Es uno de los cientos de trabajadores procedentes del Sáhara Occidental que, según cuenta, llegaron durante los últimos años a la isla para trabajar principalmente en la hostelería y que ahora se encuentran con una temporada más en la que el alojamiento se ha convertido en un problema.

No es la primera vez que este joven saharaui se traslada para trabajar en la pitiusa. Desde hace unos años vuelve para ocupar su puesto de trabajo en las proximidades de la conocida como ‘milla de oro’ de Eivissa, por la concentración de negocios y urbanizaciones de lujo. En el bosque en el que se han instalado hace tiempo que los empleados de los negocios de los alrededores son testigos de que hay personas viviendo en su interior. Una encargada de un restaurante cercano asegura que viven en furgonetas y tiendas de campaña, aunque sin molestar a los vecinos.

Ahmed confiesa que podría acceder a una de las habitaciones que les ofrecen en el establecimiento hotelero donde trabaja por unos 400 euros mensuales, pero también expresa que ese importe, al final de los meses, es “mucho dinero”. Todos los alojados en esta parcela de pinos y sabinas en infraviviendas construidas a partir de lonas y tiendas de campaña tienen la necesidad de ahorrar para, cuando vuelvan a casa, ayudar a sus familiares.

Una isla sin sitio para sus trabajadores

Anteriormente, los temporeros de origen saharaui solían establecerse en unos terrenos situados en sa Carroca –cerca de Sant Jordi de ses Salines, término municipal de Sant Josep– y en el ubicado justo detrás de la ITV del Recinto Ferial, en la periferia de Vila (como se conoce a la ciudad de Eivissa). Pero las actuaciones de los equipos de gobierno para hacer desaparecer la imagen chabolista de los municipios en los que legislan ha provocado que el sector más precario de la población buscara otras alternativas. Una precariedad que les ha llevado a vivir en condiciones infames por la falta de vivienda, pese a la demanda de mano de obra en la industria turística.

Al parecer, el pequeño núcleo chabolista de la calle de Conca ya existía previamente a que el Ayuntamiento de Sant Josep desalojara, a finales de julio, el esqueleto en ruinas de lo que pudo haber sido un complejo hotelero de lujo en Punta Xinxó. La ocupación de la construcción sí que generó malestar y quejas entre los vecinos y los propietarios y trabajadores de comercios contiguos por los hedores que desprendía el terreno.

El pequeño núcleo chabolista de la calle de Conca ya existía previamente a que el Ayuntamiento de Sant Josep desalojara, a finales de julio, el esqueleto en ruinas de lo que pudo haber sido un complejo hotelero de lujo en Punta Xinxó

Fueron las personas que vivían allí quienes se fueron marchando hacia la propiedad privada del Gorila Hippy Market tras escuchar tambores de desalojo donde a lo largo de los años se han intentado desarrollar varios proyectos de negocio sin que ninguno llegara a cuajar.

El actual dueño del terreno ya protestaba en 2021 al no comprender las quejas de los vecinos y aseguró limpiar el terreno “una vez cada mes”, según declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera. Entre sus planes estaba construir en el perímetro un Parque Hotel para el que empezó a tramitar los permisos necesarios con el Ayuntamiento, aunque reconoció que vender el terreno también es una opción que tiene encima de la mesa. El propietario ha declinado realizar valoraciones para este reportaje.

Sobre la presencia de turismos abandonados, el empresario culpó a un antiguo empleado que se encargaba de cuidar las instalaciones, como publicaba el mismo medio local. Incluso llegó a acusar a este trabajador de cobrar dinero “a sus espaldas”, motivo por el que terminó despidiéndole y por el que algunos de los vehículos se quedaron en la propiedad. En ese momento, ya había personas viviendo en el espacio que la figura de King Kong, que daba nombre al extinto mercadillo, sigue presidiendo. Respecto a los moradores, el propietario aseguró que estaba “en pleno conocimiento” y especificó que se trataba de empleados suyos que cuidaban la zona ante posibles ocupaciones o robos.

Durante años, los proyectos para dar uso a la finca han chocado con las quejas de los vecinos de una de las urbanizaciones colindantes, según fuentes próximas a empresarios de la zona. El alcalde de Sant Josep asegura que la propiedad estaría alquilando el lugar a los asentados, la mayoría de origen senegalés, para que vivan allí. En caso de que no fuera así, pide al dueño el desalojo del recinto.

Durante años, los proyectos para dar uso a la finca han chocado con las quejas de los vecinos de una de las urbanizaciones colindantes. El alcalde de Sant Josep asegura que la propiedad estaría alquilando el lugar a los asentados para que vivan allí. En caso de que no fuera así, pide al dueño el desalojo del recinto

Señala, asimismo, que “la falta de colaboración” de los propietarios de los terrenos facilita que estos asentamientos se mantengan en el tiempo. Una situación que también achaca a Paquita ‘Marsan’, la casera de los famosos, y propietaria de los terrenos boscosos de Port des Torrent a través de una de sus sociedades. Así, el alcalde valora la necesidad de que administraciones, empresas y propietarios de terrenos colaboren para evitar que las personas expulsadas de un asentamiento terminen ocupando otro. Tanto el Gorila Hippy Market como el terreno boscoso de la calle Conca son dos de los puntos donde se ha reproducido la situación. Paquita ‘Marsan’ no ha respondido a las preguntas de este diario sobre cuál es la situación del terreno de la calle de Conca.

Pero más allá de las situaciones particulares de cada uno, el desalojo judicial de un asentamiento es, en muchos casos, la antesala de la ocupación de otro, porque las causas estructurales –la escasez de vivienda y los elevados precios del alquiler– que empujan a las personas a vivir en condiciones de precariedad residencial permanecen intactas. En los últimos años, especialmente después de la pandemia, se ha dado un fenómeno nuevo en Eivissa: la proliferación de poblados barraquistas. Los asentamientos de la isla comparten una misma contradicción: en un lugar donde cada vez más espacios se transforman para atraer inversiones y visitantes con alto poder adquisitivo, quienes trabajan y sostienen la economía local tienen cada vez más dificultades para encontrar un lugar digno en el que vivir.

Mi madre tiene uno de esos relojes inteligentes (odio llamarlos así) que te miden las horas de sueño, si has alcanzado los 10.000 pasos diarios y todas esas cosas. Si no ha cumplido los objetivos, le manda mensajes tipo: “¡Todavía estás a tiempo de alcanzar tu meta diaria!”, “¡Vamos! Solo te quedan 2.000 pasos!”, o “tu calidad de sueño ha sido un poco peor que la de ayer”.

Recuerdo que acabé borrando la aplicación de Duolingo porque el búho de las narices no paraba de darme la brasa con que no hacía lo suficiente. Me recriminaba que llevaba tres días sin practicar mi inglés, que iba a perder mi racha, que así no iba a subir de nivel. Lo que me faltaba. Por si no fuera suficiente con mi voz interior, ahora va a venir el búho a recordarme lo mal que lo estoy haciendo.

Si abro Instagram, la historia se repite. Aquí el lenguaje ya es pelín más agresivo. Decenas de creadores de contenido: entrenadores online, nutricionistas, influencers, psicólogos, gurús del bienestar, te lanzan un: “Lo estás haciendo mal”.

“¿Te sientes hinchada después de comer? Estás comiendo mal”, “¿No puedes conciliar el sueño? Te estás yendo a la cama mal”, “¿Tienes ojeras hasta el suelo? Estás usando el retinol mal”, “¿Te duelen los lumbares, las caderas, las rodillas y sientes que tu cuerpo apenas puede sostenerte? Estás entrenando mal. Mal. Mal. Mal. Prueba estos tres tips”.

Por supuesto, también me culpo por su existencia, porque tengo que aprender a no exigirme tanto, a tratarme mejor. Resulta que esto también lo hago mal. Y en este bucle infinito, empiezo a pensar de dónde sale esa vocecilla, qué la alimenta

Mientras sube el nivel de las aguas negras del pozo de la culpa, convencida de que no duermo bien porque miro pantallas antes de irme a la cama, de que mi dermatitis crónica se debe a que no sé gestionar bien el estrés o que me duele terriblemente la espalda porque no dedico tiempo a activar el core, me doy cuenta de que dentro de mi cabeza vive una pequeña tirana. Una que me abronca constantemente. Incluso en los peores momentos, cuando estoy triste, agotada, o sobrepasada, me dice: “Por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa”.

Por supuesto, también me culpo por su existencia, porque tengo que aprender a no exigirme tanto, a tratarme mejor. Resulta que esto también lo hago mal. Y en este bucle infinito, empiezo a pensar de dónde sale esa vocecilla, qué la alimenta. ¿Estuvo siempre ahí? ¿Y si no fuera mía? ¿Y si es la voz de un sistema que nos hace creer que todo nuestro malestar es responsabilidad individual para que no nos dé por mirar hacia arriba?

Porque claro, si mirásemos, aparecerían los trabajos precarios, la inestabilidad laboral, la preocupación por si el casero te subirá el alquiler el mes que viene, la falta de tiempo para pasear o estar con tus seres queridos, la hiperconectividad que nos hace tener que estar disponibles continuamente, la multitarea que merma nuestra capacidad de concentración, la angustia por el auge del fascismo, el racismo y el machismo, el clima de violencia política y social...

Sospechar de la baja del compañero de trabajo en lugar de reconocernos en su dolor y unirnos para exigir unas condiciones más humanas, no solo nos convierte en una especie de policías del sistema, sino que acaba con la posibilidad de solidaridad y empatía

Y es que un sistema que consigue convencernos de que todo nuestro malestar se debe a nuestros propios fallos, no necesita defenderse. Se empodera mientras nos señala con el dedo y cambia la dirección de la vigilancia hacia nosotros mismos y hacia nuestros semejantes. Sospechar de la baja del compañero de trabajo en lugar de reconocernos en su dolor y unirnos para exigir unas condiciones más humanas, no solo nos convierte en una especie de policías del sistema, sino que acaba con la posibilidad de solidaridad y empatía. Nos convierte en seres más solitarios y aislados.

Me gusta pensar que una pequeña forma de rebelión pueda ser decirnos: “Lo estás haciendo bien. Haces lo que puedes. Intentas ser buena gente, ganarte la vida, cuidar y ser feliz. No es nada fácil y ahí estás, intentándolo. Está bien”.

Contra la optimización constante de la vida, los contadores de pasos y horas de sueño o los algoritmos que nos exigen más, más y más, quizá poder dedicarnos unas pocas palabras amables sea una acción más que significativa.

Así que con estas palabras me despido hasta septiembre, queridos lectores. Descansen, manden a paseo al búho del Duolingo, paseen por el placer de hacerlo, permítanse no ser una mejor versión de sí mismos, rían, coman rico, disfruten de la familia y los amigos. Lo están haciendo bien.

El dispositiu policial estava preparat des de les vuit del matí. Un vigilant de seguretat barrava el pas al carrer des Caló, a Cala de Bou, al municipi de Sant Josep de sa Talaia. A pocs metres s'hi distingien un furgó i dos cotxes de la Policia Local. A l'esquerra hi ha els apartaments Playa Bella; al darrere, l'Hotel Vibra Riviera; i, a la dreta, les plantes d'una gran estructura de formigó inacabada. És a dir, un hotel en ruïnes que mai no va arribar a ser-ho. Es tracta, de fet, d'una zona molt turística que desemboca a la badia. Als voltants de Cala de Bou hi ha diversos apartaments turístics i hotels de la cadena Vibra, del grup Hiperion Hotel Group, com també quatre hotels del Concept Hotel Group: Paradiso Ibiza Art Hotel, Grand Paradiso Ibiza, Romeo’s Ibiza i Los Felices.

Fins aquest dijous, aquesta estructura a mig construir també havia estat la llar i el refugi d'almenys un centenar de persones sense sostre. Si durant la jornada d'ahir encara n'hi quedava una desena, aquest matí només n'han sortit quatre, després que agents de la Policia Local i de la Guàrdia Civil executessin l'ordre judicial de desnonament. Per fer-ho, la Guàrdia Civil ha desplegat una quinzena de vehicles a l'interior del recinte, que ha estat acordonat, i s'ha barrat el pas a periodistes, fotògrafs i equips de televisió. Al final del carrer hi ha dues carpes amb tècnics dels Serveis Socials de l'Ajuntament. També s'hi han desplaçat Felicia Bocú, regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Litoral, i el batle, Vicent Roig, que també és responsable de les àrees de Policia Local, Promoció Turística i Urbanisme.

Assentaments de barraques

En els darrers anys, especialment després de la pandèmia, a Eivissa s'ha produït un fenomen nou: la proliferació d'assentaments de barraques. Els assentaments de l'illa no tenen el mateix origen històric ni la mateixa dimensió que les faveles brasileres o les villas miseria argentines. Tanmateix, comparteixen un tret característic de les ciutats sotmeses a una forta pressió immobiliària: la coexistència d'espais concebuts per atreure capital i població amb un alt poder adquisitiu amb d'altres on les persones que sostenen l'economia local tenen cada vegada més dificultats per accedir dignament a un habitatge.

Paradoxalment, allò que havia estat projectat per convertir-se en un hotel amb 400 suites i una discoteca a l'aire lliure amb capacitat per a 4.000 persones ha acabat essent refugi de persones sense llar que, en alguns casos, treballen per a la indústria turística. En el cas de l'edifici de Punta Xinxó, és propietat del grup Acintur, a través de la societat mercantil Cala Xinxó S.L., que manté un litigi amb l'Ajuntament per poder acabar de construir l'hotel, després que hagués caducat la llicència de què disposava. Les obres es van paralitzar l'any 2010, en plena crisi immobiliària.

De moment, l'empresa ha contractat una empresa de seguretat privada, que ha instal·lat sistemes d'alarma i vigilància permanent a l'edifici per evitar que s'hi torni a accedir. A més, ha anunciat que dilluns començaran els treballs de neteja, retirada de residus i demolició de les estructures improvisades que els ocupants havien construït a l'interior, segons ha informat el batle. Al perímetre de la sortida de l'edifici encara són visibles algunes de les barraques que s'havien instal·lat a les diferents plantes.

“Aquesta estructura és una vergonya per a Cala de Bou”, opina Albert Colomer, president de la Comunitat de Veïns de Punta Pinet, situada als voltants de l'hotel en ruïnes. Colomer ha explicat que els veïns de la zona feia temps que reclamaven una solució al consistori a causa de la sensació d'“inseguretat” i de les males olors que patien. “La situació era insostenible. Obrir una finestra a la nit era horrible per la pudor”, ha assegurat. Segons el seu testimoni, la gran majoria dels residents eren treballadors, però hi havia un petit nombre de persones que causava molèsties als veïns, fet que en algunes ocasions va desencadenar discussions. També lamenta que, en el passat, el lloc havia estat un focus de venda al detall de substàncies estupefaents.

Aquesta estructura és una vergonya. La situació era insostenible. Obrir una finestra a la nit era horrible per la pudor

Albert Colomer — President de la Comunitat de Veïns de Punta Pinet

Possible demolició

Els veïns reclamen, finalment, l'enderroc de l'edifici, tot i que, de moment, no hi ha acord entre Acintur i l'Ajuntament perquè l'empresa vol acabar el projecte. Roig ha respost que la llicència d'obres està caducada. En aquest sentit, el batle ha recordat que l'empresa va recórrer judicialment la decisió municipal de declarar la caducitat de la llicència i que el procediment continua en la jurisdicció contenciosa administrativa. Ha afegit que, si els tribunals confirmen la decisió del consistori, el pas següent serà decretar la demolició de l'edifici. El cost l'haurà d'assumir l'empresa, tant si executa directament l'enderroc com si ho fa l'Ajuntament de manera subsidiària.

elDiario.es ha intentat obtenir la versió d'Acintur, però el grup no havia respost al correu electrònic en el moment de publicar aquesta notícia. Aquest diari també ha intentat parlar aquest divendres al matí amb un representant de l'empresa, però aquest ha declinat fer declaracions als mitjans. “La intenció del propietari és construir. Sabem que estan en litigi amb l'Ajuntament. Tot fa pensar que tindrem aquesta estructura deu anys més”, lamenta Colomer.

Precarietat dels treballadors

El desallotjament no resol la situació de precarietat en què viuen centenars de treballadors. Aquest espai es va convertir en un nou assentament després del desallotjament de sa Joveria, l'abril d'enguany. Hi convivien centenars de persones, la majoria sahrauís, en un nucli que va acabar configurant-se com el principal assentament de barraques de l'illa, després dels desallotjaments de Can Rova durant els estius de 2024 i 2025.

Consultat per aquest diari sobre el perfil de les persones desallotjades, el batle, Vicent Roig, ha manifestat que es tracta de situacions molt diverses: hi ha persones amb la documentació regularitzada i d'altres que no la tenien, com també persones de diferents nacionalitats, entre les quals sahrauís i senegalesos. A més, ha assenyalat que la majoria eren treballadors temporers i que alguns havien sol·licitat ajuda per abandonar l'illa, una assistència que, segons ha explicat, l'Ajuntament els hauria facilitat a través dels Serveis Socials.

D'altra banda, molt a prop de l'edifici de Punta Xinxó hi ha el Gorila, un antic mercadet hippy que hauria estat ocupat per algunes de les persones desallotjades. “No hi ha cap assentament: hi ha una persona que s'està aprofitant de la situació d'escassetat d'habitatge”, ha afirmat Roig, que ha afegit que, pel que sembla, el propietari d'aquest espai estaria cobrant un lloguer d'entre 300 i 400 euros mensuals a cadascuna de les persones que han decidit traslladar-s'hi.

En aquest sentit, el batle ha assegurat que, com en la resta de casos, s'actuarà “per les vies urbanística, mediambiental i d'activitats”, en considerar que en aquest indret s'hi desenvolupa una activitat d'alberg sense autorització.

Així mateix, ha anunciat que l'Ajuntament portarà el cas als tribunals per l'ús indegut de l'immoble. També ha recordat que, a l'inici de la legislatura, van intentar negociar amb la propietat per adquirir el terreny i convertir-lo en un espai públic, tot i que les pretensions econòmiques van ser, segons ha dit, “absolutament abusives”. Amb tot, ha afirmat que continuen oberts a la negociació.

El dispositivo policial estaba preparado ya desde las ocho de la mañana. Un vigilante de seguridad cerraba el paso en la calle Es Caló, en Cala de Bou, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia. A unos pasos se vislumbra un furgón y dos coches de la Policía Local. Al lado izquierdo están los apartamentos Playa Bella; detrás, el Hotel Vibra Riviera, a la derecha, las plantas de una mole de hormigón sin acabar. Es decir, un hotel en ruinas que nunca llegó a serlo. Es, de hecho, una zona muy turística que desemboca en la bahía. En los alrededores de Cala de Bou hay varios apartamentos turísticos y hoteles Vibra, del Hiperion Hotel Group, así como cuatro hoteles del Concept Hotel Group: Paradiso Ibiza Art Hotel; Grand Paradiso Ibiza, Romeo’s Ibiza y Los Felices.

Hasta este jueves esta estructura a medio hacer también ha sido morada y refugio de al menos un centenar de personas sin techo. Si durante la jornada de ayer todavía quedaban una decena, esta mañana han salido apenas cuatro personas, después de que agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil ejecutaran la orden de desahucio judicial. Para ello la Benemérita ha desplegado una quincena de vehículos en el interior de la finca, que está acordonada, y a la que han cerrado el paso a periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión. Al final de la calle hay dos carpas con técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Se han desplazado al lugar Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral, y el alcalde, Vicent Roig, que también tiene las carteras de Policía Local, Promoción Turística y Urbanismo.

Poblados barranquistas

En los últimos años, especialmente después de la pandemia, se ha dado un fenómeno nuevo en Eivissa: la proliferación de poblados barraquistas. Los asentamientos de la isla no tienen el mismo origen histórico ni la misma dimensión que las favelas brasileñas o las villas miseria argentinas. Sin embargo, comparten un rasgo característico de las ciudades sometidas a una intensa presión inmobiliaria: la coexistencia de espacios concebidos para atraer capital y población de alto poder adquisitivo con otros en los que quienes sostienen la economía local encuentran cada vez mayores dificultades para acceder dignamente a una vivienda.

Paradójicamente, lo que estaba proyectado para ser un hotel con 400 suites y una discoteca al aire libre con capacidad para 4.000 personas ha terminado siendo refugio para personas sin hogar que, en ocasiones, trabajan para la industria turística. En el caso del edificio de Punta Xinxó, es propiedad del grupo Acintur a través de la mercantil Cala Xinxó S.L., que está litigando con el Ayuntamiento para acabar de construir el hotel, después de que haya caducado la licencia de la que disponían. Las obras se paralizaron en 2010, en plena crisis inmobiliaria.

De momento, la empresa ha contratado a una empresa de seguridad privada, que ha instalado sistemas de alarma y vigilancia permanente en el edificio para evitar que se vuelva a acceder a él. Además, ha anunciado que el lunes comenzarán los trabajos de limpieza, retirada de residuos y demolición de las estructuras improvisadas que los ocupantes habían construido en el interior, según ha informado el alcalde. En el perímetro de la salida del edificio todavía son visibles algunas de las chabolas que se colocaron en las plantas.

“Esta estructura es una vergüenza para Cala de Bou”, opina Albert Colomer, presidente de la Comunidad de Vecinos de Punta Pinet, ubicada en los alrededores del hotel en ruinas. Colomer ha explicado que los vecinos de la zona reclamaban hace tiempo una solución al Consistorio debido a la sensación de “inseguridad” y los malos olores que sufrían. “La situación era inaguantable. Abrir una ventana por la noche era horrible por el olor”, ha asegurado. Según su testimonio, la gran mayoría de los huéspedes eran trabajadores, pero había un pequeño número de personas que causaba molestias a los vecinos, lo que en ocasiones desencadenó discusiones. Se queja, además, que en el pasado fue un foco de menudeo de sustancias estupefacientes.

Esta estructura es una vergüenza. La situación era inaguantable. Abrir una ventana por la noche era horrible por el olor

Albert Colomer — Presidente de la Comunidad de Vecinos de Punta Pinet

Posible demolición

Los vecinos reclaman, finalmente, el derribo del edificio, aunque por el momento no hay acuerdo entre Acintur y el Ayuntamiento porque la empresa quiere terminar el proyecto. Roig ha respondido que la licencia de obra está caducada. En este sentido, el alcalde ha recordado que la empresa recurrió judicialmente la decisión municipal de declarar la caducidad de la licencia y que el procedimiento continúa en el ámbito contencioso-administrativo. Ha añadido que, si los tribunales confirman la decisión del Consistorio, el siguiente paso será decretar la demolición del edificio. El coste tendría que asumirlo la empresa, tanto si la ejecuta directamente, como si lo hace el Ayuntamiento de forma subsidiaria.

elDiario.es ha intentado recabar la versión de Acintur, pero el grupo no ha respondido al correo electrónico en el momento en que se publica esta noticia. Este diario ha intentado hablar con un representante de la empresa este viernes por la mañana, pero ha declinado hacer valoraciones a la prensa. “La intención del propietario es construir. Sabemos que están en litigios [con el Ayuntamiento]. Pinta que tendremos esta estructura 10 años más”, lamenta Colomer.

Precariedad de los trabajadores

El desalojo no resuelve la situación de precariedad en la que viven centenares de trabajadores. Este espacio se convirtió en otro asentamiento tras el desalojo de sa Joveria en abril de este año. Convivían centenares de personas, la mayoría saharauis, en un núcleo que se terminó configurando como el mayor poblado chabolista de la isla, desde los desalojos de Can Rova en los veranos de 2024 y 2025.

Consultado por este diario, el alcalde Roig ha manifestado, sobre el perfil de la personas desalojadas, que viven situaciones muy diversas: hay personas con documentación regularizada y otras que no la tenían, así como diferentes nacionalidades, entre ellas saharauis y senegaleses. Además, ha señalado que la mayoría eran temporeros y que algunos habían solicitado ayuda para abandonar la isla, asistencia que el Ayuntamiento habría facilitado a través de Servicios Sociales.

Por otro lado, muy cerca del edificio de Punta Xinxó se encuentra el Gorila, un antiguo mercadillo hippie que habría sido ocupado por algunas de las personas desalojadas. “No hay un asentamiento: hay una persona que se está aprovechando de la situación de escasez de vivienda”, ha dicho Roig y ha añadido que, al parecer, el propietario de este espacio estaría cobrando un alquiler de entre 300 y 400 euros mensuales a cada persona que ha decidido trasladarse a esta zona.

En este sentido, el alcalde ha manifestado que, como en el resto de casos, se actuará “por las vías urbanística, medioambiental y de actividades”, al entender que allí se desarrolla una actividad de albergue sin autorización. Asimismo, ha anunciado que el Ayuntamiento llevará el caso a los tribunales por el uso indebido del inmueble. También ha recordado que al inicio de la legislatura intentaron negociar con la propiedad para adquirir el terreno y convertirlo en un espacio público, aunque las pretensiones económicas fueron, según ha dicho, “absolutamente abusivas”. Aun así, ha afirmado que siguen abiertos a negociar.

L'associació Stop Desnonaments Mallorca ha interposat aquest dimarts una denúncia contra el propietari dels habitatges infradignes i dels trasters situats als soterranis de l'avinguda Joan Miró de Palma, on malviuen desenes de persones en situació de vulnerabilitat. Es tracta d'un policia local que va ser detingut per llogar il·legalment aquests habitacles i va ser suspès de sou i feina arran d'aquests fets. El Govern balear li va imposar, a més, una multa de dos milions d'euros per l'explotació d'aquests infrahabitatges, però continua, segons denuncia l'entitat, cobrant lloguers i pressionant per buidar els habitacles.

La querella, registrada davant el jutjat de guàrdia, s'adreça contra Barama Nesa, la societat mercantil de la qual el policia és administrador únic, i li atribueix la presumpta comissió d'un delicte d'estafa processal, a més d'haver actuat en frau de llei i amb abús de dret.

La denúncia es presenta pocs dies abans de l'execució de dos desnonaments previstos a l'immoble situat al número 24B de l'avinguda Joan Miró, on resideixen diverses famílies. Segons Stop Desnonaments, un d'aquests llançaments estaria directament relacionat amb la presumpta estafa processal denunciada, motiu pel qual ha sol·licitat al jutjat la seva suspensió cautelar.

L'associació sosté que la mercantil hauria desenvolupat una estratègia “deliberada i de mala fe” per induir a error el jutjat sobre l'aplicació de la normativa vigent després de la finalització de la moratòria antidesnonaments. Al seu parer, l'objectiu hauria estat evitar l'aplicació de la Llei estatal pel Dret a l'Habitatge i el tràmit previ de mediació exigit en determinats supòsits.

Stop Desnonaments afegeix que, en cas que l'Administració assumís el pagament del lloguer d'una de les famílies vulnerables, els fons públics acabarien beneficiant una empresa que, assegura, acumula “quantioses multes”. L'organització sosté que aquesta circumstància explicaria el suposat interès del propietari a mantenir el cobrament d'uns lloguers que considera irregulars i eludir les conseqüències derivades de les sancions administratives.

Pel que fa al segon llançament previst a l'edifici, l'entitat afirma que afecta una altra família la situació de vulnerabilitat de la qual ja hauria estat reconeguda judicialment, tot i que el jutge no va suspendre el procediment per la seva interpretació de la legislació aplicable. En qualsevol cas, la plataforma té previst presentar aquest dimarts un nou escrit sol·licitant la paralització cautelar del desnonament.

A més d'aquest front judicial, Stop Desnonaments denuncia que les famílies residents en aquests soterranis continuen patint talls dels subministraments bàsics i acusa l'Ajuntament de Palma de desenvolupar una estratègia d'“assetjament institucional”. En concret, sosté que treballadors socials municipals han acudit als habitatges amb l'objectiu de convèncer els afectats que el desallotjament és “inevitable”, una actuació que l'organització considera destinada a “desmoralitzar” les famílies.

Tres desnonaments previstos per a dijous

La plataforma també ha alertat d'altres tres procediments de desnonament recents, entre ells el d'una família que resideix en un habitatge de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) i el llançament de la qual està previst per a aquest dijous.

Segons explica l'associació, els afectats van romandre a l'immoble per tenir cura de la titular del contracte de lloguer, la seva padrina, ja difunta. Stop Desnonaments considera que l'Ibavi hauria d'haver estudiat la possibilitat d'autoritzar la subrogació del contracte a favor de la família.

L'entitat també denuncia presumptes irregularitats en la tramitació del procediment judicial. Assegura que la família està sense procurador des del novembre, quan la professional que la representava va causar baixa, i que el jutjat no n'ha designat cap substitut mentre continuava la tramitació de l'expedient. Per aquest motiu, ha sol·licitat la nul·litat de les actuacions i la suspensió del llançament a l'empara de la moratòria antidesnonaments, escrits sobre els quals, segons afirma, encara no ha rebut resposta.

L'organització recorda, així mateix, que dilluns passat es van aconseguir paralitzar altres dos desnonaments, un que ja estava programat i un altre comunicat, segons assegura, amb menys de dues hores d'antelació. Stop Desnonaments atribueix aquestes suspensions a la mobilització veïnal i fa una crida a la ciutadania perquè es concentri i intenti impedir els tres llançaments previstos per a aquest dijous.

De fet, el pròxim diumenge 26 hi ha convocada una manifestació per denunciar l'encariment de l'habitatge i reclamar mesures davant la dificultat d'accés a un habitatge digne, en un context de creixent tensió pels preus del lloguer i de la compravenda.

Des de fa anys, Balears acusa amb duresa els efectes de l'especulació immobiliària, la voracitat dels fons d'inversió, la polarització econòmica i la turistificació: l'arxipèlag és la comunitat autònoma que registra els majors encariments dels preus en la compravenda d'immobles i on més anys de salari es requereixen per poder afrontar l'adquisició d'una llar.

Aquest nou front judicial coincideix, precisament, amb la convocatòria d'una manifestació pel dret a l'habitatge prevista per al pròxim diumenge a Palma, en un moment en què l'accés a un sostre s'ha convertit en un dels principals conflictes socials de les Illes. L'escalada dels preus del lloguer i de la compra afecta ja treballadors de pràcticament tots els sectors, des de cambrers i personal sanitari fins a docents, mentre que les persones amb menys recursos es veuen empeses a viure en habitatges infradignes, caravanes o, directament

La asociación Stop Desahucios Mallorca ha interpuesto este martes una denuncia contra el propietario de las infraviviendas y trasteros situados en unos sótanos de la avenida Joan Miró de Palma, donde malviven decenas de personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de un policía local que ya fue detenido por arrendar ilegalmente estos habitáculos y fue suspendido de empleo y sueldo a raíz de estos hechos. El Govern balear le impuso además una multa de dos millones de euros por la explotación de estas las infraviviendas, pero continúa, como denuncia la entidad, cobrando alquileres y presionando para vaciar los habitáculos.

La querella, registrada ante el juzgado de guardia, se dirige contra Barama Nesa, la sociedad mercantil de la que el policía es administrador único, y le atribuye la presunta comisión de un delito de estafa procesal, además de haber actuado en fraude de ley y abuso de derecho.

La denuncia se presenta a escasos días de la ejecución de dos desahucios previstos en el inmueble del número 24B de la avenida Joan Miró, donde residen varias familias. Según Stop Desahucios, uno de esos lanzamientos estaría directamente relacionado con la supuesta estafa procesal denunciada, por lo que ha solicitado al juzgado su suspensión cautelar.

La asociación sostiene que la mercantil habría desarrollado una estrategia “deliberada y de mala fe” para inducir a error al juzgado sobre la aplicación de la normativa vigente tras la finalización de la moratoria antidesahucios. A su juicio, el objetivo habría sido evitar la aplicación de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda y el trámite previo de mediación exigido en determinados supuestos.

Stop Desahucios añade que, en caso de que la Administración asumiera el pago del alquiler de una de las familias vulnerables, los fondos públicos acabarían beneficiando a una empresa que, asegura, acumula “cuantiosas multas”. La organización sostiene que esa circunstancia explicaría el supuesto interés del propietario en mantener el cobro de unos alquileres que considera irregulares y eludir las consecuencias derivadas de las sanciones administrativas.

Respecto al segundo lanzamiento previsto en el edificio, la entidad afirma que afecta a otra familia cuya situación de vulnerabilidad ya habría sido reconocida judicialmente, aunque el juez no suspendió el procedimiento por su interpretación de la legislación aplicable. En cualquier caso, la plataforma tiene previsto presentar este martes un nuevo escrito solicitando la paralización cautelar del desahucio.

Además de este frente judicial, Stop Desahucios denuncia que las familias residentes en estos sótanos continúan sufriendo cortes de suministros básicos y acusa al Ayuntamiento de Palma de desarrollar una estrategia de “acoso institucional”. En concreto, sostiene que trabajadores sociales municipales han acudido a las viviendas con el objetivo de convencer a los afectados de que el desalojo resulta “inevitable”, una actuación que la organización considera destinada a “desmoralizar” a las familias.

Tres desahucios previstos para el jueves

La plataforma también ha alertado de otros tres procedimientos de desahucio recientes, entre ellos el de una familia que reside en una vivienda del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y cuyo lanzamiento está previsto para este jueves.

Según explica la asociación, los afectados permanecieron en el inmueble para cuidar de la titular del contrato de alquiler, su abuela, ya fallecida. Stop Desahucios considera que el Ibavi debería haber estudiado la posibilidad de autorizar la subrogación del contrato en favor de la familia.

La entidad también denuncia supuestas irregularidades en la tramitación del procedimiento judicial. Asegura que la familia lleva sin procurador desde noviembre, cuando la profesional que la representaba causó baja, y que el juzgado no ha designado un sustituto mientras continuaba la tramitación del expediente. Por este motivo, ha solicitado la nulidad de las actuaciones y la suspensión del lanzamiento al amparo de la moratoria antidesahucios, escritos sobre los que, según afirma, todavía no ha recibido respuesta.

La organización recuerda, asimismo, que el pasado lunes logró frenar otros dos desahucios. Uno de ellos había sido suspendido días antes gracias a una providencia judicial que Stop Desahucios considera un precedente relevante para casos similares. El lanzamiento ya había sido paralizado el pasado 7 de julio a las puertas de la vivienda y estaba previsto que se ejecutara de nuevo el día 20 con presencia policial. El segundo caso fue suspendido la misma mañana del lanzamiento tras la movilización convocada por la plataforma. Según la entidad, el juzgado no resolvió el recurso presentado hasta después de la hora prevista para el desahucio, por lo que sostienen que la concentración fue determinante para evitar su ejecución.

Cabe recordar que el próximo domingo 26 está convocada una manifestación para denunciar el encarecimiento de la vivienda y reclamar medidas frente a la dificultad de acceso a un hogar, en un contexto de creciente tensión por los precios del alquiler y la compraventa.

Desde hace años, Balears acusa con dureza los efectos de la especulación inmobiliaria, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistificación: el archipiélago es la comunidad autónoma que registra los mayores encarecimientos de los precios en la compraventa de inmuebles y donde más años de salario se requieren para poder afrontar la adquisición de un hogar.

El nuevo frente judicial coincide, de hecho, con la convocatoria de una manifestación por el derecho a la vivienda prevista el próximo domingo en Palma, en un momento en el que el acceso a un techo se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales de las islas. La escalada de los precios del alquiler y la compra afecta ya a trabajadores de prácticamente todos los sectores, desde camareros y personal sanitario hasta docentes, mientras las personas con menos recursos se ven empujadas a infraviviendas, caravanas o, directamente, a abandonar el archipiélago.

Hace tres años, el departamento de comunicación de la fundación AISGE, que gestiona los derechos de actores, bailarines, dobladores y directores de escena, publicó un informe bastante representativo de lo que sucede en todo el ámbito de la creación cultural, incluido el más importante en términos económicos y de influencia internacional, el del libro. Entre otras cosas, afirmaba que sólo el 23% de los profesionales gana más de 1.000 euros brutos al mes, que el 44% está por debajo de la línea de la pobreza y que, en consecuencia, más del 50% se ve obligado a ejercer empleos no relacionados con su profesión, con lo que eso implica (Estudio sociolaboral, 2023). El objetivo de “vivir dignamente de su trabajo se halla más cuestionado que nunca” —se decía en ese momento— y, por si eso fuera poco, la “degradación de las condiciones laborales” y la derivada “sobreoferta de productos” conducían a una “pérdida de valor de los mismos” que haría “insostenible” gran parte del sector.

Esta semana, ACE Traductores ha puesto en marcha la encuesta de su nuevo Libro blanco de la traducción editorial en España, que cuando esté concluido será el tercero de los que haya elaborado. Quien no esté informado al respecto, puede pensar que, hasta entonces, no hay forma de saber en qué situación se encuentra ese grupo de trabajadores de la cultura, que también son autónomos en su mayoría; pero, teniendo en cuenta que la precarización no ha dejado de aumentar desde la publicación del texto anterior (del año 2010), es difícil que sus conclusiones se alejen positivamente de lo que sabemos hoy: “tarifas estancadas o a la baja”, “trivialización y devaluación de la producción social”, indefensión generalizada, imposibilidad de verificar las ventas de libros (de las que dependen las liquidaciones de derechos) y lo que se definía en suma, quizá con excesiva suavidad, como “alto grado de incumplimiento de la ley de propiedad intelectual por parte de los editores”. Como resultado, más del 70% no se podía dedicar en exclusiva a su oficio cuando se publicó el Informe de valor económico de la traducción editorial (2017).

Por si les parece que los ejemplos anteriores son excepciones a la norma, añadiré algunas de las afirmaciones de la Encuesta de análisis del sector profesional de la ilustración (2025), que será la base de otro tercer libro blanco, el correspondiente a las circunstancias actuales de los ilustradores e ilustradoras de nuestro país: “ocho de cada diez” trabajadores “han visto congelados o reducidos sus ingresos desde 2019”, un 70% tiene problemas de “demora o impago por sus servicios” y una “amplia mayoría ingresa menos de 1.000 euros al mes”, lo cual explica que en el año 2005 ya se diera el caso de que el 17% de los encuestados ni siquiera ganaran lo suficiente “para cubrir los gastos de la Seguridad Social”.

Como se ve, es el mismo brete, y prácticamente en la misma gama de cifras; con dos agravantes que quizá habrán imaginado: la brecha histórica de género, imposible de cerrar con sueldos cada vez más bajos y la aparición de la IA, que está expulsando a miles de profesionales y dañando la calidad de las obras sin más utilidad real que la de aumentar los beneficios de las grandes empresas y de cuatro multinacionales.

Algunos de los que pertenecemos a dichos sectores —no cito más por falta de espacio— somos muy conscientes de que nada de lo planteado aquí tiene solución si no rompemos el silencio, nos movilizamos y desvelamos la imagen de la cultura en España, que desde luego no es la de un puñado de famosos televisivos; y al tratarse de ocupaciones tan diversas, tampoco se puede avanzar mucho si los actores, traductores, escritores, ilustradores, músicos y demás seguimos luchando estrictamente en nuestro campo, por la sencilla razón de que la propia disgregación nos resta fuerza y, de paso, impide un más que necesario intercambio de experiencias, algo particularmente grave cuando se trabaja en el mismo sitio, como sucede a menudo en el teatro. Pero, por supuesto, falta un factor esencial, el motivo de que se haya llegado a semejante situación: el desinterés de las administraciones públicas españolas, que a diferencia de casi todos los países de nuestro entorno, ni siquiera han sentado las bases de una verdadera política cultural, que pasa por conceder un tratamiento específico a los creadores y creadoras.

El grandísimo Peter Brook declaró en Between two silences que él nunca había tenido problemas de dinero a la hora de dirigir, y no porque fuera rico —que no lo era—, sino porque puenteaba la cuestión por el procedimiento de limitarse a “usar los medios disponibles”, es decir, lo que hubiera, por poco que fuese; de hecho, es lo normal cuando la creación es una forma de vida. Lamentablemente, el mundo donde dijo eso no es el mundo en el que estamos: aunque la UNESCO insista en recordar que la cultura es la clave del futuro de la humanidad (Informe mundial sobre políticas culturales), los hechos dicen que la creación ya no da ni para pagar medio alquiler en una ciudad media. Estoy seguro de que, al final, se caerá en la cuenta del tremendo error que se está cometiendo. Esperemos que no sea demasiado tarde.

Hacer frente a las vicisitudes que atraviesa el periodismo en un clima de desinformación, fake news, populismo y descrédito de los medios no es empresa fácil. Sin embargo, la Fundación Gabo, creada hace más de tres décadas para fortalecer el periodismo en Iberoamérica y preservar el legado del colombiano Gabriel García Márquez, sigue siendo un faro de guía en medio de la ventisca. Hace apenas unos días, la entidad fue reconocida con el XIV Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche. Es la primera ver que el galardón recae en esta institución de la que Jaime Abello (Barranquilla, 1958) es su director general y cofundador. “Los periodistas son personas movidas por la vocación, que entienden que prestan un servicio”, adelanta.

La Fundación Gabo se creó legalmente en 1994, a finales de junio. Su primera actividad llegó un año después, con un seminario sobre libertad de expresión y protección al trabajo periodístico en Colombia, al que le siguieron encuentros de comunicadores colombianos y venezolanos durante tensiones fronterizas entre los dos países. “Ha cambiado el mundo y ha cambiado el periodismo desde entonces, y claramente la tecnología ha sido decisiva en esos cambios”, enfatiza Abello en conversación telefónica con elDiario.es.

Desde el punto de vista de este experto en comunicación, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha generado una “reconfiguración económica, funcional y de relaciones sociales” frente al papel que tradicionalmente cumplían los medios como plataformas de comunicación y el periodismo como fuente de conocimiento de la vida cotidiana de la política y la sociedad. “Claramente, mucho de lo que alimentaba la economía de los medios y las audiencias se ha trasladado a las plataformas digitales. El periodismo está obligado, o lo ha estado, a ir revalorizando y redefiniendo su papel”, añade.

Una pregunta le ronda la cabeza desde hace un tiempo a Abello: qué es indispensable en el periodismo una vez que la comunicación se ha multiplicado al máximo y ya no es un privilegio la capacidad de comunicar de forma masiva y las redes están repletas de opiniones baratas sin demasiada elaboración. Él mismo se responde: “El valor del periodismo se resuelve en aquellos campos donde el periodismo es único, indispensable, decisivo e irremplazable. El periodismo juega una función crucial para la democracia y eso nos hace estar convencidos de que hay futuro”.

Contra la información populista

El diluvio de contenidos al que un usuario de cualquier red social se ve expuesto pasa por el hecho de que la comunicación hacia unas potenciales masas ya no requiere una intermediación mediática. Eso lo explotan bien los políticos populistas, quienes se decantan por una comunicación directa con las audiencias. “Muchos de esos mensajes que lanzan y que llegan sin filtro son pura propaganda. Eso lo vemos ahora en figuras emblemáticas como Trump, con imitadores en otras partes del mundo, quienes con gran descaro y falta de respeto a la ética comunicacional usan la mentira abiertamente como arma política”, completa Abello tras recibir el galardón promovido por la Diputación de Guadalajara, la Universidad de Alcalá de Henares, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Asociación de la Prensa de Guadalajara y el Ayuntamiento de Brihuega.

De ahí la irrupción del factchecking como modalidad de periodismo que busca preservar la capacidad de que la información sirva como elemento cívico, explica el mismo Abello. “Y tiene mucho sentido preservar ese papel porque la IA, que se erige como una alternativa aparentemente eficaz, no solo está plagada de errores, sino que actúa bajo los sesgos del algoritmo o de los intereses comerciales detrás de la empresa que la desarrolla”, defiende el experto en libertad de información.

La IA no solo está plagada de errores, sino que actúa bajo los sesgos del algoritmo o de los intereses comerciales detrás de la empresa que la desarrolla

Jaime Abello — Director general de la Fundación Gabo

Al director de la Fundación Gabo no le pasa desapercibido que la política usa la comunicación para sus propios fines y propósitos. “Básicamente, para llegar al poder y mantenerse”, abunda. Dentro de esa estrategia, el peligro aparece cuando los partidos se apoyan en “pseudomedios informativos y agentes comunicacionales”, tal y como los define, que responden a esos intereses y no a una verdadera vocación de transmitir de forma honesta y rigurosa lo que sucede.

De esta forma, aparece el dilema de cómo frenar el fenómeno. La libertad de expresión exige responsabilidad, pero hay posiciones que indican lo contrario, asume Abello. Por ejemplo, el Gobierno de EEUU ha legislado de mano de las grandes plataformas para que no haya ningún límite en torno a la libertad de expresión. Por eso, el director general de la Fundación Gabo defiende que los jueces podrían jugar un papel importante en la cuestión, “pero antes hay que perfeccionar los instrumentos jurídicos para que la desinformación dolosa tenga consecuencias”, apuntilla.

Descrédito de las instituciones

En España, la confianza de la ciudadanía en la información que publican los medios se sitúa en una nota media de un 5,4 sobre 10, el registro más bajo desde 2022, según el XXII Informe Anual de la Profesión Periodística, elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid. Desde la perspectiva de Abello, el descrédito es generalizado contra todo tipo de instituciones sociales como “parte del problema que viven las democracias”. Así lo explica: “Nuestras democracias están construidas cada vez más en el miedo. Hay una sensación general de inseguridad e incertidumbre, y dentro de eso el periodismo ha pagado su costo”. Asimismo, recalca que esta realidad también es resultado del poder que en un momento dado llegaron a manejar los medios más masivos y que no siempre fue utilizado con la honradez pertinente.

Abello se decanta por realizar un “gran esfuerzo” en reconocer que la ciudadanía debe generar unas “expectativas más razonables” a la hora de pedir resultados a la democracia. “A veces, vemos que terminamos en manos de unos líderes que aprovechan las debilidades de la democracia para instalarse en el poder y corroer sus propios mecanismos”, valora.

Mientras haya periodistas que creen que su oficio le sirve a la sociedad, existirá el periodismo

Jaime Abello — Director general de la Fundación Gabo

Ilustra la cuestión con El Salvador de Bukele: “Ha conseguido tener un país más seguro y menos democrático al violar los derechos humanos. Se intenta perpetuar en el poder y trabaja activamente contra los partidos de la oposición y los medios de comunicación”. Desde la Fundación Gabo consideran que esta estrategia de incluir al periodismo en la lista de instituciones que merecen el descrédito social es el paso previo para luego limitar y restringir desde el poder su cometido de control al propio poder.

La vocación como diferencia

Varios fenómenos no demasiado halagüeños para el periodismo libre se suceden frente a él. Por un lado, la ciudadanía ha perdido la confianza en el periodismo y prefiere informarse por redes sociales. Por otro, el periodismo crítico que trata de erigirse como factor democrático se queda sin fuentes de financiación. “Muchos medios se ven en medio de este sándwich, entre la audiencia que le pide compromiso con determinadas causas y el reclamo de imparcialidad”, profundiza Abello.

En este sentido, la Fundación Gabo enfrenta el populismo, la falta de financiación y la irrupción de la IA como desafíos a sortear en un futuro en el que será esencial un valor que marca la diferencia: “Tenemos la convicción de que los periodistas son personas movidas por la vocación, que entienden que prestan un servicio, que sienten pasión por participar de la vida pública, de contar historias y tratar de entender y explicar la realidad”.

Abello lo tiene claro. “Mientras esa llama se mantenga, habrá periodismo, aun con las dificultades y adversidades y limitaciones de todo tipo que existan. Mientras haya periodistas que creen que su oficio le sirve a la sociedad, existirá el periodismo”, exclama orgulloso. Eso es lo que les dejó encomendado hace más de 30 años el premio Nobel Gabriel García Márquez, cuya Fundación ahora recibe el mismo reconocimiento que la labor de periodistas como Lydia Cacho, Javier Espinosa, Pepa Bueno, Ramón lobo, Almudena Ariza y Martín Caparrós.

El mes de juliol va començar a Casa Lola amb la denúncia d'una agressió sexual. El presumpte agressor també va ruixar una altra persona amb gasolina, li va calar foc i li va provocar diverses cremades, segons el testimoni d'una testimoni. La Policia Local de Sant Josep de sa Talaia va enviar una patrulla dimecres passat a la nit per posar ordre i aclarir què havia passat en una propietat prou coneguda per qualsevol eivissenc. Casa Lola és un neotopònim que fa temps que apareix als mitjans de comunicació, també als d'àmbit nacional i internacional. Durant una època alternava les pàgines de societat amb les que informaven sobre la política local. La mansió on se celebraven les festes que reunien famosos i l'alta societat que estiuejava a Eivissa era il·legal. Ningú no va demanar llicència per construir-la.

Sobre aquells 9.326 metres quadrats –bungalous, piscines i terrasses– hi pesava una ordre municipal d'enderrocament que va tardar dotze anys a executar-se. Quan, finalment, hi van entrar les màquines –el 9 d'agost de 2022–, la parcel·la va entrar en una mena de letargia. Fins a la primavera passada. A l'abril, després de dos desallotjaments de campaments de barraques a la perifèria de la capital de l'illa, Periódico de Ibiza va publicar unes fotografies que evidenciaven una realitat: Casa Lola era plena de barraques. Havia estat una vil·la de luxe. Ara és una villa miseria.

L'Ajuntament de Sant Josep lamenta que la propietària de la finca no n'hagi denunciat l'ocupació davant la justícia. Sense aquest tràmit, no es podria iniciar un nou desallotjament d'infrahabitatges a Eivissa. En els darrers dos anys se n'han produït més de mitja dotzena. El pròxim ja té data i lloc: el 24 de juliol, a l'hotel en ruïnes de Punta d'en Xinxó, també al municipi de Sant Josep. Però la propietària de Casa Lola sembla jugar a un altre joc: Francisca Sánchez Ordóñez ja ha patit aquest mateix problema i, en diverses ocasions, ha contractat els serveis de D&S Desokupa per buidar les seues propietats.

Una promotora habitual als tribunals

“Tenc okupes a gairebé totes les meues propietats! A veure, tu veus com tenc ca meua, m'agraden les coses polides. Ara, quan vaig a Casa Lola, que hi vaig molt poc perquè em provoca ansietat, perquè ho han destrossat tot, s'ho han enduit tot, em van robar de tot quan hi van entrar les màquines. Aquella casa era una meravella. I ara què? Una decadència total. Això és el que ha fet l'Administració. Decadència, perquè és el que vol l'Administració. Perquè l'ésser humà és vanitós: vull el millor cotxe, la millor casa. Però gràcies també a aquestes vanitats l'Administració viu de naltros. Perquè som naltros qui mantenim l'Administració. Si no hi hagués il·lusió, estaria tot mort, com passa a Veneçuela”.

La cita correspon a una entrevista –doble– que Paquita Marsan –el malnom amb què es coneix aquesta dona, malaguenya nascuda el 1949 i promotora immobiliària durant els anys més salvatges de Marbella sota l'alcaldia de Jesús Gil y Gil– va concedir a Periódico de Ibiza. Era l'agost de 2025 i no es va estar de res. Tot i presumir de tenir amistat amb els expresidents González i Aznar, va carregar contra les institucions democràtiques: “Hem de viure de la gent que ve a Eivissa (...) Que deixin ja tanta ploma i que deixin obrir els locals aviat i de pressa, que això porta diners, i no fan res més que posar impediments!” Va atribuir tots els seus problemes judicials a un advocat que, segons ella, la va enganyar: “Em va treure un milió d'euros, però no l'he denunciat. L'he perdonat perquè no et pots quedar a la vida amb el ressentiment”. I, tal com ja havia fet en altres ocasions en el mateix mitjà de comunicació, es va justificar:

–No som una mafiosa.

Un currículum judicial interminable

L'historial judicial de Paquita Marsan és interminable i no para de créixer. Fa menys d'un mes, el 18 de juny, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) va anul·lar, per un defecte de forma, una multa de 200.000 euros per una festa celebrada a Casa Lola el juliol de 2020, en plena pandèmia. L'empresària, però, no sempre ha tengut tanta sort. Va tenir un gran ressò mediàtic el seu ingrés a presó per haver defraudat Hisenda en 867.469 euros. La Policia Nacional i l'Agència Tributària la van anar a cercar a Pacha una nit d'agost de 2013. Va passar uns mesos entre reixes fins que va obtenir el tercer grau el juny de 2014.

La majoria dels problemes judicials de Francisca Sánchez Ordóñez, tanmateix, van començar com a infraccions urbanístiques. El passat 6 de març, el TSJIB va confirmar la condemna imposada a l'empresària per no haver complit l'ordre d'enderrocar les construccions il·legals de Casa Lola. Aquell 9 d'agost de 2022, l'equip de govern –llavors una coalició entre el PSOE i forces d'esquerra– va iniciar l'enderroc pel seu compte, però ajustant-se a la llei. Dins el termini i en la forma escaient, segons decretà un tribunal que desestimà els recursos presentats. La condemna obliga la promotora a retornar el mig milió d'euros de diners públics que va costar l'enderroc. L'escena va agafar per sorpresa la seixantena d'hostes que hi havien dormit la nit anterior. Era l'última nit de Casa Lola com a agroturisme sense llicència. Així es posava punt final a una història que venia de lluny.

Des del 2011, l'empresària va ignorar els expedients sancionadors oberts per l'Ajuntament de Sant Josep. Entremig –el novembre de 2018–, l'Audiència Provincial de Palma havia condemnat Paquita Marsan i Rocío Martín –la seua filla i sòcia– a una multa de només 2.920 euros. El delicte? Haver ocupat treballadors que no estaven donats d'alta a la Seguretat Social. La Fiscalia havia demanat, sense èxit, dos anys de presó. Un altre procés llarg. La inspecció que va destapar els fets s'havia dut a terme cinc anys i mig abans, el febrer de 2013. L'octubre de 2025, totes dos dones van tornar a declarar davant l'Audiència Provincial acusades de la mateixa pràctica, amb l'agreujant que els treballadors no tenien permís de residència. La Fiscalia va tornar a sol·licitar dos anys de presó. De moment, encara no hi ha sentència.

Paquita Marsan sí que va col·laborar, en canvi, en l'enderroc de Casa Paola, un altre hotel encobert. El febrer de 2025, ja amb el PP al capdavant de l'Ajuntament de Sant Josep, va complir una ordre de demolició dictada el setembre de 2022, quan encara governaven les forces progressistes. Aquesta vil·la de luxe no podia acollir-se a cap amnistia urbanística perquè s'havia construït en sòl protegit. Fou enderrocada. Mesos més tard, amb l'arribada de l'estiu, les festes van tornar a aquella finca. Vicent Roig Tur, alcalde d'un municipi lliurat al creixement sense límits, va reconèixer que la superfície enderrocada de Casa Paola havia estat reconstruïda.

Per comentar totes aquestes qüestions, elDiario.es va intentar contactar telefònicament amb l'empresària malaguenya. També amb la seua empresa –Inversiones Hoteleras Faro SL– a través del correu electrònic. No va obtenir cap resposta.

La vida s'obre pas entre les barraques

La villa miseria no és gaire diferent d'altres que han sorgit abans a Eivissa. Tendes de campanya devora caravanes; quatre fustes i un parell de planxes per aixecar alguna cosa semblant a una caseta; cotxes i furgonetes aparcats; bombones de butà, manuelles, testos, materials de construcció, fems, roba estesa; cotxets de nadó i joguines infantils; taules i cadires de plàstic; barbacoes i fogons fumejant; respostes esquives però amables –“Lo siento corazón, pero no te puedo decir nada”–; històries d'immigrants que no tenen papers tot i tenir feina. Però, en estar construïda sobre la quadrícula d'una antiga vil·la de luxe i no damunt un descampat, l'escena és completament diferent.

És com si un fotograma de Mad Max s'hagués tenyit de verd juràssic. Davant el silenci de la propietària, a Casa Lola la vida s'obre pas. Hi ha camins pavimentats, un tancat que proporciona intimitat, arbres que fan ombra, palmeres que volen créixer, matolls exuberants i una certa lògica perquè els habitants que hi han anat arribant trobin el seu lloc, com en aquells càmpings on les velles caravanes –amb matrícules holandeses, alemanyes o franceses– devien viure els seus dies de glòria a començaments dels noranta. Fins i tot hi ha algun habitatge de formigó que va sobreviure a l'enderroc –o que es va reconstruir sense permís després– i que ara té nous inquilins. També hi ha tarifes de lloguer, o almenys això asseguren alguns dels residents. Així passa a Casa Lola, com també a Can Rova, potser el quilòmetre zero del barraquisme eivissenc.

Algú s'està lucrant a Casa Lola?

“Una parella viu en aquesta casa. Sembla que paguen 700 euros; d'allà i d'aquí, totes dues juntes”, explica na Júlia. “Allà” és una tenda de campanya que s'entreveu entre la vegetació. “Aquí”, una construcció rectangular d'uns quaranta o cinquanta metres quadrats. Plaques de guix laminat, llistons de fusta i el sostre reforçat amb una malla verda. En molts pobles d'Espanya seria un galliner. A dins, però, hi viuen tres persones. Entre elles, aquesta dona d'aspecte madur que acaba d'arribar a Eivissa.

–A mi només m'hi allotgen. Potser més amunt hi ha qui sap com funciona tot això, però jo no en sé res perquè acab d'arribar del Paraguai, no et puc dir res.

–I a qui li paguen el lloguer?

–Allà dalt hi ha l'encarregat. He sentit dir que és colombià.

Una resident assegura que una parella paga 700 euros per una “casa” més semblant a un galliner que no pas a un habitatge

Els primers okupes dormen sota sostre

Baudi i Renato conversen en portuguès. Són de Goiás, al cor de l'interior del Brasil, la zona de transició entre les riques valls de Minas Gerais i el Mato Grosso, la porta d'entrada a l'Amazònia. “És un estat sense faveles perquè, a diferència d'altres indrets del Brasil, potser més rics, allà els governants no permeten la delinqüència”, diu en Baudi. “Per mor d’això les nostres famílies no es creuen que aquesta finca estigui així, plena de gent que no té cap altre lloc on viure. És clar, la televisió només explica la part bona d'Eivissa. I saben que a nosaltres ens va bé la feina. Perquè aquí, a l'illa, hi ha feina per a qui vol treballar. I s'hi poden fer sous”, continua en Renato. Una furgoneta aparcada a pocs metres confirma que als dos brasilers no els falta feina. És plena d'eines i galledes de pintura. Ells, “sobretot a l'hivern”, es dediquen a “posar a punt vil·les”, explica en Baudi: des d'emblanquinar una paret fins a col·locar rajoles o reconstruir estructures. “Feim manteniment general”, resumeix en Renato.

Les nostres famílies no es creuen que aquesta finca estigui així, plena de gent que no té cap altre lloc on viure. És clar, la televisió només explica la part bona d'Eivissa. I saben que a naltros ens va bé la feina. Perquè aquí, a l'illa, hi ha feina per a qui vol treballar. I s'hi poden fer sous

Renato — Resident a Casa Lola

–Valtros pagau lloguer per viure a Casa Lola?

–No, naltros no –respon en Baudi.

–I viviu a la casa que tenim aquí darrere?

–Sí, tenim unes habitacions. En aquesta part hi viu gent des de fa molt de temps –contesta el seu company.

–I com hi vau poder entrar?

–El portal era obert –continua en Baudi– i, veient els preus que hi havia a l'illa, vam decidir quedar-nos aquí. S'hi estava molt bé i ja fa tres anys que hi vivim. Mai no hem tengut cap problema. Som bona gent, treballadors; hem demanat la regularització i estem esperant els papers. Des d'aleshores no hem tornat a casa. Però des que va arribar aquesta gent [assenyala la part alta de Casa Lola, on hi ha moltes de les barraques]... hi ha molts problemes. Naltros no paguem res, però allà dalt sí. Hi ha algú que hi està fent negoci. Hi ha una porta a la part del darrere de la finca per on els deixen entrar i sortir.

–I qui és que cobra allà dalt?

–No ho sé, però ens acabaran creant un problema.

El portal era obert i, veient els preus que hi havia a l'illa, vam decidir quedar-nos aquí. S'hi estava molt bé i ja fa tres anys que hi vivim. Mai no hem tengut cap problema. Som bona gent, treballadors, hem demanat la regularització i estem esperant els papers. Però des que va arribar aquesta gent [assenyala la zona alta de Casa Lola, on hi ha moltes de les barraques] hi ha molts problemes

Baudi — Resident a Casa Lola

Sense llum

El nom de la zona no enganya: Davall sa Serra. Casa Lola es va construir al vessant d'una fondalada delimitada per muntanyes baixes cobertes de pins –la Serra d'en Calaveres– i diversos pujols: el Pujolet d'en Puvil, el Puig Redó i el Puig d'en Camarles. Diversos torrents –el des Jondal i el de Can Berris– travessen un petit territori que en altres temps devia ser molt fèrtil (a la Mediterrània, allà on hi havia aigua, hi havia prosperitat). Avui, els noms de les antigues finques agrícoles –Can Cantó, Can Forn, Ca na Pepa d'en Xic, Can Miquel Francesc– es mesclen amb grans xalets equipats amb piscines de la mida d'un apartament. És un veïnat dispers que, les darreres setmanes, ha alçat la veu pel que està passant a la finca de Paquita Marsan. Des de l'anonimat, una persona denunciava a Periódico de Ibiza “l'okupació d'un habitatge” per subministrar electricitat a la vila misèria “mitjançant una connexió elèctrica il·legal”.

Al barracó d'en Daniel no hi arriba la llum. Per això fregeix amb gas uns trossos de pollastre arrebossat. Quan els tregui de la paella i els eixugui amb paper de cuina, els portarà a la seua mare i a la seua germana petita, una garrida que corr per davant de la caravana on dorm aquest paraguaià –“d'Asunción”– que fa un any que és a l'illa: “Vaig venir perquè elles ja hi eren. La meva mare i la nena van poder trobar un lloguer en un altre lloc, però jo no el vaig trobar”. En Daniel fa feina “en vil·les”. “Obra i reparacions”. Per alleujar la calor, beu tereré. El mate fred dels guaranís. Compartir-lo mentre es conversa i es divaga és tot un ritual social.