Organizaciones sindicales como CCOO y UGT, que mantienen una presencia sólida entre trabajadores con trayectorias estables, están encontrando mayores dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado laboral y a quienes ocupan posiciones más vulnerables, apuntan las conclusiones del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recogidas por Funcas.

El dato que más inquieta a las grandes centrales no es tanto la caída sostenida de la afiliación como su reparto por edades. Entre los asalariados de 25 a 44 años, solo el 18% de quienes trabajan a tiempo completo está afiliado; entre los de 45 a 64 años, el porcentaje sube al 26%. La brecha se agranda entre los jóvenes con contratos parciales: apenas un 10% está sindicalizado.

De la rebeldía democrática a la normalización de los derechos

La afiliación sindical en España lleva más de dos décadas descendiendo. A comienzos de los 2000 rondaba el 15% de los asalariados; hoy se sitúa en el 12%-13%. Para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO, comparar la afiliación juvenil actual con la de la Transición es comparar “dos mundos laborales completamente distintos”. En los años setenta el país era demográficamente joven, con incorporación temprana al trabajo, muy masculina y un gran peso industrial.

Gutiérrez explica que las reivindicaciones laborales chocaban con un régimen autoritario, “afiliarse era un acto de rebeldía democrática”. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, coincide. Durante la Transición, recuerda, había un anhelo profundo de libertad sindical. “Derechos que hoy parecen básicos —negociación colectiva, protección social, el propio Estatuto de los Trabajadores— costaron cárcel y vidas”, añade.

La conquista colectiva se ha convertido en suelo asumido. Hoy esos derechos forman parte del paisaje institucional y esa normalización tiene un efecto paradójico: reduce la percepción de urgencia. “Muchos jóvenes han crecido con esos derechos ya consolidados y no siempre identifican al sindicato como su origen”, señala Luján.

A ello se suma una particularidad del modelo nacional: no es necesario estar afiliado para beneficiarse de los convenios colectivos. Lo que reduce el incentivo formal a afiliarse y obliga a las organizaciones a redoblar esfuerzos de presencia y pedagogía. En comparación con otros países de la Europa occidental, el informe sitúa a España en una posición intermedia —similar a Alemania, Italia o Países Bajos—, lejos de los países nórdicos, donde la afiliación alcanza a dos tercios de los trabajadores.

Trabajar más tarde, trabajar peor

Gal·la Torres, recién graduada en Barcelona tras completar sus estudios universitarios —en el ámbito de las ciencias sociales—, se enfrenta ahora a sus primeros empleos. “La precariedad es una de las problemáticas comunes con las que nos enfrentamos cuando entramos al mundo laboral”, resume. A su parecer, su generación accede a trabajos marcados por contratos mal remunerados, la normalización de las horas extra y, en general, condiciones laborales poco favorables.

Samuel Albuquerque, que también acaba de finalizar su formación —en su caso, vinculada al ámbito de la empresa y la gestión— y da sus primeros pasos profesionales, añade otro ángulo al diagnóstico. “Gran parte del problema está en la poca instrucción que recibimos”, sostiene. A su juicio, durante la etapa educativa apenas se informa sobre el papel y la existencia de los sindicatos, su función en la defensa de los trabajadores o cómo pueden intervenir ante situaciones de abuso. 

El retraso en la incorporación al mercado laboral es otro elemento clave: se estudia más tiempo y se accede más tarde al mundo laboral. Y la afiliación, recuerdan los sindicatos, se produce sobre todo en los centros de trabajo. “Si te incorporas de forma tardía y además lo haces con contratos temporales, en sectores precarizados o en empresas pequeñas, el vínculo es mucho más frágil”, explica Gutiérrez.

La temporalidad no solo afectan a las condiciones laborales, sino también al sentimiento de pertenencia. Los datos respaldan esa idea: entre los mayores de 45 años, la brecha por tipo de jornada casi desaparece (24% de afiliación en parcial y 26% en completa). Entre los jóvenes, en cambio, la precariedad actúa como barrera de entrada. “Donde hay estabilidad y representación, el vínculo crece”, resume Luján.

Organizar colectivamente a trabajadores que rotan, encadenan contratos o compaginan empleo y estudios es más complejo. Gal·la lo expresa de forma directa: “Siento los sindicatos un poco lejanos, como si aún no estuviera asentada para afiliarme”. Una distancia que no nace necesariamente del rechazo, sino de la provisionalidad. Samuel tampoco se ha planteado afiliarse por ahora. “No lo descarto, pero todavía no me dedico a tiempo completo a mi profesión”, explica.

“Si sufro solo, no me sirve el sindicato”

Más allá de los factores estructurales, desde el ámbito sindical se señala un cambio cultural de fondo. “La juventud vive muchas veces sus problemas laborales de manera individual”, apunta un responsable sindical. “La precariedad se sufre en casa, con ansiedad, incluso con culpa. El reto es pasar de ese ‘yo que sufre’ a un ‘nosotros’ que organiza y politiza ese malestar”.

El joven en sus primeros pasos profesionales observa esa misma lógica en su entorno. “Aunque algunas cosas no nos gustan, las aceptamos”, reconoce Samuel. “Ese conformismo, unido al desconocimiento de los derechos laborales, actúa como freno a la sindicalización”.

A ello se suman prejuicios persistentes. “Escuchamos que [los sindicatos] ‘no sirven para nada’, que ‘solo están en grandes empresas’, que ‘están politizados’ o que ‘son cosa de gente mayor’”, explica la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura. “Muchas veces esa percepción viene de fuera. Pero cuando alguien tiene un problema concreto y recibe apoyo colectivo, cambia radicalmente”.

La estigmatización también pesa. Desde el sindicato se habla de una “criminalización de la acción sindical” en un contexto de creciente crispación política que desincentiva implicarse. “Hay quien piensa: ‘No me meto en jaleos’. Ese miedo a exponerse influye”. En la misma línea, la estudiante Gal·la, lo resume así: “Deberíamos estar más motivados a sindicalizarnos y defender algo bastante compartido: que las condiciones laborales tienen que cambiar”.

Más que salario: proyecto de vida

Las preocupaciones de la juventud no se limitan al salario. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España se situó a principios de 2026 en una tasa de paro juvenil del 25%, una de las más altas de la Unión Europea. La estudiante recién graduada defiende que: “No se trata solo de cobrar más, sino de poder imaginar un futuro digno”.

Desde el ámbito sindical, la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura amplía el foco: el problema no es únicamente la precariedad, sino también la falta de oportunidades y la emigración juvenil. “Muchos jóvenes no saben si podrán quedarse, emanciparse o consolidar un proyecto de vida. El sindicalismo también tiene que dar respuesta a un modelo productivo que no ofrece certezas”, señala.

En ese contexto, cuestiones como la vivienda, la conciliación o la salud mental han ganado peso en el debate. Pero no son ámbitos aislados. “La vivienda depende del salario. La salud mental está atravesada por la precariedad. La conciliación tiene que ver con las jornadas”, explica la dirigente sindical. “El error es separar estas luchas cuando forman parte del mismo conflicto: cómo se reparten la riqueza y el tiempo de vida”.

Samuel pone el acento en otro aspecto: la comunicación. A su juicio, los sindicatos deberían revisar qué necesidades cubrían originalmente y recuperar la idea de comunidad, más allá del acompañamiento en conflictos individuales. “Hace falta reconstruir ese sentimiento de colectivo y aprovechar mejor las herramientas actuales para llegar a la gente joven”, plantea. Y añade una clave: “Hay que poner en valor lo que aporta la cohesión a la hora de defender a los trabajadores”.

Desde el sindicato insisten en que el cambio es ineludible. “Necesitamos más presencia en sectores precarios y emergentes, mayor apertura en la toma de decisiones y más pedagogía temprana sobre derechos laborales”, señala la responsable de Juventud. “El sindicalismo del futuro no puede hablar sobre la juventud; tiene que construirse con la juventud”, concluye.

Renovarse para no envejecer

Aunque el 66% de los asalariados españoles nunca se ha afiliado a un sindicato, según los datos recogidos por Funcas, los dirigentes rechazan la idea de un declive irreversible. “El sindicalismo confederal no está en riesgo de desaparecer”, afirma Gutiérrez. Pero reconoce que está en juego su modelo: uno de carácter sociopolítico, que no solo negocie salarios, sino que intervenga en debates como vivienda, sanidad o educación, frente a un sindicalismo más corporativo y fragmentado.

El desafío para los sindicatos es demostrar que, en este nuevo contexto, la organización colectiva sigue siendo útil para disputar el reparto del salario, del tiempo y del futuro. Gutiérrez apunta a la importancia de la representación descriptiva: “Si queremos conectar con la gente joven, tenemos que abrir espacios de responsabilidad a jóvenes, que hablen su idioma y compartan experiencias vitales”. Porque, como resume Nicolás Molina, “la juventud no solo quiere trabajar; quiere poder vivir con dignidad”.

No pueden más. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en todas las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, según ha comunicado este martes. La protesta comenzará el próximo martes 7 de abril, tras la Semana Santa, y se mantendrá “el tiempo necesario hasta que se produzcan mejoras que permitan garantizar una educación de calidad en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)”.

Desde la plataforma explican sus reivindicaciones básicas, que pasan con carácter general por darle a la etapa de facto la consideración educativa que ya tiene sobre el papel –y no meramente asistencial–, pero no acaba de aplicarse, y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras (el 97% del sector son mujeres).

Para ello, PLEI exige que se mejoren las ratios de alumnos por clase, que están entre las peores de Europa, que se implemente la pareja educativa como recurso de organización pedagógica e incluir la atención temprana en el sistema con “un enfoque preventivo y no meramente diagnóstico”. “La formación continua, las recomendaciones de la Unión Europea y los expertos en neurociencia avalan todo lo que exigimos”, explica la plataforma a través de una nota.

En lo laboral, las trabajadoras de las escuelas infantiles son el colectivo docente más precario del Estado y además es una etapa en la que conviven diferentes figuras laborales y modelos de gestión, desde lo público a lo privado pasando por modelos mixtos, por lo que hay varias realidades aunque cumplan la misma función. Y todas tienen en común unos salarios bajos, cercanos al SMI (las docentes de los centros de gestión directa de las administraciones tienen mejores condiciones). Las profesoras de esta etapa viven instaladas en una especie de huelga intermitente en los últimos años, en los que han sido convocadas a parar en varias ocasiones.

Equiparación salarial

Por ello, PLEI exige la equiparación salarial entre las diferentes figuras –“no se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos”– y tipos de trabajadoras –también para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento–. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene.

El grueso de las reivindicaciones concluye con el espacio de trabajo, otro elemento a mejorar. “Queremos trabajar en escuelas seguras, espacios sin goteras, con una climatización adecuada, donde la calefacción funcione, no haya moho por todas partes y las paredes y techos no se caigan a pedazos. Con patios con sombra o toldos, persianas que funcionen y espacios exteriores pensados para vivir y no solares sin apenas naturaleza que sentir y explorar. Trabajamos con criaturas de 0-3 años, las condiciones donde permanecen la mayor parte del día son vitales para su desarrollo y salud física y emocional”, alegan.

La plataforma, que convoca los paros con el respaldo de CGT, explica que les bastaría con ser escuchadas. “Solo necesitamos que las instituciones políticas nos escuchen y hagan su trabajo, que es responsabilizarse del primer ciclo de educación infantil, creando un marco normativo a nivel estatal que unifique nuestras condiciones y garantice los recursos, tanto materiales como humanos, para poder ofrecer una educación de calidad acorde a las necesidades de estos primeros años de vida, tan importantes para el desarrollo humano. Queremos dejar de ejercer violencia institucional a la infancia por la falta de recursos y medios”, explica la plataforma en una nota.

“Hemos hecho de todo”, argumenta Rosa Marín las razones que llevan a un colectivo ya precarizado a convocar una huelga indefinida. “Parones, huelgas de un día, nos hemos unido con otras etapas para protestar, nos hemos manifestado, hemos ido a las juntas del distrito, nos hemos reunido con los partidos políticos, hemos ido al ministerio (¡y tardamos tres años en que nos recibieran!). Se acabó, es el último cartucho. Si con esto no conseguimos nada tendremos que dejar la profesión, porque no hay diálogo. Todo son buenas palabras de la administración: 'qué injusto, qué duro, qué bien lo estáis haciendo…' Pero no hay ningún compromiso de cambio ni de responsabilidad política. Así que vamos a intentarlo duremos lo que duremos”.

Una etapa en progreso... al menos parcial

Sin obviar lo expuesto, el primer ciclo de educación infantil también ofrece datos positivos. España está entre los diez países europeos con una mayor tasa de escolarización (un 55,8%, según datos del Ministerio de Educación, por encima del objetivo europeo del 45% para 2030) y ha registrado una subida de 20 puntos en una década. La apuesta del Gobierno central y las comunidades autónomas por esta etapa parece estar surtiendo efecto.

Pero ese dato medio, sin contexto, esconde diferencias regionales, no explica el efecto Mateo que se está dando y tampoco habla de los diferentes modelos que tienen las comunidades autónomas: algunas –sobre todo las 12 en las que gobierna el PP– están apostando por la gratuidad para las familias independientemente de en qué escuelas se matriculen los niños, otras por impulsar exclusivamente el sistema público. Los últimos datos del Ministerio de Educación, del curso 2023-24, muestran que el reparto entre las redes es más o menos equilibrado: un 53% acude a un centro público, un 47% a uno privado.

La Guàrdia Civil ha denunciat el responsable de comercialitzar un habitacle de vuit metres quadrats per 695 euros al municipi mallorquí de Maria de la Salut. La barraca s'oferia a Internet com si en tingués 25. Davant la indignació generada, l'anunci va acabar sent retirat.

La investigació es va iniciar després que agents del Servei de Protecció a la Natura (Seprona) detectassin que la publicació havia generat ressò mediàtic. El comercialitzador presentava l'espai com a “ideal per a una persona que busqui tranquil·litat i contacte amb la natura”, amb “espai suficient” fins i tot per rebre familiars o amics els caps de setmana i amb “possibilitat de fer barbacoes”.

L'oferta va aixecar sospites tant per les dimensions com per les condicions de l’immoble, ubicat en sòl rústic. En la inspecció practicada el passat 10 de març, els agents varen constatar que la suposada vivenda era, en realitat, una caseta d’eines reconvertida per a ús residencial sense complir la normativa.

La construcció amb prou feines superava els 10 metres quadrats i només vuit eren habitables, molt lluny dels 25 que s’anunciaven. A més, presentava modificacions recents per fer-la habitable i instal·lacions exteriors pròpies d’un ús residencial, fet que apunta a una utilització irregular del sòl rústic.

Arran de la inspecció, l’Institut Armat ha aixecat diverses actes: una per incompliment de la normativa de cèdules d’habitabilitat, remesa a la Conselleria d’Habitatge; una altra per infracció urbanística, traslladada a l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca; i una tercera per vulneració de la Llei d’Aigües, en detectar-se un pou sense autorització.

El cas torna a posar el focus en l’auge de les infravivendes a Balears, un fenomen cada vegada més visible en un mercat tensionat per la manca d'oferta i els preus disparats. La proliferació d’anuncis d’espais mínims, sovint en condicions irregulars, evidencia fins a quin punt l’accés a una vivenda digna s’ha convertit en un dels principals problemes socials de l’arxipèlag.

La greu situació de l'habitatge a Balears, travessada des de fa anys per l'especulació -alimentada per les successives bombolles immobiliàries-, la voracitat dels fons d'inversió, la polarització econòmica i la turistització, està abocant nombroses persones a l'amuntegament en aquest tipus d'infrahabitatges i en caravanes, fenòmens agreujats, entre altres causes, per la creixent irrupció de compradors estrangers -principalment alemanys, britànics i francesos amb gran solvència financera- que compren immobles a preus inabastables per a la majoria dels residents.

La Guardia Civil ha denunciado al responsable de comercializar un habitáculo de ocho metros cuadrados por 695 euros en el municipio mallorquín de Maria de la Salut. La barraca se ofertaba en Internet como si tuviera 25 metros. Ante la indignación generada, y en medio de la grave crisis habitacional que atraviesa Balears, el anuncio fue retirado de inmediato.

La investigación se inició después de que agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) detectaran que la publicación estaba siendo objeto de atención mediática. El comercializador la ofertaba como “ideal para una persona que busque tranquilidad y contacto con la naturaleza, con espacio suficiente para disfrutar también de fines de semana con familiares o amigos” y “con posibilidad de realizar barbacoas”.

Tras una inspección realizada el pasado 10 de marzo, los agentes comprobaron que la supuesta vivienda era en realidad una caseta de aperos situada en suelo rústico que había sido transformada para uso residencial sin cumplir la normativa. La superficie total apenas superaba los 10 metros cuadrados, de los cuales solo ocho eran habitables.

Además, la edificación presentaba modificaciones recientes destinadas a hacerla habitable, así como instalaciones exteriores propias de una vivienda, lo que refuerza la hipótesis de un uso irregular del suelo rústico.

Como resultado de la inspección, el Instituto Armado ha levantado varias actas: una por incumplir la normativa de cédulas de habitabilidad y vivienda, remitida a la Conselleria de Vivienda; otra por infracción urbanística, trasladada a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, y una tercera por vulnerar la Ley de Aguas, al detectarse un pozo sin autorización.

En Balears, la especulación inmobiliaria -alimentada por las sucesivas burbujas inmobiliarias-, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización están abocando a cientos de personas al hacinamiento en infraviviendas y caravanas. Se trata de un fenómeno agravado, entre otras causas, por la creciente irrupción de compradores extranjeros -principalmente alemanes, británicos y franceses- con gran solvencia financiera.

Las operaciones las concentran inversores y grandes propietarios que compran inmuebles a precios inalcanzables para la mayoría de los residentes, quienes se ven abocados a la expulsión residencial en un mercado cada vez más orientado al lujo y a la inversión. Balears es, de hecho, la provincia de España con mayor concentración de viviendas de lujo, con precios superiores al millón de euros, y de ultralujo, aquellas con precio superior a los tres millones de euros, según datos de Idealista publicados en agosto de 2025.

Una imagen que contrasta con la proliferación de anuncios de espacios mínimos, muchas veces en condiciones irregulares, reflejando con ello hasta qué punto el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago.

El pasado mes de septiembre, el Servicio de Inspección de Vivienda del Govern balear y el Grupo de Extranjería de la Policía Nacional detectaron la existencia de 11 infraviviendas en un asentamiento chabolista en el municipio mallorquín de Manacor. El propietario de las mismas había levantado los habitáculos para ponerlos en alquiler sin los suministros básicos y sin las condiciones necesarias de salubridad. Mientras tanto, en 2024 un policía local fue detenido por alquilar ilegalmente trasteros como si de viviendas se tratasen y sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma ha reactivado en las últimas semanas el desalojo de las más de 200 personas que desde hace años malviven en la antigua prisión de la capital balear: son, principalmente, residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. Muchos de los afectados no tienen alternativa habitacional ni ingresos suficientes para pagar el alquiler de una habitación, cuyo precio en algunos casos llega a superar los 1.000 euros.

La responsable de Negociación Colectiva y Sectores Privados y Dependencia de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Aragón, María Soriano, ha exigido responsabilidad “política, institucional y social” para mejorar la situación del sector de las residencias en la comunidad autónoma, “abandonado, profundamente precarizado y que refleja una preocupante realidad social”, comenzando por la actualización del decreto que regula las ratios y data de 1992 y mejoras salariales.

Soriano ha expuesto la realidad de este sector en una rueda de prensa este miércoles, en la sede de CCOO Aragón, junto a la secretaria general de FSS CCOO Aragón, Delia Lizana, el responsable del Área de Negociación Colectiva de Sectores Privados y Dependencia de FSS CCOO, Jesús Cabrera, y la responsable del Sector de Dependencia de FSS CCOO, Consuelo Cuadra.

La población de Aragón supera los 1,3 millones de personas, de las que más de 306.000 tienen más de 65 años, lo que supone un 22,47%, por encima de la media estatal; asimismo, 97.000 han cumplido 80 años, es decir, un 7,1%. Por tanto, ha resuelto María Soriano, “somos una comunidad claramente envejecida y eso exige responsabilidad, planificación y recursos”.

En esta línea, ha cifrado en 287 los centros residenciales geriátricos operativos, con unas 20.000 plazas, “lo que nos sitúa en una ratio de 6,51 plazas por cada 100 personas, muy superior a la media estatal”. Ha añadido 1.700 plazas adicionales correspondientes a 25 centros en proyecto.

Al hilo de estos datos, “podría parecer que el sistema responde a la demanda que hay, pero esto solo es una parte de la realidad”, ha lamentado María Soriano, quien ha enfatizado en la antigüedad del decreto que regula las ratios, que se remonta a 1992 y “debería de haberse adecuado hace más de cuatro años por imperativo estatal”.

Desde CCOO “llevamos años reclamando la actualización del decreto de ratios, que regula el mínimo de profesionales que atienden directamente a cada residente y está completamente desfasado”, lo que afecta “directamente a nuestros mayores, a sus familiares y a miles de profesionales que sostienen este sistema con un enorme esfuerzo”.

En cuanto al decreto, la responsable de Negociación Colectiva y Sectores Privados y Dependencia de la FSS de CCOO Aragón, María Soriano, ha indicado que las ratos que operan en la comunidad autónoma son “globales”, lo que supone que “no diferencian si el personal atiende o no atiende directamente al residente”.

35 trabajadoras por cada cien residentes

Soriano ha detallado que en una residencia aragonesa opera una ratio de 35 trabajadores por cada cien residentes, sin embargo, “el acuerdo de acreditación estatal establece y exige que haya 35 gerocultoras por cada cien”. Ha criticado que todas las reivindicaciones durante años solo han tenido como respuesta la “inacción política e institucional” y, a su juicio, conlleva “consecuencias graves”, puesto que “no estamos priorizando el cuidado de nuestros mayores” y, al mismo tiempo, “castigamos a quienes han decidido dedicarse con vocación a su atención”.

Las 12.000 profesionales del sector privado que “sostienen” este sistema “están agotadas física y mentalmente”, ha asegurado Soriano, para alertar de los “índices de riesgos psicosociales extremadamente elevados” que reflejan “cargas de trabajo excesivas, ritmos de trabajo insostenibles y condiciones laborales que están muy lejos de ser adecuadas”.

El grueso del sector de las residencias en Aragón está integrado por mujeres, con una edad media por encima de los 50 años que necesitan, en su mayoría, medicación para poder soportar las jornadas laborales. En este sentido, María Soriano ha recalcado que el 58% de los accidentes de trabajo responden a “sobresfuerzos consecuencia de unas ratios insuficientes y del incremento de la dependencia de las personas atendidas”, “generando patologías físicas y psicológicas” en las trabajadoras.

Para la responsable de Negociación Colectiva y Sectores Privados y Dependencia de la FSS de CCOO Aragón este modelo es “insostenible” y ha argumentado que “la calidad de los cuidados depende directamente de las condiciones laborales de quien los presten y hoy esas condiciones están al límite”, por lo que ha demandado “más responsabilidad política, institucional y social”.

Por su parte, la secretaria general de FSS CCOO Aragón, Delia Lizana, ha puesto el foco en la “fragilidad” del sector, que se puso de manifiesto durante la pandemia y se ha constatado con las dos “catástrofes” ocurridas en los incendios de Villafranca de Ebro y DomudVi Zalfonada, con víctimas mortales.

Lizana ha comentado que en torno al 90% de los cuidados en Aragón recae en residencias privadas con camas concertadas por el Gobierno de Aragón, modelo que “auspicia la especulación” y favorece que las empresas vean en este sector únicamente la posibilidad de inversión, perjudicando a las trabajadoras del sector.

Ha elogiado la labor de las trabajadoras de las residencias, pese a que tanto la pandemia como los incendios más recientes en las residencias aragoneses han hecho patente que el número de ellas en activo en aquellos momentos “era insuficiente”.

IX convenio

Otra de las cuestiones más preocupantes para el sector es el estado de la negociación colectiva del IX Convenio de Dependencia de ámbito estatal, que Jesús Cabrera ha calificado de “bastante dura” desde que se constituyó la mesa negociadora en octubre de 2025. Ha señalado que este convenio afecta a unas 420.000 personas trabajadoras y se está dirimiendo entre los dos sindicatos mayoritarios --CCOO y UGT-- y cinco patronales.

Además, el responsable del Área de Negociación Colectiva de Sectores Privados y Dependencia de FSS CCOO se ha referido al decreto de Aragón de 1992. “Habla de conceptos que ahora mismo son totalmente obsoletos, como es el caso de usuarios válidos y asistidos, porque ahora más del 90% tiene una gran dependencia”.

Cabrera se ha fijado en la financiación de la dependencia a nivel estatal: “Supone el 0,8% del PIB y la media en la Unión Europea es el 1,5, mientras que la media en los países escandinavos el 3%”. De este modo, las condiciones difícilmente van a mejorar y “las empresas también son cómplices de esa situación, porque aunque soliciten más financiación, luego entran en los concursos y no hacen absolutamente nada”, sino que “ganan beneficios a costa de la precarización de las condiciones laborales”.

Para Consuelo Cuadra, el incremento salarial es un tema capital. Desde 2018 hasta 2026 el salario mínimo interprofesional se ha incrementado un 64%, frenta a los salarios del convenio de la dependencia que lo han hecho 15,5%, ha anotado Cuadra, para agregar: “Tenemos categorías profesionales, como es la de limpiadora, en la que el salario base está en 1.050, y la categoría de gerocultora, que está en 1.160 euros”.

“Es impresentable que un sector tan esencial como este esté con salarios que tan por debajo, con tanta diferencia, con el SMI”, ha espetado la responsable del Sector de Dependencia de FSS CCOO, para apostillar que “una de nuestras principales reivindicaciones es que el salario mínimo del sector esté por encima del SMI”.

“Es el momento de que las patronales demuestren que realmente quieren un futuro mejor para el sector, mejorando las condiciones de trabajo”, ha alentado Cuadra, quien ha mencionado la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas, los complementos por incapacidad temporal, medidas de conciliación familiar y planes de igualdad y protocolos de LGTBI como otras de sus principales demandas de cara a la negociación del IX Convenio.

La Guàrdia Civil d'Inca investiga les circumstàncies de la mort d'un home de 69 anys el cos del qual va ser trobat aquest dimarts en una caseta d'una empresa del municipi de Selva (Mallorca), on havia treballat anteriorment.

Segons han informat fonts de la investigació a elDiario.es, l'home s'allotjava de forma habitual, en condicions precàries, en un contenidor habilitat a les instal·lacions de l'empresa. L'avís de la troballa del cadàver es va produir sobre les 12.30 hores, després que diversos empleats trobessin sense vida l'extreballador.

Els investigadors creuen que l'home podia portar diversos dies mort, encara que es troben a l'espera dels resultats de l'autòpsia, que permetran aclarir les causes de la mort i determinar amb més precisió quan es va produir.

La Guardia Civil de Inca investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 69 años cuyo cuerpo fue hallado este martes en una caseta de una empresa del municipio de Selva (Mallorca), donde había trabajado anteriormente.

Según han informado fuentes de la investigación a elDiario.es, el hombre se alojaba de forma habitual, en condiciones precarias, en un contenedor habilitado en las instalaciones de la empresa. El aviso del hallazgo del cadáver se produjo sobre las 12.30 horas, después de que varios empleados encontrasen sin vida al extrabajador.

Los investigadores creen que el hombre podía llevar varios días fallecido, aunque se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia, que permitirán esclarecer las causas de la muerte y determinar con mayor precisión cuándo se produjo.

Trabajar por el salario mínimo, tener una gran carga emocional y terminar las tardes en otro empleo, porque no llegas a fin de mes, esa la realidad de muchas de las trabajadoras en los centros de educación infantil. Desde hace años reclaman a las instituciones mejores condiciones laborales. Son ellas las que conocen de primera mano la precarización del sector: en España el 97,4% de los profesionales que trabajan en Educación Infantil (0 a 6 años) son mujeres, según los últimos datos del INE.

Este miércoles 18 de febrero, una plataforma que agrupa a las escuelas infantiles del Estado presentará una Proposición No de Ley en la que reivindican una mayor financiación pública para dignificar las condiciones de sus profesionales, y pide impulsar una reforma del marco normativo estatal del ciclo 0-3 años, que garantice la equidad, la calidad educativa y la atención individualizada en todo el territorio. La iniciativa cuenta con el apoyo del PSOE, Podemos y Sumar. 

Mayor concienciación social

La infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de los individuos. En los primeros años de vida se aprende a comer, caminar, hablar o relacionarse con los demás. Las escuelas de educación infantil son el primer paso y el recurso de las familias mientras trabajan. No solo sirven para la conciliación, son el espacio, fuera de sus casas, en el que niños y bebés exploran, juegan y aprenden. No son guarderías, insisten quienes se dedican a ello: “Hay familias que solo vienen a que les guardemos a sus hijos”, cuenta Laura (35 años) que es educadora en un centro infantil en la Comunidad de Madrid. 

“No son guarderías”

Las trabajadoras de estos centros cuidan, enseñan y educan: “Cuando hacemos una actividad no solo estamos jugando, les estamos enseñando algo”. Y para ello, cuenta Laura, hay que dedicar tiempo, programar, hacer reuniones o adaptar actividades a aquellos que tienen necesidades educativas: “Nosotros queremos a esos niños porque pasamos más tiempo con ellos que sus propias familias”, expresa la educadora. 

Las escuelas de educación infantil son diferentes en toda España. Cada comunidad autónoma tiene sus propios centros, y cada centro su propio modelo. Desde aquellos completamente públicos, y que dependen de las administraciones autonómicas o municipales; hasta los completamente privados. Esto dificulta unificar las reivindicaciones del sector, cuentan desde la Plataforma de Escuelas Infantiles, que aúna a diferentes profesionales de toda España. 

A camino entre estos dos modelos, en la Comunidad de Madrid, existen los centros de gestión indirecta. Son centros públicos que salen a concurso, y la empresa ganadora se hace con la gestión durante cuatro años. Las condiciones laborales distan mucho entre las diferentes trabajadoras: mientras una profesora en un centro público de gestión directa puede llegar a ganar 1.800 euros mensuales, una que realice el mismo trabajo en un centro de gestión indirecta gana poco más de 1.000 euros: “Queremos que se nos trate igual en toda España”, cuenta Inma (50 años), que es técnica superior de educación infantil, y además estudia el grado de Magisterio.

Un sector muy feminizado

Tengo compañeras que comparten piso, otras alquilan una habitación para poder llegar a fin de mes, y algunas no pueden ser madres

Rosa — Trabajadora en una escuela infantil

Las trabajadoras de centros infantiles desarrollan su labor en un contexto cada vez más complejo, acentuado por las exigencias educativas, emocionales y administrativas: “Tenemos que hacer mucho papeleo e informes y, al final, terminas haciéndolo en casa porque no te da tiempo en la escuela”, cuenta Rosa de 47 años. Licenciada en Química, Rosa decidió dedicarse a la educación infantil y estudió el grado superior y, posteriormente, magisterio. Gana como maestra 1.270 euros netos al mes: “Cuando tenía la categoría de técnico educativo mi sueldo eran 1.003 euros”, cuenta. 

Rosa es madre y gracias a la suya, que de vez en cuando, le echa un cable, puede llegar a fin de mes, pero tiene compañeras se encuentran en una situación aún más complicada: “Unas comparten piso, otras alquilan una habitación para poder llegar a fin de mes y algunas no pueden ser madres”, cuenta. 

La subida salarial es una de las principales reivindicaciones de las trabajadoras. Así lo explica Nieves, que trabaja en una escuela infantil en el municipio de Marchena (Sevilla). Es maestra en Educación Infantil y Primaria, y desde hace más de 15 años desarrolla su labor en escuelas infantiles. En su caso, su centro es “adherido”, lo que significa que pertenece a un Ayuntamiento, pero su gestión es privada. La profesional reconoce que en su escuela la organización es buena, pero el problema siguen siendo los salarios: “Una educadora con la categoría de técnico hoy gana menos de lo que será el salario mínimo si lo suben este 2026”, cuenta, “es más, solo cobra 10 euros más que una limpiadora en el centro educativo”. 

Salarios míseros empujan a pluriemplearse

Nieves es directora de la escuela infantil, por lo que su salario es algo superior al resto de sus compañeras. Aunque las pagas extra están prorrateadas, la mayoría de sus compañeras tienen otros empleos, cuenta. “Trabajan en animación o cuidan niños, algunas cuando salen del centro se van a dar clases particulares para complementar el salario”, señala. 

Inma también describe esta realidad, tiene compañeras que, después de estar ocho horas en la escuela, se van a otro trabajo: “Hay mucho abandono en la profesión y es por las condiciones, mira que a mi me encanta lo que hago, pero en cuanto pueda me voy”, expresa. Su sueldo ronda los 1.100 euros al mes. 

El camino hacia la huelga

Entre los profesionales de diferentes partes de España ya comienza a escucharse la posibilidad de acudir a una huelga indefinida como hicieron en Navarra o Mallorca, donde mejoraron las condiciones. Así lo cuenta Narila (44 años) que trabaja en una escuela infantil en Navarra: “En 2022 hicimos una huelga de dos meses y conseguimos la equiparación salarial con las trabajadoras de las escuelas infantiles del Gobierno navarro, pasamos de ganar 1.140 euros a 1.500”, cuenta. 

En Navarra también hay diferentes modelos de escuelas infantiles, desde las de gestión directa, que dependen del Gobierno o ayuntamientos; hasta las de gestión indirecta que también funcionan a través de concurso público. Narila trabaja en una escuela de gestión indirecta y lleva más de 20 años haciendo este trabajo.

La profesional cuenta que, tras la huelga, el Gobierno de Navarra prometió la reducción de ratios para incorporar progresivamente la pareja educativa en cada unidad de alumnos, pero la realidad, explica Narila, es que esto se tradujo en una figura de apoyo que cubre un profesional a media jornada, que además tiene que trabajar en otra cosa porque no se puede vivir con ese sueldo: “Los apoyos nos han dado algo de mejora, pero se han creado empleos que no son sanos, la gente no puede independizarse con ese sueldo”, señala.

Los ratios

En Andalucía también hay dos tipos de escuelas: las de la Junta y las adheridas. En el caso de las adheridas están las que dependen de los ayuntamientos y los centros privados. En el caso de los ayuntamientos, un tipo de escuelas son las de gestión indirecta que, al igual que en la Comunidad de Madrid, su gestión depende de empresas ganadoras de concurso. En estas escuelas, como la que trabaja Nieves, los ratios son mayores que en las de la Junta de Andalucía. Y en una clase de primer curso (0 años) trabaja una profesional con ocho bebés, una cifra superior en el segundo y tercer curso (1 y 2 años) con 13 y 20 niños, respectivamente. 

Los elevados ratios de alumnado son una de las reclamaciones que las trabajadoras de las escuelas infantiles llevan tiempo reivindicando. Así lo cuenta también Laura: “Quiero que se sientan escuchados y bien tratados, pero, ¿qué hago si seis niños piden mis brazos? Es una frustración saber que no puedes”, cuenta la profesional. 

L'hostaleria és el principal motor econòmic de Balears, però també un dels àmbits on les tensions laborals són més recurrents i els conflictes s'intensifiquen cada estiu amb l'arribada de la temporada turística. A Menorca, la deterioració de les condicions del sector que empra el 20% de la població econòmicament activa ha anat reduint la disponibilitat de mà d'obra fins a convertir-se en un problema estructural per a petits i grans empresaris. “Al resident no li interessa, no vol dedicar-se al sector i al que ve de fora no li convé”, expliquen des de l'Associació d'Hotelers de Menorca, la principal organització que agrupa empresaris del sector a l'illa.

No obstant això, treballadors que cada estiu mouen la maquinària del turisme insular i garanteixen que, temporada rere temporada, se superin rècords de recaptació i de visitants –l'illa va rebre gairebé dos milions de turistes que van deixar gairebé 2.000 milions d'euros segons l'Institut d'Estadística de les illes Balears (IBESTAT)– van abandonant sense pausa i sense pressa a Menorca com a destí laboral. “No són només les jornades de 10 hores o que a vegades les propines desapareixen misteriosament. És sobretot l'encariment de la vida i la falta d'habitatge. Jo vaig deixar d'anar-hi l'any passat després de gairebé 11 anys seguits perquè, per a què aniré a una illa on només el lloguer implica gastar el 80% dels diners que guanyo? Prefereixo buscar aquí a Andalusia on es guanya menys o fins i tot canviar de rúbrica”, compte Aitana M.J., cuinera i treballadora temporera que ha viatjat a l'illa ininterrompudament cada estiu des de 2017 i que ara es dedica a la informàtica.

Jo vaig deixar d'anar-hi l'any passat després de gairebé 11 anys seguits perquè, per a què aniré a una illa on només el lloguer implica gastar el 80% dels diners que guanyo? Prefereixo buscar aquí a Andalusia on es guanya menys o fins i tot canviar de rúbrica

Aitana M.J. — Cuinera i treballadora temporera

El plantejament d'Aitana té agafador en la realitat i és el raonament cada vegada més estès a l'illa entre els anomenats “temporers”. Segons l'estudi de l'Observatori Social i Ambiental de Menorca (OBSAM), l'economia insular va presentar durant el tercer trimestre de 2025 un alt contrast. D'una banda, es va confirmar l'estabilització del cicle expansiu iniciat en 2023, caracteritzat per un ritme de creixement moderat però sostingut. “Els principals indicadors d'activitat -especialment la demanda energètica, la mobilitat i els fluxos turístics- assenyalen un nivell d'intensitat econòmica molt elevat, propi d'una fase de maduresa en la qual l'economia opera a ple rendiment durant la temporada alta”, assenyalen des del OBSAM. No obstant això, el mateix estudi assenyala que “aquest escenari conviu amb pressions persistents sobre el cost de vida i amb limitacions estructurals, com la falta de mà d'obra i la tensió del mercat residencial, que condicionen la capacitat del sistema per a continuar expandint-se”. En resum, l'economia funciona, però no hi ha braços que moguin la maquinària.

Un altre protagonista d'aquesta “fugida de braços” és Brais S., un dels molts menorquins que, després de dedicar-se diversos anys a l'hostaleria –si és el cas per obligació, a causa de la falta d'alternatives– va acabar abandonant l'illa per a poder exercir la seva professió com a dissenyadora de so. “Vaig treballar a un bar per la zona marítima, no tenia moltes opcions”, conta en diàleg amb elDiario.es des de la seva actual residència a Barcelona. “Treballava 'en negre' per 3,14€ l'hora. Hi havia menjar que estava fora de carta que es comprava per a donar-li ús i es posava dolent i es 'sanejava' per a treure’l d'alguna manera. Jo havia de fer de cuiner i cambrer alhora, vaig aguantar perquè tenia molta necessitat i, al final, vaig decidir dedicar-me a lo meu i anar-me de l'illa a viure fora. Quan vaig renunciar es van negar a pagar-me les hores extres”, explica. Ell recorda el seu pas pel gremi hostaler com un malson.

Vaig treballar a un bar. Hi havia menjar que estava fora de carta que es comprava per a donar-li ús i es posava dolent i es 'sanejava' per a treure’l d'alguna manera. Jo havia de fer de cuiner i cambrer alhora, vaig aguantar perquè tenia molta necessitat i, al final, vaig decidir dedicar-me a lo meu i anar-me de l'illa a viure fora

Brais S. — Va abandonar l'illa per treball

“No hi ha personal i cada vegada hi haurà menys si seguim així. Em consta que persones que porten anys en el sector ara estan buscant altres alternatives i és lògic: a ningú li resulta rendible venir a Menorca si no pot pagar un lloc on viure i, a més, només per uns mesos. Ningú manté a una família amb un treball temporal”, raona en diàleg amb elDiario.es el portaveu de l'Associació de Bars i Cafeteries de Menorca, Antoni Sansaloni, qui sosté que la solució passa per “deixar de pressionar al sector”, especialment al petit i mitjà empresari, que -segons la seva visió- està sofrint “com mai” els efectes de la crisi d'habitatge. “Per a evitar donar un mal servei, i davant la impossibilitat de consolidar plantilles estables, estem reduint taules”, explica. “A aquest ritme, el turisme de Menorca acabarà oferint només menjar ràpid”, lamenta.

L'altra cara de l'hostaleria

Malgrat els problemes estructurals que travessa el gremi hostaler i de les particularitats del sector a Balears, fonts sindicals consultades per elDiario.es sostenen que el de les illes és “un dels millors” convenis col·lectius que existeixen en l'estat. “Gràcies a la negociació col·lectiva hem conquistat pujades salarials sostingudes -l'última a l'agost de l'any passat-, millores en la regulació de jornades i avanços concrets en la protecció de col·lectius especialment vulnerables com les cambreres de pis. Aquest marc no és fruit de concessions gratuïtes, sinó d'anys de negociació i mobilització perquè el creixement turístic es tradueixi també en drets laborals reals”, expliquen des d'UGT. “Sabem que queden reptes pendents, com l'accés a l'habitatge o l'estacionalitat, però sense aquest conveni la situació de milers de treballadors seria molt més fràgil i desigual”, reflexionen des del sindicat.

Juan Arenas és mexicà i fins enguany va passar quatre estius seguits deambulant de cuina en cuina per tota Menorca. És xef de professió i, segons relata, la inestabilitat laboral i les males condicions el van obligar a abandonar l'illa i buscar treball a Bilbao, on viu i treballa actualment, aquesta vegada en una sola cuina fixa tot l'any. “El problema de l'estacionalitat a Menorca és un altre dels grans temes sense resoldre per als que ens dediquem a això professionalment. A part de les jornades extenuants de l'estiu, quan s'acaba la temporada tanquen la majoria de locals de restauració i has de passar l'hivern cobrant l'atur si tens sort. De què em serveix cobrar un sou més alt que la mitjana si només treballo 4 mesos a l'any?”, raona.

A part de les jornades extenuants de l'estiu, quan s'acaba la temporada tanquen la majoria de locals de restauració i has de passar l'hivern cobrant l'atur si tens sort. De què em serveix cobrar un sou més alt que la mitjana si només treballo 4 mesos a l'any?

Juan Arenas — Chef

Consultat pel problema de l'estacionalitat, Antoni Sansaloni explica que “l'únic consol” que troben els empresaris és que ara les aerolínies han avançat els vols, pel que la pre temporada 2026 s'ha avançat alguns dies. “Esperem l'arribada del turisme europeu per al mes de març, que sabem que és un turista amb major poder adquisitiu i que supleix el sot de l'últim tram de la temporada baixa”, explica. “Clar que hi ha estacionalitat, però és perquè no ens surt rendible obrir tot l'any. Tanquem perquè la falta de clientela, entre setmana no arribem ni a cobrir despeses, per això molts locals opten per tancar tres o quatre mesos a l'any directament. Al final l'estacionalitat ve fomentada pel propi estat que en lloc de promoure l'activitat en els mesos d'hivern prefereix manar a la gent a l'atur”, raona Sansaloni.

Clar que hi ha estacionalitat, però és perquè no ens surt rendible obrir tot l'any. Tanquem perquè la falta de clientela, entre setmana no arribem ni a cobrir despeses, per això molts locals opten per tancar tres o quatre mesos a l'any directament. Al final l'estacionalitat ve fomentada pel propi estat que en lloc de promoure l'activitat en els mesos d'hivern prefereix manar a la gent a l'atur

Antoni Sansaloni — Portaveu de l'Associació de Bars i Cafeteries de Menorca

Encara que les tensions entre empresaris i treballadors en l'hostaleria solen canalitzar-se a través de mecanismes formals quan l'ocupació està regularitzada i subjecta a la normativa laboral, aquesta via pràcticament desapareix en els casos de treball no declarat. Si bé l'ocupació irregular a Menorca no és majoritaria en el sector, continua existint i concentra algunes de les situacions més precàries, ja que els qui l'exerceixen no poden denunciar abusos o exigir drets, ja que són, en la seva immensa majoria, persones en situació administrativa irregular.

V. conta que, mentre esperava la resolució dels seus papers, degué treballar en diversos llocs que “contracten” persones migrants: “Em van dir que mai havien contractat una noia com jo, moreneta i de fora, i que volien provar què tal funcionàvem. Jo necessitava molt aquest treball i vaig acceptar la prova en un conegut restaurant des Castell, -en el sud de l'illa-. Va començar a acostar-se massa i a fer bromes sexuals fora de lloc; vaig intentar ignorar-ho i continuar treballant, però mentre emplenava neveres se'm va acostar per darrere de manera inapropiada. Quan em vaig girar i li vaig preguntar què feia, em va dir que per a ser llatina era molt siesa i que en aquest restaurant ‘es tocaven molt’. Em vaig anar sense acabar el torn. Em va dir que mai tornaria a treballar a Menorca perquè era una impresentable i la prova mai me la van pagar”.

La hostelería es el principal motor económico de Balears, pero también uno de los ámbitos donde las tensiones laborales son más recurrentes y los conflictos se intensifican cada verano con la llegada de la temporada turística. En Menorca, el deterioro de las condiciones del sector que emplea al 20% de la población económicamente activa ha ido reduciendo la disponibilidad de mano de obra hasta convertirse en un problema estructural para pequeños y grandes empresarios. “Al residente no le interesa, no quiere dedicarse al sector y al que viene de fuera no le conviene”, explican desde la Asociación de Hoteleros de Menorca, la principal organización que agrupa empresarios del sector en la isla. 

Sin embargo, trabajadores que cada verano mueven la maquinaria del turismo insular y garantizan que, temporada tras temporada, se superen récords de recaudación y de visitantes –la isla recibió casi dos millones de turistas que dejaron casi 2.000 millones de euros según el Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT)– van abandonando sin pausa y sin prisa a Menorca como destino laboral. “No son sólo las jornadas de 10 horas o que a veces las propinas desaparecen misteriosamente. Es sobre todo el encarecimiento de la vida y la falta de vivienda. Yo dejé de ir el año pasado después de casi 11 años seguidos porque, ¿para qué voy a ir a una isla donde sólo el alquiler implica gastar el 80% del dinero que gano? Prefiero buscar aquí en Andalucía donde se gana menos o incluso cambiar de rubro”, cuenta Aitana M.J., cocinera y trabajadora temporera que ha viajado a la isla ininterrumpidamente cada verano desde 2017 y que ahora se dedica a la informática.

Yo dejé de ir el año pasado después de casi 11 años seguidos porque, ¿para qué voy a ir a una isla donde sólo el alquiler implica gastar el 80% del dinero que gano? Prefiero buscar aquí en Andalucía donde se gana menos o incluso cambiar de rubro

Aitana M.J. — Cocinera y trabajadora temporera

El planteamiento de Aitana tiene asidero en la realidad y es el razonamiento cada vez más extendido en la isla entre los llamados “temporeros”. Según el estudio del Observatorio Social y Ambiental de Menorca (OBSAM), la economía insular presentó durante el tercer trimestre de 2025 un alto contraste. Por un lado, se confirmó la estabilización del ciclo expansivo iniciado en 2023, caracterizado por un ritmo de crecimiento moderado pero sostenido. “Los principales indicadores de actividad —especialmente la demanda energética, la movilidad y los flujos turísticos— señalan un nivel de intensidad económica muy elevado, propio de una fase de madurez en la que la economía opera a pleno rendimiento durante la temporada alta”, señalan desde el OBSAM. Sin embargo, el mismo estudio señala que “este escenario convive con presiones persistentes sobre el coste de vida y con limitaciones estructurales, como la falta de mano de obra y la tensión del mercado residencial, que condicionan la capacidad del sistema para seguir expandiéndose”. En resumen, la economía funciona, pero no hay brazos que muevan la maquinaria. 

Otro protagonista de esta “fuga de brazos” es Brais S., uno de los muchos menorquines que, tras dedicarse varios años a la hostelería –en su caso por obligación, debido a la falta de alternativas– terminó abandonando la isla para poder ejercer su profesión como sonidista. “Trabajé en un bar por la zona marítima, no tenía muchas opciones”, cuenta en diálogo con elDiario.es desde su actual residencia en Barcelona. “Trabajaba 'en negro' por 3,14 euros la hora. Había comida que estaba fuera de carta que se compraba para darle uso y se ponía mala y se 'saneaba' para sacarla de alguna manera. Yo tenía que hacer de cocinero y camarero a la vez, aguanté porque tenía mucha necesidad y, al final, decidí dedicarme a lo mío e irme de la isla a vivir fuera. Cuando renuncié se negaron a pagarme las horas extras”, explica. Él recuerda su paso por el gremio hostelero como un mal sueño. 

Trabajé en un bar. Había comida que estaba fuera de carta que se compraba para darle uso y se ponía mala y se 'saneaba' para sacarla de alguna manera. Yo tenía que hacer de cocinero y camarero a la vez, aguanté porque tenía mucha necesidad y, al final, decidí dedicarme a lo mío e irme de la isla a vivir fuera

Brais S. — Abandonó la isla por trabajo

“No hay personal y cada vez habrá menos si seguimos así. Me consta que personas que llevan años en el sector ahora están buscando otras alternativas y es lógico: a nadie le resulta rentable venir a Menorca si no puede pagar un lugar donde vivir y, además, solo por unos meses. Nadie mantiene a una familia con un trabajo temporal”, razona en diálogo con elDiario.es el portavoz de la Asociación de Bares y Cafeterías de Menorca, Antoni Sansaloni, quien sostiene que la solución pasa por “dejar de presionar al sector”, especialmente al pequeño y mediano empresario, que —según su visión— está sufriendo “como nunca” los efectos de la crisis de vivienda. “Para evitar dar un mal servicio, y ante la imposibilidad de consolidar plantillas estables, estamos reduciendo mesas”, explica. “A este ritmo, el turismo de Menorca va a terminar ofreciendo solo comida rápida”, lamenta.

La otra cara de la hostelería

A pesar de los problemas estructurales que atraviesa el gremio hostelero y de las particularidades del sector en Balears, fuentes sindicales consultadas por elDiario.es sostienen que el de las islas es “uno de los mejores” convenios colectivos que existen en el estado. “Gracias a la negociación colectiva hemos conquistado subidas salariales sostenidas –la última en agosto del año pasado–, mejoras en la regulación de jornadas y avances concretos en la protección de colectivos especialmente vulnerables como las camareras de piso. Este marco no es fruto de concesiones gratuitas, sino de años de negociación y movilización para que el crecimiento turístico se traduzca también en derechos laborales reales”, explican desde UGT. “Sabemos que quedan retos pendientes, como el acceso a la vivienda o la estacionalidad, pero sin este convenio la situación de miles de trabajadores sería mucho más frágil y desigual”, reflexionan desde el sindicato. 

Juan Arenas es mexicano y hasta este año pasó cuatro veranos seguidos deambulando de cocina en cocina por toda Menorca. Es chef de profesión y, según cuenta, la inestabilidad laboral y las malas condiciones le obligaron a abandonar la isla y buscar trabajo en Bilbao, donde vive y trabaja actualmente, esta vez en una sola cocina fija todo el año. “El problema de la estacionalidad en Menorca es otro de los grandes temas sin resolver para los que nos dedicamos a esto profesionalmente. Aparte de las jornadas extenuantes del verano, cuando se acaba la temporada cierran la mayoría de locales de restauración y tienes que pasar el invierno cobrando el paro si tienes suerte. ¿De qué me sirve cobrar un sueldo más alto que la media si sólo trabajo 4 meses al año?”, razona.

Aparte de las jornadas extenuantes del verano, cuando se acaba la temporada cierran la mayoría de locales de restauración y tienes que pasar el invierno cobrando el paro si tienes suerte. ¿De qué me sirve cobrar un sueldo más alto que la media si sólo trabajo 4 meses al año?

Juan Arenas — Chef

Consultado por el problema de la estacionalidad, Antoni Sansaloni explica que “el único consuelo” que encuentran los empresarios es que ahora las aerolíneas han adelantado los vuelos, por lo que la pre temporada 2026 se ha adelantado algunos días. “Esperamos la llegada del turismo europeo para el mes de marzo, que sabemos que es un turista con mayor poder adquisitivo y que suple el bache del último tramo de la temporada baja”, explica. “Claro que hay estacionalidad, pero es porque no nos sale rentable abrir todo el año. Cerramos porque la falta de clientela, entre semana no llegamos ni a cubrir gastos, por eso muchos locales optan por cerrar tres o cuatro meses al año directamente. Al final la estacionalidad viene fomentada por el propio estado que en lugar de promover la actividad en los meses de invierno prefiere mandar a la gente al paro”, razona Sansaloni. 

Claro que hay estacionalidad, pero es porque no nos sale rentable abrir todo el año. Cerramos porque la falta de clientela, entre semana no llegamos ni a cubrir gastos, por eso muchos locales optan por cerrar tres o cuatro meses al año directamente. Al final la estacionalidad viene fomentada por el propio estado que en lugar de promover la actividad en los meses de invierno prefiere mandar a la gente al paro

Antoni Sansaloni — Portavoz de la Asociación de Bares y Cafeterías de Menorca

Aunque las tensiones entre empresarios y trabajadores en la hostelería suelen canalizarse a través de mecanismos formales cuando el empleo está regularizado y sujeto a la normativa laboral, esta vía prácticamente desaparece en los casos de trabajo no declarado. Si bien el empleo irregular en Menorca no es mayoritario en el sector, sigue existiendo y concentra algunas de las situaciones más precarias, ya que quienes lo ejercen no pueden denunciar abusos o exigir derechos, ya que son, en su inmensa mayoría, personas en situación administrativa irregular.

V. cuenta que, mientras esperaba la resolución de sus papeles, debió trabajar en varios lugares que “contratan” personas migrantes: “Me dijeron que nunca habían contratado a una chica como yo, morenita y de fuera, y que querían probar qué tal funcionábamos. Yo necesitaba mucho ese trabajo y acepté la prueba en un conocido restaurante de Es Castell, –en el sur de la isla–. Empezó a acercarse demasiado y a hacer bromas sexuales fuera de lugar; intenté ignorarlo y seguir trabajando, pero mientras rellenaba neveras se me arrimó por detrás de forma inapropiada. Cuando me giré y le pregunté qué hacía, me dijo que para ser latina era muy siesa y que en ese restaurante ‘se tocaban mucho’. Me fui sin terminar el turno. Me dijo que nunca volvería a trabajar en Menorca porque era una impresentable y la prueba nunca me la pagaron”. 

A golpe de récords de trabajadores, el empleo en España está sorprendiendo por su empuje, a la cabeza de Europa y motor del crecimiento económico nacional, y por su resiliencia ante las últimas crisis, como la pandemia y la inflacionista. Además, con una reducción del trabajo temporal a mínimos históricos. Pero entre tantas luces, también hay sombras y retos pendientes de nuestro mercado laboral que abocan a muchas personas a la precariedad de salarios y jornadas insuficientes, y también al paro, sobre todo a jóvenes y a personas de edades avanzadas.

“Creamos más empleo de lo que se reduce el paro”, destaca Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. España logró en el cierre del año que la tasa de paro cayera por debajo del 10%, un hito que solo se ha logrado en dos ocasiones en los últimos 40 años y que aun así nos sitúa como el segundo país de la Unión Europea con más trabajadores en desempleo. Solo por detrás de Finlandia (10,2%) y muy lejos de la media de la UE (5,9%).

La reducción del paro es más lenta por algunos buenos motivos, apunta el catedrático Cruz Villalón. El primero, porque España está aumentando mucho los trabajadores extranjeros. “Y vamos a necesitar muchos más en el futuro” dado el envejecimiento de la población, recuerda el especialista. Además, por un agrandamiento del mercado laboral, gracias al incremento de la población dispuesta a trabajar. “Personas que cuando hay más oportunidades de empleo se activan. Es un desempleo oculto que ahora aflora y eso es bueno”, considera Cruz Villalón.

Elevado paro juvenil y de larga duración entre los mayores

Sin embargo, también hay importantes deberes pendientes para reducir el paro desde hace décadas. “El empleo de los jóvenes está mejorando, pero hay todavía altas tasas de paro”, destaca Raymond Torres, economista de Funcas, que señala que hay que “mejorar la transición del sistema educativo al laboral”, tanto en la formación profesional como en el sistema universitario, para que haya “más conexión entre el perfil pedagógico y la inserción al mercado laboral” de los jóvenes.

Cuando desglosamos la tasa de paro general por edades y sexos, se observa que los datos más elevados de desempleo se concentran entre los jóvenes, con incluso porcentajes que alcanzan el 32% entre los hombres entre 16 y 19 años, según la Encuesta de Población Activa (EPA) de cierre de 2025.

Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, añade un nuevo reto a la inserción laboral de los jóvenes: “La Inteligencia Artificial”. “Antes una persona joven con estudios y ganas empezaba a trabajar casi en cualquier empresa. Ahora muchos trabajos de titulación y ganas los hace la Inteligencia Artificial. Esto ya está generando brechas de empleo y exclusiones laborales, es un tema en el que tenemos que trabajar”, sostiene.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) precisamente señaló los riesgos de la IA para la inserción laboral de los jóvenes en su último informe anual de Tendencias del empleo, como han comenzado a advertir algunos estudios. Por ejemplo, uno de 2025 de investigadores de la Universidad de Stanford, que apunta ya sobre la existencia de algunos efectos preliminares de la IA en el mercado laboral de EEUU, con una reducción de los puestos de trabajo más junior frente a los de trabajadores con más antigüedad y experiencia.

Los datos de desempleo son más altos en general que los de 2006, en mínimos de paro antes de la crisis financiera, y sobre todo entre los hombres y también en las edades más avanzadas, un grupo cada vez más protagonista del desempleo en España en términos absolutos.

En número de personas, la EPA contabilizó 2.477.100 personas desempleadas a cierre del año pasado. De ellas, el 30% tiene más de 50 años. En 2006, el dato era del 13,5%.

Si cruzamos los datos por edad y por duración de tiempo en paro, se observa cómo los jóvenes protagonizan el paro de corta duración, pero las personas de edades más avanzadas tienen una enorme presencia entre el llamado paro de larga duración, a partir del año.

Y más aún en el paro de muy larga duración, de más de dos años de búsqueda de empleo, que alcanza a 521.000 personas. De ellas, casi el 41% son mayores de 51 años.

No es que el paro de larga duración no se esté reduciendo, sí lo está haciendo desde la recuperación post crisis financiera, como refleja el siguiente gráfico, pero sigue siendo elevado.

Desde el Ministerio de Trabajo señalan también a las empresas, que expulsan por inercia a los trabajadores de edades más avanzadas como políticas para abaratar costes y no siempre atendiendo a criterios de productividad y talento. “Seguramente muchas de ellas están en lo mejor de su actividad laboral y son más productivos que nunca”, sostiene el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, sobre los mayores de 52 años.

“Hay colectivos vulnerables cuyas opciones de reinserción laboral son realmente bajas y esto se ha acentuado con la revolución digital. Estos perfiles necesitan una recualificación profunda, algo que no se soluciona con cursos breves o unas indicaciones de orientación laboral”, sostiene la economista Lucía Gorjón, de la Fundación Iseak. Coincide Raymond Torres, que demanda una mejora en “la recolocación de parados” por parte de las oficinas públicas de empleo, que sean capaces de “buscar vacantes en el tejido productivo local”.

“Sería importante aprovechar este momento de expansión económica y la existencia de un sistema de último recurso como el IMV (Ingreso Mínimo Vital) para que estas personas volvieran a participar en la educación formal y pudieran reconstruir su perfil profesional hacia profesiones con demanda de empleo presente y futura”, añade Gorjón.

El debate de los puestos vacantes sin cubrir

El economista de Funcas también considera que “ahora es un buen momento” para mejorar las llamadas políticas activas de empleo, frente a las épocas de crisis u otras menos boyantes en empleo, ya que hay puestos disponibles y algunos sectores “muy dinámicos, como la construcción”, que están advirtiendo de la falta de mano de obra.

Unas vacantes sin cubrir en las que pone el acento también The Adecco Group Institute y que están situadas en casi 153.000 puestos de trabajo, según el INE. En las empresas consideran en cambio que el dato es más elevado, pero que la estadística oficial no está siendo capaz de medirlo. Además, las patronales insisten en el reto de las ausencias por el gran aumento de las bajas médicas de los trabajadores, que los sindicatos piden abordar desde un enfoque de salud y no economicista.

En el debate sobre las vacantes, y los puestos sin cubrir pese al elevado paro, en el gabinete económico de CCOO señalan también que, frente a los discursos habituales de falta de formación, hay también una carencia de oportunidades en ciertos tejidos productivos, en los que España exporta trabajadores cualificados a otros países, con mejores condiciones salariales, desde puestos de enfermería a tecnológicos.

“A futuro el problema de tensiones en la mano de obra lo vamos a ver donde las empresas no ofrezcan trabajo atractivo, unas buenas condiciones”, analizan los economistas del gabinete económico del sindicato, Luis Zarapuz, Natalia Arias y Álvaro Gaertner. Así como fruto de “cuellos de botella por la vivienda”, algo que ya se está produciendo en lugares con precios muy elevados, como Baleares. “Sin políticas de vivienda tendremos tasas de paro aún más altas”, urgieron hace unos días los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT).

Salarios bajos que no dan para vivir

Otra de las sombras que oscurece los avances del mercado laboral son los bajos salarios, que sienten los trabajadores cada mes en sus bolsillos y frustran en muchos casos sus oportunidades vitales. Aunque están aumentando en los últimos años, cuando se tiene en cuenta la inflación, se observa que están “estancados en los últimos 25 años” en su poder de compra, destaca la economista Natalia Arias.

Han mejorado mucho su situación los salarios más bajos, que son los que más perdieron durante la pasada crisis, por lo que partían de una posición muy desfavorable y en algunos casos siguen siendo insuficientes. Especialmente, ante el gran aumento de precio de bienes básicos, como la alimentación y la vivienda.

“En España, los salarios son relativamente bajos”, reconoce el economista Raymond Torres, que apunta que aunque “tiene que ver con la productividad”, que en nuestro país es más reducida que en Europa, “pero no solo es por eso”, añade el especialista de Funcas, que recuerda que España exporta trabajadores cualificados a otros países donde consiguen mejores salarios. “También tiene que ver con que tenemos muchas empresas pequeñas, que no crecen, un reto estructural que viene de lejos”, sostiene Torres.

Con las fuertes subidas del salario mínimo de los últimos años, del 61% desde 2018, hay cada vez más trabajadores alrededor de este suelo salarial en España, en un contexto en el que el sector privado y los convenios colectivos no han subido tanto las remuneraciones a partir de este indicador.

Para impulsar al alza los sueldos entre el SMI y el salario medio, los sindicatos CCOO y UGT proponen que los próximos años este colectivo concentre las mayores subidas. Plantean aumentos del 4% anual en general y de hasta el 7% para estos salarios más bajos, a la espera de que se inicien las conversaciones con la patronal para tratar de alcanzar otro gran acuerdo de negociación colectiva (AENC).

El catedrático Jesús Cruz Villalón llama la atención sobre una cierta “cultura en las empresas, pero también en la negociación colectiva” que aboca casi inevitablemente a los jóvenes a cobrar bajos salarios, “incluso si son muy cualificados”. Algo que considera que está influido por ciertos prejuicios sobre que las familias pueden ayudar a estos trabajadores y que en muchos casos viven en la casa familiar. “Puede que sí y en otras ocasiones no, hay que poner esto en el debate”, sostiene el especialista.

La cara B de los bajos salarios son hogares en los que en ocasiones es muy complicado llegar a fin de mes. Según los últimos datos, el 42% de los trabajadores dice cuadrar las cuentas con “dificultad”. O incluso se viven situaciones de pobreza pese a tener un empleo. España es de los países de la UE con más pobreza laboral, del 11%, solo por detrás de Bulgaria y Luxemburgo. La media está en el 8%.

La economista Lucía Gorjón señala las personas trabajadoras que no logran salir de la pobreza lo hacen principalmente por los dos motivos: “La parcialidad involuntaria y, especialmente, la temporalidad”. Es decir, por una baja intensidad del empleo, pocas horas o días de trabajo. “Gracias a las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, actualmente una persona que trabaja todo el año a jornada completa logra superar (con bastante margen) el umbral de riesgo de pobreza”, recuerda la investigadora de ISEAK.

El economista de Funcas también añade como factor empobrecedor clave de los trabajadores “la vivienda”. El Consejo Económico y Social (CES) alertó en su última memoria anual que su elevado precio se está “tragando” los avances salariales y económicos en España.

Un tiempo parcial feminizado, muchas veces involuntario

Tras el importante descenso del trabajo temporal, todos los especialistas consultados apuntan a los contratos a tiempo parcial como uno de los principales focos de precariedad del mercado de trabajo. Contratos de tiempo reducido que ocupan a algo más de tres millones de personas en España, de las que su gran mayoría (73%) son mujeres.

“Hay que tener en cuenta la parcialidad involuntaria. Frente a la creencia extendida de que la parcialidad la realizan las mujeres para conciliar su vida familiar y laboral, los datos muestran que, sí es cierto que la parcialidad recae fundamentalmente sobre las mujeres, pero casi un millón trabajan a jornada parcial porque no pueden encontrar empleo a jornada completa (frente a 380.000 que lo hacen para cuidar de personas dependientes)”, subraya Lucía Gorjón.

Además de la parcialidad involuntaria, las mujeres tienen muchos más contratos reducidos para cuidar que los hombres (380.000 frente a 31.700), por lo que desde los sindicatos reclaman medidas públicas de cuidados y de educación, como la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, para combatir esta desigualdad que lastra los ingresos de las mujeres.

“La jornada explica más de la mitad de la brecha salarial” entre hombres y mujeres, subraya Natalia Arias, que destaca que la parcialidad está más extendida en los sectores feminizados, donde trabajan más las mujeres.

“Cuando las empresas necesitan flexibilidad, cargan en el más vulnerable, que es el tiempo parcial frente al trabajador de tiempo completo”, sostiene Jesús Cruz Villalón. El catedrático recuerda que las horas complementarias (por encima de las contempladas en el contrato) no se retribuyen igual que las extraordinarias y su regulación es más permisiva, lo que hace que muchas compañías utilicen estos contratos como parche para ajustar horarios.

Carlos Arcas reconoce cierta “cultura” empresarial de uso de la parcialidad cuando no está del todo justificada. “Si una empresa necesita ocho horas, tiene que hacer así los contratos. Lo que no podemos es jugar a incrementar horas complementarias por ahorrar costes o para mantener una arquitectura contractual que no se adapta a las necesidades de la empresa”, valora el director de The Adecco Group Institute.

La treintena de trabajadoras de recepción y las azafatas de la televisión pública vasca EITB han comenzado una serie de protestas en sus sedes de Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona para denunciar sus “precarias” condiciones laborales. Las azafatas son las personas que se encargan de recibir y atender a los invitados que pasan por los estudios de la televisión y la radio, así como a asegurarse y guiar a estos para que puedan acudir a tiempo a los platós en cada programa, mientras que las recepcionistas se encargan de realizar y recibir llamadas, realizar funciones de secretariado, administración, así como enviar y recoger la paquetería necesaria, entre otras funciones. “Denunciamos la precariedad salarial, pero también en todos los sentidos. Consideramos que nuestras condiciones no son dignas. No contamos con un convenio propio, nos regimos por el Estatuto de los Trabajadores y no hemos tenido subidas salariales desde 2016. Nuestros salarios llevan congelados una década. Teniendo en cuenta cómo ha subido la vida, nos sentimos ahogadas”, detallan las trabajadoras a este periódico.

Tanto las trabajadoras de recepción como las azafatas están subcontratadas por las empresas Alse y Tisa, respectivamente. En el caso de las recepcionistas, cuentan con un sueldo fijo de 1.200 euros netos, según reconocen, mientras las azafatas cobran según las horas que trabajen. Si se trata de domingos o festivos, cuentan con un euro extra por cada hora. “Cobramos solo un euro más por hora por trabajar cada 1 de enero o cada 25 de diciembre. Estamos muy hartas y enfadadas, porque además sentimos la brecha salarial que existe en EITB, que sabemos que no somos funcionarias ni estamos contratadas directamente por EITB, pero trabajamos en los mismos edificios. Aunque llevemos años así, ahora hemos cogido fuerzas para decir basta, porque vemos que no llegamos a fin de mes”, lamentan las trabajadoras.

Según explican, han comenzado sus protestas con concentraciones, carteles y a través de redes sociales, debido a que próximamente EITB sacará los pliegos para los nuevos contratos a las empresas que quieran participar. Se trata de contratos de cinco años. “En junio se acaba el contrato, por lo que calculamos que en marzo sacarán el pliego, aunque no lo sabemos con certeza. No sabemos si habrá alguna prórroga con estas empresas, si estas seguirán o si vendrán otras nuevas, pero lo que queremos es que mejoren nuestras condiciones. Estamos unidas y vamos con todo a por ello”, sostienen las trabajadoras, que aseguran que están recibiendo apoyo por parte del Comité de Empresa de EITB y de profesionales de la televisión pública vasca y se están organizando sindicalmente a través de LAB y ELA.

Por el momento han realizado dos concentraciones en EITB Miramon, la sede de la televisión en Donostia y no descartan realizar más, dado que su objetivo es que el personal sepa cuáles son sus peticiones y condiciones laborales. “Hay mucha gente que trabaja aquí y a la que vemos cada día que no son conscientes de nuestras situaciones laborales. Muchos nos han dicho que ni se imaginaban que sufríamos tanta precariedad. Nuestra protesta también es para que se sepa lo que estamos pasando y, entre todos, podamos mejorar nuestras condiciones. Puede que si desde EITB mejorasen las condiciones de los pliegos, después las empresas estarían abiertas a pagarnos más, consideramos que ahí EITB también puede intervenir”, concluyen.

Este periódico se ha puesto en contacto con EITB, que ha declinado realizar declaraciones sobre este tema en concreto, mientras que al cierre de esta edición las empresas Alse y Tisa no han respondido las preguntas planteadas por teléfono ni por correo electrónico.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el Ayuntamiento ha culminado este jueves la erradicación del asentamiento chabolista Reina de los Ángeles, situado entre la calle del mismo nombre y la Avenida de la Paz, en el Polígono Sur.

El Ayuntamiento ha señalado que la última familia “ha sido realojada, ”poniendo fin a más de tres décadas de infravivienda“. El asentamiento arrancó en 1991 con 20 chabolas y, a la llegada del actual Gobierno municipal en 2023, la cifra ascendía a 24, según ha señalado el Consistorio en una nota.

En este sentido, el alcalde ha destacado que con este proceso “se cumple un compromiso con la dignidad de estas personas y la salud pública: hoy cerramos este asentamiento y abrimos una nueva etapa para los sevillanos que aquí vivían y para los vecinos del entorno”.

Realojos

“Entre 2021 y 2023 tan solo se desmontaron seis infraviviendas, mientras que en dos años y medio de mandato actual este equipo de Gobierno ha desmantelado 24. En tan solo dos años y medio hemos multiplicado por cuatro la cifra de realojos respecto a todos los años de mandato del anterior gobierno socialista”, ha reafirmado.

El Ayuntamiento ha subrayado que ha trabajado “caso a caso” con las familias, “coordinando el realojo y activando un servicio municipal específico de atención continuada que acompaña antes, durante y después de la reubicación”. Este dispositivo, puesto en marcha en 2024, refuerza a los Servicios Sociales con 12 técnicos de Integración Social y 2 coordinadores.

“Con una inversión de más de 1,5 millones de euros hemos reforzado el gran trabajo del personal municipal con las familias realojadas prevenientes de asentamientos chabolistas, instruyendo a sus miembros en hábitos domésticos, capacidades para gestionar la economía familiar, adquisición de competencias parentales, mediación vecinal y acceso a recursos sanitarios, educativos y laborales de sus nuevos hogares. Porque realojar no consiste solo entregar una llave: es garantizar una buena convivencia y un futuro próspero para estos vecinos”, ha destacado Sanz.

Aparcamiento

El Consistorio ha confirmado que el actual solar de Reina de los Ángeles pasará a ser “provisionalmente” un aparcamiento de vehículos de Lipasam, en el que se albergarán, al menos, 5 baldeadoras, 15 barredoras, 5 camiones brigada, 9 motocarros, dos vehículos hidrolimpiadores y un un camión compactador, “dando un uso útil y ordenado al espacio”. Esta flota ocupa actualmente una explanada del Centro Deportivo Polígono Sur, del Instituto Municipal de Deportes (IMD); que “pasará a tener el uso deportivo que corresponde a este espacio”.

Asimismo, el alcalde ha señalado que “seguimos avanzando con la misma hoja de ruta que hemos seguido en Reina de los Ángeles hasta eliminar el chabolismo en nuestra ciudad, dignificando la vida de estas personas, brindándoles oportunidades para una nueva vida en condiciones de habitabilidad, alejados de infecciones y con todas las garantías. Este es un paso más para reducir las desigualdades en Sevilla y mejorar la calidad de vida de nuestros barrios”.

Como ocurrió con la crítica al genocidio en Palestina, el Gobierno de España se ha convertido también en un icono internacional debido a su política migratoria. En tiempos en los que los gobiernos occidentales están aprobando duras políticas de restricción de los flujos migratorios, el gobierno de coalición ha anunciado la regularización de aproximadamente 500.000 inmigrantes irregulares. La cuestión se ha internacionalizado en prensa porque es un movimiento que va a contramano de la política dominante y coincide con el momento más duro de la represión anti-migratoria de Estados Unidos en las últimas décadas.

El debate consecuente tiende a polarizarse entre quienes consideran que las fronteras deberían estar abiertas porque todas las personas tenemos los mismos derechos naturales o porque los inmigrantes proporcionan un beneficio a las economías, y quienes consideran que los flujos migratorios deben restringirse porque perjudican económicamente a ciertos grupos sociales nativos, porque promueven la inestabilidad política y social, porque amenazan las conquistas sociales del Estado del Bienestar o, sencillamente, por razones fundadas en la xenofobia y el racismo. Pero todas estas interpretaciones soslayan un aspecto fundamental de la cuestión, más incómodo y rara vez explicitado: el papel que la migración juega en la dinámica capitalista como mano de obra barata.

Las migraciones en perspectiva histórica

Empecemos por lo básico: la mayoría de las personas no quieren emigrar, y cuando lo hacen es porque están empujadas por circunstancias políticas, sociales, ecológicas o económicas. Pero no tienden a “aterrizar” en cualquier lado, sino que se dirigen casi en su totalidad hacia donde existe demanda de mano de obra. Es decir, es la lógica capitalista la que condiciona de manera importante los flujos migratorios.

No por casualidad las primeras grandes migraciones de la economía-mundo, a partir del siglo XVI, tomaron la forma de trabajo esclavo o contratos de servidumbre. No menos de 12 millones de africanos fueron arrancados de sus tierras —más del 8% en embarcaciones españolas— para convertirse en mano de obra esclava en las plantaciones coloniales, fundamentalmente en América. Como he explicado con más detalle en La guerra por la energía: Poder, imperios y crisis ecológica, aquel trabajo forzado constituyó el elemento central que durante los siglos siguientes garantizaría un flujo de bienes de consumo baratos hacia los países coloniales. El resultado fue la instauración de un modo imperial de vida del que se benefició el conjunto de países occidentales, que accedían así a calorías, ropa y otros productos mucho más baratos. O, dicho de otra forma, los países occidentales se beneficiaban de un salario real más alto del que hubiera existido en ausencia de aquella explotación de carácter imperialista.

Ya desde el comienzo, con aquellas primeras industrias capitalistas que fueron las plantaciones esclavistas —que se anticiparon varios siglos al arquetipo de fábrica de producción estandarizada y con trabajo altamente supervisado—, se ponía de relieve que la expansión de la demanda de mano de obra ha sido un factor estructural central en la activación y canalización de los movimientos migratorios. Incluso en lugares donde inicialmente se había recurrido a la población indígena o a la población blanca, como en las minas del Potosí o en las colonias británicas de Norteamérica, esa oferta no fue suficiente para satisfacer la demanda tan elevada de mano de obra, lo que empujó a los mercaderes y capitalistas a recurrir crecientemente a los esclavos africanos.

Ya en el siglo XIX, y gracias al abaratamiento de los pasajes transatlánticos, se produjeron nuevos extraordinarios movimientos de personas. Se ha calculado que entre mediados de siglo y hasta la primera guerra mundial se dirigieron hacia el Nuevo Mundo —sobre todo Estados Unidos, Argentina, Brasil y Australia— más de 55 millones de europeos. Esta mano de obra entrante, mucho más barata que la nativa, fue determinante para el ascenso e industrialización de los países americanos, particularmente de Estados Unidos. Cabe recordar que, hasta el período de entreguerras, los controles a la movilidad internacional eran significativamente más laxos que en la actualidad, aunque estaban atravesados por jerarquías coloniales y raciales.

Tras las dos Guerras Mundiales, los flujos migratorios se volvieron más controlados e institucionalizados. Aun así, los países europeos recuperaron sus economías gracias a la mano de obra barata que proporcionaba la inmigración, que se atraía a través de programas estatales, pero también de los irregulares que llegaban desde países más pobres —en menos de veinte años Alemania recibió unos 14 millones de trabajadores en régimen de rotación, no pocos de ellos españoles—. En la época neoliberal los flujos migratorios se mantuvieron impulsados por la demanda de mano de obra, pero no sólo en Europa: en algunos países del Golfo Pérsico la mano de obra migrante representa actualmente más del 50% de la población, que es atraída a través del sistema kafala que vincula legalmente a los más de veinte millones de trabajadores a sus empleadores —el trabajador no puede salir del país sin permiso ni cambiar de puesto de trabajo, y pierde el derecho de residencia al perder el empleo—.

A este patrón migratorio histórico se suma hoy la crisis ecológica global. La degradación de suelos, el estrés hídrico, los impactos climáticos y la pérdida de medios de vida rurales actúan como multiplicación de las dinámicas de expulsión, especialmente en las periferias del sistema mundial. Pero, de nuevo, es la estructura productiva de las economías receptoras la que determina en qué condiciones esas personas son incorporadas al mercado de trabajo.

Precariedad y explotación migrante

Así, en esta dinámica capitalista en la que el ser humano es reducido a un recurso explotable —como la propia naturaleza—, existe una demanda estructural de mano de obra por parte de las economías más industrializadas. La inmensa mayoría de los inmigrantes llegan a los países de destino para cubrir actividades de bajo valor añadido, tales como la construcción, limpieza, seguridad, hostelería, reparto y trabajos de cuidados. De hecho, el bienestar de las poblaciones occidentales sería impensable sin la existencia de esta economía del cuidado migrante, cuyas condiciones de trabajo son altamente precarias y vulnerables, especialmente cuando se realizan en condiciones de irregularidad administrativa.

Los migrantes procedentes de países más pobres aceptan condiciones de trabajo peores que los nativos porque su posición jurídica y social debilita su poder de negociación colectiva, facilitando salarios más bajos, mayor flexibilidad forzada y menores costes de despido para el empleador. Esto produce una segmentación del mercado, lo que tiene consecuencias socioeconómicas de gran magnitud. En España, por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza de los nacidos en el extranjero es del 44% frente al 19% de los nacidos en el país.

Como flujo funcional al beneficio capitalista, el grifo de la migración es abierto y cerrado en función de las necesidades del capital. Cuando los migrantes son canalizados dentro de programas públicos o públicos-privados, en el momento bajo del ciclo económico se les devuelve a sus países de procedencia —un recurso barato estrictamente de “usar y tirar”—, pero cuando se trata de movimientos no canalizados son las políticas de migración las que funcionan como una válvula que se abre y cierra. Las redadas y las deportaciones se multiplican cuando el recurso ya no aparece como necesario para las necesidades estructurales del sistema.

La condición de irregularidad en la que recaen los inmigrantes los hace especialmente vulnerables. Al fin y al cabo, la amenaza de deportabilidad es también una forma adicional de disciplinar la mano de obra, facilitando su explotación y abuso por parte de los empleadores. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que hay casi 10 millones de inmigrantes irregulares, con una fuerte concentración en la construcción, la restauración y la agricultura. Todas esas personas reciben ingresos, consumen y pagan impuestos—hasta 90.000 millones anuales, según el American Inmigration Council—, pero carecen de derechos políticos y tienen que asumir las condiciones laborales que les impongan sus empleadores.

Es aquí donde la propuesta del Gobierno de Sánchez gana enteros, porque tiene un carácter moral y pragmático al mismo tiempo: se trata de reconocer derechos a personas que ya viven y trabajan en nuestras comunidades, y por lo tanto les permiten protegerse frente a los abusos. Pero al mismo tiempo, el análisis se queda corto si se limita a la pretensión de regularizar a todo el mundo, pues corre el riesgo de ocultar las condiciones de superexplotación de los inmigrantes y de perpetuar el racismo estructural que se deriva de esa dualidad laboral. Sin una política laboral activa -refuerzo sustancial de la inspección de Trabajo, persecución de la subcontratación fraudulenta, extensión real de la negociación colectiva, sanciones efectivas a los empleadores que se benefician de la irregularidad y garantías de acceso a la sindicación- la regularización puede convertirse en una medida necesaria pero insuficiente.

Solidaridad de clase

Una perspectiva más aguda debería evitar mistificar la procedencia de los bienes y servicios que se consumen en un país y que forman el centro del bienestar material de las sociedades contemporáneas. Hoy, como ocurre desde el siglo XVI, una parte considerable de nuestro consumo-bienestar es barato porque se produce una explotación de recursos naturales y de personas tanto en la economía-mundo como en el interior de nuestras comunidades. De la misma manera que nuestra ropa es relativamente barata porque hay trabajadores explotados en las periferias de la economía-mundo, parte de nuestro sistema alimentario y de cuidados se sostiene en la superexplotación de personas migrantes a nivel nacional.

La competencia entre trabajadores no es un resultado natural de la inmigración, sino de la desigualdad de derechos. Allí donde una parte de la fuerza de trabajo carece de estabilidad jurídica, de protección sindical efectiva y de capacidad real para denunciar abusos, se genera una presión a la baja sobre salarios y condiciones que termina afectando al conjunto de la clase trabajadora. La clave no es, por tanto, reducir la inmigración, sino reducir la segmentación institucional del mercado de trabajo.

Frente a los discursos que presentan la inmigración como una amenaza directa para los trabajadores nativos -una narrativa hoy promovida tanto por la extrema derecha como por sectores que se reclaman de izquierdas-, este escenario abre la oportunidad de tejer alianzas pro-trabajo que busquen mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora en su conjunto y dentro de los límites del planeta. Y aquí tanto el sindicalismo como el gobierno de coalición han dado pasos muy importantes, no sólo regularizando migrantes y subiendo el salario mínimo sino también persiguiendo la explotación laboral que se produce en los sectores de la economía informal. En última instancia, la cuestión migratoria no es un problema de fronteras, sino de organización social del trabajo en un capitalismo que consume y agota a las personas y al planeta.

L'emancipació juvenil s'ha convertit en una excepció a Balears. Només el 15,3% dels joves d'entre 16 i 29 anys viu fora de la llar familiar i, a la franja clau de 25 a 29 anys, amb prou feines un de cada tres aconsegueix independitzar-se, tal com constata l'Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2025, que dibuixa un escenari marcat per baixos salaris, precarització laboral i un mercat de l'habitatge que actua com a principal mur de contenció.

L'informe, elaborat per l'Observatori de la Joventut de les Illes Balears (OJIB) i el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), incorpora per primera vegada una anàlisi específica sobre salut mental que reforça la lectura estructural del problema: segons l'estudi, els joves de les illes tenen una pitjor salut mental que els de la resta del país i pateixen més depressió, ansietat i malestar psicològic per l'encariment de l'habitatge, la precarització laboral i la pressió que la turistificació exerceix sobre l'emergència residencial.

D'acord amb l'informe, el cost del lloguer absorbeix de mitjana el 59% dels ingressos d'una llar jove i equival al 135,9% del salari d'una sola persona. A la pràctica, el salari juvenil només permet accedir a un habitatge de 18 metres quadrats al mercat lliure, una xifra que resumeix el grau d'asfíxia habitacional a què s'enfronta la joventut balear. Comprar tampoc és una alternativa realista: adquirir un habitatge nou suposa l'equivalent a 22,1 anys de sou juvenil i, perquè un jove pugui destinar el 30% del sou a una hipoteca, caldria ingressar 5.440 euros nets mensuals, una xifra que el propi informe qualifica de “totalment allunyada de la realitat salarial”.

Malgrat això, el règim majoritari entre la joventut emancipada continua sent el lloguer a preu de mercat (45,7%), molt per davant de la propietat amb hipoteca (16,9%) o del lloguer per sota del preu de mercat (14,7%). Perquè una persona jove pogués destinar només el 30% del seu salari al pagament d'una hipoteca, hauria d'ingressar 5.440 euros nets al mes.

A l'arxipèlag resideixen actualment 197.500 joves, però únicament 30.285 estan emancipats. Entre els qui tenen entre 25 i 29 anys -un grup format per 77.156 persones-, la taxa d'emancipació se situa en el 33,2%. La bretxa de gènere és lleu però persistent: el 13,4% dels homes viu fora de la llar familiar enfront del 17,4% de les dones.

Les diferències s'accentuen quan s'atén al lloc de naixement. Només el 8,4% dels joves nascuts a les illes d'entre 25 i 29 anys està emancipat, enfront del 26,8% dels qui procedeixen d'altres comunitats autònomes i el 27,2% dels nascuts a l'estranger. Una dada que apunta a una realitat coneguda a les illes: els qui arriben amb feina ja assegurada o amb més capacitat econòmica tenen més opcions d'accedir a un habitatge, mentre que la joventut local queda atrapada en un mercat cada vegada més inaccessible.

L'anuari assenyala que la combinació de precarització laboral i encariment de l'habitatge “converteix l'autonomia en un privilegi”. Estudiar ja no garanteix una feina digna i treballar no assegura poder sortir d'aquesta situació, una constatació que connecta directament amb el model econòmic de Balears, fortament dependent del turisme i caracteritzat per la temporalitat i els baixos salaris.

“El lloguer és prohibitiu, la compra és una quimera i el parc públic d'habitatge és insuficient”, resumeix un dels articles de l'anuari, que adverteix que l'emancipació ha deixat de ser una etapa natural del cicle vital per convertir-se en un privilegi reservat a aquells que compten amb recursos suficients o circumstàncies excepcionals. El resultat és una joventut abocada a prolongar la convivència familiar o a assumir situacions d'inestabilitat habitacional.

En la “sala d'espera” de la vida adulta

Davant d'aquest panorama, el Consell de la Joventut reclama mesures urgents: regular el preu del lloguer, ampliar de forma decidida el parc públic d'habitatge i reservar-ne una part per a joves, reconvertir espais en habitatge social i reduir els impostos vinculats al primer habitatge. “La joventut no vol viure eternament a la sala d'espera de la vida adulta”, subratllen, exigint “habitatge digne, feines estables i oportunitats reals, ara”.

L'Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2025, presentat aquest dilluns per la doctora Belén Pascual (UIB), la directora de l'OJIB, Assumpta Mas, i el doctor Carles Feixa, aplega 19 articles. Un d'ells, titulat Més joves en risc de pobresa que joves emancipats, recorda que el 19,1% de les persones d'entre 16 i 24 anys es troba en risc de pobresa o exclusió, així com el 7,5% dels joves que treballen.

Es tracta d'un context de precarització habitacional i laboral que té un impacte directe en el benestar psicològic. L'informe sobre salut mental alerta que el 13,3% de la joventut balear pateix ansietat crònica, més del doble que la mitjana estatal, situada en el 6,2%. La depressió també presenta xifres més elevades que en el conjunt del país, tant entre la població de 15 a 29 anys com entre els més grans de 30.

Més enllà dels diagnòstics clínics, l'estudi subratlla el malestar generalitzat d'una generació que percep la seva situació com a crítica. Només un 0,5% de les persones joves considera que la situació del col·lectiu és molt bona i amb prou feines un 3,5% la qualifica de bona. En canvi, més d'un terç la defineix com a dolenta o molt dolenta, i només el 34% confia a viure millor que els seus progenitors.

Segons l'Anuari, aquestes percepcions estan profundament arrelades en realitats socioeconòmiques específiques de Balears, entre les quals destaquen l'especulació immobiliària, la pressió turística sobre el mercat residencial i la precarització laboral derivada de la dependència del sector turístic i la temporalitat dels contractes. “Quan les dificultats per accedir a un habitatge digne es combinen amb la falta d'ingressos estables, la joventut balear queda atrapada en un cercle de vulnerabilitat estructural que dificulta tant l'autonomia com la construcció de projectes de vida amb garanties”, adverteix l'informe.

Davant d'aquest escenari, el Consell de la Joventut insisteix que la salut mental juvenil no pot abordar-se únicament des d'una perspectiva clínica. Reclama polítiques públiques integrals que ampliïn l'atenció sanitària, però que també garanteixin habitatge assequible, ocupació digna, igualtat de gènere i espais reals de participació. Sense un gir estructural, conclou l'Anuari, l'habitatge continuarà sent no només un problema habitacional, sinó un dels principals factors de desgast psicològic i desigualtat generacional a Balears.

La emancipación juvenil se ha convertido en una excepción en Balears. Solo el 15,3 % de los jóvenes de entre 16 y 29 años vive fuera del hogar familiar y, en la franja clave de 25 a 29 años, apenas uno de cada tres logra independizarse, tal como constata el Anuario de la Juventud de las Illes Balears 2025, que dibuja un escenario marcado por bajos salarios, precarización laboral y un mercado de la vivienda que actúa como principal muro de contención.

El informe, elaborado por el Observatori de la Joventut de les Illes Balears (OJIB) y el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), incorpora por primera vez un análisis específico sobre salud mental que refuerza la lectura estructural del problema: según el estudio, los jóvenes de las islas tienen una peor salud mental que los del resto del país y sufren más depresión, ansiedad y malestar psicológico por el encarecimiento de la vivienda, la precarización laboral y la presión que la turistificación ejerce sobre la emergencia residencial.

De acuerdo al informe, el coste del alquiler absorbe de media el 59 % de los ingresos de un hogar joven y equivale al 135,9 % del salario de una sola persona. En la práctica, el salario juvenil solo permite acceder a una vivienda de 18 metros cuadrados en el mercado libre, una cifra que resume el grado de asfixia habitacional al que se enfrenta la juventud balear. Comprar tampoco es una alternativa realista: adquirir una vivienda nueva supone el equivalente a 22,1 años de sueldo juvenil y, para que un joven pueda destinar el 30 % del sueldo a una hipoteca, sería necesario ingresar 5.440 euros netos mensuales, una cifra que el propio anuario califica de “totalmente alejada de la realidad salarial”.

Pese a todo ello, el régimen mayoritario entre la juventud emancipada sigue siendo el alquiler a precio de mercado (45,7 %), muy por delante de la propiedad con hipoteca (16,9 %) o del alquiler por debajo del precio de mercado (14,7 %).

En el archipiélago residen actualmente 197.500 jóvenes, pero únicamente 30.285 están emancipados. Entre quienes tienen entre 25 y 29 años -un grupo formado por 77.156 personas-, la tasa de emancipación se sitúa en el 33,2 %. La brecha de género es leve pero persistente: el 13,4 % de los hombres vive fuera del hogar familiar frente al 17,4 % de las mujeres.

Las diferencias se acentúan cuando se atiende al lugar de nacimiento. Solo el 8,4 % de los jóvenes nacidos en las islas de entre 25 y 29 años está emancipado, frente al 26,8 % de quienes proceden de otras comunidades autónomas y el 27,2 % de los nacidos en el extranjero. Un dato que apunta a una realidad conocida en las islas: quienes llegan con empleo ya asegurado o con mayor capacidad económica tienen más opciones de acceder a una vivienda, mientras que la juventud local queda atrapada en un mercado cada vez más inaccesible.

El anuario señala que la combinación de precarización laboral y encarecimiento de la vivienda “convierte la autonomía en un privilegio”. Estudiar ya no garantiza un empleo digno y trabajar no asegura poder salir de esta situación, una constatación que conecta directamente con el modelo económico de Balears, fuertemente dependiente del turismo y caracterizado por la temporalidad y los bajos salarios.

“El alquiler es prohibitivo, la compra es una quimera y el parque público de vivienda es insuficiente”, resume uno de los artículos del anuario, que advierte de que la emancipación ha dejado de ser una etapa natural del ciclo vital para convertirse en un privilegio reservado a quienes cuentan con recursos suficientes o circunstancias excepcionales. El resultado es una juventud abocada a prolongar la convivencia familiar o a asumir situaciones de inestabilidad habitacional.

En la “sala de espera” de la vida adulta

Ante este panorama, el Consell de la Joventut reclama medidas urgentes: regular el precio del alquiler, ampliar de forma decidida el parque público de vivienda y reservar una parte para jóvenes, reconvertir espacios en vivienda social y reducir los impuestos vinculados a la primera vivienda. “La juventud no quiere vivir eternamente en la sala de espera de la vida adulta”, subrayan, exigiendo “vivienda digna, trabajos estables y oportunidades reales, ahora”.

El Anuario de la Juventud de las Illes Balears 2025, presentado este lunes por la doctora Belén Pascual (UIB), la directora del OJIB, Assumpta Mas, y el doctor Carles Feixa, reúne 19 artículos. Uno de ellos, titulado Más jóvenes en riesgo de pobreza que jóvenes emancipados, recuerda que el 19,1 % de las personas de entre 16 y 24 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, así como el 7,5 % de los jóvenes que trabajan.

Se trata de un contexto de precarización habitacional y laboral que tiene un impacto directo en el bienestar psicológico. El informe sobre salud mental alerta de que el 13,3 % de la juventud balear sufre ansiedad crónica, más del doble que la media estatal, situada en el 6,2 %. La depresión también presenta cifras más elevadas que en el conjunto del país, tanto entre la población de 15 a 29 años como entre los mayores de 30.

Más allá de los diagnósticos clínicos, el estudio subraya el malestar generalizado de una generación que percibe su situación como crítica. Solo un 0,5 % de las personas jóvenes considera que la situación del colectivo es muy buena y apenas un 3,5 % la califica de buena. En cambio, más de un tercio la define como mala o muy mala, y solo el 34 % confía en vivir mejor que sus progenitores.

Según el Anuario, estas percepciones están profundamente arraigadas en realidades socioeconómicas específicas de Baleares, entre las que destacan la especulación inmobiliaria, la presión turística sobre el mercado residencial y la precariedad laboral derivada de la dependencia del sector turístico y la temporalidad de los contratos. “Cuando las dificultades para acceder a una vivienda digna se combinan con la falta de ingresos estables, la juventud balear queda atrapada en un círculo de vulnerabilidad estructural que dificulta tanto la autonomía como la construcción de proyectos de vida con garantías”, advierte el informe.

Ante este escenario, el Consell de la Joventut insiste en que la salud mental juvenil no puede abordarse únicamente desde una perspectiva clínica. Reclama políticas públicas integrales que amplíen la atención sanitaria, pero que también garanticen vivienda asequible, empleo digno, igualdad de género y espacios reales de participación. Sin un giro estructural, concluye el Anuario, la vivienda seguirá siendo no solo un problema habitacional, sino uno de los principales factores de desgaste psicológico y desigualdad generacional en Balears.

Cambiar el mundo. Me pregunto si la camarera quiere cambiar el mundo. Me pregunto si sus ojeras se deben a una mala noche o un cansancio que arrastra desde hace años porque la vida le ha situado a ese lado de la barra cuando ella, de joven, quería cambiar el mundo. Me pregunto si la camarera, tras servirme una copa de vino, ha intuido que yo soy un hombre que, aburrido de sí mismo, está buscando en este local una certeza, una dulzura cálida que consiga mantenerme a este lado de la barra casi confortado, como si fuera un niño que regresara a casa de la escuela.

La cafetería es pequeña. No hay cuadros en las paredes, solo un televisor gigantesco donde unas gimnastas dan volteretas sobre una tarima de color azul y unas estanterías donde se amontonan las botellas de licores de alta graduación: ginebras, vodkas, tequilas, whiskys, aguardientes... La camarera tiene los ojos pequeños, de un negro distraído. No somos muchos en la cafetería. Un par de hombres insulsos, silenciosos, de una edad inhóspita, nada fácil de sobrellevar, y una mujer de pelo ralo, rubio teñido, cincuentona, que junto a la máquina tragaperras trata de solucionar el crucigrama del periódico. He salido de casa en esta tarde de invierno para no tenerme demasiado en cuenta. No llueve. No truena. No nieva.

La camarera mira hacia la puerta como si necesitara que alguien entrara en la cafetería para así mantenerla ocupada y no recordar que de joven soñó con cambiar el mundo. Todos de jóvenes quisimos cambiar el mundo. Leímos muchos libros. Escuchamos muchas canciones. Vimos muchas películas que nos alentaban en nuestro propósito de cambiar el mundo. No sé qué leen los jóvenes de este tiempo. Ni lo que escuchan. Ni lo que contemplan. Ya no estoy en las redes sociales. Todavía prefiero el mundo de los bares al mundo digital. Me resulta menos violento. Menos oscuro. Menos solitario.

Los de mi generación no hemos dejado de ser jóvenes en nuestra cabeza, pero ahora, con las manos ya arrugadas, sostenemos la copa de vino o de whisky o de tequila, de otra manera, con menos firmeza, con un entusiasmo doméstico que, como los cubitos de hielo, se va diluyendo lentamente tras cada trago. No cambiamos el mundo. No lo conseguimos. El mundo continúa regido por los multimillonarios. Los delincuentes habituales. Los que nunca pierden. El mundo, eso sí, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Nos ha moldeado. Nos ha esculpido. A la camarera le ha adornado con ojeras de tuberculosa y una belleza teñida y balbuceante, de mirada distraída, que más que acuosa es servicial y a mí me ha situado a esta hora fatigada en esta cafetería de barrio bebiendo un vino de raza mediocre, áspero y resistente, por no tenerme demasiado en cuenta.

Ahora la camarera pasa la bayeta por la superficie de la barra con una determinación concienzuda, casi brusca, como si así lograra borrar de su memoria todas las derrotas que ha tenido que admitir. Es hora de regresar a casa. La sirena de una ambulancia se esparce por la calle como un huracán que se va acercando.

A pocos días de que el juzgado ejecute su desahucio, Paca Blanco vive entre carpetas de documentos, llamadas a su abogada y la incertidumbre de no saber si podrá seguir en la casa donde lleva doce años. La activista extremeña, que ha intentado regularizar su situación por todas las vías posibles, se enfrenta a un procedimiento que la considera “ocupante ignorada” pese a un año de pagos del alquiler continuados. Su caso, convertido ya en símbolo de la precariedad habitacional, ha desatado una ola de apoyo social y también una avalancha de odio en redes que ella interpreta como un síntoma inquietante del clima social y político de nuestro país.

La orden de lanzamiento está fijada para el 23 de febrero a las seis de la mañana. “Espero que se pueda parar, pero a día de hoy esa es la fecha”, explica.

Blanco asegura haber presentado durante años escritos y recursos ante el Ayuntamiento de Madrid para poder pagar el alquiler, aplazar la deuda acumulada y evitar el desahucio. Solo ayer llevó a su abogada 155 fotocopias de documentación que lo acredita. “He pedido que me cobren el alquiler y que, si hay deuda, me la aplacen. Se han negado porque dicen que estos pisos no pueden pasar de hijos a padres como ha sido mi caso”, denuncia.

Desde hace un año, sin embargo, ella ha conseguido pagar el alquiler de forma continuada. Tras recibir una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal, comenzó a ingresar el importe mensualmente. “Llevo un año pagándolo religiosamente y sigo pidiendo que me regularicen mi situación habitacional”, explica.

La orden de desahucio figura a nombre de su hijo, de su nuera y de ella misma. Su hijo, adjudicatario inicial de la vivienda, se marchó a vivir a Brasil con su pareja y le dejó la casa. “Yo no forcé ninguna puerta. Llamé, mi hijo me abrió y me dio las llaves”, subraya. Aun así, la administración la considera ocupante y por eso ahora la quiere echar y dejarla en la calle.

En los últimos días, según explica, Paca ha recibido la llamada de una trabajadora social del Ayuntamiento, informándole de que desde la empresa municipal de vivienda, la EMVS, se había pedido paralizar la tramitación. “Me dio una alegría, pero hasta que no tenga una notificación oficial del juzgado no me fío”, afirma.

A esta incertidumbre se suma el dolor e indignación por el odio recibido en redes sociales desde que su caso se hizo público. “Con 77 años y movilidad reducida me dicen que me ponga a trabajar o que me compre una casa”, relata. “Es un odio visceral a la pobreza”. Para Blanco, estos comentarios no son anecdóticos: “Nos están alertando de lo que viene. Da muchísimo miedo”.

La activista también quiere dejar claro que rechaza los aplazamientos temporales que solo prolongan la angustia. “No quiero que me hagan lo que están haciendo en Madrid: aplazar quince días para luego volver a pasar por lo mismo en unos días. Es un goteo que no para”, denuncia. A su juicio, el problema es estructural: “Aunque una persona trabaje o tenga una pensión, no puede pagar una vivienda. Si ganas 1200 euros, es imposible pagar 1000 de alquiler. Estamos en la puñetera calle una gran mayoría”.

Una vida de trabajo y supervivencia

La situación actual de Paca Blanco no puede entenderse sin su trayectoria vital. “He tenido cinco hijos y nunca he desperdiciado un puesto de trabajo”, afirma. “Siempre he dicho que sí a todo, porque había que sacarlos adelante y no podía permitirme elegir”.

No fue a la universidad. A los 21 años tenía ya tres hijas y sufría violencia machista. Además, es superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo franquista que encerró a miles de adolescentes sin haber cometido delito alguno. “Lo que se pretendía era hacernos mujeres sumisas, devotas y buenas esposas”, recuerda. Muchas, como ella, salieron de allí a través de matrimonios precipitados que acabaron en maltrato machista.

Desde muy joven trabajó en todo lo que le ofrecieron, ya fuera picar calles con un martillo eléctrico, empleos en bufetes de abogados, o en asilos de ancianos. “Me he remangado para todo”, resume. Tras una vida laboral marcada por la precariedad, hoy percibe una pensión de viudedad de su segundo marido y una de jubilación que suman unos 1.200 euros mensuales. “No me puedo pagar un alquiler de 1.000 euros y no quiero a ir a una residencia otra vez”, afirma.

Actualmente, en su vivienda convive con otro de sus hijos que perdió el empleo y al que acogió. También empadronó temporalmente a un nieto con epilepsia para que pudiera recibir atención médica cerca de su casa. “No soy una unidad familiar. Yo vivo de mi pensión y pago con mi pensión. Lo que es evidente es que soy una persona vulnerable”, insiste.

Pese a todo, Blanco evita el victimismo. “No me avergüenza que me llamen ocupa. Yo he demostrado que no he ocupado porque he estado pagando, pero es que cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho”, afirma. Y concluye con una exigencia que va más allá de su caso personal: “No es solo mi desahucio. Como siempre he hecho no solo voy a luchar por mí sino por una sociedad mejor, por todas las personas que viven en ella. Exijo una solución ya al problema de la vivienda en este país”.

Blanco no quiere terminar esta entrevista sin denunciar que el llamado “escudo social” se ha desmantelado, dejando sin protección a miles de familias en riesgo de exclusión. “Es una vergüenza para un gobierno que se dice socialista —añade—, que estén recortando las medidas contra los desahucios mientras 70.000 familias podemos acabar sin techo. Nos están empobreciendo y ya no podemos respirar porque nos están oprimiendo por el cuello”.

Paca Blanco no es solo una mujer amenazada por un desahucio. Es una activista histórica que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos sociales y del medio ambiente, que ha trabajado en todo lo que ha tenido a su alcance para sacar adelante a su familia y que sigue alzando la voz cuando la precariedad se convierte en castigo. No en vano es 'Paca, la brava'. Su caso interpela a las instituciones, pero también a una sociedad que normaliza el desprecio a la pobreza y olvida que la dignidad no se pierde por no poder pagar una vivienda.

La caída del paro por debajo del 10% en el cierre de 2025, un hito que España no lograba desde hacía casi 18 años y que solo ha alcanzado en dos ocasiones en las últimas cuatro décadas, centralizó todas las miradas esta semana. La Encuesta de Población Activa (EPA) certificó un gran año para el mercado de trabajo, que acumula otras buenas noticias: máximos de empleo, en total y también en ciertos colectivos, como las mujeres y los trabajadores extranjeros, además de una reducción de algunos indicadores de precariedad, como la temporalidad y, en menor medida, la parcialidad.

El número de personas trabajando en España nunca había sido tan alto. En 2025, se crearon algo más de 600.000 puestos de trabajo, uno de los datos más elevados de la última década, hasta llevar el total de personas ocupadas a alcanzar un nuevo máximo histórico: 22,46 millones de personas con empleo.

Como destaca Ángel Talavera, economista de Oxford Economics, estas cifras sitúan a España no solo a la cabeza de la eurozona en creación de puestos de trabajo, sino que protagoniza prácticamente la mitad de todos los empleos creados en estos países.

Además, aunque el empleo aumentó tanto entre los hombres como entre las mujeres, el número de trabajadoras ascendió con más intensidad: en 306.200 (+3%) respecto a los casi 300.000 hombres (+2,6%). Algo importante para lograr cerrar brechas de ocupación y actividad de las mujeres en el mercado de trabajo, que marcan también otras desigualdades económicas.

Con este incremento, se alcanzó además un récord de mujeres trabajando, de 10,46 millones de ocupadas. Por su parte, los trabajadores se situaron algo por encima de los 12 millones de hombres, un dato que se aproxima al anterior máximo histórico (de 12,2 millones ocupados) alcanzado durante la burbuja, en 2007, antes de la Gran Recesión.

Hay otro actor protagonista del empuje del empleo de 2025: los trabajadores de origen extranjero. El año pasado, del total de 600.000 puestos de trabajado creados, la población extranjera representa casi el 43%. Estas cifras llevaron también al número de trabajadores extranjeros a máximos históricos, de 3,58 millones de personas.

Aunque el empleo también aumenta entre la población española y de doble nacionalidad (+1,9%), el mayor auge de los trabajadores extranjeros (7,8%) está elevando el peso de estos entre el total de personas ocupadas. Al cierre de 2025, rozó el 16%.

Para ampliar los derechos de la población extranjera residente ya en España, el Gobierno acaba de anunciar una regularización extraordinaria de migrantes, que se prevé que pueda beneficiar a algo más de medio millón de personas. Inspectores de trabajo han celebrado la medida, que indican que permitirá aflorar puestos de trabajo en la economía sumergida y reducir las situaciones de explotación laboral que constatan en esta población más vulnerable.

Récord de personas dispuestas a trabajar

En los últimos años, los trabajadores migrantes están suponiendo una pieza clave del crecimiento de puestos de trabajo y del propio mercado laboral, incrementando la población activa dispuesta a trabajar. En el caso de algunas comunidades autónomas, están evitando de hecho su reducción.

En 2025, el mercado laboral creció hasta ser más grande que nunca, superando el techo de las 25 millones de personas activas (dispuestas a trabajar). En el cierre de año se rozó este nivel tras sumar 487.000 personas a la población activa, el segundo mayor dato desde 2008, en el que las personas extranjeras suponen casi la mitad.

Si se mira el auge de la población activa en 2025 por ocupaciones, destaca un gran incremento de la actividad en sectores cualificados, como los técnicos y profesionales científicos e intelectuales. El dato se reduce entre la población parada, que está a la vez reduciendo en número.

“Todavía hay elementos de desigualdad y precariedad por corregir, pero la mejora del empleo en estos últimos años es evidente”, sostenía esta semana Loli García, secretaria confederal de Formación y Empleo de CCOO. En el sindicato liderado por Unai Sordo sostienen que estos datos confirman lo que vienen planteando desde hace tiempo, “que no es otra cosa que la consecución del pleno empleo en nuestro país”.

“Es posible aspirar a un pleno empleo de calidad, y para ello hay que seguir insistiendo en la activación económica, con una política industrial y de desarrollo sectorial que genere empleo estable y de calidad”, añadía García.

En la patronal CEOE han celebrado que el sector privado es el “gran baluarte” de la creación de empleo en España, algo que desmiente una vez más las acusaciones que en ocasiones se lanzan desde la derecha política sobre que las cifras de empleo están “engordadas” por trabajadores públicos.

“La economía española ha generado 567.200 puestos de trabajo en media de 2025, gracias al impulso del sector privado, que ha creado 578.700 empleos, mientras que el sector público perdió 11.500 ocupados”, ha subrayado la organización empresarial.

Menos temporalidad y parcialidad

Uno de los rasgos más importantes del crecimiento del empleo en los últimos años es su complementariedad con otro proceso que parecía imposible en España: la reducción del empleo temporal. Los trabajos eventuales, considerados más precarios por su inestabilidad, se desplomaron a raíz de la aprobación de la reforma laboral de 2022.

Los datos de 2025 muestran una buena noticia. El descenso de la temporalidad continúa y ha alcanzado un nuevo mínimo histórico, del 15,1%, como destacaba el sindicato UGT en su análisis de la EPA. “Asimismo, la tasa de temporalidad promedio de 2025 se sitúa en el 15,3%, seis décimas por debajo de 2024, constatando la continuidad de los efectos positivos de la reforma laboral y su contribución a una mayor estabilidad en el empleo”, destaca el sindicato dirigido por Pepe Álvarez.

El dato de temporalidad más bajo reside en el sector privado, del 12%, donde se aplicó principalmente la reforma laboral, mientras que en el sector público aún es mucho más elevada, de casi el 27%, muy lejos del objetivo europeo del 8%, aunque también está en descenso.

En los sindicatos esperan que el empleo temporal en la Administración pueda reducirse notablemente “cuando se haga efectiva la eliminación de la tasa de reposición en próximas ofertas de empleo público”, como recoge el Acuerdo Marco firmado con Función Pública a finales del año pasado.

Además, los datos de 2025 muestran que el empleo fijo discontinuo se redujo. Es relevante porque es la modalidad de contrato indefinido, pero intermitente, que se impulsó en la reforma laboral como alternativa al abuso de contratos temporales en muchas ocupaciones estacionales y que ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la derecha.

En el último año la población asalariada indefinida permanente aumentó en 587.400 personas y la población asalariada indefinida discontinua cayó en 39.900 personas. CCOO destaca que estos contratos solo alcanzan al 3,5% de las personas asalariadas.

“Estos porcentajes son algo superiores a los que había antes de la reforma laboral de 2021, pero su relevancia sigue siendo muy limitada. El contrato fijo discontinuo no está ganando peso en el empleo desde 2023, al contrario, la está perdiendo”.

Desde antes de la reforma laboral, al cierre de 2021, hay 1,5 millones menos de trabajadores con contrato temporal y casi 3,6 millones de trabajadores indefinidos más (de los que casi 3,2 millones son fijos permanentes).

Otro dato positivo es que el empleo creado en el último año es “mayoritariamente a tiempo completo”, destacaba también el economista Ángel Talavera.

Así, el peso del trabajo a tiempo parcial, de horario reducido y sobre todo ocupado por mujeres (73%), en el conjunto del mercado laboral se redujo el año pasado, hasta dejar la tasa en el 13,8%, dos décimas por debajo del mismo periodo de 2024.

Por su parte, mermó —aunque muy ligeramente— el llamado trabajo parcial involuntario, de personas que dicen tener ese tipo de contrato por no poder encontrar un empleo a tiempo completo, que pasó del 45% al 44% del total. Cifras aun así muy elevadas, denuncian tanto en CCOO y UGT, que sitúan esta modalidad contractual como uno de los principales focos de precariedad en España en la actualidad, que condena a muchas trabajadoras a cobrar bajos salarios e, incluso, a la pobreza pese a tener un empleo.

Cáritas Española ha defendido este jueves la regularización de migrantes pactada por el Gobierno y Podemos, y ha rechazado la idea de que las personas en situación de vulnerabilidad supongan una carga para la sociedad. “En nuestra sociedad no hay parásitos”, ha afirmado Manuel Bretón, presidente de la organización, durante la presentación del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social. Bretón ha señalado que agilizar la regularización administrativa, garantizar empleo digno y acceso a vivienda es crucial para la integración de la población migrante, que sufre tasas de exclusión casi cuatro veces superiores a las de los ciudadanos españoles.

El informe, elaborado por más de 140 investigadores, apunta que España, a pesar de su crecimiento económico y la creación de empleo, se adentra en una “sociedad del desasosiego” marcada por la precariedad laboral, la exclusión habitacional y el debilitamiento de la clase media. Según la fundación FOESSA, la exclusión social severa afecta a 4,3 millones de personas, y la irregularidad administrativa multiplica los riesgos: dos de cada tres personas extracomunitarias sin papeles viven en exclusión.

Migración: una realidad estructural

El encuentro se ha celebrado en un contexto político marcado por el anuncio del Gobierno y Podemos de una regularización extraordinaria de migrantes que podría beneficiar a más de 500.000 personas. La medida, que se aprobará por la vía de urgencia mediante real decreto, permitirá regularizar a quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido al menos cinco meses en el país.

Bretón ha defendido la iniciativa y ha recordado el papel de Cáritas y de la Iglesia en su impulso. “La inmigración no es un problema, es una realidad”, ha defendido. España ha pasado de ser un país emisor a uno receptor de inmigración, con 8,8 millones de personas nacidas en el extranjero, un 18,2% de la población.

Según el informe FOESSA, la población migrante es clave para el crecimiento demográfico y económico, pero sufre tasas de exclusión muy superiores: las personas extranjeras padecen casi cuatro veces más exclusión severa que las de nacionalidad española.

El informe subraya que la irregularidad administrativa es un factor decisivo: dos de cada tres personas extracomunitarias sin papeles viven en exclusión. “Agilizar la regularización, garantizar empleo digno y acceso a vivienda es crucial para la integración”, explica FOESSA.

La desigualdad no admite ambigüedades

Frente a quienes cuestionan la generosidad del sistema de protección social, Bretón ha contestado: “En nuestra sociedad no hay parásitos”. El informe desmonta la idea de que las ayudas desincentivan el empleo y muestra que la mayoría de los hogares en situación de vulnerabilidad buscan trabajo y formación, pese a los obstáculos burocráticos.

El presidente de Cáritas ha apelado también al mundo empresarial, reunido en el acto de CEDE este jueves, a asumir el riesgo sistémico de la desigualdad. “No hay empresas sostenibles en sociedades rotas”, ha advertido, proponiendo pasar de la “ética del buen vecino” a la del “buen antepasado”, pensando en el impacto de las decisiones actuales sobre las generaciones futuras.

“La desigualdad es una palabra feísima”, ha concluido Bretón. “No admite ambigüedades: o se combate o se construye”. También ha incidido en que el IX Informe FOESSA no pide compasión, sino responsabilidad política y social ante una fractura que, de no abordarse, amenaza la cohesión democrática del país.

Más allá de la pobreza

El IX Informe FOESSA amplía el foco más allá de la pobreza monetaria y analiza la exclusión social a partir de 37 indicadores agrupados en ocho ámbitos, entre ellos empleo, vivienda, salud, educación o relaciones sociales. “No es solo una fotografía, es un vídeo”, ha explicado Bretón, en referencia al seguimiento de tendencias desde hace décadas, como la caída de la clase media.

Al mismo tiempo, Cáritas denuncia que la precariedad laboral se ha normalizado y afecta a casi la mitad de la población activa. “Me creo los datos del Gobierno sobre la mejora del empleo, pero no constituye una protección general”, afirmó el presidente de Cáritas, recordando que “la mitad de las personas que acuden a Cáritas son trabajadores”.

La vivienda aparece como el otro gran motor de la exclusión. Uno de cada cuatro hogares sufre problemas de acceso a una vivienda digna, en un país que, paradójicamente, lidera Europa en viviendas vacías y secundarias. “Hace veinte años nadie habría imaginado esta emergencia habitacional”, ha señalado Bretón, quien recordó que España es el país europeo donde los jóvenes se emancipan más tarde.

Juventud e infancia, las grandes afectadas

El informe dedica especial atención a la infancia y la juventud, a las que identifica como las grandes perdedoras del modelo actual. La precariedad laboral, la temporalidad, los bajos salarios y los precios de la vivienda alimentan una sensación de pesimismo generalizado, denuncia la ONG. “Estamos creando una generación que va a vivir peor que sus padres”, ha advertido Bretón, un fenómeno inédito en la historia reciente del país.

FOESSA desmonta además el relato meritocrático: el origen familiar pesa hoy más que el esfuerzo individual. El estudio sostiene que la movilidad social se ha frenado y el ascenso social ya no funciona como promesa colectiva, lo que erosiona el contrato social y la confianza en el sistema.

A estas brechas se suman otras: de género, generacional y digital. Pese a la “revolución laboral femenina”, las mujeres siguen soportando la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados, especialmente en familias monoparentales encabezadas por mujeres, uno de los rostros más visibles de la exclusión.