La Policía desaloja a un centenar de trabajadores precarios en Ibiza al inicio de temporada: “Todos merecemos un techo”

Tres furgones con quince agentes de la Policía Nacional han llegado esta mañana, a las 8.30 horas, con material antidisturbios para desalojar a trabajadores de Eivissa del asentamiento de sa Joveria. Es uno de los más significativos que han ido proliferando en la periferia de la ciudad desde que empezó y empeoró la crisis de vivienda, creando imágenes insólitas. 

La escena se lleva repitiendo por lo menos un año y medio: residentes y empleados de todo el año y de temporada se ven obligados a marchar de las infraviviendas construidas en espacios abiertos por la carestía habitacional. La mayoría de ellos ya habían abandonado el lugar al oír campanas de desalojo para evitar represalias.

El cuerpo nacional de seguridad, así como diez agentes de la Policía Local de Vila, han intervenido en el terreno a partir de las 10 horas, cuando un dron ha empezado a sobrevolar el recinto del asentamiento, ubicado entre el hospital Can Misses y el recinto ferial.

“Cuando han entrado parecía una escena de la Casa de Papel”, dice Ahmed mientras sale junto a tres compañeros suyos. No saben dónde dormirán esta noche y lamentan el escenario en el que se encuentran. Llevan consigo, tan solo, su DNI -son del Sáhara Occidental-, la tarjeta sanitaria de Balears y la tarjeta de crédito. El resto de sus pertenencias continúan en el interior de la chabola que les servía de hogar. Se trasladaron a la isla buscando un mejor salario que el que les ofrecía la recolecta de la aceituna en Andalucía, pero se encontraron con peor calidad de vida.

Una patrulla ha identificado a uno de los informadores que cubría el desalojo y le ha indicado, tanto a él como al resto de periodistas sobre el terreno, que debían retirarse. Los agentes han indicado a los reporteros que se dirigieran a la carpa dispuesta para medios de comunicación en la misma zona del aparcamiento por el acceso próximo al recinto ferial.

Los técnicos municipales de medio ambiente también se han adentrado desde primera hora en la parcela con el objetivo de controlar la gestión de los residuos presentes en las parcelas afectadas. Según algunos de los asentados, la acumulación de residuos en una de las zonas del terreno ha sido uno de los motores de la actuación.

Trabajadores, la mayoría saharauis

De esta área, donde se habían instalado principalmente trabajadores de origen saharaui, han salido tan solo esta mañana siete personas. Una de ellas un hombre marroquí a quien, mientras se alejaba del terreno, se le derramaban las lágrimas por la precaria situación en la que les ha puesto la vida.

Al otro lado de la valla, donde desde hace por lo menos un año y medio hay una treintena de caravanas que el Ayuntamiento de Vila ha intentado desalojar desde entonces con medidas disuasorias -como la instalación de un gálibo para pedir su paso y la amenaza de multas-, se respira un aire tenso cuando aparece un furgón de la Policía Nacional de Fronteras.

Algunos de ellos son migrantes en proceso de regularizar su situación, como la familia de Camilo, de Colombia. En este área hay por lo menos dos menores, un bebé y un adolescente de 15 años que vive en uno de los vehículos.

Una pareja sale con varias maletas a media mañana mirando con el ceño fruncido a todo aquel que fotografía su inmerecida miseria. Los técnicos medioambientales chequean una chabola donde hay algunos electrodomésticos acumulados. Mientras su mujer apoya sus pertenencias sobre unas piedras, él explica que su familia, migrante peninsular, cuando llegó a Eivissa tenía una casa. Medio triste, medio incrédulo por cómo ha cambiado la isla. Vienen del otro lado del terreno, donde ya no queda absolutamente nadie.

Adrián Amaya es uno de los desalojados que por ahora sí se podrá quedar. En su momento ya le echaron del problemático bloque de los Don Pepe en Sant Josep y ahora, en breves, se huele que va a volver a estar en la misma situación: “Todos nos merecemos un techo bajo el que vivir”

Dos menores entre los asentados

Un grupo de unas quince personas se han reunido, sobre las once de la mañana, en un corralito en el terreno cuando dos policías se han acercado a ellos y les han dado una buena -aunque temporal- noticia. En su caso, por lo menos esta noche, podrán seguir pernoctando en la que hasta ahora ha sido su casa. “Nos han explicado que primero tienen que notificarnos la resolución judicial de desahucio para poder echarnos”, testifica Sara ante elDiario.es. 

El desalojo se puso en marcha después de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma autorizara al Ajuntament 'Eivissa a proceder a la entrada, desmontaje del asentamiento y limpieza de esta parcela de propiedad privada. La actuación -establecía el juez- debe finalizar antes del 26 de mayo, ya que la propiedad no tiene los medios para hacerlo.

El dispositivo desplegado

El Ayuntamiento ha instalado en la zona del desalojo unas carpas junto al acceso situado próximo al recinto ferial, con técnicos de servicios sociales para dar una primera atención a las personas que lo puedan precisar. Además, en la UTS Eixample hay varios técnicos recibiendo a las personas que se envíen desde la carpa, y desde allí se tramitan las prestaciones en los casos en los que sean necesarias.

Por otro lado, se ha puesto a disposición ubicaciones temporales de alojamiento de emergencia para siete unidades familiares y siete plazas para adultos sin cargas familiares, detallan desde el Ayuntamiento. Desde el Consistorio afirman que actualmente hay diez expedientes en servicios sociales con intervenciones sociales abiertas relacionadas con personas alojadas en estos asentamientos.