Te recomendamos un podcast de Carne Cruda que se llama: ‘Nacional II: la ruta del exilio’. Es una ficción sonora que une el exilio republicano y el palestino. En este episodio se profundiza en torno a un momento que nadie olvida: cuando tiene que coger su maleta y huir. Dejar todo atrás, elegir qué llevarte a un viaje incierto y despedirse. De todo y de todos. Las dudas sobrevuelan el momento: ¿volverás a ver a esa persona otra vez? Lola tiene que dejar Barcelona ante el avance de las tropas franquistas. Duha debe recoger lo que puede de su casa en Gaza después de que su padre pronuncie una frase que no ha podido olvidar “nos vamos”.

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Enlace al episodio: Tienes que irte

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Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

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“En vez de facilitar el acceso a la comunicación, que es un derecho humano, pone palos en las ruedas”. Javier Robles lamenta con estas palabras la situación de Radio Enlace, una emisora con 37 años de historia que sigue el día a día de la vida vecinal en el norte de Madrid. Javier, uno de sus coordinadores, arremete contra David Pérez en esas declaraciones después de que el concejal presidente del distrito de Hortaleza no haya renovado la concesión de uno de los dos locales a la emisora, el único accesible a personas con movilidad reducida.

Todo ello en medio de una enquistada confrontación entre el tejido asociativo y el exconsejero de Vivienda en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un enfrentamiento que se remonta al inicio de la legislatura, cuando Pérez llegó a Hortaleza y comenzó a intentar revertir el peso de asociaciones de gran calado sociocultural en el barrio, las que con el paso de los meses y de su gestión han sido denominadas “críticas”.

“Mucha gente va a dejar de participar en Radio Enlace por el final de nuestra segunda sede. Tenemos 15 o 20 grupos de personas con diversidad funcional que vienen con iniciativas de varias fundaciones a hablar tanto de su realidad y sus circunstancias como de otras cosas que les interesan. Luego hay programas puntuales, como Cine Jabato, en los que una de las dos personas va en silla de ruedas. No sabemos si el espacio podrá continuar”, explica Robles en conversación con Somos Madrid. El situado en el número 6 de la calle Matapozuelos es uno de los dos lugares de grabación con los que cuentan, el más moderno, mientras que el activo desde la creación de la emisora en 1989 se encuentra en la calle Costa del Sol.

“Es un local con unas escaleras superempinadas y sin acceso habilitado para personas mayores o con movilidad reducida. El otro, en cambio, cuenta con rampas, está mejor equipado y es más o menos nuevo”, detalla. Además, servía para almacenar parte del copioso material que manejan y era usado para algunas de las numerosas grabaciones que se llevan a cabo en la cadena. No en vano, en la emisora hacen radio actualmente “cerca de 90 personas”.

Mientras buscan dónde guardar lo que ya han sacado del espacio, ante la falta de sitio en su sede original, confían en que la continuidad dentro de esta última nunca se comprometa: “Nos la cede la asociación vecinal La Unión de Hortaleza. Pero si un día cambia su junta directiva y quieren darle otro uso nos quedamos sin nada”.

Gozaban de las instalaciones ahora perdidas desde 2022, gracias a una cesión de un máximo de cuatro años por parte del anterior concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano (Ciudadanos). “Lo que ahora pedimos es seguir utilizándolas hasta que se resuelva un concurso que de momento no está ni convocado, pero no nos han atendido. Y luego vemos que se hacen concesiones de parcelas municipales durante 50 años”, reprocha. Cita el caso del colegio Pedro de Alvarado, que lleva 15 años cerrado y solo encontró un nuevo uso como casa de asociaciones durante unos pocos meses, durante el mandato de Manuela Carmena, antes de volver a permanecer clausurado.

Javier Robles reivindica además la aportación de la emisora a un nivel social: “Somos una asociación cultural y una radio comunitaria que facilita el acceso de cualquier persona a la comunicación. No solo a recibirla, sino también a trasladarla. Llevamos desde 1989 haciéndolo sin publicidad, empresarios o administración detrás”. Lo que sí tienen es “un amplio respaldo comunitario en el distrito, así como de la Red Estatal de Medios Comunitariias y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid”. Para aterrizar ese apoyo popular, han lanzado una campaña en change.org, que en pocas horas ha superado ampliamente el objetivo inicial de 1.000 firmas. Además, han convocado una concentración frente a la sede de Matapozuelos este martes a las 10.30.

La emisora pide más tiempo y el Ayuntamiento aduce que ya ha permitido prórrogas

Además del propio traslado, uno de los principales puntos de discordia ha llegado en los plazos de la ejecución, en pleno verano: “La fecha del 31 de julio nos trastoca bastante. Habíamos pedido en un escrito que nos dejen utilizar las instalaciones hasta la nueva adjudicación, a la cual nos vamos a presentar. Pero solo nos conceden un mes de plazo para irnos, hasta el 31 de agosto”. La Junta les deja acceder al local hasta esa fecha para llevarse sus enseres.

Fuentes del Consistorio madrileño trasladan a este periódico, por contra, que “la cesión del local no termina por una decisión política de ahora”. “El propio decreto firmado el 21 de junio de 2022 establecía una autorización temporal de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro, por lo que su finalización estaba prevista desde el primer día”, recuerdan. Precisan asimismo que “en febrero de este año se les notificó expresamente que el plazo máximo había finalizado y debían abandonar el inmueble una vez concluido el procedimiento”. Por ello, sostienen desde Cibeles que a los perjudicados “no les ha pillado por sorpresa ni se enteran el último día de julio, solicitaron ampliar el plazo hasta el 30 de junio y esa petición fue atendida y luego se les permitió permanecer un mes más para facilitar la retirada del material y evitar problemas”.

“Resulta llamativo que ahora digan que se les echa en verano, cuando fueron ellos quienes pidieron esa ampliación y, además, se les concedió incluso más tiempo del solicitado. Tampoco cuentan que pidieron un certificado para que, de cara al procedimiento de adjudicación de casetas de las fiestas, constara administrativamente que ya no disponían de local, circunstancia que podía beneficiarles en la puntuación”, precisan por último desde el Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida.

“Nadie ha dicho que una cesión no pueda finalizar. Lo que criticamos es su forma de actuar. Meses sin responder, ninguna alternativa y una orden de desalojo inmediato el 31 de julio a una entidad que lleva décadas sirviendo al barrio. Esa es la cuestión que sigue sin contestar”, replicaba en X el concejal socialista Jorge Donaire. Antes, el concejal presidente había utilizado de nuevo sus redes sociales para arremeter contra sectores críticos y contra la oposición: “Según el PSOE y Más Madrid, las entidades de izquierdas no tienen por qué dejar un local municipal cuyo contrato ha vencido. Se creen por encima de la ley. Y no. Vaya ejemplo que dan a los ciudadanos, despreciando así las normas y las instituciones para beneficiar a los suyos”.

La publicación de Pérez ha encendido los ánimos de la Coordinadora de Hortaleza, entidad que aglutina a distintas agrupaciones comunitarias del distrito: “Nos tiene bloqueadas, nunca ha aceptado una reunión, nunca nos contesta, pero sabemos que nos lee. Así que ahí va. Le ha dado locales a asociaciones amigas, con las que ha hablado, ha puesto todas las facilidades posibles y con unas ventajas que más quisieran el resto. No se piden privilegios, se pide diálogo, el mínimo de responder los mensajes, como con otros”.

La Coordinadora cuestiona además la valoración de Radio Enlace como “entidad de izquierda”: “Quien piense que Radio Enlace es eso no conoce nada Hortaleza, pero ¿cómo la va a conocer si viene uno o dos días a la semana como mucho? Radio Enlace ha sido, y será, escuela y altavoz para cientos de vecinas, asociaciones, grupos de música, mayores, etc”.

Un choque más de Pérez con entidades comunitarias

La controversia se suma a un historial de tensiones entre el edil y diferentes entidades vecinales de Hortaleza, que le han valido el apodo de “concejal aguafiestas” y hasta la creación de un juego de mesa a su medida. Todo ello por sus recortes o trabas administrativas en diferentes festejos populares, como el Luis Aragofest o hasta un Carnaval cuyos permisos no fueron concedidos debido a “coincidir con la Cuaresma”. En otras celebraciones que sí han tenido lugar, las entidades critican los “arbitrarios” criterios para la adjudicación de casetas o el veto a la venta de alcohol (gran fuente de financiación). La concesión de ayudas o permisos, con cambios de criterios que ven arbitrarios y poco transparentes y que en ocasiones ni siquiera fueron respetados, ha sido otro de los puntos de fricción.

“Pérez juega a enfrentar asociaciones, te vas encontrando algunas en el barrio y te cuentan cosas con las que flipas. El año pasado en la Junta de Hortaleza dieron puntos a equipos de fútbol por unos torneos que luego nunca se celebraron. Esos puntos dejaron sin ayudas a otras asociaciones por unos supuestos”, narra Javier Robles. “Este año han convertido ayudas competitivas en unas que se repartirán por igual a cada entidad concedente, así que las que obtuvimos más puntos por presentar los mejores proyectos nos vamos a ver perjudicadas. Radio Enlace recibirá 1.250 euros, cuando el año pasado fueron 3.100. Mientras, asociaciones amigas que son de las que menos puntos tenían, conseguirán algo a cambio de perjudicar a las demás. Asociaciones vecinales y de familias van a presentar alegaciones”, expone.

“No sabemos por qué Pérez ha venido con este plan, pero desde el inicio ha jugado a dividir, utilizando para ello la declaración de fiesta popular, las concesiones de casetas o las subvenciones. A nosotros no ha sido capaz de darnos ninguna entrevista para explicarnos su política y mira que se lo hemos solicitado muchísimas veces”, zanja el coordinador radiofónico. Mientras, los festejos del distrito encadenan diversos escándalos por lo que las agrupaciones consideran actos de censura contra protestas vecinales. El último fue en junio, cuando una trabajadora de la Junta Municipal retiró una pancarta desplegada sobre el escenario. “David Pérez se irá y nosotros nos quedaremos porque el barrio es nuestro”, era el mensaje que contenía.

Hugo es un niño tartamudo y Bernardo tiene dislexia. Son dos de los protagonistas de 'El Club de los Raros', la obra del escritor catalán Jordi Sierra i Fabra, en la que muchos de los personajes que aparecen se consideran 'raros' en su entorno por diversas razones. Es el libro favorito de María y de muchos de sus compañeros, que asisten puntuales y entusiasmados al club de lectura fácil de los martes de la Biblioteca San Basilio de la capital murciana, perteneciente a la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM). A las once y media de la mañana, las páginas empiezan a pasar de un lado a otro, pero allí no solo se leen libros: se comparten opiniones, se gana confianza y se crean vínculos.

Durante la sesión, los usuarios van corrigiendo las preguntas tipo test sobre el libro que están leyendo, comentan la historia y comparten sus opiniones con el grupo. “Me gusta mucho venir al club de lectura porque me encanta leer”, justifica sonriente María. En esta pasión por la lectura ha tenido mucho que ver la asociación ASSIDO, una organización sin ánimo de lucro que desde 1981 se dedica, en la Región de Murcia, al tratamiento, apoyo, atención, formación e inclusión de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual desde su nacimiento y a lo largo de todas las etapas de su vida.

Lectura fácil para incluir

En ese sentido, los clubes de lectura fácil que desarrolla el centro junto a esta asociación ayudan a estos usuarios a sentirse incluidos en la sociedad. “Los clubes de lectura fácil trabajan con personas que tienen dificultad de comprensión lectora para que puedan estar conectados con el mundo que les rodea y con instituciones públicas como las bibliotecas”, asegura Toñi García, una de las coordinadoras de esta iniciativa. Una de las diferencias de este formato es el uso de un vocabulario más sencillo. También incluye aclaraciones al margen o a pie de página, frases cortas y claras —sujeto, verbo y predicado— y un diseño con interlineado, márgenes amplios e imágenes de apoyo. Esto facilita un poco más la comprensión de los textos.

“Desde ASSIDO nos aportan los lectores, además de acompañarlos a nuestro club de lectura con un monitor”, explica Toñi García. Estos usuarios llegan al club de lectura con un perfil previo. “Normalmente, son personas que tienen discapacidad intelectual por causas como el síndrome de Down, parálisis cerebral o por accidentes de tráfico”.

Aparte del club de lectura de los martes con la fundación ASSIDO en la ciudad de Murcia, los lunes hay un club de lectura con ASSIDO en Casillas (una pedanía de Murcia) y los miércoles con ASTRAPACE (Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines). Además, la pedanía de “Santiago el Mayor tiene otros clubes de lectura en colaboración con otras instituciones”, asegura Toñi, destacando la extensión de esta iniciativa por las distintas pedanías murcianas.

Mucho más que leer

Mediante la realización de estos talleres, lo que buscan es, sencillamente, el bienestar y el aprendizaje de los asistentes. “Por un lado, lo que queremos es abrir la biblioteca a usuarios que, de otra manera, no suelen hacer uso de estas instalaciones. Además de poder ayudarles a mejorar su autoestima, su memoria, su autonomía en el mundo y su relación con otras personas”. También les ayudan a ampliar su vocabulario, mejorar la manera de expresarse y crear vínculos entre ellos para sentirse como uno más dentro de esta sociedad.

Para quienes participan, el club es mucho más que una actividad cultural. “Cuando vengo al taller me lo paso bien y me da seguridad”, explica Javier. “Yo me siento feliz con mis amigos y puedo aprender a leer y a expresar mis sentimientos”, añade Adrián, que acude regularmente a las sesiones.

Jeroglíficos y sopas de letras

Las jornadas arrancan recordando lo leído anteriormente y luego se continúa leyendo y comentando los capítulos mientras se van aclarando y poniendo en común ideas que puedan ir surgiendo. Pero también hay espacio para otro tipo de actividades. “Suelo preparar un cuadernillo por capítulos de cada libro donde también incluyo a veces juegos de tipo jeroglífico o sopas de letras para que les resulte menos tediosa esa actividad”, detalla Toñi García.

Este martes, para terminar la sesión los chicos se han dividido en dos equipos de cuatro miembros para ir respondiendo en turnos a una serie de preguntas a modo de rosco de pasapalabra. Entre ellos se respira un ambiente tranquilo y ligero, bromeando incluso entre ambos grupos e imitando las voces de los personajes del libro que acaban de leer. “Yo soy Vicente”, dice Adrián cambiando la voz y haciendo sonreír a sus compañeros y a las profesoras.

Un proyecto que quiere crecer

Para que este proyecto pueda seguir creciendo necesita del apoyo institucional. “Desde el Ayuntamiento nos apoyan y están contentos con la iniciativa, pero estamos en una época donde los presupuestos están un poco recortados y nos vendría muy bien que hubiese más dinero para hacer más actividades y más personal para poder ampliarlo a otros colectivos que también lo necesitan como los migrantes, las personas mayores o aquellas que no han tenido acceso a una educación temprana”, argumenta Toñi García.

Más allá de los recursos y el respaldo institucional, quienes mejor explican el valor del club son sus propios participantes. “A la gente le diría que siga viniendo aquí a estudiar y aprender para tener buenas habilidades y un buen trabajo”, afirma Fran. María, por su parte, lo resume desde otra perspectiva: “Yo le diría a la gente que viniera aquí a la biblioteca a pasárselo bien”.

Dos miradas distintas que coinciden en una misma idea: este espacio no solo fomenta el aprendizaje, sino también el disfrute y la inclusión.

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno ultima la supresión de los ciclos formativos de grado básico dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). La medida se prevé hacer oficial después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo –con el Ejecutivo en funciones– y antes de la apertura del plazo de inscripción, fijada para el 15 de junio.

En 2024, la entonces consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo (hoy titular de Cultura), anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de 61 grados básicos de Formación Profesional (la mayoría concentrados en las provincias de Sevilla y Málaga) para que “los estudiantes más vulnerables titulen”. Ahora, la Junta plantea una reordenación de esta oferta, alegando que en torno al 50% de esos alumnos no ha promocionado ni superado el currículo.

Este periódico tiene constancia de que al menos 33 institutos andaluces -más de la mitad de los que ofertan estos estudios- han recibido comunicación oficial de la Junta sobre la extinción de esta modalidad, lo que apunta a un recorte significativo en el número de ciclos específicos a partir del próximo curso 2026-27. La Consejería no ha facilitado el número total de ciclos ni de alumnos afectados, pese a que la redacción andaluza de elDiario.es lo ha solicitado en varias ocasiones.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional enmarcan esta decisión en una “reorganización” general de la oferta formativa en función de factores como la empleabilidad, la demanda del sector o el número de matriculaciones. El ajuste, que debe concretarse antes de la apertura del plazo de solicitudes prevista para el 15 de junio, introduce incertidumbre entre las familias, que temen la desaparición de “la única puerta” hacia la inserción laboral de sus hijos.

Estos ciclos formativos de grado básico están diseñados para personas “cuya discapacidad o necesidades educativas especiales no les permite alcanzar los resultados de aprendizaje vinculados a la acreditación o el título” en un itinerario estándar, según la Junta. Se trata de estudiantes que no han completado la ESO y requieren apoyos educativos especiales.

Con ratios reducidas —de máximo ocho alumnos— y el apoyo de profesorado especializado, permiten que jóvenes mayores de 16 años con dificultades de aprendizaje realicen prácticas en empresas y obtengan un certificado profesional que facilita su acceso al mercado laboral.

La extinción de esta vía formativa podría incrementar las tasas de abandono escolar temprano en Andalucía —actualmente en el 14,5%— y dificultar la inserción laboral de un alumnado especialmente vulnerable, con riesgo de exclusión social. Se trata, en muchos casos, de jóvenes que no logran titular en la ESO y que encuentran en estos ciclos una de las pocas alternativas para acceder al mercado de trabajo, en una comunidad en la que el paro juvenil alcanza el 30,73% del total de desempleado.

Alternativas que no convencen a las familias

Para muchas familias, esta opción constituye para sus hijos un puente entre la educación obligatoria y el mundo laboral, además de una de las pocas vías para continuar dentro del sistema educativo hasta los 21 años.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo señalan que en el curso 2024-25 se puso en marcha un proyecto piloto cuya evaluación revela que “aproximadamente el 50% del alumnado presenta dificultades para seguir el currículo ordinario”. Por ello, aseguran estar estudiando “alternativas que garanticen la mejor atención educativa posible”.

Entre las opciones que se barajan, la Junta plantea derivar a este alumnado a programas de transición para la vida adulta (PTVAL) –centrado en la autonomía personal del alumno y no orientado a la inserción laboral– o la creación de un Grado Básico Ordinario en institutos que no lo tenían en su oferta, “manteniendo los recursos de atención a la diversidad que ya tenían en el Grado Básico NEE, favoreciendo la inclusión a la vez que se pueden incorporar nuevos alumnos sin necesidades educativas especiales”, según fuentes gubernamentales.

No obstante, las alternativas que plantea la administración no convencen a las familias. “El PTVAL no está orientado a la inserción laboral, y en la FP ordinaria no hay recursos para atender sus necesidades”, argumenta Esteban Gómez, padre de un chico con autismo de Los Barrios Cádiz. El resultado que temen las familias es que “nuestros hijos van a caer en la frustración y van a estar condenados al fracaso escolar y a tener que abandonar la escolarización en muchos casos”.

A ojos de las familias y del profesorado que trabaja con este alumnado, ello se traduce en “excluir a un grupo de estudiantes cuyas necesidades quedan invisibilizadas cuando se eliminan los recursos específicos que les permiten aprender, avanzar y construir un proyecto de vida”.

Un estudio pionero en España pone el foco en mejorar la participación activa de las personas con discapacidad en la cultura universitaria atendiendo a dos premisas fundamentales: eliminar las barreras físicas y sociales y dotar de recursos económicos a las políticas públicas que están contempladas en la legislación. Este es un primer paso que invita a hacer una reflexión sobre el sistema universitario, en el que, a pesar de que la norma estatal y andaluza dan herramientas a favor de la integración, todavía queda pendiente hacer efectivo este cambio para los miles de estudiantes que, más allá de las aulas, quieren vivir todas las experiencias que ofrece esta etapa.

El proyecto, en el que participado un grupo de 24 expertos de distintos ámbitos relacionados con la diversidad funcional y en el que se ha procedido a realizar una revisión bibliográfica de más de 700 artículos a nivel internacional, da una visión panorámica sobre la situación de este alumnado que, más allá de cortapisas, quiere avances. El principal “cuello de botella”, observa el análisis, es que se entiende la accesibilidad como una “adaptación puntual”, en vez de promoverse un diseño universal y una visión corresponsable desde la institución académica.

“No estamos tan alejados del conjunto de Europa, pero no para bien, sino para mal: sigue habiendo barreras de todo tipo, físicas, actitudinales, culturales, y, aunque a nivel normativo hay mucho desarrollo, no se entiende que la persona con discapacidad tiene que ser actora y participante”, describe David Cobos, autor del estudio junto a la profesora María José Parejo, de la Universidad Pablo de Olavide. Entre los hallazgos, el informe describe las múltiples barreras que existen: arquitectónicas y físicas, tanto en los accesos como en la falta de protocolos de uso inclusivo en espacios escénicos y culturales, y, también, simbólicas, donde se hace referencia a las actitudes paternalistas y capacitistas que fortalecen estereotipos, en vez de tomar a estos individuos como sujetos de derecho.

Capacitismo vs. celebración de la diversidad

Al mismo tiempo, hay barreras digitales y tecnológicas que se traducen en desigualdad de acceso y, por otra parte, de tipo curricular y organizativa, ya que la programación cultural en las universidades no prevén necesidades diversas. Asimismo, hay una ausencia de profesionales con discapacidad en equipos de curaduría, producción o toma de decisiones, lo que menoscaba una perspectiva amplia y obvia las realidades de quienes quedan finalmente afectados. A esta serie de faltas, habría que añadir las representaciones que “exotizan o infantilizan” la discapacidad y el uso de criterios estéticos que invisibilizan modos alternativos de creación, ritmo y corporalidad, apunta el informe.

El estudio, bajo el título Promoción y desarrollo de una Cultura Inclusiva en las universidades españolas, fue presentado este martes en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya y contó con la presencia de CERMI Andalucía y de la Junta de Andalucía, así como de una actuación de la compañía Flamenco Inclusivo, del bailaor José Galán. Esta iniciativa responde a una inquietud de la ONCE por ampliar el campo de actuación, como ha hecho con el deporte inclusivo, entendiendo que, como apunta Cobos, “el estudiante no solo va a clases, sino que tiene que desarrollarse en el ambiente universitario, y este tema no se había tenido en cuenta”.

“A nivel social, no solo en la cultura, hay un debate muy profundo en las lógicas médicas tradicionales”, reflexiona el especialista, “en vez de adaptar a la persona discapacitada en todos los ámbitos, se ven otras orientaciones y enfoques que optan por la integración”. En este sentido, el análisis contrapone el modelo médico patologizado, que contempla la discapacidad como una deficiencia a ser corregida, contra la cultura CRIP, un movimiento que da voz y visibiliza las experiencias del colectivo utilizando el arte y la tecnología como herramientas para la inclusión, resistencia y celebración de la diversidad. Una actitud emergente que quiere subvertir las lógicas predominantes y poner en el centro cómo se autoperciben las personas con diversidad funcional.

Presupuestos

Hay ejemplos de inclusión en la cultura universitaria que funcionan en la actualidad. Entre ellos, está el Coro Cantatutti, de la Universidad de Zaragoza, en el que un 21% de los 175 participantes que acuden a los ensayos semanales posee una discapacidad reconocida y casi la mitad presenta un perfil vulnerable. Abre sus puertas tanto a la comunidad educativa como a la ciudadanía en general, sin distinguir entre personas con diversidad funcional o no para participar en la actividad como una forma de cohesionar a los integrantes. También, la Universidad de Málaga ofrece el título propio Técnico Auxiliar en Entornos Culturales (TAEC) con un itinerario para jóvenes con discapacidad intelectual orientado a los museos, salas y eventos, con tal de mejorar su empleabilidad y participación social.

“A la intención política hay que dotarla de financiación, porque, si no, nos quedaremos en el terreno de las buenas intenciones”, advierte Cobos, “la ley universitaria nacional y autonómica establece la necesidad de trabajar y dar servicios en este sentido, pero en su desarrollo debe haber presupuesto, tanto en materiales como en recursos humanos”. Al fin y al cabo, los expertos consultados tenían una crítica común: los departamentos vinculados a las políticas sociales de inclusión en las universidades contaban con presupuestos ínfimos, “hay una queja generalizada de falta de recursos”. Una cuestión para la que, desean, haya un segundo informe que examine exhaustivamente las condiciones que presentan las universidades españolas.

Por ahora, las recomendaciones del estudio se centran en fomentar la participación cultural desde una perspectiva de empoderamiento, así como facilitar el consumo cultural con la eliminación de las barreras simbólicas y físicas. El uso de aplicaciones móviles podrían ayudar a este propósito, al igual que generalizar la presencia del braille, el audio o la lengua de signos. Todo ello, acompañado de la organización de campañas de concienciación y planes de formación específicos para lograr vencer la mirada capacitista en el ámbito cultural, así como de unir distintos ámbitos, como el deportivo. “La universidad era tradicionalmente un lugar para las élites, donde solo estudiaban los hombres blancos y ricos. Con la democracia, llegan las mujeres y las personas de todas las clases sociales y, ahora, están las personas con discapacidad que implican nuevos retos, para lo que hay que dar formación y recursos al profesorado, porque todos los estudiantes tienen los mismos derechos”, subraya.

En 2019, un estudio alertaba sobre el descenso progresivo de la presencia del alumnado con diversidad funcional a medida que se escalaba en la carrera académica: el estudiantado con alguna discapacidad suponía un 1,8% del total en los grados, mientras que en los posgrados se bajaba al 1,2% y, en los doctorados, al 0,7%. Ahora, y en busca de un cambio de paradigma, el estudio se presentará ante la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), en Madrid. Si bien el acceso ha aumentado en los últimos años a partir de la creación de servicios de atención a la discapacidad, hay margen de mejora, como su integración en estos espacios en los que los universitarios tienen nuevas experiencias, conocen a gente distinta a ellos y, en definitiva, crecen como personas.

El centro cívico de San Julián, en Sevilla, acoge los talleres de la asociación y compañía Flamenco Inclusivo, donde se enseña este arte tanto a las personas con discapacidad funcional como sin ella de forma integradora. El proyecto, a cargo del bailaor José Galán, solo divide las clases por edad y tiene el propósito de conformar una metodología para extender su enseñanza a todas aquellas personas interesadas en conocer este mundo.

El flamenco es coraje, fuerza, emoción, remueve las entrañas y, a poco, asoma el quejío. Un vuelco del corazón que transmite el bailaor José Galán con las palmas, el taconeo y a través sus palabras en los talleres que dirige para las personas con diversidad funcional en la asociación Flamenco Inclusivo. Rocío y Ramón enlazan sus brazos para hacer una figura al son de las canciones que suenan por el altavoz, mientras que Carmen lleva las palmas, todos al unísono, como parte de un grupo en el que hay quienes tienen Síndrome de Down, trastorno del espectro autista (TEA), que van en silla de ruedas u otras dificultades, pero donde los une la misma pasión.

Dentro de la algarabía, Galán lleva la batuta con el apoyo de la monitora Míriam Pérez en el centro cívico de San Julián, en el corazón de Sevilla. Es martes y la clase de las seis de la tarde está repleta, lo mismo que pasará a las ocho. Desde el inicio de Flamenco Inclusivo en 2018, la directriz fue que, tal y como marca su nombre, estarían entremezcladas todas aquellas personas que quisieran acercarse a la danza, con o sin diversidad funcional, por lo que el único criterio para dividir los grupos es la edad. Su alumna más mayor tiene 83 años, casi nada.

El flamenco ya ha visto sobre su tablao la sensibilidad que transmite la bailaora sevillana Mari Ángeles Narváez, la Niña de los Cupones, quien vuelca su arte mediante la lengua de signos siendo la primera persona sorda en terminar la carrera de danza española, o las notas que alcanza el cantaor cordobés Antonio José Mejías, Fosforito, cuya aproximación al género se dio con tan solo cuatro años influido por su tía Dolores Portero; sin olvidar la leyenda del almeriense Francisco Jiménez Belmonte, el Ciego de la Playa, que fue referente para el cantaor Antonio Chacón. Con estas generaciones precedentes, donde el espectáculo ha servido para catapultar a estos talentos, ahora queda trabajar en la comunidad, en el barrio, para hacer de la enseñanza flamenca un recurso accesible y transversal.

“Sí pueden hacerlo”

La metodología que aplica Galán quedará plasmada en la tesis doctoral que elabora bajo el título Flamenco y discapacidad: metodología, enseñanza y procesos creativos que atienden a la diversidad, una investigación que plasma la experiencia de los últimos años y que servirá como guía en esta corriente educativa. Hasta el día de la defensa, el también pedagogo sigue metido en la vorágine del trabajo y explica cómo organiza las clases en dos partes: la técnica y la de interpretación. No se ofuscan en las coreografías, con tal de evitar la frustración del alumnado, por que la cuestión es adaptarlas a sus necesidades y dar unas nociones básicas sobre las que trabajar. “¿Cómo das el nombre al compás cuando estás en círculo si hay personas que no pueden hablar? Con el movimiento”, explica. En todo caso, el objetivo es “hacerles sentir que sí pueden hacerlo”.

En la sala, vigilante, está Míriam Pérez, quien comparte la sensibilidad de Galán. Tras su paso por Madrid y de vuelta a la capital hispalense, contactó con él para iniciarse en el flamenco inclusivo. “Hay dificultades, como en todas las clases, y lo que es importante es saber cuáles son los propósitos a lo largo del curso y adaptarlos, como puede ser a la hora de trabajar en pareja, tener conocimiento y exploración del espacio o hacer sevillanas, hay que buscar herramientas para lograrlo”, explica. La cuestión es “disfrutar” el camino y lo hace cuando, sentada en círculo, va dando las indicaciones para los brazos: “¿Qué hacemos ahora? Le hablamos a la vecina del primero”; y sigue; “a la del segundo”; ahora, “a la del cuarto”; y, poco a poco, al ritmo, ascienden y descienden sus manos en sintonía.

Isabel viene a recoger a Antonio, que desde hace unos años participa en el proyecto. “Me gusta bailar”, comenta el compañero vestido completamente de negro, preparado para saltar al escenario, mientras que en casa le enseña los pasos a su familia. El reloj toca las ocho de la tarde y vienen las seniors círculo, compartiendo lo que significa este ratito que ya es imprescindible en sus rutinas.

Entre ellas está Lola: “Soy invidente y hace dos años perdí el oído izquierdo, y el flamenco inclusivo fue un antes y un después. Ahora estoy viva, gracias a la actitud, a las ganas, a demostrar que puedo y se puede, a la técnica y a todo el valor que nos da”. A lo largo de este lustro, ha aprendido a “volar sola”, porque ha aprendido a orientarse, “a sentir más, porque antes era otra, antes no era yo, pero ahora siento cosas maravillosas”. “¿Quién no se engancha a la vida?”, se pregunta Pepa, que con 64 años perdió la visión. Pensaba que solo le quedaba “ese bastonazo para arriba y bastonazo para abajo” y, de repente, “esto es una nueva vida”.

En el corrillo también están Pepe, que desea que llegue cada martes, Rocío, que ha hecho nuevas amigas, y Ana, que primero traía a su hija con discapacidad a las clases y, con el tiempo, se animó al ver su entusiasmo: “Como alumna, puedo decir que estoy estupenda, que esto me viene bien para los dolores de mi espalda, y como madre, es lo mejor que le ha podido pasar a mi hija a nivel cognitivo y motriz, ella está muy contenta porque le parece otra forma de ver el mundo”. Una ristra de vivencias que han sido unidas por este arte lleno de mestizajes.

Catarsis

Con apenas 7 años, José Galán (Sevilla, 1980) perdió a su hermano mayor. En aquel entonces, su madre lo apuntó en clases de sevillanas. Una extraescolar muy común, para ocuparlo y entretenerlo, pero llegó a convertir el movimiento en una forma de afrontar el duelo por la pérdida. Una especie de catarsis que seguiría en él: “Se dice que cuando algo te duele, te expresas mejor en el flamenco, porque viene de convertir las penas en alegría, y yo a veces buscaba esa especie de conflicto antes de bailar para darlo todo en el escenario”. Ese ímpetu lo catapultó rápidamente: después de que un profesor le dijera a su madre que tenía talento, iba y venía de Camas al centro a cursar los estudios en el Conservatorio Profesional de Danza. Así, se enroló en la compañía de la bailaora Sara Baras y hubo un momento, entre sus idas y venidas, en que decidió licenciarse como pedagogo en la Universidad de Sevilla.

A mediados de la carrera, cursó una formación que tenía como hilo conductor la danza contemporánea y, al tercer día, vino un grupo de alumnos con Síndrome de Down: “Conocí la discapacidad bailando. Sin compartir palabras, bailé con una muchacha y me di cuenta que ella, sin tabú ni máscara social, empezó a hablarme desde el contacto, con la mente, y pensé, qué cosa más bonita”. Un encuentro fortuito que lo sacudió por completo y lo llevaría, más tarde, a dar con la asociación Danza Mobile, donde comenzó a trabajar como profesor dándole clases a personas con discapacidad intelectual. El 2010 fue un punto de inflexión: “¿Por qué no montas una compañía?”, le preguntaron, y ahí nació Compañía José Galán de Flamenco Inclusivo, aprendiendo a base de errores, buscando sus métodos y apoyos.

“El flamenco es un ladrón, coge de los gitanos, del jazz, y habrá a quien no le guste lo que hace, por ejemplo, Rosalía... Ya en 1922 García y Lorca hacen un concurso de Cante Jondo porque decían que se iba a perder, pero evoluciona, como todo”, menciona sobre la discusión que discurre hasta la actualidad. El flamenco que muestra la compañía y ahora asociación es algo insólito. Invitado a la Bienal de Flamenco de 2010, presentó el espectáculo Cierra los ojos y mírame y los títulos se han ido sumando: el teatro infantil Complementos que bailan se entrenará en verano en Puebla de Calzada (Badajoz) y, pronto, se subirán tres mujeres octogenarias al escenario con Memorias de mis recuerdos.

“No me gusta hablar de superación: el flamenco va de autenticidad, no de perfección como en el ballet clásico, ya que acepta la diversidad con naturalidad, ofrece empoderamiento, resiliencia, y cada persona es un mundo y sus expectativas son diferentes”, destaca. A falta de un espacio, el centro cívico de San Julián le permite a Galán ofrecer una educación que es difícil proporcionar en las enseñanzas artísticas regladas, “aunque por ley están obligados a atender a la diversidad, es complicado, así que bailan los mejores y se acabó”, advierte. Su agenda tiene que dar un parón, ya que la tesis pide atención, no sin antes haber viajado para actuar por el Día del Flamenco con la compañía, divulgar lo recogido en los centros educativos a través del Programa Andaluz Arte y Educación y, aun arañando el tiempo, seguirá abriendo camino en el flamenco.

Un saco de boxeo azul, unos guantes y unas indicaciones precisas: “A tus doce; a tus tres; a tus seis”. El estruendo rebota contra las paredes del gimnasio al ritmo de los golpes que se asestan con fuerza y precisión. A las órdenes de su entrenador, resoplando, está José Peña (Isla Cristina, 1974), que suda la camiseta y se ajusta una cinta elástica alrededor de la cintura para milimetrar la distancia entre su cuerpo y el saco, como si fuera su próximo rival. Es ciego, sabe cuáles son sus limitaciones y, aun así, ha buscado cómo esquivarlas, así que el próximo paso será popularizar el método que ya exhibe en las convenciones en las que participa: esa es la vía para hacer inclusivo este deporte.

En platós de televisión, activo en redes sociales, integrante del espectáculo Imbatibles (la vida ante la adversidad), Peña jamás hubiera imaginado que este fuera su destino. A los 27 años, su vida estaba encaminada: preparaba las oposiciones a policía nacional, y, de repente, apareció lo que, con los años, le diagnosticaron como una distrofia retiniana hereditaria progresiva. Una enfermedad hereditaria que provoca la pérdida progresiva de la visión. “Tuve diez años de transición, diez años de estar a guantazo limpio, porque no asimilaba que me iba a quedar ciego hasta que llegó la adaptación... Fueron diez años de amar y de llorar una barbaridad, porque tenía una vida creada que se fue en un chispazo”, rememora rodeado de las luces blancas del gimnasio M3 Fitness, en Camas (Sevilla).

Una vez asimilado el impacto, el ímpetu de Peña tomó cartas en el asunto. “¡No, quillo, agarra el toro por los cuernos, de qué me valía quedarme en el sofá llorando!”, y levanta los brazos con exasperación, intentando zarandear aquel fantasma del pasado. Con un simple gesto, resume su relación con la ceguera: toma el bastón sin complejo, para protegerse, para caminar con más autonomía, aunque a muchas personas ciegas les suponga más una rémora en vez de un apoyo. “Oye, que no pasa nada, es una adaptación y te da seguridad en un metro de perímetro, que es lo importante”. Así, a medida que iba retomando su rutina diaria, empezó a practicar kárate, judo, participando en competiciones regionales, pero necesitaba algo más, y ahí entró en juego su hijo José.

“Me enganché al boxeo”

El instituto fue una etapa dura para su hijo, donde sufrió acoso escolar, una de las lacras del sistema educativo. Con el apoyo de su familia y del equipo psicológico, emprendió un camino nuevo: empezó a entrenar a su padre en boxeo. Ahora, con 21 años, es el escudero inseparable de Peña. “Le tenía que demostrar a mi hijo que su padre con esta patología tiene que seguir tirando hacia delante”, añade, “y me enganché al boxeo”. “No hay boxeadores ciegos en el mundo”, aunque compiten algunos como Shara Magomedov, luchador de la MMA con pérdida de visión en un ojo, o el británico Thomas Seres, que solo puede distinguir formas en un metro de distancia. También, hay otros aficionados con discapacidad, como ocurre en el Club Boxeo Sevillano.

“Yo necesitaba moverme, porque al jugar en fútbol o judo para ciegos, me parecía muy estático. No me sentía libre y, aquí, te ves cualquier obstáculo y hay que saber esquivarlo, esto lo descubrí con el boxeo”, explica. Primero, probaron con el sonido, el sentido que tiene más desarrollado tras haber perdido la visión. Poner cascabeles en sus muñecas y piernas parecía la solución, pero se corría el riesgo de hacer daño al contrincante. Así que, probaron otra cosa: “En el fútbol para ciegos te guían por la voz, ¿por qué no probamos esto?, me pregunté, y bendita la hora”. Cuando no está su hijo José, se quedan como copiloto José Manuel Odero o Jonás Alonso, técnicos del gimnasio M3. La técnica, utilizando las agujas del reloj, combina el ritmo desenfrenado del combate con la precisión del golpe.

El ritual comienza con el vendaje de las manos y ya con las manoplas en alto, Odero le marca la posición a Peña. Lleva las riendas y va guiando con su voz los ganchos del boxeador, que chocan una y otra vez. Este es uno de los ejercicios dentro de una rutina que practica varias veces a la semana y, entre los ejercicios, hace saco, comba, bandas elásticas, todo lo imprescindible para estar en forma. Un itinerario sencillo e intensivo a implantar con facilidad entre los muchos amantes del deporte con ceguera. “Queremos exponérselo a la sociedad y dar una opción para la competición”, adelanta. Ya ha imaginado mil veces cómo subirse a un ring, al igual que lo expuso en el documental Peleamos, del director Noel Gálvez, donde compartió su historia desde la localidad sevillana.

Más sensibilización

“Es el deporte perfecto para compararlo con la vida real: si te encuentras en una situación adversa que te pega un golpe y caes al suelo, ¿qué hacemos? Igual que cualquier boxeador, hincas la rodilla y el puño en el suelo, te levantas, te remangas y sigues combatiendo”. “No me gusta la palabra combate, no como algo agresivo o lleno de furia, sino por defenderse, por estar presente, ¿no?”. Con la asociación ONCE intentará que este ánimo llegue a todas aquellas personas que quieran sumarse al boxeo.

Más allá del deporte, Peña lidia con diferentes obstáculos. Aparcar sobre las aceras, obstaculizar el paso, prescindir de adaptaciones en el mobiliario urbano, son acciones que dificultan su día a día, ya sea a él como a aquellas personas con diversidad funcional: “A mí me dicen, 'es que dejo el coche ahí un minuto', pero no nos damos cuenta de que en ese minuto puede pasar una persona que necesita ese espacio”. Uno de sus logros más importantes ha sido aprender a leer y escribir en braille, si bien ha tenido que invertir en aplicaciones que emitan directamente los mensajes de móvil, por ejemplo. A veces le puede el enojo, aunque intenta no caer en el hastío, solo que desearía que la sociedad estuviera igualmente sensibilizada.

Para desahogarse está su entorno, sus seres queridos, también los profesionales que le ayudan a cuidar de su salud mental y, sobre todo, la comunidad que ha formado a lo largo de estas décadas. “Para mí, los mejores psicólogos son los propios ciegos, luego tienes que adaptarte y la ONCE da para redes sociales, para manejar un perro guía, todo, y conseguir esa rehabilitación”. Hace un lustro, Kale entró a formar parte de la familia desde que con dos meses fue entregado a Peña: “Cuando me preguntan cómo veo, yo digo que a través de cuatro patas, y esa es una de las cosas más bonitas de la vida: que te pongas en las manos del otro, de una persona o un animal que te lleva, te cuida, te trae o te mima”. Confía, como hace cada vez que se pone en las manos de su hijo cuando se enfunda los guantes.

La chirigota 'Una chirigota en teoría' revolucionó anoche el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz que se celebra desde el pasado domingo al llevar al extremo en el Teatro Falla la interpretación del físico Stephen Hawking, con sus integrantes sin moverse, con voz robótica y en silla de ruedas, con la que bailan sevillanas y se quejan de los adoquines de las calles de la capital gaditana.

El autor de la agrupación, Miguel Ángel Llull, admitió tras la actuación, que se trataba de una idea arriesgada y que ahondaba sin tapujos en un humor negro, pero que se preocupó por intentar no ofender y priorizar la risa, lo que ha funcionado, a tenor de la ovación recibida y del público en pie para despedir a su chirigota.

El personaje fue llevado hasta el límite en todos los momentos de la actuación, incluso fuera del teatro en un curioso pasacalles en silla de ruedas, donde los componentes fueron cantando diversas coplas conocidas como el “Qué bonito está mi Cádiz”, sorteando los baches y obstáculos de las calles del casco antiguo gaditano.

Ya sobre el escenario la chirigota se presentó parafraseando la agrupación “Los mákina” de José Antonio Vera Luque, con todos en sillas de rueda y sin moverse, perfectamente caracterizados por el astrofísico británico paciente de ELA, hasta que sobre ellos cae una intensa lluvia de papelillos.

En su primer pasodoble se ponen serios y explican la fuerza de su personaje, primero cantando con voz robótica, hasta que, según explican, activan un software para cantar bien y rematan la letra con sus afinadas voces originales. “Vamos a cantar bonito que parecemos un surtidor de gasolina”, se animan.

“No hay barrera para el que sigue luchando, siempre evité la depresión, no entré en ese agujero negro, pues, soñando, logré brillar como ese cielo estrellado que me gustaba a mí observar”, relatan en una emocionante letra, en la que aseguran que “con mis ganas de vivir y con mi silla de ruedas, yo he llegado a lo más alto, hasta las mismas estrellas”.

El repertorio, lejos de molestar en el Teatro Falla, provocó una acogida cariñosa desde el inicio, al grito de “chirigota, chirigota” y sonados aplausos en los cuplés y en muchos momentos del popurrí, donde con músicas conocidas van trazando la vida de este personaje llena de dificultades, como bailar en una caseta de la feria de Sevilla, superar los adoquines de la calle de La Palma de Cádiz o ir a San Fernando.

“Iremos un ratito a pie y otro... bueno, tampoco hay nada que ver en San Fernando”, sueltan con la música de la mítica canción de Manolo García.

Tras su actuación, y especialmente emocionados por la reacción del público, los componentes aseguraron haber contado con el respaldo de la asociación ELA Andalucía y también anunciaron que, cuando acabe el carnaval, donarán sus sillas de rueda a este colectivo.

La de anoche, en la que también sobresalió la comparsa del Jona 'El manicomio', con una dura crítica a la gestión sanitaria de Juanma Moreno, o el humor gaditano de la chirigota 'Los Robins', fue la cuarta de las 17 sesiones de preliminares del concurso, que se extenderá hasta la final el próximo 13 de febrero.

El CEIP Florentino Bayona de Mula ha recibido este miércoles el Premio Gil Sáez Pacheco 2024 a las buenas prácticas en atención a la diversidad. “Un premio importante que reconoce este curso el buen hacer de este colegio en esta materia”, ha dicho el consejero de Educación de la Región de Murcia, Víctor Marín, poco antes de hacer entrega de este galardón. El premio pone en valor el compromiso de este centro educativo en la inclusión y la atención integral de su alumnado gracias a proyectos como 'Todos sumamos, juntos multiplicamos'. Una iniciativa que tiene como objetivo implicar a toda la comunidad educativa y convertir la inclusión en una realidad cotidiana.

“El colegio Florentino Bayona es un centro referente en la Región de Murcia; cuenta con tres aulas abiertas autorizadas y más de 60 alumnos con necesidades especiales, además de otros proyectos que van en la misma dirección como Compromiso Autismo, gracias al que todo el personal del centro, docente y no docente, se ha formado para atender de una manera más adecuada al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”, ha continuado el consejero.

Otros programas que tiene en marcha el CEIP Florentino Bayona son el de patios inclusivos o el de accesibilidad cognitiva, con una señalética específica para que cualquier alumno pueda transitar adecuadamente por el centro, especialmente destinado a personas con TEA.

La Región de Murcia, ha dicho el consejero, es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de alumnos con necesidades específicas diagnosticadas y la que más alumnos de estas características escolariza en centros ordinarios. Son datos “que son una realidad en el día a día de nuestros centros, y que se convierten en esperanza en colegios como este”.

Un impulso para todo el equipo

“Este premio es un refuerzo y un impulso para nuestra comunidad educativa al completo, personal docente y no docente, para todo el equipo que cada día afronta unas necesidades muy intensas de todo lo que supone la diversidad del alumnado”, ha reconocido la directora del centro, Maxi Saavedra.

“Llevamos muchos años dando respuesta a la diversidad, desde 1985 que empezamos con el Programa de integración; en 2010 participamos en los centros preferentes de alta capacidad y en los últimos años Compromiso Autismo y Centro Incluyo”, ha concretado la directora.

Por su parte, el concejal de Educación de Mula, Diego Boluda, ha felicitado al colegio y ha recordado que desde que se instauró como el primer colegio público de la ciudad “ha trabajado por la inclusión, revolucionando el panorama educativo y convirtiéndose no solo en referente en el municipio sino en la Región de Murcia”.

“El verdadero valor de este premio es que el colegio demuestra que la inclusión no es solo un discurso, es una realidad tangible en Mula y que la educación es el mejor ascensor social para garantizar un futuro mejor para todos; porque juntos siempre multiplicaremos”, ha concluido el consejero.

El acto de entrega, celebrado este miércoles en el centro coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ha contado también con la presencia del director general de Atención a la Diversidad, Pedro Mondéjar, así como de miembros del equipo de gobierno y de la Corporación municipal.

Habría que retrotraerse a la década de los 80 para encontrar una convocatoria de huelga de dos días consecutivos en la educación gallega como los que tendrán lugar este martes y este miércoles, 28 y 29. La iniciativa partió de los sindicatos CIG—el mayoritario, con una representatividad del 60%— y la también central nacionalista STEG, a los que se sumó la CUT. La movilización, que el primer día rodeará la sede de la Xunta en Santiago y el segundo se repartirá por las cuatro provincias gallegas, llega tras el paro del pasado 25 de septiembre, en el que los convocantes elevaron el seguimiento por encima del 60% mientras Educación lo dejaba a las puertas del 15%. CCOO, UGT y ANPE, que firmaron un acuerdo con la consellería a finales de 2023, no respaldan la protesta.

La huelga demanda una bajada de ratios en todas las etapas educativas a partir del próximo ejercicio 26/27. Reclaman que se recupere el horario lectivo ampliad por la crisis, en 2011 y 2012 —21 horas en primaria e infantil y 18 en el resto—, ya que Galicia es, a día de hoy, la única comunidad que aún no lo ha hecho. Solicitan medidas concretas que garanticen una correcta atención a la diversidad, un plan real para la eliminación de la burocracia, con más horario para equipos directivos, coordinaciones y tutorías y la contratación de más personal administrativo. Añaden mejoras retributivas para recuperar el poder adquisitivo perdido, que estiman en más de un 20% en los últimos 15 años, o la reducción de la jornada para los mayores de 55 años.

Por encima de las reivindiciones genéricas, elDiario.es ha hablado con cuatro docentes —una orientadora, un profesor de secundaria, una profesora de infantil y otra de FP— para conocer el día a día real de sus centros y los motivos para secundar la huelga.

La impotencia de la orientadora

“El trabajo es inabarcable y la situación, de impotencia”. Martina Martínez es la presidenta de la Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público. Su plaza está en el IES de Brión (8.200 habitantes, en el área metropolitana de Santiago de Compostela), donde ella sola atiende a 516 alumnos. Con resignación, admite que su caso no es de los peores: conoce compañeras que llegan a tener 1.079 en secundaria o centros de FP en la capital gallega donde se alcanzan los 1.500. El límite es el de la matrícula de cada centro, porque los orientadores no tienen ratio.

“No hay ratio y somos uno por centro, en el mejor de los casos, porque en ocasiones es compartido”. Martínez invoca como “objetivo” las recomendaciones de la UNESCO que hablan de un profesional por cada 250 alumnos, sin ponderar sus necesidades. A efectos de ratio de aula, un pequeño con una discapacidad del 33% cuenta por dos; con más del 66% lo hace por tres. El de la UNESCO —como hace la Xunta en muchas ocasiones a la hora de asignar grupos— sólo cuenta cabezas.

Su relato en primera persona refleja una realidad que se repite centro a centro. “Yo empiezo el día con mi plan de trabajo, pero de repente llama a la puerta una alumna con crisis de ansiedad. Mientras estoy con ella llega una familia a denunciar un problema de acoso y, en ese momento, aparece el conserje porque hubo un conflicto en un aula y uno de los implicados es un alumno con trastorno del espectro autista. Cuando acaba la jornada, tu plan de trabajo ni lo tocaste, sumas lo que apareció durante el día y lo que vienes arrastrando”. Lo que viene arrastrando es, por ejemplo, la docena de alumnos que aguardan la valoración de sus dificultades de aprendizaje. “Tengo una lista de espera que parezco el SERGAS [Servizo Galego de Saúde]”, narra con un punto de amarga ironía mientras comprende el enfado de las familias que siguen sin conocer los resultados.

A todo esto se suma la carga burocrática, un sinfín de papeleos e informes, cargados de datos y porcentajes que “en muchos casos son repetidos: los diste una vez y los tienes que volver a dar”. Y, mientras, nadie “racionaliza” las funciones de las oreientadoras. “Hace un año, un grupo de compañeras recopilaron en un documento todas las funciones que se nos encomendaban en los diferentes protocolos, planes y programas: el documento tiene 49 páginas”.

Mientras, la postura de la Xunta pasa por considerar la orientación algo “transversal” al conjunto del centro en lugar de reforzar el departamento específico. Martínez cree necesaria una combinación de las dos cosas: aumentar la plantilla de profesionales y formar al profesorado de forma obligatoria, ya no voluntaria. “Mucha gente no sabe cómo tratar a un alumno con necesidades o, simplemente, no tiene tiempo material para hacerlo con treinta alumnos en el aula: como estamos tan sobrepasados, lo que intentamos es cubrir mínimos”.

El profe de Mate y las alertas de suicidio

La atención a la diversidad es la primera preocupación de Suso Abalo. Y eso que este ingeniero de telecomunicaciones que, tras ocho años en el sector, quiso hacer “algo bueno por el mundo” y se metió en la docencia, no pertenece a esa especialidad. Tras cuatro años en centros privados y concertados, ya lleva otros tantos con plaza como profesor de Matemáticas. Actualmente la tiene en el IES Castelao de Vigo y, aunque como ingeniero supo lo que era pasar noches enteras en blanco para entregar proyectos a tiempo, rompe un mito: “Nunca trabajé tanto como desde que soy profesor”.

Empieza por la atención a la diversidad después de dudar entre los múltiples frentes abiertos en secundaria: “Es como si te dicen: 'hay que acabar con el cambio climático' y tú piensas... pero con el hambre, también”. Una medida conseguiría atacar ambas necesidades: “una reducción de las ratios permitiría mejorar esa atención”. Suso considera “alucinante” que Galicia sea “la única comunidad que no recuperó el horario de antes de la crisis de 2008”, aunque el aumento de horas lectivas llegase como consecuencia unos años más tarde.

“No es que vayas a trabajar menos: yo doy por hecho que, al igual que ahora, pasaré todas las tardes preparando clases, pero si preparo 18 las prepararé mejor que si tengo que preparar 20”. Eso conecta de nuevo con la atención a la diversidad. “Tengo que preparar material específico para alumnado con necesidades y eso requiere muchas horas” si el objetivo final es “lo que queremos: atenderlos bien, lo mejor posible”.

El docente reclama también mayor apoyo a la orientación y le parece “increíble” que non tenga ratio. “La de nuestro centro, una sola para más de 600 alumnos, está desbordada”. No son sólo los grandes números, también el trabajo de cada alumno es mayor: “Antes, si no estabas bien, te decían que te apañases, que dejases de estudiar... y había muchas cuestiones personales que no se llevaban a la escuela”.

Suso tuvo la prueba de esto cuando en clase hablaban de la otra huelga de este martes, la que ha convocado el Sindicato de Estudiantes por la muerte de Sandra, la niña de 14 años que se suicidó en Sevilla tras sufrir acoso escolar. En medio del maremagnum de opiniones cruzadas, una alumna le confesó que había tenido ya dos intentos de suicidio. “Esto ahora te lo cuentan; antes, seguramente, el profesor no te daría el espacio para hacerlo”. Al salir de clase, se lo contó a la orientadora. “Me dijo: 'mañana mismo hablo con ella...'”. Con más de 600 alumnos, era fácil imaginar cómo era ese día de “mañana” al que tendría que sumar una urgencia de ese calado.

Esa falta de tiempo es la que padecen los tutores. Suso este año no lo es, pero recuerda que el pasado, en la misma hora semanal que tiene ahora, tenía que ocuparse de todo lo que pudiesen necesitar los 30 alumnos de su tutoría: informes, atención a las familias... “Les dedicaba muchísimo tiempo, con la misma disponibilidad que ahora y sin ningún reconocimiento económico”. Y aunque él ese considera un privilegiado porque en su entorno nadie dice que los profesores “no dan golpe y viven como dios”, ironiza con que todavía tiene compañeros que tienen que escuchar cómo el camarero que les pone el café cada día les dice que, si van a la huelga, es porque “los tienen cuadrados”.

El cole inclusivo al que no le dejan serlo

Elvira Fernández es profesora de música en el CEIP Mestre Martínez Alonso de Mos, también en la comarca de Vigo, donde comparte tutoría con el director del centro y desarrolla proyectos de innovación “con menos horas de las que necesito”, apunta. El colegio fue un centro de atención preferente a alumnado con necesidad motórica y hoy los es para la atención del alumnado con trastorno del espectro autista. Presumen de un modelo educativo de inclusión “real”, premiado en varias ocasiones por la propia Xunta pero que, ahora mismo, ha quedado en el filo de la navaja: el curso ha empezado con cuatro docentes menos de los necesarios y, a los que están en plantilla, “las fuerzas no nos dan”.

“Llevábamos varios años con recortes, pero lo de éste ha sido sangrante”, asegura Elvira que cree que la situación “va a explotar”. “Hay momentos en los que no disponemos ni siquiera de un profesor de guardia”. El centro ha comenzado a movilizarse semanalmente con la convocatoria de “Martes Negros” bajo el lema: “La inclusión real necesita personal”. “No sólo se necesita tecnología”, le dice a la Xunta, “también hacen falta personas: algunos alumnos necesitan a una sólo para ellos”.

El centro ha contabilizado las necesidades: de las más de 100 horas que precisan en Pedagogía Terapéutica (PT) no disponen ni siquiera de 50, “menos de la mitad”. Y, mientras, la consellería sólo ofrece parches, como un tutor a media jornada. Esta modalidad, la de la media jornada, se ha disparado en este curso y permite que la Xunta hable de número récord de docentes aunque a veces hagan falta dos para sumar las horas que hace apenas un año hacía uno solo. “Además, tanto al ANPA como a nosotros nos han prometido otro PT, pero hoy lunes hemos sabido que no va a venir”.

Cuando ve al conselleiro Román Rodríguez presumir de que, mientras cae el número de alumnos, el de profesorado aumenta, Elvira cree que, simplemente, “no conoce la realidad”. Y cuando la administración se aferra al catálogo del centro, responden que esos catálogos están “desactualizados” y que en su proyecto inclusivo basado en la codocencia, hay pequeños que no llegan a ser vistos por el PT. “No les preocupan las necesidades de esos niños”.

FP: la privada, presencial; la pública, a distancia

María Rodríguez es profesora en FP desde hace casi dos décadas y asegura no recordar un inicio de curso tan “caótico” como el actual. “Ha sido el peor, con mucha diferencia”. Relata casos de compañeros que todavía recibieron el horario definitivo “la semana pasada”, más de mes y medio después del inicio del período lectivo, un tiempo en el que los grupos de alumnos han estado “bailando” entra aulas y “recibiendo formación en módulos que non son los suyos”. Culpa de esa situación a las prisas de la Consellería para empezar muy pronto las clases —el 8 de septiembre— mientras aumenta la “burocracia”.

Tras unos años en los que la formación profesional “se dignificó”, la reforma que comenzó el pasado curso y que en este se generaliza la está “haciendo involucionar”. La apuesta de la Xunta por la FP Dual ha disparado a 500 horas las prácticas en empresas lo que supone “casi un mes menos de clase” sin revisión de los contenidos. Su conclusión, que el alumnado saldrá peor formado. Una consecuencia más de la “privatización” que, según denuncia, está afectando a esta enseñanza. Por un lado, por la autorización de ciclos a centros privados; por otro, por la apertura de los centros públicos a docentes nombrados por esas mismas empresas.

“Vienen a dar clase a los institutos pasando por alto los principios de igualdad, mérito y capacidad que se nos exigen en las oposiciones. Cómo no va a ser la FP la niña de los ojos del conselleiro cuando puede eleiminar profesorado público para contratar a amigos de empresas privadas”. Como ejemplo representativo señala lo sucedido con el módulo de sostenibilidad, donde las clases son impartidas por representantes de Repsol. “No puede haber esta reducción de horas en módulos prácticos y específicos para que venga una empresa privada y nos suelte su charla”.

La otra variante es más perversa: se elimina la presencialidad de los ciclos en centros públicos mientras se autoriza en los privados. Otra muestra: el ciclo superior de Integración Social que se imparte en su centro. Hasta hace tres años era presencial y estaba completo, con sus 30 alumnos. Ahora, se ha modificado para ofrecer formación a distancia, “con 50 alumnos y los mismo profesores”. En ese tiempo, se ha concedido a dos colegios privados que sí pueden impartirlo de forma presencial. “En Vigo no hay ningún centro público que pueda hacerlo”.

“Es una estrategia, no es casual que se elimine la presencialidad en los públicos”, asevera convencida María. Esa amplia matrícula permite que Educación pueda “alardear de números, con miles de alumnos”, pero esta docente del IES de Chapela –en Redondela, a un paso de la mayor ciudad de Galicia– se centra en los resultados. “La gente que titula es un 20%. Lo tienen muy difícil, porque son gente que trabaja, que tiene que estudiar a distancia...”.

Mientras, en la privada, para quien pueda pagarlo, “se abrió la veda”. En la FP “hay mucho dinero y permite hacer muchos favores; puedes hacer lo que quieras”. Rodríguez no oculta que la situación actual le da “pena”. “Siempre digo que los alumnos salen adelante a pesar de la consellería”, gracias a “la involucración completa del profesorado”.

La cuentas de Educación

Este lunes, víspera de la huelga, ha sido el día elegido por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para presentar en el Parlamento sus presupuestos para el próximo año, que llegarán a los 3.090 millones, casi 44 más que en 2025, lo que supone una subida porcentual de apenas el 1,5%, varias décimas por debajo del crecimiento medio de las cuentas autonómicas, que alcanzar el 21,%.

Rodríguez anunció la convocatoria en 2026 de unas 1.500 plazas docentes, lo que supondría “cubrir de nuevo el 120% de las plazas autorizadas por el Gobierno del Estado”. Asegura que, desde el acuerdo firmado con los sindicatos CCOO, ANPE y UGT en vísperas de la convocatoria de elecciones autonómicas, el presupuesto destinado a personal se ha incrementado en 160 millones e euros. La tres centrales —con una representatividad conjunta que ronda el 40% del profesorado— han llevado ante la justicia el pacto por los incumplimientos de Educación.

Los números del conselleiro no han convencido a la oposición. Según recoge Europa Press, la diputada del BNG María Cristina Fernández ha considerado “penoso” que para Rodríguez “sea un récord disponer de 3.000 millones euros de presupuesto” y, en puertas de la huelga, lamentó que “el PP prescinda de partidas suficientes para disponer de lo más básico, de personal”. Por su parte, el socialista Aitor Bouza denunció que los presupuestos “no responden a las necesidades que tiene la educación en Galicia” y que la inversión “decrece” respecto al total.

Elegir qué ropa ponerse, decidir cómo decorar la habitación o preparar un café cuando apetece son gestos cotidianos que para muchos pasan desapercibidos. Sin embargo, para las personas con parálisis cerebral que han estrenado las nuevas Unidades de Convivencia en Zaragoza significan libertad, identidad y vida independiente.

Este recurso pionero en España, impulsado por la Fundación ASPACE Zaragoza con el apoyo del programa Amazon InCommunities, representa un cambio profundo en la forma de entender los cuidados.

Con él, se ha pasado de un modelo residencial tradicional, centrado en la asistencia, a otro en el que prima la autonomía, la autodeterminación y el bienestar de las personas con grandes necesidades de apoyo.

Son hogares adaptados, accesibles y diseñados para que sus residentes participen de manera activa en las decisiones que marcan su día a día, como elegir la decoración hasta organizar sus rutinas o actividades de ocio.

“Cuando hablamos de parálisis cerebral, muchas veces pensamos en limitaciones. Nosotros ponemos en el centro a la persona, teniendo en cuenta sus aficiones, gustos, preferencias y se ve desde un prisma de capacidades”, explica Marta Pérez Moli, coordinadora de las Unidades.

Del mismo modo, sostiene que su labor es “fomentar y habilitar la ilusión, el trabajo y los logros que dan sentido a la vida de cada persona” porque, para alguien con grandes necesidades de apoyo, “tener la capacidad de elegir afecta directamente a su bienestar”.

En este sentido, apunta que esa autonomía se traduce en un aumento de la autoestima, una “profunda alegría” diaria y la ilusión de planificar y ser protagonista de su propia vida.

La propia experiencia de los residentes refleja ese objetivo que tienen marcado en ASPACE. La usuaria Victoria Romeo recuerda con emoción el momento en el que le confirmaron que iba a mudarse: “Muy contenta y con mucha ilusión, estaba ante una nueva oportunidad”.

Ahora, lo que más valora Romeo es “tener más intimidad, no compartir espacios con tanta gente” y disfrutar de pequeños gestos que la llevan a alcanzar sus propias metas.

“Con algo tan pequeño como elegir la ropa todas las mañanas, yo me siento mucho más a gusto y mejor conmigo misma”, afirma.

Su compañero José Gracia también reconoce esa transformación: “Estar en estas unidades me ayuda a ser más consciente de las cosas que uno mismo puede hacer. Me he dado cuenta de que hay que pensar en muchas cosas para poder tener controlado el día a día, desde la comida hasta la ropa limpia”.

Para él, la clave está en “sentir que ahora puedo elegir la mayoría de las cosas que me gustan hacer en mi día a día y no me las eligen como hacían anteriormente”.

Ambos han asumido nuevas responsabilidades, como repartirse tareas domésticas o gestionar el dinero para sus gastos personales. Al mismo tiempo, añade Victoria, han encontrado un entorno más cercano, tranquilo y humano, así como un ambiente “muy familiar” entre ellos y con los profesionales.

Precisamente, el papel de las personas que están apoyándolos y guiándoles en esta nueva etapa es primordial, ya que, según subraya Pérez Moli, “el cuidado no solo es físico, también es emocional y aquí es lo que más se trabaja”.

La gerente de ASPACE Zaragoza, Mónica Iglesias, destaca que el objetivo va mucho más allá de garantizar cuidados, sino que “se trata de acompañar a lo largo del ciclo vital desde el empoderamiento, el desarrollo personal y la mejora continua del bienestar físico, emocional y social”.

Este cambio de modelo también tiene su impacto en las familias que, en muchos casos, han sido cuidadoras principales durante toda la vida.

“Las Unidades de Convivencia suponen un respiro significativo para ellas, reducen la sobrecarga física y emocional y les permiten recuperar espacios de autonomía personal, laboral y relacional”, añade Iglesias.

Aunque desde la Fundación han gestionado la búsqueda de subvenciones, han establecido alianzas y han mantenido un diálogo constante con las personas residentes, este proyecto ha sido posible gracias a la implicación de un equipo multidisciplinar de profesionales, la colaboración de entidades privadas como AWS o IKEA y el respaldo de la administración autonómica.

“Para una persona con grandes necesidades de apoyo, tener la capacidad de elegir es un acto de empoderamiento que afecta directamente a su bienestar. Esta autonomía se traduce en un aumento de la autoestima, una profunda alegría y la ilusión de ser protagonista de su propia vida”, afirma Pérez Moli, quien agrega que los profesionales son denominados asistentes personales por su función de acompañamiento y apoyo.

Victoria resume ese aprendizaje y nueva vida: “Aquí es la primera vez que me he hecho un café cuando me apetecía”. Y es así, mirando al futuro, cuando José añade que su sueño es “seguir avanzando en este camino hacia una vida más independiente” porque ahora se ha dado cuenta de que puede realizar “muchísimas más tareas de las que consideraba que era capaz de hacer”.

En definitiva, más que un recurso asistencial, estas Unidades de Convivencia son un recordatorio de que la discapacidad, tal y como destaca Marta, “no debe ser una etiqueta que limite, sino una característica más en la vida de cada persona”.

“Si fuera así, la sociedad aprendería a ver más allá de la discapacidad para reconocer a la persona en su totalidad, con sus singularidades, su personalidad y sus contribuciones únicas”, indica.

Asimismo, Victoria y José son el ejemplo de que la verdadera inclusión, impulsada por entidades como ASPACE, empieza cuando se reconoce el derecho a decidir cómo queremos vivir.

El Ayuntamiento de Pantoja ha nombrado a Celia Castellanos Durán, una joven de 29 años naturalidad de la localidad con diversidad funcional, nueva concejala de Deportes e Inclusión Social, cargo del que tomó posesión en el pleno municipal del pasado viernes.

“Todos somos importantes y necesarios en una sociedad justa como la nuestra. Espero estar a la altura”, ha señalado la nueva edil, que agradeció a los presentes por el apoyo mostrado, afrontando este nuevo reto “con ilusión y valentía”.

Castellanos es una joven “muy querida en la localidad”, donde es conocida por ser una apasionada del deporte y haber sido premiada por ello en numerosas ocasiones en distintas disciplinas de atletismo, según ha dado a conocer el ayuntamiento en un comunicado.

Con su nombramiento, el Ayuntamiento de Pantoja se convierte en el primero de la comarca de La Sagra en incorporar a una persona con diversidad funcional en el equipo de Gobierno, en este caso liderado por el Partido Popular, con Julián Torrejón Moreno como alcalde.

La joven es también desde hace años colaboradora “incansable” en APACE (Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral) en Toledo, entidad que ha trasladado su “inmensa alegría” por Castellanos, a la vez que destacan que “su compromiso, esfuerzo y valentía” son “un ejemplo para todos”.

“Un avance hacia una sociedad más inclusiva”

“Esta nueva etapa no solo representa un paso personal inmenso, sino también un avance hacia una sociedad más inclusiva, donde todas las personas puedan participar en la vida pública y política”, apunta APACE.

Familiares, miembros de la corporación municipal y de la asociación APACE, junto con numerosas autoridades de la provincia y la región como el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, o alcaldes de las localidades de El Casar de Escalona o Numancia de la Sagra, acompañaron a Celia en este día “tan importante para ella y para el municipio sagreño”.

Cabe destacar que la Constitución Española, en su artículo 49, establece la protección especial y la promoción de la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. Por ello, apunta el Consistorio, “este día va a suponer un paso importante por la inclusión en el ámbito político de la región en la que el Ayuntamiento de Pantoja da un impulso importante por la inclusión puesto que el propio alcalde junto con la nueva concejala destacaba que van a revolucionar Pantoja”.

Ian tiene nueve años y está a punto de terminar el curso escolar. Las vacaciones de verano se encuentran a la vuelta de la esquina y el tiempo libre aumentará de manera considerable hasta que la rutina en septiembre. A Ian le ilusiona hacer actividades de verano como cada año, pero no siempre es fácil apuntarlo a ellas.

Con parálisis cerebral, un grado III de dependencia y retraso en el desarrollo psicomotriz, Ian ve limitada su participación en las actividades y campamentos urbanos de verano debido a su coste.

“Es imprescindible que mi hijo esté ocupado”, se lamenta Mar, madre del pequeño. “Si no hace extraescolares, le rompes la rutina y puede desarrollar problemas conductuales, y en estas fechas ya se está poniendo nervioso porque hay que inscribirle”, afirma.

El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado un año más el programa T’estiu molt, repleto de actividades para que los más pequeños puedan divertirse en vacaciones. El problema es que no todos los niños parten con las mismas condiciones para disfrutarlas, como es el caso de Ian.

Estos niños necesitan atenciones especiales, y en muchos casos las familias no pueden sufragar el gasto de las actividades propuestas, porque su precio es mayor que el de los niños y niñas que no tienen discapacidad, y no pueden permitírselo.

“Económicamente me afecta mucho porque, aunque haya ayudas, las subvenciones no son suficientes. Pero tengo que apuntarlo. Mi otra hija no tiene discapacidad y, con lo que me cuesta su campamento cinco semanas con comedor incluido, me da para una del de Ian y sin la comida”, añade Mar.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido quejas de nueve familias distintas porque sus hijos han tenido dificultades para acceder a las actividades veraniegas. Según los datos del Ayuntamiento, una semana de colonias para un niño sin discapacidad puede tener un coste de unos 225 euros, mientras que lo mismo para un niño con necesidad de adaptaciones especiales, puede tener un coste de 800 euros.

Si bien es cierto que el Ayuntamiento de Barcelona tiene unas subvenciones que van desde el 30% al 90%, estas siempre serán del precio máximo fijado, nunca del precio final. “El importe de la subvención no se calculará de acuerdo con el precio de la actividad final, sino con los baremos establecidos como precio máximo”, afirma el síndic de Barcelona, David Bondia.

Esto quiere decir que hay un precio máximo fijado que, cuando se adapta a los niños con discapacidad, puede subir, con el beneplácito del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMDP). Y, ese aumento es el que no cubre la subvención; esta solo se dirige al primer precio. En el caso anterior de las colonias, habría más de 500 euros de diferencia no subvencionable entre los precios de coste de un niño con atenciones especiales y sin ellas.

Los datos del Ayuntamiento también exponen que una de las jornadas completas con comedor tiene un precio máximo semanal de 197 euros, mientras que el precio real para los niños con discapacidad es de 300 euros, una diferencia no subvencionable de 102 euros. Esto provoca que muchos hogares se echen para atrás y ni siquiera intenten conseguir esas ayudas económicas públicas.

Otro caso es el de una de las familias que ha tramitado su queja a la Sindicatura. Esta ha alegado que no puede permitirse pagar 400 euros a la semana para que su hija, que tiene una discapacidad del 69% y grado III de dependencia, vaya a una actividad de 9h a 14h sin la comida incluida. Son unos precios que se escapan de los bolsillos de hogares que no tienen un nivel económico holgado.

“Las actividades tienen que financiarlas el Ayuntamiento, porque las familias de niños con discapacidad ya viven con un sobrecoste permanente en gastos de transporte, soporte y/o prótesis”, declara el director de la federación Dincat, Victor Galmés.

En el caso de Mar, hay un sobrecoste importante en su día a día. “Ian necesita psicóloga, terapia sensorial, actividades extraescolares que no están subvencionadas para que esté ocupado, complementos de la silla de ruedas que no te pagan, zapatos especiales, juguetes sensoriales y férulas”, enumera.

Pocas plazas disponibles

Los precios no son la única traba en el acceso a las actividades de los niños con discapacidad. Tampoco hay todas las plazas disponibles que las familias querrían. Se parte de la base de que hay 1.080 actividades disponibles y solo 22 de ellas son inclusivas para menores con discapacidad, lo que se traduce en un 2% de toda la oferta.

Solo cuatro de estas actividades tengan un precio más bajo que los máximos establecidos por el Ayuntamiento, por lo que 18 actividades han superado los precios con subidas imposibles para muchas casas, según el Síndic de Greuges. Algunas de estas tienen un coste superior del 50%, y el IMDP alega que está justificado debido a los gastos en monitores, alimentación o transporte, entre otros.

En cuestión de plazas, esto se traduce en que hay 2.203 para niños con discapacidad frente a las 369.198 que existen para actividades en general. Es cierto que estos niños con atención especial pueden acceder también a las actividades ordinarias, porque hay una reserva del 5% de las plazas para ellos, pero de nuevo hay escollos. El problema principal, según el Síndic, es que para esas plazas no hay suficientes monitores, con lo que echa para atrás a las familias. .

Otras de las familias que se ha quejado ha denunciado que su hija con autismo de grado II, TDAH con hiperactividad severa y trastorno grave de conducta no ha podido inscribirse a una actividad. El motivo ha sido que hay un recorte de ayudas para monitores de apoyo y la matrícula no podía efectuarse porque ya hay niños con estas necesidades que van a utilizar los pocos servicios que mantienen.

“Las entidades promotoras deben garantizar que, si hay una reserva de plazas, los niños con discapacidad tengan las mismas oportunidades de acceso que el resto”, añade el Síndic de Greuges, David Bondia.

El Síndic reconoce que el Ayuntamiento de Barcelona está impulsando medidas adecuadas para la inclusión de los niños con discapacidad, como la reserva de plazas del 5% o las subvenciones, pero insisten en que estas medidas aún son insuficientes.

La entidad resume que se deberían cambiar los criterios para que desde un principio las familias sepan lo que tienen que pagar y las subvenciones cubran así el precio final fijado, sin riesgo a que después pueda fluctuar. Asimismo, denuncia que las administraciones públicas tienen el deber de asegurar un acceso igualitario para niños con y sin discapacidad a la hora de participar en actividades, y si comporta un aumento de monitores de soporte, que se efectúe.

“El ocio queda en segundo plano, se habla de vivienda y trabajo, pero no tener políticas de acceso al ocio es no proporcionar plena inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad”, concluye Galmés.

Las personas con perros de asistencia –como personas con discapacidad, con trastorno del espectro autista y víctimas de violencia de género– podrán acceder con ellos a lugares públicos y privados de uso público en cualquier lugar de España. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministerio de Pablo Bustinduy, un real decreto que regula la actividad y el bienestar de los perros de asistencia y el acceso con ellos a centros educativos, culturales, deportivos, sanitarios, comerciales, alojamientos turísticos, restaurantes, museos y teatros, entre otros.

Además, se permitirá que estos perros accedan a playas, a recintos de piscinas y parques acuáticos, siempre que no entren al agua. La norma recoge también el acceso a mujeres víctimas de violencia de género y sexual con perros de asistencia a albergues o centros asistenciales. El nuevo decreto complementa la legislación que dispone cada comunidad autónoma en torno a este tipo de animales y sustituye una norma de 1983 actualmente en vigor.

“Hasta ahora se regían por un decreto de laño 83 que solo consideraba la discapacidad visual; ahora se extiende a todos los tipos de discapacidad”, ha señalado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha destacado que “esta medida va a garantizar el acceso a la circulación y la permanencia de los perros de asistencia a los espacios públicos y privados”. El objetivo de la norma es asegurar que todas aquellas personas que requieran de un perro de asistencia puedan acceder con ellos a lugares públicos y privados de uso público, en cualquier lugar de España, independientemente de la comunidad en la que esté, asegurando así que no sean discriminados.

Entre las personas que requieren de un perro de asistencia, están las que tienen discapacidad auditiva o con sordoceguera que requieren de perros adiestrados para avisar de la emisión de sonidos y su procedencia y con discapacidad física, que precisan de perros adiestrados como apoyo y auxilio en actividades de la vida diaria. Además, son acompañadas de perros de asistencia personas con trastornos del espectro autista para promover su autonomía personal, personas con patologías que necesitan estar acompañadas por un perro adiestrado para avisar de una alerta médica.

La nueva normativa garantiza el derecho de estos perros al descanso, ya que se ha fijado que podrán dejar de prestar servicio cuando cumplan 10 años, manteniéndoles además su derecho a seguir accediendo a los espacios de uso público una vez pasado su tiempo en activo. “Regula las condiciones, la formación, la identificación de los perros de asistencia, una medida importante que va a combinar la máxima protección del bienestar de estos animales con la promoción de la autonomía personal y la vida independiente” de las personas con discapacidad, ha concluido el ministro.

Fundación Gmp y Fundación SIFU han presentado hoy en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia las Becas SuperArte, una iniciativa destinada a promover la formación artística de personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, parálisis cerebral y/o Alzheimer en la Región de Murcia como vía para mejorar su empleabilidad. Este programa de largo recorrido llega a la Comunidad como un trampolín hacia nuevas oportunidades laborales en el ámbito artístico, apostando por la cultura como motor de desarrollo personal y profesional. 

El acto ha contado con la presencia de Concepción Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad del Gobierno de la Región de Murcia, y Manuel Cebrián, director del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia, así como representantes de entidades sociales y culturales de la región. Durante la presentación, la consejera ha agradecido “la alianza de dos fundaciones como SIFU y Gmp cuyo objetivo es otorgar becas a las personas con discapacidad de esta Región donde hay mucho arte y talento”. Cebrián ha expresado “la satisfacción que supone para mí estar hoy aquí porque las personas que trabajamos en la cultura somos el vehículo entre las personas y sus sueños”.

Asimismo, han intervenido por parte de Fundación SIFU Oriol Saña, director artístico y Miquel Antonijuan, director de la Fundación. “Desde Fundación SIFU impulsamos este programa con un soporte muy importante como son las familias. Sin ellas, este programa no saldría adelante”, -continua Saña-, “queremos que estas personas tengan un espacio en las escuelas de música y conservatorios y que instrumentos inclusivos que permiten tocarse con la mirada, sea considerado un instrumento oficial, ya que facilita la expresión artística para personas con parálisis cerebral”. Y desde la dirección de Fundación SIFU, Antonijuan ha animado a que “se presente el mayor número de personas en la Región de Murcia, sin miedo a no tener un conocimiento profundo en la música o la danza, ya que hay becas que van desde el apoyo en los inicios de ese despertar artístico hasta aquellas que llegan a consolidar la carrera profesional de una persona”. Francisco Fernández, director de Fundación Gmp, ha subrayado que “en Fundación Gmp siempre hemos creído en el poder transformador del arte y la cultura. Este programa SuperArte es un paso más allá de la inclusión, ya que ofrece oportunidades a aquellas personas que deciden expresarse a través de la cultura y la danza en igualdad de condiciones”.

Además, han participado dos beneficiarios de las Becas SuperArte de ediciones anteriores, ambos de la Región de Murcia, quienes han compartido su experiencia y el impacto que esta oportunidad está teniendo en su desarrollo personal y profesional. Entre ellos, han participado Mariano Rosique, pianista de Cartagena y beneficiario de las becas SuperArte 2022, y Aarón Moratón (violinista) y su padre, Javier Moratón. Aarón es beneficiario de la beca SuperArte 2023. Sus testimonios y actuaciones musicales han servido como ejemplo del éxito del programa en la promoción de la inclusión a través del arte, demostrando que el talento y la formación artística son herramientas clave para la integración y el desarrollo profesional

La convocatoria de las Becas SuperArte en la Región de Murcia se ha abierto este miércoles, y permanecerá hasta el 1 de junio. Es posible inscribirse a través de la siguiente página web: https://becasuperarte.com/. Su objetivo es detectar y destacar el talento artístico a nivel nacional. En la Región de Murcia, van dirigidas específicamente a personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, Alzheimer y/o parálisis cerebral, además de entidades de la región que tengan un proyecto artístico con artistas con discapacidad. Gracias a estas ayudas, los beneficiarios pueden continuar su formación en conservatorios superiores o profesionales, así como en escuelas de música o danza, ampliando así sus posibilidades de inserción en el ámbito artístico y cultural. 

Con esta iniciativa, Fundación Gmp y Fundación SIFU refuerzan su compromiso con la inclusión y la cultura como vehículo de transformación social, ofreciendo a las personas con discapacidad de la Región de Murcia herramientas para desarrollar su talento y alcanzar nuevas oportunidades laborales en el sector artístico. 

Becas Superarte

Fundación SIFU promueve el desarrollo artístico de las personas con discapacidad como una vía para la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las mismas. Tiene como objetivo principal impulsar acciones artísticas donde el talento, el esfuerzo y el compromiso con las disciplinas artísticas sean el claro reflejo de los valores de su entidad mediante el desarrollo de un proyecto pedagógico de arte inclusivo. 

Con la colaboración de distintos agentes, impulsa la formación artística y profesional de personas con discapacidad, creando sinergias que unen al tejido asociativo, empresarial y administración pública en el ámbito del tercer sector y de las artes

Siguiendo ese objetivo, lanzamos la 6ª edición de las Becas SuperArte, abiertas a todas las personas con discapacidad de cualquier comunidad autónoma, que deseen fomentar la creatividad artística en un marco de igualdad de oportunidades. El plazo de inscripción de las becas finaliza el 1 de junio 2025. Si estás interesado en presentar tu candidatura, puedes obtener más información en la web oficial de las becas: https://becasuperarte.com/

Fundación Gmp

Fundación Gmp es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido (DCA), parálisis cerebral y Alzheimer en toda España, a través de acciones que favorezcan la inclusión social de estos colectivos de una forma real y efectiva.

Miguel Ángel Sampedro es un profesor de Lengua Castellana y Literatura que lleva trabajando como interino en Canarias desde el año 2020. Desde su nacimiento convive con una sordera que afirma que no ha sido impedimento para que pueda dar clases. Sin embargo, su sorpresa llegó a finales de enero cuando recibió una notificación en la que se le declaraba “no apto” para continuar con su puesto. En la resolución de la Dirección General de Personal se alega entre otras cosas que ha estado por períodos prolongados de baja laboral, pero el profesor insiste en que esas bajas eran ocasionadas porque no disponía de intérprete de lenguas de signos para impartir sus clases, un apoyo que el docente asegura que es “fundamental como puente de comunicación para poder interacturar con el alumnado y sus compañeros y, por supuesto desarrollar de forma adecuada la enseñanza”.

“Nunca mi primer día de trabajo ha sido con intérprete de lengua de signos”, afirma Miguel Ángel a esta redacción. “En este curso académico, la Consejería inició la contratación de los intérpretes a finales de noviembre. Por ello, me dieron la baja tras una semana sin adaptación debido a la ansiedad laboral provocada por la falta de ajustes razonables, y encima me han informado de que no estoy capacitado para dar clases, lo cual no tiene coherencia por su parte”, apunta el docente. Señala que a la falta de intérpretes se ha enfrentado desde hace cinco años, pero que la contratación este último curso ha estado marcada por “retrasos inaceptables”. 

Por ello insiste en que ha sido esa “ausencia de adaptación” a su puesto de trabajo lo que le imposibilita desempeñar sus funciones adecuadamente y lo que le ha generado esos altos niveles de ansiedad. Defiende que “la revocación” de su puesto “se ha fundamentado en una condición crónica preexistente cuando en realidad el factor determinante de mi cese ha sido mi discapacidad auditiva y la falta de adaptaciones”. 

Por ello insiste en que ha sido esa “ausencia de adaptación” a su puesto de trabajo lo que le imposibilita desempeñar sus funciones adecuadamente y lo que le ha generado esos altos niveles de ansiedad. Defiende que “la revocación” de su puesto “se ha fundamentado en una condición crónica preexistente cuando en realidad el factor determinante de mi cese ha sido mi discapacidad auditiva y la falta de adaptaciones”. 

En concreto, la resolución de la Dirección General de Personal, que se basa en un informe de Inspección Médica, destaca que “ha causado bajas laborales por descompensación de enfermedades que se han traducido en largos periodos de absentismo laboral, además de enfermedades agudas intercurrentes” y añade que “las tres últimas situaciones de incapacidad temporal causadas en el anterior y en este curso escolar, se puede considerar como la misma patología y considerarlas recaídas, aunque no fue reconocida como tal por su médico de Atención Primaria, todas ellas relacionadas con sintomatología asociada con su discapacidad y el entorno laboral”.

Miguel Ángel Sampedro presentó alegaciones, como su certificado de discapacidad donde se reconoce también que “tiene capacidad funcional para el ejercicio de la docencia, que precisa de 30 minutos más de tiempo en hora o fracción de prueba oral, y que precisa eliminación de barreras arquitectónicas de la comunicación”. También incorporó “un informe de su médico de Atención primaria que justifica la situación de incapacidad temporal” causada en septiembre de 2024 y la patología aguda que, de manera intercurrente, propició la prolongación de esa baja laboral, con alta médica emitida en diciembre de ese año. 

La Comisión de Evaluación Médica ratificó, sin embargo, que la patología que causó sus bajas laborales “preexistían al momento de la toma de posesión”. En este sentido, incide en que el profesor es “no apto” para el desempeño de las funciones como docente y alude a la “carga mental”, a su “dependencia” y la patología por la audición. 

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias remarca a esta redacción que el profesor “tiene un informe no apto de inspección médica por motivo diferente a su discapacidad auditiva” e insiste en que “se le ha puesto varias veces auxiliar, pero no se ha incorporado a su puesto”. De este docente, insiste en que se está esperando el informe de la inspección médica que se le ha pedido para que valore las alegaciones que él ha interpuesto en el recurso de reposición. 

Sobre este punto, Sampedro remarca que le avisaron “a través del correo electrónico laboral”. Y añade que desconocía que se podía acceder a este correo desde cualquier dispositivo, “tengo entendido que, legalmente, estando de baja no se permite acceder fuera de la jornada laboral. Por lo tanto, deberían haberme informado a través de mi correo personal u otro medio adecuado”, añade.

Miguel Ángel Sampedro está pendiente de ese recurso de reposición, ya que hay de plazo hasta el 1 de abril para que se le conteste. Si esto no da resultado explica que su opción sería la vía judicial, algo que asume que llevará un tiempo. “Alegan a mi incapacidad como docente, pero no es una falta de habilidades o capacidades personales, sino la consecuencia de la falta de la adaptación obligatoria”. Además, la intérprete no es para mí solo sino para el resto de personas con las que trabajo y que no saben lengua de signos. No me puedo comunicar ni se pueden comunicar conmigo si no está la intérprete“, remarca. Asimismo, añade que ”esto es la inclusión, la riqueza y la variedad humana“. 

Retrasos con los intérpretes

El docente agrega que desde el año 2020 ha estado en diversos institutos. En el primer año, recuerda que estuvo dos meses y medio sin intérprete en plena pandemia, un momento en el que el uso de la mascarilla era obligatorio. “La comunicación fue prácticamente imposible”. En noviembre de ese año afirma que le asignaron una intérprete pero por muy pocas horas. En 2021, apunta que fue destinada a Fuerteventura donde asegura que acudió hasta dos meses a clase sin intérprete y que la Consejería le pidió su certificado de discapacidad. Esa falta de adaptación al trabajo agravó su salud mental y le provocó gran ansiedad, por lo que estuvo ocho meses de baja. 

En el curso 2022/23 asegura que fue destinado a Tenerife a mediados de octubre y que la contratación de intérprete se retrasó hasta mediados de noviembre. “Como resultado, perdí una plaza vacante. Además, la Inspección Médica cometió una negligencia administrativa al gestionar mi reincorporación tras mi baja prolongada, lo que demoró aún más mi regreso”, afirma. 

En 2023 afirma que fue destinado a Las Palmas de Gran Canaria y la intérprete le llegó con casi un mes de retraso y que en el último curso 2024/2025 no fue hasta final de noviembre cuando se le asignó una intérprete, “lo que me obligó a trabajar una semana sin adaptación desde el inicio de curso. Esto afectó gravemente a mi salud mental tras años de barreras comunicativas en el trabajo”, apunta. “Es importante señalar que en este último curso mi baja laboral comenzó una semana después de tomar posesión del puesto, debido a la ausencia de las adaptaciones legalmente requeridas”, agrega. 

“En el momento del nombramiento firmé mi incorporación sin presentar ansiedad, como suele ocurrirme cuando cuento con la presencia de una intérprete. Sin embargo, ante la falta de este ajuste esencial, me vi obligado a solicitar una baja el 9 de septiembre, afectado por la ansiedad acumulada tras años de barreras comunicativas en el trabajo”, remarca. 

El docente afirma que al enterarse de que la Consejería había comenzado a contratar intérpretes a finales de noviembre, acudió al médico para solicitar el alta. No obstante, en la consulta se detectó un posible virus en su pie, lo que prolongó su baja hasta mediados de diciembre. Antes de Navidad, afirma que pudo retomar su labor docente con normalidad y con la presencia de una intérprete, “lo que no solo mejoró mi bienestar, sino también la experiencia educativa de mi alumnado y el trabajo en equipo con mis compañeros”. 

Sin embargo, fue tras las vacaciones de Navidad, cuando se encontró con que la intérprete había sido reasignada a otro centro “sin previo aviso ni justificación, dejándome nuevamente sin la adaptación necesaria. Durante una semana y media, volví a enfrentar serios problemas de comunicación que afectaron mi desempeño y mi salud mental. Finalmente, el 17 de enero se incorporó una nueva intérprete, lo que me permitió volver a trabajar con normalidad hasta la fecha de mi cese definitivo”, resume.

Otra cuestión de la que se queja el profesor es de la falta de calidad de los intérpretes, pues se subcontratan muchas veces en condiciones precarias. “La selección de intérpretes debe ser rigurosa y profesional. En mi caso, imparto la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, que requiere un alto nivel de precisión lingüística y didáctica. Por ello, es fundamental contar con un intérprete cualificado”, destaca. 

Otros casos en Canarias

Hace unos meses, otra docente que aprobó las oposiciones denunció en los medios haber sido cesada para su puesto de trabajo en Canarias. La Consejería de Educación señala que en ese caso la inspección médica hizo un informe negativo y se le hizo un cese por no tener capacidad para la docencia, pero luego ella presentó recurso de alzada y se pidió informe a calidad educativa, a dirección del centro y decía que ella había cumplido perfectamente con sus funciones. Finalmente, se le hizo adaptación al puesto de trabajo ya que la inspección médica lo condicionada que tenga esos recursos a través del servicio de prevención de riesgos laborales. El cese se le suspende provisionalmente por el daño que se le podría causar si finalmente se le consideraba apta para la docencia. 

El apoyo de los sindicatos

Desde el sindicato STEC- IC apuntan que sus servicios jurídicos han estado trabajando para que la Consejería readmita a estas personas, que “no son nuevas en el sistema educativo canario, sino que ya tienen experiencia y en un momento determinado han sido apartados de sus funciones porque no le han puesto un intérprete, pero no porque no tengan ni las capacidades ni los requisitos”. “La escuela no puede segregar porque haya una discapacidad porque, entre otras cosas, en las oposiciones siempre hay un cupo de discapacidad”, indica Gerardo Rodríguez, portavoz del sindicato. 

Explica que afortunadamente en el caso de la docente que visibilizó su caso hace meses ya ha vuelto a su puesto, y espera que con el recurso de Miguel Ángel Sampedro pueda también estimarse y volver a la docencia. Recuerda que en su caso ha sido el no contar con intérprete lo que le ha generado ansiedad. Rodríguez incide en que la incorporación de profesores con discapacidad a las aulas no es nueva y que es un derecho. 

Por su parte, el sindicato ANPE señala que “la inclusión no es un objetivo que deba perseguirse solo para el alumnado, debe extrapolarse al conjunto de la comunidad educativa. No podemos permitir que se pierdan vocaciones docentes, especialmente cuando se trata, como en este caso, de profesionales que han demostrado su capacidad para ejercer la profesión”. Destaca que este profesor tiene derecho a que “se realicen las adaptaciones al puesto de trabajo que sean pertinentes para que pueda desarrollar con normalidad su labor. En este caso, al tratarse de una persona con sordera, debe disponer en todo momento de un intérprete de lengua de signos en sus clases”.

“Según la información que ha trascendido, su cese se debe a que ha sido declarado no apto por la Inspección médica a causa de la ansiedad que ha sufrido a lo largo de los últimos años precisamente por carecer de un intérprete desde el principio del curso. De ser así, es una situación absurda y fácilmente solucionable: si se cumple su derecho a disponer de un intérprete, podrá ejercer con normalidad su trabajo”, añaden desde ANPE.

El sindicato también alude a que hay otro problema derivado de los informes de Inspección médica, y es que estos, en muchos casos, “no se justifican adecuadamente. Esto provoca que el personal docente afectado no sepa exactamente y con precisión las razones por las que es declarado no apto, lo que lo deja en una clara situación de indefensión. Es imprescindible que los informes de la Inspección médica estén bien justificados para que el profesorado pueda defender sus derechos con las máximas garantías”.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha integrado las perspectivas de género e infancia en una sentencia que obliga a una empresa de hostelería de Lanzarote a dar marcha atrás en su decisión de cambiar de centro de trabajo a una empleada que cuida de un hijo con discapacidad. Esa resolución judicial, que es firme desde principios de enero, estima el recurso de la trabajadora y concluye que ese traslado, que implica un trayecto de 37 minutos en coche, supone “un perjuicio evidente” tanto para el cuidado del menor como para la organización de sus actividades y, por ende, para la conciliación familiar. 

Los hechos se remontan a 2022. En agosto, la empresa que había subrogado a la trabajadora, con categoría profesional de auxiliar senior y más de dos décadas de antigüedad, le había comunicado que desde esa fecha quedaría adscrita a un centro situado en la localidad de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, en el sur de la isla. Hasta entonces, ejercía en Puerto del Carmen (Tías), a unos 30 kilómetros de su nuevo destino y a unos 20 minutos de su domicilio. 

Tres años antes de ese traslado, la empleada y la empresa habían alcanzado un acuerdo de concreción horaria por conciliación familiar. Su jornada quedaba reducida a tres días a la semana, cada una de ocho horas y media, y se le eximía de trabajar los martes y los jueves (salvo festivos) para poder llevar a su hijo a terapia. Ese acuerdo contemplaba, además, que descansaría sábados y domingos en semanas consecutivas o de forma alterna. 

La trabajadora presentó una demanda contra ese traslado reclamando su derecho a continuar realizando su jornada laboral en las condiciones anteriores y, por tanto, en el centro en que venía ejerciendo hasta esa fecha. El Juzgado de lo Social 3 de Arrecife desestimó en primera instancia sus pretensiones al concluir que no existía movilidad geográfica, que no había necesidad para la empleada de cambiar de residencia. 

Esa primera sentencia aludía a una cláusula del contrato que recoge la potestad de la empresa de trasladar a la auxiliar a cualquiera de los centros de trabajo que tiene en la isla, puesto que la distancia entre ellos en ningún caso supera los 50 kilómetros. A juicio del magistrado de primera instancia, el cambio impuesto por la empresa no podía considerarse una modificación sustancial de condiciones laborales, ya que no obligaba a la trabajadora a irse a otro domicilio.

Frente a esa sentencia recurrió la abogada de la trabajadora, proponiendo una modificación del relato de hechos que fue acogida en su integridad por la Sala de lo Social del TSJC. El alto tribunal añadió, entre otras cuestiones, que el hijo de la trabajadora tiene una discapacidad del 50%, precisa apoyos, está matriculado en un aula enclave, es recogido por el transporte escolar a las 08.00 horas en la vivienda de la familia de lunes a viernes, y acude a terapias los martes y los jueves. También hace constar en la reciente sentencia que el padre trabaja para el Servicio Canario de Salud en turno de mañana los lunes y los martes, de tarde los miércoles y los jueves, y alterno los viernes.

Esos hechos incorporados al relato son, a juicio del TSJC, “relevantes” para resolver el fondo de la cuestión.

La sentencia de la Sala de lo Social aborda, en primer lugar, la cuestión relativa a la movilidad geográfica. Los magistrados, con Ramón Toubes como ponente, coinciden con el juez de primera instancia en que se trata de una modificación “no sustancial”, que “no requiere de formalidad alguna”, puesto que existía una condición contractual (la posibilidad de traslado a cualquier centro de la isla) que se mantuvo tras la subrogación y que tan sólo exigía que se justificara la necesidad de la empresa y que se avisara con una antelación de quince días.

Sin embargo, y aquí radica la clave de este procedimiento judicial, la trabajadora no reclamaba la anulación del traslado por movilidad geográfica, sino por su derecho a la conciliación familiar y laboral. Y en este punto el TSJC sí que le da la razón. “La peculiaridad que presenta este caso es que la sentencia de instancia no hace mención alguna a esta circunstancia, que fue alegada en la demanda, por entender en un principio que, dado que no había movilidad geográfica, sólo quedaba desestimar la misma”. En este sentido, la Sala de lo Social remarca que toda decisión empresarial, “sea cual sea su naturaleza”, tiene como límite “insoslayable” el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, “entre los cuales se encuentra el derecho a la igualdad y a la no discriminación”.

El TSJC incide en la necesidad de integrar las perspectivas de género e infancia en el enjuiciamiento. Según los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial y recogidos en el estudio Valoración de las medidas de conciliación de la vida familiar y personal y la vida laboral, el 84% de las acciones judiciales sobre esta materia se plantean por mujeres. “El derecho a la conciliación familiar y laboral tiene faz femenina. El impacto de género desproporcionado es, a estas alturas, incuestionable”, sostiene la sentencia, que también remarca que, según la Estrategia Europea de Cuidados de la Comisión Europea, un total de 7,7 millones de mujeres han dejado su empleo debido a responsabilidades asistenciales.

“Las dificultades de las madres trabajadoras para conciliar el cuidado de sus hijos e hijas con la vida profesional, sin penalización retributiva, las arrastra irremediablemente a solicitar drásticas reducciones de jornada con pérdida retributiva y de cotización, sin no pocas dificultades en la concreción horaria, que acaba incidiendo en la amplia brecha salarial (19%, según el Instituto Nacional de Estadística), y de pensiones entre trabajadoras y trabajadores (33%, según el Instituto Nacional de la Seguridad Social) y, en el peor de los casos, empuja a las mujeres al abandono del puesto de trabajo, bien temporalmente (excedencias) o bien, definitivamente”, recoge la resolución judicial.

Para el TSJC, en el caso de la trabajadora de Lanzarote “no se ha tenido en cuenta en modo alguno” que el cambio de centro de trabajo supone “una afectación directa” a su derecho a la conciliación. Con este traslado, la empleada “no podría llegar nunca a tiempo a su puesto de trabajo, dado que el niño es recogido por el transporte escolar en el domicilio familiar a las 8.00 horas”, ella tiene que entrar a las 8.30 horas y el trayecto es, como mínimo, de unos 37 minutos.

El alto tribunal canario estima el recurso de la demandante por vulneración de su derecho a la conciliación y, además, porque la empresa no respetó el plazo de quince días para el preaviso.

Esa sentencia no fue recurrida, por lo que es firme desde enero, según las fuentes consultadas por este periódico. A raíz de esa resolución, la empresa ha mantenido a la trabajadora en el centro de trabajo en que ejercía hasta entonces.

'Astronomía accesible, el Universo en tus manos', bajo este título el astrofísico Enrique Pérez Montero, investigador del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), acercó a personas invidentes y con discapacidad visual de Teruel su trabajo. Los asistentes podían tocar el cielo a través de maqueta de diferentes tamaños y láminas que representaban constelaciones, nebulosas y galaxias. Pérez Montero les iba guiando para que fuesen conociendo constelaciones, la diferencia de tamaño y color de las estrellas, cómo se forma una nebulosa o un agujero negro. Se ayudó también de sonificaciones, una técnica que sirve para convertir los datos astronómicos en sonidos, facilitando la percepción de fenómenos como las vibraciones de las estrellas o los movimientos galácticos.

Visitó Teruel el pasado 15 de enero para llevar a cabo actividades de divulgación científica inclusiva, también realizó una colaboración científica para su proyecto como investigador y astrofísico. Pérez Montero lleva diez años realizando estos talleres que sirven para acercar el conocimiento del universo de manera accesible a las personas invidentes. 

Pérez Montero ha demostrado que los ojos no son el único camino para entender el universo. Destacando que muchas veces pueden parecer engañosos, al hacernos ver “que la luna y el sol son del mismo tamaño o que parece que sea el sol el que se mueva a nuestro alrededor, y no al revés”. Es la ciencia la que ha demostrado que esas percepciones visuales son erróneas.

Por la tarde, en el Vicerrectorado del Campus de Teruel, Pérez Montero ofreció la charla “Los sonidos de las galaxias”. En ella habló más ampliamente de las sonificaciones y explicó cómo la astronomía puede interpretarse a través del sonido. Detalló cómo los telescopios espaciales capturan datos en longitudes de onda invisibles al ojo humano, como rayos X o infrarrojos, y cómo estos pueden transformarse en sonidos que representan fenómenos como explosiones de supernovas o variaciones en agujeros negros. 

Los telescopios actuales trasladan lo que se observa por ello de las galaxias en información digital: ceros y unos. Pérez Montero transforma esa información a sonidos para poder leer el Universo, mostró en la charla como convertían en sonido los cráteres de la Luna. “El sonido tiene también ventajas, no solo para invidentes, sino para que el resto accedamos, o lo que hace de esa maqueta de la Luna, donde al tocar la Luna puedes ver la cara que no se ve”, destacó Javier Lizaga, miembro del equipo de Divulgación del CEFCA, quien subrayó la importancia de este tipo de propuestas innovadoras. Ramón García Magadán, director de la ONCE en Teruel, describió el taller como “una experiencia fascinante que rompe barreras en el acceso a la ciencia”.

Al final de la charla se debatió sobre la importancia de transmitir los conceptos científicos de manera correcta en vista del aumento de bulos. Pérez Montero señaló que se centraba en los jóvenes porque para ellos es más fácil prestar la atención con otros sentidos que si solo es un proyecto de diapositivas. Destacó que “cuando los chicos entran a las charlas con sonidos y con maquetas, independientemente de que no puedan ver, les encanta recibir estas explicaciones”. Pérez Montero subrayó la importancia de que la educación científica fomente el pensamiento crítico: “Es crucial que comprendan la lógica detrás de los hechos científicos para desarrollar un pensamiento crítico y no caer en desinformaciones como las teorías terraplanistas”. También hizo un llamado a que la divulgación científica sea más inclusiva y participativa, destacando que educar con herramientas innovadoras como el sonido o el tacto puede ayudar a superar barreras y fomentar el interés por el conocimiento.

Enrique Pérez Montero, quien perdió la visión debido a una retinosis pigmentaria, es un firme defensor de la diversidad en los equipos científicos. “Los grupos de investigación son más creativos y efectivos cuanto más diversos son”, aseguró. Su trayectoria incluye más de 180 publicaciones científicas y el liderazgo de proyectos que exploran las primeras fases del Universo. Además, su iniciativa Astroaccesible, disponible en la página oficial del IAA, busca garantizar que todos puedan disfrutar y comprender el cosmos.

Las actividades organizadas por el CEFCA en Teruel reforzaron la idea de que el conocimiento científico debe estar al alcance de todos. Pérez Montero demostró que el Universo puede comprenderse a través de sonidos y formas, abriendo nuevas perspectivas para la divulgación científica. Su mensaje final subrayó que la ciencia debe esforzarse por conectar con las personas, educar en el pensamiento crítico y ser una herramienta inclusiva que inspire a las nuevas generaciones.

En Canarias se espera una media de 574 días por la ayuda a la dependencia. De hecho, es la segunda comunidad con mayor espera del Estado, solo por detrás de Andalucía según la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. No obstante, se trata de un dato que se ha reducido en 74 días. La comunidad autónoma vuelve a bajar su tiempo de tramitación de la ayuda, como reflejaron informes anteriores de la asociación. 

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay dos comunidades (dos menos que en 2023) y Ceuta (57 días) que están por debajo del plazo de resolución obligado: Castilla y León (126) y País Vasco (128). En el otro extremo, con más de un año de tiempo medio de gestión, estarían: Andalucía (618), que aumenta 61 días su tiempo de tramitación, y le sigue Canarias. 

El informe detallaba que el Plan de Choque para la dependencia ha significado un importante avance en la reducción de las listas de espera, pero todavía no ha cumplido con los objetivos de reducción esperados, esperamos ver la evolución en los años sucesivos. “La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia el que muchas personas salen de la lista de espera por causa de fallecimiento, sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho, tanto es así que en los últimos 5 años el 92 % de la reducción ”limbo de la dependencia“ (personas con derecho reconocido a la espera a prestación o servicio) ha sido por este motivo”, expone el informe. 

“Después de 18 años de la Ley, el reconocimiento del derecho sigue sin resolverse de manera diligente, con tiempos medios de gestión que en algunas comunidades autónomas superan el año. Más de 93.000 personas han fallecido esperando que se resolviera su grado de dependencia en los últimos 5 años. En 2024, con datos estimados del mes de diciembre, fallecerán 18.592 personas con la solicitud sellada y registrada sin haber obtenido respuesta de la Administración”, incidía este informe con motivo del aniversario de la norma.

Entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de noviembre de 2024 han fallecido en las Islas esperando la ayuda a la dependencia 23.351 personas. La mayoría de estas personas, 16.310, tenían ya el derecho reconocido, pero estaban esperando la prestación: lo que se llama el limbo de la dependencia. 3.045 estaban esperando el reconocimiento del grado y 19.355 estaban en lista de espera. 

Canarias lidera la lista de espera

La asociación de directores y gerentes en servicios sociales remarca que el concepto de lista de espera engloba a todas las personas desatendidas por el sistema e incluye a las que tienen el derecho reconocido pendientes de recibir su servicio y/o prestación y todas aquellas que están pendientes de valoración. Así, Canarias lidera la lista de espera con un 41,78%. 

En el informe de los 18 años de la Ley se señala que la reducción de la lista de espera arrojará un resultado global muy diferente al de la reducción del “limbo”, 1,61% la lista de espera y 13,70% el limbo de la dependencia, esta diferencia se debe al aumento de personas pendientes de valoración que esperamos este año. 

El análisis de las comunidades, como viene siendo habitual, también arroja enormes diferencias entre ellas. Previsiblemente, todas las comunidades reducirán la tasa de limbo en mayor o menor medida, excepto la Comunidad de Madrid donde crecerá un 69,87%, Canarias (18,77%) y Castilla la Mancha (25,14%). Por su parte la lista de espera crecerá en cuatro territorios: Madrid (70,62%), Canarias (42,03%), Asturias (33,61%) y Ceuta y Melilla (8,37%)

Datos de noviembre

En Canarias hay 51.827 personas con derecho a la ley de dependencia reconocido. De ellas, 7.554 no están recibiendo la prestación pese a tener reconocido el grado de dependencia. En el mes de noviembre se produjeron 1.203 altas de resoluciones de grado y 498 bajas: lo que da lugar a 705 solicitudes.