Canarias fue en 2025 la tercera comunidad que menos inversiones reales recibió del Estado, con 227,86 millones de euros, el 1,5% del total de la inversión regionalizable, listón por debajo del cual solo están La Rioja y Navarra, con un 0,6% y un 1,2%, respectivamente.

La Comunidad de Madrid es la que más inversiones reales recibió del Estado en 2025, con 3.217 millones de euros, lo que supone un 20,9% del total regionalizable, por delante de la Comunitat Valenciana (11,3%), Andalucía (10,5%) y Galicia (10,3%).

Cataluña ocupa el cuatro lugar, con 1.321 millones de euros, un 8,6% del total.

Así se desprende de los datos de distribución territorial de la inversión del sector público estatal de 2025 recopilados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y a los que ha tenido acceso EFE.

De acuerdo con esos datos, marcados por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio, la suma de las inversiones reales del sector público estatal fue de 25.764 millones de euros, que incluyen las de la Administración General del Estado, los organismos autónomos y otras entidades, el sector público administrativo y el sector público empresarial.

Más de la mitad de esas inversiones no son regionalizables por diversas razones (se ejecutan en el extranjero o por parte de servicios centrales de la administración, por ejemplo), de modo que el total regionalizable es de 15.369 millones de euros.

Tras Madrid, Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia y Cataluña, se sitúan Castilla y León, con 1.221 millones, Murcia con 936, Aragón con 716 y Castilla-La Mancha con 676.

La trayectoria de Elon Musk marcará esta semana un nuevo hito solo al alcance de unos pocos personajes históricos. SpaceX, la compañía espacial en la que cuenta con el 42% del capital social (aunque controla cerca del 85% del poder de voto total) protagonizará el viernes la mayor salida a bolsa de todos los tiempos. Recaudará unos 75.000 millones de dólares y podría convertirle en la primera persona en acumular una fortuna superior al billón de dólares.

Es una entrada más en la histriónica biografía de un empresario acostumbrado a las polémicas y a los titulares, divididos entre su faceta de visionario —como impulsor del primer fabricante de coches 100% eléctricos a escala global o de la empresa que ha inaugurado la era de la privatización del espacio— y la de milmillonario de ideas peligrosas, receloso del poder estatal y los gobiernos.

Sin embargo, el cuento que Musk ha ayudado a trazar sobre sí mismo está lejos de la realidad práctica sobre la que ha construido su imperio. “Es importante entender que Musk no es ni ha sido nunca un libertario. La gente suele asociar Silicon Valley con el libertarismo, pero en el caso de Musk, y en realidad en el del sector tecnológico en general, sus ventajas derivan de una estrecha relación con el Estado”, explica Ben Tarnoff en entrevista con elDiario.es.

En el caso de Musk, y en realidad en el del sector tecnológico en general, sus ventajas derivan de una estrecha relación con el Estado

Tarnoff es coautor, junto al historiador Quinn Slobodian, de Muskismo: Elon Musk y la nueva era posliberal (Editorial Taurus), un libro en el que intentan no solo repasar la trayectoria del magnate, sino como su pensamiento y acciones han contribuido a crear un nuevo paradigma económico al que denominan “muskismo”. Proponen que, del mismo modo que el fordismo (basado en las estrategias de Henry Ford) fue el sistema operativo del capitalismo del siglo XX, el modelo de Musk lo es en el XXI: una visión del mundo que promete la salvación y la soberanía a través de la tecnología, pero que en la práctica hace que los Estados dependan de sus monopolios privados.

“Una de las líneas conductoras de la carrera de Musk es su capacidad para instrumentalizar el sector público como fuente de poder y beneficios”, destaca Tarnoff. “SpaceX es quizá la ilustración más clara de esto”, recalca. Su creación, supervivencia y posterior despegue dependen por entero de los contratos con la administración estadounidense, tanto con la NASA como con el Pentágono.

La “simbiosis con el Estado”

Los autores citan en el libro varios momentos en los que la narrativa agresiva con los poderes públicos del magnate contrasta con su papel fundamental para sus empresas. En el caso de SpaceX uno de los más llamativos sucedió en 2006, cuando la compañía se salvó de la bancarrota gracias un contrato con la NASA.

Entonces SpaceX, que el viernes se convertirá en una de las 10 empresas más valiosas del planeta, no había volado ningún cohete con éxito y había generado menos de 50 millones de dólares en ingresos. Con todo, la agencia espacial le otorgó 278 millones de dólares para construir un cohete nuevo y más grande, el Falcon 9, y una nave de carga, la cápsula Dragon.

Esa relación de dependencia fue clave desde su fundación en 2002. “La empresa despega en el primer año de la guerra global contra el terrorismo prometiendo al Pentágono de Donald Rumsfeld la capacidad de poner en órbita satélites más pequeños, más baratos y de despliegue más rápido, a un coste muy inferior al de los grandes contratistas de defensa entonces dominantes”, describe Tarnoff.

“Esto ilustra bien lo que entendemos por simbiosis con el Estado”, continúa. Es una relación en la que Musk busca “injertarse” en el aparato público, utilizar la financiación institucional, así como aprovechar las tecnologías creadas por el Gobierno de EEUU como un andamio para sus propios proyectos.

SpaceX es el ejemplo más evidente, pero ni mucho menos el único. Al contrario, este modus operandi se repite durante toda su trayectoria. Desde su primera empresa, llamada Zip2, fundada en junio de 1995 cuando Musk tenía 24 años. Zip2 era una especie de páginas amarillas digital con comercios locales de la Bahía de San Francisco, que incluía mapas e indicaciones de cómo llegar a los negocios. La tecnología clave de su sistema era la constelación de satélites GPS construida por el Pentágono, que comenzó a operar en abril de 1995.

Fue el germen del muskismo: los autores cuentan cómo Musk convenció a la empresa proveedora de mapas para que le permitiera usar su tecnología a coste cero hasta que Zip2 diera beneficios, construyendo su primera compañía gracias a la cesión gratuita de una infraestructura militar desarrollada con dinero público. En 1999, Compaq compró la empresa por 307 millones de dólares, de los que a Musk se llevó unos 22.

Zip2 nunca llegó a hacer públicas sus cuentas, pero no hay pruebas de que llegara a obtener beneficios antes de ser disuelta en 2003. El ya millonario Musk invirtió ese beneficio en la creación de X.com, que más tarde se transformaría en Paypal. Es quizá la parte más estudiada de su primera etapa empresarial, donde trazó las conexiones que le convirtieron en un miembro de la Paypal mafia, el grupo de empresarios nacidos en la Sudáfrica del apartheid que hoy pueblan los puestos de poder de Silicon Valley y la Casa Blanca.

Para el desarrollo de esta plataforma de pagos digitales fue indispensable, de nuevo, la cesión gratuita de tecnología pública. Como detalla Tarnoff, sin la privatización a coste cero del proyecto DARPA, la base del primer Internet, ni Paypal ni ninguna otra empresa de la primera explosión digital podrían haber despegado. Paypal fue vendida a eBay en 2002, una operación que reportó otros 180 millones a Musk.

Un capital que sirvió para alumbrar SpaceX, con la que el magnate volvió a abrir un círculo que este viernes se cerrará con los 75.000 millones de dólares que los inversores ingresarán en la compañía.

Ni libertario, ni parásito

Con todo, Tarnoff pide ver las dos caras que la relación de simbiosis que Musk establece entre sus empresas y el estado. “Para nuestro argumento es importante que Musk no sea visto como un libertario, pero es igualmente importante que tampoco sea percibido como un capitalista de amiguismo o un simple parásito, alguien que se limita a extraer valor del Estado sin ofrecer nada a cambio”, destaca en su conversación con este medio.

“En ecología, los científicos distinguen entre interacciones simbióticas y parasitarias: la simbiosis describe una relación de beneficio mutuo. Nosotros sostenemos que, a medida que Musk se ha integrado más profundamente en el Estado, este también ha obtenido ventajas de esa relación. En cierto modo, el muskismo consiste en aumentar la capacidad del Estado a través de medios privados”, prosigue.

Es importante que Musk no sea visto como un libertario, pero es igualmente importante que tampoco sea percibido como un capitalista de amiguismo o un simple parásito, alguien que se limita a extraer valor del Estado sin ofrecer nada a cambio

SpaceX vuelve a ser un ejemplo de ello. “Si eres el Pentágono, SpaceX te ayuda a expandir capacidad y soberanía: en 20 años redujo un 90% el coste de poner masa en órbita, lo que significa que ejércitos y servicios de inteligencia disponen ahora de activos espaciales para vigilancia y guía de munición a los que antes no tenían acceso”.

Los autores sostienen que esa relación en la que ambos obtienen beneficios es precisamente la que ha forjado la alianza entre Washington y Silicon Valley y su fusión entre poder político y poder tecnológico. Un tratado que está tomando un nuevo cariz en los albores de la era de la inteligencia artificial.

“Cuando observamos a Musk y, más en general, la integración cada vez más profunda entre Silicon Valley y el Estado estadounidense —visible de forma particular en el conflicto con Irán, con la dependencia de herramientas de Anthropic y Palantir para la selección automatizada de objetivos y ataques— sostenemos que eso nos lleva a un paradigma que ya no puede describirse limpiamente como neoliberal. No se trata de una contracción de la capacidad estatal. Se trata, en realidad, de una expansión de esa capacidad —coercitiva, sí, vinculada a la guerra— pero expansión al fin y al cabo, canalizada a través de la integración con empresas tecnológicas privadas”, defiende.

Tu dinero, mi monopolio

La relación de beneficios en esa simbiosis no es unidireccional. Pero tiene trampa. Sus características hacen que el Estado sea cada vez más dependiente de las tecnológicas, que pueden convertirse en el proveedor dominante de determinados servicios o, directamente, construir monopolios a través de la privatización de infraestructuras críticas.

“El muskismo absorbió la idea de que las empresas, al participar en esas asociaciones con el Estado, pueden asemejarse a él. El propósito no era eliminar el Gobierno, sino hacerlo vasallo suyo, de modo que solo pudiera ejercer su autoridad si compraba los servicios de un proveedor monopolista”, relatan Slobodian y Tarnoff en el libro.

El propósito no era eliminar el Gobierno, sino hacerlo vasallo suyo, de modo que solo pudiera ejercer su autoridad si compraba los servicios de un proveedor monopolista

En 2025, el 95% de los lanzamientos orbitales en Estados Unidos y de más de la mitad de todos los lanzamientos mundiales corrió a cargo de SpaceX. “El Pentágono, la NASA y otras agencias gubernamentales quedaban en una posición muy dependiente de Musk. SpaceX se convirtió en la puerta que daba acceso de facto al Gobierno a la órbita baja terrestre. En esto consistía la soberanía como servicio: la lógica de la moderna plataforma de internet ampliada a la escala del Estado nación”.

Ahora, Musk ha ampliado el espectro de su compañía espacial. Con la integración de su compañía de inteligencia artificial xAI y la red social X, su negocio va mucho más allá de los viajes espaciales. xAI está construyendo, junto a Tesla, dos gigantescos centros de datos en Tennessee llamados Colossus I y II, que albergarán un supercomputador. SpaceX pretende a su vez explorar la posibilidad de construir centros de datos en órbita, con el objetivo de aprovechar la energía solar ilimitada lejos de las nubes o del ciclo de día y noche.

“Ha demostrado que puede construir centros de datos muy rápidamente, a menudo saltándose regulaciones y levantando centrales de gas metano de altas emisiones contaminantes. Tanto Anthropic como Google han llegado a acuerdos con Musk para arrendar capacidad de computación de sus centros de datos, precisamente porque Grok —el modelo de lenguaje de Musk— no ha tenido una gran adopción: tienen más capacidad de la que necesitan y pueden arrendar esa capacidad a empresas que son técnicamente competidoras, pero que en realidad pueden proporcionarles una muy necesaria inyección de liquidez”, resume Tarnoff.

Esta mutación hacia un gigantesco proveedor de infraestructura física es el motivo real detrás de la colosal salida a bolsa del viernes. Musk, tradicionalmente contrario a ceder parte de la capacidad de decisión a los accionistas, necesita enormes inyecciones de capital para financiar esos centros de datos.

Sin embargo, una vez más, SpaceX es el culmen de su estrategia. Musk no cederá el control: los documentos de la operación blindan su posición como director ejecutivo gracias a que sus acciones cuentan con derecho de voto reforzado. “Se vuelve esencialmente inexpulsable”, señala el investigador. Pero sí externalizará el riesgo.

Una de las cosas que ocurrirá poco después de su salida a bolsa es que se incorporará al Nasdaq 100, el índice bursátil que siguen muchísimos fondos indexados en todo el mundo. Esto significa que las personas que tienen sus pensiones, sus planes de jubilación y sus ahorros invertidos en esos fondos pronto tendrán acciones de SpaceX

“Una de las cosas que ocurrirá poco después de su salida a bolsa es que se incorporará al Nasdaq 100, el índice bursátil que siguen muchísimos fondos indexados en todo el mundo. Esto significa que las personas que tienen sus pensiones, sus planes de jubilación y sus ahorros invertidos en esos fondos pronto tendrán acciones de SpaceX en cartera, lo que convierte a Musk en un actor estructuralmente relevante para los mercados financieros globales, recuerda Tarnoff.

“SpaceX no es rentable: está perdiendo bastante dinero, y tiene una valoración enormemente inflada que se sustenta en toda clase de promesas extraídas de la ciencia ficción: desde centros de datos en órbita hasta la colonización de Marte. En el pasado, Musk ha hecho con frecuencia ese tipo de promesas descabelladas, y los inversores no esperan que las cumpla todas: esperan que cumpla algunas, y eso generalmente es suficiente para mantener la máquina del dinero en marcha. Pero ahora que hay un universo de inversores mucho más amplio, y que como empresa cotizada en un índice de primer nivel está integrada en el sistema de jubilación de mucha gente, creo que eso cambia bastante las cosas y crea un riesgo mucho mayor para el ciudadano de a pie”, concluye.

Hay una constante que atraviesa nuestra época con una claridad incómoda: cuanto más vulnerable es un ser, menos protección institucional recibe. No es una anomalía puntual ni una suma de errores administrativos; es un patrón. Un patrón que se repite en la forma en que se trata a los animales no humanos y en cómo se abandona a quienes, dentro de nuestra propia especie, ocupan los márgenes.

La denuncia hace unas semanas por la desaparición de varios perros de caza en Lillo del Bierzo, vinculados a un presunto caso de maltrato, volvió a poner sobre la mesa una realidad que las activistas llevan años señalando: las administraciones públicas no están diseñadas para proteger a los animales no humanos. Cuando lo hacen, es tarde, es insuficiente o es puramente simbólico. La impunidad con la que operan quienes explotan, abandonan o maltratan animales no es una excepción, sino la consecuencia lógica de un sistema que los considera recursos antes que vidas.

Algo similar ocurrió con la decisión de varias comunidades de tumbar la propuesta de declarar la anguila en peligro de extinción. A pesar de los datos científicos, de la evidencia acumulada sobre el colapso de la especie, la respuesta institucional ha sido mirar hacia otro lado. No por desconocimiento, sino por intereses, porque proteger a la anguila implica incomodar a sectores económicos. Cuando hay que elegir entre la vida y el beneficio, la balanza se inclina, una vez más, hacia el beneficio.

Ante este vacío, son las activistas quienes sostienen, en la práctica, la defensa de los animales. Cada día, en silencio o bajo riesgo, rescatan, documentan, denuncian, liberan. Lo hacen sin recursos, sin respaldo institucional y, en muchos casos, enfrentándose a la criminalización. Mientras tanto, la Administración gestiona expedientes, archiva denuncias o aplica sanciones que rara vez tienen un efecto disuasorio real. La protección efectiva, la que salva vidas, no viene de arriba.

Lejos de ser una anomalía, esta desprotección ha sido ampliamente analizada por la tradición anarquista. Emma Goldman ya advertía que el Estado no es una estructura neutral, sino una herramienta diseñada para preservar un orden social basado en la dominación. En sus textos, insistía en que las instituciones no protegen a quienes sufren, sino que estabilizan las condiciones que hacen posible esa misma explotación. Piotr Kropotkin, por su parte, desmontó la idea de que el Estado encarna el interés común. En su análisis histórico, mostró cómo las estructuras estatales han servido sistemáticamente para proteger la propiedad privada y los privilegios de las élites económicas, incluso cuando ello implicaba perpetuar el sufrimiento de amplias capas de la población. El Estado interviene, sí, pero lo hace de forma selectiva: reprime cuando el orden es cuestionado y se inhibe cuando la violencia proviene de quienes lo sostienen.

Más recientemente, autoras como Silvia Federici han señalado cómo el Estado moderno ha sido fundamental en la organización de la explotación, especialmente en lo que respecta al trabajo reproductivo y los cuerpos feminizados. Desde esta perspectiva, la desprotección no es una carencia, sino una herramienta: mantener a determinados cuerpos en situación de vulnerabilidad permite sostener relaciones de poder profundamente desiguales.

En una línea convergente, Murray Bookchin denunció que las instituciones estatales están intrínsecamente ligadas a una lógica de dominación que se extiende también a la naturaleza. La jerarquía social, argumentaba, no solo organiza la explotación entre humanos, sino que legitima la dominación sobre el resto de seres vivos. La crisis ecológica y la violencia contra los animales no son fallos del sistema: son su consecuencia directa.

Esta lógica no se limita al ámbito animal, sino que es la misma que rige la relación del poder con los seres humanos más vulnerables. Las personas sin hogar siguen siendo gestionadas como un problema de orden público más que como una emergencia social. Las mujeres que sufren violencia machista se enfrentan a sistemas saturados, revictimizantes y, en demasiadas ocasiones, ineficaces. Las personas racializadas continúan siendo objeto de discriminación estructural, controles policiales y exclusión sistemática.

No es falta de capacidad. Es una cuestión de prioridades.

Cuando se trata de proteger los intereses de las grandes corporaciones, los recursos aparecen con una rapidez asombrosa. Se movilizan unidades antidisturbios para desalojar protestas frente a sedes bancarias. Se blindan infraestructuras críticas cuando peligran beneficios privados. Se aprueban subvenciones millonarias para grupos empresariales bajo el pretexto del crecimiento económico. La maquinaria institucional funciona con precisión quirúrgica siempre que el objetivo sea preservar el orden económico existente.

En cambio, cuando lo que está en juego son vidas vulnerables, humanas o no, la respuesta se diluye en trámites, excusas y falta de voluntad política. La desprotección no es un fallo del sistema: es una de sus características estructurales.

Este paralelismo no es casual. Responde a una misma lógica de dominación que jerarquiza las vidas en función de su utilidad. Aquellas que no generan beneficio, que no encajan en la lógica productiva o que cuestionan el orden establecido, son fácilmente descartables. En ese marco, tanto los animales explotados como las personas marginadas ocupan el escalón más bajo.

Frente a esto, la acción institucional, tal y como está configurada, no solo es insuficiente: es parte del problema. No se trata únicamente de que falten recursos o voluntad política; se trata de que el propio diseño del sistema impide una protección real de quienes no resultan rentables. Se interviene en los síntomas, se administra la miseria, pero no se transforman las causas.

Sin embargo, hay otro hilo que atraviesa estas realidades: la organización colectiva desde abajo. Son redes de apoyo mutuo las que sostienen a personas sin hogar cuando el sistema las abandona. Son colectivos feministas los que acompañan a mujeres frente a la violencia cuando las instituciones fallan. Son activistas antiespecistas quienes rescatan animales de situaciones de explotación y maltrato cuando nadie más lo hace.

Ahí se realiza una actividad política real.

Si algo demuestran estas prácticas es que existen otras formas de proteger, de cuidar y de organizar la vida. Formas que no dependen de la lógica del beneficio ni de la burocracia institucional, sino de la solidaridad, la empatía y la acción directa. Formas que no delegan la responsabilidad, sino que la asumen colectivamente.

Hablar de los más vulnerables no debería ser un ejercicio de compasión, sino un punto de partida para cuestionar las estructuras que producen esa vulnerabilidad y, sobre todo, para asumir una responsabilidad colectiva: la de organizarnos para construir poder popular.

Un poder que no se limite a resistir, sino que sea capaz de crear condiciones materiales de protección y cuidado. Que articule redes, que genere recursos, que dispute espacios. Que haga posible que ninguna vida quede desprotegida por no ser rentable. Frente a la indiferencia institucional, la única respuesta efectiva es la organización. Frente a la desprotección, la construcción de herramientas propias. Frente al abandono, comunidad organizada. No como una alternativa simbólica, sino como una estrategia de supervivencia y de transformación.

Necesitamos hacerlo nosotras mismas porque nadie va a venir a salvar a las más vulnerables

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admite el grave deterioro del embalse de As Conchas, afectado, según recoge una sentencia que condena a las administraciones estatal y autonómica, por la contaminación procedente de las granjas que han proliferado en la comarca de A Limia. “Soy consciente de que es un tema que hay que solucionar”, dijo este lunes, en la comparecencia posterior al Consello.

Sin embargo, el jefe del Gobierno gallego insiste en que no está claro de dónde procede esa contaminación y su equipo está bloqueando las reuniones con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) porque considera que son necesarios más estudios. “La Confederación Hidrográfica sabe que necesitamos conocer para actuar qué perjuicios vienen de los residuos agrícolas cuáles de otra parte”, manifestó y repitió que su equipo está a la espera de “datos que no fueron facilitados”.

La CHMS manifestó, en respuesta a preguntas de esta redacción, que ha pedido reunirse tanto con el delegado de la Xunta en Ourense como con el presidente del Gobierno autonómico, pero no se ha puesto fecha a ningún encuentro por el momento, a pesar de que la primera sentencia condenatoria es de julio del año pasado y la confirmación del Tribunal Supremo, de febrero de este año. Rueda, preguntado por los motivos para no concertar un encuentro, se remitió a esa necesidad de más informes.

Los fallos judiciales consideran que tanto la Xunta como la Confederación Hidrográfica, con su inacción, vulneraron los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua en As Conchas, donde los vecinos soportan proliferaciones de bacterias que son peligrosas para la salud. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia señala que la Xunta tiene responsabilidad por no salvaguardar la calidad de las aguas subterráneas, proteger el medio ambiente ni cumplir las normas sanitarias, algo que llevó a “un incremento excesivo en una comarca como A Limia de macrogranjas (más de 300) sin trasladar el riesgo medioambiental a la empresa y/o empresas destinatarias del beneficio”.

En cuanto a la CHMS, la responsabilidad se debe a que tenía la “obligación” de controlar la calidad de las aguas, según el fallo, que critica su “inacción” ante un hecho “constatable” de empeoramiento desde el año 2011. También señala que no intervino para evitar la “proliferación de las autorizaciones de las macrogranjas”. Y, sobre el origen del problema, el texto añade que “era evidente un deterioro paulatino y crónico” en las aguas cuyo origen, “pese a no reconocerse expresamente” era “palmario a la vista de los datos, dado que la población es escasa y la cabaña ganadera es asimilable a la de una gran ciudad en cuanto al nivel de residuos”.

En este podcast hemos hablado otras veces de querer ser funcionario. Hemos hablado del duro camino de renuncias que supone estudiar una oposición. Hemos hablado de los motivos que te pueden llevar a tomar la decisión de querer ser funcionario: tener mejores condiciones laborales, no estar dispuesto a asumir ciertos sacrificios que pide la empresa privada. Hemos hablado de lo que supone la llegada al sector público. La motivación, al menos del primer día de trabajo. Hay algo en ese camino que damos por hecho y que no es tan obvio: tener el tiempo y las condiciones materiales para poder opositar. Porque opositar cuesta dinero. Directa e indirectamente.

Ha surgido por ejemplo la Escuela Ciudadana de Administración Pública, un proyecto organizado por funcionarios y funcionarias de manera voluntaria, que quieren ayudar gratis a otros opositores. Ana, Paloma y Enrique forman parte de ECAP. Lo abordamos con el periodista que ha escrito sobre esto en elDiario.es, Guillermo Martínez.

***

Publicar gratis los temas de las oposiciones para democratizar el acceso: “Es una herramienta de justicia social”

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

El Fuerte franquista de San Cristóbal por el que pasaron más de 7.000 presos republicanos ha sido declarado Lugar de Memoria por el Estado este miércoles tras su publicación en el BOE. En enero, los Gobiernos navarro y central firmaron un protocolo por el cual, además de la declaración, se convertirá el fuerte en un Centro de Interpretación Histórica (que incorpore los espacios emblemáticos) al que se podrán hacer visitas guiadas.

“Hoy es un día importante para su recuerdo. Y también para mirar al futuro desde el ejemplo de su compromiso. Y para ello los símbolos son importantes. Y el hecho de que hoy este enclave se haya declarado formalmente Lugar de Memoria es un hito importante en un camino que arranca muchos años atrás”, ha señalado la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria, Ana Ollo. “Los lugares de Memoria Democrática tienen una finalidad pedagógica y de divulgación. La placa que se ha descubierto pretende fundamentalmente que las nuevas generaciones de la juventud navarra conozcan la historia del Fuerte de San Cristóbal, especialmente su vinculación con la represión franquista, y la fuga que se produjo en mayo de 1938 con las consecuencias tan atroces para quienes lo intentaron”, ha añadido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

El fuerte de San Cristóbal fue uno de los principales penales de la dictadura por el que pasaron más de 7.000 presos políticos republicanos, de los que 795 protagonizaron en mayo de 1938 la mayor fuga carcelaria de Europa hasta la fecha, si bien solo tres lograron el objetivo de recorrer los 53 kilómetros que los separaban de Francia. La gran mayoría de ellos fueron ejecutados en los montes de alrededor o capturados y devueltos al penal.

En el acto celebrado este martes en el que se ha inaugurado la placa que lo define como Lugar de Memoria ha participado Ana Fernández Gurrutxaga, hija de Jovino Fernández, uno de los únicos tres presos que lograron alcanzar la frontera francesa. Además de recordar la historia de su padre quien, tras huir a Francia del fuerte volvió al frente republicano de Barcelona donde conoció a su madre, Luisa Gurrutxaga, con quien acabó en el exilio- ha puesto la mirada en dos cuestiones. Por un lado, ha elogiado el “gran trabajo que se hace en Navarra para que la historia de las víctimas del franquismo no quede sepultada en el olvido: sin memoria no se hace camino”, ha dicho.

Por otro lado, desde una perspectiva más actual y amplia (Ana, de 82 años, vive en Breziers, el sur de Francia) ha resaltado previamente durante la visita a Navarra la importancia de que, sobre todo “los y las jóvenes conozcan lo que pasó”. “No solo en la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino también por ejemplo en Francia con el régimen de Petain en la II Guerra Mundial. Es increíble, para alguien que pertenece a la generación del 44 como yo, que esto sea así y más en el contexto actual”, ha reflexionado.

Antes del acto, en el Palacio de Navarra se ha constituido la Comisión de Seguimiento contemplada en el protocolo firmado recientemente entre el Estado y Navarra. Para su adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en él, se han creado dos instrumentos: por un lado, una comisión de Asesoramiento Científico y Técnico integrada por personas expertas; y, por otro lado, en un ámbito más político e institucional, una comisión de seguimiento paritaria integrada por dos representantes designados por cada una de las tres partes firmantes del mismo. Así, esta última está copresidida por el titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Ana Ollo. 

En la reunión se ha acordado la puesta en marcha de un grupo de trabajo técnico para avanzar en temas como la elaboración de un diagnóstico del estado de conservación del Fuerte de San Cristóbal y una propuesta de calendario de las medidas urgentes de intervención (a cargo del Estado) para garantizar la seguridad; el régimen de visitas públicas y educativas del monumento o compartir información sobre el futuro proyecto memorialista que está preparando el Gobierno de Navarra. La Comisión ha trabajado un calendario para seguir avanzando en los respectivos temas en los próximos meses. 

El objetivo principal de este Protocolo General es fijar el marco general de colaboración entre los dos gobiernos. Además de esa declaración como lugar, el Gobierno de España se compromete a “colaborar en la custodia, vigilancia y conservación del inmueble en tanto la propiedad y/o posesión del inmueble residan en la Administración General del Estado. 

A estos efectos, al margen de las visitas públicas, “el acceso al Fuerte de San Cristóbal se deberá autorizar por la Delegación del Ministerio de Defensa en Navarra”, se especifica en el protocolo vigente. Aunque también se apuesta por “favorecer el mantenimiento del régimen de visitas exigido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como facilitar al Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra el acceso y la organización de un régimen de visitas guiadas, complementarias al régimen previsto por la mencionada Ley 16/1985, estableciendo las condiciones adecuadas para ello”. Para garantizar la seguridad de estas actividades el Estado realizará “un diagnóstico del estado de conservación del bien y de las medidas urgentes de intervención”. 

Por parte del Gobierno de Navarra –que también contempla la importancia del trabajo con entidades locales y sociales-, se impulsará un proyecto memorialista diseñado por el Instituto Navarro de la Memoria, con la participación de las asociaciones memorialistas, así como la puesta en marcha de “un Centro de Interpretación Histórica del Fuerte y de sus usos carcelarios. Un proyecto que incorpore espacios emblemáticos como el cuerpo de guardia, el primer patio, las celdas de castigo, el patio central, las galerías, las brigadas y los aljibes, así como el cementerio de las Botellas”. También corresponderá a la Administración Foral “implementar un régimen de visitas públicas del monumento, tanto para la ciudadanía, en general, como para el alumnado de los centros escolares de Navarra, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Defensa como titular del bien, y contando con la participación de la administración local” según indica en el documento legal.

El Tribunal Supremo ha resuelto este viernes que dos cuadros de Francisco de Goya que había reclamado la multinacional tabaquera Altadis pertenecen al Estado. Se trata de los retratos del rey Carlos IV y su esposa la reina María Luisa de Parma, pintados en 1789 por encargo de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla para ser expuestos en un monumento que iba a ser colocado en su fachada.

Con esta sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, finaliza el litigio entre la empresa y el Ministerio de Cultura –entonces también de Deporte– sobre la propiedad de los lienzos. En ella se recoge que ambos pertenecían al patrimonio de la corona en 1789 y después pasaron al Estado, además de enunciar las diferentes entidades que se sucedieron en la posesión de los retratos hasta la actual, Altadis S.A.

Tras analizar los documentos y comunicaciones habidas entre ambas partes, el Tribunal Supremo ha concluido que el Ministerio “consintió que la Compañía Arrendataria de Tabaco a la que se arrendó este monopolio en 1887, poseyera los retratos con una función de ornato en sus edificios, pero no renunció en momento alguno a su propiedad”. La parte demandante, por su parte, no ha acreditado que la posición originaria se tornara a título de dueña, la “única idónea para adquirir la propiedad por usucapión, prescripción adquisitiva”.

La sentencia contempla igualmente que la Ley de Patrimonio Artístico Español declara en su apartado 2 que “los bienes muebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español no podrán ser enajenados por las Administraciones Públicas”; y que en su apartado 3 se declara expresamente que “los bienes a que se refiere este artículo serán imprescriptibles. En ningún momento se aplicará a estos lo dispuesto en el artículo 1955 del Código Civil”.

Por todo ello, pese a que reconoce que el contrato de comodato –de préstamo gratuito– que firmaron el Ministerio y Tabacalera en 1999, se reconoce que la segunda era la titular dominical de los dos retratos, esto “no constituye un título suficiente para que el Estado pierda la propiedad de estas dos obras”.

El Gobierno de Navarra y el Gobierno de España han acordado el traspaso de la titularidad de los tramos de la Autopista AP-68 Bilbao-Zaragoza que discurren por territorio de la comunidad foral y de las funciones y servicios asociados al mismo. El acuerdo deberá ser avalado, en primera instancia, por la representación navarra de la Junta de Transferencias y, posteriormente, por la comisión mixta de la Junta de Transferencias.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha celebrado que el nuevo acuerdo “evidencia el firme compromiso del Gobierno de Navarra de avanzar en el fortalecimiento de nuestro autogobierno, con el pleno desarrollo de las competencias establecidas en el Amejoramiento”. Félix Taberna ha puesto en valor que “los gobiernos navarro y central demostramos una vez más nuestra sintonía y capacidad de acuerdo para recuperar funciones y servicios en competencias históricas de Navarra”.

Según han destacado desde el Gobierno de Navarra en una nota, este traspaso de funciones y servicios del tramo navarro de la AP-68 tendrá efectividad a partir del día en que entre en vigor el real decreto por el que se dé de baja en la Red de Carreteras del Estado los tramos de la Autopista objeto de traspaso.

Se creará una Comisión Técnica, integrada por igual número de representantes de la comunidad foral de Navarra y de la Administración del Estado, para establecer mecanismos de cooperación, promover la colaboración, articular la remisión de información y abordar los problemas de interpretación, ejecución y cumplimiento de este Acuerdo que puedan plantearse.

Casi 40 kilóetros de autopista

Actualmente, el Gobierno de Navarra es titular de toda la red viaria que discurre por el territorio navarro a excepción de la AP-68, que forma parte de la Red de Carreteras del Estado. Se trata de un recorrido de 39,5 kilómetros de longitud, que consta de dos tramos: el primero de 4,2 kilómetros, entre el p.k. 162+563 y el p.k. 166+851., y el segundo de 35,3 kilómetros, entre el p.k. 201+622 y el p.k. 236+988.

La autopista AP-68 se encuentra actualmente en explotación bajo el régimen de concesión administrativa, otorgada a la Sociedad Autopista Vasco-Aragonesa, S.A.(AVASA). Por tanto, hasta que finalice la concesión en noviembre de 2026, la Administración del Estado mantendrá a su cargo respecto a la sociedad concesionaria de la Autopista AP-68 todas las obligaciones y derechos con repercusiones económicas y financieras derivados de la aplicación del contrato de concesión en vigor.

Este traspaso se suma al firmado en marzo para que Navarra vuelva a tener las competencias de Tráfico “60 años después”. Para ello, fue necesario modificar la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna). En tres años, Policía Foral asumirá en exclusiva las labores de vigilancia y control de carreteras. En julio de 2026 la tramitación, resolución y recaudación de los expedientes sancionadores corresponderá a Navarra. De esta forma, Navarra “ha asegurado sus competencias históricas en materia de tráfico y seguridad vial al más alto nivel”.

La presidenta de Navarra, María Chivite, reclamará al Estado el traspaso de las competencias de Inspección de Trabajo para Navarra. Lo hará a través de una notificación oficial “en próximas fechas”, según ha informado esta semana el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna.

Esta petición responde al compromiso que adquirió el Gobierno de Navarra con EH Bildu como parte del acuerdo para la aprobación de los presupuestos de Navarra del año 2026, que se formalizará en el pleno del Parlamento foral el 18 de diciembre.

El día de la firma del acuerdo, la portavoz de EH Bildu Laura Aznal destacó la importancia de que sea Navarra la que asuma esas competencias dado el nivel de siniestralidad laboral registrado en la comunidad foral en los últimos años. En lo que va de 2025 ya han fallecido 23 personas en accidentes laborales. El año pasado fueron 22, el doble que en 2023.

La de Inspección de Trabajo no es la única transferencia en la que trabaja el Gobierno navarro, según ha explicado el vicepresidente Taberna se espera que para enero del 2026 se pueda cerrar el traspaso para la gestión del tramo navarro de la carretera AP-68, la que une Euskadi con Aragón. “Ya presentamos una propuesta y, por lo tanto, estamos a la espera de que el Gobierno de España nos haga una devolución”, ha apuntado Félix Taberna.

También se trabaja en la transferencia de las competencias de I+D+i y becas. “Estamos buscando puntos de acuerdo para que la transferencia sea una realidad”, ha señalado.

Allí estarán también la mayoría de los presidentes autonómicos. Representan a sus comunidades, sí, pero también representan algo más profundo: la solidaridad de todo un país que, cuando la tragedia golpea, sabe responder. Y La Rioja, como tantas otras veces, estuvo allí. Voluntarios riojanos que dejaron sus trabajos para viajar a limpiar barro, asociaciones que organizaron recogidas de ropa, empresas que enviaron alimentos y material de primera necesidad. Nos volcamos. Estuvimos presentes. Hicimos lo que había que hacer.

Por eso, me cuesta entender -y la verdad es que me indigna profundamente-, que el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, haya decidido no acudir a ese homenaje nacional. Hoy, mientras España honra a sus muertos, Capellán estará en Navarrete inaugurando el nuevo césped del campo de fútbol San Miguel.

Y no, no tengo nada en contra del fútbol, ni de los navarretanos, ni del césped recién estrenado. Pero hay prioridades, y hay momentos que no admiten excusas. El césped de Navarrete puede esperar a ser pisado cualquier otro día. Hoy no era el día del césped. Hoy era el día -el único día- de cumplir con el deber moral de estar junto a las víctimas y sus familias.

No estar en Valencia no es solo un fallo de protocolo; es algo mucho más grave. Es dejar a los riojanos en mal lugar. Es dar la espalda al espíritu solidario que demostramos entonces, cuando no dudamos en arrimar el hombro. Es enviar el mensaje equivocado: que a La Rioja le da igual. Y eso, sencillamente, no es verdad.

Me pregunto qué pensará ese voluntario riojano que pasó días quitando barro con sus propias manos, o aquella asociación que organizó una recogida urgente de alimentos, al ver que su presidente no considera necesario estar hoy en Valencia. ¿Qué pensará cuando vea a los demás presidentes autonómicos allí, menos al suyo?

Porque no se trata de una foto ni de un protocolo. Se trata de empatía, de respeto, de humanidad. De saber dónde hay que estar cuando el país se reúne para recordar a los que ya no están. Y de entender que, a veces, representar a tu gente implica renunciar a la comodidad o al aplauso fácil de una inauguración local.

El presidente Capellán tiene derecho a decidir su agenda, por supuesto. Pero los riojanos también tenemos derecho a sentir vergüenza ajena por una decisión que no nos representa. Porque La Rioja es una tierra solidaria, generosa, que no se queda al margen cuando otros sufren. Lo demostramos hace un año, y lo volveríamos a demostrar mañana si hiciera falta.

Y es que hay días que definen a las personas y también a las instituciones. Hoy era uno de ellos. Y el presidente de La Rioja ha decidido estar en el lugar equivocado.

Desde los tiempos de la pandemia llevo preguntándome si la autonomía como tal sigue teniendo sentido, más allá de la cosa emocional. 

La pandemia, con su echada de persiana y el pandemónium de la búsqueda de una vacuna, fue para mí la comprobación de que el Estado está para eso y menos mal que sigue estando. Una pandemia con protagonismo autonómico hubiera sido devastadora.

Recuerdo aquella reivindicación absurda del hecho autonomista a la hora de decretar cierres y reclusiones. Golpes en el pecho, soflamas y reivindicaciones que ya quisieran los independentistas. Claro, mucho mejor tener abierto todo y que se mueran los viejos, habida cuenta de que no había vacuna; pero cuando la cosa se complicó y la situación parecía estancada y las malas noticias llegaban para los que de verdad importan (hostelería, comercio, detestadores de paguitas y negacionistas que no creen en los bichitos que se caen de la mesa) los próceres del autonomismo con igual entusiasmo y presteza rechazaron el cáliz de las decisiones y se las traspapelaron al Estado, con el corolario de demandas y recriminaciones, que no falte.

Porque la autonomía son las respuestas, no el postureo el Día de las Instituciones; y una respuesta clara, rápida y efectiva. Lo contrario, Madrid lo lleva haciendo desde los tiempos de Felipe V, que para este viaje no hacen falta alforjas… 40 años después.

Saco a colación el tema porque me pareció muy ilustrativa la pandemia: el sentimiento autonómico quedaba para las buenas noticias, las malas que se las coma otro. Un caso de inmadurez y de falta de coraje en la asunción de responsabilidades palmario. 

Fue así un proceso de decepción y delirio que me llevó a pensar qué es esto que tenemos entre manos, que cuesta 3.500 millones al año y dudo que la diferencia se note con respecto al jacobinismo centralista, visto que a un lado y a otro ya no hay personas, sino algoritmos y carpetas ciudadanas electrónicas.

¿Para qué queremos una autonomía si al final se acaba siempre pidiendo la tutela del padre (al que no se quiere matar porque es muy cómodo seguir yendo el fin de semana a su casa con el saco de la ropa sucia y los táperes vacíos)? ¿Cómo no acabar siendo una autonomía fallida?

El mismo Estado que cedió las competencias de sanidad y educación junto con una cesta de impuestos para financiarlas, ve ahora cómo los virreyes se dedican a rebajar tramos autonómicos y bonificar al sursum corda para de nuevo reivindicarle más financiación. Lo dicho, el saco de ropa sucia y los táperes vacíos.

Salvo el hecho sentimental e identitario, que las nuevas generaciones están reduciendo a su mínima expresión, el hecho autonómico es un fiasco desde la quilla a la ‘galleta’.

¿Mamografías? Si todos vamos a morir. ¿Un vertedero de amianto? Peor sería nuclear. ¿Un gran centro de proceso de datos? A vender praos. ¿Problema de vivienda? Sí, turística. ¿No hay trenes nuevos? Tampoco autobuses. ¿Dinero en el bolsillo? Depende de cuál. ¿Centro de salud sin médico? Eso se arregla con un chat privado. ¿Patrimonio histórico? (Ver respuesta a mamografía). ¿Se quema el monte? Ya lloverá. ¿Protonterapia? Mejor un nuevo campo de fútbol. ¿Proximidad al administrado? Ja. ¿Transparencia? Uf. ¿Dación de cuentas? Je. ¿Libre concurrencia? Reserva del derecho de admisión. ¿La prensa? Una sarta de bulos. ¿Los bulos? Una sarta de verdades.

Vale, tiene que haber algo positivo.

…

Tal vez en la prensa diaria.

…

Tal vez en el BOC o en los acuerdos de Consejo.

…

Tal vez en el Boletín de la Cámara.

…

Seguro que lo hay pero será otro día. Solo es cuestión de ponerse a ello.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, pedirá al Estado que compense a Navarra por la condonación de la deuda a otras autonomías en la aportación que la comunidad foral realiza cada año al Estado merced al Convenio Económico.

Chivite ha anunciado que en “próximas fechas” el Ejecutivo foral mantendrá una nueva reunión con el Ministerio de Hacienda para negociar y “lograr una compensación económica en el pago de nuestra Aportación al Estado respecto a la cantidad que finalmente resulte en la condonación” de deuda a las comunidades de régimen común.

Chivite ha respondido en el pleno de la Cámara foral a una pregunta oral de Geroa Bai sobre la condonación de la deuda a las comunidades autónomas y ha afirmado que el Gobierno de Navarra mantiene “un diálogo constante” con el Gobierno de España para llegar a acuerdos “necesarios” para que medidas como la condonación de la deuda a las comunidades del régimen común no afecten “negativamente” a la comunidad foral. La presidenta ha señalado que desde Navarra se va a seguir trabajando en el marco de la negociación bilateral entre Administraciones

“En esa relación bilateral nuestra propuesta, la que vamos a llevar a ese marco de negociación bilateral, será una compensación económica en el pago de nuestra Aportación al Estado”. “Esto es defender de verdad nuestro autogobierno y no solo de boquilla”, ha dicho la presidenta navarra para afirmar que seguirán “trabajando en esa relación bilateral con el Gobierno de España, desde el respeto que tiene que ver con esas negociaciones y defendiendo siempre el mejor interés para Navarra”.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha esperado que “fructifiquen” las reuniones y que “en esa relación bilateral Navarra también salga beneficiada de esa condonación de la deuda”. “Llevamos seis meses hablando de esta situación porque son importantes los compromisos políticos, pero necesitamos hechos y realidades para poder avanzar”, ha dicho.

La Xunta ha anunciado que arranca los trámites formales para solicitarle al Estado que le transfiera las competencias sobre los permisos de trabajo de las personas extranjeras. La motivación es “responder a las necesidades de muchas empresas”, que no encuentran suficiente mano de obra, manifestó el presidente gallego, Alfonso Rueda, que asegura que su Gobierno quiere una “incorporación ordenada de trabajadores” que no tienen la nacionalidad española para alimentar el mercado laboral.

Rueda ya había avanzado hace tres meses que daría este paso. Una vez se confirmó la primera transferencia de competencias en 17 años para Galicia -las de gestión del litoral-, que se hace efectiva este 1 de julio, el presidente de la Xunta dijo que continuaría por la vía de ensanchar las cuestiones que su gobierno puede asumir directamente. Tras solicitar un informe al Consello Consultivo para darle base jurídica a la reclamación, anunció tras la reunión semanal de su gabinete que empiezan los trámites formales. Estas competencias las tienen ya transferidas Catalunya y Euskadi y la Xunta aspira a un pacto similar, justificó

El conselleiro de Emprego, José González, expuso que lo que la Xunta reclama gestionar son las autorizaciones iniciales de trabajo, los permisos para la actividad laboral de temporada y también para estancias de larga duración por estudios o voluntariado. El informe del Consultivo, dijo, concluye que el Estatuto de Autonomía da amparo a esta petición, que ve también respaldada por el hecho de que otras comunidades tengan estas competencias y también por sentencias del Tribunal Constitucional.

El paso se da ahora porque es una de las reclamaciones recurrentes de empresas de varios sectores, sobre todo relacionadas con el turismo, la construcción y la agricultura, expuso González, que cargó contra el “colapso administrativo” en la tramitación de estos permisos actualmente. Las demoras están relacionadas con falta de personal y de medios, según el conselleiro. Con las competencias en manos de la Xunta, prometió que habrá más agilidad y “seguridad jurídica” para las empresas. “Además de trabajadores, la gente que viene son personas”, manifestó y razonó que son necesarias herramientas para darles una acogida.

Con el inicio del proceso, se pondrá en marcha una comisión mixta entre el Estado y la Xunta para negociar. La Xunta asegura que mantendrá la línea de reclamar competencias, tras 17 años en los que no avanzó en esta materia. La petición de gestionar los permisos de trabajo de personas extranjeras está respaldada por todos los grupos del Parlamento de Galicia.

Veronique Caplanne es la hija de Robert Caplanne, asesinado por los GAL en Biarritz el 3 de enero de 1986. Cuando ocurrió el atentado Veronique tenía 14 años y era 24 de diciembre. Tras pasar unos días ingresado en el hospital, finalmente falleció el 3 de enero. “Nadie nos ha ayudado y nadie quería hablar con nosotros. Era un secreto sin ser un secreto. Nosotros no estábamos en esas historias ni de ETA, ni de los GAL, ni de la Policía. No sabíamos nada. Nadie nos ha ayudado y nadie nos ayudó”, reconoce casi 40 años después en una entrevista recogida en la investigación 'El terrorismo de Estado ante sus víctimas. Concersaciones a propósito de los GAL', realizada por los politólogos e investigadores Jerónimo Ríos y Egoitz Gago. Se trata de la tercera obra que publican tras 'La lucha hablada', un libro en el que miembros de ETA cuentan su experiencia en la banda y la segunda parte, en la que son las víctimas de ETA las que narran su historia.

En esta ocasión han querido centrarse en las víctimas de los GAL para llenar un “vacío académico”. “La renuncia a escribir sobre los GAL se entiende en un país como España, donde el grueso de las víctimas del terrorismo y de acción violenta desplegada fue a cargo de ETA. ETA ha focalizado buena parte de la atención académica durante décadas. También hay otras miradas, sobre todo de otros terrorismos, como el terrorismo de extrema derecha o terrorismos asociados al yihadismo fundamentalista, pero hay vacíos incomprensibles en torno a los GAL y eso también ocurre por la dificultad de encontrar documentación”, reconoce a este periódico Jerónimo Ríos.

Las víctimas entrevistadas denuncian la falta de apoyo institucional tanto vasco, como a nivel de España y Francia (donde ocurrieron la mayoría de los atentados). Maider García Martín, hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL en Hendaya el 24 de julio de 1987, relata las insuficientes aproximaciones que han llegado a tener por parte de sectores políticos. “A mi madre, una persona muy importante del PSOE le llegó a reconocer que seguíamos siendo la gran losa del partido y que les pesábamos mucho. Ellos saben que tienen ahí una responsabilidad enorme y que no han dado el paso que se espera de ellos. Aquí, en Euskadi, todo el mundo es consciente que el PSOE tiene una deuda pendiente, es igual que cuando le piden a la izquierda abertzale que tienen que dar un paso más con respecto al reconocimiento de las víctimas de ETA”, detalla en el libro García Martín. El terrorismo de Estado se desarrolló durante los mandatos de Felipe González.

A mi madre, una persona muy importante del PSOE le llegó a reconocer que seguíamos siendo la gran losa del partido y que les pesábamos mucho

Maider García Martín — Hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL

“La de los GAL es una responsabilidad que el PSOE no se asume y que, y que efectivamente es una grandísima losa democrática o antidemocrática. Ya han pasado 40 años, pero no podemos pasar las páginas de nuestra historia sin antes leerlas y eso implica que quizá haya que normalizar, haya que exigir, haya que visibilizar y haya que reclamar una ausencia de responsabilidades, de cuestionamientos y la aceptación de cuestiones que, al menos en el plano simbólico, en el plano moral y en el plano más normativo, son necesarias. Yo creo que los derechos a la verdad, la dignidad, la memoria y la justicia se ven seriamente afectados con la posición de renuncia del PSOE a aceptar, a reconocer, a discutir sobre un pasado muy oscuro, muy turbio, en el cual todavía, por desgracia, no se ha contado todo”, lamenta Ríos.

Según el investigador, el oscurantismo acerca de las informaciones relacionadas con los GAL es algo que afecta a los Gobiernos socialistas en todos los niveles. “Hay una gran opacidad, oscurantismo en el acceso a cierta documentación y a cierto tipo de fuentes. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que esto vincula a un Gobierno socialista en Madrid, a un Gobierno socialista en Euskadi y a un Gobierno y a unas elites políticas que tienen connivencias muy perversas, con manzanas podridas, con sectores muy concretos del ámbito de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pero que indudablemente desembocan en elementos a los cuales hay que atender. Y ese es un un reclamo que tratamos de hacer. Por supuesto que entendemos que en un país como España, donde hay 860 víctimas de ETA, pues eso implique la necesaria atención o predominancia de ETA, pero la gravedad de los GAL reviste precisamente en su naturaleza jurídica, en que es el Estado el que manda matar a través de mercenarios, haciendo uso de fondos reservados y haciendo uso de elementos que son la máxima expresión de las cloacas más despreciables del Estado. Y además, si a eso le sumas que en el 40% de las muertes violentas, por ejemplo, hay equivocaciones, pues nos encontramos ante una situación que considerábamos que era necesario seguir reivindicando y visibilizando”, argumenta.

La gravedad de los GAL reviste en su naturaleza jurídica, en que es el Estado el que manda matar a través de mercenarios, haciendo uso de fondos reservados y de las cloacas más despreciables del Estado

Jerónimo Ríos — Politólogo e investigador

Al igual que ocurrió en la investigación realizada a víctimas de ETA, en las entrevistas realizadas a víctimas de los GAL se ve gran diferencia de relatos. Una de las principales diferencias es el hecho de que algunas de las víctimas de los GAL fueron miembros de ETA, mientras que otras no. “Para mí lo importante de todo es decir que a mi padre lo mató el GAL y que nunca tuvo nada que ver con ETA, pero que es una víctima también. No nos pueden meter en el mismo saco. Esos matices son complicados. Lo que predomina, como te decía antes, es que si te mató el GAL es porque algo habría hecho la víctima”, confiesa Veronique.

En la investigación también se aporta el testimonio de Izaskun Ugarte y Haize Goikoetxea, viuda e hija de Mikel Goikoetxea Elorriaga “Txapela”, asesinado por los GAL en San Juan de la Luz el 1 de enero de 1984. “En nuestro caso, nosotras sí que fuimos consideradas como víctimas de terrorismo. Es decir, nosotras pedimos la ayuda y nos la concedieron. Estábamos en ese listado, pero llegó el cambio de ley y nos hemos quedado fuera. ¿Por qué? Porque Mikel Goikoetxea era militante de ETA y nosotras, por tanto, no merecemos nada. No tenemos derecho a nada. Que hubiese muerto en un atentado a manos del Estado español no importa. Al final su mensaje es el mismo. Nosotros lo matamos y está bien muerto”, lamenta Haize.

Que alguien asuma la responsabilidad de haberlo hecho, sobre todo si es un Estado el que mata

Haize Goikoetxea — Hija de Mikel Goikoetxea Elorriaga “Txapela”, asesinado por los GAL

Lo que la familia de Goikoetxea reivindica, al igual que el resto de las familias, es saber lo que pasó. “Quién lo hizo, cómo lo hicieron, quién pagó, cuánto pagó. Y, sobre todo, que alguien asuma esa responsabilidad, no sé si judicialmente hablando, pero por lo menos sí a otros niveles. Que alguien asuma esa responsabilidad de haberlo hecho, sobre todo si es un Estado el que mata. Que al final, que una persona o una organización asuma las armas vale, pero que un Estado que se supone que debe proteger y tiene que garantizar un montón de cosas, se haya saltado todas las leyes y haya hecho lo que ha querido impunemente, no sé... Además, con dinero público, con fondos reservados, utilizando la policía y recurriendo a mercenarios. Se trata de una barbaridad tras otra. Todo eso habría que esclarecerlo punto por punto, no solo en nuestro caso, sino en todos”, exige Haize Goikoetxea.

“El hecho de que haya terrorismo de Estado y haya una militancia de ETA no exime, ni justifica, ni valida prácticas atroces como las que vivieron Lasa y Zabala o como las que podemos encontrar en el caso de la viuda de Goikoetxea. Es decir, a ellas, por ejemplo, se les niega la condición de víctimas de terrorismo por la pertenencia a ETA. Ser de ETA no exime que hayan sufrido terrorismo de Estado”, indica Ríos.

El hecho de que haya terrorismo de Estado y haya una militancia de ETA no exime, ni justifica, ni valida prácticas atroces como las que vivieron Lasa y Zabala

Jerónimo Ríos — Politólogo e investigador

A la hora de documentarse para realizar la investigación, Ríos reconoce que algunas personas entrevistadas son más accesibles que otras. Para este estudio, además de las citadas, se ha entrevistado a Itziar Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, víctima de violencia policial por actos de motivación política asesinado el 26 de noviembre de 1985, a Pili Zabala, hermana de José Ignacio “Joxi” Zabala, secuestrado y posteriormente asesinado por los GAL junto a Joxean Lasa, la madrugada del 15 al 16 de octubre de 1983 e incluso a una de las víctimas directas de los GAL, Kepa Pikabea Ugalde, herido por los GAL en el atentado contra el Bar des Pirennes, en Bayona, el 29 de marzo de 1985. “Hay casos de víctimas que son más fáciles de trabajar porque son víctimas de un mundo ajeno de ETA y, por tanto, son esas personas que siempre están presentes en el espacio público y en los actos que buscan visibilizar las exigencias de las víctimas del terrorismo y del terrorismo de Estado también. Después, hay otras que son muy incómodas por su militancia ETA, por su proximidad a ETA o por su todavía posición dogmática con respecto a lo que supuso. Y a esas también hay que escuchar y atender. Escuchar no es validar. Escuchar es tratar de entender cómo se construyen discursos en torno a demandas, necesidades, reclamos, porque todavía hoy se inscriben en una gama de grises y de contradicciones muy fuertes”, reconoce el investigador.

A pesar del trabajo realizado, Ríos sostiene que ve complicado acabar con el vacío académico con respecto a las investigaciones relacionadas con los GAL. “Es difícil porque el propio estudio reconoce el Estado como actor violento, habla del terrorismo de Estado. Ya de por sí académicamente es un planteamiento teórico muy marginal, muy escorado, muy residual. Digamos que el 'mainstream' de la Ciencia Política, de Historia, de los estudios sobre violencia, se centran básicamente en las acciones desplegadas por los actores que ejercen la violencia, grupos de terroristas, victimarios, etcétera. En los últimos años ha ganado mucho peso dar voz a las víctimas del terrorismo, pero entrar en agentes del Estado, en agentes de la Policía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no solamente en España, en otros lugares, y especialmente en contextos democráticos, es difícil”, concluye.

La Rioja ya está en nivel 2 de emergencia. A las 19:18 de este martes, el Ejecutivo regional ha informado a través de una nota de prensa de que la Comunidad baja del nivel 3 al 2 “tras aceptar el Ministerio del Interior la propuesta para la desescalada trasladada por el Gobierno de La Rioja a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM)”. Curiosamente, esta misma mañana, y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, ha asegurado que no iban a pedir nada.

Sin embargo la situación unas horas después era otra. Porque “atendiendo a los criterios de los técnicos en emergencias reunidos en el Centro de Coordinación de Emergencias Operativas (CECOP), la Comunidad mantiene la situación operativa 2 contemplada en el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR)”.

Así, y una de las primeras consecuencias de la recuperación de las competencias autonómicas en la gestión de la emergencia es la decisión del Ejecutivo autonómico de reanudar mañana, miércoles, la actividad lectiva ordinaria en todos los centros educativos de La Rioja.

Del mismo modo, se aprueba una ampliación general de los plazos de los procedimientos administrativos seguidos ante la Comunidad Autónoma de La Rioja, al efecto de paliar los graves efectos que este incidente ha podido provocar en los intereses de los ciudadanos y su relación con la Administración autonómica, garantizando el principio de confianza legítima y asegurando el ejercicio de sus derechos. Así, tal y como se publicará en el próximo Boletín Oficial de la Rioja (BOR), los trámites que no estuvieran vencidos entre el 28 de abril y el 30 de abril de 2025, ambos inclusive, se amplían hasta el 2 de mayo de 2025.

Por último, a través del comunicado, desde el Ejecutivo regional han agradecido la “colaboración y la coordinación prestada por los responsables técnicos y demás personal de la Administración del Estado durante las últimas horas que han ayudado a que la Comunidad recupere la normalidad coincidiendo con el restablecimiento del suministro eléctrico”. 

¿Por qué se solicitó el nivel 3 de emergencia?

En la rueda de prensa ofrecida este mismo martes tras el Consejo de Gobierno, el portavoz argumentaba que la decisión de elevar el nivel de emergencia de 2 a 3 en torno a las diez de la noche y dar el mando al Gobierno de España se adoptó “tras una invitación del Centro Nacional de Coordinación de Emergencias para que las comunidades pudieran solicitarlo y tras una reunión con todos los técnicos en el CECOP”. “Debemos tener en cuenta que la incidencia producida ayer se produjo por un fallo a nivel nacional y en el entorno de una empresa semi pública que es la que regula todo el suministro. Por tanto la información sobre el desarrollo del suceso y lo que pudiera suceder la tenía el Estado y consideraron los técnicos que quien tenga la información y el conocimiento pleno es quien debe asumir el mando”, ha argumentado el consjero riojano.

Además, el portavoz ha justificado la decisión de declarar el nivel 3 de emergencia en que “con la caída de la noche, todavía había muchos pueblos sin suministro completo en las comarcas de Calahorra y Cervera sobre todo y, por tanto, había preocupación de comerciantes y vecinos ya que muchos no podían ni cerrar sus puertas”. Por eso se entendió que las competencias debían ser de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con un mando único desde Delegación de Gobierno. “Además entramos en un problema de riesgo de suministro de agua potable por dificultades de bombeo por lo que podía haber sido necesaria la intervención de la UME en Santo Domingo de la Calzada, Alfaro y Valverde, en el entorno de Cervera”, ha continuado Domínguez que señala además que ante la inestabilidad de la red de comunicaciones, lo responsable es que la gestión la haga quien tiene también esa competencia en las comunicaciones.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha comparecido también este martes a las 17:00 horas para informar de la “situación sactisfactoria” y de que La Rioja está “volviendo a la normalidad, aunque con mucho esfuerzo”. Arraiz ha recordado que, tras la solicitud del Gobierno de La Rioja de desescalada al nivel 2, es el ministro de Interior quien tiene que tomar la decisión, que se espera que sea esta misma tard e como así ha sido. Asimismo, en su comparecencia, Arraiz también ha destacado el buen funcionamiento de la coordinación de todas las administraciones, Gobierno de La Rioja, Gobierno de España y el Ayuntamiento de Logroño, que forman parte del CECOPI.

El Estado invirtió un 52% más en Madrid que en Catalunya en el primer semestre de 2024, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) avanzados por TV3 y Catalunya Ràdio. El gasto público fue de 694,3 millones de euros en la Comunidad de Madrid, mientras que Catalunya se quedó con 456,6 millones de euros.

El informe, hecho público por una petición de transparencia de Junts, no detalla el presupuesto inicial asignado para cada comunidad autónoma, ya que las cuentas de 2024 fueron prorrogadas, pero sí constata una ejecución muy baja en Catalunya que sería de sólo el 20% de lo presupuestado (456,6 millones de euros de las 2.276 millones de euros previstas).

Las Islas Baleares (con 171,2 millones de euros ejecutados, el 94% de lo previsto), La Rioja (con 42 millones de euros, el 62% de lo previsto) y Madrid (con 694,3 millones de euros, el 57,5% de lo previsto), serían las tres únicas comunidades donde la ejecución presupuestaria en los primeros seis meses de 2024 superó el 50%. Andalucía (con 524,5 millones ejecutados, el 23,6%), Ceuta (con 5,5 millones, el 20,4%) y Catalunya (con 456,6 millones, el 20,06%), fueron las tres comunidades con la ejecución más baja en el primer medio año de 2024 en las comunidades autónomas, lejos de su peso en población y aportación al Producto Interior Bruto (PIB).

Por partidas concretas, el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detalla que el ritmo de ejecución fue limitado en el apartado de infraestructuras con 181,1 millones de euros en Adif (aunque fue de 62,3 millones de euros en el primer semestre de 2022), 71,6 millones de euros en Renfe, 27,2 millones de euros en el grupo Enaire o 18,2 millones de euros en Puertos del Estado. La inversión del sector público empresarial y fundacional en Catalunya durante el primer semestre de 2024 fue de 368,8 millones de euros, el 10,8% del total de las comunidades autónomas.

Turrull llama al plante de “todos los diputados catalanes” en el Congreso

Al conocerse la noticia, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha declarado ante los medios que todos los diputados catalanes en el Congreso, ya fueran nacionalistas o del PSC, deberían plantarse y no votar la aprobación de los nuevos presupuestos hasta que no se ejecuten los vigentes en su totalidad.

“Estamos ante un nuevo expolio que sufre Catalunya por parte del Estado”, ha dicho Turull. “Nos roban estas inversiones que hace mucho tiempo que denunciamos y por eso nosotros siempre dijimos que no deberían votarse unos presupuestos nuevos hasta que no se garantice que se han cumplido los vigentes o se han compensado económicamente los vigentes”, ha proseguido.

“Nosotros, ante esta situación que ya es sistémica, lo que hacemos es hacer un llamamiento para hacer un frente común de todos los diputados catalanes, especialmente los diputados del PSC, de Esquerra Republicana, de los Comunes para plantarse y acabar con este nuevo expolio”, reclama el mandatario de Junts: “Es decir, aquí no se pueden votar nuevos presupuestos hasta que no se compense el cumplimiento de los presupuestos vigentes”.

“Nosotros lo reiteramos y el PSOE sabe perfectamente que nosotros [Junta] no negociaremos unos presupuestos hasta que no se acredite esto y pedimos”, ha insistido Turrul, que ha vuelto a pedir “que todos los diputados catalanes estén a la altura defendiendo [el bloqueo de los presupuestos], porque eso perjudica a los votantes de todas las fuerzas políticas”.

También ha reclamado al president de la Generalitat que “deje de estar en silencio ante este expolio” y ha citado los retrasos de Rodalies como resultado de la falta de inversión estatal. “Pedimos, por tanto, ese frente común de plantarnos delante de Madrid y que cumplan de una vez con lo que prometen con los presupuestos”, ha finalizado.

Puigdemont carga contra el Estado

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, también aprovechó para cargar contra el Estado a través de una publicación en la red 'X', donde recordó que cada año “incumple sus propios presupuestos”, con Catalunya donde “roba las inversiones” y con Madrid, donde se gasta “más dinero del aprobado inicialmente”. “Es una laminación sistemática de la sociedad catalana, de su economía y de su competitividad”, lamentó. Por ello, Puigdemont opinó que todo catalán “tiene el deber moral” de “luchar para poner fin a la dependencia” del Estado, la cual calificó de “lesiva”.

“Los damnificados somos todos los catalanes, cada uno a su manera y de acuerdo con sus posibilidades”, ha añadido, “pero ante una injusticia cronificada, confrontarse es un deber de todos, también de quienes aplaudirán con las orejas que el presidente de nuestro país se vaya a promover un escritor generador incompetente que no es capaz de reconocer al país”.

La respuesta del gobierno español

Al publicarse estas cifras, desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han defendido que ejecutaron en Catalunya inversiones por valor de 1.227,8 millones de euros a lo largo de 2024, un 27,75% más que en 2023 y por encima de los 967 millones que se ejecutaron en Madrid. Esto supondría que la inversión se aceleró en el segundo semestre del año hasta superar la cifra destinada a capital española y Catalunya se convirtió en la comunidad autónoma donde más ha invertido el gobierno español.

El Tribunal Supremo ha obligado a la Administración del Estado a indemnizar con 146.587,70 euros --más intereses-- a la empresa Ingespaner Medimpact, radicada en Villagonzalo Pedernales (Burgos), a la que expropiaron material sanitario en marzo de 2020, durante la primera fase del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

Los magistrados han adoptado esta decisión al estimar el recurso contencioso-administrativo que presentó la compañía después de que se le negara dicha indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados.

El caso llega al Supremo después de que el Ministerio de Sanidad rechazara por silencio administrativo la primera reclamación que presentó la empresa en mayo de 2020. El asunto luego escaló al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Burgos, posteriormente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León y a la Audiencia Nacional. Ahora resuelve el alto tribunal.

El Supremo analizó en octubre de 2023 una serie de reclamaciones presentadas principalmente por hosteleros donde descartó que el Estado tuviera que indemnizarles por las pérdidas ocasionadas por las medidas restrictivas adoptadas durante la pandemia de coronavirus, una decisión avalada posteriormente por el Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, el propio Supremo aclara que el caso ahora sentenciado es distinto porque esta vez “el perjuicio reclamado no se vincula con las pérdidas económicas por el cierre de actividades, sino con la privación de bienes acordada” por la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

22.900 pares de guantes

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, consta que el 18 de marzo de 2020 la Guardia Civil se hizo con 22.900 pares de guantes de vinilo, 11.700 mascarillas, 768 batas sanitarias, 114 kilos de algodón y celulosa, 100 gorros sanitarios y 59 equipos de emergencia respiratoria.

La empresa presentó, en mayo de ese año, una reclamación de responsabilidad patrimonial por expropiación forzosa ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León para el Ministerio de Sanidad. En enero de 2021 se instó expediente de justiprecio ante el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Burgos, que desestimó la solicitud al explicar que no era el competente para el asunto.

Posteriormente, la empresa presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Castilla y León contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la responsabilidad patrimonial y contra el acuerdo de la Junta Provincial.

La empresa reclamaba 174.779 EUROS

Al llegar el asunto al Supremo, la Abogacía del Estado defendió la “singularidad” del caso planteado y aseguró que la Comunidad de Castilla y León debía proceder al pago de la responsabilidad patrimonial por su condición de “beneficiario” de la “expropiación forzosa”.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entienden que “la acción adecuada” es la “responsabilidad patrimonial” y sostienen que, “respecto de ella, no hay discusión alguna en cuanto a que concurran los presupuestos para su origen”. El debate, según explican, se sitúa en cuánto debe cifrarse dicha indemnización.

La empresa solicitaba 174.779,37 euros más los intereses legales devengados desde el 18 de marzo de 2020, incluido el valor de los bienes, el IVA calculado al 21% y la aplicación del 5% de valor de afección.

El Supremo fija la indemnización en “146.587,70 euros más el correspondiente premio de afección al 5% y los intereses legales correspondientes que se devengarán desde el día 19 de marzo de 2020”. “Acogemos la aplicación del IVA, pero de acuerdo con el cálculo que realiza el perito judicial y ello para descartar la redundancia en la que incurre la recurrente”, señala.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Lesmes, también acuerda imponer las costas --hasta un máximo de 4.000 euros-- a la parte recurrida.

En publicaciones recientes de los medios leemos que Zuckerberg elimina la verificación de hechos en Facebook e Instagram para satisfacer a Trump. El máximo ejecutivo de Meta sostiene que el sistema vigente hasta ahora supone un método de censura y que adoptarán el mismo método que aplica X, donde la desinformación corre a sus anchas. Su decisión va en contra de los medios tradicionales de comunicación que tratan de certificar las informaciones que difunden. Cada vez está más claro que las redes sociales no son neutrales. Siempre han tenido ideología. La prueba más evidente es la irrupción de Musk en Europa apoyando las opciones más ultraderechistas de cada país lo que ha provocado el enfado y nerviosismo en los países afectados, sobre todo Alemania y el Reino Unido. Europa mira con miedo a Elon Musk, pero ¿debería hacerlo o enfrentarse a él y regular la red X, Facebook, Instagram, etc.?.

Las redes son un fenómeno relativamente nuevo, pero podemos encontrar algunos de sus orígenes en los años 60 del siglo pasado. Según Innerarity, tras los movimientos contestatarios del 68, la crítica del capitalismo tomó dos direcciones diferentes: una “social”, que reivindica una modificación de las relaciones de fuerzas dominantes, y otra “artística”, que pretende liberar a los individuos con el fin de hacerlos más auténticos y creativos. Internet ha ofrecido al movimiento un cauce de expansión para la autonomía del individuo, la autoorganización y el rechazo de las limitaciones colectivas.

Se ha configurado así un nuevo terreno on line de la lucha política presidido por la libertad de información y la desconfianza frente a la autoridad y la centralización

En diversas ocasiones se ha llamado la atención sobre el hecho de que los hippies contestatarios de los setenta, tan aferrados a la autonomía individual, no tuvieran demasiados problemas para aclimatarse a las políticas liberales y de desregulación. Se ha configurado así un nuevo terreno on line de la lucha política presidido por la libertad de información y la desconfianza frente a la autoridad y la centralización. Este movimiento antiinstitucional ligado al software libre, cercano a la ideología libertaria, por una parte, y por otra, próximo a las políticas liberales y de desregulación fue el que propició en primer lugar el nacimiento de las redes sociales como un mecanismo descentralizado que ponía al individuo en primer lugar por delante de lo colectivo. Ese movimiento propició ilusiones de democratización. Nos anunciaron la accesibilidad de la información, la eliminación de los secretos y la disolución de las estructuras de poder, de tal modo que parecía inevitable avanzar en la democratización de la sociedad, renovando nuestra democracia. Las posibilidades técnicas de las tecnologías digitales abrieron una nueva utopía social.

Las protestas árabes de 2010-2012, conocidas como “primavera árabe” ha inspirado numerosos análisis sobre los efectos de las redes sociales en la constitución de movimientos de protesta antidictatoriales. El Movimiento 15-M en España a principio de la década de 2010, otros similares en el resto del mundo, más tarde Podemos en 2014, pusieron la redes sociales en el centro de la actividad política.

Las redes sociales se han presentado como una tecnología que empodera, que facilita el acceso al conocimiento y despierta ilusiones de emancipación democrática. El relato anarcoliberal de los fundadores de internet ha contado con seguidores de todo el espectro ideológico, de la izquierda a la derecha. Los activistas de la red han sobrevalorado siempre el efecto democratizador de la libre circulación de información, tal como pareció acreditarse en la caída de los regímenes comunistas. Por otro lado, antiguos hippies acabaron en las universidades y los centros tecnológicos tratando de probar que internet podía proporcionar lo que prometieron los años sesenta: mayor participación democrática, emancipación individual, fortalecimiento de la vida asociativa…

La red lleva años suscitando unas ilusiones de democratización que no se corresponden del todo con los resultados esperados. Los resultados no parecen estar a la altura de lo anunciado y ya se formulan las primeras teorías de dicha desilusión que pretenden desmontar el mito de la democracia digital. Ahora contemplamos estas suposiciones con ironía y desdén, pero en su momento parecían una promesa verosímil.

Las redes sociales, si no las controlamos, se están convirtiendo en una amenaza para la democracia

Ahora nos preguntamos si realmente internet ha aumentado la esfera pública, y hasta qué punto ha hecho posible nuevas formas de participación, ampliando el poder de la gente frente al de las élites. Sin dejar de reconocer las capacidades de la red, podemos ver que la ingenuidad de las promesas del ciberutopismo, esa creencia en la naturaleza inexorablemente emancipatoria de la comunicación on line.

Tras las promesas de los partidarios del software libre, la ilusión hacia las redes creada en el 15M, en la Primavera Árabe, en Podemos, ahora nos encontramos en un mundo donde las redes están controladas en su mayoría por las grandes corporaciones, donde las redes están siendo usadas para difundir falsedades y a partir de ahí conseguir que opciones políticas de extrema derecha se expandan. Las redes sociales, si no las controlamos, se están convirtiendo en una amenaza para la democracia.

En el momento actual los algoritmos de Facebook, YouTube, X, etc. han creado bots de internet, algoritmos informáticos que efectúan automáticamente tareas reiterativas, que adjudican recompensas a determinados instintos básicos de las personas para conseguir mayores beneficios. Esto ha desempeñado un papel muy relevante a la hora de radicalizar a la población. Esos bots son anónimos y buscan que pases el mayor tiempo posible en las redes sociales. Para eso intentan mostrarte “contenido que a ti te gusta”. En la mayoría de los casos no hay una persona responsable de las ideas que generan. Pretenden ser personas, pero son personas falsas. Las grandes empresas de internet hacen esto porque es la manera de ganar mucho dinero con los anuncios dirigidos a sectores específicos de la sociedad.

Frente a la amenaza que plantean los algoritmos para el debate democrático, las democracias no se hallan indefensas. Pueden y deben tomar medidas para regular el uso de la IA y evitar que esta contamine nuestra vida con personas falsas que se dediquen a propagar noticias falsas

En política, los bots se desplegaron para que, a través de la difusión de un gran volumen de mensajes, acabaran por influir en la opinión pública. Se usa el término “filtro burbuja” para indicar los filtros algorítmicos que están creando un entorno artificial en el que la gente sólo oye aquellas voces que coinciden con sus opiniones políticas. Las noticias falsas (fake news) y los mensajes políticos individualizados que dependen de tu opción política son grandes amenazas a la democracia. Pero aunque son amenazas muy importantes, están siendo usadas para ganar elecciones, pero solo pueden usarlas los que tienen muchos recursos económicos y grandes cantidades de datos disponibles: las grandes empresas de internet.

Las redes sociales, aunque controladas por empresas privadas, no son una cuestión privada. Son espacios públicos que condicionan derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos la libertad de expresión y el derecho fundamental a recibir información veraz, y por ello necesitan de una regulación estatal. Frente a la amenaza que plantean los algoritmos para el debate democrático, las democracias no se hallan indefensas. Pueden y deben tomar medidas para regular el uso de la IA y evitar que esta contamine nuestra vida con personas falsas que se dediquen a propagar noticias falsas. El mismo argumento que impide la falsificación de moneda debe aplicarse a la suplantación de humanos. Si los gobiernos adoptaron medidas decisivas para proteger la confianza en el dinero, tiene sentido que adopten medidas decisivas destinadas a proteger la confianza en los humanos y en las noticias propagadas en las redes.

Cuando lo que se aborda son problemas urgentes e importantes, el debate público, y el que se hace en las redes lo es, debe guiarse según normas aceptadas, y deben existir mecanismos legítimos que ayuden a alcanzar una decisión final, aunque esta no sea del gusto de todos. Las redes sociales deben ser reguladas. No regularlas es comparable a “quitar la policía de las calles”. Regular significa que exista un comité conocido públicamente que, respetando la libertad expresión, pueda dejar fuera de la red a los que no respetan las reglas, a los que propaguen falsedades y delitos de odio, a los que difundan actividades ilegales, etc.

Debemos poner las redes sociales al servicio de la mayoría, al servicio de la democracia y para ello hay que tomar medidas desde el Estado. Aquí proponemos algunas.

Algunas propuestas de medidas

Hay que hacer responsables a las empresas de las infracciones de privacidad, decisiones injustas tomadas por sus sistemas inteligentes o noticias falsas propagadas por sus redes sociales. En Europa se ha dado un paso, aunque tímido en esa dirección. Las empresas deben ser responsables ante la sociedad de regular las conversaciones de sus redes sociales.

Hay que proteger la privacidad y la titularidad sobre los datos de los que se alimentan los algoritmos en internet.

Cada algoritmo, actúe en redes sociales o no, debe tener alguien que se haga responsable de sus acciones y por ello no podemos permitir bots anónimos.

Según Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, debería regularse un procedimiento judicial específico contra la desinformación y la propagación de noticias falsas bajo control de los tribunales.

Debemos exigir al Gobierno proporcionar servicios digitales básicos gratuitos y financiarlos con nuestros impuestos, del mismo modo que se proporcionan servicios gratuitos de atención sanitaria y educación. La orientación de X para favorecer a Trump en las últimas elecciones americanas ha abierto el debate sobre si salirse o no de X. Algunos están proponiendo cambiarse a Bluesky. Creo que esto es insuficiente. Es necesario una red social pública controlada y regulada por el parlamento elegido democráticamente.

Las propuestas anteriores pueden parecer imposibles de implementar porque para hacerlo haría falta una acción coordinada a nivel mundial o al menos a nivel de la Unión Europea. Eso es cierto, pero mientras tanto cada país debe ir tomando iniciativas en esta dirección. España debe reclamar su soberanía digital. Las redes sociales deben estar sometidas a las leyes de cada país. Brasil ha abierto un camino al prohibir X. La motivación ha sido el “reiterado incumplimiento de órdenes judiciales” de la plataforma que dirige Elon Musk, que se negó a bloquear perfiles que contribuyen a la “divulgación masiva de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”. Europa debe tomar medidas contra la ofensiva de Zuckerberg y Musk y regular X, Facebook e Instagram.

(Se han tomado ideas de Daniel Innerarity Grau. 'Un mundo de todos y de nadie')

Ante los desastres sucesivos que hemos vivido tras la DANA, es lógico que haya quien se quiera distanciar de la política y de los políticos. Lógico también que uno se pregunte de dónde sale esta gente, cómo llegan a ocupar sus cargos o por qué esos cargos fluctúan y pasan de unas manos a otras de manera tan aleatoria como ineficiente. Lógico que genere perplejidad que no haya una cascada de dimisiones en Valencia, que el Partido Popular se debata cínicamente entre enterrar o proteger a Mazón y que Mazón esté pensando en sacrificar a parte de su gobierno para eludir sus propias responsabilidades. Pero, más allá de todas estas reflexiones coyunturales y de los problemas más o menos congénitos de la clase política, lo que no hay más remedio que replantearse es el modo en que funciona la cogobernanza en España. 

La gestión de la DANA, la mala gestión o la ausencia de gestión, ha dejado al desnudo las carencias y las deficiencias de un Estado autonómico que fue el fruto transaccional de un momento histórico periclitado ya. El escenario anómalo en el que se ha desembocado, situado extrañamente entre la descentralización y la recentralización (declaración de emergencia de interés nacional o estado de alarma), indica, entre otras cosas, que la arquitectura administrativa del Estado no tiene las hechuras que exige el abordaje de ciertos problemas. O se fortalece al Estado central o se intensifica el federalismo redefiniendo la articulación entre los diferentes entes políticos. Y me temo que no estamos instalados ni en un lugar ni en el otro.

Hoy por hoy, parece complicado pensar en el fortalecimiento de un Estado centralizado. Por una parte, porque las fuerzas políticas de las que depende la gobernabilidad de España no militan en esta línea, ni siquiera lo hace la extrema derecha paleolibertaria a la que en estos días hemos visto clamar contra el Estado (nunca en favor de la autogestión popular, como algunos han creído). Por otra parte, porque no es la directriz que se está trabajando desde la Unión Europea en la que el poder difuso de las grandes multinacionales y los intereses geoestratégicos aconsejan claramente instancias supraestatales mucho más potentes. Tema distinto es que sea fácil emprender ese camino, no solo por el influjo de las fuerzas reaccionarias-nacionalistas y la inercia del poder establecido, sino porque son los propios Estados los que tendrían que aprobar su paulatina defunción.

Lo cierto es que, en términos generales, es cada vez más evidente que un Estado centralizado resulta demasiado grande para las cosas pequeñas y demasiado pequeño para las cosas grandes, como decía Luigi Ferrajoli hace ya algunos años. Esto es, que ese tipo de Estado no tiene que ser necesariamente suprimido, pero sí ha sido ampliamente superado. Y esto aunque en la crisis que nos ocupa ha sido y es el Gobierno central el único que ha puesto en marcha las medidas necesarias dado que lo ha hecho, fundamentalmente, debido a la incomparecencia y la incompetencia del Gobierno valenciano. 

En España, la distribución de competencias entre los distintos órdenes políticos ha sido siempre un incómodo caballo de batalla y un problema mal resuelto. Está claro que no hay mimbres para hablar de un federalismo genuino, a pesar de la situación aventajada de la que gozan ciertas Comunidades Autónomas. Y, sin embargo, aunque oficialmente al gobierno central se le concede un papel preponderante, los instrumentos que tiene a su alcance carecen de la fortaleza y la eficacia que exige, entre otras cosas, la gestión de una catástrofe como esta. Hay una estructura administrativa mejorable, confusión entre el plano jurídico y político, y faltan herramientas estructurales que garanticen la cooperación que se necesita, independientemente de la voluntad voluble del político de turno.

En el caso de la DANA, las críticas a Sánchez han señalado, precisamente, las dudas iniciales y una cierta lentitud en la respuesta que se debió, sobre todo, a la falta de coordinación y de capacidad de reacción. A los ojos de mucha gente, no hubo el mando único ni la voz unificada que la tragedia requería y faltó agilidad y contundencia. Pero… ¿pudo el Gobierno hacer más en ese momento o es que, de facto, puede hacer demasiado poco? ¿Podría haber ido más lejos considerando el modelo competencial que tenemos?

La descentralización de competencias debería articularse teniendo en cuenta la extensión o el número de personas afectadas, la intensidad o la trascendencia del caso, y la eficacia comparativa en su gestión, pero no tenemos el marco legislativo que asegure semejante reparto. En ciertas condiciones, hay que asumir que nuestro Estado autonómico resulta totalmente disfuncional y que seguimos siendo ineficientes para dar respuestas rápidas y urgentes cuando se necesitan. Habida cuenta de las terribles consecuencias que tal debilidad puede llegar a tener, conviene que tomemos buena nota y lo pensemos a fondo.

Para avanzar no debate pendente sobre o sistema español de financiamento autonómico propomos unha anovada mirada: é un problema de funcionamento ou é un problema estrutural? Queda liquidado o problema cos acordos conxunturais ou é preciso saír do marco estreito da regulamentación en que nos movemos até agora? A nosa proposta alíñase co deseño dun marco de relacións Estado - Autonomías que parta do recoñecemento institucional de que o Estado unitario actual é inadecuado. Alguén -os partidos políticos estatais- deberían asumir xa que o Estado español é plurinacional e conformar as institucións a esta realidade e non ao revés.

Ao igual que a famosa copla sobre o uso (eufemístico) do amor “que se rachou de tanto usalo”, no asunto do financiamento autonómico podemos chegar a tapar -por falar só de financiamento- os restantes aspectos da relación comunidade autonómica - Estado español e comunidade autónoma - outras comunidades do Estado, que non se substancian exclusivamente co financiamento. Este pode ser examinado como unha relación fluínte entre dúas institucións de goberno: o Estado central e a Comunidade autónoma, que non esgota, nen representa, as restantes relacións entre os dous entes políticos, que son a nación galega e o Estado español, no caso galego.

Nos outros casos, así como nas relacións entre autonomías, debemos admitir a “singularidade” (de ámbito mundial) dunha configuración de Estado, chamado autonómico, na que se mesturan nacións, con autonomías que son rexións, con outras que son provincias, con outra que é a capital do Estado, sen estatuto de capital federal, e, finalmente, con outras dúas cidades en África. Descentralizado non sei se se pode chamar, mais caótico si, ficando fóra de análise as relacións entre as distintas autonomías do Estado.

O máis relevante no debate do financiamento é que só se dá no terreo do pago (financiamento) de gastos e investimentos nas autonomías desde o Estado, e, pola contra, do que o Estado dispón (tanto gastos correntes coma investimentos) non é coñecido nen intervido polas autonomías, máis que a posteriori. Por esa razón o conxunto de servizos ausentes nas autonomías só é suprido polo Estado se o considera factíbel. É unha relación vertical e asimétrica, por iso é moi común, habitual ou permanente a reivindicación por parte de todos de considerar sempre insatisfactoria e insuficiente a distribución de fondos acordada no modelo actual de financiamento.

Imaxinemos un Estado de autonomías rexido con regras legais distintas. Nel poderíase dar a elaboración orzamentaria do Estado coa contribución en termos deliberativos e resolutivos nunha Cámara representativa por autonomías e non por provincias como é o Parlamento actual. Nese caso -en teoría-, os debates tediosos do financiamento autonómico, fóra de sede parlamentar, non terían sentido, salvo reforma constitucional.

Seguindo na senda das propostas alternativas á estrutura do Estado das autonomías convivemos cun sensentido: a existencia zombi das deputacións provinciais. Non é concebíbel, non ten xustificación política nen económica, salvo que conservar os restos de peso morto do Estado franquista anterior sexa necesario. Nunha autonomía como a galega, correspondente a unha das nacións históricas que se integran no Estado, como se entende o rol das deputacións máis que para soportar o peso morto dunha institución suntuaria? A carencia de funcións, agás perpetuar postos de traballo de reparto partidario e contribuír a un gasto irracional (reparto de subsidios e subvencións clientelares) non mellora en nada a racionalidade das competencias institucionais das autonomías.

Unha outra faciana das relacións son os investimentos públicos procedentes dos orzamentos do Estado en todas as formas existentes. Considerando o actual stock de capital público, o seu mantemento, e a tendencia anual observada desde que hai autonomía, non existe equidade, non se respeita este principio, porque estes investimentos incumpren o principio de garantía de acceso en igualdade aos servizos públicos. Así mesmo, non existe transparencia nas decisións que sobre este campo de acción, aquí e nas restantes comunidades autónomas, realiza o Estado (hai explicación das distintas velocidades dos corredores atlántico e mediterráneo? Quen asume que se debe primar o eixo Lisboa Madrid sobre Lisboa-Vigo?). Se se proclama que a sostibilidade do estado de benestar é un principio básico, existe unha contradición de base nas relacións Estado - autonomías, xa que os diferentes pontos de partida de cada unha delas non foron paulatinamente corrixidos para tender a diluír as diferenzas dos distintos servizos públicos.

Se o principio de suficiencia é unha variábel directamente dependente do financiamento necesario para os gastos existentes, nunca se poderán mellorar os servizos sen mudar as existencias. O que non existe non precisa financiamento. Verbigratia: o ferrocarril de Lugo a Santiago non precisa financiamento porque non existe. Os trens de proximidade entre cidades e vilas non precisan financiamento porque non existen. Os tres aeroportos esgotan, grazas á irracionalidade localista, a súa propria existencia cun orzamento que mantén pouco máis que as pistas aínda que non haxa crecemento de viaxeiros nen capacidade organizativa de lograr o medre (é pior: hai servizos porque hai subvencións). A quimera do corredor atlántico pódese unir á que sufrimos coa alta velocidade (AVE) -mellor dito, velocidade alta- que aínda non rematou: só leva 20 anos de retraso. Co corredor atlántico outro tanto: cada período eleitoral vén un ministro anunciar algo con moito futuro e nengún presente.

E así poderíamos percorrer a listaxe de infraestruturas e de dotacións públicas que non nos foron entreguedas. Cada vez que usamos unha circunvalación madrileña ou o transporte público madrileño, lembramos a discusión do financiamento autonómico porque calquer destes dous servizos polo que a infraestruturas se refere son pagas por todos os cidadáns do Estado: é un caso claro de inequidade que os que non dispomos de transporte público axeitado pagamos o da -din- comunidade máis rica do Estado.

Galiza ten participado como autonomía nas comisións para a revisión do modelo de financiamento autonómico. Do documento final (2017) transcrebo literalmente o que figura a continuación. Sabemos que foi subscrito polo experto nomeado pola Xunta, xa que non presentou nengún voto particular: “Á hora de valorar a equidade do reparto territorial dos custos e beneficios do Estado autonómico non hai que se fixar nun determinado imposto ou prestación de maneira illada, senón que, xa que unhas cousas se poden comparar con outras, debe adoptarse unha visión de conxunto que contemple na súa integridade o paquete de servizos, prestacións e tributos que se estabelece en cada territorio e os custos de prestación dos servizos relevantes”.