El Fuerte franquista de San Cristóbal por el que pasaron más de 7.000 presos republicanos ha sido declarado Lugar de Memoria por el Estado este miércoles tras su publicación en el BOE. En enero, los Gobiernos navarro y central firmaron un protocolo por el cual, además de la declaración, se convertirá el fuerte en un Centro de Interpretación Histórica (que incorpore los espacios emblemáticos) al que se podrán hacer visitas guiadas.

“Hoy es un día importante para su recuerdo. Y también para mirar al futuro desde el ejemplo de su compromiso. Y para ello los símbolos son importantes. Y el hecho de que hoy este enclave se haya declarado formalmente Lugar de Memoria es un hito importante en un camino que arranca muchos años atrás”, ha señalado la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria, Ana Ollo. “Los lugares de Memoria Democrática tienen una finalidad pedagógica y de divulgación. La placa que se ha descubierto pretende fundamentalmente que las nuevas generaciones de la juventud navarra conozcan la historia del Fuerte de San Cristóbal, especialmente su vinculación con la represión franquista, y la fuga que se produjo en mayo de 1938 con las consecuencias tan atroces para quienes lo intentaron”, ha añadido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

El fuerte de San Cristóbal fue uno de los principales penales de la dictadura por el que pasaron más de 7.000 presos políticos republicanos, de los que 795 protagonizaron en mayo de 1938 la mayor fuga carcelaria de Europa hasta la fecha, si bien solo tres lograron el objetivo de recorrer los 53 kilómetros que los separaban de Francia. La gran mayoría de ellos fueron ejecutados en los montes de alrededor o capturados y devueltos al penal.

En el acto celebrado este martes en el que se ha inaugurado la placa que lo define como Lugar de Memoria ha participado Ana Fernández Gurrutxaga, hija de Jovino Fernández, uno de los únicos tres presos que lograron alcanzar la frontera francesa. Además de recordar la historia de su padre quien, tras huir a Francia del fuerte volvió al frente republicano de Barcelona donde conoció a su madre, Luisa Gurrutxaga, con quien acabó en el exilio- ha puesto la mirada en dos cuestiones. Por un lado, ha elogiado el “gran trabajo que se hace en Navarra para que la historia de las víctimas del franquismo no quede sepultada en el olvido: sin memoria no se hace camino”, ha dicho.

Por otro lado, desde una perspectiva más actual y amplia (Ana, de 82 años, vive en Breziers, el sur de Francia) ha resaltado previamente durante la visita a Navarra la importancia de que, sobre todo “los y las jóvenes conozcan lo que pasó”. “No solo en la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino también por ejemplo en Francia con el régimen de Petain en la II Guerra Mundial. Es increíble, para alguien que pertenece a la generación del 44 como yo, que esto sea así y más en el contexto actual”, ha reflexionado.

Antes del acto, en el Palacio de Navarra se ha constituido la Comisión de Seguimiento contemplada en el protocolo firmado recientemente entre el Estado y Navarra. Para su adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en él, se han creado dos instrumentos: por un lado, una comisión de Asesoramiento Científico y Técnico integrada por personas expertas; y, por otro lado, en un ámbito más político e institucional, una comisión de seguimiento paritaria integrada por dos representantes designados por cada una de las tres partes firmantes del mismo. Así, esta última está copresidida por el titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Ana Ollo. 

En la reunión se ha acordado la puesta en marcha de un grupo de trabajo técnico para avanzar en temas como la elaboración de un diagnóstico del estado de conservación del Fuerte de San Cristóbal y una propuesta de calendario de las medidas urgentes de intervención (a cargo del Estado) para garantizar la seguridad; el régimen de visitas públicas y educativas del monumento o compartir información sobre el futuro proyecto memorialista que está preparando el Gobierno de Navarra. La Comisión ha trabajado un calendario para seguir avanzando en los respectivos temas en los próximos meses. 

El objetivo principal de este Protocolo General es fijar el marco general de colaboración entre los dos gobiernos. Además de esa declaración como lugar, el Gobierno de España se compromete a “colaborar en la custodia, vigilancia y conservación del inmueble en tanto la propiedad y/o posesión del inmueble residan en la Administración General del Estado. 

A estos efectos, al margen de las visitas públicas, “el acceso al Fuerte de San Cristóbal se deberá autorizar por la Delegación del Ministerio de Defensa en Navarra”, se especifica en el protocolo vigente. Aunque también se apuesta por “favorecer el mantenimiento del régimen de visitas exigido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como facilitar al Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra el acceso y la organización de un régimen de visitas guiadas, complementarias al régimen previsto por la mencionada Ley 16/1985, estableciendo las condiciones adecuadas para ello”. Para garantizar la seguridad de estas actividades el Estado realizará “un diagnóstico del estado de conservación del bien y de las medidas urgentes de intervención”. 

Por parte del Gobierno de Navarra –que también contempla la importancia del trabajo con entidades locales y sociales-, se impulsará un proyecto memorialista diseñado por el Instituto Navarro de la Memoria, con la participación de las asociaciones memorialistas, así como la puesta en marcha de “un Centro de Interpretación Histórica del Fuerte y de sus usos carcelarios. Un proyecto que incorpore espacios emblemáticos como el cuerpo de guardia, el primer patio, las celdas de castigo, el patio central, las galerías, las brigadas y los aljibes, así como el cementerio de las Botellas”. También corresponderá a la Administración Foral “implementar un régimen de visitas públicas del monumento, tanto para la ciudadanía, en general, como para el alumnado de los centros escolares de Navarra, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Defensa como titular del bien, y contando con la participación de la administración local” según indica en el documento legal.

El Tribunal Supremo ha resuelto este viernes que dos cuadros de Francisco de Goya que había reclamado la multinacional tabaquera Altadis pertenecen al Estado. Se trata de los retratos del rey Carlos IV y su esposa la reina María Luisa de Parma, pintados en 1789 por encargo de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla para ser expuestos en un monumento que iba a ser colocado en su fachada.

Con esta sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, finaliza el litigio entre la empresa y el Ministerio de Cultura –entonces también de Deporte– sobre la propiedad de los lienzos. En ella se recoge que ambos pertenecían al patrimonio de la corona en 1789 y después pasaron al Estado, además de enunciar las diferentes entidades que se sucedieron en la posesión de los retratos hasta la actual, Altadis S.A.

Tras analizar los documentos y comunicaciones habidas entre ambas partes, el Tribunal Supremo ha concluido que el Ministerio “consintió que la Compañía Arrendataria de Tabaco a la que se arrendó este monopolio en 1887, poseyera los retratos con una función de ornato en sus edificios, pero no renunció en momento alguno a su propiedad”. La parte demandante, por su parte, no ha acreditado que la posición originaria se tornara a título de dueña, la “única idónea para adquirir la propiedad por usucapión, prescripción adquisitiva”.

La sentencia contempla igualmente que la Ley de Patrimonio Artístico Español declara en su apartado 2 que “los bienes muebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español no podrán ser enajenados por las Administraciones Públicas”; y que en su apartado 3 se declara expresamente que “los bienes a que se refiere este artículo serán imprescriptibles. En ningún momento se aplicará a estos lo dispuesto en el artículo 1955 del Código Civil”.

Por todo ello, pese a que reconoce que el contrato de comodato –de préstamo gratuito– que firmaron el Ministerio y Tabacalera en 1999, se reconoce que la segunda era la titular dominical de los dos retratos, esto “no constituye un título suficiente para que el Estado pierda la propiedad de estas dos obras”.

El Gobierno de Navarra y el Gobierno de España han acordado el traspaso de la titularidad de los tramos de la Autopista AP-68 Bilbao-Zaragoza que discurren por territorio de la comunidad foral y de las funciones y servicios asociados al mismo. El acuerdo deberá ser avalado, en primera instancia, por la representación navarra de la Junta de Transferencias y, posteriormente, por la comisión mixta de la Junta de Transferencias.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha celebrado que el nuevo acuerdo “evidencia el firme compromiso del Gobierno de Navarra de avanzar en el fortalecimiento de nuestro autogobierno, con el pleno desarrollo de las competencias establecidas en el Amejoramiento”. Félix Taberna ha puesto en valor que “los gobiernos navarro y central demostramos una vez más nuestra sintonía y capacidad de acuerdo para recuperar funciones y servicios en competencias históricas de Navarra”.

Según han destacado desde el Gobierno de Navarra en una nota, este traspaso de funciones y servicios del tramo navarro de la AP-68 tendrá efectividad a partir del día en que entre en vigor el real decreto por el que se dé de baja en la Red de Carreteras del Estado los tramos de la Autopista objeto de traspaso.

Se creará una Comisión Técnica, integrada por igual número de representantes de la comunidad foral de Navarra y de la Administración del Estado, para establecer mecanismos de cooperación, promover la colaboración, articular la remisión de información y abordar los problemas de interpretación, ejecución y cumplimiento de este Acuerdo que puedan plantearse.

Casi 40 kilóetros de autopista

Actualmente, el Gobierno de Navarra es titular de toda la red viaria que discurre por el territorio navarro a excepción de la AP-68, que forma parte de la Red de Carreteras del Estado. Se trata de un recorrido de 39,5 kilómetros de longitud, que consta de dos tramos: el primero de 4,2 kilómetros, entre el p.k. 162+563 y el p.k. 166+851., y el segundo de 35,3 kilómetros, entre el p.k. 201+622 y el p.k. 236+988.

La autopista AP-68 se encuentra actualmente en explotación bajo el régimen de concesión administrativa, otorgada a la Sociedad Autopista Vasco-Aragonesa, S.A.(AVASA). Por tanto, hasta que finalice la concesión en noviembre de 2026, la Administración del Estado mantendrá a su cargo respecto a la sociedad concesionaria de la Autopista AP-68 todas las obligaciones y derechos con repercusiones económicas y financieras derivados de la aplicación del contrato de concesión en vigor.

Este traspaso se suma al firmado en marzo para que Navarra vuelva a tener las competencias de Tráfico “60 años después”. Para ello, fue necesario modificar la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna). En tres años, Policía Foral asumirá en exclusiva las labores de vigilancia y control de carreteras. En julio de 2026 la tramitación, resolución y recaudación de los expedientes sancionadores corresponderá a Navarra. De esta forma, Navarra “ha asegurado sus competencias históricas en materia de tráfico y seguridad vial al más alto nivel”.

La presidenta de Navarra, María Chivite, reclamará al Estado el traspaso de las competencias de Inspección de Trabajo para Navarra. Lo hará a través de una notificación oficial “en próximas fechas”, según ha informado esta semana el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna.

Esta petición responde al compromiso que adquirió el Gobierno de Navarra con EH Bildu como parte del acuerdo para la aprobación de los presupuestos de Navarra del año 2026, que se formalizará en el pleno del Parlamento foral el 18 de diciembre.

El día de la firma del acuerdo, la portavoz de EH Bildu Laura Aznal destacó la importancia de que sea Navarra la que asuma esas competencias dado el nivel de siniestralidad laboral registrado en la comunidad foral en los últimos años. En lo que va de 2025 ya han fallecido 23 personas en accidentes laborales. El año pasado fueron 22, el doble que en 2023.

La de Inspección de Trabajo no es la única transferencia en la que trabaja el Gobierno navarro, según ha explicado el vicepresidente Taberna se espera que para enero del 2026 se pueda cerrar el traspaso para la gestión del tramo navarro de la carretera AP-68, la que une Euskadi con Aragón. “Ya presentamos una propuesta y, por lo tanto, estamos a la espera de que el Gobierno de España nos haga una devolución”, ha apuntado Félix Taberna.

También se trabaja en la transferencia de las competencias de I+D+i y becas. “Estamos buscando puntos de acuerdo para que la transferencia sea una realidad”, ha señalado.

Allí estarán también la mayoría de los presidentes autonómicos. Representan a sus comunidades, sí, pero también representan algo más profundo: la solidaridad de todo un país que, cuando la tragedia golpea, sabe responder. Y La Rioja, como tantas otras veces, estuvo allí. Voluntarios riojanos que dejaron sus trabajos para viajar a limpiar barro, asociaciones que organizaron recogidas de ropa, empresas que enviaron alimentos y material de primera necesidad. Nos volcamos. Estuvimos presentes. Hicimos lo que había que hacer.

Por eso, me cuesta entender -y la verdad es que me indigna profundamente-, que el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, haya decidido no acudir a ese homenaje nacional. Hoy, mientras España honra a sus muertos, Capellán estará en Navarrete inaugurando el nuevo césped del campo de fútbol San Miguel.

Y no, no tengo nada en contra del fútbol, ni de los navarretanos, ni del césped recién estrenado. Pero hay prioridades, y hay momentos que no admiten excusas. El césped de Navarrete puede esperar a ser pisado cualquier otro día. Hoy no era el día del césped. Hoy era el día -el único día- de cumplir con el deber moral de estar junto a las víctimas y sus familias.

No estar en Valencia no es solo un fallo de protocolo; es algo mucho más grave. Es dejar a los riojanos en mal lugar. Es dar la espalda al espíritu solidario que demostramos entonces, cuando no dudamos en arrimar el hombro. Es enviar el mensaje equivocado: que a La Rioja le da igual. Y eso, sencillamente, no es verdad.

Me pregunto qué pensará ese voluntario riojano que pasó días quitando barro con sus propias manos, o aquella asociación que organizó una recogida urgente de alimentos, al ver que su presidente no considera necesario estar hoy en Valencia. ¿Qué pensará cuando vea a los demás presidentes autonómicos allí, menos al suyo?

Porque no se trata de una foto ni de un protocolo. Se trata de empatía, de respeto, de humanidad. De saber dónde hay que estar cuando el país se reúne para recordar a los que ya no están. Y de entender que, a veces, representar a tu gente implica renunciar a la comodidad o al aplauso fácil de una inauguración local.

El presidente Capellán tiene derecho a decidir su agenda, por supuesto. Pero los riojanos también tenemos derecho a sentir vergüenza ajena por una decisión que no nos representa. Porque La Rioja es una tierra solidaria, generosa, que no se queda al margen cuando otros sufren. Lo demostramos hace un año, y lo volveríamos a demostrar mañana si hiciera falta.

Y es que hay días que definen a las personas y también a las instituciones. Hoy era uno de ellos. Y el presidente de La Rioja ha decidido estar en el lugar equivocado.

Desde los tiempos de la pandemia llevo preguntándome si la autonomía como tal sigue teniendo sentido, más allá de la cosa emocional. 

La pandemia, con su echada de persiana y el pandemónium de la búsqueda de una vacuna, fue para mí la comprobación de que el Estado está para eso y menos mal que sigue estando. Una pandemia con protagonismo autonómico hubiera sido devastadora.

Recuerdo aquella reivindicación absurda del hecho autonomista a la hora de decretar cierres y reclusiones. Golpes en el pecho, soflamas y reivindicaciones que ya quisieran los independentistas. Claro, mucho mejor tener abierto todo y que se mueran los viejos, habida cuenta de que no había vacuna; pero cuando la cosa se complicó y la situación parecía estancada y las malas noticias llegaban para los que de verdad importan (hostelería, comercio, detestadores de paguitas y negacionistas que no creen en los bichitos que se caen de la mesa) los próceres del autonomismo con igual entusiasmo y presteza rechazaron el cáliz de las decisiones y se las traspapelaron al Estado, con el corolario de demandas y recriminaciones, que no falte.

Porque la autonomía son las respuestas, no el postureo el Día de las Instituciones; y una respuesta clara, rápida y efectiva. Lo contrario, Madrid lo lleva haciendo desde los tiempos de Felipe V, que para este viaje no hacen falta alforjas… 40 años después.

Saco a colación el tema porque me pareció muy ilustrativa la pandemia: el sentimiento autonómico quedaba para las buenas noticias, las malas que se las coma otro. Un caso de inmadurez y de falta de coraje en la asunción de responsabilidades palmario. 

Fue así un proceso de decepción y delirio que me llevó a pensar qué es esto que tenemos entre manos, que cuesta 3.500 millones al año y dudo que la diferencia se note con respecto al jacobinismo centralista, visto que a un lado y a otro ya no hay personas, sino algoritmos y carpetas ciudadanas electrónicas.

¿Para qué queremos una autonomía si al final se acaba siempre pidiendo la tutela del padre (al que no se quiere matar porque es muy cómodo seguir yendo el fin de semana a su casa con el saco de la ropa sucia y los táperes vacíos)? ¿Cómo no acabar siendo una autonomía fallida?

El mismo Estado que cedió las competencias de sanidad y educación junto con una cesta de impuestos para financiarlas, ve ahora cómo los virreyes se dedican a rebajar tramos autonómicos y bonificar al sursum corda para de nuevo reivindicarle más financiación. Lo dicho, el saco de ropa sucia y los táperes vacíos.

Salvo el hecho sentimental e identitario, que las nuevas generaciones están reduciendo a su mínima expresión, el hecho autonómico es un fiasco desde la quilla a la ‘galleta’.

¿Mamografías? Si todos vamos a morir. ¿Un vertedero de amianto? Peor sería nuclear. ¿Un gran centro de proceso de datos? A vender praos. ¿Problema de vivienda? Sí, turística. ¿No hay trenes nuevos? Tampoco autobuses. ¿Dinero en el bolsillo? Depende de cuál. ¿Centro de salud sin médico? Eso se arregla con un chat privado. ¿Patrimonio histórico? (Ver respuesta a mamografía). ¿Se quema el monte? Ya lloverá. ¿Protonterapia? Mejor un nuevo campo de fútbol. ¿Proximidad al administrado? Ja. ¿Transparencia? Uf. ¿Dación de cuentas? Je. ¿Libre concurrencia? Reserva del derecho de admisión. ¿La prensa? Una sarta de bulos. ¿Los bulos? Una sarta de verdades.

Vale, tiene que haber algo positivo.

…

Tal vez en la prensa diaria.

…

Tal vez en el BOC o en los acuerdos de Consejo.

…

Tal vez en el Boletín de la Cámara.

…

Seguro que lo hay pero será otro día. Solo es cuestión de ponerse a ello.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, pedirá al Estado que compense a Navarra por la condonación de la deuda a otras autonomías en la aportación que la comunidad foral realiza cada año al Estado merced al Convenio Económico.

Chivite ha anunciado que en “próximas fechas” el Ejecutivo foral mantendrá una nueva reunión con el Ministerio de Hacienda para negociar y “lograr una compensación económica en el pago de nuestra Aportación al Estado respecto a la cantidad que finalmente resulte en la condonación” de deuda a las comunidades de régimen común.

Chivite ha respondido en el pleno de la Cámara foral a una pregunta oral de Geroa Bai sobre la condonación de la deuda a las comunidades autónomas y ha afirmado que el Gobierno de Navarra mantiene “un diálogo constante” con el Gobierno de España para llegar a acuerdos “necesarios” para que medidas como la condonación de la deuda a las comunidades del régimen común no afecten “negativamente” a la comunidad foral. La presidenta ha señalado que desde Navarra se va a seguir trabajando en el marco de la negociación bilateral entre Administraciones

“En esa relación bilateral nuestra propuesta, la que vamos a llevar a ese marco de negociación bilateral, será una compensación económica en el pago de nuestra Aportación al Estado”. “Esto es defender de verdad nuestro autogobierno y no solo de boquilla”, ha dicho la presidenta navarra para afirmar que seguirán “trabajando en esa relación bilateral con el Gobierno de España, desde el respeto que tiene que ver con esas negociaciones y defendiendo siempre el mejor interés para Navarra”.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha esperado que “fructifiquen” las reuniones y que “en esa relación bilateral Navarra también salga beneficiada de esa condonación de la deuda”. “Llevamos seis meses hablando de esta situación porque son importantes los compromisos políticos, pero necesitamos hechos y realidades para poder avanzar”, ha dicho.

La Xunta ha anunciado que arranca los trámites formales para solicitarle al Estado que le transfiera las competencias sobre los permisos de trabajo de las personas extranjeras. La motivación es “responder a las necesidades de muchas empresas”, que no encuentran suficiente mano de obra, manifestó el presidente gallego, Alfonso Rueda, que asegura que su Gobierno quiere una “incorporación ordenada de trabajadores” que no tienen la nacionalidad española para alimentar el mercado laboral.

Rueda ya había avanzado hace tres meses que daría este paso. Una vez se confirmó la primera transferencia de competencias en 17 años para Galicia -las de gestión del litoral-, que se hace efectiva este 1 de julio, el presidente de la Xunta dijo que continuaría por la vía de ensanchar las cuestiones que su gobierno puede asumir directamente. Tras solicitar un informe al Consello Consultivo para darle base jurídica a la reclamación, anunció tras la reunión semanal de su gabinete que empiezan los trámites formales. Estas competencias las tienen ya transferidas Catalunya y Euskadi y la Xunta aspira a un pacto similar, justificó

El conselleiro de Emprego, José González, expuso que lo que la Xunta reclama gestionar son las autorizaciones iniciales de trabajo, los permisos para la actividad laboral de temporada y también para estancias de larga duración por estudios o voluntariado. El informe del Consultivo, dijo, concluye que el Estatuto de Autonomía da amparo a esta petición, que ve también respaldada por el hecho de que otras comunidades tengan estas competencias y también por sentencias del Tribunal Constitucional.

El paso se da ahora porque es una de las reclamaciones recurrentes de empresas de varios sectores, sobre todo relacionadas con el turismo, la construcción y la agricultura, expuso González, que cargó contra el “colapso administrativo” en la tramitación de estos permisos actualmente. Las demoras están relacionadas con falta de personal y de medios, según el conselleiro. Con las competencias en manos de la Xunta, prometió que habrá más agilidad y “seguridad jurídica” para las empresas. “Además de trabajadores, la gente que viene son personas”, manifestó y razonó que son necesarias herramientas para darles una acogida.

Con el inicio del proceso, se pondrá en marcha una comisión mixta entre el Estado y la Xunta para negociar. La Xunta asegura que mantendrá la línea de reclamar competencias, tras 17 años en los que no avanzó en esta materia. La petición de gestionar los permisos de trabajo de personas extranjeras está respaldada por todos los grupos del Parlamento de Galicia.

Veronique Caplanne es la hija de Robert Caplanne, asesinado por los GAL en Biarritz el 3 de enero de 1986. Cuando ocurrió el atentado Veronique tenía 14 años y era 24 de diciembre. Tras pasar unos días ingresado en el hospital, finalmente falleció el 3 de enero. “Nadie nos ha ayudado y nadie quería hablar con nosotros. Era un secreto sin ser un secreto. Nosotros no estábamos en esas historias ni de ETA, ni de los GAL, ni de la Policía. No sabíamos nada. Nadie nos ha ayudado y nadie nos ayudó”, reconoce casi 40 años después en una entrevista recogida en la investigación 'El terrorismo de Estado ante sus víctimas. Concersaciones a propósito de los GAL', realizada por los politólogos e investigadores Jerónimo Ríos y Egoitz Gago. Se trata de la tercera obra que publican tras 'La lucha hablada', un libro en el que miembros de ETA cuentan su experiencia en la banda y la segunda parte, en la que son las víctimas de ETA las que narran su historia.

En esta ocasión han querido centrarse en las víctimas de los GAL para llenar un “vacío académico”. “La renuncia a escribir sobre los GAL se entiende en un país como España, donde el grueso de las víctimas del terrorismo y de acción violenta desplegada fue a cargo de ETA. ETA ha focalizado buena parte de la atención académica durante décadas. También hay otras miradas, sobre todo de otros terrorismos, como el terrorismo de extrema derecha o terrorismos asociados al yihadismo fundamentalista, pero hay vacíos incomprensibles en torno a los GAL y eso también ocurre por la dificultad de encontrar documentación”, reconoce a este periódico Jerónimo Ríos.

Las víctimas entrevistadas denuncian la falta de apoyo institucional tanto vasco, como a nivel de España y Francia (donde ocurrieron la mayoría de los atentados). Maider García Martín, hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL en Hendaya el 24 de julio de 1987, relata las insuficientes aproximaciones que han llegado a tener por parte de sectores políticos. “A mi madre, una persona muy importante del PSOE le llegó a reconocer que seguíamos siendo la gran losa del partido y que les pesábamos mucho. Ellos saben que tienen ahí una responsabilidad enorme y que no han dado el paso que se espera de ellos. Aquí, en Euskadi, todo el mundo es consciente que el PSOE tiene una deuda pendiente, es igual que cuando le piden a la izquierda abertzale que tienen que dar un paso más con respecto al reconocimiento de las víctimas de ETA”, detalla en el libro García Martín. El terrorismo de Estado se desarrolló durante los mandatos de Felipe González.

A mi madre, una persona muy importante del PSOE le llegó a reconocer que seguíamos siendo la gran losa del partido y que les pesábamos mucho

Maider García Martín — Hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL

“La de los GAL es una responsabilidad que el PSOE no se asume y que, y que efectivamente es una grandísima losa democrática o antidemocrática. Ya han pasado 40 años, pero no podemos pasar las páginas de nuestra historia sin antes leerlas y eso implica que quizá haya que normalizar, haya que exigir, haya que visibilizar y haya que reclamar una ausencia de responsabilidades, de cuestionamientos y la aceptación de cuestiones que, al menos en el plano simbólico, en el plano moral y en el plano más normativo, son necesarias. Yo creo que los derechos a la verdad, la dignidad, la memoria y la justicia se ven seriamente afectados con la posición de renuncia del PSOE a aceptar, a reconocer, a discutir sobre un pasado muy oscuro, muy turbio, en el cual todavía, por desgracia, no se ha contado todo”, lamenta Ríos.

Según el investigador, el oscurantismo acerca de las informaciones relacionadas con los GAL es algo que afecta a los Gobiernos socialistas en todos los niveles. “Hay una gran opacidad, oscurantismo en el acceso a cierta documentación y a cierto tipo de fuentes. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que esto vincula a un Gobierno socialista en Madrid, a un Gobierno socialista en Euskadi y a un Gobierno y a unas elites políticas que tienen connivencias muy perversas, con manzanas podridas, con sectores muy concretos del ámbito de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pero que indudablemente desembocan en elementos a los cuales hay que atender. Y ese es un un reclamo que tratamos de hacer. Por supuesto que entendemos que en un país como España, donde hay 860 víctimas de ETA, pues eso implique la necesaria atención o predominancia de ETA, pero la gravedad de los GAL reviste precisamente en su naturaleza jurídica, en que es el Estado el que manda matar a través de mercenarios, haciendo uso de fondos reservados y haciendo uso de elementos que son la máxima expresión de las cloacas más despreciables del Estado. Y además, si a eso le sumas que en el 40% de las muertes violentas, por ejemplo, hay equivocaciones, pues nos encontramos ante una situación que considerábamos que era necesario seguir reivindicando y visibilizando”, argumenta.

La gravedad de los GAL reviste en su naturaleza jurídica, en que es el Estado el que manda matar a través de mercenarios, haciendo uso de fondos reservados y de las cloacas más despreciables del Estado

Jerónimo Ríos — Politólogo e investigador

Al igual que ocurrió en la investigación realizada a víctimas de ETA, en las entrevistas realizadas a víctimas de los GAL se ve gran diferencia de relatos. Una de las principales diferencias es el hecho de que algunas de las víctimas de los GAL fueron miembros de ETA, mientras que otras no. “Para mí lo importante de todo es decir que a mi padre lo mató el GAL y que nunca tuvo nada que ver con ETA, pero que es una víctima también. No nos pueden meter en el mismo saco. Esos matices son complicados. Lo que predomina, como te decía antes, es que si te mató el GAL es porque algo habría hecho la víctima”, confiesa Veronique.

En la investigación también se aporta el testimonio de Izaskun Ugarte y Haize Goikoetxea, viuda e hija de Mikel Goikoetxea Elorriaga “Txapela”, asesinado por los GAL en San Juan de la Luz el 1 de enero de 1984. “En nuestro caso, nosotras sí que fuimos consideradas como víctimas de terrorismo. Es decir, nosotras pedimos la ayuda y nos la concedieron. Estábamos en ese listado, pero llegó el cambio de ley y nos hemos quedado fuera. ¿Por qué? Porque Mikel Goikoetxea era militante de ETA y nosotras, por tanto, no merecemos nada. No tenemos derecho a nada. Que hubiese muerto en un atentado a manos del Estado español no importa. Al final su mensaje es el mismo. Nosotros lo matamos y está bien muerto”, lamenta Haize.

Que alguien asuma la responsabilidad de haberlo hecho, sobre todo si es un Estado el que mata

Haize Goikoetxea — Hija de Mikel Goikoetxea Elorriaga “Txapela”, asesinado por los GAL

Lo que la familia de Goikoetxea reivindica, al igual que el resto de las familias, es saber lo que pasó. “Quién lo hizo, cómo lo hicieron, quién pagó, cuánto pagó. Y, sobre todo, que alguien asuma esa responsabilidad, no sé si judicialmente hablando, pero por lo menos sí a otros niveles. Que alguien asuma esa responsabilidad de haberlo hecho, sobre todo si es un Estado el que mata. Que al final, que una persona o una organización asuma las armas vale, pero que un Estado que se supone que debe proteger y tiene que garantizar un montón de cosas, se haya saltado todas las leyes y haya hecho lo que ha querido impunemente, no sé... Además, con dinero público, con fondos reservados, utilizando la policía y recurriendo a mercenarios. Se trata de una barbaridad tras otra. Todo eso habría que esclarecerlo punto por punto, no solo en nuestro caso, sino en todos”, exige Haize Goikoetxea.

“El hecho de que haya terrorismo de Estado y haya una militancia de ETA no exime, ni justifica, ni valida prácticas atroces como las que vivieron Lasa y Zabala o como las que podemos encontrar en el caso de la viuda de Goikoetxea. Es decir, a ellas, por ejemplo, se les niega la condición de víctimas de terrorismo por la pertenencia a ETA. Ser de ETA no exime que hayan sufrido terrorismo de Estado”, indica Ríos.

El hecho de que haya terrorismo de Estado y haya una militancia de ETA no exime, ni justifica, ni valida prácticas atroces como las que vivieron Lasa y Zabala

Jerónimo Ríos — Politólogo e investigador

A la hora de documentarse para realizar la investigación, Ríos reconoce que algunas personas entrevistadas son más accesibles que otras. Para este estudio, además de las citadas, se ha entrevistado a Itziar Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, víctima de violencia policial por actos de motivación política asesinado el 26 de noviembre de 1985, a Pili Zabala, hermana de José Ignacio “Joxi” Zabala, secuestrado y posteriormente asesinado por los GAL junto a Joxean Lasa, la madrugada del 15 al 16 de octubre de 1983 e incluso a una de las víctimas directas de los GAL, Kepa Pikabea Ugalde, herido por los GAL en el atentado contra el Bar des Pirennes, en Bayona, el 29 de marzo de 1985. “Hay casos de víctimas que son más fáciles de trabajar porque son víctimas de un mundo ajeno de ETA y, por tanto, son esas personas que siempre están presentes en el espacio público y en los actos que buscan visibilizar las exigencias de las víctimas del terrorismo y del terrorismo de Estado también. Después, hay otras que son muy incómodas por su militancia ETA, por su proximidad a ETA o por su todavía posición dogmática con respecto a lo que supuso. Y a esas también hay que escuchar y atender. Escuchar no es validar. Escuchar es tratar de entender cómo se construyen discursos en torno a demandas, necesidades, reclamos, porque todavía hoy se inscriben en una gama de grises y de contradicciones muy fuertes”, reconoce el investigador.

A pesar del trabajo realizado, Ríos sostiene que ve complicado acabar con el vacío académico con respecto a las investigaciones relacionadas con los GAL. “Es difícil porque el propio estudio reconoce el Estado como actor violento, habla del terrorismo de Estado. Ya de por sí académicamente es un planteamiento teórico muy marginal, muy escorado, muy residual. Digamos que el 'mainstream' de la Ciencia Política, de Historia, de los estudios sobre violencia, se centran básicamente en las acciones desplegadas por los actores que ejercen la violencia, grupos de terroristas, victimarios, etcétera. En los últimos años ha ganado mucho peso dar voz a las víctimas del terrorismo, pero entrar en agentes del Estado, en agentes de la Policía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no solamente en España, en otros lugares, y especialmente en contextos democráticos, es difícil”, concluye.

La Rioja ya está en nivel 2 de emergencia. A las 19:18 de este martes, el Ejecutivo regional ha informado a través de una nota de prensa de que la Comunidad baja del nivel 3 al 2 “tras aceptar el Ministerio del Interior la propuesta para la desescalada trasladada por el Gobierno de La Rioja a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM)”. Curiosamente, esta misma mañana, y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, ha asegurado que no iban a pedir nada.

Sin embargo la situación unas horas después era otra. Porque “atendiendo a los criterios de los técnicos en emergencias reunidos en el Centro de Coordinación de Emergencias Operativas (CECOP), la Comunidad mantiene la situación operativa 2 contemplada en el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR)”.

Así, y una de las primeras consecuencias de la recuperación de las competencias autonómicas en la gestión de la emergencia es la decisión del Ejecutivo autonómico de reanudar mañana, miércoles, la actividad lectiva ordinaria en todos los centros educativos de La Rioja.

Del mismo modo, se aprueba una ampliación general de los plazos de los procedimientos administrativos seguidos ante la Comunidad Autónoma de La Rioja, al efecto de paliar los graves efectos que este incidente ha podido provocar en los intereses de los ciudadanos y su relación con la Administración autonómica, garantizando el principio de confianza legítima y asegurando el ejercicio de sus derechos. Así, tal y como se publicará en el próximo Boletín Oficial de la Rioja (BOR), los trámites que no estuvieran vencidos entre el 28 de abril y el 30 de abril de 2025, ambos inclusive, se amplían hasta el 2 de mayo de 2025.

Por último, a través del comunicado, desde el Ejecutivo regional han agradecido la “colaboración y la coordinación prestada por los responsables técnicos y demás personal de la Administración del Estado durante las últimas horas que han ayudado a que la Comunidad recupere la normalidad coincidiendo con el restablecimiento del suministro eléctrico”. 

¿Por qué se solicitó el nivel 3 de emergencia?

En la rueda de prensa ofrecida este mismo martes tras el Consejo de Gobierno, el portavoz argumentaba que la decisión de elevar el nivel de emergencia de 2 a 3 en torno a las diez de la noche y dar el mando al Gobierno de España se adoptó “tras una invitación del Centro Nacional de Coordinación de Emergencias para que las comunidades pudieran solicitarlo y tras una reunión con todos los técnicos en el CECOP”. “Debemos tener en cuenta que la incidencia producida ayer se produjo por un fallo a nivel nacional y en el entorno de una empresa semi pública que es la que regula todo el suministro. Por tanto la información sobre el desarrollo del suceso y lo que pudiera suceder la tenía el Estado y consideraron los técnicos que quien tenga la información y el conocimiento pleno es quien debe asumir el mando”, ha argumentado el consjero riojano.

Además, el portavoz ha justificado la decisión de declarar el nivel 3 de emergencia en que “con la caída de la noche, todavía había muchos pueblos sin suministro completo en las comarcas de Calahorra y Cervera sobre todo y, por tanto, había preocupación de comerciantes y vecinos ya que muchos no podían ni cerrar sus puertas”. Por eso se entendió que las competencias debían ser de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con un mando único desde Delegación de Gobierno. “Además entramos en un problema de riesgo de suministro de agua potable por dificultades de bombeo por lo que podía haber sido necesaria la intervención de la UME en Santo Domingo de la Calzada, Alfaro y Valverde, en el entorno de Cervera”, ha continuado Domínguez que señala además que ante la inestabilidad de la red de comunicaciones, lo responsable es que la gestión la haga quien tiene también esa competencia en las comunicaciones.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha comparecido también este martes a las 17:00 horas para informar de la “situación sactisfactoria” y de que La Rioja está “volviendo a la normalidad, aunque con mucho esfuerzo”. Arraiz ha recordado que, tras la solicitud del Gobierno de La Rioja de desescalada al nivel 2, es el ministro de Interior quien tiene que tomar la decisión, que se espera que sea esta misma tard e como así ha sido. Asimismo, en su comparecencia, Arraiz también ha destacado el buen funcionamiento de la coordinación de todas las administraciones, Gobierno de La Rioja, Gobierno de España y el Ayuntamiento de Logroño, que forman parte del CECOPI.

El Estado invirtió un 52% más en Madrid que en Catalunya en el primer semestre de 2024, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) avanzados por TV3 y Catalunya Ràdio. El gasto público fue de 694,3 millones de euros en la Comunidad de Madrid, mientras que Catalunya se quedó con 456,6 millones de euros.

El informe, hecho público por una petición de transparencia de Junts, no detalla el presupuesto inicial asignado para cada comunidad autónoma, ya que las cuentas de 2024 fueron prorrogadas, pero sí constata una ejecución muy baja en Catalunya que sería de sólo el 20% de lo presupuestado (456,6 millones de euros de las 2.276 millones de euros previstas).

Las Islas Baleares (con 171,2 millones de euros ejecutados, el 94% de lo previsto), La Rioja (con 42 millones de euros, el 62% de lo previsto) y Madrid (con 694,3 millones de euros, el 57,5% de lo previsto), serían las tres únicas comunidades donde la ejecución presupuestaria en los primeros seis meses de 2024 superó el 50%. Andalucía (con 524,5 millones ejecutados, el 23,6%), Ceuta (con 5,5 millones, el 20,4%) y Catalunya (con 456,6 millones, el 20,06%), fueron las tres comunidades con la ejecución más baja en el primer medio año de 2024 en las comunidades autónomas, lejos de su peso en población y aportación al Producto Interior Bruto (PIB).

Por partidas concretas, el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detalla que el ritmo de ejecución fue limitado en el apartado de infraestructuras con 181,1 millones de euros en Adif (aunque fue de 62,3 millones de euros en el primer semestre de 2022), 71,6 millones de euros en Renfe, 27,2 millones de euros en el grupo Enaire o 18,2 millones de euros en Puertos del Estado. La inversión del sector público empresarial y fundacional en Catalunya durante el primer semestre de 2024 fue de 368,8 millones de euros, el 10,8% del total de las comunidades autónomas.

Turrull llama al plante de “todos los diputados catalanes” en el Congreso

Al conocerse la noticia, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha declarado ante los medios que todos los diputados catalanes en el Congreso, ya fueran nacionalistas o del PSC, deberían plantarse y no votar la aprobación de los nuevos presupuestos hasta que no se ejecuten los vigentes en su totalidad.

“Estamos ante un nuevo expolio que sufre Catalunya por parte del Estado”, ha dicho Turull. “Nos roban estas inversiones que hace mucho tiempo que denunciamos y por eso nosotros siempre dijimos que no deberían votarse unos presupuestos nuevos hasta que no se garantice que se han cumplido los vigentes o se han compensado económicamente los vigentes”, ha proseguido.

“Nosotros, ante esta situación que ya es sistémica, lo que hacemos es hacer un llamamiento para hacer un frente común de todos los diputados catalanes, especialmente los diputados del PSC, de Esquerra Republicana, de los Comunes para plantarse y acabar con este nuevo expolio”, reclama el mandatario de Junts: “Es decir, aquí no se pueden votar nuevos presupuestos hasta que no se compense el cumplimiento de los presupuestos vigentes”.

“Nosotros lo reiteramos y el PSOE sabe perfectamente que nosotros [Junta] no negociaremos unos presupuestos hasta que no se acredite esto y pedimos”, ha insistido Turrul, que ha vuelto a pedir “que todos los diputados catalanes estén a la altura defendiendo [el bloqueo de los presupuestos], porque eso perjudica a los votantes de todas las fuerzas políticas”.

También ha reclamado al president de la Generalitat que “deje de estar en silencio ante este expolio” y ha citado los retrasos de Rodalies como resultado de la falta de inversión estatal. “Pedimos, por tanto, ese frente común de plantarnos delante de Madrid y que cumplan de una vez con lo que prometen con los presupuestos”, ha finalizado.

Puigdemont carga contra el Estado

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, también aprovechó para cargar contra el Estado a través de una publicación en la red 'X', donde recordó que cada año “incumple sus propios presupuestos”, con Catalunya donde “roba las inversiones” y con Madrid, donde se gasta “más dinero del aprobado inicialmente”. “Es una laminación sistemática de la sociedad catalana, de su economía y de su competitividad”, lamentó. Por ello, Puigdemont opinó que todo catalán “tiene el deber moral” de “luchar para poner fin a la dependencia” del Estado, la cual calificó de “lesiva”.

“Los damnificados somos todos los catalanes, cada uno a su manera y de acuerdo con sus posibilidades”, ha añadido, “pero ante una injusticia cronificada, confrontarse es un deber de todos, también de quienes aplaudirán con las orejas que el presidente de nuestro país se vaya a promover un escritor generador incompetente que no es capaz de reconocer al país”.

La respuesta del gobierno español

Al publicarse estas cifras, desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han defendido que ejecutaron en Catalunya inversiones por valor de 1.227,8 millones de euros a lo largo de 2024, un 27,75% más que en 2023 y por encima de los 967 millones que se ejecutaron en Madrid. Esto supondría que la inversión se aceleró en el segundo semestre del año hasta superar la cifra destinada a capital española y Catalunya se convirtió en la comunidad autónoma donde más ha invertido el gobierno español.

El Tribunal Supremo ha obligado a la Administración del Estado a indemnizar con 146.587,70 euros --más intereses-- a la empresa Ingespaner Medimpact, radicada en Villagonzalo Pedernales (Burgos), a la que expropiaron material sanitario en marzo de 2020, durante la primera fase del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

Los magistrados han adoptado esta decisión al estimar el recurso contencioso-administrativo que presentó la compañía después de que se le negara dicha indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados.

El caso llega al Supremo después de que el Ministerio de Sanidad rechazara por silencio administrativo la primera reclamación que presentó la empresa en mayo de 2020. El asunto luego escaló al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Burgos, posteriormente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León y a la Audiencia Nacional. Ahora resuelve el alto tribunal.

El Supremo analizó en octubre de 2023 una serie de reclamaciones presentadas principalmente por hosteleros donde descartó que el Estado tuviera que indemnizarles por las pérdidas ocasionadas por las medidas restrictivas adoptadas durante la pandemia de coronavirus, una decisión avalada posteriormente por el Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, el propio Supremo aclara que el caso ahora sentenciado es distinto porque esta vez “el perjuicio reclamado no se vincula con las pérdidas económicas por el cierre de actividades, sino con la privación de bienes acordada” por la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

22.900 pares de guantes

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, consta que el 18 de marzo de 2020 la Guardia Civil se hizo con 22.900 pares de guantes de vinilo, 11.700 mascarillas, 768 batas sanitarias, 114 kilos de algodón y celulosa, 100 gorros sanitarios y 59 equipos de emergencia respiratoria.

La empresa presentó, en mayo de ese año, una reclamación de responsabilidad patrimonial por expropiación forzosa ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León para el Ministerio de Sanidad. En enero de 2021 se instó expediente de justiprecio ante el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Burgos, que desestimó la solicitud al explicar que no era el competente para el asunto.

Posteriormente, la empresa presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Castilla y León contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la responsabilidad patrimonial y contra el acuerdo de la Junta Provincial.

La empresa reclamaba 174.779 EUROS

Al llegar el asunto al Supremo, la Abogacía del Estado defendió la “singularidad” del caso planteado y aseguró que la Comunidad de Castilla y León debía proceder al pago de la responsabilidad patrimonial por su condición de “beneficiario” de la “expropiación forzosa”.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entienden que “la acción adecuada” es la “responsabilidad patrimonial” y sostienen que, “respecto de ella, no hay discusión alguna en cuanto a que concurran los presupuestos para su origen”. El debate, según explican, se sitúa en cuánto debe cifrarse dicha indemnización.

La empresa solicitaba 174.779,37 euros más los intereses legales devengados desde el 18 de marzo de 2020, incluido el valor de los bienes, el IVA calculado al 21% y la aplicación del 5% de valor de afección.

El Supremo fija la indemnización en “146.587,70 euros más el correspondiente premio de afección al 5% y los intereses legales correspondientes que se devengarán desde el día 19 de marzo de 2020”. “Acogemos la aplicación del IVA, pero de acuerdo con el cálculo que realiza el perito judicial y ello para descartar la redundancia en la que incurre la recurrente”, señala.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Lesmes, también acuerda imponer las costas --hasta un máximo de 4.000 euros-- a la parte recurrida.

En publicaciones recientes de los medios leemos que Zuckerberg elimina la verificación de hechos en Facebook e Instagram para satisfacer a Trump. El máximo ejecutivo de Meta sostiene que el sistema vigente hasta ahora supone un método de censura y que adoptarán el mismo método que aplica X, donde la desinformación corre a sus anchas. Su decisión va en contra de los medios tradicionales de comunicación que tratan de certificar las informaciones que difunden. Cada vez está más claro que las redes sociales no son neutrales. Siempre han tenido ideología. La prueba más evidente es la irrupción de Musk en Europa apoyando las opciones más ultraderechistas de cada país lo que ha provocado el enfado y nerviosismo en los países afectados, sobre todo Alemania y el Reino Unido. Europa mira con miedo a Elon Musk, pero ¿debería hacerlo o enfrentarse a él y regular la red X, Facebook, Instagram, etc.?.

Las redes son un fenómeno relativamente nuevo, pero podemos encontrar algunos de sus orígenes en los años 60 del siglo pasado. Según Innerarity, tras los movimientos contestatarios del 68, la crítica del capitalismo tomó dos direcciones diferentes: una “social”, que reivindica una modificación de las relaciones de fuerzas dominantes, y otra “artística”, que pretende liberar a los individuos con el fin de hacerlos más auténticos y creativos. Internet ha ofrecido al movimiento un cauce de expansión para la autonomía del individuo, la autoorganización y el rechazo de las limitaciones colectivas.

Se ha configurado así un nuevo terreno on line de la lucha política presidido por la libertad de información y la desconfianza frente a la autoridad y la centralización

En diversas ocasiones se ha llamado la atención sobre el hecho de que los hippies contestatarios de los setenta, tan aferrados a la autonomía individual, no tuvieran demasiados problemas para aclimatarse a las políticas liberales y de desregulación. Se ha configurado así un nuevo terreno on line de la lucha política presidido por la libertad de información y la desconfianza frente a la autoridad y la centralización. Este movimiento antiinstitucional ligado al software libre, cercano a la ideología libertaria, por una parte, y por otra, próximo a las políticas liberales y de desregulación fue el que propició en primer lugar el nacimiento de las redes sociales como un mecanismo descentralizado que ponía al individuo en primer lugar por delante de lo colectivo. Ese movimiento propició ilusiones de democratización. Nos anunciaron la accesibilidad de la información, la eliminación de los secretos y la disolución de las estructuras de poder, de tal modo que parecía inevitable avanzar en la democratización de la sociedad, renovando nuestra democracia. Las posibilidades técnicas de las tecnologías digitales abrieron una nueva utopía social.

Las protestas árabes de 2010-2012, conocidas como “primavera árabe” ha inspirado numerosos análisis sobre los efectos de las redes sociales en la constitución de movimientos de protesta antidictatoriales. El Movimiento 15-M en España a principio de la década de 2010, otros similares en el resto del mundo, más tarde Podemos en 2014, pusieron la redes sociales en el centro de la actividad política.

Las redes sociales se han presentado como una tecnología que empodera, que facilita el acceso al conocimiento y despierta ilusiones de emancipación democrática. El relato anarcoliberal de los fundadores de internet ha contado con seguidores de todo el espectro ideológico, de la izquierda a la derecha. Los activistas de la red han sobrevalorado siempre el efecto democratizador de la libre circulación de información, tal como pareció acreditarse en la caída de los regímenes comunistas. Por otro lado, antiguos hippies acabaron en las universidades y los centros tecnológicos tratando de probar que internet podía proporcionar lo que prometieron los años sesenta: mayor participación democrática, emancipación individual, fortalecimiento de la vida asociativa…

La red lleva años suscitando unas ilusiones de democratización que no se corresponden del todo con los resultados esperados. Los resultados no parecen estar a la altura de lo anunciado y ya se formulan las primeras teorías de dicha desilusión que pretenden desmontar el mito de la democracia digital. Ahora contemplamos estas suposiciones con ironía y desdén, pero en su momento parecían una promesa verosímil.

Las redes sociales, si no las controlamos, se están convirtiendo en una amenaza para la democracia

Ahora nos preguntamos si realmente internet ha aumentado la esfera pública, y hasta qué punto ha hecho posible nuevas formas de participación, ampliando el poder de la gente frente al de las élites. Sin dejar de reconocer las capacidades de la red, podemos ver que la ingenuidad de las promesas del ciberutopismo, esa creencia en la naturaleza inexorablemente emancipatoria de la comunicación on line.

Tras las promesas de los partidarios del software libre, la ilusión hacia las redes creada en el 15M, en la Primavera Árabe, en Podemos, ahora nos encontramos en un mundo donde las redes están controladas en su mayoría por las grandes corporaciones, donde las redes están siendo usadas para difundir falsedades y a partir de ahí conseguir que opciones políticas de extrema derecha se expandan. Las redes sociales, si no las controlamos, se están convirtiendo en una amenaza para la democracia.

En el momento actual los algoritmos de Facebook, YouTube, X, etc. han creado bots de internet, algoritmos informáticos que efectúan automáticamente tareas reiterativas, que adjudican recompensas a determinados instintos básicos de las personas para conseguir mayores beneficios. Esto ha desempeñado un papel muy relevante a la hora de radicalizar a la población. Esos bots son anónimos y buscan que pases el mayor tiempo posible en las redes sociales. Para eso intentan mostrarte “contenido que a ti te gusta”. En la mayoría de los casos no hay una persona responsable de las ideas que generan. Pretenden ser personas, pero son personas falsas. Las grandes empresas de internet hacen esto porque es la manera de ganar mucho dinero con los anuncios dirigidos a sectores específicos de la sociedad.

Frente a la amenaza que plantean los algoritmos para el debate democrático, las democracias no se hallan indefensas. Pueden y deben tomar medidas para regular el uso de la IA y evitar que esta contamine nuestra vida con personas falsas que se dediquen a propagar noticias falsas

En política, los bots se desplegaron para que, a través de la difusión de un gran volumen de mensajes, acabaran por influir en la opinión pública. Se usa el término “filtro burbuja” para indicar los filtros algorítmicos que están creando un entorno artificial en el que la gente sólo oye aquellas voces que coinciden con sus opiniones políticas. Las noticias falsas (fake news) y los mensajes políticos individualizados que dependen de tu opción política son grandes amenazas a la democracia. Pero aunque son amenazas muy importantes, están siendo usadas para ganar elecciones, pero solo pueden usarlas los que tienen muchos recursos económicos y grandes cantidades de datos disponibles: las grandes empresas de internet.

Las redes sociales, aunque controladas por empresas privadas, no son una cuestión privada. Son espacios públicos que condicionan derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos la libertad de expresión y el derecho fundamental a recibir información veraz, y por ello necesitan de una regulación estatal. Frente a la amenaza que plantean los algoritmos para el debate democrático, las democracias no se hallan indefensas. Pueden y deben tomar medidas para regular el uso de la IA y evitar que esta contamine nuestra vida con personas falsas que se dediquen a propagar noticias falsas. El mismo argumento que impide la falsificación de moneda debe aplicarse a la suplantación de humanos. Si los gobiernos adoptaron medidas decisivas para proteger la confianza en el dinero, tiene sentido que adopten medidas decisivas destinadas a proteger la confianza en los humanos y en las noticias propagadas en las redes.

Cuando lo que se aborda son problemas urgentes e importantes, el debate público, y el que se hace en las redes lo es, debe guiarse según normas aceptadas, y deben existir mecanismos legítimos que ayuden a alcanzar una decisión final, aunque esta no sea del gusto de todos. Las redes sociales deben ser reguladas. No regularlas es comparable a “quitar la policía de las calles”. Regular significa que exista un comité conocido públicamente que, respetando la libertad expresión, pueda dejar fuera de la red a los que no respetan las reglas, a los que propaguen falsedades y delitos de odio, a los que difundan actividades ilegales, etc.

Debemos poner las redes sociales al servicio de la mayoría, al servicio de la democracia y para ello hay que tomar medidas desde el Estado. Aquí proponemos algunas.

Algunas propuestas de medidas

Hay que hacer responsables a las empresas de las infracciones de privacidad, decisiones injustas tomadas por sus sistemas inteligentes o noticias falsas propagadas por sus redes sociales. En Europa se ha dado un paso, aunque tímido en esa dirección. Las empresas deben ser responsables ante la sociedad de regular las conversaciones de sus redes sociales.

Hay que proteger la privacidad y la titularidad sobre los datos de los que se alimentan los algoritmos en internet.

Cada algoritmo, actúe en redes sociales o no, debe tener alguien que se haga responsable de sus acciones y por ello no podemos permitir bots anónimos.

Según Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, debería regularse un procedimiento judicial específico contra la desinformación y la propagación de noticias falsas bajo control de los tribunales.

Debemos exigir al Gobierno proporcionar servicios digitales básicos gratuitos y financiarlos con nuestros impuestos, del mismo modo que se proporcionan servicios gratuitos de atención sanitaria y educación. La orientación de X para favorecer a Trump en las últimas elecciones americanas ha abierto el debate sobre si salirse o no de X. Algunos están proponiendo cambiarse a Bluesky. Creo que esto es insuficiente. Es necesario una red social pública controlada y regulada por el parlamento elegido democráticamente.

Las propuestas anteriores pueden parecer imposibles de implementar porque para hacerlo haría falta una acción coordinada a nivel mundial o al menos a nivel de la Unión Europea. Eso es cierto, pero mientras tanto cada país debe ir tomando iniciativas en esta dirección. España debe reclamar su soberanía digital. Las redes sociales deben estar sometidas a las leyes de cada país. Brasil ha abierto un camino al prohibir X. La motivación ha sido el “reiterado incumplimiento de órdenes judiciales” de la plataforma que dirige Elon Musk, que se negó a bloquear perfiles que contribuyen a la “divulgación masiva de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”. Europa debe tomar medidas contra la ofensiva de Zuckerberg y Musk y regular X, Facebook e Instagram.

(Se han tomado ideas de Daniel Innerarity Grau. 'Un mundo de todos y de nadie')

Ante los desastres sucesivos que hemos vivido tras la DANA, es lógico que haya quien se quiera distanciar de la política y de los políticos. Lógico también que uno se pregunte de dónde sale esta gente, cómo llegan a ocupar sus cargos o por qué esos cargos fluctúan y pasan de unas manos a otras de manera tan aleatoria como ineficiente. Lógico que genere perplejidad que no haya una cascada de dimisiones en Valencia, que el Partido Popular se debata cínicamente entre enterrar o proteger a Mazón y que Mazón esté pensando en sacrificar a parte de su gobierno para eludir sus propias responsabilidades. Pero, más allá de todas estas reflexiones coyunturales y de los problemas más o menos congénitos de la clase política, lo que no hay más remedio que replantearse es el modo en que funciona la cogobernanza en España. 

La gestión de la DANA, la mala gestión o la ausencia de gestión, ha dejado al desnudo las carencias y las deficiencias de un Estado autonómico que fue el fruto transaccional de un momento histórico periclitado ya. El escenario anómalo en el que se ha desembocado, situado extrañamente entre la descentralización y la recentralización (declaración de emergencia de interés nacional o estado de alarma), indica, entre otras cosas, que la arquitectura administrativa del Estado no tiene las hechuras que exige el abordaje de ciertos problemas. O se fortalece al Estado central o se intensifica el federalismo redefiniendo la articulación entre los diferentes entes políticos. Y me temo que no estamos instalados ni en un lugar ni en el otro.

Hoy por hoy, parece complicado pensar en el fortalecimiento de un Estado centralizado. Por una parte, porque las fuerzas políticas de las que depende la gobernabilidad de España no militan en esta línea, ni siquiera lo hace la extrema derecha paleolibertaria a la que en estos días hemos visto clamar contra el Estado (nunca en favor de la autogestión popular, como algunos han creído). Por otra parte, porque no es la directriz que se está trabajando desde la Unión Europea en la que el poder difuso de las grandes multinacionales y los intereses geoestratégicos aconsejan claramente instancias supraestatales mucho más potentes. Tema distinto es que sea fácil emprender ese camino, no solo por el influjo de las fuerzas reaccionarias-nacionalistas y la inercia del poder establecido, sino porque son los propios Estados los que tendrían que aprobar su paulatina defunción.

Lo cierto es que, en términos generales, es cada vez más evidente que un Estado centralizado resulta demasiado grande para las cosas pequeñas y demasiado pequeño para las cosas grandes, como decía Luigi Ferrajoli hace ya algunos años. Esto es, que ese tipo de Estado no tiene que ser necesariamente suprimido, pero sí ha sido ampliamente superado. Y esto aunque en la crisis que nos ocupa ha sido y es el Gobierno central el único que ha puesto en marcha las medidas necesarias dado que lo ha hecho, fundamentalmente, debido a la incomparecencia y la incompetencia del Gobierno valenciano. 

En España, la distribución de competencias entre los distintos órdenes políticos ha sido siempre un incómodo caballo de batalla y un problema mal resuelto. Está claro que no hay mimbres para hablar de un federalismo genuino, a pesar de la situación aventajada de la que gozan ciertas Comunidades Autónomas. Y, sin embargo, aunque oficialmente al gobierno central se le concede un papel preponderante, los instrumentos que tiene a su alcance carecen de la fortaleza y la eficacia que exige, entre otras cosas, la gestión de una catástrofe como esta. Hay una estructura administrativa mejorable, confusión entre el plano jurídico y político, y faltan herramientas estructurales que garanticen la cooperación que se necesita, independientemente de la voluntad voluble del político de turno.

En el caso de la DANA, las críticas a Sánchez han señalado, precisamente, las dudas iniciales y una cierta lentitud en la respuesta que se debió, sobre todo, a la falta de coordinación y de capacidad de reacción. A los ojos de mucha gente, no hubo el mando único ni la voz unificada que la tragedia requería y faltó agilidad y contundencia. Pero… ¿pudo el Gobierno hacer más en ese momento o es que, de facto, puede hacer demasiado poco? ¿Podría haber ido más lejos considerando el modelo competencial que tenemos?

La descentralización de competencias debería articularse teniendo en cuenta la extensión o el número de personas afectadas, la intensidad o la trascendencia del caso, y la eficacia comparativa en su gestión, pero no tenemos el marco legislativo que asegure semejante reparto. En ciertas condiciones, hay que asumir que nuestro Estado autonómico resulta totalmente disfuncional y que seguimos siendo ineficientes para dar respuestas rápidas y urgentes cuando se necesitan. Habida cuenta de las terribles consecuencias que tal debilidad puede llegar a tener, conviene que tomemos buena nota y lo pensemos a fondo.

Para avanzar no debate pendente sobre o sistema español de financiamento autonómico propomos unha anovada mirada: é un problema de funcionamento ou é un problema estrutural? Queda liquidado o problema cos acordos conxunturais ou é preciso saír do marco estreito da regulamentación en que nos movemos até agora? A nosa proposta alíñase co deseño dun marco de relacións Estado - Autonomías que parta do recoñecemento institucional de que o Estado unitario actual é inadecuado. Alguén -os partidos políticos estatais- deberían asumir xa que o Estado español é plurinacional e conformar as institucións a esta realidade e non ao revés.

Ao igual que a famosa copla sobre o uso (eufemístico) do amor “que se rachou de tanto usalo”, no asunto do financiamento autonómico podemos chegar a tapar -por falar só de financiamento- os restantes aspectos da relación comunidade autonómica - Estado español e comunidade autónoma - outras comunidades do Estado, que non se substancian exclusivamente co financiamento. Este pode ser examinado como unha relación fluínte entre dúas institucións de goberno: o Estado central e a Comunidade autónoma, que non esgota, nen representa, as restantes relacións entre os dous entes políticos, que son a nación galega e o Estado español, no caso galego.

Nos outros casos, así como nas relacións entre autonomías, debemos admitir a “singularidade” (de ámbito mundial) dunha configuración de Estado, chamado autonómico, na que se mesturan nacións, con autonomías que son rexións, con outras que son provincias, con outra que é a capital do Estado, sen estatuto de capital federal, e, finalmente, con outras dúas cidades en África. Descentralizado non sei se se pode chamar, mais caótico si, ficando fóra de análise as relacións entre as distintas autonomías do Estado.

O máis relevante no debate do financiamento é que só se dá no terreo do pago (financiamento) de gastos e investimentos nas autonomías desde o Estado, e, pola contra, do que o Estado dispón (tanto gastos correntes coma investimentos) non é coñecido nen intervido polas autonomías, máis que a posteriori. Por esa razón o conxunto de servizos ausentes nas autonomías só é suprido polo Estado se o considera factíbel. É unha relación vertical e asimétrica, por iso é moi común, habitual ou permanente a reivindicación por parte de todos de considerar sempre insatisfactoria e insuficiente a distribución de fondos acordada no modelo actual de financiamento.

Imaxinemos un Estado de autonomías rexido con regras legais distintas. Nel poderíase dar a elaboración orzamentaria do Estado coa contribución en termos deliberativos e resolutivos nunha Cámara representativa por autonomías e non por provincias como é o Parlamento actual. Nese caso -en teoría-, os debates tediosos do financiamento autonómico, fóra de sede parlamentar, non terían sentido, salvo reforma constitucional.

Seguindo na senda das propostas alternativas á estrutura do Estado das autonomías convivemos cun sensentido: a existencia zombi das deputacións provinciais. Non é concebíbel, non ten xustificación política nen económica, salvo que conservar os restos de peso morto do Estado franquista anterior sexa necesario. Nunha autonomía como a galega, correspondente a unha das nacións históricas que se integran no Estado, como se entende o rol das deputacións máis que para soportar o peso morto dunha institución suntuaria? A carencia de funcións, agás perpetuar postos de traballo de reparto partidario e contribuír a un gasto irracional (reparto de subsidios e subvencións clientelares) non mellora en nada a racionalidade das competencias institucionais das autonomías.

Unha outra faciana das relacións son os investimentos públicos procedentes dos orzamentos do Estado en todas as formas existentes. Considerando o actual stock de capital público, o seu mantemento, e a tendencia anual observada desde que hai autonomía, non existe equidade, non se respeita este principio, porque estes investimentos incumpren o principio de garantía de acceso en igualdade aos servizos públicos. Así mesmo, non existe transparencia nas decisións que sobre este campo de acción, aquí e nas restantes comunidades autónomas, realiza o Estado (hai explicación das distintas velocidades dos corredores atlántico e mediterráneo? Quen asume que se debe primar o eixo Lisboa Madrid sobre Lisboa-Vigo?). Se se proclama que a sostibilidade do estado de benestar é un principio básico, existe unha contradición de base nas relacións Estado - autonomías, xa que os diferentes pontos de partida de cada unha delas non foron paulatinamente corrixidos para tender a diluír as diferenzas dos distintos servizos públicos.

Se o principio de suficiencia é unha variábel directamente dependente do financiamento necesario para os gastos existentes, nunca se poderán mellorar os servizos sen mudar as existencias. O que non existe non precisa financiamento. Verbigratia: o ferrocarril de Lugo a Santiago non precisa financiamento porque non existe. Os trens de proximidade entre cidades e vilas non precisan financiamento porque non existen. Os tres aeroportos esgotan, grazas á irracionalidade localista, a súa propria existencia cun orzamento que mantén pouco máis que as pistas aínda que non haxa crecemento de viaxeiros nen capacidade organizativa de lograr o medre (é pior: hai servizos porque hai subvencións). A quimera do corredor atlántico pódese unir á que sufrimos coa alta velocidade (AVE) -mellor dito, velocidade alta- que aínda non rematou: só leva 20 anos de retraso. Co corredor atlántico outro tanto: cada período eleitoral vén un ministro anunciar algo con moito futuro e nengún presente.

E así poderíamos percorrer a listaxe de infraestruturas e de dotacións públicas que non nos foron entreguedas. Cada vez que usamos unha circunvalación madrileña ou o transporte público madrileño, lembramos a discusión do financiamento autonómico porque calquer destes dous servizos polo que a infraestruturas se refere son pagas por todos os cidadáns do Estado: é un caso claro de inequidade que os que non dispomos de transporte público axeitado pagamos o da -din- comunidade máis rica do Estado.

Galiza ten participado como autonomía nas comisións para a revisión do modelo de financiamento autonómico. Do documento final (2017) transcrebo literalmente o que figura a continuación. Sabemos que foi subscrito polo experto nomeado pola Xunta, xa que non presentou nengún voto particular: “Á hora de valorar a equidade do reparto territorial dos custos e beneficios do Estado autonómico non hai que se fixar nun determinado imposto ou prestación de maneira illada, senón que, xa que unhas cousas se poden comparar con outras, debe adoptarse unha visión de conxunto que contemple na súa integridade o paquete de servizos, prestacións e tributos que se estabelece en cada territorio e os custos de prestación dos servizos relevantes”.

Las negociaciones de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja constituida para resolver las discrepancias competenciales surgidas ante la Ley de Medidas Temporales y Urgentes para la Protección del Paisaje riojano, han finalizado con un acuerdo con el que se solventan las controversias planteadas, que se consideran por tanto concluidas.

En el acuerdo, el Gobierno de La Rioja ha aceptado que no tiene competencias sino que se trata de una competencia estatal y acepta por tanto derogar el artículo 2, del que surgió la controversia. Este artículo, que ahora se deroga, paralizaba todos los procedimientos administrativos de concesión de autorizaciones de uso y actividades en suelo no urbanizable relativos a instalaciones eléctricas de generación de energía eléctrica y sus infraestructuras de evacuación.

Este acuerdo ya se ha trasladado al Tribunal Constitucional y será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) mañana, 9 de octubre y en el plazo de unas semanas se presentará el proyecto de ley, que ahora mismo está siendo estudiado por el Consejo Consultivo para su tramitación parlamentaria.

La Ley del Paisaje de La Rioja, redactada con la colaboración de la Cátedra del Paisaje de Universidad de La Rioja para una adecuada protección, gestión y ordenación de los paisajes, continúa con su tramitación y ya ha superado el trámite de exposición pública, paso previo a su aprobación por parte del Consejo de Gobierno y su entrada en el Parlamento regional, prevista en las próximas semanas. En la actualidad, el Gobierno de La Rioja está a la espera del dictamen del Consejo Consultivo.

En paralelo, en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2025, que acompaña al Proyecto de Presupuestos de La Rioja y cuya tramitación parlamentaria ya ha comenzado, se recoge un nuevo impuesto para las grandes infraestructuras de generación de energía eólica y fotovoltaica, y sus líneas de evacuación, que revertirá en la mejora de la protección del paisaje, excluyendo las instalaciones destinadas al autoconsumo y las de menor potencia que no tienen efectos negativos sobre el paisaje o sobre los usos prioritarios del suelo. 

Este fin de semana se iban a celebrar las oposiciones de RTVE. Después de 17 años de espera la radiotelevisión pública ofertaba plazas de empleo a las que se presentaban más de 5.000 personas. Esto iba a ser así hasta media hora antes del examen, cuando los opositores se enteraron de que se suspendía porque se habían filtrado las preguntas. No es el único caso, relacionado con la filtración de preguntas o con complicaciones en oposiciones, que ha pasado en los últimos meses. ¿Son todos estos problemas simplemente incidentes aislados? ¿Pueden ser unos errores que afectan cada año a decenas de miles de personas, y a su futuro, ser tratados como si fueran incidentes aislados?

Hablamos con dos opositoras que han tenido complicaciones en distintos procesos selectivos y abordamos este problema con Fulgen Aledo, que ha sido secretario general del Instituto Vasco de Administración Pública, que es el órgano encargado de los procesos selectivos en la Comunidad Autónoma del País Vaso. Ha estado 30 años trabajando en procesos de selección. También con Marcos Peña, abogado, que suele llevar casos de este tipo y es socio de Administrativando Abogados.

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Unha boa parte dos asuntos de Estado que foron quedando pendentes lexislatura tras lexislatura, e que van sendo liquidados mediante leis con solvencia de provisionalidade, teríanse resolvido cun acordo de Estado reformando a Constitución. Sempre que un problema non ten solución evidente, aparece o muro constitucional como álibi para deixalo pendente e se axustar ás leis en lugar de axustar as leis á realidade do momento. Discutiuse o aforamento de certos cargos públicos, a inviolabilidade do monarca, a sucesión no reino, o pacote de decisións de soberanía cedidos á Unión Europea, as relacións entre executivo e xudicial, o financiamento autonómico, ou a forma da xefatura do Estado, xa que hai querenza entre os cidadáns de se constituír en república, e nos dereitos fundamentais, considerar preciso incluír o dereito á vivenda, a protección á terceira idade, o dereito a un meio ambiente limpo ou o dereito á auga, eliminando a súa mercantilización. É o que se denomina adecuar a Carta Magna ao estado actual de época.

Isto pasa cos acordos de costura ganduxada do sistema de financiamento autonómico denominado común: o razoábel sería realizar un cambio constitucional para adecuar o sistema ao tempo actual e non remendar un obsoleto. Certo que non hai mandato. Non é obrigatorio, e pode ser arriscado, cando semella que algúns poden entrar en fibrilación auricular sen aparato cerca. Non se trata diso. Mais se quixeramos emular a conduta indicada por Varoufakis, deberíamos comportarnos como adultos, deixar de pitirrear nunha especie de xogo escénico e comezar a facer política real, uns -o goberno- para se sentir amparados polas institucións do Estado, e outros -a oposición española- para cumpriren un rol político de responsabilidade de Estado.

O caso é que, a cada paso que dá o goberno facendo uso da súa encomenda e da súa capacidade, saltan alarmas programadas na/desde a oposición para crear un estado de opinión interesado en contra de todas as accións gubernativas. Estas téñense diferenciado tanto cualitativa como cuantitativamente de calquera dos gobernos precedentes e teñen aportado solucións valentes a problemas encistados. Se damos esquecido todo o fume de carozo que rodea a discusión política difundida, centraríamonos no asunto do financiamento autonómico que, como é ben sabido, precisa dunha reforma xa. O caso é que despois de 10 anos de caducidade do sistema denominado común, desde 2014, o goberno, por mor do acordo con Cataluña para comezar o proceso de resolución do conflito co Estado, acorda -entre outros moitos asuntos- conceder a Cataluña a recadación, a xestión, a liquidación e a inspección de todos os tributos alí pagados, a comezar polo IRPF en 2025.

Esta parte do acordo foi denominada modelo de financiamento singular para Cataluña. Contenta a unha parte dos partidos catalanistas, entra nas competencias do Estado sen precisar reforma legal algunha máis alá do financiamento autonómico común, e, dependendo do carácter de adulto do partido maioritario da oposición, si abriría o camiño para os cambios precisos na Constitución, é dicer, unha reforma. Notemos que o poder normativo, no relativo a eses impostos cedidos, queda nas mans do Estado, e notemos tamén que unha cousa é xestionar e outra ostentar a titularidade, sexa dunha competencia, sexa dun ben.

As voces encontradas fronte ao acordo ERC-PSOE teñen procedencias varias, pero as máis ruidosas son de filiación PP e do PSOE, ou ben do seu entorno ideolóxico. Non se pode dicer que teñan aportado nada, mais si moito ruído. De modo e maneira tal, que se volveu escoitar: “España se rompe”, tamén que cae a solidaridade entre os territorios, que se aumenta a desigualdade e mesmo no cimo do sobresalto verbal -para asustar ao medo- que se pasa dun federalismo a un confederalismo. Nós aseveramos que nada diso vai ocorrer. Como fica de manifesto na literalidade do acordo, nen Cataluña pasa a ostentar o estatus de Estado nen o Estado español, mellor dito, reino de España, deixa de ser un Estado unitario con autonomías de relación asimétrica con el, do mesmo modo e maneira que son diversas entre elas tanto institucional como economicamente falando.

Así mesmo, temos comprobado que España non rompe tan fácil, mellor dito, está moi dura e correosamente pegada para romper por un dame alí unha pouca máis de autonomía (ao 155 da Constitución nos remitimos). Da solidariedade podemos tratar extensamente, mais, só para deixar constancia, citamos o painel fiscal da Comunidade madrileña que de facto converte Madrid en paraíso desexado por aqueles con apetito desmedido de pagar impostos no limite inferior posíbel. E xa non aludimos ao efeito sede provocado por ser domicilio fiscal de empresas de todo tipo: públicas, privadas e mixtas, así como destinataria pola forza da capitalidade do Estado, dunha serie de investimentos públicos denominados prioritarios fronte a outros. Outra mostra extrema de solidariedade fiscal (á contra) é a conduta dun concello como Jerez de la Frontera, que se permite, cunha débeda de 1.126 millóns de euros (inaudita), desouvir as recomendacións do Ministerio para cobrar os impostos que debe cobrar e tomar medidas de redución adecuada dese monstro (andou reducindo e bonificando pagos de impostos).

Dáse un uso coloquial do termo federalismo aplicado ás relacións fiscais para denominar o sistema autonómico español no financiamento. O federalismo non é -por definición conceptual e por práctica político/institucional no ámbito mundial- equiparábel ou equivalente a un Estado de autonomías que é este, presente desde 1978. A diferenza é nidia. Nun Estado unitario como o español, a soberanía reside no pobo español, representado nas Cortes do Estado e este acorda conceder -estatutos mediante- certas competencias ás autonomías. Certas quer dicer que poden ser todas, mais concedidas, baixo acordo, de desenvolvemento ordinario en xestión.

Esta concesión quer dicer, en termos legais e políticos, que poden ser revogadas como ficou en evidencia coa aplicación fulminante do artigo 155 da Constitución. Federar, fedéranse Estados que acordan se pór de acordo, e manteñen en común o que acorden que conteña o Estado federado: é dicer, o acordo consiste en ceder entre os federados competencias ao Estado común, mantendo a soberanía cada Estado. Na confederación, os Estados confederados limitan a unhas competencias determinadas o rol do Estado. En calquera dos dous casos, non hai comparación entre un Estado de autonomías titular dunha soberanía única, que outorga competencias a outros entes, as autonomías, e as relacións entre Estados soberanos. Intentar levar o debate do financiamento a unha denominación de uso coloquial de federalismo fiscal -que si usan os economistas facendistas-, á parte de inexacto é ousado dabondo. Nen España se rompe nen parece ser tan fráxil para quebrar por un acordo máis ou menos.

O que si pode servir o acordo de financiamento para Cataluña é para reformar a Constitución que ten no momento actual forza de corsé para algunhas relacións institucionais, no autonómico, no local, no ámbito xudicial e máis en dereitos fundamentais das persoas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publican hoy el acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja para resolver las discrepancias surgidas ante la Ley de Medidas Temporales y Urgentes para la Protección del Paisaje riojano, aprobada por el Parlamento de La Rioja el pasado 23 de enero.

Las diferencias han surgido, en concreto, sobre el artículo 2 de la citada norma, que paraliza todos los procedimientos administrativos de concesión de autorizaciones de uso y actividades en suelo no urbanizable relativos a instalaciones eléctricas de generación de energía eléctrica y sus infraestructuras de evacuación, que hayan superado la fase de información pública.

La norma impulsada por la Cámara regional tiene como finalidad la protección con carácter transitorio y apremiante de los parajes naturales y otros elementos singulares del territorio de la comunidad, hasta la entrada en vigor de la futura Ley del Paisaje de La Rioja. 

La discrepancia manifestada por el Gobierno central concierne al artículo 2 de esta Ley de Medidas Temporales y Urgentes. En concreto se trata del que deja en suspenso todos los procedimientos administrativos de autorización y declaración de utilidad pública de instalaciones eléctricas de generación de energía eléctrica y sus infraestructuras de evacuación en suelos no urbanizables (de los previstos en el 51 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo , de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y el Decreto 18/2019, de 17 de mayo, por el que se aprueba la Directriz de Suelo no Urbanizable), que hayan superado la fase de información pública.

El Ejecutivo central considera que este artículo podría incumplir la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en tanto que la Comunidad entiende que no se produce tal vulneración. Por ello, ambas administraciones iniciarán estas negociaciones. La convicción de la Comunidad Autónoma es que la Comisión Bilateral alcanzará un acuerdo que no tocará el fondo que persigue la normativa autonómica, que no es otro que la protección del paisaje riojano en el marco de sus competencias.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha anunciado este lunes que ha alcanzado ya el 10% del capital social de Telefónica y culmina así la operación de compra ordenada por el Consejo de Ministros a finales del año pasado. La entidad ha adquirido un total de 567.016.155 acciones, con un precio medio de 4,0295 euros por acción, lo que equivale a una inversión de 2.284 millones. A esa cantidad hay que sumar 541 acciones que SEPI ya tenía en cartera y que elevan el número total de títulos a 567.016.696.

La operación se ha llevado a cabo “minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las comunicaciones de participaciones significativas establecidas en la normativa de los mercados donde opera”.

SEPI recuerda que Telefónica “es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos”, y “determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa”.

“Con vocación de permanencia”, la participación de SEPI aporta una mayor estabilidad accionarial a la compañía para la consecución de sus objetivos y contribuye a la protección de sus capacidades estratégicas. El holding público ya tiene un consejero nombrado en Telefónica, el directivo del Real Madrid Carlos Ocaña, y hace unos días el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, indicó que el Ejecutivo baraja solicitar un segundo representante en el consejo una vez alcanzado ese 10%.

Ese paquete se ha ido alcanzando de forma escalonada. El pasado 25 de marzo la SEPI afloró una participación del 3,044% en el capital social de Telefónica; el 15 de abril elevó su posición hasta el 5,034%: el 26 de abril se dio a conocer que la incrementó hasta el 6,169%; el pasado 8 de mayo la entidad pública comunicó el aumento de su posición en la teleco hasta el 7,079%; el 14 de mayo difundió que había alcanzado el 8,53% y la semana pasada superó el umbral del 9%. Ahora acaba de alcanzar el 10%.

La SEPI cumple así el mandato del Gobierno de adquirir hasta un 10% de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, un movimiento que se produjo en reacción al sorpresivo desembarco de la teleco saudí STC en Telefónica el pasado septiembre. En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica --un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros-- en una operación valorada en 2.100 millones de euros. El Estado se ha consolidado así como primer accionista de la operadora.