Un parking disuasorio junto a la piscina municipal. Este ha sido el espacio al que los musulmanes de Jumilla han sido relegados para celebrar este viernes el fin del Ramadán. En este municipio murciano se aprobó el pasado agosto un acuerdo entre PP y Vox, que prohibió la celebración de actividades religiosas en el polideportivo local. En la moción original, presentada por los de Abascal, se especificaba el veto al Ramadán o de la Fiesta del Cordero en espacios públicos.

Tras la aprobación de la medida, Jumilla se convirtió en el primer consistorio en aprobar el veto de actividades del culto islámico. Se trata de municipio con una población -según datos del INE- de unas 1.500 personas procedentes de países donde se profesa el Islam.

Técnicamente, la prohibición no llegó a aplicarse. La Abogacía del Estado recurrió el acuerdo el pasado mes de octubre y exigió la suspensión cautelar de la moción. Pero el Juzgado de lo Contencioso 6 de Murcia rechazó el recurso de la Abogacía del Estado, alegando que “lo acordado no pasa de ser una petición de inicio de unos trámites”.

En efecto, la moción no llegó a rubricarse, pero representantes de la comunidad islámica en Jumilla y del Ayuntamiento acordaron el traslado del rezo a un lugar distinto al polideportivo municipal, que es donde se había hecho otros años.

Es por ello que, por primera vez, el rezo ha tenido que ser trasladado al aparcamiento, donde se han colocado vallas para delimitar el perímetro. Unos 2.000 fieles han concurrido en este encuentro, que se ha desarrollado con “normalidad”. En otras ciudades de la Región, como Cartagena, el rezo ha sido multitudinario, con unos 4.500 fieles acudiendo a esta cita.

Al rezo en Jumilla han acudido también representantes de la oposición, en concreto la portavoz del PSOE en el municipio, Juana Guardiola; y la edil de IU-Podemos, Ana López. En declaraciones a medios, la portavoz socialista ha expresado su agradecimiento a la comunidad musulmana, “por su comportamiento ejemplar, humilde, sencillo, discreto, su generosidad y aceptando las condiciones impuestas por el Gobierno local”. “Me ha emocionado, pero he sentido vergüenza de que no hayan podido realizar este rezo en mejores condiciones, porque no hay ningún motivo para no hacerlo, somos un pueblo acogedor, que llamamos a la convivencia y se les ha negado”.

En la comunidad autónoma en la que Vox ha sorpasado al PSOE en las encuestas y la migración es la segunda preocupación entre la población, la comunidad musulmana ha decidido decir basta. Tras protagonizar un titular tras otro demonizándolos, acaban de lanzar la Plataforma por los Derechos de la Comunidad Musulmana. 

En menos de seis meses, ciudadanos magrebíes han sido perseguidos por grupos fascistas armados y sin escrúpulos, han intentado prohibir las celebraciones musulmanas en un municipio murciano y han cerrado un centro de menores no acompañados. Y detrás de estos episodios, siempre el discurso de la ultraderecha.

Para abordar estos asuntos nos encontramos en Torre Pacheco con Osama Alalo, politólogo y uno de los impulsores de la Plataforma: “Desde la política se pueden conseguir cambios importantes para el conjunto de la sociedad”, explica convencido y esperanzado. El joven no reside en este municipio, pero sí que se desplaza hasta aquí a diario para cumplir con su horario laboral. El lugar de la entrevista es simbólico: este municipio murciano fue el escenario de una invasión de decenas de ultras organizados a través de las redes sociales y llegados de toda España el pasado julio. Tomaron las calles del pueblo, persiguiendo a la comunidad musulmana y vandalizando sus negocios.

Alalo junto con su mujer Kenza Midoun fueron los responsables de leer los manifiestos antirracistas tanto en la concentración celebrada en Torre Pacheco como en la manifestación que discurrió por el centro de Murcia pocos días después de los disturbios racistas que asolaron esta localidad murciana.

La vida de Alalo ha estado ligada de forma constante al asociacionismo, siendo una de las voces de condena contra los altercados racistas que tuvieron lugar en esta localidad murciana: “Queremos intentar unir a las comunidades musulmanas de los diferentes pueblos. Después de lo ocurrido en Torre Pacheco o en Jumilla, las comunidades musulmanas de estas localidades se han visto solas, por lo que queremos trabajar en esa red de unión”, cuenta. En el municipio del Altiplano, PP y Vox aprobaron una moción el pasado julio para prohibir los rezos islámicos en las instalaciones deportivas.

De padre sirio y madre argelina, el politólogo se ha criado en un entorno que define como “reivindicativo, de lucha contra las injusticias y las desigualdades”. La Plataforma precisamente es fruto de la unión entre amigos: “Tenemos la misma preocupación, sabemos que hay que hacer algo para cambiar la realidad que tenemos y darle voz a aquellas personas que no la tienen”.

¿Cuáles fueron las conclusiones de este primer encuentro de la Plataforma por los Derechos de la Comunidad Musulmana?

Queríamos estudiar cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos como comunidad. Según el último informe FOESSA, la mayor parte de la desigualdad recae sobre la población migrante. Si segmentamos este dato, vemos que es la población del norte de África la que sufre mayores tasas de pobreza y pobreza severa.

También observamos una descohesión comunitaria como comunidad musulmana y una falta de representación y participación política de nuestra comunidad en la sociedad donde estamos viviendo.

¿Cómo visualiza el futuro de la Plataforma?

Nuestra intención es que la plataforma sea horizontal, participativa, donde exista una cocreación de contenido entre la comunidad y sus impulsores. No queremos jerarquías ni que haya dirigentes dentro de la organización, solo facilitadores del proceso, que la realidad surja de la propia comunidad.

¿Cómo definiría el tejido asociativo de la comunidad musulmana en la Región de Murcia?

Es muy precario. No existe ninguna asociación profesionalizada con una estructura orgánica estable que trabaje durante todo el año. Hay asociaciones impulsadas por el voluntariado, pero ninguna con un programa anual, que reciba subvención y cuotas de socios. 

La única organización estable que tenemos son los centros islámicos, las mezquitas, pero al final estamos viendo que no responden a las necesidades sociales.

¿A qué se debe?

Partimos de la base de que nuestras comunidades en general no tienen una cultura participativa por los países de origen de donde vienen. Llegan aquí y la principal preocupación es el trabajo. Lo único que han podido hacer en colaboración o para la comunidad han sido las mezquitas. Pero las mezquitas están focalizadas dentro de sí mismas, los dirigentes en su mayoría no tienen una visión del conjunto.

En la mayoría de los municipios las mezquitas son propiedad privada y lo máximo que han podido alcanzar ha sido impulsar clases de árabe.

¿Esta falta de organización dentro de la comunidad musulmana ocurre en el resto de España?

Tenemos en Valencia un tejido asociativo importante, al igual que en Madrid y Barcelona. Se puede decir que Murcia es una tierra virgen para el trabajo asociativo de nuestra comunidad.

¿Cómo encajan las mezquitas dentro de la Plataforma?

Hemos decidido tomar otro camino, pero sin olvidarnos de ellas [las mezquitas]. Queremos hablar, participar con ellos, enseñarles que se pueden hacer las cosas de otra manera. Debemos reflexionar sobre el significado que tiene una mezquita en la Región de Murcia, no tiene por qué ser el mismo que en Marruecos o Argelia porque estamos en diáspora. Entendemos que la mezquita debe ir mucho más allá de un espacio de oración.

¿Siente que esta falta de representatividad se extiende a los medios de comunicación?

Estamos viendo que siempre estamos en el foco, y de manera negativa. Día a día se va construyendo más miedo hacia nosotros. Hay una 'valentía cobarde' contra nuestra comunidad, que quiere quitarnos derechos. Hemos visto que lo normal es que sean voces ajenas las que hablan sobre nosotros. Cuando pasa algo, [los medios] llaman al tercer sector que, en su mayoría, no atiende a la comunidad inmigrante musulmana como tal, sino a los recién llegados. 

Tenemos bastante desventaja. El enfoque que se le está dando es un enfoque incorrecto y, además, siempre una visión paternalista.

Entrando en política, una de las condiciones para que PP y Vox firmasen los presupuestos de este año era la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en la Región de Murcia. El consejero de Educación, Víctor Marín, insistió en que esto era “beneficioso para el interés general”. ¿Os sentís moneda de cambio?

Piensan que nosotros podemos ser la moneda de cambio de cualquier cosa porque no estamos organizados para reclamar o para hacer absolutamente nada. [El PP] sabe que Vox siempre va a querer reducir los derechos de nuestra población.

Esta posición que tenemos de debilidad, de falta de cohesión y de organización ya nos está perjudicando directamente sobre nuestros derechos. Ayer fueron las clases de árabe, mañana será otra cosa. Esto es una escalada. Como minoría, nos están aplastando.

Estamos en Torre Pacheco. Han pasado más de cuatro meses desde que ultras de toda España vinieron a lo que denominaron como “la caza al migrante”. ¿Cómo está la población musulmana en el municipio?

No sé qué más le tiene que pasar a la comunidad musulmana para que despierte. Sigue todo igual, no hubo ningún movimiento comunitario. No se sentaron a analizar lo ocurrido, cómo evitar que vuelva a pasar. Sigue la misma atomización: cada uno por su lado y esperando el siguiente golpe.

Tal y como lo describe, parece que llevan la situación con resignación.

Parece que están totalmente resignados. La culpabilidad es multidireccional, también tenemos al Gobierno de España, la Comunidad autónoma y el Ayuntamiento. No estamos viendo movimiento por ninguna de las partes. Ha tenido que venir una asociación de Málaga para montar una jornada de convivencia aquí en Torre Pacheco. Es un poco fuerte, que tengan que venir de 450 kilómetros a organizarte algo en tu pueblo.

El Juzgado de lo Contencioso 6 de Murcia rechaza la suspensión cautelar del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Jumilla que aprobó la moción del Grupo Municipal Mixto (VOX), sobre “defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas como la Fiesta del Cordero y modificación del Reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales”.

Esta medida cautelar fue instada por la Abogacía del Estado en representación de la Delegación de Gobierno en la Región de Murcia, a la vez que interpuso recurso contencioso administrativo contra el citado acuerdo del 28 de julio de 2025. De forma literal, el acuerdo aprobado refería: “Instar al equipo de Gobierno a iniciar los trámites oportunos de modificación del Reglamento de Uso y Funcionamiento de Instalaciones Deportivas Municipales de 21/03/2013, a fin de que el uso de dichas instalaciones sea exclusivamente para el ámbito deportivo y actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y no para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”.

La Abogacía del Estado sostiene que concurren los requisitos para suspender el acuerdo municipal impugnado. Afirma que concurre en el presente caso la apariencia de buen derecho porque el acuerdo que pretende limitar el uso de instalaciones deportivas a actividades municipales tiene por finalidad restringir “el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana”, lo que implica la utilización de la competencia municipal para fines ideológicos ajenos al interés general “incurriendo en desviación de poder”.

Respecto a la perturbación de los intereses generales, señala que la comunidad musulmana ha utilizado pacíficamente durante años el pabellón municipal para festividades como el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha en un adecuado clima de convivencia en la localidad, y que impedirlo sin razones de orden público puede afectar negativamente. Y, por último, indica que, sin suspensión, las próximas festividades del Eid (marzo y mayo de 2026) habrán pasado cuando se dicte sentencia, perdiendo ésta su eficacia.

La Administración local, por su parte, afirma que las alegaciones de la contraparte no revelan de forma clara esa supuesta desviación de poder, y que valorar ahora esa apariencia supondría prejuzgar el fondo. Advierte, además, que “no nos encontramos ante un acto administrativo con eficacia respecto de terceros, sino ante (…) una moción política o de control”, cuya aprobación “no tiene efectos jurídicos resolutorios”.

La resolución recuerda que, “conforme a la doctrina jurisprudencial sobre la apariencia de buen derecho, no es posible suspender el acto recurrido con fundamento en la vulneración del derecho a la libertad religiosa, a la igualdad, del principio de neutralidad de la administración, o la desviación de poder”, porque las infracciones denunciadas “deberán ser analizadas y resueltas (…) en sentencia”

Además, añade que “lo acordado no pasa de ser una petición de inicio de unos trámites cuya materialización no consta ni es posible aventurar si tendrán lugar, conservando el Reglamento, (por ahora), la redacción que ha permitido el uso de las instalaciones deportivas municipales por la comunidad musulmana de Jumilla, razones por las que no es apreciable el periculum in mora, ”pues el acuerdo no impide la celebración del Eid al-Fitr y el Eid al-Adha en marzo y mayo de 2026“, ni la alteración del orden público ya que si el acuerdo no impide las celebraciones, este argumento carece de fundamento.

Finalmente, apunta el auto, “es necesario tener en cuenta, como advierte la administración demandada, que lo recurrido es el acuerdo del pleno del ayuntamiento que aprueba la moción de un grupo político municipal de instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites de modificación del Reglamento, a lo que se debe añadir que lo recurrido no es el acuerdo de modificación del Reglamento ni, tampoco, el previo de inicio del trámite de modificación, acuerdos que no constan adoptados”.

El auto no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

La Abogacía del Estado ha recurrido ante los tribunales el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Jumilla que impide, desde el pasado 28 de julio, los rezos musulmanes en las instalaciones deportivas municipales. En el recurso, presentando este lunes, se solicita la suspensión cautelar de dicho acuerdo al entender que su única finalidad es “limitar injustificadamente el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana”, en contra del artículo 16 de la Constitución española. Además, dicha prohibición infringe, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, el principio de neutralidad confesional de la Administración.

La controvertida moción de Jumilla fue propuesta por el único concejal de Vox en el Ayuntamiento, Juan Agustín Navarro, pero salió adelante tras aprobarse una enmienda del Partido Popular, que gobierna este municipio murciano de 27.000 habitantes. La moción de Vox proponía prohibir la celebración del Ramadán o de la Fiesta del Cordero en los espacios públicos, y convirtió a Jumilla en el primer Consistorio en pasar de esta amenaza de la ultraderecha a un veto real en un municipio con una población –según datos del INE– de unas 1.500 personas procedentes de países donde se profesa el islam.

Vox y PP proponían modificar el Reglamento de funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales para excluir en las mismas cualquier uso religioso, cultural o social. Sin embargo, como señalan desde la Abogacía del Estado, el efecto inmediato sería la exclusión, “en particular, de las celebraciones religiosas promovidas por la comunidad musulmana en Jumilla, puesto que no hay constancia de que otras confesiones religiosas hayan celebrado actos religiosos en instalaciones deportivas de dicha localidad”.

“Identidad nacional”

Según ha considerado la Abogacía del Estado, dicho acuerdo, “solo responde a una finalidad ideológica de exclusión religiosa”. Y recuerda que los impulsores del veto reconocieron “expresamente que se fundamentaba en la necesidad de limitar la práctica de ritos y celebraciones 'importadas', como la fiesta del cordero, que a juicio del Ayuntamiento resultaba completamente ajena a los usos y costumbres que de la identidad nacional”.

Esta decisión llega después de que el Ayuntamiento de Jumilla no respondiera al requerimiento presentado por el Gobierno en el mes de agosto para que anulase el acuerdo adoptado en el pleno del 28 de julio, por el que se prohibían los actos religiosos en centros deportivos de la localidad.

Por otra parte, en el recurso de la Abogacía se constata que la comunidad musulmana de Jumilla “ha utilizado el pabellón deportivo para celebrar estas festividades desde hace décadas, siempre previa solicitud y tras el pago de las tasas correspondientes, sin que, hasta la fecha, haya existido problema de orden público alguno”.

Fuentes del Gobierno han mostrado su preocupación por “la deriva autoritaria de la derecha y la ultraderecha” y han reafirmado su “compromiso” en recurrir cualquier medida de ayuntamientos y comunidades autónomas que limiten derechos fundamentales, “como ya sucedió en los casos de la censura educativa en Murcia a través del conocido como veto parental, el chantaje institucionalizado a las mujeres que quieren abortar en Castilla y León o Madrid o la derogación de las leyes de memoria de la mano de defensores de la dictadura”.

El Gobierno irá finalmente a los tribunales para tratar de anular la moción aprobada por la mayoría de PP y Vox en el Ayuntamiento del municipio murciano de Jumilla que permitirá impedir que la comunidad musulmana de la localidad pueda seguir haciendo uso de las instalaciones deportivas municipales para celebrar festividades como el final de Ramadán y la fiesta del cordero.

Fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes consultadas por elDiario.es confirman que el Ayuntamiento no ha respondido en plazo al requerimiento enviado hace un mes y en el que solicitaba la anulación de esa moción. El siguiente paso, amplían estas fuentes, es activar la vía contencioso-administrativa a través de un recurso en el que todavía está trabajando la Abogacía del Estado y que se presentará próximamente. 

La iniciativa que acaparó titulares el pasado agosto evidencia cómo el discurso islamófobo de la extrema derecha empieza a incorporarse a las instituciones. Y también abre interrogantes en el plano jurídico al afectar al derecho al culto de una minoría religiosa. En su requerimiento, el Ejecutivo apuntaba a una restricción “arbitraria” de una celebración que se venía realizando desde hace años, lo que suponía una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. 

“La verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”, explicó entonces el Gobierno.

El texto finalmente aprobado fue fruto de una enmienda presentada por el PP a un texto inicial de la formación de extrema derecha que contenía una supuesta defensa de las “tradiciones” del pueblo español y que era un ejemplo claro del discurso xenófobo más radical. La maniobra del partido de Alberto Núñez Feijóo consistió en presentar una enmienda que aunque no es explícita en su rechazo a esos actos islámicos, sí mantiene el espíritu del texto inicial y aboga por la restricción específica del uso de instalaciones deportivas municipales a fines ajenos al ayuntamiento.

La moción aprobada con los votos de los diez ediles del PP y la abstención de Vox aborda dos cuestiones. Por un lado, insta al Ayuntamiento a “promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales” españoles. Y, por otro, solicita al gobierno municipal que inicie los trámites necesarios para modificar el Reglamento de las instalaciones deportivas municipales para que su uso sea “exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”.

Según el PP, los pasajes eliminados perseguían “la legítima finalidad de proteger” las “tradiciones y costumbres” españolas, pero podían “dar lugar a interpretaciones que no se ajustan plenamente al marco jurídico vigente”. La clave ahora es si la redacción edulcorada y supuestamente neutral finalmente aprobada tiene o no acomodo en el marco jurídico. La Constitución Española, en su artículo 16, garantiza el derecho a “la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.

Francisco Lucas Ayala (Murcia, 1989) toma posesión este viernes 12 de septiembre como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia. Su nombramiento llega en plena escalada de tensión social tras los episodios de violencia racista registrados este verano en municipios como Torre Pacheco y Jumilla, así como en un contexto de creciente protagonismo de la ultraderecha en la agenda política regional. Secretario general del PSRM desde marzo, Lucas compaginará desde ahora ese cargo orgánico con una responsabilidad institucional que, durante los últimos años, ha sido el principal espacio de poder del PSOE en la Región.

Lucas es uno de los pocos líderes regionales del PSOE que compatibiliza su labor en la Comisión Ejecutiva Federal como secretario de Reforma Constitucional con sus responsabilidades orgánicas en Murcia.

Dado que usted ocupa ya un puesto orgánico dentro del Partido, que todo apunta a que será el candidato a la presidencia autonómica en 2027, y sobre todo que la anterior delegada del Gobierno llevaba poco tiempo en el cargo y lo estaba desempeñando con soltura, ¿a qué se debe su nombramiento? El PP dice que es un uso partidista de un cargo institucional.

Mi compromiso con la Región de Murcia no ha cambiado con mi nombramiento como Delegado del Gobierno. Desde que fui elegido secretario general del PSRM, he trabajado exclusivamente para defender los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad. Por eso, quiero agradecer públicamente la confianza que el presidente del Gobierno ha depositado en mí y reconocer también la labor de mi compañera Mariola, que ha estado al frente de esta institución con profesionalidad y dedicación. En cuanto al relevo, entra dentro de la normalidad democrática: es una decisión del presidente del Gobierno y yo la he aceptado tras una reflexión profunda. No oculto que los hechos ocurridos este verano han influido en mi decisión. Me refiero a la aprobación de presupuestos que fomentan el odio, a las cacerías racistas que vimos en Torre Pacheco o a mociones como la de Jumilla, que ponen en riesgo la convivencia

En este contexto, creo que es más necesario que nunca tender puentes con el Gobierno de España y defender con firmeza el diálogo, el consenso y los valores constitucionales. Frente a quienes criminalizan a la inmigración y alimentan el conflicto social, como ha hecho Vox recientemente en Santa Cruz, voy a utilizar todos los instrumentos de los que dispongo para combatir el fascismo en la Región de Murcia. Y lo haré desde una posición clara: no he venido a confrontar con el Gobierno regional, sino a ser útil. Esa es mi prioridad como delegado del Gobierno. Lo que la sociedad civil me ha trasladado estos meses es que hace falta cooperación institucional. Y eso es exactamente lo que voy a hacer: actuar como puente con el Gobierno de España para que esta tierra avance, frente a un presidente autonómico que se ha instalado en la confrontación permanente y ha quemado todos los canales de diálogo.

Tender puentes como ofrecerse a aprobar unos presupuestos sin líneas rojas. ¿Cree que fue una decisión inteligente?

Por supuesto que fue una decisión inteligente, y no solo lo creo: los sucesos de este verano me han dado la razón. La propuesta de aprobar los presupuestos sin condiciones ni líneas rojas fue un intento sincero de evitar que la Región de Murcia siguiera siendo rehén de la ultraderecha. Lo que hemos vivido en los últimos meses —las cacerías racistas en Torre Pacheco, la presión frente al centro de menores en Santa Cruz— demuestra que normalizar y comprar los discursos de odio solo nos lleva al desastre. No se puede seguir legitimando el fascismo en las instituciones. Por eso volvería a hacer esa propuesta. Porque mi prioridad es combatir el odio y proteger la convivencia.

Me sorprende que ahora el Gobierno regional y el Partido Popular hayan acusado a Vox de indecentes por lo ocurrido en el centro de menores de Santa Cruz, cuando han sido ellos quienes, a cambio de unos presupuestos, han jugado con los derechos de niños y adolescentes. Han sido ellos quienes han permitido que se criminalice a la inmigración y quienes han encendido una hoguera que ahora se les va de las manos. La responsabilidad es suya, y los hechos lo han dejado claro.

¿Puede garantizar la Delegación de Gobierno que no volverá a haber agresiones multitudinarias a ciudadanos y periodistas? La presencia de los FFCC de Seguridad del Estado en Torre Pacheco no impidió bastantes agresiones antes de que se tomaran medidas fuertes.

Creo que lo he demostrado esta misma semana en Santa Cruz. Comenzó a circular por redes sociales una convocatoria ilegal para concentrarse frente al centro de menores y, de inmediato, di instrucciones claras a la Guardia Civil para impedirlo. Se evitó esa concentración y se les impidió acceder al centro. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado con eficacia y determinación. Como ya he reiterado en esta entrevista, la Delegación del Gobierno va a actuar con firmeza para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y la protección de sus derechos fundamentales.

Dicho esto, también es imprescindible que el Gobierno regional actúe con responsabilidad. No basta con calificar como indecentes ciertos comportamientos si al mismo tiempo se siguen validando los discursos de odio. No es suficiente decir que uno no es racista: hay que demostrar con hechos que se es antirracista. Si queremos proteger la convivencia y salvaguardar la democracia en la Región de Murcia, necesitamos actuar de forma clara y comprometida. Y eso implica romper definitivamente con la retórica que pone en la diana a colectivos vulnerables.

Sobre la financiación autonómica, el Gobierno Regional ha hecho de ella uno de sus principales estandartes en la pugna con el Gobierno central. ¿Qué responsabilidad puede asumir el Partido Socialista en esta disputa?

Lo primero que quiero dejar claro es que el Partido Socialista considera urgente abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, y compartimos el diagnóstico de que la Región de Murcia está infrafinanciada. Ahora bien, esa afirmación debe ir acompañada de rigor. Para reformar el modelo actual se necesita un pacto de Estado, un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, no un uso partidista del problema. El Partido Socialista ya tiene una posición clara: fue aprobada en nuestro último Congreso Federal en Sevilla. En cambio, seguimos sin conocer la postura del Partido Popular a nivel nacional ni tampoco la del propio Partido Popular de la Región. Además, conviene recordar que no toda la deuda de la Región —más de 13.500 millones de euros— se debe a la infrafinanciación. Solo un 30% tiene relación directa con el modelo; el resto responde al despilfarro y la mala gestión de tres décadas de gobiernos del PP.

Por eso resulta incomprensible que López Miras haya rechazado la condonación del 27% de la deuda regional —3.318 millones de euros— que plantea el Gobierno de España. Una medida que no solo es buena para todas las comunidades autónomas, sino especialmente beneficiosa para una región como la nuestra. En 2023 el propio López Miras pedía la condonación de 3.200 millones; ahora que el Estado le ofrece incluso más, la rechaza por puro interés partidista porque está utilizando el Gobierno regional como instrumento al servicio de Feijóo. Desde aquí le pido responsabilidad. Esa condonación permitiría destinar más recursos a sanidad, educación y dependencia. Es decir, a los servicios públicos que más necesita la Región de Murcia. Espero que recapacite.

¿Qué consideraría una financiación 'justa' para la Región de Murcia?

Para el Partido Socialista, una financiación justa para la Región de Murcia pasa por un modelo que garantice la equidad entre territorios y asegure una financiación adecuada por habitante. Esa es nuestra posición, y ya fue fijada en el último Congreso Federal. Lo que no sabemos todavía es cual es la postura del Partido Popular, que lleva treinta años gobernando la Región. Dicho esto, conviene subrayar un dato clave: en 2026, la Región de Murcia recibirá 5.300 millones de euros, la mayor cifra de financiación de su historia. Esto demuestra que el Gobierno de España está comprometido con nuestra tierra y reconoce su singularidad. Además, medidas como la condonación parcial de la deuda autonómica no benefician únicamente a Cataluña, como algunos intentan hacer ver, sino que favorecen a todas las comunidades, incluida la nuestra.

Por eso resulta incomprensible que el presidente López Miras haya decidido rechazar la condonación del 27% de la deuda murciana —más de 3.300 millones de euros— en un momento en el que Murcia es la única comunidad que ha empeorado sus cifras de deuda respecto al año anterior y una de las dos más endeudadas del país. Renunciar a esa condonación es un error grave que perjudica de forma directa los intereses de nuestra ciudadanía. No se puede anteponer la estrategia partidista a una oportunidad real de aliviar las cuentas públicas y reforzar los servicios esenciales que tanto necesita esta región.

Entonces, ¿por qué lleva treinta años gobernando el PP la Región? ¿Qué ha pasado para que esto ocurra? ¿Por qué Delegación de Gobierno es la única parcela de poder que tiene, intermitentemente, el PSOE aquí?

Siempre he defendido que la autocrítica es necesaria, y como secretario general del PSRM fue lo primero que hice: asumir que durante estos 30 años no hemos sabido trasladar con suficiente claridad a la ciudadanía que el Partido Socialista es una alternativa real de gobierno. Pero eso ha cambiado. Hoy no solo tenemos un proyecto claro, sino que lo estamos demostrando con hechos. Contamos con compañeras y compañeros preparados, y eso se ve en la gestión eficiente que realizan nuestros alcaldes y alcaldesas en numerosos municipios de la Región. Tenemos equipo, tenemos ideas, y tenemos voluntad de cambio.

Dicho esto, ahora mismo no estoy centrado en qué pasará en 2027, sino en ser útil a la Región de Murcia desde la Delegación del Gobierno. Me preocupan los problemas reales de la ciudadanía: la falta de vivienda para los jóvenes, los discursos de odio que ponen en peligro la convivencia, la criminalización de la inmigración y la utilización partidista de la seguridad por parte del Gobierno regional. Lo que me ocupa y me preocupa es que esta región avance, que haya más bienestar, más justicia social y más oportunidades. La ciudadanía decidirá a quién le otorga su confianza, pero nosotros vamos a seguir trabajando desde ya para merecerla.

Y respecto al desarrollo de la Región, llevamos mucho retraso con ciertas infraestructuras clave, como el Corredor Mediterráneo que conecte Murcia, Cartagena y Almería vía Lorca. ¿Qué fechas maneja el Gobierno para su inauguración?

Lo primero que hay que entender es de dónde partíamos. Cuando llegamos al Gobierno en 2018 nos encontramos una red ferroviaria abandonada, con goteras y sin un solo kilómetro de vía electrificada. Desde entonces se ha hecho una inversión histórica para modernizar toda la red ferroviaria de la Región. Hemos traído la alta velocidad a la ciudad de Murcia y lo hemos hecho de forma soterrada, solucionando además un conflicto social que el anterior Gobierno del PP agravó con represión. Frente a los palos de entonces, hoy hay una estación soterrada, moderna, y un AVE en funcionamiento. En cuanto al Corredor Mediterráneo, todos los tramos entre Murcia y Lorca están en ejecución y avanzan a buen ritmo. En el caso de Cartagena, dos tramos están ya en obras y el resto se encuentra en fase de redacción y planificación.

La inversión del Gobierno de España en infraestructuras ferroviarias en la Región supera ya los 2.200 millones de euros desde 2017. Es una cifra sin precedentes que desmonta el mantra del abandono que repite el Partido Popular. La realidad es que el compromiso del Ministerio de Transportes y del Gobierno de España con la Región de Murcia es incuestionable. La nueva Estación del Carmen estará lista para su inauguración a finales de este año o principios del que viene. Y mi compromiso, como delegado del Gobierno, es seguir impulsando todos y cada uno de los proyectos que están en marcha y asegurar que se cumplan los plazos. Porque lo importante no es repetir discursos victimistas, sino ejecutar obras y cumplir con los compromisos.

¿Y el tranvía en la ciudad de Murcia hasta la Estación del Carmen?

El caso del tranvía hasta la Estación del Carmen es otro ejemplo claro del compromiso del Gobierno de España con la ciudad de Murcia. Se firmó un primer protocolo para ejecutar este tramo, pero caducó porque el Ayuntamiento de Murcia no cumplió con su parte y dejó pasar los plazos. Aun así, el Gobierno de España renovó el convenio, demostrando una voluntad firme de seguir adelante con el proyecto. Sin embargo, hasta la fecha no tengo constancia de que el Ayuntamiento haya cumplido con sus obligaciones ni que haya impulsado los pasos necesarios. El compromiso del Estado está ahí, pero ahora son el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma quienes tienen que demostrar, con hechos y con presupuesto, que de verdad quieren ejecutar esta infraestructura clave para la movilidad en la ciudad.

Hay muchos analistas políticos que coinciden en que Vox es la oposición real al gobierno de López Miras. Básicamente, dicen que la izquierda pinta poco. ¿Qué papel debe jugar el PSOE en este contexto?

Yo discrepo de esa afirmación. Para mí, Vox no es simplemente la oposición real al gobierno de López Miras: Vox es quien está gobernando la Región de Murcia. No hacen oposición, gobiernan de facto. Lo vemos todos los días, lamentablemente. Desde la imposición de discursos de odio hasta el condicionamiento de políticas públicas. Ante esto, el papel del Partido Socialista es claro: trabajar con responsabilidad, abordar los problemas estructurales que arrastra la Región desde hace décadas y ofrecer soluciones reales. Lo estamos haciendo desde el Gobierno de España, y también desde la Delegación del Gobierno, donde mi compromiso es servir de puente institucional para garantizar avances y proteger la convivencia. Eso es lo que la sociedad civil nos está pidiendo: responsabilidad, paz social y un rumbo claro frente al ruido.

Y en tan solo una semana, hemos dado pasos firmes. Ordenamos la retirada inmediata de simbología franquista detectada durante la Feria de Murcia, y evitamos una concentración ilegal frente al centro de menores de Santa Cruz. Ese es el tipo de oposición que estamos haciendo: firme, pero constructiva. El Gobierno de España también lo demuestra con su posición internacional, como al denunciar el genocidio en Gaza. Y ese es el modelo que defiendo: una política útil, con determinación pero sin caer en la crispación. Ser útil a la ciudadanía es también plantar cara al fascismo, garantizar derechos y mejorar el bienestar. En eso está el Partido Socialista, y en eso voy a seguir trabajando.

También se comenta que el PP se ha adueñado del discurso regionalista y se le ve más cómodo hablando de temas como el Trasvase Tajo-Segura

Desde que fui elegido secretario general del PSRM, hemos trabajado para recuperar un perfil propio en la defensa de los intereses de la Región de Murcia, y lo estamos demostrando con hechos. En el Congreso Regional del PSOE, delante del presidente del Gobierno y del secretario general del partido, dejé claro que el trasvase Tajo-Segura no se va a cerrar. Lo dije con contundencia y sin ambigüedades, también en presencia del propio presidente regional, Fernando López Miras, y de todos los diputados y diputadas del Partido Socialista. Frente a los mantras del PP, que lleva tres décadas repitiendo los mismos discursos sin resolver los problemas reales de la región, nosotros hemos optado por la responsabilidad, la claridad y el compromiso con las necesidades estructurales que siguen sin resolverse. Porque lo importante no es quién grita más, sino quién defiende con hechos lo que esta tierra necesita.

Si en 2027 una abstención del PSOE eliminase la influencia de Vox en el PP, ¿estarían dispuestos?

El Partido Socialista va a salir en 2027 a ganar las elecciones y a gobernar esta Región. No me planteo otro escenario que no sea ese. Somos un partido de Estado, pero también somos un partido ambicioso y con vocación de mayoría. Y lo vamos a demostrar. Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa clara, sólida y creíble que devuelva a la Región de Murcia un gobierno progresista y comprometido con los problemas reales de la ciudadanía. Lo demás, en este momento, no forma parte de nuestras prioridades. Estamos centrados en construir ese proyecto ganador.

PP, PSOE e IU-Verdes han aprobado en el Ayuntamiento de Yecla una moción planteada por este último grupo parlamentario y enmendada por el PP que condena “expresamente” la violencia racista y los discursos de odio, así como la “campaña de criminalización colectiva contra la comunidad marroquí y migrante”. Una moción que diverge radicalmente de la aprobada a principios de agosto por el PP y Vox en el muncipio limítrofe de Jumilla -con el que da forma el Altiplano- y que tiene como objetivo prohibir la celebración de la Fiesta del Cordero y el fin del Ramadán en el polideportivo de este municipio murciano.

“Uno puede ser yeclano de Marruecos, uno puede ser yeclano de Bolivia y uno puede ser yeclano de Pakistán”, espetó este lunes en el Pleno la alcaldesa de Yecla (PP), Remedios Lajara. La regidora dijo no entender cómo Vox, quien es su socio de gobierno en la localidad murciana, había sido capaz de decir que “el bipartidismo es causante de este problema”. “En las cuestiones ideológicas cada partido las llevará donde considere”.

Lajara se dirigió al finalizar el debate a los ediles de Vox para asegurar que “también seremos implacables con el que delinca, aunque eso debe nacer del Gobierno de España. Los ayuntamientos podemos poner buena voluntad, pero el Gobierno nos tiene que dar herramientas”, dijo.

Apoyo a las ONG y las comunidades de migrantes

En el texto de la moción, el consistorio yeclano se compromete a mantener un “contacto permanente” con las ONG que se dedican a dar apoyo, acogida e integración a personas migrantes -sobre todo, a aquellas que se dedican a “la atención a la infancia víctima de agresiones o amenazas”-, así como con las diferentes comunidades de migrantes que residen en el municipio.

Además, en la moción se insta al Gobierno de España a emprender “las acciones necesarias” para el cierre de aquellas cuentas que, desde las redes sociales, “transmiten y alimentan mensajes de odio, recurriendo en muchos casos a imágenes y vídeos falsos o descontextualizados que causan un gran daño social”.

De hecho, tanto las redes sociales como los influencers fueron una de las principales correas de transmisión de los mensajes de odio que impulsaron la cacería racista orquestada por los ultras el pasado julio en el municipio murciano de Torre Pacheco.

Piden que se rompa la coalición de Gobierno

El portavoz del PSOE de la localidad murciana, Cristóbal Ruiz, por su parte, ha recordado que el único grupo parlamentario que se ha desmarcado de la moción ha sido Vox con sus tres parlamentarios, al tiempo que le ha dicho al PP que “es el momento” de romper con su socio de Gobierno, ya que el PP “con sus nueve concejales puede gobernar mirando a derecha e izquierda”.

“Es el momento de recordarle al Partido Popular que el Partido Socialista le vuelve a tender la mano”. El portavoz socialista ha advertido al PP de gobernar la localidad murciana con un grupo político racista, como Vox. “Cuando el racismo y los sentimientos que van contra otras personas empiezan así, acaban llevándose a todos los partidos por delante”.

Las bases de los populares, “frente a la estrategia de Feijóo”

El portavoz de Izquierda Unida-Verdes en el consistorio yeclano, Alberto Martínez, también sostuvo en el debate que el PP debe romper la coalición con el partido de ultraderecha.

Martínez se ha mostrado orgulloso de que el Ayuntamiento de Yecla se posicione “de manera clara” frente al auge de los discursos de odio, especialmente “en un contexto de normalización de la xenofobia por parte de formaciones de ultraderecha”. “El racismo no surge de forma espontánea; es alimentado, planificado y ejecutado por partidos como Vox, que utilizan el miedo y la desinformación como herramientas políticas”.

Que el Partido Popular de Yecla se haya desmarcado de sus socios de gobierno “es una señal positiva que, además, demuestra que las bases de los populares no comparten la estrategia de Feijóo y de su dirección nacional en este asunto”, ha añadido.

“Tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo”. Así justificó a principios de julio la diputada de Vox Rocío de Meer la propuesta de expulsión de personas migrantes y sus hijos, incluyendo también así a quienes han nacido en España. El partido calcó una a una las teorías racistas popularizadas por la ultraderecha global en los últimos años: habló de “reemplazo demográfico” y también de “reemigración masiva”. Dos meses antes, Falange convocaba en Madrid una manifestación contra la inmigración apoyada por grupos neonazis y fascistas. En la pancarta de cabecera lucía una única palabra: “Reemigración”.

Desde que Vox planteara abiertamente una deportación generalizada el pasado 7 de julio para “preservar la identidad española” se han sucedido otros dos hechos racistas que han marcado el verano y que, por su concentración en el tiempo y crudeza, forman parte de un salto cualitativo. Todo ha ocurrido en solo un mes: Torre Pacheco fue escenario de conflictos con motivación racista tras la agresión a un hombre al tiempo que todo el ecosistema ultraderechista aprovechaba para diseminar su mensaje antiinmigración. Ello se une a la prohibición en Jumilla de los actos musulmanes en espacios públicos de la mano de PP y Vox.

“La línea se cruzó hace tiempo, ahora estamos viendo los frutos de algo que se ha ido sembrando incesantemente desde hace años”, cree Sergi Soler, historiador de la Universidad Autónoma de Barcelona. El experto asegura que el país asiste a “una nueva ola de radicalización” que es producto de “la normalización” del discurso previo: “Una gran parte del público mainstream ha asimilado la ola anterior, así que se da paso a la siguiente”. “España ha entrado sin duda en una nueva era de extrema derecha”, asiente el estadounidense Connor Mulhern, investigador principal del consorcio La Internacional Reaccionaria.

Soler, miembro de ARENAS, un proyecto que está analizando las narrativas extremistas, lo desarrolla: “Cuando surgió Vox y las extremas derechas en Europa se empezó a hablar de temas que antes eran tabú, entre ellos, la vinculación de la inmigración y la delincuencia o el negar la discriminación de las mujeres, por ejemplo. Sin embargo, sus narrativas y estrategia de machaque incesante han contribuido a que la gente ya hable abiertamente de ello. El discurso se ha asimilado e interiorizado por gran parte de la población, por lo que ya se puede poner en marcha otra fase de radicalización en la que se proponen soluciones más extremas”.

Un vehículo desde los márgenes

Las declaraciones de líderes de Vox hechas durante este mes dibujan la realidad soñada por los grupos ultraderechistas españoles que, a pesar de ser muy minoritarios y diferenciarse del partido de Abascal en temas como la guerra de Gaza, comparten retórica migratoria. Solo un vistazo al contenido que generan Falange, Democracia Nacional o Núcleo Nacional (NN) basta para atisbar coincidencias. Esta última asociación, abiertamente neonazi, enarbola un racismo más etnicista con constantes apelaciones a la raza, pero al igual que Vox habla de “invasión”, vincula inmigración e inseguridad y habla de una supuesta amenaza a las raíces y cultura nacionales. “Estamos perdiendo España”, dijo uno de sus líderes, Enrique Lemus, en la inauguración de su sede en Madrid.

“Vox ha logrado amplificar el discurso extremista e introducirlo en la corriente principal de la política”, cree Mulhern, que va aún más lejos: “Y ha ofrecido un vehículo institucional para que individuos y redes de los márgenes más radicales accedan a cuotas de poder”. Algo que precisamente aprecia el experto en la manera en que su mensaje “se solapa con la ideología abiertamente neonazi” de la “reemigración”, una retórica que “es casi idéntica” a la que defienden figuras radicales a nivel global como íder del grupo etnonacionalista austríaco Movimiento Identitario Martin Sellner.

Por eso Mulhern piensa que “la caza al inmigrante” fomentada en Torre Pacheco “podría ser perfectamente el primer paso de una tendencia más amplia y no una excepción”. De hecho, la extrema derecha lleva tiempo buscando propagar este tipo de protestas a otras ciudades, lo que denominan con el eufemismo “apatrullar” las calles en lugares que consideran “difíciles con el tema de la seguridad”, en palabras de Núcleo Nacional. Las protestas ante centros de menores migrantes también son una de sus banderas al tiempo que Vox ha intensificado su campaña contra ellos.

Esta doble dimensión de grupos más radicalizados y partidos políticos como Vox “se está replicando en toda Europa”, explica la investigadora Nuria Alabao, autora de Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales. “Cada vez que Vox está utilizando esta retórica legitima y acerca al mainstream el discurso de los neonazis y reduce el coste social de expresar posiciones abiertamente racistas”, añade la experta. Por su parte, el periodista y coordinador de AlgoRace, Youssef M. Ouled, apunta a “una amplitud del discurso racista nunca antes vista”, pero señala como caldo de cultivo “los planteamientos racistas preultraderecha” presentes en España de forma estructural.

Todas las voces expertas consultadas para este reportaje coinciden en que la deriva de los últimos tiempos no ha ocurrido solo en España. Pero más allá del auge internacional, Alabao aporta un ingrediente nacional y hace referencia al segundo plano que ocupa ahora la cuestión independentista, campo de batalla habitual de las derechas. La experta considera que “se ha cerrado el ciclo del procés y la cuestión territorial está desactivada como gran movilizadora”, por lo que la ultraderecha “se ha movido todavía más” y profundiza en cuestiones relacionadas con la inmigración. “No es un desplazamiento tan inesperado, lleva tiempo creándose un campo fértil para que el discurso de la persecución del migrante se acepte e incluso la violencia callejera de grupos ultras se perciba como legítima”.

Sin embargo, el racismo ya existía antes de la irrupción de la ultraderecha, sostiene Youssef M. Ouled. “Lo que sucede es que ha permanecido más ignorado, salvo para quienes lo padecen”, esgrime el activista haciendo referencia a la actuación del Gobierno en la frontera sur o a las redadas raciales. Lo que sí cree Ouled es que la extrema derecha “ha incorporado un nivel de deshumanización y criminalización nuevo” y que lo ocurrido en Murcia “es un experimento para valorar su capacidad de movilización y condicionar el panorama social y político”, pero aunque “haya una percepción de más racismo” este “se sustenta en un racismo social e institucional que ya estaba ahí”.

Racismo cultural y biológico

En el marco de este proceso, Connor Mulhern identifica una “radicalización” de Vox a partir de las elecciones europeas de 2024. En parte “por haber mejorado” la movilización de sus bases en el ámbito digital y también debido a que “el ala más etnonacionalista de Vox se ha vuelto dominante” en el partido desplazando a “muchas voces relativamente más moderadas”. “Vox ya era de extrema derecha, pero a menudo se distingue entre la derecha radical, como Giorgia Meloni, y la extrema derecha más vinculada al fascismo clásico. Aunque Vox es un espectro, se ha ido inclinando más hacia esta última posición”, sostiene.

En términos generales, el experto se remonta en el tiempo y explica que la extrema derecha española “tuvo históricamente sus raíces en la nostalgia franquista” y, aunque esta sigue presente, la ola actual “es marcadamente distinta” y en ella convive el racismo cultural que ha predominado en los últimos años y que hace referencia a las costumbres o la religión para rechazar al extranjero con el racismo más etnicista. “Es la defensa de una nación española basada en un racismo biológico explícito que presenta a los españoles como parte de una 'pura' nación blanca europea en proceso de ser supuestamente 'reemplazada' por personas no solo culturalmente distintas sino genéticamente inferiores”.

De esta forma cree Mulhern que se ha podido llegar a medidas como la de Jumilla con el apoyo del PP, que respaldó la propuesta después de modificar la moción original de Vox pero manteniendo la intención inicial. La decisión, que permite prohibir el Ramadán o la 'fiesta del cordero’ en espacios públicos, “se basa en la premisa de que los musulmanes no forman parte de la nación española” independientemente de qué nacionalidad tengan. Lo mismo ocurre con la defensa de la deportación de inmigrantes y sus hijos a pesar de que hayan o no nacido en España.

En esta ocasión Vox ha llegado a mostrarse crítico con la Conferencia Episcopal Española y su rechazo al veto musulmán en la localidad murciana, lo que ha provocado la reacción de obispos españoles de diferentes corrientes ideológicas. Alabao analiza el movimiento en un contexto en el que la formación utiliza las creencias no tanto desde el punto de vista estrictamente religioso sino con la idea “del cristianismo cultural”, es decir, como “un marcador identitario frente al Islam y como eje de la identidad nacional y europea”. De esta forma cree la investigadora que Vox busca al votante más radicalizado y se presenta “como el verdadero defensor de la fe sin complejos”.

Con todo, las voces expertas apuntan a ampliar la mirada y apelan también al resto de sectores y partidos políticos. “No hay que combatir el racismo de la ultraderecha únicamente, sino poner sobre la mesa el necesario debate sobre el racismo en España”, sostiene Youssef M. Ouled. Mulhern, por su parte, cree que Vox “ya no se conforma con operar desde los márgenes políticos” sino que está “poniendo a prueba” hasta dónde puede llegar. “Y hasta ahora se está encontrando con poca resistencia. Es evidente que el Gobierno no solo no comprende lo que está pasando, sino que tampoco sabe cómo combatirlo”.

El verano de 2025 está siendo testigo de una estrategia calculada de Vox para consolidar su posición como el partido arquetípico de la derecha más radical en España y, quizás, entre sus homólogos europeos, enarbolando la bandera del racismo y la mano dura en materia migratoria. Lejos de la tregua estival que antaño moderaba el debate político, la formación de Santiago Abascal ha intensificado su ofensiva, aprovechando la coyuntura para moldear la opinión pública y cosechar réditos políticos.

Uno de los episodios más reveladores de esta estrategia ha sido la espiral de violencia desatada en Torre Pacheco. Lo que pudo ser un incidente aislado fue hábilmente explotado por Vox, amplificando el conflicto y transformándolo en un símbolo de la supuesta “invasión migratoria”. Las declaraciones incendiarias de sus dirigentes, la difusión masiva de bulos y la instrumentalización del miedo han tenido un efecto propagandístico devastador. Al presentarse como los únicos defensores de la “seguridad” y el “orden” frente a una “delincuencia importada”, Vox no solo busca movilizar a su base, sino también arrastrar al centro-derecha hacia posiciones más extremas, dejando claro quién está dispuesto a ir hasta el final.

Pero la táctica de Vox no se limita a la explotación de conflictos. En Jumilla, hemos asistido a un proceso de normalización e institucionalización de la islamofobia que debería encender todas las alarmas. La campaña antimezquitas, disfrazada de defensa del “patrimonio local” o la “seguridad ciudadana”, ha ido calando en el imaginario colectivo, con la complicidad de ciertas administraciones locales. Como señaló el politólogo Cas Mudde, en su libro 'La ultradrecha europea', “la normalización de la xenofobia es uno de los pasos más peligrosos en la deriva autoritaria de una sociedad, ya que legitima el discurso del odio y abre la puerta a políticas discriminatorias”. La islamofobia de Vox no es solo un prejuicio: es una herramienta política para generar una sociedad polarizada donde el “otro” es percibido como una amenaza existencial.

Sorprendentemente, en esta escalada de radicalidad, Abascal no ha dudado en lanzar ataques directos contra la propia Iglesia, históricamente un pilar conservador. Estos ataques, que pueden parecer contradictorios con la imagen de partido “defensor de las tradiciones”, persiguen un objetivo claro: marcar distancia con cualquier institución que pueda mostrar la más mínima señal de apertura o moderación en materia migratoria. Al criticar las posturas de la Iglesia en favor de la acogida o la integración, Vox busca apropiarse en exclusiva del discurso de la “mano dura”, posicionándose como el único guardián de la identidad nacional frente a una supuesta “invasión” tolerada incluso por estamentos tradicionalmente afines.

Esta estrategia de radicalización se acentúa en verano, una época que ofrece un caldo de cultivo idóneo para la agenda de Vox. Por un lado, la llegada de cayucos a las costas españolas se convierte en un pretexto recurrente para reavivar el discurso del “efecto llamada” y la “frontera descontrolada”. Por otro lado, el verano, con su reducción de la actividad parlamentaria y un menor volumen de noticias en la agenda pública, ofrece a Vox un espacio privilegiado para que sus mensajes tengan un mayor eco. En un entorno mediático más laxo, las declaraciones incendiarias y las propuestas extremistas adquieren una visibilidad desproporcionada, dominando el debate y desplazando otros temas.

Sin embargo, esta intensificación de la retórica migratoria de Vox se produce a pesar de que los datos demoscópicos a nivel europeo sugieren una realidad diferente. El último Eurobarómetro, publicado en diciembre de 2024, indica que, para el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea, la inmigración ocupa el segundo lugar como problema principal, mencionada por un 28% de los encuestados. No obstante, en el caso de España, la preocupación es notablemente mayor, ya que un 34% de los españoles la considera uno de los principales problemas. Este aumento es significativo, con 13 puntos porcentuales más respecto al informe anterior de la primavera de 2024. Estos datos, si bien muestran un repunte en la preocupación, contrastan con la narrativa de “invasión” descontrolada y se usan para justificar el discurso de Vox, incluso cuando otros temas como la inflación o el desempleo también tienen una relevancia significativa. La paradoja es que a pesar de que la preocupación por la inmigración no es mayoritaria, el discurso de Vox tiene un impacto desproporcionado, dominando el debate y obligando al resto de partidos a posicionarse.

Las propuestas y acciones antimigratorias de Vox no son un fenómeno aislado; se inscriben en una tendencia europea de partidos de extrema derecha que buscan capitalizar el descontento y el miedo. Ejemplos como Alternative für Deutschland (AfD) en Alemania, con sus propuestas de “remigración” y restricción del derecho de asilo, o el Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders en Países Bajos, con su constante demonización del islam y su defensa de políticas migratorias draconianas, muestran un patrón común. Vox, al igual que sus homólogos, busca erigirse como el referente de la “resistencia” frente a una supuesta “agenda globalista” que promueve la “sustitución demográfica”. La explotación de la violencia, la normalización de la islamofobia y los ataques a instituciones tradicionales son piezas de un puzzle diseñado para que nadie dude quién aplicará la mano dura en materia migratoria.

A la luz de estas acciones, es inevitable recordar las reflexiones de Robert O. Paxton en su seminal obra 'La anatomía del fascismo'. Paxton argumenta que los movimientos fascistas no se definen tanto por una ideología coherente, sino por sus “pasiones movilizadoras”: un obsesivo miedo al declive de la comunidad, un sentimiento de victimismo y la exaltación de la unidad, la energía y la pureza. Estos movimientos, a menudo, logran su auge no por tomar el poder por la fuerza, sino porque las élites conservadoras, asustadas por las alternativas de izquierda, deciden incorporarlos a sus coaliciones de gobierno. Al trazar un paralelismo, Paxton subraya que los fascistas están cerca de alcanzar el poder “cuando los conservadores empiezan a tomar prestadas sus técnicas, a apelar a sus 'pasiones movilizadoras' y a intentar cooptar a su base de seguidores”. La pregunta es si la sociedad española, y sus élites, serán capaces de discernir entre la propaganda y la realidad, y si las fuerzas democráticas sabrán ofrecer una alternativa sólida a esta peligrosa deriva.

Joseph Overton, politólogo del Mackinac Center for Public Policy, desarrolló un modelo para cambiar las políticas públicas desplazando el marco de lo socialmente aceptable: la “ventana de Overton”. Según este enfoque, aplicado en la educación, los legisladores no inventan las ideas que promueven, sino que actúan dentro de un rango delimitado por la opinión pública. Ese rango puede modificarse mediante la acción de think tanks y actores culturales que introducen propuestas inicialmente impensables, las legitiman de forma gradual y las convierten en políticas oficiales. El objetivo no es convencer directamente a los gobernantes, sino alterar el clima de opinión para ampliar lo políticamente posible.

El caso de Jumilla se inscribe en esta lógica. Allí, el Partido Popular gobierna en minoría y presentó una moción de sustitución a una de VOX que pretendía restringir el uso de los polideportivos en las fiestas musulmanas. Esta, aunque no era inédita, resultó significativa por el contexto: coincidía con el último pleno antes del parón estival y venía precedida por los sucesos de Torre Pacheco. Estos habían llevado a un intelectual orgánico a publicar en diversos medios de comunicación nacional un artículo cuyo marco narrativo replicaba casi literalmente 'Sumisión', de Michel Houellebecq, combinando el temor a la pérdida de tradiciones con una visión estereotipada del islam e impregnada de la noción spengleriana del declive de Occidente. A ello se sumaba un trasfondo ideológico propio: la tradición liberal-conservadora de la Constitución de 1876, que proclamaba la libertad de cultos bajo hegemonía católica. Esa “tolerancia vigilada”, un Cánovas 2.0, reaparece hoy en la retórica de defensa de las tradiciones frente a amenazas externas.

Un ejemplo de esta estrategia discursiva es la publicidad de VOX en Almería, que contrapone el velo integral (niqab), asociado a visiones rigoristas del islam, con la imagen de una mujer con los hombros descubiertos y un escote pronunciado. Esta contraposición simplista, basada en la demonización del “otro”, oculta que el marco ideológico subyacente es el de una Europa blanca, cristiana y jerárquica, donde los papeles sociales están fijados por la tradición. Como ocurre en otros fundamentalismos, ese ideal conduce a que la mujer obedezca, el cuerpo se oculte y la tradición —más que la fe— determine la pertenencia. La paradoja es que quienes difunden este mensaje suelen exigir, en otros contextos, recato para entrar en una iglesia o vestir en público: cubrir hombros, ocultar escotes o alargar faldas. Son prescripciones que en cualquier fundamentalismo religioso no provienen de los textos sagrados, sino de tradiciones elevadas a dogma cultural.

El problema de fondo es que la verdadera herencia ilustrada es la laicidad. En España, la aconfesionalidad del Estado —logro parcial y frágil— es un principio básico de la democracia. Lo contrario de un Estado laico no es uno religioso, sino uno sometido. Renunciar a la neutralidad confesional no protege la fe: degrada la democracia. Presentar esa renuncia como “defensa de la tradición” es un error histórico y político. Lo que está en juego no es solo la letra de la ley, sino el marco simbólico y cultural. Al convertir esa neutralidad en negociable, el marco democrático se convierte en un juego de fuerzas y no en una garantía de igualdad. En ese escenario, VOX busca instrumentalizar la religión como pilar identitario, subordinando la autoridad eclesial a un proyecto político nacionalista, cuestión que ya conocemos. No se prioriza la función espiritual, sino la capacidad de la fe para operar como cemento cultural y herramienta de movilización política.

La conciencia de esta situación llevó a la Conferencia Episcopal Española a un comunicado prudente recordando la aconfesionalidad del Estado y la necesidad de respetar los derechos fundamentales, sin entrar en confrontación directa, pero dejando claro que las políticas restrictivas basadas en criterios confesionales no son compatibles con el marco constitucional. Este posicionamiento, alineado con un magisterio más social y dialogante impulsado por el Papa Francisco y continuado por su sucesor, choca con sectores eclesiales y políticos que reclaman un fundamentalismo católico frente al liberalismo y el multiculturalismo. Así, el ataque de VOX no es una ruptura con el catolicismo, sino un intento de desplazar su centro de gravedad hacia un catolicismo culturalmente excluyente, debilitando la legitimidad de la jerarquía actual y normalizando la idea de que incluso las instituciones religiosas deben plegarse al proyecto político si quieren conservar influencia en el espacio público.

Por eso, la moción de Jumilla —más allá de su alcance inmediato en el reglamento de gestión— es parte de un proceso mayor: el ensayo de un marco cultural en el que lo excepcional se normaliza y la aconfesionalidad deja de ser principio para convertirse en concesión condicionada. Este desplazamiento semántico y jurídico erosiona la función del Estado como garante de igualdad y lo reduce a árbitro complaciente de mayorías coyunturales.

La única defensa frente a esta deriva es reafirmar la aconfesionalidad como garantía de igualdad y como núcleo de la cultura democrática. No se trata de excluir creencias del espacio público, sino de impedir que el Estado se convierta en agente de una tradición concreta. A la vez, hemos de comprender que la cuestión no es religiosa, es política una vez más y se plantea en la necesidad de plantear la cuestión.

“Pero... ¿cómo puede llamar 'moritos' a los musulmanes un arzobispo? ¿Y vincularlos a los asesinatos de cristianos?”. Veinticuatro horas después de que Jesús Sanz publicara uno de sus tuits más polémicos e incendiarios (y ya es decir), el grueso de la Conferencia Episcopal española continúa en shock. “Absolutamente perplejo”, se declara un obispo, después de leer, y de intentar comunicarse, con el arzobispo de Oviedo. No lo consiguió.

Al menos una veintena de prelados han mostrado su malestar con las palabras del prelado. “No nos representan y, lo que es peor, amenazan con tirar por tierra todo el trabajo que llevamos años haciendo por la inmigración y por la libertad religiosa”, afirma un relevante arzobispo, del mismo rango que Sanz. Como el resto, prefiere permanecer en el anonimato. Las críticas, de darse, se producirán en el ámbito privado.

No habrá una respuesta de la Conferencia Episcopal, que es un órgano de coordinación y colaboración entre los obispos y, como tal, no tiene fuerza para enmendar a otro obispo, y tampoco, salvo sorpresa, veremos a otro obispo objetando, en público, el discurso de odio de Sanz. “No es conveniente una pelea entre obispos”, argumenta un prelado con varias décadas de experiencia, que opina que las palabras del arzobispo de Oviedo, lejos de ser un 'calentón', estaban “muy pensadas”.

Muchos compañeros le quitan importancia a sus palabras, pero no olvidemos que estamos hablando del arzobispo de Oviedo, y de un hombre que estuvo a un voto de arrebatarle la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal al cardenal Cobo

“Hizo lo mismo después de que la Conferencia Episcopal avalara, oficialmente 'sin fisuras', el acuerdo para la resignificación del Valle” señala otro que, como el resto, se muestran “absolutamente perplejos” con un tuit “para nada afortunado”. “Siempre es igual: espera a que haya una respuesta unificada y, si no le interesa, rompe la baraja en sus redes”, lamenta otro prelado, que pronostica que “estas palabras nos causarán más de un problema”.

“Sabe que nadie le va a contestar”

“Él sabe que nadie le va a contestar, y juega con esa ventaja”, apunta un eclesiástico (no obispo), que conoce a la perfección a monseñor Sanz, y que no ve solución a corto plazo a la estrategia del arzobispo de Oviedo, que vinculan estrechamente con la de Vox. “No me cabe duda de que están conectados”, añade.

Sanz parece parte de la táctica del “divide y vencerás” que esta semana llevó a Santiago Abascal a acusar a los obispos de estar “absolutamente amordazados” por el Gobierno por estar en contra del veto a los actos musulmanes en Jumilla, llegando a vincular el supuesto silencio con la pederastia o la 'X' en la Renta.

“Muchos compañeros le quitan importancia a sus palabras, pero no olvidemos que estamos hablando del arzobispo de Oviedo, y de un hombre que estuvo a un voto de arrebatarle la vicepresidencia de la CEE al cardenal Cobo”, recuerda otro obispo, que entiende que la única manera de reconvenir a Sanz tendría que venir desde Roma. “Pero ahora mismo, con un nuevo Papa, y sin Nuncio –la embajada de la Santa Sede en España lleva vacía desde mayo–, se hace difícil una intervención de Roma”, admite.

Sin responderle directamente (pronunció la homilía prácticamente en el mismo momento en que Sanz publicaba su tuit), el secretario general de la CEE, César García Magán (uno de los blancos de los ataques de Abascal), presidía una misa en la catedral de Toledo en la que, sin citar a Vox (tampoco al arzobispo), advertía cómo “lamentablemente se vuelven a escuchar eslóganes que en el primer tercio del siglo XX se escucharon furibundos y tremendos contra el Evangelio y contra la Iglesia y las iglesias, que hoy son pronunciados por algunos de los supuestos herederos en los que en aquel primer tercio del siglo XX defendieron la Iglesia”

“Algunos supuestos herederos ideológicos son los que hoy lanzan eslóganes que jamás se tendrían que volver a oír en la historia de España, y muchos menos pronunciados por sedicentes católicos”, señalaba Magán, en clara referencia al autoproclamado catolicismo de Abascal.

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El PSOE ha solicitado al Ayuntamiento de Jumilla que valore las posibles consecuencias legales y penales que podrían tener para el municipio la materialización del acuerdo aprobado por el PP sobre el uso de las instalaciones deportivas municipales, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana.

Los socialistas han recordado que el texto, que sustituía una moción de Vox que pedía la prohibición expresa de actos de la comunidad musulmana, podría “ser contrario al ordenamiento jurídico y discriminatorio, vulnerando los derechos fundamentales de libertad religiosa e igualdad de los artículos 16 y 14 de la Constitución Española, privando del uso de las instalaciones a vecinos de Jumilla por razón de su religión”.

“La competencia del Ayuntamiento para regular los espacios municipales no debería utilizarse para hacerlo prescindiendo de los límites constitucionales que supone el respeto del derecho fundamental de libertad religiosa”, han insistido desde el PSOE en la localidad.

En su solicitud los socialistas han abundado en que llevar a cabo la modificación instada, puede suponer la comisión del delito previsto en el artículo 511 del Código Penal por el Equipo de Gobierno y los Concejales que la apoyen, al suponer que con ello se estaría privando del uso de las instalaciones públicas a ciudadanos de Jumilla por razón de su religión. Esto, han recordado, iría en contra de la legalidad de uso de los bienes públicos, siendo una actuación discriminatoria, y en contra de los principios de aconfesionalidad y neutralidad del Estado, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa y a la igualdad.

La solicitud socialista viene después de que el Gobierno Central presentase un requerimiento al consistorio jumillano para que anule el acuerdo aprobado la semana pasada que prohíbe el uso de las instalaciones municipales deportivas para actos de la comunidad musulmana de la localidad.

El Ejecutivo ha argumentado que “se restringe de forma arbitraria” una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana: “La verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”, ha explicado el Gobierno.

No es una respuesta oficial, pero sí la primera voz episcopal que se alza frente a los ataques de Vox y en defensa de la convivencia interreligiosa contra las políticas del odio al migrante. El cardenal de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, José Cobo, uno de los blancos preferidos de la ultraderecha (durante años fue responsable de Migraciones de la Iglesia española y, como arzobispo de la capital, responsable de implementar el acuerdo para la resignificación de Cuelgamuros), ha publicado un artículo en Agenda Pública en el que critica con dureza la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir el rezo islámico en el polideportivo de la localidad. “Una procesión católica arraigada o una fiesta del cordero en una población con presencia musulmana no pueden constituir una amenaza a nada ni a nadie”, señala el purpurado.

“El uso ordenado de un polideportivo para unas tradicionales fiestas religiosas, de familia y vida de fe no parece perturbar la convivencia de una población con una presencia tan significativa de pluralismo religioso”, constata Cobo, quien pide “reflexionar de nuevo sobre el sentido de la presencia de las religiones en la vida pública y, con ello, sobre la llamada laicidad positiva del Estado: ello implica la no confesionalidad, pero sí el respeto fundamental hacia las creencias y convicciones de los miembros de la sociedad, sin retrocesos en lo ya logrado”.

“No es un tema nuevo: la migración siempre trae consigo retos que deben afrontarse con una visión de Estado, sin improvisaciones ni medidas emotivistas que contradigan los principios éticos en que debe basarse toda política”, escribe el cardenal de Madrid, quien plantea una reflexión ante el ejemplo de Jumilla: “Cuando en un municipio hay más de 1.500 nuevos vecinos trabajando e integrándose, ¿no es lógico armonizar la convivencia teniendo en cuenta los derechos fundamentales de todos?”.

“El bien común exige crear condiciones para que todos los miembros de la sociedad desarrollen su potencial, respetando la libertad y la diversidad”, sostiene Cobo, quien defiende que “las religiones pueden aportar valores, elementos sapienciales y motivaciones que enriquecen la vida pública y fortalecen la cohesión social”.

“Eso en modo alguno supone una colonización religiosa de la cultura ni una nueva forma de confesionalismo religioso” como defiende la ultraderecha, señala el vicepresidente del Episcopado, quien advierte de la tentación de “'prevenirnos' o azuzar con el miedo a unas determinadas manifestaciones religiosas como forma de arrinconar la presencia de las religiones en la vida social”. “El miedo al diferente nunca es la repuesta a la diversidad, muchas veces desdibuja, confronta y se pone al servicio de intereses nada dependientes del bien común. Eso lo aprendimos con mucho sufrimiento en diferentes momentos de la historia”, recuerda.

“Debilitar la debida presencia religiosa es debilitar la convivencia. Una procesión católica arraigada en una fuerte tradición o una fiesta del cordero en el seno de una población con presencia significativa musulmana no pueden constituir una amenaza a nada ni a nadie. Tampoco sembrar miedo al diferente es el camino”, denuncia Cobo, quien insiste en que “cuando, poco a poco, se va sembrando una visión negativa de lo religioso, o cuando educamos en la prevención al diferente, entonces hacemos un flaco servicio a la convivencia armoniosa en una sociedad plural”.

“Todo cuanto hagamos por crecer en clima de diálogo y respeto de la vida religiosa en nuestra sociedad repercutirá en la humanización de la misma”, recalca el vicepresidente de la CEE, quien añade que “el respeto a las creencias y prácticas de todos exige evitar tanto la imposición como la marginación”.

“Este es el arte que conjugamos todos los que queremos participar de la vida social de forma positiva. El fundamentalismo religioso, los populismos políticos, los reduccionismos y la política del miedo conducen a la desfiguración de la religión en la sociedad”, concluye Cobo, quien resalta que “estamos asistiendo al dibujo de un nuevo rostro de la sociedad española” lo que, “lejos de ser un problema, es un reto por desplegar pues son personas las que llegan, y cada una es un valor para la sociedad. Máxime cuando llegan porque las hemos llamado de un modo u otro”.

“Urge dar respuestas legislativas coherentes y justas para que la migración sea ordenada, solidaria y justa. No restrictiva ni militarizada ni egoísta. Tenemos que seguir demandando un marco más amplio que supere la mirada corta: necesitamos un pacto nacional de migraciones entre todos los partidos políticos, evitando discursos ideologizados y oportunistas, conjugando la dignidad de toda persona, el bien común, la seguridad y la asunción de las responsabilidades de los estados en este mundo globalizado en el que vivimos y del que nos beneficiamos”, finaliza.

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El Gobierno de Pedro Sánchez trata de impedir que el PP y Vox logren imponer en Jumilla (Murcia) un veto al rezo musulmán en espacios públicos. Como ya ocurrió antes con otras administraciones en temas como el derecho al aborto o las leyes de memoria, el Ejecutivo central pone en marcha su maquinaria institucional para garantizar “los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad administrativa” que, a su juicio, vulnera la moción municipal impulsada. Por eso, este lunes anunció un requerimiento al Ayuntamiento de la localidad murciana en el que insta directamente a la anulación de la medida.

“Desde el Gobierno de España, enviamos un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, para que anule la moción que impide la celebración de actos que la comunidad musulmana venía realizando desde hace años. El requerimiento se ha enviado esta mañana, con informe jurídico del ministerio de Política Territorial”, señaló el ministro Ángel Víctor Torres, que avisó de que los populares ponen en peligro un derecho constitucional. “Ante la intolerancia no hay medias tintas. PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no”.

La moción aprobada el pasado 28 de julio, que ha generado un gran revuelo y ha contado incluso con el rechazo explícito de Conferencia Episcopal, prohíbe el uso de las instalaciones municipales deportivas para actos de la comunidad musulmana de la localidad. Un paso que el Gobierno entiende que atenta “contra la libertad religiosa”. El requerimiento, coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa sí permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales y defiende que “las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”.

Para el Ejecutivo, de hecho, “se restringe de forma arbitraria” una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. “La verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”, explica el Gobierno.

Por tanto, Moncloa considera evidente que lo ocurrido es “una nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha donde tiene que intervenir el Gobierno de España en favor de la Constitución”. Y por eso advierte al PP y a Vox de que está dispuesto a recorrer la senda de un nuevo choque institucional en los tribunales. “Frente a la deriva extremista de PP y Vox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia”, avisó en sus redes el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Tras un final de curso especialmente turbulento para el Ejecutivo, la escalada antinmigración del PP en tándem con Vox le ha supuesto una oportunidad para pasar a la ofensiva. Y por eso entra al choque frontal con los de Feijóo. “Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno”, explican desde el Gobierno.

En rueda de prensa, la Delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, explicó que ahora el ayuntamiento tiene un mes para contestar al requerimiento del Gobierno. En el caso de que el consistorio no atienda la petición, “el próximo paso será lo que nos determinarán los servicios jurídicos y la abogacía del Estado”.

Mientras, la dirección del Partido Popular intenta sacudirse una polémica que genera debate incluso entre sus propias filas. Desde la dirección de la calle Génova aseguran defender “la libertad de culto” y expresan su “máximo respeto a todas las confesiones religiosas”, un discurso que compatibilizan con evitar criticar la moción aprobada por la propia formación en Jumilla. A pesar de que la moción llevaba en el titular el rechazo a la llamada “fiesta del cordero” y a que fue inicialmente impulsada por Vox con claras alusiones al veto islámico, el PP asegura ahora que con la redacción final “no veta absolutamente nada” porque “no se habla de confesiones”.

Sin embargo, el texto aprobado, que finalmente fue una enmienda del PP al presentado por la extrema derecha, sí utiliza términos claramente excluyentes. El primer punto habla de una supuesta “identidad” española, sin especificar a qué se refiere, y dice respetar únicamente la religión “tradicional” del país que, aunque no se concreta en la iniciativa, se refiere a la católica. Lo que pide literalmente es lo siguiente: “Instar al equipo de gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país”.

Ahora, el Ejecutivo espera una respuesta formal del Ayuntamiento de Jumilla al requerimiento presentado este lunes. En caso de que el PP decida mantener la moción en vigor, el paso previsto es un recurso que abra la vía de lo contencioso-administrativo entre el Ayuntamiento de Jumilla y el Gobierno central.

La dirección del Partido Popular ha asegurado este lunes que defiende “la libertad de culto” y ha expresado su “máximo respeto a todas las confesiones religiosas”, pero ha vuelto a evitar criticar la moción aprobada por la propia formación en Jumilla, la semana pasada, prohibiendo la celebración de rezos islámicos en instalaciones deportivas de la localidad. A pesar de que la moción llevaba en el titular el rechazo a la llamada “fiesta del cordero” y a que fue inicialmente impulsada por Vox con claras alusiones al veto islámico, el PP asegura que con la redacción final “no veta absolutamente nada” y “no habla de confesiones”.

El texto aprobado, que finalmente fue una enmienda del PP al presentado por la extrema derecha, utiliza términos claramente excluyentes. El primer punto habla de una supuesta “identidad” española, sin especificar a qué se refiere, y dice respetar únicamente la religión “tradicional” del país que, aunque no se concreta en la iniciativa, se refiere a la católica. Lo que pide literalmente es lo siguiente: “Instar al equipo de gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país”.

El segundo punto es el que veta actos religiosos del Islam que hasta ahora se celebraban en recintos municipales, aunque el texto final, fruto de la corrección del PP, evita mencionar a la religión musulmana. En concreto, la moción establece que “el uso” de las instalaciones del consistorio sea “exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”.

Para el PP, que lleva una semana sin censurar lo ocurrido en la localidad murciana “hay dos posiciones de dos partidos”, en alusión a PSOE y Vox, “que buscan muros que cada vez quieren poner más altos para polarizar a los españoles”. “PSOE y Vox quieren la confrontación”, ha insistido este lunes, en rueda de prensa, el vicesecretario económico, Juan Bravo. Preguntado por el requerimiento hecho público a primera hora por el Gobierno instando al consistorio de Jumilla a anular la moción, Bravo ha considerado que según dicen “los propios letrados” del ayuntamiento el texto “no tiene efecto jurídico y es una mera opinión política”.

Pero la dirección de Feijóo no la critica. Bravo ha asegurado que “respeta” a “quien manifiesta sus opiniones”, en alusión a la Conferencia Episcopal, que también censuró la iniciativa de Jumilla. También ha dicho el dirigente del PP que en la localidad murciana se están buscando “espacios” para “que esos aspectos religiosos se puedan celebrar” y ha dicho que el partido gobierna “en dos ciudades como Ceuta y Melilla” donde, ha afirmado, conviven la comunidad “musulmana”, la “católica”, la “hindú” y hasta “la hebrea”

El Gobierno comienza este lunes a trasladar a la península a los jóvenes solicitantes de asilo que están acogidos en Canarias, cuatro meses después de la orden del Tribunal Supremo. Lo hará con un pequeño grupo de ocho adolescentes que llegaron a las islas en cayuco. Llegan en un clima de tensión por el ataque la inmigración que está impulsando la extrema derecha este verano, y que se ha materializado en la 'caza de migrantes' de Torre Pacheco y la prohibición por parte de PP y Vox del rezo musulmán en los espacios públicos de Jumilla.

El Gobierno ha impugnado este acuerdo hoy. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, criticó este domingo incluso a la Iglesia por su rechazo al veto de la oración musulmana en la localidad murciana: “No sé si tiene que ver con los casos de pederastia”, dijo. Mientras, el PP ha asegurado que defiende la “libertad de culto” pero ha evitado criticar la moción antislámica de Jumilla.

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo aprobado por el PP de la localidad la semana pasada que prohíbe el uso de las instalaciones municipales deportivas para actos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta “contra la libertad religiosa”. Según ha adelantado la agencia EFE y han explicado fuentes del Ejecutivo también a elDiario.es, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que “las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”.

Para el Ejecutivo, “se restringe de forma arbitraria” una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. “La verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”, explica el Gobierno.

Por tanto, Moncloa considera evidente que lo ocurrido es “una nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha donde tiene que intervenir el Gobierno de España en favor de la Constitución”. “Ya impedimos la legalización del chantaje emocional a las mujeres que deseaban abortar en Castilla y León, o la censura en las aulas en Murcia.

“Y ahora mantenemos nuestro compromiso de defender la Constitución, los valores democráticos y la convivencia. Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno”, han explicado las fuentes del Ejecutivo mencionadas.

En rueda de prensa, Mariola Guevara ha explicado que ahora el ayuntamiento tiene un mes para contestar al requerimiento del Gobierno. En el caso de que el consistorio no atienda la petición, “el próximo paso”, ha dicho Guevara, será “lo que nos determinarán los servicios jurídicos y la abogacía del Estado”.

Ja hem pogut escoltar les primeres reaccions i reflexions sobre la proposta de veto als actes islàmics públics a Jumilla. Encara que no s'ha aprovat la moció tal qual, sinó una esmena del PP que no fa referència a esta religió, el text que podrà ser elevat a reglament modifica l'actual regulació de les instal·lacions esportives “a fin de que el uso de dichas instalaciones sea exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”.

Les diverses reaccions segueixen les pautes ja detectades en altres llocs de la Regió de Múrcia com Torre Pacheco. Els defensors de la moció —aprovada pel PP amb l’abstenció de Vox— argumenten que així es fomenten les activitats culturals que promocionen “nuestra identidad (...) y los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país”.

Tot i això, els portaveus del PP desitgen distingir-se dels de Vox a l’argumentar que allò que pretenen és solament separar esport i política, millorar la gestió de les instal·lacions públiques i conservar els costums tradicionals —no debades són conservadors. Els costums tradicionals es consoliden així mitjançant la repetició d'uns actes que manifesten la fidelitat a uns fundadors: pares de la pàtria o herois de la reconquesta contra els moros.

Per a evitar l'avorriment causat per la multiplicació de columnes d’opinió sobre el tema, caldria apuntar un fet sorprenent, sobretot per a Vox: la reconquesta cristiana de Múrcia va ser finançada i dirigida per la noblesa catalana —llegiu-ne l'impagable elogi del Llibre dels Fets de Jaume I (cap. 392). A finals d'octubre de 1265, el Conqueridor va partir des de València per a sotmetre els musulmans murcians i ho va aconseguir, en la majoria dels casos de manera incruenta, gràcies a la promesa d'atendre les seues reivindicacions religioses.

La reconquesta cristiana de Múrcia no esborrava els costums precedents dels musulmans. Tanmateix, en l'últim mes hem assistit a la inversió d'esta estructura conservadora

Vint-i-dos anys abans de la campanya murciana de Jaume I, Alfonso X de Castella havia acordat amb Ibn Hud al-Dawla les capitulacions d'Alcaraz, mitjançant les quals l'Emirat de Múrsiya esdevenia un regne mudèjar sota vassallatge de Castella, amb certa autonomia per a l'aplicació de la llei andalusina pròpia per als súbdits i creients musulmans. Un any després de les capitulacions d'Alcaraz, signaven Jaume I i el seu futur gendre Alfonso X el tractat de Mirra (1244), mitjançant el qual es fixarien provisionalment les fronteres entre Castella i Aragó, quedant Jumilla del costat castellà.

Estos fets mostren que allò que s'ha anomenat reconquesta no esborrava els costums precedents dels musulmans. Tanmateix, en l'últim mes hem assistit a la inversió d'esta estructura conservadora, ja que són els cristians els que volen esborrar els costums dels musulmans per a conservar la manifestació pública dels seus. Reiterem: la cultura es basa en el costum, en la tediosa repetició, en la preservació dels hàbits quotidians.

Ara bé, de vegades, podem superar el tedi de la repetició gràcies a l'aparició de novetats que, paradoxalment, esperonen el desig de tornar al món de sempre, al món habitual: Torre Pacheco com a excusa o símptoma. És a dir, un fet manipulat aïllat però viral despertà un desig salvatge de cacera que trencà l'avorrida convivència democràtica. El costum avorreix i alguns desitgen trencar-lo: el desig de ruptura és inextricable de la nostàlgia de l'ordre anterior.

Molts de vosaltres desitjareu sovint canviar de costums per a després tornar a instaurar-los: no podem viure durant molt de temps amb l'excitació de la novetat. La consolidació del costum i la prohibició de la novetat eren dues de les funcions bàsiques del pensament selvàtic o salvatge, o siga, el pensament que permetia superar la natura i instaurar una cultura ja humana: ¡prohibir per a consolidar els costums d'una cultura! Ara per exemple: ¡prohibir les pregàries en poliesportius per a consolidar les avorrides pregàries permeses en esglésies! Som així: la prohibició és un dels gestos fonamentals de qualsevol cultura.

L'explicació de les doctrines de l'antropòleg Lévi-Strauss sobre la prohibició serà motiu d'una pròxima columna i ara conclourem tornant a l'anàlisi del tipus de prohibició que ens desvetla de l’ensopiment d'agost. El PP de Jumilla subratlla que la proposta no s'adreça a prohibir actes de cap comunitat religiosa, perquè no s'hi fa cap menció escrita. Cal prohibir, però sense deixar-ho per escrit. Cal consolidar la cultura i la tradició cristiana, però sense escriure que cal dificultar l'expressió pública d'altres creences com l’islam. En el fons, cal continuar amb el costum. I quin és el costum humà més estés des del desenvolupament de la capacitat de simbolització? Pregar. Ens hem passat milers d'anys pregant, pregant a uns déus o a uns altres. Fins i tot, ara podem pregar i fer prediccions esperançades sense déus. Podem pregar sense esperança.

Tots esperem i repetim, tots prediem i simbolitzem. Hui, però, sembla que les vostres esperances són cada vegada més febles i els déus dels altres cada vegada més forts

Per això, Jaume I i Alfonso X volien deixar que els musulmans de Múrsiya continuaren pregant com solien fer-ho i ara els edils cristians de Vox volen que es pregue sols com ells solen fer-ho. I la majoria de vosaltres, lectors valencians de vacances, pregareu que PP i Vox no repetisquen a nivell estatal la formació de govern que ja van assajar ací a nivell autonòmic. Tots esperem i repetim, tots prediem i simbolitzem. Hui, però, sembla que les vostres esperances són cada vegada més febles i els déus dels altres cada vegada més forts.

Hay muchas imágenes y sonidos en lo que llevamos de verano que conducen a una mezcla de melancolía e indignación, sazonada con un poco de asquito. Desde Jumilla nos ha llegado la xenofobia tuneada del Partido Popular, puesto en fila de a uno y en posición de saludo por un concejal de Vox y su moción sustentada en una idea de España tan pequeña que solo cabe él.

Hace una semana, en el pabellón municipal de deportes de Jumilla, se podía hacer de todo siempre que fuera legal; ahora solo se podrá hacer lo que diga el concejal de Vox y firme la alcaldesa del PP; por supuesto, siempre en nombre de la libertad y la auténtica españolidad constitucional.

Desde un campo de golf en Escocia nos llegó a turbadora imagen de la presidenta de la Comisión Europea yendo con flores a adorar a Donald Trump. Hemos visto al emperador naranja y a su cómplice Benjamín Netanyahu compartir ex aequo la candidatura al Premio Nobel de la Paz más siniestra de la historia. Hemos visto cómo, durante la ola de calor, se aprovechaba para poner en orden los currículums antes que los roperos.

Pero, al menos para quien esto escribe, nada tan disruptivo como la imagen repetida de concejales de las derechas -por ejemplo, en Huesca- pidiéndole al pregonero de las fiestas que guardase silencio porque algunos entre la audiencia empezaba a gritar aquello de “Pedro Sánchez, hijo de puta”. No queda más remedio que preguntarse qué hay que tener en la cabeza para ir a las fiestas de tu pueblo a llamarle hijo de puta a quien sea; o qué concepto de la democracia o la autoridad manejan un consejero o una consejera mandando callar para que los insultos se escuchen con mayor claridad y después irse a comer con la familia. No existe milhoja en el mundo capaz de redimir tanta miseria.

La lista de cosas inquietantes de este verano del 2025 se hace larga, pero no más larga que otros años. No pierdan la perspectiva. No se dejen arrastrar por los profetas del amanecer zombi. Aún no vamos a morir todos. La España cabreada no descansa y les pone hacer ruido. Lo de siempre. Los demás hoy tenemos sesión vermut, luego reunión familiar, por la tarde a la playa y por la noche verbena que, en septiembre, tenemos trabajo. Bo verán.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado muy crítico con la posición de la Iglesia católica sobre el veto a los actos musulmanes en Jumilla, aprobado por PP y el partido de extrema derecha en el municipio murciano. “Estoy perplejo”, tanto que incluso ha cargado contra la jerarquía eclesiástica, o al menos “una parte de ella”: “No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia”.

En una entrevista en el canal de YouTube ultra Bipartidismo Stream, Abascal ha lanzado sus proclamas racistas y bulos en los que, de nuevo, ha vinculado inmigración con delincuencia y ha asegurado que las festividades musulmanas que han vetado en Jumilla son “radicalismo”.

Pero sus críticas, dirigidas principalmente al Gobierno, la Comisión Europea y las personas inmigrantes, también han ido para los obispos, después de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) pidiera respetar el derecho a la libertad religiosa y apoyara a la comunidad musulmana.

“Estoy perplejo y entristecido”, ha reconocido Abascal. “No es solo su posición en materia migratoria o frente al islamismo extremista que avanza, sino su silencio ante muchas políticas de este Gobierno”, ha continuado. Entre estas políticas, ha mencionado una propuesta de Vox en Castilla y León para que las mujeres que acudieran a interrumpir su embarazo escucharan el latido fetal, a pesar del consenso que existe en que estas medidas coaccionan y generan culpa. Según ha afeado Abascal, aquí también recibieron el “reproche” del líder de los obispos.

“Estoy perplejo realmente y no sé a qué se debe”, ha insistido. “Si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos... No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia que la tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas y que van contra nuestra identidad, incluso contra la libertad religiosa y contra la fe en muchos casos”.

Ante estas críticas, el líder del partido ultra ha tenido que aclarar que es católico ante su entrevistado: “Soy católico, pero me dedico a la política y tengo una responsabilidad política y la voy a ejercer. Si otros no ejercen su responsabilidad, tendrán que dar cuentas a otras personas o en otras instancias”, ha lanzado.

Ante la decisión del ayuntamiento, los obispos lanzaron un comunicado en el que calificaban de “inaceptable” el veto a las celebraciones religiosas. “Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución”, recordaron.

La moción fue propuesta el pasado 6 de agosto por el único concejal de Vox en el ayuntamiento de la localidad, pero salió adelante tras aprobarse una enmienda del PP en la que no se hace referencia expresa a la comunidad islámica. A pesar de ello, el texto salió adelante y en él se establece la modificación del reglamento de instalaciones deportivas “a fin de que el uso de dichas instalaciones sea exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”.