El empresario Víctor de Aldama ha declarado en el juicio del caso Ábalos, caso Koldo, caso Mascarillas. Y ha ido con todo: ha acusado al PSOE de financiación ilegal y a Pedro Sánchez de saberlo y consentirlo. También ha ahondado en más detalles de su relación los otros dos acusados, a los que se veía de fondo, cómplices, entre risas y unidos de nuevo ante la declaración de Aldama. 

Hay pasajes en el relato de Aldama que pueden ser ciertos, otros que serán mentira, pero en un juicio lo más importante es que se puedan demostrar. Y el empresario no da ninguna prueba. Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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El empresario Víctor de Aldama aprovechó este miércoles su extensa declaración en el Tribunal Supremo para ir mucho más allá del mero reconocimiento de los hechos que recogen los escritos de las acusaciones que lo han llevado al banquillo. En una clara confirmación de la estrategia de colaboración con la Justicia que le permitió salir de prisión hace un año y medio, el comisionista trasladó a sede judicial las graves acusaciones sobre la financiación ilegal del PSOE que lleva meses lanzando en los medios de comunicación y fue incluso más allá al tratar de implicar directamente al presidente del Gobierno.

“Si hay una jerarquía, y yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente está en el escalafón uno; el señor Ábalos, en el dos; el señor Koldo García, en el tres, y yo, en el cuatro”, dijo sin apuntar ni una sola prueba, tal y como le afearon las defensas del exministro José Luis Ábalos y de quien fuera su asesor. Para apuntalar el supuesto conocimiento del presidente del Gobierno sobre los movimientos de la trama aludió a una fotografía que se tomó con él en un mitin poco después de la llegada del PSOE al Gobierno, cuando todavía no se había puesto en marcha la maquinaria corrupta que supuestamente anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. 

Según la versión de Aldama, el presidente se dirigió a él diciéndole textualmente: “Muchas gracias por todo. Sé lo que estás haciendo”. En realidad, lo que había hecho hasta entonces era gestionar una reunión de Ábalos en España con el gobernador de Oaxaca, un estado del sur de México donde él había hecho negocios. También aseguró que Pedro Sánchez pidió a Ábalos que intentara amañar un contrato ferroviario de Renfe a favor de la una empresa valenciana y conseguir así dinero con el que financiar al partido y a la Internacional Socialista. Sin embargo, Sánchez no empezó a presidir esa organización hasta noviembre de 2022, cuando Ábalos llevaba ya más de un año fuera del Gobierno. 

Aldama reconoció que si sabía que Sánchez estaba al tanto de las entregas de dinero en efectivo por parte de los constructores al partido era porque Koldo García se lo había dicho. Y que optó por creer ese extremo porque en una ocasión vio cómo Koldo García llamaba al presidente, al que tuteaba y se dirigía por su nombre de pila. La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le recordó que las agendas de los 27 teléfonos que manejó su cliente constan en el sumario y aseguró que en ellas no aparece el contacto del jefe del Ejecutivo. 

El empresario sacó a relucir relevantes nombres del Gobierno y del PSOE e incluso disparó contra Begoña Gómez al afirmar que tuvo que retirar su oferta por un complejo en el lujoso Barrio de Salamanca de Madrid porque la mujer del presidente del Gobierno “lo quería para ella”. Después, a preguntas de su letrado, matizó que el Instituto de Empresa, la universidad privada en la que trabajaba, tenía intereses en esos terrenos. 

Aldama hizo estas afirmaciones sin que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, pusiera límites a su declaración a pesar de que se trata de cuestiones que exceden las conclusiones que las acusaciones han dejado en los escritos en los que piden elevadas condenas de cárcel para Ábalos y Koldo García. En el caso de Aldama, la Fiscalía le pide siete años, menos de la mitad de lo que le correspondería por los delitos que le atribuye. Y está por ver si su declaración sirve para rebajar aún más esa petición. Aldama negó que hubiera un pacto con el Ministerio Público a preguntas del abogado de Ábalos, Marino Turiel.

Tras la declaración del empresario investigado, el PSOE emitió un comunicado para rechazar de plano todas y cada una de las acusaciones vertidas por Víctor de Aldama en sede judicial. En concreto, desde Ferraz desterraron la hipótesis de una financiación ilegal del partido, la declaración más grave de cuantas ha realizado ante el Supremo el empresario acusado de corrupción.

“Hoy ha declarado Aldama en el Tribunal Supremo. Dos años después, la realidad sigue siendo la misma: acusaciones sin acreditar porque no hay delito que acreditar. Mentira tras mentira. Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta. Señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos”, trasladó el partido. 

En ese mismo texto, el PSOE adelantó que pedirá amparo al Supremo para defenderse de los ataques de Aldama. “El PSOE ya solicitó amparo al Tribunal Supremo para actuar frente a estas injurias. Lo volveremos a hacer. No vamos a permitir que se nos difame impunemente. No existe financiación ilegal en el PSOE. Solo existen las mentiras de Aldama”.

“Nexo” con las constructoras

Aunque sin pruebas, Aldama alentó la sospecha sobre la financiación irregular de los socialistas al vincular sus tratos corruptos con Ábalos y Koldo García con presuntos pagos al partido. De hecho, el comisionista explicó que, en un inicio, la mecánica puesta en marcha tenía como objetivo alimentar las cuentas de la formación y que él actuaba como una suerte de recaudador del dinero de las constructoras dado que el entonces asesor le pidió que hiciera de “nexo” con ellas, entre las que citó a Levantina, Latania y Azvi.

Aldama admitió que fue consciente de que recaudar mordidas de empresarios era algo “ilegal” y que no se sintió “del todo cómodo, pero tampoco incómodo”. “Al final, soy empresario, veo la oportunidad, y lo que quiero es seguir trabajando y que me sigan dando cosas que al final es por lo que estaba haciendo todo el esfuerzo y poniendo todos mis contactos encima de la mesa para ganarme su confianza”, aseveró. Según su testimonio, solo entre 2019 y 2020 entregó 1,8 millones de euros al PSOE: “Si miran las cuentas del partido y hay un pico importante de donaciones en esa época se podrá ver por dónde venía el dinero”.

Durante las siete horas y media que duró su declaración en el Alto Tribunal sostuvo, además, que canalizó hacia Koldo García y el ministro entre 3,5 y 4 millones de euros. Y que llegó al acuerdo con el asesor de que aportaría a él y al ministro una suerte de nómina de 10.000 euros a repartir para que hicieran frente a pagos recurrentes como el colegio de sus hijos u otros gastos corrientes. A estos pagos sumó otros “regalos que se daban asiduamente”, como un tratamiento médico para la pareja de Koldo García, al que también compró un todoterreno “barato” y una motocicleta. 

También confirmó que financió las vacaciones del ministro en Marbella en el verano de 2020, aunque desligó esa operación de los esfuerzos de Ábalos en favor del rescate de Air Europa. O que, a través de un socio, sufragó el apartamento de lujo en el que vivía Jésica Rodríguez, la expareja del ministro Parte de esas dádivas habrían corrido a cuenta de sus propios beneficios, como los más de tres millones de euros que se embolsó en apenas unas horas con los contratos de mascarillas que centran la causa. 

Si bien no corresponde a este caso, el comisionista puso sobre la mesa, además, que gracias a sus conexiones con Juan Guaidó —líder opositor que se autoproclamó presidente de Venezuela— habría apalabrado unos cupos de petróleo que iban destinados a financiar la Internacional Socialista como premio al apoyo de España a su figura. Y sostuvo que, dado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero alertó al Gobierno de Nicolás Maduro de estos movimientos en favor de Guaidó, el Ejecutivo de Sánchez tuvo que enmendarse a sí mismo y volver a dar su apoyo a Maduro. Aldama explicó que no dio crédito a este cambio, pero logró igual nuevos cupos, esta vez de PDVSA, siempre según su versión.

La defensa ataca “las contradicciones” de Aldama 

Por su parte, la defensa de Koldo García basó su interrogatorio en tratar de minar la credibilidad de Aldama y en hacer ver al tribunal que existían contradicciones e incoherencias entre el testimonio de este miércoles y lo manifestado cuando el caso estaba en investigación. “Mi credibilidad está en los informes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil)”, respondió visiblemente molesto el empresario. El presidente Martínez Arrieta intervino para avisar de que valorar la credibilidad del acusado es tarea del tribunal. 

Así, la letrada indicó, por ejemplo, que no había concordancia sobre el tiempo que habría estado pagando 10.000 euros mensuales a Ábalos y su asesor. Durante la investigación dijo que “año, año y pico”, desde “antes de octubre de 2019” y hasta “después” de julio de 2021. Este miércoles en el Supremo dijo que hasta 2022. Tras las explicaciones del comisionista, el propio presidente del tribunal señaló que no había contradicción en ese punto.  

La letrada de Koldo García, también apuntó a posibles incoherencias en relación con el papel de Ábalos en el rescate de Air Europa, porque entendía que el empresario había sostenido que no se había reunido con el exministro para abordar la nota de prensa que se envió a medios apoyando ese préstamo público. Pero Aldama aclaró que “obviamente” sí se reunió con él. 

Donde sí logró encontrar un fallo en la declaración de Aldama fue en el asunto de las gestiones de la trama para lograr la licencia de operadora de hidrocarburos para Villafuel, una empresa en la que tenía intereses uno de sus socios. El comisionista explicó que en un principio se buscaba ese permiso para la mercantil Have Got Time, pero que esa vía se truncó porque esa sociedad estaba vinculada a la operadora Gaslow que tenía “un tema en la Audiencia Nacional”. Y que por eso se buscó la licencia para Villafuel en una reunión en Industria a finales de 2020. Sobre ese punto, la letrada apuntó que el dato no era cierto porque el litigio de Gaslow en la Audiencia Nacional se abrió en 2022. 

La defensa del ministro, dirigida por Marino Turiel, con un interrogatorio menos brusco que el de la de Koldo García, consiguió que el empresario reconociera que si llamaba ‘el jefe’ a Ábalos no era porque tuviera una jerarquía en la trama sino porque coloquialmente usaba esa jerga después de escuchar al asesor referirse así a su superior. Esto difumina en cierto modo la tesis de la Fiscalía que en su escrito de acusación indicó que ese alias era usado en el contexto de la organización criminal. El propio teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas indicó que el líder real de la trama era Aldama porque, dijo, “quien paga manda”. 

Turiel también consiguió establecer que, en realidad, el papel del exministro en el logro de que se ‘filtrara’ una nota de prensa a medios económicos apoyando desde el Ministerio de Transportes el rescate público de Air Europa fue relativo. Aldama recordó que Ábalos se puso en el asunto de la nota “de perfil” a pesar de que sí estaba comprometido con el rescate de esa empresa que consideraba sistémica. Además, desvinculó esa nota de prensa del pago de unas vacaciones en Marbella: “En este caso concreto yo no pago [las vacaciones] por la nota”.

El Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia que amplía su doctrina para acceder a la prestación económica de la Seguridad Social Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME. El alto tribunal reconoce la ayuda a una madre con una hija con autismo, a la que había sido denegada la prestación.

La Sala de lo Social revoca una resolución previamente dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y reconoce el derecho de la madre solicitante a percibir dicha prestación económica. Se trata de una prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

El subsidio tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que sufren los interesados al tener que reducir su jornada, con la consiguiente disminución de su salario, por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.

Qué es cuidado “directo, continuo y permanente”

Partiendo de la base de pronunciamientos anteriores de la misma Sala del Tribunal, en los que se decía que no era necesaria la hospitalización del menor para causar la prestación y que no era óbice la escolarización del mismo para cobrar la ayuda, el Supremo profundiza sobre qué debe entenderse por “cuidado directo, continuo y permanente” que debe dispensar la persona progenitora, y que se configura como uno de los requisitos exigidos por la norma.

A tal efecto, la sentencia –a la que ha tenido acceso Europa Press– concluye que el cuidado necesario “no puede hacerse equivalente a una penosa y sacrificada servidumbre de quien lo dispensa”.

Asimismo, precisa que “lo verdaderamente decisivo no es tanto la atención que pueda prestarse al menor fuera del domicilio familiar aprovechando el sistema educativo y de asistencia social, como el hecho de que el menor pueda o no realizar las actividades propias de su edad con la autonomía predicable de la misma, todo ello con independencia de que su situación pudiera mejorar en un futuro, en todo caso incierto”, recoge la sentencia.

“El hecho de que se prevea una reducción de, al menos, un 50% de la jornada, implica con toda claridad que el solicitante de la prestación no va a dedicar la totalidad de su tiempo al cuidado del menor, ya que una parte del mismo la dedica a la realización de su trabajo”, destaca también la sentencia.

El empresario Víctor de Aldama ha tratado de implicar a Pedro Sánchez en el presunto amaño de obras para financiar al PSOE al que ha aludido en su declaración en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. “Si hay una jerarquía, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, Ábalos en el 2, Koldo García en el 3 y yo en el 4 porque todo lo sabía el presidente”, ha afirmado durante el interrogatorio del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que se ha extendido durante cuatro horas. 

El comisionista no ha aportado pruebas del supuesto conocimiento que Sánchez tendría de sus tratos con Ábalos y Koldo García, a los que ha afirmado que llegó a entregar “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones después de que la mano derecha del ministro le pidiera que fuera el “nexo” para que constructoras que licitaban con el Ministerio de Transportes donaran dinero al PSOE a través de grandes cantidades en efectivo. Tras trascender esta declaración, los socialistas han anunciado que pedirán amparo al Supremo por las “injurias” de Aldama: “No permitiremos que nos difame”, recogen en un comunicado.

El comisionista ha buscado reforzar su afirmación sobre la presunta implicación de Sánchez en la trama aludiendo a un encuentro con Sánchez en un teatro tras un mitin del PSOE en 2019, donde ambos se tomaron una fotografía. Aldama ha asegurado que Sánchez le dijo, textualmente: “Muchas gracias por todo. Sé lo que estás haciendo”.

No obstante, según su propio testimonio, en ese momento únicamente había gestionado un viaje a España del gobernador de Oaxaca (México), quien se reunió con Ábalos para abordar cuestiones relacionadas con los intereses de empresas españolas en ese país. Es decir, no se habían iniciado los presuntos tratos corruptos con constructoras con intereses en el Ministerio de Transportes. 

Aldama ha reiterado que Koldo García le dijo que Pedro Sánchez sabía de esas entregas de constructores al partido. Y ha afirmado que en una ocasión vio cómo Koldo García llamaba al presidente, al que tuteaba y se dirigía a él como Pedro. También ha afirmado que le hablaba de forma coloquial diciéndole incluso que “le iba a reventar la cabeza” lo que, a su juicio, evidenciaba la estrecha relación que Koldo García mantenía con el presidente del Gobierno.

En la segunda parte del interrogatorio, a preguntas del abogado del PP, que ejerce la acusación popular, Aldama ha tratado de nuevo de implicar a Sánchez. El empresario ha asegurado que el presidente del Gobierno llamó a Ábalos para pedirle que intentaran amañar un contrato ferroviario de Renfe a favor de la empresa valenciana Stadler y conseguir así dinero con el que financiar el partido y la Internacional Socialista. El empresario ha asegurado que él y Koldo García viajaron a Valencia en tres ocasiones a ver al presidente de la compañía, que llegó a quejarse incluso al ministro, y que él acabó saliéndose de la operación.

Es la primera vez que el empresario, imputado en varios sumarios, vincula directamente el amaño de obras con la financiación de los socialistas. Según ha asegurado, llegó a entregar en el despacho del ministro cantidades abultadas de efectivo, que habrían llegado a los 250.000 euros.

Las presuntas mordidas de las constructoras que él se encargaba de recaudar iban en paralelo al pago de la suerte de nómina de 10.000 euros al mes que entregó a Ábalos y Koldo García desde octubre de 2019 y que, según las acusaciones, le permitía pedir favores y asegurarse un trato preferente en un Ministerio que manejaba un presupuesto anual de más de 10.000 millones de euros y en otros departamentos de la Administración.

“[Koldo García] habla siempre de la palabra ayuda pero, obviamente, no es ninguna ayuda. Me dijo: 'Podemos ayudarles para que ellos [las constructoras] se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos, pues podemos tener un rendimiento y a nosotros nos hace falta para la financiación del partido'”, ha afirmado. 

El Tribunal Supremo impulsó una línea de investigación que indaga en la existencia de una trama de amaño de obras ubicada en el corazón del Ejecutivo y del partido cuya dimensión está todavía por determinar, si bien por el momento no ha aparecido ningún indicio de que ese presunto amaño de obras tenga relación con la financiación ilegal del PSOE.

Aldama ha admitido que fue consciente en ese momento de que recaudar mordidas de empresarios era algo “ilegal”, si bien ha reconocido que no se sintió “del todo cómodo, pero tampoco incómodo”. “Al final, soy empresario, veo la oportunidad, y lo que quiero es seguir trabajando y que me sigan dando cosas que al final es por lo que estaba haciendo todo el esfuerzo y poniendo todos mis contactos encima de la mesa para ganarme su confianza”, ha aseverado.

Sobre el pago mensual de 10.000 euros a Koldo García y a Ábalos, ha afirmado que surge tras una reunión con el asesor en el que le dice que 'el jefe' —como se refería al ministro— tenía que afrontar pagos de su exmujer, del colegio de los hijos, y otros asuntos. Tras realizar un cálculo, llegan a esa cifra. Ante el tribunal, Aldama ha reconocido que se comprometió a pagar esa cifra todos los meses.

Ha explicado que mantuvo el pago de esas mensualidades, que entregaba en sobres, hasta finales de 2022, cuando Ábalos llevaba más de un año fuera del Ministerio. Y ha indicado que a esas cantidades sumaba las otras que le entregaban las constructoras para el ministro. Como detalle, ha recordado que cuando llevaba grandes cantidades de efectivo, “por ejemplo 250.000 euros”, metía el dinero en una mochila Montblanc con la que subía al despacho del ministro al que accedía por su ascensor personal. “En esa mochila llevaba dinero”, ha recordado para luego sumar que en la mochila metía el dinero en una bolsa de Carrefour que el ministro se guardaba en un cajón sin contarlo.

El fiscal Luzón ha querido saber de dónde sacaba tanto efectivo. El empresario ha incidido en que, por un lado, procedía de las constructoras que se quedaban con las licitaciones. Y que él ponía por su cuenta y riesgo a modo de “siembra” para lograr notoriedad que le ayudara en sus negocios. Al hilo, ha puntualizado que dado que las cantidades en efectivo no eran fáciles de conseguir llegó a pedir a Koldo García que le facilitara otra fórmula que permitiera pagos por transferencia. Y ahí se acordó que abonara el alquiler del piso de Plaza de España de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos.

El empresario también ha admitido que “alardeó” de su relación con Ábalos cuando solo le había visto una vez. Y ha asegurado que en México pagó “señoritas” para que el ministro se relajara durante un viaje a México que tenía como objetivo promover los intereses de empresas españolas en ese país y que Anticorrupción considera que es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia de Aldama sobre el exministro y su asesor. Ábalos ha defendido que Aldama no formaba parte de la delegación.

Aldama empezó a colaborar en noviembre de 2024, cuando estaba en prisión por su implicación en otro caso, un millonario fraude con hidrocarburos. Entonces, compareció de forma voluntaria en la Audiencia Nacional, donde durante varias horas disparó ante el juez Ismael Moreno contra relevantes nombres del Gobierno y el PSOE, a los que acusó de cobrar sobres repletos de dinero, entre otras prebendas. Afirmó por primera vez que él mismo había pagado 250.000 euros en comisiones al exministro y 100.000 a su mano derecha. 

Tras Aldama, está previsto que declaren Koldo García y Ábalos, quienes tratarán de desvirtuar las conclusiones de los informes de los investigadores que apuntan a sospechosos incrementos patrimoniales de ambos gracias al cobro de mordidas —“chistorras”, “soles” o “lechugas”, que era como llamaban a los distintos billetes en la jerga de la trama—. Ambos han escuchado atentamente la declaración de Aldama mientras tomaban notas en sendos cuadernos.

“Señoría, es que no quiero adelantar mi estrategia de defensa”. Es el mantra que ha repetido por activa y por pasiva Leticia de la Hoz, la abogada encargada de la defensa de Koldo García, a lo largo de las diez sesiones que se han celebrado en el Tribunal Supremo por el ‘caso Mascarillas’. Pero ahora, a las puertas del “visto para sentencia”, ha llegado el momento de que las defensas pongan sobre la mesa todos sus argumentos para tratar de convencer a la mayoría de magistrados. En realidad, salvo sorpresa mayúscula y a pesar del suspense pretendido por la abogada, no se esperan grandes giros de guion. La sala de vistas del Alto Tribunal no es un plató de cine y, por tanto, no hay ‘deus ex machina’ que valga. 

De esta forma, lo que todas las partes esperan que ocurra este miércoles es que el empresario Víctor Aldama corrobore lo que ha venido sosteniendo desde que tiró de la manta en noviembre de 2024, mientras que José Luis Ábalos y Koldo García deberán hacer un esfuerzo ímprobo por persuadir a los siete miembros del tribunal de que no recibieron pagos ilegales a cambio de comprar sus voluntades. Tarea titánica tras la declaración maratoniana —14 horas en una sola sesión— del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas y su equipo. 

Quien abrirá la tanda de declaraciones será el empresario, el “nexo corruptor”. Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es indican que Aldama afronta con tranquilidad su comparecencia como acusado, dado que en realidad le bastaría con asentir a toda pregunta que le lance el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Pero explican que se ha preparado para este momento de manera concienzuda de la mano de su abogado, José Antonio Choclán, que “saltarán chispas” –signifique esto lo que quiera significar– y que dejará titulares en un testimonio que prevén extenso. Algunas fuentes contemplan que su interrogatorio dure toda una jornada. 

Con todo, lo que seguro va a ocurrir es que el comisionista va a volver a confesar, pero esta vez ante un tribunal, que buscó corromper a todo un ministro. Y que lo consiguió gracias a que, entre otras prebendas, pagó desde octubre de 2019 una suerte de nómina de 10.000 euros al mes a repartir entre Ábalos y Koldo García. Esa influencia lograda a base de supuestas 'chistorras' —billetes de 500 euros en la jerga de la trama— fue utilizada para diferentes encargos y hasta se buscó las mañas para comprarle un chalé en Cádiz a su 'instrumento' político pero a cuenta de otro empresario.

De esta manera, se espera que desgrane cada uno de los episodios que recoge el fiscal Luzón en su escrito de acusación. Esto pasa por explicar qué participación tuvo en el pago del alquiler del piso de la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, que se ubicaba en plena Plaza de España (Madrid) y por el que uno de sus socios (más bien testaferro, según la UCO) pagó 2.700 euros mensuales durante dos años y medio. En total, más de 82.000 euros. 

También deberá aclarar si en 2020, y después de los supuestos esfuerzos del ministro por difundir una nota de prensa que empujara a favor del rescate público de Air Europa, sufragó unas vacaciones al exministro en Marbella. Y si un año después, y gracias a que Ábalos medió (con cero éxito) para que otra subtrama se hiciera con una licencia de operadora del sector de los hidrocarburos, le obsequiaron con un chalé en Cádiz, cerca de la lujosa urbanización de Sotogrande. 

Más allá de esos capítulos, lo fundamental y lo que debe atornillar bien la Fiscalía en el interrogatorio a Aldama es el pago de los 10.000 euros mensuales, porque esa fue la llave que permitió al comisionista abrir de par en par la puerta del Ministerio de Transportes en plena pandemia y lograr para Soluciones de Gestión los contratos millonarios para la adquisición de mascarillas. 

Las fuentes jurídicas consultadas señalan que Luzón no irá más allá de estos hechos en el interrogatorio a Aldama. No le interesa, no está en su guion. Pero reconocen que es más que probable que el comisionista, reconvertido en una suerte de ariete de la derecha patria gracias a las redes sociales, aproveche el turno de su defensa para entrar en cuestiones políticas y dejar migas de pan que afecten a otros procedimientos. En cuanto a las preguntas que le pueda formular la defensa del ministro, las fuentes afirman que no serán muchas, pero sí “contundentes”. Y en cuanto a la defensa de Koldo García, como ha ocurrido a lo largo del juicio, la imprevisibilidad será su bandera. 

Una vez concluya el interrogatorio de Aldama será el turno de Koldo García. Y, previsiblemente, sólo contestará a su defensa en lo que algunas de las partes ya califican de “entrevista pactada”. Nada nuevo, ya ocurrió lo mismo con Joseba García (hermano de Koldo) y con Patricia Uriz (su exmujer). Pero si algo caracteriza al exasesor es su imprevisibilidad y la estrategia de la letrada bien puede saltar por los aires si a Koldo le da el barrunte. En las últimas jornadas del juicio se le ha visto muy inquieto y participativo. 

Ábalos declarará el último y, según las fuentes consultadas, es previsible que ‘tire’ de galones políticos –todo un exministro– y responda tanto a su defensa como al Ministerio Fiscal. Algunas partes apuntan a que hará disertaciones largas y que rechazará las preguntas de la acusación popular, por aquello de que la dirige el PP. 

Ábalos y Koldo: “Defensas incompatibles”

Si la vía Aldama sobre los delitos descritos por Luzón en el escrito de acusación pasa por asentir y confirmar, en contraposición, las defensas de Ábalos y Koldo García tratarán de desvirtuar las conclusiones de esos informes de los investigadores que apuntan a sospechosos incrementos patrimoniales de ambos. En su extensa declaración de este lunes, los agentes de la UCO de la Guardia Civil señalaron que el exasesor, su mujer y su hermano ingresaron 387.000 euros en sus cuentas “sin ninguna justificación” entre 2020 y 2022. Cuando fue detenido, los agentes encontraron en su casa de Polop 24.000 euros en efectivo. Y cuando declaró en la fase de instrucción, defendió que tener cantidades de dinero en casa era una “costumbre” que había heredado de sus padres. 

Hasta ahora, la estrategia de su letrada ha pasado por intentar convencer al tribunal de que el dinero en efectivo del que disponía su cliente procedía de las liquidaciones de gastos que pasaba al PSOE y no de las presuntas dádivas a cambio de favores. De hecho, la pasada semana, durante el interrogatorio al exgerente del partido trató de evidenciar el descontrol que existía en la formación a la hora de autorizar los pagos en metálico contra facturas presentados por dirigentes y empleados. La letrada exhibió nueve hojas de liquidaciones de gastos supuestamente abonados a su cliente que aparecían incompletas y cuyos importes no tienen reflejo presuntamente en la contabilidad del partido auditada por el Tribunal de Cuentas.

Respecto a Ábalos, la investigación ha acreditado que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Es un dinero que utilizó para sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagar joyas y flores a una de sus exparejas o costear el salario de la empleada del hogar. Ha habido también otras llamativas revelaciones, como el hecho de que entre 2018 y 2023 “desaparecieran” las retiradas en efectivo de sus cuentas al tiempo que se registraba “un aumento significativo de los ingresos en metálico”. Es un “patrón” que cambió a partir de 2024, con el estallido del caso y la detención de Koldo García, a quien las acusaciones adjudican el rol de pagador o gestor financiero del exministro. 

Pero más allá de esa pelea por justificar los incrementos patrimoniales, la clave de este jueves será si el “binomio Ábalos-Koldo” sigue yendo de la mano y con una estrategia de no agresión hacia una sentencia que muchas de las partes ya auguran condenatoria. Fuentes de las acusaciones explican que desde un inicio estaba claro que las defensas de ambos eran “incompatibles”, y lo cierto es que en las últimas jornadas ha quedado patente que la defensa del exministro quiere que cale la idea de que Koldo García hacía y deshacía por cuenta propia, sin necesidad de que Ábalos tuviera conocimiento de todos sus movimientos. 

En el otro extremo del ‘ring’, la defensa del exasesor pretende que el futuro penológico de ambos siga ligado. Y ya ha dejado caer un par de advertencias durante el juicio para que Ábalos no se mueva mucho en la fotografía final. Llegado el momento, el asesor bien podría afirmar que todo paso que dio y todo mensaje que envió fue por mandato de su superior. Y ahí Ábalos puede salir perdiendo.

El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de levantar la inmunidad al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis Alvise Pérez, para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert. La comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, donde se estudió el caso, había decidido la semana pasada que esta protección fuera suspendida al eurodiputado ultraderechista por 16 votos a favor y uno en contra.

En este caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra lanzó varios mensajes sobre esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise inició una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. En dos de los mensajes, Alvise publicó varias fotografías de la fiscal, que denunció al agitador por injurias y amenazas.

“Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN”, añadía el ultraderechista en uno de sus mensajes. La investigación constató que en dicho canal se realizaron hasta 1.500 comentarios “con contenidos insultantes o expresando la voluntad de perseguir o atacar a la fiscal en cualquiera de los lugares que frecuentara, atacar su casa, hacerla la vida imposible o abordar ataques contra ella en presencia de su familia”.

En la apertura de diligencias el Supremo apuntó que sus mensajes muestran “que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima”. Según argumentaron los jueces, este acoso se fundamentaba “a partir de la persecución que pudieran desplegar las centenares de personas que asumieran su reto”.

Otras causas de Alvise en el Supremo

El Tribunal Supremo tienen otras cuatro causas abiertas contra el europarlamentario de ultraderecha. Por un lado, hay un caso de financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, en el que el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó mandar a prisión sin fianza a Álvaro Romillo por supuesta estafa con criptomonedas en noviembre de 2025. Romillo es el empresario del sector de las criptomonedas que financió a Alvise Pérez. Fue detenido tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados. Este caso también está siendo estudiado por la Eurocámara para decidir si levanta la inmunidad a Alvise para que sea juzgado por el Supremo.

Además, Alvise está acusado en el Alto Tribunal por acosar a los dos eurodiputados de su propio partido, Se Acabó La Fiesta, y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

La última querella presentada con el eurodiputado en el Supremo ha sido por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual, pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó el PSOE contra él. El Supremo indicó que se aprecia un delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario del político ultra.

Alvise Pérez presentó el pasado 12 de octubre su candidatura a las elecciones generales de España, que están previstas para 2027. En este acto aseguró que las investigaciones del Tribunal Supremo son una campaña de acoso contra él por parte del sistema “corrupto”.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellas las de los ríos Tajo y Segura.

Estos planes son el principal argumento del Gobierno de Castilla-La Mancha para pedir la revisión de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que suponrían el recorte de las transferencias de agua para respetar el caudal ecológico del Tajo. De hecho, ha demandado al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que las apruebe cuanto antes.

Se trata de la séptima sentencia del Supremo que avala la tesis defendida por el Gobierno de Emiliano García-Page.

En este caso, el Alto Tribunal ha declarado inadmisible el recurso de la Diputación de Alicante “por falta de legitimación activa”. Se remite en la sentencia a su criterio “consolidado y que es de plena aplicación” en lo referente a la legitimación de las entidades locales, entre ellas las diputaciones provinciales, para impugnar planes hidrológicos, que en términos generales se ha negado.

Las entidades locales no tienen “legitimación” en este tema

Entre los argumentos contemplados en la sentencia recuerda que las entidades locales “no tienen reconocido en nuestro Derecho una legitimación general para la impugnación en vía contencioso-administrativa de cualquier acto o disposición general de la Administración General del Estado (...), sino solo en la medida que dicha disposición general afectase a su ámbito de autonomía”.

La sentencia recoge también los argumentos que contra esta demanda han interpuesto la Abogacía del Estado, la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía o la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.

El recurso de la Diputación de Alicante es uno de los dos de cuya resolución estaba pendiente el Gobierno de España para cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, como le reclama Castilla-La Mancha. Queda un recurso más pendiente de resolución: el presentado por el Sindicato Central de Regantes (SCRATS).

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que suscriben los principales informes del caso que ha llevado al banquillo a José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama han asestado este lunes un duro golpe al exministro y quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes al ratificar ante el Tribunal Supremo las conclusiones de sus investigaciones. En un interrogatorio que se ha alargado durante casi diez horas, ambos han desgranado la mecánica de sobornos supuestamente urdida por Aldama y de la que se habrían beneficiado Ábalos y Koldo García.

El teniente coronel Antonio Balas ha señalado que quien mandaba realmente en la presunta organización criminal investigada en el 'caso Koldo' era el empresario a pesar de que los investigados se refirieran a Ábalos como 'el jefe'. “Quien paga manda, (...) y realmente quien manda es Aldama”, ha indicado a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. No obstante, tanto Balas como el comandante que suscriben los principales informes del caso han insistido en el papel “fundamental” de Ábalos para la trama, dado que sin él no podrían haber hecho “casi ninguna de las acciones” emprendidas. Han resaltado, además, que ni el ministro ni su asesor “se mostraron reacios en ningún momento” a las órdenes e indicaciones de Aldama.

A pesar de que la defensa de Ábalos ha tratado de desvirtuar la tesis de que el ministro tuviera que ver con la trama o perteneciera a la misma (“¿En qué momento un cohechado entra a formar parte de una organización?”), los miembros de la UCO han sido tajantes al señalar que el exdirigente socialista entra a formar parte de la trama “en el momento en el que se integra”.

Y ante la pregunta de qué es lo que hizo el ministro en el seno de esa organización criminal, Balas ha respondido con una frase contundente: “Hace lo más grande”. “Es quien tiene la capacidad, quien abre los negocios, quien tiene capacidad de poder llevar a Aldama y sus socios a sitios donde no pueden, (...) es un miembro cualificado y por eso cobra lo que cobra, y le dan lo que le dan, y cuando exige le pagan”, ha apostillado. Respecto a Koldo García, los agentes han destacado que “se movía extremadamente bien en diferentes ambientes y tenía acceso muy importante a todos los niveles”.

En otro momento del interrogatorio, Balas ha comentado que el nivel de influencia de Ábalos y Koldo García era tal que la trama pudo “permear en diferentes administraciones” y que tuvieron “acceso rápido y directo en otros estamentos de muy alto nivel” en referencia a otros ministerios, si bien los testimonios de otros testigos que han comparecido ante el tribunal en las semanas precedentes han revelado el fracaso de otras gestiones de la trama en otros departamentos de la Administración.

Como ejemplo ha puesto el caso del rescate de Air Europa, cuando intentaron que primero se canalizara el préstamo a través del ICO, dependiente del Ministerio de Economía y por eso “interaccionan con Nadia Calviño”, la entonces ministra. Durante su extensa declaración también han puesto el foco en otro episodio: el viaje fallido de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020 cuando era vicepresidenta de Venezuela, que los agentes han utilizado para sacar a colación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Balas ha recordado que Aldama elaboró una carta y que la misma llega al ministro. Luego, ha relatado, Ábalos le envió un mensaje a Koldo García con una captura de pantalla de una conversación con Pedro Sánchez referida a ese viaje oficial. Para Balas esto demuestra que la organización criminal “accede incluso al presidente”. “Es decir (la trama) lo consigue, el acceso a altas instancias es total”, ha enfatizado. Durante la investigación, el juez instructor rechazó citar a Sánchez y Calviño como testigos con el argumento de que no aportarían “nada nuevo”.

Los otros del caso

Más allá de esas figuras capitales de la trama, la UCO ha explicado que se percataron de que todos los miembros de la organización se valían de otros en una suerte de cascada de testaferros. Así, “Ábalos se valía de Koldo García, su alter ego, porque (el ministro) no va a pedir dinero, ni pasar un curriculum”, mientras que el asesor se valía de su hermano Joseba García, a quien empleaba para cuestiones en las que no se quería exponer.

Además, ha señalado que la exmujer de Koldo, Patricia Uriz, también participaba como cónyuge y tenía reparto de tareas; Alberto Escolano hacía las veces de testaferro cualificado de Aldama; y lo mismo ocurría con los conocidos como 'mosqueteros' (por el nombre del grupo de wasap que compartían) que eran empleados del empresario y los interponía para conseguir sus fines.

A este subgrupo pertenecería también, según ha resaltado la UCO, el agente de la Guardia Civil que proporcionaba a la organización criminal teléfonos desechables que usaban hasta que consideraban que “corrompidos”, momento en el que eran renovados. Son las conocidas como cafeteras o cafés, a las que se referían los miembros de la trama.

Las bolsas faraday y la cadena de custodia

Antes de entrar de lleno en esas vinculaciones, los agentes de la UCO que se encargaron del volcado y custodia de los terminales y dispositivos informáticos que se incautaron al exministro y a su asesor han defendido su trabajo señalando que es “imposible” que se haya dado una modificación de las evidencias con posterioridad. Al hilo, han recodado que una vez que se requisan dispositivos móviles son introducidos en bolsas faraday, que los protegen de accesos remotos, y que cada evidencia es archivada en precintos numerados que hacen imposible que se rompa la cadena de custodia.

A lo largo de la jornada de este lunes, las defensas han planteado dudas sobre el proceder de los investigadores, como el hecho de que existan informes de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos y de Koldo García pero no de la tercera pata de la trama, el empresario Víctor de Aldama. Los agentes han explicado que, si bien se ha investigado también su patrimonio, lo relevante lo han incluido en informes del caso porque era suficiente.

A esto han sumado otros detalles como que los investigadores abrieran un sobre que tenía como destinatario el ministro cuando aún no había perdido el aforamiento ni constaba como acreditado. Sobre ese hecho, los agentes han especificado que tuvieron conocimiento de que había documentación que enviaba Koldo García y que les pareció sospechoso (“supusimos que era algo relevante para la causa”), por lo que procedieron a abrirlo. Marino Turiel, el letrado de Ábalos, les ha recordado que ese sobre era para un diputado.

Por otro lado, y a preguntas de Fiscalía, los agentes han indicado que desde septiembre y octubre de 2019 arrancaron presuntamente los pagos de Aldama a los otros dos investigados y han explicado que los primeros mensajes que hacen mención a las “chistorras” (lo que consideran que eran billetes de 500 euros) provienen del teléfono de Patricia Uriz.

En este sentido, han mantenido que las aportaciones para “mantener la maquinaria engrasada” era de 10.000 euros mensuales y que el propio Joseba García viajó a República Dominicana para recoger dinero en efectivo. “Las conversaciones son muy evidentes”, han señalado.

Sobre esos pagos, el abogado del ministro ha tratado de sembrar la duda de que Ábalos cobrara dado que era Koldo García quien recibía el dinero, mientras que la abogada del asesor ha puesto el foco en que cuando la trama se refería a pagos a 'K' bien podría referirse a otras personas, como alguien al que ha identificado como Koldo Ibarra y del que ha dicho que era una suerte de 'blanqueador' que usaba el empresario Aldama.

Las mascarillas y los enchufes en empresas públicas

Los investigadores han insistido en que esa relación propició que, durante la pandemia, Ábalos y su colaborador facilitaran a Aldama información privilegiada sobre las necesidades del Ministerio de Transportes para adquirir material sanitario. El teniente coronel Balas ha afirmado ha definido que esos contratos de mascarillas son el “paradigma” de lo que pretendía Aldama con el citado pago “recurrente” de sobornos.

A juicio de las acusaciones, esa suerte de nómina que el empresario pagó a fondo perdido y desde octubre de 2019 fue la llave que permitió a Aldama tener información privilegiada de los contratos millonarios que se iban a realizar desde el Ministerio de Transportes en marzo de 2020. Aldama se embolsó más de 3,7 millones de euros en apenas unos días gracias a su labor de intermediación en esos contratos.

Los investigadores han explicado que, cuando se produjeron esas adjudicaciones, Aldama ya llevaba varios meses haciéndose cargo del alquiler de la vivienda de una expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez. El teniente coronel Balas ha asegurado que Aldama abonó esos fondos porque entendía que así compraba “la voluntad del ministro”.

En respuesta a preguntas de la defensa, ha explicado que fue el socio de Aldama, Alberto Escolano, quien abonaba las cantidades mensuales porque el empresario desde 2019 entendía que esto le servía como “contraprestación” para pagar el nivel de acceso a Ábalos. “Ese nivel de acceso vale lo que hayan estipulado, porque así Aldama puede pedir según paga”, ha recordado, para añadir que el empresario esperaba que esa dádiva y otras se realizaban con la esperanza de que en un futuro le iba a dar “un lucro económico”.

La extensa declaración también ha abordado otros asuntos, como el nepotismo ejercido en las empresas de la órbita del Ministerio de Transportes. Los agentes han señalado que Jésica Rodríguez fue contratada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, y que en ese 'enchufe' tuvo “un rol destacado” la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera. Así, han puesto sobre la mesa mensajes cruzados entre ella y el asesor ministerial Koldo García y han apuntado que a pesar de que se quería buscar un contrato directo en la primera de las empresas, Ineco, la joven odontóloga tuvo que pasar una entrevista “condicionada” a pesar de que intentó zafarse de la misma.

Han puesto el foco en que, de acuerdo a un mensaje de Jésica Rodríguez, ella pidió al asesor que le dijera a Ábalos que llamara a quien tuviera que llamar. También han recordado un wasap de Jésica Rodríguez con Joseba García, hermano del asesor y su supuesto supervisor en Ineco, en el que ella se quejaba de la nómina que recibía. El teniente coronel Balas ha explicado que ella se quejó de ser mileurista y de que “los rojos comunistas” se llevaban su dinero. “Se queja de que cobra poco por no ir a trabajar”, ha sentenciado.

Respecto a la otra mujer supuestamente enchufada, la la militante del PSOE Claudia Montes, el teniente coronel ha sostenido que pasó “en horas” de estar casi despedida a ser supervisora. “Claudia Montes podía hacer lo que quisiera ahí”, ha señalado el investigador a preguntas de la acusación popular que dirige el PP.

El pacto de gobierno entre PP y Vox para la próxima legislatura en Aragón incorpora el compromiso de reactivar el proyecto del embalse de Biscarrués, pese a que fue anulado por la Audiencia Nacional en 2017. El acuerdo, dentro del apartado de Sector Primario, plantea iniciar estudios técnicos para justificar el “interés público superior” de la infraestructura. La alcaldesa de la localidad y portavoz de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, Lola Giménez, ha criticado la medida y la ha calificado de “sinsentido”, al entender que se recupera un proyecto ya descartado por los tribunales.

Según consta en el documento del acuerdo del gobierno entre PP y Vox, que se sellará definitivamente con la investidura de Azcón este miércoles, se plantea iniciar estudios técnicos para avalar la construcción del embalse “que permita aumentar la regulación del río Gállego para garantizar la culminación de la superficie regable en Riegos del Alto Aragón (20.000 hectáreas)”. La inclusión de este proyecto choca con las resoluciones judiciales que dejaron sin efecto su tramitación. En concreto, la Audiencia Nacional analizó la aprobación del anteproyecto y la declaración de impacto ambiental del embalse, que preveía su construcción en el río Gállego, en el término municipal de Biscarrués, con afecciones a varios municipios del entorno.

Giménez ha insistido en que la inclusión del embalse en el pacto es un “despropósito”, al tratarse de una obra que “la Audiencia Nacional ya sentenció hace años que era ilegal”. En su opinión, “no tiene mucho sentido” recuperar iniciativas que “ya no dan respuesta a ninguna necesidad” y que, además, no parten de un análisis real del territorio. Así, ha criticado que “no hay un análisis de las necesidades de la zona de la Galliguera, de las necesidades de la zona de los Monegros” y que, en cambio, se vuelva a plantear una infraestructura descartada por los tribunales. “Resucitamos un pantano declarado ilegal por la Audiencia Nacional”, ha lamentado. Giménez ha recordado además que el territorio lleva “40 años con esta amenaza”, un proyecto que “nunca se ha cumplido”, y ha asegurado que la oposición social se mantiene.

La sentencia de la Audiencia Nacional, emitida en 2017, recoge que el recurso se dirigía contra la resolución estatal que “aprueba el expediente de información pública y el Anteproyecto (…) del embalse de Biscarrués en el río Gállego”, así como contra la declaración de impacto ambiental del proyecto. Entre los argumentos esgrimidos por los recurrentes —y recogidos en el fallo— se señalaba que la infraestructura “no encuentra justificación desde la perspectiva de la planificación hidrológica y de regadíos” y que “incumplía normativa ambiental y comunitaria”.

Además, el tribunal subrayó que el embalse afectaría a espacios protegidos y especies de especial valor, dentro de áreas incluidas en la Red Natura 2000, lo que obligaba a una evaluación rigurosa de sus impactos. La resolución también pone de relieve la necesidad de que este tipo de proyectos se ajusten a la Directiva Marco del Agua y a la planificación hidrológica vigente, aspectos que fueron cuestionados en el procedimiento. En otra de las sentencias dictadas el mismo día, la Audiencia Nacional insiste en que el anteproyecto no podía considerarse un mero trámite, ya que fijaba elementos esenciales de la obra, como su presupuesto, características técnicas y ejecución, lo que permitía su impugnación judicial.

En 2020 el Tribunal Supremo confirmó la anulación del anteproyecto y la declaración de impacto ambiental del embalse de Biscarrués (Huesca). Esta sentencia tuvo lugar tras más de 33 años de reivindicaciones en los que las poblaciones afectadas y los grupos ecologistas presentaron sus recursos. Estableció que hubo una vulneración de la Directiva Europea de Aguas, ya que el proyecto debería haber aparecido antes en el Plan Hidrológico de Cuenca, y no se justificaba el interés general.

El apartado del sector primario en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox para la legislatura 2026-2030 se centra en el “blindaje” del campo frente a las normativas de la Agenda 2030 y el Pacto Verde europeo. Entre sus medidas estrella destaca el impulso a las infraestructuras hidráulicas, como la modernización de regadíos y la reactivación de estudios técnicos para el embalse de Biscarrués. También se comprometen a exigir al Estado la finalización de obras del Pacto del Agua como Yesa o Mularroya, a reformar la Ley de agricultura familiar y a aumentar hasta los 15 millones de euros la partida para seguros agrarios. A pesar de las numerosas declaraciones de Vox sobre el asunto, el documento no hace ninguna mención al trasvase del Ebro.

Polémico fallo del Tribunal Supremo contra la libre entrada en las empresas que hoy ejerce la Inspección de Trabajo. El Alto Tribunal ha dictado una sentencia que exige una autorización judicial para que los inspectores puedan entrar en los centros cuando estos coincidan con el domicilio social de las compañías, algo muy frecuente por ejemplo en las pymes, la gran mayoría de empresas del país. Los dos principales sindicatos profesionales de la Inspección han rechazado frontalmente la valoración del Supremo, que critican por su “calidad jurídica” y por extralimitarse en sus funciones, actuando como si fuera el “legislador”.

Al solo existir una sentencia del Supremo, sin que se haya sentado jurisprudencia con un segundo fallo, los sindicatos de inspectores indican que seguirán ejerciendo sus funciones y entrando libremente en las empresas como hasta el momento, pero alertan de este criterio y reclaman “una profunda y más cualificada reflexión” para futuros fallos.

El caso analiza el recurso interpuesto por una empresa de comercio al por mayor de frutas y hortalizas en la Comunidad Valenciana, que fue objeto de una visita de la Inspección de Trabajo junto a la Policía Nacional, dentro de una investigación. La actuación se ciñó a la “zona de trabajo fabril” aunque el mismo centro de trabajo era también el domicilio social de la compañía (una SL).

Derecho a la inviolabilidad del domicilio, también de las empresas

El empresario denunció la entrada de la Inspección por considerar que había vulnerado si derecho a la “inviolabilidad del domicilio”, reconocido constitucionalmente. Por este derecho, los inspectores no pueden entrar libremente en las empresas cuando estas son también el domicilio de los empresarios (personas físicas), salvo consentimiento y orden judicial, pero no se extiende esta garantía al domicilio social de las empresas (personas jurídicas).

Así, la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo establece que los Inspectores de Trabajo tienen el carácter de autoridad y están autorizados para: “Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una persona física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial”.

Contra el criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal, la Sala cuarta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo considera que esa protección sobre el domicilio de las personas debe extenderse también al domicilio social de las empresas.

El Tribunal Constitucional ya falló en una sentencia de 1999, tras recordar que las personas jurídicas carecen de intimidad, que el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio de las sociedades mercantiles “solo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros”.

La Abogacía del Estado sostuvo que lo constitucionalmente protegido en el caso de los domicilios de las empresas es el acceso a la documentación –y al centro de dirección de las compañías, indican en los sindicatos de inspectores–, pero no el centro de trabajo en general, lo que limitaría la entrada libre e inmediata de los inspectores en miles de empresas del país.

Los magistrados del Supremo sostienen sin embargo que la protección constitucional debe extenderse a la entrada en el domicilio social de la empresa, aunque no haya ningún registro de documentación. “La única excepción podría venir dada, una vez valoradas las específicas circunstancias de cada caso, cuando entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo exista una separación física apreciable y, además, la autoridad o sus agentes informen de que su propósito es únicamente acceder a la primera para el cumplimiento de sus funciones legalmente previstas”, añade la sentencia.

Frontal oposición de los inspectores: “El tribunal está legislando”

Los sindicatos de la Inspección SITSS y UPIT han difundido este lunes dos comunicados muy críticos con la sentencia judicial, que recuerdan que su ley ordenadora regula expresamente la exclusión solo del domicilio de las personas físicas. “No se está interpretando un precepto que ofrezca dudas jurídicas, sino más bien se está 'legislando' por el Tribunal, ampliando una norma sin justificar por qué se pone en duda la voluntad del legislador”, advierten desde la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo.

El Supremo indica que hay un “vacío legal” en la Ley de la Inspección respecto al domicilio social de las empresas y que, por su parte, procede “la aplicación directa de la correspondiente norma constitucional”, que interpreta.

El profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Adrián Todolí cuestiona también ese supuesto “vacío” normativo. “No parece que exista tal vacío normativo. El artículo 13.1 establece una regla general taxativa: la Inspección de Trabajo puede entrar libremente en los centros de trabajo sin necesidad de autorización judicial. Y, a continuación, incorpora una única excepción expresa: cuando el centro coincida con el domicilio de una persona física. Desde esta perspectiva, no estamos ante una laguna, sino ante una opción legislativa consciente”, valora en su blog.

El sindicato SITSS alerta de que “esta doctrina tiene un impacto especialmente relevante en el tejido empresarial español, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas en las que es habitual que el domicilio social coincida con el centro de trabajo”. La necesidad de recabar autorización judicial de forma sistemática, señala, “comprometería seriamente la inmediatez y eficacia de la actuación inspectora”.

Los magistrados indican incluso que “cabe preguntarse” si la Ley de la Inspección “está viciado de inconstitucionalidad por omisión” al no proteger la entrada en el domicilio social de las empresas. UPIT subraya que, si el Tribunal Supremo tenía dudas sobre un posible defecto de inconstitucionalidad de la ley, “automáticamente debería haberse abstenido de actuar al carecer de competencias en materia constitucional de normas con rango de ley o, al menos, haber planteado cuestión de inconstitucionalidad ante el único órgano competente para la interpretación de la norma máxima que es el Tribunal Constitucional”.

“Desde el absoluto respeto a las sentencias judiciales y a los convenios internacionales ratificados por España, desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se hace una valoración crítica de este pronunciamiento”, responden por su parte fuentes del Ministerio de Trabajo. “En cualquier caso, se estima que la valoración de la constitucionalidad o no del precepto correspondería al Tribunal Constitucional”, añaden.

El Tribunal Supremo (TS) ha accedido a estudiar el caso del exconcejal de Podemos en el municipio majorero de Pájara Rodrigo Berdullas, a fin de sentar jurisprudencia sobre si el abandono voluntario de una formación política antes de constituirse como grupo municipal implica pasar al grupo mixto o ser no adscrito.

El edil se presentó a las elecciones de 2019 con este partido y, tras ser el único elegido de la formación, pasó al grupo mixto y luego al de gobierno con delegación.

En su momento el concejal presentó un recurso contra la decisión del pleno de declararlo no adscrito dado que nunca había conformado grupo por no contar con el suficiente número de ediles.

Por lo tanto entendía que siempre “de facto” formó parte del mixto y que haber dejado su partido no implicaba consecuencia alguna.

En primera instancia un Juzgado le dio razón al edil dado que “la ley canaria guarda silencio respecto al abandono de la formación política cuando no existe grupo político pero sí prevé lo que sucede cuando se produce una expulsión”.

A continuación el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló el fallo inicial, anuló el acuerdo plenario, y llegó a la misma conclusión: “El edil no abandonó grupo alguno porque este nunca existió”.

Ahora, ante el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento mantiene que la consecuencia jurídica no puede variar en función de si la candidatura constituyó o no un grupo propio.

Considera que la sentencia incurre en contradicción al afirmar que la Ley estatal fija un concepto “amplio” de la figura del concejal no adscrito, y a la vez es una “regulación de mínimo”.

El Supremo entiende que la cuestión es distinta de las ya abordadas anteriormente, “pues lo que se debe determinar es precisamente si el abandono voluntario de una formación política que no se había constituido en grupo municipal puede llevar automáticamente aparejado el pase del concejal del mixto a la condición de no adscrito, con todas las consecuencias”. “O si, por el contrario, se trata de una interpretación extensiva y limitadora”, apunta el Alto Tribunal. 

El juicio contra José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama entra en su recta final. A la espera de que los acusados ofrezcan sus propias explicaciones ante los magistrados a partir del próximo miércoles, los interrogatorios a testigos clave que se han sentado esta semana ante el Tribunal Supremo ya han evidenciado ciertos roces entre las defensas del exministro y quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes. 

Ábalos y Koldo García, que han llegado incluso a compartir celda en la prisión de Soto del Real, han mantenido hasta el momento una suerte de pacto de no agresión que alcanzará su prueba de fuego la próxima semana, cuando se evidenciará si ese acuerdo se mantiene o si afloran reproches, contradicciones o intentos de trasladar responsabilidades. Está previsto que los tres investigados sean interrogados a partir del miércoles. Después, acusaciones y defensas harán sus informes, en los que intentarán convencer al tribunal basándose en las pruebas practicadas. 

Entre tanto, los movimientos de las defensas de ambos sí han apuntado a la existencia de una cierta pugna sobre el alcance de la relación con Aldama, a quien la Guardia Civil define como el “nexo corruptor” de la trama. De acuerdo a algunas de sus intervenciones, la estrategia del abogado de Ábalos, Marino Turiel, pasa por encapsular la figura de Aldama en torno a Koldo García. Y tratar de desvincular al exministro de las frecuentes visitas del empresario al Ministerio de Transportes. Las acusaciones consideran que esas visitas son un indicio de la “interlocución privilegiada” lograda por el comisionista gracias al presunto pago sistemático de sobornos. 

Así lo evidenció el interrogatorio a Ana María Aranda, la que fuera secretaria personal de Ábalos en el Ministerio. La defensa del exministro incidió en a quién iba a ver fundamentalmente el empresario en esas visitas. La testigo afirmó que siempre veía a Aldama con el asesor y “nunca” con el ministro. En la misma línea, el que fuera jefe de gabinete del exministro, Ricardo Mar, afirmó a preguntas de Turiel que no presenció ninguna reunión entre Aldama y Ábalos en las dependencias del Ministerio de Transportes.

Sin embargo, el intento de Ábalos de presentar a su exasesor como un verso suelto que operaba a sus espaldas encontró una rápida respuesta. Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, contraatacó preguntando a la secretaria si ella podía recibir instrucciones “concretas y directas” de Koldo García que fueran en contra de las indicaciones del ministro. La respuesta negativa de la testigo apuntala la tesis de la defensa de Koldo: él no tenía autonomía de poder frente a su jefe.

Estas fricciones y el cruce de interrogatorios chocan frontalmente con el escenario que dibuja la Fiscalía Anticorrupción. Para la acusación no es posible aislar el paso de Aldama por el Ministerio de Transportes culpando exclusivamente al asesor. Según el Ministerio Público, Koldo García actuaba en la práctica como el “alter ego” de Ábalos. La Fiscalía sostiene que existía un “convenio criminal” con un cuidadoso reparto de papeles: el exministro aportaba la máxima autoridad y su influencia directa cuando era precisa, mientras que Koldo García era el “fiel transmisor” de las decisiones de su jefe, parapetándose habitualmente tras su figura. De hecho, la tesis del fiscal es que el exasesor actuaba “de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas”.

La tesis de que Ábalos desconocía los tratos de Koldo García con Aldama en los pasillos del Ministerio también es rebatida por los flujos de dinero. La Fiscalía da por acreditado que Aldama entregaba 10.000 euros mensuales en efectivo a Koldo García como peaje para garantizar su acceso a la Administración, y subraya que “tales entregas de efectivo a Koldo García fueron efectuadas en ocasiones en presencia de José Luis Ábalos, pues el importe (...) estaba destinado a ser repartido entre ambos”.

Además, según la investigación judicial, Ábalos también aparece como beneficiario directo de presuntas dádivas. Entre ellas, el pago del alquiler del piso de lujo de quien era su pareja, a la que también colocó en empresas públicas a las que no iba a trabajar; el uso de un chalé en la costa andaluza que fue elegido por él mismo y que sufragó la empresa de un socio de Aldama que tenía intereses en el sector de los hidrocarburos o las vacaciones en otro chalé de Marbella pagado con fondos proporcionados por el comisionista. 

El abismo al que se asoma Ábalos 

Con esta tesis acusatoria, y ante la posibilidad de una condena de 24 años de cárcel, es más que probable que el exministro no quiera asomarse a ese abismo penal de la mano de su 'chico para todo': lo lógico, y lo que explican fuentes jurídicas, es que la defensa de Ábalos trate de combatir la idea de que Koldo y el exministro conformaban una suerte de binomio inseparable. 

Así, la tesis de que Koldo García en su etapa en el Ministerio pudo tener 'vida propia' y por tanto desarrolló una actuación sustancialmente unilateral fundamentada en esa voluntad por ayudar a todo el mundo, es una baza que puede jugar Ábalos de cara a apartarse de asuntos que se han dirimido en el juicio, como el logro para la trama de los hidrocarburos de una reunión con el que fuera jefe de gabinete de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart. 

Diferentes partes que participan en el proceso consideran que el propio Koldo García puede llegar a reconocer en su interrogatorio que no siempre actuó “con conocimiento del ministro”, tal y como sostiene la Fiscalía. Si bien otras fuentes consultadas apuntan a que eso es improbable porque el asesor se mantendrá en sus trece de no reconocer ni siquiera los mensajes de WhatsApp en los que se apoya la investigación de la UCO. Desde el inicio ha denunciado no haber tenido acceso a los mismos para poder hacer una pericia sobre su autenticidad. 

Pero, en caso de buscar esa separación de intereses, la defensa de Ábalos podría sostener en su informe que, en realidad, la relación estrecha era entre Aldama y Koldo García, y que esto lo habría aprovechado el empresario para corromper a un asesor que se dejaba querer. Asesor que, por otro lado, sabía que tenía influencia política porque, tal y como ha quedado claro en el juicio, todo el mundo entendía que hablaba por boca del ministro.

En todo caso, este fin de semana es crucial para las defensas de Ábalos y Koldo García porque tienen que trabajar en la estrategia de los últimos días. Así, ambos letrados pasarán tiempo en la cárcel de Soto del Real con sus clientes para preparar sus declaraciones y ahí puede llegar el momento de poner las cartas sobre la mesa. Esto puede abocar a una ruptura total entre ambos que les lleve a afrontar los días decisivos del juicio por separado y enfrentados. 

Clave en esa estrategia será el turno en el que cada defensa intervenga para hacer el informe definitivo ante los magistrados del Tribunal Supremo. Si ya se conocía que Ábalos declarará el último, ahora ha trascendido que su defensa también será la última en hacer su informe, lo que en caso de optar por alejarse de lo que hiciera o deshiciera Koldo García en el Ministerio puede ser una ventaja porque no habrá posibilidad de contrarréplica por parte de la letrada Leticia de la Hoz. 

Mientras, Aldama queda fuera de esta batalla porque, tras colaborar con el Ministerio Público confesando delitos e implicando al resto de acusados, no le queda más que esperar a que fructifique una posible rebaja aún mayor de la pena que piden para él. En juego está no llegar, ni siquiera, a pisar la cárcel. 

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha condenado a 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público a una jueza de Badajoz por un delito continuado de prevaricación judicial al haber dictado resoluciones “arbitrarias” para dilatar el embargo de una cuenta bancaria a un empresario.

La sentencia impone además a la mujer 20 meses de multa con una cuota de 15 euros, y una indemnización de 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Por otra parte, se absuelve a la acusada de un delito contra la libertad individual “por el que venía subsidiariamente acusada por la acusación particular, declarando de oficio las costas causadas por esta imputación”.

Según la sentencia, este delito continuado “ha causado, sin duda alguna, un daño moral” al empresario, que se concreta no solo en “el largo tiempo en el que ha estado privado de la libre disponibilidad de sus bienes”. También en que “fue sometido a un nuevo procedimiento judicial penal con todo lo que ello conlleva, nuevas diligencias que tuvo abiertas durante más de un año que implicaron la necesidad de designación de un letrado”.

Además el hombre “tuvo que asistir siempre que fue citado para comparecer ante esas diligencias”, sin olvidar “los varios recursos que se vio obligado a interponer hasta conseguir que la Audiencia provincial se pronunciara hasta en dos ocasiones, en sendos autos prácticamente consecutivos, por los mismos hechos”.

En este marco, el TSJEx considera que “con la cantidad de 15.000 euros puede verse atenuado todo el devenir que se ha expuesto en los hechos probados de esta sentencia”.

Los hechos se remontan a agosto de 2018 cuando la magistrada dictó sentencia condenatoria que imponía al empresario tres años de prisión como autor de un delito de insolvencia punible y declaraba nulas las transferencias realizadas desde una cuenta bancaria de una entidad. El condenado recurrió el fallo ante la Audiencia pacense, que lo absolvió en abril de 2019 y ordenó su inmediata puesta en libertad.

Sin embargo, la jueza mantuvo el bloqueo de la cuenta bancaria “sin justificar la decisión”, según la Fiscalía pacense, pese a que debía haberlo levantado de oficio también.

En ese momento se produjeron distintas resoluciones “arbitrarias”, expresaba la acusación, al dilatarse la entrega de la cantidad que debió devolverse desde 2019 tras la sentencia absolutoria después del recurso, embargo que se levantó finalmente en mayo de ese año.

No obstante, quedó pendiente todavía una partida que la Audiencia pacense pidió que se devolviese al empresario en una decisión tomada en abril de 2025, lo que finalmente se produjo, pero este acabó interponiendo la querella por los efectos causados por todas estas decisiones. 

La apariencia de que se está administrando justicia es un elemento constitutivo del proceso a través del cual la justicia se administra. Si no parece que se está administrando justicia, es que se está haciendo otra cosa.

En España se está produciendo con cierta reiteración la ausencia de dicha apariencia. El abogado de Begoña Gómez se lo dijo directamente al juez instructor Juan Carlos Peinado en una comparecencia reciente y la Unión Progresista de Fiscales ha llevado a la ONU la “sucesión de irregularidades” en la causa contra el fiscal general. Por no hablar de la persecución política disfrazada de proceso judicial de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados y condenados por el delito imposible de prevaricación administrativa por haber presidido el Consejo de Gobierno que aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Una vez declarada anticonstitucional dicha persecución por quien puede hacerlo -el Tribunal Constitucional-, la Audiencia Provincial de Sevilla ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no la va a admitir a trámite siquiera por no tener competencia para ello. O por no hablar de las decisiones de la Sala Segunda sobre la Ley de Amnistía…

Da la impresión de que los órganos judiciales de más alto nivel en nuestro país, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, han desarrollado una peculiar afición a esta tendencia de hacer justicia sin parecer que lo hacen. Lo estamos viendo en estos días con dos casos de relumbrón. El caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo (TS) y el caso Kitchen en la Audiencia Nacional. 

Del primero, el lector de este diario ha tenido la oportunidad de leer dos artículos excelentes, uno de Carlos López Keller, 'Crónica de una condena anunciada', el 6 de abril, y otro de Ignacio Escolar, 'Ábalos y Fernández Díaz: busca las diferencias', el 11 de abril. 

Solamente tengo una cosa que añadir y es que, en mi opinión, hay motivos más que suficientes para interponer un recurso de amparo contra esa “condena anunciada” por parte del TS. Este tribunal no puede convertirse en un juez de primera y única instancia de la manera que a él le parezca oportuno. Se trata de una anomalía tan extraordinaria que el TS tendría que justificar su decisión de una manera objetiva y razonable, algo que brilla por su ausencia en la decisión que ha adoptado. 

Tal vez no haya un órgano constitucional que esté tan afectado, en términos generales“ por la ”interdicción de la arbitrariedad“ de los poderes públicos enunciada en el artículo 9 de la Constitución, como lo está el TS. Por su propia posición en el edificio del Estado constitucional. Y tal vez no haya un asunto en que dicha interdicción haya sido desconocida de manera tan reiterada como en el caso mascarillas. 

La razón de esta arbitrariedad reiterada en cada uno de los pasos por parte del TS no es otra que la de hacer coincidir en el tiempo el juicio del caso mascarillas con el del caso Kitchen en la Audiencia Nacional y dictar una sentencia condenatoria firme que suponga el ingreso en prisión de un exministro del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y de un exsecretario de organización del PSOE con Pedro Sánchez como secretario general, antes de que exista una sentencia condenatoria firme contra un exministro del PP.

Lo más llamativo del caso mascarillas es que, a medida que ha avanzado el juicio, las mascarillas casi brillan por su ausencia. Lo que se anunciaba como un gigantesco caso de corrupción de libro, está resultando ser un examen de conductas repugnantes, pero que casi nada, por no decir nada, tienen que ver con la “madre de todas las corrupciones” que se nos había prometido. 

El caso mascarillas es el de menor entidad de todos los casos sobre mascarillas que ya se han resuelto y de los que quedan por resolver. El de Almería, por ejemplo. La apariencia de administración de justicia brilla por su ausencia. No es justicia, sino otra cosa, lo que está haciendo el TS.

El Tribunal Constitucional, muy a su pesar, tendrá que acabar poniendo orden, porque, de no hacerlo, lo tendrá que hacer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos avergonzará a todos.  

Lo mismo está ocurriendo en la Audiencia Nacional con el caso Kitchen. Que se sepa, Luis Bárcenas no ha sido tesorero del Ministerio del Interior. Fue tesorero del PP. Fue el tesorero que, por su condición de tal, disponía de la documentación acreditativa de la financiación presuntamente delictiva del PP. Para evitar que dicha documentación pudiera acabar en manos del juez que estaba investigando dicha financiación, el Ministerio de Interior del Gobierno presidido por Mariano Rajoy puso en marcha una operación, denominada posteriormente como Kitchen, con decenas de policías pagados con fondos reservados para apropiarse de la documentación en manos de Luis Bárcenas y su mujer, a fin de que no acabara en las manos del juez. 

La documentación en manos de Luis Bárcenas no era incriminatoria para el Ministerio de Interior. No incriminaba ni al ministro ni a ningún otro funcionario del Ministerio. Incriminaba presuntamente al presidente del PP, Mariano Rajoy, al vicepresidente, Javier Arenas, y a la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Y al propio PP. Pero a nadie más. 

Obviamente, únicamente las personas cuya presunción de inocencia podía ser destruida en sede judicial con las pruebas que contenía la documentación de Luis Bárcenas podían tener interés en que dicha documentación no acabara en manos del juez.

Fue la condición de presidente del Gobierno de Mariano Rajoy la que posibilitó que la operación Kitchen se activara. Ni Fernández Díaz ni ninguno de los demás miembros del Ministerio procesados tenían interés en hacerlo. Sin el impulso del presidente Mariano Rajoy, la operación Kitchen no habría existido.

Sin embargo, la instrucción se detuvo en el momento de investigar al partido, para circunscribirla al ámbito del Ministerio. En la documentación que se sustrajo a Luis Bárcenas no había ni una sola referencia al Ministerio ni al ministro. Sí la había respecto a M. Rajoy o respecto a Arenas y Cospedal.  

¿Puede alguien pensar que se está administrando justicia cuando los principales y únicos beneficiarios de la operación Kitchen no figuran entre los procesados? 

Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro han sido, presuntamente, los protagonistas de los dos asuntos de corrupción más importantes desde la entrada en vigor de la Constitución. No ha habido ningún otro en el que se haya “privatizado el Ministerio de Interior”, como ha ocurrido en la operación Kitchen. O en el que se haya “privatizado el ejercicio de la potestad legislativa” de las Cortes Generales mediante un despacho profesional, Equipo Económico, que cobraba a las empresas gasistas para conseguir la aprobación de legislación hecha a su medida y redactada por ellas mismas. 

No se me ocurre un caso de corrupción que pueda ir más allá de la corrupción del Ministerio de Interior o de la potestad legislativa de las Cortes Generales. Del primero ya estamos viendo como el PP intenta eximirse de responsabilidad. Veremos si lo acaba consiguiendo o no. Del segundo, todavía está por ver que acabe siendo sometido siquiera al juicio por parte del poder judicial.

En esas estamos.

Punto final al caso Neymar II. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió al jugador de fútbol Neymar Da Silva Santos Júnior y a los expresidentes del F.C. Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu de los delitos de corrupción entre particulares y estafa en el fichaje del jugador por la entidad azulgrana en 2013.

El fallo del Alto Tribunal cierra un caso que se cayó como un castillo de cartas en el juicio. La vista oral mostró la trastienda del fútbol, la batalla entre Real Madrid y Barça para hacerse con el jugador, pero constató que había poca materia penal para condenar al jugador o al club. Así lo advirtió la Fiscalía, que al final del juicio retiró su acusación, algo poco común.

La Audiencia de Barcelona concluyó que el fondo DIS, que ejerce la acusación particular del caso y era propietario del 40% de los derechos federativos de Neymar, podía reclamar por la vía civil el dinero que cree que le adeudaban la familia y el club por el fichaje, pero que los hechos no traspasan la vía penal. El Supremo confirma este criterio.

Las conversaciones del Barça con Neymar para incorporar al jugador “no suponen una actuación delictiva de corrupción entre particulares ni de simulación contractual, por cuanto el contrato y la intención subyacente de las partes era real”, remarca el Supremo.

Las partes, ahonda la sentencia, querían pactar unas condiciones económicas y abonar unas cantidades para cuando el jugador, por entonces en el Santos, quedara libre. Este comportamiento “queda en el terreno del derecho deportivo y normas FIFA o UEFA, pero no afectante al derecho penal dado que no cualquier incumplimiento contractual tiene su esfera de resolución en el derecho penal, sino en el mercantil o civil según sea el caso”, agrega el Supremo.

En su sentencia, los magistrados cargan contra “la inconsistencia de la acusación” del fondo DIS, de quien descarta que sufriera perjuicios económicos por la venta del jugador. En suma, que no hubo ni delito de corrupción en los negocios ni estafa impropia ni por el jugador, ni sus representantes (su padre y su madre) ni por el FC Barcelona.

“Todo se debió a una decisión deportiva del club que quiso asegurarse su fichaje y luego decidió adelantarlo y pagar precio de traspaso, aunque tenía un contrato con el jugador para que éste se fuera libre al finalizar su compromiso con el Santos”, concluye el Alto Tribunal.

El exgerente del PSOE Mariano Moreno ha sido tajante al señalar este miércoles ante los magistrados del Tribunal Supremo que juzgan el caso Mascarillas que desde la formación “nunca” se abonaron gastos a José Luis Ábalos con billetes de 500, 200 o 100 euros. Ha negado así que se pagara con chistorras por parte del PSOE, nombre que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil usaba la trama para referirse a billetes de 500 euros.

“Le puedo decir que la caja del PSOE, la única caja del PSOE, estaba dotada de los ingresos procedentes de su cuenta de funcionamiento (…) y que la entidad bancaria enviaba con una empresa de seguridad al PSOE con el dinero pedido y que nunca nunca pedimos ni billetes de 500 ni de 200 ni de 100, nunca. Por lo tanto, no existen esos billetes que se hayan dado por parte del PSOE”, ha indicado.

Por otro lado, y a preguntas del letrado del PP, el exgerente ha reconocido que Ábalos, que en 2020 era secretario de Organización, “se autorizaba sus propios gastos” y los de su departamento, pero igual que el resto de las secretarías del partido. Y ha señalado que los importes altos eran revisados por la Gerencia.

Antes, ha relatado ante los magistrados que solo se compensaban gastos previamente anticipados que tenían una categoría o tipología determinada. Y estos eran gastos de viajes, de representación y de actividad que solían ser de restauración, de alojamiento, de transporte y locomoción y en ocasiones de gasolina o peajes. “Era para lo único que se autorizaba para esa caja que disponía de metálico”, ha indicado para añadir que existía todo un procedimiento que se basaba en la autorización por parte de los titulares del departamento donde se ocasionaba ese anticipo de gasto, y una autorización más por parte de Administración o de Gerencia que daba el 'ok' final para el pago efectivo, bien por transferencia o por metálico. 

Cabe recordar que en noviembre de 2025 y en su declaración testifical ante el juez instructor Leopoldo Puente se evidenció que, al menos en su etapa en el partido, no se comprobaba quién había realizado realmente el gasto del ticket que se presentaba para su reembolso. Esta práctica, que el juez consideró “chusca”, motivó que el Alto Tribunal acordara enviar el asunto concreto de esos pagos a la Audiencia Nacional para que el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, lo analizara. Esto propició que se abriera una pieza separada secreta al respecto.

Durante su interrogatorio, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha tratado de evidenciar el descontrol que existía en el PSOE a la hora de autorizar los pagos en metálico contra facturas presentados por dirigentes y empleados. La letrada ha exhibido nueve hojas de liquidaciones de gastos supuestamente abonados a su cliente que aparecían incompletas y cuyos importes no tienen reflejo presuntamente en la contabilidad del partido auditada por el Tribunal de Cuentas.

“¿Puede ser que se les escaparan algunas hojas de gastos y reembolsos?”, ha llegado a preguntar la letrada, que mantiene la tesis de que el dinero en efectivo que manejaba su cliente procedía de las liquidaciones de gastos del PSOE y no de las presuntas dádivas a cambio de favores. “Yo creo que no”, ha respondido el exgerente antes de que el presidente del tribunal apuntara que la pregunta era una “hipótesis” sobre la que el testigo no podía responder.

Después, el testigo ha defendido que “todas las liquidaciones están en esos asientos [contables]” y que el PSOE conserva copia de todas las liquidaciones y los tiques“. No obstante, sí ha dicho que ”puede ser“ que Koldo García percibiera las cantidades que aparecen en la contabilidad como gastos realizados por miembros del equipo de Organización del partido distintos de Ábalos y que alcanzan 127.000 euros entre 2017 y 2024. El PSOE siempre ha defendido que se trataba de gastos que, después, eran reintegrados a trabajadores de la formación del equipo del exministro.

Ante la insistencia de la letrada de Koldo García, el abogado de la acusación popular, Alberto Durán, ha intervenido para apuntar que el origen de las liquidaciones incompletas exhibidas es “dudoso” y ha acabado renunciando al interrogatorio de la trabajadora del PSOE Celia Rodríguez, quien se encargaba de hacer los reintegros de gastos en el partido.

El exconsejero delegado de Globalia Javier Hidalgo ha negado este martes ante el Tribunal Supremo que existiera una nota de prensa que saliera desde el Ministerio de Transportes que en 2020 dirigía José Luis Ábalos apoyando que Air Europa fuera rescatada por el Estado. Ese hecho es relevante para la causa porque la Fiscalía sostiene que por ese comunicado el empresario Víctor de Aldama habría pagado como dádiva unas vacaciones en un chalé de Marbella al ministro.

El exCEO ha negado estar detrás de esa prebenda al exministro y también ha negado que abonara 500.000 euros a Koldo García y a Ábalos tal y como asegura otra empresaria cercana a Aldama. Aldama trabajó para Air Europa, que le pagó 10.000 euros al mes desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020, coincidiendo con la aprobación del rescate. Previamente, le había contratado para tratar de recuperar una deuda de más de 200 millones de euros que la compañía tiene en Venezuela, aunque sus gestiones no fructificaron.

“La nota de prensa nunca se produjo”, ha afirmado Hidalgo a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. A continuación, ha añadido que nunca fue algo que pidiera la compañía porque lo que necesitaban en realidad era el documento oficial que la SEPI acabó publicando un mes después, el 9 de septiembre de 2020, y donde se hablaba ya de un rescate público. “Esa comunicación formal es la que yo mando a los acreedores”, ha aseverado.

Ante esto, la acusación que dirige el Partido Popular ha puesto sobre la mesa noticias de prensa que hacían referencia a esa nota, pero Hidalgo ha explicado que más allá de esas publicaciones él nunca vio nota oficial del Ministerio dirigido por Ábalos. De hecho, a preguntas de la defensa de Aldama, el exCEO de Globalia ha negado incluso que esa noticia fuera beneficiosa para la compañía.

Hidalgo ha apuntado que Aldama no hizo gestión alguna sobre esa nota, pero sí ha confirmado que formó parte de un “amplio equipo de trabajo” de la compañía que comprendía al departamento jurídico y al financiero para lograr ese rescate. “Era un canal transmisor de comunicación con diferentes ministerios, y no solo con Transportes”, ha enfatizado. 

El empresario también ha sido preguntado por los diferentes mensajes que mantuvo con Aldama sobre el rescate de más de 500 millones de euros a lo largo del verano de 2020. Ha reconocido que sí hubo cruce de wasaps, pero ha dicho que muchos eran “de ánimo” por la situación que vivían en la aerolínea. Y ha aprovechado para criticar las condiciones leoninas de la SEPI para Air Europa en comparación con las impuestas para Iberia, “a la que le dieron 1.000 millones”. “Es el préstamo con peores condiciones, no de España, sino del mundo entero, que por cierto hemos devuelto con antelación”, ha añadido.

Desvincula a Begoña Gómez del rescate

También en relación con ese rescate, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha preguntado a Hidalgo si Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, influyó en la concesión de ese préstamo. “No”, ha respondido el empresario. En uno de los audios intervenidos a Koldo García, el propio Aldama reconocía que Begoña Gómez no tuvo relación con las presiones para el rescate de Air Europa, según publicó El País.

El rescate a la aerolínea por los efectos de la pandemia ha sido uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el Ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a Hidalgo y que estuvo vinculada a una filial de Globalia, intercedió a favor de la compañía. El empresario lo ha negado este martes en el Tribunal Supremo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, para que se suspendiera la asignación a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como beneficiarias de dos préstamos para programas especiales de modernización (PEM) de armamento por importe de 3.000 millones de euros, que se enmarcan en contratos por valor total de 7.240 millones de euros.

La petición pretendía la suspensión cautelar de los préstamos y de todos aquellos preceptos relacionados con la concesión de estos préstamos, así como la suspensión de todos los procedimientos y actos administrativos subsiguientes, mientras se resuelve el fondo del recurso que Santa Bárbara tiene planteado contra los mismos, informa Europa Press.

Entre otros argumentos, la Sala basa el rechazo a la medida cautelar en que los perjuicios alegados por Santa Bárbara Sistemas “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale, sin que resulte acreditado que la ejecución del Real Decreto y los préstamos que se impugnan le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aún que estos sean de difícil o imposible reparación”.

“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, ha añadido el alto tribunal.

Argumenta que no ha quedado acreditado que la continuidad de la empresa, su posición actual en el mercado o los puestos actuales de trabajo puedan verse afectados por la concesión de estos préstamos a las empresas competidoras.

Destaca que Santa Bárbara, en abril del año 2000, fue adquirida por General Dynamics Corporation, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas “líderes mundiales” en la fabricación y diseño en el sector de la defensa, “por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados”.

“Sin olvidar que Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes (Programa Actualización Vehículos Pizarro) por importe de 176 millones”, ha indicado.

Relevante interés público

Asimismo, la Sala rechaza la alegación de Santa Bárbara que alude a que los perjuicios sobre el interés público y a la propia empresa son “significativamente mayores” que los posibles inconvenientes que la suspensión cautelar podría generar para Indra y EM&E.

En su auto, el tribunal explica que existe un “relevante interés público” en desarrollar programas de armamento para la modernización de la defensa nacional y al mismo tiempo constituye una estrategia nacional y de la Unión Europea (UE) aminorar la dependencia en el abastecimiento exterior de suministros estratégicos y la puesta en marcha de industrias estratégicas que permitan una capacidad de defensa autónoma y el fortalecimiento de la industria nacional.

“Y ese interés público, enmarcado en el contexto de una política de seguridad y defensa común de la UE que establece el compromiso de los Estados miembros a mejorar progresivamente sus capacidades militares, exige el desarrollo de determinados programas de modernización cuya financiación constituye el objeto de este recurso y cuya paralización generaría perjuicios importantes para la puesta en marcha de estos programas y consiguientemente para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el contexto de la UE”, subrayan los magistrados.

Considera que la suspensión cautelar de más de 3.000 millones de euros de financiación pública, correspondientes a los PEM, “no produciría un mero aplazamiento neutro de la inversión, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles”.

“La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico”, subraya.

Además, señala que frente a ese relevante interés público en la ejecución de los préstamos “no se aprecian perjuicios irreparables para la empresa recurrente, pues si bien la financiación de las compañías competidoras le genera la pérdida de la expectativa de ser el destinatario de esta financiación, ese interés privado ni puede prevalecer sobre el interés público descrito ni superponerse al interés privado de las empresas beneficiarias, que resulta igualmente digno de protección”.

De este modo, la Sala concluye que no procede apreciar los requisitos necesarios para aplicar la doctrina del 'fumus bonis iuris' y, en consecuencia, suspender la inmediata ejecutividad del Real Decreto impugnado.

El Tribunal Supremo ha ratificado el derecho de los trabajadores a disfrutar de cinco días completos de permiso retribuido por cuidado de familiares, dando la razón a Comisiones Obreras frente al criterio aplicado por la empresa Avanza Zaragoza.

La sentencia, dictada el pasado 12 de marzo por la Sala de lo Social, confirma el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y fija doctrina al respecto. El alto tribunal establece que los trabajadores tienen derecho a “cinco días de permiso retribuido íntegros en casos de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de ella”.

El conflicto surgió a raíz de la interpretación restrictiva de la dirección de Avanza Zaragoza, que defendía que el permiso era de “hasta cinco días”, supeditando su duración al tiempo de hospitalización o a los días de reposo prescritos por un facultativo.

Aunque el TSJA ya había respaldado la postura sindical, la empresa presentó un recurso de casación ante el Supremo. Durante este proceso, según CCOO, se mantuvo la negativa a reconocer el permiso en esos términos, lo que derivó en la deducción en nómina de jornadas que la compañía consideraba no justificadas.

Con esta resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo no solo confirma la sentencia anterior, sino que unifica doctrina en la interpretación del artículo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores, dejando claro que la concesión de los cinco días no depende de la duración de la hospitalización ni de la determinación médica del reposo.

Desde CCOO valoran que “esta resolución es fruto del compromiso y el trabajo constante de la sección sindical de CCOO en Avanza Zaragoza, reparando una injusticia cometida contra la plantilla”.

Los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya han visto cómo más de cincuenta testigos del 'caso mascarillas' se han sentado frente a ellos en el juicio que se celebra desde el pasado 7 de abril. Pero cantidad no es calidad. Y lo cierto es que de lo mollar del asunto que se juzga, el cobro de comisiones ilegales millonarias por parte de José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García, se ha hablado poco o más bien nada de momento. Y eso a pesar de que en las tres últimas sesiones se ha podido escuchar a responsables tanto de Puertos del Estado como de Adif declarar sobre esos contratos para el suministro de mascarillas que fueron otorgados a la empresa epicentro de la trama: Soluciones de Gestión. 

Más allá de declaraciones como la de la expareja del ministro José Luis Ábalos o la de la militante socialista de Asturias que podrían servir a las acusaciones para apuntalar determinados delitos relacionados con 'enchufes' en las empresas públicas Ineco, Tragsatec y Logirail, hasta el momento el cobro de esas presuntas mordidas sólo aparece sustentado por el testimonio del empresario 'arrepentido' Víctor de Aldama y por esas anotaciones que hallaron los agentes de la UCO en las que se reflejaban los gastos y beneficios que le iba a suponer al empresario todo el negocio.

En sede judicial Aldama afirmó que, “como consecuencia del negocio de las mascarillas”, le entregó 250.000 euros a Ábalos y 100.000 a Koldo García. Pero el rastro de todo ese dinero sigue sin aparecer. La investigación sí ha detectado un “incremento patrimonial notable” y no justificado en Koldo García y su entorno familiar directo. Cuando fue detenido, los agentes de la Guardia Civil encontraron en su casa 24.000 euros en efectivo. Respecto a Ábalos, se ha acreditado que manejó en cinco años 95.000 euros sin rastro bancario. 

Para que el presunto cobro de esas comisiones haya pasado inadvertido, quizá ha podido ayudar el silencio de determinados testigos. Al menos una decena de los que han pasado por el Alto Tribunal siguen constando en la Audiencia Nacional como investigados por estos mismos hechos. Y claro está, en general y salvo excepciones, se han acogido a su derecho a no declarar con el argumento de que puede perjudicar a su defensa. 

No obstante, fuentes de las acusaciones, consultadas por elDiario.es, quitan relevancia al hecho de que por el momento no se haya hablado nada de comisiones en el juicio porque consideran que “lo más importante” es apuntalar el indicio del pago de 10.000 euros mensuales por parte del comisionista a Ábalos y Koldo García. A su juicio, esa suerte de nómina que el empresario pagó a fondo perdido y desde octubre de 2019 fue la llave que permitió a Aldama tener información privilegiada de los contratos millonarios que se iban a realizar desde el Ministerio de Transportes en marzo de 2020. 

Así, ese presunto cohecho mensual permitió al comisionista —que no estaba en el sector sanitario ni se le esperaba— orquestar una serie de alianzas empresariales incluso antes de que viera la luz la orden ministerial para la adquisición de mascarillas del 21 de marzo de 2020. De hecho, las fuentes consultadas recuerdan que, según la investigación de la UCO, cinco días antes Aldama ya había firmado con el Grupo Cueto un contrato para lograr ese suministro en un momento en el que el mercado mundial estaba roto por la pandemia. 

Dado que esos 10.000 euros mensuales son vitales para la Fiscalía y para la acusación popular, se han esmerado en acreditar esos pagos más allá del testimonio que pueda ofrecer Aldama. En ese sentido, las fuentes destacan la testifical del pasado 9 de abril de Aránzazu Granell, trabajadora de una de las empresas vinculadas a Aldama. Ella indicó a preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que estando en República Dominicana en 2021 y por orden de sus jefes entregó dinero en efectivo a Joseba García, hermano de Koldo García. 

Explicó que entregó dos sobres, cada uno con 10.000 dólares a “Joseba el Legionario”, que era como lo tenía guardado en su agenda. Ante el tribunal, la testigo indicó que los encuentros fueron fugaces, que se produjeron en lugares públicos y que desconocía si el hermano del entonces asesor sabía el contenido de esos sobres.

Por su parte, Joseba García negó en el juicio que fuese a Punta Cana para recoger presuntas comisiones y defendió que solo hizo un “favor” que le pidió su hermano a través de Aldama. Admitió que se había visto con la empleada, pero que se había limitado a “coger unos documentos” y que nunca abrió los sobres. “Jamás abro un sobre que no es mío, no soy chismoso, no me interesa”, aseveró a preguntas de la defensa de su hermano. 

Para explicar su presencia en el país, Joseba afirmó que él ya tenía organizados los viajes cuando le pidieron el favor. Detalló que la primera vez viajó a Santo Domingo para conocer a la que ahora es su pareja y la segunda a explorar una oportunidad de negocio relacionada con plantaciones de pitaya, tabaco y puros. “Yo además iba a Santo Domingo y no al otro extremo del país. Me piden que me acerque a Punta Cana y le hago el favor”, insistió. 

Las entregas de Aldama

Las fuentes consultadas recuerdan, asimismo, que otro de los indicios de que existieron esos pagos mensuales son los encuentros periódicos entre el entorno de Koldo García y el propio Aldama. Sostienen que esas reuniones podrían haberse producido en el propio Ministerio de Transportes habida cuenta que el empresario entraba y salía del despacho de Ábalos y de la 'planta noble' a placer, según relató el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez en su comparecencia del pasado 15 de abril. Otros testigos, como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera o el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, han reconocido la ascendencia de Aldama en el Ministerio. 

Las acusaciones entienden, además, que parte de esos pagos se canalizaron también a través de Joseba García, más allá de los dos viajes a Dominicana, bajo “excusas tan tontas” como la compra a Aldama de un coche de segunda mano que, en palabras de él mismo, “fue la peor compra” de su vida.

De hecho, el interrogatorio de Joseba García dejó un momento de tensión entre el fiscal y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, que intentó desmontar la tesis de las acusaciones de que el exasesor utilizó a su hermano como testaferro para ocultar la titularidad real de sus bienes y dificultar su rastreo. La Guardia Civil afirma que “no se ha encontrado una justificación u origen conocido de al menos 224.000 euros” ingresados en las cuentas de Joseba García entre 2017 y 2022. Así que la abogada trató de que su cliente diera una explicación pormenorizada de sus ingresos. 

“La única forma de desvirtuar eso es preguntándole cómo obtuvo el incremento patrimonial que la UCO dice que es procedente de las comisiones por mascarillas”, defendió cuando el presidente del tribunal le dijo que podía preguntar sobre ingresos concretos de su hermano, pero no sobre todo su patrimonio. La respuesta indignó al fiscal Luzón, que defendió que “la UCO no afirma que el dinero que ingresa Joseba procede de las mascarillas”. En realidad, el instituto armado afirma en varios informes que el “significativo aumento de los ingresos en efectivo en las cuentas bancarias de Joseba se produce a partir del mes de marzo de 2020 (fecha de adjudicación de los contratos investigados)”. Los contratos que centran esta causa son, precisamente, los de las mascarillas. 

En cualquier caso, y para lograr introducir en el juicio que además de esos honorarios mensuales también tuvo lugar un pago extra por los contratos de mascarillas, las acusaciones se agarran a esa nota en la que el comisionista hacía cálculos sobre cuánto podría sacarle a esa operación. Según indicó la UCO, el desglose de gastos además de tener los propios de la operación, como el de fletar los vuelos o el pago en aduanas, incluía otros apuntes detallados que estaban relacionados con beneficios económicos de personas. Y ponía el foco sobre dos pseudónimos que no tenía identificados: 'Gran' y 'Goblins'. 

Para la UCO, el mote de Gran que aparece junto a la cantidad de 2.000.000 “pudiera corresponderse con Grandullón” que era una forma de referirse a Koldo García. Y considera que Goblins pudiera ser Ábalos porque junto a ese mote aparece la anotación “500.000” y “casa”. Esa casa sería el chalé de la costa de Cádiz que Claudio Rivas, un empresario del sector de hidrocarburos con el que Aldama hacía negocios, habría puesto a disposición del exministro ante la expectativa de que le ayudara a conseguir una licencia que no se materializó hasta un año después de que Ábalos saliera del Gobierno. Claudio Rivas, citado esta semana ante el tribunal, optó por guardar silencio y no ratificar las incriminaciones del que fuera su socio.