La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las diligencias incoadas contra la secretaria insular del PSOE de Lanzarote y diputada por la provincia de Las Palmas, María Dolores Corujo, respecto a los pagos recibidos por el consejero Juan Manuel Sosa durante la etapa en que fue presidenta del Cabildo insular.

El PSOE de Lanzarote ha informado este miércoles en nota de prensa de que la Fiscalía concluye que los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna.

Los socialistas consideran que esta decisión “desminte de plano al abogado de Coalición Canaria contratado por (el presidente actual del Cabildo de Lanzarote) Oswaldo Betancort como director insular para instrumentar una cacería judicial contra la líder socialista”.

Por su parte, Corujo ha manifestado su satisfacción por este archivo: “Desde el primer momento sostuve que se trataba de una denuncia política, de una cacería emprendida por Oswaldo Betancort con el único fin de tratar de inhabilitarme como candidata. Hoy, el Ministerio Fiscal me da la razón”.

“Como se recordará, en enero de 2026, Oswaldo Betancort nombró director insular de la Presidencia a David Montes, abogado del Grupo de Coalición Canaria en el Cabildo, a quien el 2 de febrero le encargó que estudiara el expediente de Juan Manuel Sosa”, señala la nota de los socialistas lanzaroteños.

Por su parte, Corujo ha añadido que 25 días después de ser incorporado al Cabildo, estaba presentada la denuncia contra ella, que hoy la Fiscalía del Supremo ha rechazado.

La secretaria insular del PSOE de Lanzarote ha anticipado que a lo largo de los próximos días dará a conocer las acciones que emprenderá “como consecuencia de esta denuncia falsa”.

“No podemos normalizar que se contrate por más de 5.000 euros al mes al abogado de Coalición Canaria para interponer denuncias falsas y tenerlo en los medios día sí y día también difundiendo falsedades como mi pretendida pero inexistente imputación. Ahora es el turno de nuestros abogados”, ha afeado.

“Ninguna nota de prensa devuelve cinco meses de sospecha sobre una persona y sobre su familia, seguida de continuos infundios y acusaciones en los medios de comunicación por el propio denunciante pagado por Oswaldo Betancort desde el Cabildo”, ha concluido Corujo.

Ricardo Bodas, magistrado emérito del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial perteneciente al bloque progresista -miembros elegidos a propuesta del PSOE y de Sumar- ha presentado su dimisión como presidente de la comisión de Carrera y Salud judicial. En una carta remitida a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, al magistrado lamenta los acuerdos adoptados por este órgano en el pleno celebrado el pasado 22 de julio en relación con cuestiones de salud laboral que afectan a todos los jueces.

“Como te adelanté a la finalización del Pleno de 22 de julio pasado”, señala Bodas en su carta, “la aprobación por mayoría de doce votos, incluido el tuyo, de la propuesta del vocal José Antonio Montero Fernández para la aprobación del documento técnico de trabajo sobre los parámetros de carga saludable de la Carrera Judicial a efectos de salud judicial, contenido en el punto I.52 del orden del día, me impide, por las razones que expuse en el propio Pleno, continuar presidiendo la Comisión de Carrera y la Comisión de Salud Judicial”.

El magistrado, uno de los mayores expertos en Salud Laboral de la carrera judicial, sostiene que el acuerdo alcanzado por el pleno gracias a los 10 vocales conservadores junto al voto de la presidenta, Isabel Perelló, y del de Carlos Hugo Preciado, vocal elegido a propuesta de Sumar, es “un acto de representación del colectivo judicial, que se aparta de los acuerdos previos del Pleno en materia de salud judicial”.

Bodas sostiene que el acuerdo atribuye al Gobierno de los jueces “un deber de seguridad para con los jueces/as y magistrados/as, que solo sería asumible si mantuviéramos con ellos una relación laboral o funcionarial, lo que no sucede en absoluto, puesto que son los propios jueces/as y magistrados/as, quienes dirigen e inspeccionan todos sus asuntos y deciden el número y calidad de los señalamientos que están dispuestos a acometer”. Bodas explica a Perelló que el acuerdo que votó la presidenta del CGPJ “desautoriza injustificadamente el trabajo efectuado por los servicios técnicos”, y “lo sustituye por propuestas voluntaristas y máximas de experiencia, que carecen de cualquier valor científico”.

“La demanda de justicia, en situación lamentable”

Ricardo Bodas se queja de que se haya dado traslado del acuerdo al conjunto del colectivo judicial, “lo cual comporta que todos sus componentes podrán efectuar las alegaciones, que consideren oportunas, en una especie de referéndum cuyas conclusiones se impondrán inevitablemente y provocarán con toda seguridad una reducción generalizada de nuestra capacidad de respuesta a la demanda de justicia, que ya se encuentra en una situación lamentable”.

El magistrado denuncia que “el acuerdo alcanzado no permitirá realmente el cumplimiento de la sentencia del Supremo que condenó al CGPJ a regular las cargas de trabajo a efectos de salud laboral, aunque no dijo cómo debería cumplirse dicha obligación, ya que el CGPJ ha desplazado unilateralmente su responsabilidad a la opinión mayoritaria del colectivo judicial, lo que demuestra claramente que el CGPJ no es el empleador de los titulares del poder judicial, ya que serán los jueces/as y magistrados/as quienes decidirán a la postre cuáles son las cargas de trabajo que están dispuestos a asumir, lo que no sucede en ninguna actividad pública o privada en el mundo”. “Nadie convoca un referéndum para hacer caso omiso de sus resultados”, concluye Bodas.

Por esa razón, el magistrado comunica a la presidenta del CGPJ su dimisión irrevocable: “No sería razonable que yo dirigiera esas áreas cuando discrepo radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas. En todo caso, quiero mostrar mi agradecimiento por la confianza que se me atribuyó en su momento por el Pleno del Consejo del Poder Judicial, así como a los compañeros y compañeras que me han acompañado en esa andadura en los últimos dos años”.

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de ERC, que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

Serret, exconsellera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont, y posteriormente interpuso un recurso de casación contra su sentencia condenatoria.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera “amnistiados los actos” por los que fue acusada Serret “y, en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído”.

“Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía”, ha celebrado ERC en un comunicado.

Los republicanos ponen de relieve que la decisión del Supremo llega menos de dos semanas después del aval “contundente” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Por ello, añade el comunicado, “ya era inevitable que por fin el Tribunal Supremo hiciese lo que debería haber hecho desde el primer día: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados”.

“Esto mismo es lo que debe pasar inmediatamente con el resto de causas, para poder restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión”, subraya ERC.

Condenada por desobediencia

En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Serret, entonces consellera de Acción Exterior del Govern que presidía Pere Aragonès, a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave.

Según la sentencia del TSJC, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret era “perfectamente conocedora” de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían seguir adelante con el 1-O, dado que le fueron notificados personalmente, pero los ignoró de forma “consciente y deliberada”, sin llevar a cabo ninguna actuación para detener el referéndum.

La sentencia recordaba que Serret hizo un “reconocimiento directo” del delito cuando se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y se limitó a pronunciar un alegato en el que reconoció que no hizo nada para impedir el referéndum por sus “convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán”.

Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia, volvió a España en 2021 para ponerse a disposición del Supremo, al ver despejado su horizonte procesal después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con un rol similar que ella en el 1-O, fueran condenados solo por desobediencia -sin penas de cárcel- y no por malversación.

Insólito episodio judicial en las Islas. El Supremo ha anulado una sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tras constatar que la Sala se había limitado a copiar y pegar “de forma acrítica y mecánica” los argumentos de una de las partes para darle la razón en un pleito sobre un contrato público de asistencia jurídica del Ayuntamiento de Pájara, municipio del sur de la isla de Fuerteventura. Los magistrados eludieron la exigencia constitucional de motivar de forma debida su decisión, concluye el alto tribunal español al resolver un recurso de casación para formar jurisprudencia.

En la resolución ahora anulada, el magistrado ponente, Francisco José Gómez Cáceres, justifica ese copia y pega ante “la brillantez, claridad y solidez” del escrito presentado por el despacho de abogados Montero Aramburu, uno de los bufetes que habían licitado por ese contrato en Pájara. Según este juez, la Sala había llegado a la “convicción firme, sin vacilación ni titubeo alguno”, de que lo mejor era hacer suyas, sin más, las conclusiones del bufete demandante. “Difícilmente podríamos exponer de modo tan sencillo las pegas y obstáculos que hacen legalmente inviable sostener la validez de la decisión que no sin cierto atrevimiento adoptó en su día el Ayuntamiento de Pájara”, recoge la sentencia.

“Sirvan aquí tales impecables consideraciones como instrumento mediante el que queda colmado a cabalidad el deber de motivación que sobre nosotros pesa”, expone el ponente antes de advertir de que, a partir de ese momento, reproducirá de manera íntegra los razonamientos del demandante: “Desde ahora corresponden al texto original las expresiones, vocablos, oraciones, párrafos, etc. destacados mediante el uso de la negrita”.

Lo que se discutía en ese pleito era la adjudicación en el año 2022 del contrato de asesoría jurídica del Ayuntamiento de Pájara, con un valor estimado de 1,2 millones de euros por tres años con opción a uno más. Tras algunos vaivenes motivados por recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, el Consistorio se lo había adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) local Abogados Travieso, Gutiérrez y Cabrera.

El conocido bufete Montero-Aramburu recurrió esa adjudicación por lo que consideraba un incumplimiento formal de su competidora, que por una imposibilidad técnica subió las copias de las requeridas 140 resoluciones judiciales favorables a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Pájara y no donde, según las bases, debía hacerlo: la Plataforma de Contratación del Sector Público. El tribunal de contratos desestimó el recurso de Montero-Aramburu porque entendía que debía primar el fondo (la entrega de las resoluciones) sobre la forma, pero el TSJC sí dio la razón a este bufete reproduciendo íntegramente los argumentos recogidos en el escrito de alegaciones.

Esa sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario -conformada por el magistrado ponente, el mencionado Gómez Cáceres, junto a Jaime Borrás e Inmaculada Rodríguez Falcón- fue recurrida por la UTE perjudicada, que no se resignó a perder el contrato y elevó el caso al Supremo. Sostenía, entre otras razones, que se había vulnerado la exigencia constitucional de motivar las resoluciones al limitarse a asumir los argumentos expuestos por la parte contraria.

La respuesta del Supremo ha sido demoledora. En una sentencia fechada el pasado 29 de junio y que tiene a María Alicia Millán como ponente, el alto tribunal español califica la actuación del TSJC de “singular anomalía”. “El deber de motivación exige que el órgano judicial fundamente su decisión en razones propias, sin que pueda erigir en único soporte argumental las alegaciones de una de las partes”, explica.

No basta, continúa el Supremo, con una “mera adhesión formal o acrítica” a la tesis defendida por una de las partes. El tribunal canario no sólo debió explicitar por qué los argumentos del despacho de abogados Montero Aramburu se consideraban “jurídicamente correctos y adecuados para la resolución de la controversia”, sino también tenía que haber justificado “de manera expresa” el rechazo a las consideraciones de la otra parte.

Para la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo, escudarse en la pretendida calidad técnica del recurso asumido no suple la exigencia constitucional. La sentencia recuerda que la jurisprudencia admite la “motivación por remisión” a otros escritos, pero siempre sobre resoluciones judiciales anteriores, no sobre un escrito de parte.

El alto tribunal considera que, al haber reproducido de manera mecánica las alegaciones del demandante, el TSJC no sólo comprometió el deber de motivación impuesto por la Constitución Española, sino que también “proyectó dudas” sobre la apariencia de imparcialidad del juez, “en la medida en que la resolución se presenta como una simple traslación de la posición de parte y no como el resultado de un proceso intelectivo propio, objetivo y jurídicamente fundamentado”.

La insólita práctica del tribunal canario constituye “una motivación aparente o formal, vacía de contenido jurisdiccional efectivo” que desnaturaliza la labor de los jueces y juezas, redunda el Supremo en su fallo.

Expediente en el Poder Judicial

En esta reciente sentencia, el Supremo no sólo estima el recurso, anula la resolución del TSJC y devuelve las actuaciones para que dicte un nuevo fallo motivado, sino que, además, remite testimonio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “a los efectos oportunos”.

Alude, en concreto, al artículo 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que califica de falta muy grave “la absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones judiciales que la precisen, siempre que dicha falta haya sido apreciada en resolución judicial firme”. Las faltas muy graves cometidas por jueces y magistrados se castigan con suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.

Fuentes oficiales del órgano de gobierno de los jueces han confirmado a este periódico que, a raíz de esa comunicación del Supremo, se ha abierto la preceptiva diligencia informativa, el cauce legal para analizar si existe infracción disciplinaria y determinar, en su caso, la apertura de un expediente sancionador.

Según fuentes consultadas por este periódico, la UTE local adjudicataria del contrato prestó el servicio de asistencia jurídica al Ayuntamiento de Pájara durante cuatro años, un plazo que ya ha finalizado. Por tanto, lo que está en juego ahora es una posible reclamación del despacho Montero Aramburu por los beneficios que habría dejado de percibir.

El Tribunal Supremo ha acordado declarar amnistiados los actos por los que fueron condenados un total de ocho acusados de delitos de desobediencia o de desórdenes públicos en el marco del procés independentista en Cataluña. Es la primera vez que el Alto Tribunal aplica la norma después de que el Tribunal Constitucional en junio de 2025 la avalara por seis votos a favor de lamayoría progresista por cuatro en contra de la minoría conservadora.

Entre estos ocho, se encuentran los miembros de la Mesa del Parlament que en 2019 presidía el exconseller de ERC Roger Torrent y que fueron juzgados y absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se les acusó de desobedecer al Tribunal Constitucional para permitir que la Cámara votara la reprobación de la monarquía y una moción en favor de la autodeterminación.

Esa sentencia, que fundamentó la absolución en que ambas resoluciones aprobadas por la Mesa y votadas por el Parlament en 2019 eran “meras proclamas políticas” y que no pretendían “materializar” la autodeterminación, fue recurrida en casación ante el Alto Tribunal. Ahora, la Sala de lo Penal indica que los hechos por los que fueron juzgados encajan en los supuestos incluidos en la ley de Amnistía. Por tanto declara amnistiados los actos protagonizados por los entonces diputados Josep Costa i Rosellló, Eusebi Campdepadrós i Pucurull , Adriana Delgado y Roger Torrent. Así, “se declara extinguida su eventual responsabilidad penal como consecuencia de los mismos”.

En total, el Supremo acuerda aplicar la amnistía a un total de ocho personas, todas acusadas de desobediencia y desórdenes públicos. Entre los afectados está Maties Secarrant, quien fuera alcalde de Sabadell, que fue condenado a una pena de multa y a la inhabilitación para cargo público por cuatro meses por auspiciar el uso de locales municipales para que la ciudadanía pudiera votar en el referéndum de independencia “con la firme voluntad de transgredir lo ordenado por el Tribunal Constitucional”.

Además de este alcalde, constan varias personas que fueron procesadas y condenadas por desórdenes públicos por participar en los altercados que se produjeron en diferentes localidades después de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés. La Sala entiende que aunque los hechos se produjeron tiempo después del proceso de autodeterminación catalán si encuentran encaje en la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para la normalización de la convivencia.

“Actuaron en el contexto de un acto de protesta contra la sentencia núm. 459/2019 de 18 de octubre de 2019, dictada por esta Sala, en que se enjuiciaron, entre otros, hechos cometidos con ocasión de la consulta celebrada en Cataluña de 1 de octubre de 2017. Además, los hechos por los que se condenó, en la presente causa, tuvieron lugar la noche del 18 al 19 de octubre de 2019 y los hechos atribuidos a los condenados fueron calificados de desórdenes públicos”, explica una de las resoluciones.

Se trata de la primera vez que el Alto Tribunal aplica esta ley que borra delitos pasados y extingue la responsabilidad penal. Antes, en el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y del exvicepresident Oriol Junqueras llegó a estudiar su aplicación pero concluyó que no era aplicable para los delitos de malversación. En los casos de este viernes, que comprenden delitos de desobediencia y desórdenes públicos, el Supremo entendía que si entraban dentro de la amnistía pero antes de aplicarla planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley. Cuestión que ya se resolvió por parte del Constitucional en junio de 2025.

Estos autos llegan después de que el pasado 16 de junio se conociera el aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, fue el encargado de l en castellano el fallo de la sentencia. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, y la define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha fijado un pleno para el próximo 22 de septiembre para resolver el primero de los recursos presentados por dirigentes independentistas contra la resolución del Tribunal Supremo que impidió la aplicación de la Ley de Amnistía a la cúpula del Gobierno catalán condenada por malversación de fondos públicos. El argumento del Supremo para negar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, o al exvicepresidente Oriol Junqueras, fue que se habían enriquecido patrimonialmente al ahorrarse de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre pagados con fondos públicos de la Generalitat de Catalunya.

La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la denuncia de los abogados de Carles Puigdemont para que se abra un procedimiento de infracción contra España por el supuesto incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley española de Amnistía. La institución europea ha señalado que “corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia”, negándose a hacer más comentarios sobre la denuncia de Puigdemont.

En un escueto comunicado, Bruselas apunta que “cuando se presentan denuncias se tramitan de acuerdo con el procedimiento habitual de la Comisión. Tras su recepción, las denuncias son examinadas, registradas y evaluadas antes de que se adopte una decisión. En esta fase no tenemos más comentarios que añadir”. El organismo explica que desde la recepción de la denuncia hasta la adopción de una decisión puede pasar hasta un año.

La respuesta oficial de la institución europea es parecida a la que ya dio del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, que dijo el pasado viernes que “ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE” sobre la Ley de Amnistía. McGrath entonces recalcó que “la Comisión siempre respeta y acata las sentencias del Tribunal de Justicia, y por tanto tomamos nota detenidamente de todas las resoluciones del Tribunal, incluida la relativa a la ley de amnistía española. Ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia. Seguiremos de cerca este asunto”.

Hace un año, la Comisión Europea puso en duda la norma española al declarar que “no parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión” en su respuesta a las prejudiciales que mandó al TJUE a instancias del Tribunal de Cuentas.

Denuncia de Puigdemont

Puigdemont denunció a España ante la institución comunitaria por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

El pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma española y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, que además define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia del TJUE no tiene efectos inmediatos para Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que quedaron excluidos de la aplicación de la Ley de Amnistía porque el instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena en el Tribunal Supremo determinaron que se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que todavía tiene que dictar sentencia.

Sin embargo, la sentencia del TJUE es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio. El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha rechazado el reconocimiento de la condición de personal fijo a trabajadores públicos temporales, si bien ha fijado un baremo de indemnizaciones por abuso en la contratación temporal que se mueve en una horquilla entre los 1.000 y 10.000 euros en función de la duración de la relación laboral temporal abusiva.

No obstante, si la persona trabajadora acredita unos daños morales superiores se pueden llegar a indemnizar “en su integridad”, según ha confirmado el TSJA.

Las cuantías indemnizatorias

Así para relaciones laborales con una duración de hasta cinco años se establece la cuantía de 2.500 euros, que en caso de alcanzar los diez años será de 5.000 euros; de 7.500 euros cuando la duración de la relación llegue a los 15 años, y de 10.000 para las relaciones que superen el plazo de 15 años, sin perjuicio de que puedan incrementarse si se acreditan perjuicios mayores.

El alto tribunal asturiano, reunido en Pleno, ha adoptado esta decisión una vez resuelta una cuestión prejudicial sobre esta materia planteada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (TS) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Recursos de suplicación

Una vez unificada la doctrina por parte del Supremo tras el fallo del TJUE, emitido el pasado mes de abril, el alto tribunal asturiano ha tenido la base suficiente para resolver los recursos de suplicación sobre empleo público temporal que se encontraban suspendidos a la espera de este pronunciamiento.

En los recursos de suplicación se planteaban dos cuestiones esencialmente: por una parte, el reconocimiento de la fijeza laboral a personal laboral temporal, y por otra el abono de una indemnización por abuso en la contratación temporal.

No reconoce la fijeza

El Tribunal Supremo exige el haber superado previamente un proceso selectivo para el acceso a un empleo fijo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, sin que a estos efectos sean válidos los procesos selectivos superados para empleos temporales.

Teniendo en cuenta esta doctrina, la Sala de lo Social ha resuelto no reconocer la fijeza en ninguno de los casos en que así se reclamaba, ya que en unos “no se había superado un proceso selectivo previo en las condiciones establecidas”, y en otros “se trataba de procesos de empleo temporal que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, no son válidos para declarar la fijeza laboral”.

Datos materiales y morales

No obstante, la Sala sí reconoce el derecho de las personas trabajadoras cuya contratación temporal se ha de calificar de abusiva a reclamar la indemnización correspondiente por abuso en la contratación temporal ya que por razones de orden procesal no podía reconocer la indemnización en los casos resueltos en los que no se había reclamado expresamente en la demanda que dio inicio a cada procedimiento.

El Tribunal Supremo permite reclamar por este abuso tanto daños materiales como daños morales, si bien precisa que los primeros han de ser acreditados expresamente por la persona trabajadora que los reclame, y para los daños morales, dada su dificultad probatoria y a falta de acreditar daños superiores por la persona trabajadora afectada, fija una “indemnización presuntiva mínima”.

Un portavoz del TSJA ha señalado que se remitirá testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos que procedan de acuerdo, igualmente, con la doctrina del Tribunal Supremo.

Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha acordado este martes cursar suplicatorio al Parlamento Europeo para que suspenda la inmunidad del eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, en relación a la causa abierta contra él tras una querella del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de coacciones o amenazas condicionales.

Según recoge el auto del instructor, los hechos objeto de querella vienen conformados por diversas declaraciones y manifestaciones del ultraderechista en el canal público de la plataforma de mensajería Telegram identificado como “@Alviseperez”, canal que aparece públicamente asociado a su nombre desde, al menos, el mes de octubre de 2024 y hasta el mes de diciembre de 2025. En esos mensajes, comentarios y enlaces a contenidos de terceros, referidos directa y nominalmente al querellante, José Ignacio Landaluce Calleja, instaba para que dimitiera de su cargo de alcalde de Algeciras, con la advertencia de que, de no hacerlo, haría públicos contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos.

Tras destacar en el auto varios de los mensajes señalados, el instructor indica que los hechos, en principio, podrían ser constitutivos de delitos de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal, o, alternativamente, de amenazas condicionales del artículo 169.1.

Se trata del cuarto suplicatorio elevado desde el Supremo en causas abiertas al ultra Alvise Pérez. De los otros tres suplicatorios ya cursados, dos ya han sido concedidos: el que le investiga por delitos de financiación ilegal de partido y por delito electoral por la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, y el que tiene abierto por mensajes relativos a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia. El tercero es el referido a presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF.

Aparte de esas cuatro causas, Alvise Pérez tiene actualmente abiertas en el Supremo otras dos: una por la presunta difusión de una prueba falsa de COVID del exministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa, y otra por presunta instigación de desórdenes públicos en relación a protestas agrícolas de febrero de 2024 en Madrid.

El Tribunal Constitucional ha fijado un pleno para el próximo 22 de septiembre para resolver el primero de los recursos presentados por dirigentes independentistas contra la resolución del Tribunal Supremo que impidió la aplicación de la Ley de Amnistía a la cúpula del Gobierno catalán condenada por malversación de fondos públicos. El argumento del Supremo para negar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, o al exvicepresidente Oriol Junqueras, fue que se habían enriquecido patrimonialmente al ahorrarse de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre pagados con fondos públicos de la Generalitat de Catalunya.

Entre los perjudicados por la decisión del Supremo estaba también Jordi Turull, consejero catalán de Presidencia, que recurrió ante el Tribunal Constitucional. El recurso de Turull será el primero que resolverá el Constitucional.

La ponencia de este caso correspondió al vocal conservador José María Macías, quien defenderá la desestimación del recurso frente a la mayoría de conservadores progresistas, favorables a la tesis de Turull. Este pronunciamiento, que entrará al fondo de la cuestión respecto a la decisión del Supremo de aplicar una interpretación muy controvertida respecto al supuesto enriquecimiento personal de los consejeros catalanes marcará el futuro del resto de los recursos presentados por dirigentes independentistas catalanes en el mismo sentido.

Si la mayoría progresista mantiene su tesis favorable a admitir los recursos, el regreso de Puigdemont a España se producirá inmediatamente después, sin obstáculos legales para que se le aplique la Ley de Amnistía. El Tribunal Constitucional esperaba a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas español y por la Audiencia Nacional.

El TJUE resolvió que la ley de amnistía no vulneraba la normativa europea y ensalzaba el objetivo declarado en la exposición de motivos de la norma para ayudar a la reconciliación social tras la amenaza de ruptura que supuesto el proceso independentista. Ese aval del TJUE desbloqueó en el Tribunal Constitucional la resolución de los recursos presentados por dirigentes independentistas.

La decisión del Constitucional, según fuentes del Constitucional conocedoras de este caso, supondrá un varapalo para el Supremo, que hizo una interpretación sobre el delito de malversación cometido por los dirigentes independentistas que ni siquiera estaba en los hechos probados de la sentencia condenatoria que firmaron por unanimidad los siete magistrados que integraron el tribunal.

El Tribunal Supremo ha anulado la autorización administrativa del parque eólico Moeche, en la provincia de A Coruña, de 50,4 MW de potencia instalada, por carecer su estudio de impacto ambiental del análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos que exige la ley, y en particular en relación con los parques e infraestructuras cercanas.

La sala de lo contencioso-administrativo del tribunal estima el recurso presentado por la Asociación Petón do Lobo contra la resolución de agosto de 2024 por la que se otorgaba a Enel Green Power España autorización administrativa previa de las modificaciones y autorización administrativa de construcción para el parque eólico Moeche, de 50,4 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en los términos municipales de Moeche, San Sadurniño y As Somozas. Entre otros argumentos, la sala indica que de la lectura del estudio de impacto ambiental no se concluye ni se infiere el oportuno análisis de los efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en su relación y repercusión con los parques e infraestructuras cercanas.

Es decir, que no se realiza una identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto, tal y como exige la ley y, en particular, en relación y/o conjunción con los parques e infraestructuras cercanas.

Insiste al respecto en que “deben analizarse todos los aspectos y todos sus posibles efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en sí y su interacción, y una vez analizados descartar expresa y motivadamente los no suficientemente significativos y valorar, cuantificar y proponer cuantas medidas se estimen oportunas de aquellos que puedan revestir incidencia acumulativa y/o sinérgica en el proyecto en sí mismo y en relación con los parques e infraestructuras cercanas”.

Resalta la sentencia que la ley de evaluación ambiental es la que exige que en el procedimiento de evaluación ambiental se tenga en cuenta el efecto derivado de la proximidad de otras instalaciones e infraestructuras mediante la presentación de un estudio sobre los efectos sinérgicos o acumulativos con otras instalaciones. Esto es, cuando los proyectos son independientes entre sí, la normativa ambiental no exige, lógicamente, una única evaluación ambiental conjunta, pero sí que prevé que se deban tener en consideración los efectos sinérgicos y/o acumulativos con otras instalaciones en las correspondientes evaluaciones.

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación del grupo de 18 letradas que demandaron al Colegio de Abogados de Sevilla por mantener el genérico masculino en su denominación en vez de utilizar 'abogacía' como término inclusivo. Una decisión que cobra especial importancia porque, a partir de lo que determine el alto tribunal, se valorará si el nombre que mantiene la institución centenaria supone un uso sexista del lenguaje y, también, una discriminación indirecta por razón de sexo en virtud de los artículos que amparan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres o las recomendaciones para el lenguaje inclusivo.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo dictó en junio de este año que las normas que serán objeto de interpretación por parte del tribunal son las relativas a la ley de Igualdad y, también, a la ley sobre Colegios Profesionales, según señala el auto al que ha podido acceder este medio. Así, prosigue la lucha de las letradas sevillanas que mostraron su rechazo frontal al acuerdo votado el 25 de junio de 2022, en el que se mantuvo la denominación del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), en vez de adaptar las recomendaciones deontológicas del Real Decreto 135/2021 en el que ya se alude a los colegios de la Abogacía.

Este paso supone para María Jesús Correa, una de las 18 letradas recurrentes, “un hito procesal importante”, dado que “considera que la cuestión trasciende nuestro caso concreto, reconociendo que existe una cuestión jurídica cuya interpretación conviene fijar y merece un pronunciamiento que puede dar lugar a crear doctrina jurisprudencial”. Por tanto, lo califica, en declaraciones a este medio, como “un ejercicio de ajuste entre la legislación vigente y la realidad social”, ya que, en este sentido, “el poder y la capacidad de influencia del lenguaje público es trascendental”.

“Puede trascender a otros ámbitos”

Lo más interesante para la letrada, afirma, es “si la sentencia entra en el fondo del asunto y fija criterio sobre el uso del lenguaje sexista por un colegio profesional, o sobre las obligaciones derivadas de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prohibición de discriminación”, dando lugar a que la doctrina sea utilizada en procedimientos futuros. Además, considera que con esta vía se abre la aplicación del principio de igualdad y no discriminación, así como del deber de las corporaciones de derecho público a utilizar un lenguaje conforme al ordenamiento juírico, a la interpretación de la norma sobre igualdad y, añade, el alcance del control jurisdiccional sobre los estatutos de los colegios profesionales, “una cuestión que puede trascender a otros ámbitos”.

El litigio se ha ido extendiendo en el tiempo y en estos cuatro años ha habido dos sentencias cruciales. Por un lado, el Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla desestimó en abril de 2025 la demanda contra el ICAS y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados debido a que era una “decisión democráticamente adoptada por los colegiados” y que, a pesar de provocar un “profundo respeto” por parte de la magistrada que “pudiera compartir personal o ideológicamente el argumentario de las recurrentes”, como recogía el auto, “no hay norma alguna por la cual se deba adoptar imperativamente un lenguaje inclusivo”. Asimismo, aseveró que “el término 'abogado' puede apreciarse por las colegiadas recurrentes como no inclusivo, pero no puede ser calificado de sexista ni de discriminatorio, aunque se comprenda el sentimiento de serlo”.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó en febrero de este año el recurso interpuesto por las 18 abogadas. La sentencia también mantenía que no existía una “norma imperativa” en la legislación española, pese a las recomendaciones nacionales e internacionales, y se mostraba contraria a que la denominación aprobada por el Colegio de Sevilla fuera sexista. En todo caso, hacía referencia a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), que “ha manifestado que el uso genérico del masculino gramatical no supone discriminación sexista alguna y que el uso del desdoblamiento entre masculino y femenino es artificioso e innecesario, fundado principalmente en razones extralingüísticas”.

A tal efecto, concluía con que, aun siendo “correcto” el uso de “abogacía” para comprender a los profesionales de ambos sexos, con el mantenimiento de abogados “no podemos concluir que su uso pueda, en la actual conciencia social, invisibilizar a las mujeres, dada la absoluta normalización del ejercicio de esta profesión por ambos sexos”. Una cuestión que alarmó a las letradas, ya que, a su criterio, de esta manera se “reducía” la conflictividad a un mero problema gramatical y no se metía “en el fondo de la cuestión: la discriminación por razón de sexo”.

Cuatro años de litigio y logros

La nomenclatura aprobada por la institución que lleva vigente más de 300 años va en el sentido contrario a las nuevas adecuaciones adoptadas por más de 30 Colegios de Abogados, de un total de 83 órganos, que pasaron a adoptar Abogacía, como en Almería, Córdoba, Cuenca, Cáceres, Murcia o Santiago de Compostela. Un gesto que contrastaba con el uso del lenguaje inclusivo cuando este año se convocó por primera vez el I Premio Igualdad Abogacía de Sevilla, concedido a Amparo Díaz Ramos, quien mostraba su apoyo para la estandarización del término colectivo y, así, se “abarque” tanto a hombres, mujeres y a personas no binarias, declaraba a este medio.

Más allá de los sinsabores, el grupo de 18 letradas ha conseguido que el Supremo acepta el recurso de casación y, también, un triunfo que ha supuesto un antes y un después en el callejero sevillano, reflejo de la historia compartida de la ciudad. En diciembre de 2024, se descubrió la nueva rotulación de la Plaza de la Abogacía en un “acto de reparación”, como lo calificaron las asistentes, que supuso acabar con un espacio más en el que se invisibilizaba a las mujeres y que, además, contó con la presencia de la corporación local y del Colegio de Abogados en el acto inaugural.

Casi un lustro después, la abogada María Jesús Correa ve en la decisión del Supremo que “la razón está de nuestro lado porque la legislación está ahí y es exigible su cumplimiento”. “Si alcanzamos nuestro objetivo de un pronunciamiento que sirva para desterrar cualquier tipo de discriminación sexista en el uso del lenguaje, todo esfuerzo habrá merecido la pena. Así sea”.

El juez Juan Carlos Peinado perderá protagonismo en las próximas horas o días en el caso contra Begoña Gómez. Cinco jueces de la Audiencia Provincial de Madrid ya han adoptado la decisión clave sobre la mujer del presidente del Gobierno: avalan la parte sustancial de la atrabiliaria instrucción del magistrado y Gómez acabará sentada ante un tribunal del jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación. En esa decisión ha tenido un papel clave María del Rosario Esteban Meilán, presidenta de la Sección 23 de la Audiencia Provincial, quien acordó que fueran los cinco magistrados que la componen quienes participen en la decisión sobre lo que ella y dos más han venido haciendo hasta ahora.

Esteban Meilán es una de las aspirantes a alcanzar la cumbre profesional de cualquier magistrado especializado en Derecho Penal: acceder a la Sala Segunda del Tribunal Supremo a través de una de las plazas que se deben renovar en los próximos meses por jubilación. Fuentes del Poder Judicial sitúan en septiembre el comienzo de las entrevistas, después de los primeros encontronazos entre los sectores conservador y progresista sobre los candidatos y los tiempos para los nombramientos. La Sala Segunda es la máxima instancia penal y recientemente ha condenado al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a dos años de inhabilitación al ex fiscal general Álvaro García Ortiz.

María del Rosario Esteban Melián ha participado en las decisiones que han permitido a Peinado hacer crecer una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa hasta construir una procelosa y enrevesada instrucción contra la mujer de Pedro Sánchez. La Sección 23, como segunda instancia que revisa las decisiones de Peinado, ha corregido algunos de sus despropósitos, como su insistencia por implicar a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa –en contra incluso de los informes de la UCO–, atribuirla el delito de intrusismo profesional o imputar a varias personas que no tenían relación con los hechos. Sin embargo, la sección de Esteban Melián ha avalado, cuando no impulsado, las tesis de Peinado que pueden servir para sentar a la mujer del presidente del Gobierno en el banquillo, esto es, las acusaciones por tráfico de influencias y malversación, que la ley obliga, además, a juzgar ante un tribunal popular.

El máximo exponente de este fundamental apoyo de la sección al magistrado, opacado por las extravagancias de Peinado, se produjo en diciembre pasado, cuando la sección de Esteban Meilán se llevó la contraria a sí misma y avaló que se investigara por malversación y llamar a declarar María Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, cuando antes había resuelto lo contrario.

El 12 de junio de 2025, Esteban Meilán y sus compañeros habían resuelto que “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer delito de malversación, que solo cometería quien lo destina o aprovecha”. En el auto de diciembre, Melián y sus compañeros incluían otro razonamiento que ya podría justificar la imputación por malversación de la asistente, una “modalidad comisiva” del delito consistente en no haber evitado “el resultado lesivo contra el patrimonio público” que supuso enviar correos electrónicos de parte de Begoña Gómez.

Fue ese auto de diciembre el que comenzó a dibujar un panorama sombrío para Begoña Gómez. La Sección 23 llegaba a decir que Cristina Álvarez era la primera asistente de una mujer de presidente del Gobierno que no era experta en protocolo, una afirmación manifiestamente contraria a la realidad si se repasa la trayectoria de la mayoría de sus predecedores, entre ellos el miembro de la actual Ejecutiva del PP Jaime de los Santos, fotografiado llevando las bolsas de la compra a Elvira Fernández, esposa del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La trascendencia de la decisión que se conoció el jueves 16 de julio está detrás del acuerdo de Esteban Melián para que los dos magistrados que no habían venido participando en las respuestas a los recursos contra las decisiones de Peinado se incorporen esta vez. Un aval por unanimidad a que se juzgue a la mujer del presidente del Gobierno pese a la ausencia completa de indicios, que denuncian las defensas y la Fiscalía, reforzaría el sentido de la resolución de la sección que preside la aspirante a magistrada del Supremo, explican fuentes jurídicas.

Aunque ella es la presidenta de la sección, los autos que han ido guiando la instrucción de Peinado han sido redactados por Enrique Bergés de Ramón. El ponente de las resoluciones y otros dos compañeros que también van a participar en la decisión clave sobre Begoña Gómez combatieron judicialmente la medida del Gobierno progresista que más ha encendido los ánimos de toda la derecha judicial, la Ley de Amnistía. Bergés de Ramón, José Sierra Fernández y Jesús Gómez Angulo aprovecharon que tenían que decidir sobre un manifestante acusado de desórdenes y atentado a la autoridad, que había participado en una manifestación en Madrid contra las condenas del procés, para presentar un recurso ante el Constitucional por la Ley de Amnistía.

Los tres jueces argumentaban que los hechos sobre los que tenían que decidir estaban dentro del “ámbito objetivo, temporal e intencional de la aplicación de la Ley de Amnistía” y que, por tanto, el nuevo texto legal debía beneficiar al condenado. En consecuencia, suspendieron el procedimiento y plantearon el recurso ante el intérprete de la Norma Fundamental. En su recurso citaban un informe de la entonces mayoría conservadora del Poder Judicial, con el mandato caducado y sin competencias para emitirlo. Es el único recurso contra la Ley de Amnistía que un tribunal presentó fuera de Catalunya.

Las vacantes

En concreto, Esteban Meilán aspira a ocupar una de las tres plazas que quedarán vacantes en la Sala de lo Penal por jubilación: las de Andrés Palomo, la de Ángel Hurtado -el instructor del caso del ex fiscal general- y la de Juan Ramón Berdugo. A esas se suma la de Miguel Colmenero, que debe ser renovada por el turno de juristas. Y en diciembre se abrirá el plazo para las tres nuevas plazas creadas por Justicia para esa Sala concreta, de las que una será asignada a Susana Polo. Quien decide esos nombramientos es el Consejo General del Poder Judicial y, dado que se trata de magistrados del Alto Tribunal, se requiere la mayoría de tres quintos de los vocales del Consejo. La presidenta tiene voto de calidad en caso de empate.

Todo apunta a que a partir de septiembre los bloques conservador y progresista iniciarán conversaciones, de nuevo, para una renovación en bloque de esas cuatro plazas más la de la Sección Tercera del Supremo. Ya en mayo hubo un contacto formal que acabó descarrilando. Con todo, se emplazaron a seguir negociando aunque fuentes jurídicas consultadas temen que ese acuerdo no sea rápido y más entrando ya en un periodo preelectoral.

Esteban Meilán, que aprobó las oposiciones a juez en febrero de 1986, ya optó sin éxito en mayo de 2018 a ser magistrada de la Sala de lo Penal de Supremo a pesar de que coincidía que ese mismo mes concursaba para presidir la Sección 23. Entonces, argumentó que había sido profesora de Derecho Penitenciario en el Instituto de Estudios Profesionales del CEU, que había escrito una decena de publicaciones jurídicas o, incluso, que desempeñaba todo su trabajo “a través de ordenadores” o que entregaba sus resoluciones “en pendrive”.

Entre la casi treintena de aspirantes constan también nombres como el del magistrado Enrique López, quien fuera consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y ex magistrado del Constitucional que ahora está en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; el del magistrado José Ricardo Prada, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que fue el responsable de los párrafos clave de la sentencia del caso Gürtel en 2018 que provocó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy; o el del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en 2024 fue objeto de críticas por su comentario sobre la exministra de Igualdad Irene Montero de la que dijo a raíz del término 'consentimiento' que “nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”.

El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía tiene, desde este jueves, efectos jurídicos. Pero no tardará en tener también impacto directo en la política, donde la vuelta de los líderes independentistas a la primera línea podría condicionar la recta final de la legislatura.

En Junts, aunque en público se muestran cautelosos, ya dan por prácticamente segura la amnistía a Carles Puigdemont. Y, en los planes que trazan, calculan que el Supremo puede tener interés en precipitarla antes de que Pedro Sánchez convoque elecciones.

Las cábalas de la formación independentista parten de una premisa: consideran que el TJUE no ha dejado al Supremo ninguna salida digna para no aplicar la ley del olvido penal. Es cierto que la sentencia leída en Luxemburgo no responde a ninguna cuestión prejudicial planteada por Manuel Marchena. Pero también lo es que algunos párrafos del fallo marcan como imperativo la obligación de los tribunales de aplicar la amnistía de forma automática, por mandato del legislativo y “sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Las formaciones independentistas saben que, por muy contundente que sea la doctrina europea, algunos tribunales competentes podrían continuar buscando subterfugios para no perdonar a los líderes del procés. Puigdemont lo expresaba este jueves con un símil futbolístico cuando decía que ese partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Y, pese a eso, entre los dirigentes de Junts, más en Barcelona que en Waterloo, se ha impuesto la idea de que el golpe asestado por el TJUE será el definitivo y que el Supremo moverá ficha. Muy probablemente después de que este otoño el Tribunal Constitucional declare la ley pactada entre el Gobierno y el independentismo como plenamente legal.

¿Puede la amnistía suavizar a Junts en el Congreso?

Lo que también barruntan en Junts es que, una vez asumido por parte del Supremo que la amnistía no tiene marcha atrás, a los jueces puede entrarles la prisa para dejar libre a Puigdemont y que su regreso, y todas las consecuencias políticas que este puede tener, ocurran bajo el mandato del actual Gobierno. Es decir, antes de convocar elecciones. Sería un último dardo a Pedro Sánchez, que los independentistas creen que les ha tomado el relevo como bestia negra de la cúpula judicial.

Presenciar desde la Moncloa el regreso de Carles Puigdemont podría no ser el escenario preferido por Sánchez para una precampaña. Pero el Gobierno ya ha pilotado procesos igual de costosos, como la excarcelación de los líderes independentistas a través de indultos.

Pero, además, una situación así no necesariamente ha de ser mala para Sánchez. De hecho, según explican algunos de sus socios, el Gobierno ya habría hecho correr que uno de los elementos de optimismo ante los presupuestos es, precisamente, la posible vuelta de Puigdemont a Catalunya.

Según esa teoría, la aplicación definitiva de la amnistía a Puigdemont dejaría a Junts más satisfecha respecto a los acuerdos alcanzados con el PSOE o, al menos, con menos argumentos para el descontento. De esta forma, podrían ser más proclives a apoyar al Ejecutivo en una de sus últimas leyes importantes de la legislatura.

Junts anhela el regreso de Puigdemont, pero no cree en milagros

En Junts, sin embargo, rechazan de plano que su posición en el Congreso tenga nada que ver con el estado judicial de Puigdemont. “Ni hemos pedido nunca que se le arregle su situación a cambio de ningún voto, ni vamos a condicionar nuestras decisiones a que lo esté”, afirmaba pocos días antes de la sentencia del TJUE un alto cargo de Junts, que dejaba claro que su formación ya había expresado con claridad que piensa que Sánchez no debería seguir como presidente.

Cuestión diferente es si un eventual regreso del expresident puede suponer un revulsivo para Junts, que pasa por momentos complicados por la fuga de votantes hacia la formación xenófoba Aliança Catalana. En el partido hay prácticamente consenso a la hora de señalar que la ausencia de Puigdemont ha sido un inconveniente en los últimos años.

Las voces más cercanas a Puigdemont ponen el acento en la desventaja que supone que un candidato a la presidencia deba hacer campaña en el lado norte de la frontera con Francia, como le ocurrió al candidato de Junts en 2024. Otros, más críticos con la actual dirección, señalan también la desconexión del presidente del partido respecto a la realidad de un país en el que hace casi una década que no reside.

Más allá de eso, en Junts son conscientes de que un regreso de Puigdemont no tendría, en 2026, los mismos efectos que podría haber tenido en 2019, cuando ganó las elecciones europeas en Catalunya con prácticamente un millón de votos.

El tiempo ha pasado y la figura de Puigdemont ha perdido magnetismo, sobre todo entre un independentismo ya poco interesado en nada que suene a procés. Eso no significa que su partido vaya a dejar pasar la posibilidad de un regreso triunfal, que sin duda tendría además trascendencia histórica. Pero nadie espera hoy del expresident un milagro electoral.

La conjura de togas contra la ley de amnistía comenzó en España meses antes de que el proyecto de la norma se registrase para su tramitación en el Congreso y continuó mucho después con intensidad creciente. El acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el otoño de 2023 para aprobar en un plazo breve la ley de amnistía desencadenó la rebelión de los jueces conservadores, mayoritarios en la carrera y en la cúpula judicial. Pedro Sánchez necesitaba los siete votos de la formación independentista para garantizar su investidura tras quedarse muy lejos de la mayoría absoluta en las elecciones de julio de 2023. Aunque su Gobierno rechazó meses antes una Ley de Amnistía por “inconstitucional”, el líder socialista hizo “de la necesidad virtud”, según sus propias palabras, para mantenerse en el poder.

Cientos de togados salieron a protestar a las puertas de algunos juzgados, incumpliendo la Ley del Poder Judicial que castiga como falta grave la “censura a las autoridades y poderes públicos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía competencias para castigar esas conductas, miró para otro lado. La derecha judicial seguía dominando el órgano de Gobierno de los Jueces porque el PP bloqueaba su renovación desde diciembre de 2018.

La asociación mayoritaria de jueces y el fin de la democracia

Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades aprobaron comunicados muy críticos contra la futura norma. Estos órganos estaban dominados por jueces pertenecientes a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera. Dos semanas antes de que el texto de la proposición de Ley de Amnistía se hiciera público, la APM sacó un comunicado donde anunciaba el apocalipsis si los planes del Ejecutivo se hacían realidad: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”. Dos años después de aquel manifiesto de la derecha judicial, la Ley de Amnistía sigue vigente, como las reglas de la Constitución de 1978 y el Estado de derecho.

Jueces de tendencia progresista, minoritarios en la carrera, se atrevieron a protestar contra las protestas: “No tenemos competencia para emitir acuerdos sobre pactos entre formaciones políticas y estamos obligados a mantener la neutralidad en el debate partidista”. Nadie les hizo caso.

El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, elegido a propuesta del PP, no entendía el papel de algunos jueces en aquella cruzada contra la Ley de Amnistía y censuró que sus compañeros vocales conservadores propusieran un comunicado contra la norma: “Entiendo que la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional: es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es también el que desde el Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad política”. Nadie le hizo caso.

El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya instruían causas con decenas de independentistas imputados a los que deberían aplicar la Ley de amnistía cuando se aprobase. Todos ellos anunciaron que impugnarían la futura Ley ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo hicieron, pero fracasaron con estrépito.

Maniobras judiciales para imputar terrorismo a Puigdemont

El magistrado Manuel García Castellón, ya jubilado, instruía desde 2019 una causa relacionada con las protestas independentistas, el caso Tsunami Democratic. Aunque durante cuatro años la investigación apenas avanzaba, la tramitación de la Ley de Amnistía despertó al instructor, quien comenzó a dictar resoluciones para torpedear la futura norma que se tramitaba en las Cortes. En noviembre de 2023, envió una exposición razonada al Supremo, que incumplía los principales requisitos establecidos por la jurisprudencia de ese tribunal, para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de terrorismo.

Los indicios que García-Castellón envió al Supremo ―una reunión en Ginebra sin conocer su contenido, dos conversaciones de WhatsApp donde se cita al expresidente y un intercambio de mensajes donde Puigdemont expresa su temor a que haya muertos en los disturbios― fueron despreciados como inverosímiles por el fiscal encargado de esa causa en la Audiencia Nacional. Pero muchos de sus compañeros en el Supremo, fiscales conservadores mayoritariamente, no tuvieron en cuenta su criterio y plantaron cara al Fiscal General del Estado para que se apoyase la imputación por terrorismo a Puigdemont. Fracasaron.

El Tribunal Supremo, con el informe en contra de la Fiscalía, admitió la exposición razonada e imputó a Puigdemont por terrorismo, uno de los delitos no amnistiable según la Ley pactada con Junts. Un fallecido por infarto en el aeropuerto del Prat durante una protesta ciudadana contra la sentencia del Procés servía entonces a García Castellón para construir la nueva causa contra el expresidente catalán. El Tribunal Supremo, dominado por magistrados conservadores, aceptó sin rechistar. Pero aquellas maniobras judiciales se frustraron por culpa de los errores detectados en la instrucción de García Castellón, quien incumplió los plazos de prórroga en la investigación. La causa fue anulada. El intento, con la inestimable colaboración de los magistrados del Supremo, fue inútil.

Las diligencias del magistrado García Castellón no se detuvieron ahí. Aprovechando el recurso de un imputado, escribió un párrafo para establecer que los delitos que investigaba – los daños ocasionados por manifestantes independentistas a dos policías antidisturbios- eran los pertenecientes a la categoría de no amnistiables en la Ley que se tramitaba en el Congreso. El párrafo en cuestión era una copia literal de una de las enmiendas que se había registrado en el parlamento.

Pieza separada por alta traición contra el expresidente catalán

Mientras García Castellón trabajaba desde la Audiencia Nacional contra la Ley de Amnistía, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se afanaba con un objetivo parecido aprovechando el caso de la denominada trama rusa del proceso independentista que investigaba desde hacía seis años.

Aunque la Audiencia de Barcelona le había ordenado poner fin a la instrucción, el juez Joaquín Aguirre decidió abrir una pieza separada para investigar un posible delito de alta traición cometido por el expresidente Carles Puigdemont. Ese delito figuraba en la categoría de los no amnistiables por la futura norma.

Jurisprudencia creativa del Supremo contra líderes del Procés

La aprobación de la Ley de Amnistía el 30 de mayo de 2024 por 177 votos a favor y 172 en contra desencadenó un nuevo movimiento del Tribunal Supremo para evitar su aplicación a los principales dirigentes del proceso independentista: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Para conseguirlo, el Supremo tiró de jurisprudencia creativa. Los legisladores habían escrito que eran amnistiables los delitos de malversación cometidos en el Procés -la utilización de dinero público para los gastos del referéndum- siempre que sus responsables, altos cargos de la Generalitat de Catalunya, no hubieran tenido “un propósito de enriquecimiento, es decir, de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.

El Supremo interpretó que esos altos cargos debían haber pagado de su bolsillo los gastos del referéndum y, por tanto, se habían ahorrado ese dinero incrementando su patrimonio. Sus delitos se declararon no amnistiables. Y así continúan. Carles Puigdemont, huido de la justicia, no puede regresar a España hasta que el Constitucional resuelva su recurso contra la decisión del Supremo sobre la malversación que cometió. Oriol Junqueras no puede presentarse a las elecciones. Aunque fue indultado parcialmente, mantiene la pena de inhabilitación por malversación. La Fiscalía rebatió, sin éxito, el argumento principal de los magistrados: “Los condenados destinaron la totalidad de los fondos públicos malversados al referéndum de secesión [y] su patrimonio no experimentó incremento alguno como consecuencia de la malversación”. Los magistrados conservadores no hicieron caso.

Jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya aplicaron la Ley de Amnistía a un exconseller, Miquel Buch, condenado por malversación. Esa sentencia consideró que Buch no tuvo ningún beneficio patrimonial por malversar fondos para impulsar el proceso independentista.

La conjura de la derecha judicial en España contra la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya ha fracasado. El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, el belga Koens Lennaert, lo contó así. “El Derecho de la Unión no se opone a la ley que concede la amnistía (…) su objetivo es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación”.

El Partido Popular se tomó con mucha calma la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. Una nota de prensa para salir del paso y ya está. Ninguna rueda de prensa convocada de urgencia para lanzar los misiles de costumbre contra el Gobierno. En las últimas semanas, habían hecho saber discretamente que el tema de la amnistía estaba casi amortizado y que no merecía la pena prestarle mucha más atención. Y eso que antes sostenían que esa ley casi había puesto fin a la democracia en España. Podían decir algo así porque el Tribunal Supremo se había ocupado del trabajo sucio. Su Sala de lo Penal fue el cooperador necesario para detonar la legislatura que había comenzado en 2023.

La ofensiva judicial contra la amnistía se inició incluso antes de que llegara al Congreso el proyecto de ley enviado por el Gobierno. Centenares de jueces se concentraron ante la puerta de sus juzgados para mostrar su rechazo al texto que aún no conocían. Fue una iniciativa de clara intencionalidad política. Algunos magistrados, sin ninguna intención de esconder sus propósitos, asistieron vestidos con sus togas y dieron así a la protesta una mayor carga simbólica.

El TJUE desactivó todos los argumentos de la derecha política y judicial utilizados contra la amnistía a los independentistas. Tanto sobre el sistema judicial como sobre la seguridad jurídica y el impacto en las finanzas europeas. La amnistía podía servir para facilitar “un escenario de reconciliación”, como sostenía el Gobierno, por lo que no era una simple concesión para ganarse el apoyo de Junts. No suponía un peligro existencial para “el buen funcionamiento del sistema judicial nacional”. No quebró la igualdad ni la seguridad jurídica. Los intereses financieros de la Unión Europea no se vieron afectados por el procés.

El veredicto no implica que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras vayan a recibir de inmediato los beneficios de la amnistía. Eso tendrá que esperar a la decisión que tome en un sentido u otro el Tribunal Constitucional. Quienes sí salen beneficiados ahora son 35 antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas y trece activistas de los CDR acusados de terrorismo.

El TJUE es claro sobre lo que deben hacer ahora los tribunales españoles: “La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía”.

Es legítimo dudar sobre este punto teniendo en cuenta decisiones anteriores del Tribunal Supremo. ¿Volverán a ser tan creativos como lo fueron hace dos años? Entonces, la Sala presidida por Manuel Marchena decidió que la ley de amnistía no cubría los delitos de malversación cometidos por Puigdemont y los miembros de su Gobierno. La ley se había escrito para que no afectara a los que se beneficiaron económicamente sabiendo que ese no era el caso de los condenados (o fugados).

El Supremo se inventó el argumento de que sí hubo ese beneficio, porque sin acceso a los fondos públicos esquilmados los autores del procés habrían tenido que recurrir a su patrimonio. Eso fingía ignorar que esos políticos habían recibido donaciones privadas de correligionarios con las que afrontar gastos como el de compra de urnas y papeletas para el referéndum.

Aún más estrambótico fue su argumento de que la independencia de Catalunya, que nunca estuvo cerca de producirse, habría perjudicado a los intereses económicos de la UE. Catalunya habría tenido que abandonar la UE y la aportación económica de España a los presupuestos comunitarios habría sido menor, dijeron. Dentro de los presupuestos de la UE, eso sería casi un error de redondeo. El TSJE resta valor a ese argumento.

Los magistrados colmaron los deseos del PP con su auto. La oposición pensó que el cabreo de Puigdemont y Junts haría que la legislatura terminara antes de que acabara 2024. Con el apoyo de los jueces, creían tenerlo al alcance de la mano.

El Tribunal Supremo culminó un giro de 180 grados perfectos al desmentir la sentencia original del procés que ese mismo tribunal había dictado en 2019. Lo que unos años antes había sido un delito de sedición y la definición del desafío como una “ensoñación” que no podía considerarse un delito de rebelión pasó a ser algo más siniestro. De repente, veían el golpe por todos los lados. En nueve ocasiones diferentes, mencionaban la palabra 'golpistas', como si quisieran certificar con retraso todos los análisis de la derecha política sobre el procés.

En el auto incluyeron valoraciones claramente políticas, como las críticas al Gobierno por pactar la amnistía a cambio del apoyo parlamentario de los siete diputados de Junts, calcando de esta manera el argumentario del PP.

En su decisión del jueves, los magistrados del TJUE no aceptan que la amnistía fuera un simple producto de una negociación con la que obtener la investidura de Pedro Sánchez. La conciben como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor”. Es decir, una forma de hacer política para resolver un conflicto que desde luego es discutible o criticable, pero que no puede ser un delito. Es posible escuchar el rechinar de dientes de los jueces al leer esa frase.

El frenazo del Supremo a la amnistía fue el momento clave de la legislatura. La posible vuelta de Puigdemont a Catalunya quedó congelada en el tiempo y las relaciones del PSOE con Junts nunca se recuperaron. Y por eso no se han aprobado presupuestos en estos cerca de tres años. La derecha judicial sabía que tenía un papel que cumplir en esta confrontación política y eso fue lo que ocurrió.

Y lo que sigue ocurriendo. No importa cuántas derrotas judiciales sufran en Europa esos jueces (ahí quien ha encajado todas las goleadas ha sido Pablo Llarena). Siempre se puede afirmar que la guerra no ha terminado. La asociación conservadora Francisco de Vitoria –que es de derechas, pero no tan de derechas como la APM– difundió un comunicado para afirmar que “la sentencia no avala una aplicación automática ni incondicionada de la amnistía” (el TJUE dice lo contrario). “Los actos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos siguen quedando excluidos de la amnistía”, dicen en coherencia con su filosofía de que el procés fue un golpe de Estado como nunca lo ha habido en España.

Además, la asociación recuerda al Tribunal Constitucional que “en ningún caso puede actuar como una instancia de casación del Tribunal Supremo”. En otras palabras, que ni se le ocurra dictaminar que Puigdemont y Junqueras pueden ser amnistiados. La palabra del Supremo no se discute. La derecha judicial sabe que convirtió esta legislatura en una vía muerta y de ningún modo va a aceptar que los jueces de Luxemburgo o los miembros del Constitucional le arrebaten la victoria en el último minuto.

Las últimas temporadas del procés están lejos de congregar las multitudes de sus inicios. Pero como todo, su final se acerca: en otoño el Tribunal Constitucional decidirá si corrige al Tribunal Supremo y le obliga a amnistiar al expresident Carles Puigdemont. La sentencia de este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio.

El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

Lejos de la dureza y las consideraciones políticas del Supremo, el PP o la Comisión Europea para criticar la amnistía, el TJUE y el Constitucional comparten un lenguaje sosegado. Ambas instancias sitúan la norma en el objetivo de “reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Catalunya y facilitar un escenario de reconciliación”, en línea con el preámbulo de la ley aprobada en 2024.

La vuelta sin riesgo de detención de Puigdemont y la rehabilitación de Oriol Junqueras para presentarse como candidato a las elecciones son el cierre esperado a casi una década de conflicto político y judicial. La materialización de la amnistía se producirá con el independentismo en mínimos en el Parlament, con un problema en forma de auge de su extrema derecha, y sin visos de intentar echar un pulso al Estado próximamente.

Pese a la claridad de la norma (aspecto destacado por Luxemburgo), el Supremo encabezó las maniobras judiciales para que la crisis no se cerrara: mientras la mayoría de jueces amnistiaba sin ruido a policías y manifestantes, el Alto Tribunal fabricó una interpretación sobre la malversación para excluir de la ley a Puigdemont y Junqueras, sus dos primeros potenciales beneficiarios.

Los casos concretos que debe examinar a la vuelta del verano el Constitucional corresponden a las peticiones de amparo de Puigdemont, Junqueras y el resto de exconsellers no amnistiados contra la decisión del Supremo.

El tribunal de garantías ya ha respaldado la amnistía en líneas generales al rechazar los recursos de las autonomías del PP, Castilla La Mancha (PSOE) y las cuestiones de inconstitucionalidad del Supremo o el TSJ catalán. Ahora se adentra en los recursos más conflictivos.

Tradicionalmente, el Supremo no se ha tomado bien que el Constitucional le enmendara la plana. Los partidarios de la norma han trasladado este jueves la presión al Alto Tribunal. “El horizonte para la plena aplicación de la ley queda despejado”, ha declarado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El president de la Generalitat, Salvador Illa, y Puigdemont y Junqueras también han apremiado a los tribunales nacionales a no dilatar más la materialización de la norma.

En círculos independentistas prefieren no apostar, vistos los antecedentes del Alto Tribunal con el procés, aunque el sentimiento general es de confianza. La rotundidad de la sentencia del TJUE, argumentan, desactiva cualquier eventual maniobra del Supremo para mantener excluidos de la ley a los líderes de Junts y ERC.

En los centros de mando independentistas se ha subrayado en rojo un apartado de la sentencia del TJUE, que expertos independientes también han destacado. Se trata del punto 119, que insta a los tribunales nacionales que plantearon sus dudas (la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas) a archivar los casos, sin más dilaciones.

“La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía”, reza la resolución del TJUE. En otras palabras: Luxemburgo no deja margen de maniobra a los tribunales españoles para no aplicar la norma.

En el optimismo independentista también pesa la valoración del final de la legislatura y de los numerosos casos judiciales que cercan al Gobierno, que han dejado en un segundo plano la crisis soberanista. Puigdemont ha sido el objetivo fallido del Supremo durante casi diez años. La amnistía provocó manifestaciones inéditas de togados. Ahora el foco judicial ha virado y mira a La Moncloa.

El Tribunal Supremo (TS) ha absuelto al exdecano del Colegio de Abogados de Málaga Francisco Javier Lara de un delito de desobediencia grave a la autoridad por el que había sido condenado por no atender los requerimientos de un juzgado en mayo de 2020, durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, para que se prestara asistencia jurídica a cuatro detenidos, que fueron puestos en libertad.

Así lo ha acordado la Sala de lo Penal en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que estima el recurso del exdecano y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que había rebajado a 2.700 euros la multa de 5.400 euros que le había impuesto un juzgado de la ciudad andaluza.

La sentencia recoge que, el 6 de mayo de 2020, cuatro personas pasaron a disposición judicial, para lo que la titular de un juzgado requirió con una providencia al Colegio de Abogados de Málaga que facilitaran el nombre de los abogados que estaban de guardia, “a fin de comunicarles que debían acudir a la mayor brevedad posible para asistir la guardia detenidos”.

Otro sistema de comunicaciones

En esa resolución, la magistrada explicó al Colegio de Abogados que “los medios telemáticos de los que disponía el juzgado de guardia serían empleados para recibir declaración al detenido, así como al resto de personas citadas dicho día”, relata la sentencia de los hechos probados en primera instancia y, “expresamente”, se advertía: “En caso de no acudir se procederá a deducir oportuno testimonio de todo lo actuado y su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Consejo General del Poder Judicial, al defensor del Pueblo y a la Consejería de Justicia, sin perjuicio de deducir testimonio por presunto delito de desobediencia”.

A las pocas horas, y después de varias comunicaciones entre el juzgado y el Colegio de Abogados de Málaga, los cuatro detenidos quedaron en libertad, continúa el relato de los hechos.

La sentencia recoge que desde la Abogacía de la provincia habían propuesto otro sistema de comunicaciones, pero que “no había tenido implantación puesto que no solo requería una dotación económica que no tuvo lugar”, sino que además “era incompatible con el sistema de grabación Arcontes, sistema general de grabación de las actuaciones judiciales de los Juzgados en Andalucía”.

Ante ello, la Sala indica que en este caso no se detecta en la secuencia de los hechos “una oposición firme, pertinaz y abierta” a la orden de la titular del juzgado, sino que mostró “la disposición a cubrir el servicio por otro procedimiento que luego resultó inviable, momento en que se rectifica”.

Reticencias “no justificadas, pero sí disculpables”

Además, los magistrados señalan que “no hay contumacia y persistencia obstinada”, sino que más bien se trataron de “dilaciones o retrasos en el acatamiento provocados por la estimación -equivocada, pero en alguna medida disculpable- de que había otra alternativa que se ofrecía para cubrir el servicio”.

Según el tribunal, esto no supone “una oposición firme de fondo, decidida, sin paliativos, obstinada, inmotivada”, lo que permite entender que “no se alcanzan las cotas de gravedad que discriminan entre el ilícito penal y las acciones”.

“No consta en las actuaciones, ni durante la instrucción ni en el plenario elemento alguno que permita afirmar que el decano actuó impulsado por la enemistad personal que pudiera albergar hacia la jueza y su esposo, también magistrado. Por el contrario, los datos obrantes en la causa resultan compatibles con que su actuación obedeciera al propósito de velar por la protección sanitaria de los colegiados a quienes representaba”, añade.

Para el alto tribunal, la argumentación en que se basa la condena “parte de una base que desconoce el contexto en que se produce y atribuye un comportamiento delictivo desproporcionado”, y señala: “La existencia de desavenencias no implica necesariamente una dolosa intención de desobedecer”.

Excepcionalidad

Ante situaciones de excepcionalidad como fue la del coronavirus, arguye la Sala, “debían adoptarse medidas de excepcionalidad que podían considerarse las adecuadas”. “El acusado al constatar que no era viable su propuesta cedió inmediatamente plegándose al requerimiento judicial. La alternativa ofrecida podría ser considerada por el acusado como muy razonable en ese contexto”, continúa.“, continúa.

El tribunal considera que la orden dada por la juez de guardia podría suscitar, en el contexto antes aludido, “reticencias no justificadas, pero sí disculpables en alguna medida, en quien se sentía --y era-- responsable de evitar situaciones de riesgo sanitario para los colegiados”.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado anular la condena impuesta a finales de 2025 a una compañía propietaria de dos plataformas petrolíferas que la obligaba a pagar 2,8 millones de euros a una remolcadora que prestó sus servicios en el puerto de Granadilla en 2017 y 2018.

La entidad presentó un incidente de nulidad contra la última sentencia poniendo sobre la mesa otros pronunciamientos judiciales que consideran similares al suyo y que vendrían a ratificar su postura, lo que es descartado por el TS al no encontrar similitudes sino más bien imprecisiones en sus alegatos.

Sí le da razón a la propietaria de las plataformas en cuanto a que hubo un error material en las fechas en las que se prestó el servicio, que fue desde noviembre de 2017 a febrero de 2018 y no de esta última fecha hasta junio, como se mantenía hasta ahora, lo que no cambiaría el sentido de la sentencia.

La recurrente argumentó que el TS no debía haber variado los pronunciamientos que siempre habían sido a su favor hasta finales del pasado año, cuando se emitió un fallo basado en “apreciaciones fácticas que no se sustentan en los hechos probados”.

La empresa remolcadora reclamaba el abono de servicios que se consideran esenciales para garantizar la seguridad de estas grandes estructuras de más de cincuenta toneladas, cuyos propietarios se negaban a pagarlos alegando que las tarifas eran abusivas y resultado de una posición de dominio.

En primera instancia un Juzgado de lo mercantil de Santa Cruz de Tenerife dictó una sentencia en contra de los intereses de la remolcadora que fue confirmado por la Audiencia Provincial, donde se ratificó que el precio no estaba debidamente justificado en el pliego de condiciones del puerto.

Pero a continuación el TS, a finales del pasado año, anuló los pronunciamientos anteriores poniéndose del lado de la empresa remolcadora y consideró que los precios de la Autoridad Portuaria son de obligado cumplimiento, hasta que sean impugnados en la vía administrativa.

El último fallo del TS dividió las condenas en dos distintas de 1,4 millones cada una a otras tantas empresas del mismo grupo, más los intereses, lo que incrementará de forma notable la factura finales dado que este litigio se extiende ya desde finales de 2017 que fue cuando se prestó el servicio de remolque.

La ley de amnistía dio un trato “ostensiblemente privilegiado” a los independentistas catalanes y no era “idónea” para alcanzar la convivencia y dejar atrás el procés. Así se expresó el Tribunal Supremo en un durísimo auto de 2024 contra una norma recién aprobada y que provocó manifestaciones inéditas de magistrados vestidos con toga ante las sedes judiciales.

Durante toda su tramitación, la propuesta sufrió una ofensiva parlamentaria y en la calle por parte del PP, que ahora llama a “pasar página” del procés en vista a eventuales acuerdos con Junts, pero impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional.

Dos años después, el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al olvido penal del procés no se limita a un visto bueno jurídico. También se desmarca del relato contrario a la ley que alcanzó hasta al abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, quien llegó a tildar la ley de “autoamnistía”, en referencia al apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. Estas son las claves de la sentencia:

La amnistía, una vía correcta

Sin trufar el texto de adjetivos ni frases subordinadas, el TJUE respalda la ley y sus objetivos. Remarcan los jueces europeos que la norma fue aprobada “para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación”, algo que, recuerdan, está dentro de la competencia de cualquier Estado Miembro de la UE.

Durante la vista del caso, el abogado la Comisión Europea negó que la ley respondiera al “interés general” al formar parte del acuerdo político para la investidura de Sánchez. En otra de sus resoluciones, la Sala de lo Penal del Supremo también consideró que había un “vínculo inseparable” entre la aprobación de la ley de amnistía y la investidura.

El TJUE se aparta de estas argumentaciones. El “objetivo de reconciliación nacional o la búsqueda de un compromiso político” detrás de la amnistía, dice la sentencia de este jueves, pasa por “no enjuiciar ciertos hechos determinados, incluso constitutivos de delitos graves”.

En suma, los jueces de Luxemburgo no respaldan que la amnistía sea un cambio de cromos para la investidura, sino que la conciben como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor”.

Sin margen para postergar la amnistía a los CDR y los gastos del 1-O

Uno de los puntos de la sentencia que el independentismo aguardaba era el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo podrían dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía. La respuesta es diáfana: ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal de Cuentas (las dos instancias que enviaron cuestiones prejudiciales) pueden demorar la aplicación de la amnistía a los casos de los CDR acusados de terrorismo y a los exaltos cargos encausdos por los gastos del 1-O.

Ahí la Comisión Europea obtiene otra derrota, pues había abogado por que la última palabra para determinar si la ley es demasiado “amplia o vaga” correspondía a los tribunales nacionales.

En cambio, el TJUE destaca que “la obligación” de los tribunales de archivar los casos que entran en la ley “es consustancial al principio mismo de la amnistía”. “Cuando se determina que las conductas en cuestión están comprendidas en el ámbito de aplicación de la amnistía, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe concluirlo con una resolución de extinción de la responsabilidad”, asevera la sentencia.

La norma acota tiempo y conductas

La resolución del TJUE recuerda que una ley como la de amnistía “se aparta de las normas jurídicas ordinarias”. Sus objetivos son excepcionales: detener los procedimientos judiciales y no ejecutar las penas ya impuestas.

Otra de las tachas que ponían los contrarios a la norma era su excesiva ambigüedad para permitir mayores beneficiarios de la misma. El TJUE descarta esta crítica, y remarca que la ley no presenta deficiencias técnicas. La norma, inciden los magistrados de Luxemburgo, “determina de manera objetiva y abstracta, conforme a los propios términos usados en su preámbulo, el ámbito de aplicación” y los beneficiarios y excluidos de la norma, limitada a los hechos que ocurrieron durante el proceso soberanista catalán entre 2011 y 2023

No hay peligro para el sistema judicial

La ley “circunscribe” su ámbito de aplicación a “la resolución del conflicto político en torno al proceso independentista catalán”. Al estar bien acotada en tiempo y conductas, los jueces europeos niegan que la amnistía “pueda generar problemas de tal envergadura que presenten carácter sistémico capaces de comprometer el buen funcionamiento del sistema judicial nacional”.

No se quiebra la igualdad ni la seguridad jurídica

Que la ley no fije “con detalle” el umbral de gravedad de los actos excluidos de la norma (como las violaciones graves de derechos humanos en actos de terrorismo) “no quebranta las exigencias del principio de seguridad jurídica”, señala la sentencia del TJUE sobre el caso de los CDR de la Audiencia Nacional, los principales beneficiarios del fallo de este jueves.

La ley de amnistía tampoco vulnera el principio de igualdad de trato ante la ley debido al “exclusivo contexto” en el que se aprueba, lo que hace que no sea “comparable” con otras situaciones, argumentan los magistrados de Luxemburgo. La norma tampoco “menoscaba” la Directiva Europea contra el terrorismo.

Sin afectar al presupuesto de la Unión

La negativa del Supremo a amnistiar la malversación y la duda enviada a Luxemburgo por el Tribunal de Cuentas versaba sobre la afectación de los gastos del procés en los intereses financieros de la Unión Europea.

El TJUE también es rotundo en negar esta tesis: “No puede apreciarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por el mero hecho de la disminución de la Renta Nacional Bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía y ha eliminado los últimos obstáculos para que todos los políticos y activistas encausados en el marco del procés puedan acogerse a la norma, como ya lo han hecho unas 300 personas. Sin embargo, la sentencia de este jueves no tendrá unos efectos inmediatos para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que deberán esperar a la resolución de los tribunales españoles.

Los de Puigdemont y Junqueras son los casos icónicos de la amnistía, por su gran trascendencia política. El Supremo negó a ambos representantes políticos la posibilidad de acogerse a la amnistía con una argumentación novedosa en siete años de procedimiento judicial y que rechazaron dos magistradas del propio tribunal.

El instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena determinaron que el expresident y los exconsellers debían quedar excluidos de la norma porque se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que se pronunciará, según se espera, en otoño.

Será entonces, y a la espera de si el Supremo da una última vuelta de tuerca e intenta un nuevo movimiento para sortear al Constitucional e impedir la amnistía a Puigdemont y frustrar su retorno, cuando la amnistía se habrá aplicado por completo.

Las prejudiciales enviadas por el Tribunal de Cuentas y otros tribunales al TJUE no versaban exactamente sobre la argumentación del Supremo, pero sí suponen un respaldo casi total al conjunto de la ley y refuerza al TC para dar amparo a los independentistas.

Por esta razón, después de escuchar al Tribunal europeo, Puigdemont, Junqueras y otra decena de exmiembros del Govern, deberán esperar a dos tribunales más: el Constitucional, que puede dejar muy determinada la aplicación de la amnistía, y de nuevo el propio tribunal sentenciador, es decir, el Supremo, que sería en todo caso el responsable de aplicar la medida del olvido penal, si así lo determinara el Constitucional.

Los beneficiados inmediatos: CDR y exaltos cargos

Los beneficiarios directos y más inmediatos de la decisión del TJUE son los 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos, y los 13 activistas de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) en la causa por terrorismo de la Audiencia Nacional.

El aval rotundo de Luxemburgo a la norma no deja margen de maniobra al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional para amnistiar a los encausados, pese a las dudas que mostraron ambos tribunales al enviar sus cuestiones prejudiciales. Las defensas de los activistas de los CDR ya han reclamado a la Audiencia Nacional que aplique el olvido penal “de inmediato”.

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).