Cuando hace calor, Mercedes Álvarez no puede abrir las ventanas de su casa. El olor que entra es tan putrefacto que le cuesta describirlo. “Un día, una amiga vino al banco, que está un poco más arriba. Mientras esperaba en el coche, abrió la ventanilla y vomitó. ¿Merche, cómo puedes vivir aquí?”. Ella siempre ha vivido en As Conchas, como su marido, sus padres y sus suegros. En este pueblo de 20 habitantes en la provincia de Ourense no hay nada extraordinario, salvo uno de los embalses más contaminados del país por cianobacterias, peligrosas para la vida.

Sentados en la mesa de su cocina, María del Carmen Recouso y Pablo Álvarez, también vecinos, relatan el mismo infierno de vivir con miedo a caer enfermos, ellos o sus familiares, por el estado del agua que tienen a unos 50 metros de sus casas, justo al otro lado de la carretera. Un día de mucho calor de 2011, la superficie del embalse se puso completamente verde, con una capa espesa. “Como cuando haces filloas”, describe Merche señalando por la ventana. Pablo cuenta que tiraba una piedra desde la presa, que está a la altura de su casa, y no se hundía.

El hedor alcanzaba tres o cuatro kilómetros. Fue entonces cuando empezaron a pelear contra un enemigo sigiloso, como es la contaminación, y a defenderse de las administraciones que podían evitarla y no hicieron nada. Un puñado de personas mayores, algunas de ellas ancianas, que decidieron enfrentarse solas al dragón con espadas de madera. La contaminación no ha parado. Ellas tampoco han dejado de luchar, convirtiéndose en un ejemplo de que resistir unidos tiene sentido.

Qué demonios era esa masa blancuzca y verde, querían saber. A través de una conocida veterinaria, Pablo dio con el investigador Eduardo Costas, especialista en microorganismos acuáticos en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Resultó que este científico estaba al frente de un grupo de trabajo que analizaba As Conchas desde 1992, dentro de una muestra de 28 embalses del país. Costas y las personas de su equipo ya estaban acostumbrados a que los lugareños de los pueblos colindantes al embalse se fijaran en su furgoneta del CSIC y les parasen a preguntar. La metodología era muestrear cada semana los embalses que estaban muy mal, cada mes los que andaban regular, y cada cuatro meses aquellos en muy buen estado.

“As Conchas estuvo muy bien durante mucho tiempo, no nos interesaba demasiado, porque nosotros analizamos sobre todo cómo se adaptan los microorganismos acuáticos a la contaminación”, relata el investigador. Hasta que una estudiante de su grupo certificó en 2011 el primer 'bloom' de algas tóxicas, es decir, cuando ya no queda oxígeno en el agua y aparecen bacterias muy dañinas por el exceso de nutrientes.

Para entonces, Pablo, que tiene 54 años, ya no se bañaba. “Había cosas raras flotando en el agua”. Su madre aprendió a nadar en este embalse del río Limia, cuya presa se construyó en 1949 para producir electricidad. Mari Carmen, que tiene 80 años, recuerda a su marido salir con la caña a pescar truchas para cenar. A Merche, de 60, le viene a la memoria cuando su padre agricultor bajaba los domingos al embalse a pescar y comía toda la familia. En sus orillas se hacían fotos de boda y las empresas celebraban concursos de pesca. La madre de Pablo tenía un bar que aún existe, aunque está cerrado. La vida giraba en torno a esta agua que una vez estuvo considerada excelente, dentro del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. “No podías dormir de la cantidad de ranas, había bandadas de aves. Acabaron con todo”, se entristece Mari Carmen.

Camuflados en el paisaje rural se ven dos camiones con el vientre verde aparcados en una gasolinera de carretera; al cabo de un rato más de viaje, otros dos, y más allá, otros. Transportan los excrementos de cerdos y pollos de las macrogranjas que hay en la comarca de A Limia, más de 300 instalaciones para una población de unos 20.000 habitantes. Estos purines son tóxicos cuando no se tratan de forma correcta y se vierten, pues se filtran en la tierra y en el agua, que quedan envenenadas. En 2011, Pablo y Merche empezaron a dar la cara por sus vecinos, y desde entonces no han parado. “No vas a la guerra si no piensas ganar”, dice Merche con determinación.

Convocaron una manifestación. Ese año, una entrevista a doble página al científico Eduardo Costas en el diario ABC “les puso a todos muy nerviosos”, dice Pablo, pero no pasó gran cosa más allá de un par de reuniones de las administraciones locales con los investigadores. Mientras, el embalse empeoraba. “Un paisano me contó que tenía un cerezo en flor, vino una niebla y lo quemó. Era lluvia ácida”, incide. Mari Carmen no bebe el agua de su pozo, “no quiero, aquí la capa freática está muy alta y puede haber filtraciones; la uso para regar, con temor, tengo miedo, madre mía”.

En esta comarca es conocida la elevada tasa de cáncer, hace años que distintos colectivos piden que se estudien las causas. Desde una visión científica, los nitratos se convierten en nitritos y después en nitrosaminas, situados entre los principales cancerígenos que existen. “Si en Madrid la población estuviera sometida a esto, la epidemiología de cáncer sería enorme, como pasó con el amianto. Pero en As Conchas, si de tres personas se pasa a seis personas con cáncer, se duplica. Es una barbaridad, pero no son nada dentro del registro gallego de tumores, ¿no?”, reflexiona el investigador Eduardo Costas. “Yo no viviría en As Conchas”, incide. Pero estos vecinos no quieren irse. “Este es nuestro embalse”, dice Pablo. “Tú trabajas toda una vida para tener algo, ¿por qué tengo que marcharme de mi casa?, se pregunta Merche.

En una zona rural con tan poca población es difícil exponerse, mejor quedarse callados. No fue la opción de Merche y Pablo. Sin buscarlo, se han convertido en activistas en defensa de sus propias vidas; arañando tiempo de donde podían, por las noches, durante los fines de semana, redactaban notas de prensa, pedían reuniones, recogían muestras en el embalse ellos mismos, hablaban con los alcaldes, con quien hiciera falta. En una ocasión, ambos se presentaron en una rueda de prensa convocada por la Xunta de Galicia. Intentaron expulsarles hasta cuatro veces, pero ellos no se movieron de sus asientos de la última fila hasta que pudieron hablar con el Gobierno autonómico sobre el embalse.

Durante diez años, hasta 2021, lo intentaron todo para ser escuchados; nadie hacía caso, cero respuestas. “Lo negaban todo, hacían como si no pasara nada”, dice Merche. “Incluso nos insultaban, nos llamaban ”iluminados“, ya están los de As Conchas con sus cosas”, añade. ¿Cómo pudieron aguantar? “No sé, yo soy muy cabezón, me decía a mí mismo que esto era una carrera de fondo”, explica Pablo, mientras comenta que en su ordenador ha contabilizado unos 15.000 archivos sobre la causa que ha sido su vida todo este tiempo.

Ese año, en una reunión de vecinos del pueblo, lejos de rendirse, decidieron lanzarse al vacío, totalmente solos: denunciaron ante el Seprona a distintas administraciones y a la empresa Naturgy, que gestiona la presa, por el estado del río Limia; más adelante pusieron una segunda denuncia, esta vez a los responsables de Medio Rural y de Sanidad, y a los alcaldes de los pueblos de Bande, Muiños y Lobeira por no avisar del riesgo para la salud, sobre todo en los niños, de bañarse en el embalse cuando la presencia de cianobacterias ponía esta agua en el nivel 3 de contaminación, el más grave. “Nos sentíamos abandonados, despreciados, maltratados, vivimos con mucho miedo; llega un momento en el que hay que hacer algo, sea lo que sea, salga por donde salga”, dice Merche.

España es el país con más instalaciones de ganadería industrial de Europa, y el cuarto del mundo detrás de Estados Unidos, China y Alemania. Así es más fácil entender que solo en esta comarca de A Limia haya dos millones de animales para producción de carne de cerdo y de pollo; una escala desproporcionada para respetar la vida, el agua y la tierra. Cifras tan impresionantes como atractivas para una organización mundial de abogados en busca de luchas legales que ganar en favor de la vida en la tierra. Nieves Noval trabaja como letrada especializada en sistemas alimenticios en ClientEarth, una ONG que fundó en 2007 un abogado de Wall Street llamado James Thornton.

En los años 80, Thornton ganó más de 80 casos hasta forzar a la Administración del presidente Ronald Reagan a limpiar las aguas contaminadas. Después se mudó a Londres, donde hoy se encuentra la sede de esta organización ambiental en la que trabajan más de 300 personas en ocho oficinas repartidas por todo el mundo.

Aquí no se busca lanzar historias famosas, son especialistas en litigación estratégica, que arma casos con la precisión y el engranaje de un reloj suizo, pensados para un objetivo mucho más grande y a nivel mundial. “El fin es reducir la ganadería industrial. Nosotros no hablamos de macrogranjas, sino de granjeros frente a la ganadería industrial”, explica Nieves Noval.

España era, sin duda, el lugar donde trabajar. Se pusieron en contacto con la organización Amigas de la Tierra, que también buscaba la forma de denunciar las macroinstalaciones ganaderas por su nefasto impacto. La abogada María Victoria Hormigos, colaboradora de esta ONG, sacó la situación de As Conchas. “Lo tenía todo para meternos: era un embalse muy analizado, con un histórico de datos muy bueno; los vecinos llevaban diez años enfrentándose a las diferentes administraciones y se trataba de más de 300 instalaciones en una comarca muy poco poblada de la Galicia rural. Era difícil que la causa de la contaminación fuera humana”, incide Nieves.

“Éramos un equipazo”

Las dos abogadas, Victoria y Nieves, pasaron largos ratos en la cocina de Merche haciendo muchas preguntas, hasta elegir a siete de los 20 vecinos que se presentarían como denunciantes particulares, una condición ineludible para montar un caso al que dedicaron dos años y medio con un enfoque legal novedoso: la inacción de las administraciones para proteger los derechos fundamentales de la población. Se sumaron a la denuncia la asociación de vecinos de As Conchas, la organización Amigas de la Tierra y la Federación Española de Consumidores y Usuarios (CECU).

“Éramos un equipazo”, resume Nieves, con cuatro abogados de las dos ONG y expertos de ClientEarth con más de 20 años de experiencia que asesoraron en todo momento. Pidieron a los vecinos mantenerlo todo en secreto. Una de las decisiones clave fue contratar a cuatro peritos independientes especialistas en distintas áreas para certificar la contaminación y sus causas: Serafín González, investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC), que analizó los nitratos; Antonio Delgado, también del CSIC, quien realizó una prueba de isótopos estables, para relacionar de forma directa los vertidos de purines con la grave polución; el experto odorífero era José Cid; y Juan Martínez realizó un informe epidemiológico. Un “dream team”, resume Nieves.

El juicio se celebró en 2025. Los argumentos científicos eran tan contundentes que el fallo de 113 folios, hecho público en julio de ese año, no dejó lugar a dudas. “Se declara la vulneración de los derechos fundamentales: derecho a la vida y en su relación con el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad”, dicta la sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Las administraciones, Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica de Miño-Sil, conocían de sobra el problema ambiental y para la salud y no hicieron nada. Esta dejadez de las administraciones permitió a las empresas de la comarca lucrarse sin asumir el coste del tratamiento de los residuos de su actividad. La sentencia las obliga a indemnizar a los vecinos y a restituir el estado sano del entorno, pero eso aún no ha ocurrido.

“Yo pensé que ahora sí reconocerían el problema, pero tampoco, lo que hicieron fue recurrir ante el Tribunal Supremo. No pensé que eran tan malos”, se indigna Pablo. En febrero de 2026, el Supremo rechazó el recurso de casación. La sentencia es firme. “Me llamó Merche, tenía como 20 ó 30 mensajes de WhatsApp: Pablo, ¿no estás mirando el móvil? ¡Hemos ganado!”. Lloraron todos, también las letradas. “Ha sido el caso más satisfactorio de mi carrera”, se emociona Nieves. “Yo como abogada tengo herramientas para defenderme. Pero me dan mucha pena estas comunidades. Imagínate a Pablo recogiendo muestras del suelo durante 10 años, he aprendido mucho de lo que es la verdadera resistencia”.

Es abril de 2026. Pablo hace de guía por la ribera del embalse. A primera vista parece que todo está bien, el agua tiene un color que no llama la atención. Sin embargo, y aunque han pasado cuatro meses desde la sentencia, nadie se ha movido para mejorar la calidad del agua. Los vecinos temen que cuando lleguen los meses de más calor, la contaminación se dispare de nuevo. “Nosotros no vamos a parar de decirlo”, asume Pablo.

Cuando Merche, Pablo, Mari Carmen y el resto de vecinos de As Conchas escuchan ahora a los mismos alcaldes que les ninguneaban decir que también ellos han estado denunciando el problema, mantienen la misma calma y dignidad que cuando les insultaban. Lo resume bien Merche: “Los que luchamos fuimos estos pocos desgraciadiños”. Ahora que han ganado, todavía tienen que dar explicaciones sobre la indemnización que van a recibir, unos 30.000 euros por vecino. “Pero les vamos a dejar con la boca cerrada, porque ese dinero es para la asociación de vecinos, nosotros lo que queremos es que nuestro embalse esté limpio”.

El futuro de Álvaro García Ortiz está ahora en manos de dos instancias diferentes: el Gobierno y el Tribunal Constitucional. El primero debe decidir si indulta parcialmente su condena de inhabilitación por la filtración de información de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el criterio en contra del Tribunal Supremo y a favor de la Fiscalía. El segundo anunciará en las próximas semanas si admite o no a trámite su recurso de amparo contra la condena que le impuso la Sala de lo Penal. Ninguna de las dos gestiones, según fuentes del caso, quedará zanjada definitivamente a corto plazo y mientras tanto el ex fiscal general del Estado seguirá ejerciendo como representante del Ministerio Público ante la sala del Supremo que estudia cada año miles de pleitos laborales.

La petición de indulto, planteada por terceras personas y apoyada públicamente por la Unión Progresistas de Fiscales (UPF), llegó al Ministerio de Justicia a principios de este año, apenas dos meses después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la condena. Dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general además de una multa de 7.200 euros, la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador y a pagar 39.000 euros más al comisionista por lo que había tenido que gastarse en abogados durante el proceso.

Justicia puso la maquinaria habitual en funcionamiento a finales de enero. Pidió un informe al Tribunal Supremo, otro a la Fiscalía y al propio González Amador. Además, solicitó, como es obligatorio, un informe de conducta a la Delegación del Gobierno en Madrid. Este documento fue entregado a Justicia el 21 de abril, según fuentes conocedoras del caso. El resto han sido incorporados más recientemente al expediente que maneja el departamento de Félix Bolaños. Poco después llegó la opinión de la Fiscalía, que tras pedir la absolución de García Ortiz en el juicio solicitó al Gobierno que, al menos, la condena de inhabilitación que le quedaba por cumplir fuera conmutada.

En ese informe, la Fiscalía destacó que la condena a Álvaro García Ortiz había tenido “consecuencias extrapenales desproporcionadas”. Y aunque ya había dejado su puesto en la planta noble de la Fiscalía General, un indulto parcial permitiría al menos acortar los plazos para cancelar sus antecedentes penales, algo que sí tiene consecuencias, según la Fiscalía, “en la vida civil y desarrollo profesional”. García Ortiz no se benefició personalmente desde el punto de vista patrimonial, y su finalidad en todo ese asunto fue “preservar la reputación” del Ministerio Público frente a las noticias manipuladas que se publicaban sobre su actuación en el caso de fraude fiscal de González Amador.

La respuesta de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sido la esperada. Los mismos jueces que firmaron la condena de García Ortiz y le atribuyeron la filtración —a él o a “alguien de su entorno”— entienden que no debe ser indultado, ni total ni parcialmente. A nivel general, la Sala considera que no hay razones de “justicia, equidad o utilidad pública” para otorgarle la medida de gracia, los parámetros legales en los que se mueven este tipo de decisiones. En el detalle, los jueces entienden que fue condenado por “hechos graves” que afectaron a “la institucionalidad del Ministerio Público”. El Supremo también afirma que, en realidad, su condena de inhabilitación ha tenido “una consecuencia jurídica de escasa relevancia”.

La negativa del Tribunal Supremo era esperable, igual que la negativa de Alberto González Amador todavía por conocer, pero sí tiene consecuencias. La decisión final está en manos del Consejo de Ministros, pero un informe desfavorable de los jueces que sentenciaron el caso elimina la posibilidad de que reciba un indulto total, tal y como establece la normativa de la medida de gracia del año 1870. La Fiscalía, en cualquier caso, apoya un indulto parcial y no uno total. La concesión de un indulto sin el criterio favorable del tribunal sentenciador o de la Fiscalía es relativamente habitual: desde 2011, según los datos oficiales, la mitad de las medidas de gracia se ha concedido en contra de la opinión de los jueces o los fiscales. Una minoría del 5% se concedieron, incluso, con la oposición de ambos.

Una vez recabados todos esos informes, la petición de indulto y su expediente vuelven a manos del Ministerio de Justicia, que tendrá que elevar una propuesta al Consejo de Ministros para que tome una decisión final. Fuentes del caso explican a elDiario.es que la tramitación y decisión final no va a ser inminente, por lo que su análisis en Justicia se va a solapar con el recorrido final del caso: los recursos ante el Tribunal Constitucional.

Dos recursos pendientes de admisión

El Tribunal Constitucional tiene dos recursos encima de la mesa contra la condena de Álvaro García Ortiz. El que presentó la Abogacía del Estado en su propio nombre y el que presentó también la Fiscalía, ambos pidiendo anular su condena por vulneración de sus derechos fundamentales. El Ministerio Público entiende que el ex fiscal general se limitó a “informar verazmente” del caso de González Amador con datos ya conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas”. El propio García Ortiz y la Abogacía sumaron críticas al Supremo por hacer “una valoración irracional y arbitraria de los indicios”.

Los dos recursos ya están en manos del Tribunal Constitucional, pero, tal y como pasa con el indulto, su resolución no va a ser cosa de unas pocas semanas. La impugnación de la Fiscalía está en manos de la progresista María Luisa Segoviano en la Sala Segunda, y la de la Abogacía del Estado con la conservadora Concepción Espejel como ponente en la Sala Primera. Esto significa que todavía quedan varios pasos por delante hasta que sus alegaciones sean estudiadas en profundidad y exista una hipotética sentencia sobre el fondo del asunto.

Esas Salas pueden decidir por sí mismas si admiten o no a trámite los recursos, pero lo normal es que sean llevados al pleno, lo que retrasaría ese primer filtro. Y después, como es habitual en el resto de casos que estudia el tribunal de garantías, quedarían por delante varios meses de estudio y deliberaciones, en caso de ser admitidos a trámite, antes de que exista una sentencia con efectos reales sobre su caso.

Toda esta tramitación no tendrá una gran incidencia en la vida profesional actual de Álvaro García Ortiz. La Fiscalía General entendió que esa condena penal le inhabilitaba para ejercer como máximo responsable del organismo, pero no para seguir siendo fiscal según la ley, y tras unas pocas semanas obtuvo su destino: fiscal ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Su condena se ejecuta, pero solo afecta a una hipotética e improbable posibilidad de volver a ejercer como fiscal general, y la parte económica de la sentencia ya ha sido abonada.

Hay cosas que no se discuten. O sí. Depende, en estos tiempos locos ya hay quien discute hasta que la tierra sea redonda, que la luna sea blanca y que haya jueces que prevarican. ¡Cáspita! El cinismo de algunos llega al extremo del capitán Renault en la mítica Casablanca. ¿Recuerdan? Un café, un amor imposible, una canción y el silbato de aquel sarcástico policía con el que llama a sus guardias a cerrar el local de Rick. ¡Qué escándalo, aquí se juega!, responde cuando le preguntan por la razón de la clausura mientras un empleado del local le entrega un sobre con sus ganancias de la noche.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha desatado la ira de las derechas al decir en un acto público que hay jueces que prevarican. Pues claro. ¿Acaso vestir toga les convierte automáticamente en seres de luz? Pues habrá de todo, como en botica, en periodismo, en medicina, en arquitectura y en todos los ámbitos profesionales. El caso es que el ministro se ha convertido este jueves en personaje del día por decir lo que ni es una locura, ni una boutade, sino simplemente una obviedad. Son pocos, en efecto, pero ha habido jueces sancionados e incluso apartados de la carrera por el órgano de gobierno por beneficiar a delincuentes, por mantener en prisión a inocentes, por quebrar su imparcialidad al no abstenerse en asuntos de interés directo de familiares o por acumular retrasos en dictar sentencias. 

En España hay más de 5.000 togados, solo unos pocos trabajan en casos que afectan a miembros del poder legislativo o ejecutivo, pero todos son juzgados por jueces. Están aforados y, por tanto, son los Tribunales Superiores de Justicia o el Supremo quienes los juzgan por posibles delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que solo actúa cuando recibe una queja, pero no fiscaliza su labor ni actúa de oficio. 

Aquí el literal de Óscar López: “Voy a decirlo para que me entienda el Supremo. Hay jueces que prevarican. No he dicho que todos los jueces prevarican. He dicho que hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno”. Que pusiera el foco sobre el Supremo no era casualidad, sino un paso más en la estrategia de un Gobierno dispuesto a abandonar el concepto “teoría de la conspiración”, pero no a dejar de cuestionar las decisiones de algunos jueces.

Fue Óscar Puente el primero en hablar de “métodos antidemocráticos” para derrocar a Pedro Sánchez y ahora es su tocayo quien da un paso más al apuntar directamente sobre la Sala Segunda del Supremo -la que el PP dijo que controlaría por la puerta de atrás- por la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La Sala entendió que él “o alguien de su entorno” filtraron la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Así que, ojo con los entornos porque, en adelante, cualquiera puede ser condenado porque “alguien de su entorno” haya robado, matado, violado o atracado un banco.

López reivindicó la separación de poderes para recordar que “el Gobierno gobierna, el Parlamento legisla, la justicia hace justicia, pero no gobierna”. Una forma elegante de denunciar que algunos magistrados hayan renunciado a ser solo poder judicial para convertirse en tertulianos, cooperadores necesarios de cierto periodismo e incluso actores políticos. Y esto es algo que, a tenor de la demoscopia, comparte una mayoría de ciudadanos que desconfía del actual sistema judicial, ya que el 78 % cree que no es imparcial en los procesos que afectan a los partidos políticos.

Sin embargo, hoy escandaliza lo que antes a los que ahora censuran y piden dimisiones les parecía razonable y nada dijeron cuando era el PP y el mismísimo Mariano Rajoy, quien criticaba la labor de jueces, fiscales y policías. “Nunca en España, ni con Adolfo Suárez de presidente, ni con Leopoldo Calvo Sotelo, ni con Felipe González, ni con José María Aznar se había hecho un uso tan partidista de la Fiscalía como ahora”, declaró durante una solemne comparecencia en la que se declaró víctima de una persecución, tras las primeras detenciones en el marco de la investigación de la trama Gürtel. Y añadía: “Es un atentado frontal al Estado de Derecho”.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a que Baltasar Garzón recupere su condición de juez. La sala tercera ha rechazado las alegaciones del exmagistrado contra los efectos de su condena de 2012 y recuerda que los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a su favor no sirven para anular las sentencias de su caso ni cuestionar que fuera expulsado de la judicatura. Los magistrados responden a su antiguo compañero que no puede abrir esta vía para, de forma indirecta, revisar una vez más la sentencia que le atribuyó un delito de prevaricación.

Baltasar Garzón fue juzgado, sentenciado y condenado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en 2012 bajo la acusación de intervenir de forma irregular las conversaciones entre varios encarcelados de la Gürtel y sus abogados. Una condena de 11 años de inhabilitación que Garzón recurrió sin éxito ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero tuvo respuesta del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Esta resolución estableció que España debía poner en marcha una “reparación integral” para Garzón, borrar sus antecedentes proporcionarle “una compensación adecuada por el daño sufrido” en el plazo de seis meses ya sobradamente cumplido desde 2021. El proceso judicial en el que fue condenado, que por su aforamiento se celebró ante el Tribunal Supremo, fue “arbitrario” según este Comité al no garantizar la imparcialidad de sus magistrados ni la existencia de un segunda instancia penal ordinaria ante la que poder recurrir.

Garzón acudió de nuevo al Tribunal Supremo para que, si no anulaba su condena de 2012, al menos impusiera la revisión de oficio de los actos posteriores del Consejo General del Poder Judicial que le privaron formalmente de la condición de magistrado que ostentaba desde 1981. La respuesta del Tribunal Supremo es negativa: ese dictamen no conlleva la revisión de su condena.

En primer lugar el Supremo recuerda que el Consejo del Poder Judicial, cuando existe una condena penal contra un magistrado como fue el caso de Garzón, actúa “sin margen para revisar ni cuestionar el contenido del fallo penal firme”. Lo que “claramente” pretendía Garzón con esta última iniciativa, añade la sala tercera, era “la revisión de una sentencia firme por parte de la Administración, lo que está absolutamente vedado en nuestro ordenamiento”.

El Supremo incluso lanza una crítica contra el Comité de Derechos Humanos de la ONU que amparó a Garzón por emitir su dictamen mientras otra instancia internacional, el TEDH de Estasburgo, tenía pendiente dictar su propia resolución. “Entró a conocer del fondo del asunto, sin hacer declaración alguna al respecto, lo que no deja de ser sorprendente”. Existió una “duplicidad” de procesos y pronunciamientos fuera de España y lo dicho por el TEDH y el Comité entra en “contradicción”.

El Tribunal Supremo rechaza que Álvaro García Ortiz deba ser indultado. La misma Sala de lo Penal que lo condenó por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha informado en contra de que una medida de gracia elimine la condena de dos años de inhabilitación que lo sacó de la Fiscalía General. No concurren, dicen los jueces, “razones de justicia, equidad o utilidad pública”.

Los jueces explican que, según su criterio, los hechos por los que fue condenado “fueron graves” y “han producido una afectación importante de la institucionalidad del ministerio público”. La negativa también va firmada por la magistrada Susana Polo, que redactó un voto particular apostando por su absolución. También apoyó ese voto particular Ana Ferrer, pero la magistrada se encuentra de baja y ahora, por tanto, no figura como parte de la sala hasta su reincorporación. La Fiscalía había apoyado que el Gobierno indultara la pena de inhabilitación que le queda por cumplir.

La Sala de lo Penal entiende que las personas que han pedido el indulto para García Ortiz “no justifican, en modo alguno, ni informan, sobre razones de justicia, equidad y de utilidad pública que aconsejan ejercicio de la gracia”. Y el hoy fiscal de sala, añaden los jueces, no ha tenido ninguna “actuación” que suponga “un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico”. Una forma de decir que no ha reconocido los hechos ni su ilegalidad.

El Tribunal Supremo, con el voto en contra de dos magistradas discrepantes, decidió condenar a Álvaro García Ortiz por filtrar –él mismo o “alguien de su entorno”– un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía sus delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía. Una condena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar al comisionista con 10.000 euros. Posteriormente el tribunal añadió las costas a la factura: 39.000 euros más a abonar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La Fiscalía informó a favor de la petición de indulto, al menos de forma parcial, para que el resto de la condena de inhabilitación que le restaba por cumplir fuera conmutada. “La condena ha generado consecuencias extrapenales desproporcionadas”, dijo el documento firmado por la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que había solicitado su absolución durante el juicio.

La respuesta del Tribunal Supremo es negativa y ahora la decisión vuelve al terreno político y al Ministerio de Justicia. La revelación de secretos que los jueces atribuyeron a él o a “su entorno”, dice ahora la Sala de lo Penal, “es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia”.

En manos del Constitucional

García Ortiz abandonó la Fiscalía General después de ser condenado y puso la vista en el Tribunal Constitucional. Tanto la Abogacía del Estado como la propia Fiscalía, que defendieron la absolución durante el juicio, han presentado ya sus recursos y el tribunal de garantías tiene previsto discutir su admisió a trámite en algun pleno previo al parón de verano.

Mientras se resuelven los recursos de amparo y el Supremo tramita la petición de indulto presentada por terceras personas, García Ortiz se ha incorporado a su nuevo destino en la Fiscalía de la jurisdicción Social del Tribunal Supremo, encargada sobre todo de asuntos de carácter laboral.

La primera mitad de 2026 ha dejado malas noticias para Luis 'Alvise' Pérez y su partido Se Acabó La Fiesta (SALF) en casi todos sus frentes. La formación de extrema derecha se ha presentado a las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía sin conseguir ni un solo escaño autonómico, aunque quedándose cerca en Zaragoza. Todo mientras el Tribunal Supremo y el Parlamento Europeo han impulsado las cinco causas penales abiertas contra su líder. La Eurocámara le ha retirado la inmunidad en varias investigaciones, una de ellas la más grave de todas las que pesan sobre Alvise: la financiación supuestamente ilegal de su partido con 100.000 euros en efectivo entregados por un empresario del sector de las criptomonedas.

El agitador de extrema derecha y eurodiputado llegaba al ciclo autonómico de la primera mitad de 2026 como una de las grandes incógnitas electorales. Lo que se jugaba era si la resaca de los más de 800.000 votos que consiguió en las europeas de 2024 le serviría para conseguir representación política en Aragón, Castilla y León o Andalucía. Su partido SALF, después de renunciar a las extremeñas de diciembre del año anterior, concurrió a todos los comicios con candidatos desconocidos hasta la fecha y con una campaña centrada, como todo lo relacionado con la formación, en el propio Alvise, sus mítines y su canal de Telegram.

Pero tras su triunfo en Europa dos años antes, el primer asalto de Alvise y SALF a las instituciones españolas se ha saldado con un total de cero escaños conseguidos. La primera cita con las urnas fue el 8 de febrero en Aragón, donde el partido de Alvise rozó el palo y se quedó a unos poco votos de conseguir un escaño por la provincia de Zaragoza. Con casi 20.000 votos en toda la comunidad, el 2,92% de sufragios en Zaragoza dejó a SALF a un suspiro de entrar en las Cortes de Aragón con su candidata Cristina Falcón.

Un mes después, el 15 de marzo, tampoco hubo suerte en Castilla y León. Después de presentar un programa electoral tan calcado al de Aragón que había olvidado retirar las alusiones a Aragón en el documento, los de Alvise se quedaron muy lejos de conseguir un procurador en las nueve provincias de la región. Con algo más de 17.000 votos en general y el 1,4% aproximado de los votos, SALF no se acercó a los porcentajes de representación pública, quedando por debajo del 1% en territorios como Soria. Los números de la aventura electoral de SALF en la Andalucía natal de su líder tampoco valieron un escaño en San Telmo, pero reflejaron una mayor implantación de los de Alvise en ese territorio. Con más de 105.000 votos y un 2,5% de los sufragios totales, la extrema derecha de Luis Pérez llegó al 3% en la provincia de Málaga. Números por debajo de los 180.000 votos que consiguió en Andalucía en las europeas de 2024, pero relevantes de cara a las elecciones generales de 2027 y en su pelea electoral con PP y Vox.

No todo fueron malas noticias para Alvise en este ciclo electoral autonómico de la primera mitad de 2026. Además de la constatación de que los éxitos políticos de su partido, a día de hoy, dependen casi en exclusiva de la figura de su líder, SALF firmó victorias sugestivas. Tuvo más votos que Podemos en Castilla y León y Aragón y más que el Partido Aragonés, un histórico de las Cortes que por primera vez desde su fundación se quedó sin representación. El líder del partido y eurodiputado siempre ha dicho que su gran objetivo es entrar en el Congreso y por ahora las encuestas del CIS tampoco son optimistas. El último barómetro del mes de mayo deja a SALF en un 2,4% de estimación de voto, bastante más que en abril (1,7%) y marzo (2,1%), pisando los talones a Podemos.

Suspendida la inmunidad de Alvise

El fracaso de Alvise ha fracasado en su intento de conseguir representación en estas tres elecciones autonómicas pero el líder de SALF mantiene el sillón de eurodiputado en Bruselas que consiguió en los comicios de 2024. Aunque en esa cita con las urnas consiguió más de 800.000 votos y tres escaños, su grupo ha quedado reducido a la mínima expresión con sus dos antiguos compañeros de bancada acusando a Alvise de acoso y hostigamiento. Una de las cinco causas que el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra él en este 2026.

El primer semestre de 2026 tampoco deja un balance judicial positivo para Alvise y Se Acabó La Fiesta. El Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad que protege al agitador de extrema derecha para que pueda sentarse en el banquillo del Supremo en Madrid en dos causas. Por un lado está el hostigamiento que promovió contra la fiscal valenciana Susana Gisbert, difundiendo su foto en su grupo de Telegram, donde llegó a acumular más de 720.000 seguidores y hoy está por debajo de los 600.000 suscriptores. Pero también se ha dejado vía libre para que sea juzgado por la causa más grave que tiene abierta: la presunta financiación ilegal de su partido para las elecciones europeas.

Tal y como reveló elDiario.es, el empresario Álvaro Romillo –conocido como CryptoSpain y hoy en prisión provisional por el hundimiento de sus negocios– entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez un día antes del comienzo de la campaña electoral europea. En su declaración como imputado, Alvise reconoció haber recibido el dinero pero para compensar que iba a sortear su sueldo de eurodiputado, una de sus grandes promesas electorales que dejó de cumplir hace tiempo. Tras la concesión del suplicatorio por parte de Bruselas, el juez tendrá que decidir si el líder de SALF se sienta en el banquillo, algo que sucedería antes de las próximas elecciones generales en caso de llegar un auto de procesamiento próximamente.

Otras tres causas permanecen abiertas contra él en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, todas relacionadas con su faceta de agitador. Sigue imputado por promover el hostigamiento contra los dos eurodiputados de su antiguo grupo después de que no votaran lo que él quería en asuntos relacionados con el rearme. También se ha abierto una nueva causa contra él por amenazar a José Antonio Landaluce, alcalde de Algeciras, con publicar pruebas de “comportamientos deshonrosos” si no dimitía. Y sigue en tramitación desde hace más de cinco años la primera causa penal que se abrió contra él por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa.

Varios sospechosos por la PCR

Ese caso es el más antiguo que afecta a Alvise y ha tenido un avance significativo en los últimos días. Después de varios años de instrucción, la Policía Nacional ha podido examinar la información llegada desde Twitter en Estados Unidos y ha llegado a una conclusión: no puede saber quién fue el difusor original del bulo.

El juez del Supremo pidió información sobre la cuenta de Alvise pero también sobre un usuario de X llamado “AsdeTrebolesB” que, según explica la Policía, publicó el documento “minutos” antes que el agitador ultra. Todos los datos apuntan a un vecino de Oviedo llamado Juan Antonio G.C, a tenor sobre todo de la dirección de email que había detrás de la cuenta hoy suspendida, y que se presentaba como afiliado a Vox además de otras cosas como “Asturiano y español. Antirojo y antiindepe. AntiPodemos. Antimachista y antifeminazi”.

Aún así, con esos datos, la Policía subraya que “no es posible” certificar la autoría de ese primer tuit con la falsa PCR de Illa, ni al candidato ni a su pareja. “No se puede establecer sin género de dudas que hayan sido ellos”. Falta, por ejemplo, datos sobre las direcciones IP o cuántas personas tenían acceso a esa cuenta de X.

La derecha judicial ha arrasado en la renovación parcial de la Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones de Junta Electoral, ha proclamado este martes los resultados de las elecciones, a las que está llamada a participar toda la carrera.

Los elegidos para ocupar los tres puestos vacantes tras el vencimiento del mandato de los tres miembros salientes están vinculados a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, informan fuentes jurídicas a elDiario.es. Se trata del magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Manuel Almenar, que fue presidente de la APM; de la magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga María Teresa Sáez Martínez, que fue portavoz de esa misma asociación; y del magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Jesús García Vélez. 

Son los tres candidatos que mayor número de votos han obtenido: Almenar ha recibido 950 votos y Sáez Martínez y García Vélez 858 cada uno. Las votaciones tuvieron lugar por vía telemática entre el domingo y el lunes. Han participado 2.089 jueces y magistrados. La Comisión de Ética Judicial es el único organismo elegido al 100% entre los integrantes activos de la carrera judicial. Este modelo ha provocado que miembros y exintegrantes de las asociaciones conservadoras de la judicatura copen sus principales puestos. 

Entre los candidatos estaban también otros aspirantes vinculados a la Asociación Francisco de Vitoria, que se autodenomina como independiente. Se trata de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón (723 votos), del magistrado del Supremo Juan Manuel San Cristóbal (695 votos) y del titular del juzgado de instrucción 5 de Roquetas de Mar (Almería), Claudio García Vidales (685 votos). 

Además, se han presentado la magistrada del Supremo Consuelo Uris (349 votos) y Sandra Piñeiro, presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, que ha obtenido 408 votos. Ambas están asociadas a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. También se ha postulado David Ordóñez Solís, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha recabado 128 votos. Este último magistrado no está asociado.

Avaló las manifestaciones con togas contra la amnistía

La Comisión de Ética Judicial es un organismo asesor en materia de comportamiento ético que es independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Está compuesta por seis jueces elegidos de forma directa por sus compañeros. Estos seis jueces eligen, a su vez, a un académico experto en ética o filosofía del derecho. 

El proyecto con el que el Gobierno pretende modificar el acceso a la carrera amplía la composición de este órgano con un total de cuatro catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral que serán designados por el Congreso y el Senado. Para lograr una mayor representación de los diversos grupos parlamentarios, cada diputado o senador votará a un solo candidato y resultarán elegidos los dos que obtengan el mayor número de votos. Los jueces, que seguirán siendo elegidos por sus compañeros, seguirán siendo mayoría con un total de cinco representantes.

En algunos de sus dictámenes, la Comisión de Ética Judicial ha desaconsejado a los jueces acudir a manifestaciones y mítines políticos para “evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el Poder Judicial”. No obstante, este organismo avaló las concentraciones de jueces vestidos con togas contra la amnistía. Sus miembros consideraron que si el juez que se manifiesta tiene “un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el cierre de una decena de pisos turísticos por hacer la vida imposible durante años a una familia del céntrico barrio de La Latina. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, destaca que este matrimonio con dos hijos ha pedido sin éxito a las empresas responsables de los pisos que solucionen los ruidos y molestias que les impiden dormir cada fin de semana y que el cierre total de esa actividad es la única medida eficaz para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos”, a los que además deben indemnizar con un total de 34.000 euros.

El edificio que acoge esta batalla entre vecinos y pisos turísticos se encuentra en el número 77 de la calle Toledo, a unos pocos pasos de la plaza de La Latina y uno de los puntos del centro donde más pisos turísticos se anuncian en la ciudad. Un inmueble que llegó a estar completamente formado por este tipo de alojamientos y que en la actualidad cuenta con unos 40 pisos turísticos. Una propiedad repartida entre distintas empresas vinculadas a miembros de la familia Couret y con una minoría de viviendas donde residen vecinos de forma permanente. Vecinos y familias que llevan varios años denunciando la actuación de los dueños del edificio.

Fue un matrimonio con dos hijos el que decidió llevar a los tribunales a varias de estas empresas por una decena de pisos turísticos alojados en el edificio que “rodeaban” su casa y les tenían sometidos a un “calvario”. Sufrieron ruidos, el constante trasiego de maletas, música, fiestas y despedidas de soltero además de vómitos en la escalera y vandalismo que habían derivado en consecuencias negativas para su salud. Un informe médico certifica que los cuatro integrantes de esta familia padecen diversos trastornos relacionados con el ruido: ansiedad, depresión y un trastorno no orgánico del sueño. Los dos hijos, añade el informe, están sometidos a “un estrés constante” que puede acarrear “graves consecuencias” para su desarrollo.

La familia afectada vivía en el bloque desde 2021, cuando varios pisos turísticos fueron vendidos a otra empresa y finalmente comprados para vivir. Tuvieron que acudir a los tribunales por una vía atípica para buscar el cierre de los inmuebles usados por turistas que molestaban. En franca minoría en una Junta de Propietarios dominada por los herederos de Juana Couret y otras empresas similares, decidieron presentar una demanda civil por afectación de su derecho a la intimidad. Y un juzgado, en primera instancia, decidió dar la razón a esta familia y ordenar el cierre de los diez pisos que daban problemas, una cuarta parte de los que hay en este edificio colonizado por el alquiler turístico.

Ahora ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha ratificado la mayor parte de esta sentencia, salvando de la condena al piso de una de las empresas llamada Tealrentas SL porque no hay pruebas, directamente, de que sea de uso turístico en ese edificio de la calle Toledo. Pero confirma que los cinco pisos explotados por Tolesanta SL, los dos de Mundi Quo-Vadis SL y el piso de Cavanna Real State SL deben echar el cierre como única solución posible tras años de enfrentamiento y de “caso omiso” de estos grandes tenedores frente a las reclamaciones de los vecinos.

La sección civil del tribunal entiende, por un lado, que la familia ha conseguido probar que los problemas causados por estos pisos son reales, y no unas “quejas exageradas” como llegaron a decir las empresas demandadas. “Las molestias son notorias y ostensibles, no una pequeña dificultad o trastorno, sino que son graves, afectando de manera importante a la pacífica convivencia”, dice la Audiencia Provincial. Y ordenar el cierre es la única solución posible para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos” después de años de “caso omiso” por parte de los empresarios a sus “continuas denuncias y requerimientos”.

El “cese total” de los nueve pisos turísticos

El “cese total” de la actividad de estos nueve pisos turísticos, zanja el tribunal, es la vía para que las “graves perturbaciones” se acaben y los ruidos y molestias dejen de invadir el día a día de los vecinos.

La Audiencia Provincial ha tomado esta decisión después de una primera sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid en el verano de 2025. Una resolución que ya entonces avaló tanto las pruebas que había presentado la familia afectada como el testimonio de otros vecinos y el propio portero. “Tenemos miedo por las noches, en una ocasión encontramos una jeringuilla”, explicó una de ellas que también se mudó al edificio en esas fechas.

Varios testigos coincidieron en señalar que daban cuenta de todo esto al presidente de la comunidad de vecinos pero que apenas se tomaron medidas. Una presidencia de la comunidad de propietarios que, junto con la mayoría aplastante de la junta, recaía en los propietarios de estas empresas y de los pisos turísticos. Algunos de estos pisos, relataron los vecinos, eran “constantemente sancionados” por las autoridades sin que cesara su actividad.

La mayor parte de los pisos turísticos que esta sentencia ordena cerrar, y que siguen funcionando a fecha de hoy tal y como confirman fuentes del caso a elDiario.es, pertenecen a empresas ligadas a los descendientes de la familia Couret, que también han explotado pisos similares en Santa Ana tras la escisión de la empresa original, Arrendamientos Urbanos Couret.

El caso llega al Tribunal Supremo

La causa ya está en manos del Tribunal Supremo y ahora la Sala de lo Civil debe decidir si admite a trámite el recurso presentado por las empresas. Entre otros argumentos, apuntan estas fuentes, denuncian que solo se ha cuestionado la continuidad de una decena de pisos turísticos en un inmueble donde hay más de cuarenta. Uno de los múltiples argumentos que ya han sido rechazados tanto en primera como en segunda instancia.

Ante la Audiencia Provincial, las empresas responsables de los pisos se limitaron a exponer ese argumento y también que en ese procedimiento no se podía cuestionar la legalidad de estos inmuebles. Pero ante el juzgado fueron más allá y llegaron a culpar a la propia familia afectada de la situación por haberse ido a vivir a un edificio donde la mayoría de los pisos eran turísticos.

En un momento dado, estas empresas llegaron a acusar a esta familia de actuar con egoísmo por obstaculizar su negocio de pisos turísticos. “Pretenden de forma brusca y egoístamente, truncar y abortar en su totalidad y en beneficio exclusivo suyo esa actividad muy mayoritaria en el edificio con gravísimo perjuicio de las sociedades propietarias de aproximadamente tres cuartas partes del mismo edificio”.

Llegaron incluso a cuestionar que tanto el matrimonio como sus dos hijos se hubieran visto afectados por el supuesto ruido, a pesar de los informes médicos que han presentado. “Si sufriesen realmente esos trastornos y perjuicios que describen en su demanda y relatan al médico, no hubiesen antepuesto el interés de esos hijos a cualquier otro criterio y hubiesen ya abandonado con carácter inmediato ese piso”.

Las dos sentencias del caso, a falta de un procesamiento definitivo del Tribunal Supremo, rechazaron estos argumentos y avalaron el cierre de los pisos. Los tribunales, recuerdan, llevan varios años permitiendo imponer límites a los pisos turísticos y más tiempo todavía estableciendo que un vecino no tiene por qué aguantar ruidos excesivos.

La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 25 años y medio de prisión a Nelson David Moreño Bolaños por delitos de asesinato, robo y estafa como autor de la muerte por estrangulamiento por el método del 'mataleón' de un hombre en Bilbao el 17 de octubre de 202. Es algo que ya declaró probado un tribunal del jurado de la Audiencia de Bizkaia y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y es solamente una de las muchas causas que tiene abiertas la misma persona.

El alto tribunal desestima íntegramente el recurso de casación del acusado contra la sentencia de segunda instancia, la del Tribunal Superior de Justicia. Así, Moreno Bolaños es condenado como responsable de un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito, en concurso medial con un delito de robo con violencia en casa habitada y de un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia.

La Audiencia Provincial de Bizkaia condenó en junio de 2025 a Nelson David Moreno Bolañps, acusado de la muerte de un hombre con el que se citó a través de una aplicación en Bilbao en 2021, a 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia, debido a que ya ha sido previamente condenado a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi. En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar con un total de 156.740 euros a los hermanos y herederos de la víctima.

Según los hechos probados, el ya condenado, sobre las 16:00 horas del día 17 de octubre de 2021, acudió al domicilio de la víctima situado en Bilbao, lugar donde, actuando con ánimo de acabar con su vida, o, en todo caso, asumiendo plenamente el riesgo y la consecuencia de muerte de aquel, procedió a estrangularle mediante una técnica letal de estrangulación antebraquial de presa carotídea conocida como ‘mataleón’ que hizo que este falleciera. El relato de la sentencia confirmada añade que “el acusado, siendo plenamente consciente de ello y queriéndolo, actuó de forma sorpresiva e inesperada prevaliéndose de la situación de confianza en la que se encontraba (la víctima) por la expectativa de mantenimiento de relaciones sexuales generada previamente por el acusado, lo que le situó en un estado de plena indefensión y, asimismo, empleó la técnica de estrangulación indicada determinando la pérdida de conocimiento de la víctima en un breve lapso de tiempo y su fallecimiento sin que pudiera oponer resistencia alguna y en un estado, igualmente, de plena indefensión”.

Asimismo, mató a la víctima con la finalidad de obtener acceso a sus datos y a su cuenta bancaria y llevar a cabo operaciones patrimoniales ilícitas a su favor, así como hacerse con sus bienes patrimoniales, dinero y tarjetas bancarias para la utilización posterior de estas en su beneficio, como así hizo a continuación, y también con la finalidad de dificultar el conocimiento de su participación en las operaciones patrimoniales ilícitas que llevó a cabo a continuación, extrayendo fondos de su cuenta bancaria y utilizando la tarjeta bancaria con la que realizó diversas extracciones y compras en comercios.

Según destaca la sentencia, dos pruebas periciales fueron fundamentales para declararle culpable: la primera, que el teléfono móvil prueba que el acusado estuvo en la vivienda y la segunda, la identificación de su voz cuando llamó a la entidad bancaria para hacerse con la clave de acceso a la banca digital del fallecido. Cuestiones que en todo momento fueron negadas por el ahora condenado.

Esa fue Moreno Bolaños se sentó en el banquillo acusado de un asesinato, pero no la última, puesto que existen otras investigaciones que le relacionan con la muerte de otros cinco hombres. Este mayo se ha enfrentado a otro juicio acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021. Tras el juicio, del que aún no se conoce la sentencia, la Fiscalía pidió 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular elevó a definitiva su petición de 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia. El jurado lo ha declarado culpable de asesinato por unanimidad.

Nelson David Moreno Bolaños, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases. Está previsto que el entre el 21 y el 28 de septiembre se celebre un juicio por la muerte de un varón en la madrugada del 27 al 28 de julio de 2021 en Bilbao por el que el Ministerio Fiscal le acusa de delitos de homicidio, estafa continuada y hurto y otro juicio del 19 al 27 de octubre por la muerte de otro varón el 2 de septiembre de 2021 también en Bilbao, por el que, del mismo modo el Ministerio Fiscal le acusa de delitos de homicidio, estafa continuada y hurto.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

El último ciclo de elecciones autonómicas ha reforzado la presencia de la ultraderecha de Vox en casi media docena de territorios. En Aragón, Castilla y León y Extremadura los de Santiago Abascal ya han conseguido varias consejerías, mientras que en Andalucía negocian el precio de permitir la investidura de Moreno Bonilla. Unas conversaciones y pactos políticos que han llegado poco después de que los abogados de Vox pidieran, sin éxito, la imputación de tres de esos presidentes autonómicos por cuatro delitos distintos por la gestión de la ola de incendios del verano de 2025. La última solicitud de imputación contra Juanma Moreno Bonilla, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco fue realizada al Tribunal Supremo en marzo.

El partido de Santiago Abascal anunció el pasado mes de septiembre que tenía intención de desplegar su habitual estrategia penal para abordar la gestión de la ola de incendios que en el verano de 2025 arrasó más de 343.000 hectáreas en todo el país, el peor año del siglo con respecto a la superficie forestal calcinada, y varias víctimas mortales. Vox acudió al Tribunal Supremo para pedir la imputación del presidente del Gobierno y de varios ministros, pero también de los presidentes y consejeros de varias comunidades autónomas afectadas: Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Galicia y Asturias.

En ese momento Vox no formaba parte de ningún gobierno autonómico tras la ruptura con el PP consumada un año antes. Pero sí sostenía a varios de ellos donde los de Alberto Núñez Feijóo no tenía mayoría absoluta. Esas peticiones de imputación llegaron a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la primera semana de septiembre de 2025 y fueron rechazadas en marzo de 2026 por el magistrado Julián Sánchez Melgar. El Supremo recordó a Vox entonces que no podía pedir imputaciones de cargos públicos por la “mera detentación” de ese cargo. Y que en el caso de los presidentes autonómicos ni siquiera era el tribunal competente para abrir o rechazar una investigación.

Vox volvió a la carga con un recurso presentado a finales de marzo y que fue rechazado de forma definitiva a principios de mayo. Pedían que se reconsiderara su negativa a abrir una causa contra el ejecutivo central y los gobiernos autonómicos. Para cuando fue presentado el recurso, las elecciones en Extremadura y Castilla y León ya se habían celebrado. Se resolvió semana y media antes de los comicios de Andalucía, con la campaña ya en marcha.

En septiembre de 2025 la querella de Vox atribuyó cuatro delitos a los presidentes de estas tres comunidades autónomas: homicidio imprudente, incendio, prevaricación y otro más contra los derechos de los trabajadores. Entre duras acusaciones de haber tenido una actuación “negligente” y de haber incurrido en una “inexistencia de previsión”. PP y PSOE, dijo entonces Santiago Abascal, habían estado “lanzándose las competencias asquerosamente” incurriendo en “terrorismo climático”. Previamente el eurodiputado Jorge Buxadé había hablado de “bipartidismo pirómano”.

De querellarse a pactar

La querella de Vox contra el Gobierno y estos presidentes autonómicos ha seguido viva hasta que el Tribunal Supremo dictó el archivo definitivo hace menos de un mes. Un proceso judicial preliminar que, como es habitual con las denuncias y querellas de Vox, no ha pasado ni el primer filtro de los jueces de lo Penal, pero que se ha solapado en el tiempo con los procesos electorales autonómicos de los últimos meses en los que los de Santiago Abascal han hecho todo lo posible por pasar a gobernar con los dirigentes a los que acusaban de cuatro delitos distintos.

Vox pactó su entrada en el gobierno extremeño de María Guardiola a mediados del pasado mes de abril tras una primera investidura fallida. Su negociación con Alfonso Fernández Mañueco para formar parte del ejecutivo de Castilla y León, la tierra más afectada por los incendios del año pasado, ha fructificado esta misma semana. En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla necesita de los votos de Vox para revalidar su presidencia y, por el momento, la extrema derecha ha mostrado su “mano tendida” al presidente autonómico al que hace unas pocas semanas pretendían imputar. Si a finales de 2025 Vox centró su crítica política en la gestión medioambiental de los territorios, ahora la clave para pactar es la denominada 'prioridad nacional'.

El partido de extrema derecha siguió en septiembre de 2025 la estrategia que desarrolla desde hace años contra sus rivales políticos, sobre todo de los partidos de izquierda. Denuncias y querellas sistemáticamente rechazadas por el Tribunal Supremo entre acusaciones de judicializar la vida política española y de pretender la imputación de un cargo público por el hecho de ostentar ese puesto, sin especificar qué actuaciones concretas se le atribuyen.

En los autos que han rechazado esta querella por los incendios de 2025 el Supremo recuerda que sus múltiples acciones penales fallidas contra rivales políticos ya han generado una doctrina propia sobre este asunto. Por ejemplo, recuerda el magistrado Sánchez Melgar, cuando en 2020 se querellaron contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus y la Sala de lo Penal ya rechazó su iniciativa con argumentos similares.

Las querellas por la gestión de los incendios no abarcaban solo gobiernos regionales que Vox había apoyado y que ahora pretende integrar, sino también a Alfonso Rueda (Galicia) y a Adrián Barbón (Asturias), de PP y PSOE respectivamente. Las acusaciones contra ellos tampoco prosperaron por falta de competencia. El objetivo de Vox era, como es habitual, montar una macrocausa pero los jueces no ven delito posible en la actuación del Gobierno central y no son competentes para juzgar a presidentes autonómicos.

La extrema derecha, zanja el Supremo, ha actuado “expresando únicamente reproches genéricos válidos para cualquier impugnación” mientras que “no analiza la conducta de los querellados en cada uno de los hechos esgrimidos”. Entre los querellados, dos presidentes autonómicos con los que ha pactado un gobierno y otro con el que pretende hacerlo en los próximos meses.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado la pena a cuatro años de cárcel -era de seis años y cinco meses- a la extesorera de Autopistas del Atlántico (Audasa) y de Autoestradas de Galicia, en donde ejerció entre octubre de 2008 y enero de 2019, por apropiarse de 1,2 millones de euros.

En un fallo dado a conocer por el Supremo este jueves, la Sala estima parcialmente el recurso interpuesto por la condenada y excluye la continuidad en el delito de estafa, apreciada por la Audiencia Provincial de A Coruña y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De tal forma, la condena a cuatro años se impone por un delito continuado de falsedad de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa.

La Sala mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida, por lo que la condenada tendrá que abonar una indemnización de 1.103.600 euros a Audasa y de 125.155 euros a Autoestradas de Galicia. De esa cantidad responderá solidariamente con la condenada, y hasta el límite de 614.377 euros (50% de lo defraudado), su marido, quien fue también enjuiciado y al que se consideró “partícipe a título lucrativo”.

La sentencia explica que en los hechos probados se describe cómo la acusada se aprovechó de las tareas que se le habían confiado, de gestión contable y tesorería, y entre los años 2011 y 2018 transfirió -sin correspondencia con ningún pago o gasto real de las empresas- desde distintas cuentas bancarias de Audasa a la suya en Ibercaja, abierta el 23 de junio de 2011, un total de 1.237.686,31 euros, de los que se apropió.

Señala la Sala que del relato fáctico se desprende que “la acusada aprovechó la posición confiada a la misma de gestión contable y tesorería, lo que implica ese plus añadido de culpabilidad que exige la agravación, a sumar a la ilicitud propia del tipo base, una mayor gravedad con acento en la violación del crédito y la gran confianza en las propias cualidades profesionales de la misma”.

El tribunal considera que se trata de “conductas falsarias que recaen sobre documentos mercantiles, órdenes de transferencia ficticias con aspecto idéntico a las que Audasa y Autoestradas remitían a los bancos, aunque modificando la cuenta de destino por la numeración de la que tenía en Ibercaja, en definitiva, transferencias bancarias ordenadas por la acusada en nombre de las empresas perjudicadas que remitía a las entidades financieras en formato PDF desde el correo electrónico de Audasa, generando por ello un grado elevado de confianza, que sin duda afectaban al valor de la seguridad, en su dimensión colectiva, del tráfico jurídico-mercantil, figurando como beneficiarios aseguradores como AXA, Allianz, Zurich, Mapfre o proveedores habituales de las empresas perjudicadas. Todo ello, unido a la alteración del parte de los bancos y las conciliaciones, reintegros y pagarés de cara a cuadrar la contabilidad a finales de cada año”.

Por otra parte, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el marido de la extesorera que cuestionaba la cuantía establecida para él, en concepto de responsabilidad civil, como “partícipe a título lucrativo”.

El tribunal responde que en este caso “se razona cumplidamente la existencia de lucro, por quien siendo el esposo y conviviendo con la acusada, claramente se benefició de las ilícitas ganancias obtenidas por aquella como consecuencia del delito cometido, y al margen de su personal enriquecimiento también lo hizo de aquello que era común y de lo que disfrutó, puesto que la cuenta a donde fue a parar todo el dinero estaba a su nombre y al de su esposa, los cuales tenían régimen ganancial de bienes, por lo que las cantidades calculadas por el tribunal son correctas”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha propuesto investigar a Alfonso Carlos Moscoso, alcalde de Villaluenga del Rosario (464 habitantes, Cádiz) y senador socialista, por proponer como jueza de paz a su esposa, afiliada también al PSOE, lo que podría constituir un delito de nombramiento ilegal. La Sala ha acordado “abrir causa” a raíz de una querella de la Fiscalía contra Moscoso, pero aún debe solicitar el suplicatorio a la Cámara Alta y que este levante la inmunidad del senador.

En un auto firmado el pasado el pasado 1 de junio, la Sala de lo Penal explica que los jueces de paz, según su reglamento, no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, algo que recoge también la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 127 de la Constitución prohíbe a los jueces la pertenencia a un partido político.

La Sala del Tribunal Supremo recoge en su resolución que la persecución de este delito pretende “fortalecer la independencia del Poder Judicial”, incluidos los jueces de paz, “de modo que desterrar cualquier sesgo de afinidad política partidista en sus componentes sea un objetivo esencial en un Estado de Derecho”.

Querella de Fiscalía

La Fiscalía del Tribunal Supremo se querelló contra Moscoso y su esposa el pasado mes de octubre, meses después de que la Fiscalía de Jerez recibiera una denuncia contra ellos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. La Fiscalía local remitió la denuncia a la del Supremo, por ser esta la que debe decidir si investiga a aforados.

Según esa denuncia, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, un pequeño pueblo en la Sierra de Grazalema (Cádiz), donde el senador es alcalde, anunció mediante edicto la elección de juez de paz en noviembre de 2022. La convocatoria se publicó también en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, pero surtió poco efecto: nadie se presentó. Así que en vista de que ningún habitante del pueblo manifestaba su interés en ocupar dicho cargo, E.S.G., esposa del alcalde y afiliada al PSOE desde octubre de 2007, cursó su solicitud, de común acuerdo según los denunciantes.

La mujer presentó su candidatura para jueza de paz el 30 de marzo de 2023, y el Pleno la aprobó por unanimidad, y elevó la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tampoco puso problemas: la Sala de Gobierno aprobó su nombramiento cuatro meses después. Según la Fiscalía, la mujer presentó al TSJA una declaración jurada en la que declaraba que no tenía incompatibilidades para desempeñar el cargo de Jueza de Paz no presentaba incompatibilidades, ya que su profesión es la de sanitaria.

En su querella, la Fiscalía concluye que hay indicios de que durante los casi dos años en que ejerció como jueza de paz E.S.G. asistió a los actos públicos del partido en el que milita, incluyendo mítines en la campaña electoral a las elecciones generales de 2023 en las que su marido se presentaba en la lista del Senado; hasta que el 2 de mayo del año pasado El Español publicó un reportaje con el siguiente titular: “El Senador y alcalde del PSOE Alfonso Moscoso colocó a su mujer como jueza de paz de su pueblo en Cádiz siendo afiliada”. Ese mismo día, la mujer renunció al cargo, según la denuncia.

El Tribunal Supremo asume la competencia para investigar tanto al aforado Moscoso como a su esposa. El artículo 405 del Código Penal castiga con multa de tres a ocho meses y suspensión de cargo público de uno a tres años a la “autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello”. El artículo 406 sanciona a “la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión (...) sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles”.

El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de un hombre condenado a ocho años de prisión por la violación de una joven que, junto con su novio, alquilaba una habitación en su vivienda, situada en Guía de Isora (Tenerife).

El condenado, cuya sentencia es firme, presentó un recurso extraordinario de revisión en el que buscaba impugnar la veracidad del testimonio de la víctima y alegaba que incurrió en contradicciones y que no hubo opos

En su escrito, el recurrente sostuvo que la mujer cambió su versión durante el juicio, que “asumió un papel de víctima y sobreactuó”, y negó la existencia de amenazas, presiones o condicionantes de la libertad de la denunciante, así como la presencia de testigos.

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2021, sobre las 17.00 horas, cuando el acusado pidió a la joven que le ayudara a limpiar otra habitación de la vivienda.

Según la sentencia, el hombre se ofreció a darle un masaje en la espalda y, pese a la negativa inicial de la mujer, insistió hasta que esta accedió y, a continuación, la agredió sexualmente pese a que ella le pidió que se detuviera.

La víctima declaró en el juicio que no pudo reaccionar por temor a represalias contra su vida o su integridad física.

El recurso de revisión alegaba que la declaración de la víctima “no es fiable” y que las pruebas forenses y psicológicas no aportan la certeza necesaria.

El fiscal, sin embargo, sostuvo que el condenado pretendía la celebración de un nuevo juicio sobre hechos ya valorados y confirmados en tres instancias judiciales.

El Supremo coincide con el Ministerio Fiscal y considera “improcedente” autorizar la revisión al no concurrir los requisitos legales exigidos.

El hombre, que tenía 65 años en el momento de los hechos, había sido condenado con anterioridad en dos ocasiones por delitos similares y en la actualidad cumple condena en un centro penitenciario de Madrid.

La Sala descarta contradicciones relevantes en el testimonio de la víctima y considera la versión del acusado “improbable y plagada de inconsistencias”.

Además, tuvo en cuenta mensajes posteriores en los que el condenado se disculpaba por su conducta, que fueron admitidos como prueba.

Dado que los hechos son anteriores a la reforma legal de 2022 conocida como ley del ‘solo sí es sí’, el delito fue calificado como abuso sexual. 

No hay pruebas de que los servicios públicos de Madrid vayan a colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. El Tribunal Supremo ha hecho públicos los argumentos con los que rechazó hace unos días la petición del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de paralizar esta medida de forma urgente, y entiende entre otras cosas que no hay peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública vayan a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, dice el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid. Los dos magistrados discrepantes entienden que la medida se trata de una “amnistía administrativa encubierta”.

Tanto la administración regional como Vox llevaron la regularización ante el Tribunal Supremo para solicitar su paralización urgente. Junto con ellos lo hicieron también asociaciones de corte ultra como HazteOír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica -autora de los recursos que paralizaron las exhumaciones de Cuelgamuros- y la Asociación Libertad y Justicia. Los recursos de estas últimas son inadmitidas de plano por falta de legitimación activa.

La Comunidad de Madrid y sus servicios jurídicos incidieron en la idea de que los servicios públicos regionales estaban condenados al colapso si los tribunales no frenaban de urgencia la regularización. El gobierno de Ayuso, alegó el letrado, no había tenido tiempo para “planificar todos los servicios públicos” y advirtió del impacto para los servicios públicos de vivienda, educación, sanidad y servicios sociales. Reclamó un “escalonamiento” advirtió que las estructuras públicas madrileñas “no se encuentran dimensionadas para atender a nuevos cientos de miles”.

El Supremo seguirá estudiando el recurso y dictará en unos meses una sentencia sobre el fondo del asunto, pero en esta fase urgente entienden los magistrados que la Comunidad de Madrid no ha aportado pruebas para justificar la alarma. Ese perjuicio para el sistema público, dice el Supremo, “no puede afirmarse en este momento procesal que haya quedado acreditado sin género de duda”. Ni tampoco que pueda tener consecuencias irreversibles.

Por contra, los jueces recuerdan que una suspensión cautelar afectaría a los intereses de miles de personas que han solicitado estas autorizaciones. “La suspensión solicitada les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa”, explican los autos. Y además la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.

Una “amnistía administrativa encubierta” para dos magistrados

Dos magistrados votaron en contra de esta decisión y apostaron por suspender la regularización de forma cautelar. Fueron Wenceslao Olea, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, y Fernando Román, exsecretario de Estado de Justicia con Mariano Rajoy. Según estos dos jueces, la normativa choca con las leyes de la Unión Europea y podría haber sido suspendida de forma cautelar. Incluso plantearon la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial a los tribunales comunitarios mientras tanto.

Para estos dos magistrados discrepantes, la medida del ejecutivo constituye una “amnistía administrativa encubierta”. Las autorizaciones concedidas, dicen estos dos jueces de la sala tercera, se imponen aunque exista una orden de expulsión o devolución pendiente de ejecutar. “Las referidas disposiciones implican, en la práctica, la privación de efectos de lo ya decidido en sede jurisdiccional, lo que puede ser calificado, desde una perspectiva material, como una forma de «olvido» de la sanción”, dice el voto particular.

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que confirmó la inhabilitación a Baltasar Garzón como juez en 2012 por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'.

El TS ha desestimado así el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra la decisión del CGPJ que denegó anular los acuerdos que decretaron su expulsión de la carrera judicial, según una nota de prensa del alto tribunal, que añade que la sentencia se conocerá en los próximos días.

Dicha decisión confirmó la condena que le impuso el alto tribunal a Garzón en 2012 a once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva de su cargo, así como la capacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales.

La pretensión de Garzón, desestimada por el CGPJ, se basaba en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 13 de julio de 2021 que declaró que la sentencia del Supremo violó los derechos fundamentales del exmagistrado.

Por tanto, se mantiene vigente el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 20 de febrero de 2012 —ratificado por acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2012— que declaró la pérdida de la condición de miembro de la carrera judicial de Garzón en cumplimiento de la sentencia del Supremo.

El alto tribunal le condenó, como autor de los delitos de prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones, a la pena —entre otras— de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado por tiempo de once años, con pérdida definitiva del cargo que ostentaba.

Un conflicto sobre pedir agua de grifo o embotellada ha terminado convirtiéndose en un caso judicial que ha llegado hasta el Tribunal Supremo de Italia. La Corte de Casación italiana ha dictaminado que los restaurantes y hoteles del país no están obligados legalmente a servir agua del grifo a sus clientes, poniendo fin a una batalla iniciada por una turista que reclamaba ese derecho durante su estancia en un hotel de lujo de los Dolomitas.

El caso se remonta a las navidades de 2019, cuando una mujer estuvo una semana en un hotel de cinco estrellas en Corvara, en Badia, una conocida estación de esquí del norte de Italia. La turista se alojaba en régimen de media pensión sin las bebidas incluidas. Según medios italianos y los documentos judiciales, durante las cenas pidió en varias ocasiones agua del grifo, incluso ofreciendo pagar por ella, pero el establecimiento se negó. Por contra, cada noche le ponían en la mesa una botella de agua mineral de 0,75 litros con un coste de 7 euros.

La mujer consideró que se le estaba obligando a comprar agua embotellada y decidió tomar acciones legales contra el hotel. En su demanda exponía que “el agua es un bien natural y un derecho humano universal” y defendía que proporcionar una cantidad mínima de agua potable debía formar parte de los servicios básicos de cualquier restaurante u hotel.

Además, la turista comparaba el acceso al agua con otros elementos que considera implícitos en un alojamiento de categoría superior, como por ejemplo, “encontrar una cama con sábanas, una habitación caliente o jabón en el baño”. Además, reclamó una indemnización de unos 2.700 euros por los perjuicios económicos y el “estrés emocional” sufridos durante la estancia.

La justicia le da la razón al hotel

Los tribunales italianos rechazaron la demanda en primera y segunda instancia, y finalmente el caso llegó hasta la Corte de Casación, el máximo órgano judicial del país. La sentencia es clara: en Italia no existe ninguna norma que obligue a los restaurantes o establecimientos hoteleros a servir agua del grifo a sus clientes.

Los jueces señalaron además que el cliente podía rechazar el agua embotellada y “aprovisionarse autónomamente” si deseaba consumir agua del grifo. También concluyeron que el hotel había cumplido correctamente con las condiciones del paquete turístico contratado, por lo que no existía base jurídica para conceder ninguna compensación económica.

“La Casación ha reiterado el concepto de que no existe obligación para el establecimiento de proporcionar agua potable a los clientes”, explicó el abogado del hotel, Silvio Belardi, tras conocerse la resolución. El letrado añadió que algunos locales prefieren servir exclusivamente agua embotellada para evitar posibles problemas relacionados con la calidad del agua de la red.

Pedir agua del grifo: un debate muy presente

La sentencia ha reabierto un debate cada vez más presente en muchos países de Europa sobre el acceso al agua del grifo en bares y restaurantes. Aunque en muchos países resulta habitual ofrecerla gratuitamente, en Italia sigue siendo una práctica poco extendida y, en algunos contextos, incluso considerada de mal gusto si el establecimiento ya ofrece agua mineral natural o con gas.

España, en cambio, optó por zanjar el debate por vía legislativa: desde 2022, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular obliga a todos los establecimientos de hostelería a ofrecer agua del grifo de forma gratuita a sus clientes, sin posibilidad de repercutir ese coste de ninguna manera.

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar la regularización extraordinaria que entró en vigor el pasado abril y que ya han solicitado más de medio millón migrantes, informan fuentes jurídicas a elDiario.es Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han tomado esta decisión tras la vista celebrada este viernes, en la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y otros entes ligados a la extrema derecha como Vox, los ultracatólicos de HazteOir, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia han solicitado, en ocasiones con argumentos falsos o tergiversados, la suspensión del decreto hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto.

Los magistrados han determinado que las asociaciones ultra no están legitimadas para recurrir, pero sí Vox y la Comunidad de Madrid, aunque han rechazado su pretensión de paralizar ya el decreto. El tribunal, que ha deliberado durante algo más de tres horas, únicamente ha adelantado el fallo. La argumentación se conocerá próximamente cuando se hagan públicos los autos.

Durante la vista, los recurrentes han alegado que la aplicación de la norma despliega efectos y derechos colaterales de forma inmediata. Y que si el Tribunal Supremo dictara en el futuro una sentencia anulando el decreto, sería imposible revertir las autorizaciones y prestaciones ya concedidas. También han desplegado algunos bulos sobre los efectos para los servicios públicos o el censo electoral que han sido confrontados por la Abogacía del Estado y las organizaciones Asociación Pro Derechos Humanos, Coordinadora de Barrios y Servicio Jesuita a Migrantes. 

El Gobierno aprobó el pasado abril una regularización extraordinaria a la que pueden acogerse todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses, así como los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha. El decreto surgió de una iniciativa que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas. 

“Incremento del gasto social”

“La medida supone un incremento brutal y no cuantificado del gasto social”, ha alertado el europarlamentario de Vox Jorge Buxadé, a pesar de que las personas sin papeles, aunque con algunas trabas, ya tenían derecho a la sanidad o la educación postobligatoria. Además, otras medidas como las ayudas en materia de vivienda exigen requisitos que, en la práctica, complican su acceso inmediato a quienes acaban de ser regularizados. 

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha confrontado los bulos con los que algunas de estas entidades han tratado de frenar esta regularización. Y ha defendido que el decreto busca la “integración efectiva” de personas que ya tienen “arraigo” en España y que aceptar su suspensión “comprometería” sus derechos. Además, ha revelado que, hasta este jueves, 549.596 personas ya habían solicitado acogerse a esta regularización. De ellas, 91.905 han sido admitidas a trámite.

El letrado de la Comunidad de Madrid ha alegado que el Ejecutivo regional no ha tenido tiempo para “planificar todos los servicios públicos” y ha pedido a los magistrados que “empaticen” con los gestores de estos servicios ante la posibilidad de que 255.000 personas se acojan a esta regularización en la región. El representante de los servicios jurídicos del Ejecutivo madrileño se ha expresado en términos menos incisivos que el recurso presentado ante el tribunal, en el que se dibujaba un escenario de inminente colapso y “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas”.

“La Comunidad de Madrid no busca ningún perjuicio para estas personas, únicamente que haya certidumbre”, ha aseverado. No obstante, ha apuntado que unas de las “consecuencias inmediatas” es el otorgamiento de una Tarjeta Sanitaria Individual. Y, aunque ha admitido que estas personas tienen ya una “prestación sanitaria”, ha insistido en que no es lo mismo una prestación “ocasional” que el hecho de formar parte de forma “estable y estructural” del sistema sanitario.

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España a través de un código que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. El único cambio, por tanto, es que se les asignará la citada tarjeta. Lo que alega la Comunidad de Madrid es que la ratio de asegurados asignados a cada médico —conocida técnicamente como “cápita”— es la base sobre la que se organiza toda la atención primaria y se dimensiona el tamaño de la red sanitaria. 

“El acceso a todos esos derechos se produce ya. El problema está en si vamos a tolerar más o menos la situación de vulnerabilidad que se está produciendo para estas personas por una situación de irregularidad que la Administración tampoco ha podido resolver”, ha respondido el abogado del Estado.

Los cambios en el censo electoral

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que está colegiado como abogado, también ha alentado el bulo de que la regularización va a alterar los censos electorales. Se ha referido al “riesgo grave” de que estas personas puedan votar en las próximas elecciones generales. La norma del Ejecutivo, sin embargo, no promueve la nacionalización de migrantes necesaria para participar en estos comicios, solo su regularización para poder residir y trabajar en España. 

En su turno de respuesta, el abogado del Estado ha recordado que, de acuerdo al Código Civil, la concesión de nacionalidad en España tiene un plazo de diez años que se reduce en el caso de países con especial vinculación o de matrimonio con un nacional. Ha advertido, no obstante, de que “en ningún caso ninguna de estas personas va a poder acceder a votar en las siguientes elecciones”.

Sí tendrán derecho a votar en las municipales los residentes extranjeros cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en los términos de un tratado, si bien la abogada Patricia Fernández, que ha representado en las vistas a la Asociación Pro Derechos Humanos y la Coordinadora de Barrios, ha recordado que apenas 12.000 migrantes pidieron poder ejercer su derecho al voto en las últimas elecciones locales de 2023. 

El Govern balear del PP ha elevat la seva ofensiva contra la regularització extraordinària de persones migrants aprovada pel Govern central i sol·licitarà al Tribunal Supremo que suspengui cautelarment la mesura mentre resol el recurs contenciós administratiu que l’Executiu autonòmic preveu presentar en els pròxims dies.

L’anunci l’ha fet aquest divendres el portaveu i vicepresident primer de l’Executiu, Antoni Costa, després de la reunió del Consell de Govern, que ha autoritzat l’Advocacia de la Comunitat Autònoma a iniciar el procediment judicial contra el reial decret aprovat pel Govern de Pedro Sánchez. Balears segueix així la senda de la Comunitat de Madrid, que, juntament amb Vox i organitzacions d’extrema dreta, també ha recorregut la mesura entre vaticinis sobre un suposat impacte damunt els serveis públics.

En contra del criteri de diferents estudis i organismes públics que qüestionen el relat de la dreta i l’extrema dreta segons el qual la migració estaria directament relacionada amb la sobresaturació de la xarxa assistencial pública, el Govern de Marga Prohens sosté que la regularització -que permetrà que milers de persones en situació administrativa irregular accedeixin a permisos de residència i treball- tindrà un cost “significatiu” i “substancial” damunt els sistemes sanitari, educatiu i social de Balears, tot i que ha evitat concretar xifres.

“Tenim estimacions, però es manifestaran en el seu moment”, s’ha limitat a assenyalar Costa, retraient a l’Executiu central que no hagi previst mecanismes de compensació econòmica per a les autonomies. “La sensació és que Pedro Sánchez convida i la resta pagam”, ha recriminat, retraient, així mateix, que el decret s’aprovàs sense consens amb les comunitats autònomes, sense debat parlamentari i sense una memòria econòmica que quantifiqui el seu impacte damunt els serveis públics.

En realitat, les persones en situació irregular ja tenen dret a l’assistència sanitària normalitzada a Espanya després de diverses reformes impulsades pel Govern central, la darrera de les quals el març d’enguany. La modificació va corregir algunes escletxes de la normativa anterior per les quals encara es produïen casos d’exclusió sanitària en determinats supòsits.

L’únic canvi rellevant que comportarà la regularització és que, una vegada donades d’alta a la Seguretat Social, aquestes persones hauran de rebre la corresponent targeta sanitària mitjançant un procediment administratiu simplificat que ja contempla la mateixa web autonòmica. Es tracta, per tant, d’una modificació més qualitativa que material: en tenir ja reconegut l’accés a l’assistència sanitària, no es preveu un increment significatiu de la despesa pública ni una situació d’urgència administrativa, atès que aquestes persones ja compten amb atenció mèdica assignada.

D’altra banda, l’Informe de seguiment del Marc Estratègic de Ciutadania i Inclusió contra el Racisme i la Xenofòbia 2023-2027 conclou que la població estrangera no comunitària utilitza menys els serveis sanitaris que la població espanyola i presenta, en termes generals, una estructura demogràfica més jove, fet que redueix la seva pressió assistencial damunt el sistema sanitari.

Contribució a les cotitzacions fiscals

En matèria econòmica, diversos anàlisis acadèmics subratllen que les persones migrants contribueixen de manera neta al sosteniment de l’estat del benestar a través de cotitzacions i imposts, especialment en sectors amb manca de mà d’obra. En aquesta línia, el Banco de España subratlla la contribució de la població migrant al mercat laboral i al sosteniment del sistema de pensions en un context d’envelliment demogràfic. Així mateix, indica que la regularització de migrants permetrà augmentar les cotitzacions socials i els ingressos fiscals en aflorar ocupació no declarada.

Malgrat això, Costa ha insistit en el possible “efecte crida” que podria provocar la mesura, un argument recurrent en el debat migratori però qüestionat per especialistes i entitats socials, que sostenen que no existeix evidència concloent que les regularitzacions extraordinàries provoquin un augment automàtic d’arribades.

El també conseller d’Economia, Hisenda i Innovació ha vinculat igualment l’oposició de l’Executiu autonòmic a la seva estratègia de “transformació del model de creixement” de Balears. Preguntat pel suport que organitzacions empresarials han mostrat al procés de regularització davant la manca de treballadors en sectors com l’hostaleria o les cures, Costa ha defensat que “es pot establir una correlació directa entre creixement en volum i necessitat de mà d’obra”.

La iniciativa judicial se suma a l’enduriment del discurs migratori impulsat per diferents governs autonòmics del PP en els darrers mesos, en un context marcat per l’auge dels postulats d’extrema dreta i la intensificació de les crítiques a les polítiques migratòries del Govern central. A Balears, aquest discurs emergeix, a més, en un escenari de forta crisi habitacional derivada de l’encariment del lloguer, l’especulació immobiliària, la saturació derivada del model turístic i la precarització laboral.

El Govern balear del PP ha elevado su ofensiva contra la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno central y solicitará al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente la medida mientras resuelve el recurso contencioso-administrativo que el Ejecutivo autonómico prevé presentar en los próximos días.

El anuncio lo ha realizado este viernes el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, tras la reunión del Consell de Govern, que ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a iniciar el procedimiento judicial contra el real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Balears sigue así la senda de la Comunidad de Madrid, que, junto a Vox y organizaciones de ultraderecha, también ha recurrido la medida entre vaticinios acerca de un supuesto impacto sobre los servicios públicos.

En contra del criterio de distintos estudios y organismos públicos que cuestionan el relato de la derecha y la extrema derecha según el cual la migración estaría directamente relacionada con la sobresaturación de la red asistencial pública, el Govern de Marga Prohens sostiene que la regularización -que permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a permisos de residencia y trabajo- tendrá un coste “significativo” y “sustancial” sobre los sistemas sanitario, educativo y social de Balears, aunque ha evitado concretar cifras.

“Tenemos estimaciones, pero se manifestarán en su momento”, se ha limitado a señalar Costa, reprochando al Ejecutivo central que no haya previsto mecanismos de compensación económica para las autonomías. “La sensación es que Pedro Sánchez invita y el resto pagamos”, ha recriminado, reprochando, asimismo, que el decreto se aprobase sin consenso con las comunidades autónomas, sin debate parlamentario y sin una memoria económica que cuantifique su impacto sobre los servicios públicos.

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España tras varias reformas llevadas a cabo por el Gobierno central, la última de ellas en marzo de este año. La modificación corrigió algunas grietas de la normativa anterior por la que aún se producían casos de exclusión sanitaria en determinados supuestos. 

El único cambio relevante que traerá la regularización es que, una vez dadas de alta en la Seguridad Social, estas personas deberán recibir la correspondiente tarjeta sanitaria mediante un procedimiento administrativo simplificado que ya contempla la propia web autonómica. Se trata, por tanto, de una modificación más cualitativa que material: al tener ya reconocido el acceso a la asistencia sanitaria, no se prevé un incremento significativo del gasto público ni una situación de urgencia administrativa, dado que estas personas ya cuentan con atención médica asignada.

Por otro lado, el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027 concluye que la población extranjera no comunitaria utiliza menos los servicios sanitarios que la población española y presenta, en términos generales, una estructura demográfica más joven, lo que reduce su presión asistencial sobre el sistema sanitario.

Contribución a las cotizaciones fiscales

En materia económica, diversos análisis académicos subrayan que las personas migrantes contribuyen de forma neta al sostenimiento del Estado del bienestar a través de cotizaciones e impuestos, especialmente en sectores con falta de mano de obra. En esta línea, instituciones como el  Banco de España subrayan la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Asimismo, indica que la regularización de migrantes permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado.

Pese a ello, Costa ha insistido en el posible “efecto llamada” que podría provocar la medida, un argumento recurrente en el debate migratorio pero cuestionado por especialistas y entidades sociales, que sostienen que no existe evidencia concluyente de que las regularizaciones extraordinarias provoquen un aumento automático de llegadas.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación también ha vinculado la oposición del Ejecutivo autonómico a su estrategia de “transformación del modelo de crecimiento” de Balears. Preguntado por el respaldo que organizaciones empresariales han mostrado al proceso de regularización ante la falta de trabajadores en sectores como la hostelería o los cuidados, Costa ha defendido que “se puede establecer una correlación directa entre crecimiento en volumen y necesidad de mano de obra”.

La iniciativa judicial se suma al endurecimiento del discurso migratorio impulsado por distintos gobiernos autonómicos del PP en los últimos meses, en un contexto marcado por el auge de los postulados de extrema derecha y la intensificación de las críticas a las políticas migratorias del Gobierno central. En Balears, este discurso emerge además en un escenario de fuerte crisis habitacional derivada del encarecimiento del alquiler, la especulación inmobiliaria, la saturación derivada del modelo turístico y la precarización laboral.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, Vox y organizaciones de extrema derecha han trasladado este viernes al Tribunal Supremo su batalla contra la regularización extraordinaria que concederá los papeles a más de medio millón de personas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acogido las cinco vistas en las que los recurrentes han solicitado, en ocasiones con argumentos falsos o tergiversados, la suspensión cautelar de la norma hasta que los magistrados resuelvan el fondo del asunto. 

“La medida supone un incremento brutal y no cuantificado del gasto social”, ha alertado el europarlamentario de Vox Jorge Buxadé, a pesar de que las personas sin papeles, aunque con algunas trabas, ya tenían derecho a la sanidad o la educación postobligatoria. Además, otras medidas como las ayudas en materia de vivienda exigen requisitos que, en la práctica, complican su acceso inmediato a quienes acaban de ser regularizados. 

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha confrontado los bulos con los que algunas de estas entidades han tratado de frenar esta regularización. Y ha defendido que el decreto busca la “integración efectiva” de personas que ya tienen “arraigo” en España y que aceptar su suspensión “comprometería” sus derechos. Además, ha revelado que, hasta este jueves, 549.596 personas ya habían solicitado acogerse a esta regularización. De ellas, 91.905 han sido admitidas a trámite.

El letrado de la Comunidad de Madrid ha alegado que el Ejecutivo regional no ha tenido tiempo para “planificar todos los servicios públicos” y ha pedido a los magistrados que “empaticen” con los gestores de estos servicios ante la posibilidad de que 255.000 personas se acojan a esta regularización en la región. El representante de los servicios jurídicos del Ejecutivo madrileño se ha expresado en términos menos incisivos que el recurso presentado ante el tribunal, en el que se dibujaba un escenario de inminente colapso y “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas”.

“La Comunidad de Madrid no busca ningún perjuicio para estas personas, únicamente que haya certidumbre”, ha aseverado. No obstante, ha apuntado que unas de las “consecuencias inmediatas” es el otorgamiento de una Tarjeta Sanitaria Individual. Y, aunque ha admitido que estas personas tienen ya una “prestación sanitaria”, ha insistido en que no es lo mismo una prestación “ocasional” que el hecho de formar parte de forma “estable y estructural” del sistema sanitario.

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España a través de un código que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. El único cambio, por tanto, es que se les asignará la citada tarjeta. Lo que alega la Comunidad de Madrid es que la ratio de asegurados asignados a cada médico —conocida técnicamente como “cápita”— es la base sobre la que se organiza toda la atención primaria y se dimensiona el tamaño de la red sanitaria. 

“El acceso a todos esos derechos se produce ya. El problema está en si vamos a tolerar más o menos la situación de vulnerabilidad que se está produciendo para estas personas por una situación de irregularidad que la Administración tampoco ha podido resolver”, ha respondido el abogado del Estado.

Los cambios en el censo electoral

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que está colegiado como abogado, también ha alentado el bulo de que la regularización va a alterar los censos electorales. Se ha referido al “riesgo grave” de que estas personas puedan votar en las próximas elecciones generales. La norma del Ejecutivo, sin embargo, no promueve la nacionalización de migrantes necesaria para participar en estos comicios, solo su regularización para poder residir y trabajar en España. 

En su turno de respuesta, el abogado del Estado ha recordado que, de acuerdo al Código Civil, la concesión de nacionalidad en España tiene un plazo de diez años que se reduce en el caso de países con especial vinculación o de matrimonio con un nacional. Ha advertido, no obstante, de que “en ningún caso ninguna de estas personas va a poder acceder a votar en las siguientes elecciones”.

Sí tendrán derecho a votar en las municipales los residentes extranjeros cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en los términos de un tratado, si bien la abogada Patricia Fernández, que ha representado en las vistas a la Asociación Pro Derechos Humanos y la Coordinadora de Barrios, ha recordado que apenas 12.000 migrantes pidieron poder ejercer su derecho al voto en las últimas elecciones locales de 2023. 

Durante la sesión han aflorado también otros de los argumentos falsos o tergiversados que algunos de estos actores han esgrimido para solicitar la suspensión cautelar de la regularización, como el caso de los antecedentes penales. El abogado de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, conocida por su posición contraria a la ley de memoria, ha afirmado que la “no exigencia de certificado de penales, va en contra de la legislación”.

Sin embargo, carecer de antecedentes penales, en España y en el país de origen (o en aquellos países de residencia durante los últimos cinco años) es un requisito indispensable para acceder a la regularización extraordinaria. “Afirmar eso de los antecedentes es no haberse leído el real decreto”, le ha reprochado el abogado del Estado.

“Nos va a tocar a todos mantener a ese señor vulnerable sin que tenga una integración. No se está buscando la integración real de gente que está aquí”, ha dicho el letrado de la asociación anti memoria histórica en otro momento de su intervención. La realidad es que este documento, exigido solo en determinados supuestos —especialmente para las personas sin papeles que no vivan con sus familiares o que no puedan acreditar vínculos laborales—, se ha convertido en el principal cuello de botella del procedimiento. La letrada Patricia Fernández le ha recordado que la mera estancia irregular genera situaciones de vulnerabilidad y que responder a ello es una obligación marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además, a la medida solo pueden acogerse las personas en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses, así como los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha.