Dos Mil Palabras S. L., la empresa editora del medio digital Okdiario, pagó 242.000 euros (IVA incluido) en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja Leticia de la Hoz, la abogada que defendía al exasesor ministerial Koldo García tanto en la causa de la Audiencia Nacional como en la que se siguió en el Tribunal Supremo. El concepto de las facturas es conciso y no deja lugar a la imaginación: “Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García”.

Esas facturas y las dos transferencias que las respaldan, a las que ha tenido acceso elDiario.es, han sido aportadas por De la Hoz ante el juez que la investiga por su posible implicación en el caso Leire Díez. Esta documentación consta de dos facturas fechadas en 11 de noviembre de 2025 y 23 de enero de 2026 y dos órdenes de transferencia. Leticia de la Hoz busca así defenderse de la acusación que la mantiene imputada en el denominado caso Leire Díez, una trama delictiva vinculada al PSOE dedicada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban a dirigentes o familiares de dirigentes de esta formación política.

“Los documentos acreditan que el Partido Socialista Obrero Español no hizo abono alguno a mi representada por la defensa de D. Koldo García Izaguirre, como ella ha afirmado reiteradamente”, resalta el escrito presentado este jueves ante el magistrado. La abogada está imputada en ese caso porque supuestamente ofreció dinero a una empresaria, Carmen Pano, a cambio de que esta mujer rectificara una declaración en la que aseguraba haber llevado 90.000 euros en bolsas de dinero a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

La entrevista a Koldo antes de entrar en prisión

Las facturas que ha entregado Leticia de la Hoz al juez Santiago Pedraz demuestran cómo un medio de comunicación afín a la derecha política española –su director Eduardo Inda llegó a pedir tanto a Alberto Núñez Feijóo (PP) como a Santiago Abascal (Vox) que se entendieran “porque el enemigo de los 48 millones de españoles es Pedro Sánchez”– pagó los gastos de defensa de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, condenado a 19 años y ocho meses de cárcel por corrupción.

De hecho, en el mismo mes de noviembre en el que se abonó la primera de las facturas, la más elevada de 150.000 euros más IVA, Okdiario publicó una entrevista exclusiva con Koldo García en la que este censuraba a Pedro Sánchez y a su Gobierno: “Escuché a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 euros para las primarias”; “se hizo pitufeo en las primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos”; “no pongo la mano en el fuego por Sánchez, Begoña, Marlaska, Chivite ni Zapatero”.

Seis meses después, en el último día del juicio del Supremo, Koldo García utilizó su turno de última palabra para denunciar que le habían hecho ofrecimientos ilegales prometiéndole que iba a salir libre del proceso por el denominado caso Mascarillas: “A mí se me ofreció que se me iba a quedar esto en nada si decía o me metía con el Gobierno. Hay dos medios de comunicación que se reunieron conmigo, y lo que estoy diciendo lo puedo demostrar, para que mienta y engañe a todos los españoles”.

Esta declaración se puede escuchar en el video del juicio:

La abogada de Koldo García pretende acreditar ahora ante la Audiencia Nacional que la defensa de su cliente la pagó un medio de comunicación, Okdiario, caracterizado por sus campañas contra el PSOE y contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Leticia de la Hoz quiere ahuyentar así todas las sospechas sobre su supuesta colaboración con el PSOE en el denominado caso Leire Díez.

El juez que investiga el caso, Santiago Pedraz, no autorizó en un primer momento que De la Hoz revelará durante su declaración como imputada el nombre de quién le pagó por la defensa del ex asesor de José Luis Ábalos. Pero este pasado miércoles firmó una providencia en la que pedía a la abogada aportar “a la causa la nota de encargo, factura o justificante de pago referidas a la defensa que ha venido ejerciendo para Koldo García Izaguirre”.

ElDiario.es ha tratado de contactar sin éxito tanto con responsables de la editora Dos Mil Palabras y del medio para recabar una respuesta a ese escrito presentado en una causa judicial que se sigue en la Audiencia Nacional.

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha reconocido a la aseguradora del Prestige –el petrolero que en noviembre de 2002 contaminó la costa con el vertido de más de 63.000 toneladas de fuel cuando transitaba a la altura de la gallega– su derecho a ser indemnizada.

Así lo recoge el fallo tras un pleito en relación a esta cuestión y las exigencias planteadas por la aseguradora London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association. En él, según informa Europa Press, se determina que podrá ser indemnizada por España, que tampoco tiene opción de cobrar los 855 millones del seguro.

Entre otras cuestiones, sostiene que “el hecho de que las partes y los árbitros emplearán la denominación 'compensación en equidad' no priva a la citada aseguradora ”del derecho al resarcimiento económico que legalmente le corresponde por incumplimiento contractual“. Lo hacen al estimar el recurso de apelación de esta parte frente a las pretensiones de España, pero también del Estado francés.

En el recurso, se planteaba cómo se aplica a un contrato que contiene una cláusula de arbitraje el principio según el cual un tercero no puede acogerse al beneficio de un contrato “sin aceptar su carga”.

En concreto, consistía en determinar si un tribunal ordinario o un tribunal arbitral ostenta la potestad de conceder dicha compensación por el incumplimeitno de lo que se ha calificado como una obligación en equidad de someterse a arbitraje. Esto después de que España no se se sometiese al mismo.

El fallo, que no establece cuantías concretas, se produce reconociendo el derecho a la citada compensación después de que se plantease una reclamación de 855 millones en los tribunales españoles y no por la vía del arbitraje, de acuerdo con la póliza existente para el barco siniestrado.

Los ministerios de Exteriores y Presidencia han entregado en plazo al Tribunal Supremo la relación agregada de los más de 160.000 españoles que se acogieron a la ley de nietos y a los que el Alto Tribunal pide sacar del censo de las próximas elecciones. Tal y como había adelantado elDiario.es, ambos departamentos trasladado esa documentación este miércoles, cuando se cumple la fecha límite fijada por los jueces. El pasado viernes, el Supremo amenazó con multas e incluso responsabilidad penal a los titulares de Justicia, Félix Bolaños, y Exteriores, José Manuel Albares, si no entregaban esa información en cinco días. 

La decisión del Supremo ha obligado a revisar los expedientes de más de 163.020 descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma. De ellos, solo podrán votar quienes logren conseguir un certificado del consulado que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. Esa criba corresponde hacerla a los consulados, que han tenido que trabajar contra reloj para localizar los expedientes y agilizar las comprobaciones necesarias. 

Durante semanas, el Ejecutivo ha señalado las “dificultades” existentes e incluso ha hablado de la “imposibilidad material” de ejecutar esa orden. Las fuentes consultadas explican que, en un primer momento, en Exteriores se barajó la idea de hacer una aplicación informática que permitiera hacer ese trabajo. Sin embargo, el adelanto electoral frustró esta posibilidad. 

Los listados que aportan ambos departamentos detallan únicamente la relación de personas que accedieron a la nacionalidad española a través de la ley que abrió la puerta a un mayor número de descendientes de quienes huyeron de la Guerra Civil o se exiliaron durante la dictadura franquista. En total, se ha facilitado la relación nominal de 163.355 españoles y españolas, según explican fuentes gubernamentales, que añaden que “buena parte de ellos, previsiblemente, verán suspendido su derecho al voto tal y como han solicitado el partido político Vox y otras asociaciones de extrema derecha”. La Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo que, al incluir datos de carácter personal, declare el listado como reservado.

La tarea de determinar cuántos de ellos figuran en el CERA, el censo de los españoles en el exterior, vigente para estas elecciones le corresponderá hacerla después a la Oficina del Censo Electoral (OCE), que depende del INE. Este organismo será el que les envíe la documentación electoral con la “advertencia expresa” de que sólo podrán votar si cuentan con el citado certificado emitido por los consulados. 

Las fuentes consultadas afirman que el número de inscritos en el CERA será más bajo que el de total de nacionalizados. Así lo evidencian las cifras analizadas por el Ministerio de Justicia, que localizó 76.600 expedientes de nacionalizados por este supuesto que tienen formato electrónico y que figuran en el registro civil informatizado porque realizaron el trámite a partir de mediados de 2024. De ellos, solo la mitad —38.188— figuran en el CERA. Fuentes de Justicia señalan que, el resto, pueden ser menores de edad, fallecidos o personas que se han trasladado a vivir a España que deberían aparecer en el censo interior. 

Además, la concesión de la nacionalidad no supone un volcado automático ni directo al censo. Obtenida esa condición, los interesados deben realizar un trámite adicional: inscribirse como residente en el Registro de Matrícula Consular. De esa inscripción es de la que deriva la incorporación al censo electoral, que solo se realiza en el caso de los mayores de edad. 

En otro informe enviado al Supremo, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano representativo adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explicó que “una parte muy considerable de quienes acceden a la nacionalidad española por esta vía lo hace por motivos vinculados a la reparación histórica, la identidad familiar o el vínculo afectivo con España, sin llegar a formalizar dicha inscripción consular”. Las fuentes consultadas sostienen que esta circunstancia puede explicar también la diferencia entre el número de nacionalizados y el de inscritos en el CERA. 

Un millar que podrán votar

Todavía será más baja la cifra de nacionalizados por la ley de nietos que podrán votar en estos comicios, dado que solo podrán hacerlo quienes cuenten con el citado certificado del consulado que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. 

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular. De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar cada expediente.

Las fuentes consultadas explican que, por el momento, Exteriores apenas ha localizado alrededor de un millar de nacionalizados que sí aportaron documentos del exilio. Y que, por tanto, sí tienen garantizado su derecho al voto el 29N. Se trata de un número muy bajo respecto a la cifra global de nacionalizados debido a la existencia de la citada instrucción. De hecho, en algunos casos, esos documentos ni siquiera se aportaban al expediente dado que se optaba por la vía más ágil, coinciden fuentes diplomáticas. 

El Tribunal Supremo ha dado por buena la declaración de impacto ambiental (DIA) del Clúster Maestrazgo, el mayor proyecto eólico tramitado en España, pese a reconocer que el Ministerio para la Transición Ecológica evaluó los 22 parques en un único procedimiento sin que el órgano ambiental acordara formalmente unirlos, como exige la ley. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo lo considera una “mera irregularidad formal no invalidante” y desestima el recurso contencioso de la Asociación Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel contra la autorización del parque El Cid I, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2024, y contra la DIA de diciembre de 2022 para el conjunto del proyecto: 22 parques y 882,85 MW en el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre.

La sentencia, de 26 de octubre y el magistrado Fernando Román García como ponente, se notificó este martes y no admite recurso. Hasta ahora, los tribunales solo se habían pronunciado sobre las medidas cautelares, siempre en contra de los opositores al proyecto. El Supremo no impone costas a la plataforma por “las serias dudas de hecho y de derecho que el caso presentaba”.

Aunque el recurso se dirigía contra El Cid I, de 36,6 MW y promovido por Energías Renovables Ormuz –sociedad vehículo de Forestalia–, su autorización incluye la subestación Iglesuela y la línea de alta tensión hasta Morella (Castellón) por la que debe evacuar todo el clúster. Y la DIA que el Supremo valida es una sola para los 22 parques. La plataforma también la recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y el Supremo llegó a suspender en septiembre la deliberación para valorar la incidencia de ese otro pleito.

La acumulación que nadie acordó

Cada parque es, legalmente, un proyecto distinto, y la ley establece que cada evaluación ambiental se refiere, como norma general, a uno solo. Para estudiar varios juntos, el órgano ambiental, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental –dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica–, debe dictar una resolución de acumulación que una los expedientes y lo justifique. En el Clúster Maestrazgo ese acto no existe, y ni la Abogacía del Estado ni la promotora lo niegan.

El tribunal resta importancia a este “defecto” porque la evaluación conjunta permite, a su juicio, “un mejor y más completo examen” de los efectos acumulativos. Y se apoya en un acuerdo de acumulación de 17 de diciembre de 2020 que sí existe, pero que dictó otro órgano, la Dirección General de Política Energética y Minas –también del Miteco–, y que agrupaba la tramitación eléctrica de los parques, no su evaluación ambiental. La sentencia reprocha además que la organización del expediente “complica extraordinariamente su estudio”.

El resto de motivos decaen. Sobre la capacidad económica del promotor, la plataforma aportó las cuentas de 2023 de Ormuz, que a su juicio reflejan una actividad de asesoramiento sin apenas ingresos. El informe de la CNMC de mayo de 2023 admitía que no contaba con “los elementos de juicio necesarios para poder verificar la capacidad económica del titular”, y la dio por acreditada con datos del grupo de 2021. Para el Supremo, ese criterio “goza de suficiente razonabilidad”.

La sala aplica además la presunción de “interés público superior” de las renovables que recogen la normativa comunitaria: el proyecto solo cedería ante “pruebas claras e inequívocas” de daños que no puedan mitigarse ni compensarse, y la plataforma, concluye, no las ha aportado. Rechaza también que la DIA omitiera una evaluación específica de la Red Natura 2000, pese a que, según la recurrente, los hábitats prioritarios ocupan casi el 47% de la superficie de El Cid I. Y descarta que un proyecto de estas dimensiones requiriera una evaluación ambiental estratégica.

Lo que la sentencia no menciona

La resolución no hace ninguna referencia a la causa penal que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel en el caso Forestalia, que afecta a la tramitación ambiental del clúster. Un informe de la UCOMA de la Guardia Civil sostiene que el exsubdirector general de Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez se asignaba casi todos los proyectos de Forestalia, entre ellos este, y que el proceso acabó en una resolución favorable contraria a la evaluación técnica original. El juez pidió en mayo al Ministerio el expediente completo.

El Clúster Maestrazgo, que Forestalia vendió al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), prevé según las últimas cifras publicadas 122 aerogeneradores, 744 MW y una inversión superior a los 1.000 millones de euros. Las obras, que la propiedad preveía iniciar en el primer trimestre de 2025, no han comenzado: la autorización de construcción quedó en suspenso por vía administrativa a raíz de los recursos de la plataforma ante el Ministerio, y el juez de Teruel aplazó sin fecha en abril la vista para decidir sobre su paralización cautelar. Los alcaldes de los nueve municipios agrupados en la asociación Viento Alto reclaman desde hace meses al Ministerio que resuelva los recursos pendientes y permita empezar a construir.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una mujer a ser indemnizada con 35.000 euros por una vasectomía fallida realizada a su marido, que provocó su embarazo no previsto por la falta de información médica sobre los riesgos de la intervención.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha estimado un recurso interpuesto por el matrimonio y reconoce que la pareja de un paciente sometido a una vasectomía también tiene legitimación para reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración sanitaria cuando la intervención fracasa y no se informó adecuadamente de ese riesgo.

La reclamación tiene su origen en una vasectomía realizada a un paciente en un centro sanitario público de la Comunidad de Madrid tras la cual “se produjo una recanalización espontánea de los conductos deferentes que provocó el fracaso del procedimiento de esterilización y un embarazo no previsto”, inica el alto tribunal en un comunicado.

Tanto la Administración como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) reconocieron que existió un déficit de información sanitaria y concedieron la indemnización al paciente por el daño moral derivado de la vulneración de su derecho al consentimiento informado, pero rechazaron la reclamación formulada por su esposa al considerar que carecía de legitimación activa.

El Supremo subraya que el derecho a la información asistencial y al consentimiento informado corresponde exclusivamente al paciente al estar vinculado a su autonomía y a su integridad física y moral. No obstante, la Sala distingue entre la titularidad de ese derecho y las consecuencias derivadas de su vulneración.

Según razona el Alto Tribunal, aunque la falta de información médica lesiona directamente el derecho del paciente, las consecuencias del fracaso de la vasectomía afectan también a su pareja. Y añade que la ausencia de información sobre el riesgo de recanalización impidió a ambos adoptar decisiones plenamente informadas en materia de planificación familiar y utilización de otros métodos anticonceptivos.

El Supremo reconoce que la mujer sufrió un daño propio, autónomo e individualizado consistente en la frustración de su capacidad de autodeterminación reproductiva y de planificación familiar.

La Sala fija como doctrina jurisprudencial que en los casos de omisión de información relevante sobre el riesgo de fracaso de una vasectomía, la pareja estable del paciente puede reclamar responsabilidad patrimonial por los perjuicios propios derivados de dicha omisión. Esa legitimación, aclara, no nace de una titularidad compartida del derecho al consentimiento informado sino de la existencia de un daño autónomo sufrido por la persona que resulta afectada por las consecuencias de la falta de información.

De esta forma, el Tribunal Supremo estima el recurso del matrimonio, anula la sentencia del TSJM y reconoce el derecho de ambos recurrentes a ser indemnizados con 35.000 euros cada uno.

Para vestir, todos un chándal negro y una camiseta roja o azul. En las habitaciones, “todo es blanco y gris”. No pueden decorar, ni siquiera colocar fotos de familiares. Uno de los centros instalados por el Estado en Gran Canaria para la acogida de menores refugiados es, según tres fuentes próximas al centro, una “infraestructura carcelaria”. Los chicos no pueden entrar nada en las instalaciones. “Si trabajan en un obrador o en una panadería y traen las sobras, tienen que tirarlas al contenedor”, cuenta una extrabajadora. Si compran ropa nueva, “tienen que venir con la etiqueta y el ticket” para demostrar que “no es robado”.

Este establecimiento, del que no se señala la ubicación exacta por la protección de los menores refugiados, forma parte de la red de recursos estatales instalados en Canarias a finales del año pasado para atender a los menores solicitantes de asilo. Esta medida responde a la orden del Tribunal Supremo de 2025, que requirió al Gobierno central que garantizara el acceso a su sistema de protección a los más de mil niños y adolescentes solicitantes de asilo que hasta ese momento permanecían acogidos en los centros de la comunidad autónoma, a pesar de tener vulnerabilidades específicas. Según los datos del Gobierno canario, 900 niños y niñas han recibido protección internacional del Ministerio del Interior (un 68%) y 610 cumplieron la mayoría de edad en el proceso.

El espacio abrió sus puertas en noviembre, está gestionado por la Fundación Cruz Blanca y son varias las quejas sobre su funcionamiento. Las medidas de control y seguridad han hecho del centro una “infraestructura carcelaria, penitenciaria y hostil”, a pesar de tratarse de menores sin medidas judiciales, explican personas conocedoras del funcionamiento del recurso que prefieren mantener el anonimato. 

Estas señalan que los jóvenes no pueden pasar ni una botella de agua, un paquete de papas, una colonia o sus botas de fútbol: “Cualquier objeto es susceptible de ser un arma. Está todo muy criminalizado, cuando ellos no tienen ninguna medida judicial. Entonces muchos sienten que están en una cárcel”, aseguran. Los menores, agregan estas fuentes, tampoco pueden hacer uso de sus pertenencias con libertad, sino que deben avisar a los trabajadores hasta para echarse perfume o ponerse unas zapatillas e ir a entrenar. Sus pertenencias son “requisadas en una sala”. “Si se quieren poner colonia, tienen que subir arriba a la oficina, echarse colonia y devolver el recipiente”, detallan las fuentes.

“No es como una cárcel, es una cárcel”, matiza uno de los usuarios, que prefiere mantener su anonimato. El joven critica los horarios de salida y entrada del centro, ya que, según su testimonio, salvo que el menor estudie o trabaje, no está permitido salir del recurso hasta las 15.00 horas y la hora máxima para regresar es a las 21.00. “Si llegas más tarde, te ponen falta. Por ejemplo, yo que he llegado más tarde un día y como, según ellos, hago ruido en la habitación, me han dicho que me dejan dos meses sin paga”, sostiene.

“Por lo menos en la cárcel algún día puedes comer bien. Aquí no hay ninguna comida buena. Después las zapatillas que te dan, algunas son buenas y otras son malas y los calcetines también; son muy cortos”, apunta la misma persona.

La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, que mantiene la tutela sobre los jóvenes solicitantes de asilo acogidos en centros estatales dentro del Archipiélago, confirma a este periódico que ha recibido algunas quejas sobre este centro. Por ello, una técnica responsable realizó una visita al recurso la semana pasada y emitió un informe en los últimos días. Tras el mismo, se elevó un requerimiento a la entidad que gestiona el recurso para que realice las mejoras pertinentes.

Desde la Dirección General afirman que se hicieron también peticiones in situ a la entidad sobre el estado de las instalaciones, y que se hará un requerimiento directo al Estado, de quien depende el centro, para que tenga en cuenta lo que recogió la técnica en la visita. 

Este periódico ha trasladado un cuestionario al Ministerio de Inclusión tanto sobre las condiciones de acogida del centro como sobre las derivaciones de menores refugiados hacia la Península. La Secretaría de Estado de Migraciones apunta que desde abril de 2025 hasta la fecha han sido trasladados a la Península desde Canarias 449 menores solicitantes de asilo. En la actualidad hay 60 menores solicitantes de protección internacional en centros del Archipiélago. Las cifras del Gobierno canario elevan el dato a 64.

El resto de cuestiones relacionadas con las condiciones del centro no han sido respondidas alegando estar fuera de su marco de competencia. Esta redacción también ha preguntado a la Fundación Cruz Blanca por las quejas sobre las condiciones del centro. La entidad ha recibido las preguntas y ha agradecido la oportunidad de ofrecer su versión y las aclaraciones correspondientes, en la línea de su interés en ofrecer “información rigurosa y transparente sobre el trabajo que se desarrolla en el centro, especialmente cuando se trata de la atención y el bienestar de las personas acogidas”. Sin embargo, esta redacción aún no ha recibido las respuestas a las preguntas.

''No es un lugar en el que vivir''

A la hostilidad del recurso, señalan las fuentes consultadas, contribuye la propia infraestructura. El centro está dividido en dos módulos para personas migrantes. Uno de ellos está destinado a mujeres mayores de edad y familias y el otro, a menores solicitantes de asilo. Situado en uno de los barrios altos de Las Palmas de Gran Canaria, está enclavado en la parte baja de un barranco y rodeado de cuestas y caminos de tierra. 

Los módulos son contenedores en los que “cuando hace mucho calor se calienta como una sauna y cuando hace mucho frío se congela”, cuentan fuentes próximas al centro. Según su relato, se realizó una solicitud para la colocación de ventiladores en las habitaciones de los menores durante las semanas de más calor en Gran Canaria, pero fue rechazada. 

Necesitan un entorno de seguridad, ya que ellos viven en una situación de indefensión aprehendida. Pierden la confianza y la esperanza

Los dormitorios están compuestos por “dos literas de tres niveles, donde quien duerme en el piso de abajo lo hace prácticamente en el suelo” y el de la cama más alta debe subir por unas escaleras en las que “ha habido niños que se han caído y se han hecho daño”. Su estructura pone dificultades hasta para sentarse: “Está hecha para que no te puedas sentar ahí. O te tumbas o te vas fuera, o te sientas en el suelo”, matiza una de las fuentes. 

Además, de las dos literas, las habitaciones están compuestas por una taquilla “sin perchas” y un estante para cada menor, no “hay sillas, ni escritorio, ni enchufes” suficientes para todos, las sábanas y mantas “están llenas de bolitas y las toallas son todas diferentes, como si fueran donadas” y no pueden decorar las paredes con objetos personales “como la foto de su madre”. Las mismas fuentes matizan que aunque los menores terminan colocando algún elemento decorativo y los responsables hacen la vista gorda, esa es la norma.

Sobre la ducha, personas cercanas al recurso revelan que “el personal de limpieza es el encargado de abrir la llave para calentar el agua y en ocasiones se le olvida” y sobre los espacios comunes, estas fuentes agregan que hay varias salas de estudio con “mesas que las tocan y se caen” y una sala con la televisión sin sillones, sino con “sillas incómodas”. “Está hecho como para que no estés ahí. Todo es plástico y metal. No es un lugar en el que vivir para nada. Es una acogida superindigna”, rematan.

Las fuentes también denuncian supuestos problemas con la alimentación en el recurso. “Los menores han bajado de peso”, aseguran, y añaden que desde el centro se han empezado a realizar revisiones médicas para conocer el estado de los usuarios. Según sus testimonios, se ofrece “mucho frito y rebozado, arroz con pollo donde el pollo te lo imaginas”, “fruta ya pasada” y todo en recipientes y con cubiertos de plástico. 

Al mismo tiempo, indican que en los primeros momentos de la apertura del centro, si un menor llegaba fuera del horario del almuerzo o la cena, “le tiraban la comida en la cara” y critican las escasas raciones para adolescentes que trabajan recogiendo papas o en las plataneras o que están estudiando ciclos formativos. Estos testimonios coinciden con el de Cristina Piñeyro, psicóloga que trabajó en el centro entre noviembre de 2025 y marzo de este año. La extrabajadora cuenta que ''una vez tres chicos llegaron tarde porque estaban entrenando y se les tiró la comida porque ''hay un horario''.

Otra de las carencias del recurso, apuntan las fuentes, se relaciona con el servicio de seguridad. Una de las personas entrevistadas expone que en una ocasión ''un segurita estaba inmovilizando a un niño'' porque supuestamente el menor había tocado fuerte la puerta. “Y luego siguieron con amenazas y le decían ”yo a las cinco y media salgo“, como invitando a la pelea”, aporta esta misma fuente. 

Estas mismas personas señalan que algunos miembros de seguridad “los tienen un montón de tiempo, como media hora, esperando en la puerta de entrada hasta que llaman a los trabajadores y los van a buscar. Entonces, en vez de llegar a las 21.30, llegan a las 22.00 y les quitan más dinero de la paga”, apuntan. Tanto el servicio de catering como el de seguridad están externalizados y los llevan empresas privadas.

En este sentido, las mismas fuentes especifican que los servicios dependientes de Cruz Blanca funcionan correctamente y que son los externalizados los que presentan dificultades.

''Vete a tu país''

El establecimiento está situado en la periferia de la capital, y es necesario coger dos guaguas para llegar a él en transporte público. En 2021, funcionó como campamento de acogida para migrantes adultos, y algunos de los vecinos del barrio protagonizaron varios episodios racistas contra su acogida en las instalaciones que ellos reivindican para el barrio. “Aquí no queremos negros”, llegó a manifestar una de sus vecinas. 

Según ha podido saber este periódico, en el exterior del recurso también se han producido episodios de violencia verbal contra los menores: “Un vecino se puso a insultar a un muchacho y acabaron peleando. Le decía ”negro de mierda, vete a tu país, qué haces aquí“, y el chiquillo lo que empezó a hacer fue pasar de él, pero le seguían increpando”, cuentan. 

Cualquier objeto es susceptible de ser un arma. Está todo muy criminalizado, cuando ellos no tienen ninguna medida judicial. Entonces muchos sienten que están en una cárcel

Estas condiciones han favorecido que los menores se encuentren “en un estado depresivo”, que estén siempre en sus habitaciones usando el móvil o durmiendo y que no muestren predisposición para participar en las diferentes actividades que organiza el centro. Cuando la psicóloga Cristina Piñeyro trabajaba en el centro había más de 70 menores y la mayoría eran nacionales de Mali. Según la profesional, estaban “viendo los días pasar”, ya que no se les preparaba para la vida adulta ni se les enseñaba cómo buscar empleo o vivienda. “Cuando cumples los 18 y no tienes asilo, tienes 15 días para irte del centro, y no hay pisos de emancipación para todos, tienes que buscarte la vida”, detalla. 

Entre los jóvenes había “mucho enfado y frustración” que se suma a su “trauma migratorio”. “Necesitan un entorno de seguridad, ya que ellos viven en una situación de indefensión aprehendida. Pierden la confianza y la esperanza”, explica. En ese momento, critica, ni siquiera tenían intimidad para las consultas de psicología. “No teníamos oficinas, estábamos en un despacho compartido”, apunta.

Una de las fuentes reconoce que ha habido épocas en las que los menores se mostraban más enfadados, pero que ahora “están más tranquilos, pero más tristes”. Estas personas coinciden en que si la alimentación, la seguridad y la infraestructura mejoraran, los niños “se sentirían muchísimo mejor”. Piñeyro, que invita a todos los jóvenes migrantes que lo necesiten a contactar con ella, recuerda que muchos de los menores que vivían en el recurso ya tenían un hogar, ya que algunos llevaban hasta cuatro años en Canarias. “Luego están a los que se les rechaza el asilo, es como si nunca pudieran descansar o estar tranquilos”, insiste.

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez recorre España estos días recogiendo firmas. El agitador de extrema derecha busca así los avales para presentarse a las próximas elecciones generales como cabeza de lista de Se Acabó La Fiesta, la formación ultra con la que se lanzó a la política y con la que aspira a entrar en el Congreso de los Diputados después de fracasar en Andalucía, Aragón y Castilla y León. El político concurrirá a los comicios estando imputado en seis causas distintas en el Tribunal Supremo pero sin temor a ser juzgado y potencialmente condenado antes del 29 de noviembre. Entre otras cosas, Alvise está acusado de financiar ilegalmente su partido con 100.000 euros en efectivo para las elecciones europeas de 2023.

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez a principios de octubre cambió las perspectivas del líder de SALF, que está solo en el Parlamento Europeo después de ser abandonado por sus dos ya exeurodiputados entre acusaciones de acoso y hostigamiento. El calendario electoral ubicaba la cita con las urnas más cerca del segundo semestre de 2027 y eso abría la puerta a que Alvise ya hubiera sido juzgado y sentenciado por alguna causa de la media docena por la que está investigado en el Tribunal Supremo. Una hipotética condena podría haber llegado a dar al traste con su candidatura.

La nueva convocatoria electoral para dentro de mes y medio hace imposible que esto suceda. Todas esas diligencias siguen en fase de instrucción y en ninguna, al menos por el momento, se ha dictado siquiera auto de pase a procedimiento abreviado, un paso previo indispensable para que el agitador ultra pueda sentarse en el banquillo. Los plazos habituales de la Sala de lo Penal, incluso teniendo en cuenta los escasos juicios que celebra, despejan ese peligro para el líder de Se Acabó La Fiesta, que afrontará las elecciones sin miedo a unos juicios que se celebrarán, en todo caso, con las Cortes ya constituidas.

La causa principal que se sigue contra él en la Sala Segunda del Supremo es la relativa a la financiación de su partido político en los primeros días de su existencia. Tal y como reveló elDiario.es, el empresario Álvaro Romillo, conocido en el mundo de las criptomonedas como 'Cryptospain', entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise pocos días antes de que empezara su campaña para las elecciones europeas de 2023 en las que finalmente consiguió tres escaños y más de 800.000 votos. Romillo, en prisión provisional desde hace casi un año por una presunta estafa masiva a los usuarios de su plataforma de inversiones, reconoció haber entregado el dinero al político para financiar el partido, tal y como se desprende de las conversaciones que ambos habían mantenido en meses anteriores.

Alvise, por tanto, concurrirá a sus primeras elecciones generales imputado por financiación ilegal. En su comparecencia ante el juez Julián Sánchez Melgar afirmó que no usó el dinero para la campaña, sino para afrontar, por ejemplo, el agujero económico que suponía su compromiso electoral de sortear mensualmente su sueldo de eurodiputado, algo que dejó de hacer poco después de los primeros sorteos. La Policía Nacional, sin embargo, concluyó que el dinero fue destinado a financiar la plataforma política y el instructor, recientemente, ha ordenado el rastreo de sus criptomonedas. El posible juicio, por tanto, no está cerca.

Seis causas abiertas contra Alvise

El nombre de Luis 'Alvise' Pérez se ha convertido en uno de los más habituales para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en los últimos dos años. Numerosas denuncias, querellas y exposiciones razonadas llegan de forma casi mensual a la mesa de los jueces que recientemente, por ejemplo, han rechazado las acusaciones de una exalcaldesa de una localidad de Sevilla contra él por revelación de secretos en su canal de Telegram. Este canal, principal vía de difusión de Alvise y con más de 600.000 seguidores –ha perdido más de 100.000 en el último año– es la principal causa de los problemas judiciales para el eurodiputado.

La causa más añeja que pesa sobre él tiene que ver con su primera etapa como agitador en Twitter. Un juzgado de Barcelona primero y, ahora, el Tribunal Supremo han investigado durante años al político por la difusión de uno de los grandes bulos políticos de la pandemia: una falsa prueba PCR de Salvador Illa, entonces candidato a la Generalitat. La causa está en el aire después de que, tal y como explicó elDiario.es, la Policía haya examinado la información enviada desde Twitter en Estados Unidos y haya concluido que no se puede identificar al difusor original del bulo. Una cuenta que se definía como “Asturiano y español. Antirojo y antiindepe. AntiPodemos. Antimachista y antifeminazi” publicó el documento falso “minutos” antes que Alvise.

El grueso de las causas penales abiertas contra Alvise, en paralelo a las condenas que se le han impuesto por la vía civil, tienen que ver con su actividad en redes sociales y el hostigamiento al que somete a sus rivales a través de su canal de Telegram y sus miles de seguidores. Sigue imputado por, supuestamente, promover el acoso contra la fiscal Susana Gisbert, sus propios eurodiputados Nora Junco y Diego Solier, el alcalde de Algeciras y, más recientemente, por promover disturbios durante las tractoradas de 2024. No está previsto que ninguna de estas causas, en caso de continuar por los trámites del procedimiento abreviado, lleguen a juicio próximamente.

Alvise llegará a las elecciones con media docena de imputaciones en su historial pero también con varias condenas por la vía civil, que no afectan a su capacidad de encabezar la lista de SALF pero sí a su bolsillo. Algunas de ellas, como las indemnizaciones que debe pagar a Ana Pastor o José Luis Ábalos, ya han sido confirmadas por la Sala Primera del Tribunal Supremo, y otras han llegado más recientemente, por ejemplo los 10.000 euros que debe pagar a un mando policial de Canarias por vulnerar su imagen y su honor.

El Tribunal Supremo da cinco días a los ministerios de Exteriores y Presidencia para que envíen la lista de los 163.020 españoles que se acogieron a la ley de nietos a los que pide sacar del censo para las próximas elecciones, cuenten o no con documentos que acrediten el exilio de sus antepasados.  

Los mismos jueces que mantienen paralizado desde hace semanas el voto de estas personas exigen esta información a ambos departamentos del Gobierno bajo advertencia de “una multa coercitiva” o incluso “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

Los autos conocidos este viernes cuentan con el voto particular de la misma magistrada que se viene oponiendo a las decisiones del Alto Tribunal sobre el voto de los descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma.

Los jueces especifican que tanto el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tienen cinco días para cumplir este mandato. Si no lo hacen, advierten, se exponen a “la imposición de multa coercitiva por importe de 1.000 euros” sin cerrar la puerta a “otras responsabilidades patrimoniales”. Las resoluciones mencionan incluso la posibilidad de “deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

91 'nietos' que pueden votar

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular. De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar si cuenta con un certificado del consulado. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar cada expediente. 

Hacer ese filtrado supone revisar miles de concesiones de nacionalidad. El auto revela que, a fecha 21 de octubre, la Administración únicamente ha revisado 31.390 de los 163.020 expedientes y que los cónsules han emitido solo 91 certificados. El tribunal considera “incomprensible” que la Administración General del Estado no haya facilitado aún la lista nominal de los 163.020 electores afectados, a pesar de que fue la Abogacía del Estado la que aportó esa “cifra exacta”.

Los jueces cargan duramente contra el Gobierno, al que hacen responsable de que estas personas puedan quedarse sin votar el próximo 29-N. “No se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores, máxime cuando hay un proceso electoral convocado y, por aplicación de las medidas cautelares de suspensión impuestas, estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración”, recoge uno de los autos.

Envío de papeletas

Por otro lado, el Alto Tribunal da instrucciones precisas a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral sobre cómo ejecutar sus medidas cautelares en la votación del 29-N. Así, da el visto bueno a la decisión de la JEC de remitir la documentación electoral a los 2,7 millones de electores inscritos en el censo exterior. Pero exige que ese envío recoja la “advertencia expresa” para los nacionalizados por la ley de nietos de que sólo podrán votar si cuentan con el citado certificado emitido por los consulados. 

Así, impone a la Oficina del Censo Electoral que cuando reciba la relación de los 163.020 españoles que se acogieron a la ley de nietos excluya del listado del CERA vigente para el 29-N a quienes no cuenten con el certificado. Ese listado también debe enviarse a los consulados. En el caso de que una persona no aparezca inscrita en dicho listado, los responsables consulares recibirán su voto pero no lo introducirán en la urna, sino que lo mantendrán aparte para enviarlo a la Junta Electoral Provincial competente, junto con el resto de la documentación electoral pero “debidamente diferenciada”. 

Para el escrutinio del voto de los electores inscritos en el CERA, las Juntas Electorales Provinciales deberán utilizar el listado que la Oficina del Censo Electoral les haya facilitado antes de esa fecha. “Únicamente introducirán en la urna los sobres de los electores que estén incluidos en dicho listado, debiendo guardar aparte, junto con el resto de su documentación electoral, los de quienes no lo estén, haciéndolo constar además en el acta de la sesión”, dicen los magistrados.

El despacho del exjuez Baltasar Garzón, que representa a tres afectados por la suspensión del voto a miles de nacionalizados por la ley de nietos, busca ahora la vía para que el asunto regrese al Tribunal Constitucional tras su primera negativa a intervenir. El despacho ha presentado un incidente excepcional de nulidad de actuaciones en el que denuncia que se han vulnerado derechos fundamentales, según explica en una nota de prensa. 

La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Constitucional. El despacho defiende que las cautelares del Supremo “no se pueden revocar una vez adoptadas” y confirmadas. En consecuencia, sólo cabe solicitar su nulidad para, después, poder acudir de nuevo al tribunal de garantías. 

En el incidente de nulidad invoca la protección judicial del derecho fundamental de participación política. Argumenta el despacho que “la suspensión del derecho de sufragio activo (voto) está excluido de nuestro ordenamiento jurídico desde el año 1995, cuando tan sólo podía imponerse de forma individualizada y justificada, nunca en masa, por sentencia penal firme”. 

Además de este derecho fundamental lesionado, se invocan otros tres. Se trata del principio de igualdad ante la ley y a no sufrir ningún tipo de discriminación, debido a que se ha suspendido el derecho a voto de extranjeros inscritos en el CERA, el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior, que adquirieron la nacionalidad por la condición de exiliados con motivo de la guerra Civil y el Franquismo, pero no de aquellos que la han adquirido por idéntica vía, pero viven en España.

Además, defienden que la decisión del Supremo vulnera también el derecho a la tutela judicial efectiva. Por un lado, debido a la indefensión padecida por los afectados, que solo fueron llamados a participar en el proceso cuando la resolución de las medidas cautelares fue firme. Y, por otro, debido a “la arbitrariedad de la decisión de adopción de las medidas, al tratarse la suspensión del sufragio activo de una medida contraria a la legalidad constitucional, no guardar relaciones con la cuestión del procedimiento principal y estar fuera de la competencia del Supremo”.

El pleno del Constitucional decidió esta semana, por diez votos contra dos, inadmitir la petición del Defensor del Pueblo para reactivar de forma urgente el voto de más de 160.000 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos. Los magistrados defendieron que el organismo presidido por Ángel Gabilondo pretendía intervenir de forma prematura en el proceso cuando todavía se está tramitando el caso ante el Supremo y no entraron a examinar el fondo del asunto.

Una bofetada que deja marca física sí es delito, pero no lo es si no deja lesión. Es lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo en una sentencia en la que absuelve a un padre por la cachetada que le dio a una de sus dos hijas por vomitar en el coche cuando volvían de vacaciones. El fallo, emitido por la Sala de lo Penal a principios de este mes, se acoge al “derecho de corrección” paterno para estimar parcialmente el recurso del hombre, que antes había sido ya condenado por violencia de género. El Supremo mantiene que sí cometió un delito por otra de las bofetadas que le dio a su hija en otro momento porque esta vez sí le provocó una herida.

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2021, cuando, regresando de un viaje junto a su padre y su hermana, una de las niñas, de 11 años, sufrió un mareo que provocó que vomitara dentro del vehículo. El hombre se enfadó, “regañó” a la menor de edad, la insultó llamándola “inútil” y la “amenazó” con dejarla en la carretera para, finalmente, darle una bofetada en la cara “sin causarle lesión acreditada”, según constan en los hechos probados de la sentencia.

Dos meses más tarde se produjo otro episodio: esta vez ocurrió en casa, donde el condenado exigió a su hija que se pusiera un pantalón para comer porque estaba en ropa interior. La niña se negó y tras seguirla hasta la habitación, el padre le propinó otra bofetada provocándole una contusión y una herida en el labio para las que necesitó asistencia sanitaria.

La madre de las dos niñas y exmujer del hombre lo denunció por lo ocurrido y el Juzgado de lo Penal Nº 6 de Alcobendas (Madrid) lo condenó por dos delitos de maltrato en el ámbito familiar. Le impuso una pena de 20 meses de cárcel y la prohibición de acercarse a su hija durante más de un año. El fallo fue confirmado íntegramente por la Audiencia Provincial, pero tras recurrir ante el Supremo, este acuerda ahora darle en parte la razón con la oposición de la Fiscalía, que pedía que se inadmitiera el recurso.

Aunque la sentencia resultante no detalla más al respecto, sí apunta a que el hombre ya fue condenado en octubre de 2020 por violencia de género tras cometer un delito de lesiones contra su exmujer. Por estos hechos se le impusieron seis meses de prisión.

La corrección tiene “plena vigencia”

El tribunal mantiene la condena por el golpe que le dio a su hija en casa, pero le absuelve por el del coche. Para ello se acoge al llamado “derecho de corrección” de los padres, que define como “una potestad educativa de dirección y contención, inherente a la función parental” cuyos límites sitúa en el interés superior del menor, su dignidad y la prohibición de acciones que sean “lesivas” para su integridad física o psíquica.

La sentencia recuerda que en 2007 el derecho de corrección fue eliminado del Código Civil, que contenía una referencia explícita a que los padres “podrán corregir razonable y moderadamente a los hijos”. Pero asegura que la jurisprudencia “ha seguido sosteniendo” que “subsiste como facultad inherente a la patria potestad” y como “posibilidad inseparable a la función de velar, educar y procurar la formación integral de los hijos”. Según el fallo, no es necesario que esté reconocido expresamente en la ley porque es “un derecho autónomo” que sigue teniendo “plena vigencia”.

El tribunal se apoya en una sentencia de 2022 que condenó a un padre por propinar un fuerte azote a su hija de cuatro años, dejándole marcas en las nalgas. El fallo dictaminó que el derecho de corrección no justifica la violencia, pero también advirtió de que “si consideramos suprimido el derecho de corrección, determinadas actuaciones de los padres como dar un leve cachete o castigar a los hijos sin salir un fin de semana podrían integrar tipos penales como el maltrato o la detención ilegal”.

Por eso, para el Supremo, la violencia que deja marcas físicas o heridas que requieran de una “primera asistencia” médica no está amparada por el derecho de corrección, pero el resto deben “ser analizadas según las circunstancias de cada caso”. Esto le lleva a admitir que la bofetada que el hombre le dio a su hija por vomitar en el coche no es suficiente para ser considerada un delito por no haber “ocasionado lesiones”.

Isabel Saiz Sánchez, abogada del hombre, celebra la absolución “puesto que no es justificar un comportamiento inadecuado en el ámbito familiar, sino recordar que no todo conflicto familiar o riña doméstica de intensidad leve debe resolverse en los tribunales”. La letrada y su compañero de despacho, Pablo González Asensio, defienden que “si no hay ánimo de lesionar y lesión objetivada, no puede haber condena penal” y aseguran que el derecho de corrección “ha de permanecer siempre y cuando no haya otro medio de persuadir, de conseguir el fin último de formar ciudadanos”.

Desde la Plataforma de Infancia valoran la confirmación que hace el Supremo de la condena por la cachetada que sí le causó una herida a la niña, pero muestran “preocupación” por la idea de que la ausencia de lesiones físicas “determine por sí sola” el delito, explica Almudena Escorial, responsable de incidencia de la organización. A su juicio, la suma de insultos, amenazas y la bofetada en el coche “pueden constituir formas de vulneración de la integridad física y psicológica”.

“La protección de la infancia exige superar concepciones que distinguen entre agresiones aceptables e inaceptables en función exclusivamente de la existencia de lesiones físicas. El daño emocional, la humillación, el miedo o la degradación son también formas de afectación de su bienestar”, añade la experta, que apunta a que la interpretación del Supremo “puede contribuir a mantener la percepción social de que determinadas formas de violencia física siguen siendo instrumentos legítimos de crianza” en contra de la “evolución normativa” de los últimos años.

Escorial recuerda que el derecho de corrección se eliminó del Código Civil después de que en 1994 y 2002 el Comité de los Derechos del Niño llamara la atención a España. Que el Tribunal Supremo asegure ahora que una bofetada está dentro de ese derecho como potestad “inherente a la función” de los padres es, a juicio de la experta, “un enorme retroceso en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia”.

La Justicia ha vuelto a condenar a la dirección de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, la antigua CRTVG) por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical. En esta ocasión ha sido el Tribunal Supremo, quien estimó en parte el recurso de la Central Unitaria de Traballadoras (CUT, mayoritaria en los medios públicos gallegos) contra la decisión de dejar a la representación laboral fuera de la elaboración de los tribunales de las pruebas de selección para las listas de contratación. La presidenta del comité intercentros, Raquel Lema, asegura a elDiario.es que la sentencia les da la “certeza” de que la empresa tenía un “único objetivo” cuando los dejó fuera del proceso: “Controlarlo para meter a la gente que ellos quieren”. La CSAG, por su parte, asegura que desde hace “más de un año” la composición de los tribunales ya se negocia con la parte social.

La resolución del Supremo anula en parte la tomada en abril de 2025 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que desestimó entonces la demanda de la CUT, a la que se sumaron el resto de sindicatos del comité intercentros. En consecuencia, anula “radicalmente” todas las actuaciones de la Corporación relacionadas con las tres convocatorias de personal impugnadas.

Se trata, según la nota hecha pública por la CUT, de las tres primeras pruebas para la ampliación de los listados de contratación temporal convocados por la CSAG en la primavera del año pasado, una vez finalizado el proceso de estabilización de empleo que permitió consolidar 255 puestos con personal fijo. Los listados creados a posteriori “resultaron ser insuficientes tras la decisión empresarial de limitar el número de integrantes y la dirección procedió rauda a convocar pruebas para amplarlas”.

Sin embargo, a la hora de formar los tribunales encargados de evaluar estas primeras pruebas –en las categorías de redactor, ténico de radio y maquilladora– el director de Recursos Humanos no contó con la “preceptiva” negociación con los sindicatos que, según recuerdan, establece el convenio colectivo. “De facto, nombró unilateralmente a sus miembros, mayoritariamente, personal directivo de confianza, haciendo caso omiso de las advertencias y los incidentes de recusación internos presentados por el sindicato”.

El Supremo no entró a valorar si se ajusta a derecho que el personal directivo “nombrado por libre designación de la Dirección Xeral” y, según la denuncia, “susceptible de ser parcial o sumiso”, forme parte de los tribunales de selección de la Corporación, pero “sí considera vulneradora del derecho fundamental a la libertad sindical su designación unilateral por parte del responsable de recursos humanos, también alto directivo”.

La sentencia “declara la nulidad de todos los actos” y ordena reponer las actuaciones al momento anterior a que se produjese esta lesión. Además, condena a la CSAG a abordar una indemnización resarcitoria a la CUT de 7.501 euros por negarle su participación en la negociación colectiva.

La presidenta del comité intercentros ve claro que, como consecuencia del fallo, las tres primeras pruebas de ampliación de las listas en las tres categorias “son nulas y entendemos que los contratos que se les hicieron a esas personas tendrán que decaer”. La CSAG, por su parte, asegura que respeta y acta la sentencia del Supremo y que la ejecutará “en sus debidos términos”. Según ha podido saber elDiario.es, entre las personas que resultarían afectadas existen varios cargos de responsabilidad tanto en los informativos de la TVG como de la Radio Galega.

“Desde hace más de un año, la composición de los tribunales de los procesos de ampliacion de las listas de contratación temporal se negocia con la parte social antes de elevarla a la Direccion de Xestión das Persoas”, respondió un portavoz de la Corporación a través de correo electrónico. “Este procedimiento ya se ajusta al criterio que recoge a sentencia del Tribunal Supremo, por lo que los procesos que se están desarrollando en la actualidad no necesian ninguna modificación”.

Es la segunda vez en tres meses que la CSAG es condenada por vulnerar la libertad sindical. En julio fue el TSXG quien falló que se había saltado la negociación colectiva al imponer un protocolo de conciliación que también tumbó. Para Lema, esto provoca el riesgo de llegar a “acostumbrarse” a “hablar con normalidad de vulneración de derechos fundamentales” en el seno de la Corporación. “Es necesario recordar que son palabras mayores, y que el Supremo condena a una empresa pública por algo así es muy grave. Alguien debería tomar nota y hacer las cosas como se deben hacer”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, Isabel Durántez, ha rechazado una querella interpuesta por Vox contra Sofía Puente, firmante de la instrucción sobre la ley de nietos que cuestiona el Tribunal Supremo. Esta resolución contrasta con la acordada por otro juzgado de la capital, el 35, cuya titular, Inmaculada Lova Ruiz, admitió a trámite el pasado lunes otra querella similar formulada por la asociación ultracatólica HazteOír. 

En su auto, la magistrada Durántez concluye en primer lugar que en relación con el delito de prevaricación atribuido a Puente concurre la excepción de cosa juzgada. Explica que hace dos años, otro juzgado de Madrid examinó una querella similar a las de Vox y HazteOír presentada por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, un colectivo fundado en 2007 contra la primera ley de memoria. Y determinó que no había delito. Esa decisión fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid en 2025. Ese precedente ya hace imposible volver a abrir una causa por los mismos hechos.

La querella de Vox también atribuía a Puente el delito de usurpación de atribuciones. La magistrada afirma que es “indiscutible” que el dictado de instrucciones está dentro de sus atribuciones y competencias, con lo que no se le puede atribuir tampoco ese segundo delito.

Asimismo, Vox solicitaba la imputación de esos dos delitos a María Ester Pérez Jerez, actual directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Sobre esta alto cargo, la jueza Durántez reitera que para que haya delito de prevaricación la ilegalidad debe ser “patente, flagrante y grosera”, algo que no se aprecia en este caso.

Lluís Puig regresó este miércoles, y Toni Comín ha vuelto a España este jueves. El exconseller de Salud ha escogido una vía de retorno más práctica que simbólica: tras nueve años en Bélgica, su vuelta ha consistido en acudir a la Junta Electoral Central (JEC), con sede en Madrid, para acatar la Constitución y poder recoger así su acta como eurodiputado electo de Junts.

Comín no había podido tomar posesión de su cargo porque, pese a haber sido escogido en las urnas en 2024, la JEC le exigía que acudiera personalmente a Madrid para prometer la Constitución. Pero el eurodiputado no podía hacerlo, porque hasta la semana pasada el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no le retiró la orden de detención en España, vigente desde 2017.

El eurodiputado ha empleado el catalán para cumplimentar el trámite y ha remarcado que acataba la Carta Magna “por el mandato del 1 de octubre y por imperativo legal”.

Una vez completado el trámite con la JEC, Comín prevé volver a Francia y regresar a Catalunya, a pie por la frontera, este domingo, en un acto en el que le acompañarán familiares y allegados.

En declaraciones este jueves a RAC-1, Comín ha explicado que cruzó la frontera este miércoles en coche. “Fue impresionante. Tuve la sensación física de haber ganado”, ha manifestado. “Cuando conducía por la autopista pensé que era precisamente el momento que había impedido el Estado durante nueve años. Han fracasado en el intento de que pudiera entrar en plena libertad”, ha aseverado.

Desde Bruselas, este martes el exconseller avanzó sus planes para volver a España y comparecer a la citación que le había enviado la JEC para prometer la Constitución. “Pero voy a dejar muy clara una idea: ir a Madrid no es regresar del exilio. Volver del exilio es volver a casa... a Catalunya, y eso será el día 25”, matizó, al tiempo que reiteró que la visita a la capital de España se limitaría a “hacer un trámite necesario”.

El exconseller tiene abierto un proceso interno en el Parlamento Europeo a raíz de una denuncia de acoso sexual contra él por parte de un exasesor suyo en la Eurocámara, que Comín siempre ha calificado de “falsedad absoluta”.

Con la vuelta de Comín y Puig a España, Carles Puigdemont es el único de los dirigentes que permanecían en Bélgica desde 2017 que no ha regresado. A la espera de que el Tribunal Supremo le aplique de forma definitiva la amnistía, Puigdemont ya puede volver sin riesgo a ser detenido porque sobre él ya no pesa una orden de arresto, pero el expresident quiere alejar todo lo posible su retorno de la precampaña y no prevé emprender la vuelta a casa hasta pasadas las generales del 29 de noviembre.

La última legislatura del Gobierno ahora cesante ha puesto de manifiesto que las fórmulas para el ejercicio de un poder judicial independiente tenían grietas.

Corrupción y judicialización política, y un funcionamiento anómalo en determinados tribunales de justicia que han lastrado la confianza de una buena parte de la ciudadanía por su incapacidad para resolver a la par controversias en los altos tribunales, recelos que hoy mismo se manifiestan entre el Tribunal Supremo y el Constitucional para la aplicación pacífica de sus resoluciones y doctrinas.

Aún más desalentadora para el acceso a la justicia del común de los justiciables supone una burocrática lentitud que ya es, de hecho, injusta. Demasiados desencuentros. Casos que se eternizan y comportamientos impropios ante asuntos que, sin embargo, ocupan la actualidad mediática sin final previsible o cierto y, lo que es peor, no ofrecen garantías adecuadas que aseguren las separaciones de los distintos poderes, pues resulta un modo de estrategia de la tensión con claro perjuicio para la democracia.

Demasiados derechos se hacen viejos en nuestra Constitución sin que puedan ser ocupados, auditados, y acrediten caminar en el sentido exigido por ella. Vivienda, salud, educación y empleo, en particular el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, esperan a ser respetados derechos. Y para eso es preciso un poder judicial independiente. Y sobre todo, imparcial y respetuoso con la Constitución y los derechos fundamentales que la sustentan.

En el II Congreso de Gentes del derecho celebrado en Valencia en enero de 1990 bajo el enunciado de Soluciones a la justicia, Tomás Iglesias, entonces presidente de la Asociación Derecho y Democracia fue responsable de la presentación de la ponencia La función social del jurista progresista. Colaboraron en ella otras compañeras de la abogacía y expertos.

La reflexión crítica de Iglesias sobre el papel social de las profesiones jurídicas, sobre su actitud y su práctica individual y colectiva como factores que sirvan a los intereses de los ciudadanos y del Estado social y democrático de derecho se concretaría posteriormente en el Manifiesto de los Juristas Progresistas, que firmó entonces la recién creada Federación de Juristas Progresistas.

Lo sintetizó en tres aspectos que serían el hilo conductor del pensamiento democrático en relación con las cuestiones de legalidad y la administración de justicia: el desarrollo progresista de la Constitución y el cumplimiento de la legalidad; la importancia de la función jurisdiccional y la independencia del poder judicial (el reparto de poderes); y el garantismo de los derechos de los individuos. Dijo Tomás Iglesias que la dignidad de la persona y sus derechos inviolables son, tal como establece la Constitución, el fundamento del orden político.

¿Por qué entonces, treinta años después, vuelven las asociaciones que compusieron aquella Federación de juristas progresista? Porque sigue siendo necesaria nuestra Constitución, su defensa y su progreso. Democracia y legalidad deben garantizar sus valores superiores, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y porque sabemos que los derechos conquistados hay que ejercerlos.

El V Congreso de Gentes del Derecho se celebrará este viernes 23 de octubre de 2026 en Barcelona.

El portazo del Tribunal Constitucional a intervenir en el debate sobre el voto de los nacionalizados con la ley de nietos ha devuelto el foco al Tribunal Supremo. Los mismos jueces que hace varias semanas dejaron en el aire el derecho de sufragio de 160.000 personas para las elecciones generales se reúnen de nuevo para estudiar los mecanismos con los que los consulados y la Junta Electoral Central trabajan para cumplir con sus medidas cautelares. Mientras tanto, los afectados tienen de plazo hasta este viernes para presentar sus propias alegaciones ante la duda de si podrán o no votar el próximo 29 de noviembre. 

El pleno del Constitucional llegó dividido a la votación de este miércoles. Una minoría de dos magistrados del sector progresista defendió que el tribunal tenía que, por lo menos, entrar a examinar las alegaciones del Defensor del Pueblo. Los argumentos de Ramón Sáez y el exministro Juan Carlos Campo quedarán reflejados en un voto particular, pero al final del pleno se impuso la mayoría: el recurso del organismo dirigido por Ángel Gabilondo es “prematuro” y ni siquiera debe ser admitido a trámite. 

La negativa del tribunal de garantías devuelve la pelota al tejado del Supremo. Este mismo jueves la sección de lo Contencioso-Administrativo que impuso las medidas cautelares tiene prevista una nueva reunión para analizar cómo los consulados y la Junta Electoral Central están dando curso a sus indicaciones. Y, en concreto, sobre cómo van a garantizar que el próximo 29 de noviembre solo voten quienes cuenten con un certificado de la autoridad consular que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad.

Distintas fuentes tanto del Tribunal Supremo como de la Junta Electoral explican desde hace días que las medidas cautelares impuestas y confirmadas por la Sala Tercera son de muy difícil cumplimiento, tanto por la falta de tiempo como por la dificultad de examinar todos esos expedientes, más de la mitad sin digitalizar, según los datos que maneja el Gobierno. Una de las últimas decisiones de la Junta Electoral Central fue dar la orden de remitir la documentación electoral a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA, el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior, junto con la advertencia de que algunos de esos sufragios podrían no ser válidos. 

De acuerdo a los plazos marcados por la ley electoral, ese envío debe hacerse entre el 24 y el 30 de octubre. La razón técnica de este envío masivo es que las oficinas provinciales del censo no tienen capacidad informática en sus bases de datos para distinguir qué elector accedió a la nacionalidad por la vía tradicional y quién lo hizo mediante la presunción de exilio de la instrucción de 2022 que cuestiona el Supremo. Con esta decisión, los consulados tienen más tiempo para localizar y certificar los miles de expedientes que el Alto Tribunal ha puesto bajo sospecha. 

Fuentes diplomáticas consultadas por elDiario.es explican que las embajadas y consulados no funcionan como mesas electorales ni realizan el escrutinio. Únicamente reciben la documentación con los datos del elector, registran quién ha entregado el voto y remiten las sacas con los votos por valija diplomática a España. Por tanto, el veto a los electores afectados por las cautelares del Supremo debería llegar con cierto margen de tiempo para realizar la criba antes del envío a España. 

Según datos de Exteriores, hasta este martes un total de 48 de los 157 consulados españoles repartidos por el mundo habían conseguido ya volcar total o parcialmente los datos necesarios sobre los afectados que podrán votar o no el 29N. La Oficina del Censo Electoral (OCE) —el órgano encargado de la formación del censo— es quien debe recibir las certificaciones necesarias para poder discriminar a los electores y levantarles la suspensión cautelar. 

Las alegaciones de los afectados

Los jueces, que no han alcanzado la unanimidad en este asunto y cuentan desde el principio con el voto particular contrario de una de las magistradas de la Sala, tienen además encima de la mesa las alegaciones de las partes. Iustitia Europa, el partido que presentó la primera queja sobre este asunto, ha reclamado que el Supremo amenace con multas y responsabilidades penales a los responsables si no se cumple la orden en 24 horas o, incluso, que se suspenda todo el voto CERA.

Cerrada la puerta del Constitucional, por tanto, la gestión del caso vuelve a manos del Supremo mientras los consulados intentan cumplir con la medida cautelar y sin expectativas de que los jueces resuelvan el fondo del asunto antes de la cita electoral del 29N. Mientras, algunas fuentes apuntan a que también queda en manos de los propios afectados enfrentarse al laberinto burocrático y judicial: solicitar un certificado en el consulado y acreditar que cumplen con las condiciones o directamente presentar alegaciones ante el Alto Tribunal. 

“La decisión del Constitucional deja todo el peso sobre los afectados. Antes se discutía sobre memoria, ahora también sobre el voto. Y, una vez más, no son ni las instituciones ni los poderes los que defienden a los afectados, sino que son ellos mismos de manera privada los que tienen que buscar una solución”, lamenta el abogado Eduardo Ranz, quien ha presentado en el Tribunal Supremo alegaciones a las cautelares en representación de varios afectados y del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), una asociación que engloba a españoles exiliados y a sus familiares.

“Ciudadanos de segunda categoría”

Entre tanto, desde el Gobierno se sacuden las críticas del PP y aseguran que, “desde el primer minuto”, el Servicio Exterior de España trabaja contrarreloj para dar cumplimiento a la orden del Supremo. “Todo el Servicio Exterior de España, los cónsules, los consulados, la Dirección General de Consulares, están cumpliendo escrupulosamente el auto del Supremo y lo están haciendo con toda diligencia”, dijo el ministro José Manuel Albares este miércoles en una entrevista en TVE en la que detalló que buena parte de los funcionarios de los departamentos consulares han suspendido sus vacaciones y sus libranzas para poder avanzar en la complejísima burocracia. 

“Me parece lamentable y yo creo que los españoles tienen que sancionarlo duramente en las urnas, que el Partido Popular tenga la desenvoltura y el cuajo de intentar amedrentar y acosar con declaraciones públicas y que el señor Feijóo haya mentido sobre lo que están haciendo funcionarios. ¿Tanta desesperación tienen para cubrir lo que van a hacer con las pensiones, con la educación pública, la sanidad pública y la partida de becas, que a funcionarios del Estado que llevan toda su vida al servicio de los españoles tienen que intentar acosarles?”, respondió Albares. 

Desde la Moncloa, mientras, se limitan a acatar la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, aunque matizan que se trata de una medida adoptada únicamente por “motivos procedimentales que no aborda el fondo de la cuestión”. Y por eso el Ejecutivo reivindica la literalidad de la aplicación de la ley de nietos, incluido el derecho al voto ahora suspendido.

“El Gobierno continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho a voto, el derecho más sagrado en democracia, tal y como establece la Constitución. En consecuencia, confiamos en que la decisión definitiva deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado y que no puede haber ciudadanos de segunda categoría con diferencia de derechos”, trasladó este martes la Moncloa en un comunicado a la prensa.

Con la solemnidad que envuelve a los discursos históricos, el profesor Manuel García-Pelayo defendió el 12 de julio de 1980 la idea de que el recién creado Tribunal Constitucional debía garantizar que la Política se sometía al Derecho y no al contrario. Elegido primer presidente de ese órgano, García Pelayo expresó en aquel acto inaugural sus prevenciones: “Si la jurisdicción constitucional es un desarrollo lógico y un perfeccionamiento técnico de la idea del Estado de Derecho, esta jurisdicción implica necesariamente un alto grado de sumisión de la Política al Derecho. Asegurar esta sumisión y no producir decisiones políticas en forma jurisdiccional es la delicada y alta tarea que se nos ha encomendado”.

Y avisó de los peligros que amenazaban al Constitucional: “Unos y otros hemos de renunciar a la tentación de hacer del Tribunal un órgano político, desvirtuando su auténtica naturaleza (…) Nuestras decisiones, aun elaboradas y fundamentadas en estrictos criterios jurídicos, tendrán efectos políticos tanto respecto a la acción del Estado como con respecto a las posiciones del poder de los distintos grupos políticos, pero esos efectos serán consecuencia necesaria del juego de las normas, nunca producto de una deliberada decisión política del Tribunal”.

El mandato de García Pelayo se prolongó de 1980 a 1986. En esos primeros seis años de vida del Constitucional, el presidente intentó demostrar imparcialidad de juicio. Con su voto de calidad avaló el decreto Ley de expropiación forzosa de Rumasa y rechazó por inconstitucional la Ley del Aborto, dos decisiones clave del primer Gobierno socialista.  

Cuarenta y seis años después, unos y otros (PSOE y PP) han cedido a la tentación. Ambos partidos trabajan intensamente para hacer del Constitucional un órgano político, desvirtuando así su auténtica naturaleza.

Cuando al Gobierno de Pedro Sánchez le tocó elegir a dos magistrados para renovar el Constitucional, designó a quienes habían sido ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y directora general de Asuntos Constitucionales, Laura Díez.

Muchos antes de aquellos controvertidos nombramientos, el PP había situado ya en el Tribunal a su diputado nacional más antiabortista, Andrés Ollero, y a un juez conservador, Enrique López, habitual de los eventos de FAES. López acabó como consejero de Justicia en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras dimitir como magistrado del Constitucional al ser condenado por conducir una moto ebrio -cuadruplicaba la tase de alcohol permitido- sin casco y saltándose un semáforo a las cinco de la madrugada en el Paseo de la Castellana. Hoy López aspira a magistrado de la sala penal del Supremo, dominada desde hace 25 años por la derecha judicial.

Con esos mimbres a uno y otro lado del Constitucional, es inevitable la sensación de que el Tribunal produce “decisiones políticas en forma jurisdiccional”, el riesgo anunciado muchos años antes por el profesor García-Pelayo.

Filibusterismo parlamentario

El Partido Popular ha tomado ahora la iniciativa en la batalla por el control de ese órgano clave para el funcionamiento de la democracia en España. Desde su poder absoluto en el Senado, la formación conservadora pretende someter el Derecho a la Política mediante un ejercicio de filibusterismo por el cual bloquea desde hace 10 meses la obligatoria renovación del Tribunal que corresponde a la Cámara Alta. Ha evitado así -o aplazado al menos- que una mayoría de magistrados de sensibilidad progresista siga controlando el Constitucional durante los próximos tres años.

Con esta maniobra de obstruccionismo parlamentario, el PP gana tiempo para intentar que las urnas del 29 de noviembre le premien con escaños suficientes ante una renovación del Constitucional que podrían decidir a su favor desde una posición más hegemónica en el Senado.

El PP incumple el mandato de la Constitución al bloquear la renovación de cuatro plazas del Tribunal cuya elección corresponde a la Cámara Alta. En una situación normal, el Senado habría designado hace 10 meses a dos magistrados elegidos por el PP y otros dos por el PSOE. De esa manera, el Constitucional funcionaría los próximos tres años con la misma mayoría que tiene ahora (siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores).  

El mandato de cada uno de los 12 magistrados dura nueve años. Este órgano se renueva por tercios (cuatro magistrados cada tres años). Un tercio le corresponde al Congreso, otro al Senado, dos magistrados son de elección directa del Gobierno central y otros dos corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Todas las elecciones, salvo la directa del Ejecutivo, se hacen con mayorías cualificadas lo que obliga a un consenso que, históricamente, ha dado como resultado un Tribunal de fuerzas equilibradas, pero con una suficiente mayoría conservadora o progresista. Siempre un desequilibrio mínimo (siete frente a cinco) decidido por el momento cada nueve años en que al Gobierno de turno le toca nombrar a dos de los 12 magistrados.

El PP tiene ahora 143 de los 266 senadores de la Cámara Alta, a sólo 17 escaños de los 3/5 necesarios (160) para no tener que repartirse con el PSOE las cuatro plazas del Constitucional que hay que renovar. Con diferentes excusas, a cual más pintoresca, el PP se ha negado hasta ahora a la renovación obligada por la Constitución. Su artículo 159.3 establece que los miembros del Tribunal Constitucional son designados por un período de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres años. Es la primera vez que se incumple ese mandato constitucional. El bloqueo ha llegado siempre de la mano del PP en 2007, 2019, 2022 y 2026.

El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió durante sus primeros cinco años de mandato (2018 a 2023) a un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora y a la contra que le tumbó varios decretos ley, algunos tan simbólicos como los que establecían distintas medidas de excepción para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Pero con el nombramiento de los dos magistrados que le correspondían al Gobierno, las tornas cambiaron en el Tribunal Constitucional y con una mayoría absoluta de magistrados progresistas se desatascaron algunos conflictos mayores. Trece años después, el Constitucional desestimó el recurso que el PP puso en 2010 contra la Ley del Aborto, con el voto en contra de los magistrados conservadores. También se anularon sentencias del Supremo, aprobadas por la mayoría de la derecha judicial en ese órgano, que condenaron a cárcel al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, por los ERE; o que sacaron del Congreso al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.  Además, el actual Tribunal Constitucional avaló la Ley de Amnistía pese al recurso del Supremo; derogó el pronunciamiento del mismo órgano que juzgó el proceso secesionista catalán y que consideró no amnistiable el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes independentistas.

La Sala de lo Penal del Supremo, corregida en sentencias clave, ha reaccionado acatando las resoluciones del Constitucional pero sin respetarlas. Manuel Marchena, magistrado de esa sala que presidió durante 10 años, firmó un auto donde considera una injerencia intolerable y una invasión de sus competencias estas resoluciones del Tribunal de garantías, al que acusa de incumplir su propia jurisprudencia. El Constitucional recuerda al Supremo que la Ley impide que sus sentencias sean criticadas o censuradas por otros órganos judiciales.

Pacto entre Feijóo y Abascal para el Senado

En esta situación de grave fractura entre instituciones clave, las elecciones generales del próximo 29 de noviembre tienen una batalla crucial a la que los principales partidos le han dado prioridad absoluta. El control del Tribunal Constitucional a través de la renovación de cuatro magistrados que corresponde al Senado es el objetivo de las estrategias de los grandes partidos.

El PSOE ha suscrito una alianza con el Frente Amplio sólo para las candidaturas del Senado con el objetivo de evitar una mayoría aplastante del PP que permita a este partido elegir a los cuatro magistrados cuya designación sigue pendiente desde hace 10 meses en la Cámara Alta.

El PP se dispone, una vez más, a sellar otro pacto con Vox. En este caso se trataría de sumar fuerzas en las listas del Senado. Atrás quedaron todos los recelos que durante años han expresado los líderes conservadores respecto a la ultraderecha que dirige Abascal. Hay un objetivo mayor: el control del Tribunal Constitucional durante el próximo sexenio.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, por diez votos contra dos, inadmitir la petición del Defensor del Pueblo para reactivar de forma urgente el voto de más de 160.000 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos. Los magistrados entienden que el organismo presidido por Ángel Gabilondo pretende intervenir de forma prematura en el proceso cuando todavía se está tramitando el caso ante el Tribunal Supremo y no entran a examinar el fondo del asunto. El debate vuelve así a manos de la sala de lo contencioso del Supremo, que mantiene en suspenso el derecho a voto de los nacionalizados desde principios de septiembre.

Fuentes del Gobierno indican que “respeta” la decisión del Constitucional aunque destacan que “se limita a motivos procedimentales y no aborda el fondo de la cuestión”. El ejecutivo, destacan estas mismas fuentes, “continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho a voto” y confían en la sentencia que resuelva el fondo del asunto y “deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado”.

La sala tercera del Supremo anunció el pasado 9 de septiembre que estimaba la petición de medidas urgentes de Iustitia Europa y Vox y suspendía el derecho a voto, en la práctica, de las más de 160.000 personas nacionalizadas –tres veces menos que lo que alega la demanda– en base a la ley de nietos tras alegar que descienden de personas que abandonaron España para huir de la dictadura. La decisión, con un voto en contra de una magistrada discrepante, fue confirmada en fase de cautelares rechazando las alegaciones de la Abogacía del Estado.

El resultado es que el voto de estas 160.000 personas sigue en el aire a menos de mes y medio de las elecciones del próximo 29 de noviembre. El Tribunal Supremo, mientras resuelve el fondo del asunto, se ha limitado a dejar en manos de la administración electoral la gestión del asunto para que los nacionalizados que efectivamente desciendan de exiliados de la dictadura y la guerra lo puedan acreditar ante los consulados. La Junta Electoral, por su parte, acordó hace unos días remitir la documentación electoral a todas esas personas con el aviso de que no todos podrán votar el día de los comicios.

El pleno del Constitucional ha decidido directamente inadmitir el recurso por prematuro y eso implica que, directamente, los magistrados ni han entrado a debatir la solicitud de medidas cautelarísimas que hacía el Defensor del Pueblo para levantar de forma urgente la suspensión que pesa sobre el derecho a voto de estos 160.000 nacionalizados.

El desbloqueo de la amnistía empieza a permitir el retorno de los tres dirigentes del procés que permanecían en el extranjero. El exconseller de Cultura y diputado de Junts en el Parlament, Lluís Puig, ha cruzado la frontera a primera hora de este miércoles y ya se encuentra en Catalunya tras nueve años, ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Puig, que solo estuvo tres meses en el cargo pero se ha enfrentado durante nueve años la causa penal que el Supremo abrió por rebelión y mantuvo después por malversación, se convierte en el primer conseller del Govern de Puigdemont en regresar tras la amnistía, a la espera que este jueves lo haga Toni Comín.

Durante estos años, Puig ha permanecido primero en Bélgica y después en Perpignan (Francia), en la Catalunya Nord y cerca de la frontera. “Ha llegado el momento. Hoy voy a los Cants de la Llibertat de Terrassa, la 'terreta' donde nací y viví hasta hace 9 años. Y mañana hacia el Parlament, de donde me fui el 27 de octubre de 2017”, ha dicho el exconseller en X.

Pese a que el Supremo todavía no ha aplicado formalmente la ley a Puig, Comín y Puigdemont, los exconsellers de Cultura y Salud pueden volver ya sin riesgo de ser detenidos porque el juez Llarena les retiró la orden de detención en vigor en España desde hacía nueve años, una antesala de su amnistía.

Después de Puig, este jueves volverá el extitular de Salud Toni Comín, que recogerá en Madrid su acta como eurodiputado de Junts. Por su lado, Puigdemont prepara su regreso para después de las elecciones generales.

Puig pasará el día con su familia, y a partir de las 19.30h. acudirá a unos coros populares, los Cants per la Llibertat, ante el Ayuntamiento de Terrassa, en la que será su reaparición pública. Este jueves, además, acudirá al pleno del Parlament y podrá sentarse en su escaño nueve años después.

La plana mayor de Junts acompañará al exconseller al evento en Terrassa. Asistirán el presidente del Parlament, Josep Rull; el secretario general del partido, Jordi Turull; los vicepresidentes Míriam Nogueras, Antoni Castellà, Mònica Sales y Josep Rius; y el portavoz en el Parlament, Salvador Vergés.

En declaraciones a RAC1, Rull ha explicado que recibirá a Puig este jueves sobre las 15:00 horas en la puerta de la cámara, y luego la Mesa le hará una recepción. También se retirará el lazo amarillo que desde el inicio de la legislatura ha recordado la ausencia de Puig en el hemiciclo, junto a la del también diputado de Junts Carles Puigdemont.

Tal y como ha hecho con anterioridad cuando un diputado ha estado ausente por una baja, el presidente prevé darle la palabra antes del inicio de la sesión plenaria. “Su ausencia no ha sido por casualidad sino por una situación de represión política y judicial clarísima”, ha manifestado Rull.

La aplicación de la amnistía al delito de malversación del procés ha desembocado en un cruce de acusaciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional con escasos precedentes. El auto de la Sala de lo Penal que aplica la ley de perdón al caso de varios exconsellers catalanes deja una docena de reproches al tribunal de garantías que van desde el fondo hasta la forma. Acusaciones de “injerencias” y dardos sobre la falta de unanimidad en el Constitucional en respuesta a las acusaciones de “contradicción interna” que este tribunal hizo al Supremo hace pocos días.

El pleno del Tribunal Constitucional aprobó, con los votos a favor de sus siete magistrados progresistas y en contra de los cinco conservadores, una sentencia sobre Dolors Bassa: la que ordenó por primera vez aplicar la amnistía al delito de malversación que pesa sobre los líderes del procés, tanto sobre los condenados como también sobre Carles Puigdemont. La sentencia, que tuvo como ponente a Cándido Conde-Pumpido, respondió a varias reclamaciones de la exconsellera de Trabajo en el Govern catalán. Las principales: que el Supremo había errado y vulnerado sus derechos al entender, en contra de lo afirmado en la sentencia del procés, que no solo malversaron dinero público, sino que se enriquecieron personalmente y que, además, afectaron a los intereses económicos de la Unión Europea.

La “contradicción interna” del Supremo

La sentencia del Tribunal Constitucional lanzó varios reproches al Supremo, el primero por interpretar “en un sentido claramente expansivo” cuándo la malversación no podía ser perdonada. Apuntó a continuación a una “contradicción interna” de la Sala de lo Penal: afirmar que Bassa y el resto de condenados se enriquecieron personalmente después de no afirmarlo en su sentencia. La decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación, añadió el Constitucional, “excede los límites de interpretación de la ley” y fue, en conclusión, una “interpretación impredecible” sin “nexo de coherencia”.

Más duros fueron los argumentos para reiterar, como ya hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes, que el procés no afectó a fondos comunitarios. Su sentencia de 2019, recuerda el Constitucional, destacó la “manifiesta inviolabilidad jurídica” y el carácter de “señuelo” del desafío independentista para presionar al Gobierno central. Los autos sobre la amnistía, sin embargo, constituyeron un “pronunciamiento recíprocamente irreconciliable”, una “contradicción interna” y algo “contradictorio, irrazonable y carente de sentido lógico”.

Estas no son las primeras críticas que llegan al Tribunal Supremo por su gestión de la amnistía y su aplicación a la malversación. Ana Ferrer, magistrada de la Sala de lo Penal que condenó a los líderes del procés, ya se pronunció en contra de sus propios compañeros en términos aún más contundentes. Acusó al resto de la Sala de hacer “deducciones artificiosas”, de “resquebrajar los diques de la lógica” y de introducir matices “novedosos y peligrosos”. “Retuerce los perfiles del ánimo de lucro”, llegó a decir esta magistrada.

La “injerencia” del Constitucional

El juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ya hizo una defensa de sus compañeros de Sala cuando levantó la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont en aplicación de los criterios del Constitucional. Cargó, entre otras cosas, a la falta de “mesura” del Constitucional en sus argumentos sobre el tema. Unas críticas que ha desarrollado la Sala de lo Penal con un tribunal de tres magistrados con Manuel Marchena como ponente apuntando directamente a una “injerencia”.

Algunos dardos de este auto van dirigidos tanto a la falta de acuerdo interno del Constitucional, profundamente dividido entre bloques para sentenciar la amnistía, con constantes alusiones a “el grupo mayoritario” y a la existencia de votos particulares del sector conservador para reclamar expresiones menos contundentes a la hora de calificar sus argumentos sobre la amnistía. También hay críticas a cómo el Constitucional ha “ensanchado hasta límites históricos” su labor, consumando su “mutación” en una “última instancia con capacidad revisora de interpretación” de cualquier decisión del Supremo. Algo que, añaden, “está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978”. Se refieren a sí mismos como “jueces independientes, inamovibles, responsables ante la ley” frente a los del Constitucional, “quienes sin esas garantías y durante un período temporal cerrado de 9 años se ocupan de preservar las garantías constitucionales”.

Los argumentos del Constitucional no gustaron en el Supremo y las críticas del Supremo han sorprendido en el Constitucional, donde consideran que no se han expresado en términos más duros que en otras resoluciones referidas a otros tribunales. Según el Supremo, el Constitucional se apartó de la “contención” que contempla su Ley Orgánica y escribió “consideraciones manifiestamente prescindibles” y “absolutamente innecesarias” para desarrollar sus argumentos.

“La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia”, afirma el Supremo en un auto que deja por escrito y a las claras la enemistad entre ambos tribunales después de una sucesión de reveses llegados a la Sala de lo Penal desde el Constitucional: ahora la amnistía, pero antes los ERE de Andalucía o el caso de Alberto Rodríguez, entre otros.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por UGT Andalucía por la condena que le obligaba al reintegro de 18.319.183,71 euros a la Junta de Andalucía en relación con presuntas irregularidades en subvenciones para la formación de desempleados. La condena de esta forma se convierte en firme y el sindicato deberá abonar esta cantidad.

Según consta en la sentencia, fechada el pasado 5 de octubre y consultada por Europa Press, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma lo ya estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al considerar acertada su conclusión de que “todo empresario privado es libre para mejorar el salario correspondiente según el convenio colectivo aplicable, pero habrá de hacerlo con cargo a sus fondos privados, y no los fondos públicos que representan una subvención”.

Los magistrados destacan que el TSJA tiene razón al respaldar “que el plus de retribución abonado voluntariamente por la empresa, por encima de lo previsto en el convenio, no puede tener la consideración de gasto que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada ni es un gasto que resulte estrictamente necesario para la realización de la actividad subvencionada”.

Controversia

El Supremo subraya sobre la sentencia de instancia que “únicamente son subvencionables, al amaro de la Ley General de Subvenciones (LGS), los gastos que indubitadamente respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada”. “La causa de este precepto no es otra que la de evitar que, por ejemplo, en materia de nóminas, la entidad subvencionada pueda decidir discrecionalmente el salario que abona a los empleados contratados con los fondos subvencionales, que recordemos son fondos públicos que corresponden a una determinada finalidad”, ahonda el escrito.

Además, incide en que “el abono de las nóminas a los empleados contratados para la ejecución de la actividad subvencionada debe ir de la mano del cumplimiento de la normativa laboral y convencional, respetándose en todo caso las tablas salariales”, que actúan “como mínimos”, sin que “la percepción subvencional pueda ser instrumento para mejorar las condiciones de los empleados en virtud del pacto individual con ellos”.

Según el tribunal, no es una controversia que deba centrarse tanto en lo que se considera salario a efectos del Estatuto de los Trabajadores, sino en la “incorrección de que la entidad beneficiaria de la subvención abone mejoras pactadas individualmente con los trabajadores con cargo a la propia subvención”.

Todo ello, recordando que el origen de esta controversia se encuentra en un procedimiento de devolución de la subvención en el que la Administración andaluza consideró “parcialmente no elegibles determinadas cantidades abonadas a trabajadores que participaron en actividades formativas subvencionadas”.

Respetar las tablas salariales

“Aunque se reconoció que dichos trabajadores desarrollaron efectivamente funciones vinculadas a la actividad financiada, se entendió que parte del salario que excedía de los mínimos legales no podía considerarse subvencionable por no ser estrictamente necesaria”.

La Sala, finalmente, ha aseverado al respecto que comparte el criterio del TSJA, que expresa que el debate se centra en “si esa cantidad adicional ha de costearse con fondos de la propia empresa o puede ser atenida con cargos a los fondos públicos”, frente a lo que argumenta que “el abono de las nóminas a los empleados contratados para la ejecución de la actividad subvencionada debe ir de la mano del cumplimiento de la normativa laboral y convencional, respetándose en todo caso las tablas salariales”.