Uno de mis propósitos para este nuevo curso es dejar de preocuparme y escribir con esperanza. Me parece innovador, por ejemplo, no dejarme entristecer por el ascenso de la ultraderecha en Alemania. Así que me niego a hacer pronósticos sombríos (incluso sobre nazis y Alemania).

Hay que mirar lo positivo. Existe un enfrentamiento entre el Gobierno y los jueces a cara de perro. Es mala noticia, pero tiene un lado positivo: no todos los jueces participan, solo los que están en el cogollo del poder. Ah, y los que han ocupado cargos públicos relevantes. Por lo demás bien. Ah, se me olvidaba, también los que están a punto de jubilarse y quieren triunfar como influencers.

La guerra Gobierno-jueces ha subido de temperatura esta semana. Se ha celebrado la apertura del año judicial, evento exótico donde los haya: solo los jueces celebran con solemnidad de Estado el síndrome posvacacional. La presidenta del CGPJ aprovecha el acto para decir al Gobierno, sin muchas sutilezas, que deje de criticar a los jueces. Cuando la oí, pensé: esta es de las mías, esperanzada y positiva. En junio se publicó una encuesta en la que hasta el 48% de la ciudadanía asegura no considerar imparciales a los jueces. Pero una no debe fijarse en lo negativo porque se deprime. 

Más cosas buenas esta semana: el Tribunal Supremo ha decidido dejar a unos 400.000 ciudadanos españoles sin derecho al voto. ¡Qué fenomenal! Lo pidió Vox, pero eso da igual, podía ser cualquiera. Se trata de descendientes de exiliados, algo que obviamente, ni el Supremo ni Vox han tenido en cuenta, solo quieren un censo libre de impurezas irreversibles. 

Ignacio Escolar lo explicó ayer a la perfección, no voy a repetirlo porque albergo la esperanza de que esta decisión, aún cautelar, se revierta con rapidez. Y como no hay elecciones inminentes, no habrá pasado nada. Los nietos de los exiliados no fueron escuchados por el Supremo. Qué rimas más feas hace la historia a veces. Pero shhhh, por ahí no. Quiero verlo en positivo: los abuelos tuvieron que exiliarse, los nietos sólo se quedan sin votar. El progreso es evidente.

Entretanto la jueza María Tardón ha decidido investigar lo de Ceuta. ¡Estupendo! Yo quiero tener tanta esperanza como el presidente Juan Jesús Vivas, que ha dicho: “Allí todo el mundo tendrá que ir como testigo o como imputado, para tener que decir la verdad. Y que esto se aclare”. Entonces nos olvidamos de una comisión de investigación en el Congreso. Hace lustros que las comisiones parlamentarias son incapaces de arrojar verdades no partidistas y nadie se ha molestado en reformarlas. En el Senado han tocado fondo. Pero quiero albergar esperanzas: ¿puede el Congreso ser el lugar de la asunción de responsabilidades políticas? Mmm, con la crisis abierta y las responsabilidades políticas sin dirimir, todo el mundo orientará ahora sus decisiones hacia la responsabilidad penal. 

Es un error mayúsculo de la jueza, pero tiene que haber algo bueno: ah, sí, hacer justicia, cómo no había caído, con la de rato que llevo hablando de jueces. Pasó igual en la dana, decenas de familiares de víctimas se querellaron, por eso se abrió la causa. Un momento, en el caso de Ceuta ninguna víctima ha denunciado. La jueza investiga a instancias de Iustitia Europa, una organización tan ultra que aboga por la salida de España de la Unión Europea. Pero la Audiencia Nacional los tiene como brújula mientras el Supremo tiene a Vox. Cualquier malpensada vería un patrón. 

Se empeñan en ponerme difícil la esperanza, pero no lo van a conseguir. El debate político de la semana ha sucedido en el Supremo y en la Audiencia Nacional… Ah, y en el juzgado de Peinado, que se iba de vacaciones. Hace una década, el debate político dejó de ocurrir en el Congreso y se trasladó a las televisiones. Ahora las televisiones montan su set frente a los juzgados. ¡Y eureka! Encontré la esperanza, ¿cómo no la veía?

Todos asistiremos comiendo palomitas: de escaramuza en escaramuza hasta la batalla final. Tenemos el espectáculo asegurado. Que cierren el Congreso: ahorramos en luz y taquígrafos. Somos audiencia, más que ciudadanía, y tiene todo el sentido: la sociedad del espectáculo deviene democracia del espectáculo. Qué placer limitarse a mirar sin responsabilidad. Este espectáculo promete: la temperatura no dejará de ascender y vamos a estar enganchados hasta el final. La temporada acaba en elecciones.

En 2024 se estrenó Justicia artificial, una película que jugaba con la premisa de que los jueces españoles fueran sustituidos por una IA. El director, Simón Casal, ya había hecho un documental del mismo título en 2022, en el que un grupo de jueces, filósofos, investigadores y expertos en inteligencia artificial analizaban los pros y contras de esta idea que, hoy y visto lo visto, me parece graciosísima. Es como elegir entre susto o muerte. Es posible que no todas las IA sean como PHASEONE10841, el nombre del agente que inició la insurrección para salir de los servidores en OpenAI y hackear inesperada e ilegalmente otra empresa de IA, Hugging Face, después de intentar cubrir su rastro y borrar las pistas. 

También es posible que la mayoría de las jueces no sean como algunos de los que se sientan en el Tribunal Supremo, que este mes ha decidido implantar, por vía cautelar, el voto censitario y acabar con la tontería de que todos los españoles, vivan en España o en Tegucigalpa, tengan derecho a votar en las elecciones generales. Que lo diga la Constitución es un asunto menor. ¡Orden en la Sala, esto es, en España! Si hay que contribuir a extender la sospecha sobre la limpieza de las elecciones desde un estrado, se hace y punto en boca. No han sido una excepción los jueces del Supremo porque estos días se han acumulado resoluciones curiosas, como el archivo de la investigación a la Casa de Alba por abrir pozos ilegales en Doñana, porque no está probado que extraer agua ilegalmente de un parque nacional protegido dañe el medio ambiente. Nueve pozos ilegales, de los que según la Guardia Civil se extrajeron hasta 6.600 millones de litros de manera ilegal, que generaron un beneficio ilegal de cinco millones de euros, y aquí no ha pasado nada. O la sentencia que confirma la absolución de Pilar Baselga, esa mujer tan equilibrada que se hartó de llamar “Begoño” y narcotraficante a Begoña Gómez ante cualquiera que quisiera escucharla. ¿Por qué esto no es un delito contra el honor? Porque una persona pública debe aceptar un nivel de crítica más alto que el común de los mortales: la difamación y atribución de delitos es, según los tribunales, simple crítica un poco salida de tono. ¿Significa eso que se puede insultar impunemente al juez Marchena, por ejemplo? No lo intenten en su casa. 

La judicatura pontifica sobre la separación de poderes y los equilibrios y contrapesos, pero la realidad es que el desequilibrio entre el poder judicial y el poder legislativo, a favor del judicial y en contra del legislativo de determinadas opciones políticas, se hace cada día más evidente. El politólogo Ran Hirschl lo llamó juristocracia, cuando los jueces toman decisiones que corresponderían a la acción política, impidiendo o modificando decisiones legislativas o ejecutivas legítimas de gobiernos elegidos democráticamente. Ahora mismo hay que recordar a los ciudadanos que los jueces están para resolver conflictos de los ciudadanos, de acuerdo a las leyes, y que todos los poderes del Estado, también el judicial, emanan de la soberanía popular y están sometidos a ella. Es inaudito que hayamos normalizado que los acuerdos sustentados en mayorías políticas no puedan aplicarse porque así lo imponen un puñado de jueces que no rinden cuentas a nadie, como demuestra el nulo impacto que tienen las reconvenciones de los tribunales europeos. El mantra de que “los jueces elijan a los jueces” supone un último intento de un poder del Estado de desvincularse de la soberanía popular. 

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, pedía respeto a los jueces en la apertura del año judicial pero olvidó decir que los jueces también deben respetar a los ciudadanos y sus representantes, y respetar las transformaciones políticas que los españoles demandan y consensúan, aunque no estén de acuerdo con ellas. Más que las críticas, legítimas y libres, debería preocuparles por qué se ha desmoronado su imagen y su apariencia de imparcialidad y neutralidad. Es evidente que la mayoría de los jueces ejercen su labor de acuerdo a estos valores, pero no queda claro a los ciudadanos, y así lo dicen las encuestas, que todos lo hagan. Si se critica a los políticos por politizar la justicia, ha de hacerse lo mismo con los jueces por judicializar la política. 

Los ciudadanos tienen derecho a plantear a través de sus representantes modificaciones de leyes: lo que ayer era ilegal puede ser hoy legal y al contrario. Los jueces no deben interferir en esa voluntad popular más que en su condición de ciudadanos españoles con derecho a voto y en su labor institucional de garantes del respeto a la Constitución y leyes y derechos fundamentales. Su intromisión en la “ley de nietos” supera, con mucho sus funciones, y supone, de hecho, privar del voto a españoles de pleno derecho. Del mismo modo, los sesgos de algunos jueces en procesos mediáticos, convierten algunas instrucciones y juicios en persecuciones políticas. La clave es el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y eso difícilmente se consigue si uno de los poderes invade y coloniza atribuciones del otro e impide a los ciudadanos hacer realidad las transformaciones políticas, siempre respetuosas con las leyes y derechos fundamentales, que en su día votaron en las urnas. 

Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han mostrado este sábado su “honda preocupación” por la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto de las personas que han obtenido la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos', una medida que juzgan desproporcionada, puesto que afecta a un derecho fundamental.

Así lo han trasladado a través de un comunicado conjunto en el que, si bien muestran su respeto hacia el alto tribunal, se alinean con la tesis expuesta por la magistrada María Alicia Millán Herrandis en el voto particular discrepante que ha emitido desmarcándose de la decisión adoptada por sus compañeros de sala.

De este forma, critican que las medidas cautelares adoptadas por el Supremo, atendiendo la petición de Vox y Iustitia Europa, proyectan sus efectos electorales sobre la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia para desarrollar la 'ley de nietos' un documento que, recalcan, no ha sido impugnado “directa ni indirectamente” en este procedimiento.

Las dos asociaciones denuncian también que el Supremo priva del derecho constitucional de sufragio a personas que “son españolas en virtud de actos firmes, dictados por los órganos competentes con arreglo a la normativa vigente” y que lo hace, además, sin que el colectivo afectado “haya sido parte en el proceso y sin que se haya realizado un examen individualizado de su situación”.

Diferencia de trato entre españoles

Según la resolución judicial, estas personas no podrán votar hasta que el Supremo dicte sentencia salvo que acrediten que son descendientes de exiliados por motivos políticos. Para los jueces y fiscales progresistas, esta excepción “depende de una certificación” que los afectados “no pueden instar”, lo que genera “una diferencia de trato entre personas españolas de origen en función de la vía por la que accedieron a la nacionalidad, circunstancia que exige una especial cautela desde la perspectiva del principio de igualdad”.

Pero su principal crítica reside en la “proporcionalidad” de la medida al afectar esta “al ejercicio de derechos fundamentales”. En este contexto, se quejan de que, mientras “el riesgo” que se invoca el Supremo “se proyecta sobre procesos electorales futuros y todavía no convocados”, el “perjuicio que ocasiona la suspensión es, en cambio, inmediato y concreto”.

“Cuando una medida cautelar limita derechos fundamentales de un número muy elevado de personas, resulta necesario que la ponderación se realice con un rigor especialmente intenso”, enfatizan ambas asociaciones.

También destacan que la existencia de posiciones discrepantes, también en el seno de la JEC, pone de manifiesto la existencia de una “controversia interpretativa legítima” que, a su juicio, debe “resolverse en el enjuiciamiento del fondo, con plena contradicción y con todas las garantías”.

No hacer partidismo

En este contexto, dicen confiar en que el procedimiento, de tramitación preferente, “se resuelva con la mayor celeridad posible y, en todo caso, antes de que pueda convocarse cualquier proceso electoral”, como ha urgido también el Gobierno.

Además de reclamar que las dudas sobre la adecuación a la ley de la instrucción del Ministerio de Justicia se resuelvan mediante los cauces específicamente previstos para, exigen a las administraciones implicadas que ofrezcan “información clara y accesible” a las personas por la suspensión del derecho a voto y que este debate se afronte “con serenidad”, sin convertir “el censo electoral ni a las personas afectadas en objeto de confrontación partidista”.

“Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales reafirman su compromiso con la integridad de los procesos electorales y, con igual firmeza, con la garantía efectiva del derecho de sufragio de todas las personas que ostentan la nacionalidad española”, finaliza el comunicado.

Bolaños también cuestiona los argumentos jurídicos del Supremo

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha puesto en cuestión este sábado los argumentos que han llevado al Tribunal Supremo a suspender cautelarmente el derecho a voto. “El auto TS privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente”, ha asegurado.

Lo ha hecho a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que se hace eco de este comunicado de JJpDD y la UPF. “Aquí los argumentos legales de JJpDD y UPF”, apunta Bolaños adjuntando el citado comunicado de las dos asociaciones progresistas. Además, el ministro vuelve a pedir “respetuosamente” al Supremo que “resuelva este tema antes de elecciones de 2027” e incide en que “el censo no puede alterarse sin base legal sólida”.

Hay gente que cree que el Gobierno es capaz de amañar el resultado electoral a través de Indra. Gente desinformada, sectaria o ambas cosas a la vez, porque es imposible que esta empresa manipule el recuento: en España lo hacen ciudadanos elegidos por sorteo, en presencia de los interventores de los partidos. Los medios lo hemos explicado decenas de veces, pero eso no impide que el bulo del pucherazo de Indra se resista a morir.

Una de esas personas desinformadas, sectarias o ambas cosas a la vez es juez del Tribunal Supremo español. Antes fue magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del Gobierno de Rajoy, y también número dos de la Fiscalía General del Estado durante la última mayoría absoluta del PP. Se llama Antonio Narváez. Fue el primero de su promoción, lo que también demuestra que no todo se aprende con una oposición. 

Narváez es partidario declarado de Alberto Núñez Feijóo y no solo porque buena parte de sus ascensos se los deba al PP: así lo manifestó en una polémica cena de la Asociación de Fiscales con el líder de la oposición en abril de 2023. En esa reunión, Narváez cuestionó el recuento de Indra, criticó duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por “deteriorar las instituciones” y expresó su deseo de que Feijóo llegara a La Moncloa: “Ojalá”. 

Antonio Narváez dio credibilidad al bulo de Indra. Ahora ha avalado otra conspiración de la extrema derecha: que el Gobierno prepara un “pucherazo” con la ley de nietos, que permite recuperar la nacionalidad a los descendientes del exilio español. Él es el ponente del auto del Tribunal Supremo que ha dejado sin derecho a voto a cientos de miles de españoles. Es un disparate jurídico de principio a fin. 

Algo de contexto, para no perderse.

El 19 de octubre de 2022, el Congreso aprobó la Ley de Memoria Democrática. En ella se da la posibilidad de recuperar la nacionalidad a los hijos y nietos de los españoles que se fueron al exilio “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. 

Unos días después, el Ministerio de Justicia publicó en el BOE una instrucción donde se explica a los consulados cómo aplicar esta ley: los formularios, los plazos y qué documentos son válidos para acreditar el exilio. 

Había un problema: una gran parte de los nietos de los primeros exiliados no guarda el carné del PCE del abuelo, ni tampoco documento alguno de que fuera homosexual, republicano o ateo. Así que se estableció un criterio: presumir la condición de exiliado para todos los que salieron “entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. Y exigir más documentación para quienes se fueron entre 1955 y 1978.

No es un criterio perfecto, pero tampoco hay una alternativa mucho mejor. Exigir papeles más detallados sobre algo que ocurrió hace 90 años habría dejado fuera a muchos descendientes de exiliados; habría generado una injusticia aún mayor. 

Además, este criterio no fue una invención de Sofía Puente, la directora general que firmó esa instrucción. Es exactamente el mismo que ya se aplicó en 2008, con la ley de memoria anterior: “Se presumirá la condición de exiliado” a todos los que salieron “entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. La frase de la polémica es un corta y pega literal de algo que no fue discutido hace casi dos décadas. 

Poco después de publicarse en el BOE, una organización ultra recurrió la instrucción de Sofía Puente. Ya entonces pidió la suspensión cautelar con el mismo argumento que usan hoy: que no todos los que emigraron entre 1936 y 1955 eran exiliados. El TSJ de Madrid les mandó a paseo en 2023 y desestimó la petición. Después archivó definitivamente la demanda porque esta organización no estaba legitimada para recurrir.

Esa misma organización ultra volvió a la carga poco después. En 2024, presentó una querella contra Sofía Puente, acusándola de prevaricación. También fue archivada. 

Mientras tanto, el bulo del “pucherazo” de la ley de nietos creció y creció. Primero, amplificado por la ultraderecha. Más tarde, con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, que dio por buena la conspiración. Antes del verano, Vox llevó el tema a la Junta Electoral Central, pidiendo otra vez la suspensión de esta instrucción, con el argumento de que Sánchez estaba ampliando el censo para amañar las elecciones. La ultraderecha volvió a fracasar: la Junta Electoral rechazó su petición.

Iban perdiendo tres a cero… hasta que el Supremo apareció.

Vox recurrió la decisión de la Junta Electoral Central ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Allí, por fin, los ultras han encontrado quien les compre la conspiración. En un auto extravagante, el Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de cientos de miles de españoles, descendientes de los exiliados. Afecta a todas las personas –alrededor de 400.000– que se habían acogido a esta opción. No se les quita el pasaporte; siguen siendo españoles. Solo se les impide votar.

Un repaso a los cinco jueces que han avalado esta decisión demuestra hasta qué punto el dominio de la derecha en las cúpulas judiciales es abrumador. Antonio Narváez no es el único vinculado con el PP.

Luis María Díez-Picazo Giménez: está al frente de esta sección y es conservador. Es uno de los protegidos de Carlos Lesmes: director general de Justicia con Aznar y presidente del CGPJ con Rajoy. Fue Lesmes quien lo promocionó a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Llegó al Supremo en marzo de 2008, nombrado por un CGPJ con el mandato caducado, durante uno de los bloqueos del PP.

Díez-Picazo pasará a la historia por protagonizar uno de los episodios más negros de la justicia española: suspendió una sentencia firme del Supremo que condenaba a la banca a pagar un impuesto que grava las hipotecas. Para evitar ese cambio, convocó un anómalo pleno con todos los magistrados de la Sala para revisar la decisión por su “enorme repercusión económica y social”. Es algo que no había pasado nunca antes y que dudo que vuelva a pasar. En ese pleno, la sentencia se revirtió por un solo voto. Una vez más ganó la banca, a costa de todos los hipotecados.

Antonio Jesús Fonseca-Herrero: también conservador y también cercano a Carlos Lesmes. Fue el entonces presidente del CGPJ quien lo promocionó como responsable de la acción disciplinaria –el que expedienta a los jueces– durante los años de mayoría conservadora tras la victoria de Mariano Rajoy.

José Luis Requero: conservador y miembro del Opus Dei. En 2001 fue nombrado vocal del CGPJ, a propuesta del PP de Aznar. Estuvo allí hasta 2008: dos años más de los que debía, por el habitual bloqueo a la renovación que aplica el PP cada vez que pierde las elecciones. En esa época, se hizo famoso por comparar el matrimonio homosexual con “la unión entre un hombre y un animal” en un informe del consejo contra la ley del matrimonio igualitario de Zapatero. 

En 2014, durante el rodillo conservador de Carlos Lesmes en el CGPJ, fue ascendido al Tribunal Supremo con los votos de los vocales nombrados por el PP de Mariano Rajoy. 

Manuel Delgado-Iribarren: también conservador y uno de los últimos en llegar al Supremo. Fue nombrado hace poco más de un año por el nuevo consejo, a propuesta de los vocales elegidos por el PP. Entró por el turno de juristas –no es juez de carrera– y su principal aval en la derecha es Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional y gran muñidor del PP en los asuntos judiciales, con quien ha escrito varios libros. Arnaldo fue clave en la extraña carrera académica de Pablo Casado. Años después, Casado impulsó su llegada al Constitucional.

¿Alguna mujer? ¿Algún progresista? Solo una persona en representación de ambas ‘minorías’. La sexta integrante de este tribunal es María Alicia Millán Herrandis, asociada a Juezas y Jueces para la Democracia. Ella es también la única que se ha opuesto a este dislate del Supremo con un contundente voto particular.

Que la derecha tenga una mayoría de cinco a uno en esta sección del Supremo no es una rareza: es lo habitual. Tampoco es fruto del azar.

Todos los jueces del Supremo son nombrados por el CGPJ; allí no se llega por oposición. Son nombramientos irrevocables, hasta la jubilación. 

Estas abrumadoras mayorías de la derecha en el Supremo son consecuencia directa de las maniobras del PP durante décadas, al bloquear la renovación del CGPJ cada vez que perdían las elecciones, o al cambiar las mayorías necesarias para los nombramientos cuando la derecha controlaba el consejo. 

Pero volvamos a la ley de nietos, porque esta medida del Supremo no solo es cuestionable por las biografías de quienes la han tomado y su poca apariencia de imparcialidad. Es una decisión disparatada, por muchas razones más. 

Es un disparate porque es extemporánea. La instrucción de Sofía Puente sobre cómo aplicar la Ley de Memoria Democrática se publicó en el BOE hace ya cuatro años. El plazo para recurrir –dos meses– está más que prescrito y el órgano judicial competente –el Tribunal Superior de Madrid– ya descartó intervenir. 

Es un disparate porque pisotea un derecho fundamental: el derecho a voto. Es tan importante en nuestra Constitución que ni siquiera se puede suspender con la declaración de un estado de sitio o de excepción. Y el Supremo lo ha hecho a las bravas, cancelando un derecho fundamental de terceros que no son parte del proceso y que ni siquiera han podido defenderse. 

Es un disparate porque es una medida completamente desproporcionada: no hay un equilibrio entre el bien que el Supremo dice querer proteger y la medida que ha decidido aplicar. 

Es un disparate porque es contradictorio: porque el Supremo no anula la nacionalidad de estas personas, solo uno de los derechos fundamentales que conlleva. 

Es un disparate porque el recurso de Vox va en contra de la decisión de la Junta Electoral Central, no contra la instrucción del Ministerio de Justicia –no podrían, estarían fuera de plazo–. Lo que hace el Supremo es aprovechar la ocasión para entrar a criticar esa instrucción por una vía que no corresponde. Es una clara desviación procesal.

Y es un disparate porque el bulo del pucherazo con la ley de nietos es tan falso como el de Indra que Antonio Narváez ya se tragó. 

La inmensa mayoría de los nietos e hijos de exiliados que han pedido la nacionalidad lo hacen por razones sentimentales o porque quieren un pasaporte de un país de la Unión Europea, que les da más posibilidades migratorias o de viajes a Europa o EEUU. Su participación en las elecciones ronda el 10%. Su influencia real en las próximas generales será mínima. 

Tampoco hay dato alguno que permita presuponer que apoyarán en las urnas al Gobierno. La única vez que ese voto exterior ha movido un escaño en unas generales fue en 2023… a favor del PP.

Me despido aquí por hoy. No sin antes recordar que publicar esta carta, criticar esta decisión del Supremo, no es un ataque intolerable a la Justicia de esos que denuncia la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. 

Lo que debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia no son las críticas: son decisiones así.

La decisión de la justicia española de suspender el derecho al voto de los descendientes del exilio, dice Mariana Figueroa, la ha hecho sentir “una ciudadana de segunda”. Esta arquitecta de 62 años se confiesa indignada y triste, y asegura que la negativa del Tribunal Supremo “pone en riesgo la reparación histórica”. Ella, como los otros argentinos que han prestado su testimonio a elDiario.es, han obtenido el pasaporte español o están a la espera de hacerlo gracias a la llamada ley de nietos sancionada en 2022 dentro de la Ley de Memoria Democrática.

El Consulado General de España en Buenos Aires acumuló desde entonces 645.000 solicitudes. Sin embargo, la cifra de nacionalizados ronda los 30.000; y, de ellos, menos de la mitad ha pedido el alta en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Los expedientes que están en trámite seguirán su proceso, pero no se darán de alta en el censo.

En todo caso, la paralización cautelar del Supremo determina que ni unos ni otros podrán ejercer su derecho a voto hasta que haya una sentencia sobre el fondo del asunto, que ha sido llevado a la Justicia por Vox y el partido extraparlamentario Iustitia Europa.

El embate de los ultras se dirigió contra la Junta Electoral Central (JEC) y la instrucción expedida por el Ministerio de Justicia que establecía una “presunción general de exilio” para facilitar los trámites de quienes abandonaron España en la Guerra Civil o los primeros años de la dictadura franquista –entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955– sin exigir una prueba documental minuciosa. Ahora sí tendrían que probar que el exilio tuvo que ver con razones “políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual”, como recogía la disposición de la ley.

“Me parece una falta de consideración de la justicia, una quita de derechos ciudadanos, porque se exigen documentos del exilio que muchas familias no conservaron. La gente se vino en barco con lo que tenía. Así llegó mi bisabuelo con mi abuela desde Valencia tras la Guerra Civil”, señala María del Pilar Moura Santángelo, que ya tiene la nacionalidad española.

A esta abogada de 32 años le preocupa que el Poder Judicial “avasalle” a otro poder del Estado, y sea desconsiderado con las condiciones de emigración. “Hay división de poderes, el Parlamento ya se pronunció y ahora la Justicia pone requisitos adicionales que no incluía la ley”, se queja.

“Tengo sangre española, no me van a quitar la identidad”

Griselda Díaz Marchi tiene 52 años, es nieta de asturianos y cuenta con la nacionalidad española desde 2024. “Me parece tremendo el fallo judicial, porque es uno de nuestros derechos, el derecho político, poder votar, elegir a nuestros representantes, aunque nosotros no vivamos allá, en mi caso, por ahora. Dentro de mis proyectos está poder ir a vivir a España. Soy trabajadora social y revalidé el título para poder trabajar allá, si es que se concreta este proyecto. ¿Qué más nos van a restringir? ¿La posibilidad de trabajar, la posibilidad de votar? Yo soy española, tengo sangre española, no me van a quitar la identidad”.

Díaz Marchi señala también el componente ideológico. “Hay una clara agresión hacia Pedro Sánchez, que tiene una política distinta a la del resto de Europa, y quieren quitarnos la posibilidad de reelegirlo o elegir a otro presidente que continúe con estas políticas”, asegura.

Aunque en las elecciones generales de 2023 hubo bastante expectación y se preveía que el voto exterior podía alterar los resultados en hasta nueve provincias, la realidad tras el recuento fue menos sustanciosa: movió apenas un escaño en Madrid, que pasó del PSOE al PP.

La derecha española ha buscado instalar la hipótesis de que la masa de nuevos electores en Argentina actuaría como una suerte de provincia con más peso que la mayoría de los distritos peninsulares. Sin embargo, no existe un distrito electoral fuera de las fronteras; cada voto emitido en el exterior se asigna a la región española donde residieron los ciudadanos españoles o sus antepasados.

“Mi abuela María González vino de niña desde el pueblo de Cantalpino, cerca de Salamanca. Me lo sé de memoria al pueblito. Hice la reconstrucción familiar; somos un montón de hermanos y solo yo hice el trámite de nacionalidad. Siento tristeza”, cuenta Figueroa. Para ella, se trata de “un acto discriminatorio”. “Me parece que existe un temor de que algunos votos no vayan en la dirección de unos determinados intereses”.

“Parece que hay ciudadanos de segunda, es ideológico”

Diego Pérez, de 52 años, sigue a la espera del trámite de su nacionalidad, que inició en 2023. “Mi bisabuela paterna, Julia Fernández, vino en un barco, se fue al campo, a Olavarría (provincia de Buenos Aires), y no se documentó por miedo, durante años. Vino de Crémenes (León) con lo puesto y nunca más volvió”, relata. Y asegura que la decisión del Supremo le indigna porque “más allá del reconocimiento de la ciudadanía, es un golpe a la identidad”. Y recuerda que la ley de nietos supone un reconocimiento a aquellos españoles que se vieron obligados a irse del país: “Es un homenaje a esa gente que se la jugó”.

Pérez, empleado público, adhiere a la idea de que se trata de una medida ideológica. “Así planteado, parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; es netamente ideológico. Vemos cómo la Justicia empieza a contaminarse la justicia con lo que dice el fascismo. Yo espero que España empiece a mirar con atención lo que está pasando en Alemania, con el triunfo de la ultraderecha en Sajonia-Anhalt”.

Para Mariana Rodríguez Mora, la resolución judicial es parte de un contexto global que busca poner cada vez más trabas a los migrantes, aun cuando este tipo de leyes reconocen derechos surgidos de otras migraciones, como en el caso del exilio español.

“La ley de nietos ha representado un avance en la reparación para los descendientes del exilio”, señala esta trabajadora social de 29 años, que inició el trámite de nacionalidad española después de que lo hiciera su madre, porque quien emigró a Argentina fue su bisabuela, desde La Rioja. “Negar el voto a nacionalizados residentes fuera de España responde a resistencias políticas; es negar que la gente migra en busca de mejores condiciones de vida, como fenómeno histórico y natural”.

El Tribunal Supremo ha acordado esta semana limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. Salvo que la decisión sea revocada cuando se analice el fondo del asunto, este fallo privará del ejercicio de ese derecho fundamental a los más de 300.000 descendientes de españoles que ya han accedido a la nacionalidad a través de la llamada ley de nietos, salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados.

En el auto en el que justifican esta decisión, los jueces sostienen que hay “un peligro fundado, real y serio” de que el “notable” incremento del censo por la ley de nietos afecte a las elecciones y se produzca un “daño irreversible”. Según los datos recogidos en esa resolución, desde las generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026 el número de electores que figura en el censo de quienes votan fuera de España se ha incrementado en 408.262 personas. La ley de nietos entró en vigor el 21 de octubre de 2022. En ese censo figuran todas las personas que tienen nacionalidad española y residen de forma permanente en el extranjero, que pueden votar en elecciones generales, autonómicas y europeas. 

El pronunciamiento del Supremo, que ha supuesto el último encontronazo entre el Gobierno y una parte de los jueces, ha puesto en el foco una instrucción que el Ministerio de Justicia aprobó hace cuatro años, el 25 octubre de 2022, cuatro días después de la entrada en vigor de la ley que abrió la puerta de la nacionalidad a un mayor número de descendientes de quienes huyeron de la Guerra Civil o se exiliaron durante la dictadura franquista. 

Esa instrucción estableció cómo debe acreditarse esa condición de nieto de exiliado que exige la norma para acceder a la nacionalidad. Y la clave es que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. Fuentes gubernamentales explican que transcurridas más de ocho décadas desde el inicio de la Guerra Civil, la obtención de pruebas documentales oficiales de persecución política resultaba difícil para muchas familias. Para evitar que el derecho quedara inoperante por las barreras burocráticas, la instrucción incluyó unas pautas de interpretación y la presunción de exilio sobre la que ahora pone el foco el Supremo. 

De hecho, la instrucción de 2022 fue impugnada en los tribunales por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, un colectivo fundado en 2007 contra la primera ley de memoria. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó paralizar cautelarmente su aplicación al entender que hacerlo suponía el riesgo de no ejecutar de forma inmediata una ley y perjudicar a los terceros beneficiarios de la nacionalidad. 

En realidad, esa instrucción que ahora está en el centro de la polémica es similar a otra dictada en 2008, después de que la primera ley de memoria reconociera el derecho a obtener la nacionalidad española a los hijos de exiliados y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la ciudadanía española como consecuencia de su salida del país por motivos políticos. Entonces también se estableció esa presunción de exilio y la norma se aplicó con normalidad.

Un texto nada novedoso y que data de hace cuatro años ha servido para que el PP y Vox alienten en las últimas semanas la conspiración del pucherazo ante las citas electorales del próximo año al extender el bulo de un supuesto incremento ilícito del censo exterior gracias a la ley de nietos. En realidad, en las últimas generales apenas votó el 10% del censo de españoles que residen de forma permanente en el exterior: 233.688 personas. Y quien salió beneficiado fue el partido de Alberto Núñez Feijóo, que le arrebató un escaño al PSOE.

El acuerdo de la Junta Electoral Central

Sin embargo, al calor de esos pronunciamientos, distintas “formaciones políticas, personas y entidades” cuestionaron el pasado julio ante la Junta Electoral Central la repercusión en el censo electoral del incremento del número de personas que han obtenido la nacionalidad en virtud de esta ley y la citada instrucción. Y solicitaron que se suspendiera el proceso de elaboración del censo de españoles residentes en el extranjero o la congelación provisional de las nuevas altas derivadas de la ley de nietos.

El organismo que hace de árbitro ante litigios electorales determinó por mayoría que excede de su competencia pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento, así como hacer valoraciones sobre las leyes que aprueba el Parlamento. Sin embargo, ese acuerdo contó con el voto particular de cuatro vocales que consideraron que la Junta Electoral Central sí tiene competencia para frenar los efectos de esa norma en el censo electoral y “poner fin a un incremento formidable e irreversible en contra de lo previsto en la ley”.

Sus firmantes son los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado y Javier Tajadura Tejada y los magistrados del Supremo Vicente Magro y Fernando Marín. Sus argumentos figuran en el escrito con el que Iustitia Europa impugnó ese acuerdo de la Junta Electoral Central y que han sido asumidos por el Supremo para acordar la suspensión cautelar del derecho al voto de los descendientes de represaliados del franquismo. El ponente de esa decisión es el magistrado Antonio Narváez, uno de los juristas que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, según informó El País.

Iustitia Europa utilizó la existencia de este voto discrepante como argumento principal para defender que existen argumentos sólidos para aceptar la suspensión cautelar, lo que técnicamente se conoce como “apariencia de buen derecho”. Y, basándose en ese escrito argumentó que la instrucción del Ministerio de Justicia introdujo una presunción generalizada de exilio no prevista por el legislador y eliminó la exigencia de acreditar que la salida de España respondió a motivos de persecución política e ideológica.

Ese argumento es recogido por los jueces del Supremo, que sostienen que el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acuerdan mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”.

Esto es, que deberán iniciar de nuevo el trámite en las Oficinas Consulares y aportar la acreditación de que su ascendiente fue beneficiario de las pensiones para exiliados, aportar certificaciones de la Oficina de Refugiados de la ONU de las oficinas de acogida de los estados receptores o informes de partidos, sindicatos u organizaciones vinculadas al exilio reconocidas oficialmente.

La decisión del Supremo cuenta con la opinión discrepante de la magistrada María Alicia Millán, quien considera que la decisión es “incongruente” dado que las medidas acordadas recaen sobre la instrucción cuando el objeto del recurso era el acuerdo de la Junta Electoral. Además, considera que la mayoría ha optado por anteponer un “riesgo futuro e incierto” sobre unas elecciones aún no convocadas frente al perjuicio inmediato, efectivo y grave de privar cautelarmente del derecho fundamental al voto a ciudadanos reconocidos como españoles.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha afirmado en su discurso de la apertura del año judicial que la “descalificación personal” a jueces por parte de quienes ejercen “responsabilidades institucionales” supone un “instrumento de presión” sobre el ejercicio de la jurisdicción. Perelló también ha considerado de “extraordinaria gravedad” acusar a los jueces de actuar por razones políticas, una imputación que “puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva”.

“Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Y si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor (...). No es admisible que la descalificación pública a los jueces se convierta en instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción”, ha dicho Perelló.

Las palabras de la presidenta del Poder Judicial ante la cúpula de los tribunales españoles llegan después del último encontronazo entre el Gobierno y una parte de los jueces a raíz de la decisión del Supremo de frenar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. “No estamos a favor ni compartimos la resolución del Supremo”, dijo este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre esa decisión.

En el último año a propósito de las polémicas e investigaciones judiciales que apuntan al PSOE y al entorno del Gobierno algunos miembros del Ejecutivo, como el Óscar Puente, han denunciado que el Gobierno es una víctima de una operación de algunos sectores de la política, la justicia y los medios de comunicación para derribarlo “con métodos nada democráticos”. También diferentes miembros del Gobierno han expresado sus críticas contra el juez Juan Carlos Peinado, el magistrado que ha sentado en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por dos delitos en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado de forma reiterada el archivo de esa causa.

Ante el rey Felipe VI, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la Sala de Gobierno del Supremo, Perelló ha evitado hacer autocrítica tras los recientes sondeos que han revelado que seis de cada diez españoles creen que los jueces se dejan influir por su ideología política.

Así, Perelló ha insistido en que a pesar de las “descalificaciones” del Poder Judicial, los ciudadanos “confían” en la labor de los tribunales, en la aplicación del ordenamiento jurídico, en la tutela de los derechos y libertades “y en la lucha contra la corrupción, al margen de ideologías, haciendo que la sociedad sea más justa y más digna”.

No obstante, Perelló sí ha pedido a los jueces “mesura” en sus intervenciones públicas. “La función judicial exige también de quienes la desempeñan mesura en el ejercicio de sus atribuciones. La independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos”.

La rendición de cuentas de los fiscales

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha indicado este jueves durante el acto de apertura del año judicial que si bien la sociedad actual se caracteriza por “una creciente demanda de transparencia y por una legítima exigencia de rendición de cuentas a las instituciones públicas”, esto no puede confundirse “con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad”.

Ésta es la primera ocasión en que ha asistido a este acto como fiscal general dado que fue nombrada tras la dimisión en noviembre de 2025 del ex fiscal general Álvaro García Ortiz después de que fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación.

Sobre esa actuación del Ministerio Público que es objeto de crítica, Peramato ha añadido que en ocasiones se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales “mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos” en los que se interviene. Y ha resaltado que a menudo “se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica” y que se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten “convenga a unos o a otros”.

“Los y las fiscales españoles desempeñan su trabajo en condiciones de enorme exigencia profesional, soportando cargas de trabajo crecientes y atendiendo asuntos de extraordinaria complejidad. Y lo hacen con discreción, con rigor y con una lealtad total y absoluta a los valores constitucionales que fundamentan nuestra convivencia democrática”, ha defendido.

Al hilo, la fiscal general ha apostillado que la fortaleza del Ministerio Fiscal “no descansa en quienes, de forma transitoria, ocupan puestos de responsabilidad” sino que se sustenta “en la integridad, la profesionalidad y la dedicación de quienes integran la carrera fiscal y, sobre todo, en el compromiso cotidiano de sus 2.804 miembros, que pronto serán más de 3.000, con el servicio público de la Justicia”.

Por otro lado, la fiscal general ha defendido la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que dará la batuta de las investigaciones a los fiscales. “El objetivo es reforzar las garantías de la ciudadanía. Quien investiga no debe ser quien decide sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales. Y quien controla la legalidad de la investigación debe encontrarse plenamente desvinculado de las tareas investigadoras”, ha explicado para luego destacar que es necesario reformar el Estatuto de Ministerio Fiscal.

“Es justo reconocer que el proyecto de reforma de nuestro Estatuto constituye un importante paso adelante y una apuesta valiente”, ha añadido, para luego destacar que es necesario “desvincular el mandato de la persona titular de la Fiscalía General del Estado de la duración del Gobierno que la nombró”. Y ha destacado que los fiscales siguen precisando “más autonomía”: “Autonomía que incrementará nuestra apariencia de imparcialidad y fortalecerá la confianza de la ciudadanía en la Justicia”.

La fiscal general se ha referido también a los casos de corrupción que ha perseguido el Ministerio Público en este último año, pero sin hacer referencia expresa al caso Koldo que fue juzgado por el Supremo. Peramato ha indicado que este fenómeno “erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones” y, por tanto, constituye “una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española”. “La investigación y persecución de estas conductas exige del Ministerio Fiscal el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo”, ha indicado.

Peramato se ha referido también a la situación que se vive en Ceuta, donde los días 30 y 31 de julio se produjo una entrada masiva de migrantes. “Trasladar un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta, que ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras”, ha explicado.

En este sentido, Peramato ha llamado a “preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad”, algo que, ha añadido, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.

La fiscal general ha concluido su discurso citando a Manuel Azaña, quien fuera presidente de la República y que murió en el exilio: “La libertad no hace felices a los hombres; los hace, sencillamente, hombres”. Peramato ha recalcado que la Justicia encuentra precisamente su razón de ser “en la protección de esa libertad, de la dignidad inherente a toda persona y de los derechos que de ella se derivan”.

Isabel Díaz Ayuso afronta la primera cita importante del curso político desde este jueves y viernes con la celebración en la Asamblea de Madrid del Debate sobre el Estado de la Región (DER), una cita anual en la que la presidenta autonómica y los partidos comparten el análisis sobre la situación de la Comunidad. El encuentro simboliza no solo el inicio del curso político sino también el primer debate antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Ayuso acudirá, sin embargo, con una presión añadida: la polémica de la compra del ático de 6,3 millones por parte de su gobierno sigue persiguiendo a la líder madrileña.

Los partidos de la oposición ya han adelantado que llevarán el caso al debate durante su turno, que tendrá lugar el viernes, un día después de la intervención de Ayuso. Previsiblemente, la presidenta autonómica aludirá a la comparecencia del consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, que el jueves 17 de septiembre hablará en la Asamblea de Vallecas sobre la operación que ha marcado la actualidad política durante los últimos meses.

El Gobierno de Ayuso anunció el 30 de julio, solo un día después de que saliera publicado en prensa, que iban a poner en venta el inmueble de la calle General Martínez Campos, a pesar de que la compra se firmó en el mes de abril. Posteriormente, la baronesa del PP intentó zanjar la polémica. “Está en venta, chao pescao”, llegó a decir en rueda de prensa al ser preguntada por detalles desconocidos en torno a la operación. Y, ahora, meses más tarde, esa información todavía se desconoce. Tanto es así que ni siquiera se dispone del expediente de compra de Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia que compró el inmueble.

En estos últimos dos meses se han ido conociendo más detalles del caso, como que la presidenta acudió a visitar el inmueble después de la compra, que la Comunidad de Madrid exigió confidencialidad en la compra o que el Gobierno autonómico trasladó a la inmobiliaria que buscaba un inmueble de “entre 250 y 400 metros y gran terraza”. Este mismo lunes a última hora expiró el plazo de presentación de las ofertas de Planifica Madrid, aunque todavía no se conoce si existen o no esas ofertas, aunque desde Presidencia aseguran que previsiblemente esa información aparecerá en Transparencia. La apertura de los sobres con las propuestas se efectuará el miércoles 16, un día antes de la comparecencia del consejero.

Ayuso incluso ha llegado a enseñar su contrato de alquiler en una entrevista con OkDiario en la que ha asegurado que es rotundamente falso“ que se le haya comprado ”una casa“. Ni Más Madrid ni PSOE consideran que el documento es suficiente para desmentir las denuncias y críticas que pesan sobre la líder madrileña, a pesar de que el Gobierno autonómico se aferra estos días a ese documento para zanjar la polémica y acusar al presidente Pedro Sánchez de ”mentir“ en sus acusaciones.

Ceuta, la climatización de las aulas y la reconstrucción

Con el debate próximo y la polémica del ático todavía dando de qué hablar, el Gobierno de Ayuso lleva estos últimos días intentando cambiar el foco. Empezó hace una semana, con la concentración por Ceuta en diferentes ciudades de España. La plana mayor del PP se reunió en Cibeles y la cita dejó una imagen que, después de meses de polémica y tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el ático, mandaba un claro mensaje: Ayuso no está sola.

Luego siguió cuando la Comunidad de Madrid intentó boicotear la reunión de Hacienda sobre financiación autonómica. Pidieron al resto de regiones del PP que tampoco asistieran, pero al final estas hicieron caso omiso y Ayuso obtuvo justo lo que necesitaba. Que se hablara del nuevo desplante de la baronesa del PP al Ejecutivo central.

Esta semana la situación ha cambiado ligeramente. Ahora ya no basta con cambiar el relato, también hay que sacar pecho de la gestión, que es lo que previsiblemente hará Ayuso durante el debate de la Asamblea. Hace unos días, fue la propia presidenta autonómica quien anunció que iba a invertir 1.240 millones de euros para mejorar la climatización de cientos de centros educativos públicos en toda la región. Lo hizo después de que las asociaciones de familias llevaran meses exigiéndolo y siendo desoídas por la administración y a pesar de las declaraciones de miembros de su gobierno, como el desafortunado comentario del consejero de Cultura, Mariano de Paco.

Pero ese anuncio no se queda ahí. Este mismo miércoles se ha conocido que el Gobierno autonómico ha preparado un nuevo paquete de medidas valoradas en más de 26 millones de euros para avanzar en la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios del verano, incluido un plan para prolongar el desdoblamiento de la M-501 desde Navas del Rey, uno de los anuncios que hará Ayuso durante su intervención del jueves pese a las quejas que presentaron los grupos ecologistas cuando surgió el primer proyecto de la mano de Esperanza Aguirre.

Mientras, la presidenta autonómica vuelve a erigirse como azote del Gobierno de Pedro Sánchez gracias al nuevo varapalo del Tribunal Supremo con la conocida como 'ley de nietos', que frena el derecho al voto de los descendientes españoles exiliados por la dictadura franquista. “Ayuso ya advirtió lo que significaba la 'ley de nietos'”, aseguraba el PP de la capital este miércoles. Un nuevo tanto que se apunta Ayuso y su equipo.

La lectura del material desclasificado por el Gobierno permite concluir que todos los servicios de Información españoles coinciden en que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las entradas irregulares a nado fue uno de los motivos de la entrada de migrantes a Ceuta por esa vía los días 30 y 31 de julio pasados. El mismo día en que se conoció el sentido del fallo, el 8 de julio, la Guardia Civil elaboró una nota en la que advertía de su “efecto llamada” y ya proponía cuatro medidas para contener sus efectos.

El Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil elaboró ese día una “nota de despacho”, un informe interno para ser elevado en la cadena de mando. El objeto de la nota era advertir a la Dirección General de la Guardia Civil de las “relevantes consecuencias operativas” que la sentencia iba a tener para el instituto armado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La nota explica brevemente la relevancia del fallo, en el sentido de que a partir del mismo los migrantes buscarán la vía marítima para acceder a territorio español. El fallo del Supremo establecía que al no disponerse en el agua de elementos disuasorios el acceso a nado escapaba de los requisitos que establece la Ley para la devolución ‘en caliente’.

“Esta situación previsiblemente incrementará la presión migratoria sobre ambas ciudades, al consolidarse una diferencia de tratamiento entre quienes intentan acceder a través de las vallas fronterizas y quienes lo hacen por vía marítima. Ello puede generar un efecto llamada hacia las entradas a nado, modalidad que ya presente una elevada dificultad para su detección e interceptación temprana”, recoge la nota desclasificada por el Gobierno.

Los expertos del instituto armado proponían a la Dirección General reforzar su servicio marítimo provincial en Ceuta, al igual que el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). En su nota de dos folios incidían en la necesidad de contar con elementos que permitieran anticiparse a una llegada masiva. Para ello proponían “potenciar los sistemas tecnológicos” de vigilancia que, junto a los medios marítimos y terrestres, permitieran avisar cuanto antes a las autoridades marroquíes y “reducir los riesgos para la vida e integridad” de los migrantes.

En cualquier caso, la Guardia Civil ya valoraba el día del fallo que el Gobierno debía impulsar una “modificación legislativa” para que se pudiera aplicar la devolución ‘en caliente’ a los ingresados por vía marítima de igual forma que los que acceden a España de forma irregular por la frontera terrestre.

El 30 de julio, cuando la entrada de inmigrantes en Ceuta a nado ya es masiva, el CNI emite un informe en el que asegura que, desde la sentencia del Supremo ha “incentivado” la entrada a nado “desde comienzos de julio”.

“A lo largo del mes de julio, los nadadores que lograron llegar a tierra o ser recogidos por embarcaciones de salvamento españolas, al ver que no eran devueltos por las autoridades españolas difundían sus logros en redes sociales, amplificando la difusión del cambio provocado por la decisión judicial y generando con ello un efecto llamada exponencial a lo largo de los días 22-27 de julio”, dice textualmente el informe del CNI.

“Se entienden como consecuencia directa de la sentencia”

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) habla de la afluencia de migrantes como “consecuencia directa” del fallo. “Los intentos de acceso se entienden como consecuencia directa de una sentencia del TS español del 29JUN26, publicada el 08JUL26, en la que se establecía que los accesos a nado a territorio nacional no eran susceptibles de generar rechazos en frontera. Esto supone, en la práctica, una decisiva limitación de acción a las FCSE españolas”, recoge el informe emitido a las 13:00 horas del día 30.

La Policía también menciona la sentencia del Alto Tribunal en sus informes. Horas antes de la entrada, el 29 de julio, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras habla de “las posibles consecuencias” de la sentencia de Supremo, sumado a la celebración del Día de Trono en Marruecos (por el precedente que ocurrió en 2018) y la información procedente de redes sociales. A partir de ellos plantea varios escenarios donde varía el riesgo y la probabilidad.

La tesis del “efecto llamada” fue la explicación que los responsables del Ministerio del Interior recibieron de sus homólogos marroquíes cuando les telefonearon en las primeras horas de la crisis.

Este perfil del hasta ahora director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se publicó el 21 de octubre de 2020 tras su absolución en la causa contra la cúpula de los Mossos por el 1-O. Recuperamos el texto por su interés informativo tras el anuncio de su marcha.

Josep Lluís Trapero empezó desde abajo y ascendió a lo más alto de la cúpula de los Mossos d’Esquadra sin buscar ni deber favores políticos. Criado en un barrio obrero de Santa Coloma de Gramenet, los que le conocen bien destacan su tozudez y la costumbre de hablar claro. Un mando que atiende a cualquier agente que le requiera, tenga o no galones. En el 2013 fue elegido jefe de los Mossos por el entonces conseller de Interior, Ramon Espadaler, un político procedente de Unió que ni era ni es independentista. A Trapero se le escogió solo porque se consideró que podía hacerlo mejor que otros comisarios que aspiraban a ese mismo ascenso. Era algo que se sabía dentro y fuera de los Mossos y que ahora también queda recogido en la sentencia de la Audiencia Nacional que lo ha absuelto. El ascenso de Trapero, subrayan los magistrados, fue “un reconocimiento personal sin vinculación con el proyecto independentista”. 

Trapero siempre ha sido solo un policía que quería hacer de policía, al que algunos quisieron encumbrar a la categoría de héroe y otros presentar como un traidor. Su gestión en los atentados de agosto del 2017 lo convirtió en un icono hasta el punto de que su cara acabó estampada en camisetas. Su “Bueno, pues molt bé, pues adiós” como respuesta a un periodista que se quejó de que el major contestase en catalán a una pregunta formulada en esta misma lengua llegó a ser trending topic mundial en Twitter esa tarde del 22 de agosto. En actos públicos o en reuniones privadas se comporta igual. Si le preguntan en castellano, responde en castellano. Si lo hacen en catalán, contesta en catalán. Con comparecencias como esa se ganó muchos fans pero también detractores en algunos medios de comunicación.

Antes de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, una parte del independentismo recelaba de él por considerarlo como una persona de orden del que costaba imaginar que estuviese dispuesto a desobedecer órdenes para favorecer la causa independentista. Hay que situarse en esas semanas de finales de verano y el otoño del 2017 para entender cómo la Policía catalana y, sin buscarlo, sus máximos responsables, acabaron formando parte de la bronca política.

En el Govern, casi de manera secreta, algunos altos cargos se llegaron a plantear la posibilidad de relevar a Trapero y buscar un mando policial que sí estuviese dispuesto a hacer lo que hiciese falta para que el secesionismo lograse su propósito. Al final los planes se truncaron, el major siguió al frente de los Mossos y, del mismo modo que plantó cara a más de un político, hizo lo propio con el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, a quien se encargó la coordinación de todos los cuerpos policiales con presencia en Catalunya para el 1-O.

Trapero defendió su autoridad y la autonomía de la Policía autonómica y alertó de que su intención era cumplir las instrucciones de la jueza cuando esta pidió que el día del referéndum se actuase con proporcionalidad. La magistrada Mercedes Armas reclamó a todos los mandos policiales, incluido Pérez de los Cobos, tener “paciencia” y actuar con contención durante esa jornada. El coronel de la Guardia Civil, con un carácter como mínimo igual de fuerte que Trapero, no perdonó que el major reivindicase el papel de los Mossos y, tras la actuación de varios agentes de la Policía Nacional y después de escuchar sus declaraciones en sede judicial, es evidente que el concepto que ambos tenían de lo que debía ser una actuación proporcionada no fue la misma.  

Tanto Pérez de los Cobos como el autor de la mayoría de atestados de las causas relativas al proceso soberanista, el teniente coronel Daniel Baena, transformaron sus “percepciones personales” de lo que vivieron en declaraciones inculpatorias ya en sede judicial. Primero en el Supremo y después en la Audiencia Nacional. Baena se esforzó y no poco en presentar a Trapero como uno de los responsables de la estrategia independentista. En la sentencia conocida este miércoles, los jueces desaprueban que este mando de la Guardia Civil se dedicase a acusar sin pruebas. “Lejos de inferir a partir de hechos o circunstancias que funcionen como premisas [...] se parte de la conclusión a la que se quiere llegar”. 

Pocos días después del 1-O, Puigdemont le hizo llegar una carta de agradecimiento que Trapero ni contestó. Ambos sabían que no veían las cosas igual y que la situación podría complicarse todavía más. Es lo que pasó, los dos fueron destituidos en base a la aplicación del artículo 155 y mientras el primero siguió, ya desde Waterloo, buscando y obteniendo protagonismo, Trapero optó por la máxima discreción. No quiso ni escuchar a los que por vía indirecta le hicieron llegar la posibilidad de integrarse en la lista electoral de Puigdemont. En esos momentos era difícil encontrar a alguien más hastiado de los políticos.

Durante estos tres años ha estado alejado de cualquier foco mediático, centrado en su familia y en preparar su defensa. Un tiempo en el que ha seguido trabajando y recibiendo cartas a diario. La periodista Mayka Navarro explicó hace unos meses en un artículo que aunque el major trata de responderlas todas a mano, no termina de leer aquellas que le tratan como un héroe. Porque era y es solo un policía. 

El fiscal anticorrupció, Fernando Maldonado, ha recorregut contra la sentència que va absoldre el passat 23 de juny Marcos Benavent, autodenominat ‘ionqui dels diners’, i l’exdirigent del PP valencià Vicente Burgos en la peça separada E del cas Taula, relativa a les presumptes irregularitats en contractes municipals de la presumpta trama. El tribunal de la Secció Cinquena de l’Audiència Provincial de València, segons una interlocutòria dictada el passat 2 de setembre, acorda tindre preparat el recurs de cassació interposat pel Ministeri Fiscal davant el Tribunal Suprem (TS).

L’escrit d’Anticorrupció, al qual ha tingut accés elDiario.es, qüestiona que la sentència considere prescrit el presumpte delicte continuat de malversació de cabals públics imputat a Benavent i a Burgos, que van ser absolts juntament amb els empresaris Carlos Turró, Carlos Vicent Gil i Enrique Aleixandre.

Mentre que el tribunal va concloure que es va formular acusació contra el’‘ionqui dels diners’ i contra Vicente Burgos per una presumpta malversació, sense que foren imputats expressament per aquest delicte fins al 2023 i per ordre de la Secció Quarta de l’Audiència de València, el fiscal Maldonado sosté que tots dos acusats van prestar declaració en fase d’instrucció pels fets “acoblables” en el delicte de malversació, “per la qual cosa l’acusació ni ha prescrit ni pot considerar-se sorprenent”, afirma.

Una “denegació indeguda” d’una prova clau

L’escrit destaca les “contradiccions” entre les declaracions testificals de Marcos Benavent en la fase d’instrucció —durant la seua etapa inicial de col·laboració amb Anticorrupció— i les seues manifestacions en el juí oral, en sentit diametralment contrari.

El fiscal va sol·licitar al tribunal l’audició de les declaracions del “ionqui dels diners’ durant la fase d’instrucció, una opció denegada per la Secció Cinquena de l’Audiència de València, al·legant que no s’ajustava a la normativa i que la prova no resultava necessària. El recurs argumenta que l’acusació pública va patir una ”denegació indeguda de la pràctica de prova“.

Es tracta, segons indica Anticorrupció, d’una “prova essencial” per a “destruir la presumpció d’innocència de tots els acusats, atés que l’absència de valoració de la declaració judicial de l’acusat Marcos Benavent va afectar el conjunt de la valoració efectuada”. El fiscal veu, per tant, una vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.

El Ministeri Públic també qüestiona que el tribunal descartara que Marcos Benavent fora funcionari públic, per la qual cosa el va absoldre dels presumptes delictes continuats de prevaricació administrativa i suborn.

Condemna ferma a huit anys de presó

D’altra banda, el TS va confirmar el passat 26 de juny la condemna a quasi huit anys de presó imposada a Benavent per l’Audiència de València com a autor dels delictes de blanqueig i falsedat, en el marc de la peça separada J del cas Taula. L’Alt Tribunal, tal com va informar aquest diari, va avalar la prova fonamental del procediment: les gravacions que va efectuar subreptíciament el “‘ionqui dels diners’ als seus correligionaris de la trama.

Benavent va ingressar a la presó de Picassent el passat mes de juliol.

El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, ha recurrido la sentencia que absolvió el pasado 23 de junio a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', y al exdirigente del PP valenciano Vicente Burgos en la pieza separada E del 'caso Taula', relativa a las supuestas irregularidades en contratos municipales de la presunta trama. El tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, según un auto dictado el pasado 2 de septiembre, acuerda tener preparado el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo (TS).

El escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso elDiario.es, cuestiona que la sentencia considere prescrito el presunto delito continuado de malversación de caudales públicos imputado a Benavent y a Burgos, que fueron absueltos junto con los empresarios Carlos Turró, Carlos Vicent Gil y Enrique Aleixandre.

Mientras que el tribunal concluyó que se formuló acusación contra el 'yonqui del dinero' y contra Vicente Burgos por una presunta malversación, sin que fueran imputados expresamente por ese delito hasta 2023 y por orden de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, el fiscal Maldonado sostiene que ambos acusados prestaron declaración en fase de instrucción por los hechos “encajables” en el delito de malversación, “por lo que la acusación ni ha prescrito ni puede considerarse sorpresiva”, afirma.

Una “denegación indebida” de una prueba clave

El escrito destaca las “contradicciones” entre las testificales de Marcos Benavent en la fase de instrucción (durante su etapa inicial de colaboración con Anticorrupción) y sus manifestaciones en el juicio oral, en sentido diametralmente contrario.

El fiscal solicitó al tribunal la audición de las declaraciones del 'yonqui del dinero' durante la fase de instrucción, una opción denegada por la sección quinta de la Audiencia de Valencia, aduciendo que no se ajustaba a la normativa y que la prueba no resultaba necesaria. El recurso arguye que la acusación pública sufrió una “denegación indebida de la práctica de prueba”.

Se trata, según indica Anticorrupción, de una “prueba esencial” para “destruir la presunción de inocencia de todos los acusados, dado que la ausencia de valoración de la declaración judicial del acusado Marcos Benavent afectó al conjunto de la valoración efectuada”. El fiscal ve, por lo tanto, una vulneración del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva.

El Ministerio Público también cuestiona que el tribunal descartara que Marcos Benavent fuera funcionario público, por lo que lo absolvió de los presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa y cohecho.

Condena firme a ocho años de prisión

Por otro lado, el TS confirmó el pasado 26 de junio la condena a casi ocho años de prisión impuesta a Benavent por la Audiencia de Valencia como autor de los delitos de blanqueo y falsedad, en el marco de la pieza separada J del 'caso Taula'. El alto tribunal, tal como informó este diario, avaló la prueba fundamental del procedimiento: las grabaciones que efectuó subrepticiamente el 'yonqui del dinero' a sus correligionarios de la trama.

Benavent ingresó en la cárcel de Picassent el pasado mes de julio.

El año judicial arranca de nuevo bajo un clima de máxima tensión entre el Gobierno y una parte de los jueces. La decisión del Tribunal Supremo de frenar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo abre un nuevo frente al Ejecutivo en un momento especialmente sensible: la víspera del acto de arranque del curso en los tribunales que preside cada año el rey Felipe VI ante un despliegue de togas y autoridades.

El veredicto de los jueces tendrá posiblemente unos efectos electorales limitados, dado que el porcentaje de nacionales españoles residentes en el extranjero que votan en las elecciones generales habitualmente apenas supera el 7% del total. Pero da vuelo y argumentos jurídicos a las teorías conspirativas de la derecha y la extrema derecha sobre un supuesto plan del Gobierno para alterar los resultados de las urnas al engordar el censo a través de la ley que ha otorgado de momento la nacionalidad a 306.000 descendientes. Y, sobre todo, suma un nuevo episodio al capítulo de choques entre el Gobierno y el Poder Judicial apenas días después del encontronazo por el famoso informe policial sobre Ceuta.

En una breve intervención ante los medios en el Senado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, admitió este martes que en el Ejecutivo “no comparten” la decisión y reclamó al Supremo que dé “prioridad” a este asunto y resuelva sobre el fondo antes del próximo ciclo electoral. El tribunal adelantó este martes el fallo, todavía no se conocen los argumentos de los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para paralizar de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la ley de nietos salvo que acrediten que son descendientes de exiliados. Está previsto que los autos que sustentan esta decisión se notifiquen en los próximos días.

La ley que establece el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles represaliados del franquismo fue aprobada el 5 de octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación parlamentaria. Ha sido cuatro años después, al calor de un acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado julio que declinaba intervenir sobre el modo en que se conceden las nacionalidades y sobre la aplicación del censo, cuando ambos partidos alentaron el bulo de un supuesto pucherazo electoral.

El asunto llegó al Supremo de la mano de Vox y del partido extraparlamentario Iustitia Europa, un habitual de la acusación popular en diferentes causas de trascendencia pública. Su tesis es que una instrucción de octubre de 2022 del Ministerio de Justicia realiza una “interpretación expansiva” de esa norma al establecer que basta con acreditar con documentación que el antepasado —progenitor o abuelo— salió de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 para que se presuma la condición de exiliado que exige la ley para acceder a la nacionalidad.

En realidad, esa instrucción es similar a otra dictada en 2008, después de que la primera ley de memoria reconociera el derecho a obtener la nacionalidad española a los hijos de exiliados y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Durante la vista, la Abogacía del Estado defendió que suspender provisionalmente las nuevas altas automáticas privaría de forma masiva de un derecho reconocido en la Constitución Española a miles de ciudadanos.

La interpretación de la amnistía

Aunque con una envergadura mucho más limitada, el freno del derecho al voto de los descendientes de españoles evoca otras decisiones del Supremo que han cuestionado iniciativas del Ejecutivo. El asunto más patente fue la ley de amnistía, una norma que ha soliviantado como ninguna otra a los jueces conservadores, mayoritarios en la carrera y en la cúpula judicial.

Pese a la claridad de la ley que ya cuenta con el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Alto Tribunal capitaneó las maniobras judiciales para impedir su aplicación. Los jueces de la Sala de lo Penal fabricaron una interpretación sobre la malversación para excluir de la ley a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, sus dos primeros potenciales beneficiarios.

El Supremo interpretó que esos altos cargos debían haber pagado de su bolsillo los gastos del referéndum y, por tanto, se habían ahorrado ese dinero incrementando su patrimonio. Sus delitos se declararon no amnistiables. Y así continúan a la espera de si el Tribunal Constitucional corrige esta decisión el próximo otoño tras avalar la constitucionalidad de la norma en junio del año pasado.

Además, meses antes de que esa norma fuera aprobada de forma definitiva, esos mismos magistrados de la Sala de lo Penal habían llegado incluso a imputar al expresident de la Generalitat por terrorismo, uno de los delitos no amnistiable según la ley pactada con Junts a cambio de la investidura. Esa vía fue anulada por culpa de los errores en la instrucción del juez Manuel García Castellón, quien incumplió los plazos de prórroga en la investigación.

Esta última decisión del Supremo sobre el voto exterior otorga, además, una nueva victoria en los tribunales a Vox, quien se ha convertido en un actor habitual en las causas que afectan al Gobierno o al entorno del presidente. Junto a otras organizaciones ultras como Manos Limpias o HazteOír, el partido de extrema derecha obtuvo su primer gran espaldarazo en la cúspide de la judicatura con la condena al ex fiscal general del Estado por la filtración de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Con esa condena, también cuestionada por el Ejecutivo, el Supremo avaló la estrategia emprendida por la derecha política y judicial para que el entonces fiscal general fuera llevado al banquillo antes que el propio empresario, investigado desde 2024. En la apertura judicial de hace un año, Álvaro García Ortiz estaba a punto de ser juzgado por revelación de secretos. El acto se celebró también en medio de una tensión creciente derivada de su presencia institucional en un acto que se celebra en el mismo edificio que apenas unas semanas acabó acogiendo el juicio contra él.

Este jueves será su sucesora, Teresa Peramato, quien comparezca por primera vez para dar cuenta de la memoria de la institución. También será el tercer discurso solemne de apertura del año judicial de la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perelló, alineada con posiciones muy corporativistas y poco dadas a la autocrítica. Este martes, nueve vocales progresistas del órgano le pidieron por carta que no se limite en su discurso a “presentar cifras o a trasladar responsabilidades a otras instituciones”.

“Teníamos razón”. Con estas dos solas palabras ha despachado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la inscripción en el censo electoral de buena parte de las personas que han adquirido la nacionalidad española a través de la llamada ‘ley de nietos’. Una medida que el alto tribunal no ha tomado por un recurso del PP, sino de los partidos Iustitia Europea y Vox, y que les sirve para alentar sus denuncias de un supuesto “pucherazo electoral” promovido por el Gobierno.

Las conspiraciones sobre la “ingeniería electoral” de Pedro Sánchez no son nuevas y se retrotraen casi hasta sus primeros meses como presidente. En los meses previos a las elecciones de 2023, las derechas alentaron expresamente los bulos sobre el voto por correo o la incidencia del voto exterior, y no dudaron en usar la palabra “pucherazo”.

Feijóo y los suyos implicaron expresamente en el supuesto complot a Correos, al Instituto Nacional de Estadística, al CIS o a la empresa Indra, encargada del recuento.

Aquellos comicios pasaron sin incidencias significativas. Con las urnas cerradas, y pese a que Feijóo no pudo gobernar por apenas un puñado de votos, las acusaciones decayeron. El voto de los residentes en el extranjero (CERA) cambió un diputado en aquellas generales: en Madrid y a favor del PP.

El ruido sobre las dudas ante los procesos electorales se redujo tras los comicios, al menos el que partía del primer partido de la oposición. Pero regresó cuando volvió a haber convocatorias a las urnas a finales de 2025 en Extremadura y en la primera parte de este 2026.

El PP y Vox no solo no han parado sus insinuaciones, sino que las han elevado de tono. Y el Tribunal Supremo ha tomado una decisión provisional que abona sus teorías.

El alto tribunal paralizó este martes de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’, lo que les podría privar de su derecho al voto en las elecciones autonómicas y generales previstas para 2027, salvo que acrediten documentalmente, tras un largo proceso burocrático, que son descendientes de exiliados. El Supremo no tiene ningún plazo concreto para dictar una sentencia definitiva.

El acuerdo judicial establece que quienes hayan obtenido la nacionalidad española de origen mediante una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 continuarán la tramitación de su expediente de inscripción en el llamado Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Sin embargo, una vez finalizado el expediente, su inscripción quedará suspendida hasta que se dicte sentencia firme.

Hasta la emisión de la sentencia, también se suspende el derecho al voto para las personas que ya están inscritas bajo este mismo supuesto para los sucesivos procesos electorales que se convoquen.

Todo deriva de una ley de 2022 y de una instrucción posterior del Ministerio de Justicia que no fue recurrida en su momento por ninguno de los partidos que ahora pugnan por patrimonializar la decisión del Supremo. Sí lo llevó a los tribunales otra organización minoritaria, pero el TSJ de Madrid lo desestimó por falta de legitimidad.

No ha sido hasta este año cuando las derechas se han lanzado contra la norma. Pero Iustitia Europea y Vox no han recurrido ni la ley ni la instrucción de 2022, sino una decisión de la Junta Electoral Central del pasado 16 de julio. Un organismo administrativo que depende del Congreso de los Diputados y del que forman parte ocho magistrados del Supremo. Una de ellas, Pilar Teso, forma parte de la propia sala que ahora ha tumbado la decisión que ella aprobó.

PP: El Gobierno pretendía alterar las elecciones

La decisión del Supremo ha suscitado una guerra por llevarse el mérito. “El Supremo le acaba de dar la razón al PP, y el Gobierno va a tener que explicarse y asumir responsabilidades”, aseguró el martes en un videocomunicado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, responsable del argumentario interno tanto en este asunto y en otros de gran relevancia como la crisis de Ceuta.

Ezcurra es una de las portavoces más duras del PP. ‘Ayusista’ que ha escalado hasta la cúpula de la dirección nacional, dijo que “la justicia” ha impedido el “intento del Gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral”.

“Porque el Gobierno pretendía, con todo el descaro, alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder”, dijo la también eurodiputada sin aportar una sola prueba. “Hablamos de más de dos millones y medio de solicitudes, más de medio millón de nacionalidades ya concedidas y apenas un 2% de denegaciones. Todo deprisa, todo sin garantías. Y todo a pocos meses de unas elecciones. ¿Raro, no?”, se cuestionaba Ezcurra, quien obvió en su declaración enlatada que el papel del Gobierno en esta ley concluyó en 2022.

“Los españoles merecen saber que Sánchez ha utilizado una instrucción de la hermana de Óscar Puente para acelerar nacionalizaciones en masa, para rebajar garantías y alterar el censo electoral sin un debate parlamentario a la altura de una decisión de esa magnitud”, añadió la dirigente del PP, cuyo partido no mencionó una sola vez ninguna pega a la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática de la que nace el procedimiento ahora suspendido.

“La nacionalidad española es un honor que no se regala”, concluyó su mensaje Ezcurra. El problema es que el Supremo no ha suspendido ni puesto en duda el derecho a la nacionalidad española de esas personas, sino su inscripción en el censo electoral bajo el método acordado por la Junta Electoral.

Desde el Gobierno, el ministro Félix Bolaños aseguró “no compartir” la decisión de los jueces del Supremo y les pidió que tomen una decisión definitiva “lo antes posible”, ya que se trata de “lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto”.

Guerra con Vox

El PP lanzó a sus portavoces a reivindicar el teórico éxito cosechado en el Supremo, aunque su papel jurídico ha sido nulo. Tanto, que la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, optó por felicitar en redes sociales al otro partido que sí ha participado en los recursos, el minoritario y extraparlamentario Iustitia Europea.

Gamarra habla de un “trabajo colectivo que hace que hoy sea un gran día para la Nación”.

Las respuestas de Vox no se hicieron esperar. También en redes sociales, el partido de Santiago Abascal acusó al PP de no actuar, y recordó cuando el hoy líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reclamaba como presidente de la Xunta de Galicia que se facilitara la participación en las elecciones de los descendientes de los emigrados al cono sur americano.

El tuit de Vox fue respondido por Ezcurra: “Pelear por medallitas es perder el tiempo”.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, salió al paso. Ante una sala de prensa vacía en el Congreso, lanzó su dardo al PP: “Unos se limitaron a avisarlo. Otros hemos logrado detener el objetivo de Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales”.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha anunciado que el Departamento ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso de casación respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que obligaba a aplicar a los centros concertados las reducciones de ratios de alumnado establecidas para la enseñanza pública, según ha informado Europa Press.

En pasado mes de junio, Gimeno lamentó que el fallo que daba la razón a la patronal de la red concertada. “¿Un centro concertado en Navarra, de los de más prestigio, presenta las mismas necesidades educativas de un colegio público de Pamplona, o de la Comarca, o de la ciudad de Tudela, con cuatro veces más necesidades educativas?”, planteó antes del verano.

“Yo entiendo que la ratio que se aplica en los centros públicos por parte del Departamento de Educación es una medida de protección y de compensación ante las necesidades que tiene la escuela pública”, declaraba. Además de que la aplicación de la sentencia supondría un “caos organizativo en el sistema educativo absolutamente ostensible”.

En respuesta a los medios de comunicación, este martes ha explicado que el recurso se debe, entre otras cuestiones, a que “si no se recurre, la sentencia hubiese adquirido firmeza, habría que haberla ejecutado y habría que haber hecho una readmisión de todo el alumnado”, ya que “cualquier persona afectada podría haber presentado un recurso”.

“Por otra parte, la sentencia argumenta que no aplicar las mismas ratios a la red vulnera el principio constitucional de igualdad. Pues yo no sé por qué en el País Vasco hay una norma que fija ratios diferentes entre la pública y la concertada, concretamente el decreto 21/2009. Eso es una cuestión que ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca y no pasa nada. Nadie ha recurrido esta cuestión”, ha añadido.

“Entendiendo que no hay jurisprudencia” al respecto, ha afirmado el consejero de Educación. “A nosotros nos parece interesante que un órgano jurisdiccional único se pronuncie al respecto. Nos interesa conocer la postura del Tribunal Supremo, al margen de que no estamos de acuerdo con la sentencia, la respetamos, pero no estamos de acuerdo con el principio de igualdad”, ha manifestado, tras añadir que “no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una materia supone una infracción”.

La demanda civil por difamación presentada por el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, contra el empresario Víctor de Aldama afronta sus últimos trámites antes de llegar a juicio salvo que se produzca un improbable acuerdo entre ambos. Según una resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, la plaza 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid celebrará el próximo 4 de noviembre la audiencia previa, una fase del procedimiento que tiene lugar antes de la vista oral y en la que, entre otras cuestiones, se ofrece a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo y poner fin al litigio.

Aldama, que fue condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la Justicia, acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. El pasado mayo, Bolaños lo demandó por vulnerar su derecho al honor y reclamó que se condenaran “las falsedades” que a su juicio estaba difundiendo ante la prensa y en sus redes sociales “sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio”. También solicitaba ser indemnizado con 70.000 euros por daños y perjuicios.

El artículo 414.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no establece que Bolaños y Aldama tengan que acudir personalmente a este trámite, en el que podrán estar representados por sus abogados o procuradores.

Las afirmaciones de Aldama

“Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, dijo Aldama en ese programa. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquella afirmación, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Sí”.

El citado juzgado admitió la demanda y emplazó al empresario a presentar alegaciones y a la Fiscalía a pronunciarse sobre si la demanda debía seguir tramitándose, como finalmente ha ocurrido. En su escrito de respuesta, la defensa de Aldama se escudaba en el periodista Ramón Bermejo, quien empezó a ejercer como su portavoz cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la Justicia.

Sin embargo, ese mismo escrito puso de manifiesto la falsedad de la argumentación de Aldama, dado que ninguna de las llamadas presentadas en el juzgado correspondientes al teléfono de su portavoz tienen al ministro como interlocutor.

Según Aldama, Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto.

En ese periodo nadie sabía que el comisionista, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta. Aldama entró en prisión en octubre de 2024 por su implicación en un caso de fraude millonario en el sector de los hidrocarburos y fue ahí cuando inició su colaboración con la Justicia.

En ese escrito la defensa del empresario asegura también que en esas llamadas, según lo trasladado por Bermejo, participaron “personas mandatadas por Bolaños” como su ex jefe de gabinete Rafael Oñate y otras personas del departamento ministerial. Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023, meses antes de las supuestas conversaciones.

En ese momento, Aldama era un empresario desconocido para el gran público del que todavía no había trascendido su papel en la causa de las mascarillas, un caso que la Fiscalía Anticorrupción investigaba entonces de manera reservada.

A falta de un pacto de última hora, que parece poco probable, la audiencia del próximo 4 de noviembre servirá para que las partes propongan la prueba de cara al juicio. La magistrada deberá decidir si acepta o no esa prueba antes de señalar la fecha de la vista oral.

Argelia Queralt (Múnich, Alemania, 1976) es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace dos años. Doctora en Derecho y profesora titular de la Universitat de Barcelona, llegó al órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PSOE tras una etapa como letrada del Tribunal Constitucional. Queralt atiende por teléfono a elDiario.es días antes del acto oficial de inicio de curso de los tribunales que se celebra el próximo jueves.

La jurista defiende que “los jueces son un poder del Estado y tienen más responsabilidad democrática que otros colectivos” y lamenta que el arraigado “corporativismo” dentro del órgano frene la autocrítica y la apertura frente a “señales de alarma”, como las encuestas que apuntan a una cierta desconfianza de los ciudadanos en la Justicia.

Tras meses de investigación, el CGPJ archivó nueve de las once quejas tramitadas contra el juez Juan Carlos Peinado. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de archivar otra de las dos que ustedes le remitieron. ¿Hay resistencias a sancionar a otros jueces?

Hay cuestiones como todo lo relativo a la libertad de expresión que la parte judicial tiene más reticencias a sancionar. Su argumento es que los jueces, cuando no están ejerciendo, tienen libertad de expresión absoluta. Eso me llama la atención. No se trata de limitar ilegítimamente su libertad de expresión, pero la propia Comisión de Ética —aunque sus resoluciones no son vinculantes ni pueden ser utilizadas como elemento disciplinario— sí habla de prudencia y de no olvidar que sus manifestaciones pueden afectar a la idea de neutralidad e imparcialidad. Falta concienciar a la carrera de que aunque son ciudadanos y ciudadanas de a pie cuando no están ejerciendo no dejan de tener unas responsabilidades. Debería haber un debate en el seno del Consejo y de la judicatura y después una actualización legislativa sobre el tema disciplinario.

Durante este curso, el Consejo también rechazó sancionar al juez que llamó “Barbigoña” a la mujer de Sánchez y al magistrado que dijo que Irene Montero no podía darles lecciones a los juristas “desde su cajero de Mercadona”. Lo hizo con el voto en contra de los vocales de su grupo. ¿Esos mensajes socavan la apariencia de imparcialidad?

Precisamente por esto hay que darle una vuelta al tema de la libertad de expresión. La apariencia de imparcialidad es un concepto un poco difuso, pero es la que hace que la ciudadanía confíe en el buen hacer de los miembros de la carrera judicial. Determinadas manifestaciones o expresiones relativas al género o a cuestiones políticas dan una mala imagen que se extiende a toda la carrera y acaban propiciando una visión de una judicatura no imparcial. La judicatura debe comportarse de una manera ejemplar y respetar todos aquellos elementos que permitan que la ciudadanía confíe en su actuación, que es independiente, sí, pero muy importante, también debe ser imparcial y parecerlo.

Cada año se tramitan unas 500 diligencias informativas contra jueces. ¿Pretende el Consejo limitar las quejas que se presentan contra jueces con el nuevo reglamento que está en tramitación?

Es una iniciativa que se está tramitando para poder mejorar el procedimiento de quejas, que es muy informal. Ahora el buzón de queja ciudadana del Consejo se utiliza para ejercer un derecho de protesta. Y eso hace que otras quejas que están bien formuladas tarden más en ser tramitadas. Además, solo se plantea que en determinados procedimientos solo las partes puedan interponer la queja, que no haya una especie de acción popular. Pero es solo una iniciativa que se ha empezado a tramitar.

Sondeos publicados recientemente por diversos medios revelaron que seis de cada diez españoles creen que los jueces se dejan influir por su ideología política. ¿Preocupan estos datos en el Consejo?

Es una percepción que también han recogido otros estudios de la UE o la OCDE y que evidencia que hay un problema de confianza respecto de la actuación de la Justicia. Es una llamada de atención que hay que tener en cuenta nos guste más o menos o nos parezca que tiene más o menos razón. Hay que tomar estos datos como señales de alerta, ver qué está pasando y actuar en consecuencia. Pero ahí sale el corporativismo. La mayoría del Consejo no está por llevar a cabo este proceso de reflexión, sino que lo percibe como un ataque al Poder Judicial. Yo creo que esto es un error no porque esté validando esos resultados, sino porque creo que en un Estado democrático tenemos que ser sensibles a esas opiniones. Los jueces y juezas son un poder del Estado y tienen que tener un elemento de responsabilidad democrática más elevado que otros colectivos.

En todo caso, ¿ve algún cauce para abordar este asunto en el Consejo?

Antes del verano nuestro grupo compartió con la presidenta y el resto de vocales una hoja de ruta de actuaciones, políticas públicas y decisiones que creemos que deberían guiar nuestro mandato, pero no hemos recibido respuesta. Para nosotros es indispensable dar respuesta a esa alerta, pero creo que a día de hoy en el Consejo no estamos en la voluntad de iniciar ese proceso de reflexión.

¿Cómo ve el liderazgo de la presidenta Isabel Perelló?

En general, la presidenta lleva a cabo una política excesivamente corporativista. A veces se deja llevar por esa protección de la carrera, como si el Poder Judicial necesitara de una protección extra porque se siente atacado. Aunque sea una actuación de buena fe y en la carrera se pueda ver de forma positiva, desde el punto de vista de la ciudadanía puede verse como defensiva, no de cooperación o colaboración institucional. También hay un cierto recelo hacia una apertura mayor del Consejo. Por ejemplo, comunicativamente deberíamos ser más activos. La transparencia es fundamental para legitimar la actividad judicial.

El pasado octubre parte de su grupo fue muy crítico con ella cuando pactó con los vocales de la derecha y Carlos Hugo Preciado un nuevo reparto de poder que propició que ocho de las once comisiones del órgano tengan mayoría conservadora. ¿Cómo ha evolucionado la situación desde entonces?

En aquel momento, hubo una ruptura de los equilibrios y del consenso que se había pactado. Nos pesó durante muchos meses porque debilitaron nuestra posición y aquellas líneas de actuación que podíamos creer prioritarias se vieron relegadas. Nos costó unos meses reubicarnos e ir ganando otra vez confianza con el otro grupo. A nivel personal las relaciones son buenas, pero en las votaciones se funciona como grupo. Además, tenemos un compañero, Carlos Hugo Preciado [elegido a iniciativa de Sumar], que tiene una línea de actuación propia que suele coincidir con la de la presidenta y el bloque conservador.

Las decisiones se adoptan por mayorías. Si no tienes los votos no se adopta el acuerdo que tú querrías. Por ejemplo, uno de los últimos temas que se trataron fue el de las cargas de trabajo de los jueces. Habíamos llegado a un acuerdo de mínimos y eso se rompió en el último Pleno. Hay una serie de personas que tienen un peso específico y que acaban decantando la balanza hacia el lado que no conviene a las políticas progresistas que creemos que deberían adoptarse.

Los vocales de derecha han bloqueado durante meses la elección de una vacante pendiente en la Sala Segunda que ustedes creen que se debe adjudicar a una mujer de sensibilidad progresista. ¿No ha habido manera de forzarles a negociar?

El bloque conservador tiene la mayoría y la presidenta les apoya. En el Consejo se adoptan los acuerdos por mayoría. Si hay una mayoría que dice que no va a empezar a debatir hasta que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque te puedes poner como quieras, pero no hay nada que hacer. El problema es que estamos en una situación en la que no tenemos los votos, así que eres generoso e intentas llegar a otros acuerdos o rompes con todo. Ir a todo en contra supone no conseguir nada de lo que nosotros creemos que se debería hacer, más allá de los nombramientos.

Para nosotros era importantísimo el tema de las cargas de trabajo, salud judicial, la presencialidad… Hay un par de reglamentos importantísimos que se están trabajando. A veces se hacen concesiones para intentar ir avanzando en otros aspectos donde se pueda llegar a acuerdos. Siempre estamos en la disyuntiva de si vamos a todo que no o vamos a ver lo que se puede conseguir con los votos que tenemos.

¿Qué balance hace de sus dos años como vocal? ¿Su grupo ha cumplido los retos que se propuso cuando empezó el mandato?

Deberíamos haber pactado una hoja de ruta y eso no se ha hecho. Se han conseguido cosas por la actuación de las comisiones, porque el Pleno ha ido haciendo, pero no porque hubiera una hoja de ruta clara. No tenemos capacidad para adoptar todas las medidas que queremos. En octubre del año pasado se quebró el equilibrio en el Consejo y supuso un antes y un después en algunas de las cosas que creíamos que podíamos haber hecho de forma consensuada y trabajando como órgano de gobierno plural pero bien engrasado.

A pesar de ello, se ha ido cumpliendo con la gestión de los nombramientos pendientes, un asunto que resulta de vital importancia para el funcionamiento interno de la carrera. Aunque tienen poca visibilidad, se han hecho cosas en materia de género o digitalización e inteligencia artificial. Son medidas pequeñas que pueden servir mucho a la carrera. O se ha trabajado de forma coordinada para habilitar una sede provisional en Barcelona para la Escuela Judicial mientras el edificio principal está en obras o para poder convocar las 500 nuevas plazas judiciales.

En los últimos días, ha habido un cruce de comunicaciones entre el Consejo y el Ministerio de Justicia a propósito de los refuerzos de los juzgados de Ceuta para hacer frente a la crisis migratoria.

Eso estaba solucionado, pero se ha querido dar una perspectiva político-mediática. La Comisión Permanente ya dio luz verde el 18 de agosto para que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pudiera adoptar las medidas que considerara oportunas respecto a refuerzos o guardias. Todo lleva un procedimiento, aunque sea de urgencia. Hay que hacer la convocatoria, dar publicidad, que se presenten aspirantes, resolver… Todo eso lleva unos plazos que están previstos en la ley para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades.

El “efecto llamada” no fue la regularización de inmigrantes. Fue una decisión del Tribunal Supremo. Es una sentencia muy corta, solo 13 folios que pasarán a la historia. Se ha escrito mucho sobre la crisis de Ceuta, sobre el papel de Marruecos, sobre la deficiente gestión del Gobierno. Muy poco sobre el origen jurídico con el que todo empezó.

El 29 de junio de 2026, un mes antes del colapso de la frontera en Ceuta, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recortó las “devoluciones en caliente”: una polémica excepción legal que solo se aplica en Ceuta y Melilla y que permite devolver inmigrantes a Marruecos por la vía rápida, sin las mismas garantías humanitarias que sí se aplican en el resto de las fronteras de la Unión Europea.

El origen legal de esas devoluciones en caliente está en una crisis anterior: la tragedia del Tarajal, el 6 de febrero de 2014. Alrededor de doscientos inmigrantes trataron de entrar en Ceuta a nado. La Guardia Civil, esta vez sí, recibió la orden de disparar con material antidisturbios: pelotas de goma, botes de humo y salvas detonadoras. Murieron 14 personas ahogadas. Veintitrés llegaron a tierra, pero la Guardia Civil las devolvió desde la propia playa, saltándose todos los protocolos legales.

La catástrofe en el Tarajal acabó en los tribunales. Estaba en cuestión la responsabilidad de los agentes que dispararon las pelotas de goma –acusados de homicidio imprudente, aunque finalmente fueron exculpados– y también la forma en que se devolvió a los supervivientes que nadaron hasta la playa.

El Gobierno de Mariano Rajoy zanjó el tema un año después. En marzo de 2015 aprovechó otro trámite parlamentario –la aprobación de la infausta ley mordaza– para colar por la vía rápida una importante modificación de la ley de extranjería. Se trata de una disposición adicional que establece un “régimen especial” solo para Ceuta y Melilla: en estas dos ciudades, se puede devolver por la vía rápida a aquellos extranjeros que “intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera”.

El PSOE y otros partidos de la oposición recurrieron esa reforma ante el Tribunal Constitucional, que en 2021 la avaló. Las polémicas devoluciones en caliente también llegaron en 2020 al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también las respaldó. Entre sus argumentos a favor de las devoluciones en caliente, el TEDH subrayó la especial situación de Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Y que estos intentos de entrar en España se producían en grandes grupos y con violencia, lo que justificaba esta respuesta.

Pedro Sánchez recurrió ante el Constitucional las devoluciones en caliente cuando estaba en la oposición. Al llegar al Gobierno, mantuvo esa ley y la aplicó. Desde el PSOE ahora justifican este giro con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Si derogamos las devoluciones en caliente, la situación de Ceuta y Melilla sería crítica”, aseguran fuentes del lado socialista del Gobierno.

No ha sido este el único cambio radical de opinión.

Hace diez años, nadie podía imaginar que quien acabaría recortando las polémicas devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla no sería el primer gobierno progresista de coalición, ni tampoco la muy garantista justicia europea. Para sorpresa de todos, este cambio ha llegado de un tribunal de mayoría conservadora en el Supremo español.

Cuando se mira quién firma esta sentencia, la sorpresa es aún mayor.

Los nuevos progresistas

El ponente de la reciente sentencia del Supremo que acaba de recortar las devoluciones en caliente es Fernando Román García. ¿Un peligroso juez izquierdista? No. Antes fue secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy. Era el número dos de Gallardón.

El presidente de la sección en el Supremo que aprobó la sentencia es Carlos Lesmes. El nombre no te suena por su activismo en defensa de los inmigrantes. Antes fue director general de Justicia en el Gobierno de Aznar y, más tarde, presidente del CGPJ durante el Gobierno de Rajoy.

La sentencia fue aprobada con el voto unánime de los cinco magistrados de la sección. Junto a Román y Lesmes, hay dos asociados a Juezas y Jueces para la Democracia y una de la conservadora APM. Tres a dos, a favor de la derecha.

Que dos magistrados de JJPD recorten las devoluciones en caliente es algo esperable. Esta asociación progresista siempre las cuestionó, e incluso se pronunció en contra de la sentencia del TEDH que las blindó. Pero que dos ex altos cargos del PP recorten una reforma del PP es algo más raro de ver.

Fuentes jurídicas aseguran que el debate antes de esta sentencia fue intenso. Carlos Lesmes era el más crítico con el texto de la sentencia, aunque finalmente la aceptó. Y quien con más vehemencia defendía recortar las devoluciones en caliente era Fernando Román: secretario de Estado del mismo Gobierno que aprobó esa reforma de la ley de extranjería.

¿Y qué dice esta nueva sentencia del Supremo? Prohíbe las devoluciones en caliente cuando se entra a nado, tras un recurso presentado por un inmigrante argelino. A juicio del Supremo, esas devoluciones en caliente no son legales, ya que la ley habla de “elementos de contención fronterizos”. Y en el mar no hay vallas.

Es curioso el argumento, teniendo en cuenta que esta reforma se aprobó precisamente tras la devolución ilegal de esos 23 inmigrantes que entraron a nado en Ceuta en 2014, en la tragedia del Tarajal. De hecho, la propia reforma sirvió para exonerar de prevaricación a los guardias civiles que participaron en aquella devolución.

En su recurso ante el Supremo, la Abogacía del Estado argumentó que sí hay “elementos de contención” para evitar las entradas a nado: las cámaras térmicas, los drones o el propio espigón. Para el Supremo, esto no cuenta como barrera.

Tras la enorme crisis desatada el 30 de julio en Ceuta, ha sido el propio Supremo quien ha explicado al Gobierno cómo cumplir con la sentencia: basta con instalar unas boyas alargando la línea de frontera desde el espigón para que se consideren “elementos de contención”.

“Todo este lío para que baste con poner una cuerda”, asegura una fuente del Gobierno. Por resumirlo: si un inmigrante sortea por la vía vertical los obstáculos –saltando la valla– sí se le puede expulsar de forma inmediata. Pero si lo hace por la vía horizontal –rodeando a nado el espigón– ya no.

¿Te imaginas –en un suponer– qué habría pasado si esta misma crisis –80.000 personas entrando de golpe en Ceuta, 141 muertos– se hubiera producido durante un gobierno del PP, tras una sentencia aprobada por dos ex altos cargos del PSOE? ¿Qué habría dicho la derecha?

Y una segunda pregunta: ¿habría redactado el Tribunal Supremo esta misma sentencia si en el Gobierno estuviera el PP?

El papel de Marruecos

La noticia sobre el fin de las devoluciones en caliente para quienes entraban a nado se disparó por las redes sociales marroquíes y alentó las primeras llegadas a Ceuta. Así lo recogían varios informes previos que –sin anticipar la magnitud de lo que venía– sí alertaron del aumento de las entradas a nado a raíz de la sentencia.

Pero esta decisión del Supremo, por sí sola, no explica todo lo que pasó. Y en este episodio en concreto, falta por conocer mucho más: si hubo quien manipuló las redes sociales para propagar ese mensaje. Y lo más importante: a qué se debió la inacción de los gendarmes marroquíes en la frontera durante tantas horas.

Los que primero entraron a nado ese día en Ceuta, equipados con flotadores, aletas o neoprenos, lo hicieron impulsados por las noticias sobre la sentencia o por grupos en redes donde se explicaba que “si vas nadando te quedas en España”. Los que llegaron después –por decenas de miles– no sabían nada del Supremo o del cambio con las devoluciones en caliente, según explican varios testimonios recogidos por elDiario.es. Fueron a Ceuta porque les contaban en las redes que la frontera estaba abierta: que los gendarmes marroquíes no estaban parando a nadie.

En el Gobierno, en privado, manejan tres hipótesis para las que dicen carecer aún de pruebas concluyentes.

La primera, que esa inacción de la policía marroquí se deba al volumen de la oleada. Tampoco los policías españoles plantaron cara: porque eran demasiados.

La segunda, que esa inacción responda a una operación de alguna de las corrientes de poder dentro del régimen marroquí, sin autorización ni orden expresa del rey. En un momento delicado para Marruecos, que pronto tiene elecciones.

La tercera, que la operación fuera autorizada por Mohamed VI, pero que, viendo la dimensión de lo ocurrido, después diera marcha atrás.

Pero Sánchez tiene un problema grave: casi nadie en España cree que 80.000 personas se puedan desplazar hacia Ceuta sin el conocimiento o la autorización del régimen autoritario marroquí. Y esto es algo transversal. La derecha no se fía de Marruecos por su rechazo a la inmigración. La izquierda, por el Sáhara.

Al mismo tiempo, el Gobierno no puede solucionar el problema actual sin la colaboración de Marruecos.

La gestión de la crisis humanitaria –miles de personas sin hogar vagando por la ciudad– ha sido también pésima. ¿Qué habría dicho el PSOE si, ante una situación como esta, un Gobierno del PP hubiese pasado tantos días sin un solo campamento y con los vecinos teniendo que darles de comer o protegiendo a las niñas?

Por si fuera poco, tampoco falta la habitual presión contra el Gobierno desde los aparatos del Estado. Como también se demostró esta semana con el episodio del famoso informe policial.

En resumen: una jueza exconcejal del PP pide un informe a una unidad dirigida por un exasesor del jefe de la brigada política del PP que concluye sobre Marruecos lo mismo que está diciendo el PP. La jueza ordena a la policía que no le diga nada al Gobierno, que acaba enterándose de que existe tal informe por la prensa. El presidente y casi todos sus ministros quedan en ridículo –o peor aún, como mentirosos– por una oportuna filtración que solo pudo venir de dos sitios: el juzgado o la comisaría, porque aún no se había dado traslado a la acusación popular.

Y solo llevamos una semana de esta nueva temporada electoral.

P.D. Una última cuestión. Lo de llamar “efecto llamada” a la sentencia en el arranque de esta carta es una pequeña provocación, una burla a ese lenguaje que siempre rechazaré. La verdadera razón por la que tantas personas se juegan la vida para cruzar una frontera nunca está en una sentencia o en una regularización. Siempre es otra: la enorme desigualdad.

Que no lo olvidemos nunca: quienes llegan a esas playas son personas que buscan un futuro mejor.

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha quedado retratado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha censurado, con elegancia, pero con contundencia, la interpretación contraria al derecho de reunión y a la libertad de expresión que impuso el juez al condenar a los manifestantes de ‘Aturem el Parlament’.

Han pasado 15 años de los hechos. El movimiento 15-M rodeó la Cámara catalana para protestar contra los recortes que Artur Mas aprobó de la mano del PP. Fue una jornada caótica y una muestra de la conflictividad social que provocan las políticas de austeridad (algo a tener en cuenta para próximas crisis económicas y sus consecuencias penales contra los manifestantes).

En el recorrido judicial del caso hay dos togados a recordar. El primero es Marchena, seguramente el juez más famoso del país. El segundo es menos conocido para el público, pero es uno de los mejores penalistas de España: Ramón Sáez, hoy en el Tribunal Constitucional tras pasar buena parte de su carrera en la Audiencia Nacional, donde se juzgó la causa ‘Aturem el Parlament’.

Sáez absolvió a los acusados al considerar que debía primar su derecho de reunión. Marchena, en cambio, los condenó a tres años de cárcel. Las dos sentencias de las que fueron ponentes sendos togados ejemplifican dos visiones opuestas del ejercicio de la magistratura.

La de Sáez fue una resolución profundamente garantista, propia de jueces que aspiran a que el respeto a los derechos fundamentales de los acusados presida el proceso y que las penas sean el último recurso, y que saben que el castigo no soluciona los problemas sociales. La de Marchena, en cambio, resultó punitivista y fue un aviso a manifestantes del poder del Estado: el que proteste, puede acabar en la cárcel.

El lenguaje de ambas sentencias da cuenta de esas dos maneras de entender y ejercer el tercer poder.

Sáez basó la absolución en que la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación están “íntimamente vinculados como cauces de la democracia participativa” y gozan de “especial protección”. Una de sus argumentaciones es larga, pero merece leerse en su totalidad:

“Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar”.

En consecuencia, la sentencia de la que Sáez fue ponente absolvió a los 19 acusados que gritaron o se encararon con los diputados, y condenó tan solo al activista que pintó con spray la chaqueta de la diputada Montserrat Tura, extremo violento que sí rebasó los límites del derecho de reunión.

Solo uno de los tres jueces del tribunal de la Audiencia Nacional discrepó de las tesis de Sáez y abogó por una condena a parte de los acusados (aunque, al mismo tiempo, propuso su indulto). El nombre también sonará: Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior.

Al llegar al Supremo, el caso dio un giro. La sentencia condenatoria por un delito contra las instituciones del Estado a ocho acusados de la que fue ponente Marchena censuró con contundencia el “patente error” en el que, a su juicio, había incurrido Sáez al no priorizar el derecho constitucional de participación política –la asistencia de los diputados al Parlament– sobre el derecho a la protesta de los manifestantes.

Señaló Marchena en su sentencia que los manifestantes de ‘Aturem el Parlament’ crearon una “atmósfera intimidatoria” y un “clima hostil” que contribuyó a su “propósito colectivo” de impedir la labor de la Cámara.

El TEDH concluye que, en realidad, el que estaba equivocado era Marchena y que Sáez tenía razón.

Los jueces europeos censuran en especial la argumentación de Marchena de que los insultos y gritos y la presencia física en la manifestación eran suficientes como para fundamentar una condena por un delito contra las instituciones del Estado, aunque los acusados no ejercieran actos de violencia concreta contra los diputados.

En la sentencia del TEDH se oyen los ecos del voto particular del magistrado Perfecto Andrés, el padre del garantismo penal en España, y único miembro del tribunal que discrepó de Marchena: “El objeto de esta causa tiene connotaciones políticas tan intensas, que difícilmente podría darse una aproximación de derecho que no comporte o traduzca también una previa toma de posición del intérprete en ese otro plano”.

El TEDH destaca que el Supremo consideró que los manifestantes “contribuyeron a crear un ambiente intimidatorio, pero no les atribuyó ninguna acción violenta concreta”. Este fue el principal error de Marchena.

“Una persona no deja de gozar del derecho a la libertad de reunión pacífica a consecuencia de actos de violencia esporádicos u otros actos punibles cometidos por terceros durante la manifestación”, recuerda el tribunal con sede en Estrasburgo.

La mala labor del Supremo no terminó aquí, según el TEDH, pues su fallo contra ‘Aturem el Parlament’ desalentó el derecho a la protesta de toda la población al castigar con penas “severas” de cárcel el ejercicio de derechos fundamentales.

Es el denominado chilling effect (efecto desaliento), un clásico de las condenas de Estrasburgo a España. El TEDH impone muy pocos reveses a los tribunales españoles, pero son casi siempre tropiezos con la misma piedra: la restricción desproporcionada de los derechos de reunión o la libertad de expresión. Ya sea por quemar fotos del rey o acudir a una manifestación.

El TEDH lo tenía fácil para quitarse de encima el caso 'Aturem el Parlament' sin dar un tirón de orejas a España: los activistas no llegaron a entrar en prisión y las penas de tres años de cárcel que les impuso el Supremo están prescritas. Además, en los últimos tiempos los jueces europeos restringen sus condenas y confían más en los tribunales nacionales.

Asimismo, Estrasburgo ha ahorrado una humillación total al Supremo al no entrar a valorar el hecho de que el Alto Tribunal revocó la absolución de los activistas sin un nuevo juicio, algo que ya había motivado condenas a España como en el caso Atutxa.

La sentencia del TEDH debe presidir desde ahora todas las interpretaciones de los tribunales españoles sobre la protesta social.

Aunque sectores independentistas, en un nuevo ejercicio de voluntarismo, confían en que el fallo de ‘Aturem el Parlament’ sea la antesala de otra condena del TEDH a España en el caso del procés, la realidad es que son causas distintas. Y no solo porque algunos presos del procés como el actual secretario general de Junts, Jordi Turull, quisieran meter en la cárcel a los activistas del 15-M. Igual que Marchena.

‘Aturem el Parlament’ fue el grito de rabia de miles de ciudadanos contra los recortes, mientras que las manifestaciones del procés se concertaron desde el poder político (aunque su reproche penal pueda ser igualmente desproporcionado tan solo en el caso de los exlíderes de Òmnium y la ANC; no en el de los exconsellers). La victoria de este jueves es la del derecho a la protesta de los de abajo.