Una mayoría social navarra considera necesaria una mayor intervención pública del mercado de la vivienda. Es una de las principales conclusiones de una encuesta encargada por el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra a la empresa demoscópica CIES, cuyos resultados serán presentados este viernes en una comparecencia parlamentaria por la consejera Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin). Entre ellos destaca que un 78% de las personas encuestadas está a favor de la regulación del mercado del alquiler para topar los precios, medida que lleva impliantada más de un año en 21 municipios de la comunidad foral, entre ellos Pamplona y Tudela.

La encuesta fue encargada por el Gobierno foral el pasado verano para “analizar la situación de la vivienda en Navarra” y conocer “la valoración de las políticas públicas, así como plantear posibles soluciones para abordar la demanda”. CIES realizó un total de 803 entrevistas a comienzos de septiembre, antes del desahucio de Maricarmen que provocó una gran movilización en España por la vivienda. Los resultados de la encuesta se entregaron a comienzos de octubre, después de que el presidente, Pedro Sánchez, anunciase el adelanto electoral. Por ello, y para evitar una posible sanción de la Junta Electoral, el Departamento de Vivienda ha optado por presentar los resultados en una comparecencia en el Parlamento que UPN, principal partido de la oposición, ha querido vetar.

Los resultados de la encuesta reflejan que una amplia mayoría de la ciudadanía navarra ve “acertadas” las políticas que intervienen el mercado de la vivienda. Destaca, además, que un 77% de las personas entrevistadas es propietaria de una vivienda. Navarra es una de las pocas comunidades que tiene topados los precios de los alquileres. Además, en los últimos meses ha aprobado otras medidas como la regulación del alquiler de habitaciones o de los alquileres de temporada, así como una ley que blinda la calificación de las viviendas protegidas de alquiler parra que no pasen al mercado libre. Está última norma, ha sido recurrida recientemente por el PP ante el Tribunal Constitucional.

“Hemos tomado muchas medidas, porque no hay una fórmula mágica, para tratar de hacer cambios estructurales que obtengan resultados en el medio y largo plazo, que es de lo que se trata”, aseguraba este jueves la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, en el Parlamento navarro.

Todas estas reformas llevadas a cabo por el Ejecutivo foral son avaladas por los navarros según los resultados de la encuesta. El 78% apoya el tope a los precios de los alquileres, el 81% considera que la calificación debe ser permanente en el caso de las viviendas de compra y un 82% en el caso de las de alquiler. Además, un 88% está a favor de que no se permina a fondos buitre adquirir viviendas protegidas. Destaca a su vez que un 67% cree que se debería topar el precio de venta de las viviendas libres.

En la encuesta también se ha preguntado sobre medidas que la ciudadanía considera que podrían ayudar a mejorar el acceso a la vivienda. Así, más del 80% ve acertado que la Administración Pública impulse el alquiler asequible o un 72% cree necesaria la constitución de una inmobiliaria pública para gestionar el mercado del alquiler. En la comunidad foral existe una empresa pública de promoción de vivienda, Nasuvinsa, pero no una de este tipo.

Los resultados muestran a su vez que las mujeres apoyan en mayor medida que los hombres las políticas de regulación del mercado de la vivienda. Por edad, son los mayores de 65 años los que ven necesario poner tope a los precios del alquiler.

Preguntados por las ayudas públicas para el acceso a la vivienda, el 66% no sabe que existe una bolsa pública de alquiler de viviendas asequibles, si bien, de los que sí la conocen un 75% la valoran positivamente.

El Gobierno de Navarra ha decidido invertir 1,9 millones de euros para mantener en su parque público de vivienda 27 casas, propiedad de Building Center, la filial inmobiliaria de Caixabank, y que iban a pasar al mercado libre entre los años 2027 y 2044.

La compra se ha cerrado este mismo jueves mediante el derecho de tanteo y retracto que tiene el Gobierno de Navarra. Fuentes consultadas por este periódico añaden que son viviendas que la inmobiliaria de Caixabank pretendía traspasar a otro fondo de inversión. Las viviendas, repartidas por diez municipios de la comunidad foral han sido adquiridas por un precio de media de 73.740,81 euros por casa.

La mayor parte de las viviendas adquiridas se sitúan en Murchante (13), Valtierra (3), Tudela (3) y Cadreita (2). El resto se encuentran en localidades como Huarte, Lakuntza, Cintruénigo, Peralta, San Adrián y Sangüesa. Todas están todavía sujetas al régimen de Vivienda de Protección Oficial -salvo la ubicada en San Adrián, que figura como libre-, calificación que tenía previsión de vencer en un rango temporal comprendido entre los años 2027 y 2044.

De estas 27 viviendas recientemente adquiridas, 11 están actualmente alquiladas y se mantendrán con los contratos vigentes hasta su finalización; las 16 restantes se destinarán a engrosar el Fondo Foral de Vivienda Social y la Bolsa de Alquiler de Gobierno de Navarra, gestionada a través de la empresa pública Nasuvinsa.

“La compra en lote de estas viviendas ha permitido al Gobierno de Navarra su adquisición por un coste muy por debajo del valor medio de los inmuebles, según un análisis realizado por la mencionada empresa pública Nasuvinsa”, destacan desde el Departamento de Vivienda que dirige Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin).

Una llamada ha marcado un antes y un después en la asociación Alokairu. Antes de que el resto de la población se enterara de que el Gobierno vasco comprará las 510 viviendas de Benta Berri a la filial del 'fondo buitre' Blackstone Testa Homes, el Ejecutivo les adelantó la primicia. Antxon Pro, vicepresidente de la asociación de Benta Berri, donde residen unas 1.700 personas, le ha contado a este medio que se encuentran “satisfechos” con el resultado de la negociación. Ha destacado la “voluntad política” que ha habido detrás del acuerdo. Ha añadido que un “político”, por el consejero Denis Itxaso, del PSE-EE, ha cumplido con lo que les dijo.

El consejero de Vivienda ha comparecido este miércoles y ha confesado que se ha tratado de una negociación “compleja”, que ha requerido meses de trabajo arduo tanto para él como para su viceconsejero, Miguel de los Toyos, y para su jefe de gabinete, Patxi Arratibel. Itxaso ha explicado que, por el momento, se ha firmado un “memorandum de entendimiento” con Testa Homes, mientras que el acuerdo de compraventa definitivo se espera para finales de este año.

¿En qué consiste? Se necesitarán 100 millones de dinero público para adquirir el vuelo de esas viviendas, porque el suelo ya era de la Administración desde el origen. Había un riesgo real de que en 2028 esas viviendas perdieron la calificación de protegidas, porque son previas a la ley de 2003 que hizo indefinidos este tipo de inmuebles. Ahora residen allí familias que pagan alquileres controlados de entre 600 y 900 euros mensuales.

El pago de los 100 millones de euros se hará por plazos y estará completado en 2028, aunque todavía no se han podido concretar las fechas. De esa cantidad, 31 millones los aportará el Ministerio de Vivienda, Por su parte, Testa Homes, la entidad vinculada a Blackstone, ha explicado a este medio que la compra por parte del Gobierno vasco acaba con una singularidad: tanto el terreno como los inmuebles pasarán a tener un único propietario.

La promoción nació en 1994, se puso en marcha en 1998, pasó de Metrovacesa y Vallehermoso a Merlin y luego ya a la filial de Blackstone. Estos titulares tienen concedido el uso del derecho de superficie hasta 2069 y ya en 2028 sin restricciones, es decir, como si fueran viviendas libres. La compraventa permite incorporar de forma inmediata las viviendas al parque público de Euskadi, sin esperar a 2069 y evitando el riesgo de desahucios del que habían alertado los vecinos.

Aunque se ha mostrado en contra de negociar con fondos buitre, el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, que mantiene tensiones constantes con el consejero Itxaso, igualmente donostiarra, también ha aplaudido la decisión. Pero se ha limitado a felicitar a los suyos: “Me alegra muchísimo de que el Gobierno vasco, liderado por el lehendakari Pradales, haya traído a Donostia una solución clara y concreta”. PNV y PSE-EE gobiernan en coalición en Euskadi pero, desde 2016, los socialistas dirigen Vivienda.

No obstante, también ha querido recordar “la unidad” de todos los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento, que han participado en la petición formal al Gobierno vasco para buscar una solución ante la posibilidad de que 1.700 personas fueran desahuciadas. El primer edil ha agradecido la “paciencia y la confianza” que los vecinos de Benta Berri han depositado en las instituciones vascas.

Itxaso, de su lado, ha destacado la “determinación y exigencia” que ha mantenido la asociación Alokairu y también le ha agradecido su “paciencia y confianza”. “Nunca dejaron de ser exigentes, pero nos dejaron trabajar”, ha declarado. Durante los días miércoles 28 y jueves 29 de octubre, Vivienda mantendrá reuniones con Alokairu y la vecindad de Benta Berri.

Según el consejero, esa relación de confianza ha contribuido a mejorar las condiciones de la negociación con el fondo buitre: “Cuando un Gobierno está en apuros, negocia peor”. También ha asegurado haber encontrado un ambiente positivo y colaborativo con Testa Homes, y ha señalado que las primeras negociaciones, desarrolladas en “buen tono”, ayudaron a generar confianza entre los vecinos de Benta Berri.

En la misma línea que el alcalde respecto a las negociaciones con los fondos buitre, Stop Desahucios ha felicitado a la vecindad de Benta Berri por haber conseguido su objetivo tras su “largo periodo de lucha, organización y movilizaciones constante”. La plataforma considera que sus reivindicaciones han garantizado “la estabilidad de sus contratos”. Por su parte, Rosa García, portavoz de Stop Desahucios en Gipuzkoa, ha confesado a este medio estar “contentísima” con la decisión y ha destacado el dato, mencionado también por Itxaso, de que esta es la mayor compra de viviendas que se ha llevado a cabo en el Estado español.

El Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra que dirige Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin) va a destinar el próximo año 104 millones de euros para la compra de viviendas que fueron construidas con fondos públicos pero que tras perder la calificación pasaron al mercado libre y acabaron en manos de fondos buitre en los últimos años. Tal y como avanzó la consejera hace unas semanas se trata de unas 600 casas que están en manos de Testa, filial de Blackstone, Catella y otros fondos de inversión.

Navarra se sumará así a Euskadi, cuyo consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha anunciado recientemente que comprará más de 500 viviendas en Donostia a Blackstone por unos 100 millones de euros, la operación de este tipo de mayor calado en España. Los departamentos de Vivienda navarro y vasco llevan años colaborando para impulsar medidas como esta o la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

Según informan fuentes consultadas por elDiario.es, de los 104 millones, 22 estarán recogidos en los presupuestos que el Gobierno de Chivite está negociando con EH Bildu para garantizar su aprobación y 82 del plan de inversiones aprobado hace una semana. A esta medida además le acompañará la construcción de nuevas VPO en localidades que han sido declaradas como zonas de mercado residencial tensionado y para la que se destinarán 13 millones de euros provenientes de fondos del Estado. La comunidad foral es una de las pocas que, merced a la ley de Vivienda ha declarado 21 municipios como tensionados, topando así el precio de los alquileres.

“Nos repatea porque es pagar dos veces por un mismo bien”, lamentaba hace unos días la consejera Begoña Alfaro, que reprochó “la herencia recibida” de administraciones anteriores. En Navarra ahora la calificación de las VPO, también en régimen de alquiler, es permanente, por lo que las próximas promociones que se construyan nunca perderán la protección.

Las negociaciones con estos fondos buitre llevan meses en curso y, según apuntó la consejera, al menos Testa se ha mostrado partidario de vender esas viviendas porque ya no les resulta “tan rentable” tener vivienda en Navarra por la declaración de zonas tensionadas. “La declaración de vivienda protegida indefinida, tanto en compraventa como en alquiler, hace que para ellos Navarra ya no sea un territorio amable, sino que sea un territorio del que huir. Nosotras estaremos encantadas de que se vayan porque bastante daño han hecho ya”, añadió.

El Gobierno vasco ha decidido intervenir en el mercado de la vivienda en Donostia con una inversión próxima a los 100 millones de euros para retener en el parque público 510 viviendas de alquiler social construidas con la normativa previa a 2003 y que en 2028 iban a perder la calificación, es decir, iban a pasar a ser libres. Por diferentes movimientos, habían acabado en manos de una filial del fondo Blackstone y es la operación de este tipo de mayor calado en España.

La compra equivale a un 15% del presupuesto total de Vivienda para 2026, unos 600 millones, y sigue a otra operación anunciada en verano para comprar por 5,7 millones 100 viviendas del banco vasco Kutxabank.

La promoción de Benta Berri, donde residen del entorno de 1.700 personas en total, es de mediados de la década de 1990. Se adjudicó a Metrovacesa y Vallehermoso. Luego pasó a manos de Merlin y finalmente recayó en Testa Homes, una filial de Blackstone. Dice el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, del PSE-EE, que levantar un bloque para alojar a tantas familias tendría un coste similar, por lo que merece la pena el gasto. “Se quedan. Es un acuerdo histórico. Es un éxito colectivo”, ha promocionado en sus redes sociales Itxaso, que comparecerá de urgencia este miércoles para dar los detalles del plan.

En paralelo, el Gobierno vasco prepara una modificación legislativa a través de los presupuestos de 2027 para hacer que todas las casas previas a 2003 no pierdan a los treinta años la calificación si están en zonas tensionadas. Por esta vía se han perdido del orden de 55.000 pisos protegidos y todavía quedan algunos en riesgo hasta 2033.

El caso de Benta Berri había motivado ya movilizaciones. Algunas familias estaban recibiendo ya cartas de no renovación. Un alquiler libre en la misma zona de Donostia podría dispararse a 1.600 euros, cuando ahora está entre 600 y 900, lo que podrá perpetuarse ahora. Habían recibido cartas de no renovación de los contratos por parte de la propiedad. Significativamente, Blackstone era titular solamente del vuelo y no del suelo, ya que era una operación en derecho de superficie. Las parcelas siempre han sido públicas.

La Junta de Andalucía ha otorgado un préstamo al Ayuntamiento de Burguillos, en Sevilla, por un importe de algo más de 11,3 millones de euros “para atender parte de las obligaciones judiciales” y ayudar a este Consistorio “a hacer frente a la delicada situación económica que está atravesando”. De esta manera, podrá saldar lo que debe a un fondo buitre que compró la deuda municipal y amenazó con embargar los bienes al propio Consistorio.

Así lo ha anunciado la consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España, este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y en relación con la deuda que el gobierno local mantiene con el fondo KSAC Europe Investments. En este sentido, el Consistorio alcanzaba un acuerdo días atrás con este grupo de inversión en el marco del conflicto con el mismo y la reclamación de 27 millones de euros merced a una sentencia judicial.

De este modo, se reducía en algo más de nueve millones este adeudo, que prevé estar saldado tras este acercamiento de posturas. El acuerdo fue registrado en una sesión extraordinaria y urgente del pleno municipal este pasado 28 de septiembre, con el voto favorable unánime de los asistentes.

De 27 a 18 millones

En concreto, la deuda ascendía a 27.058.574,13 euros, mientras que el acuerdo alcanzado fija definitivamente la cantidad a satisfacer en 18 millones de euros.

De manera específica, del total pactado, 4,2 millones de euros han sido ya abonados por el Ayuntamiento; estaba previsto que 2,5 millones se pagaran antes del 30 de septiembre de 2026 y los 11,3 millones de euros restantes deberán abonarse antes del 27 de febrero de 2027.

Por otro lado, la consejera de Hacienda ha afirmado que en el Consejo de Gobierno ha estado sobre la mesa otro préstamo, en esta ocasión para las obras del estadio de la Cartuja que sean necesarias realizar de cara al Mundial de Fútbol 2030, sin que haya trascendido la cuantía del mismo.

En pleno clamor social contra los desahucios, con una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre por este motivo y cuando ya ha arrancado la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre, el PP de Castilla-La Mancha no ha dudado en clarificar cuál es su postura sobre esta situación: bajar impuestos a empresas inmobiliarias y fondos buitre, y acelerar desahucios administrativos, es decir, los que se producen en el parque residencial con algún tipo de protección pública.

Así lo refleja en tres de las 58 enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado para su inclusión en la futura norma de medidas sobre suelo y vivienda que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere que las Cortes regionales aprueben para noviembre y cuyo contenido ya ha desgranado este periódico en las últimas semanas.

Estas propuestas del PP, que se abstuvo en la toma en consideración de la norma, se han debatido hoy mismo en la Comisión de Fomento del Parlamento autonómico, encargada de elaborar el dictamen sobre la futura regulación. Previamente, el diputado socialista Álvaro Toconar ya había alertado de estas propuestas del PP.

“Si hoy en esta comisión aprobamos sus enmiendas tendríamos tres noticias: que los fondos buitre tendrían una importante bajada de impuestos, que se agilizarían los desahucios en el parque público residencial, y que las empresas, la ciudadanía y los ayuntamientos tendrían más trabas para construir viviendas en Castilla-La Mancha”, ha dicho.

Las tres polémicas enmiendas

Con ello se refería, en concreto, a tres enmiendas del Grupo Popular. La primera de ellas pide añadir un nuevo artículo en la futura ley mediante el que se aprobaría una reducción del 9 al 6 por ciento el tipo general de transmisiones patrimoniales aplicable a los inmuebles.

En la segunda de sus propuestas, el PP ha apostado también por añadir un nuevo artículo para regular un tipo “reducido” de ese mismo impuesto, del 5 al 3%, para la “adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias destinadas a su posterior venta”, sin especificar qué tipo de empresas y con qué fines. Ambas supondrían, según el PSOE, “bajar impuestos y allanar el camino a los fondos buitre”, los mismos que han provocado desahucios como el de Maricarmen, la espita que abrió las protestas sociales en todo el país y la histórica acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Es más, en ambas propuestas de bajadas de impuestos, dispone que serán aplicables a los hechos imponibles devengados desde el 1 de enero de 2026. Es decir, las empresas que hubieran presentado autoliquidación e ingresado una cantidad superior a la que resulte de su aplicación “podrán solicitar su rectificación y la devolución de la diferencia, con los intereses que correspondan conforme a la normativa tributaria”.

Ampliar las causas para un desahucio administrativo

Pero además, en la tercera de sus polémicas enmiendas, piden ampliar las causas que pueden provocar un “desahucio administrativo” (el que se produce en el parque público residencial). El PP quiere así que, en las viviendas adjudicadas para atender una necesidad de carácter temporal expresamente identificada en la resolución de adjudicación, fuera causa de desahucio la desaparición sobrevenida y acreditada de la circunstancia que la justificó, algo que no incluye el texto original de la futura ley. Con ello, se acelerarían este tipo de resoluciones administrativas.

Esta cuestión ha marcado buena parte del debate en comisión de la futura ley castellanomanchega, que se tramita por la vía de urgencia como proposición del Grupo Socialista.

El diputado socialista, durante su intervención y tras defender las bondades de la ley ante la crisis nacional de la vivienda, no ha dudado después en afear al PP que con sus propuestas (una enmienda la totalidad por la puerta de atrás) pretenda “agilizar desahucios, bajar impuestos fondos buitre y más burocracia”. “Plantean que los fondos buitre paguen menos impuestos que la gente”.

Fuera de las Cortes también se ha referido a esta cuestión, la consejera portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla: “En un momento en el que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la población, el PP plantea medidas que benefician a los grandes inversores. Va por un camino distinto al de la ciudadanía. Su propuesta consiste en aliviar la presión fiscal de quienes hacen negocio con una necesidad básica”.

Pero el PP ha pasado de puntillas por sus tres controvertidas enmiendas. En su intervención inicial, el diputado Ignacio Redondo apenas las ha mencionado. Se ha limitado a afirmar que la futura ley puede “no tener encaje” en la legislación estatal y, por lo tanto, introduce “inseguridad jurídica”.

Ha defendido así que sus propuestas no buscan “bloquear” la futura normativa y al llegar al bloque de enmiendas donde propone bajadas de impuestos, simplemente ha hablado de “beneficio fiscal” pero no las ha detallado, ni ha concretado a qué tipo de empresas se bajaría impuestos.  

La Comisión de Fomento también ha servido para reflejar otra polémica cuestión: las enmiendas de Vox. Como ya adelantó este periódico, una parte del medio centenar que este partido ha presentado, propone aplicar la prioridad nacional. Lo ha hecho en varias de ellas, pero principalmente “consagrándolo” en el acceso a vivienda protegida, parque público residencial y ayudas o subvenciones autonómicas, “otorgando atención prioritaria a los españoles y sus familias”.

La misma tesis incorpora en otras enmiendas, donde exige que las reservas de viviendas sociales dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social se sometan a este mismo principio.

Vox y el “arraigo” de diez años

Igualmente, el partido de extrema derecha establece criterios de baremación para la adjudicación de vivienda pública basados en el “arraigo” y para ello exige un empadronamiento en España de al menos cinco años para alquiler y 10 años para compra, así como la vinculación sociolaboral con la región y tener menos de 36 años.

Finalmente, incorpora este mismo principio en otras de sus enmiendas, reclamando que la futura ley establezca el mencionado requisito de arraigo, con los mismos plazos, en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

Pero Francisco José Cobo, diputado del partido de extrema derecha, apenas si ha hablado de estas propuestas. Ha dicho que la futura ley supone la “protección oficial y el amparo de la ocupación y la inquiocupación”, al tiempo que ha hecho una defensa de las familias y ha criticado las “enormes cargas para promotores y constructores” que, su opinión, incluye la proposición de ley.  

Dicho esto, ha criticado que la ley no haga “ni una sola referencia a la palabra inmigración”. Y ha aprovechado para tirar de argumentario nacional, y vincular la “entrada masiva” de migrantes con la “hacinación en pisos”. “Traer a media América o a media África han cancelado el futuro de nuestros jóvenes y de las familias españolas, a las que hay que poner en el centro”.

Las tres controvertidas enmiendas del PP han sido rechazadas con el voto mayoritario del Grupo socialista, pero Vox se ha abstenido en las tres. En cuanto a las de Vox, llama la atención que en las cinco enmiendas que piden incorporar el principio de prioridad nacional, el Grupo Popular se ha abstenido. Han sido rechazadas también por la mayoría absoluta de los socialistas.

Ayer mismo en la vecina Comunitat Valenciana, donde gobierna el PP con apoyo de Vox, validaron aplicar ‘prioridad nacional’ en vivienda por arraigo de 10 años y lo hicieron a pesar de que la Unión Europea solo permite cinco. La propia Comisión Europea ha advertido recientemente que la 'prioridad nacional' en las ayudas públicas vulnera el derecho comunitario.

Ahora la ley regresará al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para su ratificación, aunque con esas enmiendas vivas, tras manifestar PP y Vox su deseo que de que vuelvan a ser debatidas y votadas. Tras su previsible aprobación, al ser tramitada con carácter de urgencia como proposición de ley, la ley quedará promulgada para su entrada en vigor.

El estallido social por la vivienda era necesario. Cuando trabajar no garantiza tener un techo, cuando una generación entera no puede emanciparse y hay familias obligadas a elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera, algo termina por romperse. La gente sale a la calle porque ha comprendido que no estamos ante un problema individual, sino ante un modelo económico que convierte los derechos básicos en un negocio para unos pocos.

Lo que ocurre con la vivienda tiene un paralelismo inquietante con lo que sucede con nuestras tierras agrarias. Los fondos de inversión que compran viviendas para especular están poniendo también sus ojos en las tierras agrarias y en el agua. Han descubierto que controlar lo imprescindible para vivir es un negocio extraordinariamente rentable.

Cuando la vivienda se convierte en un activo financiero, la gente se queda sin casa. Cuando la tierra y el agua se convierten en activos financieros, ponemos en riesgo nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria.

En Extremadura sabemos bien lo que significa la lucha por la tierra. El 25 de marzo de 1936, unos 80.000 yunteros se movilizaron para reclamarla en una de las mayores movilizaciones jornaleras de nuestra historia. No pedían privilegios, exigían el derecho a trabajar y vivir dignamente, reivindicaban que la tierra fuera para quien la trabajaba.

Hay una paradoja terrible, la tierra extremeña está hoy más concentrada en menos manos que en los años treinta. Mientras desaparecen explotaciones familiares y nuestros pueblos pierden población, cada vez queda menos gente para defender el territorio frente a quienes quieren convertirlo en un negocio.

La lucha por la vivienda y la lucha por la tierra son, en el fondo, la misma lucha: la de la mayoría social frente a quienes acumulan propiedades y recursos a costa de nuestras necesidades.

Por eso preocupa tanto el regadío de Tierra de Barros. Vox ha abierto la puerta a la financiación privada de un proyecto que afecta a un recurso estratégico como el agua. No es una cuestión meramente técnica, importa quién financia, quién controla los recursos y quién decide el futuro de nuestros agricultores.

Si los inversores privados adquieren capacidad de control sobre el agua, podrán condicionar quién cultiva la tierra y en qué condiciones. Y el endeudamiento o las dificultades económicas pueden favorecer la concentración de la propiedad agraria. Primero pueden hacerse con el control del agua y después encontrar la oportunidad de hacerse con la tierra. No es inevitable, pero es un riesgo que exige garantías públicas.

Extremadura no puede permitir que sus recursos estratégicos queden subordinados a los fondos de inversión. Nuestra tierra no es un solar en venta, ni nuestra agua una mercancía cualquiera. Nuestros agricultores y ganaderos no pueden convertirse en meros figurantes de un negocio diseñado desde los despachos financieros.

Quienes se envuelven en la bandera de España mientras abren las puertas a grandes capitales, también extranjeros, deberían explicar qué entienden por patriotismo. Defender nuestro país es defender su soberanía alimentaria, sus recursos y el derecho de sus pueblos a decidir sobre su territorio. Los vendepatrias no son quienes cuestionan sus políticas, sino quienes ponen en riesgo lo que nos pertenece a todos.

El derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación son derechos básicos, no oportunidades de negocio. Necesitamos proteger la vivienda, la agricultura familiar y a quienes quieren vivir de su trabajo.

El estallido social por la vivienda demuestra que la gente puede organizarse y hacerse escuchar. Ojalá recuperemos también la conciencia colectiva que nunca debimos perder en el campo porque la tierra debe estar al servicio de quienes la trabajan.

En Extremadura no queremos ni buitres, ni sanguijuelas. Los buitres, los de Monfragüe y las sanguijuelas, las del Guadiana. Queremos agricultores con futuro, pueblos vivos y jóvenes que puedan quedarse.

En estas elecciones se enfrentan dos modelos, por un lado, el de quienes abren las puertas a los fondos de inversión para que hagan negocio con nuestros derechos y recursos, y por otro, el de quienes defendemos que la vivienda, la tierra y el agua estén al servicio del pueblo.

El 25 de marzo de 1936, miles de extremeños se levantaron para reclamar la tierra. Hoy nos toca volver a defenderla. La tierra para quien la trabaja. La vivienda para quien la necesita. El agua para la vida y para nuestros pueblos.

Frente a los buitres que especulan, el pueblo que se organiza.

El adelanto electoral o la muerte de Maricarmen Abascal no han frenado la enorme crisis de vivienda que sumerge desde hace años a todo el país. Un fondo buitre sacó a la mujer que ya se ha convertido en un símbolo de la lucha por la vivienda de la casa que la vio crecer durante 71 años y eso ha terminado por visibilizar que 809.115 inmuebles están en manos de titulares con más de 10 viviendas en el mismo municipio, según la plataforma Quien Tiene la Vivienda, creada por el biólogo y profesor canario Romén Herrera, fundador también de Vertidos Canarias y Canarias Bajo Presión.

Las Palmas de Gran Canaria encabeza el ranking de municipios canarios con mayor presencia de grandes propietarios. 145 titulares acumulan más de diez inmuebles en propiedad. En un parque residencial de 167.074 viviendas, la concentración de la propiedad pone el foco sobre un puñado de actores que han ido ganando peso en el mercado inmobiliario.

Entre ellos destaca Blackstone. El fondo estadounidense, a través de sus distintas sociedades y marcas vinculadas, es el mayor propietario privado de vivienda residencial del municipio, con 506 casas. Su posición en la capital grancanaria se enmarca en una estrategia de mayor alcance, ya que acumula 8.176 viviendas vinculadas en toda España, lo que lo sitúa como el principal gran tenedor privado residencial del país, según QTV en base a los datos extraídos del Catastro 2025.

Una de las marcas que orbitan alrededor del gigante inmobiliario es Nestar. En Las Palmas de Gran Canaria existen 32 viviendas vinculadas a esta empresa, una pequeña parte de las aproximadamente 9.500 que suma en el conjunto del territorio nacional.

Otro de los nombres presentes en el mercado canario es Gramina Homes, una sociedad inmobiliaria ligada a fondos de inversión con implantación en varias islas. Su cartera se reparte entre distintos municipios: cinco inmuebles en Las Palmas de Gran Canaria, tres en Tías (Lanzarote), dos en El Rosario (Tenerife) y uno en Arrecife (Lanzarote), Santa Lucía de Tirajana y Valsequillo (Gran Canaria).

La lista se completa con otros operadores de menor presencia, pero igualmente significativos. ASAM (Alquiler Seguro Asset Market) cuenta con dos viviendas, mientras que Techo Hogar dispone de una.

Pero la presión sobre el parque residencial de Las Palmas de Gran Canaria no se explica únicamente por la concentración de viviendas en manos de grandes tenedores. A esta realidad se suma el avance del uso turístico. 3.109 inmuebles de la capital grancanaria se destinan a esta actividad, en un municipio donde existe un nivel alto de dificultad para acceder a una vivienda. La paradoja se encuentra en la negativa por parte del PP y Coalición Canaria por declararla zona tensionada al considerarlo “contraproducente”.

Por otra parte, si buscamos empresas con más de 100 inmuebles residenciales, Romén Herrera, en conversación con Canarias Ahora, sitúa a Arona en primer lugar, con 16, seguida de Tías, con 9 sociedades privadas que sumarían 1.298 viviendas.

En el sector público, Canarias también destaca en el mapa de la propiedad residencial. El Archipiélago es la comunidad con mayor número de administraciones que superan las diez viviendas en cartera y concentra el 4,4% del parque público nacional. Buena parte de esos inmuebles está en manos del ICAVI (Instituto Canario de la Vivienda), VISOCAN y Casa 47. Estas entidades entran en la categoría de grandes tenedores por el volumen de propiedades que gestionan, aunque su papel responde a una lógica distinta a la del mercado privado, ya que sus viviendas están destinadas a fines sociales y protegidos por ley, sin ánimo de lucro.

El peso de los grandes propietarios no se limita, sin embargo, a las empresas y las administraciones. También entre los particulares, Canarias encabeza la clasificación estatal. El 1,4% posee más de diez inmuebles residenciales. En el otro extremo, el grueso de los propietarios del Archipiélago se mueve en una escala algo más reducida: el 83,8% tiene entre dos y cinco viviendas. Y más de la mitad, un 54,6%, cuenta con una sola propiedad.

El Catastro es el que ofrece, con datos actualizados a finales de 2025, una de las radiografías más completas de esta distribución, al registrar los inmuebles vinculados a los titulares del IBI. Pero con algunas zonas oscuras, al no permitir conocer la identidad de las sociedades propietarias. La plataforma de Romén Herrera, sin embargo, trata de completar esa información, que permite poner nombre a parte de los titulares empresariales. El cruce de ambas fuentes ayuda a identificar dónde se concentra la propiedad y quién está detrás de ella.

El debat sobre l'habitatge ha baixat aquest dimarts de la tribuna del Parlament a la bancada del públic. Mentre la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), i el portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, es creuaven acusacions entorn dels desnonaments i el paper dels fons voltor, entre el públic es trobava Pilar López, una dona de 65 anys desnonada de l'habitatge en el qual residia des de 2012 i que aquest estiu va haver de dormir durant dos mesos al seu cotxe, el cas del qual va explicar elDiario.es.

“Vostè va dir que els fons voltor no influeixen a Balears, però m'agradaria que mirés a l'esquerra i l'hi digués a Pilar”, li ha etzibat Negueruela a Prohens durant el debat. “Va estar 40 anys treballant en hostaleria perquè ara vostè li digui que el seu desnonament no té res a veure amb els fons voltor, encara que no ha mogut un dit. No té empatia amb ella i tria els fons voltor, s'asseu amb ells i pacta amb ells. Però mai s'asseurà amb les seves víctimes”, ha afegit.

Prohens ha respost que “els desnonaments són lamentables”, però ha desplaçat la responsabilitat cap a l'Executiu central. “Es produeixen perquè les seves lleis així ho permeten”, ha afirmat. La presidenta ha acusat a més el PSIB d'utilitzar el terme “fons voltor” perquè “queda molt bé” i d'“instrumentalitzar el dolor de qualsevol persona”.

El moment de major tensió s'ha produït després de l'intercanvi parlamentari. Prohens s'ha acostat a la zona del públic i ha abraçat a López. L'escena ha provocat una revolada en el saló de plens, amb un diputat socialista tractant d'acompanyar la dona fora, mentre des de la bancada del PP se li recriminava la seva actitud. López ha acabat abandonant el saló entre llàgrimes, acompanyada per integrants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Mallorca. Poc després ha tornat al Parlament per atendre els mitjans al costat de la portaveu de la plataforma, Àngela Pons.

“Això no va d'idees polítiques”, ha explicat López en referir-se a la seva trobada amb Prohens. “Jo no estic sent utilitzada. Tinc 65 anys, treballo des dels 14. Soc una mare soltera tirant endavant una filla que té 33 anys i tampoc no té oportunitat de tenir un habitatge”, ha assenyalat. La dona ha qüestionat a més que les polítiques d'habitatge del Govern se centrin fonamentalment en la població jove i deixin fora persones grans que també pateixen les conseqüències de la crisi residencial. “Els que ens hem currat i cotitzat aquest país no som res”, ha lamentat.

Dos mesos vivint al carrer

La dona ha qüestionat a més que les polítiques d'habitatge del Govern se centrin fonamentalment en la població jove i deixin fora persones grans que també pateixen les conseqüències de la crisi residencial. López ha explicat que depèn econòmicament de la seva filla, però que ambdues no poden conviure. La seva filla paga actualment 1.250 euros per un apartament en el qual, segons ha relatat, no pot viure amb ella per les condicions establertes en el contracte.

La situació es va agreujar després del desnonament. López assegura que va passar “dos mesos al carrer” perquè l'Ajuntament no podia assumir el cost d'una habitació en un hostal i va acabar dormint al seu cotxe durant juliol i agost, en plena onada de calor. “Jo no he estat assistida pels serveis socials ni hi ha hagut preocupació de les administracions”, ha denunciat.

El cas de López s'ha convertit aquestes setmanes en un dels rostres de l'emergència habitacional a Palma. Després de perdre l'habitatge en el qual portava més d'una dècada residint, va relatar, en declaracions recents als mitjans a l'Ajuntament de Palma, que havia passat de treballar durant dècades en el sector de l'hostaleria a no tenir un lloc on viure.

Aquest dimarts ha reclamat als responsables polítics que surtin de les institucions per comprovar la dimensió de la crisi. “Que vagin als carrers”, ha demanat, perquè Palma “no són només iots i urbanitzacions”. També hi ha, ha denunciat, “gent treballadora vivint sota lones”. “No són ganduls, són gent treballadora i són espanyols. Treballadors de l'hostaleria, taxistes, que necessiten un habitatge assequible”, ha reivindicat.

La PAH reclama declarar Palma zona tensionada

La portaveu de la PAH Mallorca, Àngela Pons, ha aprofitat la presència de López al Parlament per reclamar als grups que donin suport a la proposició de llei presentada pel PSIB per permetre que els ajuntaments puguin declarar zones tensionades i aplicar els mecanismes de regulació del lloguer previstos en la legislació estatal.

El Govern de Prohens s'ha oposat fins ara a declarar Balears zona tensionada, una de les principals reivindicacions de les organitzacions socials i dels partits de l'esquerra per contenir l'increment dels lloguers.

El xoc d'aquest dimarts es produeix, a més, en plena escalada dels preus de l'habitatge a les Illes i després que PP i Vox hagin rebutjat precisament la declaració de Balears com a zona tensionada. La discussió sobre els mecanismes per intervenir el mercat immobiliari ha tornat així a enfrontar el Govern i l'oposició, però aquesta vegada amb una dona afectada directament per un desnonament com a protagonista involuntària de la disputa.

Al final de la sessió, López ha resumit la seva reclamació amb una frase que pretén situar el debat més enllà de l'enfrontament partidista: “Necessitem una ideologia en la qual càpiga tothom i no només uns quants”.

El debate sobre la vivienda ha bajado este martes de la tribuna del Parlament a la bancada del público. Mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), y el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, se cruzaban acusaciones en torno a los desahucios y el papel de los fondos buitre, entre el público se encontraba Pilar López, una mujer de 65 años desahuciada de la vivienda en la que residía desde 2012 y que este verano tuvo que dormir durante dos meses en su coche, cuyo caso contó elDiario.es.

“Usted dijo que los fondos buitre no influyen en Balears, pero me gustaría que mirara a la izquierda y se lo dijera a Pilar”, le ha espetado Negueruela a Prohens durante el debate. “Estuvo 40 años trabajando en hostelería para que ahora usted le diga que su desahucio no tiene nada que ver con los fondos buitre, aunque no ha movido un dedo. No tiene empatía con ella y elige a los fondos buitre, se sienta con ellos y pacta con ellos. Pero nunca se sentará con sus víctimas”, ha añadido.

Prohens ha respondido que “los desahucios son lamentables”, pero ha desplazado la responsabilidad hacia el Ejecutivo central. “Se producen porque sus leyes así lo permiten”, ha afirmado. La presidenta ha acusado además al PSIB de utilizar el término “fondos buitre” porque “queda muy bien” y de “instrumentalizar el dolor de cualquier persona”.

El momento de mayor tensión se ha producido después del intercambio parlamentario. Prohens se ha acercado a la zona del público y ha abrazado a López. La escena ha provocado un revuelo en el salón de plenos, con un diputado socialista tratando de acompañar fuera a la mujer, mientras desde la bancada del PP se le recriminaba su actitud. López ha terminado abandonando el salón entre lágrimas, acompañada por integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca. Poco después ha regresado al Parlament para atender a los medios junto a la portavoz de la plataforma, Ángela Pons.

“Esto no va de ideas políticas”, ha explicado López al referirse a su encuentro con Prohens. “Yo no estoy siendo utilizada. Tengo 65 años, trabajo desde los 14. Soy una madre soltera sacando adelante a una hija que tiene 33 años y tampoco tiene oportunidad de tener una vivienda”, ha señalado. La mujer ha cuestionado además que las políticas de vivienda del Govern se centren fundamentalmente en la población joven y dejen fuera a personas mayores que también sufren las consecuencias de la crisis residencial. “Los que nos hemos currado y cotizado este país no somos nada”, ha lamentado.

Dos meses viviendo en la calle

La mujer ha cuestionado además que las políticas de vivienda del Govern se centren fundamentalmente en la población joven y dejen fuera a personas mayores que también sufren las consecuencias de la crisis residencial. López ha explicado que depende económicamente de su hija, pero que ambas no pueden convivir. Su hija paga actualmente 1.250 euros por un apartamento en el que, según ha relatado, no puede vivir con ella por las condiciones establecidas en el contrato.

La situación se agravó después del desahucio. López asegura que pasó “dos meses en la calle” porque el Ayuntamiento no podía asumir el coste de una habitación en un hostal y terminó durmiendo en su coche durante julio y agosto, en plena ola de calor. “Yo no he sido asistida por los servicios sociales ni ha habido preocupación de las administraciones”, ha denunciado.

El caso de López se ha convertido estas semanas en uno de los rostros de la emergencia habitacional en Palma. Después de perder la vivienda en la que llevaba más de una década residiendo, relató, en declaraciones recientes a los medios en el Ayuntamiento de Palma, que había pasado de trabajar durante décadas en el sector de la hostelería a no tener un lugar donde vivir.

Este martes ha reclamado a los responsables políticos que salgan de las instituciones para comprobar la dimensión de la crisis. “Que se pateen las calles”, ha pedido, porque Palma “no son solo yates y urbanizaciones”. También hay, ha denunciado, “gente trabajadora viviendo debajo de lonas”. “No son vagos, son gente trabajadora y son españoles. Trabajadores de la hostelería, taxistas, que necesitan una vivienda asequible”, ha reivindicado.

La PAH reclama declarar Palma zona tensionada

La portavoz de la PAH Mallorca, Ángela Pons, ha aprovechado la presencia de López en el Parlament para reclamar a los grupos que respalden la proposición de ley presentada por el PSIB para permitir que los ayuntamientos puedan declarar zonas tensionadas y aplicar los mecanismos de regulación del alquiler previstos en la legislación estatal.

El Govern de Prohens se ha opuesto hasta ahora a declarar Balears zona tensionada, una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sociales y de los partidos de la izquierda para contener el incremento de los alquileres.

El choque de este martes se produce, además, en plena escalada de los precios de la vivienda en las Islas y después de que PP y Vox hayan rechazado precisamente la declaración de Balears como zona tensionada. La discusión sobre los mecanismos para intervenir el mercado inmobiliario ha vuelto así a enfrentar al Govern y a la oposición, pero esta vez con una mujer afectada directamente por un desahucio como protagonista involuntaria de la disputa.

Al término de la sesión, López ha resumido su reclamación con una frase que pretende situar el debate más allá del enfrentamiento partidista: “Necesitamos una ideología en la que quepa todo el mundo y no solo unos cuantos”.

“Las viviendas siguen siendo protegidas, para los inquilinos lo único que ha cambiado es su casero, nada más, ¿de qué problemas me habla?”. La frase es de una Ana Botella enervada por las preguntas de la oposición municipal en un pleno del 13 de mayo de 2014. La entonces alcaldesa del PP había vendido, apenas un año antes, 1.860 casas construidas con dinero público al fondo buitre Blackstone. Lo había hecho a precio de saldo. De la noche a la mañana, con poca transparencia y dando información privilegiada a cuatro empresas, según sentenció después la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Más tarde se descubrió que además de la ruinosa operación, el Ayuntamiento había pagado 2,3 millones de euros a un comisionista para que intermediara en la venta.

Aunque Botella –que llegó a alcaldesa sustituyendo a Alberto Ruiz Gallardón cuando fue nombrado ministro– negaba ningún cambio en el régimen de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), los inquilinos estaban recibiendo cartas con subidas de renta increíbles cuando se les acababa el contrato. Algunos asumieron el coste. La mayoría acabaron dejando pisos por los que pagaban 300 o 400 euros en Carabanchel o Vallecas y yéndose a otro sitio a vivir. Otros fueron desahuciados por no pagar. Un pequeño grupo intentó resistir y puso demandas que todavía hoy les tienen en vilo.

El primer acto que organizó Ana Botella cuando se convirtió en alcaldesa, en diciembre de 2011, fue precisamente la entrega de llaves en promociones VPO a sus nuevos propietarios. “Llegan ustedes hoy a un escenario de calidad, sostenible, innovador, que el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), y gracias al esfuerzo solidario de todos los madrileños, ha puesto a su disposición con unos precios que son al menos tres veces inferiores a los de mercado”, decía entonces ante los medios.

Un año y medio más tarde, esa misma alcaldesa estaba firmando la enajenación de 5.315 inmuebles de los madrileños incluyendo locales, garajes y 1.860 viviendas de VPO con inquilinos dentro. La mayoría de estos pisos eran de alquiler (1.208). El resto, 652, eran de alquiler con opción a compra. Una opción que tuvo privilegiadamente el fondo, sin que nunca se ofreciera a sus inquilinos, muchos de los cuales están luchando para poder recomprar sus pisos al mismo precio que lo hizo Blackstone.

VPO perdida para salvar deudas

La justificación que dio Botella para la venta masiva fue que la EMVS estaba muy endeudada: una ley de contención del gasto impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy exigía a las sociedades mercantiles públicas (como la EMVS) que corrigieran sus desviaciones o desaparecieran. Botella corrigió las desviaciones desviando inmuebles habitados a un precio por debajo de mercado: 70.000 euros de media por cada piso. Con la operación, Madrid recaudó 128,5 millones, 25 millones menos de los que podría haber recibido, según calculó más tarde el Tribunal de Cuentas.

“Aquí hemos tenido suicidios, desahucios, gente que se ha tenido que ir...”, cuenta a elDiario.es Arantxa Mejías, una de las personas que montó la asociación de resistencia a la operación de Ana Botella. Sus padres tienen un piso en Carabanchel en alquiler, uno de los que se vendió a la filial española de Blackstone (llamada Fidere). Como VPO pagaban 600 euros. Hoy pagan 1.200 y en febrero vence el contrato, por lo que están angustiados de nuevo. “Ser inquilino con un fondo buitre es vivir con la espada de Damocles. De hecho he vivido con mucha ansiedad todo lo de Maricarmen. Desde que nosotros empezamos veo que la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha consolidado y agravado”.

Junto a ella, medio centenar de vecinos decidieron luchar por lo civil para poder recomprar sus casas por el mismo precio que se ofreció al fondo. Y por lo penal, para que los responsables pagaran por el malestar e incertidumbre que les había causado enterarse por carta de que una empresa capitalista salvaje, y no una administración pública, era su nuevo casero. Un casero que aumento las rentas conforme iban caducando los contratos.

Esta aldea gala se organizó y contrató a un abogado que hoy tiene 85 años, Mariano Benítez de Lugo, que consiguió que cuatro inquilinos de la céntrica calle Lope de Vega de Madrid se hicieran con los pisos por el mismo precio que Fidere, en una zona en la que hoy cuestan medio millón.

El Tribunal Supremo les dio la razón después de años de incertidumbre. Ese mismo Tribunal Supremo, incluso el mismo magistrado ponente, le quitó la razón a Arantxa y a 40 vecinos más cuando quisieron recomprar sus pisos de Carabanchel y Vallecas. “No tienen ningún sentido”, explicaba el letrado el jueves en el programa La Revuelta. El Supremo vio en un caso una venta en bloque y en el otro apreció que había habido una venta individual. El caso de Arantxa y sus vecinos se elevó al Constitucional, que cerró la puerta a su reclamación. Ahora han llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero los vecinos que luchaban y siguen luchando por activar la opción a compra de sus contratos sí tuvieron un momento de euforia y esperanza: cuando el Tribunal de Cuentas condenó en 2018 a Ana Botella y siete miembros de su equipo a pagar 25 millones por la ruinosa operación y por desembolsar dos millones para un intermediario en una comisión injustificada. Este alto órgano fiscalizador de la administración entendía que la venta se había hecho sin que pudieran concurrir otros compradores, por debajo del precio de mercado y con opacidad.

La alegría les duró poco. Esta decisión se corrigió meses más tarde, gracias a dos votos de magistrados nombrados por el PP, librando de cualquier responsabilidad al gobierno municipal de Botella. Aunque se podía recurrir el fallo, el entonces recién nombrado alcalde José Luis Martínez Almeida (PP) enterró esa posibilidad.

La querella penal quedó archivada en 2022 por falta de “apoyo probatorio suficiente”, según el juez. Cuando fue a declarar como testigo, la exalcaldesa –que nunca se reunió con los afectados ni pidió disculpas por dejar a inquilinos protegidos en la calle– no hizo ninguna autocrítica. Al contrario, defendió que gracias a la venta de estas viviendas la EMVS “sigue existiendo y no hubo que despedir a ninguno de sus 400 trabajadores”.

Pero el viacrucis de los inquilinos que decidieron seguir en sus casas después de que decayera la protección pública no ha terminado. El fondo canadiense Brookfield se ha hecho con la cartera de propiedades de Fidere, es decir, las casas han vuelto a cambiar de propietario, a otro fondo, de modo que los vecinos han vuelto a la angustia de no saber si les renovarán el contrato, si se lo subirán o las van a sacar a la venta, que es lo que temen, conformen vayan acabando sus contratos. “Paradójicamente, cuando más tranquilos hemos estado ha sido en pandemia, porque había moratoria de desahucios”, cuenta Arantxa, que empezó con la lucha vecinal cuando tenía 24 años y ahora tiene 37. Brookfield no ha contestado a las preguntas de elDiario.es sobre sus planes con estas antiguas VPO. Las prórrogas automáticas o indefinidas –como proponían los decretos de vivienda que han sido tumbados en el Congreso por PP, Vox y Junts– hubieran evitado esta incertidumbre.

El escándalo social que supuso en 2013 esta desprotección para miles de ciudadanos y la pérdida patrimonial de parque de vivienda para Madrid ha quedado, de momento, sin responsabilidad administrativa o judicial. Aunque el Plan de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez instó a las comunidades a prohibir la venta de VPO para evitar que se repita una situación similar, la Comunidad de Madrid adelantó que no va a hacerlo e incluso anunció el pasado mes de junio recursos judiciales contra la iniciativa.

La plataforma Stop Alquileres Abusivos Cáceres ha vuelto a concentrarse esta vez frente a la sede del Partido Popular, en la calle San Pedro de Alcántara, para denunciar que el acceso a la vivienda “es un derecho y no un negocio” y para señalar directamente al PP por el bloqueo de las medidas que, a su juicio, podrían aliviar la situación de miles de familias. Después de manifestarse la semana pasada en la Subdelegación del Gobierno, esta protesta llega en un momento de tensión política tras el debate en el Congreso de los decretos relacionados con vivienda, que la plataforma consideraba insuficientes pero necesarios para frenar la escalada de precios y la precariedad habitacional.

La movilización, marcada por pancartas y consignas como 'Alquileres indefinidos', 'La vivienda es un derecho y nos lo quieren robar', 'Hace falta ya una huelga general', 'Pisos dignos, precios justos' o '¿De qué me sirve conseguir la beca si se la queda mi casero?', ha puesto de nuevo el foco en el encarecimiento de los alquileres y en las dificultades crecientes para acceder a un hogar digno en la ciudad. Para el colectivo, el decreto debatido en el Congreso, aunque “muy lejos de lo que necesitamos”, suponía un alivio inmediato para miles de personas que viven al límite de sus posibilidades económicas.

Los y las integrantes de Stop Alquileres Abusivos reclaman un cambio de modelo que deje de tratar la vivienda como un bien especulativo y la sitúe como un derecho universal, equiparable a la sanidad o la educación dentro del Estado del bienestar. “Estamos en un punto de no retorno, la gente ha despertado y se está impugnando el modelo completo, por eso vamos hacia la huelga general”, sostienen. Reconocen que el caso de Maricarmen —una vecina cuya situación se ha convertido en símbolo de la lucha por la vivienda también en Cáceres— tiene una “potencia simbólica enorme”, pero insisten en que el problema es estructural y afecta a miles de hogares.

La protesta ha subrayado también la distancia entre las instituciones y las necesidades reales de la ciudadanía. “El Parlamento está claramente al servicio del rentismo”, han afirmado durante la concentración, convencidos de que la batalla por la vivienda se libra ya en las calles y no en los escaños. El movimiento asegura estar en un momento de organización popular “barrio a barrio, bloque a bloque”, con la mirada puesta en una posible huelga general en confluencia con los sindicatos de clase, como respuesta a lo que consideran un bloqueo político que agrava la emergencia habitacional en Cáceres y en el conjunto del país.

Mientras avanzaba la marcha desde la sede del PP hacia la plaza Mayor y, después, hacia la plaza de la Concepción, el grupo inicial fue creciendo a cada tramo. Vecinas, estudiantes, familias y trabajadores se iban sumando al paso de la columna, atraídos por el sonido de las llaves que los manifestantes agitaban en alto como gesto simbólico de la lucha por un hogar digno. El recorrido transcurrió de forma pacífica, con un ambiente de determinación colectiva y una idea compartida: la defensa de los derechos habitacionales no es una causa aislada, sino un movimiento que se ensancha a medida que más personas reconocen en su propia vida la urgencia de un cambio profundo.

Centenares de personas se han manifestado este sábado por la tarde en Toledo para reclamar el acceso a la vivienda. Convocados por la Unión Popular de Inquilinas (UPI), han trasladado sus protestas en un recorrido inusual desde Zocodover a la plaza del Ayuntamiento.

Con llave en mano y ante la mirada estupefacta de muchos turistas, han cargado contra los fondos buitres, las empresas especuladoras y los partidos que han rechazado esta semana los dos decretos en el Congreso de los Diputados.

“Fuera fondos buitres de nuestros barrios”, “queremos casas, no hoteles”, “no es un piso chulo, es un puto zulo” o “si no hay alternativa, se okupa la cocina” han sido algunas de las proclamas que han lanzado en una protesta a la que se han unido personas de todas las edades.

Todas ellas han compartido una ruta que en este tipo de actos se lleva a cabo habitualmente por la calle Comercio -la más turística de la ciudad- y que en esta ocasión los convocantes han optado por desviar hacia vías menos transitadas, con la plaza de San Vicente como punto intermedio.

Para David Marto, su problema más directo con la vivienda se transforma en un viaje diario a Madrid. Este joven toledano, a punto de cumplir 32 años, sigue viviendo con sus padres porque independizarse no le resulta una opción asumible. Trabaja en Madrid, pero pagar allí un alquiler le resulta imposible, así que hace el camino de ida y vuelta hasta la capital para trabajar.

“Los precios están desorbitadísimos”, explica instantes, antes de que dé comienzo la manifestación convocada en Toledo. Su caso es solo uno de los que se encuentran entre los cientos de personas que han acudido a la protesta, 1.000 según los cálculos de la Policía Nacional y 2.000 según los convocantes.

A su lado, la protesta reúne también a personas de otras generaciones. Matilde, de 74 años, acudió porque comparte las reivindicaciones de los manifestantes y porque el problema de la vivienda también le toca de cerca: tiene hijos a los que las dificultades para acceder a una casa afectan directamente.

Son dos historias distintas, separadas por varias décadas, pero conectadas por una misma preocupación. Para unos, la vivienda supone retrasar la emancipación; para otros, ver cómo las dificultades por las que también lucharon para que no afectaran a futuras generaciones son actualmente el principal problema de la sociedad española.

“Las vecinas estamos diciendo ya basta”

África Alonso, portavoz de la Unión Popular de Inquilinas de Toledo, resume el motivo de la convocatoria en una frase: “No podemos más”. La organización considera que el acceso a la vivienda ha llegado a un punto en el que vecinos y vecinas han decidido salir a la calle y reclamar, también, una “huelga general” hasta alcanzar sus demandas.

Alentados también por la movilización social que tuvo como punto de inflexión la acampada en Sol a raíz del caso Maricarmen, la protesat en Toledo se ha avivado también en los últimos días con la situación que atraviesa Rosario, una mujer de 80 años que ha estado cerca de perder la vivienda en la que reside.

Alonso sostiene que el movimiento prepara nuevas movilizaciones y que está trabajando con los sindicatos de trabajadores de cara a la posible huelga general. La intención, explica, es aumentar la presión para que el problema de la vivienda ocupe un lugar central en la agenda política.

La portavoz también critica el rechazo a dos decretos relacionados con la vivienda y asegura que la movilización no termina con la manifestación. Para la organización, el respaldo ciudadano será el que marque los próximos pasos.

La Unión Popular de Inquilinas reclama que la ciudad sea declarada zona de mercado residencial tensionado para tratar de contener el incremento de los alquileres. También pide recuperar viviendas destinadas a uso turístico para destinarlas al alquiler residencial y reclama un plan de vivienda social que permita ampliar la oferta para los vecinos.

La UPI pone además el foco en la situación de los vecinos de la calle Río Yedra y en el mencionado caso de Rosario. Según ha explicado Alonso, las negociaciones continúan y cuentan con asesoramiento legal para intentar que pueda permanecer en su vivienda o encontrar una alternativa habitacional adecuada en su propio barrio de San Justo -en el Casco Histórico-.

Una protesta que mira al futuro

La manifestación ha finalizado en la plaza del Ayuntamiento. También, como novedad en este tipo de protestas sociales, los convocantes se han situado en las escaleras de la puerta principal del Palacio Arzobispal, donde han dado lectura a un manifiesto.

Entre cánticos y proclamas se ha vivido un curioso momento cuando desde los balcones del Ayuntamiento asomaba para fotografiarse una pareja que estaba contrayendo matrimonio en el Consistorio. “Sin casa, sin casa, esos no se casan”, les han coreado los cientos de personas presentes en la plaza.

“Conscientes y despiertas decimos basta. Nos hemos mirado a los ojos y hemos decidido salir a las calles, ejercer nuestro deber como ciudadanas y gritarles alto a las personas que toman las decisiones que hemos decidido, como pueblo soberano, que tenemos la obligación de cambiar el mundo”, han trasladado en la lectura del manifiesto.

En el texto, apuntan que las instituciones “no han estado a la altura”. “Ni el Estado ni las comunidades autonómas ni los ayuntamientos están siendo capaces de resolver el problema de la vivienda. Los partidos que bloquean estas medidas están dando la espalda incluso a sus propios votantes, y eso les va a costar su legitimidad”, advierten.

Por todo ello, instan a “para el país hasta que nos escuchen” y se establezcan medidas que permitan la bajada de los precios del alquiler y los contratos indefinidos, la expropiación de los fondos y empresas especuladoras o el fin de los desahucios. “Toledo será la tumba del rentismo”, han concluido.

Otras manifestaciones en Castilla-La Mancha

Las manifestaciones se han sucedido en varias capitales de provincias de Castilla-La Mancha. Así, en Albacete la marcha ha partido desde la plaza Gabriel Lodares, en Ciudad Real se ha convocado una concentración en la Plaza Mayor y en Guadalajara la manifestación ha sido esta mañana desde la Plaza del Ayuntamiento. En Cuenca habrá este domingo una concentración en la Plaza de España.

Según recoge Europa Press, el sindicato de inquilinas de Guadalajara ha afirmado en sus redes sociales que han sido miles las personas que han participado esta mañana en la manifestación por la huelga general de la vivienda, tras una pancarta en la que se podía leer 'Ni salarios por los suelos, ni viviendas por las nubes'.

Desde la capital guadalajareña han gritado soflamas como “No nos callarán, o cae el rentismo o caen los gobiernos” y han reclamado la intervención del mercado inmobiliario y el control de precios, la paralización de desahucios, la expropiación de vivienda de especuladores y fondo buitres y contratos indefinidos de alquiler.

Mientras, en la manifestación convocada en Albacete por Iniciativa Ciudadana se ha desarrollado tras una pancarta en la que se podía leer 'Vivienda para vivir, no para especular', con pancartas como 'Cambio riñon por 4º derecha', 'Vivienda para vivir, no para especular', 'Vivienda digna y accesible' o 'La vivienda es un derecho'.

“¿Os acordáis de cuando era divertida?”. Olga Matute formuló esa pregunta a sus amigas cuando la fueron a ver, semanas después de ser desahuciada junto a una de sus dos hijas. La expulsión sumió en una profunda depresión a esta mujer, cuyo círculo la recuerda como risueña y activa. “¡Si todavía lo eres!”, le respondieron ellas. Pero no vio manera de remontar. El pasado 7 de septiembre, cuando hacía menos de cinco meses desde que la echaron de su casa, Olga se suicidó. A los 54 años y dejando atrás a dos hijas.

Para sus allegados fue un “mazazo”, pero ya se figuraban que la historia podría acabar así. Sus problemas de vivienda empezaron en 2010, cuando se separó de su marido. Como este nunca pagó la pensión de las niñas, Olga dejó de poder hacer frente a la hipoteca. Y, desde entonces, su vida se convirtió en “una sucesión de derrota tras derrota”, cuenta Míriam, una de sus amigas, en conversación con elDiario.es.

“No es un caso aislado. Se habla mucho estos días de Maricarmen y ojalá se hablara más. Pero ella sigue viva y Olga no”, lamenta. Por eso, la gran manifestación en defensa de la vivienda y en protesta de la caída de los dos decretos en la votación del Congreso, se hará en L’Hospitalet, no en Barcelona. “Será un gran homenaje, por ella y por todas las personas que sufren esta crisis. Es lo que hubiera querido”, asegura Míriam.

Que Olga vaya a ser la cara visible de la manifestación de este sábado es un acto de justicia, pero también una contestación a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en una visita a Catalunya esta semana quiso quitar hierro a su caso. “Si no recuerdo mal, leí el caso de una señora, creo recordar que se llamaba Olga, que tenía dos hijos, que fue desahuciada y que, no puedo decir como consecuencia de eso, pero sí puedo decir que esa persona se suicidó. Y nadie acampó por ella. Nadie preguntó por ella”, zanjó el popular.

Estas palabras han enervado a los movimientos sociales, que no sólo sí se movilizaron por Olga y la van a convertir en protagonista de la marcha, sino que, además, han cuestionado a todas las administraciones que le “fallaron”. “Desde el Ayuntamiento hasta el Gobierno, pasando por la Generalitat”, apunta Míriam, amiga cercana de Olga.

Estas dos mujeres, ambas del barrio de Santa Eulàlia de L’Hospitalet, se llevaban más de 20 años, pero se volvieron muy cercanas. Se conocieron en las asambleas para organizar el referéndum del 1 de octubre y ya no dejaron de militar juntas. Pasaron por espacios antifascistas, feministas y asociaciones de barrio. Y, cuando su situación personal lo requiso, Olga se acercó también al Sindicat d’Habitatge Socialista.

“Hizo de todo para parar el desahucio y no es que dejara de luchar; es que no pudo más”, sigue esta amiga. Recuerda que nunca ocultó que el peso con el que cargaba crecía día tras día. Incluso participó en una comisión de estudio del Parlament de Catalunya sobre la salud mental.

“Llevo dos años luchando contra un desahucio que sé que llegará. Cuando eso pasa, caes en un pozo muy profundo, del que no sabes salir. Te aíslas y sólo piensas en suicidarte. Pero es algo que no puedo permitirme. ¿Qué harían mis hijas si yo no estoy?”, explicó en 2024.

Olga tuvo razón y su desahucio no se pudo evitar. Cuentan los suyos que, después de 15 años de lucha, Olga no se creía que la carrera hubiera llegado a su fin. Tanto que, el día antes del desahucio, todavía no había hecho las maletas. “No pensaba que fuera a pasar de verdad. Y, por eso, nos asustamos”, rememora su amiga.

Aquella noche, Olga empezó a enviar mensajes “extraños” que activaron las alarmas de su círculo cercano. Decidieron llamar a emergencias para activar el protocolo antisuicidios, pero, visto en perspectiva, reconocen que quizás no fue la mejor solución. “No sabíamos que era algo tan sumamente violento”, asegura Míriam. Aquella noche, los Mossos entraron en su casa para llevársela al hospital y eso es “lo último que quiere una persona que, al día siguiente, va a sufrir un desahucio”.

Cuando llegó al centro, Olga negó tener cualquier intención suicida para evitar que la ingresaran y así poder estar en casa, con sus hijas, cuando llegara la comitiva judicial. En sólo dos días, tuvo que ser atendida tres veces por los servicios de emergencias. Su abogado, Jordi Naya, intentó, in extremis, parar el lanzamiento presentando ante el juzgado los partes médicos, acreditando que se encontraba en una situación de “riesgo inminente y grave para la salud y su integridad personal”.

Pero el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 5 de L’Hospitalet desestimó la petición. “En ningún caso está previsto que sufrir situaciones de ansiedad permitan la suspensión del desahucio”, alegó. Además, criticó que la solicitud se presentara pocas horas antes de la fecha fijada, lo que catalogó de “mala fe” y argumentó que impedía que “la parte contraria pudiera ejercer sus derechos en plena facultad”. Así, sin más, a la mañana siguiente, Olga fue expulsada de su hogar.

Batalla tras batalla

El periplo de Olga empezó en 2010, cuando se separó de su pareja. Esa ruptura coincidió, además, con un despido. Poco después de aquello, evitó perder su casa gracias a una dación en pago a cambio de un alquiler social de la mano del Banco Sabadell. Pero esa renta tampoco fue fácil de abonar, ya que la situación agravó una diabetes grave que sufría y que le generó un grado de incapacidad que no la dejaba trabajar.

Como su pensión no alcanzaba, Olga decidió ocultar su condición y aceptó un empleo de dependienta. Pero duró poco porque la empresa cerró. Así, Olga se vio, de nuevo, sin ingresos, con dos hijas a cargo. Pero jamás dejó de pagar el alquiler. Fue entonces cuando su piso pasó a manos de Promontoria, una filial del fondo buitre Cerberus, que se negó a continuar con el alquiler social. Y aquel fue el golpe de gracia.

La nueva propiedad decidió poner el inmueble en venta y avisó a Olga, mediante un burofax, de que tenía que irse. Así se lo dijo “un matón” que se plantó en su casa, tal como aseguran desde el Sindicat. Pero ella negó en todo momento haber recibido tal comunicación. Preguntada por estas cuestiones, la propiedad ha declinado hacer declaraciones a elDiario.es.

Olga llamó a todas las puertas que pudo, pero no logró evitar que le llegara una primera orden de desahucio. Este se pudo aplazar gracias al escudo social, que protegía a familias vulnerables que vivieran en pisos de grandes tenedores. Pero cuando cayó esta medida, este mismo 2026 y debido a los votos de Junts, PP y Vox, el juez volvió a reanudar el proceso y fijó una nueva fecha: el 15 de abril de este año.

“Si esa moratoria no se hubiera tumbado, Olga seguiría viva. Y hoy han vuelto a votar en el mismo sentido”, lamenta Gisela Bermúdez, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista. Esta mujer quedó en la calle, junto a una de sus hijas, todavía menor de edad, y otra madre soltera que ya había sido desahuciada previamente y que Olga acogió en su casa durante algunos meses.

“Estamos ante un problema estructural que genera un impacto enorme para la salud mental de las familias trabajadoras. Sobre todo en los niños y en las mujeres, que somos las más afectadas”, aseguran desde el Sindicat. Apunta a cómo, para muchas, separarse de sus parejas es “un privilegio que no pueden permitirse”.

Perder el ingreso de una pareja puede suponer un descalabro que desmonte toda una vida, como le pasó a Olga. Ella es una de las tantas personas que se han quitado la vida al verse vencidas por un sistema que les ha arrebatado la vivienda, el techo bajo el cual forjar una vida. “No son suicidios, son asesinatos”, recuerda Bermúdez.

“Olga era la persona más alegre que he conocido”, cuenta Míriam. Una mujer alegre, amante del buen vino y siempre dispuesta a reírse, bailar y celebrar victorias de los colectivos en los que militaba. Así como a consolar a sus compañeras ante las derrotas con un abrazo o un comentario optimista.

Tanto fue así, que a sus amigas les dijo, en la carta que dejó escrita antes de morir, que querían que celebraran una fiesta en su honor más que un funeral. Los suyos la han enterrado, aunque todavía no han sacado las fuerzas para cumplir el último deseo de Olga. Pero lo harán, asegura Míriam. “La manifestación de este sábado, en su honor, será el primer homenaje. Que su nombre nos sirva para seguir luchando y la fiesta ya llegará, seguro que llegará”.

El Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, la única consejería en manos de Contigo/Zurekin, se encuentra inmerso en una negociación con fondos buitre para recuperar unas 600 viviendas que han perdido recientemente la calificación de VPO de alquiler. Se trata de inmuebles construidos hace años con financiación pública y que, fruto de “la herencia recibida”, perdieron la protección y pasaron a manos de inversores. En Navarra ahora la calificación de las VPO, también en régimen de alquiler, es permanente.

Según ha avanzado la consejera del ramo, Begoña Alfaro, para la negociación de la compra de estas viviendas se va a disponer de 22 millones de euros de los presupuestos del 2027, así como “parte del superávit” del ejercicio anterior, que no ha concretado. Tal y como ha apuntado, Testa, filial del fondo Blackestone, se ha mostrado partidario de vender esas viviendas porque ya no les resulta “tan rentable” tener vivienda en Navarra por la declaración de zonas tensionadas que ha topado el precio de los alquileres en las principales localidades, como en Pamplona o Tudela.

“La declaración de vivienda protegida indefinida, tanto en compraventa como en alquiler, hace que para ellos Navarra ya no sea un territorio amable, sino que sea un territorio del que huir. Nosotras estaremos encantadas de que se vayan porque bastante daño han hecho ya”, ha aseverado.

Con todo, ha señalado que tratarán de adquirir las viviendas por el precio “más bajo posible” y que es precisamente esa, el precio, lo que está provocando que la negociación se alargue. “Por ahora no quiero dar más detalles porque detrás de esto hay muchas familias y no quiero generar falsas expectativas”, ha apostillado Alfaro.

También ha afirmado que le “repatea” tener que recurrir a esta situación que supondrá “pagar dos veces por el mismo bien”. “Vamos a recomprar con el dinero de todos los navarros y navarras unas viviendas que fueron construidas con el esfuerzo de todas y de todos. Pero esta es la situación que hemos heredado y la vamos a afrontar sin duda defendiendo las arcas públicas y a los cientos de familias afectadas”, ha asegurado.

Sobre los decretos ley de vivienda aprobados por el Gobierno central y que deberán ser refrendados por el Congreso el viernes, la consejera navarra ha celebrado que suponen “un avance” en esta materia y ha señalado que siguen “el camino por el que ya ha optado Navarra hace muchísimo tiempo”. Así, ha apelado a los grupos del Congreso para que los aprueben y se ha dirigido en concreto al diputado de UPN, Alberto Cataán, para preguntarle “con quién se va a alinear, si con los intereses económicos de fondos como Testa Blackstone o Catella o con los cientos de familias navarras que viven en la total incertidumbre por el afán especulativo de estos mismos fondos”. “Estaría bien saber si UPN está con el navarrismo folclórico o con el navarrismo de los derechos sociales que desde luego nosotras y nosotros sí que defendemos”, ha expuesto.

“Prohibición de la compra especulativa de vivienda”, con descuentos superiores al 30%; suspensión de los desahucios de vulnerables hasta diciembre de 2030 sin compensación para el propietario o prohibición de que los grandes tenedores superen el índice de referencia en las zonas declaradas como tensionadas.

Son algunas medidas contra los denominados fondos buitre que incluye el real decreto-ley publicado este miércoles en el BOE, aunque el texto no los menciona expresamente ni los define de una manera general. Habla, como mucho, de “fondos de inversión especulativos” sin una definición clara.

El texto señala en su artículo 1 que toda entidad, con o sin personalidad jurídica, que incluya en su objeto social la adquisición de inmuebles, “tendrá limitada la adquisición de una vivienda, a título gratuito o a título oneroso por un precio inferior al setenta por ciento de su valor de tasación de mercado”.

La limitación será temporal, hasta el 31 de diciembre de 2028, “para garantizar su proporcionalidad” y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. Y afectará tanto a viviendas en estado de uso como de viviendas de edificios construidos sobre suelo de calificación residencial que cumplan los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad, desde que dispongan de certificado de fin de obra.

Esta “prohibición de la compra especulativa de vivienda”, como la define el texto en su exposición de motivos, tiene excepciones. El veto no afecta a las adquisiciones derivadas de procedimientos judiciales o ejecuciones hipotecarias. La prohibición “no se aplicará a las adquisiciones de propiedad que deriven de procedimientos de ejecución tramitados ante los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo establecido en la legislación procesal o de procedimientos de ejecución hipotecaria”, dice el texto.

Esto significa que el decreto no impide que un fondo pueda adjudicarse una vivienda en una ejecución hipotecaria aunque el precio de adjudicación esté por debajo del 70% de la tasación.

El veto tampoco se aplicará cuando las viviendas se destinen durante al menos cinco años a vivienda habitual “a precio asequible o social”; a residencias para personas que necesiten atención sociosanitaria; a las destinadas a residencia de personas pertenecientes a colectivos socialmente vulnerables de entidades del tercer sector; a la protección de víctimas de violencia de género; y si la compradora acredita que se ha adherido a un Código de Buenas Prácticas “acordado con la autoridad competente en materia de vivienda”.

Tampoco se aplicará a operaciones que ya se hayan escriturado antes de la entrada en vigor del decreto, aunque no figuren inscritas todavía.

En lo relativo a la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que no dispongan de alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, el artículo 2 señala que no habrá compensación al propietario durante ese periodo [a diferencia de lo que ocurre con el resto de arrendadores] cuando el dueño de la vivienda sea una “entidad con o sin personalidad jurídica dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamo hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado”, y que tenga “el objeto de eludir los mecanismos de función social de la vivienda o maximizar su rentabilidad a través de la desproporción en las rentas de alquiler, en los precios de reventa o por su destinación a finalidades no residenciales”.

El texto establece que en zonas declaradas tensionadas (algo que es competencia de las Comunidades Autónomas), si el propietario es un gran tenedor, el nuevo contrato queda sometido al límite máximo del índice de precios de referencia. Además, no se pueden añadir cuotas, gastos, impuestos u otros conceptos que, directa o indirectamente, permitan superar ese límite.

Esto afecta potencialmente a muchos vehículos inmobiliarios, aunque no exclusivamente a fondos. Si no hay definición expresa de lo que es un fondo buitre, sí la hay para un gran tenedor: aquel con más de diez inmuebles urbanos residenciales o más de 1.500 m² de superficie residencial. Las comunidades autónomas podrán reducir el umbral a cinco viviendas en zonas tensionadas.

“Fondos de inversión especulativos”

La exposición de motivos del decreto publicado este miércoles en el BOE señala que “la ciudadanía que precisa de una vivienda ha de competir en un mercado con diferentes perfiles de ahorro”, desde “familias ahorradoras a fondos de inversión especulativos destinados únicamente a la obtención de la máxima rentabilidad económica de la vivienda”, lo que requiere tener una situación económica “muy favorable” y provoca “la imposibilidad o desplazamiento del acceso a la vivienda en condiciones dignas y de asequibilidad de estas personas”.

Por su parte, el decreto con la renovación automática de los alquileres, que aún no se ha publicado en el BOE, no incluye referencias explícitas a los fondos buitre pero sí para los grandes tenedores, porque les obliga a aceptar una prórroga extraordinaria de un año cuando el inquilino acredite vulnerabilidad social económica. Además, cuando el arrendador sea una empresa, la prórroga ordinaria al vencimiento del contrato será de siete años, y no de cinco.

La acampada de Sol lleva desde el sábado por la noche presionando para que el Gobierno tome medidas contundentes que solucionen el problema de la vivienda en España. Y este martes el Gobierno ha aprobado dos decretos urgentes. Son dos decretos porque uno de ellos tiene más opciones de ser votado que el otro, ya que el segundo es una medida que el Gobierno no ha negociado con los grupos parlamentarios.

¿Qué medida es esa y qué otras han sido aprobadas en los decretos a falta de que el Congreso de los diputados las respalde este viernes? ¿Cambian esas medidas el mercado de la vivienda en España? ¿Son las que pedía el Sindicato de Inquilinas? Lo abordamos con el periodista de elDiario.es, Germán Aranda.

***

Envíanos una nota de voz por WhatsApp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es.

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 200.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente.

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

A pocas horas de que el Consejo de Ministros lleve a votación el nuevo decreto de vivienda, Junts exige a Pedro Sánchez “medidas concretas” para afrontar la crisis. Así lo ha dicho Josep Rius, portavoz de la formación, en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Nacional convocada para discutir la postura del partido.

Las propuestas de los independentistas están claras: su sí depende de que se suspendan los desahucios en las viviendas propiedad de fondos buitre y la limitación temporal de adquisición de inmuebles a grandes operadores financieros e inmobiliarios. Estas son algunas de las propuestas que los juntaires ya incluyeron en una propuesta normativa que entregaron hace tres semanas al Ejecutivo. “Las ven con buenos ojos”, sostiene Rius.

“Queremos una propuesta que no sea reactiva ni oportunista. Que no aprovechen este decreto para introducir cuestiones que no tienen nada que ver”, han advertido los independentistas. La formación también insiste en la necesidad de bajar impuestos a las cuentas de ahorros destinadas a la compra de primera vivienda, reducir el IVA de alquileres e hipotecas y “protección a las personas mayores que tengan que ir a una residencia”.

En cambio, sobre otras de las cuestiones que están sobre la mesa, tales como la posibilidad de expropiación de viviendas o los contratos de alquiler indefinidos, los juntaires no han querido posicionarse. Y ahí puede estar la clave de vuelta porque esas son, precisamente, las medidas que reclama Podemos para dar su voto a la norma.

El que ya se conoce como 'Decreto Maricarmen' tiene por delante una complicada misión: contentar tanto a los morados como a Junts. Ambas formaciones cuentan con los votos decisivos para que este paquete de medidas, cuyo contenido concreto todavía se desconoce, pueda salir adelante en la votación del Consejo de Ministros de este martes.

El equilibrio es frágil y, mientras los morados intentarán forzar al Ejecutivo a ser más ambicioso, los independentistas querrán unas medidas más discretas. Las negociaciones se han sucedido sin cesar durante todo el fin de semana, con el objetivo de llegar a la votación con el mayor número posible de votos amarrados.

A tal efecto, el Gobierno ya ha renunciado a reformar la Ley del Suelo que tenía que agilizar la construcción para contentar a Podemos. Para los juntaires, el Ejecutivo ya ha apuntado su intención de atender a la prohibición de los desahucios en pisos de fondos buitres y la limitación de compra.

Estas dos medidas suponen un cambio en la postura tanto de Junts como del PSOE. Los socialistas, hace un par de semanas, se abstuvieron en la toma en consideración en el Congreso de una proposición de ley de Sumar que pretendía, precisamente, iniciar la tramitación de una ley para prohibir la compra de viviendas a las personas jurídicas, entre ellas los fondos buitre.

Por su parte, Junts tumbó —junto a PP y Vox— a principios de este año el escudo antidesahucios que se encontraba vigente desde la pandemia, y se negó a rectificar su postura pese a que el Ejecutivo intentó volver a ponerlo en marcha recortándolo para que no se pudieran beneficiar de él los inquilinos de caseros con solo una o dos viviendas en propiedad.

El terremoto político que ha supuesto el desahucio de Maricarmen ha forzado a ambas formaciones a modificar sus líneas rojas. Y aunque destaca que los de Puigdemont se abran ahora a votar favorablemente al decreto, hay cuestiones en las que, asegura, no va a ceder. “Hay que compatibilizar frenar el desahucio en pisos de fondos buitre con proteger a los pequeños propietarios”, ha apuntado Rius, que ha advertido al Gobierno que “para llegar a un acuerdo, todos tenemos que salir de nuestras trincheras”.

La manifestación por la vivienda del sábado en Madrid acabó en una acampada histórica en la Puerta del Sol de Madrid, una propuesta del Sindicato de Inquilinas que a estas horas sigue creciendo y que demanda medidas urgentes: un decreto que el Gobierno tiene que aprobar mañana en el Consejo de ministros. 

En la Puerta del Sol pasamos la primera madrugada de esta acampada con dos periodistas de elDiario.es. Germán Aranda, compañero especializado en temas de vivienda. Marcos García Santonja, compañero de Un tema Al dia. Graban y se graban, para capturar un momento que, quizá, sea recordado durante años.

Hablamos con personas que han decidido acudir allí a acampar y a manifestarse. Gente como Ana, Pablo, Tobías, Miguel, Celia, Javi y Adela.

***

Envíanos una nota de voz por WhatsApp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es.

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 200.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente.

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia