Rita Maestre volvía el pasado enero a la primera línea política después de su baja por maternidad con un potente lema: “Te están robando Madrid”. El papel de los fondos buitre en el encarecimiento de la vivienda, la merma de los servicios públicos o la desaparición de la identidad de los barrios protagonizaban una campaña que abordaba asimismo el papel del alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en dichas problemáticas. Ahora, su formación política retoma su consigna y la precampaña electoral para desmontar uno de los principales argumentarios de la derecha y la ultraderecha.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital arremete contra la teoría del gran reemplazo. “Un mito que alienta la extrema derecha y la derecha, discípulas de Trump y los suyos, para que culpabilicemos a nuestros vecinos y vecinas migrantes de ese malestar urbano”, expone Maestre. 

Pero estas publicaciones no se limitan a cuestionar la consigna, sino que desde la formación la reapropian para apuntar en otra dirección: “Abre los ojos y mira hacia arriba. Las personas que te están robando Madrid no van contigo en el Metro, ni compran en las mismas tiendas que tú. Te roba Madrid quien te sube el alquiler, engorda las listas de espera de la sanidad pública a costa de tu salud y quien permite que todo esto pase mientras te dice que tienes que odiar al inmigrante”.

Los vídeos que el partido ha publicado en redes se acercan a la ciudad a través de una especie de mirilla que comienza apuntando a puntos cotidianos de la capital: un paso de cebra, un bazar, un kiosco, el campo de fútbol de un polideportivo municipal o un parque. Luego la redirigen a espacios menos accesibles para el conjunto de la población, lugares que parecen completar el paisaje urbano como si nada, pero que son auténtico centros de poder. Las Cuatro Torres del paseo de la Castellana, las Torres de Colón o las sedes de algunas inmobiliarias son algunos ejemplos.

Maestre recopila algunos de los lugares comunes del discurso reaccionario: “Hay demasiados chinos”, “hay demasiados marroquís”, “hay demasiados ecuatorianos”. “Seguro que en los últimos meses has oído a alguien cercano hablar así. Alguien que nunca esperarías”, señala la concejala. Luego se pregunta de dónde proceden estas proclamas: “¿Quizá lo oyó en un programa de televisión? ¿O tal vez fueron los bulos de un canal de Telegram sobre Torre Pacheco?”.

“Demasiados suele ser el camino fácil de la ultraderecha”, avisa Maestre. “Es horar de abrir los ojos y mirar hacia arriba. Quien te roba Madrid está tan alto que casi no lo ves. Son personas que no van contigo en Metro, ni compran en las mismas tiendas que tú y nunca vivirán en un barrio saturado de Airbnbns. Son ellos, desde bien arriba, los que te están robando Madrid mientras te dicen que odies al inmigrante”.

La edil concluye su intervención arremetiendo contra la teoría del gran reemplazo y su empleo por parte de políticos como Santiago Abascal o Carlos Hernández Quero: “La próxima vez que lo oigas hazte la pregunta de quiénes son en realidad demasiados”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberá dar respuesta oficial vía informe a las alegaciones de una asociación de la localidad de Valdemoro (Madrid) que denuncia irregularidades en la tramitación de los permisos para construir un polígono industrial ‘prime’ que supondrá arrasar con 600.000 metros cuadrados de superficie forestal y que pondrá en peligro a especies protegidas que habitan en la zona, como el sapo corredor, el aguilucho lagunero, la lechuza común o el milano negro. 

En hasta tres escritos de alegaciones presentados por la Asociación por el Desarrollo Sostenible de Valdemoro, a los que ha tenido acceso elDiario.es y que han sido presentados ante las direcciones generales de Biodiversidad y Gestión Forestal, Transición Energética y Economía Circular, y Urbanismo, va desgranando diferentes fallos que ha detectado en el plan parcial de ordenación del sector conocido como ‘Ermita de Santiago’. Plan que fue aprobado por el Ayuntamiento de Valdemoro, dirigido por el PP, en abril de 2025. 

Al poco de publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) ya presentó alegaciones contra el mismo Ecologistas en Acción y, ahora, esta otra asociación se suma a la batalla administrativa para impedir el desarrollo industrial planteado por la mercantil Fórum Creaciones SL para Logistik porque, a su juicio, afectará a terreno forestal, a áreas importantes para la conservación de aves y de la biodiversidad, a especies protegidas y a espacios incluidos en la Red Natura 2000 de la Comunidad de Madrid. Se da la circunstancia de que Logistik entra en este asunto de la mano de Brooklfield, un fondo de inversión canadiense con el que se ha aliado para expandir este tipo de desarrollos.

Sobre la pérdida de 606.346 m² de terreno forestal, el escrito de alegaciones lamenta que no se haya previsto adoptar medida alguna para facilitar su conservación a pesar de que el promotor sí reconoce la existencia de esos terrenos en el Documento Ambiental Estratégico (DAE). Explica que la posible compensación con nuevos terrenos “no ha sido acreditada y debería suponer una superficie mayor a la indicada”, a lo que añade que no hay terrenos de titularidad pública para acometer esas compensaciones por lo que se da un incumplimiento “radical y deliberado” de esa obligación. Y advierte de que en todo caso, si se pretende reforestar en otro terreno, la superficie siempre debe ser, como poco, el doble de la ocupada por el parque logístico. 

Áreas de conservación de aves

A esto, suma que la construcción de este moderno hub logístico afectará por proximidad a dos áreas importantes para la conservación de aves, en concreto a la de ‘Cortados y Graveras del Jarama’ -un espacio natural de alto valor ecológico con una extensión de aproximadamente 35.000 hectáreas- y a la de ‘Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro’, próximas a ese desarrollo. 

En este sentido, explica que, si bien el documento ambiental presentado por el promotor apunta que el sector no entra en ningún área de conservación, se obvia que es necesario un análisis del impacto indirecto que puede ocasionar sobre este espacio. “Puede provocar efectos irreversibles en el hábitat de múltiples especies protegidas”, lamenta la asociación para añadir que el terreno donde se prevé construir “es hábitat de múltiples especies protegidas (catalogadas como amenazadas), tanto de anfibios, reptiles, mamíferos, y especialmente de aves”. 

Asimismo, subraya que el promotor no ha realizado ningún trabajo de campo que permita disponer de una información del uso que hacen estas especies del territorio, así como de su abundancia, y esto a pesar de ser zona de campeo, alimentación, descanso y reproducción. En sus alegaciones añade que muchas de estas especies están también incluidas en la directiva europea y, por lo tanto, deben ser objeto de medidas de conservación especiales para asegurar su supervivencia y reproducción porque son “de interés comunitario”.

Al hilo, echa en cara a los constructores que sostengan que, aunque la obra afectará a estas especies por la degradación de sus hábitats, el impacto es “compatible” porque siempre “se pueden desplazar, existiendo en los alrededores otras zonas agrícolas que pueden ocupar”. Y detalla que, de acuerdo con el plan presentado, las especies que pueden verse comprometidas son invertebrados como el escarabajo avispa, anfibios como el sapo corredor o el sapillo moteado, mamíferos como el murciélago ratonero y una decena de aves como la cigüeña blanca, la terrera blanca, el chotacabras pardo, el aguilucho lagunero occidental, el cernícalo primilla, el aguilucho cenizo, la totovía, el milano negro y la lechuza común.

“Ausencia de rigor”

Por otro lado, la asociación pone el foco en sus alegaciones en que tampoco se ha valorado cómo afectará a espacios protegidos de la Red Natura 2000 como ‘Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares’ y ‘Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid’ a pesar de su proximidad a la obra. Subraya que ambos presentan “un gran interés faunístico, florístico y geomorfológico” con importantes poblaciones de aves esteparias y rupícolas, así como de aves acuáticas invernantes. 

El escrito lamenta que califiquen el impacto en esas zonas de “inexistente” porque esto demuestra “la ausencia de rigor en el documento ambiental presentado”. Y advierte de que, de seguir adelante con el trámite de construcción de ese polígono industrial, su ejecución dependería exclusivamente de la voluntad del promotor que no ha realizado análisis necesarios como la fragmentación del territorio, la alteración del régimen hidrológico de un arroyo, la pérdida de suelo fértil ni el efecto barrera de los viales proyectados“. 

En definitiva, la asociación explica que el proyecto está “desconectado de la realidad biofísica del lugar y sin un soporte técnico sólido que justifique la idoneidad, localización o prioridad de las actuaciones”. Y por eso pide que se pronuncie el Gobierno de Díaz Ayuso y se reformule la propuesta con un plan técnico detallado, con fichas de actuación, cronograma y un sistema de gobernanza ecológica del proyecto.

Desde la Comunidad de Madrid, que debe dar respuesta a estas alegaciones, se indica que la tramitación es íntegramente municipal y que el ayuntamiento ya ha solicitado informes facultativos, si bien no son vinculantes ni preceptivos. En este sentido, se apunta que, dado que varios de los organismos consultados han puesto sobre la mesa cuestiones que habría que atender, ahora el consistorio debe alegar e informar sobre cómo afrontará esas cuestiones.

“De aquellos polvos, estos lodos”. Con esta expresión una afectada resumía el efecto directo, pero también a la hora de redefinir un modelo, que tuvo para la situación de la vivienda en Madrid la venta de 1.860 pisos protegidos al fondo buitre Blackstone. Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE), recordaba así y entre duras críticas una operación impulsada por el Gobierno de Ana Botella en 2013. Un procedimiento que vuelve a ser noticia, ya que según varios medios económicos e inmobiliarios, Blackstone podría estar negociando revender los miles de inmuebles. Todo ello, con la amenaza de que muchos de los contratos de alquiler no sean renovados.

La mejor posicionada al respecto de la compra es la gestora de fondos canadiense Brookfield, la cual negocia en exclusiva con Blackstone la adquisición de su Socimi residencial Fidere, que cuenta con unas 5.300 viviendas en alquiler. Entre ellas, las 1.860 de una de las operaciones de vivienda pública más polémicas de la historia reciente.

La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, preguntará al alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre este asunto en el pleno municipal del próximo martes 24 de marzo. En un vídeo compartido en redes sociales, la concejala explica que los vecinos afectados se han organizado “contra la nueva operación con la que Blackstone pretende enriquecerse aún más vendiendo estas casas a otro fondo buitre por mucho más dinero del que pagó”. El objetivo de su partido es que “el Ayuntamiento de Madrid, ahora que los edificios están en venta, recupere el patrimonio de todos los madrileños y los vuelva a comprar”.

Para la líder de la oposición, el Partido Popular “engañó a los vecinos” al asegurarles que los alquileres no se tocarían, cuando no fue así. Arantxa Mejías recordaba en conversación con Somos Madrid que sus padres pasaron de pagar unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en 2004 a unos 1.100 dos décadas después. “Aseguraron que las viviendas que eran con opción a compra lo seguirían siendo y tampoco fue así”, reprocha también Maestre.

La edil abordará en Cibeles la operación de venta de estas miles de viviendas y adelanta además la amenaza de que cientos de contratos dejen de renovarse: “Sabemos, a través de las familias y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que Blackstone ha comunicado que no va a renovar los contratos. Y que estas últimas semanas el posible comprador anda visitando los edificios, concretamente en Carabanchel”. Este periódico ha contactado con Testa Homes, la filial de Blackstone que gestiona las promociones afectadas, acerca de la posible venta a Brookfield y el impacto en las condiciones contractuales de los arrendatarios. Por el momento, no han trasladado ninguna respuesta.

Lamenta Maestre que “Almeida permite a los especuladores y fondos buitre jugar a su antojo con la vivienda de los madrileños y madrileñas”. Así, dice, “ahora estamos en el de Blackstone a Brookfield y tiro porque me toca, mientras las familias caen siempre en la misma casilla: subida de alquileres y expulsión de sus barrios”.

“Aquella operación fue una vergüenza por la que hoy los madrileños seguimos pagando la factura de ese expolio, el de 1.860 viviendas públicas de la EMVS [Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid]. Fue la primera gran alfombra roja a los fondos buitre en Madrid. Fue el PP quien creó este problema y el PP tiene la obligación moral y legal de solucionarlo”, sentencia la concejala.

El PP desdeña una posible recompra municipal: “Estupidez propia del comunismo más rancio”

Pero la propuesta de Más Madrid, que el Ayuntamiento compre esas viviendas y las devuelva al patrimonio público de la EMVS porque es “de donde nunca debieron salir” (garantizando además “alquileres indefinidos y asequibles”), se ha encontrado ya con el rechazo del Gobierno de Almeida.

El portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Carlos Izquierdo, ha calificado la proposición de Maestre de “auténtica estupidez propia del comunismo más rancio”. Para el también concejal presidente del distrito de Carabanchel (el más afectado por la venta de los pisos públicos), las declaraciones de la edil son “discrecionales y arbitrarias”, ya que “operaciones similares se han hecho por parte de la Seguridad Social y Más Madrid no ha dicho nada”.

Anima a la líder de la oposición en Cibeles a “decir cómo quiere que se saque ese dinero para comprar casi 2.000 viviendas”. “¿Del bolsillo de todos los madrileños?”, se pregunta Izquierdo. Desde su punto de vista, la solución es “aumentar la oferta de vivienda pública y dar estabilidad al mercado”.

Una operación plagada de irregularidades sin consecuencias penales

Bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, Botella provocó que 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra (el 20% del patrimonio total que EMVS poseía por entonces) terminaran en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Homes. Filiales todas ellas del fondo buitre Blackstone, que desembolsó menos de 128 millones de euros. Apenas 70.000 euros por casa.

Con ello, la protección desapareció y miles de personas vieron cómo de la noche a la mañana los alquileres que abonaban se multiplicaban. Lo que la exalcaldesa vendió como un simple “cambio de casero”, se convirtió en realidad en una vulneración de las condiciones iniciales de los contratos. Para Mejías, además de los perjudicados directos, “hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”.

Por ello la noticia de un posible nuevo cambio en la propiedad ha avivado la controversia sobre un proceso que, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016, “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ejecutivo de Botella facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

El órgano de control concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, se habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto. Pese a todo ello, el Gobierno de Almeida sigue sin condenar explícitamente la actuación del equipo de Botella, e incluso llegó a torpedear la acusación particular del Ayuntamiento en el juicio (impulsada en la etapa de Manuela Carmena).

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. 

En abril de 2025, el Tribunal Supremo revocó asimismo una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y asestó un nuevo revés a los inquilinos, al rechazar que los arrendatarios de viviendas de protección oficial tengan derecho a adquirirlas por la misma cantidad que Blackstone pagó al Consistorio. Unos 70.000 euros por casa que ejemplifican el pelotazo del fondo buitre, más cerca de potenciarse todavía más con esta posible reventa.

Desde que un día llamaron a su puerta con una oferta de 10.000 euros a tocateja, la vida de Ángel ha dado un vuelco. Pero ahora el miedo a perder su casa se ha convertido en rabia. Más de un año después, comienza a verterla contra aquellos huéspedes. “El fondo de inversión Palau & Manfredi ha comprado el edificio y nos quiere echar a la calle”, denunciaba este domingo, arropado entre sus vecinos. En enero de 2025, un agente contratado por esta sociedad inmobiliaria se presentó en su domicilio, en el número 37 de la calle Gaztambide, donde alquila un piso con su pareja. La noticia les dejó a cuadros: la propietaria había fallecido y ahora los herederos querían vaciarlo. La idea era hacer reformas, exprimir el recurso y venderlo al mejor postor; así que, de día para otro, el bloque pasó a ser una gallina de los huevos de oro en uno de los barrios más cotizados de Madrid.

Desde entonces, los vecinos se han organizado para poner en marcha una campaña de denuncias en redes y, recientemente, una jornada de protesta. Fue este mismo domingo, 15 de marzo, cuando se movilizaron conjuntamente con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para reclamar una reunión al fondo que gestiona actualmente la propiedad. En un comunicado, el órgano sindical pidió negociar nuevos contratos de alquiler “estables y asumibles” para los inquilinos. Para algunos, como es el caso de Ángel e Irene, su contrato no concluye hasta 2028, así que les ofrecieron los 10.000 euros por marcharse.

Si no accedían, la otra opción era cobrar unos 200 euros cada vez que la sociedad family office organizara una visita al piso --en el que aún son inquilinos-- en busca de potenciales compradores. Desde el Sindicato de Inquilinas sostienen que la empresa tiene en mente “reconvertir el bloque en pisos de lujo”, aunque de momento no se ha confirmado oficialmente nada parecido. A principios del año pasado, Ángel se topó con dos personas en el rellano que, según él, parecían inspeccionar el edificio. Ese día marcó un punto de inflexión.

Eran un hombre y una mujer. Ella se presentó como su abogada y les informó de que iban a efectuar obras en las instalaciones, instándoles a “tener en cuenta las molestias” que eso puede suponer en su día a día. Para estos inquilinos, aquella fue una táctica de acoso inmobiliario. Desde entonces, la presión sobre los vecinos se acentuó: burofaxes que anuncian la no renovación de contratos, visitas constantes de potenciales compradores, llamadas insistentes, ofertas económicas para marcharse antes de tiempo. Y, según su denuncia, algo más: cortes de suministros y obras que complican la vida diaria.

Su denuncia la recogieron desde la oposición política de Más Madrid. La portavoz municipal del distrito, Sara Ladra, también habla de “mobbing inmobiliario” para referirse a este tipo de práticas. En declaraciones a este periódico, la concejala de Chamberí, recuerda otros casos parecidos –algunos muy recientes“ como los que ocupan a vecinos de Tribulete, San Ifelfonso o General Lacy. ”Si nos quieren echar de nuestras casas, van a tener un problema“, resumieron los vecinos durante la protesta, a modo de reafirmación colectiva después de meses de incertidumbre piso a piso.

Uno de los rostros involuntarios de la reivindicación fue Carmen, que trabaja en uno de los locales que habrán de desalojar. Lleva ocho años y medio en una conocida pastelería de la calle, que terminaba su contrato este mismo año y será uno de los primeros espacios en desaparecer con la compra. Ella ha cumplido 41 y vive con su madre no muy lejos de allí, aunque ha de coger el metro para llegar a su puesto. Con el tiempo, se ha convertido en una cara conocida para algunos vecinos.

Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que da calidad a un barrio. Y temo que este acabe perdiendo su esencia

Carmen — Trabaja en uno de los locales comerciales que concluyen su contrato

“Carmen ha sido nuestra mejor red social”, proclamaba desde el balcón en uno de los pisos, megáfono en mano, una de las manifestantes este domingo. A pie de calle estaba Carmen, uniformada de blanco y sonrojada por los aplausos. “Ahora se queda en paro, así que queremos agradecerte todo lo que nos has ayudado. Si alguien puede pasar su currículum, agradeceremos que no se nos vaya de aquí”, concluía la vecina en su discurso dando paso a una cadena de aplausos y vítores. En diciembre, su jefe recibió otro burofax de la empresa advirtiendo de que deberían abandonar el edificio a finales de abril.

“Me siento agradecida de haber podido ayudarles o alegrarles si es que ha sido así. Pero al final, aunque solo sea un trabajo, duele por la gente a la que dejas atrás y también por la incertidumbre que llega”, revela Carmen días después, al otro lado del teléfono. “Esta es una zona muy buena y quieren aprovechar la situación, pero siento que estas situaciones son las que terminan por cargarse el pequeño comercio en los barrios”, sentencia la trabajadora, augurando que el ejemplo de Gaztambide puede repetirse en otros puntos de la ciudad: “Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que le da calidad a un vecindario. Y temo que este acabe perdiendo su esencia”.

El de este bloque no es un caso aislado. Las organizaciones de inquilinos llevan tiempo alertando de una dinámica que se ha extendido por distintos barrios de Madrid: fondos de inversión que compran edificios enteros con contratos en vigor, comunican su intención de no renovarlos y despliegan distintas fórmulas de presión para acortar los plazos. En el caso de Palau & Manfredi, las vecinas aseguran que el mismo esquema se ha reproducido en otros inmuebles fuera de Madrid, como en Barcelona, donde el fondo posee otro edificio en el Eixample.

Por vivir en su piso, Ángel e Irene pagna 1.100 euros al mes sin contar gastos como luz, wi-fi, gas o agua. Son unos 80 metros cuadrados con tres habitaciones, dos de ellas más pequeñas y la tercera sin ventana. Creen que la maniobra incrementará el precio de la vivienda para equipararla al estatus del barrio. Así que la protesta del domingo se presentó como una llamada a la negociación, donde los vecinos solicitaron a la propiedad que respetara los contratos y no trate de expulsar a sus inquilinos de forma inminente. En el interior del portal, entre buzones y carteles improvisados, alguien ha escrito un mensaje que resume el momento: “Aquí vive gente”.

Jueves por la tarde. Una cafetería elegante y tranquila, en pleno centro de Madrid. Apenas se oye el runrún de un puñado de clientes, los ruedines de las maletas que entran o salen y una plácida música de ascensor. Todo transcurre con normalidad en el Hotel Marriott Princesa, uno de los alojamientos de cinco estrellas que la lujosa cadena gestiona en la ciudad. Al menos, hasta que el reloj marca las 19.30 horas. Una marabunta silenciosa accedió en cuestión de segundos a la zona del restaurante, despertando la curiosidad entre las mesas o miradas inquietas del personal. Decenas de personas comenzaron a apilarse hasta formar un semicírculo en el centro. Algunos sacan megáfonos y otros, unos chalecos reflectantes de color naranja. En el torso puede leerse un nombre: Sindicato de Inquilinas.

“¡Somos las vecinas de Madrid contra Brookfield!”, gritó una de ellas, coreada al instante por quienes estaban a su alrededor. El órgano sindical, promotor de la iniciativa, motivó una protesta en las instalaciones de este céntrico hotel para denunciar sus vínculos con Brookfield Asset Management, una multinacional canadiense dedicada a la compra-venta de activos que adquirió este hotel en la zona de Princesa. Su irrupción en el mercado español ha causado incertidumbre entre quienes esa tarde tomaron el hotel, que denunciaron a viva voz cómo ese movimiento ponía otra pieza sobre el pesado puzle de la vivienda.

Preguntados por esta cuestión, desde el Sindicato de Inquilinas confirman que todo es parte de una campaña para advertir de la entrada a paso firme de esta compañía en España. Un país donde el problema de la vivienda lleva meses liderando el ranking de las principales preocupaciones de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Después de negociar la compra de 5.300 inmuebles por 1.200 millones de euros a otro de los grandes fondos de inversión inmobiliaria, Blackstone, Brookfield ha adquirido todas estas propiedades que, afirman los promotores de la protesta, nacieron como promociones públicas o de protección oficial “impulsadas por administraciones municipales”.

Que Brookfield, propietario del hotel que ha protagonizado la tarde, se hiciera con un paquete de viviendas alejándolo del parque público en un momento de alta tensión inmobiliaria ha sido la mecha que prendió los planes del sindicato. Los manifestantes, durante su incursión en el Marriot junto a Plaza España, han hecho llegar una carta al director del establecimiento en la que le transmiten la “preocupación” vecinal por la subida de los precios o la intranquilidad ante una renovación de alquiler. Pero la acción no solo ha sorprendido en Madrid.

Desde la entidad por los derechos de los inquilinos se ha organizado un movimiento paralelo en Barcelona, donde otra comitiva de vecinos hizo lo propio con el Hotel Moxy de la ciudad condal, tal y como han confirmado los manifestantes en la capital. Fuentes del órgano sindical aseguran que la multinacional canadiense es dueña de otros hoteles en Madrid, además del Marriott de Princesa. Temen que la intención del fondo para las 5.300 viviendas que ha comprado a Blackstone termine siendo la venta uno a uno de los pisos, transfiriéndolos definitivamente al mercado.

“A todos los que estáis aquí, queremos informaros de por qué hemos venido”, comenzó uno de los portavoces de la protesta, compartiendo con la clientela del hotel cómo su propietario “empeora” la situación de muchos inquilinos. “Brookfield quiere vender nuestras casas, pero no nos iremos de allí. Nos quedamos”, afirmó, solemne, otro de los jóvenes allí presentes, entre aplausos y vítores de sus compañeros. La admiración no crecía tanto entre empleados. “A mí me están grabando”, ironiza una de las mujeres uniformadas con el traje que portan el resto de trabajadores, movilizados desde su irrupción para controlar el espacio.

Varios vehículos policiales, tanto de la Policía Nacional como Municipal, empezaron a amontonarse en la entrada pocos minutos después de comenzar la protesta. “Los ha llamado el manager”, susurraron entre los manifestantes. Más de una decena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía termiraron por entrar a la recepción del hotel y acudieron a hablar con los portavoces del acto. Intercambiaron unas palabras y luego estos últimos accedieron a continuar la protesta en la puerta del edificio, cuando el reloj ya marcaba las 19.45 horas.

“Queremos que todo el mundo sepa que la compra por parte de Brookfield no es tan bonita como creen”, resume desde el exterior uno de los portavoces de la cita, César Sanjuan. Explica que la decisión de iniciar sus presiones desde este hotel tiene que ver con la ubicación de la sede de este fondo en España, en un noveno piso de la calle Serrano. “Lo que queremos es que gente como nosotros sepa quiénes son, y eso solo puede conseguirse desde aquí”, determina Sanjuan.

En los últimos meses ha trascendido la intención de Blackstone, el fondo buitre que propició la gran entrada de Brookfield al mercado español, y otras sociedades inmobiliarias preparan la venta de miles de viviendas en alquiler dentro del país. Fueron comprándolas durante años y ahora, en pleno auge de precios, tratarán de ofrecerlas al mejor postor. Muchos de los inmuebles que fluctúan en esa operación inmobiliaria, contabilizados en unos 25.000, fueron adquiridos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en un periodo de trasvase de las familias a los bancos y, de estos, a estas entidades, conocidas como fondos buitre.

Recientemente, desde el Sindicato de Inquilinas se ha impulsado una campaña junto a los vecinos de los bloques pertenecientes a Nestar (incluido en el grupo Azora) o Fidere, de Blackstone, cuya compra precisamente negocian los del fondo Brookfield. La iniciativa tiene el objetivo de “impedir la venta masiva de más de 17.000 viviendas, muchas de ellas antiguamente públicas, que los fondos buitre quieren volver a poner en el mercado para seguir especulando con nuestras vida”, tal y como expresa el propio órgano sindical. Creen que esta problemática se replica ahora con la adquisición de 5.300 viviendas por parte de la compañía canadiense. “Que no se piensen que van a comprar un caramelo. Lo que van a hallar es un problema”, ha zanjado en sus instalaciones uno de los portavoces de la protesta.

Cuando un proyecto une la calidad a unos valores que representan a quienes los hacen se produce una alineación de planetas. Se nota que eso ocurre en Ravalear. La serie de Pol Rodríguez basada en la historia real del restaurante de sus padres en el Raval, que fue adquirido por un fondo buitre, se ha convertido en una ficción que mira de forma clínica el problema de la vivienda. Lo hace con ritmo, fuerza, sin maniqueísmos y contando lo que no se suele contar.

Y se nota que todo el mundo cree en el proyecto y está contento con lo que han hecho. Los primeros, sus intérpretes. En la Berlinale estuvieron todos como una familia (lo son en la ficción), disfrutando de ser la primera serie española en estar en el certamen. Se notaba también en las entrevistas. Enric Auquer y María Rodríguez Soto son dos de los protagonistas —y dos de los mejores actores de su generación—, y ellos mismos encarnan el compromiso que se desprende de la serie con esta problemática. Auquer está afiliado al Sindicat de Llogateres y, cuando recogió el año pasado el premio Gaudí, pidió solidaridad para pasar un desahucio.

¿Sabían cuando leyeron el guion que estaba basado en la historia del director Pol Rodríguez?, ¿cómo cambió eso su percepción?

María Rodríguez Soto: A mí me pasó una cosa muy curiosa, que es que yo había comido en Can Lluís y me lo había pasado superbién allí, pero no sabía que había pasado esto después de la pandemia. Y cuando me llegó la serie y lo leí, dije, “guau, qué fuerte y qué bien que lo ha explicado”. Pensé que qué suerte formar parte de esto, la verdad.

Enric Auquer: Sí, yo lo fui entendiendo cada vez más. Tú vas oyendo en las noticias no sé cuántos desahucios y ya parece que es como si ayer llovió. Pero de repente te pones pragmático y dices, pobre gente, que ha perdido un restaurante. Pero vas entrando y entrando, y vas viendo, y es lo que fui entendiendo. Ha sido un viaje muy bonito porque Pol lo explica muy bien, es muy sensible, se va abriendo poco a poco, y vas viendo el dolor que ha generado todo eso.

La serie muestra las interioridades y todas las aristas que acompañan a un desahucio y en un proceso como este. ¿Este trabajo les ha hecho ser más o menos optimista con lo que está pasando con la vivienda?

M.R.S.: Creo que nuestra cara lo dice todo. Hay algo que nos está comiendo y que es muy incontrolable, que no tiene nada que ver seguramente con la clase de la que nosotros formamos parte, que es una cosa llamada capitalismo y que está por encima de nosotros y que no tiene nada que ver ni con Barcelona, ni con Madrid, ni con Berlín, que está en el mundo entero. Y luego también hay algo muy bonito, de comunidad, y hay una esperanza en eso. Y aunque el monstruo sea tan grande, que siga habiendo esperanza es muy importante, y no nos podemos desconectar de ahí.

E.A.: Yo veo que hay organizaciones. Yo estoy afiliado al Sindicat de Llogateres (el Sindicato de Inquilinas) y veo lo que se va haciendo y creo que hay esperanza si la gente hace cosas. Pero la cosa es tan perversa que hay esa sensación, estas lógicas aplastantes del relato que nos damos, que parece que si una persona ofrece más dinero por algo, tiene más derecho porque así funciona el sistema y el mercado. Y esto es un drama. Es que parece que aunque tú hayas contribuido desde hace casi 100 años a la comunidad con un establecimiento que tiene un valor sentimental, personal y colectivo, eso no tiene ningún valor porque solo tiene valor el dinero, y eso es perverso. 

Creo que tendríamos que ir cogiendo conciencia, porque está ese discurso de que el mercado se regula a sí mismo y eso es el dogma del capitalismo. Pero pensemos, ¿qué comunidades queremos generar?, ¿qué ciudades de futuro? Tanto tú, persona millonaria que tienes 15 pisos, como yo. Creo que el capitalismo, desde que yo estoy vivo, ha ido avanzando tanto que o cogen conciencia los que tienen poder o no sé.

Es que es heavy cómo han conseguido que nos dé más miedo que nos puedan okupar la casa que los fondos buitre

María Rodríguez Soto — Actriz

M.R.S.: Es que es heavy cómo han conseguido que nos dé más miedo que nos puedan okupar la casa que los fondos buitres. Hay una disociación muy heavy entre la realidad que está pasando y quien está haciendo de la vivienda un bien de mercado. Hay algo que han conseguido hacer muy bien, y es que han cambiado el foco del miedo.

E.A.: Es que no hay un interés colectivo. Es que cómo pueden ser tan perversos que generáis algo no sostenible, que ya no se puede sostener ni para ti ni para mí ni para nadie. Estiráis tanto el chicle, hijos de puta. Lo estiráis tanto, que lo reventáis todo. Hay que ir con cuidado, y si no tendría que haber un estado responsable, un gobierno que sea responsable y que regule la vivienda. Es que cabrea mucho. Yo veo una de sufrimiento a mi alrededor y un mal vivir que es como…

M.R.S.: Y la impunidad de seguir haciendo eso y que les dé igual.

Sus personajes hacen un acto de rebelión porque no les están protegiendo, pero también están en una situación de privilegio frente a otras muchas personas que no pueden ni siquiera plantearse esa rebelión.

M.R.S.: De eso va la serie en el fondo, de ver todos los sustratos de la sociedad y cómo ellos se aprovechan de nosotros, pero nosotros nos podemos aprovechar de gente que está por debajo de nosotros. Es que es como funciona el mundo, o como nos han hecho creer que funciona el mundo. Y aquí está el debate y hay que ponerlo sobre la mesa y ser consciente siempre del privilegio que tienes. Es difícil, pero creo que es un deber.

E.A.: La familia de Pol tuvo esa situación y perdieron. Hay un momento en que aceptas y dices: pues ya está. Y ahí hay un desastre familiar, un duelo, una tristeza. Esta serie plantea qué pasaría si no te rindes, si llevas esto hasta sus últimas consecuencias. Ahí está la chispa de la serie. Y luego preguntarnos hasta dónde somos capaces, qué legitimamos en esa lucha contra una persona que tiene más poder que tú. Y cómo, como espectador, también no eres muchas veces consciente del privilegio que tienes. Nos pasa mucho en Occidente, que te puedes sentir oprimido por unas élites, pero luego hay personas con menos privilegios y tú estás ejerciendo el tuyo. Es lo que plantea la serie.

Creo que han participado muchas asociaciones del Raval, mucho tejido social, ¿cómo ha sido introducirles, se han sentido parte de una serie que estaba también apostando por formas distintas de trabajar?

M.R.S.: Pues ha sido superenriquecedor. Creo que también es uno de los grandes aciertos de esta serie, que todo el mundo forme parte de ella. A veces pasa que cuando juntas actores profesionales y actores no profesionales hay un decalaje, pero aquí ha habido una escucha muy recíproca, muy sencilla y que nos hemos puesto todos en un tono. Y eso tiene mucho que ver también en cómo ruedan. Es que las cámaras a veces ni las veíamos.

E.A.: Al final es una serie con una voluntad política muy grande y creo que está bien incorporar voces distintas, disidentes o que incluso no están del todo de acuerdo con la serie. Intentar escuchar a todos. Hay también una voluntad política en, si estamos hablando de esto, pues pasar el guion a sindicatos distintos, hablar con organizaciones del barrio… y creo que esto era importante. Seguramente no ha sido perfecto y seguramente habrá gente que se sentirá marginada o que no se sentirá representada.

¿Con qué les gustaría que se quedara la gente de Ravalear?, ¿puede generar algo en la sociedad?

M.R.S.: Ojalá genere un cambio. Es complicado, pero yo creo que poner este tema encima de la mesa y que trascienda más allá de ver la serie con tus amigos o con tu pareja o con quien sea, y que quizá una conciencia se abra. Yo con eso ya me quedo un poco contenta, la verdad.

E.A.: Yo creo que las series no cambian nada. Que la gente se lo pase muy bien y que tenga un referente de algo, que sepa que existen cosas y que cuando sienta la injusticia en su propia carne, diga, voy a volver a ver esa serie, me voy a reunir con alguna asociación que tenga recursos como para poder acompañarme. A veces en la militancia la gente no sabe muy bien dónde acudir o están muy individualizados o el colectivo ha dejado de estar en su vida o se siente solo. 

Entonces, sobre todo, que se lo pasen bien y que cojan un cabreo. Hay algo muy triste en esta serie, y es que acabas y dices joder, todo este lío por esta mierda, por cuatro duros. Hay algo de un poco de asco. No quiero ser nihilista, creo que es una serie que tiene su luz también, y eso me gusta, porque no es un relato derrotista ni nihilista.

Entrevista completa

Pilar Alonso ha pasado en los últimos meses varias noches en vela. Ha sido “la angustia” por perder su casa, a la que entró a vivir en régimen de alquiler en el año 2006, la que no la ha dejado dormir, reconoce. El próximo 6 de marzo, cuando se cumplen 20 años de la construcción del edificio de protección oficial, su vivienda perderá esa calificación que fija un precio máximo para el alquiler y pasará al mercado libre. Su 'casero' es el fondo buitre sueco Catella Group que, sin embargo, merced a la limitación de precios en aplicación de la Ley de Vivienda, no podrá subirle la mensualidad. Así se lo comunicó este jueves la propia consejera de Vivienda, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin), quien además le avanzó que están negociando con el fondo para que pueda mantener la ayuda pública que recibe todos los meses para pagar el alquiler.

Pilar Alonso es una de las 168 inquilinas de los bloques del barrio de Sarriguren en el Valle de Egüés -municipio situado en la comarca de Pamplona, al este de la capital- que han perdido ya, o perderán el próximo mes, la protección. A ellas se sumarán otras 200 en la comunidad foral a lo largo del 2026. Son viviendas que se construyeron en 2006, cuando la Ley de Vivienda recogía una protección de 20 años para las VPO de alquiler. En junio de 2025 el Ejecutivo foral aprobó una modificación de la norma para que esa calificación en las viviendas de nueva construcción se prolongue hasta los 75 años.

El Departamento de Vivienda ha acordado ya con el fondo Catella Group prorrogar, al menos durante un año, la calificación protegida para mantener las ayudas al alquiler que reciben 28 de los 60 inquilinos que viven en un bloque que en agosto pasó al mercado libre. Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que el fondo, que podía haber solicitado que la ampliación fuese por cinco o diez años, lo ha pedido por un año, aunque confían en que se siga prorrogando. Las viviendas de los 32 inquilinos restantes que no reciben subvención al alquiler del Gobierno foral por no cumplir con los requisitos de vulnerabilidad sí que han pasado al mercado libre, pero al ser Valle de Egüés una de las 21 localidades que el Ejecutivo navarro declaró como zonas de mercado residencial tensionado, el precio del alquiler está topado por ley.

El límite de precios no es fijo y depende de varios factores como el tamaño de la vivienda, la zona en la que está o la altura. Para calcularlo el Ministerio de Vivienda ha habilitado una herramienta que ofrece un índice de referencia de precios. Para una vivienda en una primera o segunda planta en uno de los edificios de Sarriguren propiedad del fondo Catella Group, el Ministerio calcula un precio máximo de entre 480 y 560 euros.

Las mismas condiciones pactadas para esos 60 inmuebles son las que el Departamento de Vivienda está negociando ahora con el fondo sueco para las 108 viviendas de Sarriguren que perderán la protección el 6 de marzo, según adelantó la consejera Alfaro este jueves en el Parlamento navarro en respuesta a una pregunta de EH Bildu, coalición que está asesorando a los vecinos afectados por la pérdida de la protección en el Valle de Egüés, municipio gobernado por UPN. “Vamos bien encaminadas”, apostilló.

“Estuvimos con la conejera y salimos más tranquilas”, apunta Pilar Alonso. “Es una relativa tranquilidad”, añaden Elisa Crespo y Encarna Hualde, vecinas de otro bloque propiedad del mismo fondo sueco y que pierde la calificación en 2028, que añaden que de no ser la zona de mercado tensionado estarían “desprotegidas”. Ellas mismas vieron como hace años, cuando aún no se había aplicado el tope a los alquileres, varios vecinos del entorno corrieron otra suerte y tuvieron que abandonar sus casas ante la imposibilidad de pagar el doble, e incluso el triple, de renta. Otros también se vieron obligados a irse al ser informados por el fondo propietario del inmueble de que iba a vender sus viviendas.

Ahora esperan que de cara al 2028 el Gobierno navarro pueda acordar una prórroga y por más tiempo. En el caso de estas 108 viviendas, son 81 los inquilinos que reciben subvención por parte del Ejecutivo foral. “Llevo ya casi 20 años en esta casa y estoy jubilada, ya no estoy en una situación en la que pueda ponerme a buscar otro sitio donde vivir”, explica Elisa Crespo.

“Hablando en plata y con claridad, la declaración de zona de mercado tensionado ha evitado que estas viviendas pasen al mercado libre, a un precio libre que es de suponer que ninguno de los inquilinos inquilinas de estas viviendas de estas viviendas iban a poder asumir”, destaca la consejera Begoña Alfaro, que critica que haya partidos que “discutan” que la calificación de vivienda protegida no deba de ser indefinida o que digan que regulación del mercado “no tiene ningún efecto”. “Estas vecinas se ven protegidas por las consecuencias de esta declaración que ustedes votaron en contra”, reprochó el jueves a UPN y PP en la Cámara foral.

¿Existe la posibilidad de una solución definitiva? Sí, pero esta pasaría porque el Gobierno de Navarra comprase al fondo Catella Group las viviendas, algo que desde el Ejecutivo ven imposible por falta de presupuesto. En los últimos años, Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda en la comunidad foral, ha ido adquiriendo varios inmuebles para destinarlos al alquiler social ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, pero para comprar 168 de golpe se requiere de un presupuesto muy elevado del que no se dispone. “Son situaciones envenenadas que nos dejaron las políticas de la derecha de hace 20 y 30 años”, lamenta la consejera Begoña Alfaro.

Fue en 2018 cuando el fondo sueco Catella Group adquirió estas viviendas a Adania, el principal tenedor de vivienda en la comunidad foral. Desde entonces la “preocupación” de los inquilinos ha ido en aumento, conocedores de la clase de fondo que había comprado sus casas. A ello se le sumaron problemas de interlocución con el nuevo propietario, cuya única sede en España está en Madrid. “Es todo online”, lamenta Pilar, que denuncia que en varias ocasiones le han girado dos mensualidades “de golpe”.

También han tenido estos problemas en otros bloques del barrio propiedad del mismo grupo. Elisa Crespo cuenta que en invierno estuvieron diez días sin agua caliente y calefacción por un fallo en la caldera. Por todo ello, han decidido impulsar una plataforma vecinal para hacer más fuerza en sus reivindicaciones y seguir luchando por sus casas.

Los grandes fondos de inversión internacionales llegaron a España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y adquirieron grandes paquetes de viviendas, muchas de ellas financiadas en parte por fondos públicos, que pusieron en alquiler. Finalizado el ciclo de inversión y con una nueva crisis residencial en auge, los conocidos como 'fondos buitre' como Blackstone y Nestar preparan la salida de miles de esas casas. Un grupo de inquilinas ha puesto en marcha junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid una campaña para que la nueva empresa pública Casa 47 adquiera estos inmuebles y los incorpore al parque público.

Las vecinas de Madrid que han iniciado la campaña, 'Recuperemos nuestras viviendas de las garras de los fondos buitre' son inquilinas de viviendas propiedad de Nestar-Azora y Fidere, una sociedad del fondo buitre Blackstone, a quien el Ayuntamiento de Ana Botella transfirió en 2013 un paquete de 1860 pisos protegidos por 128,5 millones, unos 68.000 euros por unidad.

“Durante más de una década, los fondos buitre han obtenido beneficios extraordinarios a costa de unas viviendas que, en muchos casos, fueron públicas o protegidas antes de ser malvendidas”, denuncian desde el Sindicato, que señala que “tras adquirir estas casas a precio de saldo y sin realizar mantenimiento alguno durante estos años, los fondos han impuesto subidas abusivas de alquiler, cláusulas ilegales y una gestión que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de las inquilinas”. “Ahora pretenden culminar el negocio con una nueva venta masiva”, denuncian.

Desde el Sindicato de Inquilinas cuantifican en 17.000 las viviendas de las que estos fondos quieren desprenderse. Solo Nestar, antes Lazora, manejaba una cartera de más de 9.000 viviendas, por un precio de unos 1.800 millones.

La campaña, anunciada este martes, reclama al Gobierno “que recupere estos hogares para el parque público a través de Casa 47”, la nueva empresa estatal sobre la que el Ejecutivo quiere armar el derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado de Bienestar. “La experiencia reciente demuestra que sí se puede: 1.700 viviendas acaban de ser recuperadas en Catalunya”, indican desde el Sindicato de Inquilinas, “tras una campaña de presión y nueve meses de huelga de alquileres”.

Por el momento, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció a principios de diciembre, durante la presentación de la empresa pública, la creación de un fondo de 100 millones de euros para la compra directa de viviendas, que pasarán a la bolsa pública de alquileres asequibles de Casa 47.

La crisis de la vivienda ha causado una sangría en los barrios más pobres de las grandes ciudades. Miles de personas pagan alquileres por encima de sus posibilidades, viven bajo amenaza de desahucio, comparten habitaciones o incluso ocupan pisos vacíos por falta de ingresos. Morad, residente junto a su pareja en La Florida, el distrito más humilde de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), era hasta hace un año uno de ellos. 

“Hace seis meses que me cambió todo”, reconoce Morad mientras apura un zumo de naranja antes de ir a trabajar en un almacén. El piso en el que vive con su pareja, y en el que espera ver crecer a su hijo recién nacido, era hasta hace poco del fondo buitre Divarian, que estuvo a punto de desalojarles. Ahora es propiedad de una cooperativa del barrio, de la que él mismo es socio. Se llama Les Juntes y acaba de ser premiada por la organización internacional World Habitat como ejemplo de lucha por el derecho a la vivienda a través de la acción comunitaria.

Las cooperativas de vivienda han proliferado en los últimos años en España, sobre todo en Catalunya, y permiten a sus socios construir o rehabilitar edificios para residir en ellos fuera del mercado libre. Pero Les Juntes es algo diferente. En el corazón de la Florida, con elevados índices de pobreza e inmigración, las posibilidades económicas de sus vecinos son otras. “Decidimos rescatar pisos que ya están construidos y habitados, en distintos inmuebles, y que son de fondos buitre o bancos, que hay muchos”, señala Francisco Rubio, uno de sus socios e impulsores.

Desde su fundación en 2023, Les Juntes ha adquirido ya ocho viviendas en los bloques de la Florida. Todas ellas de grandes propietarios: el más repetido es Divarian, la filial inmobiliaria del fondo de inversión Cerberus, pero también están Solvia, Idea VIP… En la mayoría de casos, la compra sirve para proteger a quien reside en la vivienda, familias en situación de vulnerabilidad que son socias de la cooperativa. “Muchos tenían amenaza de desahucio”, explica Júlia Porta, otra de las socias de la entidad. 

Francisco y Júlia, que es a su vez la joven presidenta de la Asociación de Vecinos de La Florida, relatan los inicios de Les Juntes durante una entrevista en el local de Pomezia, espacio comunitario y sede oficial de la cooperativa. Nació de los distintos proyectos sociales y comunitarios que existen en el barrio, como La Florida s’Aveïna o las cooperativas Keras Buti (de consumo de proximidad) o La Fundició.

“Este trabajo de apoyo mutuo entre vecinas nos llevó a constatar que el principal problema de la mayoría era tener unas condiciones dignas de vivienda, y que eso había que conseguirlo con la movilización, pero también con la construcción de alternativas”, señala Rubio. 

Invitaron a cooperativas de vivienda para copiar su ejemplo, pero no encajaban en La Florida. “Requieren una inversión inicial que la mayoría de vecinos no puede asumir”, constatan. Pero después de años de parar desahucios a las puertas de los pisos, dieron con la idea para su proyecto, que ahora describen como “cooperativa de vivienda dispersa”.

La primera compra que consiguieron fue de una vivienda habitada por Hanane, una mujer marroquí que vino sola a España con su hijo autista. “Creo que antes vivió cinco intentos de desahucio”, explica Porta. “En su caso recuerdo que llegamos a un acuerdo con la propiedad, que era también Divarian, pero ejecutaron igualmente el desahucio y vino la comitiva judicial. Lo paramos y poco después hicimos la compra del piso”, recuerda. 

El precio medio al que han comprado es de entre 50.000 y 60.000 euros. “Es inferior al precio de mercado, pero porque hay personas viviendo dentro, lo que los fondos llaman tener bicho, que pasan a ser socias”, explican los promotores. A ello hay que añadir una reforma mínima para dignificar los pisos, debido a la degradación que padecen. El importe de esas obras suele ser de media de 7.500 euros. Cabe recordar que los 800 pisos de los Bloques la Florida son de unos 40 m2 y 2,2m de altura, en su mayoría sin aislamiento y con instalaciones eléctricas precarias. 

Actualmente, en las ocho viviendas que ya son propiedad de la cooperativa habitan unas 30 personas, de las que diez son menores de edad. Todas las unidades familiares deben ser socias de Les Juntes y, de hecho, según relatan, la mayoría participaban ya en los espacios comunitarios del barrio. Tienen derecho de uso de la vivienda durante un período de 50 años, con una cuota de 450 euros al mes. Esta y otras particularidades las pueden decidir los cooperativistas en asamblea. 

“La idea es conseguir que las familias en situación vulnerable tengan una solución habitacional estable, que es lo que pide todo el mundo y lo que te permite construir un proyecto de vida”, señala Rubio. Además de los que ya tienen piso, cuentan con unos 50 socios que han aportado el capital inicial de 300 euros a la espera de poder acceder también a una vivienda en La Florida mediante este modelo. 

Levantada entre vecinos y activistas del barrio, Les Juntes también ha tenido que asociarse con entidades que conocen este mundo, especialmente la parte económica. De ahí que entre sus impulsores esté también La Dinamo (fundación que promueve la vivienda cooperativa) y LaCol (una conocida cooperativa de arquitectos de Barcelona). 

Con todo, según sus cuentas de 2024, el 47% de sus ingresos fueron préstamos de Coop57. El 34% procedió de subvenciones. El 8%, de las aportaciones de los socios, y el resto de donaciones privadas. 

De cara al futuro, aspiran a contar con la participación de las administraciones públicas, que puedan entrar en la estructura de la cooperativa como en las Community Land Trust británicas. “Se podría escalar mucho el número de viviendas cooperativizadas con la participación del Ayuntamiento”, señalan. Y no solo eso, también conseguir viviendas más espaciosas y dignas para que residan en ellas las familias socias. 

Otro reto es esquivar lo que llaman el “asistencialismo”. Es decir, no ser vistos en el barrio como la bolsa de vivienda de emergencia a la que simplemente apuntarse para solucionar problemas particulares. “Es esa lógica de que yo voy a la oficina a que me arreglen un problema. No, aquí debemos pensar entre todas qué estrategias podemos usar para afrontar los problemas conjuntos”, añaden.

Sea como sea, estos días toca celebrar el premio World Habitat. De 400 proyectos de todo el mundo, les seleccionaron junto con unos 25 y les han otorgado el galardón de bronce. El CEO de la organización internacional, David Ireland, los describió así: “Son un ejemplo de cómo la vivienda cooperativa puede desempeñar un papel clave en las políticas de vivienda asequible, especialmente para las personas excluidas de los sistemas convencionales. Ofrece un modelo que las autoridades locales de toda Europa podrían adaptar para abordar la inseguridad habitacional”.

La corporación municipal del ayuntamiento de Cartagena ha sacado adelante una declaración institucional en apoyo y solidaridad con la plantilla de la factoría de Sabic en Cartagena, declaración de la que se ha dado traslado a la empresa, al gobierno regional y al ministro de Industria. En ella, el Ayuntamiento de Cartagena traslada su apoyo a los trabajadores de Sabic y a sus familias tras las noticias sobre la venta de la planta de La Aljorra al fondo alemán Mutares y el cierre de una de sus unidades: “Esta situación genera incertidumbre laboral y afecta de forma directa al tejido industrial del municipio y a la red de empresas auxiliares vinculadas a la factoría”, han denunciado.

La corporación municipal expresa su rechazo al cierre de la planta Lexan 1 que “pone en riesgo varios cientos de puestos de trabajo directos y miles de empleos indirectos vinculados a la actividad de la planta”. En este sentido, el Ayuntamiento de Cartagena quiere recordar expresamente a la empresa Sabic y a Mutares el “esfuerzo realizado” por las administraciones que “cedieron de forma gratuita los terrenos para la instalación de la factoría en Cartagena; esfuerzo pagado con presupuesto público por todos los ciudadanos y ciudadanas y que se ha mantenido a lo largo de los años con decenas de millones de euros en subvenciones y apoyo económico”.

La Corporación municipal considera “prioritario” preservar el empleo y la continuidad de la actividad industrial en Cartagena y asume el liderazgo y la responsabilidad de este objetivo. Así, el Ayuntamiento, en el seno de la Mesa de la Formación de las Nuevas Industrias, impulsará las actuaciones necesarias encaminadas a cumplir con el mencionado fin.

El Ayuntamiento de Cartagena insta a la dirección de Sabic y a la empresa Mutares a entablar de inmediato un diálogo con el comité de empresa –con mediación de las administraciones públicas– para aportar certidumbre sobre el futuro de la planta y asumir sus responsabilidades con los trabajadores.

Respecto a la situación de la planta, han demandado información completa y periódica sobre la situación de la factoría en Cartagena, así como una negociación real con la representación legal de los trabajadores. El Ayuntamiento reafirma su disposición a colaborar en cuantas actuaciones faciliten la protección del empleo y el futuro industrial de Cartagena. También se compromete a mantener una interlocución permanente con la plantilla y sus representantes para canalizar iniciativas y trasladar la situación a los ámbitos donde corresponda adoptar decisiones.

Piden a Sabic que garanticen el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la actividad y evitar despidos. También han exigido un plan que asegure la continuidad productiva en la planta de La Aljorra, con mantenimiento de capacidades, inversiones y seguridad industrial, mediante la realización de las inversiones necesarias de modernización y actualización de las instalaciones de Cartagena, y con la puesta en marcha una hoja de ruta que ofrezca a los trabajadores garantías sobre la continuidad de la actividad y tranquilidad acerca de su futuro laboral.

También han solicitado un plan social que garantice la salida digna de cualquier empleado y oportunidades de recolocación o reindustrialización, con soluciones pactadas y no traumáticas, con medidas de protección laboral y social para toda la plantilla y las empresas auxiliares.

Igualmente, el consistorio pone a disposición de los trabajadores recursos municipales como la Mesa de Formación para Nuevas Industrias, con el fin de facilitar la reorientación profesional de esta plantilla altamente cualificada hacia sectores emergentes que se están expandiendo en el municipio.

La Corporación ha hecho un llamamiento a la unidad de acción entre las administraciones local, regional y nacional y los agentes sociales, con el objetivo de defender el empleo, sostener la industria y dar certezas a las familias afectadas.

El pasado 7 de noviembre, la vida de 18 vecinos y vecinas de la calle Valverde, en el barrio de Malasaña, dio un giro de 360 grados. Aquella mañana recibieron una notificación que rompía de golpe cualquier sensación de estabilidad: el edificio en el que viven, situado en el número 42 de la céntrica calle, había sido vendido a un fondo de inversión, Vencar Capital. Desde ese momento, la incertidumbre y la angustia se instalaron en un bloque que, para muchos de sus inquilinos, ha sido un hogar durante buena parte de su vida.

Para Marcos, el vecino más antiguo del edificio, la noticia fue toda una sorpresa. Para él, al igual que para el resto de sus vecinos, abandonar el bloque supone dejar atrás muchos recuerdos. Entró a Valverde 42 en 2005. En julio se cumplirán 21 años desde que cruzó por primera vez la puerta de su vivienda. “Esta casa me ha visto crecer, trabajar, reír, llorar y despedir a mi padre. Llegué con 26 años y ahora tengo 47. Es mi hogar”, cuenta.

La noticia supuso un shock porque entre los inquilinos no había sospechas de una posible maniobra de este tipo. Marcos asegura que tan solo un par de semanas antes habían preguntado al propietario si tenía alguna intención de vender, algo que negó rotundamente.

La operación se cerró el 6 de noviembre de 2025, pero los inquilinos no tuvieron conocimiento de ella hasta el día siguiente. Tan solo unos días después de recibir la carta en la que les informaban de la venta del edificio, la promotora inmobiliaria se puso en contacto con los vecinos para hacerles saber cuáles eran sus planes. “Nos dijeron que no nos iban a renovar los contratos y ahí entendimos que la idea era vaciar el edificio”, explica Marcos.

En la carta, a la que Somos Malasaña ha tenido acceso, la propiedad les comunicaba que una vez finalizado sus contratos de arrendamiento actuales, deberán “entregar la vivienda en buen estado de conservación con todos sus elementos y suministros al corriente, libre de personas y bienes, quedando el inmueble a disposición de la propiedad”. Del mismo modo, les recordaban que hasta la fecha de terminación permanecen vigentes todas las obligaciones contractuales, incluido el pago de la renta.

Desde aquel momento, los vecinos de Valverde 42 han intentado dialogar con Vencar Capital para poder continuar en sus viviendas o, en cualquier caso, conseguir una indemnización superior a la que les ofrecen: un mes de alquiler por cada mes que adelanten su salida. En el caso de Marcos, son cuatro meses y considera que “con los precios actuales de la vivienda en Madrid eso no te permite rehacer tu vida en ningún sitio”. Tampoco han tenido la oportunidad de negociar con el anterior propietario, que, aproximadamente dos semanas después de la venta, se quitó la vida.

Las presiones han ido en aumento desde la compra del edificio con la intención de ir “quitándose de en medio” a los vecinos. El primero en salir del edificio fue el conserje. Le despidieron después de llegar a un acuerdo con la propiedad. También se instalaron alarmas en los pisos vacíos y se comunicó la intención de colocar cámaras en las zonas comunes, algo que finalmente no se pudo hacer por la ley de protección de datos. En su lugar, contrataron a un empleado de la empresa de desokupación Desokupa KGB para mantener vigilados a los inquilinos las 24 horas del día.

“Dicen que es por seguridad, pero es una forma de recordarnos constantemente que quieren que nos vayamos”, relata Marcos. Los vecinos cuentan que a veces está de día y otras veces de noche. Se pasea por todo el edificio haciendo videollamada de madrugada, interrumpiendo el descanso de los vecinos. También aprovecha para fotografiar y grabar las puertas de los pisos en los que todavía quedan inquilinos. “No nos increpa directamente, pero la sensación de vigilancia es permanente”, señala.

A ello se suman visitas continuas al edificio. “Lo compraron por 5,3 millones de euros y lo están revendiendo”, explica Marcos. Los vecinos han llegado a escuchar conversaciones con posibles compradores en las que planteaban venderlo por 9,5 millones sin inquilinos y por 8,4 millones con ellos dentro. “En tres meses la rentabilidad sería descomunal”, asegura.

Actualmente, viven en el edificio 18 personas, además de dos locales comerciales. El contrato más próximo a caducar es el de una vecina que deberá abandonar su vivienda el 28 de febrero. Otros se extienden hasta 2028.

De los 18 vecinos, 16 han decidido movilizarse para frenar los planes del fondo de inversión. Sin embargo, la presión ya ha tenido consecuencias. La inquilina de uno de los locales se marcha este mismo fin de semana, pese a que su contrato vencía en 2027. “No ha podido soportarlo”, cuenta Marcos. No es la única. Otro de los vecinos se fue al poco de conocer la noticia. Pudo encontrar una alternativa habitacional y aceptó la compensación económica que le ofrecían.

Sin alternativa en su barrio

Desgraciadamente, el caso de este vecino no es extrapolable al resto. Todos los inquilinos han hecho el mismo ejercicio: buscar una alternativa en el mercado actual. El resultado es desolador. “En Malasaña, una habitación en un piso compartido cuesta ya cerca de 1.000 euros. Para pagar lo mismo que ahora, tienes que irte a pueblos como Navalcarnero y eso implica dos horas de transporte para llegar a tu trabajo. Te expulsan de la ciudad”, explica Marcos.

Según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio del metro cuadrado en viviendas de alquiler en el distrito Centro alcanzó en diciembre de 2025 su máximo histórico: 27,1 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 6,6 % respecto al mismo mes de 2024. No es la única cifra a tener en cuenta. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, informó el pasado mes de diciembre de que a lo largo de 2026 vencerán en todo el país más de 630.000 contratos de alquiler, afectando a alrededor de un millón y medio de personas. Además, solo en Madrid se calcula que existen unos 30.000 edificios de propiedad vertical expuestos a este tipo de expulsiones masivas.

“Están desmantelando la ciudad”, denuncia Marcos. “Madrid no es solo monumentos, es la vida de sus barrios. Si nos echan a quienes vivimos y trabajamos aquí, esa vida desaparece. Se está construyendo una especie de Disneylandia para turistas. Y no es turismofobia, es una crítica al modelo”, apostilla.

La situación de Valverde 42 encaja en un patrón cada vez más común en barrio como Malasaña. Así lo explica Maribel Pizarroso, presidenta de la Asociación Vecinal Maravillas. “Llevamos tiempo detectando una expulsión masiva de personas de sus hogares. No es solo un problema urbanístico o inmobiliario, es un auténtico drama humano”, afirma.

Desde la asociación han identificado ya alrededor de veinte edificios vendidos en el barrio para su transformación en pisos de lujo o usos hoteleros. “Muchos vecinos se marcharon en silencio, sin apoyo alguno, afrontando el desarraigo completamente solos”, lamenta Pizarroso.

Cita ejemplos como Pez 3, en obras desde hace casi dos años o San Andrés 32, desalojado hace tres. También Pez 1, donde se cerró la única residencia de mayores del barrio. Incluso el edificio de enfrente de Valverde 42 se ha vendido para convertirse en un bloque de pisos turísticos.  “Otros edificios llevan años funcionando como hoteles. Esto no es nuevo, pero ahora se ha acelerado de forma alarmante”, alerta.

Ante esta amenaza, los vecinos de Valverde 42 han decidido organizarse y convertirse en el primer “bloque en lucha” del barrio. Lo han hecho con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, la Asociación Vecinal Maravillas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). “Lo primero es el acompañamiento emocional. Después, el asesoramiento legal y la visibilización del conflicto”, explica Pizarroso.

Los vecinos reclaman a las administraciones medidas urgentes para frenar la especulación, proteger a los inquilinos y garantizar el derecho a una vivienda digna. “No pedimos nada extraordinario, solo poder seguir viviendo en nuestras casas”, subrayan.

Este sábado 24 de enero, a las 18.00 horas, el edificio desplegará pancartas en sus balcones para visibilizar su situación. “Queremos decir alto y claro que seguimos aquí”, afirman. Porque, como insiste Marcos, “esto no va solo de contratos. Va de vidas. Yo llevo 21 años aquí. Esta casa es mi hogar, y eso tiene un valor que no se puede medir en millones”.

Los empleados de la multinacional Sabic en Cartagena han protagonizado este miércoles una protesta masiva a las puertas de la factoría, donde han recibido entre abucheos al director de la empresa en Europa, Rütger Bosch. Los trabajadores, que piden transparencia sobre su futuro y la venta de los activos de la multinacional saudí a un fondo inversor alemán, han zarandeado el vehículo de Boch cuando accedía a la planta de La Aljorra.

El presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez, ha denunciado que la reunión que han mantenido con el directivo europeo ha causado aún más incertidumbre y angustia a los empleados de la planta: “Hace doce días [Rütger Bosch] dijo que se había producido la venta a Mutares, que no sabían en qué fecha se iba a materializar, pero que el fruto de ese acuerdo era el cierre de la planta. Ahora dice que durante 2026 la planta seguirá siendo de Sabic, y que cuando llegue Mutares el año que viene no es seguro si cerrarán la planta”.

Sánchez ha recordado que el cese de producción ya ha sido comunicado a la autoridad laboral, por lo que considera este giro de Sabic una “tomadura de pelo” al comité de empresa y a los trabajadores: “Quieren mantener la producción este año y seguir ganando dinero para que después llegue un fondo buitre y nos cierre”.

El presidente del comité ha apuntado que evadir oficializar el cierre mientras la planta está en manos de Sabic podría ser una estrategia de la compañía para no tener que aplicar medidas sociales que palíen los despidos: “Lo primero que le hemos pedido al director europeo es que queremos negociar con la central en Holanda las medidas sociales. Por mucho que digan que no son ellos las que las van a ejecutar, tienen que hacerse responsables”, ha exigido. “Queremos un asesoramiento legal de calidad pagado por Sabic y elegido por nosotros para poder hacer un seguimiento de este proceso”, ha añadido.

De no cumplirse las peticiones de los trabajadores, ejecutarán un calendario de paros de producción: “Vamos a parar la producción y hasta que no tengamos una respuesta clara y una negociación clara que salve a las personas, no vamos a seguir trabajando”, ha anunciado. “No vamos a seguir produciendo mientras ultiman sus instalaciones en Arabia, para que acto seguido nos despidan cuando estén terminadas”, ha apuntado Sánchez.

“No podemos permitir que en Cartagena se nos esté engañando para que sigamos trabajando y que cuando llegue el 1 de enero directamente nos cierren y nos echen a la calle”, ha insistido.

3.500 empleos directos e indirectos

El desmontaje y la deslocalización han sido procesos que CCOO describe como “paulatinos pero constantes”. En 2019 había cuatro plantas en las instalaciones de La Aljorra que daban empleo a 800 personas. La primera planta que se cerró fue la de Ultem, en 2020, con un ERE que supuso el despido de 76 trabajadores. En 2023 se anunció el cierre de la planta de Lexan 2, tras dos ERTES con 112 despidos. En la actualidad sobreviven dos plantas que dan empleo a 500 personas de plantilla directa -350 de ellos, en Lexan 1-. Por otro lado, decenas de empresas auxiliares suman otros 3.000 puestos de trabajo, considerando el empleo indirecto y el inducido.

La dirección de SABIC ha anunciado este mes de enero el cierre de la planta Lexan 1 tras la compra de la factoría por el fondo de inversión alemán Mutares. Tal y como describe CCOO, el grupo inversor “no ofrece ninguna confianza ni seguridad de continuidad en la producción ni a medio ni a corto plazo”. Dicha planta está dedicada específicamente a la fabricación de resinas de policarbonato de alto rendimiento, un material clave para diversas industrias.

CCOO ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para que eviten el cierre de la planta y los despidos que ello conllevaría: “Ni la comarca de Cartagena ni la Región de Murcia pueden permitir la desaparición de uno de los pilares fundamentales de la economía industrial”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que prohibirá a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares. Con esta medida, anunciada a través de su cuenta en su red social 'Truth Social', la Administración estadounidense quiere frenar la crisis de vivienda que atraviesa el país y que, en palabras del propio Trump, está alejando “a demasiadas personas, especialmente los jóvenes” del “sueño americano”.

Trump que ya anunció en diciembre su intención de llevar a cabo “algunos de los planes de reforma de la vivienda más agresivos de la historia de Estados Unidos”, ha señalado en su red social que “las personas viven en las casas, no las corporaciones”. Por ese motivo, está “tomando medidas para prohibir que los grandes inversores institucionales compren más viviendas unifamiliares”, ha indicado.

Aunque aún no ha dado detalles sobre esta medida, ha apuntado que pedirá al Congreso que convierta la iniciativa en ley. Mientras, las acciones de Invitatios Homes, el mayor arrendador de viviendas unifamiliares de EEUU cayeron un 7,86% y la cotización de grandes fondos como Blackstone o BlackRock se dejó un 4,36% y un 2,68% tras el anuncio de Trump. Otros inversores institucionales, como Apollo Global Management bajaron un 4,43%.

“Durante mucho tiempo, comprar y ser dueño de una vivienda fue considerado la cima del Sueño Americano. Era la recompensa por trabajar duro y hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación récord causada por Joe Biden y los demócratas en el Congreso, ese Sueño Americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los estadounidenses más jóvenes”, apuntó Trump.

Estas compañías, conocidas como 'fondos buitre', sobre las que Trump pone ahora el foco, llegaron a España tras el estallido de la burbuja y acumulan en este país grandes paquetes con decenas de miles de viviendas en alquiler.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha lamentado este jueves que Trump “avanza por la izquierda” de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y ha urgido a su socio de Gobierno a “reaccionar” e “impulsar políticas valientes y urgentes”. Ibáñez ha recordado que el pasado mes de noviembre PP, Vox y Junts tumbaron una proposición de ley para prohibir que las empresas compren viviendas para uso residencial, una medida similar a la anunciada por Trump, con la abstención del PSOE.

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha saludado la propuesta de Trump con un mensaje en tono irónico en su cuenta de X: “Tremendo podemita disfrazado, horrendo falangista, que dirían nuestros adoradores cipayo de la libertad de no tener nada”. El propio Ibáñez le recordó que el partido de extrema derecha tumbó en noviembre una propuesta en la misma línea.

“Creo que no esperaba que lo invitara a pasar, pero yo tenía que saber de qué iba este asunto”. Quien habla es Irene, vecina en un piso de Chamberí en el que vive de alquiler con su pareja. Hace ya casi un año, en enero, recibieron una visita inesperada: la de un agente contratado para negociar con ellos su estancia en el edificio. “Llamó al telefonillo, dijo que habían comprado el bloque y que si éramos los inquilinos, querían hablar con nosotros”, rememora al otro lado del teléfono. Cuenta que aquel hombre, de “buenos modales”, se prestó a dejar un número de teléfono si preferían hablar en otra ocasión. Pero la noticia les asustó tanto que le hicieron subir. Les ofreció 10.000 euros en “compensación” por “permitir la venta” del inmueble, en la calle Gaztambide número 37. Su contrato no acababa hasta 2028, y la dinámica se repitió puerta por puerta.

Si insistían en quedarse, les darían “unos 200 euros por visita” para que pudieran traer a compradores interesados. “Es acoso inmobiliario”, asegura, airada por la situación después de “meses en tensión”. La explicación que le dieron fue que el edificio era propiedad de dos mujeres solteras cuyas posesiones, al fallecer, acabaron en manos de sus sobrinos. Según Irene, ahora son ellos quienes deciden sobre el inmueble y lo coordinan a través de una sociedad privada family office, un tipo de estructura empresarial que gestiona o administra el patrimonio y los inmuebles familiares.

En otras palabras, una especie de agencia inmobiliaria para comprar, vender o reformar herencias. “Nos hacen la vida imposible porque lo que quieren es acorralarnos”. Ángel, la pareja de Irene, cuenta que una vez se encontraron en el portal a dos personas, un hombre y otra mujer –aseguran que se presentó como abogada– que inspeccionaban la entrada del edificio.

“Nos dijeron que iban a hacer obras en las instalaciones y que tuviésemos en cuenta las molestias que eso iba a implicar en nuestro día a día”, expresa el inquilino, sugiriendo en ello una “táctica” para apremiarles a aceptar los 10.000 euros por abandonar el apartamento. Unos meses después de que el primer agente inmobiliario llegara a su casa, fueron a hablar con el administrador de fincas.

“Como nos dijo que la compra aún no era efectiva y ni siquiera había nada firmado, nos relajamos”. Pero después de eso decidieron poner a su nombre la factura de los suministros a la espera de que el edificio se vendiera en junio, tal y como tenían previsto. Después de consultarlo con abogados que creen que existen resquicios legales por los que podrían prorrogar su contrato actual hasta, al menos, 2030; pero todo ahora mismo pende un hilo. Irene y Ángel se han agrupado con otros vecinos del bloque para sopesar oportunidades y presionar a la propiedad.

“Pasamos todo el verano pendientes, hablando con unos y con otros, preguntando a los de enfrente porque llevan más años que nosotros... y eso nos desanimó”, relata ella. Al parecer, lo que les contaron fue que el rumor llevaba tiempo asomando y ya habían vivido alguna situación parecida, pero decidieron no hacer nada hasta que se acercara el momento de vender. Por vivir en su piso, Irene paga 1.100 euros al mes a medias con su chico sin contar gastos como luz, wi-fi, gas o agua. Son unos 80 metros cuadrados con tres habitaciones, dos de ellas más pequeñas y la tercera sin ventana.

“Con los 10.000 euros que quieren pagarnos apenas nos llega para seis meses de alquiler, y encontrar algo de cero supone meterte otra vez en comisiones, fianzas e inmobiliarias”, insiste. Su denuncia la recogieron desde la oposición política de Más Madrid. La portavoz municipal del distrito, Sara Ladra, también habla de “mobbing inmobiliario” para referirse a este tipo de práticas. En declaraciones a este periódico, la concejala de Chamberí, recuerda otros casos parecidos –algunos muy recientes“ como los que ocupan a vecinos de Tribulete, San Ifelfonso o General Lacy.

“En Chamberí, como en tantos otros barrios de Madrid, las operaciones de acoso inmobiliario funcionan con total impunidad porque el sistema municipal lo permite, gracias a un mecanismo perverso: las licencias y declaraciones responsables para actuar en edificios residenciales están externalizadas a las Entidades Colaboradoras Urbanísticas”. La edil lo asemeja a “dar las llaves de la ciudad al que te quiere robar”. Cree que, de esta forma, la autorización y tramitación de reformas “agresivas” que “expulsan a los vecinos” se deja en manos de “empresas privadas con intereses económicos directos”, que autorizan y tramitan las reformas agresivas que expulsan a los vecinos“.

Para solucionarlo, cree que el primer paso ha de ser obligar a que las actuaciones en edificios residenciales, incluso si se trata de una herencia particular de por medio, sean tramitadas “exclusivamente por técnicos municipales y no por empresas privadas”. Más Madrid también ha recurrido el Plan Reside, una norma también muy criticada desde el PSOE. El plan se aprobó definitivamente en septiembre, cuando la Comunidad de Madrid avaló el texto al que el Ayuntamiento dio luz verde en primavera.

Hace un mes, el partido de Rita Maestre presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alegando que la propuesta de reunir todas las viviendas turísticas en edificios exclusivos para poder obtener licencia de actividad “va a expulsar a los vecinos de sus casas”. Es lo que temen Irene y Ángel después de ver cómo tratan de vaciar los pisos en bloque, aunque de momento desconocen a qué fin se destinará el edificio una vez termine este periplo. La pareja intuye que en el próximo mes habrá nuevas noticias sobre la venta, por lo que vaticinan unas navidades agridulces: “Es violento que alguien se presente en tu puerta por sorpresa, pero más aún si lo que quiere es echarte”.

Carabanchel es un distrito de Madrid, pero también una ciudad en sí misma. No solo porque fue un municipio independiente hasta su anexión en 1948, sino por sus dimensiones, su demografía (con 274.000 habitantes es el más poblado de la ciudad) o sus múltiples facetas. Las diferencias socioeconómicas entre San Isidro, Vista Alegre y Abrantes son tantas, al menos, como sus similitudes. Es por eso que resulta tan difícil analizar el efecto que en estas zonas ha generado la gentrificación. Casi inexistente en algunas áreas, ineludible en otras. Recorrer estas últimas permite observar cómo se transforman algunos barrios por la acción de determinados agentes que llegan a ellos. Y prever cómo pueden cambiar en el futuro los que todavía viven ajenos a esas dinámicas.

Por ello fue tan revelador el segundo paseo crítico organizado desde el Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU) y el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que el martes 25 de noviembre se adentró en “la gentrificación cultural y la especulación inmobiliaria en Carabanchel”. Antes, recorrieron la acción de fondos buitre como Madlyn en el barrio de Puerta del Ángel (distrito de Latina), el pasado día 6. Y el 29 de noviembre miraron al norte con un itinerario por las Cinco Torres y el proyecto de Madrid Nuevo Norte (la Operación Chamartín), con el título “De la vivienda obrera al desarrollo urbano neoliberal”.

La de Carabanchel fue una ruta de fachadas coloridas, galerías de arte, salas de ensayo y murales chic. También de un edificio okupado y autogestionado que lucha contra el capital que desea adueñarse del barrio, o de intercambios de ideas para desentrañar quién prende la mecha de la gentrificación. Todo el mundo tiene clara la responsabilidad de ciertos fondos buitre en un distrito en el que un 26% de la población vive de alquiler y donde el precio de la vivienda ha pasado en diez años de 8,7 euros el metro cuadrado a 16,9. Un aumento sostenido que en el último año y medio ha crecido exponencialmente, un 40%. Pero ¿hasta dónde llega el papel de ciertos agentes culturales? ¿Son coautores del alza y de la pérdida de identidad de un barrio, en ocasiones bajo el ala de esos mismos fondos? ¿Son meras cabezas de turco? ¿Pueden hacer barrio y a la vez condenarlo a que pierda parte de sus esencias?

Cuestiones complejas que ayudaron a desentrañar los “guías” de un itinerario que reunió a decenas de personas: Yolanda Riquelme y Bea Martins, coordinadoras del colectivo mediación cultural La Liminal; Alberto Crespo y Carlos Castillo, miembros del Sindicato de Inquilinas; Álvaro Ardura, profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) o Jorge Sequera, coordinador de GECU. Este último dejó una reflexión esencial, que habla de la gentrificación como un fenómeno que incluye lo económico, pero lo excede: “En Carabanchel, como en Lavapiés, hay personas o entidades que llegan y generan un discurso legitimador o ejemplificador, sobre cómo deben comportarse sus vecinos. Es un afán higienizador. La lógica es yo no quiero lo que hay aquí aunque lleve toda la vida. Pero no puedes ir contra la lógica del barrio solo porque no sea una arcadia”.

Así, la gentrificación cultural tiene un doble sentido: un nivel causal (contribuyen a ella agentes culturales que llegan al barrio) y un nivel consecuencial (el fenómeno modifica costumbres o modos de vida del lugar en el que se produce). Algo que en La Liminal analizaron ya en 2017: “En un proyecto abordamos cómo avanza la gentrificación en este barrio y cómo, en teoría, los agentes culturales la traen de la mano. Hablamos con artistas, vecinos y entidades autogestionadas”, expuso Bea Martins.

Por aquel entonces el libro de Martha Rosler Clase cultural. Arte y gentrificación, que disecciona entre otras cuestiones el impacto del SoHo en Nueva York, había sacudido este tipo de estudios urbanos. Una comparativa, la del Soho, que repiten hasta la saciedad determinados sectores para tratar de modificar la idiosincrasia de ciertos barrios. Aunque, como indican, Carabanchel también ha sido tachada de “Brooklyn madrileño”. Lo hizo Esperanza Aguirre ya en 2011.

Vestigios industrailes convertidos en el refugio ideal del arte

Porque el empeño de ciertos sectores choca con “una identidad obrera que marca Carabanchel, tanto por la población que se asienta como por ejemplos como el Polígono ISO, una zona muy inserta en el entramado urbano que resistió la instalación de viviendas”. El denominado Polígono ISO, en San Isidro, era una zona industrial donde se asientan imprentas, talleres, manufacturas textiles y fábricas como la que elaboraba el peculiar isocarro de la marca ISO. Después del progresivo cierre industrial en los noventa, “los edificios sobreedificados tenían tantos metros cuadrados que no salía rentable derruir”, apunta Álvaro Ardura.

Esto ha fomentado que el entorno se convierta en foco de un gran movimiento creativo en el que se han asentado más de 130 artistas distribuidos en unos 40 estudios, talleres de artesanía y espacios creativos: Casabanchel , Corner Gallery & Studio, Photoalquimia Studio... Surgió así “una ciudad en sí misma” donde caben una iglesia evangélica, una academia de idiomas o varios estudios (en los que la ley no permite residir, aunque dentro de muchos de ellos “ves una cortinita que separa no sé sabe muy bien qué”, desliza el profesor de urbanismo). A los primeros artistas se unieron luego galerías y progresivamente festivales de arte, como el desaparecido ArtBanchel, que en sus primeras ediciones se dirigía abiertamente a unos turistas a quienes pedía “cruzar el río y venir al margen”. Algo que ya granjeó críticas de los movimientos del barrio en 2018, con mensajes como “cuando llegan los turistas, se van los vecinos”.

Son algunas de las iniciativas que impulsaron la llegada a Carabanchel de “gente dramáticamente moderna”, como las definió un participante del paseo. Martins y Riquelme describieron cómo se produce la simbiosis, o el choque, con el tejido que por entonces conformaba el distrito: “Muchas historias de Carabanchel están atravesadas por el estigma y lo conflictivo. Hay una sombra muy alargada de la migración y de la cárcel de Carabanchel. Luego aparece en esos relatos festivales culturales, espacios difíciles de definir y campañas en medios que lo venden como el barrio más cool del mundo mundial. Pero eso sucede mientras se mantienen noticias constantes sobre sucesos. El estigma y la promoción son imágenes que conviven”.

Una modernidad aliada del barrio, una especulación incompatible con él

Un “símbolo de las contradicciones” es la fábrica de Cervezas Patanel, en el 21 de la avenida de Pedro Díez. El itinerario se detiene en ella, en el entorno del ISO. “La cerveza artesanal es un símbolo moderno, pero es una marca creada por chavales de Carabanchel y es muy valorada en el barrio”. De hecho, adquirió “legitimidad” a la par que un proyecto en las antípodas como es el EKO, espacio social okupado en el que más tarde se detendrá la caminata. “La atención logística durante lo peor de la pandemia hizo a ambos ganarse ese respeto y cariño. La Despensa Solidaria de Carabanchel creó un importante cajón de alimentos y Patanel se organizaba para los repartos. Cada sábado atendían a más de 200 personas y las propias trabajadoras sociales derivaban a ellos”, relata Álvaro Ardura. Una coyuntura que ejemplifica una demanda común entre quienes viven y quienes llegan al barrio: el aumento de servicios y dotaciones públicas.

De este modo, fuerzas que pueden provocar un alza de precios no siempre actúan automática ni instantáneamente. Sobre todo en un distrito tan extenso y diverso: “Una diferencia gentrificadora básica con el centro es que todo está más salpicado o diseminado que allí”. De ahí el valor del paseo itinerante, que se detuvo después en un lugar más siniestro: el estudio-apartahotel Cielo Madrid, en el número 40 de la efervescente calle de Matilde Hernández. En ella se encuentra el popular mural de Dalí elaborado en PhotoAlquimia, encima de una cafetería de especialidad.

“En CIELO MADRID encontrarás la mayor comodidad para tu descanso o un ambiente inspirador para trabajar”, recoge la web del alojamiento, una frase que es toda una declaración de intenciones sobre el perfil de sus huéspedes: “Son hoteles de larga estancia dirigidos a una comunidad creativa, en general por un periodo máximo de un año”, dice Alberto Crespo. Muchos cuentan con el acicate de importantes fondos de inversión, como Kronos Real State. Esta entidad también financia VETA Galería, espacio de arte ubicado en la calle de Antoñita Jiménez.

Es ahí donde surge la verdadera sinergia entre arte y especulación, según explican los “guías”. Una estampa que quedó inmortalizada en el propio Cielo Madrid allá por 2019, cuando el Festival Obertura Carabanchel celebró un cocktail en su terraza. Los expertos no aclaran, eso sí, qué factor pesa más en la llegada de un nuevo perfil de habitante a ciertas áreas de Carabanchel: ¿Vienen porque el barrio ahora mola o porque el coste habitacional de otras partes de la ciudad se ha vuelto insostenible? Puede que haya un poco de todo.

Carbanchel, caja de Pandora de los fondos buitre en Madrid

El EKO de Carabanchel, espacio de resistencia que ha sufrido “acoso” y coacciones“ por parte de una empresa de desokupación contratada por el fondo con sede en Miami Midtown Capital Partner, es el escenario donde el Sindicato de Inquilinas rememora otro empuje a la especulación en el barrio. Quizá el mayor, ya que no es una cuestión de tendencias, sino de acción directa sobre la estructura de la propiedad. Se trata de las promociones que el Ayuntamiento de Ana Botella vendió en 2013 al fondo buitre Blackstone ”para promocionar la llegada de fondos a Madrid y toda España“, subraya Carlos Castillo.

“Como mucha vivienda se había convertido en activo tóxico, el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo cambios legislativos para que llegasen más fondos: modificaron la normativa fiscal de las Socimi y también la Ley de Arrendamientos Urbanos para que los contratos caducaran a los tres años [ahora son cinco, siete si el arrendador es persona jurídica]. Pero no era suficiente, así que Comunidad y Ayuntamiento de Madrid vendieron parte de su patrimonio de vivienda pública. Fue lo que sucedió con la PAU de Carabanchel, donde muchas viviendas siguen en manos de Blackstone o han pasado a otros fondos como Nestar-Azora”, cuenta Castillo.

Ahora el centro autogestionado sigue bajo amenaza de desalojo, pero “parece que los propietarios van a tirar de la vía legal”. Mientras, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel y otras entidades vecinales han estrechado contactos con el de Inquilinas, que ha abierto su propio nodo en el distrito. Entre sus iniciativas contra la especulación están las Brigadas Inquilinas, en las que llaman puerta a puerta en edificios de propiedad vertical. “Hemos encontrado muchos bloques de fondos y, en Puerta Bonita, Oporto y Vista Alegre, bloques de antiguas familias enriquecidas durante el franquismo que lo siguen gestionando mediante sociedades o están en proceso de venta a fondos”.

La “gentrificación parasitaria” en la Colonia Tercio y Terol

La travesía culmina en la Colonia Tercio y Terol, levantada sobre unos terrenos que fueron zona roja durante la Guerra Civil. La autoconstrucción guiada conformó un coqueto conjunto de viviendas unifamiliares, salvo un puñado de edificaciones de dos y cuatro plantas, donde en los últimos años se han instalado varias salas de ensayo, a la par que llegaban actores, actrices, productores y en general gentes del teatro o el cine. En esta zona, Álvaro Ardura habla de una “gentrificación parasitaria”: como la intervención de los fondos en la Colonia es más difícil dado el cariz “fragmentario” de su propiedad (apenas hay dueños de más de una vivienda), estos acaban “vampirizando” inmuebles en los alrededores.

Dentro de la propia Colonia, para Ardura “el capital cultural moviliza más que el económico, que también”. El Bar Hogar, habitual centro de reunión vecinal, desapareció hace años. Le dio tiempo a convivir con la chulapa que Jorge Rodríguez-Gerada pintó en la torre del Antiguo Depósito de Aguas de la calle Amalarico, elemento que el propio Ayuntamiento de Madrid ha incluido en guías turísticas. Ahora ese punto de encuentro sociocultural se ha convertido en el gastrobar Come, Bebe, Ama. Se hicieron con su traspaso María Moreno y el actor Daniel Holguín (visto en la película Way Down o la serie Los favoritos de Midas).

Luego emergió Merinas Bar, “como reacción, o más bien como un mix entre el bar de toda la vida y el más cuqui”. No es el gastrobar, tampoco el garito de una asociación. “Surge como algo amable para residentes de aquí, los de toda la vida y los nuevos”, precisó Álvaro Ardura. Una de las tres propietarias del establecimiento, antiguo ultramarinos del barrio, es otra actriz: Marta Belenguer (Camera Café). El docente habló de un “efecto llamada” entre intérpretes y creadores escénicos o culturales: “Alberto Jiménez y Nantxho Novo fueron los primeros en llegar a Carabanchel a principios de siglo. Luego se han sumado Andrés Lima, Facu Díaz, Alex O' Dogherty, Willy Toledo o Melanie Olivares. También varios periodistas culturales de RTVE o Telemadrid, a los que la zona pillaba de paso para el trabajo, además de ser más barata. Hace unos años, cuando la tendencia empezó, había quien hablaba incluso de Beverly Urgel [risas entre los asistentes]”.

Bajo el brillo de unas luces de Navidad que han llegado por primera vez a la Colonia (la influencia de la chulapa del depósito es alargada), Ardura explicó que estas llegadas se dan en una zona rodeada de otras “muy estigmatizadas” al otro lado del parque. “Conocidas figuras del tráfico de drogas viven a pocos cientos de metros. Algunas, incluso, en la propia Colonia”. Pero el prejuicio va más allá de actividades criminales. Este académico lo ilustra sin paños calientes: “Actualmente el mayor efecto depresor del mercado inmobiliario, quizá el único, es la población gitana”.

“Esta misma charla está siendo un agente gentrificador”

“Carabanchel ha cambiado mucho. Por el lugar en el que está, le influyen y moldean las relaciones entre centro y periferia”, aseguró Bea Martins. Como resaltan en distintas parte del recorrido, algunas áreas del distrito vivieron, viven o vivirán un proceso de reconfiguración en su identidad y en sus condiciones materiales al tiempo que “bajar a Madrid” pasa a ser “bajar al centro”.

Álvaro Ardura considera que “la gran sustitución se produce en Carabanchel antes de que sea cool, aunque fuera con estética de vivienda de protección oficial”. Desde 2008, artistas o salas expulsados de Lavapiés como Gruta 77 fueron a parar al distrito, sin mayor impacto que ofercer una oferta sociocultural más completa. Pero este fenómeno es paralelo a un cambio en los propietarios del suelo desde 2007. En muchos casos pasan de los dueños originales a fondos que cambian radicalmente el escenario. La operación amparada por el Ejecutivo de Botella fue el golpe de gracia.

El investigador rescató unas declaraciones del director de una conocida escuela de diseño asentada en la zona de Urgel, cerca de la calle General Ricardos, que encapsula esas reticencias (a la par que exigencias) de los agentes gentrificadores: “No hay suficiente calidad en los edificios de la zona para vivir aquí”. Ardura plantea sugerentes preguntas: “¿Cuánta es mucha gentrificación? ¿Cuándo es irreversible?”.

En este sentido, remarcó que “no todos los agentes del espacio consideran la gentrificación algo negativo, hay quien defiende que mejora las condiciones para el intercambio económico”. Carlos Castillo abordó estas divergencias con los casos de la VETA Galería y Espac101. La primera nació con el respaldo y los intereses en el barrio de Kronos. La otra, sin embargo, es “una iniciativa de jóvenes artistas que no pueden hacerlo en otros sitios”. Apostilla Ardura que “todos hemos sido agentes gentrificadores, esta misma charla lo está siendo al ocupar espacio público del barrio”.

Rememoró que PhotoAlquimia Studio fue pionera con su llegada en 2005 y han demostrado ser “artistas concienciados”. Ahora, en un contexto de imparable alza de los alquileres que también afecta a estos proyectos culturales, se enfrentan a un posible proceso de expulsión. El caso evidencia quiénes son víctimas y quiénes verdaderos responsables de la gentrificación en un distrito que solo tiene siete escuelas infantiles públicas, mientras el número de inmobiliarias alcanza ya las 400.

Nueva pequeña victoria judicial para los vecinos de Tribulete 7. El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha admitido a trámite su denuncia por acoso inmobiliario con el fondo de inversión Elix Rental Housing como imputado. Se trata de la primera querella colectiva presentada en España por un delito de 'mobbing' inmobiliario.

Después de más de un año de lucha, los vecinos de este bloque de Lavapiés han visto los primeros resultados de su movilización. Con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, las decenas de familias afectadas presentaron el escrito judicial el pasado 22 de mayo y han conseguido que la Justicia les dé la razón.

Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas, ha explicado este miércoles en una rueda de prensa que el juzgado ha admitido a trámite, ha incoado diligencias previas y se ha abierto una investigación. Se ha citado a declarar como presuntos responsables de este acoso inmobiliario a varios altos cargos del fondo buitre. Según ha detallado, “a uno de sus socios fundadores, a uno de sus directos, a dos trabajadores, al arquitecto y al jefe de obra”. Todos los altos cargos y trabajadores de Elix Rental Housing investigados han sido citados el próximo 19 de febrero.

Jacinto ha narrado que no se trata de un caso aislado: “Es una praxis que están replicando muchos fondos”. “Se toman la justicia por su mano para extorsionar a los vecinos y conseguir que se marchen”, asegura. En el caso de Tribulete, la abogada asegura que hay indicios más que suficientes para “entender que hay acoso, hostigamiento, daño sobre sus propios bienes y una gran afectación moral”.

La socimi completó la compra del bloque en marzo de 2024 e inició obras en noviembre, con la mayoría de inquilinos todavía viviendo en el edificio. Las obras “están haciendo imposible vivir en Tribulete” y algunos vecinos ya se han visto obligados a abandonar el edificio. También han sufrido cortes de suministros y algunos conviven con goteras y desperfectos en sus casas.

Cabe reseñar, que este acoso se produce sobre la vivienda habitual, por lo que a nivel legal tendría mayores implicaciones, tal y como ha explicado la abogada en la rueda de prensa. De hecho, los vecinos continúan pagando sus rentas “religiosamente” cada mes.

Cristina Gómez, una de las vecinas del bloque, ha celebrado este nuevo paso: “Estamos contentos con que el proceso esté avanzando y no perdemos de vista que, al final, es como un pequeño hito dentro de esta lucha que es gigante, por eso estamos esperanzados”. Sin embargo, admite que “las fuerzas empiezan a flaquear”, ya que son muchos meses soportando las conductas abusivas del fondo.

Tribulete es uno de los edificios más significados y contestatarios de entre los que han sido adquiridos por fondos o sociedades inmobiliarias en la capital, una tendencia creciente ante el lucrativo negocio de los alojamientos turísticos o temporales. El bloque se ha organizado para celebrar conciertos, representar el problema sacando los muebles a la calle o hasta acoger un funeral por la muerte de los barrios con actuación de Biznaga incluida. Ahora reclaman “que se acabe la impunidad”.

Una comunicación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas ha evitado, sobre la bocina, el desahucio programado para este martes de una mujer de 65 años y su hijo con discapacidad, de 45, en Málaga. Gracias a esta intervención de última hora y excepcional, María Dolores Cortés Heredia (conocida como Tita Mari) podrá seguir en su casa de Capuchinos al menos algunas semanas más. “Yo me veía en la calle y no sabía dónde poner mis huesos. Jamás he querido vivir por la cara, solo lucho por una vivienda digna”, lloraba ella de alegría, entre vítores de un puñado de activistas, cuando ya se habían marchado los policías desplegados para expulsarla de la casa que habita desde hace cuatro años.

Tita Mari y su hijo ocupan sin título una vivienda en la calle Rodríguez Berlanga, en el barrio de Capuchinos. La mujer dice que entró en la vivienda porque estaba vacía y sabía que nadie vivía allí. “Si tuviera casa no me hubiera metido, pero no se la he quitado a ninguna persona”, insiste. La propietaria es una entidad mercantil, Inversiones Estratégicas Real Estate, S.L., constituida en septiembre de 2022 con un capital social de 3.000 euros.

En sus apariciones públicas, Cortés resalta por sistema que está dispuesta a abonar un alquiler adaptado a sus ingresos, que rondan los 650 euros, pero asegura que los propietarios nunca se han puesto en contacto con ella. Los activistas antidesahucios definen a la mercantil como un “fondo buitre”. “En todo caso, inversores o grandes tenedores que compran para obtener un beneficio, y no para usarlo como vivienda”, protesta Ysabel Torralbo, una de las abogadas que ha defendido a Cortés.

Inversiones Estratégicas Real Estate inició un procedimiento de desahucio en 2023. Inicialmente, el juzgado fijó el lanzamiento para el pasado 25 de octubre, pero esa fecha fue pospuesta tras una movilización vecinal liderada por el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma un Techo por Derecho.

Ahora, la comunicación de la ONU vuelve a postergarla cautelarmente, después de que así lo haya acordado el juzgado. En la carta, a la que este medio ha tenido acceso, el Comité solicita a España que, mientras examina el caso, tome medidas para “evitar posibles daños irreparables” a la mujer y su hijo, que sufre un trastorno mental grave. Y detalla las dos posibles medidas: “la suspensión del desahucio de la vivienda” (que es lo que ha ocurrido) o que les otorgue alternativamente una vivienda “adecuada a sus necesidades”.

“Vi el cielo abierto”

La intervención de última hora y decisiva de un órgano de la ONU ha trastocado el panorama de Tita Mari, que este martes no se podía creer la noticia que le dieron los activistas antidesahucios. “Sólo ellos me han ayudado”, decía sollozando, mientras explicaba que se metió en la casa porque le dijeron que llevaba “muchos años vacía”. “Yo vi el cielo abierto: la he hecho mi hogar”.

En la primera ocasión que la policía se personó en su casa para desahuciarla, hace un mes, la tensión le subió tanto que se desplomó y tuvo que ser trasladada a un centro de salud. Esta vez no ha llegado a eso, aunque cuando le dieron la noticia lloró. “Sólo quiero un techo bajo el que no me llueva”, dice.

La mujer, que se ha involucrado en el movimiento antidesahucios de la ciudad hasta convertirse en una presencia recurrente, contó su historia al alcalde en el Pleno de Málaga hace unas semanas. Allí, el concejal Francisco Pomares le respondió diciendo que ya disfrutaba de una vivienda municipal. Luego se disculpó con ella y le dijo que se había confundido de persona. Cortés asegura que la única alternativa al desahucio que le ha ofrecido el Ayuntamiento es el albergue y una ayuda para alquilar durante tres meses. “No puedo ir a un albergue porque mi hijo no puede escuchar voces. No sale de su habitación. Necesitamos una casa”.

El alquiler en el mercado privado está imposible para ella, que percibe 650 euros de renta mínima de inserción. Según los datos de oferta inmobiliaria en Idealista, el precio medio en la ciudad es de 15,4 euros por metro cuadrado, de modo que un piso de 80 metros cuadrados ronda los 1.300 euros, el doble de lo que percibe. “Yo no tengo recursos para eso”, concluye, “¿dónde me meto yo?”.

Tampoco es previsible que vaya a lograr la adjudicación de una vivienda municipal con un alquiler social. Los demandantes de este tipo de alojamiento público son más de 34.000 en Málaga, según los últimos datos disponibles, y el Ayuntamiento solo dispone de 3.234 pisos protegidos. Para asignarlos, el Consistorio hace sorteos ante notario: en 2025, ha rifado así el alquiler de 253 viviendas en el distrito Universidad, otras 84 en el mismo sector y el acceso a la posibilidad de compra de 123 VPO en Cruz del Humilladero entre 11.800 candidatos hace apenas un mes.

El Sindicato de Inquilinas lleva tiempo alertando de mala praxis del “casero público” en la gestión del alquiler de estas viviendas. Para Daniel Machuca, uno de sus portavoces, el caso de Cortés es ejemplo de otro tipo de mala praxis de la administración: “El Instituto Municipal de la Vivienda no ha hecho su trabajo. La propiedad no es pública, pero la administración tendría que dar alternativas”.

El valor de las decisiones del Comité

La carta del Comité fue comunicada a la jueza del juzgado de primera instancia 9 de Málaga el lunes por la tarde, y de inmediato la secretaria judicial firmó una diligencia de ordenación suspendiendo el desahucio previsto para esta misma mañana. Sin embargo, esa diligencia no había llegado a la Policía, que se mantuvo en el lugar hasta que la recibió por escrito a pesar de las advertencias de los activistas. La presencia de los agentes provocó momentos de tensión, y el mando llegó a advertir a una de las abogadas con explicarle las cosas “de otra manera”.

La comunicación del Comité no sólo paraliza el desahucio, sino que implica que va a estudiar el caso. “Han detectado que no hay alternativa habitacional y que sufrirían daños irreparables si los desahucia”, explica Rosa Galindo, una de las abogadas de Cortés. Sin embargo, es cautelar y no definitiva. El Estado tiene seis meses para remitir al Comité la documentación y alegaciones que estime, y probablemente incidirá en el cumplimiento estricto de los pasos procesales que anteceden al desahucio.

El Comité DESC es un órgano de expertos independientes encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), uno de los principales tratados internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, ratificado por España en 1976. A través del Protocolo Facultativo (si un país lo ha aceptado), las personas pueden presentar denuncias individuales por violaciones de derechos como vivienda, salud, educación o seguridad social. La intervención para paralizar un desahucio se produce siempre tras haber agotado todas las posibilidades en derecho interno.

El carácter vinculante o no de las decisiones de comités internacionales es una cuestión muy debatida en la doctrina y la jurisprudencia, hasta el punto de que las Cortes acaban de empezar a tramitar un proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar la vinculatoriedad de este tipo de resoluciones, pudiendo incluso justificar la revisión de sentencias firmes españolas.

En 2018 el Tribunal Supremo dio valor vinculante a la decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para establecer la responsabilidad del Estado ante Ángela González Carreño, cuya hija fue asesinada por su exmarido. “Ahí llega a mencionar el carácter vinculante, pero se ha desdicho luego”, explica Rafael Cid, director de estrategia jurídica de Gentium, una organización sin ánimo de lucro que ha logrado resoluciones favorables de otros comités de la ONU y del Comité Europeo de Derechos Sociales en el caso de los cortes de luz en Cañada Real. “A día de hoy no hay una jurisprudencia clara y sí un debate sobre su naturaleza jurídica. Pero, en todo caso, hay obligación de dar consideración debida a las resoluciones de los comités, y si el Estado se va a apartar de la decisión tiene que argumentarlo muy bien”.

En este caso, las abogadas antidesahucios pidieron su intervención la semana pasada. Remitieron todo el expediente judicial, la documentación de servicios sociales que acredita la situación de vulnerabilidad de la mujer y su hijo y una explicación detallada de su situación. Además, explicaron al Comité que la familia no tiene alternativa, porque el proceso para acceder a una vivienda pública en Málaga implica apuntarse a una larga lista de solicitantes de la que solo unos pocos resultan agraciados mediante sorteo. “Es una vulneración muy clara de los derechos en personas de vulnerabilidad extrema”, protesta Galindo, que apunta a la responsabilidad de todas las administraciones y, en particular, al Ayuntamiento por establecer un sistema aleatorio de acceso a prestaciones.  

“Abajo, en el río, se veían turistas en bicicleta. Aquí, ni eso. Este edificio de rosa está en una zona no tan cercana al centro ni a esa parte de la M-30 que se soterró y se renaturalizó. Es todavía más artificial, pero también tiene efectos similares en el precio de los alquileres”, cuenta el investigador Javier Gil. Es una de las paradas más insólitas del paseo que miembros del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU) y del Sindicato de Inquilinas de Madrid protagonizaron el pasado jueves 6 de noviembre por Puerta del Ángel, como parte de la conferencia internacional Cartografías del trabajo plataformizado en la ciudad digital.

La casa rosada al estilo Barbie se complementa con bombillas a lo terraza indie en un recibidor aséptico que da cuenta de la falta de alma del espacio. Es el ejemplo perfecto del particular proceso inmobiliario que vive este barrio del distrito de Latina: una gentrificación artificial, casi inexistente. Los negocios que la causan no terminan de arrancar; sus consecuencias, sí.

“Empezaron poniendo la noche a 150 euros. Ahora van por 80. Y aun así normalmente está vacío y quien viene está más bien trabajando que saliendo a ver la ciudad”, comenta sobre el hospedaje Alberto Crespo, miembro del Sindicato de Inquilinas que prepara una tesis doctoral sobre la situación de la vivienda en esta área al oeste de la capital. Más allá de estos hostales, un vistazo rápido a portales inmobiliarios muestra un bajo de menos de 40 metros cuadrados a 1000 euros, por el que hace unos años ningún casero hubiera podido cobrar más de 400 euros mensuales. Para alquilar algo más grande, una vivienda de menos de 90 metros cuadrados en la calle Caramuel, es necesario desembolsar casi 2.000 euros al mes. Su precio antes hubiera rondado los 800-900 euros en el peor de los casos.

Javier Gil comenta que uno de los negocios adquiridos por el fondo buitre Madlyn (el gran tenedor que hizo de Puerta del Ángel su campo de pruebas), una antigua administración de Lotería, lleva dos años cerrada. “Prefieren eso a que abra otro comercio similar de los que no contribuye a la transformación del barrio. Buscan cosas como la cafetería y el restaurante que sí les funcionan en el Mercado de Tirso de Molina, administradas por un fondo propietario también de la Sala Equis del centro de Madrid. Ese es el modelo que intentan exportar a todo el barrio”, expone.

La de esta parte de Puerta del Ángel es una historia de alquileres tensionados por el humo, por la nada. Otras zonas del barrio o de otros entornos, caso de Legazpi, sí pueden encontrar una correlación directa entre la mejora de las infraestructuras, las comunicaciones y la disposición de zonas verdes que supuso el soterramiento de la M-30 con el auge del precio de la vivienda. En la calle Caramuel y otras muchas vías de alrededor, sin embargo, Madlyn se ha encargado de elevar los alquileres medios comprando edificios de propiedad vertical (con un único casero en todos los pisos) que luego reconvierte: negocios “de moda” en los bajos y alquileres de temporada en las viviendas.

El número 14 es un gran ejemplo, con una vinoteca ya clausurada a la que siguen en pisos posteriores varias plantas en las que los ventanales reformados dan cuenta de los pisos en los que se ha producido un reemplazo. Conforme cumplían los contratos, Madlyn imponía subidas inasumibles o directamente no ofrecía posibilidad de renovación. “Las que no se han renovado son las de inquilinos que aguantan, en este caso por renta antigua. La gente que resiste se distingue por las ventanas”, insiste Alberto.

En otras ocasiones quienes se quedan lo hacen con mayor dificultad. En la calle Juan Tornero, a pocos metros de un local que servía de centro de operaciones de Madlyn antes de que la presión vecinal les obligara a mudarse, solo dos ventanas están sin reformar, ambas en la planta superior. “Uno de los vecinos ha emprendido la estrategia nos quedamos, con el respaldo del Sindicato de Inquilinas. Acreditas que sigues pagando la cantidad que abonabas antes de la subida o la amenaza de expulsión, así como la falta de alternativa habitacional. Eso suele dar pie a un proceso judicial de unos tres años, en los que estás depositando la pasta en el juzgado ya que el dueño no la acepta. Esa falta de ingresos por parte del propietario a la vez que el inquilino sigue cumpliendo con sus obligaciones reduce la diferencia de poder entre ambos”, dice Alberto Crespo.

En Puerta del Ángel hay actualmente dos bloques en lucha, esos en los que todos o la gran mayoría de vecinos se organizan contra un proceso de expulsión inminente o ya en marcha. Uno de ellos se da en la calle Antonio Zamora, en cuyos ventanales una pancarta recoge el mensaje “no nos vamos, nos quedamos”. La cosa va de ventanas. El edificio se enfrenta al intento de desahucio por parte del fondo de inversión Dolamer S.L. Mercedes Hoces Moreno, una de las mujeres más ricas de España y máxima accionista del Grupo Planeta, participa de esta entidad que pretende echar a diez familias sin ni siquiera plantearles la posibilidad de pagar más. “Quiere poner alojamientos turísticos”, dice Javier Gil.

Frente a otro de esos edificios de colorines marca Madlyn, el académico desgrana el proceso que ha llevado a la dramática situación actual de la vivienda. Cambios legislativos promovidos por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, apenas corregidos durante la presidencia de Pedro Sánchez (todavía menos en esta última legislatura, en la que “Junts bloquea que se aumenten los controles sobre el uso fraudulento de los alquileres de temporada aplicados a inquilinos permanentes”). Transformaciones que en Madrid intensificaron los Gobiernos autonómicos y municipales, con operaciones como la venta de 1.800 viviendas del parque público al fondo buitre Blackstone durante la alcaldía de Ana Botella.

Modificaciones que, ante la crisis hipotecaria y bancaria, facilitaron una “dinámica especulativa” no necesariamente provocada por la falta de oferta o la gran demanda. “Estamos viendo que las prácticas llegan incluso a zonas en las que se pierde población. La vivienda es un sistema de expectativas, disociado del valor real del objeto”, recalca Javier Gil.

Es un asunto de expectativas. El relato de un ecosistema de moda que es, o parece, apropiado para “nómadas digitales”: profesionales de sectores como la tecnología y las finanzas, trabajadores eventuales o estudiantes de caros cursos de posgrado que pueden pagar hasta 1.500 euros al mes por una habitación con baño y una minicocina. Con eso juegan los fondos que operan en Puerta del Ángel. Por eso, los perfiles más pudiantes, que no terminan de asentarse, conviven con clases populares o trabajadores de sectores más precarizados. Igual que este barrio impulsado eminentemente por emigrantes extremeños y andaluces abandonó su condición de extrarradio sin abrazar del todo la de centro, sus habitantes viven ahora una suerte de extraño equilibrio entre las consecuencias de la especulación y la resistencia de su idiosincrasia.

En el Mercado de Tirso de Molina, en pleno proceso de peatonalización, la cafetería y el restaurante gentificadores funcionan con buen rendimiento. A pocos metros, sin embargo, una pizzería de perfil similar aguantó pocos meses operativa. Bares de toda la vida y una tintorería de cartelería cañí hablan de un tiempo que se resiste a ser historia. Cosas de un tira y afloja continuo. Ese que se ve también en los marcos erosionados de las fachadas, las ventanas de los pisos abandonados por una propiedad que se resiste a reformarlos si sus inquilinos no claudican antes. Gente que solo quiere abrir puertas y ventanas para ventilar sus casas o para saludar a sus vecinos.

El Ministerio de Vivienda, incapaz de abordar la crisis habitacional que ahoga a cientos de miles de personas, ha decidido premiar justo a quienes más han contribuido a disparar los precios y erosionar el derecho a la vivienda. Los fondos buitre, que aterrizaron en España con el PP, atraídos por la venta de vivienda pública a precio de saldo, reciben ahora exenciones fiscales mientras continúan acumulando beneficios a costa de la precariedad ajena. El Gobierno socialista, con esta reforma, no solo legitima la especulación, sino que la recompensa con dinero público, mientras recorta en políticas sociales y mantiene la presión fiscal sobre quienes menos tienen.

Las organizaciones sociales y los partidos de izquierda han sido tajantes: es una provocación que mientras alguien como Mari Carmen, desahuciada con 87 años, paga impuestos para sobrevivir, el Estado premie fiscalmente a quienes la quieren echar de su casa. Es una burla a la ciudadanía y una muestra flagrante del desinterés real del Gobierno por garantizar el derecho a una vivienda digna. En vez de fortalecer el parque público o proteger a los inquilinos, se prefiere mantener unas condiciones que benefician a los grandes fondos, perpetuando un ciclo de precariedad, miedo y abusos.

Existen numerosas propuestas alternativas para fomentar el alquiler asequible que no dependa de fondos buitre ni de grandes inversores especulativos, como potenciar entidades sociales proveedoras de vivienda, las llamadas “asociaciones de vivienda”, organizaciones sin ánimo de lucro que compran y gestionan viviendas con apoyo público, destinándolas al alquiler asequible y reinvirtiendo el 100 % de sus beneficios en ampliar el parque social. O incrementar el parque público de alquiler no solo a través de la construcción de nuevas viviendas, sino también adquiriendo o movilizando las ya existentes (por ejemplo, viviendas vacías o de bancos), priorizando su gestión pública o social.

Se pueden desarrollar bolsas de alquiler asequible gestionadas por administraciones que movilizan viviendas vacías, ofreciendo garantías de cobro e incentivos a los propietarios para que se sumen al programa. En Euskadi y Navarra este modelo ha dado buenos resultados, combinando ayudas a la rehabilitación y seguros de alquiler para los propietarios. O aplicar incentivos fiscales a los propietarios particulares que pongan sus viviendas en alquiler asequible, junto con penalizaciones económicas a quienes mantengan viviendas desocupadas de forma prolongada, como recargos en el IBI.

Y se deben limitar las rentas del alquiler mediante una regulación eficaz en zonas tensionadas y reservar viviendas sociales en nuevas promociones privadas. Se deben prohibir los desalojos sin alternativa habitacional mientras persista esta emergencia, garantizando a las personas y familias vulnerables un acceso efectivo a la vivienda antes de cualquier desalojo. Se debe regular el alquiler turístico para evitar el desvío de viviendas y recuperar así su uso social en los barrios afectados. Se deben promover colaboraciones entre administraciones públicas y cooperativas, utilizando suelo público para construir viviendas asequibles exclusivamente destinadas al alquiler, gestionadas por entidades especializadas en beneficio social y no económico. Se debe profesionalizar el sector del alquiler mediante estándares éticos y jurídicos claros, facilitando el acceso y la resolución ágil de conflictos entre arrendadores e inquilinos.

Expropiación, prohibición de la compra especulativa o apoyo al cooperativismo: todas esas medidas alternativas han sido postuladas por movimientos sociales y partidos como Podemos y Sumar, pero se descartan sistemáticamente porque desafían el verdadero poder en España. Lo que el PSOE presenta como una solución no es más que una rendición frente a los intereses de los fondos buitre y sus lobbies, una parálisis gubernamental vergonzosa.

Porque la nueva reforma es el último episodio de una larga serie de políticas que desertan de la defensa del bien común y convierten el derecho a la vivienda en un regalo para especuladores: una traición política en toda regla.

Al alcalde de Madrid “no le consta” que Maricarmen, la mujer de 87 años amenazada con un desahucio inminente, haya acudido a los servicios sociales para pedir ayuda por la orden de expulsión. En declaraciones a los medios, José Luis Martínez-Almeida le ha recomendado a esta vecina del barrio de Ibiza que notifique el problema a este órgano municipal pese a que ya lo hizo antes de recibir una orden de expulsión de su actual casero: Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

Maricarmen recibió una notificación de desahucio para abandonar el piso en el que vive desde hace 70 años y que acabó adquiriendo un fondo buitre, que ahora no reconoce la validez de su contrato al subrogarse con la muerte de su madre, en 2005. La vecina, a la que esta empresa ya le ofreció comprar la vivienda por 250.000 euros, mantiene que esa sigue siendo su casa y su pensión (de 1.450 euros mensuales) no le permitiría semejante desembolso.

En una entrevista reciente con elDiario.es, Maricarmen afirmó que ya había acudido a los servicios sociales. Sin embargo, la alternativa que obtuvo fue acudir a una residencia para la que además había lista de espera. “Estoy seguro de que sabrán darle la ayuda necesaria”, insiste ahora Almeida, que la emplazó a hablar también con miembros de la Junta Municipal de Retiro, el órgano local que gestiona una de las zonas más encarecidas de Madrid, tanto por su ubicación privilegiada como por el famoso parque que alberga.

En 1956, cuando los padres de esta mujer alquilaron la vivienda en la que creció, los contratos de alquiler eran vitalicios e incluso podían ser heredados por el cónyuge y los sucesores que viviesen en el mismo domicilio. En 1985, el entonces ministro de Economía Miguel Boyer decretó el fin de esta garantía para los nuevos contratos. Una decisión que hoy explica, en parte, la inseguridad habitacional que afrontan muchas familias, aún pendientes de la renovación de sus alquileres y de la voluntad de sus propietarios.

Entonces, el conocido como 'decreto Boyer' justificaba los cambios en la normativa para mejorar la actividad del sector de la construcción y frenar una escalada de precios que atribuían a “la eventual indemnización” que el arrendador debía pagar al arrendatario para que acepte la rescisión del contrato“. A finales de 2020, la nueva propiedad del edificio en Ibiza propuso a Maricarmen una subida de la renta de más de un 300%, inasumible para ella (serían 1.650 euros al mes).

En primera instancia, el Juzgado número 90 de Madrid dio la razón a Maricarmen: el tribunal consideró que la subrogación se produjo cuando los propietarios del inmueble la aceptaron “tácitamente”, así como los nuevos dueños que compraron la vivienda antes de cederla a este último fondo buitre.

“Es jurídicamente relevante y consciente de sus consecuencias, formulada en términos claros e inequívocos (de los que no pueden hacerse otras interpretaciones), con la finalidad de causar estado definiendo inalterablemente la posición de su autor y generando una expectativa razonable en la actora, que, de otra parte, ya era mantenida durante 13 años, circunstancias que la hacen incompatible con lo que ahora se pretende”, afirmaba la sentencia. Pero tiempo después llegó la orden de desahucio, que pretende ser este miércoles 29 de octubre. Algo que desde el primer momento se ha negado a aceptar.