El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado la moción presentada por Con Podemos-IU para proteger a los vecinos de las 102 familias residentes en las viviendas protegidas de la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, número 27, mediante su incorporación al Parque Público de Vivienda y evitar su desalojo por parte del nuevo fondo de inversión propietario.

Según ha detallado el portavoz de IU, Ismael Sánchez, la decisión era “defender a las familias o a la especulación” y ha afeado que PP y Vox hayan elegido “no comprometerse” con la compra del edificio. “El Ayuntamiento debe comprar el edificio y las familias tienen que quedarse en sus casas”, ha defendido. Asimismo, Sánchez ha explicado que los habitantes del edificio están recibiendo cartas de parte del nuevo propietario, avisándoles de que subirán los alquileres.

En el otro lado, el portavoz de VOX, Gonzalo García de Polavieja, ha asegurado que los vecinos están “en buenas manos”. En ese momento ha sido interrumpido por un grupo de damnificados con los que ha intercambiado unas palabras, con las que ha indicado que entiende la preocupación pero que “no van a tener ningún problema para seguir en sus casas”. “La solución la tienen en la Ley”, ha concluido el portavoz de Vox mientras desalojaban a los vecinos.

“Del lado del fondo buitre”

Por su parte, el PSOE ha afirmado que PP y Vox se han puesto del lado del “fondo buitre que ha comprado el edificio”, a diferencia de lo ocurrido en Málaga, donde el gobierno popular ha adquirido un edificio de similares características.

En cuanto al PP, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido que su voto en contra se ha debido a que la coalición proponente “no ha permitido el voto por separado” de la moción y ha asegurado que han visitado el edificio para ofrecer dar solución caso a caso. “Envisesa está a disposición para defender sin fisuras a los vecinos”, ha concluido.

La comunidad de vecinos Alberto Jiménez Becerril, 27, se concentrará esta tarde, a las 21.00 horas, como protesta por la subida de un 46% en los alquileres y la decisión del Consistorio de no ejercer el derecho de tanteo y retracto tras la venta del bloque de viviendas protegidas.

Venta por 4,2 millones

El inmueble fue puesto a la venta por Inmocriteria Arrendamiento SLU (perteneciente a InmoCaixa, filial inmobiliaria del banco) con un precio de cerca de 4,2 millones de euros, lo que arrojaría una media de poco más de 40.000 por piso. Sin embargo, el Ayuntamiento rechazó ejercer el derecho de tanteo e incorporar al parque público de vivienda este inmueble mientras Gerencia de Urbanismo alegaba que había una decena de pisos “ocupados ilegalmente”, a lo que los inquilinos, que pagan el alquiler desde 2011, se han opuesto.

Por tanto, apareció un nuevo fondo de inversión: Inmoviling SXXI SL, una compañía radicada en Catalunya. “Hasta el pasado 14 de abril nuestro interlocutor era InmoCaixa (Obra Social La Caixa). Pero un vecino fue a poner una reclamación telefónica y le comunicaron que ellos ya no gestionaban el edificio”, explicaba Adolfo a este medio, uno de los inquilinos, y que fue adjudicatario de uno de los pisos destinados a menores de 35 años (85 de los 102). Junto con los mayores de 65 años (otros 14) y tres adaptados, eran los que podían optar a estas viviendas con garaje (por un alquiler que actualmente oscila entre los 300 y los 350 euros), si cumplían también los requisitos de ingresos. Ahora, el futuro es incierto.

La gestión privada de suelo público de los pisos asequibles del Plan Vive de Isabel Díaz Ayuso acumula denuncias por los cobros del IBI a los inquilinos y se ha creado una plataforma para protestar por ello y por los excesivos gastos de comunidad, garajes y trasteros que llegan a duplicar el precio del alquiler. Negociar o siquiera hablar con las empresas responsables es casi imposible para los vecinos, como también lo es encontrar un responsable en la maraña de fondos internacionales, empresas y socimis que controlan y gestionan estos alquileres. 

En 2021 se adjudicaron los lotes 1 y 2 mediante cesión de suelo público para los próximos 50 años a Dorsono Investments, vehículo de inversión participado en un 90% por Ares Management y en un 10% por San José. De cara al público, esta empresa se llamará Madrid Affordable House. Suman 3.643 viviendas en Valdebebas, Torrelodones, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Getafe, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Alcorcón. 

El tercer lote de 1.700 viviendas fue a parar a Convive Madrid Alquila o Saturn Holdco, estructura societaria con más de 31 empresas con sede en las Islas Caimán, según publicó en una investigación Infolibre, propiedad del fondo estadounidense Oaktree, marca de un megafondo estadounidense que gestiona 224.000 millones de activos, fondos privados de pensiones y ahorros particulares sobre todo, para ofrecer rentabilidad. La española Culmia era la promotora inmobiliaria de estas 1.700 viviendas que construyó Avintia, pero las vendió al fondo alemán DWS. Sogeviso es la gestora de los alquileres y es filial del Banc Sabadell, aunque la ha puesto a la venta. 

El CEO de DWS es Stefan Hoops, el de Sogeviso Javier Berdié, el del Banc Sabadell desde hace poco Marc Armengol, el responsable de Oaktree en España es Alejandro Cano y a nivel global tiene dos, Armen Panossian y Robert O’Leary. Pero es que Oaktree pertenece en un 100% Brookfield, la gestora de activos canadiense que compró a Blackstone las 5.000 viviendas de Madrid que en su día fueron públicas y que tienen en vilo a las familias porque quieren venderlas. Su CEO es Bruce Flatt.

Un fondo que gestiona 600.000 millones

Dorsono Investments, adjudicatario del primer y mayor lote y el que presenta más quejas, es en verdad un vehículo de inversión creado para acceder a este lote y formado en un 90% por Ares Management y en un 10% por San José, constructora que hizo estas viviendas. Ares Management es una gestora de inversiones alternativas, como se conocen a las entidades financieras que gestionan los activos de sus clientes en mercados diferentes a las acciones y bonos cotizados, es decir, infraestructuras, inmobiliaria, capital privado, crédito privado o fondos de cobertura. 

Ares es también uno de los mayores tenedores de vivienda de España, con unas 6.000 viviendas de alquiler. Lo es a través de Avalon Properties / Daria 323, su filial en España y constituida como socimi, sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado inmobiliario, un tipo de empresa que no paga impuesto de sociedades porque así lo decidió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 para reactivar el mercado inmobiliario tras el estallido de la burbuja y así lo han mantenido los posteriores ejecutivos hasta el día de hoy. 

Ares gestiona unos 622.000 millones de dólares en todo el mundo y Blackrock, mayor gestora de activos del mundo con 14 billones de dólares en su control, es su máximo accionista con un 7% del capital. Entre las inversiones de Ares destacan algunas como Plenitude, la filial de renovables de la energética italiana Eni, o su participación en el Atlético de Madrid. El CEO, y cofundador, de Ares Management es Michael Arougheti y el de Avalon, un tal Pablo Paramio de quien es imposible encontrar fotografías en internet, salvo un par con mascarilla en la época de la pandemia. 

Arougheti fue en 1997 uno de los cinco socios fundadores de Ares y hoy tiene una fortuna valorada en unos 1.000 millones de dólares. Todos los fundadores son multimillonarios. Trabajó en el Royal Bank Of Canada antes de incorporarse como CEO en 2004 y lidera la empresa desde entonces. Según contaba Forbes, Ares ocupó como otros fondos “el vacío dejado por los bancos cuando estalló la crisis financiera” y es capaz de generar una rentabilidad del 12,1% después de comisiones desde su creación. 

Buscando la máxima rentabilidad

Eso significa que, de alguna forma, para que Ares invierta en un negocio, este debe de ofrecer rentabilidades elevadas a los pensionistas de Estados Unidos que tienen depositados en él sus ahorros. El alquiler asequible tiene unas rentabilidades limitadas para las empresas y las del Plan Vive fijan que los precios de los alquileres no puedan ser de más del 35% que los sueldos. 

Pero esta rentabilidad sin duda aumenta cuando cargan a los inquilinos con los costes del IBI, el máximo permitido en gastos de comunidad al 18% del alquiler, precios de garaje que en ocasiones duplican los de mercado y alcanzan los 150 euros por plaza obligatoria y los trasteros, con unos costes reales de mantenimiento bastante bajos a tenor de los problemas que presentan. Tras la suma de todo esto, permitido por la normativa del Plan Vive aunque la ley española impide cobrar el IBI en pisos protegidos, el esfuerzo supera en muchas ocasiones ese 35% delimitado y los alquileres se acercan a los precios de mercado. 

Los beneficios obtenidos por Avalon aún pueden ser mayores si consigue vender, como ya hizo Culmia, todas esas viviendas. Según publicó Cinco Días y han confirmado a elDiario.es fuentes del sector, las ha puesto a la venta. Avalon ya ha aprovechado para comunicar a sus inquilinos que no tienen derecho a comprar las viviendas, además de recomendarles que hablaran con ellos y no con los medios de comunicación. Lo que no es tan fácil es que se sienten con los inquilinos a darles una respuesta o una solución por la cantidad de preocupaciones que les generan estos pisos. En medio del complejo entramado inmobiliario de fondos, empresas y socimis que se lucran con el Plan Vive, los inquilinos no parecen estar contemplados.

Clara Salas, vecina de la calle Hermanos Calderón, ha hecho este jueves por primera vez en su vida una pregunta ante el pleno municipal del Ayuntamiento de Santander: “Mientras los fondos buitre se adueñan de nuestra ciudad y convierten la vivienda en un negocio, ¿qué va a hacer este Ayuntamiento?”. Y lo ha preguntado, en representación del centenar de inquilinos afectados por la venta de tres bloques de pisos en lote de la Fundación La Caixa a un privado, llamado Mosaic Propco, que ha dado dos opciones a través de terceros: que compren sus pisos o que se marchen cuando les venza el contrato, en muchos casos, en 2027.

La respuesta institucional de Gema Igual ha sido: “Entiendo que la solicitud, para no llevarme a engaño, es que el Ayuntamiento de Santander compre sus pisos”, a lo que Salas ha respondido que “efectivamente”, e Igual le ha respondido en 12 segundos exactos: “Muchas gracias, recibimos su solicitud, la estudiamos y les contestamos”. Pero no ha quedado ahí.

El pleno municipal de Santander de junio ha sido largo y con fallos en el sistema de microfonía en la sala y en el vídeo web que permite a la ciudadanía escuchar desde la web del ayuntamiento los plenos. Después de cinco horas y media de pleno, pero ya en el turno de ruegos y preguntas, que incluye la opción de que el público -previo registro- haga una pregunta, la alcaldesa ha decidido hacer un receso de hora y media, del que ha dicho que había informado, pero no se le ha oído -ha justificado-, por los problemas con la microfonía.

Al inicio del receso, vecinas de la calle Hermanos Calderón, sorprendidas han hablado con Igual para afearle la decisión, porque muchos no podían volver después al pleno. La alcaldesa les ha dicho que los recesos son habituales, pero el concejal de IU, Keruin Martínez, ha intervenido en la conversación informal para advertir de que, en situaciones similares, no hay recesos. Entonces el grupo, acompañado del Sindicato de la Vivienda, le ha pedido a Gema Igual un compromiso de reunión, porque la alcaldesa había condicionado días atrás la posibilidad de reunirse con ellos hasta tener un informe histórico del caso y también de recibir una respuesta del fondo privado sobre la situación de los bloques. Este jueves, fuera de micrófonos, les ha confirmado que se reunirá con los vecinos en julio, aunque no reciba respuesta del fondo Mosaic Propco. También ha invitado a que fueran en ese momento a su despacho dos representantes del grupo de inquilinos, que han aceptado. Todo, de nuevo, fuera de cámaras.

Dos horas y media después ha sido la intervención de Salas en el turno de preguntas del público. Una intervención que no ha podido verse en la portada de la web del Ayuntamiento, donde se ha emitido como cada pleno mensual, porque la señal se ha cortado justo antes de que Salas pusiera contexto al caso, durante una intervención de cinco minutos, y le preguntara “si va a obrar como otras Administraciones”.

Lo ha planteado poniendo de ejemplo a la Generalitat de Catalunya -que ha comprado unos bloques de viviendas manteniéndolas en un régimen de alquiler social, porque el suelo era municipal-, “o nos va a abandonar para que seamos despellejados por los buitres que asolan nuestras ciudades, expulsándonos de Santander. Son ustedes los que hablan del arraigo cada vez que pueden. ¿Por qué el Ayuntamiento de Santander no negocia la adquisición de estos edificios?”. La respuesta, a efectos prácticos, aún no llega.

Kalita Fernández ha obtenido un poco más de tiempo. La Justicia europea ha ordenado la suspensión del desahucio, instado por un fondo buitre, de esta mujer de Badalona, con seis hijos menores de edad a su cargo (uno de ellos, con apneas que le obligan a dormir conectado a una máquina), previsto para este viernes.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha examinado la medida cautelar solicitada por el abogado de Fernández, Ton Mansilla, y ha ordenado al Estado español que la mujer y su familia no puedan ser desahuciadas, al menos, durante una semana, hasta el próximo 1 de julio.

Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes.

En su demanda, el abogado de Fernández reclamó la suspensión del desahucio como medida “estrictamente temporal y limitada” hasta que las autoridades locales proporcionen a la familia “una alternativa habitacional real, inmediata, estable y adecuada, compatible con las necesidades de seis menores y, en particular, con la situación médica de la hija menor”.

El plazo de suspensión del desahucio todavía podría ampliarse. En estos siete días, el TEDH espera la respuesta de España sobre si la jueza de Badalona que ordenó su desalojo tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia y si las autoridades locales han ofrecido una alternativa de vivienda.

A falta de conocer la contestación formal del Estado, la respuesta a ambas preguntas es negativa, tal y como ya explicó elDiario.es. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.

“La ejecución del desalojo sin alternativa habitacional inmediata, estable y con condiciones adecuadas crea un riesgo concreto para la vida de la menor”, recuerda el abogado Mansilla en su escrito ante el TEDH.

El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social.

En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito.

Tal y como explicó la mujer a este diario, Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras su divorciarse de su marido hace un año. Entonces tuvo que reiniciar el procedimiento administrativo. “No se puede vivir así. Debería haber más pisos para casos así de graves”, reclamó.

Divarian no manifestó “interés alguno” en el inmueble entre 2014 y 2023, cuando denunció a Fernández por la ocupación, según sentenció la jueza que absolvió a la mujer en la causa penal abierta por la propiedad. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de Fernández y sus hijos.

Fernández ocupó la vivienda, donde está empadronada, en 2014 ante la falta de alternativas. “Tuve que entrar a vivir aquí porque no tenía dónde ir”, explicó la mujer. Durante los once años que ha permanecido en el inmueble, alegó haber realizado numerosas mejoras: instalación de ventanas, reparación de estancias y adecuación de la cocina en un piso que inicialmente no contaba con agua corriente, electricidad ni cerramientos.

Su casero dejó de pagar la hipoteca, su vivienda acabó en manos de un fondo buitre y ahora tendrán que abandonar su hogar. Daniel y Aurora, dos vecinos del barrio murciano de La Paz, serán desalojados el próximo 30 de junio tras 19 años viviendo en su casa. Deberán abandonar el domicilio junto a sus tres hijos, uno de ellos con discapacidad: “De tres meses para acá nos encontramos en esta situación, hace un mes el juez dio la orden de desalojo”, lamenta Aurora.

Su calvario comenzó hace tres meses, y desde el mes pasado tienen orden judicial de desalojo: “Un agente inmobiliario llamó a la puerta de nuestra casa, a decirnos que nosotros somos okupas y que venían a cambiar la cerradura”, relata Daniel. La pareja no es morosa, están al día con el pago del alquiler, y de las facturas de luz, agua y la comunidad. Les desahucian, explican, porque el juez no admite la validez de su contrato de alquiler: “Supuestamente, no está en el Registro de la Propiedad, pero hemos ido múltiples veces allí a sacar copia simple del contrato”, denuncia Aurora.

Por el momento, si nadie lo impide, esta familia deberá abandonar su hogar el próximo 30 de julio, cuando tendrá lugar un desahucio forzoso: “Les da igual que haya niños y que el mayor tenga discapacidad, la documentación -las facturas y el contrato de alquiler- tampoco les ha valido”, lamenta Daniel. “No queremos que nos regalen el piso ni quedarnos como okupas, como ellos nos llaman”, aclara.

“No encontramos un piso donde podamos caber los cinco. Los precios para una vivienda de una o dos habitaciones son muy exagerados, si pagamos un alquiler ya no nos queda para poder sobrevivir”, explica.

De acuerdo con Aurora, la pareja ha intentado en múltiples ocasiones negociar una alternativa con el fondo de inversión, sin éxito: “No me dan plazo para buscar algo adecuado a donde irme con mi familia. Queremos que nos dejen pagarles el alquiler a ellos [al fondo de inversión] o que le pongan precio a la vivienda y tengamos opción de compra. Tras 19 años pagando, es lo justo”

“No es un caso aislado”

Extinguen sus contratos de alquiler, la vivienda cae en manos de un fondo buitre y este la alquila por habitaciones. La asociación de vecinos de La Paz denuncia que el caso de Daniel y Aurora no es excepcional, y que la especulación de la vivienda está troceando su barrio.

“Están echando a personas con muchos años aquí en el barrio, pese a que han demostrado que están pagando religiosamente”, señala Pedro Crespo, presidente de la asociación de vecinos. “Los fondos buitre están comprando viviendas, las arreglan un poquito y no las venden, las alquilan por habitaciones”, explica Crespo.

“Piden hasta 350 euros por una habitación en la que apenas coge una persona, porque son de 48 metros cuadrados las viviendas del barrio”, abunda. La Paz es un barrio humilde, de acuerdo con el INE, su renta media anual no llegaba a los 6.000 euros en 2024. Pero el presidente de la asociación de vecinos asegura que atrae a fondos de inversión por su situación céntrica: “Andando recorres toda Murcia desde aquí”.

“[La Paz] se está convirtiendo en un barrio donde impunemente se echa a la gente y se está haciendo negocio, y esto hay que cortarlo”, urge Crespo, que alerta de que “en muy poco tiempo” se ha desalojado a cuatro familias, y que les consta que otra quincena ya cuenta con orden de desahucio“.

Las calles de Santander han sido este sábado, seis de junio, el escenario de una movilización transversal bajo el lema 'Cantabria para vivir'. Más de mil personas, según las primeras estimaciones de la organización, han recorrido el centro de la capital para denunciar un modelo económico y habitacional que, a juicio de los convocantes, prioriza el turismo masivo y los intereses de los fondos de inversión sobre la calidad de vida de los residentes.

La protesta ha aglutinado diversos sectores sociales -desde el sindicato de la vivienda hasta la defensa de la sanidad y educación públicas, pasando por trabajadoras de servicios sociales y afectados por fondos de inversión- que exigen que la comunidad piense, ante todo, en quienes “vivimos y trabajamos aquí todo el año”.

Diegu San Gabriel, portavoz de la asociación 'Cantabria no se vende' y miembro del sindicato STECT, ha destacado el “clamor” de una mayoría social que reclama que el turismo sea solo un complemento y no el eje depredador de la economía local.

San Gabriel ha respondido con dureza a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien rechazó la implantación de una tasa turística para no dañar a la “gallina de los huevos de oro”. “Si hay que hacer un símil con aves, yo diría que el turismo es más bien un cuco, que pone los huevos en nido ajeno y depreda”, ha sentenciado.

Para el portavoz, el actual modelo turístico supone que los costes de infraestructuras y servicios públicos derivados de la masificación sean sufragados por los residentes habituales, mientras “los beneficios no revierten en la comunidad de forma equitativa”.

El “olvido” del Artículo 47

Uno de los pilares de la manifestación ha sido la crítica a la situación de la vivienda en Cantabria. Entre los asistentes se encontraba un nutrido grupo de inquilinas e inquilinos de la calle Hermanos Calderón afectados por la venta de un lote de pisos de alquiler asequible a un fondo de inversión extranjero. Laura, una de las portavoces de este colectivo, ha puesto voz a la desesperación de las familias tras la venta de sus viviendas por parte de la empresa Mosaic Propco a un fondo luxemburgués.

“Estamos aquí porque nos han vendido... y a Gema [Igual] le da igual”, ha lamentado Laura, denunciando que la operación se realizó sin ofrecer a los inquilinos el derecho de tanteo y retracto. “Nadie se quiere hacer cargo y nos quieren echar a la calle”, ha añadido en declaraciones a elDiario.es durante la marcha.

La movilización ha servido también para reivindicar el cumplimiento del Artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a una vivienda digna y prohíbe la especulación. Laura ha sido tajante al respecto: “No vamos a parar de manifestarnos y de ir donde haga falta para luchar por nuestros derechos y por el puñetero artículo 47 que todo el mundo ha dejado abandonado y de lado”.

Una enmienda a la totalidad del modelo actual

La marcha no solo ha puesto el foco en el turismo y la vivienda, sino que los manifestantes han denunciado a la par el deterioro de los servicios esenciales, mencionando desde “aulas masificadas” hasta “trenes que no llegan”, además de un mercado laboral marcado por “empleos temporales con salarios de miseria” que no permiten cubrir necesidades básicas como la alimentación o el transporte.

Los portavoces han insistido en que el modelo actual de gestión del Gobierno autonómico y los ayuntamientos empeora la calidad de vida ciudadana en favor de intereses especulativos y “la ciudadanía no está dispuesta a permitir que Cantabria se convierta en un parque temático donde el acceso a la vivienda y los servicios públicos sean un lujo inalcanzable para la clase trabajadora”.

Kalita Fernández no sabía si la noche de este lunes sería la última que pasaría en el piso de Badalona donde han nacido y crecido seis de sus siete hijos, menores de edad. Su desahucio estaba previsto para este martes, pero la comitiva judicial lo ha aplazado a última hora hasta el 25 de junio. “Si me echan, volveré a ocupar porque no tengo alternativa”, avanza esta mujer.

El de Kalita Fernández podría haber sido uno de los miles de desahucios invisibles. Unos pocos vecinos del colectivo Badalona Acull se han congregado en el piso para intentar frenarlo, pero finalmente no ha sido necesaria la protesta. La comitiva judicial ha concedido una suspensión por la situación médica de la hija menor de la mujer, de un año, que necesita estar conectada a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre.

Durante estas dos semanas, el abogado de oficio de Fernández, Antoni Mansilla, confía en poder recabar toda la documentación que le ha requerido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para estudiar si suspende su desahucio.

El caso de Kalita Fernández ilustra cómo la maquinaria judicial es, en ocasiones, impasible con los más débiles. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advierte del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.

El inmueble pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito.

Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras su divorciarse de su marido hace un año. Desde entonces, explica que tuvo que reiniciar el procedimiento administrativo. “No se puede vivir así. Debería haber más pisos para casos así de graves”, denuncia la mujer.

Divarian no manifestó “interés alguno” en el inmueble entre 2014 y 2023, cuando denunció a Fernández por la ocupación, según sentenció la jueza que absolvió a la mujer en la causa penal abierta por la propiedad. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de Fernández y sus hijos.

Fernández ocupó la vivienda, donde está empadronada, en 2014 ante la falta de alternativas. “Tuve que entrar a vivir aquí porque no tenía dónde ir”, explica. Durante los once años que ha permanecido en el inmueble, asegura haber realizado numerosas mejoras: instalación de ventanas, reparación de estancias y adecuación de la cocina en un piso que inicialmente no contaba con agua corriente, electricidad ni cerramientos.

A finales de 2024, durante el embarazo de la hija menor, el juzgado civil ordenó un primer desalojo de la familia. Según relata Fernández, en aquella ocasión sí que fueron desalojados y la policía bloqueó la puerta de la vivienda con una superficie de hierro. “Nos dejaron en la calle, sin alternativa, sin mesa de emergencia y sin ningún recurso. No tuvimos otra opción que volver a ocuparlo”, reconoce.

“Me gustaría poder negociar un alquiler con la propiedad porque mis hijos han nacido aquí”, afirma. Los servicios sociales municipales reconocen el arraigo de la familia en el barrio y el informe advierte de que “la pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”.

El informe de los servicios sociales al que ha hecho caso omiso la jueza no se anda con rodeos. Fernández y sus hijos “se encuentran en un estado de vulnerabilidad social y residencial graves”: no disponen de ingresos económicos ni de un techo alternativo y un desahucio “coloca a la familia en un contexto de emergencia habitacional, con especial afectación sobre los menores”.

“Ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia”

Los servicios sociales de Badalona admiten que, pese a seguir de cerca el caso de esta familia desde hace años, en la saturada Mesa de Emergencia habitacional de la ciudad “no se ha podido identificar ninguna alternativa habitacional que garantice la cobertura de vivienda”.

“La pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”, alerta el informe municipal.

En una resolución del pasado 29 de mayo, la jueza Berta Fernández denegó la suspensión del desahucio. La togada admitió que contaba con un informe de servicios sociales que reconocía la “vulnerabilidad” de la madre y sus siete hijos, pero añadió que el dictamen no formulaba “propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social” por parte del consistorio, un “requisito imprescindible”, a criterio de la magistrada, para poder acordar la paralización del lanzamiento.

Al margen del procedimiento civil, Fernández también tuvo que enfrentarse a una causa penal. El fondo buitre Divarian la denunció por usurpación de la vivienda y pretendía que pagara una multa de 600 euros. 

En primera instancia, la mujer resultó absuelta. La jueza la exoneró al aplicarle la eximente de “estado de necesidad” y reconocer su “situación de vulnerabilidad social grave”, algo muy poco frecuente en los tribunales, resaltan fuentes jurídicas.

“Mantenerse en el inmueble es la única alternativa que ha encontrado para salvaguardar la integridad física y psíquica propia y de sus siete hijos”, concluyó la magistrada que vio el caso primero.

Divarian recurrió y la Audiencia de Barcelona dio en parte la razón al fondo: si bien rechazó que Fernández pagara la multa pretendida por el denunciante, la instancia superior sí acordó la restitución del piso. En otras palabras, priorizó el derecho a la propiedad a la situación de vulnerabilidad social, pues el magistrado consideró que garantizar un techo a Fernández y su familia correspondía a la administración municipal. 

Un mismo caso, dos opiniones contrarias de los jueces. Resultado: desahucio suspendido, pero a la espera de otro lanzamiento en 23 días.

Maricarmen se queda. Al menos, 21 días más. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha comunicado que el gran lema contra el desahucio de la mujer de 87 años, residente en el distrito de Retiro, se ha materializado aunque de momento sea tan solo por tres semanas. El fondo inmobiliario Urbagestión mantiene así sus pretensiones de expulsar a la vecina de un piso en el que ha vivido 70 años.

“Han aplazado para desmovilizarnos”, sostiene una de las portavoces de la organización inquilina en un vídeo compartido en redes. Alicia del Río explica en el clip que el desalojo queda ahora fijado para el miércoles 24 de junio. “No han solucionado nada, no han garantizado ninguna vivienda, solo nos dan 20 días de tortura”, expone.

Por ello, mantienen la convocatoria de un acto de protesta multitudinaria este mismo martes, desde las 18.30 en la biblioteca Eugenio Trías del parque del Retiro. A la movilización acudirán personalidades como Juan Diego Botto, Olga Rodríguez, Ismael Serrano o Alberto San Juan. Un evento que iba a preceder a una acampada para frener el lanzamiento de Maricarmen, originalmente previsto para el miércoles 3 de junio a primera hora de la mañana.

La situación de la inquilina se debe en gran parte al machismo imperante en la legislación franquista. “Las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, contaba a elDiario.es sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en 1956. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida, por lo que la muerte de la madre en 2005 terminó con su blindaje. Como segunda subrogada, ya no estaba protegida.

Pese a ello, los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que solo le dio la opción de quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes. Esto es, más del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros. Una cifra inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros.

Después de negarse, recibió la orden judicial de desahucio a finales de 2020: “Yo no sé quiénes son estos señores, nunca he hablado con ellos”. El juzgado número 90 de Madrid dio la razón al considerar que cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron, “tácitamente” y que los compradores mantienen esta aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo se posicionaron con las pretensiones los propietarios y en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

La respuesta ciudadana, última defensa ante la especulación y las resoluciones judiciales

Los dos primeros intentos de desahucio, el último el pasado mes de octubre (que también fue detenido en medio de una gran respuesta ciudadana y culminó con una rueda de prensa en la vía pública), fueron cancelados por la Justicia ante la presión social. Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas muestran su predisposición a frenarlo plantándose dentro del piso y en la mismísima puerta. “Espero que haya mucha gente”, dice Maricarmen, consciente de que su caso provoca una mayoritaria indignación.

Maricarmen ha escrito cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sin recibir contestación alguna. “El Ayuntamiento no va a comprar mi piso y la señora Ayuso tampoco. Quien tiene que comprar mi piso, o poner alquileres indefinidos, es el Gobierno de España. Invierten un dinero que van a recuperar después, pueden ponerlo en alquiler social cuando yo me muera. Y por lo menos no permiten a echar a la gente a la calle”, expone.

En los últimos meses, la mujer ha perdido gran parte de la movilidad y se ayuda de un caminador para moverse. “He tenido un problema bucal que creo que me ha afectado pero también el desgaste, la ansiedad, la angustia de estar luchando. He perdido tanta masa muscular que no puedo casi ni caminar. No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Y yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche” clama. 

Desde Urbagestión se amparan en la sentencia del Supremo, que dice que el contrato de arrendamiento quedó extinguido tras la muerte de la madre de Carmen, ya que ella no tiene el 65% de minusvalía que le concedería la posibilidad de una segunda subrogación. Aseguran igualmente que la última renta la pagó Maricarmen en 2024 y que fue de 203 euros, no de 500. 

La angustia pasea con distintas formas por los cuerpos de las 5.000 familias a las que Brookfield pretende echar de los pisos que ha comprado a Blackstone por 1.000 millones en Madrid para venderlos. Primero, sufrieron por dejar de vivir con alquileres sociales (de unos 500 euros la mayoría) cuando en 2013 el fondo los compró al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella (1.850), a la Comunidad y a otros municipios como Alcorcón, Getafe o Torrejón de Ardoz. Luego, por las subidas brutales de los alquileres en cada nuevo contrato, al ritmo que marcaba el mercado, casi siempre con precios cercanos a los 1.000 euros. Ahora, se enfrentan a la amenaza de expulsión porque el nuevo propietario con el que no consiguen hablar quiere venderlos uno a uno. Centenares de ellos están organizados por el Sindicato de Inquilinas y se niegan a abandonar sus casas. 

La situación que atraviesa a las familias condensa todas las aristas de la crisis de vivienda: pérdida de vivienda pública para conseguir liquidez en pleno estallido de la burbuja, subida asfixiante del alquiler, pérdida del derecho a compra, cláusulas abusivas con el cobro de extras como la comunidad o el IBI, falta de mantenimiento e interlocución, lucro de fondos sin rostro como Blackstone, que ha conseguido el triple de lo que pagó en solo 13 años con inversiones escasas. Lo próximo será un masivo desahucio invisible, como se conocen las expulsiones que se ejecutan sin orden judicial, mediante fuertes subidas de precio o finalizaciones de contrato sin opción a renovación por decisión unilateral del dueño.

El silencio de Brookfield

Los fondos no tienen rostro no porque no se conozca a sus responsables —Bruce Flatt es el CEO de Brookfield desde hace 25 años y Alfredo Zamarriego su responsable en España—, sino porque nadie da la cara ante los medios o explica nada a los inquilinos sobre el cambio, aunque varios de ellos se concentraron ante la sede de Fidere (la socimi de Blackstone en España que se ha vendido a Brookfield con los pisos) el pasado 28 de abril pidiendo explicaciones. “Para hablar sobre los contratos, nos remiten a un asistente virtual”, relatan varios vecinos, que lamentan que la relación cada vez es menos humana y menos eficiente desde hace ya unos años. 

Rafa, uno de los vecinos del PAU de Carabanchel (Programa de Actuación Urbanística) más implicados en la movilización, resume así la incertidumbre ante la falta de respuestas: “Yo prefiero que me digan que me tengo que ir a que me tengan así. Conseguimos hablar con el vicepresidente de Brookfield tras la junta y nos dijo que no nos podía decir nada, que esto lo llevan desde Londres”, explica el vecino, implicado en el Sindicato de Inquilinas de Madrid que ha liderado la lucha contra Blackstone y apunta ahora a Brookfield.

Desde Londres, Brookfield prometió a elDiario.es contestar a las preguntas planteadas a principios de la semana pasada. Cuestiones como si existía algún criterio ético que pudiera evitar esta operación o cómo y cuándo pretenden ir vaciando los pisos de inquilinos para poder venderlos, que es su objetivo, o qué pasará con los contratos que vencen estos días y que se han agarrado mediante burofax a la prórroga temporal aprobada por el Gobierno que después decayó en el Congreso. A final de semana, la respuesta es una no respuesta por parte del director de comunicación: “Declinamos hacer comentarios”. Fuentes del sector aseguran que respetarán los contratos vigentes y que después venderán una a una las viviendas, sin más . 

En Madrid, en cambio, no cuesta nada que una decena de vecinos den la cara y sus nombres para explicar los múltiples rostros de la angustia que les genera esta crisis, que se cuela en sus cuerpos como un gusano y hace tiempo que ha hecho saltar por los aires su concepto de hogar, muy lejos ya de ser ese lugar de seguridad y paz donde uno construye su plan de vida. 

En Cristina, Marta, Pili madre, Pili hija, Leyre, César, Rafa, Fanny, Olga, Estrella o Mari Carmen se acumulan algunas de estas miles de precariedades cocinadas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y ejecutadas por Blackstone y Brookfield. 

Subidas de alquiler y nuevas exigencias

A Cristina López, que vive sola y tiene 58 años, el contrato de alquiler le vence ya el mes que viene. Testa Homes, la gestora que gestiona los pisos que Blackstone acaba de vender a Brookfield y que será sustituida por Clikalia, le envió un correo en enero que le instaba a pagar 1.065 euros al mes si quería firmar un nuevo contrato, además de 107 euros al mes de comunidad que hace tiempo que la empresa no justifica. Son 200 más de los que paga ahora y casi el triple que cuando entró con el piso de alquiler social, en 2011, cuando abonaba 450 euros y que en 2019 pasaron a ser 600.

Pero la cosa no acaba en pagar un 250% más que cuando llegó. Pese a llevar en el piso 15 años, le piden ahora una nueva fianza adaptada al nuevo precio y un certificado de solvencia económica que demuestre que tan solo destinará el 37% de su sueldo al alquiler. Pero Cristina, que es técnico especialista en educación en un instituto, cobra 1.600 euros y no los 3.000 que le piden. 

“Eso son desahucios invisibles”, sentencia sin dudar Olga, otra vecina, aclarando que se ha repetido con otros residentes la petición de certificados de solvencia y nuevas exigencias económicas. Incapaz de cumplir los requisitos, Cristina se aferró a la solicitud de prórroga del alquiler enviando un burofax, pero no ha habido ni respuesta particular ni un posicionamiento de Brookfield sobre qué hará con las peticiones de prórroga. “Mi vida es una angustia, un caos, lo único bueno es que tengo contrato fijo, pero ¿adónde me iría con mi sueldo?”, se pregunta Cristina. 

Agarrarse a los pisos de Brookfield, antes de Blackstone, no es una cuestión sentimental. Incluso cuando están a precios equiparables al mercado, da miedo abandonarlos ante la imposibilidad de encontrar algo al mismo precio o de cumplir los requisitos necesarios para un nuevo alquiler. Son 5.000 familias que pueden quedar prácticamente expulsadas del mercado de la vivienda, posibles víctimas del hacinamiento en habitaciones (que también se da ya en algunos pisos de los bloques del Pau de Carabanchel). 

Cláusulas abusivas y derecho a compra

A sus 11 años, Leyre corrige a su abuela, Pili, cuando relata su historia particular. Se la sabe de sobras a su temprana edad. “Cuando sea mayor, seré abogada para que no te echen”, afirma con gracia. Vive con ella y con su madre, también Pili. Esta familia, con todo, se considera en parte privilegiada, ya que le renovaron contrato hasta 2032 a cambio de retirar la demanda contra Blackstone por negarles a ella y otras familias el derecho a compra de los pisos.

Es otra de las subtramas de este conflicto. En abril del año pasado, el Supremo falló en contra del derecho a compra que 40 inquilinos de los pisos de Blackstone habían reclamado recuperar tras la negativa del fondo, pero unos meses antes el mismo Supremo había reaccionado al revés, a favor del movimiento de inquilinos. El fondo usaba las renovaciones del alquiler para forzar a que otros inquilinos retiren las denuncias por este motivo: si no lo hacen, la renovación se complica. Otros inquilinos denunciaron también sin suerte al fondo por las cláusulas abusivas como el IBI, el seguro del piso o la comunidad. 

Mientras muchos se organizan para combatir al fondo y vislumbran un más que probable desahucio invisible cuando finalice contrato, la incertidumbre pesa entre quienes tienen un contrato a punto de expirar, aunque la prórroga extraordinaria les ha dado un respiro. Es el caso de Fanny, con cáncer de mama y 52 años, que recibió en marzo una carta de Testa Homes diciéndole que no renovará con las mismas condiciones (un alquiler que se disparaba a los 937 con las cláusulas). “Se me comía ya casi todo el sueldo”, dice esta enfermera en una residencia con un salario de 1.200 que está reducido desde que está de baja. 

Para saber cuáles eran las nuevas condiciones, Fanny tenía que pedir un borrador del nuevo contrato por el asistente virtual de Testa Homes, pero la web no funcionaba y por teléfono no le atendían. Así que, entretanto, se aferró al burofax de la prórroga extraordinaria en la que confía para quedarse al menos un par de años en el piso. “Aparte del cáncer, me estoy tratando por problemas de salud mental. Y a mi hijo le ha dado un bajón y no puede estudiar”, cuenta. 

Los vecinos coinciden en que la piscina que pusieron hace un año ha servido de excusa para encarecer los precios y cobrar más comunidad sin justificar el gasto. Pero como no hay propietarios, no existen las reuniones de vecinos y la empresa decide unilateralmente. Tampoco da cuentas de los gastos. El ascensor ha estado hasta un mes o más averiado y el teléfono de incidencias no es eficaz. “Y a mí, que vivo en un cuarto y tengo un problema en las piernas, me ha tocado estar un mes sin salir de casa”, cuenta un vecino. 

Es el mismo silencio impersonal que se encuentran ante el cambio de propietarios y el futuro cercano. Intuyen que se tienen que ir porque los medios informan que los pisos se venderán uno a uno. Ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno de España han acudido a las peticiones de rescate. Pidieron expresamente a Casa 47 que comprara los pisos, pero el primer presupuesto de compra para vivienda vacía de fondos de inversión era 10 veces menor que el coste de los bloques, de 100 millones. Además, Casa 47 prioriza la vivienda vacía para dedicar al alquiler social. Si nadie actúa, será el mayor desahucio invisible de la historia y un nuevo oscuro episodio de la trágica historia reciente de la vivienda en nuestro país. Blackstone, entretanto, se habrá embolsado más de 1.500 millones desde la compra, entre la venta a Brookfield y los alquileres cobrados estos 13 años, a costa del sufrimiento de los vecinos.

Izquierda Unida (IU) ha denunciado este jueves “una situación de acoso y presión constante” a los vecinos de los tres bloques de la promoción de 107 viviendas en alquiler asequible, en el barrio de Peñacastillo, en Santander, entregada por la Obra Social “La Caixa”, y recientemente vendida a Mosaic Propco SL, un fondo de inversión privado.

A finales de 2025, los vecinos recibieron notificaciones de la venta del conjunto a una sociedad. Después, varios inquilinos recibieron comunicaciones informales de no renovación de contrato tras su vencimiento -en la mayoría de los casos, en 2027- incluyendo compensaciones económicas para abandonar sus viviendas antes de tiempo. Tras reunirse con varios vecinos de los bloques, en la calles Hermanos Calderón, el portavoz municipal de IU en Santander, Keruin Martínez, ha explicado que los afectados le han descrito “una situación de acoso” por parte de los agentes inmobiliarios que se han hecho cargo de la gestión de las viviendas, por encargo de Mosaic Propco SL, “con llamadas, visitas recurrentes y una presión constante”.

Según denuncia el concejal, “los nuevos propietarios han recurrido a una empresa, Imass, especializada, dicen, en recuperar y regular activos inmobiliarios”, que ha señalado “la inmensa gravedad de tratar de amedrentar a inquilinos con estas prácticas”.

Martínez, que ha estado acompañado en esta visita por representantes de la asociación Derecho Subjetivo, ha recordado que estas promociones fueron también publicitadas institucionalmente por el Ayuntamiento de Santander y que ahora han acabado en manos de sociedades vinculadas a fondos de inversión.

“Estamos hablando de familias que entraron en estas viviendas hace apenas 13 años, otras más tarde, a las que se les presentó esta promoción como una oportunidad de alquiler asequible, y que ahora están siendo tratadas como un producto financiero y una oportunidad de inversión”, ha señalado el concejal.

Las condiciones de la promoción

Martínez ha recordado que estas viviendas fueron promovidas por la Obra Social La Caixa, pero también presentadas y publicitadas por el Ayuntamiento de Santander como parte de una política social de vivienda. De hecho, el edil ha recordado que, según la documentación consultada, el Ayuntamiento redactó el reglamento, organizó el proceso de selección de candidatos y adjudicó las viviendas a los vecinos. “Ahora estamos indagando para conocer en qué condiciones se desarrolló la promoción, qué compromisos asumió cada parte y qué beneficios pudo obtener la Fundación La Caixa en el marco de esta operación”, ha recalcado.

Por este motivo, la formación rechaza que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento (PP) “pretenda desentenderse ahora alegando” que no eran viviendas municipales. “El Ayuntamiento no puede estar para hacerse la foto cuando se entregan las llaves, para decir que ha tenido mano en decidir a quiénes se entregaban, y luego desaparecer cuando esas mismas viviendas terminan en manos de fondos”, ha subrayado el concejal.

Además ha reclamado que La Caixa explique “cómo una promoción vinculada a su obra social ha terminado dentro de una operación de rentabilidad privada, IU ha señalado también a Mosaic Propco SL y a los enlaces en Santander, encargados de la gestión de las viviendas, que deben aclarar sus planes y cesar cualquier práctica de presión sobre los inquilinos”.

Por ello, el concejal ha solicitado al Ayuntamiento el expediente completo relativo a estas promociones, incluyendo convenios, acuerdos, licencias, condiciones de adjudicación, comunicaciones con La Caixa, posibles compromisos de mantenimiento del alquiler asequible y cualquier documentación que permita conocer qué papel asumió el equipo de Gobierno del PP para avalar “un proyecto de obra social que, en poco más de una década, ha terminado convertido en una operación de rentabilidad inmobiliaria”, ha dicho antes de volver a recordar que Santander requiere un parque público de vivienda.

“¿Cómo no vamos a hablar de los problemas que tiene la gente si son unas fiestas populares?”. Son palabras de Gemma, una de las espectadoras que disfrutó el pasado miércoles del concierto del grupo Amor Líquido desde la Pradera de San Isidro. En él, la banda lanzó un contundente mensaje: “Madrid se está vendiendo a fondos buitre”. Además, recordó y respaldó la acción que un día antes había desplegado sobre el escenario el trío de electrónica VVV [Tripping' you]. “Se lio un poco”, resumió la vocalista de Amor Líquido, Sara Puertas.

En colaboración en el Sindicato de la Vivienda de Carabanchel y el Sindicato de Inquilinas de Madrid, durante la actuación de VVV [Tripping' you] exhibieron dos pancartas con contundentes mensajes: “Llenan la Pradera, desahucian Madrid” y “La vivienda nos cuesta la vida”. También un vídeo que alertaba de un desalojo a pocos metros del lugar que acoge los festejos, que finalmente se ejecutó, en una vivienda que era propiedad de la Comunidad de Madrid hasta que la cedió a un particular. Un clip que apuntaba directamente a los dirigentes madrileños y estatales: “Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida están vendiendo Madrid a los especuladores mientras el Gobierno central se dedica a hacer la misma mierda”.

Amor Líquido lanzó unas proclamas similares, con dardo al Ejecutivo de Pedro Sánchez incluido: “No es cuestión de que ciertos políticos saquen rédito de una lucha ante la que tampoco están haciendo nada. Tenemos el Gobierno más progresista de nuestra historia y están echando gente de sus casas”. Terminaron su intervención llamando a asistir a la asamblea de este jueves 14 mayo a las 19.00 en el número 23 del Camino Alto de San Isidro.

Según Gemma, el grupo se posicionó “con más miedo que vergüenza”, aunque no le quita ni un ápice de mérito y valentía. De hecho, la banda deja caer posibles represalias por su mensaje: “No nos podíamos ir de aquí sin aprovechar el altavoz que tenemos, con las consecuencias que nos puedan caer”. Apostilla Gemma que llegaron a pedir al público su apoyo en salas, ante la posibilidad de que no vuelvan a interpretar en este tipo de escaparates.

Desde el área de Cultura del Consistorio, liderada por Marta Rivera de la Cruz, niegan cualquier conato de censura en declaraciones a Somos Madrid: “Ni desde Cultura ni desde los distintos distritos implicados se establece ningún tipo de censura previa sobre las intervenciones artísticas o las expresiones que puedan producirse en los escenarios de San Isidro. La programación del Ayuntamiento de Madrid se concibe como un espacio abierto, plural y en libertad, donde los artistas pueden desarrollar sus propuestas con autonomía dentro de los límites técnicos que conllevan el diseño de los escenarios y del marco de convivencia y respeto que corresponde a cualquier evento cultural”.

El alcalde respondió ya el miércoles a la protesta de VVV [Tripping' you] para mostrar su desacuerdo, con una postura diametralmente opuesta a la de la frase que abre este artículo: “Una fiesta es una fiesta y una reivindicación política tiene que ser en el ámbito adecuado. Muchas personas no están de acuerdo y solo fueron a disfrutar de un concierto de San Isidro. Las opiniones políticas las tienen que dar en otros ámbitos”. El regidor expresó su “respeto las manifestaciones culturales” y afirmó que “en esta ciudad no hay censura”, en unas declaraciones previas a las aseveraciones de Amor Líquido sobre las tablas de La Pradera.

El pregón de Sonsoles Ónega abrió la veda

Con una perspectiva menos directa y más poética, la primera mujer pregonera de San Isidro desde que Almeida asumió el cargo de primer edil ya adelantó el fuerte contenido contestatario de las fiestas en 2026. La presentadora y escritora Sonsoles Ónega cuestionó el modelo especulativo que sacude la capital y su impacto en los modos de vida de la ciudad: “Me duele que haya que ser buitre y no paloma para vivir aquí”, lamentó en su discurso.

Ónega arremetió también contra “la herida de la vivienda” y la pérdida de comercios tradicionales, además de lanzar varios guiños feministas en unas palabras que pronunció en la plaza de la Villa junto a un impasible Almeida. “Ya que estoy investida de esta honra de ser pregonera, dejadme también que me haga eco del quejido de Madrid. Se queja y con razón de que no sana la herida de la vivienda. A mí me duele como a todos que haya que ser buitre y no paloma para vivir aquí”, declaró la personalidad televisiva, aunque no atacó a ninguna figura política en concreto y de hecho agradeció al alcalde la construcción de vivienda pública.

El desalojo del pasado miércoles en la calle Alto de San Isidro fue finalmente ejecutado, pese a la movilización y contestación del Sindicato de Vivienda de Carabanchel. De nuevo, como en el caso del jubilado Mariano Ordaz la semana pasada, un enorme despliegue policial ha apoyado el desalojo.

Las reivindicaciones han llegado de la mano de grupos jóvenes que comienzan a hacerse un hueco en la escena musical. VVV [Trippin' you] se ha convertido en una fulgurante aparición de la escena electrónica. Formado en Móstoles en 2015, lo integran Adrián Bremner, Elinor Almenara y Salvador “Salvi” Urbaneja.

En cuanto a Amor Líquido (creada en 2019), que con su nombra lanza un guiño al ensayo homónimo de Zygmunt Bauman, sus componentes son Sara Puertas (voz), Eva María Martín (batería y coros), Álvaro Peral (guitarra y coros) y Gaby Nieto (bajo). Con estas acciones siguen la estela de Biznaga, que en 2023 aprovechó el altavoz de San Isidro para reivindicar un Madrid que “no es de los buitres”.

La historia de Laura es un buen resumen la tensión creciente entre grandes tenedores y familias vulnerables en el mercado de la vivienda.

Vecina de Camarena (Toledo) y madre de dos hijas menores -de 17 y 13 años, respectivamente-, lleva más de dos décadas viviendo en la misma casa, pero todavía hoy tiene que luchar para conservarla frente a los intentos de desahucio del propietario actual, Living Center, un fondo gran tenedor en el que ha terminado el inmueble.

Laura compró la vivienda junto a su ahora expareja en 2005, pero no pudieron hacer frente a la hipoteca tras la quiebra del negocio que ambos tenían.

“Estuvimos 10 años pagándola, pero teníamos un negocio que no iba muy bien y, además, nos separamos. La casa se acabó subastando, pero no la compró nadie, y como me quedé sola con las dos niñas, pues me dejaron quedarme aquí a cambio de un alquiler social”, relata.

Del alquiler social a la prórroga del real decreto

Tras la subasta fallida de la vivienda en 2015, la entidad propietaria le ofreció un alquiler social que comenzó en 2018. “En principio el contrato era de tres años, renovable un año más, o sea que desde el 2018 hasta el 2022 yo seguí pagando”, explica.

Sin embargo, a partir de ese momento la situación comenzó a complicarse. Ya bajo la propiedad de Living Center, Laura asegura que dejaron de pasarle el recibo con el cobro del alquiler.

 “Empecé a hacer por transferencias, Yo intenté pagarlo, pero me los devolvían. Y en el 2024 recibí una demanda de desahucio por impago”.

El juicio se celebró en marzo de 2025 y lo ganó Laura, por lo que Living Center le tuvo que dejar seguir en la casa otro año más tras ponerse ella al día de la deuda generada por las transferencias que el propietario había devuelto.

Pese a la victoria, el conflicto no terminó ahí y Laura recibió un nuevo golpe: la negativa del propietario a renovar el contrato. “Me llegó un burofax diciendo que no querían renovarme el contrato que me vencía el 1 de abril del 2026”.

A partir de ese momento, trató de negociar distintas alternativas para permanecer en la vivienda: “Intenté de muchas maneras que me dejaran quedarme aquí, pagando más alquiler del que estaba pagando, o alquiler con opción a compra, o compra. Pero denegaban mis ofrecimientos, sin dar motivos”.

Años después, la posibilidad de un desahucio volvía a planear sobre la familia. Un drama que se produciría en un momento en el que la falta de vivienda disponible es notoria.

El acceso a una alternativa habitacional en la zona es, según describe, prácticamente imposible. “Hay muy poquitos alquileres en Camarena. Y los que hay, son chalés individuales que cuestan de 1.100 euros para arriba, que para mí y mis hijas es inviable ese precio…”, lamenta.

La otra opción sería abandonar el municipio, algo que quiere evitar a toda costa debido al arraigo que tienen tanto ella como sus dos hijas. Y es que en Camarena es donde sus niñas han nacido, donde van al instituto, donde tienen sus amigas... “Toda su vida la han pasado aquí. Y claro, para ellas tenerse que ir de aquí, no es nada fácil”.

La situación dio un giro reciente gracias a la aplicación del real decreto extraordinario que permite prorrogar durante dos años los contratos vencidos. Laura envió el burofax con dicha solicitud de prórroga a Living Center. Aunque al principio el fondo no se mostró favorable a aceptarlo y le devolvió el último ingreso por el alquiler, finalmente Laura nos cuenta que ha conseguido la orden de pago para poder pagar el alquiler de abril. “Con lo cual ya creo que sí que ya han tenido en cuenta el real decreto”, explica.

Este medio se ha puesto en contacto con Living Center para conocer su versión de los hechos, pero ha declinado hacer comentarios. No los hace, explica, sobre ninguno de sus clientes.

Un caso que no es aislado

La suya es una buena noticia que concede a Laura un margen de dos años más para poder encontrar otra solución. Aun así, la incertidumbre continúa debido a la dificultad de negociar con un gran propietario. Asegura que a ellos no les cuesta nada judicializar estos casos al tener presupuesto de sobra para poder costearlos. “A quien le cuesta es a la persona normal y corriente”, afirma Laura, quien todavía no ha cobrado las costas del juicio que ganó en marzo de 2025.

Asegura que sus hijas están viviendo esta situación con “preocupación”. “Ahora están muy contentas por lo del real decreto, pero me han visto preocupada porque me lo estaban poniendo todo lo difícil que podían, y más”.

Su caso, nos cuenta, no es aislado. Laura participa en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, por lo que conoce multitud de historias similares a la suya en la zona de contacto entre las provincias de Madrid y Toledo. “Hay comunidades enteras en las que el propietario quiere desahuciar a todos los vecinos. Aquí está todo muy caro, una persona sola es casi inviable que se pueda comprar algo por aquí”.

Mientras tanto, sigue aferrándose a la vivienda en la que ha construido su vida y la de sus hijas, con la esperanza de que la negociación abierta permita una solución definitiva.

Rita Maestre volvía el pasado enero a la primera línea política después de su baja por maternidad con un potente lema: “Te están robando Madrid”. El papel de los fondos buitre en el encarecimiento de la vivienda, la merma de los servicios públicos o la desaparición de la identidad de los barrios protagonizaban una campaña que abordaba asimismo el papel del alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en dichas problemáticas. Ahora, su formación política retoma su consigna y la precampaña electoral para desmontar uno de los principales argumentarios de la derecha y la ultraderecha.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital arremete contra la teoría del gran reemplazo. “Un mito que alienta la extrema derecha y la derecha, discípulas de Trump y los suyos, para que culpabilicemos a nuestros vecinos y vecinas migrantes de ese malestar urbano”, expone Maestre. 

Pero estas publicaciones no se limitan a cuestionar la consigna, sino que desde la formación la reapropian para apuntar en otra dirección: “Abre los ojos y mira hacia arriba. Las personas que te están robando Madrid no van contigo en el Metro, ni compran en las mismas tiendas que tú. Te roba Madrid quien te sube el alquiler, engorda las listas de espera de la sanidad pública a costa de tu salud y quien permite que todo esto pase mientras te dice que tienes que odiar al inmigrante”.

Los vídeos que el partido ha publicado en redes se acercan a la ciudad a través de una especie de mirilla que comienza apuntando a puntos cotidianos de la capital: un paso de cebra, un bazar, un kiosco, el campo de fútbol de un polideportivo municipal o un parque. Luego la redirigen a espacios menos accesibles para el conjunto de la población, lugares que parecen completar el paisaje urbano como si nada, pero que son auténtico centros de poder. Las Cuatro Torres del paseo de la Castellana, las Torres de Colón o las sedes de algunas inmobiliarias son algunos ejemplos.

Maestre recopila algunos de los lugares comunes del discurso reaccionario: “Hay demasiados chinos”, “hay demasiados marroquís”, “hay demasiados ecuatorianos”. “Seguro que en los últimos meses has oído a alguien cercano hablar así. Alguien que nunca esperarías”, señala la concejala. Luego se pregunta de dónde proceden estas proclamas: “¿Quizá lo oyó en un programa de televisión? ¿O tal vez fueron los bulos de un canal de Telegram sobre Torre Pacheco?”.

“Demasiados suele ser el camino fácil de la ultraderecha”, avisa Maestre. “Es horar de abrir los ojos y mirar hacia arriba. Quien te roba Madrid está tan alto que casi no lo ves. Son personas que no van contigo en Metro, ni compran en las mismas tiendas que tú y nunca vivirán en un barrio saturado de Airbnbns. Son ellos, desde bien arriba, los que te están robando Madrid mientras te dicen que odies al inmigrante”.

La edil concluye su intervención arremetiendo contra la teoría del gran reemplazo y su empleo por parte de políticos como Santiago Abascal o Carlos Hernández Quero: “La próxima vez que lo oigas hazte la pregunta de quiénes son en realidad demasiados”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberá dar respuesta oficial vía informe a las alegaciones de una asociación de la localidad de Valdemoro (Madrid) que denuncia irregularidades en la tramitación de los permisos para construir un polígono industrial ‘prime’ que supondrá arrasar con 600.000 metros cuadrados de superficie forestal y que pondrá en peligro a especies protegidas que habitan en la zona, como el sapo corredor, el aguilucho lagunero, la lechuza común o el milano negro. 

En hasta tres escritos de alegaciones presentados por la Asociación por el Desarrollo Sostenible de Valdemoro, a los que ha tenido acceso elDiario.es y que han sido presentados ante las direcciones generales de Biodiversidad y Gestión Forestal, Transición Energética y Economía Circular, y Urbanismo, va desgranando diferentes fallos que ha detectado en el plan parcial de ordenación del sector conocido como ‘Ermita de Santiago’. Plan que fue aprobado por el Ayuntamiento de Valdemoro, dirigido por el PP, en abril de 2025. 

Al poco de publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) ya presentó alegaciones contra el mismo Ecologistas en Acción y, ahora, esta otra asociación se suma a la batalla administrativa para impedir el desarrollo industrial planteado por la mercantil Fórum Creaciones SL para Logistik porque, a su juicio, afectará a terreno forestal, a áreas importantes para la conservación de aves y de la biodiversidad, a especies protegidas y a espacios incluidos en la Red Natura 2000 de la Comunidad de Madrid. Se da la circunstancia de que Logistik entra en este asunto de la mano de Brooklfield, un fondo de inversión canadiense con el que se ha aliado para expandir este tipo de desarrollos.

Sobre la pérdida de 606.346 m² de terreno forestal, el escrito de alegaciones lamenta que no se haya previsto adoptar medida alguna para facilitar su conservación a pesar de que el promotor sí reconoce la existencia de esos terrenos en el Documento Ambiental Estratégico (DAE). Explica que la posible compensación con nuevos terrenos “no ha sido acreditada y debería suponer una superficie mayor a la indicada”, a lo que añade que no hay terrenos de titularidad pública para acometer esas compensaciones por lo que se da un incumplimiento “radical y deliberado” de esa obligación. Y advierte de que en todo caso, si se pretende reforestar en otro terreno, la superficie siempre debe ser, como poco, el doble de la ocupada por el parque logístico. 

Áreas de conservación de aves

A esto, suma que la construcción de este moderno hub logístico afectará por proximidad a dos áreas importantes para la conservación de aves, en concreto a la de ‘Cortados y Graveras del Jarama’ -un espacio natural de alto valor ecológico con una extensión de aproximadamente 35.000 hectáreas- y a la de ‘Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro’, próximas a ese desarrollo. 

En este sentido, explica que, si bien el documento ambiental presentado por el promotor apunta que el sector no entra en ningún área de conservación, se obvia que es necesario un análisis del impacto indirecto que puede ocasionar sobre este espacio. “Puede provocar efectos irreversibles en el hábitat de múltiples especies protegidas”, lamenta la asociación para añadir que el terreno donde se prevé construir “es hábitat de múltiples especies protegidas (catalogadas como amenazadas), tanto de anfibios, reptiles, mamíferos, y especialmente de aves”. 

Asimismo, subraya que el promotor no ha realizado ningún trabajo de campo que permita disponer de una información del uso que hacen estas especies del territorio, así como de su abundancia, y esto a pesar de ser zona de campeo, alimentación, descanso y reproducción. En sus alegaciones añade que muchas de estas especies están también incluidas en la directiva europea y, por lo tanto, deben ser objeto de medidas de conservación especiales para asegurar su supervivencia y reproducción porque son “de interés comunitario”.

Al hilo, echa en cara a los constructores que sostengan que, aunque la obra afectará a estas especies por la degradación de sus hábitats, el impacto es “compatible” porque siempre “se pueden desplazar, existiendo en los alrededores otras zonas agrícolas que pueden ocupar”. Y detalla que, de acuerdo con el plan presentado, las especies que pueden verse comprometidas son invertebrados como el escarabajo avispa, anfibios como el sapo corredor o el sapillo moteado, mamíferos como el murciélago ratonero y una decena de aves como la cigüeña blanca, la terrera blanca, el chotacabras pardo, el aguilucho lagunero occidental, el cernícalo primilla, el aguilucho cenizo, la totovía, el milano negro y la lechuza común.

“Ausencia de rigor”

Por otro lado, la asociación pone el foco en sus alegaciones en que tampoco se ha valorado cómo afectará a espacios protegidos de la Red Natura 2000 como ‘Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares’ y ‘Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid’ a pesar de su proximidad a la obra. Subraya que ambos presentan “un gran interés faunístico, florístico y geomorfológico” con importantes poblaciones de aves esteparias y rupícolas, así como de aves acuáticas invernantes. 

El escrito lamenta que califiquen el impacto en esas zonas de “inexistente” porque esto demuestra “la ausencia de rigor en el documento ambiental presentado”. Y advierte de que, de seguir adelante con el trámite de construcción de ese polígono industrial, su ejecución dependería exclusivamente de la voluntad del promotor que no ha realizado análisis necesarios como la fragmentación del territorio, la alteración del régimen hidrológico de un arroyo, la pérdida de suelo fértil ni el efecto barrera de los viales proyectados“. 

En definitiva, la asociación explica que el proyecto está “desconectado de la realidad biofísica del lugar y sin un soporte técnico sólido que justifique la idoneidad, localización o prioridad de las actuaciones”. Y por eso pide que se pronuncie el Gobierno de Díaz Ayuso y se reformule la propuesta con un plan técnico detallado, con fichas de actuación, cronograma y un sistema de gobernanza ecológica del proyecto.

Desde la Comunidad de Madrid, que debe dar respuesta a estas alegaciones, se indica que la tramitación es íntegramente municipal y que el ayuntamiento ya ha solicitado informes facultativos, si bien no son vinculantes ni preceptivos. En este sentido, se apunta que, dado que varios de los organismos consultados han puesto sobre la mesa cuestiones que habría que atender, ahora el consistorio debe alegar e informar sobre cómo afrontará esas cuestiones.

“De aquellos polvos, estos lodos”. Con esta expresión una afectada resumía el efecto directo, pero también a la hora de redefinir un modelo, que tuvo para la situación de la vivienda en Madrid la venta de 1.860 pisos protegidos al fondo buitre Blackstone. Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE), recordaba así y entre duras críticas una operación impulsada por el Gobierno de Ana Botella en 2013. Un procedimiento que vuelve a ser noticia, ya que según varios medios económicos e inmobiliarios, Blackstone podría estar negociando revender los miles de inmuebles. Todo ello, con la amenaza de que muchos de los contratos de alquiler no sean renovados.

La mejor posicionada al respecto de la compra es la gestora de fondos canadiense Brookfield, la cual negocia en exclusiva con Blackstone la adquisición de su Socimi residencial Fidere, que cuenta con unas 5.300 viviendas en alquiler. Entre ellas, las 1.860 de una de las operaciones de vivienda pública más polémicas de la historia reciente.

La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, preguntará al alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre este asunto en el pleno municipal del próximo martes 24 de marzo. En un vídeo compartido en redes sociales, la concejala explica que los vecinos afectados se han organizado “contra la nueva operación con la que Blackstone pretende enriquecerse aún más vendiendo estas casas a otro fondo buitre por mucho más dinero del que pagó”. El objetivo de su partido es que “el Ayuntamiento de Madrid, ahora que los edificios están en venta, recupere el patrimonio de todos los madrileños y los vuelva a comprar”.

Para la líder de la oposición, el Partido Popular “engañó a los vecinos” al asegurarles que los alquileres no se tocarían, cuando no fue así. Arantxa Mejías recordaba en conversación con Somos Madrid que sus padres pasaron de pagar unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en 2004 a unos 1.100 dos décadas después. “Aseguraron que las viviendas que eran con opción a compra lo seguirían siendo y tampoco fue así”, reprocha también Maestre.

La edil abordará en Cibeles la operación de venta de estas miles de viviendas y adelanta además la amenaza de que cientos de contratos dejen de renovarse: “Sabemos, a través de las familias y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que Blackstone ha comunicado que no va a renovar los contratos. Y que estas últimas semanas el posible comprador anda visitando los edificios, concretamente en Carabanchel”. Este periódico ha contactado con Testa Homes, la filial de Blackstone que gestiona las promociones afectadas, acerca de la posible venta a Brookfield y el impacto en las condiciones contractuales de los arrendatarios. Por el momento, no han trasladado ninguna respuesta.

Lamenta Maestre que “Almeida permite a los especuladores y fondos buitre jugar a su antojo con la vivienda de los madrileños y madrileñas”. Así, dice, “ahora estamos en el de Blackstone a Brookfield y tiro porque me toca, mientras las familias caen siempre en la misma casilla: subida de alquileres y expulsión de sus barrios”.

“Aquella operación fue una vergüenza por la que hoy los madrileños seguimos pagando la factura de ese expolio, el de 1.860 viviendas públicas de la EMVS [Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid]. Fue la primera gran alfombra roja a los fondos buitre en Madrid. Fue el PP quien creó este problema y el PP tiene la obligación moral y legal de solucionarlo”, sentencia la concejala.

El PP desdeña una posible recompra municipal: “Estupidez propia del comunismo más rancio”

Pero la propuesta de Más Madrid, que el Ayuntamiento compre esas viviendas y las devuelva al patrimonio público de la EMVS porque es “de donde nunca debieron salir” (garantizando además “alquileres indefinidos y asequibles”), se ha encontrado ya con el rechazo del Gobierno de Almeida.

El portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Carlos Izquierdo, ha calificado la proposición de Maestre de “auténtica estupidez propia del comunismo más rancio”. Para el también concejal presidente del distrito de Carabanchel (el más afectado por la venta de los pisos públicos), las declaraciones de la edil son “discrecionales y arbitrarias”, ya que “operaciones similares se han hecho por parte de la Seguridad Social y Más Madrid no ha dicho nada”.

Anima a la líder de la oposición en Cibeles a “decir cómo quiere que se saque ese dinero para comprar casi 2.000 viviendas”. “¿Del bolsillo de todos los madrileños?”, se pregunta Izquierdo. Desde su punto de vista, la solución es “aumentar la oferta de vivienda pública y dar estabilidad al mercado”.

Una operación plagada de irregularidades sin consecuencias penales

Bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, Botella provocó que 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra (el 20% del patrimonio total que EMVS poseía por entonces) terminaran en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Homes. Filiales todas ellas del fondo buitre Blackstone, que desembolsó menos de 128 millones de euros. Apenas 70.000 euros por casa.

Con ello, la protección desapareció y miles de personas vieron cómo de la noche a la mañana los alquileres que abonaban se multiplicaban. Lo que la exalcaldesa vendió como un simple “cambio de casero”, se convirtió en realidad en una vulneración de las condiciones iniciales de los contratos. Para Mejías, además de los perjudicados directos, “hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”.

Por ello la noticia de un posible nuevo cambio en la propiedad ha avivado la controversia sobre un proceso que, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016, “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ejecutivo de Botella facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

El órgano de control concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, se habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto. Pese a todo ello, el Gobierno de Almeida sigue sin condenar explícitamente la actuación del equipo de Botella, e incluso llegó a torpedear la acusación particular del Ayuntamiento en el juicio (impulsada en la etapa de Manuela Carmena).

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. 

En abril de 2025, el Tribunal Supremo revocó asimismo una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y asestó un nuevo revés a los inquilinos, al rechazar que los arrendatarios de viviendas de protección oficial tengan derecho a adquirirlas por la misma cantidad que Blackstone pagó al Consistorio. Unos 70.000 euros por casa que ejemplifican el pelotazo del fondo buitre, más cerca de potenciarse todavía más con esta posible reventa.

Desde que un día llamaron a su puerta con una oferta de 10.000 euros a tocateja, la vida de Ángel ha dado un vuelco. Pero ahora el miedo a perder su casa se ha convertido en rabia. Más de un año después, comienza a verterla contra aquellos huéspedes. “El fondo de inversión Palau & Manfredi ha comprado el edificio y nos quiere echar a la calle”, denunciaba este domingo, arropado entre sus vecinos. En enero de 2025, un agente contratado por esta sociedad inmobiliaria se presentó en su domicilio, en el número 37 de la calle Gaztambide, donde alquila un piso con su pareja. La noticia les dejó a cuadros: la propietaria había fallecido y ahora los herederos querían vaciarlo. La idea era hacer reformas, exprimir el recurso y venderlo al mejor postor; así que, de día para otro, el bloque pasó a ser una gallina de los huevos de oro en uno de los barrios más cotizados de Madrid.

Desde entonces, los vecinos se han organizado para poner en marcha una campaña de denuncias en redes y, recientemente, una jornada de protesta. Fue este mismo domingo, 15 de marzo, cuando se movilizaron conjuntamente con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para reclamar una reunión al fondo que gestiona actualmente la propiedad. En un comunicado, el órgano sindical pidió negociar nuevos contratos de alquiler “estables y asumibles” para los inquilinos. Para algunos, como es el caso de Ángel e Irene, su contrato no concluye hasta 2028, así que les ofrecieron los 10.000 euros por marcharse.

Si no accedían, la otra opción era cobrar unos 200 euros cada vez que la sociedad family office organizara una visita al piso --en el que aún son inquilinos-- en busca de potenciales compradores. Desde el Sindicato de Inquilinas sostienen que la empresa tiene en mente “reconvertir el bloque en pisos de lujo”, aunque de momento no se ha confirmado oficialmente nada parecido. A principios del año pasado, Ángel se topó con dos personas en el rellano que, según él, parecían inspeccionar el edificio. Ese día marcó un punto de inflexión.

Eran un hombre y una mujer. Ella se presentó como su abogada y les informó de que iban a efectuar obras en las instalaciones, instándoles a “tener en cuenta las molestias” que eso puede suponer en su día a día. Para estos inquilinos, aquella fue una táctica de acoso inmobiliario. Desde entonces, la presión sobre los vecinos se acentuó: burofaxes que anuncian la no renovación de contratos, visitas constantes de potenciales compradores, llamadas insistentes, ofertas económicas para marcharse antes de tiempo. Y, según su denuncia, algo más: cortes de suministros y obras que complican la vida diaria.

Su denuncia la recogieron desde la oposición política de Más Madrid. La portavoz municipal del distrito, Sara Ladra, también habla de “mobbing inmobiliario” para referirse a este tipo de práticas. En declaraciones a este periódico, la concejala de Chamberí, recuerda otros casos parecidos –algunos muy recientes“ como los que ocupan a vecinos de Tribulete, San Ifelfonso o General Lacy. ”Si nos quieren echar de nuestras casas, van a tener un problema“, resumieron los vecinos durante la protesta, a modo de reafirmación colectiva después de meses de incertidumbre piso a piso.

Uno de los rostros involuntarios de la reivindicación fue Carmen, que trabaja en uno de los locales que habrán de desalojar. Lleva ocho años y medio en una conocida pastelería de la calle, que terminaba su contrato este mismo año y será uno de los primeros espacios en desaparecer con la compra. Ella ha cumplido 41 y vive con su madre no muy lejos de allí, aunque ha de coger el metro para llegar a su puesto. Con el tiempo, se ha convertido en una cara conocida para algunos vecinos.

Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que da calidad a un barrio. Y temo que este acabe perdiendo su esencia

Carmen — Trabaja en uno de los locales comerciales que concluyen su contrato

“Carmen ha sido nuestra mejor red social”, proclamaba desde el balcón en uno de los pisos, megáfono en mano, una de las manifestantes este domingo. A pie de calle estaba Carmen, uniformada de blanco y sonrojada por los aplausos. “Ahora se queda en paro, así que queremos agradecerte todo lo que nos has ayudado. Si alguien puede pasar su currículum, agradeceremos que no se nos vaya de aquí”, concluía la vecina en su discurso dando paso a una cadena de aplausos y vítores. En diciembre, su jefe recibió otro burofax de la empresa advirtiendo de que deberían abandonar el edificio a finales de abril.

“Me siento agradecida de haber podido ayudarles o alegrarles si es que ha sido así. Pero al final, aunque solo sea un trabajo, duele por la gente a la que dejas atrás y también por la incertidumbre que llega”, revela Carmen días después, al otro lado del teléfono. “Esta es una zona muy buena y quieren aprovechar la situación, pero siento que estas situaciones son las que terminan por cargarse el pequeño comercio en los barrios”, sentencia la trabajadora, augurando que el ejemplo de Gaztambide puede repetirse en otros puntos de la ciudad: “Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que le da calidad a un vecindario. Y temo que este acabe perdiendo su esencia”.

El de este bloque no es un caso aislado. Las organizaciones de inquilinos llevan tiempo alertando de una dinámica que se ha extendido por distintos barrios de Madrid: fondos de inversión que compran edificios enteros con contratos en vigor, comunican su intención de no renovarlos y despliegan distintas fórmulas de presión para acortar los plazos. En el caso de Palau & Manfredi, las vecinas aseguran que el mismo esquema se ha reproducido en otros inmuebles fuera de Madrid, como en Barcelona, donde el fondo posee otro edificio en el Eixample.

Por vivir en su piso, Ángel e Irene pagna 1.100 euros al mes sin contar gastos como luz, wi-fi, gas o agua. Son unos 80 metros cuadrados con tres habitaciones, dos de ellas más pequeñas y la tercera sin ventana. Creen que la maniobra incrementará el precio de la vivienda para equipararla al estatus del barrio. Así que la protesta del domingo se presentó como una llamada a la negociación, donde los vecinos solicitaron a la propiedad que respetara los contratos y no trate de expulsar a sus inquilinos de forma inminente. En el interior del portal, entre buzones y carteles improvisados, alguien ha escrito un mensaje que resume el momento: “Aquí vive gente”.

Jueves por la tarde. Una cafetería elegante y tranquila, en pleno centro de Madrid. Apenas se oye el runrún de un puñado de clientes, los ruedines de las maletas que entran o salen y una plácida música de ascensor. Todo transcurre con normalidad en el Hotel Marriott Princesa, uno de los alojamientos de cinco estrellas que la lujosa cadena gestiona en la ciudad. Al menos, hasta que el reloj marca las 19.30 horas. Una marabunta silenciosa accedió en cuestión de segundos a la zona del restaurante, despertando la curiosidad entre las mesas o miradas inquietas del personal. Decenas de personas comenzaron a apilarse hasta formar un semicírculo en el centro. Algunos sacan megáfonos y otros, unos chalecos reflectantes de color naranja. En el torso puede leerse un nombre: Sindicato de Inquilinas.

“¡Somos las vecinas de Madrid contra Brookfield!”, gritó una de ellas, coreada al instante por quienes estaban a su alrededor. El órgano sindical, promotor de la iniciativa, motivó una protesta en las instalaciones de este céntrico hotel para denunciar sus vínculos con Brookfield Asset Management, una multinacional canadiense dedicada a la compra-venta de activos que adquirió este hotel en la zona de Princesa. Su irrupción en el mercado español ha causado incertidumbre entre quienes esa tarde tomaron el hotel, que denunciaron a viva voz cómo ese movimiento ponía otra pieza sobre el pesado puzle de la vivienda.

Preguntados por esta cuestión, desde el Sindicato de Inquilinas confirman que todo es parte de una campaña para advertir de la entrada a paso firme de esta compañía en España. Un país donde el problema de la vivienda lleva meses liderando el ranking de las principales preocupaciones de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Después de negociar la compra de 5.300 inmuebles por 1.200 millones de euros a otro de los grandes fondos de inversión inmobiliaria, Blackstone, Brookfield ha adquirido todas estas propiedades que, afirman los promotores de la protesta, nacieron como promociones públicas o de protección oficial “impulsadas por administraciones municipales”.

Que Brookfield, propietario del hotel que ha protagonizado la tarde, se hiciera con un paquete de viviendas alejándolo del parque público en un momento de alta tensión inmobiliaria ha sido la mecha que prendió los planes del sindicato. Los manifestantes, durante su incursión en el Marriot junto a Plaza España, han hecho llegar una carta al director del establecimiento en la que le transmiten la “preocupación” vecinal por la subida de los precios o la intranquilidad ante una renovación de alquiler. Pero la acción no solo ha sorprendido en Madrid.

Desde la entidad por los derechos de los inquilinos se ha organizado un movimiento paralelo en Barcelona, donde otra comitiva de vecinos hizo lo propio con el Hotel Moxy de la ciudad condal, tal y como han confirmado los manifestantes en la capital. Fuentes del órgano sindical aseguran que la multinacional canadiense es dueña de otros hoteles en Madrid, además del Marriott de Princesa. Temen que la intención del fondo para las 5.300 viviendas que ha comprado a Blackstone termine siendo la venta uno a uno de los pisos, transfiriéndolos definitivamente al mercado.

“A todos los que estáis aquí, queremos informaros de por qué hemos venido”, comenzó uno de los portavoces de la protesta, compartiendo con la clientela del hotel cómo su propietario “empeora” la situación de muchos inquilinos. “Brookfield quiere vender nuestras casas, pero no nos iremos de allí. Nos quedamos”, afirmó, solemne, otro de los jóvenes allí presentes, entre aplausos y vítores de sus compañeros. La admiración no crecía tanto entre empleados. “A mí me están grabando”, ironiza una de las mujeres uniformadas con el traje que portan el resto de trabajadores, movilizados desde su irrupción para controlar el espacio.

Varios vehículos policiales, tanto de la Policía Nacional como Municipal, empezaron a amontonarse en la entrada pocos minutos después de comenzar la protesta. “Los ha llamado el manager”, susurraron entre los manifestantes. Más de una decena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía termiraron por entrar a la recepción del hotel y acudieron a hablar con los portavoces del acto. Intercambiaron unas palabras y luego estos últimos accedieron a continuar la protesta en la puerta del edificio, cuando el reloj ya marcaba las 19.45 horas.

“Queremos que todo el mundo sepa que la compra por parte de Brookfield no es tan bonita como creen”, resume desde el exterior uno de los portavoces de la cita, César Sanjuan. Explica que la decisión de iniciar sus presiones desde este hotel tiene que ver con la ubicación de la sede de este fondo en España, en un noveno piso de la calle Serrano. “Lo que queremos es que gente como nosotros sepa quiénes son, y eso solo puede conseguirse desde aquí”, determina Sanjuan.

En los últimos meses ha trascendido la intención de Blackstone, el fondo buitre que propició la gran entrada de Brookfield al mercado español, y otras sociedades inmobiliarias preparan la venta de miles de viviendas en alquiler dentro del país. Fueron comprándolas durante años y ahora, en pleno auge de precios, tratarán de ofrecerlas al mejor postor. Muchos de los inmuebles que fluctúan en esa operación inmobiliaria, contabilizados en unos 25.000, fueron adquiridos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en un periodo de trasvase de las familias a los bancos y, de estos, a estas entidades, conocidas como fondos buitre.

Recientemente, desde el Sindicato de Inquilinas se ha impulsado una campaña junto a los vecinos de los bloques pertenecientes a Nestar (incluido en el grupo Azora) o Fidere, de Blackstone, cuya compra precisamente negocian los del fondo Brookfield. La iniciativa tiene el objetivo de “impedir la venta masiva de más de 17.000 viviendas, muchas de ellas antiguamente públicas, que los fondos buitre quieren volver a poner en el mercado para seguir especulando con nuestras vida”, tal y como expresa el propio órgano sindical. Creen que esta problemática se replica ahora con la adquisición de 5.300 viviendas por parte de la compañía canadiense. “Que no se piensen que van a comprar un caramelo. Lo que van a hallar es un problema”, ha zanjado en sus instalaciones uno de los portavoces de la protesta.

Cuando un proyecto une la calidad a unos valores que representan a quienes los hacen se produce una alineación de planetas. Se nota que eso ocurre en Ravalear. La serie de Pol Rodríguez basada en la historia real del restaurante de sus padres en el Raval, que fue adquirido por un fondo buitre, se ha convertido en una ficción que mira de forma clínica el problema de la vivienda. Lo hace con ritmo, fuerza, sin maniqueísmos y contando lo que no se suele contar.

Y se nota que todo el mundo cree en el proyecto y está contento con lo que han hecho. Los primeros, sus intérpretes. En la Berlinale estuvieron todos como una familia (lo son en la ficción), disfrutando de ser la primera serie española en estar en el certamen. Se notaba también en las entrevistas. Enric Auquer y María Rodríguez Soto son dos de los protagonistas —y dos de los mejores actores de su generación—, y ellos mismos encarnan el compromiso que se desprende de la serie con esta problemática. Auquer está afiliado al Sindicat de Llogateres y, cuando recogió el año pasado el premio Gaudí, pidió solidaridad para pasar un desahucio.

¿Sabían cuando leyeron el guion que estaba basado en la historia del director Pol Rodríguez?, ¿cómo cambió eso su percepción?

María Rodríguez Soto: A mí me pasó una cosa muy curiosa, que es que yo había comido en Can Lluís y me lo había pasado superbién allí, pero no sabía que había pasado esto después de la pandemia. Y cuando me llegó la serie y lo leí, dije, “guau, qué fuerte y qué bien que lo ha explicado”. Pensé que qué suerte formar parte de esto, la verdad.

Enric Auquer: Sí, yo lo fui entendiendo cada vez más. Tú vas oyendo en las noticias no sé cuántos desahucios y ya parece que es como si ayer llovió. Pero de repente te pones pragmático y dices, pobre gente, que ha perdido un restaurante. Pero vas entrando y entrando, y vas viendo, y es lo que fui entendiendo. Ha sido un viaje muy bonito porque Pol lo explica muy bien, es muy sensible, se va abriendo poco a poco, y vas viendo el dolor que ha generado todo eso.

La serie muestra las interioridades y todas las aristas que acompañan a un desahucio y en un proceso como este. ¿Este trabajo les ha hecho ser más o menos optimista con lo que está pasando con la vivienda?

M.R.S.: Creo que nuestra cara lo dice todo. Hay algo que nos está comiendo y que es muy incontrolable, que no tiene nada que ver seguramente con la clase de la que nosotros formamos parte, que es una cosa llamada capitalismo y que está por encima de nosotros y que no tiene nada que ver ni con Barcelona, ni con Madrid, ni con Berlín, que está en el mundo entero. Y luego también hay algo muy bonito, de comunidad, y hay una esperanza en eso. Y aunque el monstruo sea tan grande, que siga habiendo esperanza es muy importante, y no nos podemos desconectar de ahí.

E.A.: Yo veo que hay organizaciones. Yo estoy afiliado al Sindicat de Llogateres (el Sindicato de Inquilinas) y veo lo que se va haciendo y creo que hay esperanza si la gente hace cosas. Pero la cosa es tan perversa que hay esa sensación, estas lógicas aplastantes del relato que nos damos, que parece que si una persona ofrece más dinero por algo, tiene más derecho porque así funciona el sistema y el mercado. Y esto es un drama. Es que parece que aunque tú hayas contribuido desde hace casi 100 años a la comunidad con un establecimiento que tiene un valor sentimental, personal y colectivo, eso no tiene ningún valor porque solo tiene valor el dinero, y eso es perverso. 

Creo que tendríamos que ir cogiendo conciencia, porque está ese discurso de que el mercado se regula a sí mismo y eso es el dogma del capitalismo. Pero pensemos, ¿qué comunidades queremos generar?, ¿qué ciudades de futuro? Tanto tú, persona millonaria que tienes 15 pisos, como yo. Creo que el capitalismo, desde que yo estoy vivo, ha ido avanzando tanto que o cogen conciencia los que tienen poder o no sé.

Es que es heavy cómo han conseguido que nos dé más miedo que nos puedan okupar la casa que los fondos buitre

María Rodríguez Soto — Actriz

M.R.S.: Es que es heavy cómo han conseguido que nos dé más miedo que nos puedan okupar la casa que los fondos buitres. Hay una disociación muy heavy entre la realidad que está pasando y quien está haciendo de la vivienda un bien de mercado. Hay algo que han conseguido hacer muy bien, y es que han cambiado el foco del miedo.

E.A.: Es que no hay un interés colectivo. Es que cómo pueden ser tan perversos que generáis algo no sostenible, que ya no se puede sostener ni para ti ni para mí ni para nadie. Estiráis tanto el chicle, hijos de puta. Lo estiráis tanto, que lo reventáis todo. Hay que ir con cuidado, y si no tendría que haber un estado responsable, un gobierno que sea responsable y que regule la vivienda. Es que cabrea mucho. Yo veo una de sufrimiento a mi alrededor y un mal vivir que es como…

M.R.S.: Y la impunidad de seguir haciendo eso y que les dé igual.

Sus personajes hacen un acto de rebelión porque no les están protegiendo, pero también están en una situación de privilegio frente a otras muchas personas que no pueden ni siquiera plantearse esa rebelión.

M.R.S.: De eso va la serie en el fondo, de ver todos los sustratos de la sociedad y cómo ellos se aprovechan de nosotros, pero nosotros nos podemos aprovechar de gente que está por debajo de nosotros. Es que es como funciona el mundo, o como nos han hecho creer que funciona el mundo. Y aquí está el debate y hay que ponerlo sobre la mesa y ser consciente siempre del privilegio que tienes. Es difícil, pero creo que es un deber.

E.A.: La familia de Pol tuvo esa situación y perdieron. Hay un momento en que aceptas y dices: pues ya está. Y ahí hay un desastre familiar, un duelo, una tristeza. Esta serie plantea qué pasaría si no te rindes, si llevas esto hasta sus últimas consecuencias. Ahí está la chispa de la serie. Y luego preguntarnos hasta dónde somos capaces, qué legitimamos en esa lucha contra una persona que tiene más poder que tú. Y cómo, como espectador, también no eres muchas veces consciente del privilegio que tienes. Nos pasa mucho en Occidente, que te puedes sentir oprimido por unas élites, pero luego hay personas con menos privilegios y tú estás ejerciendo el tuyo. Es lo que plantea la serie.

Creo que han participado muchas asociaciones del Raval, mucho tejido social, ¿cómo ha sido introducirles, se han sentido parte de una serie que estaba también apostando por formas distintas de trabajar?

M.R.S.: Pues ha sido superenriquecedor. Creo que también es uno de los grandes aciertos de esta serie, que todo el mundo forme parte de ella. A veces pasa que cuando juntas actores profesionales y actores no profesionales hay un decalaje, pero aquí ha habido una escucha muy recíproca, muy sencilla y que nos hemos puesto todos en un tono. Y eso tiene mucho que ver también en cómo ruedan. Es que las cámaras a veces ni las veíamos.

E.A.: Al final es una serie con una voluntad política muy grande y creo que está bien incorporar voces distintas, disidentes o que incluso no están del todo de acuerdo con la serie. Intentar escuchar a todos. Hay también una voluntad política en, si estamos hablando de esto, pues pasar el guion a sindicatos distintos, hablar con organizaciones del barrio… y creo que esto era importante. Seguramente no ha sido perfecto y seguramente habrá gente que se sentirá marginada o que no se sentirá representada.

¿Con qué les gustaría que se quedara la gente de Ravalear?, ¿puede generar algo en la sociedad?

M.R.S.: Ojalá genere un cambio. Es complicado, pero yo creo que poner este tema encima de la mesa y que trascienda más allá de ver la serie con tus amigos o con tu pareja o con quien sea, y que quizá una conciencia se abra. Yo con eso ya me quedo un poco contenta, la verdad.

E.A.: Yo creo que las series no cambian nada. Que la gente se lo pase muy bien y que tenga un referente de algo, que sepa que existen cosas y que cuando sienta la injusticia en su propia carne, diga, voy a volver a ver esa serie, me voy a reunir con alguna asociación que tenga recursos como para poder acompañarme. A veces en la militancia la gente no sabe muy bien dónde acudir o están muy individualizados o el colectivo ha dejado de estar en su vida o se siente solo. 

Entonces, sobre todo, que se lo pasen bien y que cojan un cabreo. Hay algo muy triste en esta serie, y es que acabas y dices joder, todo este lío por esta mierda, por cuatro duros. Hay algo de un poco de asco. No quiero ser nihilista, creo que es una serie que tiene su luz también, y eso me gusta, porque no es un relato derrotista ni nihilista.

Entrevista completa

Pilar Alonso ha pasado en los últimos meses varias noches en vela. Ha sido “la angustia” por perder su casa, a la que entró a vivir en régimen de alquiler en el año 2006, la que no la ha dejado dormir, reconoce. El próximo 6 de marzo, cuando se cumplen 20 años de la construcción del edificio de protección oficial, su vivienda perderá esa calificación que fija un precio máximo para el alquiler y pasará al mercado libre. Su 'casero' es el fondo buitre sueco Catella Group que, sin embargo, merced a la limitación de precios en aplicación de la Ley de Vivienda, no podrá subirle la mensualidad. Así se lo comunicó este jueves la propia consejera de Vivienda, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin), quien además le avanzó que están negociando con el fondo para que pueda mantener la ayuda pública que recibe todos los meses para pagar el alquiler.

Pilar Alonso es una de las 168 inquilinas de los bloques del barrio de Sarriguren en el Valle de Egüés -municipio situado en la comarca de Pamplona, al este de la capital- que han perdido ya, o perderán el próximo mes, la protección. A ellas se sumarán otras 200 en la comunidad foral a lo largo del 2026. Son viviendas que se construyeron en 2006, cuando la Ley de Vivienda recogía una protección de 20 años para las VPO de alquiler. En junio de 2025 el Ejecutivo foral aprobó una modificación de la norma para que esa calificación en las viviendas de nueva construcción se prolongue hasta los 75 años.

El Departamento de Vivienda ha acordado ya con el fondo Catella Group prorrogar, al menos durante un año, la calificación protegida para mantener las ayudas al alquiler que reciben 28 de los 60 inquilinos que viven en un bloque que en agosto pasó al mercado libre. Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que el fondo, que podía haber solicitado que la ampliación fuese por cinco o diez años, lo ha pedido por un año, aunque confían en que se siga prorrogando. Las viviendas de los 32 inquilinos restantes que no reciben subvención al alquiler del Gobierno foral por no cumplir con los requisitos de vulnerabilidad sí que han pasado al mercado libre, pero al ser Valle de Egüés una de las 21 localidades que el Ejecutivo navarro declaró como zonas de mercado residencial tensionado, el precio del alquiler está topado por ley.

El límite de precios no es fijo y depende de varios factores como el tamaño de la vivienda, la zona en la que está o la altura. Para calcularlo el Ministerio de Vivienda ha habilitado una herramienta que ofrece un índice de referencia de precios. Para una vivienda en una primera o segunda planta en uno de los edificios de Sarriguren propiedad del fondo Catella Group, el Ministerio calcula un precio máximo de entre 480 y 560 euros.

Las mismas condiciones pactadas para esos 60 inmuebles son las que el Departamento de Vivienda está negociando ahora con el fondo sueco para las 108 viviendas de Sarriguren que perderán la protección el 6 de marzo, según adelantó la consejera Alfaro este jueves en el Parlamento navarro en respuesta a una pregunta de EH Bildu, coalición que está asesorando a los vecinos afectados por la pérdida de la protección en el Valle de Egüés, municipio gobernado por UPN. “Vamos bien encaminadas”, apostilló.

“Estuvimos con la conejera y salimos más tranquilas”, apunta Pilar Alonso. “Es una relativa tranquilidad”, añaden Elisa Crespo y Encarna Hualde, vecinas de otro bloque propiedad del mismo fondo sueco y que pierde la calificación en 2028, que añaden que de no ser la zona de mercado tensionado estarían “desprotegidas”. Ellas mismas vieron como hace años, cuando aún no se había aplicado el tope a los alquileres, varios vecinos del entorno corrieron otra suerte y tuvieron que abandonar sus casas ante la imposibilidad de pagar el doble, e incluso el triple, de renta. Otros también se vieron obligados a irse al ser informados por el fondo propietario del inmueble de que iba a vender sus viviendas.

Ahora esperan que de cara al 2028 el Gobierno navarro pueda acordar una prórroga y por más tiempo. En el caso de estas 108 viviendas, son 81 los inquilinos que reciben subvención por parte del Ejecutivo foral. “Llevo ya casi 20 años en esta casa y estoy jubilada, ya no estoy en una situación en la que pueda ponerme a buscar otro sitio donde vivir”, explica Elisa Crespo.

“Hablando en plata y con claridad, la declaración de zona de mercado tensionado ha evitado que estas viviendas pasen al mercado libre, a un precio libre que es de suponer que ninguno de los inquilinos inquilinas de estas viviendas de estas viviendas iban a poder asumir”, destaca la consejera Begoña Alfaro, que critica que haya partidos que “discutan” que la calificación de vivienda protegida no deba de ser indefinida o que digan que regulación del mercado “no tiene ningún efecto”. “Estas vecinas se ven protegidas por las consecuencias de esta declaración que ustedes votaron en contra”, reprochó el jueves a UPN y PP en la Cámara foral.

¿Existe la posibilidad de una solución definitiva? Sí, pero esta pasaría porque el Gobierno de Navarra comprase al fondo Catella Group las viviendas, algo que desde el Ejecutivo ven imposible por falta de presupuesto. En los últimos años, Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda en la comunidad foral, ha ido adquiriendo varios inmuebles para destinarlos al alquiler social ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, pero para comprar 168 de golpe se requiere de un presupuesto muy elevado del que no se dispone. “Son situaciones envenenadas que nos dejaron las políticas de la derecha de hace 20 y 30 años”, lamenta la consejera Begoña Alfaro.

Fue en 2018 cuando el fondo sueco Catella Group adquirió estas viviendas a Adania, el principal tenedor de vivienda en la comunidad foral. Desde entonces la “preocupación” de los inquilinos ha ido en aumento, conocedores de la clase de fondo que había comprado sus casas. A ello se le sumaron problemas de interlocución con el nuevo propietario, cuya única sede en España está en Madrid. “Es todo online”, lamenta Pilar, que denuncia que en varias ocasiones le han girado dos mensualidades “de golpe”.

También han tenido estos problemas en otros bloques del barrio propiedad del mismo grupo. Elisa Crespo cuenta que en invierno estuvieron diez días sin agua caliente y calefacción por un fallo en la caldera. Por todo ello, han decidido impulsar una plataforma vecinal para hacer más fuerza en sus reivindicaciones y seguir luchando por sus casas.