Kalita Fernández no sabía si la noche de este lunes sería la última que pasaría en el piso de Badalona donde han nacido y crecido seis de sus siete hijos, menores de edad. Su desahucio estaba previsto para este martes, pero la comitiva judicial lo ha aplazado a última hora hasta el 25 de junio. “Si me echan, volveré a ocupar porque no tengo alternativa”, avanza esta mujer.

El de Kalita Fernández podría haber sido uno de los miles de desahucios invisibles. Unos pocos vecinos del colectivo Badalona Acull se han congregado en el piso para intentar frenarlo, pero finalmente no ha sido necesaria la protesta. La comitiva judicial ha concedido una suspensión por la situación médica de la hija menor de la mujer, de un año, que necesita estar conectada a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre.

Durante estas dos semanas, el abogado de oficio de Fernández, Antoni Mansilla, confía en poder recabar toda la documentación que le ha requerido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para estudiar si suspende su desahucio.

El caso de Kalita Fernández ilustra cómo la maquinaria judicial es, en ocasiones, impasible con los más débiles. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advierte del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.

El inmueble pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito.

Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras su divorciarse de su marido hace un año. Desde entonces, explica que tuvo que reiniciar el procedimiento administrativo. “No se puede vivir así. Debería haber más pisos para casos así de graves”, denuncia la mujer.

Divarian no manifestó “interés alguno” en el inmueble entre 2014 y 2023, cuando denunció a Fernández por la ocupación, según sentenció la jueza que absolvió a la mujer en la causa penal abierta por la propiedad. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de Fernández y sus hijos.

Fernández ocupó la vivienda, donde está empadronada, en 2014 ante la falta de alternativas. “Tuve que entrar a vivir aquí porque no tenía dónde ir”, explica. Durante los once años que ha permanecido en el inmueble, asegura haber realizado numerosas mejoras: instalación de ventanas, reparación de estancias y adecuación de la cocina en un piso que inicialmente no contaba con agua corriente, electricidad ni cerramientos.

A finales de 2024, durante el embarazo de la hija menor, el juzgado civil ordenó un primer desalojo de la familia. Según relata Fernández, en aquella ocasión sí que fueron desalojados y la policía bloqueó la puerta de la vivienda con una superficie de hierro. “Nos dejaron en la calle, sin alternativa, sin mesa de emergencia y sin ningún recurso. No tuvimos otra opción que volver a ocuparlo”, reconoce.

“Me gustaría poder negociar un alquiler con la propiedad porque mis hijos han nacido aquí”, afirma. Los servicios sociales municipales reconocen el arraigo de la familia en el barrio y el informe advierte de que “la pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”.

El informe de los servicios sociales al que ha hecho caso omiso la jueza no se anda con rodeos. Fernández y sus hijos “se encuentran en un estado de vulnerabilidad social y residencial graves”: no disponen de ingresos económicos ni de un techo alternativo y un desahucio “coloca a la familia en un contexto de emergencia habitacional, con especial afectación sobre los menores”.

“Ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia”

Los servicios sociales de Badalona admiten que, pese a seguir de cerca el caso de esta familia desde hace años, en la saturada Mesa de Emergencia habitacional de la ciudad “no se ha podido identificar ninguna alternativa habitacional que garantice la cobertura de vivienda”.

“La pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”, alerta el informe municipal.

En una resolución del pasado 29 de mayo, la jueza Berta Fernández denegó la suspensión del desahucio. La togada admitió que contaba con un informe de servicios sociales que reconocía la “vulnerabilidad” de la madre y sus siete hijos, pero añadió que el dictamen no formulaba “propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social” por parte del consistorio, un “requisito imprescindible”, a criterio de la magistrada, para poder acordar la paralización del lanzamiento.

Al margen del procedimiento civil, Fernández también tuvo que enfrentarse a una causa penal. El fondo buitre Divarian la denunció por usurpación de la vivienda y pretendía que pagara una multa de 600 euros. 

En primera instancia, la mujer resultó absuelta. La jueza la exoneró al aplicarle la eximente de “estado de necesidad” y reconocer su “situación de vulnerabilidad social grave”, algo muy poco frecuente en los tribunales, resaltan fuentes jurídicas.

“Mantenerse en el inmueble es la única alternativa que ha encontrado para salvaguardar la integridad física y psíquica propia y de sus siete hijos”, concluyó la magistrada que vio el caso primero.

Divarian recurrió y la Audiencia de Barcelona dio en parte la razón al fondo: si bien rechazó que Fernández pagara la multa pretendida por el denunciante, la instancia superior sí acordó la restitución del piso. En otras palabras, priorizó el derecho a la propiedad a la situación de vulnerabilidad social, pues el magistrado consideró que garantizar un techo a Fernández y su familia correspondía a la administración municipal. 

Un mismo caso, dos opiniones contrarias de los jueces. Resultado: desahucio suspendido, pero a la espera de otro lanzamiento en 23 días.

Maricarmen se queda. Al menos, 21 días más. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha comunicado que el gran lema contra el desahucio de la mujer de 87 años, residente en el distrito de Retiro, se ha materializado aunque de momento sea tan solo por tres semanas. El fondo inmobiliario Urbagestión mantiene así sus pretensiones de expulsar a la vecina de un piso en el que ha vivido 70 años.

“Han aplazado para desmovilizarnos”, sostiene una de las portavoces de la organización inquilina en un vídeo compartido en redes. Alicia del Río explica en el clip que el desalojo queda ahora fijado para el miércoles 24 de junio. “No han solucionado nada, no han garantizado ninguna vivienda, solo nos dan 20 días de tortura”, expone.

Por ello, mantienen la convocatoria de un acto de protesta multitudinaria este mismo martes, desde las 18.30 en la biblioteca Eugenio Trías del parque del Retiro. A la movilización acudirán personalidades como Juan Diego Botto, Olga Rodríguez, Ismael Serrano o Alberto San Juan. Un evento que iba a preceder a una acampada para frener el lanzamiento de Maricarmen, originalmente previsto para el miércoles 3 de junio a primera hora de la mañana.

La situación de la inquilina se debe en gran parte al machismo imperante en la legislación franquista. “Las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, contaba a elDiario.es sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en 1956. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida, por lo que la muerte de la madre en 2005 terminó con su blindaje. Como segunda subrogada, ya no estaba protegida.

Pese a ello, los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que solo le dio la opción de quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes. Esto es, más del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros. Una cifra inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros.

Después de negarse, recibió la orden judicial de desahucio a finales de 2020: “Yo no sé quiénes son estos señores, nunca he hablado con ellos”. El juzgado número 90 de Madrid dio la razón al considerar que cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron, “tácitamente” y que los compradores mantienen esta aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo se posicionaron con las pretensiones los propietarios y en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

La respuesta ciudadana, última defensa ante la especulación y las resoluciones judiciales

Los dos primeros intentos de desahucio, el último el pasado mes de octubre (que también fue detenido en medio de una gran respuesta ciudadana y culminó con una rueda de prensa en la vía pública), fueron cancelados por la Justicia ante la presión social. Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas muestran su predisposición a frenarlo plantándose dentro del piso y en la mismísima puerta. “Espero que haya mucha gente”, dice Maricarmen, consciente de que su caso provoca una mayoritaria indignación.

Maricarmen ha escrito cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sin recibir contestación alguna. “El Ayuntamiento no va a comprar mi piso y la señora Ayuso tampoco. Quien tiene que comprar mi piso, o poner alquileres indefinidos, es el Gobierno de España. Invierten un dinero que van a recuperar después, pueden ponerlo en alquiler social cuando yo me muera. Y por lo menos no permiten a echar a la gente a la calle”, expone.

En los últimos meses, la mujer ha perdido gran parte de la movilidad y se ayuda de un caminador para moverse. “He tenido un problema bucal que creo que me ha afectado pero también el desgaste, la ansiedad, la angustia de estar luchando. He perdido tanta masa muscular que no puedo casi ni caminar. No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Y yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche” clama. 

Desde Urbagestión se amparan en la sentencia del Supremo, que dice que el contrato de arrendamiento quedó extinguido tras la muerte de la madre de Carmen, ya que ella no tiene el 65% de minusvalía que le concedería la posibilidad de una segunda subrogación. Aseguran igualmente que la última renta la pagó Maricarmen en 2024 y que fue de 203 euros, no de 500. 

La angustia pasea con distintas formas por los cuerpos de las 5.000 familias a las que Brookfield pretende echar de los pisos que ha comprado a Blackstone por 1.000 millones en Madrid para venderlos. Primero, sufrieron por dejar de vivir con alquileres sociales (de unos 500 euros la mayoría) cuando en 2013 el fondo los compró al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella (1.850), a la Comunidad y a otros municipios como Alcorcón, Getafe o Torrejón de Ardoz. Luego, por las subidas brutales de los alquileres en cada nuevo contrato, al ritmo que marcaba el mercado, casi siempre con precios cercanos a los 1.000 euros. Ahora, se enfrentan a la amenaza de expulsión porque el nuevo propietario con el que no consiguen hablar quiere venderlos uno a uno. Centenares de ellos están organizados por el Sindicato de Inquilinas y se niegan a abandonar sus casas. 

La situación que atraviesa a las familias condensa todas las aristas de la crisis de vivienda: pérdida de vivienda pública para conseguir liquidez en pleno estallido de la burbuja, subida asfixiante del alquiler, pérdida del derecho a compra, cláusulas abusivas con el cobro de extras como la comunidad o el IBI, falta de mantenimiento e interlocución, lucro de fondos sin rostro como Blackstone, que ha conseguido el triple de lo que pagó en solo 13 años con inversiones escasas. Lo próximo será un masivo desahucio invisible, como se conocen las expulsiones que se ejecutan sin orden judicial, mediante fuertes subidas de precio o finalizaciones de contrato sin opción a renovación por decisión unilateral del dueño.

El silencio de Brookfield

Los fondos no tienen rostro no porque no se conozca a sus responsables —Bruce Flatt es el CEO de Brookfield desde hace 25 años y Alfredo Zamarriego su responsable en España—, sino porque nadie da la cara ante los medios o explica nada a los inquilinos sobre el cambio, aunque varios de ellos se concentraron ante la sede de Fidere (la socimi de Blackstone en España que se ha vendido a Brookfield con los pisos) el pasado 28 de abril pidiendo explicaciones. “Para hablar sobre los contratos, nos remiten a un asistente virtual”, relatan varios vecinos, que lamentan que la relación cada vez es menos humana y menos eficiente desde hace ya unos años. 

Rafa, uno de los vecinos del PAU de Carabanchel (Programa de Actuación Urbanística) más implicados en la movilización, resume así la incertidumbre ante la falta de respuestas: “Yo prefiero que me digan que me tengo que ir a que me tengan así. Conseguimos hablar con el vicepresidente de Brookfield tras la junta y nos dijo que no nos podía decir nada, que esto lo llevan desde Londres”, explica el vecino, implicado en el Sindicato de Inquilinas de Madrid que ha liderado la lucha contra Blackstone y apunta ahora a Brookfield.

Desde Londres, Brookfield prometió a elDiario.es contestar a las preguntas planteadas a principios de la semana pasada. Cuestiones como si existía algún criterio ético que pudiera evitar esta operación o cómo y cuándo pretenden ir vaciando los pisos de inquilinos para poder venderlos, que es su objetivo, o qué pasará con los contratos que vencen estos días y que se han agarrado mediante burofax a la prórroga temporal aprobada por el Gobierno que después decayó en el Congreso. A final de semana, la respuesta es una no respuesta por parte del director de comunicación: “Declinamos hacer comentarios”. Fuentes del sector aseguran que respetarán los contratos vigentes y que después venderán una a una las viviendas, sin más . 

En Madrid, en cambio, no cuesta nada que una decena de vecinos den la cara y sus nombres para explicar los múltiples rostros de la angustia que les genera esta crisis, que se cuela en sus cuerpos como un gusano y hace tiempo que ha hecho saltar por los aires su concepto de hogar, muy lejos ya de ser ese lugar de seguridad y paz donde uno construye su plan de vida. 

En Cristina, Marta, Pili madre, Pili hija, Leyre, César, Rafa, Fanny, Olga, Estrella o Mari Carmen se acumulan algunas de estas miles de precariedades cocinadas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y ejecutadas por Blackstone y Brookfield. 

Subidas de alquiler y nuevas exigencias

A Cristina López, que vive sola y tiene 58 años, el contrato de alquiler le vence ya el mes que viene. Testa Homes, la gestora que gestiona los pisos que Blackstone acaba de vender a Brookfield y que será sustituida por Clikalia, le envió un correo en enero que le instaba a pagar 1.065 euros al mes si quería firmar un nuevo contrato, además de 107 euros al mes de comunidad que hace tiempo que la empresa no justifica. Son 200 más de los que paga ahora y casi el triple que cuando entró con el piso de alquiler social, en 2011, cuando abonaba 450 euros y que en 2019 pasaron a ser 600.

Pero la cosa no acaba en pagar un 250% más que cuando llegó. Pese a llevar en el piso 15 años, le piden ahora una nueva fianza adaptada al nuevo precio y un certificado de solvencia económica que demuestre que tan solo destinará el 37% de su sueldo al alquiler. Pero Cristina, que es técnico especialista en educación en un instituto, cobra 1.600 euros y no los 3.000 que le piden. 

“Eso son desahucios invisibles”, sentencia sin dudar Olga, otra vecina, aclarando que se ha repetido con otros residentes la petición de certificados de solvencia y nuevas exigencias económicas. Incapaz de cumplir los requisitos, Cristina se aferró a la solicitud de prórroga del alquiler enviando un burofax, pero no ha habido ni respuesta particular ni un posicionamiento de Brookfield sobre qué hará con las peticiones de prórroga. “Mi vida es una angustia, un caos, lo único bueno es que tengo contrato fijo, pero ¿adónde me iría con mi sueldo?”, se pregunta Cristina. 

Agarrarse a los pisos de Brookfield, antes de Blackstone, no es una cuestión sentimental. Incluso cuando están a precios equiparables al mercado, da miedo abandonarlos ante la imposibilidad de encontrar algo al mismo precio o de cumplir los requisitos necesarios para un nuevo alquiler. Son 5.000 familias que pueden quedar prácticamente expulsadas del mercado de la vivienda, posibles víctimas del hacinamiento en habitaciones (que también se da ya en algunos pisos de los bloques del Pau de Carabanchel). 

Cláusulas abusivas y derecho a compra

A sus 11 años, Leyre corrige a su abuela, Pili, cuando relata su historia particular. Se la sabe de sobras a su temprana edad. “Cuando sea mayor, seré abogada para que no te echen”, afirma con gracia. Vive con ella y con su madre, también Pili. Esta familia, con todo, se considera en parte privilegiada, ya que le renovaron contrato hasta 2032 a cambio de retirar la demanda contra Blackstone por negarles a ella y otras familias el derecho a compra de los pisos.

Es otra de las subtramas de este conflicto. En abril del año pasado, el Supremo falló en contra del derecho a compra que 40 inquilinos de los pisos de Blackstone habían reclamado recuperar tras la negativa del fondo, pero unos meses antes el mismo Supremo había reaccionado al revés, a favor del movimiento de inquilinos. El fondo usaba las renovaciones del alquiler para forzar a que otros inquilinos retiren las denuncias por este motivo: si no lo hacen, la renovación se complica. Otros inquilinos denunciaron también sin suerte al fondo por las cláusulas abusivas como el IBI, el seguro del piso o la comunidad. 

Mientras muchos se organizan para combatir al fondo y vislumbran un más que probable desahucio invisible cuando finalice contrato, la incertidumbre pesa entre quienes tienen un contrato a punto de expirar, aunque la prórroga extraordinaria les ha dado un respiro. Es el caso de Fanny, con cáncer de mama y 52 años, que recibió en marzo una carta de Testa Homes diciéndole que no renovará con las mismas condiciones (un alquiler que se disparaba a los 937 con las cláusulas). “Se me comía ya casi todo el sueldo”, dice esta enfermera en una residencia con un salario de 1.200 que está reducido desde que está de baja. 

Para saber cuáles eran las nuevas condiciones, Fanny tenía que pedir un borrador del nuevo contrato por el asistente virtual de Testa Homes, pero la web no funcionaba y por teléfono no le atendían. Así que, entretanto, se aferró al burofax de la prórroga extraordinaria en la que confía para quedarse al menos un par de años en el piso. “Aparte del cáncer, me estoy tratando por problemas de salud mental. Y a mi hijo le ha dado un bajón y no puede estudiar”, cuenta. 

Los vecinos coinciden en que la piscina que pusieron hace un año ha servido de excusa para encarecer los precios y cobrar más comunidad sin justificar el gasto. Pero como no hay propietarios, no existen las reuniones de vecinos y la empresa decide unilateralmente. Tampoco da cuentas de los gastos. El ascensor ha estado hasta un mes o más averiado y el teléfono de incidencias no es eficaz. “Y a mí, que vivo en un cuarto y tengo un problema en las piernas, me ha tocado estar un mes sin salir de casa”, cuenta un vecino. 

Es el mismo silencio impersonal que se encuentran ante el cambio de propietarios y el futuro cercano. Intuyen que se tienen que ir porque los medios informan que los pisos se venderán uno a uno. Ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno de España han acudido a las peticiones de rescate. Pidieron expresamente a Casa 47 que comprara los pisos, pero el primer presupuesto de compra para vivienda vacía de fondos de inversión era 10 veces menor que el coste de los bloques, de 100 millones. Además, Casa 47 prioriza la vivienda vacía para dedicar al alquiler social. Si nadie actúa, será el mayor desahucio invisible de la historia y un nuevo oscuro episodio de la trágica historia reciente de la vivienda en nuestro país. Blackstone, entretanto, se habrá embolsado más de 1.500 millones desde la compra, entre la venta a Brookfield y los alquileres cobrados estos 13 años, a costa del sufrimiento de los vecinos.

Izquierda Unida (IU) ha denunciado este jueves “una situación de acoso y presión constante” a los vecinos de los tres bloques de la promoción de 107 viviendas en alquiler asequible, en el barrio de Peñacastillo, en Santander, entregada por la Obra Social “La Caixa”, y recientemente vendida a Mosaic Propco SL, un fondo de inversión privado.

A finales de 2025, los vecinos recibieron notificaciones de la venta del conjunto a una sociedad. Después, varios inquilinos recibieron comunicaciones informales de no renovación de contrato tras su vencimiento -en la mayoría de los casos, en 2027- incluyendo compensaciones económicas para abandonar sus viviendas antes de tiempo. Tras reunirse con varios vecinos de los bloques, en la calles Hermanos Calderón, el portavoz municipal de IU en Santander, Keruin Martínez, ha explicado que los afectados le han descrito “una situación de acoso” por parte de los agentes inmobiliarios que se han hecho cargo de la gestión de las viviendas, por encargo de Mosaic Propco SL, “con llamadas, visitas recurrentes y una presión constante”.

Según denuncia el concejal, “los nuevos propietarios han recurrido a una empresa, Imass, especializada, dicen, en recuperar y regular activos inmobiliarios”, que ha señalado “la inmensa gravedad de tratar de amedrentar a inquilinos con estas prácticas”.

Martínez, que ha estado acompañado en esta visita por representantes de la asociación Derecho Subjetivo, ha recordado que estas promociones fueron también publicitadas institucionalmente por el Ayuntamiento de Santander y que ahora han acabado en manos de sociedades vinculadas a fondos de inversión.

“Estamos hablando de familias que entraron en estas viviendas hace apenas 13 años, otras más tarde, a las que se les presentó esta promoción como una oportunidad de alquiler asequible, y que ahora están siendo tratadas como un producto financiero y una oportunidad de inversión”, ha señalado el concejal.

Las condiciones de la promoción

Martínez ha recordado que estas viviendas fueron promovidas por la Obra Social La Caixa, pero también presentadas y publicitadas por el Ayuntamiento de Santander como parte de una política social de vivienda. De hecho, el edil ha recordado que, según la documentación consultada, el Ayuntamiento redactó el reglamento, organizó el proceso de selección de candidatos y adjudicó las viviendas a los vecinos. “Ahora estamos indagando para conocer en qué condiciones se desarrolló la promoción, qué compromisos asumió cada parte y qué beneficios pudo obtener la Fundación La Caixa en el marco de esta operación”, ha recalcado.

Por este motivo, la formación rechaza que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento (PP) “pretenda desentenderse ahora alegando” que no eran viviendas municipales. “El Ayuntamiento no puede estar para hacerse la foto cuando se entregan las llaves, para decir que ha tenido mano en decidir a quiénes se entregaban, y luego desaparecer cuando esas mismas viviendas terminan en manos de fondos”, ha subrayado el concejal.

Además ha reclamado que La Caixa explique “cómo una promoción vinculada a su obra social ha terminado dentro de una operación de rentabilidad privada, IU ha señalado también a Mosaic Propco SL y a los enlaces en Santander, encargados de la gestión de las viviendas, que deben aclarar sus planes y cesar cualquier práctica de presión sobre los inquilinos”.

Por ello, el concejal ha solicitado al Ayuntamiento el expediente completo relativo a estas promociones, incluyendo convenios, acuerdos, licencias, condiciones de adjudicación, comunicaciones con La Caixa, posibles compromisos de mantenimiento del alquiler asequible y cualquier documentación que permita conocer qué papel asumió el equipo de Gobierno del PP para avalar “un proyecto de obra social que, en poco más de una década, ha terminado convertido en una operación de rentabilidad inmobiliaria”, ha dicho antes de volver a recordar que Santander requiere un parque público de vivienda.

“¿Cómo no vamos a hablar de los problemas que tiene la gente si son unas fiestas populares?”. Son palabras de Gemma, una de las espectadoras que disfrutó el pasado miércoles del concierto del grupo Amor Líquido desde la Pradera de San Isidro. En él, la banda lanzó un contundente mensaje: “Madrid se está vendiendo a fondos buitre”. Además, recordó y respaldó la acción que un día antes había desplegado sobre el escenario el trío de electrónica VVV [Tripping' you]. “Se lio un poco”, resumió la vocalista de Amor Líquido, Sara Puertas.

En colaboración en el Sindicato de la Vivienda de Carabanchel y el Sindicato de Inquilinas de Madrid, durante la actuación de VVV [Tripping' you] exhibieron dos pancartas con contundentes mensajes: “Llenan la Pradera, desahucian Madrid” y “La vivienda nos cuesta la vida”. También un vídeo que alertaba de un desalojo a pocos metros del lugar que acoge los festejos, que finalmente se ejecutó, en una vivienda que era propiedad de la Comunidad de Madrid hasta que la cedió a un particular. Un clip que apuntaba directamente a los dirigentes madrileños y estatales: “Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida están vendiendo Madrid a los especuladores mientras el Gobierno central se dedica a hacer la misma mierda”.

Amor Líquido lanzó unas proclamas similares, con dardo al Ejecutivo de Pedro Sánchez incluido: “No es cuestión de que ciertos políticos saquen rédito de una lucha ante la que tampoco están haciendo nada. Tenemos el Gobierno más progresista de nuestra historia y están echando gente de sus casas”. Terminaron su intervención llamando a asistir a la asamblea de este jueves 14 mayo a las 19.00 en el número 23 del Camino Alto de San Isidro.

Según Gemma, el grupo se posicionó “con más miedo que vergüenza”, aunque no le quita ni un ápice de mérito y valentía. De hecho, la banda deja caer posibles represalias por su mensaje: “No nos podíamos ir de aquí sin aprovechar el altavoz que tenemos, con las consecuencias que nos puedan caer”. Apostilla Gemma que llegaron a pedir al público su apoyo en salas, ante la posibilidad de que no vuelvan a interpretar en este tipo de escaparates.

Desde el área de Cultura del Consistorio, liderada por Marta Rivera de la Cruz, niegan cualquier conato de censura en declaraciones a Somos Madrid: “Ni desde Cultura ni desde los distintos distritos implicados se establece ningún tipo de censura previa sobre las intervenciones artísticas o las expresiones que puedan producirse en los escenarios de San Isidro. La programación del Ayuntamiento de Madrid se concibe como un espacio abierto, plural y en libertad, donde los artistas pueden desarrollar sus propuestas con autonomía dentro de los límites técnicos que conllevan el diseño de los escenarios y del marco de convivencia y respeto que corresponde a cualquier evento cultural”.

El alcalde respondió ya el miércoles a la protesta de VVV [Tripping' you] para mostrar su desacuerdo, con una postura diametralmente opuesta a la de la frase que abre este artículo: “Una fiesta es una fiesta y una reivindicación política tiene que ser en el ámbito adecuado. Muchas personas no están de acuerdo y solo fueron a disfrutar de un concierto de San Isidro. Las opiniones políticas las tienen que dar en otros ámbitos”. El regidor expresó su “respeto las manifestaciones culturales” y afirmó que “en esta ciudad no hay censura”, en unas declaraciones previas a las aseveraciones de Amor Líquido sobre las tablas de La Pradera.

El pregón de Sonsoles Ónega abrió la veda

Con una perspectiva menos directa y más poética, la primera mujer pregonera de San Isidro desde que Almeida asumió el cargo de primer edil ya adelantó el fuerte contenido contestatario de las fiestas en 2026. La presentadora y escritora Sonsoles Ónega cuestionó el modelo especulativo que sacude la capital y su impacto en los modos de vida de la ciudad: “Me duele que haya que ser buitre y no paloma para vivir aquí”, lamentó en su discurso.

Ónega arremetió también contra “la herida de la vivienda” y la pérdida de comercios tradicionales, además de lanzar varios guiños feministas en unas palabras que pronunció en la plaza de la Villa junto a un impasible Almeida. “Ya que estoy investida de esta honra de ser pregonera, dejadme también que me haga eco del quejido de Madrid. Se queja y con razón de que no sana la herida de la vivienda. A mí me duele como a todos que haya que ser buitre y no paloma para vivir aquí”, declaró la personalidad televisiva, aunque no atacó a ninguna figura política en concreto y de hecho agradeció al alcalde la construcción de vivienda pública.

El desalojo del pasado miércoles en la calle Alto de San Isidro fue finalmente ejecutado, pese a la movilización y contestación del Sindicato de Vivienda de Carabanchel. De nuevo, como en el caso del jubilado Mariano Ordaz la semana pasada, un enorme despliegue policial ha apoyado el desalojo.

Las reivindicaciones han llegado de la mano de grupos jóvenes que comienzan a hacerse un hueco en la escena musical. VVV [Trippin' you] se ha convertido en una fulgurante aparición de la escena electrónica. Formado en Móstoles en 2015, lo integran Adrián Bremner, Elinor Almenara y Salvador “Salvi” Urbaneja.

En cuanto a Amor Líquido (creada en 2019), que con su nombra lanza un guiño al ensayo homónimo de Zygmunt Bauman, sus componentes son Sara Puertas (voz), Eva María Martín (batería y coros), Álvaro Peral (guitarra y coros) y Gaby Nieto (bajo). Con estas acciones siguen la estela de Biznaga, que en 2023 aprovechó el altavoz de San Isidro para reivindicar un Madrid que “no es de los buitres”.

La historia de Laura es un buen resumen la tensión creciente entre grandes tenedores y familias vulnerables en el mercado de la vivienda.

Vecina de Camarena (Toledo) y madre de dos hijas menores -de 17 y 13 años, respectivamente-, lleva más de dos décadas viviendo en la misma casa, pero todavía hoy tiene que luchar para conservarla frente a los intentos de desahucio del propietario actual, Living Center, un fondo gran tenedor en el que ha terminado el inmueble.

Laura compró la vivienda junto a su ahora expareja en 2005, pero no pudieron hacer frente a la hipoteca tras la quiebra del negocio que ambos tenían.

“Estuvimos 10 años pagándola, pero teníamos un negocio que no iba muy bien y, además, nos separamos. La casa se acabó subastando, pero no la compró nadie, y como me quedé sola con las dos niñas, pues me dejaron quedarme aquí a cambio de un alquiler social”, relata.

Del alquiler social a la prórroga del real decreto

Tras la subasta fallida de la vivienda en 2015, la entidad propietaria le ofreció un alquiler social que comenzó en 2018. “En principio el contrato era de tres años, renovable un año más, o sea que desde el 2018 hasta el 2022 yo seguí pagando”, explica.

Sin embargo, a partir de ese momento la situación comenzó a complicarse. Ya bajo la propiedad de Living Center, Laura asegura que dejaron de pasarle el recibo con el cobro del alquiler.

 “Empecé a hacer por transferencias, Yo intenté pagarlo, pero me los devolvían. Y en el 2024 recibí una demanda de desahucio por impago”.

El juicio se celebró en marzo de 2025 y lo ganó Laura, por lo que Living Center le tuvo que dejar seguir en la casa otro año más tras ponerse ella al día de la deuda generada por las transferencias que el propietario había devuelto.

Pese a la victoria, el conflicto no terminó ahí y Laura recibió un nuevo golpe: la negativa del propietario a renovar el contrato. “Me llegó un burofax diciendo que no querían renovarme el contrato que me vencía el 1 de abril del 2026”.

A partir de ese momento, trató de negociar distintas alternativas para permanecer en la vivienda: “Intenté de muchas maneras que me dejaran quedarme aquí, pagando más alquiler del que estaba pagando, o alquiler con opción a compra, o compra. Pero denegaban mis ofrecimientos, sin dar motivos”.

Años después, la posibilidad de un desahucio volvía a planear sobre la familia. Un drama que se produciría en un momento en el que la falta de vivienda disponible es notoria.

El acceso a una alternativa habitacional en la zona es, según describe, prácticamente imposible. “Hay muy poquitos alquileres en Camarena. Y los que hay, son chalés individuales que cuestan de 1.100 euros para arriba, que para mí y mis hijas es inviable ese precio…”, lamenta.

La otra opción sería abandonar el municipio, algo que quiere evitar a toda costa debido al arraigo que tienen tanto ella como sus dos hijas. Y es que en Camarena es donde sus niñas han nacido, donde van al instituto, donde tienen sus amigas... “Toda su vida la han pasado aquí. Y claro, para ellas tenerse que ir de aquí, no es nada fácil”.

La situación dio un giro reciente gracias a la aplicación del real decreto extraordinario que permite prorrogar durante dos años los contratos vencidos. Laura envió el burofax con dicha solicitud de prórroga a Living Center. Aunque al principio el fondo no se mostró favorable a aceptarlo y le devolvió el último ingreso por el alquiler, finalmente Laura nos cuenta que ha conseguido la orden de pago para poder pagar el alquiler de abril. “Con lo cual ya creo que sí que ya han tenido en cuenta el real decreto”, explica.

Este medio se ha puesto en contacto con Living Center para conocer su versión de los hechos, pero ha declinado hacer comentarios. No los hace, explica, sobre ninguno de sus clientes.

Un caso que no es aislado

La suya es una buena noticia que concede a Laura un margen de dos años más para poder encontrar otra solución. Aun así, la incertidumbre continúa debido a la dificultad de negociar con un gran propietario. Asegura que a ellos no les cuesta nada judicializar estos casos al tener presupuesto de sobra para poder costearlos. “A quien le cuesta es a la persona normal y corriente”, afirma Laura, quien todavía no ha cobrado las costas del juicio que ganó en marzo de 2025.

Asegura que sus hijas están viviendo esta situación con “preocupación”. “Ahora están muy contentas por lo del real decreto, pero me han visto preocupada porque me lo estaban poniendo todo lo difícil que podían, y más”.

Su caso, nos cuenta, no es aislado. Laura participa en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, por lo que conoce multitud de historias similares a la suya en la zona de contacto entre las provincias de Madrid y Toledo. “Hay comunidades enteras en las que el propietario quiere desahuciar a todos los vecinos. Aquí está todo muy caro, una persona sola es casi inviable que se pueda comprar algo por aquí”.

Mientras tanto, sigue aferrándose a la vivienda en la que ha construido su vida y la de sus hijas, con la esperanza de que la negociación abierta permita una solución definitiva.

Rita Maestre volvía el pasado enero a la primera línea política después de su baja por maternidad con un potente lema: “Te están robando Madrid”. El papel de los fondos buitre en el encarecimiento de la vivienda, la merma de los servicios públicos o la desaparición de la identidad de los barrios protagonizaban una campaña que abordaba asimismo el papel del alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en dichas problemáticas. Ahora, su formación política retoma su consigna y la precampaña electoral para desmontar uno de los principales argumentarios de la derecha y la ultraderecha.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital arremete contra la teoría del gran reemplazo. “Un mito que alienta la extrema derecha y la derecha, discípulas de Trump y los suyos, para que culpabilicemos a nuestros vecinos y vecinas migrantes de ese malestar urbano”, expone Maestre. 

Pero estas publicaciones no se limitan a cuestionar la consigna, sino que desde la formación la reapropian para apuntar en otra dirección: “Abre los ojos y mira hacia arriba. Las personas que te están robando Madrid no van contigo en el Metro, ni compran en las mismas tiendas que tú. Te roba Madrid quien te sube el alquiler, engorda las listas de espera de la sanidad pública a costa de tu salud y quien permite que todo esto pase mientras te dice que tienes que odiar al inmigrante”.

Los vídeos que el partido ha publicado en redes se acercan a la ciudad a través de una especie de mirilla que comienza apuntando a puntos cotidianos de la capital: un paso de cebra, un bazar, un kiosco, el campo de fútbol de un polideportivo municipal o un parque. Luego la redirigen a espacios menos accesibles para el conjunto de la población, lugares que parecen completar el paisaje urbano como si nada, pero que son auténtico centros de poder. Las Cuatro Torres del paseo de la Castellana, las Torres de Colón o las sedes de algunas inmobiliarias son algunos ejemplos.

Maestre recopila algunos de los lugares comunes del discurso reaccionario: “Hay demasiados chinos”, “hay demasiados marroquís”, “hay demasiados ecuatorianos”. “Seguro que en los últimos meses has oído a alguien cercano hablar así. Alguien que nunca esperarías”, señala la concejala. Luego se pregunta de dónde proceden estas proclamas: “¿Quizá lo oyó en un programa de televisión? ¿O tal vez fueron los bulos de un canal de Telegram sobre Torre Pacheco?”.

“Demasiados suele ser el camino fácil de la ultraderecha”, avisa Maestre. “Es horar de abrir los ojos y mirar hacia arriba. Quien te roba Madrid está tan alto que casi no lo ves. Son personas que no van contigo en Metro, ni compran en las mismas tiendas que tú y nunca vivirán en un barrio saturado de Airbnbns. Son ellos, desde bien arriba, los que te están robando Madrid mientras te dicen que odies al inmigrante”.

La edil concluye su intervención arremetiendo contra la teoría del gran reemplazo y su empleo por parte de políticos como Santiago Abascal o Carlos Hernández Quero: “La próxima vez que lo oigas hazte la pregunta de quiénes son en realidad demasiados”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberá dar respuesta oficial vía informe a las alegaciones de una asociación de la localidad de Valdemoro (Madrid) que denuncia irregularidades en la tramitación de los permisos para construir un polígono industrial ‘prime’ que supondrá arrasar con 600.000 metros cuadrados de superficie forestal y que pondrá en peligro a especies protegidas que habitan en la zona, como el sapo corredor, el aguilucho lagunero, la lechuza común o el milano negro. 

En hasta tres escritos de alegaciones presentados por la Asociación por el Desarrollo Sostenible de Valdemoro, a los que ha tenido acceso elDiario.es y que han sido presentados ante las direcciones generales de Biodiversidad y Gestión Forestal, Transición Energética y Economía Circular, y Urbanismo, va desgranando diferentes fallos que ha detectado en el plan parcial de ordenación del sector conocido como ‘Ermita de Santiago’. Plan que fue aprobado por el Ayuntamiento de Valdemoro, dirigido por el PP, en abril de 2025. 

Al poco de publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) ya presentó alegaciones contra el mismo Ecologistas en Acción y, ahora, esta otra asociación se suma a la batalla administrativa para impedir el desarrollo industrial planteado por la mercantil Fórum Creaciones SL para Logistik porque, a su juicio, afectará a terreno forestal, a áreas importantes para la conservación de aves y de la biodiversidad, a especies protegidas y a espacios incluidos en la Red Natura 2000 de la Comunidad de Madrid. Se da la circunstancia de que Logistik entra en este asunto de la mano de Brooklfield, un fondo de inversión canadiense con el que se ha aliado para expandir este tipo de desarrollos.

Sobre la pérdida de 606.346 m² de terreno forestal, el escrito de alegaciones lamenta que no se haya previsto adoptar medida alguna para facilitar su conservación a pesar de que el promotor sí reconoce la existencia de esos terrenos en el Documento Ambiental Estratégico (DAE). Explica que la posible compensación con nuevos terrenos “no ha sido acreditada y debería suponer una superficie mayor a la indicada”, a lo que añade que no hay terrenos de titularidad pública para acometer esas compensaciones por lo que se da un incumplimiento “radical y deliberado” de esa obligación. Y advierte de que en todo caso, si se pretende reforestar en otro terreno, la superficie siempre debe ser, como poco, el doble de la ocupada por el parque logístico. 

Áreas de conservación de aves

A esto, suma que la construcción de este moderno hub logístico afectará por proximidad a dos áreas importantes para la conservación de aves, en concreto a la de ‘Cortados y Graveras del Jarama’ -un espacio natural de alto valor ecológico con una extensión de aproximadamente 35.000 hectáreas- y a la de ‘Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro’, próximas a ese desarrollo. 

En este sentido, explica que, si bien el documento ambiental presentado por el promotor apunta que el sector no entra en ningún área de conservación, se obvia que es necesario un análisis del impacto indirecto que puede ocasionar sobre este espacio. “Puede provocar efectos irreversibles en el hábitat de múltiples especies protegidas”, lamenta la asociación para añadir que el terreno donde se prevé construir “es hábitat de múltiples especies protegidas (catalogadas como amenazadas), tanto de anfibios, reptiles, mamíferos, y especialmente de aves”. 

Asimismo, subraya que el promotor no ha realizado ningún trabajo de campo que permita disponer de una información del uso que hacen estas especies del territorio, así como de su abundancia, y esto a pesar de ser zona de campeo, alimentación, descanso y reproducción. En sus alegaciones añade que muchas de estas especies están también incluidas en la directiva europea y, por lo tanto, deben ser objeto de medidas de conservación especiales para asegurar su supervivencia y reproducción porque son “de interés comunitario”.

Al hilo, echa en cara a los constructores que sostengan que, aunque la obra afectará a estas especies por la degradación de sus hábitats, el impacto es “compatible” porque siempre “se pueden desplazar, existiendo en los alrededores otras zonas agrícolas que pueden ocupar”. Y detalla que, de acuerdo con el plan presentado, las especies que pueden verse comprometidas son invertebrados como el escarabajo avispa, anfibios como el sapo corredor o el sapillo moteado, mamíferos como el murciélago ratonero y una decena de aves como la cigüeña blanca, la terrera blanca, el chotacabras pardo, el aguilucho lagunero occidental, el cernícalo primilla, el aguilucho cenizo, la totovía, el milano negro y la lechuza común.

“Ausencia de rigor”

Por otro lado, la asociación pone el foco en sus alegaciones en que tampoco se ha valorado cómo afectará a espacios protegidos de la Red Natura 2000 como ‘Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares’ y ‘Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid’ a pesar de su proximidad a la obra. Subraya que ambos presentan “un gran interés faunístico, florístico y geomorfológico” con importantes poblaciones de aves esteparias y rupícolas, así como de aves acuáticas invernantes. 

El escrito lamenta que califiquen el impacto en esas zonas de “inexistente” porque esto demuestra “la ausencia de rigor en el documento ambiental presentado”. Y advierte de que, de seguir adelante con el trámite de construcción de ese polígono industrial, su ejecución dependería exclusivamente de la voluntad del promotor que no ha realizado análisis necesarios como la fragmentación del territorio, la alteración del régimen hidrológico de un arroyo, la pérdida de suelo fértil ni el efecto barrera de los viales proyectados“. 

En definitiva, la asociación explica que el proyecto está “desconectado de la realidad biofísica del lugar y sin un soporte técnico sólido que justifique la idoneidad, localización o prioridad de las actuaciones”. Y por eso pide que se pronuncie el Gobierno de Díaz Ayuso y se reformule la propuesta con un plan técnico detallado, con fichas de actuación, cronograma y un sistema de gobernanza ecológica del proyecto.

Desde la Comunidad de Madrid, que debe dar respuesta a estas alegaciones, se indica que la tramitación es íntegramente municipal y que el ayuntamiento ya ha solicitado informes facultativos, si bien no son vinculantes ni preceptivos. En este sentido, se apunta que, dado que varios de los organismos consultados han puesto sobre la mesa cuestiones que habría que atender, ahora el consistorio debe alegar e informar sobre cómo afrontará esas cuestiones.

“De aquellos polvos, estos lodos”. Con esta expresión una afectada resumía el efecto directo, pero también a la hora de redefinir un modelo, que tuvo para la situación de la vivienda en Madrid la venta de 1.860 pisos protegidos al fondo buitre Blackstone. Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE), recordaba así y entre duras críticas una operación impulsada por el Gobierno de Ana Botella en 2013. Un procedimiento que vuelve a ser noticia, ya que según varios medios económicos e inmobiliarios, Blackstone podría estar negociando revender los miles de inmuebles. Todo ello, con la amenaza de que muchos de los contratos de alquiler no sean renovados.

La mejor posicionada al respecto de la compra es la gestora de fondos canadiense Brookfield, la cual negocia en exclusiva con Blackstone la adquisición de su Socimi residencial Fidere, que cuenta con unas 5.300 viviendas en alquiler. Entre ellas, las 1.860 de una de las operaciones de vivienda pública más polémicas de la historia reciente.

La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, preguntará al alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre este asunto en el pleno municipal del próximo martes 24 de marzo. En un vídeo compartido en redes sociales, la concejala explica que los vecinos afectados se han organizado “contra la nueva operación con la que Blackstone pretende enriquecerse aún más vendiendo estas casas a otro fondo buitre por mucho más dinero del que pagó”. El objetivo de su partido es que “el Ayuntamiento de Madrid, ahora que los edificios están en venta, recupere el patrimonio de todos los madrileños y los vuelva a comprar”.

Para la líder de la oposición, el Partido Popular “engañó a los vecinos” al asegurarles que los alquileres no se tocarían, cuando no fue así. Arantxa Mejías recordaba en conversación con Somos Madrid que sus padres pasaron de pagar unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en 2004 a unos 1.100 dos décadas después. “Aseguraron que las viviendas que eran con opción a compra lo seguirían siendo y tampoco fue así”, reprocha también Maestre.

La edil abordará en Cibeles la operación de venta de estas miles de viviendas y adelanta además la amenaza de que cientos de contratos dejen de renovarse: “Sabemos, a través de las familias y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que Blackstone ha comunicado que no va a renovar los contratos. Y que estas últimas semanas el posible comprador anda visitando los edificios, concretamente en Carabanchel”. Este periódico ha contactado con Testa Homes, la filial de Blackstone que gestiona las promociones afectadas, acerca de la posible venta a Brookfield y el impacto en las condiciones contractuales de los arrendatarios. Por el momento, no han trasladado ninguna respuesta.

Lamenta Maestre que “Almeida permite a los especuladores y fondos buitre jugar a su antojo con la vivienda de los madrileños y madrileñas”. Así, dice, “ahora estamos en el de Blackstone a Brookfield y tiro porque me toca, mientras las familias caen siempre en la misma casilla: subida de alquileres y expulsión de sus barrios”.

“Aquella operación fue una vergüenza por la que hoy los madrileños seguimos pagando la factura de ese expolio, el de 1.860 viviendas públicas de la EMVS [Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid]. Fue la primera gran alfombra roja a los fondos buitre en Madrid. Fue el PP quien creó este problema y el PP tiene la obligación moral y legal de solucionarlo”, sentencia la concejala.

El PP desdeña una posible recompra municipal: “Estupidez propia del comunismo más rancio”

Pero la propuesta de Más Madrid, que el Ayuntamiento compre esas viviendas y las devuelva al patrimonio público de la EMVS porque es “de donde nunca debieron salir” (garantizando además “alquileres indefinidos y asequibles”), se ha encontrado ya con el rechazo del Gobierno de Almeida.

El portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Carlos Izquierdo, ha calificado la proposición de Maestre de “auténtica estupidez propia del comunismo más rancio”. Para el también concejal presidente del distrito de Carabanchel (el más afectado por la venta de los pisos públicos), las declaraciones de la edil son “discrecionales y arbitrarias”, ya que “operaciones similares se han hecho por parte de la Seguridad Social y Más Madrid no ha dicho nada”.

Anima a la líder de la oposición en Cibeles a “decir cómo quiere que se saque ese dinero para comprar casi 2.000 viviendas”. “¿Del bolsillo de todos los madrileños?”, se pregunta Izquierdo. Desde su punto de vista, la solución es “aumentar la oferta de vivienda pública y dar estabilidad al mercado”.

Una operación plagada de irregularidades sin consecuencias penales

Bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, Botella provocó que 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra (el 20% del patrimonio total que EMVS poseía por entonces) terminaran en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Homes. Filiales todas ellas del fondo buitre Blackstone, que desembolsó menos de 128 millones de euros. Apenas 70.000 euros por casa.

Con ello, la protección desapareció y miles de personas vieron cómo de la noche a la mañana los alquileres que abonaban se multiplicaban. Lo que la exalcaldesa vendió como un simple “cambio de casero”, se convirtió en realidad en una vulneración de las condiciones iniciales de los contratos. Para Mejías, además de los perjudicados directos, “hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”.

Por ello la noticia de un posible nuevo cambio en la propiedad ha avivado la controversia sobre un proceso que, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016, “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ejecutivo de Botella facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

El órgano de control concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, se habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto. Pese a todo ello, el Gobierno de Almeida sigue sin condenar explícitamente la actuación del equipo de Botella, e incluso llegó a torpedear la acusación particular del Ayuntamiento en el juicio (impulsada en la etapa de Manuela Carmena).

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. 

En abril de 2025, el Tribunal Supremo revocó asimismo una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y asestó un nuevo revés a los inquilinos, al rechazar que los arrendatarios de viviendas de protección oficial tengan derecho a adquirirlas por la misma cantidad que Blackstone pagó al Consistorio. Unos 70.000 euros por casa que ejemplifican el pelotazo del fondo buitre, más cerca de potenciarse todavía más con esta posible reventa.

Desde que un día llamaron a su puerta con una oferta de 10.000 euros a tocateja, la vida de Ángel ha dado un vuelco. Pero ahora el miedo a perder su casa se ha convertido en rabia. Más de un año después, comienza a verterla contra aquellos huéspedes. “El fondo de inversión Palau & Manfredi ha comprado el edificio y nos quiere echar a la calle”, denunciaba este domingo, arropado entre sus vecinos. En enero de 2025, un agente contratado por esta sociedad inmobiliaria se presentó en su domicilio, en el número 37 de la calle Gaztambide, donde alquila un piso con su pareja. La noticia les dejó a cuadros: la propietaria había fallecido y ahora los herederos querían vaciarlo. La idea era hacer reformas, exprimir el recurso y venderlo al mejor postor; así que, de día para otro, el bloque pasó a ser una gallina de los huevos de oro en uno de los barrios más cotizados de Madrid.

Desde entonces, los vecinos se han organizado para poner en marcha una campaña de denuncias en redes y, recientemente, una jornada de protesta. Fue este mismo domingo, 15 de marzo, cuando se movilizaron conjuntamente con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para reclamar una reunión al fondo que gestiona actualmente la propiedad. En un comunicado, el órgano sindical pidió negociar nuevos contratos de alquiler “estables y asumibles” para los inquilinos. Para algunos, como es el caso de Ángel e Irene, su contrato no concluye hasta 2028, así que les ofrecieron los 10.000 euros por marcharse.

Si no accedían, la otra opción era cobrar unos 200 euros cada vez que la sociedad family office organizara una visita al piso --en el que aún son inquilinos-- en busca de potenciales compradores. Desde el Sindicato de Inquilinas sostienen que la empresa tiene en mente “reconvertir el bloque en pisos de lujo”, aunque de momento no se ha confirmado oficialmente nada parecido. A principios del año pasado, Ángel se topó con dos personas en el rellano que, según él, parecían inspeccionar el edificio. Ese día marcó un punto de inflexión.

Eran un hombre y una mujer. Ella se presentó como su abogada y les informó de que iban a efectuar obras en las instalaciones, instándoles a “tener en cuenta las molestias” que eso puede suponer en su día a día. Para estos inquilinos, aquella fue una táctica de acoso inmobiliario. Desde entonces, la presión sobre los vecinos se acentuó: burofaxes que anuncian la no renovación de contratos, visitas constantes de potenciales compradores, llamadas insistentes, ofertas económicas para marcharse antes de tiempo. Y, según su denuncia, algo más: cortes de suministros y obras que complican la vida diaria.

Su denuncia la recogieron desde la oposición política de Más Madrid. La portavoz municipal del distrito, Sara Ladra, también habla de “mobbing inmobiliario” para referirse a este tipo de práticas. En declaraciones a este periódico, la concejala de Chamberí, recuerda otros casos parecidos –algunos muy recientes“ como los que ocupan a vecinos de Tribulete, San Ifelfonso o General Lacy. ”Si nos quieren echar de nuestras casas, van a tener un problema“, resumieron los vecinos durante la protesta, a modo de reafirmación colectiva después de meses de incertidumbre piso a piso.

Uno de los rostros involuntarios de la reivindicación fue Carmen, que trabaja en uno de los locales que habrán de desalojar. Lleva ocho años y medio en una conocida pastelería de la calle, que terminaba su contrato este mismo año y será uno de los primeros espacios en desaparecer con la compra. Ella ha cumplido 41 y vive con su madre no muy lejos de allí, aunque ha de coger el metro para llegar a su puesto. Con el tiempo, se ha convertido en una cara conocida para algunos vecinos.

Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que da calidad a un barrio. Y temo que este acabe perdiendo su esencia

Carmen — Trabaja en uno de los locales comerciales que concluyen su contrato

“Carmen ha sido nuestra mejor red social”, proclamaba desde el balcón en uno de los pisos, megáfono en mano, una de las manifestantes este domingo. A pie de calle estaba Carmen, uniformada de blanco y sonrojada por los aplausos. “Ahora se queda en paro, así que queremos agradecerte todo lo que nos has ayudado. Si alguien puede pasar su currículum, agradeceremos que no se nos vaya de aquí”, concluía la vecina en su discurso dando paso a una cadena de aplausos y vítores. En diciembre, su jefe recibió otro burofax de la empresa advirtiendo de que deberían abandonar el edificio a finales de abril.

“Me siento agradecida de haber podido ayudarles o alegrarles si es que ha sido así. Pero al final, aunque solo sea un trabajo, duele por la gente a la que dejas atrás y también por la incertidumbre que llega”, revela Carmen días después, al otro lado del teléfono. “Esta es una zona muy buena y quieren aprovechar la situación, pero siento que estas situaciones son las que terminan por cargarse el pequeño comercio en los barrios”, sentencia la trabajadora, augurando que el ejemplo de Gaztambide puede repetirse en otros puntos de la ciudad: “Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que le da calidad a un vecindario. Y temo que este acabe perdiendo su esencia”.

El de este bloque no es un caso aislado. Las organizaciones de inquilinos llevan tiempo alertando de una dinámica que se ha extendido por distintos barrios de Madrid: fondos de inversión que compran edificios enteros con contratos en vigor, comunican su intención de no renovarlos y despliegan distintas fórmulas de presión para acortar los plazos. En el caso de Palau & Manfredi, las vecinas aseguran que el mismo esquema se ha reproducido en otros inmuebles fuera de Madrid, como en Barcelona, donde el fondo posee otro edificio en el Eixample.

Por vivir en su piso, Ángel e Irene pagna 1.100 euros al mes sin contar gastos como luz, wi-fi, gas o agua. Son unos 80 metros cuadrados con tres habitaciones, dos de ellas más pequeñas y la tercera sin ventana. Creen que la maniobra incrementará el precio de la vivienda para equipararla al estatus del barrio. Así que la protesta del domingo se presentó como una llamada a la negociación, donde los vecinos solicitaron a la propiedad que respetara los contratos y no trate de expulsar a sus inquilinos de forma inminente. En el interior del portal, entre buzones y carteles improvisados, alguien ha escrito un mensaje que resume el momento: “Aquí vive gente”.

Jueves por la tarde. Una cafetería elegante y tranquila, en pleno centro de Madrid. Apenas se oye el runrún de un puñado de clientes, los ruedines de las maletas que entran o salen y una plácida música de ascensor. Todo transcurre con normalidad en el Hotel Marriott Princesa, uno de los alojamientos de cinco estrellas que la lujosa cadena gestiona en la ciudad. Al menos, hasta que el reloj marca las 19.30 horas. Una marabunta silenciosa accedió en cuestión de segundos a la zona del restaurante, despertando la curiosidad entre las mesas o miradas inquietas del personal. Decenas de personas comenzaron a apilarse hasta formar un semicírculo en el centro. Algunos sacan megáfonos y otros, unos chalecos reflectantes de color naranja. En el torso puede leerse un nombre: Sindicato de Inquilinas.

“¡Somos las vecinas de Madrid contra Brookfield!”, gritó una de ellas, coreada al instante por quienes estaban a su alrededor. El órgano sindical, promotor de la iniciativa, motivó una protesta en las instalaciones de este céntrico hotel para denunciar sus vínculos con Brookfield Asset Management, una multinacional canadiense dedicada a la compra-venta de activos que adquirió este hotel en la zona de Princesa. Su irrupción en el mercado español ha causado incertidumbre entre quienes esa tarde tomaron el hotel, que denunciaron a viva voz cómo ese movimiento ponía otra pieza sobre el pesado puzle de la vivienda.

Preguntados por esta cuestión, desde el Sindicato de Inquilinas confirman que todo es parte de una campaña para advertir de la entrada a paso firme de esta compañía en España. Un país donde el problema de la vivienda lleva meses liderando el ranking de las principales preocupaciones de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Después de negociar la compra de 5.300 inmuebles por 1.200 millones de euros a otro de los grandes fondos de inversión inmobiliaria, Blackstone, Brookfield ha adquirido todas estas propiedades que, afirman los promotores de la protesta, nacieron como promociones públicas o de protección oficial “impulsadas por administraciones municipales”.

Que Brookfield, propietario del hotel que ha protagonizado la tarde, se hiciera con un paquete de viviendas alejándolo del parque público en un momento de alta tensión inmobiliaria ha sido la mecha que prendió los planes del sindicato. Los manifestantes, durante su incursión en el Marriot junto a Plaza España, han hecho llegar una carta al director del establecimiento en la que le transmiten la “preocupación” vecinal por la subida de los precios o la intranquilidad ante una renovación de alquiler. Pero la acción no solo ha sorprendido en Madrid.

Desde la entidad por los derechos de los inquilinos se ha organizado un movimiento paralelo en Barcelona, donde otra comitiva de vecinos hizo lo propio con el Hotel Moxy de la ciudad condal, tal y como han confirmado los manifestantes en la capital. Fuentes del órgano sindical aseguran que la multinacional canadiense es dueña de otros hoteles en Madrid, además del Marriott de Princesa. Temen que la intención del fondo para las 5.300 viviendas que ha comprado a Blackstone termine siendo la venta uno a uno de los pisos, transfiriéndolos definitivamente al mercado.

“A todos los que estáis aquí, queremos informaros de por qué hemos venido”, comenzó uno de los portavoces de la protesta, compartiendo con la clientela del hotel cómo su propietario “empeora” la situación de muchos inquilinos. “Brookfield quiere vender nuestras casas, pero no nos iremos de allí. Nos quedamos”, afirmó, solemne, otro de los jóvenes allí presentes, entre aplausos y vítores de sus compañeros. La admiración no crecía tanto entre empleados. “A mí me están grabando”, ironiza una de las mujeres uniformadas con el traje que portan el resto de trabajadores, movilizados desde su irrupción para controlar el espacio.

Varios vehículos policiales, tanto de la Policía Nacional como Municipal, empezaron a amontonarse en la entrada pocos minutos después de comenzar la protesta. “Los ha llamado el manager”, susurraron entre los manifestantes. Más de una decena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía termiraron por entrar a la recepción del hotel y acudieron a hablar con los portavoces del acto. Intercambiaron unas palabras y luego estos últimos accedieron a continuar la protesta en la puerta del edificio, cuando el reloj ya marcaba las 19.45 horas.

“Queremos que todo el mundo sepa que la compra por parte de Brookfield no es tan bonita como creen”, resume desde el exterior uno de los portavoces de la cita, César Sanjuan. Explica que la decisión de iniciar sus presiones desde este hotel tiene que ver con la ubicación de la sede de este fondo en España, en un noveno piso de la calle Serrano. “Lo que queremos es que gente como nosotros sepa quiénes son, y eso solo puede conseguirse desde aquí”, determina Sanjuan.

En los últimos meses ha trascendido la intención de Blackstone, el fondo buitre que propició la gran entrada de Brookfield al mercado español, y otras sociedades inmobiliarias preparan la venta de miles de viviendas en alquiler dentro del país. Fueron comprándolas durante años y ahora, en pleno auge de precios, tratarán de ofrecerlas al mejor postor. Muchos de los inmuebles que fluctúan en esa operación inmobiliaria, contabilizados en unos 25.000, fueron adquiridos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en un periodo de trasvase de las familias a los bancos y, de estos, a estas entidades, conocidas como fondos buitre.

Recientemente, desde el Sindicato de Inquilinas se ha impulsado una campaña junto a los vecinos de los bloques pertenecientes a Nestar (incluido en el grupo Azora) o Fidere, de Blackstone, cuya compra precisamente negocian los del fondo Brookfield. La iniciativa tiene el objetivo de “impedir la venta masiva de más de 17.000 viviendas, muchas de ellas antiguamente públicas, que los fondos buitre quieren volver a poner en el mercado para seguir especulando con nuestras vida”, tal y como expresa el propio órgano sindical. Creen que esta problemática se replica ahora con la adquisición de 5.300 viviendas por parte de la compañía canadiense. “Que no se piensen que van a comprar un caramelo. Lo que van a hallar es un problema”, ha zanjado en sus instalaciones uno de los portavoces de la protesta.

Cuando un proyecto une la calidad a unos valores que representan a quienes los hacen se produce una alineación de planetas. Se nota que eso ocurre en Ravalear. La serie de Pol Rodríguez basada en la historia real del restaurante de sus padres en el Raval, que fue adquirido por un fondo buitre, se ha convertido en una ficción que mira de forma clínica el problema de la vivienda. Lo hace con ritmo, fuerza, sin maniqueísmos y contando lo que no se suele contar.

Y se nota que todo el mundo cree en el proyecto y está contento con lo que han hecho. Los primeros, sus intérpretes. En la Berlinale estuvieron todos como una familia (lo son en la ficción), disfrutando de ser la primera serie española en estar en el certamen. Se notaba también en las entrevistas. Enric Auquer y María Rodríguez Soto son dos de los protagonistas —y dos de los mejores actores de su generación—, y ellos mismos encarnan el compromiso que se desprende de la serie con esta problemática. Auquer está afiliado al Sindicat de Llogateres y, cuando recogió el año pasado el premio Gaudí, pidió solidaridad para pasar un desahucio.

¿Sabían cuando leyeron el guion que estaba basado en la historia del director Pol Rodríguez?, ¿cómo cambió eso su percepción?

María Rodríguez Soto: A mí me pasó una cosa muy curiosa, que es que yo había comido en Can Lluís y me lo había pasado superbién allí, pero no sabía que había pasado esto después de la pandemia. Y cuando me llegó la serie y lo leí, dije, “guau, qué fuerte y qué bien que lo ha explicado”. Pensé que qué suerte formar parte de esto, la verdad.

Enric Auquer: Sí, yo lo fui entendiendo cada vez más. Tú vas oyendo en las noticias no sé cuántos desahucios y ya parece que es como si ayer llovió. Pero de repente te pones pragmático y dices, pobre gente, que ha perdido un restaurante. Pero vas entrando y entrando, y vas viendo, y es lo que fui entendiendo. Ha sido un viaje muy bonito porque Pol lo explica muy bien, es muy sensible, se va abriendo poco a poco, y vas viendo el dolor que ha generado todo eso.

La serie muestra las interioridades y todas las aristas que acompañan a un desahucio y en un proceso como este. ¿Este trabajo les ha hecho ser más o menos optimista con lo que está pasando con la vivienda?

M.R.S.: Creo que nuestra cara lo dice todo. Hay algo que nos está comiendo y que es muy incontrolable, que no tiene nada que ver seguramente con la clase de la que nosotros formamos parte, que es una cosa llamada capitalismo y que está por encima de nosotros y que no tiene nada que ver ni con Barcelona, ni con Madrid, ni con Berlín, que está en el mundo entero. Y luego también hay algo muy bonito, de comunidad, y hay una esperanza en eso. Y aunque el monstruo sea tan grande, que siga habiendo esperanza es muy importante, y no nos podemos desconectar de ahí.

E.A.: Yo veo que hay organizaciones. Yo estoy afiliado al Sindicat de Llogateres (el Sindicato de Inquilinas) y veo lo que se va haciendo y creo que hay esperanza si la gente hace cosas. Pero la cosa es tan perversa que hay esa sensación, estas lógicas aplastantes del relato que nos damos, que parece que si una persona ofrece más dinero por algo, tiene más derecho porque así funciona el sistema y el mercado. Y esto es un drama. Es que parece que aunque tú hayas contribuido desde hace casi 100 años a la comunidad con un establecimiento que tiene un valor sentimental, personal y colectivo, eso no tiene ningún valor porque solo tiene valor el dinero, y eso es perverso. 

Creo que tendríamos que ir cogiendo conciencia, porque está ese discurso de que el mercado se regula a sí mismo y eso es el dogma del capitalismo. Pero pensemos, ¿qué comunidades queremos generar?, ¿qué ciudades de futuro? Tanto tú, persona millonaria que tienes 15 pisos, como yo. Creo que el capitalismo, desde que yo estoy vivo, ha ido avanzando tanto que o cogen conciencia los que tienen poder o no sé.

Es que es heavy cómo han conseguido que nos dé más miedo que nos puedan okupar la casa que los fondos buitre

María Rodríguez Soto — Actriz

M.R.S.: Es que es heavy cómo han conseguido que nos dé más miedo que nos puedan okupar la casa que los fondos buitres. Hay una disociación muy heavy entre la realidad que está pasando y quien está haciendo de la vivienda un bien de mercado. Hay algo que han conseguido hacer muy bien, y es que han cambiado el foco del miedo.

E.A.: Es que no hay un interés colectivo. Es que cómo pueden ser tan perversos que generáis algo no sostenible, que ya no se puede sostener ni para ti ni para mí ni para nadie. Estiráis tanto el chicle, hijos de puta. Lo estiráis tanto, que lo reventáis todo. Hay que ir con cuidado, y si no tendría que haber un estado responsable, un gobierno que sea responsable y que regule la vivienda. Es que cabrea mucho. Yo veo una de sufrimiento a mi alrededor y un mal vivir que es como…

M.R.S.: Y la impunidad de seguir haciendo eso y que les dé igual.

Sus personajes hacen un acto de rebelión porque no les están protegiendo, pero también están en una situación de privilegio frente a otras muchas personas que no pueden ni siquiera plantearse esa rebelión.

M.R.S.: De eso va la serie en el fondo, de ver todos los sustratos de la sociedad y cómo ellos se aprovechan de nosotros, pero nosotros nos podemos aprovechar de gente que está por debajo de nosotros. Es que es como funciona el mundo, o como nos han hecho creer que funciona el mundo. Y aquí está el debate y hay que ponerlo sobre la mesa y ser consciente siempre del privilegio que tienes. Es difícil, pero creo que es un deber.

E.A.: La familia de Pol tuvo esa situación y perdieron. Hay un momento en que aceptas y dices: pues ya está. Y ahí hay un desastre familiar, un duelo, una tristeza. Esta serie plantea qué pasaría si no te rindes, si llevas esto hasta sus últimas consecuencias. Ahí está la chispa de la serie. Y luego preguntarnos hasta dónde somos capaces, qué legitimamos en esa lucha contra una persona que tiene más poder que tú. Y cómo, como espectador, también no eres muchas veces consciente del privilegio que tienes. Nos pasa mucho en Occidente, que te puedes sentir oprimido por unas élites, pero luego hay personas con menos privilegios y tú estás ejerciendo el tuyo. Es lo que plantea la serie.

Creo que han participado muchas asociaciones del Raval, mucho tejido social, ¿cómo ha sido introducirles, se han sentido parte de una serie que estaba también apostando por formas distintas de trabajar?

M.R.S.: Pues ha sido superenriquecedor. Creo que también es uno de los grandes aciertos de esta serie, que todo el mundo forme parte de ella. A veces pasa que cuando juntas actores profesionales y actores no profesionales hay un decalaje, pero aquí ha habido una escucha muy recíproca, muy sencilla y que nos hemos puesto todos en un tono. Y eso tiene mucho que ver también en cómo ruedan. Es que las cámaras a veces ni las veíamos.

E.A.: Al final es una serie con una voluntad política muy grande y creo que está bien incorporar voces distintas, disidentes o que incluso no están del todo de acuerdo con la serie. Intentar escuchar a todos. Hay también una voluntad política en, si estamos hablando de esto, pues pasar el guion a sindicatos distintos, hablar con organizaciones del barrio… y creo que esto era importante. Seguramente no ha sido perfecto y seguramente habrá gente que se sentirá marginada o que no se sentirá representada.

¿Con qué les gustaría que se quedara la gente de Ravalear?, ¿puede generar algo en la sociedad?

M.R.S.: Ojalá genere un cambio. Es complicado, pero yo creo que poner este tema encima de la mesa y que trascienda más allá de ver la serie con tus amigos o con tu pareja o con quien sea, y que quizá una conciencia se abra. Yo con eso ya me quedo un poco contenta, la verdad.

E.A.: Yo creo que las series no cambian nada. Que la gente se lo pase muy bien y que tenga un referente de algo, que sepa que existen cosas y que cuando sienta la injusticia en su propia carne, diga, voy a volver a ver esa serie, me voy a reunir con alguna asociación que tenga recursos como para poder acompañarme. A veces en la militancia la gente no sabe muy bien dónde acudir o están muy individualizados o el colectivo ha dejado de estar en su vida o se siente solo. 

Entonces, sobre todo, que se lo pasen bien y que cojan un cabreo. Hay algo muy triste en esta serie, y es que acabas y dices joder, todo este lío por esta mierda, por cuatro duros. Hay algo de un poco de asco. No quiero ser nihilista, creo que es una serie que tiene su luz también, y eso me gusta, porque no es un relato derrotista ni nihilista.

Entrevista completa

Pilar Alonso ha pasado en los últimos meses varias noches en vela. Ha sido “la angustia” por perder su casa, a la que entró a vivir en régimen de alquiler en el año 2006, la que no la ha dejado dormir, reconoce. El próximo 6 de marzo, cuando se cumplen 20 años de la construcción del edificio de protección oficial, su vivienda perderá esa calificación que fija un precio máximo para el alquiler y pasará al mercado libre. Su 'casero' es el fondo buitre sueco Catella Group que, sin embargo, merced a la limitación de precios en aplicación de la Ley de Vivienda, no podrá subirle la mensualidad. Así se lo comunicó este jueves la propia consejera de Vivienda, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin), quien además le avanzó que están negociando con el fondo para que pueda mantener la ayuda pública que recibe todos los meses para pagar el alquiler.

Pilar Alonso es una de las 168 inquilinas de los bloques del barrio de Sarriguren en el Valle de Egüés -municipio situado en la comarca de Pamplona, al este de la capital- que han perdido ya, o perderán el próximo mes, la protección. A ellas se sumarán otras 200 en la comunidad foral a lo largo del 2026. Son viviendas que se construyeron en 2006, cuando la Ley de Vivienda recogía una protección de 20 años para las VPO de alquiler. En junio de 2025 el Ejecutivo foral aprobó una modificación de la norma para que esa calificación en las viviendas de nueva construcción se prolongue hasta los 75 años.

El Departamento de Vivienda ha acordado ya con el fondo Catella Group prorrogar, al menos durante un año, la calificación protegida para mantener las ayudas al alquiler que reciben 28 de los 60 inquilinos que viven en un bloque que en agosto pasó al mercado libre. Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que el fondo, que podía haber solicitado que la ampliación fuese por cinco o diez años, lo ha pedido por un año, aunque confían en que se siga prorrogando. Las viviendas de los 32 inquilinos restantes que no reciben subvención al alquiler del Gobierno foral por no cumplir con los requisitos de vulnerabilidad sí que han pasado al mercado libre, pero al ser Valle de Egüés una de las 21 localidades que el Ejecutivo navarro declaró como zonas de mercado residencial tensionado, el precio del alquiler está topado por ley.

El límite de precios no es fijo y depende de varios factores como el tamaño de la vivienda, la zona en la que está o la altura. Para calcularlo el Ministerio de Vivienda ha habilitado una herramienta que ofrece un índice de referencia de precios. Para una vivienda en una primera o segunda planta en uno de los edificios de Sarriguren propiedad del fondo Catella Group, el Ministerio calcula un precio máximo de entre 480 y 560 euros.

Las mismas condiciones pactadas para esos 60 inmuebles son las que el Departamento de Vivienda está negociando ahora con el fondo sueco para las 108 viviendas de Sarriguren que perderán la protección el 6 de marzo, según adelantó la consejera Alfaro este jueves en el Parlamento navarro en respuesta a una pregunta de EH Bildu, coalición que está asesorando a los vecinos afectados por la pérdida de la protección en el Valle de Egüés, municipio gobernado por UPN. “Vamos bien encaminadas”, apostilló.

“Estuvimos con la conejera y salimos más tranquilas”, apunta Pilar Alonso. “Es una relativa tranquilidad”, añaden Elisa Crespo y Encarna Hualde, vecinas de otro bloque propiedad del mismo fondo sueco y que pierde la calificación en 2028, que añaden que de no ser la zona de mercado tensionado estarían “desprotegidas”. Ellas mismas vieron como hace años, cuando aún no se había aplicado el tope a los alquileres, varios vecinos del entorno corrieron otra suerte y tuvieron que abandonar sus casas ante la imposibilidad de pagar el doble, e incluso el triple, de renta. Otros también se vieron obligados a irse al ser informados por el fondo propietario del inmueble de que iba a vender sus viviendas.

Ahora esperan que de cara al 2028 el Gobierno navarro pueda acordar una prórroga y por más tiempo. En el caso de estas 108 viviendas, son 81 los inquilinos que reciben subvención por parte del Ejecutivo foral. “Llevo ya casi 20 años en esta casa y estoy jubilada, ya no estoy en una situación en la que pueda ponerme a buscar otro sitio donde vivir”, explica Elisa Crespo.

“Hablando en plata y con claridad, la declaración de zona de mercado tensionado ha evitado que estas viviendas pasen al mercado libre, a un precio libre que es de suponer que ninguno de los inquilinos inquilinas de estas viviendas de estas viviendas iban a poder asumir”, destaca la consejera Begoña Alfaro, que critica que haya partidos que “discutan” que la calificación de vivienda protegida no deba de ser indefinida o que digan que regulación del mercado “no tiene ningún efecto”. “Estas vecinas se ven protegidas por las consecuencias de esta declaración que ustedes votaron en contra”, reprochó el jueves a UPN y PP en la Cámara foral.

¿Existe la posibilidad de una solución definitiva? Sí, pero esta pasaría porque el Gobierno de Navarra comprase al fondo Catella Group las viviendas, algo que desde el Ejecutivo ven imposible por falta de presupuesto. En los últimos años, Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda en la comunidad foral, ha ido adquiriendo varios inmuebles para destinarlos al alquiler social ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, pero para comprar 168 de golpe se requiere de un presupuesto muy elevado del que no se dispone. “Son situaciones envenenadas que nos dejaron las políticas de la derecha de hace 20 y 30 años”, lamenta la consejera Begoña Alfaro.

Fue en 2018 cuando el fondo sueco Catella Group adquirió estas viviendas a Adania, el principal tenedor de vivienda en la comunidad foral. Desde entonces la “preocupación” de los inquilinos ha ido en aumento, conocedores de la clase de fondo que había comprado sus casas. A ello se le sumaron problemas de interlocución con el nuevo propietario, cuya única sede en España está en Madrid. “Es todo online”, lamenta Pilar, que denuncia que en varias ocasiones le han girado dos mensualidades “de golpe”.

También han tenido estos problemas en otros bloques del barrio propiedad del mismo grupo. Elisa Crespo cuenta que en invierno estuvieron diez días sin agua caliente y calefacción por un fallo en la caldera. Por todo ello, han decidido impulsar una plataforma vecinal para hacer más fuerza en sus reivindicaciones y seguir luchando por sus casas.

Los grandes fondos de inversión internacionales llegaron a España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y adquirieron grandes paquetes de viviendas, muchas de ellas financiadas en parte por fondos públicos, que pusieron en alquiler. Finalizado el ciclo de inversión y con una nueva crisis residencial en auge, los conocidos como 'fondos buitre' como Blackstone y Nestar preparan la salida de miles de esas casas. Un grupo de inquilinas ha puesto en marcha junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid una campaña para que la nueva empresa pública Casa 47 adquiera estos inmuebles y los incorpore al parque público.

Las vecinas de Madrid que han iniciado la campaña, 'Recuperemos nuestras viviendas de las garras de los fondos buitre' son inquilinas de viviendas propiedad de Nestar-Azora y Fidere, una sociedad del fondo buitre Blackstone, a quien el Ayuntamiento de Ana Botella transfirió en 2013 un paquete de 1860 pisos protegidos por 128,5 millones, unos 68.000 euros por unidad.

“Durante más de una década, los fondos buitre han obtenido beneficios extraordinarios a costa de unas viviendas que, en muchos casos, fueron públicas o protegidas antes de ser malvendidas”, denuncian desde el Sindicato, que señala que “tras adquirir estas casas a precio de saldo y sin realizar mantenimiento alguno durante estos años, los fondos han impuesto subidas abusivas de alquiler, cláusulas ilegales y una gestión que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de las inquilinas”. “Ahora pretenden culminar el negocio con una nueva venta masiva”, denuncian.

Desde el Sindicato de Inquilinas cuantifican en 17.000 las viviendas de las que estos fondos quieren desprenderse. Solo Nestar, antes Lazora, manejaba una cartera de más de 9.000 viviendas, por un precio de unos 1.800 millones.

La campaña, anunciada este martes, reclama al Gobierno “que recupere estos hogares para el parque público a través de Casa 47”, la nueva empresa estatal sobre la que el Ejecutivo quiere armar el derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado de Bienestar. “La experiencia reciente demuestra que sí se puede: 1.700 viviendas acaban de ser recuperadas en Catalunya”, indican desde el Sindicato de Inquilinas, “tras una campaña de presión y nueve meses de huelga de alquileres”.

Por el momento, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció a principios de diciembre, durante la presentación de la empresa pública, la creación de un fondo de 100 millones de euros para la compra directa de viviendas, que pasarán a la bolsa pública de alquileres asequibles de Casa 47.

La crisis de la vivienda ha causado una sangría en los barrios más pobres de las grandes ciudades. Miles de personas pagan alquileres por encima de sus posibilidades, viven bajo amenaza de desahucio, comparten habitaciones o incluso ocupan pisos vacíos por falta de ingresos. Morad, residente junto a su pareja en La Florida, el distrito más humilde de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), era hasta hace un año uno de ellos. 

“Hace seis meses que me cambió todo”, reconoce Morad mientras apura un zumo de naranja antes de ir a trabajar en un almacén. El piso en el que vive con su pareja, y en el que espera ver crecer a su hijo recién nacido, era hasta hace poco del fondo buitre Divarian, que estuvo a punto de desalojarles. Ahora es propiedad de una cooperativa del barrio, de la que él mismo es socio. Se llama Les Juntes y acaba de ser premiada por la organización internacional World Habitat como ejemplo de lucha por el derecho a la vivienda a través de la acción comunitaria.

Las cooperativas de vivienda han proliferado en los últimos años en España, sobre todo en Catalunya, y permiten a sus socios construir o rehabilitar edificios para residir en ellos fuera del mercado libre. Pero Les Juntes es algo diferente. En el corazón de la Florida, con elevados índices de pobreza e inmigración, las posibilidades económicas de sus vecinos son otras. “Decidimos rescatar pisos que ya están construidos y habitados, en distintos inmuebles, y que son de fondos buitre o bancos, que hay muchos”, señala Francisco Rubio, uno de sus socios e impulsores.

Desde su fundación en 2023, Les Juntes ha adquirido ya ocho viviendas en los bloques de la Florida. Todas ellas de grandes propietarios: el más repetido es Divarian, la filial inmobiliaria del fondo de inversión Cerberus, pero también están Solvia, Idea VIP… En la mayoría de casos, la compra sirve para proteger a quien reside en la vivienda, familias en situación de vulnerabilidad que son socias de la cooperativa. “Muchos tenían amenaza de desahucio”, explica Júlia Porta, otra de las socias de la entidad. 

Francisco y Júlia, que es a su vez la joven presidenta de la Asociación de Vecinos de La Florida, relatan los inicios de Les Juntes durante una entrevista en el local de Pomezia, espacio comunitario y sede oficial de la cooperativa. Nació de los distintos proyectos sociales y comunitarios que existen en el barrio, como La Florida s’Aveïna o las cooperativas Keras Buti (de consumo de proximidad) o La Fundició.

“Este trabajo de apoyo mutuo entre vecinas nos llevó a constatar que el principal problema de la mayoría era tener unas condiciones dignas de vivienda, y que eso había que conseguirlo con la movilización, pero también con la construcción de alternativas”, señala Rubio. 

Invitaron a cooperativas de vivienda para copiar su ejemplo, pero no encajaban en La Florida. “Requieren una inversión inicial que la mayoría de vecinos no puede asumir”, constatan. Pero después de años de parar desahucios a las puertas de los pisos, dieron con la idea para su proyecto, que ahora describen como “cooperativa de vivienda dispersa”.

La primera compra que consiguieron fue de una vivienda habitada por Hanane, una mujer marroquí que vino sola a España con su hijo autista. “Creo que antes vivió cinco intentos de desahucio”, explica Porta. “En su caso recuerdo que llegamos a un acuerdo con la propiedad, que era también Divarian, pero ejecutaron igualmente el desahucio y vino la comitiva judicial. Lo paramos y poco después hicimos la compra del piso”, recuerda. 

El precio medio al que han comprado es de entre 50.000 y 60.000 euros. “Es inferior al precio de mercado, pero porque hay personas viviendo dentro, lo que los fondos llaman tener bicho, que pasan a ser socias”, explican los promotores. A ello hay que añadir una reforma mínima para dignificar los pisos, debido a la degradación que padecen. El importe de esas obras suele ser de media de 7.500 euros. Cabe recordar que los 800 pisos de los Bloques la Florida son de unos 40 m2 y 2,2m de altura, en su mayoría sin aislamiento y con instalaciones eléctricas precarias. 

Actualmente, en las ocho viviendas que ya son propiedad de la cooperativa habitan unas 30 personas, de las que diez son menores de edad. Todas las unidades familiares deben ser socias de Les Juntes y, de hecho, según relatan, la mayoría participaban ya en los espacios comunitarios del barrio. Tienen derecho de uso de la vivienda durante un período de 50 años, con una cuota de 450 euros al mes. Esta y otras particularidades las pueden decidir los cooperativistas en asamblea. 

“La idea es conseguir que las familias en situación vulnerable tengan una solución habitacional estable, que es lo que pide todo el mundo y lo que te permite construir un proyecto de vida”, señala Rubio. Además de los que ya tienen piso, cuentan con unos 50 socios que han aportado el capital inicial de 300 euros a la espera de poder acceder también a una vivienda en La Florida mediante este modelo. 

Levantada entre vecinos y activistas del barrio, Les Juntes también ha tenido que asociarse con entidades que conocen este mundo, especialmente la parte económica. De ahí que entre sus impulsores esté también La Dinamo (fundación que promueve la vivienda cooperativa) y LaCol (una conocida cooperativa de arquitectos de Barcelona). 

Con todo, según sus cuentas de 2024, el 47% de sus ingresos fueron préstamos de Coop57. El 34% procedió de subvenciones. El 8%, de las aportaciones de los socios, y el resto de donaciones privadas. 

De cara al futuro, aspiran a contar con la participación de las administraciones públicas, que puedan entrar en la estructura de la cooperativa como en las Community Land Trust británicas. “Se podría escalar mucho el número de viviendas cooperativizadas con la participación del Ayuntamiento”, señalan. Y no solo eso, también conseguir viviendas más espaciosas y dignas para que residan en ellas las familias socias. 

Otro reto es esquivar lo que llaman el “asistencialismo”. Es decir, no ser vistos en el barrio como la bolsa de vivienda de emergencia a la que simplemente apuntarse para solucionar problemas particulares. “Es esa lógica de que yo voy a la oficina a que me arreglen un problema. No, aquí debemos pensar entre todas qué estrategias podemos usar para afrontar los problemas conjuntos”, añaden.

Sea como sea, estos días toca celebrar el premio World Habitat. De 400 proyectos de todo el mundo, les seleccionaron junto con unos 25 y les han otorgado el galardón de bronce. El CEO de la organización internacional, David Ireland, los describió así: “Son un ejemplo de cómo la vivienda cooperativa puede desempeñar un papel clave en las políticas de vivienda asequible, especialmente para las personas excluidas de los sistemas convencionales. Ofrece un modelo que las autoridades locales de toda Europa podrían adaptar para abordar la inseguridad habitacional”.

La corporación municipal del ayuntamiento de Cartagena ha sacado adelante una declaración institucional en apoyo y solidaridad con la plantilla de la factoría de Sabic en Cartagena, declaración de la que se ha dado traslado a la empresa, al gobierno regional y al ministro de Industria. En ella, el Ayuntamiento de Cartagena traslada su apoyo a los trabajadores de Sabic y a sus familias tras las noticias sobre la venta de la planta de La Aljorra al fondo alemán Mutares y el cierre de una de sus unidades: “Esta situación genera incertidumbre laboral y afecta de forma directa al tejido industrial del municipio y a la red de empresas auxiliares vinculadas a la factoría”, han denunciado.

La corporación municipal expresa su rechazo al cierre de la planta Lexan 1 que “pone en riesgo varios cientos de puestos de trabajo directos y miles de empleos indirectos vinculados a la actividad de la planta”. En este sentido, el Ayuntamiento de Cartagena quiere recordar expresamente a la empresa Sabic y a Mutares el “esfuerzo realizado” por las administraciones que “cedieron de forma gratuita los terrenos para la instalación de la factoría en Cartagena; esfuerzo pagado con presupuesto público por todos los ciudadanos y ciudadanas y que se ha mantenido a lo largo de los años con decenas de millones de euros en subvenciones y apoyo económico”.

La Corporación municipal considera “prioritario” preservar el empleo y la continuidad de la actividad industrial en Cartagena y asume el liderazgo y la responsabilidad de este objetivo. Así, el Ayuntamiento, en el seno de la Mesa de la Formación de las Nuevas Industrias, impulsará las actuaciones necesarias encaminadas a cumplir con el mencionado fin.

El Ayuntamiento de Cartagena insta a la dirección de Sabic y a la empresa Mutares a entablar de inmediato un diálogo con el comité de empresa –con mediación de las administraciones públicas– para aportar certidumbre sobre el futuro de la planta y asumir sus responsabilidades con los trabajadores.

Respecto a la situación de la planta, han demandado información completa y periódica sobre la situación de la factoría en Cartagena, así como una negociación real con la representación legal de los trabajadores. El Ayuntamiento reafirma su disposición a colaborar en cuantas actuaciones faciliten la protección del empleo y el futuro industrial de Cartagena. También se compromete a mantener una interlocución permanente con la plantilla y sus representantes para canalizar iniciativas y trasladar la situación a los ámbitos donde corresponda adoptar decisiones.

Piden a Sabic que garanticen el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la actividad y evitar despidos. También han exigido un plan que asegure la continuidad productiva en la planta de La Aljorra, con mantenimiento de capacidades, inversiones y seguridad industrial, mediante la realización de las inversiones necesarias de modernización y actualización de las instalaciones de Cartagena, y con la puesta en marcha una hoja de ruta que ofrezca a los trabajadores garantías sobre la continuidad de la actividad y tranquilidad acerca de su futuro laboral.

También han solicitado un plan social que garantice la salida digna de cualquier empleado y oportunidades de recolocación o reindustrialización, con soluciones pactadas y no traumáticas, con medidas de protección laboral y social para toda la plantilla y las empresas auxiliares.

Igualmente, el consistorio pone a disposición de los trabajadores recursos municipales como la Mesa de Formación para Nuevas Industrias, con el fin de facilitar la reorientación profesional de esta plantilla altamente cualificada hacia sectores emergentes que se están expandiendo en el municipio.

La Corporación ha hecho un llamamiento a la unidad de acción entre las administraciones local, regional y nacional y los agentes sociales, con el objetivo de defender el empleo, sostener la industria y dar certezas a las familias afectadas.

El pasado 7 de noviembre, la vida de 18 vecinos y vecinas de la calle Valverde, en el barrio de Malasaña, dio un giro de 360 grados. Aquella mañana recibieron una notificación que rompía de golpe cualquier sensación de estabilidad: el edificio en el que viven, situado en el número 42 de la céntrica calle, había sido vendido a un fondo de inversión, Vencar Capital. Desde ese momento, la incertidumbre y la angustia se instalaron en un bloque que, para muchos de sus inquilinos, ha sido un hogar durante buena parte de su vida.

Para Marcos, el vecino más antiguo del edificio, la noticia fue toda una sorpresa. Para él, al igual que para el resto de sus vecinos, abandonar el bloque supone dejar atrás muchos recuerdos. Entró a Valverde 42 en 2005. En julio se cumplirán 21 años desde que cruzó por primera vez la puerta de su vivienda. “Esta casa me ha visto crecer, trabajar, reír, llorar y despedir a mi padre. Llegué con 26 años y ahora tengo 47. Es mi hogar”, cuenta.

La noticia supuso un shock porque entre los inquilinos no había sospechas de una posible maniobra de este tipo. Marcos asegura que tan solo un par de semanas antes habían preguntado al propietario si tenía alguna intención de vender, algo que negó rotundamente.

La operación se cerró el 6 de noviembre de 2025, pero los inquilinos no tuvieron conocimiento de ella hasta el día siguiente. Tan solo unos días después de recibir la carta en la que les informaban de la venta del edificio, la promotora inmobiliaria se puso en contacto con los vecinos para hacerles saber cuáles eran sus planes. “Nos dijeron que no nos iban a renovar los contratos y ahí entendimos que la idea era vaciar el edificio”, explica Marcos.

En la carta, a la que Somos Malasaña ha tenido acceso, la propiedad les comunicaba que una vez finalizado sus contratos de arrendamiento actuales, deberán “entregar la vivienda en buen estado de conservación con todos sus elementos y suministros al corriente, libre de personas y bienes, quedando el inmueble a disposición de la propiedad”. Del mismo modo, les recordaban que hasta la fecha de terminación permanecen vigentes todas las obligaciones contractuales, incluido el pago de la renta.

Desde aquel momento, los vecinos de Valverde 42 han intentado dialogar con Vencar Capital para poder continuar en sus viviendas o, en cualquier caso, conseguir una indemnización superior a la que les ofrecen: un mes de alquiler por cada mes que adelanten su salida. En el caso de Marcos, son cuatro meses y considera que “con los precios actuales de la vivienda en Madrid eso no te permite rehacer tu vida en ningún sitio”. Tampoco han tenido la oportunidad de negociar con el anterior propietario, que, aproximadamente dos semanas después de la venta, se quitó la vida.

Las presiones han ido en aumento desde la compra del edificio con la intención de ir “quitándose de en medio” a los vecinos. El primero en salir del edificio fue el conserje. Le despidieron después de llegar a un acuerdo con la propiedad. También se instalaron alarmas en los pisos vacíos y se comunicó la intención de colocar cámaras en las zonas comunes, algo que finalmente no se pudo hacer por la ley de protección de datos. En su lugar, contrataron a un empleado de la empresa de desokupación Desokupa KGB para mantener vigilados a los inquilinos las 24 horas del día.

“Dicen que es por seguridad, pero es una forma de recordarnos constantemente que quieren que nos vayamos”, relata Marcos. Los vecinos cuentan que a veces está de día y otras veces de noche. Se pasea por todo el edificio haciendo videollamada de madrugada, interrumpiendo el descanso de los vecinos. También aprovecha para fotografiar y grabar las puertas de los pisos en los que todavía quedan inquilinos. “No nos increpa directamente, pero la sensación de vigilancia es permanente”, señala.

A ello se suman visitas continuas al edificio. “Lo compraron por 5,3 millones de euros y lo están revendiendo”, explica Marcos. Los vecinos han llegado a escuchar conversaciones con posibles compradores en las que planteaban venderlo por 9,5 millones sin inquilinos y por 8,4 millones con ellos dentro. “En tres meses la rentabilidad sería descomunal”, asegura.

Actualmente, viven en el edificio 18 personas, además de dos locales comerciales. El contrato más próximo a caducar es el de una vecina que deberá abandonar su vivienda el 28 de febrero. Otros se extienden hasta 2028.

De los 18 vecinos, 16 han decidido movilizarse para frenar los planes del fondo de inversión. Sin embargo, la presión ya ha tenido consecuencias. La inquilina de uno de los locales se marcha este mismo fin de semana, pese a que su contrato vencía en 2027. “No ha podido soportarlo”, cuenta Marcos. No es la única. Otro de los vecinos se fue al poco de conocer la noticia. Pudo encontrar una alternativa habitacional y aceptó la compensación económica que le ofrecían.

Sin alternativa en su barrio

Desgraciadamente, el caso de este vecino no es extrapolable al resto. Todos los inquilinos han hecho el mismo ejercicio: buscar una alternativa en el mercado actual. El resultado es desolador. “En Malasaña, una habitación en un piso compartido cuesta ya cerca de 1.000 euros. Para pagar lo mismo que ahora, tienes que irte a pueblos como Navalcarnero y eso implica dos horas de transporte para llegar a tu trabajo. Te expulsan de la ciudad”, explica Marcos.

Según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio del metro cuadrado en viviendas de alquiler en el distrito Centro alcanzó en diciembre de 2025 su máximo histórico: 27,1 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 6,6 % respecto al mismo mes de 2024. No es la única cifra a tener en cuenta. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, informó el pasado mes de diciembre de que a lo largo de 2026 vencerán en todo el país más de 630.000 contratos de alquiler, afectando a alrededor de un millón y medio de personas. Además, solo en Madrid se calcula que existen unos 30.000 edificios de propiedad vertical expuestos a este tipo de expulsiones masivas.

“Están desmantelando la ciudad”, denuncia Marcos. “Madrid no es solo monumentos, es la vida de sus barrios. Si nos echan a quienes vivimos y trabajamos aquí, esa vida desaparece. Se está construyendo una especie de Disneylandia para turistas. Y no es turismofobia, es una crítica al modelo”, apostilla.

La situación de Valverde 42 encaja en un patrón cada vez más común en barrio como Malasaña. Así lo explica Maribel Pizarroso, presidenta de la Asociación Vecinal Maravillas. “Llevamos tiempo detectando una expulsión masiva de personas de sus hogares. No es solo un problema urbanístico o inmobiliario, es un auténtico drama humano”, afirma.

Desde la asociación han identificado ya alrededor de veinte edificios vendidos en el barrio para su transformación en pisos de lujo o usos hoteleros. “Muchos vecinos se marcharon en silencio, sin apoyo alguno, afrontando el desarraigo completamente solos”, lamenta Pizarroso.

Cita ejemplos como Pez 3, en obras desde hace casi dos años o San Andrés 32, desalojado hace tres. También Pez 1, donde se cerró la única residencia de mayores del barrio. Incluso el edificio de enfrente de Valverde 42 se ha vendido para convertirse en un bloque de pisos turísticos.  “Otros edificios llevan años funcionando como hoteles. Esto no es nuevo, pero ahora se ha acelerado de forma alarmante”, alerta.

Ante esta amenaza, los vecinos de Valverde 42 han decidido organizarse y convertirse en el primer “bloque en lucha” del barrio. Lo han hecho con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, la Asociación Vecinal Maravillas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). “Lo primero es el acompañamiento emocional. Después, el asesoramiento legal y la visibilización del conflicto”, explica Pizarroso.

Los vecinos reclaman a las administraciones medidas urgentes para frenar la especulación, proteger a los inquilinos y garantizar el derecho a una vivienda digna. “No pedimos nada extraordinario, solo poder seguir viviendo en nuestras casas”, subrayan.

Este sábado 24 de enero, a las 18.00 horas, el edificio desplegará pancartas en sus balcones para visibilizar su situación. “Queremos decir alto y claro que seguimos aquí”, afirman. Porque, como insiste Marcos, “esto no va solo de contratos. Va de vidas. Yo llevo 21 años aquí. Esta casa es mi hogar, y eso tiene un valor que no se puede medir en millones”.

Los empleados de la multinacional Sabic en Cartagena han protagonizado este miércoles una protesta masiva a las puertas de la factoría, donde han recibido entre abucheos al director de la empresa en Europa, Rütger Bosch. Los trabajadores, que piden transparencia sobre su futuro y la venta de los activos de la multinacional saudí a un fondo inversor alemán, han zarandeado el vehículo de Boch cuando accedía a la planta de La Aljorra.

El presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez, ha denunciado que la reunión que han mantenido con el directivo europeo ha causado aún más incertidumbre y angustia a los empleados de la planta: “Hace doce días [Rütger Bosch] dijo que se había producido la venta a Mutares, que no sabían en qué fecha se iba a materializar, pero que el fruto de ese acuerdo era el cierre de la planta. Ahora dice que durante 2026 la planta seguirá siendo de Sabic, y que cuando llegue Mutares el año que viene no es seguro si cerrarán la planta”.

Sánchez ha recordado que el cese de producción ya ha sido comunicado a la autoridad laboral, por lo que considera este giro de Sabic una “tomadura de pelo” al comité de empresa y a los trabajadores: “Quieren mantener la producción este año y seguir ganando dinero para que después llegue un fondo buitre y nos cierre”.

El presidente del comité ha apuntado que evadir oficializar el cierre mientras la planta está en manos de Sabic podría ser una estrategia de la compañía para no tener que aplicar medidas sociales que palíen los despidos: “Lo primero que le hemos pedido al director europeo es que queremos negociar con la central en Holanda las medidas sociales. Por mucho que digan que no son ellos las que las van a ejecutar, tienen que hacerse responsables”, ha exigido. “Queremos un asesoramiento legal de calidad pagado por Sabic y elegido por nosotros para poder hacer un seguimiento de este proceso”, ha añadido.

De no cumplirse las peticiones de los trabajadores, ejecutarán un calendario de paros de producción: “Vamos a parar la producción y hasta que no tengamos una respuesta clara y una negociación clara que salve a las personas, no vamos a seguir trabajando”, ha anunciado. “No vamos a seguir produciendo mientras ultiman sus instalaciones en Arabia, para que acto seguido nos despidan cuando estén terminadas”, ha apuntado Sánchez.

“No podemos permitir que en Cartagena se nos esté engañando para que sigamos trabajando y que cuando llegue el 1 de enero directamente nos cierren y nos echen a la calle”, ha insistido.

3.500 empleos directos e indirectos

El desmontaje y la deslocalización han sido procesos que CCOO describe como “paulatinos pero constantes”. En 2019 había cuatro plantas en las instalaciones de La Aljorra que daban empleo a 800 personas. La primera planta que se cerró fue la de Ultem, en 2020, con un ERE que supuso el despido de 76 trabajadores. En 2023 se anunció el cierre de la planta de Lexan 2, tras dos ERTES con 112 despidos. En la actualidad sobreviven dos plantas que dan empleo a 500 personas de plantilla directa -350 de ellos, en Lexan 1-. Por otro lado, decenas de empresas auxiliares suman otros 3.000 puestos de trabajo, considerando el empleo indirecto y el inducido.

La dirección de SABIC ha anunciado este mes de enero el cierre de la planta Lexan 1 tras la compra de la factoría por el fondo de inversión alemán Mutares. Tal y como describe CCOO, el grupo inversor “no ofrece ninguna confianza ni seguridad de continuidad en la producción ni a medio ni a corto plazo”. Dicha planta está dedicada específicamente a la fabricación de resinas de policarbonato de alto rendimiento, un material clave para diversas industrias.

CCOO ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para que eviten el cierre de la planta y los despidos que ello conllevaría: “Ni la comarca de Cartagena ni la Región de Murcia pueden permitir la desaparición de uno de los pilares fundamentales de la economía industrial”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que prohibirá a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares. Con esta medida, anunciada a través de su cuenta en su red social 'Truth Social', la Administración estadounidense quiere frenar la crisis de vivienda que atraviesa el país y que, en palabras del propio Trump, está alejando “a demasiadas personas, especialmente los jóvenes” del “sueño americano”.

Trump que ya anunció en diciembre su intención de llevar a cabo “algunos de los planes de reforma de la vivienda más agresivos de la historia de Estados Unidos”, ha señalado en su red social que “las personas viven en las casas, no las corporaciones”. Por ese motivo, está “tomando medidas para prohibir que los grandes inversores institucionales compren más viviendas unifamiliares”, ha indicado.

Aunque aún no ha dado detalles sobre esta medida, ha apuntado que pedirá al Congreso que convierta la iniciativa en ley. Mientras, las acciones de Invitatios Homes, el mayor arrendador de viviendas unifamiliares de EEUU cayeron un 7,86% y la cotización de grandes fondos como Blackstone o BlackRock se dejó un 4,36% y un 2,68% tras el anuncio de Trump. Otros inversores institucionales, como Apollo Global Management bajaron un 4,43%.

“Durante mucho tiempo, comprar y ser dueño de una vivienda fue considerado la cima del Sueño Americano. Era la recompensa por trabajar duro y hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación récord causada por Joe Biden y los demócratas en el Congreso, ese Sueño Americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los estadounidenses más jóvenes”, apuntó Trump.

Estas compañías, conocidas como 'fondos buitre', sobre las que Trump pone ahora el foco, llegaron a España tras el estallido de la burbuja y acumulan en este país grandes paquetes con decenas de miles de viviendas en alquiler.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha lamentado este jueves que Trump “avanza por la izquierda” de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y ha urgido a su socio de Gobierno a “reaccionar” e “impulsar políticas valientes y urgentes”. Ibáñez ha recordado que el pasado mes de noviembre PP, Vox y Junts tumbaron una proposición de ley para prohibir que las empresas compren viviendas para uso residencial, una medida similar a la anunciada por Trump, con la abstención del PSOE.

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha saludado la propuesta de Trump con un mensaje en tono irónico en su cuenta de X: “Tremendo podemita disfrazado, horrendo falangista, que dirían nuestros adoradores cipayo de la libertad de no tener nada”. El propio Ibáñez le recordó que el partido de extrema derecha tumbó en noviembre una propuesta en la misma línea.