El Parlament ha reprobado este jueves a la consellera de Interior, Núria Parlon, y también al director general de la Policía, Josep Lluís Trapero. Junts, ERC y Comuns han votado a favor de una moción presentada por la CUP en la que acusan al Govern de vulnerar derechos fundamentales después de que dos agentes de los Mossos d'Esquadra fueran descubiertas cuando se habían infiltrado en una reunión de profesores de Barcelona, preparatoria de las movilizaciones de los docentes contra el propio Ejecutivo.

El texto aprobado considera que esa actuación policial no tuvo “ningún tipo de justificación operativa ni de ponderación de derechos fundamentales”, por lo que “atentó contra el derecho de reunión y manifestación”. El pleno enmienda así lo declarado por Parlon y Trapero en el Parlament, que consideraron que el operativo fue inadecuado pero no que vulneraba derechos.

Además de cargar contra los responsables políticos, el Parlament reclama “prohibir las infiltraciones de agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra en movimientos sociales, asociaciones, colectivos o sindicatos que no cuenten con la debida autorización judicial exigida para la figura del agente encubierto del art. 282bis de la LECRIM, prevista únicamente para la investigación de delitos especialmente graves”. Un moción introducida por los Comuns que la formación ha pactado con el PSC, de forma que el Govern se ha comprometido a no permitir en el futuro este tipo de prácticas si no viene avalada por los juzgados.

El Parlament también ha pedido el cese de la consellera de Educación, Esther Niubó, si no consigue llegar a un acuerdo que desencalle el conflicto laboral con los docentes. El papel de Niubó era también objeto de la moción, en un punto en el que se reclamaba “llegar a un acuerdo inmediato con los sindicatos mayoritarios en el ámbito educativo y con la comunidad educativa” y en caso de que no se hiciera, reclamaba la salida de la consellera “por su incapacidad de abordar el conflicto abierto con los docentes desde hace meses”.

El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, impulsor de la moción, ha exigido poner fin a una “barra libre” que atribuye a la policía catalana en cuanto a vulneración de los derechos de protesta y reunión. “Lo que debe hacer el Parlament es marcar un antes y un después, nos jugamos los derechos básicos”, ha expresado, tras insistir en que el Govern y Trapero han garantizado “impunidad” a los Mossos en sus actuaciones. 

Los socios del Govern, ERC y Comuns, se han sumado parcialmente a la moción. Los segundos han reprobado a Trapero pero no a Parlon, de quien han reconocido sus disculpas y el compromiso de que no repetir infiltraciones como la denunciada. De esta forma, no ha habido mayoría para señalar a la consellera de la misma forma que al jefe de la Policía. 

Con todo, Andrés Garcia Berrio, diputado de los Comuns, ha pedido a Parlon un “cambio de 180 grados” en la respuesta policial a las protestas sociales. “Hacen falta cambios y se deben notar rápido”, la ha interpelado Garcia Berrio, que ha exigido que las únicas infiltraciones policiales que se lleven a cabo sean las de los agentes encubiertos amparados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Por parte de ERC, Laia Cañigueral ha lamentado la falta de dirección política de los Mossos, que ha recordado que no es lo mismo que “politizar” la policía. “Se trata de evitar que la estructura policial actúe sin directrices democráticas claras”, ha precisado, y ha reprochado a Parlon que “minimice” la infiltración entre docentes. “Este hecho no es puntual, debe haber responsabilidades políticas”.

El Govern ha pedido disculpas este miércoles por la infiltración de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores que fue descubierta por docentes del sindicato CGT hace una semana. Lo ha hecho la consellera de Interior, Núria Parlon, que ha comparecido en el Parlament acompañada del director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. “Es una maniobra operativa bien intencionada pero mal planteada, desafortunada”, ha dicho Parlon, que sin embargo ha defendido que el cuerpo lleve a cabo este tipo de infiltraciones como uno de los métodos legales a su alcance para recoger la información necesaria ante movilizaciones y protestas.

“Una maniobra mal planteada, mal calculada, puede entorpecer la confianza entre los movimientos sociales y el cuerpo de Mossos d'Esquadra”, ha lamentado Parlon que, como Trapero, ha asegurado que lo busca la policía catalana nunca es evitar que se ejerza el derecho a la protesta o manifestación sino “que los espacios de protesta sean seguros”. Por esta razón, los responsables políticos han anunciado abrir una “información reservada” para aclarar los hechos, como paso previo a un posible expediente informativo.

Parlon además ha reiterado, como ya expresó la portavoz Sílvia Peneque este martes, que la infiltración fue siempre una decisión operativa, en la que la parte política no tuvo nada que ver. “Nosotros políticamente debemos respetar la autonomía policial. Estas actuaciones están sujetas a norma pero son mejorables”, ha asegurado, antes de que Trapero haya anunciado que, tras este incidente, el proceso de decisión sobre “prácticas de obtención de información” recaerá en “áreas más elevadas”, es decir, una supervisión de rango más alto sobre este tipo de prácticas.

En su turno de intervención, Trapero ha defendido la obtención de información en situaciones de conflictividad laboral o social como una de las herramientas claves del cuerpo, por lo que no ha descartado que una infiltración en una asamblea pueda repetirse. “En ningún caso la obtención de la información tiene como objetivo impedir ningún derecho, por el contrario, tiene como objetivo garantizar que se puede ejercer”, ha defendido, para luego asegurar: “Las actuaciones de captación de información ni son indiscriminadas ni se hacen de forma generalizada, solo aquellas que por sus antecedentes, no vinculados al convocante, lo hacen necesario”.

El director general de la Policía ha asegurado además que todas las actuaciones operativas se revisan bajo los parámetros de oportunidad y de proporcionalidad y, en este caso, ha reconocido que la infiltración de las dos agentes no fue “oportuna”. “Los antecedentes y las movilizaciones previas no lo justificaban”, ha dicho, aunque ha negado “mala fe o actitud antidemocrática”. Por su parte, también ha querido dejar claro que la actuación policial no tiene conexión con el contencioso laboral que mantienen profesores y departamento de Educación.

Otro de los aspectos que ha recalcado tanto Trapero como Parlon es que durante el mandato de este Govern no se ha hecho “ningún cambio en la operativa respecto a lo que se ha venido haciendo siempre”. “El responsable de la Comisaria General de Información es el mismo que en las tres gobiernos anteriores y las técnicas de obtención de informción son las mismas”, ha dicho, dando a entender que la infiltración en colectivos laborales ocurriá también bajo el mandato de partidos que ahora lo critican, como ERC, que pidió el cese de Trapero.

Pero las explicaciones no han convencido ni a la mayoría de la oposición ni a los socios del Govern, que han cargado con dureza contra Parlon y Trapero. “Esto no se parece al modelo policial que Catalunya ha construido durante tantos y tantos años, se parece más a la policía política. El Govern de Illa ha perdido el norte”, ha asegurado Josep Rius. El portavoz de Junts ha dado por hecho que la consellera de Educación, Ester Niubó, conocía el operativo y la información recopilada por los Mossos, un extremo que el Govern desmiente tajantamente, pero que para Rius explicaría la actuación de Educación ante las huelgas de maestros.

Desde ERC la diputada Laia Cañigueral ha reiterado su petición de cese de Trapero pues ha considerado que el hecho es “de enorme gravedad” porque los policías se infiltraron en asambleas preparatorias de huelgas laborales, algo que entienden contrario a los derechos sindicales y de reunión. Cañigueral ha asegurado además que la consellera y el director general se han “escudado” detrás del cuerpo de los Mossos, por lo que la diputada ha asegurado que sus críticas son contra la dirección política, no contra los agentes.

“Hace falta un giro de 180 grados del Departamento de Interior en relación a las protestas”, ha asegurado el diputado Andrés García Berrio, de los Comuns, quien sí ha valorado como positivo que la consellera haya pedido disculpas, pero que también ha calificado el gesto de insuficiente. El diputado ha indicado además que la recopilación de información de fuentes abiertas que tienen encomendada los Mossos nunca puede suponer invadir una asamblea cerrada de un sindicato, por que a su entender se vulneran derechos fundamentales.

Junts se ha sumado a la lista de partidos de la oposición que exigen dimisiones en masa por los recientes escándalos con los Mossos. Como ya hicieron este viernes los socios de Illa en el Govern, el partido de Puigdemont ha salido a la palestra para exigir la destitución del director general del cuerpo, Josep Lluís Trapero, así como la de las conselleres de Interior, Núria Parlon, y Educación, Esther Niubó por la infiltración de dos agentes de la policía catalana en una asamblea de profesores.

Hasta este sábado, los postconvergents se limitaron a exigir explicaciones a un Govern que pasó más de 24 horas sin aclarar si los Mossos habían ordenado -y por qué- infiltrar a agentes en las reuniones convocadas por el sector para preparar las huelgas convocadas durante este final de curso. Pero ahora han decidido subir la apuesta y pedir ceses: “Es un Govern fallido”, ha apuntado Jordi Turull, secretario general del partido en una atención a medios.

Desde la formación lamentan que Illa “trate a los profesores como delincuentes” y ha añadido que “espiar reuniones de maestros es algo que sólo hacen las dictaduras”. Turull ha cargado duramente contra el President, afeándole que se “llene la boca” hablando de la lucha contra la extrema derecha y la defensa de las libertades, mientras perpetra “ataques a derechos fundamentales como el de reunión o huelga”.

Después de horas de silencio, la dirección general de la Policia, que ocupa Trapero, emitió un comunicado el pasado viernes para “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. La nota no incluía la petición de disculpas a los profesores exigida por ERC, los Comuns y la CUP.

Interior ha alegado que la Comisaría General de Información de los Mossos tiene atribuidas por ley funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo “referida a la conflictividad laboral y social”.

El objetivo de estas funciones, añade la nota de Interior, es llevar a cabo una “valoración de amenazas y riesgos”, por lo que no se trata de una decisión “discrecional” del cuerpo policial, sino del “cumplimiento de una obligación normativa”.

En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos”, agrega la nota de Interior, que sitúa como “obligación legal” la garantía de todos los derechos y se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

Esta explicación no ha contentado ni al sector ni a buena parte de la oposición. Los Comuns y ERC -socios de Illa-, así como la CUP y recientemente Junts, han exigido no sólo dimisiones sino también más explicaciones y disculpas por parte del Govern a los professores y a la sociedad en general.

Que Junts exija ahora la dimisión del director general de los Mossos rubrica la ruptura con Trapero, que pasó de ser un héroe para el independentismo debido a su papel com 'major' durante el procés y el 1 de Octubre, a un traidor. Quien llegó a ser imputado por sedición por su papel al frente de la policía catalana durante esas jornadas, decepcionó a sus acólitos durante el juicio del procés, cuando aseguró que nunca había compartido “el plan ideado por el Govern de alcanzar la independencia”. Incluso llegó a afirmar que tenía un “plan” para detener a Puigdemont si así se lo hubiera ordenado el juez.

Tras su absolución, en 2020, Trapero volvió al cargo, pero por poco tiempo. Fue destituído por el Govern de ERC en 2023. Un año después, Trapero fue rescatado por Illa y le nombró director general de la policía catalana, un cargo con mucha más carga política que el de major. De hecho, es la primera vez que este puesto lo ocupa un Mosso d'Esquadra.

Otras dimisiones

En su comparecencia ante los medios, Turull también ha exigido la dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, debido a la crisis de Rodalies. Esta petición no es nueva: hace más de un año que la formación exige su cese, pero este sábado la han reiterado tras conocerse el descarrilamiento de un tren de mercancías en Rubí este viernes, sólo una semana después de la reapertura de un túnel que estuvo cerrado por obras.

Esta noticia se da, además, el mismo día en que el Govern ha retirado la medida que hacía que Rodalies fuera gratuito hasta que se resolviera la crisis que afecta a la frecuencia y velocidad de los trenes desde el accidente mortal de Gelida, ahora hace tres meses.

A la crisis educativa enquistada en Catalunya se le ha sumado una crisis política y policial. La infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente para preparar la macrohuelga de las próximas semanas ha puesto bajo el foco al director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, de quien los socios parlamentarios de Salvador Illa, ERC y los Comuns, exigen su dimisión.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha cortado de raíz la reclamación de sus socios y ha reafirmado a Trapero en el cargo, además de “reconocer la labor de los Mossos ante quienes pretenden poner en duda la profesionalidad del cuerpo”.

Este sábado, Junts, primer partido de la oposición, ha ido un paso más allá y ha reclamado no solo el cese de Trapero y Parlon, sino también el de la consellera de Educación, Esther Niubó.

El Govern sigue sin dar con la tecla que pacifique unas aulas dispuestas a mantener el pulso en la calle para reclamar más recursos: el próximo martes arranca un mes de movilizaciones, con tres huelgas convocadas en toda Catalunya, más otras dos jornadas de paro por regiones. En pleno conflicto laboral, además, el Govern ha iniciado un plan piloto, sin consenso sindical, para enviar a mossos de paisano a institutos.

Este es el contexto en el que se enmarca la actuación reciente más polémica de los Mossos d'Esquadra: enviar a dos agentes de la comisaría de información, dedicada en teoría a la prevención de los delitos violentos y de los extremismos políticos y el yihadismo, a una asamblea de huelga docente. Pese a todo, los sindicatos docentes han insistido en pedir al Govern que se siente en la mesa de negociación.

Catalunya está acostumbrada al debate político y social sobre las actuaciones policiales. Hasta ahora, las discusiones se centraban en los operativos de los Mossos en materia de orden público, no en actuaciones de agentes de información. En esta legislatura, en la que Trapero se ha estrenado como cargo político tras su etapa como jefe policial, Interior ha superado sin demasiados aprietos la polémica por el uso del gas pimienta en manifestaciones.

Tras poner orden y apostar por la mediación para acabar con los desmanes de los antidisturbios de los Mossos hace 15 años, Trapero afronta ahora una crisis con el espionaje policial de una asamblea de maestros. Una práctica que retrotrae a la polémica infiltración sin aval judicial de la Policía Nacional en movimientos sociales de la que, a nivel de imagen, los Mossos siempre se han querido distanciar.

Después de casi 24 horas sin confirmar ni desmentir el espionaje, la dirección general de la Policia, que ocupa Trapero, ha emitido un comunicado para “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. La nota no incluía la petición de disculpas a los profesores exigida por ERC, los Comuns y la CUP.

Interior ha alegado que la Comisaría General de Información de los Mossos tiene atribuidas por ley funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo “referida a la conflictividad laboral y social”.

El objetivo de estas funciones, añade la nota de Interior, es llevar a cabo una “valoración de amenazas y riesgos”, por lo que no se trata de una decisión “discrecional” del cuerpo policial, sino del “cumplimiento de una obligación normativa”.

En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos”, agrega la nota de Interior, que sitúa como “obligación legal” la garantía de todos los derechos y se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

Las primeras explicaciones de Interior sobre el espionaje han sentado igual de mal a los socios de Illa y a los sindicatos docentes que el silencio durante un día. “Seguimos sin saber quién ordenó la recogida de información en una asamblea, bajo qué justificación y si se ponderó en la decisión de llevar a cabo una actuación policial prospectiva la incidencia en los derechos fundamentales de huelga y asociación”, asevera Mireia Salazar, abogada del sindicato CGT Ensenyament.

La letrada, que junto al resto de abogados de los sindicatos educativos estudia emprender acciones legales contra Ios Mossos, insiste en que una “investigación policial prospectiva” como la llevada a cabo por los Mossos “genera un efecto disuasorio y represivo” de un derecho fundamental como es el de huelga.

Fuentes policiales han confirmado a este diario que la infiltración policial se circunscribió a una labor preventiva, sin orden judicial y sin perspectiva de abrir una investigación formal a los docentes.

Antes de que Interior emitiera su comunicado, ERC, Comuns y la CUP han pedido el “cese inmediato” de Trapero por la infiltración policial en una asamblea de docentes. Aunque no ha querido vincular explícitamente esta petición con la negociación que ERC mantiene con el Govern sobre los presupuestos de la Generalitat, el portavoz adjunto de los republicanos en el Parlament, Jordi Albert, sí ha advertido de que “es evidente que hay que tomar decisiones” con la “máxima contundencia”, porque en esta ocasión “no servirán las medias tintas”.

“El Govern debe ser implacable ante la vulneración flagrante de derechos fundamentales”, ha remarcado el parlamentario de los Comuns, Andrés García Berrio, que ha alertado: “Si no toma medidas contundentes, tendremos un problema”. Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha enmarcado el espionaje de docentes en “una campaña de acoso contra las movilizaciones sociales”.

Lejos del corporativismo que habitualmente se asocia a los cuerpos policiales, el exjefe de los Mossos Eduard Sallent, en excedencia tras ser cesado por el Govern de Illa e histórico rival de Trapero en la cúpula del cuerpo, ha cargado contra la infiltración, ya que no se planificó “correctamente” y además no es una “buena opción” porque puede “erosionar” la confianza con la ciudadanía.

El Tribunal Supremo se resiste a cerrar el caso Macedonia, la que un día fue la gran causa de corrupción policial ligada al narcotráfico en Catalunya y que se saldó con sonoras absoluciones. Más de quince años después de los hechos, el Alto Tribunal obliga a la Audiencia de Barcelona a elaborar una nueva sentencia sobre tan solo uno de los inicialmente absueltos: el subinspector de los Mossos d’Esquadra acusado de colaborar con Manuel G.C., histórico confidente de la policía catalana y sospechoso (y exculpado) de tráfico de drogas.

El subinspector Josep R. fue detenido en octubre de 2010, en el marco de la operación Macedonia que comandó el entonces titular del juzgado de instrucción uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, el mismo que lideró la oposición judicial a la amnistía con el caso Volhov. A día de hoy, el juez está jubilado.

Tras una instrucción que se alargó diez años y en la que Aguirre se enfrentó al futuro major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por entonces jefe de investigación de la policía autonómica, la Audiencia de Barcelona absolvió a la mayoría de procesados, echó por tierra la hipótesis del juez y tildó parte de la instrucción de “errática” y “prospectiva”.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral, el Supremo evita las críticas a la instrucción del juez Aguirre. Por el contrario, elogia y considera “muy trabajado” uno de sus autos de intervención telefónica que anuló la Audiencia de Barcelona por desproporcionado.

La sentencia de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona también recibe buenas palabras del Supremo, que destaca el “esfuerzo” del tribunal en “desbrozar” los hechos. “Especialmente —agrega el Alto Tribunal— la ponente”, que fue la magistrada Carme Guil.

Sí deja entrever el Supremo cierto desacuerdo con las absoluciones generalizadas que dictó la Audiencia de Barcelona, aunque no las tumba porque estuvieron bien argumentadas. “La sentencia podrá ser tildada de indulgente, de demasiado estricta en el marco de las exigencias probatorias (lo que, por otra parte, parece de esencia de la presunción de inocencia), proclive en exceso a admitir explicaciones exculpatorias, ingenua en algunas valoraciones... pero no de irracional”, zanja el Alto Tribunal.

No esconde el Supremo que el paso del tiempo ha sido un factor a tener en cuenta para estudiar los recursos. Los años transcurridos desde que se iniciara y enjuiciara la causa no han cambiado los criterios jurídicos del Alto Tribunal, pero los togados admiten que han valorado el “factor temporal” a la hora de dictar su fallo.

La restitución de una única prueba anulada por la Audiencia, que obligará a esta instancia a dictar una nueva sentencia sobre el mosso Josep R., se ha decidido “de forma muy escrupulosa”, remarca el Supremo, que se declara “consciente” de que reabre “un camino que no se percibe corto”, ya que comportará otro estudio a fondo del caso, una nueva sentencia y otro trámite de recursos. Desde la primera sentencia de la Audiencia de Barcelona a la del Supremo han pasado tres años y medio.

Un caso que no termina

La sentencia del Supremo estima, en parte, el recurso de la Fiscalía, que había impugnado la sentencia de la Audiencia de Barcelona en su totalidad. “No es frecuente un recurso del Ministerio Fiscal articulado en doce motivos diferentes”, advierte la resolución del Alto Tribunal.

El Ministerio Público pretendía que el Supremo diera marcha atrás a la anulación de los pinchazos telefónicos, averiguaciones patrimoniales y otras pruebas como declaraciones de los investigados tras su detención que ordenó la Audiencia. También cargó la Fiscalía contra la “racionalidad motivadora” de la primera sentencia, extremo que el Supremo no comparte.

De todas las impugnaciones del Ministerio Público, el Supremo acoge tan solo la relativa a la anulación de la declaración de Josep R. tras ser detenido por orden del juez Aguirre en 2010. La Audiencia había tumbado el interrogatorio porque se había producido superando el plazo máximo legal de 72 horas estipulado para la detención, pero el Supremo la da por válida porque, aunque más tarde, se hizo con todas las garantías.

En consecuencia, la Audiencia de Barcelona tendrá que valorar ahora las palabras de Josep R. en instrucción, cuando reconoció haber facilitado a otros acusados información y una fotografía de otro investigado extraída de las bases de datos policiales.

La declaración en instrucción del mosso, argumenta el Supremo, “aporta elementos autoinculpatorios capaces de matizar o variar la fiabilidad de las manifestaciones” que hizo el agente en el juicio y “poder fundar una convicción diferente” (esto es, una condena), aunque corresponderá al tribunal barcelonés valorar si condena o vuelve a exculpar al policía.

Qué supone anular pruebas

Más allá del caso concreto de Josep R., la sentencia del Supremo desliza reflexiones interesantes sobre lo que supone anular pruebas por vulnerar los derechos fundamentales, tal y como hizo la Audiencia, por errores en la instrucción.

“Produce gran decepción (más si pensamos en delitos con víctimas concretas) que una complicada tarea de investigación y enjuiciamiento laboriosamente construida se derrumbe como un castillo de naipes, porque las dos primeras 'cartas' eran 'defectuosas', se eligieron sin cuidado y al final acaban por ceder arrastrando con ellas todo el 'castillo'”, asevera el tribunal.

La anulación de una prueba, incide el Supremo, “constituye un fracaso del sistema de justicia penal”. Aunque pueda entenderse como una señal de que el sistema funciona porque se revisa a sí mismo, “no deja de constituir un fracaso por cuanto significa el reconocimiento de que se ha vulnerado un derecho fundamental”, agregan los magistrados.

Recortar una prueba obtenida de forma ilícita, ahonda el tribunal, tiene consecuencias y limita el derecho a la tutela judicial efectiva, pero se trata de “un tributo que hay que pagar gustosamente cuando en verdad se constata una vulneración de un derecho fundamental”. “La Sala de instancia [la Audiencia de Barcelona] entendió que había que abonarlo. No encontramos razones suficientes para enmendar su valoración. Se asume el precio”, concluye el Supremo.

Macedonia fue uno de los capítulos polémicos de la historia judicial catalana. Provocó un grave enfrentamiento que no se ha resuelto entre el juez Aguirre y el major Trapero, entonces investigador del caso y que requirió al magistrado una orden por escrito que nunca llegó (y no solo verbal) para intervenir los teléfonos de todo el grupo antidroga de la Guardia Civil en Catalunya, tal y como pretendía el instructor.

Después de esta discrepancia entre Trapero y el juez, llegó la sombra de la brigada política del PP que anidó en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy y de las maniobras del comisario Villarejo contra el major, aunque las magistradas descartaron que influyeran en el devenir del caso Macedonia. 

El comisario de los Mossos d'Esquadra Eduard Sallent, que ha liderado la policía catalana en dos etapas y que fue destituido por el Govern de Salvador Illa días después de la fuga del expresident Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona en agosto de 2024, ha pedido una excedencia para dejar el cuerpo.

Según ha adelantado El País y han confirmado a la agencia EFE fuentes policiales, Sallent, que desde su destitución como comisario jefe ejercía como máximo responsable de la región policial Metropolitana Sur de Barcelona, ha pedido a la Subdirección General de Recursos Humanos acogerse a una excedencia, por lo que próximamente abandonará el cuerpo.

El comisario Sallent llegó a superar en julio de 2024 el curso para ser nombrado mayor —un rango vitalicio que solo ostenta el actual director de los Mossos, Josep Lluís Trapero—, en un proceso que inició el Govern de ERC poco antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024, aunque la Justicia lo terminó avalando.

Sallent ha dirigido a los Mossos d'Esquadra en dos etapas distintas: primero entre junio de 2019 y noviembre de 2020, cuando fue destituido y relevado por Josep Lluís Trapero tras su absolución por el 1-O, y posteriormente entre octubre de 2022 y agosto de 2024, cuando fue cesado por el ejecutivo de Salvador Illa días después de la fuga de Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona.

En concreto, Sallent fue nombrado comisario jefe por primera vez el 3 de junio de 2019 por el conseller Miquel Buch, entonces en Junts, en un período convulso, con los Mossos aún recuperándose de la crisis de liderazgo tras la destitución de Trapero por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en octubre de 2017, que suspendió la autonomía catalana, y por los disturbios en las protestas contra la condena a la cúpula del procés -en octubre de 2019-.

Con el presidente Quim Torra (Junts) criticando la actuación de los Mossos en los disturbios y enfrentado a la cúpula de Interior, Sallent logró sobrevivir al relevo de Buch, que fue sustituido el 3 de septiembre de 2020 en la Consellería de Interior por Miquel Sàmper, un abogado independiente que ahora ejerce como conseller de Empresa en el Ejecutivo del PSC.

Sallent logró fortalecer su liderazgo y tendió puentes para recomponer las relaciones con jueces y fiscales y con la Guardia Civil y la Policía Nacional, que eran abruptas durante y después el 'procés', en un mandato que se prolongó hasta que Trapero fue absuelto el 21 de octubre del 2020.

Sàmper optó entonces por restituir a Trapero al frente de los Mossos, de forma que Sallent fue nombrado jefe de la región policial Metropolitana Sur de Barcelona —el mismo que ostenta actualmente.

Con la llegada del Govern de ERC en solitario, Sallent regresó a la cúpula de los Mossos en diciembre de 2021 de la mano del conseller Joan Ignasi Elena: primero como número dos del comisario jefe Josep Maria Estela, a quien acabó relevando diez meses después, el 17 de octubre de 2022.

El director general de la policía catalana, el major Josep Lluís Trapero, ha desmontado este lunes una de las consignas más repetidas por la extrema derecha este verano y ha desvinculado la inmigración de la delincuencia. “El problema es inferir una nacionalidad a un delito”, ha afirmado.

En una entrevista en RAC-1, Trapero ha explicado que, en seguridad, una cosa es la percepción que tiene la ciudadanía de los delitos y otra lo que reflejan las cifras oficiales. En la percepción que la gente tiene sobre seguridad, ha recordado, influye no solo un hecho concreto, sino las noticias (a veces alarmistas) de los medios o la voluntad política de crear un estado de opinión determinado.

“En la sensación no solo hablan las cifras. Poner el tema de seguridad todos los días sobre la mesa tiene consecuencias”, ha señalado Trapero, que ha abogado por “hablar de todo”, pero sin engaños ni alarmismos. Trapero, que se sumó a un cargo político en el Govern de Illa tras su etapa como major y máximo responsable policial de los Mossos, ha dado datos para explicar la situación de la seguridad en Catalunya.

Los delitos han bajado alrededor de un 5% en el primer semestre de 2025 en comparación con el año anterior, e incluso se han registrado reducciones del 10% o el 12% en algunos tipos delictivos, ha agregado.

“Si analizamos la población autóctona involucrada en delitos, sería muy fácil ver que tienen relación con el nivel de ingresos. ¿Nos lleva a esto a decir que lo que tiene poco dinero es un ladrón? Esto solo se está haciendo con los inmigrantes y no con otros elementos del estudio”, ha aseverado el major.

Sobre las protestas de La Vuelta de este domingo en Madrid, Trapero ha apostado por buscar el “equilibrio” entre el derecho a la protesta y las otras actividades que se celebran en la calle, algo que “nunca satisface a los extremos”. El major ha remarcado que los Mossos trabajan desde hace tiempo para “garantizar” que las etapas del Tour de Francia de 2026 que se celebrarán en Catalunya tendrán “un punto extra de seguridad”.

El director general de la Policía de la Generalitat, el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha desvelado este jueves que la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia que interpuso como víctima de la Operación Cataluña. “Me hubiese gustado otro trato de la Fiscalía”, ha lamentado en una entrevista en la Cadena SER.

En la primera entrevista que ofrece en cuatro años, en los que ha pasado de ser jefe policial a ocupar responsabilidades políticas como director general en el Govern de Illa, Trapero ha repasado los hechos del procés, su juicio, y la respuesta a los atentados del 2017, tanto en su faceta policial como personal. “Tuve 190 sesiones de psicólogo, no me avergüenza decirlo”, ha explicado.

Pese a no vestir ya el uniforme, Trapero ha reivindicado su idea de policía democrática que esbozó durante los años en los que estuvo al frente del cuerpo de Mossos: “Una policía democráticamente avanzada no puede autogobernarse, tiene que ser de todos, no hacer partidismo y en su función de policía judicial no puede entrar la política”.

Ha rememorado Trapero el otoño soberanista de 2017 que lo puso en la diana tanto de independentistas como de contrarios a la secesión (y del que terminó absuelto y con el respaldo de la Audiencia Nacional a la actuación de los Mossos el 1-O).

“Es bastante sencillo de entender: la policía a veces lo único que puede hacer es estropear cosas. Con dos millones de personas en la calle, lo único que puedes hacer con un uso de la fuerza es crear un problema grave”, ha aseverado sobre el día del referéndum y el papel de los Mossos, en contraste con el de Policía y Guardia Civil.

Trapero ha reconocido abiertamente la presión que recibió de la conselleria de Interior del Govern de ERC, que lo destituyó como jefe operativo del cuerpo. “Las cosas se tienen que hacer bien, fui sometido a un proceso de desgaste importante”, ha lamentado.

También ha recordado el major las maniobras de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy para desprestigiarle.

Según ha revelado Trapero, su denuncia ha quedado archivada tras ser derivada por la Fiscalía de Barcelona al servicio de Anticorrupción en Madrid. En su escrito, de 50 páginas, el major denunció la “persecución injusta” hacia su persona realizada por “individuos que no tenían habilitación legal para hacerlo” y que solo tenía por objetivo su “descrédito y neutralización”.

“La denuncia la trabajé, entiendo algo de investigación criminal y no suelo decir nada que no pueda demostrar”, ha señalado Trapero, que ha lamentado el papel de Anticorrupción: “Yo cuando he sido procesado he dado la cara y explicaciones; ahora me hubiese gustado que la misma Fiscalía hubiese tenido otro tipo de trato conmigo, como víctima”.

Aunque ahora las ha cerrado, la Fiscalía sí llegó a abrir, al menos, pesquisas, al contrario que lo ocurrido en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón rechazó abrir una causa después de recibir un informe de los Mossos d'Esquadra que exponía los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo en los que se intentaba implicar a Trapero en un caso de presunto narcotráfico, el conocido como caso Macedonia.

La causa, en la que Trapero nunca llegó a estar imputado pero que provocó un enfrentamiento entre el major y el juez instructor, Joaquín Aguirre, terminó con la absolución de todos los acusados. La sentencia de la Audiencia de Barcelona censuró la instrucción del juez Aguirre, anuló varios de los pinchazos telefónicos acordados y llegó a una conclusión rotunda: no hubo colaboración alguna de ningún agente de la policía autonómica con la presunta trama de narcotráfico liderada en realidad por un confidente policial habitual de los Mossos, Manuel G.C.

El major de los Mossos d'Esquadra y actual jefe político del cuerpo, Josep Lluis Trapero, ha defendido este miércoles en el Congreso la actuación del CNI antes, durante y después del atentado islamista en la Rambla y Cambrils sucedido el 17 de agosto de 2017. “La colaboración más leal y provechosa fue la que mantuvimos con el CNI”, ha asegurado Trapero, que ha indicado que desde los servicios de inteligencia hubo un flujo continuo de información hacia los Mossos tanto antes del atentado como después.

Trapero, que en verano de 2017 era el comisario jefe, es decir, el máximo responsable operativo de los Mossos, ha comparecido en la comisión de investigación sobre el atentado con una defensa sin fisuras de la actuación del cuerpo catalán en aquellos días. “He visto ejercicios de desmemoria y tergiversación de los hechos y a mi me competen en la medida que afectan al trabajo de los Mossos”, ha lamentado.

En este capítulo, Trapero se ha mostrado dolido por las “críticas sin motivo” que a su juicio lanzó contra los Mossos en esa misma comisión el exsecretario de Estado de Seguridad con el PP, José Antonio Nieto. “Se hizo llegar a la ciudadanía que algo se había hecho mal en el cuerpo de Mossos y había posibilitado esos atentados”, asegurado el policía. “Eso es lo que no hay derecho. No hay derecho a hacerlo con Mossos y no hay derecho a hacerlo con nadie”, ha añadido.

Según el veterano policía, los Mossos estuvieron a la altura de las circunstancias tanto en la jornada de los atentados, donde según ha indicado la célula terrorista se encontró con operativos que “estaban donde tenían que estar y hacían lo que tenían que hacer” según el plan Cronos de la policía catalana. Además, una vez se produjo el atentado, ha defendido, “no hubo desorden ni improvisación, sino planificación y eficacía”. “Creo que la ciudadanía lo percibió”, ha apostillado.

“Nada que se hubiese podido hacer y que no se hizo hubiera evitado el atentado”, ha asegurado categórico Trapero. “La respuesta hubiese sido otra si hubiesemos pasado por alto alguna noticia, documento o información que nos hubiese llevado a conocer aquellas intenciones, pero no fue así, no ocurrió”, ha remachado.

Sobre la relación con otros cuerpos, Trapero no ha ahorrado loas hacía el CNI, un organismo que, según ha relatado, al inicio de ese mismo verano se puso en contacto con los Mossos por iniciativa propia para ofrecer la información que se compartía en un comité europeo antiterrosita constituído entre diversos servicios de inteligencia.

De hecho, según ha explicado el ahora director general en el Govern de Salvador Illa, los Mossos aprovecharon esa información tanto antes del atentado como, sobre todo, una vez éste se había producido.

Otro detalle revelado por Trapero en la comisión, y que a su juicio demuestra la sintonía que hubo en todo momento con el CNI, es que los servicios de información adscritos al Ministerio de Defensa comunicaron a los Mossos la información que tenían sobre el iman Abdelbaki es Satty en cuanto la policía catalana puso en su conocimiento esa identidad. “Comunicaron que se habían entrevistado con esa persona en el pasado y que hacía un tiempo que no tenían este contacto”, ha explicado.

Trapero sí ha explicado, sin embargo, que la relación con otras policías fue más complicada. A su juicio los roces que se produjeron no tenían tanto que ver con la situación política derivada del procés, sino con que algunos mandos policiales no asumían que habían cedido competencias en manos de los Mossos.

Salvador Illa ha cumplido su palabra y ha recuperado a Josep Lluís Trapero para nombrarlo director general de la policía de la Generalitat. La vuelta de Trapero a las más altas responsabilidades es, en cierta forma, una restitución, que viene a corregir una salida atropellada bajo las órdenes de ERC que desconcertó a buena parte de los mandos de los Mossos d'Esquadra.

El major –este es un rango policial que nunca se pierde– vuelve, pero lo hace con un matiz importante. Trapero siempre había mantenido una carrera lejos de la política e incluso, como comisario jefe, había preferido mostrarse siempre cercano a la actividad diaria de un agente. Ahora es diferente; el de director general es un cargo político y será la primera vez que lo ocupe un uniformado.

Salvador Illa centró gran parte de su campaña electoral en la seguridad y fue en el debate de TV3 y Catalunya Ràdio cuando anunció quiénes serían sus nombres para llevar a cabo sus propuestas si era investido: Núria Parlon, exalcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, sería su consellera de Interior y Trapero, que dejaría las labores policiales para pasar a ejercer como el alto cargo al volante de la policía.

El nombramiento de Trapero se da en uno de los momentos más complicados para el cuerpo y en plena convulsión después de que la policía catalana fuera incapaz de detener a Carles Puigdemont en su breve regreso a Catalunya y de que el expresident escapara del radar de los Mossos y pudiera volver a Waterloo sin ser arrestado.

La llegada de Trapero ha venido acompañada de cambios de relevancia en la jefatura policial. El nuevo comisario jefe de los Mossos será Miquel Esquius, hombre de confianza de Trapero, que ya estuvo al frente del cuerpo en 2019 pero fue destituido por el entonces Govern de Junts, que nombró a Eduard Sallent. Éste se mantuvo con el cambio de Govern de ERC y nunca ha tenido sintonía con Trapero.

Siempre en los Mossos

La trayectoria del nuevo director general ha estado siempre vinculada al cuerpo. Formado en la Escola de Policía de Catalunya, la escuela de mossos por antonomasia, Trapero se licenció después en Derecho y después realizó formación complementaria de especialización en diversos ámbitos, como el blanqueo de capitales y el crimen organizado. Bien formado y tras firmar una hoja de servicios en diversas tareas, el policía de Santa Coloma pasa a dedicarse a la investigación, donde asciende de forma rápida hasta convertirse en jefe de la División de Investigación Criminal, en 2008.

Solo unos años después, se convertiría en el comisario al frente de la Comissaria General d'Investigació Criminal. Es allí donde el entonces director general de la policía Manel Prat se fija en él, para acabar nombrándolo en 2013 como comisario jefe, es decir, el hombre en la cúspide operativa del cuerpo.

No sería hasta el año 2017 cuando, además de ser el policía con más mando, obtuviese también los máximos galones con el título de major. En su primera semana con esta distinción, ahora hace exactamente 7 años, Trapero tuvo que hacer frente a los atentados de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos. La actuación de los Mossos recibió felicitaciones dentro y fuera de Catalunya, tanto por el operativo antiterrorista como por la forma directa y transparente de comunicar. La forma de actuar, con todo, también recibió críticas por no haber priorizado la captura a los atacantes y haber optado por abatir a todos ellos.

Pero ni críticas ni alabanzas tuvieron demasiado tiempo para resonar. Poco después, llegaba el referéndum del 1-O y aquella votación le valió una imputación por el delito de sedición. Se le llegaron a pedir once años de prisión, pero fue absuelto en octubre de 2020.

De “sedicioso y seductor” a “una ocurrencia”

Trapero empezó desde abajo y ascendió a lo más alto de la cúpula de los Mossos d’Esquadra sin buscar ni deber favores políticos. Criado en un barrio obrero de Santa Coloma de Gramenet, los que le conocen bien destacan su tozudez y la costumbre de hablar claro. A Trapero se le escogió solo porque se consideró que podía hacerlo mejor que otros comisarios que aspiraban a ese mismo ascenso, sin que pesara, en el año 2013, si tenía o no vinculación con el proyecto independentista. Pero se acabó convirtiendo en un auténtico icono del independentismo.

Su ascenso popular fue a raíz de su mandato al frente de los Mossos durante el procés y el referéndum. En aquella jornada se empezó a corear el cántico “los Mossos son nuestra policía”, ya que el cuerpo catalán no empleó la violencia física para impedir la votación, como sí hicieron la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Este gesto hizo que Trapero se ganara el favor del independentismo y, también, una imputación por sedición, cosa que, en vista de la opinión popular, le igualaba a otros líderes del procés como el expresident Puigdemont u Oriol Junqueras. De hecho, el entonces major se convirtió en carne de meme con imágenes suyas acompañadas de la leyenda “Sediciós i seductor”.

Pero el embrujo acabó poco después, durante el juicio del procés, cuando Trapero decepcionó a sus fans basando su defensa en la idea de que nunca “compartió el plan ideado por el Govern para alcanzar la independencia de Catalunya y su proclamación como Estado independiente”. Y la gota que colmó el vaso fue su revelación de que el cuerpo tenía un plan para detener a Puigdemont y al resto del Govern cuando se aprobó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y que estaba dispuesto a llevarlo a cabo si se lo hubiera ordenado un juez.

Trapero fue absuelto del delito de sedición en 2020 y un año después volvió al cuerpo de los Mossos, del que había sido destituido tras su imputación. Pero la relación ya no era la misma. Quien le rescató fue el Govern de Quim Torra, con Miquel Sàmper al frente de la conselleria de Interior -ahora a cargo de la cartera de Empresa y Trabajo en el Govern de Illa-.

“Regresó resentido con todo y se encerró en un núcleo muy estrecho y pequeño”, explicaron en su momento a elDiario.es fuentes de la Generalitat de aquel momento. Y la relación todavía se enrareció más cuando Joan Ignasi Elena (ERC) asumió la cartera de Interior tras la salida de Junts del Govern de la Generalitat en 2022.

Con todo, el regreso fue breve, ya que un año después volvió a ser destituido como comisario jefe en favor de Josep Maria Estella. El argumento fue que el cuerpo necesitaba “una renovación” y se envió a Trapero a la División de Evaluación de Servicios, donde analizaba el funcionamiento de los dispositivos policiales.

La destitución de Trapero -y la de una treintena más de mandos policiales- despertó el rechazo de buena parte de la oposición, que apuntó que respondió a una “purga” y a “intereses políticos”. Por eso, PSC, PP, Ciudadanos y Vox pidieron la creación de una comisión de investigación en el Parlament para aclarar los motivos de los cambios en la cúpula de los Mossos.

Trapero fue apartado de la dirección del cuerpo por quienes le encumbraron y fue ahí cuando Illa vio su ventana de oportunidad para rescatar al hombre que pasó de ser elogiado por el independentismo a una figura repudiada. De hecho, el anuncio del socialista durante la campaña levantó ampollas entre ERC y Junts. Puigdemont definió el fichaje como “una ocurrencia” y pidió al ahora president que mantuviera a “los profesionales del combate partidista”.

De icono del independentismo a fichaje del PSC

El nuevo president, después de siete años marcados por el procés, quiere hacer cambios estructurales en los Mossos. Y para ello ha escogido a Trapero, cuyo fichaje empezó hace ya tiempo. El major tiene buena relación con el exconseller Sàmper, que le rescató mientras estuvo al frente de Interior. Y también conoce bien al nuevo conseller de Justicia, Ramon Espadaler, el mismo que ostentaba la cartera de Interior la primera vez que Trapero fue nombrado máximo jefe del cuerpo.

No menos importante es la antigua relación con Albert Batlle, actual responsable de la seguridad en el ayuntamiento de Barcelona y que fue director de los Mossos (el mismo cargo que ahora ocupará Trapero) durante una parte del tiempos en los que el major era comisario jefe. Juntos, por ejemplo, hicieron frente a los atentados de la Rambla. Y ahora se sentarán en despachos prácticamente homólogos, uno a cargo de la Guardia Urbana de Barcelona y, el otro, al frente de los Mossos.

Todos estos nombres que han ido encontrándose con Trapero durante su carrera y que hoy ostentan cargos en ejecutivos del PSC han sido claves para su fichaje. Pero quizás uno de los más importantes ha sido el de Núria Parlón, quien será su consellera. Es conocida la buena relación entre ellos. Ambos son nativos de Santa Coloma de Gramenet -así se conocieron-. Ahora trabajarán juntos. Su promesa: “Una nueva forma de afrontar la seguridad ciudadana”.

Nueva etapa en la cúpula de los Mossos d'Esquadra. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha confirmado que este martes el major Josep Lluís Trapero será nombrado director general de la policía y ha cesado al comisario jefe de la policía autonómica, Eduard Sallent. Su sustituto será Miquel Esquius, que ya estuvo al frente del cuerpo en 2019. “Se ha agotado una etapa y se abre un nuevo tiempo con nuevos liderazgos”, ha afirmado Parlon.

Parlon ha presentado este lunes ante la prensa la remodelación, que afecta tanto a la estructura política del departamento como a la jefatura policial. Los cambios a la secretaría general de la conselleria, que ocupará Tomàs Carrión, un hombre de confianza de Parlon en su etapa en la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet, y a la dirección general, en la que Josep Lluís Trapero coge el testigo de Pere Ferrer, quien ocupó el cargo tanto bajo gobiernos de Junts como de ERC.

El relevo en la cúpula policial se daba por descontado, toda vez que las divergencias entre Sallent y Trapero eran conocidas y el nombramiento del major para un cargo político ya fue anunciado por Salvador Illa durante la campaña electoral. Parlon ha agradecido la labor de la anterior cúpula y ha remarcado que los cambios no están vinculados a la fuga del expresident, si bien ha admitido “errores” en el dispositivo policial del pasado 8 de agosto.

La seguridad es una de las carpetas prioritarias para el nuevo Govern. Salvador Illa acudió al complejo Egara de Sabadell, la sede central de los Mossos d'Esquadra, en su primer acto como president. Durante la visita, Illa apostó por unos Mossos “alejados de la confrontación política”, lo que requiere, remarcó, “generar una confianza recíproca”.

Para este objetivo Illa ha situado al frente de la conselleria de Interior a Parlon, uno de los puntales municipales del PSC que reivindica la seguridad (incluso la mano dura, si es necesario), como una política progresista, si bien en los últimos tiempos se ha situado a favor de enfoques punitivistas y de endurecer el Código Penal respecto a algunos delitos.

Parlon se ha fijado como prioridad “revertir la curva delictiva”, en coordinación con las policías locales, así como rebajar la “percepción” que, en ocasiones, puede tener la ciudadanía en relación a la inseguridad o a determinados hechos delictivos.

Sacar al cuerpo de las polémicas políticas en las que se ha visto inmerso los últimos años es un objetivo complejo. Para muestra, el desastroso operativo que culminó con la fugaz vuelta y fuga de Carles Puigdemont a Barcelona tras siete años fuera de España. Los Mossos fueron incapaces de detener al expresident pese a que se presentó en pleno Arco del Triunfo de Barcelona. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya han pedido explicaciones a la policía catalana por el fiasco.

En su anterior etapa al frente del cuerpo, Esquius logró rebajar la presión sobre el cuerpo en comparación con las turbulencias que vivieron los Mossos en septiembre y octubre de 2017, cuando el proceso soberanista los situó en el centro del debate político. Fue nombrado tras la destitución de Trapero y todo el Govern en virtud del 155, pero duró solo once meses en el cargo porque Junts nombró a Sallent, vinculado históricamente a cargos en Interior de la antigua Convergència y con varias polémicas en su etapa al frente del cuerpo.

El nuevo jefe de la policía catalana se graduó en la segunda promoción de Mossos d'Esquadra y la primera de tráfico. Es un veterano del cuerpo, con 39 años de servicio público a sus espaldas, y ha ejercido varias responsabilidades. Parlon ha anunciado también que la comisaria Alicia Moriana sustituirá a Rosa Bosch como número 2 de los Mossos en la jefatura de la policía autonómica. Moriana impugnó el proceso que la anterior conselleria de Interior, cuando el Govern ya estaba en funciones, impulsó para nombrar a Sallent major.

El director general de la Policía, Pere Ferrer, ha elegido al actual comisario jefe, Eduard Sallent, para ser major de los Mossos d'Esquadra. Sallent se ha impuesto a la candidatura de la comisaria Alícia Moriana.

Ferrer ha entrevistado a los dos comisarios este mismo viernes, coincidiendo con el último día de la campaña electoral, y ha hecho pública esta tarde la diligencia en la que se indica que Sallent ha sido la persona designada para realizar el curso de major, que se iniciará el próximo 21 de mayo en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El proceso de selección de Sallent, a quien ERC promocionó al llegar a la conselleria, a la vez que apartó al major Josep Lluís Trapero, ha estado rodeado de polémica. La comisaria Moriana, así como varios sindicatos, ha impugnado las bases de la convocatoria en el juzgado contencioso administrativo. La justicia decidirá si existe impedimento o no para que Sallent se convierta en major, la misma gradación que ahora mismo sólo tiene Trapero. La mala relación entre ambos es conocida dentro y fuera del departamento de Interior.

La gestión de la Policía catalana ha estado de nuevo en el foco en esta campaña tras anunciar Salvador Illa que si logra ser presidente nombrará a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, como consellera de Interior y al major Trapero como director general de los Mossos, un cargo político y que hasta ahora no había ocupado un mando policial.

El exconseller de Interior de Junts en el Govern de Quim Torra, Miquel Sàmper, y el extitular de Cultura en el Ejecutivo de Carles Puigdemont, Santi Vila, se han adherido a la plataforma de apoyo al cabeza de lista del PSC, Salvador Illa. Ambos exconsellers de la órbita neoconvergente han suscrito el manifiesto de apoyo a Illa lanzado por varias personalidades de la cultura y la academia.

Sàmper y Vila –quien ya formaba parte del consejo asesor en infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona de Jaume Collboni– se suman así a nombres como la directora de cine Isabel Coixet, el diseñador Javier Mariscal, el cantautor Joan Manuel Serrat o el presentador televisivo Jorge Javier Vázquez, que ya habían anunciado su unión a la plataforma 'SI' de apoyo al candidato del PSC a las elecciones del 12M.

Otros nombres que se han sumado a la iniciativa son los del economista y exdiputado Josep Maria Bricall, la catedrática y exsenadora Victoria Camps, y las actrices y actores Núria Espert, Mònica Randall, Josep Maria Pou, Abel Folk, Roger Pera.

La plataforma reclama un presidente “capaz de representar al conjunto de la ciudadanía” y que trabaje “para unir y evite dividir”. “Queremos un gobierno que afronte los problemas que han sido ignorados, que sea capaz de hacer bien lo que se ha hecho mal, que practique la estrecha colaboración con todas las administraciones, especialmente con los ayuntamientos”, añade el manifiesto de la plataforma.

ERC y Junts critican el fichaje de Trapero

Sàmper fue el conseller de Interior que volvió a situar al frente de los Mossos d'Esquadra al major Josep Lluís Trapero, posteriormente relegado por parte del Govern de ERC. Su apoyo a Illa se ha conocido un día después de que el candidato socialista anunciara que, si gobierno, Trapero será el número dos político de los Mossos, pues lo situará al frente de la dirección general de la policía autonómica.

El resto de partidos se han referido este miércoles al anuncio de Illa. El president de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha criticado que Illa vaya “repartiendo cargos” antes de que voten los catalanes. “A mi lo que me sorprende es que, antes que la gente haya votado, ya haya quien está repartiendo cargos”, y ha dicho que este no es el estilo de hacer campaña de los republicanos, porque ha asegurado que en ERC son los de las propuestas.

Para Carles Puigdemont, el anuncio de Illa es una “ocurrencia de campaña”. El expresident ha reprochado al candidato socialista que “haga política con la policía a 3 o 4 días de las elecciones”, al tiempo que ha llamado a “preservar a los profesionales del combate partidista”. “Yo esperaría a ver qué dicen los ciudadanos en las urnas. No haremos ningún anuncio sobre nombramientos antes de ver qué dicen los ciudadanos”, ha agregado.

El candidato del PSC, Salvador Illa, ha hecho este martes en el debate de TV3 uno de los principales anuncios de su campaña. Cuando los aspirantes debatían sobre la seguridad, Illa ha anunciado que la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, será su consellera de Interior y que el major Josep Lluís Trapero será director general de los Mossos d'Esquadra (un cargo de designación política) si llega a la presidencia. El candidato socialista había hecho de la seguridad una de sus prioridades en campaña aunque no ha sido hasta ahora que ha desvelado el equipo que que la dirigiría.

El electorado catalán lleva casi dos semanas inmerso en una campaña electoral, pero en todo este tiempo ha tenido difícil hacer una idea de los acuerdos que pueden forjarse tras el 12 de mayo. El debate que han celebrado este martes los ocho principales candidatos en TV3 y Catalunya Ràdio tampoco ha aclarado qué política de alianzas priorizarán los aspirantes que están en cabeza, que según los sondeos son Salvador Illa y Carles Puigdemont, seguidos por Pere Aragonès. Los reproches y vetos cruzados amenazan con hacer imposible sumar la mayoría suficiente para que alguno de los presidenciables logren la investidura.

El debate de de TV3 ha sido el último de los tres televisados que se han celebrado y que deja la carrera hacia el 12M en su recta final, con solo tres días más de campaña y la jornada de reflexión del sábado. La ley electoral impide desde este martes publicar nuevas encuestas en España, aunque algunos sondeos sortean la prohibición publicándose desde otros países. En los últimos días todos los estudios demoscópicos publicados sitúan al PSC en cabeza, seguido de Junts, que se sitúa en segundo lugar y con ERC en el tercero.

El resto de partidos, representados por Ignacio Garriga (Vox), Laia Estrada (CUP), Jéssica Albiach (Comuns), Carlos Carrizosa (Ciudadanos) y Alejandro Fernández (PP), tampoco han mostrado adhesiones incondicionales, aunque algunos de ellos han mostrado sus preferencias. Albiach ha tendido la mano a todas las formaciones de izquierdas, mientras Estrada ha puesto condiciones para sumar en un bloque soberanista. Desde Junts, por su parte, han prometido que de ninguna forma pactarán con la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. “Ni por activa ni por pasiva”, ha dicho Rull

Rull y Aragonès, aliados en el pasado, han chocado en diversas ocasiones. En una de ellas, el candidato de Junts ha invitado a ERC a “rehacer la unidad”, porque a su entender solo con el independentismo unido podrá retomarse el hilo del 1-O. Aragonès le ha respondido recordando que fue Junts quien abandonó el Govern y celebrando que la formación de Carles Puigdemont haya pasado “a practicar la negociación [con el PSOE] tras equipararla a una traición”.

Illa también se ha encarado con Fernández, a quien ha reclamado que deje de referirse a él como “mentiroso”. Pero que el candidato del PP se ha reafirmado, asegurando que Illa “juró y perjuró que no daría apoyo a los independentistas y a la amnistía”. “El PP ha instrumentalizado Catalunya para ganar votos en España y ha practicado la guerra sucia”, ha reprochado Illa, que ha contrastado la gestión del procés de Mariano Rajoy con la actual. “Gobernando el PP en Madrid, aquí se vulneró la ley; gobernando los socialistas no se ha vulnerado”, ha apostillado.

En el lado de la derecha, en un contexto en el que las encuestas dibujan un empate entre PP y Vox, Fernández ha cargado contra la “mentira” de Garriga sobre la regularización de migrantes que se está debatiendo en el Congreso, pero que el candidato de la extrema derecha ha dado falsamente por hecha por el apoyo del PP. “La demagogia y el populismo no se pueden aceptar, ya está bien de tanta mentira”, ha zanjado Fernández.

En el debate celebrado un día antes en La Sexta los candidatos ya habían dejado ver que la política de pactos sería uno de los temas más importantes tras el 12 de mayo, debido a los vetos cruzados. Además, como ha ocurrido en TV3, los partidos de izquierdas se intercambiaron en debates anteriores reproches, al tiempo que mostraban las distancias entre sus programas, lo que avanza que tampoco una alianza entre PSC, ERC y Comuns tampoco sería sencilla.

Aragonès, criticado por la sequía

La crisis climática y la sequía han centrado otro de los bloques, uno en el que los candidatos se han enzarzado com más vehemencia. CUP y Comuns han coincidido en acusar a Aragonès de favorecer al sector turístico durante los tres meses en los que ha estado decretado el estado de emergencia. “Ha habido restricciones para el campo, pero no para el turismo”, ha protestado Albiach.

Por su parte, Estrada ha definido la gestión del Govern como “cortoplacista” y ha considerado que se han “precipitado” al levantar este martes las restricciones de consumo de agua, sin haber impuesto freno al consumo de agua del turismo.

“No tienen ni idea de gestionar el agua. Yo tampoco, pero al menos lo reconozco”, ha apuntado con socarronería el candidato del PP, que ha cargado también contra Illa al considerar que los gobiernos del PSC, que acabaron en 2010, tampoco fueron eficaces para prevenir la falta de agua.

Illa ha considerado “arrogante” el comentario de Fernández, y ha lamentado los “bandazos” que, a su juicio, ha dado el Govern de Aragonès por apostar primero por el traslado de agua en barcos desde València para después decidirse por las desaladoras.

Por su parte, Rull se ha posicionado con claridad a favor del proyecto del Hard Rock, en la localidad de Vila-Seca (Tarragona) y ha defendido que el complejo Hard Rock es “un proyecto que pretende reforzar el sector turístico” y que será “un gran centro de convenciones y de turismo familiar” en el sur de Europa. 

La primera gran investigación de la Fiscalía sobre la Operación Catalunya se divide. La Fiscalía de Barcelona ha decidido enviar a Madrid las denuncias del major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y de 14 de los jueces que fueron víctimas de las maniobras de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del PP. La primera ha sido enviada al servicio de Anticorrupción y la segunda a la Fiscalía de Madrid.

En Catalunya permanecerá la causa que la Fiscalía Superior de Catalunya mantiene abierta sobre las notas inéditas desveladas por una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia y que muestran el intento de la policía política del PP para maniobrar contra el exfiscal superior catalán Martín Rodríguez Sol.

La explicación del envío a Madrid de dos de las tres denuncias interpuestas hasta ahora hay que buscarla en el lugar desde donde presuntamente se dirigieron las maniobras contra objetivos contrarios a los intereses del PP: el Ministerio del Interior, que por entonces dirigía Jorge Fernández Díaz, con sede en Madrid.

La decisión del Ministerio Público de investigar las denuncias de los afectados contrasta con el planteamiento que en el pasado ha mantenido la Fiscalía Anticorrupción y varios jueces, que se han negado a investigar otro capítulo de la trama, el relativo a las maniobras en Andorra para conseguir las cuentas de la familia Pujol. El rechazo se suma a la negativa de diferentes tribunales a admitir las denuncias de varios afectados por la trama.

La brigada política llevó a cabo investigaciones prospectivas prohibidas por la ley no solo contra independentistas sino contra todo aquel que no se alineara con el PP a la hora de combatir el procés. Es el caso del exfiscal superior Rodríguez Sol, que en 2012 quiso investigar si era falsa la publicación en El Mundo de que un informe de la Policía vinculaba “cuentas en Suiza” de Artur Mas y Jordi Pujol con el caso Palau de financiación irregular de Convergència. La consecuencia fue aparecer en los documentos de los objetivos a seguir de la trama.

Por su lado, Trapero denunció la “persecución injusta” hacia su persona realizada por “individuos que no tenían habilitación legal para hacerlo” y que solo tenía por objetivo su “descrédito y neutralización”.

Además, catorce de los 33 magistrados catalanes que suscribieron un manifiesto en 2014 favorable a una consulta soberanista y que vieron como sus fotos y datos personales terminaron publicados en el diario 'La Razón' como represalia llevaron ante la Fiscalía al “grupo criminal” de la Policía que orquestó su “señalamiento”.

La denuncia de los magistrados señaló, en concreto, a cuatro antiguos responsables policiales: el jefe de la brigada política del PP, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exresponsable de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y el entonces responsable de Información de la Policía en Catalunya, Pedro Esteban.

Contra la amnistía, además de diputados, partidos políticos y periódicos, también se han movilizado fiscales y jueces. La mayoría, a través de comunicados y protestas con togas a las puertas de los juzgados, pero dos de ellos se han significado también a través de sus procedimientos contra Puigdemont. Desde la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, han emprendido investigaciones por terrorismo y alta traición al expresidente catalán Carles Puigdemont, que amenazan con arruinar la medida de gracia que se negocia en el Congreso.

Ambos jueces aparecen conectados en la denuncia que ha presentado el exjefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y a la que han tenido acceso elDiario.es y La Vanguardia, para que la Fiscalía investigue la guerra sucia que orquestó contra él un grupo de mandos policiales y altos cargos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según ha quedado patente en la investigación conjunta de La Vanguardia y elDiario.es. Ambos medios han venido desvelando notas informativas que pasaron por las manos de Jorge Fernández Díaz y en las que los comisarios corruptos atribuían a Trapero negocios con narcotraficantes.

La denuncia de Trapero atribuye a cada juez un papel. A Aguirre, su empeño en imputar a varios mossos por supuestos trapicheos con capos del narcotráfico que nunca se probaron. La imputación de Trapero en esa causa estuvo sobre la mesa del juez, pero no se llegó a acordar. García Castellón aparece citado por su negativa a investigar desde la Audiencia Nacional la guerra sucia contra Trapero de la denominada policía patriótica que él mismo denunció para que se incorporasen a las piezas del caso Tándem que indagaba en las actividades delictivas del comisario Villarejo.

En 45 folios, el entonces jefe de los Mossos hace una compilación de reuniones, audios, apuntes en la agenda de Villarejo e informes policiales para documentar un plan de una serie de policías corruptos para desactivar a Trapero mezclándolo con mafias de prostitución y capos del narcotráfico. Según Trapero, fue la respuesta a una serie de detenciones de policías y otros compinches de Villarejo desde la unidad que dirigía como jefe de la División de investigación criminal de los Mossos.

Esas prácticas comenzaron según Trapero en 2009 por disputas entre cuerpos policiales y se intensificaron con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno y sobre todo a partir de la Diada masiva de 2012, cuando el policía pasó a convertirse en un objetivo político. En la información publicada por elDiario.es y La Vanguardia figura en la lista de 34 investigaciones abiertas en año y medio a funcionarios, políticos y empresarios que aquella mafia policial vinculaba con el independentismo. De Trapero se decía que estaba siendo protegido por un clan de narcos: los Jodorovich.

Semejante acusación había empezado a alimentarse años antes por la mafia policial de Villarejo y cia. El escrito de Trapero a la Fiscalía resume así el material probatorio que aporta: “Pone de manifiesto que se habrían llevado a cabo una serie de actividades presuntamente delictivas que tenían como objetivo mi persona y personas que en su momento estaban bajo mi mando, atribuyéndome falsamente hechos delictivos con la intención de desacreditarme”.

Para sostener que fue víctima de una persecución, Trapero aporta informes apócrifos de la policía política, grabaciones de Villarejo con otros interlocutores, apuntes en la agenda del comisario hasta completar el puzle de un plan que pretendía pinchar su teléfono para que acabase denunciado en la Audiencia Nacional.

Pero la denuncia de Trapero se detiene también sobre algunas actuaciones del propio juez Aguirre. Relata algunos encontronazos a lo largo de investigaciones lideradas por el juez donde participaba su unidad policial y destaca “ciertas desavenencias con el juez instructor derivadas de su intención de intervenir las comunicaciones de todos los miembros de la Guardia Civil [que habían decomisado un cargamento de 45 kilos de cocaína en el marco del caso Cerberus], pero pidiendo verbalmente a la Unidad adjunta de los Mossos d’Esquadra [que dirigía Trapero] que esta petición se hiciera mediante un oficio policial, petición a la que respondí personalmente en el sentido de que no veía suficiente motivación para hacerlo pero que si el juez lo ordenaba mediante interlocutoria así se haría. Esta interlocutoria no se dictó nunca y a partir de ese momento se rompió la relación con la Unidad adjunta”.

Ese choque derivó en la decisión del juez de imputar a la práctica totalidad del equipo policial que lideraba Trapero, situación en la que los mantuvo durante ocho años desde mayo de 2011 hasta que resultaron todos exonerados. El razonamiento del exjefe de los Mossos se apoya sobre algunos escritos que aportó la Fiscalía sobre el modo de proceder de Aguirre contra él: “El juez de instrucción desarrolló a lo largo de la investigación un profundo prejuicio que le llevó a sostener su teoría y enriquecerla a base de decidir sin límite nuevas diligencias a medida que las que se practicaban no le ofrecían el resultado apetecido”. El Ministerio Público señaló también: “A medida que una evidencia del juez, supuestamente incontestable, se debilitaba hasta la evanescencia se planteaba otra distinta”.

La denuncia de Trapero sostiene que, aparte de los escritos en los procedimientos, miembros de la Fiscalía lo alertaron también en conversaciones informales: “Miembros de la propia Fiscalía me habían explicitado que la intención del juez era mi imputación, hecho que iba difundiendo en estos círculos sin ninguna discreción”. El juez no formalizó la imputación del major que había pedido la acusación del pseudosindicato Manos Limpias.

En febrero de 2015 Aguirre recurrió directamente a la Brigada de Análisis y revisión de casos de la Dirección Adjunta de la Policía, que dirigía Eugenio Pino, el departamento que recibía la mayor parte de informes apócrifos sobre objetivos independentistas y que reportaba directamente al ministro Fernández Díaz.

El rastro de las maniobras

El rastro de todos aquellos movimientos parapoliciales quedó en las agendas y también en las grabaciones de Villarejo y varios años más tarde, en 2021, durante el mes de septiembre, cuando se publicaron audios en los que el comisario hablaba con otros policías, sobre un plan para montar una causa falsa contra Trapero, su unidad remitió un informe al juez García Castellón para que evaluase si incorporar esas nuevas revelaciones a la lista de indicios que ya acumulaba en la causa Tándem contra Villarejo. La respuesta de García Castellón fue rauda y negativa. Solo unas semanas después, el magistrado de la Audiencia Nacional consideró esas conversaciones como el indicio de un plan, pero alegó que no había pruebas de que finalmente se pusiese en marcha para desacreditar a Trapero.

La conclusión del magistrado de la Audiencia Nacional es que los audios de tres policías imputados en un sinfín de causas por sus prácticas mafiosas, que incluían extorsiones y chantajes, planeando un montaje contra la máxima autoridad de la policía catalana no son elementos suficientes para investigarlo.

La Fiscalía Superior de Catalunya indagará ahora sobre esas prácticas de la policía política que García Castellón pasó por alto y, entre otras cosas, también sobre la insistencia del juez Aguirre para imputar a Trapero.

Por primera vez la Fiscalía investiga la Operación Catalunya, una serie de maniobras en el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para fabricar investigaciones, elaborar espionajes y aportar noticias falsas a algunos diarios conservadores dentro de una campaña para desacreditar a partidos y políticos independentistas. El Ministerio Público prevé unificar la denuncia presentada por el que fuera jefe de los Mossos en Catalunya, Josep Lluis Trapero, uno de los objetivos de la llamada policía política, y las diligencias abiertas hace unas semanas sobre el espionaje desde el mismo Ministerio del Interior a quien era el jefe de los fiscales de Catalunya, Martín Rodríguez Sol.

Se trata de un salto en la Fiscalía que hasta ahora siempre había investigado las denuncias e indicios de delitos en las fuerzas del orden contra empresarios, funcionarios y políticos de ideología independentista como causas separadas.

Dos de los episodios más llamativos de aquella guerra sucia que conoció y permitió el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fueron desvelados en una investigación conjunta elaborada por elDiario.es y La Vanguardia. Ambos periódicos han desvelado notas informativas y documentos apócrifos elaborados por distintas unidades policiales que recibió en su despacho el entonces ministro del Interior y ámigo íntimo de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz.

Una de ellas que lleva el sello de Asuntos Internos de la Policía –aunque el jefe de la unidad de entonces, Marcelino Martín Blas, no reconoce su autoría– establecía una línea de objetivos a investigar al margen de la ley y sin ningún control policial. En ella figuraban junto a empresarios y políticos de segunda línea, los máximos responsables de la policía autonómica de la Fiscalía en Cataluña.

La Policía admitió que no tenía indicios

El documento se titulaba “Propuesta de Investigación por informaciones recibidas” y en el último párrafo incluía la siguiente aclaración: “Nota: las informaciones recibidas figuran en su mayor parte en Internet y no se han podido contrastar hasta el momento”. Es decir, la policía admitía en su propio escrito que no tenía indicios pero pedía profundizar en esas investigaciones a objetivos políticos y empresariales que consideraban próximos al independentismo.

El documento arranca: “Se resumen a continuación las posibles líneas de investigación derivadas de la información recibida y analizada por esta Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo nacional de Policía”.

Sobre Rodríguez Sol, la nota pedía indagar en los “vínculos entre el Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol y el partido político Unió Democràtica de Catalunya y las comisiones gestionadas por los abogados del citado partido”.

Esa instrucción llegaba después de que quien era el jefe de los fiscales catalanes hubiese abierto unas diligencias sobre la publicación de documentos policiales en algunos diarios que atribuían en falso cuentas en paraísos fiscales de Artur Mas y Jordi Pujol.

En el caso de Trapero, la investigación figuraba en el fichero GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de Información de la Policía) un fichero que unifica las investigaciones que llevan a cabo los distintas unidades para no abrir casos duplicados. El fichero de Interior acusaba al entonces major de los Mosos de proteger “a la familia Jorodovich en sus temas de tráfico de drogas”.

Nada de eso se pudo probar, igual que en el caso del exfiscal jefe de Catalunya y, tras las publicaciones de elDiario.es y La Vanguardia, el propio Trapero presentó una denuncia en la que acusaba a la brigada política del PP de una “persecución injusta” contra él que buscaba su “descrédito y neutralización”.

Esa denuncia ante la Fiscalía provincial de Barcelona, será ahora elevada a la Fiscalía del Tribunal Superior que, según fuentes del ministerio público, la estudiará conjuntamente en las diligencias que el ministerio público abrió tras las revelaciones de elDiario.es y La Vanguardia sobre los documentos parapoliciales que manejaba desde el Ministerio del Interior Jorge Fernández Díaz. Diez años después, será la primera vez que la Fiscalía inicia una investigación sobre la Operación Catalunya.

La Fiscalía de Barcelona ya tiene sobre la mesa la denuncia del major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por la Operación Catalunya. Según han informado fuentes jurídicas, el Ministerio Público analiza si abre diligencias únicamente por la denuncia del major o si la envía a la Fiscalía Superior de Catalunya, que ya investiga las maniobras de la brigada política del PP contra el exfiscal superior catalán, Martín Rodríguez Sol.

El de Trapero es uno de los nombres de funcionarios, políticos y empresarios que, en base a rumores sin contrastar y falsedades, aparecen en hasta 34 investigaciones que la Dirección Adjunta de la Policía recopiló en un documento que manejó en su despacho el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que fue desvelado el pasado mes de enero en una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia.

Trapero ya anunció entonces su intención, ahora concretada en una denuncia de unas 50 páginas, de llevar ante la Justicia la “persecución injusta” hacia su persona realizada por “individuos que no tenían habilitación legal para hacerlo” y que solo tenía por objetivo su “descrédito y neutralización”. El major hace hincapié en que el uso de fondos reservados agrava la trama.

La decisión de la Fiscalía sobre si unifica la denuncia del major a las diligencias recientemente abiertas por las maniobras contra el exfiscal superior catalán determinará la creación de una única gran investigación sobre la Operación Catalunya o si, por contra, se realiza de forma separada.

En el marco de las diligencias sobre las maniobras contra Rodríguez Sol, han apuntado las mismas fuentes, jurídicas, la Fiscalía Superior ya ha encargado las primeras diligencias a la Policía, consistentes en corroborar la veracidad del documento policial que enfocó hacia el fiscal en base a rumores y noticias sin contrastar y saber “la autoridad policial que dirigió las pesquisas y la identidad de los funcionarios o autoridades a los que se comunicó los resultados” de las mismas.

En cualquier caso, es la Fiscalía la que asume el mando de las pesquisas sobre la Operación Catalunya después de que en los últimos años varios jueces hayan rechazado las denuncias de las víctimas.

Cabe recordar que, en el caso de Trapero, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón rechazó abrir una causa después de recibir un informe de los Mossos d'Esquadra que exponía los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo en los que se intentaba implicar a Trapero en un caso de presunto narcotráfico, el conocido como caso Macedonia. La causa, en la que Trapero nunca llegó a estar imputado pero que provocó un enfrentamiento entre el major y el juez instructor, Joaquín Aguirre, terminó con la absolución de todos los acusados.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió a los acusados del caso Macedonia censuró la instrucción del juez Aguirre, anuló varios de los pinchazos telefónicos acordados y llegó a una conclusión rotunda: no hubo colaboración alguna de ningún agente de la policía autonómica con la presunta trama de narcotráfico liderada en realidad por un confidente policial habitual de los Mossos, Manuel G.C.

Para ser antirracista lo primero que hay que tener claro es qué es el racismo. Si vamos al diccionario se trata de un concepto que surgió en el período de entreguerras aunque es evidente que es un fenómeno que existía antes de ser designado así puesto que la historia de las colonizaciones y de los grandes imperios no se puede explicar sin este tipo de discriminación. 

De las distintas definiciones que podrían darse, una de las más acertadas es la que surge a partir del concepto de desigualdad racial. Esta se produce cuando dos o más grupos raciales no están prácticamente en pie de igualdad, según resume Ibram X. Kendi, doctor en Estudios Afroamericanos y autor de ‘Cómo ser antirracista’ (Rayo Verde). Así que las políticas racistas son aquellas que promueven o mantienen esa desigualdad y una persona racista es alguien que apoya políticas racistas o expresa ideas racistas.

A partir de ese principio, bastante fácil de entender, pueden añadirse los adjetivos que se considere: institucional, estructural, sistémico…Todos con sus características, aunque sean las que sean, siempre es racismo. Y pese a que cueste asumirlo, probablemente es más fácil ser racista que antirracista, por tradiciones culturales o porque no siempre sabemos cómo relacionarnos como iguales cuando tenemos diferencias que van desde el género a la clase o la biología.

En ‘El racismo: una introducción’ (Gedisa), el sociólogo Michel Wieviorka analiza cómo el racismo ha ido mutando en el tiempo y cita al filósofo Étienne Balibar, también francés, cuando explica que este tipo de discriminación constituye un gusano frecuentemente presente en el fruto de la idea de comunidad nacional (u otra). “El racismo no es una ‘expresión’ del nacionalismo, sino un suplemento del nacionalismo, más concretamente un suplemento interior del nacionalismo, siempre excesivo en relación con él, pero siempre indispensable para su constitución y, sin embargo, aún insuficiente para llevar a cabo su proyecto”, defiende Balibar. 

Este es uno de los argumentos, el de la construcción nacional, que subyace en algunos de los discursos de Junts, también cuando se reclaman las competencias en migración. Porque las ideas racistas no siempre anidan y crecen en grupos marginales. De hecho, la manera de que obtengan mayor proyección es cuando saltan al debate político a partir de vinculaciones peligrosas como la de relacionar delincuencia y migrantes o señalarlos por las disfunciones en las escuelas, cuando en realidad son las principales víctimas de ese mal funcionamiento. El tratamiento que hagan los medios y sin ninguna duda, la proliferación de bulos, especialmente en las redes, son vectores de propagación del racismo. 

Hace un mes, antes de que de la mano de Junts y su acuerdo con el PSOE arreciase el debate sobre el tratamiento de la migración, se celebraron en Barcelona unas jornadas sobre interculturalidad, y en las que, a diferencia de algunos de los mensajes que se han escuchado estos últimos días, se acertó en el diagnóstico y la estrategia. Uno de los invitados fue el major Josep Lluís Trapero, un nombre que ha regresado a las portadas después de que la investigación de elDiario.es y La Vanguardia confirmase este miércoles que fue otra de las víctimas de la guerra sucia de la policía política en la etapa del Gobierno de Rajoy. 

En esas jornadas del Palau Macaya, el que fuera máximo responsable de los Mossos pronunció una conferencia que deberían leer muchos de los que hoy, ya sea desde los partidos o los medios, abonan la xenofobia y vinculan alegremente delincuencia y migración.

Tras reconocer que también a la policía le queda camino por recorrer, Trapero abogó por que esta tenga un componente más social: “Hay que tener la fuerza de ir a la raíz, al inicio, anticiparse, y eso es más prevención, eso es contacto con la gente, patear los barrios, impregnarse de sus olores y de sus sabores. Creo profundamente en una función policial más enraizada en los barrios y en los pueblos, como creo en la figura del voluntariado policial como herramienta para acercarnos más a la sociedad, y ser más de ayuda”. 

El major ofreció datos sobre la falta de diversidad en los Mossos, una deficiencia que no es exclusiva de la policía puesto que se da en otros tantos colectivos. Y es algo que también explica la falta de comprensión por parte de muchos de los ciudadanos que, incluso sin ser conscientes de ello adoptan, adoptamos, actitudes racistas. La plantilla de la Policía catalana es de 18.556 agentes. Solo 243 agentes han nacido fuera de España. Es decir, 1 de cada 76 mossos ha nacido en el extranjero: 39 en Marruecos, 30 en Francia, 20 en Alemania, 10 en Colombia, 5 en Rumania y 4 en la África subsahariana. Según esta radiografía, si descontamos los europeos, que son 108, los extranjeros no comunitarios quedarían en 135, y la proporción sería de 1 de cada 137. Y la proporción de africanos es de 1 por cada 4.639 agentes de policía. Las cifras aportadas por Trapero prueban cuánto camino queda por hacer para que la Policía se asemeje más a la sociedad.

En plena oleada de repliegue identitario, aquí, pero también en Francia o Alemania, por citar dos ejemplos próximos, Trapero lanzó este mensaje en favor de la tolerancia: “Para luchar y prevenir la discriminación hay que estar permanentemente vigilantes y atentos… ¡es muy fácil caer en ella! Pero no basta con ser conscientes del riesgo de caer en la trampa (la trampa de la intolerancia) … sino que además debemos adoptar una actitud combativa para no ser víctimas ni protagonistas de ella. Digamos que ¡Tenemos que ser intolerantes con la intolerancia!”  

En Catalunya la máxima intolerancia tiene un nombre: Sílvia Orriols. La alcaldesa de Ripoll, referente del partido de extrema derecha independentista Aliança Catalana, restringe el empadronamiento a los inmigrantes, tal y como se explica en este reportaje publicado esta semana en ‘El Periódico’. La dirigente ultra les niega así el derecho a la sanidad o a la educación puesto que estas familias no pueden iniciar trámites básicos como son disponer de la tarjeta sanitaria o la escolarización de los menores.

A Trapero se le apartó del puesto que ocupaba al frente de los Mossos mientras la alcaldesa de Ripoll se jacta de su racismo y presume de que partidos como Junts copien parte de su mensaje. Ojalá una Catalunya en la que se escuche más a Trapero y se combata más a Orriols. Ojalá.

Primera respuesta de uno de los objetivos de la Operación Catalunya. El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha anunciado este miércoles que denunciará ante la Justicia la “persecución injusta” a la que le sometió la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior durante el primer Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy. 

En un comunicado, Trapero reacciona a la investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia, que ha documentado que el major fue uno de los objetivos de la Operación Catalunya. En una de las notas inéditas elaboradas por la trama orquestada en Interior, la policía acusó Trapero sin prueba alguna a de proteger “a la familia Jorodovich en sus temas de tráfico de drogas”.

El de Trapero es uno de los nombres de políticos y empresarios que, en base a rumores sin contrastar y falsedades, aparecen en hasta 34 investigaciones que la Dirección Adjunta de la Policía recopiló en un documento que manejó en su despacho el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El major de la policía catalana ha anunciado que denunciará ante la Justicia la “persecución injusta” hacia su persona realizada por “individuos que no tenían habilitación legal para hacerlo” y que solo tenía por objetivo su “descrédito y neutralización”. Trapero hace hincapié en que el uso de fondos reservados agrava la trama.

El major también censura el “reflejo acrítico y colaborativo en determinados medios de comunicación” que difundieron las tesis y los informes sin contrastar de la brigada política del PP.

Además de esa mención sin contrastar a la familia Jodorovich, audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo ya habían mostrado el intento de implicar a Trapero en un caso de presunto narcotráfico, el conocido como caso Macedonia, que terminó con la absolución de todos los acusados, incluido el mosso Josep Ranea, que llegó a ingresar en prisión provisional por orden del juez de Barcelona Joaquín Aguirre.

En 2019, los Mossos enviaron un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que, gracias al audio obtenido de la investigación sobre el comisario y sus negocios, pidieron investigar la relación entre la brigada política del PP y el caso Macedonia. Sin embargo, el juez García Castellón rechazó abrir esta nueva línea de investigación del caso Villarejo.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió a los acusados del caso Macedonia censuró la instrucción del juez Aguirre, anuló varios de los pinchazos telefónicos acordados y llegó a una conclusión rotunda: no hubo colaboración alguna de ningún agente de la policía autonómica con la presunta trama de narcotráfico liderada en realidad por un confidente policial habitual de los Mossos, Manuel G.C.

Las magistradas descartaron el narcotráfico y constataron que todo el caso se movió en las “aguas turbias” que caracterizan las relaciones entre confidentes policiales como Manuel G.C. y los agentes en unos años (hace más de una década) en los que no existía un protocolo claro en los Mossos sobre cómo interactuar con los confidentes.

“Como funcionario, pero especialmente como ciudadano, comprobar que otros funcionarios y cargos públicos me perseguían es indignante, frustrante y decepcionante”, apostilla el major, que también reflexiona sobre el alcance de la persecución de la brigada política del PP: “Si esto se lo hicieron a un alto mando policial, qué no habrán hecho a ciudadanos anónimos”.

El major concluye su comunicado mostrando su “tristeza y preocupación” ante la “degradación institucional y de la gestión pública”. “A menudo lo que debería ser la búsqueda y defensa del interés general se sustituye por intereses perversos y personales”, destaca el major, para quien “la decencia ha abandonado el libro de estilo de algunos de sus gestores”.