El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha recibido este miércoles por videoconferencia desde Italia la ratificación por Francesco Arcuri de la denuncia que interponía contra su expareja y madre de sus dos hijos, Juana Rivas, en la investigación que se sigue contra ella por supuesta sustracción del más pequeño de ambos, menor de edad. En la citación de este miércoles se han acotado los términos en los que se limita la investigación, habiendo pedido la autoridad judicial discreción en el caso a las partes, según ha indicado a Europa Press el letrado de Arcuri Enrique Zambrano.

La citación tiene su origen en una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, en la que se cita a declarar a Rivas como investigada a las 10 horas del 30 de octubre en sede judicial. El 22 de septiembre se citaba a través de su representación procesal a Arcuri como denunciante, si bien fue aplazado a este 8 de octubre, según fuentes consultadas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por “dificultades en la tramitación de la personación de sus representantes legales”.

Estas citaciones se producen a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada “considerara que no eran delictivos, mediante una exposición razonada de los motivos para el archivo de la denuncia”, ante el que el equipo jurídico de Arcuri recurrió.

Dos juicios pendientes

La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del pasado 24 de julio, estimó parte del recurso planteado por el equipo de Arcuri contra el archivo de su denuncia, que se producía por la no vuelta del niño a Italia tras el último receso navideño, cuando permaneció en Maracena con la madre.

El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara “el terror” de regresar a su lado. La vuelta se producía el pasado 25 de julio tras un intento frustrado en el punto de encuentro familiar esa misma semana.

La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre. Hay una audiencia en este proceso fechada para el próximo 23 de octubre tras el aplazamiento que se producía este pasado jueves por una cuestión procesal presentada por Arcuri en relación con la representación del menor en este juicio.

Investigación por sustracción

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores en relación con los hechos del verano de 2017, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometiera el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto, el 17 de noviembre de 2021.

Este pasado martes, la representación legal de Rivas anunciaba que pedirá la declaración del niño en el nuevo proceso abierto contra ella en el Juzgado de Instrucción 4 de la capital granadina, basado, señaló, en una “gravísima acusación” la cual “supone una excelente oportunidad para que Juana y sus hijos puedan escapar del laberinto jurídico en el que se encuentran atrapados”.

El italiano Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas y padre de sus hijos, comparecerá este jueves ante el Tribunal Penal de Cagliari (Italia) acusado de maltrato físico y psicológico habitual contra Daniel y Gabriel. Será la primera vez que Arcuri se enfrente a un proceso penal por presuntos malos tratos a los menores, después de años de denuncias archivadas y pese a la condena por violencia de género que ya recibió en Granada en 2009 por agredir a Juana.

De este modo, el inicio de un juicio que se puede demorar años supone un punto de inflexión en el caso Juana Rivas. Hasta ahora, la única que se había sentado en el banquillo por todo lo sucedido había sido la madre de Maracena. Sin embargo, Arcuri tendrá que responder por primera vez a lo que la defensa de la granadina señala como un caso de violencia de género que derivó, hace ya mucho tiempo, en violencia vicaria. Durante años, sostiene su equipo jurídico, los niños han sido víctimas directas de malos tratos en Carloforte (Italia), donde residían con su padre, y ahora la Justicia italiana tendrá que determinar si esas denuncias se sostienen con pruebas e indicios suficientes.

En todo caso, la vista oral arranca con un hecho paradójico de fondo: desde julio, Daniel, el hijo pequeño, vive en Italia con Arcuri, después de que el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ordenara su entrega forzosa. La defensa de Rivas considera que es una “anomalía jurídica y social” que una de las principales víctimas y testigos de la causa esté viviendo junto con la persona que está imputada precisamente por malos tratos. Además, recuerdan que el menor ya dijo en varias ocasiones que no quería volver con su padre y que incluso compareció el pasado 7 de enero ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada para pedir de permanecer con su madre.

De hecho, ese mismo juzgado archivó en mayo una denuncia por sustracción de menores interpuesta por Arcuri contra Rivas, aunque la Audiencia de Granada sí mantiene abierta la investigación, hasta el punto de que Juana Rivas tendrá que declarar por ese presunto delito el próximo 30 de octubre. En todo caso, en su auto de mayo, la magistrada del Juzgado de Instrucción 4 sostuvo que la cuestión de fondo no era de custodia, sino penal, y que correspondía al tribunal italiano.

El falso Síndrome de Alienación Parental

Además, la jueza dejó claro que la jurisdicción penal es siempre preferente a la civil, algo que, según la defensa de Rivas, ha sido sistemáticamente ignorado en este caso. El auto también desmontaba la base sobre la que Arcuri ha sustentado su estrategia procesal durante años, con el apoyo de la Justicia italiana: el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), un pseudodiagnóstico sin aval científico, prohibido en nuestro país, que ha sido empleado para desacreditar a madres que denuncian violencia.

A juicio de los abogados de Rivas, que Daniel viva con su padre, pese a estar imputado por presuntos malos tratos, ha hecho que Arcuri haya podido cumplir la amenaza que, según el equipo jurídico de la madre, le lanzó su pareja cuando se separaron: “Te quitaré a los niños y te haré la vida imposible”. No en vano, los letrados consideran que se ha producido una cadena de desprotección institucional que ha culminado con la entrega del niño a su padre, pese a la existencia de resoluciones penales que aconsejaban lo contrario. Hablan de violencia institucional, ya que entienden que las decisiones de los juzgados civiles en Granada y de la Corte de Apelación de Cagliari han dejado sin amparo al menor.

Eso sí, la Fiscalía de Cagliari aprecia indicios suficientes de malos tratos, lo que ha permitido que se instruya la causa por la que Arcuri tiene que comparecer. El tribunal deberá decidir a partir de ahora si el italiano es culpable de haber sometido a daño físico y psicológico de manera continuada a sus hijos, como sostienen los informes forenses y los testimonios de los propios menores. Gabriel, el mayor, que vive en Granada con su madre desde hace tres años, ya ha dicho públicamente en varias ocasiones que tanto él como su hermano fueron víctimas de malos tratos y humillaciones.

Por primera vez en casi una década de batalla legal, Arcuri se sienta en el banquillo para responder de las acusaciones que pesan sobre él. Para Juana Rivas y su defensa, el proceso representa un motivo de esperanza porque por primera vez existe la posibilidad de que la Justicia italiana reconozca la violencia que denuncian y siente las bases para que Daniel pueda regresar a España bajo la custodia exclusiva de su madre.

Ocho años de litigios

Al mismo tiempo, este nuevo capítulo procesal se suma a ocho años de litigios por la custodia de los menores. Desde que Juana Rivas decidió marcharse en la primavera de 2016 del domicilio que compartía en Italia con Arcuri y sus hijos, permanecer más de un año sin volver a dicha casa y estar un mes en paradero desconocido para no entregar a los menores, las denuncias no han dejado de cruzarse. La mayoría de ellas han caído del lado favorable al italiano y en contra de los intereses de Rivas, hasta ahora.

Juana llegó a ser condenada en primera instancia a cinco años de prisión y a la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos, pero dos rebajas de condena, con indulto parcial del Gobierno incluido, dejaron a la granadina en libertad, pero con la advertencia de no poder delinquir de nuevo si no quería entrar en prisión. Pese a aquella condena y a que la relación entre Rivas y Arcuri ha sido inexistente en este tiempo, llegó a haber un régimen de visitas pactado que casi en cada ocasión se saldó con una nueva demanda de Juana contra su expareja por malos tratos sobre sus hijos. Demandas, todas ellas, archivadas hasta que la Fiscalía y el Tribunal Penal de Cagliari han decidido imputar ahora a Arcuri y que se siente este jueves en el banquillo.

En este tiempo, el hijo mayor, Gabriel, ya no es menor de edad, vive en Granada junto a su madre y es una de las figuras que más ha hablado pública y judicialmente en defensa de su hermano Daniel. El joven, que ya tiene 18 años, llegó a pedir incluso amparo a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, para que intercediese para que Daniel no tuviese que volver a Italia, como finalmente acabó pasando el pasado mes de julio.

No en vano, el niño viajó a Granada la pasada Navidad y se quedó gracias a una suspensión cautelar de la entrega dictada por parte de la Justicia española tras escucharle. Pasó más de medio año junto a su madre y su hermano, llegando a estar escolarizado. Todo con el objetivo de lograr que no se tuviese que ir a Italia y que la presión social y judicial liderada por los letrados de Juana Rivas permitiesen revisar la custodia del menor y que recayese sobre ella, teniendo en cuenta que Arcuri está imputado por malos tratos en un juicio que empieza ahora y que, según apuntan fuentes de la defensa del italiano, podría prolongarse varios años y acabar sin una resolución si se dilata demasiado. Para entonces, Daniel ya podría haber decidido voluntariamente, a partir de los 16 años -ahora mismo tiene 11-, volver a Granada o quedarse con su padre.

Cuando parecía que la violencia de género no existía para la mayoría de la sociedad o era cosa de “enfados pasionales”, Ana Orantes le puso rostro, voz y palabras. La historia de malos tratos que sufrió esta mujer nacida en Granada a manos de su marido entró en los hogares andaluces en 1997 con su participación en el programa de Canal Sur De tarde en tarde, en el que contó el infierno que soportaba desde hacía 40 años. Solo 13 días después de su aparición en televisión, José Parejo la asesinó.

El caso fue una sacudida. Con los años, Ana Orantes no solo se convirtió en un símbolo sino que contribuyó a impulsar las reformas legislativas que convirtieron a España en pionera en la puesta en marcha de políticas públicas contra la violencia en el ámbito de la pareja o expareja y en un referente a nivel europeo. Así es concebido el país de puertas para fuera, desde donde se suele destacar como la joya de la corona la Ley Integral contra la Violencia de Género, que este año cumple su vigésimo aniversario.

Lo recalca François Kempf, miembro del secretariado del Grupo de Expertos contra la Violencia contra la Mujer y Doméstica del Consejo de Europa (GREVIO), que vela por el cumplimiento del Convenio de Estambul por parte de los Estados: “España ha sido un país pionero al adoptar un enfoque integral para combatir la violencia de género, anclado en la ley de 2004”, que se ha complementado con una “evolución posterior de leyes y políticas que han demostrado compromiso al más alto nivel político y la voluntad de movilizar a la sociedad en torno a este objetivo”.

Aunque durante los Gobiernos del Partido Popular de José María Aznar se aprobaron medidas como la regulación de las órdenes de protección para víctimas, fue el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero el que impulsó el marco integral. De hecho, ya en 2002, los socialistas habían presentado en el Congreso una propuesta de norma que desde los 90 venía trabajando la recién creada Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, pero el PP votó en contra. Finalmente, el 8 de octubre de 2004 la ley fue aprobada por unanimidad.

La norma desplegó todo un sistema de protección y atención a las víctimas a través de juzgados especializados, ayudas sociales y laborales o servicios de atención psicológica, información y asesoramiento, pero más allá de las medidas concretas, la ley supuso un salto cualitativo al reconocer por primera vez que la violencia de género no es algo “que afecte al ámbito privado”, sino que es “el símbolo más brutal de la desigualdad” entre hombres y mujeres y se produce sobre ellas “por el mismo hecho de serlo”, según su preámbulo. 

“Aunque podamos ser críticas, lo cierto es que comparativamente España es una referencia. Un elemento diferencial es que aquí se habla de violencia de género como tal cuando en otros muchos estados como Alemania se le llama violencia doméstica y queda en el ámbito familiar... La denominación es un avance importantísimo porque permite vislumbrar la razón estructural que hay detrás”, sostiene Noelia Igareda, profesora de Filosofía del Derecho especializada en género de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Antes del Convenio de Estambul

La recopilación de datos específicos es otro de los elementos diferenciales, tanto de denuncias, sentencias y órdenes de protección como de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas hombres, algo que se hace oficialmente desde 2003 y superan ya los 1.200. Teresa Nevado, exmiembro de la comisión ejecutiva del European Women Lobby y ahora secretaria general de la delegación española, así lo cree: “Se comenzó a tomar datos específicos en un momento en el que el resto de países no lo hacían ni tampoco muchos tenían ni tienen a día de hoy una ley integral, que se ha convertido en algo así como un modelo a seguir”.

Tanto es así que las visitas de delegaciones extranjeras a España para conocer el sistema se han convertido en algo habitual. Representantes de países de todo el mundo como Francia, Argentina, Brasil, Ucrania, Alemania, Reino Unido, Egipto, Suiza o Turquía han venido en los últimos años a conocer el Sistema VioGén, con el que la Policía hace la valoración del riesgo de las víctimas y su seguimiento, según la recopilación de visitas que ha hecho el Ministerio del Interior desde 2019. 

El 016, el teléfono de atención a víctimas que funciona 24 horas todos los días, o las conocidas como “pulseras de control” para maltratadores son algunos otros de los engranajes del sistema por los que se interesan las visitas, que suelen acudir también a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, según confirma el equipo saliente del Ministerio de Igualdad.

Esta “respuesta coordinada” ante la violencia de género, que pasa también por la red de servicios a nivel autonómico y municipal, es destacada por el GREVIO, que también pone el foco en la creación de los juzgados y las unidades policiales especializadas. Y, sobre todo, en la adopción de este enfoque integral y el reconocimiento de “la naturaleza de género” de este tipo de violencia “muchos años antes” de que se adoptara el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, explica Kempf, que más allá de la ley de 2004 celebra también el “desarrollo posterior” de leyes y políticas.

Precisamente esta falta de perspectiva de género a la hora de investigar los crímenes contra las mujeres es algo que GREVIO ha afeado insistentemente a numerosos países como Bélgica, Francia, Malta, Montenegro, Países Bajos, Portugal o Serbia, según la evaluación realizada por el grupo en 2020. Dos años más tarde, el país analizado fue Alemania, sobre el que, a pesar de los avances, el informe final alerta de “graves deficiencias” y “un problema general” que es la “falta de un plan de acción nacional y coordinación” sobre la violencia de género.

Las asignaturas pendientes 

El recorrido español, sin embargo, no ha sido un camino exento de obstáculos. De hecho, la ley integral de 2004 fue objeto de numerosos recursos judiciales que argumentaban que la norma discrimina al hombre, un discurso que sigue siendo aceptado por una parte de la sociedad y el ámbito político a pesar de que el Tribunal Constitucional lo zanjó en 2008 avalando la ley. Pero más allá de las resistencias, son todavía muchas las lagunas en la protección y acompañamiento de las víctimas de violencia de género que están por cubrir, identifican las expertas. 

“Hay países, como los escandinavos, que tienen estados de bienestar muy fuertes y potentes y quizá ahí en el campo de los servicios sociales, la red comunitaria de acompañamiento o las prestaciones sociales estén más desarrollados”, sostiene Igareda, que apunta a que Suecia, por ejemplo, “es uno de los países similares a España en cuanto a definiciones legales”.

En su última evaluación, GREVIO apuntó a las “deficiencias” en España para garantizar “la seguridad de las mujeres y los niños” víctimas de violencia de género a la hora de decidir las custodias o regímenes de visitas, algo que también ha sido recientemente evidenciado por la ONU, que ha señalado al sistema judicial español por no proteger a los menores de “padres abusivos”. Pero lo que más preocupación genera en el grupo de expertos es que el sistema no abarque otras formas de violencia machista más allá de la de pareja o expareja, por ejemplo en lo que se refiere a los servicios de apoyo o la atención psicológica.

Por otro lado, para Igareda, “la gran asignatura pendiente de España” es que la política pública diseñada sobre el papel “sea desplegada en su totalidad”. “La letra es avanzada, pero debe ir acompañada de recursos, formación en perspectiva de género, acompañamiento de las víctimas y los menores de edad y reparación. Que sean escuchadas, oídas y creídas, algo que hoy por hoy no está ocurriendo”, sostiene la jurista.

La amenaza del negacionismo

Con todo, el GREVIO volverá a evaluar a España este año, en concreto sobre el asunto “crear confianza brindando apoyo, protección y justicia a las víctimas” y evaluar las medidas que se han tomado en los últimos años, en los que el Ministerio de Igualdad ha impulsado la ley del solo sí es sí, cuya parte penal fue reformada posteriormente tras la pugna en el Gobierno, crea un marco integral de atención a las víctimas de violencia sexual. Además, se han ampliado los servicios de atención como el 016 a otras formas de violencia machista, todos los feminicidios han comenzado a contabilizarse oficialmente y se ha vetado el uso del falso síndrome de alienación parental (SAP).

También en 2021 se impulsó la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un gran acuerdo de partidos que apoyaron todos menos Vox. Y es que la extrema derecha, que es negacionista de la violencia de género y reclama la derogación de la Ley Integral de 2004, ha emergido con fuerza y aunque sus diputados en el Congreso son hoy menos que hace cuatro años, ha entrado en gobiernos de comunidades autónomas y ayuntamientos de la mano del Partido Popular, que después de haber rubricado el pacto, intenta hacer equilibrios y ha firmado acuerdos con la extrema derecha que han supuesto asumir en parte su discurso negacionista.

Aunque habrá que esperar a ver cómo cristaliza esto en la práctica, lo que sí creen las expertas es que es una amenaza palpable: “En la medida en que la extrema derecha puede decidir sobre el gasto público en comunidades y ayuntamientos, puede decidir no invertir o hacerlo en menor medida en la red de asistencia, acogida y servicios públicos. Están negando la existencia de la violencia de género, eso evidentemente tiene un impacto”.

Multa de entre 180 y 6.000 euros si sigue usando el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). Es la advertencia que el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelona le hace a un hombre en un proceso en el que se dirime la custodia de su hijo, al que en una pionera sentencia avisa de que en caso de seguir insistiendo en alegar el SAP contra su exmujer, madre del niño, podrá ser sancionado por “mala fe y abuso del derecho”.

El fallo, adelantado por Público y al que ha tenido acceso elDiario.es, apunta a que a lo largo del proceso el padre del menor, que tiene once años, ha efectuado “manifestaciones maliciosas sobre presuntas maniobras de la demandada con el fin de impedir la relación paternofilial, o sea alegando el falso síndrome de alienación parental” y le avisa de que no puede seguir usándolo en “futuras alegaciones, recursos o nuevos asuntos entre las mismas partes”.

“Yo no me invento nada, lo que hago es cumplir la ley y pedir que se cumpla la legalidad”, sostiene Isabel Giménez, la jueza que ha dictado la sentencia. Y es que la utilización del SAP fue vetada en 2021 a través de la Ley contra la violencia a la infancia (LOPIVI), que obliga a los poderes públicos a tomar “las medidas necesarias” para impedir que este tipo de planteamientos “puedan ser tomados en consideración”. Además, la ley catalana contra la violencia machista, reformada en 2020, califica su uso de “violencia institucional”.

Yo no me invento nada, lo que hago es cumplir la ley

Isabel Giménez — Magistrada

La teoría del SAP fue ideada en los años 80 por el médico Richard Gardner, según la cual un progenitor, que en la práctica es siempre la madre, aliena a los hijos contra el padre en el contexto de una disputa por su custodia. Desde entonces, ha servido para retirar custodias a mujeres que han denunciado previamente abusos sexuales o violencia de género sin investigar a fondo por qué los menores rechazan a sus padres a pesar de que es un síndrome no avalado por las principales organizaciones científicas y ha sido calificado de “teoría pseudo-científica” por el Consejo General del Poder Judicial.

El miedo del niño

Lejos de una instrumentalización del menor por parte de la madre, la magistrada encuentra probado que la resistencia del niño a tener contacto con su padre “es consecuencia del miedo que padece a causa de recuerdos traumáticos por el mal trato recibido de su padre padeciendo como consecuencia un trastorno de estrés postraumático”, asegura el fallo enumerando los efectos para el menor, que tiene Síndrome de Asperger: desde “miedo, aislamiento, pérdida de control de esfínteres y autolesiones” a “regresiones, disminución del rendimiento, agresividad, crisis de angustia o mutismo”.

El fallo resuelve la demanda interpuesta por el padre, que pretendía modificar las medidas paternofiliales dictadas en 2019, que le permitían ver a su hijo dos horas semanales en un punto de encuentro familiar sujetas a que se sometiera a una terapia “para la aceptación de la situación médico psicológica de su hijo”. Ahora, el hombre pedía la custodia del menor.

Sin embargo, la magistrada ha decidido restringir las visitas porque, en base a hasta siete informes de profesionales de psicología y pediatría que constan como prueba, “la introducción de la figura paterna en la cotidianeidad del menor puede ser un elemento estresor importante” para el niño teniendo en cuenta su situación emocional y que en otras ocasiones este contacto “ha provocado afectaciones relevantes al ser un estresor vital de elevada complejidad”. Los informes que cita la sentencia se pronuncian en el sentido de que obligar al menor a ver a su padre “lo desestabiliza” y pone en riesgo “su salud emocional y física”.

“También verbaliza que tiene recuerdos de algunos episodios con su padre en los que le cogía fuerte, o le gritaba, y se enfadaba mucho con él, y tiene miedo de que esto vuelva a pasar si lo ve. Es necesario ayudarle en la gestión de la ansiedad y para superar estas situaciones difíciles para él, debido a que actualmente no presenta los recursos necesarios para enfrentarlas”, apunta el informe de una psicóloga y una psiquiatra infantiles.

Hay que escuchar a los niños porque a veces nos resistimos a hacerlo. Esto no es un castigo para el padre, sino que no parece lo más adecuado para el niño seguir castigándole a él

Isabel Giménez — Magistrada

La jueza explica que toda la prueba apunta a que el rechazo del menor “tiene que ver con el miedo que siente” y guía su decisión en base al “interés superior del menor”. De hecho, el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores es eso, un derecho de los propios niños, no de sus padres. “La mirada siempre tiene que estar en el niño. A mí a veces me dicen 'bueno es que crees a la madre o al padre' y no, en ese caso yo creo a los niños. Hay que escucharlos porque a veces nos resistimos a hacerlo. Entendemos generalmente que están la madre y el padre y ellos van como adheridos pero debe ser justo al revés. Esto no es un castigo para el padre, sino que no parece lo más adecuado para el niño seguir castigándole a él”, esgrime Giménez.

Así, la magistrada acuerda la suspensión de las visitas hasta que el niño “no desee ver a su padre”, lo que no quiere decir que en el futuro “no pueda superar dicho trauma y pueda relacionarse normalmente con él”, añade el fallo, que insisten en que en este momento “el recuerdo traumático unido a su diagnóstico de trastorno del espectro autista sólo puede llevarnos a esta conclusión”.

La explicación de la decisión al menor

La sentencia no es solo pionera por la advertencia que hace respecto al SAP, también por dirigirse al menor directamente para explicarle la decisión que ha tomado. “Mi nombre es Isabel y soy la jueza que ha decidido sobre con quién vas a vivir. Los jueces y las juezas tenemos la obligación de proteger los derechos de los niños y las niñas y me gustaría explicarte la decisión que he tomado de forma que puedas entenderla”, comienza explicando la magistrada en una carta dirigida al niño.

Para mí han sido muy importantes tus explicaciones que me han hecho saber que a veces sientes mucho miedo y que eso te hace sentir muy mal por dentro y por fuera. Has sido muy valiente

Magistrada Isabel Giménez — Carta dirigida al menor para explicar la sentencia

En ella le pide que no se preocupe porque seguirá viviendo con su madre y no verá a su padre “mientras tú no lo quieras ver”. “Para mí han sido muy importantes tus explicaciones que me han hecho saber que a veces sientes mucho miedo y que eso te hace sentir muy mal por dentro y por fuera. Has sido muy valiente”, prosigue.

“Los jueces tenemos que decidir teniendo en cuenta qué es lo mejor para ti para que la decisión sea buena para ti y para tu futuro y de lo que estoy convencida es que sentir miedo cuando estás con tu papá no es bueno para ti”, le dice antes de pedirle disculpas por haber sido sometido a “muchas pruebas y a contestar muchas preguntas” que “seguro que ha sido muy cansado y doloroso”. Sin embargo, “necesitábamos hacerlo para poder tomar la mejor decisión para ti”, concluye.

Giménez asegura que se inspiró en las resoluciones del Tribunal Constitucional de Colombia, que en ocasiones incluye estas cartas cuando considera que debe explicar con lenguaje comprensible sus resoluciones a un menor. Antes de hacerlo, la magistrada ha preguntado a los psicólogos “si puede ser bueno o malo” para el niño y si hay algún fragmento “que podría hacerle daño” y en los casos en los que ha decidido escribirla lo ha hecho porque ha sentido que el menor “necesitaba que alguien le explicara lo que estaba pasando”. “En la justicia somos muy técnicos y a mí me parece que esto es una herramienta que puede ayudarles mucho”, afirma la jueza.

El Gobierno ha concedido el indulto parcial a María Sevilla, expresidenta de la asociación Infancia Libre. En octubre de 2020 había sido condenada por un tribunal de Madrid a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores. Además, el juzgado la inhabilitó para ejercer la patria potestad sobre su hijo durante cuatro años. Ahora el Ejecutivo decide conmutar la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por ciento ochenta días de trabajos en beneficio de la comunidad, “a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años”, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado hoy.

El pasado 9 de mayo la Fiscalía de Madrid se mostró favorable al indulto parcial, una medida que María Sevilla había solicitado el 31 diciembre para no tener que entrar en la cárcel. Sin embargo, un mes después el juzgado denegó suspender su ingreso en prisión por no haberse arrepentido de los hechos.

La Fiscalía, no obstante, apoyó el indulto porque, aunque Sevilla no había mostrado un arrepentimiento “expreso y claro”, sí hbía evidenciado un “acatamiento a la legalidad” al haber satisfecho “las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia e ingresado voluntariamente en centro de cumplimiento”.

En febrero pasado, un total de 168 colectivos feministas habían reclamado el indulto “urgente” y “total” para María Sevilla. Las organizaciones consideraban que este caso es una muestra de la “política de retirada de custodias a madres que defienden a sus hijos e hijas en denuncias por malos tratos y abuso sexual infantil por parte de sus progenitores” que “el Estado viene aplicando desde hace años”. Estas mujeres, aseguraron, “son condenadas con sentencias ejemplarizantes que incluyen como escarmiento su condena a prisión por defender a sus criaturas ante presuntos maltratadores”.

Además, en un contundente escrito del pasado mes de diciembre, varios relatores de la ONU aseguraron que existe “un sesgo discriminatorio” que “hace que el testimonio de las mujeres se perciba como menos creíble” y apuntan al uso del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), por el que las madres vendrían a manipular a sus hijos e hijas. Esta teoría, desacreditada por organizaciones científicas y judiciales, ha sido vetada ya en España a través de la Ley de Infancia, pero las organizaciones aseguran que se sigue utilizando en los juzgados.

Incumplimiento de sentencia

María Sevilla fue condenada por incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo tras permanecer en paradero desconocido con el menor desde comienzos de 2017. Desde el principio, Sevilla ha acusado al padre en varias ocasiones de abusos sexuales hacia el niño y llevaba varios meses librando una batalla judicial, pero la única denuncia que prosperó fue archivada.

Fue detenida en marzo de 2019 en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) y tras ser puesta a disposición judicial, quedó en libertad con cargos. El pasado enero la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena.

Varios relatores de Naciones Unidas han emitido este jueves un comunicado en el que critican que el sistema judicial español no protege suficientemente a los menores de “padres abusivos” y señalan que existe un “sesgo discriminatorio” que hace que el testimonio de las mujeres se perciba como menos creíble que el de los hombres, aún teniendo pruebas de haber sufrido maltrato. Instan a España a hacer más para que su legislación se aplique y a tomar medidas efectivas para evitar estos casos.

Los firmantes del comunicado son la relatora especial sobre la violencia contra la mujer (Reem Alsalem), su homóloga para el derecho a la salud física y mental (Tlaleng Mofokeng), el relator sobre la tortura (Nils Melzer) y los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra Mujeres y Niñas.

El comunicado asegura que en España los menores “están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos”. “Incluso en los casos en los que existen antecedentes de violencia doméstica o pruebas de maltrato, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones, incluso en aquellos casos en los que existen motivos razonables para sospechar que abusan hacia los niños y sus madres”, dicen.

Los expertos señalan dos causas fundamentales. Una, la existencia de un “sesgo discriminatorio contra las mujeres, que hace que su testimonio se perciba como menos creíble que el de los hombres”. “Las mujeres tienen aún menos probabilidades de ser creídas cuando denuncian la violencia física y sexual cometida por los padres contra ellas y sus hijos”, afirman.

Y otra, el uso del inexistente síndrome de alienación parental: “Aunque carece de apoyo científico creíble, refleja la idea de que cuando un niño o niña teme o evita a su padre o madre, se debe a la influencia del otro progenitor, más que a las propias experiencias del niño”. Aunque en teoría es un concepto neutro al género, “las investigaciones realizadas en España y las opiniones de los expertos que siguen el tema han demostrado que en varios países, entre ellos España, las madres han sido acusadas regularmente de recurrir a la alienación parental, acusando a los padres de sus hijos erróneamente de cometer abusos contra ellos en los litigios por la custodia”.

El comunicado insiste en que la aplicación de estas teorías no está permitida en España pero que “parecen seguir desempeñando un papel en las decisiones judiciales”. “Tales teorías aprovechan las actitudes patriarcales arraigadas en el sistema legal, así como una creciente oleada de críticas contra la igualdad de género en varios países donde los grupos antiderechos han retratado los derechos de las mujeres como 'antifamilia”, añaden.

“España debe hacer más para que su legislación sea operativa y para que todos los funcionarios del sistema de justicia apliquen un enfoque sensible al género y centrado en el niño en los casos de custodia de los hijos y de violencia doméstica, además de tomar medidas efectivas para prevenir estos actos de violencia que pueden constituir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluso tortura. El Gobierno debe cumplir con su responsabilidad de garantizar que los niños, las niñas y las mujeres puedan vivir y prosperar libres de violencia”.

Esta semana se ha celebrado el Día de la Memoria en Euskadi, que, como siempre hasta ahora, ha vuelto a no ser unánime. Se ha aplaudido a la sociedad que denunció en la calle el terrorismo en los 'añoso de plomo'. Mientras tanto, en el Parlamento Vasco, EH Bildu ha sostenido que los 'ongi etorri' a presos de ETA no son actos de homenaje, sino de “reintegración”, y ha rechazado apoyar un texto del Parlamento Vasco de rechazo a estos recibimientos. Esta misma semana, la Cámara le ha dado luz verde a la universidad privada de Josean Querejeta, dueño de Baskonia y Alavés.

elDiario.es/Euskadi agrupa las imágenes más destacadas de la semana:

El actual diputado de Acción Social de Bizkaia, Sergio Murillo, la jefa de Recepción y Valoración de Infancia, María Antonia Giner, la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso y la trabajadora social Maika Urutxurtu, han sido absueltos por la Audiencia Provincial de Bizkaia al no darse “prueba suficiente para dar por acreditados” un delito de prevaricación, un delito de maltrato y dos delitos de lesiones psíquicas por aplicar el falso síndrome de alienación parental para retirar, sin el permiso del juez, la custodia de su hija a su madre, Irune Costumero.

Durante el juicio, que tuvo lugar el pasado junio, la acusación reclamó penas que ascendían a cinco años y seis meses de cárcel en conjunto y 15 años de inhabilitación. Sin embargo, la Fiscalía defendió la absolución en un juicio en el que la fiscal llegó a defender que “no hubo prevaricación” y justificar la existencia del falso la alienación parental.

El fallo de la Audiencia Provincial de Bizkaia sentencia que la orden foral de la retirada de la custodia de la menor por parte de la Diputación no solo no es “injusta, arbitraria o caprichosa, sino ni siquiera contraria al ordenamiento jurídico” puesto que “la desprotección de la menor, cuyo conocimiento motivó la incoación en septiembre de 2016 de un expediente administrativo, persistía pese a la intervención del Servicio de Infancia y las circunstancias existentes a finales de julio de 2017 no permitían formular un pronóstico de avance en un proceso en beneficio de la menor”.

Un mes más tarde, en agosto de 2017, tuvieron lugar los hechos en los que, según el auto de cierre de la fase de investigación, se citó a Costumero a fin de que acudiera al Servicio de Infancia para una reunión de las que tenía habitualmente en dicho Servicio y se le indicó que trajera a su hija, que, por aquel entonces, estaba bajo su custodia. Como el auto indica, Costumero acude “engañada” porque al llegar al lugar, le hacen pasar a una sala donde estaban presentes tres miembros de la Ertzaintza, tres miembros de seguridad privada y dos trabajadores del Servicio de Infancia. Mientras esto ocurría, prosigue el auto, una de las acusadas “mediante la fuerza física y en actitud violenta” pretende llevarse a la niña a otra sala, mientras la menor, que por aquel entonces tenía 5 años, “gritaba que la soltaran”. De manera que, la acusada, le arrebata de las manos su hija a Costumero “por la fuerza física y en volandas, estirando con fuerza del brazo de la niña”. El auto señala que los funcionarios ejecutaron una orden interna que daba por concluido el régimen de custodia compartida que había sido previamente dictado por un juez “sin que dicha resolución hubiera sufrido ninguna modificación” y, por lo tanto, “sin respetar el Fallo de una Sentencia judicial firme”.

Sin embargo, la sentencia, que está fechada el 20 de julio, pero se ha dado a conocer este martes 21, apunta que “no se ha practicado prueba suficiente para dar por acreditados” los delitos de maltrato y lesiones psíquicas por parte de las funcionarias de la Diputación. “Se cuenta como única prueba incriminatoria al respecto la declaración testifical” de Costumero y de su madre “al prestar ambas un relato en el que describen que la actuación de la trabajadora social como violenta al agarrarla fuertemente del brazo pese a la negativa de la menor de acompañarla a una sala aparte y cogerla en volandas pese a que lloraba y gritaba desesperadamente. No obstante, ninguna de las personas que estaban allí presentes han confirmado dicha actuación desproporcionada referida”.

Durante el juicio, el abogado de Costumero presentó una grabación supuestamente del día de la retirada de la custodia en la que se escuchaban gritos y llantos de madre e hija al ser separadas. Sin embargo, la sentencia señala que “no se desprende la veracidad de las afirmaciones de la acusación” sino que lo que se escucha, según el fallo es “una situación de alta emotividad y tensión en la que una niña, que por aquel entonces contaba 5 años, comenzaba a gritar y llorar pudiendo obedecer el motivo de dicho estado emocional a múltiples causas”.

La sentencia también habla sobre el punto de vista de tres agentes de la Ertzaintza que fueron testigos de los hechos. “Han manifestado en testimonios que se han apreciado veraces e imparciales que no vieron ni oyeron nada que les llamara la atención”. “Al principio la niña, que la intentaron engañar para llevarla a otra sala lloró, pero luego se calmó. La madre se puso nerviosa pero también se calmó, pero no relatan en ningún momento que se empleara fuerza o violencia para conducir la menor a la sala y manifiestan que de haberlo visto habrían actuado”, señala la sentencia, que podrá ser recurrida al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En cuanto a lo relativo al falso síndrome de alienación parental, el fallo concluye que los técnicos de la Diputación precisaron “que cuando emplearon en sus informes la alienación parental o marental no se referían a un síndrome, sino a una sintomatología apreciada en la menor en su relación con los progenitores que hacía que estuviera posicionada en contra de uno de ellos sin causa que hubiera resultado justificada a lo largo de las actuaciones desplegadas desde el ámbito judicial, Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Barakaldo y dentro del Área de Infancia de la Diputación”.

El 'Caso Costumero', que traspasó fronteras y “preocupó” a la ONU

Este caso traspasó fronteras hasta llegar a la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, que publicó el pasado enero un escrito en el que, tanto la propia Relatora como el Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, mostraron una “profunda preocupación por la integridad física y mental de la Sra. Costumero pero también de su hija” y lanzaron una llamada de atención al Gobierno de España “sobre los estándares y normas internacionales que protegen los derechos que se les están vulnerando a las víctimas mencionadas anteriormente, tales como el derecho fundamental a la integridad física y psicológica, el interés superior de la niña o el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia”.

“Todas las semanas (la menor) sufre así la separación traumática de su madre de quien ella no quiere separarse. Este acuerdo ha dado lugar a que la niña muestre ahora retraimiento; miedo frente a los extraños; sufra pesadillas y muestre otra serie de comportamientos que son típicos de niños, niñas y adolescentes que sufren semejante trauma. Además, se informa de tres aperturas de protocolo de maltrato en el hospital de Cruces en Bizkaia por daños infligidos por su padre. La Sra. Costumero, por su parte, había denunciado al padre de la niña por un episodio de malos tratos del que éste salió absuelto”, dicta el informe de la ONU, al que ha tenido acceso este diario. 

La Asamblea de Extremadura ha respaldado este jueves una propuesta de impulso de Unidas por Extremadura contra la aplicación de la falsa teoría denominada “Síndrome de Alienación Parental” en los servicios públicos de protección a la infancia y a las mujeres víctimas de violencia de género y de la violencia vicaria. La iniciativa, que incluye una enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Socialista, ha salido adelante con el apoyo de esta formación, el rechazo del PP y la abstención de Cs.

La propuesta insta a la Junta a garantizar que ningún servicio u organismo con financiación pública en Extremadura, dentro del ámbito de sus competencias, hace uso de esta teoría pseudo-científica y a poner en marcha un espacio único de atención integral a los niños y las niñas víctimas de abusos sexuales o con sospechas de que lo pudieran haber sido, siguiendo el modelo de las Casas de Niños.

En la defensa de la iniciativa, la presidenta del Grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha felicitado de que finalmente, tras la “rectificación” del PP, se haya acordado en la Asamblea una declaración institucional contra los crímenes machistas, algo que no es posible en otros Parlamentos por “la entrada de la extrema derecha”.

“Extirpar este terrorismo”

En su opinión, el compromiso debe ser “absoluto e inquebrantable para extirpar de una vez por todas este terrorismo que nos asola”, con “un recrudecimiento de los crímenes de la violencia machista en los últimos días”, mencionando a Olivia, Beatriz, Rocío, etc, y 20 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año.

La propuesta, ha dicho, trata de “una violencia sutil, que no deja marcas en el cuerpo, pero destruye y aniquila a muchas mujeres, niños y niñas”: el SAP, acuñado por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner en 1985 -que “acabó siendo juzgado por pedofilia”- y que “no ha sido reconocido como una patología por ninguna institución médica, psiquiátrica o científica”.

Por desgracia, el SAP, que se basa en “falsos estereotipos machistas, como que las madres son unas manipuladoras vengativas que quieren evitar las relaciones paternofiliales”, se sigue aplicando “en numerosos procedimientos judiciales y evaluaciones”, lo que supone “una vulneración absoluta de los derechos procesales de los niños y condena a las madres a un infierno judicial que puede acabar con su encarcelamiento y la pérdida de custodia de sus hijos”.

Es el caso de la extremeña Sara, a la que “se le aplicó el falso SAP y le han caído cuatro años de cárcel por sustracción de menores” después de declararse “el sobreseimiento provisional” de su denuncia contra la pareja por abusos sexuales a la hija mayor de ambos, la menor no tiene la filiación paterna reconocida. Mañana se celebra en Zafra el juicio donde “se dirime la patria potestad de las hijas”.

De Miguel ha señalado que, según diversos estudios, se calcula que entre un 15 y 20 % de niños sufren algún tipo de abuso sexual antes de cumplir 18 años, en torno al 86 % por parte de hombres, y que generalmente los casos condenatorios se dan solo cuando existen “pruebas físicas evidentes”.

La diputada socialista Soraya Vega ha defendido igualmente que el SAP no existe, aunque algunos se empeñen, mientras que la violencia vicaria sí existe, por más que algunos la nieguen, pero coinciden en algo: “son dos herramientas tremendamente perversas para dañar a las madres”.

Vega ha mencionado la adecuación de las normas y estrategias a esta realidad, como la reciente Ley de la Infancia y la modificación de la de Violencia de Género, y se ha preguntado, ante el “peligroso” cuestionamiento de estas situaciones, dónde se sitúa el PP, “con la Constitución o en el populismo de la ultraderecha, que niega esta realidad”, convirtiéndose en cómplice“.

El PP niega la violencia institucional contra la mujer

La diputada popular Inmaculada Sánchez Polo ha echado en falta que De Miguel nombrase en su discurso a Yaiza, asesinada por su madre en Barcelona, y tras mostrarse de acuerdo en el rechazo al SAP, ha indicado que se niegan a aceptar que exista violencia institucional contra las mujeres, como afirma Unidas, mostrando su “máximo respeto” por el poder judicial y los servidores públicos.

Juana Rivas, por su parte, ha sido recordada por la parlamentaria de Ciudadanos Encarna Martín Andrada, quien ha pedido el indulto para ella. La formación naranja comparte todos los puntos de la iniciativa presentada por Unidas si bien le ha afeado que rechace la figura del coordinador parental, un “profesional imparcial que protege a los niños y ofrece pautas a los padres con alta conflictividad”, además de ser “una titulación propia en universidades”. 

La fiscal del caso que enfrenta a Irune Costumero y al diputado de Acción Social, Sergio Murillo, y tres funcionarias de la Diputación de Bizkaia ha defendido que en la retirada de la custodia de la menor a su madre en 2017 aplicando el falso síndrome de alienación parental “no existe prevaricación y desde luego no existe delito de lesiones físicas ni el delito de lesiones psíquicas ni a la madre ni a la niña”. Además, ha ironizado con que el SAP es un “término prohibido” y que a pesar de que el síndrome como tal no existe, “sí existe un criterio de alienación parental”. Para esgrimir sus argumentos, la fiscal ha citado un caso concreto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso al propio creador del término, ideado en 1985 por el médico Richard Gardner en el proceso de litigio de la custodia de sus hijos.

Este miércoles ha tenido lugar en Bilbao la última vista del juicio que ha sentado en el banquillo a los cuatro funcionarios por un supuesto delito de prevaricación administrativa, un delito de maltrato y dos delitos de lesiones psíquicas por aplicar el falso síndrome de alienación parental para retirar, sin el permiso del juez, la custodia de la menor, por los que se piden penas de hasta 5 años de prisión y 15 años de inhabilitación. La defensa ha pedido la absolución puesto que entiende que la menor se encontraba en una “situación de desprotección” y “no hay pruebas fehacientes de que hubo un delito de daño físico ni psíquico”, según ha argumentado la abogada defensora en su alegato final y ha solicitado que se imponga el pago de costas por “denuncia temeraria”.

Por su parte, el abogado de la acusación particular ha mantenido su petición de cinco años y medio de cárcel y 15 años de inhabilitación y ha reiterado que “se han vulnerado los derechos” tanto de la menor como de la madre al separarlas. Ha criticado “la prevaricación de dictar la orden sin argumentos y contra todas las sentencias de la Audiencia Provincial”. “Decir que es una cosa normal engañar a una madre para notificarle una orden que tiene el letrado y ni si quiera se le avise al letrado, no creo que esté en ningún protocolo jurídico”, ha señalado en cuanto al tema de los delitos físicos y psíquicos. “La abuela y la madre nos han explicado lo que pasó allí, los gritos los hemos escuchado ¿eso es un protocolo habitual en un servicio de Infancia?”, ha cuestionado el abogado aludiendo a una grabación entregada y reproducida este miércoles grabada supuestamente el día de la retirada de la custodia de la menor a su madre en la que se escuchan en un principio gritos y llantos y después la voz de una mujer explicándole a Irune Costumero el procedimiento que estaba teniendo lugar. Sin embargo, la grabación ha sido desacreditada por la Fiscalía y la defensa, al no conocer su procedencia -el abogado de Costumero asegura que un miembro del servicio de Infancia se la entregó a la madre- ni las personas que participan en ella.

Este miércoles se ha celebrado la última sesión del juicio, en el que a lo largo de tres días se ha tomado declaración a una treintena de personas, incluidos la abuela de la niña y policías de la Ertzaintza que participaron en el momento de la retirada de la custodia, además de psicólogos que han seguido de cerca el caso y conocen de primera mano a los implicados. En esta tercera y última sesión, han testificado Beatriz Lapuente Martínez, psicóloga y psicoterapeuta de la Asociación Bizgarri, que evaluó a la menor y realizó el primer informe en el que se incluye el término de la alienación parental; las psicólogas forenses Ane Olaizola y Amaia Martínez que evaluaron a la menor; la psicóloga clínica y forense a la que acude Irune Costumero tras el suceso, Sonia Emilia Vaccaro y los peritos judiciales Dolores Serrat y Juan Carlos Jiménez, que evaluaron a la niña y a la madre por separado.

En un primer informe realizado en julio de 2017, tras realizar entrevistas individuales y juegos simbólicos con la menor, de por aquel entonces 5 años, Lapuente, psicóloga y psicoterapeuta de la Asociación Bizgarri, detecta que “le costaba separarse de la madre” por lo que antes de las sesiones se quedaba con ambas hasta que la niña se tranquilizaba y podía quedarse sola, además de una “actitud intrusiva” por parte de la madre en las sesiones debido a que según la testigo trata de enseñarle dibujos realizados en otras sesiones e incluye una supuesta grabadora en el bolso de la niña.

“No es esperable que a una niña de cinco años le cueste tanto separarse (...) Los críos se quedan tranquilos y esto no pasaba, le costó varias sesiones relajarse”. Preguntada por la fiscal sobre qué quiere decir en el informe con “alienación parental”, la psicóloga ha respondido: “Lo que se podía ver es que la cría se veía de alguna manera sometida o poco auténtica en el rechazo al padre. El rechazo de la cría al padre era una especie de escenario prestado, era poco auténtica”.

“Se puede llamar de muchas maneras. Hay gente que lo llama interferencias parentales, hay gente que lo llama alienación parental, pero al final lo que viene a decir es que es un abuso de poder por parte en este caso de la madre para incidir sobre el que la niña no quiera ver al padre -ha explicado Lapuente sobre el síndrome- es dañino para una niña crecer con la manipulación de una madre y pensando que hay un padre malo. Se trata de sumar, no de restar”, ha concluido para después aclarar que sus informes son valoraciones que después la Diputación u otros organismos superiores pueden tener en cuenta o no a la hora de realizar sus propios informes vinculantes.

Las peritas forenses Ane Olaizola y Amaia Martínez, miembros del Equipo Psicosocial Judicial, han valorado que la conflictividad existente entre los progenitores se fue agudizando a medida que pasaron los años desde el divorcio de la pareja un escenario que hace que la situación se agrave. Las profesionales, tras el trabajo realizado, han apuntado que el discurso de ambos progenitores era confuso y con “bajo nivel de sinceridad”.

“La menor cuando entra en la sala que tenemos para hacer las entrevistas con niños y progenitores se pone sin mirar ni saludar y dice 'tengo miedo a mi padre' sin resonancia emocional. La madre estaba delante. Después se queda conmigo y me dice que su padre es malo, me lo dice en euskera, que quiere que esté siempre con él y que no esté con ama y que quiere que metan a ama en la cárcel. La menor se negaba a estar con su padre, pero sin resonancia emocional, no se percibía miedo en la menor. Estuvimos jugando y yo le planteé: '¿Crees que si yo llamo a tu padre y le digo que venga aquí a jugar con nosotras tú crees que tu padre te va a pegar delante de mí?' Y me dijo que no. Le dije: '¿Quieres que le llamemos?' Y me dijo que sí y llamamos al padre”, ha explicado Amaia Martínez.

La psicóloga de Costumero, Sonia Vaccaro, con la que realiza sesiones presenciales y telemáticas desde el 18 de agosto de 2017, un par de semanas después de que le arrebataran la custodia de la menor, ha explicado que al llegar a su consulta se encuentra con una “mujer devastada” por lo ocurrido, pero con una “sinceridad absoluta” y un “sentimiento de culpa extremo”. “Yo he visto un respeto extremo, es más, la señora Irune me pide a mí con el primer informe que por favor la evalúe lo que le habían dicho, si ella había utilizado a la niña, que ella había hecho un daño extremo a su hija y quería que yo la explore en ese sentido y que por favor si yo descubría algo que le diga qué hacer para no hacerlo mal”, ha apuntado Vaccaro, que ha criticado de “falta de soporte empírico” los informes realizados por la Diputación de Bizkaia para tomar la decisión de otorgar la custodia de la menor al padre.

Dolores Serrat, perita que ha analizado a la menor y ha desarrollado su último informe el pasado 26 de mayo de 2021, ha explicado que el apego de la hija al padre actualmente “no solo no ha mejorado en relación a la primera vez que la vio (según ha recalcado, en 2019) sino que sigue empeorando. Ella ha hecho una disociación de sus entornos paterno y materno y ha buscado una fórmula, un mecanismo de defensa para adaptarse. La relación con el entorno paterno ella la ve de una forma impositiva. El rechazo es evidente”, ha explicado Serrat, que ha añadido que al hablar del padre la menor lo hace con “cierta frialdad” mientras que con la madre observa “un vínculo afectivo positivo”.

Por último, Juan Carlos Jiménez, que ha evaluado a Costumero, ha detallado que “es tan importante el apego materno filial que hasta a las madres esquizofrénicas con patología psiquiátrica, no se les quita el apego con los hijos y se les sigue dejando la custodia, quizás controlada, pero la custodia compartida incluso en la patología más grave que existe”. En este sentido, ha aclarado que, si bien tras la separación con la niña Costumero se encontraba en una situación “depresiva”, no requirió de ayuda psiquiátrica, aunque sí de tratamiento psicológico para “adaptarse a la situación”.

“Si Diputación no hubiera adoptado esa resolución a lo mejor hubiera prevaricado, pero por omisión. Existe una obligación legal de intervenir, una situación de actuar en riesgo grave como estaba esta menor. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera actuado? Por lo tanto el delito de prevaricación no puede considerarse en ningún momento”, ha concluido la fiscal, que ha comenzado su última intervención aclarando que no “defiende los intereses de la Diputación”. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El actual diputado foral de Acción Social en Bizkaia por el PNV, Sergio Murillo, ha defendido la “absoluta legalidad” de sus actuaciones cuando era funcionario en el caso de Irune Costumero, a quien se retiró la custodia de su hija en aplicación del denominado síndrome de alienación parental con base en supuestos indicios de maltrato. Él y las otras tres funcionarias procesadas en el juicio que se sigue desde esta semana en Bilbao han enfatizado que se apoyaron en informes y en la normativa vigente para tomar esa polémica decisión que ha soliviantado al movimiento feminista e incluso ha motivado un pronunciamiento de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en apoyo de la madre.

El juicio ha arrancado con un intento de recusación fallido de parte del tribunal y con una declaración dura de Costumero, a quien por momentos le costaba narrar su experiencia. Le ha arropado la abuela de la pequeña. Entre los imputados, quien ejecutó de manera efectiva la separación de la menor fue Maika Urrutxurtu, quien ha negado que actuara con violencia en el momento de los hechos. Los vídeos del momento no están en la causa, según 'El País'. Los acusados no han querido contestar a las preguntas de la defensa letrada de la familia Costumero.

Este lunes ha arrancado el juicio, que tiene lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia y que se prolongará durante los próximos martes y miércoles. Los imputados se han sentado en el banquillo por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, un delito de maltrato y dos delitos de lesiones psíquicas por aplicar el falso síndrome de alienación parental para retirar, sin el permiso del juez, la custodia de la menor, por los que se piden penas de hasta 5 años de prisión y 15 años de inhabilitación, mientras que la Fiscalía no presenta cargos y defenderá la absolución. De hecho, en la primera jornada se ha alineado con las tesis de las defensas de los imputados.

A las puertas del juicio, un grupo de personas convocadas por el Movimiento Feminista de Arratia se ha concentrado con carteles en los que se leía “Yo también soy Costumero” y han aplaudido a la madre a su llegada. Costumero, por su parte, se ha mostrado “algo nerviosa”. “Que se haga justicia y que mi hija vuelva a casa porque no me la tenían que haber arrancado. Que esto pare de una vez y que su señoría me oiga porque soy la voz de mi hija. Ya va siendo hora, son cuatro años de espera”, ha señalado a los medios de comunicación antes de su declaración en el interior.

La directora de Infancia de la Diputación de Bizkaia, Maite Iturrate también se ha dirigido a los medios de comunicación antes de comenzar el juicio para señalar que mantienen un “total respeto” a la Justicia. “Mantenemos un total respeto a la Justicia. Las personas del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia protegen a menores que se encuentran en situaciones de desprotección grave o en desamparo. Las decisiones que se toman en este ámbito son siempre difíciles, se adoptan siempre bajo criterios técnicos y teniendo como principio la normativa vigente. Nuestro objetivo es cuidar a estos menores y siempre lo hacemos con la máxima del interés superior del menor. Adoptamos anualmente miles de resoluciones en este ámbito y siempre lo hacemos con el único objetivo de buscar lo mejor para cada niño, niña y adolescente”, ha apuntado.

Por su parte, la propia Costumero ha insistido en que le arrebataron a su hija “por un síndrome que no existe”, puesto que las razones de la Administración para retirarle la custodia fueron que “la pequeña estaba desprotegida” y que Costumero ejercía sobre ella el denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), un concepto que ha sido rechazado por el Consejo General del Poder Judicial, por la Asociación Nacional de Neuropsiquiatría y, prohibido ahora por la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, por carecer de base científica, que consiste en la idea de que un progenitor (generalmente se aplica a la madre) manipula a los menores para que rechacen al otro. Según ha podido saber este periódico, desde la Diputación de Bizkaia por el momento no van a ofrecer más declaraciones de las ya otorgadas por la directora de Infancia, Maite Iturrate.

Irene Montero manda un mensaje de ánimo a Costumero

Con motivo del juicio, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha querido mostrar su apoyo a Irune Costumero y ha asegurado que a esta madre se le debe una reparación. “A Irune Costumero nuestro país le debe reparación por no reconocer su lucha protegiendo a su hija frente a la violencia machista. Urge que nuestra justicia deje de aplicar el falso SAP o derivados, como la relatora de la ONU o el Comité CEDAW nos recuerdan. Irune, no estás sola”, ha escrito en su perfil de Twitter .

Los hechos se remontan a agosto de 2017, cuando, según el auto de cierre de la fase de investigación, se citó a Costumero a fin de que acudiera al Servicio de Infancia para una reunión de las que tenía habitualmente en dicho Servicio y se le indicó que trajera a su hija, que, por aquel entonces, estaba bajo su custodia. Como el auto indica, Costumero acude “engañada” porque al llegar al lugar, le hacen pasar a una sala donde estaban presentes tres miembros de la Ertzaintza, tres miembros de seguridad privada y dos trabajadores del Servicio de Infancia. Mientras esto ocurría, prosigue el auto, una de las acusadas “mediante la fuerza física y en actitud violenta” pretende llevarse a la niña a otra sala, mientras la menor, que por aquel entonces tenía 5 años, “gritaba que la soltaran”. De manera que, la acusada, le arrebata de las manos su hija a Costumero “por la fuerza física y en volandas, estirando con fuerza del brazo de la niña”. El auto señala que los funcionarios ejecutaron una orden interna que daba por concluido el régimen de custodia compartida que había sido previamente dictado por un juez “sin que dicha resolución hubiera sufrido ninguna modificación” y, por lo tanto, “sin respetar el Fallo de una Sentencia judicial firme”.

Como argumento para no respetar la sentencia del juez, los acusados utilizaron un informe realizado por una de las acusadas, en el cual se establecían como causas para dictar la Orden Foral que aplicaron, la existencia de una “alienación marental imputable a la madre” y la “negativa de la hija a relacionarse con su padre”, que según este informe, “no queda claro si es deseo de la menor o deseo de la madre”.

Tras ese suceso, Costumero denunció a los cuatro funcionarios y, después de dos archivos de la causa, el juzgado de instrucción dictó en el auto a instancias de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que apreció indicios de delito basándose en el escrito de la acusación, ejercida por el abogado de la madre. Por su parte, la Audiencia Provincial denunció el proceder de la Diputación e imputó a la jefa del Sección de Recepción, Valoración y Orientación, Antonia Giner, a la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso, al por aquel entonces director general de Promoción de la autonomía personal, ahora diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, y a la trabajadora social que ejecutó la orden, Maika Urrutxurtu.

Cuatro funcionarios del servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia, entre ellos el actual diputado vizcaíno de Acción Social, Sergio Murillo, se sentarán este lunes en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, un delito de maltrato y dos delitos de lesiones psíquicas por aplicar el falso síndrome de alienación parental para retirar, sin el permiso del juez, la custodia de su hija a su madre, Irune Costumero. Su acusación reclama penas que ascienden a cinco años y seis meses en conjunto, si bien la Fiscalía no presenta cargos y defenderá la absolución, según 'Deia'.

En la vista, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de junio, la Audiencia de Bizkaia juzgará a la Diputación de Bizkaia y además de las de Murillo, se analizarán las actuaciones de la jefa de Recepción y Valoración de Infancia, Maria Antonia Giner, la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso y de la trabajadora social Maika Urutxurtu. 

Los hechos se remontan a agosto de 2017, cuando, según el auto de cierre de la fase de investigación, se citó a Costumero a fin de que acudiera al Servicio de Infancia para una reunión de las que tenía habitualmente en dicho Servicio y se le indicó que trajera a su hija, que, por aquel entonces, estaba bajo su custodia. Como el auto indica, Costumero acude “engañada” porque al llegar al lugar, le hacen pasar a una sala donde estaban presentes tres miembros de la Ertzaintza, tres miembros de seguridad privada y dos trabajadores del Servicio de Infancia. Mientras esto ocurría, prosigue el auto, una de las acusadas “mediante la fuerza física y en actitud violenta” pretende llevarse a la niña a otra sala, mientras la menor, que por aquel entonces tenía 5 años, “gritaba que la soltaran”. De manera que, la acusada, le arrebata de las manos su hija a Costumero “por la fuerza física y en volandas, estirando con fuerza del brazo de la niña”. El auto señala que los funcionarios ejecutaron una orden interna que daba por concluido el régimen de custodia compartida que había sido previamente dictado por un juez “sin que dicha resolución hubiera sufrido ninguna modificación” y, por lo tanto, “sin respetar el Fallo de una Sentencia judicial firme”.

Como argumento para no respetar la sentencia del juez, los acusados utilizaron un informe realizado por una de las acusadas, en el cual se establecían como causas para dictar la Orden Foral que aplicaron, la existencia de una “alienación marental imputable a la madre” y la “negativa de la hija a relacionarse con su padre”, que según este informe, “no queda claro si es deseo de la menor o deseo de la madre”.

Tras ese suceso, Costumero denunció a los cuatro funcionarios y, después de dos archivos de la causa, el juzgado de instrucción dictó en el auto a instancias de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que apreció indicios de delito basándose en el escrito de la acusación, ejercida por el abogado de la madre. Por su parte, la Audiencia Provincial denunció el proceder de la Diputación e imputó a la jefa del Sección de Recepción, Valoración y Orientación, Antonia Giner, a la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso, al por aquel entonces director general de Promoción de la autonomía personal, ahora diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, y a la trabajadora social que ejecutó la orden, Maika Urrutxurtu. Hasta este lunes, que se celebrará la vista.

“Estoy nerviosa, pero estoy muy fuerte y tengo ganas de que su señoría me oiga y poder ser el altavoz de mi hija en este juicio y saber que somos el espejo y el reflejo de tantísimos niños y tantísimas madres. La verdad solo tiene un camino y es una auténtica tortura el tener que estar esperando cuatro años. Para mí de entrada la celebración de este juicio supone un orgullo por haber sentado en el banquillo a los jefes de diputación incluyendo al diputado de acción social. Es un juicio histórico y es la forma de tapar muchas bocas”, cuenta Costumero a elDiario.es/Euskadi.

El juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao dictó en marzo del año pasado el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso este periódico, en el que ordenaba a la institución foral a depositar una fianza de 600.000 euros como responsable civil subsidiaria de los posibles delitos de cuatro de sus funcionarios. Delitos para los que la acusación solicita en total cinco años, seis meses y un día de prisión, además de 15 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. En concreto, se les acusa de tres años, seis meses y un día de prisión por el delito continuado de lesiones psíquicas a un menor y dos años y un día de cárcel por el mismo delito hacia la madre, Irune Costumero.

“A mí directamente a la cara no me lo han dicho, pero indirectamente sí ha llegado a mí eso de 'algo habrá hecho para que le quiten a su hija'. Entonces este juicio sirve para tapar muchísimas bocas y hacer ver que mi hija no miente y que yo no miento. De este juicio espero justicia y la justicia viene por que mi hija vuelva a casa, a una casa de la que no tenían que haberla arrancado puesto que ni todos los años del mundo de cárcel ni todo el dinero del mundo le devolverán a mi hija estos cuatro larguísimos años sin su madre”, sentencia esta madre.

“Preocupación” en la ONU por Costumero y su hija

Su caso traspasó fronteras hasta llegar a la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, que publicó el pasado enero un escrito en el que, tanto la propia Relatora como el Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, mostraron una “profunda preocupación por la integridad física y mental de la Sra. Costumero pero también de su hija” y lanzaron una llamada de atención al Gobierno de España “sobre los estándares y normas internacionales que protegen los derechos que se les están vulnerando a las víctimas mencionadas anteriormente, tales como el derecho fundamental a la integridad física y psicológica, el interés superior de la niña o el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia”.

“Todas las semanas (la menor) sufre así la separación traumática de su madre de quien ella no quiere separarse. Este acuerdo ha dado lugar a que la niña muestre ahora retraimiento; miedo frente a los extraños; sufra pesadillas y muestre otra serie de comportamientos que son típicos de niños, niñas y adolescentes que sufren semejante trauma. Además, se informa de tres aperturas de protocolo de maltrato en el hospital de Cruces en Bizkaia por daños infligidos por su padre. La Sra. Costumero, por su parte, había denunciado al padre de la niña por un episodio de malos tratos del que éste salió absuelto”, dicta el informe de la ONU, al que ha tenido acceso este diario. 

También cabe destacar un informe forense fechado en noviembre de 2020 que determina el rechazo de la niña hacia el padre, pese a llevar más de tres años viviendo con él. El documento confirma que los test proyectivos realizados a la menor “siguen poniendo de manifiesto rasgos de extroversión, con rasgos de impulsividad, pero con gran control de las emociones que determinan una personalidad coartativa, que evidencia inseguridad, indecisión, desconfianza y conflictos afectivos”. En dichos test, según señala el informe, “se detectan alteraciones de la esfera afectiva: sentimientos de falta de seguridad y necesidad de apoyo, desconfianza y cautela, sentimientos de abandono, miedo a la separación, gran control de la espontaneidad afectiva y actitud defensiva hacia los demás”. El documento continúa alegando que “persiste el rechazo verbal y proyectivo hacia la figura paterna (para valorarlo eficazmente debería poder valorar a la menor en el entorno paterno y la interacción con su padre) y a la vez lo hace con miedo porque es consciente que ello puede generar problemas (”los psicólogos se lo dirán, él se enfadara y además le echaran la culpa a mama“)”. Lo más “valorable”, según el escrito es “la persistencia de su actitud y el desapego afectivo pese a que desde hace 3 años vive con el padre, que es su cuidador principal y su figura de referencia”. 

Sobre la madre, el mismo informe detalla que la menor “sigue manteniendo un vínculo afectivo” con la niña y que ésta “no está satisfecha, le gustaría estar más tiempo con su madre, pero esta resignada”. “Puede dar la impresión de que la menor está bien, porque muestra un buen rendimiento escolar y social, e incluso ha mejorado su comportamiento y el control de los impulsos, pero las alteraciones de la esfera afectiva son evidentes, y estas influyen en el desarrollo de su personalidad con el riesgos de desarrollas fobias y/o obsesiones”, concluye el escrito del forense.

A pesar de haber sido desacreditado por organismos judiciales y organizaciones médicas, el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) sigue colándose en los juzgados y también en foros de profesionales. El Colegio de Abogados de Madrid ha decidido suspender un curso que había programado para sus miembros el próximo 27 de abril que daba crédito a esta teoría calificada de “pseudo-científica” por el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La formación, de cinco horas, y por la que los colegiados que quisieran asistir iban a pagar 65 euros, se denominaba 'El Síndrome de Alienación Parental (SAP) en los procesos contenciosos. ¿Realidad o mito?' y, según explican fuentes de la institución, se ha decidido no celebrarla “ante la controversia que suscita este tema” y “dada la imparcialidad que debe mantener el Colegio”.

El curso, que iba a ser impartido online, incluía como descripción que su contenido estaría dirigido a “conocer el alcance y la existencia de las interferencias parentales y si el SAP es mito o realidad y cómo sacarlo a la luz en los procedimientos judiciales”. Y por objetivo tenía llevar a cabo una “valoración causal del rechazo en los menores a relacionarse con sus progenitores (interferencias parentales versus reacciones propias frente al divorcio)”.

La suspensión del curso se produce en un momento en el que el llamado Síndrome de Alienación Parental ha salido a la luz con fuerza por dos motivos, uno legislativo y el otro mediático. La pionera ley de protección a la infancia frente a la violencia que aprobó la semana pasada el Congreso por una holgada mayoría prevé en su articulado la prohibición de su uso, algo que pidió el Comité de Derechos del Niño de la ONU. Y la opinión pública ha vuelto a hablar de ello al hilo de la emisión en televisión de la serie documental sobre la vida de Rocío Carrasco, en la que narra los episodios de violencia de género de los que acusa a su exmarido, Antonio David Flores, que no ha sido condenado por ello.

Además del maltrato psicológico y continuado que ha relatado en emisiones que han supuesto récords de audiencia, la hija de Rocío Jurado ha señalado también al padre de sus hijos por haber “manipulado” a los menores en su contra. El partido de extrema derecha aprovechó la ocasión y la diputada Rocío Monasterio tuiteó un mensaje en el que afirmaba “hoy media España ha entendido lo que es el SAP”. Acto seguido fueron varias las expertas que advirtieron de la confusión y de que lo que estaba relatando Carrasco era violencia vicaria en el contexto de violencia de género y que, por el contrario, el SAP no es un diagnóstico clínico reconocido, no ha sido avalado por organizaciones científicas como la Asociación Americana de Psiquiatría o la Organización Mundial de la Salud.

Pero ¿qué es el SAP? Según esta teoría, acuñada por Richard Gardner en los años 80, los niños con SAP son alienados y adoctrinados por parte de un progenitor contra el otro en la disputa de una custodia. Y la ideó para referirse a los casos de abusos sexuales infantiles, normalmente denunciados por las madres. Es precisamente en este contexto, a pesar de que no tiene validez, en el que se utiliza especialmente, mediante sentencias que aluden al SAP –o a cualquiera de sus eufemismos– para retirar custodias a mujeres que en muchas ocasiones han denunciado violencia del padre hacia los hijos.

Veto de la Ley de Infancia

Lucía Avilés, magistrada y experta en violencia de género, explica que el SAP “es un instrumento que no debe aplicarse en los procesos judiciales” y en ello ha insistido el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lo califica de “teoría pseudo-científica” y muestra su preocupación por que sea usado “para culpar a las mujeres de los miedos o angustias razonables de los niños hacia su padre violento”. Los profesionales de la psicología suelen insistir en que esto no implica que no pueda darse manipulación o “malmeter” por parte de algún progenitor en un contexto de divorcio, pero Avilés, también socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, cree que las alegaciones de SAP en un proceso judicial, que en muchas ocasiones “se hacen sin llamarlo así”, se realizan “con la única finalidad de minar la credibilidad de las mujeres”.

Por ello, la ley de infancia, que tras su visto bueno en el Congreso sigue su trámite en el Senado, prevé vetar su uso a través de un artículo que no lo prohíbe expresamente, pero sí señala: “Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración”. Avilés explica que “en algunas legislaciones autonómicas” como la catalana, está incluso “definido como violencia institucional” contra las mujeres.

Aunque habitualmente se hable del SAP como una supuesta influencia de los progenitores, su uso como estrategia en los juzgados “está dirigido en la práctica contra las madres”, esgrime la jueza, porque “se asienta sobre el estereotipo de mujer mentirosa o manipuladora con el objetivo de eludir la evidencia que puede haber de ese rechazo de los niños al padre”. Y así lo han acreditado también tanto el CGPJ como el Consejo General del Trabajo Social, que el pasado año se pronunció por primera vez de manera oficial con un contundente posicionamiento en el que alertaba de un “fenómeno creciente” de cambio de custodia de menores por vía judicial al amparo “de este supuesto síndrome”.

Por eso, pedía a los colegios de trabajadores sociales de España que pusieran el foco “en el interés superior del menor” y analizaran cada caso concreto “en profundidad” porque se están detectando informes de equipos psicosociales, de Puntos de Encuentro Familiar (PEF) o de centros de atención a la infancia y servicios sociales “que están utilizando también este falso síndrome para evaluar situaciones de conflicto parental”. Y “curiosamente”, proseguía el máximo órgano de los trabajadores sociales, “hay una fuerte prevalencia de aplicación en casos de violencia de género, maltrato y abusos hacia las y los menores”.

Un año y cuatro meses. Es lo que ha tardado la jueza en responder a las medidas cautelares urgentes que solicitó Irune Costumero, la madre a la que hace más de tres años la Diputación Foral de Bizkaia separó de su hija alegando el falso síndrome de alienación parental, hecho por el que el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, y tres altas funcionarias de la Diputación están imputados. En el auto judicial, a pesar de que se reconoce que las visitas entre Costumero y su hija “son muy restringidas, pues no ha habido pernocta en tres años”, que “la propia menor desea una relación más normalizada con su madre” y que “la menor presentó síntomas clínicos de tristeza reactivos a la separación de su madre”, la jueza desestima la petición de la madre de restablecer la custodia compartida y se la concede provisionalmente al padre.

Los hechos se remontan a agosto de 2017, cuando se citó a Costumero a fin de que acudiera al Servicio de Infancia para una reunión de las que tenía habitualmente en dicho Servicio y se le indicó que acudiera con su hija, que, por aquel entonces, estaba bajo su custodia. Según un el auto de apertura de juicio penal del Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao contra la Diputación, conocido el pasado marzo de 2020, Costumero acude “engañada” porque al llegar al lugar, la hacen pasar a una sala donde estaban presentes tres miembros de la Ertzaintza, tres miembros de seguridad privada y dos trabajadores del Servicio de Infancia. Mientras esto ocurría, prosigue el auto, una de las acusadas “mediante la fuerza física y en actitud violenta” pretende llevarse a la niña a otra sala, mientras la menor, que por aquel entonces tenía 5 años, “gritaba que la soltaran”. De manera que, la acusada, le arrebata de las manos su hija “por la fuerza física y en volandas, estirando con fuerza del brazo de la niña”. El auto señala que los funcionarios ejecutaron una orden interna que daba por concluido el régimen de custodia compartida que había sido previamente dictado por un juez “sin que dicha resolución hubiera sufrido ninguna modificación” y, por lo tanto, “sin respetar el Fallo de una Sentencia judicial firme”. Tras el suceso, le entregaron a Costumero una Orden Foral en la que se decía que la Diputación asumía temporalmente la tutela de la niña y le cedía provisionalmente ésta al padre, mientras que la madre podía verla dos veces por semana.

Más de tres años después, el caso ha traspasado fronteras hasta llegar a la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, que ha publicado un escrito en el que, tanto la propia Relatora como el Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, han mostrado “profunda preocupación por la integridad física y mental de la Sra. Costumero pero también de su hija” y lanzan una llamada de atención al Gobierno de España “sobre los estándares y normas internacionales que protegen los derechos que se les están vulnerando a las víctimas mencionadas anteriormente, tales como el derecho fundamental a la integridad física y psicológica, el interés superior de la niña o el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia”.

“Todas las semanas (la menor) sufre así la separación traumática de su madre de quien ella no quiere separarse. Este acuerdo ha dado lugar a que la niña muestre ahora retraimiento; miedo frente a los extraños; sufra pesadillas y muestre otra serie de comportamientos que son típicos de niños, niñas y adolescentes que sufren semejante trauma. Además, se informa de tres aperturas de protocolo de maltrato en el hospital de Cruces en Bizkaia por daños infligidos por su padre. La Sra. Costumero, por su parte, había denunciado al padre de la niña por un episodio de malos tratos del que éste salió absuelto”, dicta el informe de la ONU, al que ha tenido acceso este diario. 

También cabe destacar un informe forense fechado en noviembre de 2020 que determina el rechazo de la niña hacia el padre, pese a llevar más de tres años viviendo con él. El documento confirma que los test proyectivos realizados a la menor “siguen poniendo de manifiesto rasgos de extroversión, con rasgos de impulsividad, pero con gran control de las emociones que determinan una personalidad coartativa, que evidencia inseguridad, indecisión, desconfianza y conflictos afectivos”. En dichos test, según señala el informe, “se detectan alteraciones de la esfera afectiva: sentimientos de falta de seguridad y necesidad de apoyo, desconfianza y cautela, sentimientos de abandono, miedo a la separación, gran control de la espontaneidad afectiva y actitud defensiva hacia los demás”. El documento continúa alegando que “persiste el rechazo verbal y proyectivo hacia la figura paterna (para valorarlo eficazmente debería poder valorar a la menor en el entorno paterno y la interacción con su padre) y a la vez lo hace con miedo porque es consciente que ello puede generar problemas (”los psicólogos se lo dirán, él se enfadara y además le echaran la culpa a mama“)”. Lo más “valorable”, según el escrito es “la persistencia de su actitud y el desapego afectivo pese a que desde hace 3 años vive con el padre, que es su cuidador principal y su figura de referencia”. 

Sobre la madre, el mismo informe detalla que la menor “sigue manteniendo un vínculo afectivo” con la niña y que ésta “no está satisfecha, le gustaría estar más tiempo con su madre, pero esta resignada”. “Puede dar la impresión de que la menor está bien, porque muestra un buen rendimiento escolar y social, e incluso ha mejorado su comportamiento y el control de los impulsos, pero las alteraciones de la esfera afectiva son evidentes, y estas influyen en el desarrollo de su personalidad con el riesgos de desarrollas fobias y/o obsesiones”, concluye el escrito del forense.

Sin embargo, el auto del juzgado de Primera Instancia de Familia de Bilbao, sentenciado por la jueza María Eugenia Matia y publicado el 4 de enero de 2021, concluye con el cese de la custodia de la menor por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, que pasa de forma provisional al padre, hasta que las medidas sean modificadas por el juzgado de primera instancia número 5 de Barakaldo, que lleva el caso desde 2017 y que en estos momentos se encuentra suspendido.

Por su parte, a Costumero se le amplía el régimen de visitas: podrá pasar con su hija dos tardes a la semana y un día el fin de semana con pernocta en fines de semana alternos, además de la mitad de las vacaciones. La jueza ha tomado esta decisión, según el auto, al considerar que “no existe ningún dato” que acredite que la relación entre ambas durante las visitas “pueda ser perjudicial para la menor, ni que el incremento de las visitas pueda conllevar a una regresión en su estado ni un deterioro en la relación paterno filial”. “Al contrario, el mantenimiento del actual régimen de visitas debido a lo restrictivo del mismo así como al tiempo desde el que se viene llevando a cabo sin que haya habido progresiones o ampliaciones significativas, supone una restricción de la relación materno filial que no está justificada y que es contraria a los deseos manifestados por la propia”, señala el auto.

Para justificar su decisión, la jueza María Eugenia Matia señala en el auto que “no debe valorarse la situación administrativa en la que se encuentra la menor”, ni si las medidas adoptadas en su momento en la Orden Foral que arrebató la custodia a Costumero “estaban o no justificadas”. Tampoco si por aquel entonces “adoptaron las medias adecuadas para la protección de la menor”. En su lugar, sí que aclara en el auto que el artículo 172.4 del Código Civil que permite que una entidad pública pueda asumir provisionalmente la custodia de un menor mediante resolución administrativa, obligatoriamente debe ir acompañada de una investigación y de “las diligencias precisas” que constaten la situación de desamparo. Algo que se debe realizar “en el plazo más breve posible” y que, en este caso, ese plazo “se ha superado con creces”, ya que han pasado 3 años desde que se acordó.

Cuatro funcionarios del servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia, entre ellos el actual diputado vizcaíno de Acción Social, Sergio Murillo, se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación administrativa, un delito de maltrato y dos delitos de lesiones psíquicas por aplicar el falso síndrome de alienación parental para retirar, sin el permiso del juez, la custodia de su hija a una madre.

El juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao ha dictado el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que ordena a la institución foral a depositar una fianza de 600.000 euros como responsable civil subsidiaria de los posibles delitos de cuatro de sus funcionarios. Delitos para los que la acusación solicita en total cinco años, seis meses y un día de prisión, además de 15 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. En concreto, se les acusa de tres años, seis meses y un día de prisión por el delito continuado de lesiones psíquicas a un menor y dos años y un día de cárcel por el mismo delito hacia la madre, Irune Costumero.

Los hechos se remontan a agosto de 2017, cuando, según el auto, se citó a Irune a fin de que acudiera al Servicio de Infancia para una reunión de las que tenía habitualmente en dicho Servicio y se le indicó que acudiera con su hija, que, por aquel entonces, estaba bajo su custodia. Según el auto, Irune acude “engañada” porque al llegar al lugar, la hacen pasar a una sala donde estaban presentes tres miembros de la Ertzaintza, tres miembros de seguridad privada y dos trabajadores del Servicio de Infancia. Mientras esto ocurría, prosigue el auto, una de las acusadas “mediante la fuerza física y en actitud violenta” pretende llevarse a la niña a otra sala, mientras la menor, que por aquel entonces tenía 5 años, “gritaba que la soltaran”. De manera que, la acusada, le arrebata de las manos su hija a Irune “por la fuerza física y en volandas, estirando con fuerza del brazo de la niña”. El auto señala que los funcionarios ejecutaron una orden interna que daba por concluido el régimen de custodia compartida que había sido previamente dictado por un juez “sin que dicha resolución hubiera sufrido ninguna modificación” y, por lo tanto, “sin respetar el Fallo de una Sentencia judicial firme”.

Como argumento de los acusados para no respetar la sentencia del juez, utilizaron un informe realizado por una de las acusadas, en el cual se establecían como causas para dictar la Orden Foral que aplicaron, la existencia de una “alienación marental imputable a la madre” y la “negativa de la hija a relacionarse con su padre”, que según este informe, “no queda claro si es deseo de la menor o deseo de la madre”.

Tras ese suceso, Irune denunció a los cuatro funcionarios y, después de dos archivos de la causa, el juzgado de instrucción ha dictado el auto a instancias de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que apreció indicios de delito basándose en el escrito de la acusación, ejercida por el abogado de la madre. Por su parte, la Audiencia Provincial denunció el proceder de la Diputación e imputó a la jefa del Sección de Recepción, Valoración y Orientación, Antonia Giner, a la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso, al por aquel entonces director general de Promoción de la autonomía personal, ahora diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, y a la trabajadora social que ejecutó la orden, Maika Urrutxurtu.

“Una ratonera entre la Administración y la Justicia”

“Es un alivio que el juicio esté más cerca, pero a la vez es triste que hayan tenido que pasar casi tres años. Mi hija está encerrada en una ratonera entre la Administración y la Justicia. La Justicia está pendiente de este juicio y la Administración se ha lavado un poco las manos, como está el juicio penal se han desentendido. Todas las pruebas que hay son brutales, hasta el instructor que ha querido sobreseer se ha unido a la causa y él mismo hace suya la acusación sin mover una coma”, ha señalado Irune Costumero a eldiario.es.

Irune lamenta que su hija haya vivido los últimos tres años sin dormir ni un solo día en la que hasta entonces había sido su casa ni tener vacaciones con su madre. Actualmente, se ven los martes y viernes, y hasta el mes de diciembre, las visitas estaban vigiladas por un educador social que las acompañaba, como condición que Irune debía aceptar para poder ver a su hija.

“El educador entraba a casa, abría los armarios, el frigorífico, venía a la playa...Eso para un niño es algo muy duro. Mi hija sabe que para estar con su madre tiene que estar esa persona, pero ve cómo el resto de niños no necesitan a nadie para estar con sus madres, es algo muy cruel. ¿Qué supone el síndrome de alienación parental? Una tortura de la amenaza continua”, ha lamentado esta madre.

“Todo saldrá a la luz”

Para Irune, una de las cosas más chocantes de este caso es el hecho de que, el diputado Sergio Murillo tras ser imputado y tener que ir declarar por este caso en 2018, “como premio” el diputado general Unai Rementería le asciende. “¿Qué interés tiene esta gente sabiendo que está imputado, de premiarle y ascenderle de director de Promoción a diputado de Acción Social? Aparte de ser muy triste es muy fuerte todo esto”, denuncia.

A pesar de la dureza de la situación, esta madre confía en que “todo saldrá a la luz” tras el juicio y que los responsables pagarán. Mientras tanto, con la intención de que este tipo de casos no sigan reproduciéndose y para evitar que sigan aplicando este síndrome, que ha sido rechazado por la Organización Mundial de la Salud y por el Consejo General del Poder Judicial, Irune, junto con profesionales del ámbito escolar, sanitario, periodístico, trabajo social y asociaciones civiles ha constituido el primer equipo técnico multidisciplinar contra la aplicación del inexistente síndrome de alienación parental.

“Es el primer equipo constituido por profesionales y víctimas del síndrome. Es importante que las víctimas también aportemos nuestros puntos de vista porque al final somos las que día a día lo estamos viviendo junto con nuestros hijos e hijas. Hemos realizado una primera jornada en Igorre (Bizkaia) y realizaremos más acciones”, ha finalizado Irune Costumero.

Unanimidad política contra el uso del SAP

El pasado mes de febrero, todos los partidos políticos de las Juntas Generales de Bizkaia (incluidos el PNV y el PSE, que gobiernan en la Diputación) alcanzaron un acuerdo unánime para adoptar medidas para que el servicio de Infancia dirigido por la Diputación vizcaína no utilice el síndrome de alienación parental (SAP). La propuesta, que surgió de EH Bildu, fue por todos los partidos de la cámara aunque el Partido Popular no firmó el acuerdo.

De esta manera, cada vez que el servicio de Infancia detecte un caso de desprotección por parte de alguno de los progenitores, la Diputación se comprometerá a analizar dicha situación y estudiar el efecto que ha tenido sobre ellas uno de los indicativos utilizados para justificar el SAP, el de la instrumentalización en conflictos entre progenitores. Esos resultados serán enviados al Gobierno vasco para que revise la herramienta y en especial ese indicador. Además, a partir de ahora, el personal del servicio de Infancia recibirá una formación específica en el ámbito de abuso sexual infantil y violencia machista y un proceso de reflexión sobre la respuesta que se da en Euskadi a los abusos sexuales a menores.

En 1985, el médico estadounidense Richard Gardner acuñó el síndrome de alienación parental (SAP) para describir una situación en la que, supuestamente, un progenitor, normalmente la madre, aliena a su hijo contra el padre, alegando en la mayoría de los casos falsas acusaciones de agresión sexual o malos tratos. Este síndrome ha pasado por una supuesta dolencia no avalada por la comunidad científica ni por el Consejo General del Poder Judicial.

Para acabar con el hecho de que a pesar de que no se recomiende se siga aplicando este síndrome –sobre todo para quitar custodias de menores a sus madres y otorgárselas a los padres–, una veintena de madres afectadas han decidido unirse y junto con 62 asociaciones, partidos políticos, sindicatos y personas a título individual han creado la primera Red de Resistencia contra el SAP en Euskadi. Desde que crearon la red el pasado octubre, el goteo de mujeres afectadas ha sido constante y la percepción de esta asociación es que se trata de un fenómeno que va en aumento desde la primera vez que se aplicó en España, en el año 2002.

De esta manera, las fundadoras del colectivo han presentado un manifiesto en el que critican la labor en este tipo de casos de los jueces, los equipos psicosociales, los servicios sociales de base y los servicios de infancia argumentando que “todas las actuaciones –de estos servicios– obedecen al mismo patrón: no se escucha a los niños y se culpabiliza a las madres”.

Tanto la red como el manifiesto han surgido debido a que en Bizkaia, dos casos de madres han llegado a impactar profundamente en la sociedad vasca. Uno de ellos es el de Karen Gutiérrez, una madre que lleva desde julio de 2018 sin ver prácticamente a su hijo –que por aquel entonces tenía 5 años– debido a que una sentencia de la Audiencia de Bizkaia le quitó la custodia del menor y se la dió a su padre, a pesar de que nunca había convivido con él y de que la Fiscalía se oponía. En este caso, los informes del equipo psicosocial del Juzgado y del colegio del niño también apoyaban la custodia para la madre y así lo había determinado una primera sentencia del juzgado de primera instancia número 5 de Barakaldo el pasado noviembre.

Sin embargo, la Audiencia de Bizkaia revocó esta decisión en una sentencia que recoge expresiones propias del llamado síndrome de alienación parental, empleando términos como “instrumentalización” u “obstaculización” refiriéndose a la madre, respecto a la relación de su hijo con su padre. La defensa de Karen interpuso en su momento un recurso de casación en el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, la única vía que les quedaba.

El otro caso es el de Irune Costumero, una madre que denunció que la Diputación de Bizkaia le había retirado la custodia de su hija de cinco años utilizando este mismo argumento y actuando sin una autorización judicial. Gracias a la demanda de Irune, la Audiencia Provincial de Bizkaia imputó a cuatro responsables forales, entre ellos el actual diputado vizcaíno de Acción Social, Sergio Murillo, por un delito de prevaricación por actuar sin autorización judicial y arrebatar a una menor de su madre. La Diputación defiende que la decisión venía avalada por hasta cinco informes técnicos de diferentes instancias, pero la Audiencia Provincial mantiene abierta la causa a la espera del juicio.

Unanimidad política contra el uso del SAP

El caso de Irene también es uno de los más significativos: a partir de él y de la creación de la Red de Resistencia contra el SAP, todos los partidos políticos de las Juntas Generales de Bizkaia (incluidos el PNV y el PSE, que gobiernan en la Diputación) han alcanzado un acuerdo unánime para adoptar medidas para que el servicio de Infancia dirigido por la Diputación vizcaína no utilice el Síndrome de Alienación Parental. La propuesta, que surgió de EH Bildu, ha sido aprobada por todos los partidos de la cámara, aunque el Partido Popular no ha firmado el acuerdo.

De esta manera, cada vez que el Servicio de Infancia detecte un caso de desprotección por parte de alguno de los progenitores, la Diputación se comprometerá a analizar dicha situación y estudiar el efecto que ha tenido sobre ellas uno de los indicativos utilizados para justificar el SAP, el de la instrumentalización en conflictos entre progenitores. Esos resultados serán enviados al Gobierno vasco para que revise la herramienta y en especial ese indicador. Además, a partir de ahora, el personal del Servicio de Infancia recibirá una formación específica en el ámbito del abuso sexual infantil y la violencia machista y un proceso de reflexión sobre la respuesta que se da en Euskadi a los abusos sexuales a menores.

Según Carmen Sanz, una de las fundadoras de la red, este acuerdo es “un gran paso”, pero “sigue siendo insuficiente porque son muchos agentes los que intervienen en ese maltrato institucional”. Sanz explica a eldiario.es que es significativo que un parlamento, aunque sea uno provincial, tome conciencia y que por unanimidad de sus partidos políticos apele, en este caso, al Gobierno vasco. Sin embargo, para que se realice este estudio y se eleven las conclusiones al Gobierno vasco, aún disponen de seis meses. “Estamos hablando de un año o más para que a nivel de la comunidad autónoma se ponga en marcha”, lamenta Sanz.

A pesar de ello, desde la red continuarán con su labor de “visibilizar y sacar a la opinión pública” esa problemática a través de manifestaciones frente a la Diputación y los juzgados, así como de plataformas coordinadas con el resto del Estado para que “de aquí a poco tiempo” puedan llevarse campañas a nivel estatal, que “tendrían un mayor eco”, y tratar de acabar, así, “con el sufrimiento que hay detrás, que es muchísimo y se está haciendo un daño terrible”.

“No basta con decir que no se recomienda su uso ni tampoco con elaborar guías de criterios de actuación judicial frente a la violencia machista”, denuncia este colectivo, puesto que, para ellas, la labor que se debe realizar desde las instituciones es la de prevención y educación al personal para “lograr que su uso –el del SAP– no sea ajustado a derecho”. En este punto, critican que la Justicia emplee eufemismos como “interferencia marental”, “instrumentalización materna” u “obstaculización”, cuando en realidad lo que están aplicando es “ese falso” síndrome. De esta forma, aseguran que el trabajo del nuevo colectivo no se limitará a la lectura del manifiesto fundacional, sino que se organizarán actividades de denuncia “continuadas en el tiempo”.

El Consejo General del Trabajo Social (CGTS), que representa a 36 colegios oficiales, se ha pronunciado por primera vez de forma oficial sobre el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP). El organismo es tajante y lo califica de “falso síndrome” que “tiene apariencia de científico, pero no lo es” y denuncia su “aplicación indiscriminada” que está provocando “graves consecuencias” en numerosos casos en los que se dirimen las custodias en favor de los padres o las madres de los niños y niñas.

El SAP, que no ha sido reconocido por organizaciones científicas como la Asociación Americana de Psiquiatría o la Organización Mundial de la Salud, fue ideado por el médico Richard Gardner en los años 80. Según su teoría, un progenitor (la mayoría de las veces, la madre) aliena a sus hijos contra el otro en el contexto de la disputa por su custodia.

En la práctica, el Síndrome de Alienación Parental –a través de su nombre oficial u otros que describen lo mismo– es aplicado en sentencias en las que los jueces y juezas quelo usan acaban por privar a mujeres de las custodias de sus hijos e hijas. Así lo constató el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2016, cuando reforzó sus recomendaciones de no utilizar lo que denominó “teoría pseudo-científica”.

Ahora, el máximo órgano de representación de los trabajadores sociales destaca que existen “presiones y lobbies” para que el SAP sea incluido en el Manual de Enfermedades Mentales (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría y define este instrumento como un “constructo acientífico y sesgado”. Por ello, reclama a los colegios profesionales de trabajadores sociales de toda España que prohíban su uso y aplicación en los informes de valoración.

Y no solo en caso de que se usen literalmente sus siglas, sino también cuando se utilizan “eufemismos para referirse a lo mismo”, entre ellos, “interferencias marentales, preocupación mórbida de la madre, conflictos parentales, instrumentalización de los menores, madre alienadora, madre manipuladora, madre que impide o dificulta el vínculo paterno, alienación parental...”.

Casos de violencia de género y abusos

Emiliana Vicente, presidenta del CGTS, explica que su intención es “poner el foco en el interés superior del menor” porque “sabemos de casos de menores que están afectados por estas decisiones”. El organismo constata que aproximadamente desde el año 2000 “se viene produciendo en España un fenómeno creciente de cambio de custodia de menores por vía judicial al amparo de este supuesto síndrome”.

En el pronunciamiento, publicado este mismo lunes, alude a que hay informes de equipos psicosociales, de Puntos de Encuentro Familiar (PEF) o de centros de atención a la infancia y servicios sociales “que están utilizando también este falso síndrome para evaluar situaciones de conflicto parental”.

Estos informes son elementos que suelen utilizar los y las magistradas para tomar decisiones sobre medidas paternofiliales. Pero “curiosamente”, señala el CGTS, “en la práctica hay una fuerte prevalencia de aplicación en casos de violencia de género, maltrato y abusos hacia las y los menores”. Los trabajadores sociales, junto a los psicólogos, juegan un papel fundamental en este engranaje porque forman parte de los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia, que se encargan de las cuestiones de custodias.

En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial ya mostró su preocupación por que el SAP sea usado “para culpar a las mujeres de los miedos o angustias razonables de los niños hacia su padre violento”. Muchas de las sentencias que aluden a él concluyen que la madre manipula a sus hijos o hijas en contra del padre porque han verbalizado un rechazo hacia él. Esta supuesta manipulación es la razón, según los jueces y juezas que lo aplican, por la que hacen un cambio de custodia en favor del padre.

Aunque las instituciones internacionales no lo reconocen, el SAP es defendido por algunas voces en España y se utiliza en algunos documentos de referencia, entre ellos, en el diccionario de la Real Academia Nacional de Medicina, que lo define como maltrato infantil. En la próxima edición ya no aparecerá, según informó la propia academia.

Un círculo irrompible

Los trabajadores sociales describen una especie de círculo difícilmente rompible cuando el SAP entra en juego en un procedimiento porque “contamina todas las valoraciones posteriores”. Así, los profesionales que evalúa el caso con posterioridad al primer diagnóstico “tienden a confirmarlo en una suerte de bucle del que resulta muy difícil salir y ”una vez iniciado el proceso, el sistema no da marcha atrás“.

De esto mismo avisó hace años la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), que calificó su uso de “un grave intento de medicalizar lo que es una lucha de poder por la custodia de un hijo” y explicó cómo se construye “de modo que nunca pueda ser refutado” porque “cualquier intento de la madre por evitar que le quiten la custodia se convierte en nuevas pruebas” de manipulación y “cualquier intento de protesta del menor, en nuevos síntomas”.

Ante ello, el Consejo General del Trabajo Social ha redactado un decálogo en el que cita varias recomendaciones. Entre ellas, insta a los profesionales a analizar cada caso en profundidad y pone el foco en el interés superior del menor, que “pasa, en primer lugar, por ser escuchado”.

Por otro lado, reclama que cuando deba tomarse una medida de protección como la retirada de una custodia, se establezcan “procedimientos respetuosos” y no “se arranque de los brazos a los/as niños/as de su figura de referencia”. “La vinculación cuasi obligada con algún progenitor no es ni debe ser un requisito ineludible, si éste no cumple con sus deberes de protección y cuidado”, concluye.

El diccionario de la Real Academia Nacional de Medicina incluye en su definición de maltrato infantil el síndrome de alienación parental (SAP), a pesar de que este no está reconocido por ninguna institución internacional. Según sus defensores, este supuesto síndrome surge cuando uno de los padres, generalmente la madre, manipula a sus hijos para que se enfrenten al otro progenitor durante un proceso de separación o divorcio.

Según recoge el diccionario de la RANM, el maltrato infantil, definido como el conjunto de acciones que afectan de manera negativa a la salud física o mental de un niño, “puede incluir desde agresiones físicas más o menos graves […] hasta las que pueden considerarse como de naturaleza psíquica o psicosocial”, entre las que figuran la inducción a la prostitución o a la drogodependencia, el abandono, las vejaciones e insultos o el mencionado síndrome de alienación parental.

En la actualidad, el SAP no está reconocido por prácticamente ninguna asociación profesional ni científica del ámbito de la psicología o la psiquiatría infantil. Según la Asociación Americana de Psicología, en cuyo diccionario el término aparece de forma explícita, “el síndrome ha sido descartado por la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Médica Americana por carecer de evidencia empírica o clínica de apoyo y no está incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales [conocido como DSM] ni en la Clasificación Internacional de Enfermedades [elaborada por la Organización Mundial de la Salud]”.

Según esta misma definición, “no se han realizado estudios empíricos bien controlados que confirmen el fenómeno, ni se ha establecido un proceso de evaluación normalizado y criterios de diagnóstico específicos para el mismo”.

Desde la Academia española no han explicado cómo ha llegado un término tan controvertido y sin base científica a su diccionario, pero Carmen Remacha, responsable de la Unidad de Terminología Médica de la RANM, ha asegurado a eldiario.es que en el nuevo Diccionario panhispánico de términos médicos, que se elabora de forma conjunta por las Academias de Medicina pertenecientes a Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal, “la definición de maltrato infantil será distinta y no contendrá ninguna alusión a la alienación parental”.

Casi 35 años de SAP

El SAP fue creado en 1985 por el médico norteamericano Richard Gardner, que participaba como perito judicial en juicios de custodia, a menudo defendiendo a padres que habían sido acusados de abuso o maltrato. Gardner concluyó que, en más del 90% de los casos en los que se da este síndrome, es la madre la que aliena al menor contra el padre, alegando en la mayoría de los casos falsas acusaciones de agresión sexual o malos tratos.

Este psiquiatra publicitó el SAP a través de varios libros publicados por su propia editorial, llamada Creative Therapeutics, y apenas presentó pruebas en revistas científicas que pudieran ser revisadas por pares y sometidas al escrutinio de la comunidad científica, por lo que el SAP nunca ha tenido aceptación entre los especialistas.

“Los que trabajamos en la salud mental de los menores tenemos una posición bastante crítica sobre la supuesta base científica de este síndrome y consideramos que habría que desestimar su utilización”, explica a eldiario.es Fernando González, presidente de la Sociedad Española de Psicología y Psicoterapia del Niño y el Adolescente.

Un síndrome indemostrable

También la Asociación Española de Neuropsiquiatría se ha mostrado crítica con el SAP, considerándolo “un grave intento de medicalizar lo que es una lucha de poder por la custodia de un hijo” y una simplificación excesiva de “las complejas dinámicas de interacción familiar”. Además, estos especialistas critican que, tal y como Gardner definió el síndrome, es imposible refutarlo, ya que tanto el rechazo del menor a su padre, como la resistencia de la madre a perder la custodia son consideradas como pruebas que confirmarían la existencia del SAP.

Los especialistas aclaran, no obstante, que no es que la relación de un menor con uno de sus progenitores tras una separación no se pueda ver afectada por el otro, pero rechazan que esto pueda ser clasificado formalmente como un trastorno de salud mental. “Las conductas de los cónyuges durante la separación claro que influyen en los hijos, pero esto no puede entenderse como una enfermedad o un síndrome médico o psicológico”, afirma González.

También se expresó de forma similar Darrel Regier, vicepresidente del grupo de trabajo que redactó la última versión del DSM y que rechazó la inclusión del SAP en el citado manual. “No se trata de un trastorno en un individuo”, sino que puede ser “un problema de relación padre-hijo o padre-madre y los problemas de relación en sí mismos no son trastornos mentales”.

El CGPJ rechaza su uso por falta de base científica

La definición del SAP como un trastorno es clave si lo que se pretende es utilizarlo en un juicio de custodia, como era el caso de Gardner con sus clientes. El hecho de ratificar que el menor está manipulado y que dicha manipulación tiene efectos negativos sobre su salud mental implicaría que el progenitor alienador es, en realidad, un maltratador.

Las propuestas terapéuticas de Gardner también resultaron polémicas, dado que éste determinó que cuando apareciera el supuesto síndrome se debía otorgar la custodia del menor al progenitor rechazado, interrumpiendo totalmente la comunicación con el supuesto manipulador, que debería ser tratado por un experto en SAP.

Sin embargo, otra de las debilidades que hacen que el SAP no cuente con el respaldo de la comunidad científica y sea considerado como un riesgo desde el punto de vista judicial es que no es capaz de determinar si el niño ha sido maltratado o abusado por el padre que es rechazado, si es una invención del menor o si es producto de una supuesta manipulación.

Los estudios desarrollados durante las últimas décadas muestran que los menores no son fácilmente manipulables y que rara vez mientes sobre abusos o malos tratos. Por todo ello, el Consejo General del Poder Judicial lleva años promoviendo “un mejor conocimiento” del SAP en el ámbito judicial, “para evitar que, dada su carencia de base científica, pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales”.

Ester Ruiz (Madrid, 1969) fue una de las mujeres que impulsó desde Zaragoza en 2007 la Plataforma Luna contra el Síndrome de Alienación Parental, un espacio digital en el que las supervivientes de violencia machista empezaron a atreverse, aunque fuese con pseudónimos, a compartir sus experiencias sobre sus hijos. Era la primera experiencia de este tipo en España y se dieron cuenta de que las instituciones les estaban sometiendo a una misma rutina: les cuestionaban sistemáticamente. Hace algo más de un año, en parte porque sus hijos van alcanzando la mayoría de edad, un grupo de estas mujeres decidió volver a impulsar un espacio de encuentro y transformarlo en una asociación de ámbito nacional. Unas 50 socias están trabajando activamente.

¿Por qué os decidisteis a crear una asociación pensada específicamente para los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia machista?

Porque creemos que es necesario visibilizar la revictimización a la que somos sometidas a través del sistema desde hace ya muchos años. Con “sistema”, me refiero a las instituciones: el sistema judicial, los servicios sociales, los equipos de mediación... en fin, todo el engranaje que atiende a las víctimas que denuncian violencia machista.

¿En qué consiste esta revictimización?

El problema fundamental que tenemos es que no somos creídas. Desde el momento en que nos decidimos a denunciar la violencia que estamos sufriendo en casa, tanto nosotras como nuestros hijos e hijas, se parte de la base de que somos manipuladoras, que estamos falseando y que queremos sacar beneficio de la situación. Pasamos por cientos y cientos de equipos psicosociales, de servicios sociales... en cualquiera de los sitios donde somos atendidas, no somos creídas, no dan ningún tipo de valor ni a lo que decimos nosotras ni a nuestros hijos. Subyace en todo esto lo que nosotras llamamos el “ISAP”, el inexistente Síndrome de Alienación Parental.

¿Cómo se utiliza el Síndrome de Alienación Parental?

El inexistente Síndrome de Alienación Parental es un instrumento creado ad hoc en los juzgados y, últimamente, también en equipos de servicios sociales, para perpetuar el maltrato y la violencia, tanto a las hijas e hijos como a las mujeres víctimas de violencia machista. Este síndrome lo creó un psiquiatra, llamado Richard Gardner, que no hizo ningún review ni tuvo ningún tipo de apoyo de la comunidad científica. De hecho, no está avalado por ninguna asociación y hay pronunciamientos en contra de la Asociación Americana de Psiquiatría y de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. El Consejo General del Poder Judicial también advirtió de que no se aplicase. Sin embargo, hoy se sigue aplicando; ha mutado, se utilizan diferentes nombres como “interferencias parentales”, “conflicto de lealtades”; incluso se llega a hablar de “preocupaciones mórbidas” por parte de las madres... en el fondo, lo que subyace siempre es la creencia de que las madres manipulamos a las hijas y les implantamos falsos recuerdos. El resultado es que la palabra de nuestros hijos e hijas no vale nada y la nuestra, por supuesto, tampoco, nada, porque se cree que estamos induciendo a que los niños mientan o a que digan lo que nosotras queremos que se diga. Esto es peligrosísimo, porque lleva a exponer a las hijas e hijos a situaciones de violencia continua: al no ser creídos, se llega incluso a arrancar las custodias a las madres para entregarlas a los padres. Esa es, precisamente, una de las premisas de las que parte este síndrome: hay que evitar todo contacto con la madre para que, una vez que el niño o niña sale de ese foco, pueda “curarse”. Para mí, es un arma de exterminio, totalmente asesino. No produce más que dolor, verdaderas historias aterradoras porque deja a los hijos en manos de los violentos y se les aleja de nosotras durante meses.

¿Qué recomendáis a las madres que descubren que se está utilizando este concepto del Síndrome de Alienación Parental contra ellas?

Cuando alguna madre nos pide auxilio, lo primero que nos encontramos es una falta de información grandísima. El problema es que cuando ya aparece oficialmente de Síndrome de Alienación Parental, nadie le ha avisado de que se está sospechando que ella miente desde hace tiempo y desmontar todo esto es muy complicado. Si los servicios sociales aplican el Síndrome de Alienación Parental o ese mismo concepto mutado en otra denominación, se empieza a sugerir que ese caso no es en realidad lo que se está reflejando, sino que puede tratarse de un tipo de violencia puntual, casual... con lo que se somete a la madre a una serie de programas terapéuticos, a los que está obligada a acudir con sus hijos e hijas. Se puede considerar que la mujer no está colaborando si no acude a esos programas, si no se muestra dispuesta a perdonar al agresor o, simplemente, si aparecen en la explicación de los niños síntomas de aversión a la figura del padre violento. La diagnosis final puede ser el arrancamiento de la custodia de la madre de un momento a otro, sin ningún tipo de preparación, durante una media de 40 a 60 días. Es muy difícil demostrar esto. En realidad, hoy por hoy, cada vez se está haciendo más difícil demostrar los malos tratos. Incluso las lesiones se ignoran muchas veces y todavía es más difícil demostrar en sede judicial los malos tratos psíquicos.

¿Es muy frecuente que se utilicen este concepto del Síndrome de Alienación Parental en los informes sobre víctimas de violencia machista?

Sí, es muy frecuente. Yo diría que aparece en el 85 % de los casos. Cuando estudias la documentación, si lees con detenimiento las sentencias, te das cuenta de que están continuamente induciendo a esa no credibilidad hacia la mujer y, por tanto, a creer menos todavía a los hijos e hijas. Sí es muy frecuente, sí.

¿Cómo viven esta situación los niños?

A nosotras nos importa sobremanera que se vea precisamente el sufrimiento de estas niñas y niños. Son obligados a asistir a visitas con padres violentos, a los que temen, les tienen miedo, confiesan que les pegan, que les encierran en habitaciones cerradas… Normalmente, estos casos acaban en puntos de encuentro familiar, donde las mujeres saben que se va a emitir un informe, con lo que están obligadas a acudir sí o sí, aunque sea arrastrando a sus hijos llorando. Los niños llegan a tener terrores nocturnos, tienen unas regresiones en los estudios tremenda, llegan incluso a tener regresiones también en su propio crecimiento, con momentos puntuales de volver a cuando ellos eran bebés, a buscar de alguna forma a la seguridad que les daba su madre. Esto, que es algo natural, se convierte precisamente en lo que utilizan los informes que se apoyan en el concepto del Síndrome de Alienación Parental para arrancar las custodias a las madres. En el momento en el que las niñas y niños tienen alguno de estos síntomas, hablan de que somos nosotras las que provocamos esas ansiedades, por ejemplo, esas pérdidas de control de los esfínteres, porque no colaboramos lo suficiente para que se produzcan las visitas a los padres.

¿Estamos hablando de niños que no sufren maltrato físico directamente?

Claro. Muchas veces los hijos no sufren directamente la violencia. Ellos escuchan detrás de una puerta cómo su madre es golpeada. Quizá ellos no han sido víctimas de ese golpe, pero, evidentemente, mal podemos pensar que ese padre pueda ser responsable del bienestar de esos hijos. Esos menores también son víctimas de la situación de violencia que se produce en su familia. Insisto en que, si ya es difícil demostrar la violencia física, no hablemos de la violencia psicológica, que sufrimos mucho antes que la violencia física. De esa violencia psicológica sí que pueden ser los hijos víctimas directas, porque un padre violento sí manifiesta esos síntomas hacia los hijos: siendo demasiado estrictos, aplicando castigos que no son propios de una edad, que provocan terror y miedo...

¿Sería posible detectar casos de mujeres maltratadas a través de estos niños en el colegio, por ejemplo?

Sí. De hecho, se podrían detectar los síntomas en los niños si el sistema estuviera preparado, en el colegio o incluso en actividades extra escolares, aunque su madre no hubiera dado el paso definitivo de decir “hasta aquí he llegado”. El problema es que cuando desde el centro escolar se detecta un posible maltrato en el domicilio, servicios sociales interviene y habitualmente es la madre quien es acusada de abandono de los hijos, porque no les está dando un lugar seguro.

¿Se culpabiliza a la madre en esos casos?

Siempre está la mujer culpabilizada, de una forma o de otra. Si hay algo curioso en este maldito síndrome es que, en mis años de activista y en los años que llevamos trabajando con mujeres afectadas y supervivientes de la violencia machista, yo no conozco ni un solo caso donde se esté aplicando al padre este síndrome. Solo conozco casos de mujeres. Ni siquiera cuando los hijos sufren directamente la violencia se llegan a suspender los regímenes de visitas. Sin embargo, si la madre denuncia esos malos tratos no es creída, pero puede acabar sin la custodia de sus hijos.

¿Cuántos niños puede haber en esta situación?

No tenemos datos oficiales que calculen cuántos menores están sufriendo ahora mismo violencia. Hace un tiempo se dio una cifra oficial: que había un 0'8 % de suspensiones de régimen de visitas. Pero no hay datos sobre cuánto se aplica el síndrome de alienación parental, simplemente, porque no se reconoce que se aplica.

Hablamos a veces del proceso de empoderamiento que vivís las mujeres que superáis una situación de malos tratos, ¿cómo pueden superar esta misma situación los niños?

Con los pequeños es muy difícil. Muy a mi pesar, diría que es prácticamente imposible. Nosotras no podemos recomendar bajo ningún concepto que se incumpla una sentencia judicial, no podemos recomendar a ninguna madre que deje de cumplir un régimen de visitas establecido por un juez. Por tanto, esos niños son sometidos un fin de semana sí y otro también a unas visitas que no quieren hacer. La única manera que tenemos de empoderarlos es animarlos a que ellos sepan que lo que está pasando no es correcto y que, a pesar de todo, su familia los quiere y sigue estando ahí ese tiempo tan terrible que ellos pasan con el maltratador, sin ningún tipo de salvaguarda ni de ayuda. Es lo único que se puede hacer. Nosotras creemos que es importante que las mujeres supervivientes, las que llamamos “hermanas mayores”, arrastremos a las que ahora están en esta situación. Cuando nosotras estuvimos allí, estábamos muy solas. Ahora, todas juntas, reclamamos que se deje de aplicar el Síndrome de Alienación Parental con todos sus pseudónimos, que las periciales sean grabadas para que no haya lugar a dudas de lo que las mujeres, niños y niñas estamos diciendo; que, por supuesto, al menor indicio de maltrato, se suspenda el régimen de visitas y que de ninguna manera se establezcan custodias compartidas impuestas.

Karen Gutiérrez lleva desde finales de julio sin ver prácticamente a su hijo de 5 años, Joel. Una sentencia de la Audiencia de Bizkaia le quitó ese mes la custodia. Se la dieron a su padre, a pesar de que nunca ha convivido con él y de que la Fiscalía se oponía. Los informes del equipo psicosocial del Juzgado y de su colegio también apoyaban la custodia para la madre y así lo había determinado una primera sentencia del juzgado de primera instancia nº5 de Barakaldo el pasado noviembre. 

Pese a ello, la Audiencia de Bizkaia revocó esta decisión en una sentencia que recoge expresiones propias del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una supuesta dolencia no avalada por la comunidad científica ni por el Consejo General del Poder Judicial. En ella se emplean términos como “instrumentalización” u “obstaculización” refiriéndose a la madre, respecto a la relación de su hijo con su padre. La defensa de Karen ha interpuesto un recurso de casación en el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, la única vía que les queda

El SAP se produciría en los menores cuando supuestamente uno de los progenitores le manipula para que se desvincule del otro. Es utilizado en algunos procesos de divorcio, pero el CGPJ invalidó su uso en 2013. Un informe de Save The Children de 2012 sobre la justicia española frente al abuso sexual infantil defiende que no se use esta falsa dolencia basándose en que sus “síntomas, diagnóstico y tratamiento” aparecen “exclusivamente” en el ámbito judicial.

Custodia para el padre tras 5 años sin convivir

El 25 de julio de este verano, la Ertzaintza se presentó con una orden judicial en la puerta del domicilio que hasta entonces compartían Joel, Karen, sus abuelos y un tío, para que el niño fuese entregado a las 10:30 del día siguiente. Del momento queda un vídeo que Karen grabó y que comparte, en el que se oye a su hijo llorando y gritando hasta que les separan. Las asociaciones feministas en las que se ha apoyado no daban crédito a que se hubiera llegado hasta ahí. “No estoy yo para bromas”, les respondía por Whatsapp horas después, cuando lo contó.

Joel nunca había convivido con su padre. Sus progenitores se separaron cuando ella aún estaba embarazada después de que él, según el relato de Karen, se desentendiera. Durante sus primeros meses de vida él iba a visitarles, sin horario estipulado. En ese tiempo ella interpuso una denuncia por violencia de género, por lo que describe como “amenazas y empujones”. Fue absuelto.

La sentencia de divorcio de 2015 le dio la custodia a Karen, y la Audiencia Provincial la mantuvo así, aunque con cambios, en 2017, después de que los dos padres recurrieran. La decisión judicial indicaba que Joel y su padre pasaran tiempo juntos con un régimen de visitas progresivo en el que no se llegó a la fase de pernoctación, con un seguimiento médico y de los servicios psicosociales de los juzgados para el niño y con una terapia familiar. De ese periodo, ella cuenta que el niño volvía en mal estado y sin interactuar con nadie. Lo alegó así al pedir una suspensión de las visitas, pero un auto de septiembre de 2016 lo desestimó por no poderse comprobar.

En octubre de ese año, el padre rechazó acordar una suspensión “temporal e indefinida” del régimen de visitas para valorar de nuevo el caso y que proponía un informe de Servicios de Infancia de la Diputación. Esa misma institución también recomendó un cambio del Punto de Encuentro, del de Barakaldo al de Bilbao, por si el propio lugar se había convertido en un “estímulo aversivo” para el niño.

En junio de 2017, su padre comenzó una demanda de modificación de medidas alegando que no estaba cumpliendo la comunicación con su hijo, además de para llevar a cabo la necesaria atención médica de éste. En primera instancia, el Juzgado de Familia mantuvo la custodia para Karen, ateniéndose al interés superior del menor (siempre ha vivido con su familia materna e ido al mismo colegio, donde sigue una evolución). Esa decisión se basaba principalmente en un estudio pericial psicológico encargado por los juzgados de Barakaldo realizado en octubre de 2017 que así lo recomendaba. No encontraban una actitud en ella de impedimento de la relación padre-hijo: “Mantener la convivencia familiar con la madre se considera más estabilizador a nivel emocional para el menor”.

El informe incluía entrevistas con todas las partes (incluido el niño), colegio y profesionales sanitarios que le han tratado. Uno de los principales argumentos del recurso de casación que acaba de presentar la defensa de Karen es que este informe se haya ignorado en esta segunda sentencia de la Audiencia de Bizkaia que da al padre la custodia: los jueces califican ahora sus fragmentos de “mera opinión”. En el fallo se estipula, sin embargo, que dentro de un año tendrán que pasar todos por un estudio forense psicosocial realizado por el mismo equipo para una revisión de las medidas. Eso Karen no lo comprende: “¿Le van a dar credibilidad entonces, si no le están dando ahora?”.

La sentencia de la Audiencia da “especial trascendencia” y mayor peso a los informes que ya existían en primera instancia del Punto de Encuentro, dependiente de la Diputación provincial pero externalizado a la empresa Bizgarri, y uno de enero de Acción Social de la propia Diputación. Ambos contradicen el del Juzgado que pesó en primera instancia y usan lenguaje propia del Síndrome de Alienación Parental. Dicen constatar una “actitud obstruccionista” de su madre.

El testimonio desde el PEF también habla de “posibles interferencias parentales que puedan estar afectando al desarrollo del niño y a la evolución de la relación paterno filial”. “Al llegar, se presenta tranquilo hasta que le empieza a apretar el brazo”, dice un fragmento. Ella se defiende: “En un sitio al que vas y te están observando, ¿voy a hacer algo así, que se pueda reflejar?”. El texto judicial califica asimismo de “incomprensible” la actitud de Karen en los Puntos de Encuentro salvo que esté llevando a cabo “instrumentalización” del menor. El fallo recomienda a partir de ahora una terapia especializada en “interferencias parentales” que en principio también realizaría Bizgarri.

“Utilizan otras palabras que vienen a decir lo mismo. No está la palabra SAP pero sí la ideología”, cree. La entidad gestora de ambos PEF externalizados, Bizgarri, es una empresa que publicita en su página web cursos para prevenir y tratar la interacción parental, una forma de referirse al SAP.  Esta situación además se enmarca en la circunstancia de que el Gobierno vasco tiene un instrumento de valoración de riesgos del menor llamado Balora en el que se contempla la “instrumentalización en conflictos” como forma de maltrato psicológico.

Carmela del Moral, portavoz de Save The Children, explica a eldiario.es que, estudiando las especificidades de cada caso, en estos procesos “hay que garantizar el interés superior del niño o niña, no el de los padres. Ninguno de los dos progenitores tiene derechos por encima de los hijos. Lo más positivo, a no ser que implique un riesgo para el menor, es el mantenimiento del entorno familiar”, y por tanto “nunca aplicar el SAP como causa principal para una sentencia”.

Denuncia por desobediencia y visitas vigiladas

En este tipo de sentencias se suele dejar claro cuándo, dónde y por cuánto tiempo se verán el progenitor no custodiante y el menor. Sin embargo, la sentencia de este julio no solo no establece un régimen de visitas progresivo para Karen, como el que antes tenía el padre, sino que éstas dependen de lo que decida el Punto de Encuentro de Bilbao en el que se producen los intercambios. Además, para ella a diferencia también de cómo eran para el padre, han de ser vigiladas. Ese vacío en la regularidad de los encuentros de Karen y Joel es otro de los principales argumentos a los que se agarran ella y su abogada para el recurso ante el TSJ. Antes de ese paso solicitaron una aclaración de sentencia que no les fue concedida.

En los informes del PEF que reflejan la sentencia también consta que el régimen progresivo fue interrumpido porque no se produjo el intercambio del menor en visitas dictaminadas desde mayo de 2016. Se achaca a que se debió a una “obstaculización de la madre”, pero Karen defiende que “yo iba, pero el niño no quería entrar al centro. Yo no falté ningún día, pero aplican el SAP y me culpan”. Por las visitas que no llegaron a concluirse el padre denunció a Karen, motivo por el cual ella se está enfrentando paralelamente a un proceso penal por desobediencia judicial, confirma su abogada. 

Estos dos meses, ha sido el padre de Joel quien no ha presentado al niño varias veces en el PEF, según cuenta Karen. El 2 de agosto estaba previsto su primer encuentro supervisado, pero el día anterior le comunicaron que el padre determinaba que todavía no estaba preparado. Es entonces, el 3 de agosto y tras muchas quejas, cuando Karen decide denunciar. A partir de ahí se establece desde el PEF que las visitas serán los domingos de 10:30 a 12, porque hasta entonces no había horarios ni obligaciones.

El siguiente domingo, 12 de agosto, el padre acudió con Joel en un estado que Karen define como “lamentable y desatendido”. Pero no acudieron el siguiente domingo 19. “No le lleva, no da ninguna razón y desde el Punto no le llaman por teléfono”, relata Karen siempre según su versión. Los siguientes sí fueron, pero volvió a faltar el 16 de septiembre: “Yo estaba a las 10:15 ya ahí, y a las 10:22 él llama y dice al PEF que ha ido con el coche y ha visto que mi familia, mis padres, están en la calle también, por lo que no lo lleva. En el PEF aceptan ese motivo”.

El día 30 tampoco se produjo el encuentro, argumentando lo mismo. eldiario.es ha consultado en el Punto de Encuentro de Bilbao esta información y no ha sido proporcionada, alegando que los datos sobre las familias son confidenciales. Tampoco ha querido hacer declaraciones a eldiario.es la defensa del padre de Joel, al contactarles para conocer su versión del proceso y confirmar su supuesto quebrantamiento de las visitas así como las razones.

Karen ha pedido un informe urgente del estado del niño al PEF, que le remitieron la semana del 17 de septiembre y en el que ella asegura que no consta información sobre su salud: “No lo consideran una urgencia”. Cuando ha visto a Joel, dice, le pide volver con ella pero, como tras las visitas de cuando era pequeño, no le habla de cómo está ni qué le pasa: “En agosto le pregunté si habían ido a las barracas, a la playa, al parque. Me decía que no, que había estado en casa”.

Una sentencia “con prisas”

Otro fleco al que se aferran Karen y su defensa es que el padre de Joel argumentaba que con ella no estaba recibiendo el adecuado tratamiento médico. El padre defiende entre los motivos que recoge el texto judicial que requiere la custodia por necesitar “atención médica” debido a la actitud de la madre. El colegio constató dificultades en su desarrollo, pero entre la documentación presentada se encuentra el seguimiento y alta médica del niño en la Red de Salud Mental de Euskadi en octubre de 2017. Un procedimiento que llevó a cabo con la madre, cuando la custodia era suya. “Por ello, solo cabría achacar a la madre que no haya podido o querido colaborar en que el menor se relacione normalmente con su padre”, dice una parte de la sentencia referido a ese seguimiento.

Karen también cuenta con informes del colegio de 2017 que constatan la “gran evolución” y adaptación de Joel y que indican que deben seguir trabajando conjuntamente sin someterle a nuevos cambios “para conseguir su bienestar y su adecuada progresión”. Joel sin embargo ha sido cambiado este curso de barrio, de entorno y de centro escolar: “Ha cambiado de amigos, de clase. Le han arrancado de su vida”.

A Karen y su abogada les extraña la rapidez en la que se ha producido todo el proceso. La letrada explica que “lo normal es dar 5 ó 10 días para preparar al niño. Pero la sentencia sale un lunes, el martes se manda la ejecución y el miércoles la Ertzaintza está en la casa para que lo entregue el jueves”. La madre señala que en una parte de la sentencia hay un error por el que se refieren a Joel como ‘Álvaro’, lo que le lleva entre otras cosas a sospechar que todo se ha llevado a cabo “con prisas. No han estudiado el caso en profundidad”.

La sentencia sobre la custodia de Joel coincidió en el tiempo con la que impone cárcel para Juana Rivas. También Karen se enfrenta a cárcel por el procedimiento penal por desobediencia. “El mensaje es callarnos”, considera. “Si lo sacamos público, tenemos castigo. Hay muchos casos. Muchas no salen en los medios de comunicación. Hay mucha coacción en estos temas, mucho miedo. Yo he elegido la vía de hacerlo mediático porque a mí me lo han quitado todo, no tengo nada que perder. Y si me callo va a seguir igual. Lo hago por mi hijo, evidentemente, pero también por todos los niños que están pasando por esto y por sus madres que no tienen valor de sacarlo a la luz por estar amenazadas. Yo he tenido miedo también, pero ya solo me queda luchar por él”.