Unanimidad política en Bizkaia contra el uso del síndrome de alienación parental en los servicios de infancia

Han pasado casi tres años desde que arrebatasen a Irune Costumero la custodia de su hija, que por aquel entonces tenía 5 años, y se la otorgasen al padre. Las razones de la Administración para ello fueron que “la pequeña estaba desprotegida” y que Irune ejercía sobre ella el denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), un concepto que ha sido rechazado por el Consejo General del Poder Judicial, por la Asociación Nacional de Neuropsiquiatría y, recientemente, por el Consejo General de Trabajo Social, que consiste en la idea de que un progenitor (generalmente se aplica a la madre) manipula a los menores para que rechacen al otro.

Pero la lucha de esta madre por recuperar a su hija no ha cesado desde entonces. Ha conseguido incluso a raíz de una demanda realizada que la Audiencia Provincial de Bizkaia impute a cuatro responsables forales, entre ellos el actual diputado vizcaíno de Acción Social, Sergio Murillo, por un delito de prevaricación por actuar sin autorización judicial y arrebatar a una menor de su madre. La Diputación defiende que la decisión venía avalada por hasta cinco informes técnicos de diferentes instancias, pero la Audiencia Provincial mantiene abierta la causa a la espera del juicio.

A raíz del caso de Irune, y del hecho de que el pasado octubre un grupo de mujeres creara la primera Red de Resistencia Contra el Síndrome de Alienación Parental en Euskadi a través de la cual dirigen diferentes acciones reivindicativas, esta problemática se ha vuelto cada vez más visible en la sociedad vasca. Tal ha sido la repercusión, que todos los partidos políticos de las Juntas Generales de Bizkaia (incluidos el PNV y el PSE, que gobiernan en la Diputación) han alcanzado un acuerdo unánime para adoptar medidas para que el servicio de Infancia dirigido por la Diputación vizcaína no utilice el Síndrome de Alienación Parental. La propuesta, que surgió de EH Bildu ha sido aprobada por todos los partidos de la cámara aunque el Partido Popular no ha firmado el acuerdo.

De esta manera, cada vez que el servicio de Infancia detecte un caso de desprotección por parte de alguno de los progenitores, la Diputación se comprometerá a analizar dicha situación y estudiar el efecto que ha tenido sobre ellas uno de los indicativos utilizados para justificar el SAP, el de la instrumentalización en conflictos entre progenitores. Esos resultados serán enviados al Gobierno vasco para que revise la herramienta y en especial ese indicador. Además, a partir de ahora, el personal del servicio de Infancia recibirá una formación específica en el ámbito de abuso sexual infantil y violencia machista y un proceso de reflexión sobre la respuesta que se da en Euskadi a los abusos sexuales a menores.

Un gran paso, pero “insuficiente”

Esto último es significativo debido a que, desde la Red de Resistencia Contra el SAP han asegurado a eldiario.es, que en la mayoría de los casos en los que la Administración ha arrebatado un hijo a su madre aplicando el Síndrome de Alienación Parental para entregarle la custodia al padre, éste cuenta con denuncias por violencia de género e incluso por abuso sexual infantil. “El problema es cuando las denuncias no llegan a nada, no por ser denuncias falsas, sino por falta de pruebas”, afirma a este periódico Carmen Sanz, miembro de la Red de Resistencia Contra el SAP. Para Sanz, el acuerdo que han alcanzado las Juntas de Bizkaia supone “un gran paso, pero sigue siendo insuficiente”.

“Ese pasito, que realmente es un gran paso, sigue siendo insuficiente porque son muchos agentes los que intervienen. Que un Parlamento tome conciencia y además por unanimidad, que apele al Gobierno vasco a que haga lo mismo con la Diputación de Álava y la de Gipuzkoa y que además reconsidere el ítem de ”instrumentación“, es un paso muy importante, pero se acaba de aprobar, en Bizkaia tienen seis meses para hacer este estudio, elevar las conclusiones al Gobierno vasco, que lo hagan las demás Diputaciones y eso que todavía no se han presentado, por lo que tendrá que ser después de una orden del Gobierno vasco. Estamos hablando de un año o más para que a nivel de la comunidad autónoma se ponga en marcha, pero mientras, los puntos de encuentro siguen funcionando exactamente igual que hasta ahora y a los juzgados siguen entrando los informes”, señala Sanz.

Los puntos de encuentro familiares a los que se refiere Sanz son un servicio social que fue creado con el objetivo de normalizar las relaciones familiares, especialmente entre personas menores de edad y los miembros de la familia con quienes no conviven. Sin embargo, para muchas madres es una auténtica pesadilla tanto si son las que por unas horas ven a sus hijas (siempre con compañía de una trabajadora social que en cada encuentro realiza un informe que es dirigido directamente al juez que estudia su caso) como para aquellas que tienen que dejar a los menores en compañía de sus padres.

“Una vez que hay un informe que dice que la madre manipula, es muy difícil salir de ahí porque cualquier cosa que verbalice la madre, cualquier cosa que haga, va a servir como un elemento de alienación. El caso más cercano que conozco es el de una mujer que tiene un hijo de cinco años recién cumplidos y ve a su hijo una hora y media a la semana y cada vez que va, con toda la ansiedad que tiene, tiene que contenerse porque si le abraza demasiado, no le dejan. El niño te dice '¿otra vez con aita?' y se tiene que ir otra vez y la madre le tiene que decir que se va con su padre porque con él está mejor, pero claro, un niño con cinco años, que su referente es su madre, piensa el sentimiento de abandono que puede tener si la madre le dice que no, que se vaya con su padre. Es horroroso, es antipedagógico”, lamenta Sanz.

“No hay una sola madre que no se haya quejado del servicio”

Debido a la gravedad de las quejas de las madres por la situación que viven en los puntos de encuentro, la asociación Clara Campoamor ha presentado ante los juzgados de Bilbao una denuncia penal contra la empresa que gestiona el servicio del Punto de Encuentro Familiar de Bilbao, Bizgarri, y varios de sus trabajadores por presunto delito continuado de falsedad documental.

Según Blanca Estrella, presidenta de la asociación, llevan tiempo recibiendo numerosas quejas de mujeres por la “falta de neutralidad” de los puntos de encuentro familiar, servicios que gestionan, por derivación judicial, el cumplimiento del régimen de visitas y estancias de los hijos con sus progenitores. Según las mujeres que se han acercado a la asociación, el personal “no recoge en los

informes que envían al juzgado cuestiones fundamentales, obviando todo aquello que perjudica al padre, incluso aunque se solicitara expresamente por la madre“. A causa de esta discordancia entre la realidad de las visitas y los informes del servicio que algunas de las propias madres han solicitado la grabación de las visitas, y ante la negativa del servicio, han llegado, ”desesperadas“, a grabarlas ellas mismas para acreditar la falsedad en los informes, ”pruebas que aportarán al Juzgado“.

Según Blanca Estrella, las mujeres también han denunciado que el servicio “actúa constantemente a favor de los padres dándoles privilegios en horarios, calendarios de vacaciones, resultados de las visitas, cancelaciones, retrasos…” , hasta tal punto que, “numerosos abogados especializados en violencia de género nos han referido que no hay una sola madre que no se haya quejado del servicio”.

La cuestión es que, desde la red de apoyo a estas mujeres han percibido que aquellas que se atreven a denunciar su situación en los puntos de encuentro y se quejan de que la Administración les ha retirado la custodia de sus hijos aplicando el SAP, casualmente son a las que peores informes se les realiza. Ocurre lo mismo con aquellas que deciden acudir a los medios a denunciar su caso. Aumentando así la preocupación y el miedo de estas mujeres, por que en cualquier momento un juez puede acabar con el régimen de visitas y, además de quitarles la custodia, se quedarían sin poder ver a sus hijos.

Por ello, han creado la Red de Resistencia, que cuenta con el objetivo de “visibilizar y sacar a la opinión pública” esa problemática a través de plataformas coordinadas con el resto del Estado para que “de aquí a poco tiempo” puedan llevarse campañas a nivel estatal, que “tendrían un mayor eco” y tratar de acabar, así, “con el sufrimiento que hay detrás, que es muchísimo y se está haciendo un daño terrible”.