168 organizaciones feministas piden el indulto “urgente” para María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre

Un total de 168 colectivos feministas han reclamado el indulto “urgente” y “total” para María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre, condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de sustracción de menores y la pérdida de la patria potestad durante cuatro años. Las organizaciones se reunieron este martes en Madrid para solicitar la medida, después de que la justicia haya denegado la suspensión de la condena hasta que se resuelva la petición del indulto. Desde este martes, Sevilla tiene diez días para entrar de forma voluntaria en prisión.

La mujer fue condenada por incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo tras permanecer en paradero desconocido con el menor desde comienzos de 2017. Desde el principio, Sevilla ha acusado al padre en varias ocasiones de abusos sexuales hacia el niño y llevaba varios meses librando una batalla judicial, pero la única denuncia que prosperó fue archivada. Fue detenida en marzo de 2019 en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) y tras ser puesta a disposición judicial, quedó en libertad con cargos. El pasado enero la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena.

Las organizaciones, a las que acompañaba la propia María Sevilla en una rueda de prensa, consideran este caso una muestra de la “política de retirada de custodias a madres que defienden a sus hijos e hijas en denuncias por malos tratos y abuso sexual infantil por parte de sus progenitores” que “el Estado viene aplicando desde hace años”. Estas mujeres, aseguraron, “son condenadas con sentencias ejemplarizantes que incluyen como escarmiento su condena a prisión por defender a sus criaturas ante presuntos maltratadores”.

Entre los colectivos que han apoyado la petición del indulto, que la mujer ya ha tramitado oficialmente ante el Ministerio de Justicia, se encuentran la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de Mujeres Progresistas o la Federación de Asociaciones de Mujeres y Menores resilientes de la violencia de género.

El pronunciamiento de la ONU

Todas han puesto el foco en los recientes pronunciamientos de la ONU que han señalado que el sistema judicial español “desprotege” a los menores de padres acusados de violencia de género o abusos sexuales. En un contundente escrito del pasado mes de diciembre, varios relatores aseguran que existe “un sesgo discriminatorio” que “hace que el testimonio de las mujeres se perciba como menos creíble” y apuntan al uso del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), por el que las madres vendrían a manipular a sus hijos e hijas. Esta teoría, desacreditada por organizaciones científicas y judiciales, ha sido vetada ya en España a través de la Ley de Infancia, pero las organizaciones aseguran que se sigue utilizando.

Los colectivos que han mostrado su apoyo a María Sevilla aseguran que estas mujeres “han sido castigadas por los tribunales en lugar de conseguir protección de sus criaturas” y piden a España que “haga más para que su legislación sea operativa” e impulse la formación de los operadores judiciales en perspectiva de género e infancia. Además de solicitar el indulto “total y urgente” para la mujer, reclaman “el derecho de su hijo a ser protegido y a mantener una relación con su madre y su hermana en su propio hogar”, así como una comisión de investigación en el Congreso.

Sevilla, por su parte, ha acudido este martes a recoger en el Juzgado de Penal nº2 de Madrid el escrito de ingreso en prisión en los próximos 10 días y ha afirmado que su miedo es que su hijo “quede en una situación de riesgo y desprotección absoluta”, ya que “cada vez que hemos pedido que se le protegiera se nos ha denegado y castigado”.

El padre del menor y expareja de Sevilla niega desde el principio del proceso que sea autor de los abusos sexuales, mientras que la defensa de Sevilla ha insistido desde el principio en que el proceso no ha contado con todas las garantías.