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Un diputado y tres funcionarias de Bizkaia, al banquillo este lunes por aplicar el síndrome de alienación y retirar la custodia a una madre

El diputado de Acción Social de Bizkaia, Sergio Murillo, en rueda de prensa.

Maialen Ferreira

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Cuatro funcionarios del servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia, entre ellos el actual diputado vizcaíno de Acción Social, Sergio Murillo, se sentarán este lunes en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, un delito de maltrato y dos delitos de lesiones psíquicas por aplicar el falso síndrome de alienación parental para retirar, sin el permiso del juez, la custodia de su hija a su madre, Irune Costumero. Su acusación reclama penas que ascienden a cinco años y seis meses en conjunto, si bien la Fiscalía no presenta cargos y defenderá la absolución, según 'Deia'.

En la vista, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de junio, la Audiencia de Bizkaia juzgará a la Diputación de Bizkaia y además de las de Murillo, se analizarán las actuaciones de la jefa de Recepción y Valoración de Infancia, Maria Antonia Giner, la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso y de la trabajadora social Maika Urutxurtu. 

Los hechos se remontan a agosto de 2017, cuando, según el auto de cierre de la fase de investigación, se citó a Costumero a fin de que acudiera al Servicio de Infancia para una reunión de las que tenía habitualmente en dicho Servicio y se le indicó que trajera a su hija, que, por aquel entonces, estaba bajo su custodia. Como el auto indica, Costumero acude “engañada” porque al llegar al lugar, le hacen pasar a una sala donde estaban presentes tres miembros de la Ertzaintza, tres miembros de seguridad privada y dos trabajadores del Servicio de Infancia. Mientras esto ocurría, prosigue el auto, una de las acusadas “mediante la fuerza física y en actitud violenta” pretende llevarse a la niña a otra sala, mientras la menor, que por aquel entonces tenía 5 años, “gritaba que la soltaran”. De manera que, la acusada, le arrebata de las manos su hija a Costumero “por la fuerza física y en volandas, estirando con fuerza del brazo de la niña”. El auto señala que los funcionarios ejecutaron una orden interna que daba por concluido el régimen de custodia compartida que había sido previamente dictado por un juez “sin que dicha resolución hubiera sufrido ninguna modificación” y, por lo tanto, “sin respetar el Fallo de una Sentencia judicial firme”.

Como argumento para no respetar la sentencia del juez, los acusados utilizaron un informe realizado por una de las acusadas, en el cual se establecían como causas para dictar la Orden Foral que aplicaron, la existencia de una “alienación marental imputable a la madre” y la “negativa de la hija a relacionarse con su padre”, que según este informe, “no queda claro si es deseo de la menor o deseo de la madre”.

Tras ese suceso, Costumero denunció a los cuatro funcionarios y, después de dos archivos de la causa, el juzgado de instrucción dictó en el auto a instancias de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que apreció indicios de delito basándose en el escrito de la acusación, ejercida por el abogado de la madre. Por su parte, la Audiencia Provincial denunció el proceder de la Diputación e imputó a la jefa del Sección de Recepción, Valoración y Orientación, Antonia Giner, a la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso, al por aquel entonces director general de Promoción de la autonomía personal, ahora diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, y a la trabajadora social que ejecutó la orden, Maika Urrutxurtu. Hasta este lunes, que se celebrará la vista.

“Estoy nerviosa, pero estoy muy fuerte y tengo ganas de que su señoría me oiga y poder ser el altavoz de mi hija en este juicio y saber que somos el espejo y el reflejo de tantísimos niños y tantísimas madres. La verdad solo tiene un camino y es una auténtica tortura el tener que estar esperando cuatro años. Para mí de entrada la celebración de este juicio supone un orgullo por haber sentado en el banquillo a los jefes de diputación incluyendo al diputado de acción social. Es un juicio histórico y es la forma de tapar muchas bocas”, cuenta Costumero a elDiario.es/Euskadi.

El juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao dictó en marzo del año pasado el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso este periódico, en el que ordenaba a la institución foral a depositar una fianza de 600.000 euros como responsable civil subsidiaria de los posibles delitos de cuatro de sus funcionarios. Delitos para los que la acusación solicita en total cinco años, seis meses y un día de prisión, además de 15 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. En concreto, se les acusa de tres años, seis meses y un día de prisión por el delito continuado de lesiones psíquicas a un menor y dos años y un día de cárcel por el mismo delito hacia la madre, Irune Costumero.

“A mí directamente a la cara no me lo han dicho, pero indirectamente sí ha llegado a mí eso de 'algo habrá hecho para que le quiten a su hija'. Entonces este juicio sirve para tapar muchísimas bocas y hacer ver que mi hija no miente y que yo no miento. De este juicio espero justicia y la justicia viene por que mi hija vuelva a casa, a una casa de la que no tenían que haberla arrancado puesto que ni todos los años del mundo de cárcel ni todo el dinero del mundo le devolverán a mi hija estos cuatro larguísimos años sin su madre”, sentencia esta madre.

“Preocupación” en la ONU por Costumero y su hija

Su caso traspasó fronteras hasta llegar a la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, que publicó el pasado enero un escrito en el que, tanto la propia Relatora como el Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, mostraron una “profunda preocupación por la integridad física y mental de la Sra. Costumero pero también de su hija” y lanzaron una llamada de atención al Gobierno de España “sobre los estándares y normas internacionales que protegen los derechos que se les están vulnerando a las víctimas mencionadas anteriormente, tales como el derecho fundamental a la integridad física y psicológica, el interés superior de la niña o el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia”.

“Todas las semanas (la menor) sufre así la separación traumática de su madre de quien ella no quiere separarse. Este acuerdo ha dado lugar a que la niña muestre ahora retraimiento; miedo frente a los extraños; sufra pesadillas y muestre otra serie de comportamientos que son típicos de niños, niñas y adolescentes que sufren semejante trauma. Además, se informa de tres aperturas de protocolo de maltrato en el hospital de Cruces en Bizkaia por daños infligidos por su padre. La Sra. Costumero, por su parte, había denunciado al padre de la niña por un episodio de malos tratos del que éste salió absuelto”, dicta el informe de la ONU, al que ha tenido acceso este diario. 

También cabe destacar un informe forense fechado en noviembre de 2020 que determina el rechazo de la niña hacia el padre, pese a llevar más de tres años viviendo con él. El documento confirma que los test proyectivos realizados a la menor “siguen poniendo de manifiesto rasgos de extroversión, con rasgos de impulsividad, pero con gran control de las emociones que determinan una personalidad coartativa, que evidencia inseguridad, indecisión, desconfianza y conflictos afectivos”. En dichos test, según señala el informe, “se detectan alteraciones de la esfera afectiva: sentimientos de falta de seguridad y necesidad de apoyo, desconfianza y cautela, sentimientos de abandono, miedo a la separación, gran control de la espontaneidad afectiva y actitud defensiva hacia los demás”. El documento continúa alegando que “persiste el rechazo verbal y proyectivo hacia la figura paterna (para valorarlo eficazmente debería poder valorar a la menor en el entorno paterno y la interacción con su padre) y a la vez lo hace con miedo porque es consciente que ello puede generar problemas (”los psicólogos se lo dirán, él se enfadara y además le echaran la culpa a mama“)”. Lo más “valorable”, según el escrito es “la persistencia de su actitud y el desapego afectivo pese a que desde hace 3 años vive con el padre, que es su cuidador principal y su figura de referencia”. 

Sobre la madre, el mismo informe detalla que la menor “sigue manteniendo un vínculo afectivo” con la niña y que ésta “no está satisfecha, le gustaría estar más tiempo con su madre, pero esta resignada”. “Puede dar la impresión de que la menor está bien, porque muestra un buen rendimiento escolar y social, e incluso ha mejorado su comportamiento y el control de los impulsos, pero las alteraciones de la esfera afectiva son evidentes, y estas influyen en el desarrollo de su personalidad con el riesgos de desarrollas fobias y/o obsesiones”, concluye el escrito del forense.

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