Sequía, turismo y molinos: la 'carpeta verde' gana centralidad por primera vez en unas elecciones catalanas

Los primeros días de la campaña del 12M han quedado eclipsados por Pedro Sánchez, pero hay discusiones que la política catalana viene arrastrando desde hace meses y que están lejos de quedar relegadas. Varias de ellas tienen que ver por primera vez con la emergencia climática. Espoleada por la sequía y por el protagonismo de proyectos como la ampliación del Aeropuerto del Prat, por primera vez la agenda verde se ha colado con fuerza en mítines y programas. 

Mientras ERC trata de sacar pecho de haber reactivado proyectos de renovables y aumentado la fiscalidad a las emisiones contaminantes desde el Govern, el PSC y Junts le recriminan falta de inversiones en infraestructuras hídricas y en el sector agrario.

Del otro lado, la CUP y los comuns aprovechan los equilibrios de Pere Aragonès con iniciativas como el macrocasino Hard Rock para acusarle de favorecer el aumento del turismo y la huella de carbono que lleva asociada.

Cuando Aragonès inauguró la legislatura en 2021 se puso como objetivo dejar una Catalunya “más verde”, pero el debate sobre la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático no siempre ha discurrido por donde el Ejecutivo hubiera querido. Principalmente por la escasez histórica de lluvias durante estos años –salvo episodios como el de esta semana–, que le han obligado a dar explicaciones sobre desaladoras, deficiencias en las canalizaciones, llenados de piscinas y riego de jardines.

El candidato socialista, Salvador Illa, intuyó la debilidad del Govern en este flanco, y ha convertido en una de sus banderas como jefe de la oposición la fiscalización de las políticas hídricas en Catalunya. Algo que ha mantenido durante la campaña electoral hasta el punto de señalar “la mala preparación” de la sequía como lo peor del mandato que ahora concluye. 

Illa acusa a los gobiernos independentistas de haber congelado las inversiones de la Agencia Catalana del Agua (ACA) durante una década, mientras que ERC lo atribuye al pago de la deuda que se generó durante la etapa de CiU. Con todo, ambas formaciones lograron pactar unos presupuestos de 2024 que preveían más de 1.000 millones de euros en distintas infraestructuras de generación de agua potable, pero que acabaron tumbados en el Parlament.

Frente a la sequía, los partidos de la derecha (PP, Vox y Ciudadanos) se han distinguido de los demás por reclamar una interconexión de las cuencas catalanas con el Ebro que la mayoría parlamentaria descarta. Desde la CUP y los comuns, en cambio, han centrado sus críticas, todavía hasta hoy, en los excesos de consumo de agua de determinadas empresas o sectores, como el turístico. Sobre todo a propósito de las excepciones para el llenado de piscinas.

El aeropuerto y el modelo económico y energético 

La ampliación del Aeropuerto del Prat, el macrocasino Hard Rock y la autovía B-40. Pocos proyectos económicos habían condicionado tanto la actualidad política hasta el punto de que han impregnado la campaña electoral del viejo debate –para algunos, directamente un dilema– entre sostenibilidad ambiental y crecimiento económico. 

De nuevo el PSC busca liderar la defensa sin complejos de estas iniciativas reclamadas por parte del tejido empresarial catalán, especialmente la expansión del aeródromo barcelonés o de proyectos como el Hard Rock. Un espacio que también busca ocupar Junts.

En unas declaraciones que se han hecho virales en las redes durante los últimos días de campaña, Illa defendía así ampliaciones de infraestructuras como el aeropuerto, pero también las autovías: “Mientras unos amplían la Fira para generar riqueza y actividad económica, [otros] bloquean la ampliación del aeropuerto. ¿Cómo va a venir la gente, en patinete? Somos el sexto aeropuerto de Europa, ¿cómo vamos a perder esto? Hay que ampliar el aeropuerto y hay que ampliar las carreteras”.

Al otro lado del espectro político, de nuevo la CUP y los comuns defienden la necesidad de reducir la masificación turística como propuesta para reducir emisiones. Por ejemplo, limitando el turismo de cruceros.

La candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, se refirió incluso a las protestas de las Islas Canarias en un acto reciente de precampaña. “Canarias tiene un límite, pero Catalunya también, merecemos más que ser el chiringuito y el casino de Europa”, proclamó.

Por último, también las políticas de transición energética han ganado centralidad. La oposición casi al completo se refiere constantemente a la “década perdida” en instalación de parques eólicos y fotovoltaicos, pero ERC responde que desde que ocupan la presidencia del Govern han impulsado las tramitaciones y autorizaciones como nunca antes. 

Con un peso decisivo de la nuclear, que sigue suponiendo más de la mitad de la generación eléctrica (un 58% en 2023), la producción de energías renovables en Catalunya sigue lejos de otras comunidades españolas punteras. Aunque ya no está a la cola, su potencia instalada supone el 4,8% del total en España, según datos de Red Eléctrica, muy por debajo todavía de regiones como Castilla la Mancha y Castilla y León, que superan el 15%. 

Con todo, ERC saca pecho de haber autorizado la instalación de 1.700 MW entre fotovoltaica y eólica durante su mandato, cuando en la década anterior fueron tan solo 9 MW. Además, Catalunya sí lidera un ránking: el del autoconsumo, con 100.000 instalaciones en servicio, el equivalente a la capacidad de un reactor nuclear. 

Los coches, menos protagonistas

Muy presente en la campaña electoral de las municipales de 2023, quizás la ausencia más destacada en la agenda verde durante los comicios catalanes son las políticas de movilidad. Solo las reivindicaciones del traspaso de Rodalies han sacado la cabeza antes y durante la carrera electoral. 

ERC ha aprobado el impuesto al CO2 de los coches y ha visto cómo el de los cruceros quedaba en stand by con la caída de los presupuestos de 2024. Pero en el capítulo de las Zonas de Bajas Emisiones, el veto a los vehículos contaminantes en las ciudades, no tiene tanto por lucir. Los republicanos han dejado pendiente su regulación, obligatoria para todos los municipios de más de 50.000 habitantes, y acordaron con el PSC suavizar su impacto reduciendo los perímetros afectados.