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La exclusión de Catalunya de las pruebas PISA agrava la crisis educativa: “Es un fiasco inaudito”

El director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, en una visita a un centro de Barcelona junto a la consellera de Educación, Esther Niubó, i el president de la Generalitat, Salvador Illa

Pau Rodríguez

Barcelona —
27 de julio de 2026 22:04 h

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Cuando parecía que el curso escolar no podía acabar peor en Catalunya, con un conflicto docente sin resolver y la amenaza de más movilizaciones en septiembre, la exclusión de PISA no ha hecho más que agravar la crisis y aumentar la presión sobre la Generalitat.

Tras desplomarse Catalunya en los resultados de las pruebas PISA de 2022, los de 2025 –cuya publicación está prevista para septiembre–, se esperaban con gran interés. Pero el Departamento de Educación dio a conocer el pasado viernes que un error en la muestra del alumnado evaluado impedirá que los datos puedan compararse con los de años anteriores.

Catalunya queda fuera de esta forma de la foto de PISA, algo que no había sucedido nunca –las pruebas se llevan a cabo desde el año 2000–. Un fracaso que ha provocado la reacción airada tanto de la oposición política como de sindicatos, directores de centros y asociaciones de familias, que piden al Govern más explicaciones de las ofrecidas.

“Es un fiasco inaudito, un descuido enorme en los mecanismos de control de la prueba de Educación”, señala Jordi Satorra, director de la asociación de directores de institutos públicos Axia. El sindicato de educación mayoritario en la pública, Ustec, les ha acusado de “descontrol” y “falta de transparencia”.

Una exención de alumnado desmesurada

Hasta la fecha, lo que ha explicado Educación es que durante la celebración de las pruebas PISA en Catalunya se excluyó a un porcentaje de alumnado demasiado elevado para las exigencias de la OCDE, que es quien organiza estos tests internacionales. El máximo fijado por esta entidad es el 5%, pero en los centros catalanes se dejó al margen al 23% del alumnado seleccionado.

¿Cómo es posible que de 2.500 alumnos escogidos para hacer las pruebas, 591 quedaran finalmente apartados? La mayoría de ellos, el 83%, lo fueron por razones de discapacidad cognitiva, conductual o emocional, según Educación. Lo cierto es que la OCDE ya contempla este supuesto de exclusión –igual que el de discapacidad física o la falta de dominio del idioma–. Pero los alumnos con necesidades educativas especiales no representan una cifra tan abultada en Catalunya.

“Es un problema absolutamente inédito e inaudito. Nunca había habido una tasa de exclusión tan elevada”, expresa Francesc Pedró, catedrático de políticas educativas en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y con 20 años de experiencia en la OCDE. Pedró cita ejemplos como Dinamarca o Suecia, que excluyeron poco más del 10% del alumnado en 2022. “Desde la perspectiva catalana, es una herida en el orgullo”, constata.

En un proceso tan protocolizado como las pruebas PISA, con unas muestras que elabora la OCDE y que supervisa la Administración educativa, antes y después de los exámenes, los docentes y los directores consideran incomprensible que no se conozca las causas del fallo.

Por un lado, los directores se muestran indignados porque la principal hipótesis de la Generalitat sería una “confusión” de los centros –en total, 51– que llevan a cabo los exámenes. Al coincidir PISA con las pruebas externas de la Generalitat en 4º de la ESO, Educación ha aludido a que quizás algunos centros habrían mezclado los criterios de exclusión.

“Es una acusación velada que nos ha molestado muchísimo, porque este proceso está bajo un control absoluto del Consejo Superior de Evaluación y de la inspección, nunca ha dependido de la discreción de un centro”, critica Satorra. Desde Axia argumentaban además que no es factible pensar que todos los centros se equivocaron en el mismo sentido.

Sin embargo, en la comparecencia de este lunes Niubó, que no negó la “gravedad” de lo ocurrido, quiso también exculpar a centros y directores. Insistió en la posibilidad de esa confusión, pero añadió que esto “no exime de responsabilidad” a la Administración, que debió contar con protocolos más claros sobre la validación de esas muestras.

También la Generalitat ha planteado como explicación que fuese un error en la transición entre los organismos que gestionan este tipo de pruebas en Catalunya. Justo esas semanas, precisaron desde Educación, se hacía el traspaso entre el Consejo Superior de Evaluación y la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva.

Acusaciones de encubrimiento

Con todo, la queja de oposición y profesorado va más allá y apuntan también a una presunta ocultación, que la Generalitat niega, de este revés. Las primeras noticias sobre ello llegaron de la OCDE al ministerio de Educación en marzo, aunque la conselleria asegura que la confirmación fue hace pocas semanas. El resultado es que se dio a conocer un viernes de mitad del verano.

En este sentido, indigna especialmente que el Govern lo obvió por completo el pasado 6 de julio, cuando presentó precisamente los resultados de la auditoría encargada a la OCDE sobre las mejoras del sistema educativo catalán. En este sentido, el sindicato USTEC les acusa de una “clara voluntad de minimizar los hechos y evitar el debate público”.

A la huelga en septiembre

La polémica alrededor de PISA alimenta más si cabe las tensiones entre Generalitat y algunos sindicatos docentes, tanto los que mantienen el pulso con el Ejecutivo tras las huelgas de la pasada primavera como los que firmaron el acuerdo de mejoras salariales y de plantilla. La consellera Niubó ha mantenido durante junio y julio reuniones con sindicatos y otros actores del ámbito educativo para tratar de acercar posiciones y tomar su pulso, pero este revés añade más complicaciones a un inicio de curso que será movido.

De entrada, ya hay convocada una huelga para el primer día de curso, 8 de septiembre. USTEC ha registrado la anunciada convocatoria este mismo lunes. “El Govern continúa más preocupado por operaciones cosméticas, informes externos y actos propagandísticos que para resolver los problemas reales de los centros”, han manifestado en relación con la auditoría de la OCDE.

Pero sindicatos como Professors de Secundaria o CGT, de distinta orientación, también han criticado lo ocurrido. “Negligencia, opacidad, derroche, desbarajuste... Y otras palabras que nos ahorramos pero que todos tenemos en mente”, señalan los primeros. Los segundos lo han calificado de “incompetencia” y han pedido la dimisión de Niubó por este “error técnico” y por su papel en las movilizaciones del pasado curso.

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